Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para despachar, en primer lugar, el proyecto que legisla sobre premios nacionales.

Esta iniciativa no ha sido objeto de ninguna indicación renovada y sólo han sufrido modificaciones los artículos 20 y 21, por lo cual se puede despachar con extrema rapidez y facilidad.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 286-04 y figura en el número 4 de los documentos de la Cuenta de la sesión 31a., celebrada en 10 de diciembre de 1991.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En consecuencia, se declaran aprobados los artículos l°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.

Si le parece a la Sala, no se votarían las indicaciones no renovadas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que dispone la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado, a través de los decretos ley N°. 77, de 1973; 1.697, de 1977; 12 y 133, de 1973, y 2.346, de 1978.

Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es el señor Gutenberg Martínez.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 378-12, y figura en el número 9 de los documentos de la Cuenta de la sesión 5a., celebrada en 2 de octubre de 1991.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, me corresponde informar un proyecto de ley que dispone la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado, a través de los decretos leyes N°. 77, de 1973; 1.697, de 1977; 12 y 133, de 1973 y 2.346, de 1978, y tiene su origen en un Mensaje del Supremo Gobierno.

El Gobierno anterior, a través de los decretos leyes referidos o haciendo mención de éstos y mediante actos cuya naturaleza jurídica y constitucionalidad se analizará más adelante, procedió a despojar de sus bienes a los partidos políticos y personas jurídicas y naturales que en ellos se señalan.

Así, el decreto ley N° 77, declaró asociaciones ilícitas y disolvió los partidos políticos, entidades, agrupaciones, facciones o movimientos que sustentaran la doctrina marxista, o que por sus fines o la conducta de sus adherentes, fueran sustancialmente coincidentes con los principios y objetivos de dicha doctrina.

Posteriormente, el decreto ley N°1.697, señaló que sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto ley N° 77, se declaraban disueltos los partidos políticos y entidades, agrupaciones, facciones o movimientos de carácter político no comprendidos en dicho cuerpo legal.

En el caso de la disolución prevista por el decreto ley N° 77, se dispuso que los bienes pasarían al dominio del Estado y que la Junta de Gobierno los destinaría a los fines que estimara convenientes. En cambio, en las disoluciones originadas por el decreto ley N° 1.697, se expresó que los bienes seguirían el destino que hubiesen establecido los estatutos para el caso de su disolución, y que si ello no se hubiese previsto, pasarían a propiedad del Fisco.

Estas no fueron todas las confiscaciones. A su vez, por diversos actos de autoridad, se privó de sus bienes a federaciones, confederaciones y a la Central Unica de Trabajadores de sus legítimos derechos sobre sus sedes sociales y otros inmuebles. Como si esto fuera poco, hubo otros actos discrecionales de la autoridad que, fundados o no en los decretos leyes señalados, procedieron a confiscar bienes y a afectar el patrimonio de partidos y personas naturales o jurídicas.

En todas estas acciones del Gobierno pasado hay involucrados conceptos e instituciones jurídicas de gran relevancia que conviene analizar, para perfilar, en debida forma, la aberración que el proyecto de ley que informo procura corregir

Desde luego, lo que dice relación con el derecho de asociación. Este ya se encontraba consagrado como garantía constitucional en el número 5 del artículo 10; de la Carta de 1925, la que fue precisada en el artículo 9° de mismo texto, mediante la reforma constitucional de la ley N° 17.398, de 1971, que le dio a los partidos políticos el rango de personas jurídicas de derecho público. Esta garantía constitucional fue confirmada en el número 152, del artículo 19, de la Constitución del 80.

Los partidos políticos afectados, por lo tanto, no eran "asociaciones ilícitas" como lo sostenía el artículo 22 del decreto ley N° 77, sino agrupaciones con reconocimiento constitucional y con una forma jurídica muy definida, esto es: "personas jurídicas de derecho público".

Lo establecido por el artículo 22 del decreto ley N° 77, podría interpretarse como un error de los legisladores de facto en tomo de la naturaleza jurídica de las personas de derecho público, al no comprender los mecanismos por los que adquieren dicha personalidad y, por consiguiente, la forma en que se extingue. Pero más parece que se trató de una aberración jurídica, por la que esos legisladores pretendieron, a través de una norma de rango inferior y dotados de facultades legislativas de hecho, arrasar con lo establecido en la Carta Fundamental de 1925.

Con esto, se pasó a llevar la jerarquía normativa que informaba nuestro sistema jurídico-constitucional y se traicionó la voluntad política que guió al constituyente, a conferir la calidad de persona jurídica de derecho público a los partidos políticos.

Los objetivos de dicha reforma constitucional son bien conocidos, por lo que no es necesario detallarlos a mis colegas, pero es claro que una adecuada concepción de la democracia supone reconocer el "status" debido al rol de los partidos políticos, entendidos éstos como parte esencial del sistema democrático. En lo relativo a este proyecto, es evidente que con dichas reformas se pretendió, principalmente, ampararlos ante la eventual arbitrariedad del gobierno de tumo, que atacara a los adversarios mediante la privación de sus bienes o la disolución de sus estructuras jurídicas.

Precisamente, esto, es lo que ocurrió mediante los decretos leyes mencionados. De ahí la contradicción de algunos sectores políticos que primero favorecieron la reforma constitucional amparadora de los partidos, y luego aprobaron estas arbitrariedades que los disolvieron, para lo cual afirmaron cuestiones tan descabelladas como la calidad de asociación ilícita de algunos de ellos.

Cabe destacar, también, a título de aberración jurídica, que el gobierno anterior, en el decreto ley N° 1.697, dispuso la disolución de los partidos políticos, no obstante que en el artículo 7a transitorio del Acta Constitucional N° 3 y en el artículo 62 del propio decreto ley N° 1.697, sólo se estableció la suspensión de la vigencia del artículo 9° de la Constitución de 1925, que reconocía a los partidos políticos. La lógica indica que no podían disolverse los partidos cuya garantía constitucional de existencia estaba meramente suspendida y no derogada.

No menos importante es reflexionar respecto del derecho de propiedad o de dominio, definido en nuestro Código Civil como "el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno.". El concepto fue actualizado por nuestra doctrina, entendiendo que también se ejerce respecto de las cosas incorporales.

Todos los bienes, sean corporales, es decir, susceptibles de ser percibidos por los sentidos, o incorporales, pueden ser objeto del derecho de propiedad. Por eso,' el artículo 583 del Código Civil señala: "Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad". No se trata de un derecho del dominio distinto, como confusamente han entendido algunos, sino del que se ejerce de forma diversa por la propia naturaleza de su objeto, esto es, cosas inmateriales, no percibidas por los sentidos.

Por lo tanto, hay propiedad respecto de las cosas incorporales, sean derechos reales, como los que se ejercen respecto de una cosa, por ejemplo, el usufructo, o derechos personales, los que se ejercen en relación a una persona, aunque debe admitirse que en este último caso se da una discusión aún vigente.

La Carta Fundamental de 1925 consagraba "el derecho de propiedad en sus diversas especies" en el N° 10) del artículo 10, y garantizaba: "Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, calificada por el legislador.".

La Constitución de 1980, de igual forma, lo contempló en el N° 24a de su artículo 19.

A pesar de las garantías constitucionales vigentes en la época, también incorporadas en la Constitución de factura del mismo Gobierno, se privó de su propiedad a los partidos políticos.

Los actos administrativos emanados de los decretos leyes señalados podrían concebirse como confiscaciones, pero el análisis jurídico de dicha institución lleva a rechazar tal interpretación.

La confiscación es una sanción de carácter penal, consistente en despojar de sus bienes a quien incurre en el delito sancionado por ella; pero a la fecha de dictación de los decretos leyes analizados no constituía delito formar parte de un partido político, de una federación, confederación o demás personas jurídicas señaladas.

Luego, se vulneraría el principio de reserva o legalidad en materia penal si se hubiere intentado tipificar esas conductas y sancionar a quienes hubieren incurrido en ellas antes de su dictación, como lo pretendió el artículo 3a del decreto ley N°1.697.

Se habría requerido, además, el establecimiento de la conducta típica, la participación punible en un debido proceso y, finalmente, la sentencia condenatoria para cada caso, pronunciada por un tribunal de justicia instalado previamente, con la posibilidad de ejercer recursos procesales en contra de dicha sentencia.

Nada de esto se dio. Por eso, el análisis jurídico concluye en el rechazo a aceptar estas arbitrariedades como confiscaciones ajustadas a derecho.

Por lo demás, la institución de la confiscación fue abandonada por los pueblos civilizados que coincidieron en calificarla de "pena injusta, bárbara y antipolítica", al decir del jurista español Joaquín Escriche. Chile fue justamente señalado por el jurista como "un pueblo de ilustrada humanidad", que ya en el artículo 145 de su Carta Fundamental de 1833, la abolía, para ejemplo de los otros países.

Tampoco es aceptable sostener el carácter expropiatorio de los actos administrativos a través de los cuales el gobierno

anterior dispuso de los bienes de los afectados.

Como dice Sánchez Viamonte, "Del mismo modo que la confiscación fue el arma de apariencia jurídica que utilizó el despotismo para perseguir y escarmentar rebeldías opositarías o para satisfacer la codicia y el espíritu de rapiña de gobernantes absolutistas, la expropiación por causa o con fines de utilidad pública fue el reconocimiento de la primacía del interés social legítimo sobre el interés particular, asignando a la propiedad una función social de primera necesidad.".

Pero la expropiación requiere de una ley que califique previamente la utilidad pública o el interés social o nacional de los bienes con derecho a ser expropiados y una acción o recurso establecido en favor del expropiado para discutir judicialmente la cuantía de la indemnización, como lo establecía el inciso séptimo del N° 10) del artículo 10 de la Carta Fundamental de 1925, e incluso el previo pago total de la indemnización, como lo consagró definitivamente la Constitución de 1980, en el inciso quinto del N° 24° de su artículo 19.

Nada de esto se dio. No se previó ni se dispuso la indemnización del valor de los bienes de que se privó. No existió ley expropiatoria habilitante de tales actos, ni hubo calificación legislativa de la utilidad pública o interés social en la destinación de los bienes, ni se respetaron otras garantías que deben rodear a la expropiación.

En conclusión, los actos de privación patrimonial forzosa dispuestos por el gobierno anterior a través de los decretos leyes comentados constituyeron actos arbitrarios de despojo a los partidos políticos, personas naturales y jurídicas, realizados contra el imperio de las garantías constitucionales del derecho de asociación, del derecho de propiedad, de la legalidad penal sustantiva y de las garantías procesales mínimas, todas actualmente consagradas en la Constitución de factura de ese mismo Gobierno.

Ante esta situación descrita y analizada, el Gobierno ha querido reparar a los afectados, ya sea a través de la restitución de sus bienes o indemnizando a los perjudicados en el caso de que ello no resultare posible.

Justamente, el objetivo central del proyecto que se informa es "establecer normas en beneficio de partidos políticos, personas jurídicas y naturales en su caso, que fueron afectados en su patrimonio", por los decretos leyes o por actos supuestamente fundados en ellos.

En el Mensaje se señala que mediante el proyecto, materia del presente informe, "se pretende dar íntegra aplicación a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en orden a reconocer la plenitud del ejercicio de los derechos ciudadanos, dentro de un marco de respeto a los principios básicos del régimen democrático y constitucional, entre los que cabe destacar el derecho de asociarse sin permiso previo y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.".

Las ideas matrices del proyecto se encuentran contenidas en el informe que los colegas tienen en su poder, razón por la cual sólo daré a conocer, sucintamente, los aspectos sustanciales de éste.

De acuerdo con lo anteriormente señalado, se dispone la restitución de los bienes apropiados, o su indemnización para los casos en que los bienes hubieren sido enajenados por el Fisco, o no fuere posible su devolución por la destrucción u otra circunstancia, legal o material, que impida la restitución; como asimismo en los casos en que el Fisco decida mantener en su patrimonio algún bien, por encontrarse adscrito al uso de la administración del Estado y por ser esencial para su buen funcionamiento.

En cuanto a los partidos políticos, se establece que los que pretendan derechos sobre el patrimonio de un partido disuelto, deberán recurrir ante el Director del Servicio Electoral para que éste los reconozca como sucesores, fijándose un plazo para ejercer este derecho, de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley.

Si existiesen dos o más solicitudes de reconocimiento de la calidad de sucesor, el Director del Servicio Electoral deberá resolver, considerando exclusivamente el número de parlamentarios en ejercicio del partido político disuelto al año 1973, que se encuentran afiliados al partido requirente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

En contra de la resolución del Director podrá reclamar el partido requirente y él o los oponentes, en su caso, ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

Cuando corresponda la indemnización por la no restitución de los bienes, su valor será fijado por una comisión formada por un representante del reclamante, tres peritos miembros de la lista respectiva conformada según la ley sobre procedimiento de expropiaciones y un representante del Ministerio del Interior. El valor comercial de los bienes se determinará en unidades de fomento, el que se pagará en tres cuotas iguales y sucesivas, disponiéndose que las respectivas leyes de Presupuestos de la Nación deberán contemplar los fondos necesarios para estos efectos.

Para el caso de las organizaciones sindicales legalmente constituidas o sus sucesores que hubiesen sido afectadas en su patrimonio, se establece el derecho de una indemnización, el cual deberá ejercerse dentro del plazo de seis meses contado desde la entrada en vigencia de la ley. La solicitud deberá hacerse ante el Ministerio de Bienes Nacionales, el que requerirá un pronunciamiento a la Dirección del Trabajo acerca de si la organización sindical reclamante es la sucesora de la original que fue afectada en su patrimonio.

Después de dicho pronunciamiento, el Ministerio de Bienes Nacionales procederá a calificar si el patrimonio indicado en la solicitud de indemnización pertenece o no a la entidad afectada. En el caso de que la indemnización procediere, ésta será fijada por la comisión mencionada anteriormente.

Debo destacar que en la Comisión que estudió esta materia, varios Diputados plantearon la necesidad de contemplar el lucro cesante en la indemnización a que tendrían derecho las entidades perjudicadas, institución que es parte de nuestro sistema legal. Sin embargo, se vieron imposibilitados de formular indicación por corresponder a una materia de exclusiva iniciativa del Presidente de la República.

En conformidad con lo dispuesto en los artículos 84, inciso final, y 63, inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República, hago presente a la Honorable Cámara que algunos artículos del proyecto que acabo de informar han sido calificados como materia de ley orgánica constitucional, por lo que requieren para su aprobación de un quorum especial. Los artículos en cuestión son los números 3a, 4a, 5a, 6a, 18, permanentes, y Ia transitorio.

Asimismo, doy a conocer que, conforme lo exigen las normas constitucionales y reglamentarias, los artículos del proyecto que debe informar la Comisión de Hacienda son los siguientes: Ia, 7a, 8a, 9a, 10, 11, 12 y artículo 2a transitorio, sobre ítem imputable.

El proyecto de ley presentado por Su Excelencia el Presidente de la República se inserta dentro del compromiso que él y el Supremo Gobierno adquirieron con el país, en el sentido de impulsar la reconciliación entre los chilenos. Este, que ha sido un llamado permanente de las iglesias chilenas, debiera ser entendido por los colegas Diputados como una necesidad imperiosa que no sólo se declara en los discursos sino que se manifiesta en hechos concretos, y en nuestro caso particular, al legislar.

La reconciliación significa reconocer las ofensas de diversa índole que se dieron durante el régimen pasado, identificar a las personas afectadas y luego reconocer los derechos conculcados.

Este derecho a la propiedad, que corresponde tanto al particular como al empresario y a las personas jurídicas por igual, es el que se vio conculcado mediante los decretos leyes reiteradamente aludidos. Los afectados fueron precisamente personas naturales, personas jurídicas y especialmente personas jurídicas de derecho público. Ya han sido identificados o lo serán mediante el procedimiento establecido.

A nuestro juicio, este proyecto implica una definición por parte de los colegas parlamentarios que es de suyo importante y que consiste en determinar si el respeto al derecho de propiedad es una cuestión de fondo, o si dicho respeto esta sujeto a consideraciones relativas a quienes son los propietarios, a la realidad u oportunidad del pronunciamiento o a calificaciones propiamente políticas.

Señor Presidente, cuando los derechos se limitan o suspenden por cualquier consideración no jurídica se atenta contra las bases del estado de derecho. Dicho de otro modo y con toda claridad, quien reconoce el derecho de propiedad sólo para algunos, tendrá que reconocer que, con ese juicio, está legitimando plenamente que para otros el derecho de propiedad también se entiende relativizado.

Luego, es necesario reconocer las ofensas cometidas por el gobierno anterior en este ámbito, para finalmente procurar reparar el mal que se causó, por el restablecimiento del imperio del derecho y del orden, mediante la restitución de los derechos conculcados o su equivalencia.

Como ya se ha señalado en este informe, eso es lo que se pretende a través del proyecto de ley: simplemente hacer justicia, hacer realidad como dice Aristóteles "la más excelente de todas las virtudes".

El análisis, por consiguiente, no debiera centrarse en aspectos estrictamente financieros. Mezclar esta solución de justicia con cuestiones políticas menores puede llevar lamentablemente a traicionar el compromiso que, como representantes de la gente y sus legisladores, hemos asumido en favor de la reconciliación nacional.

La cuestión es también la oportunidad para ello, porque al decir de La Bruyére, "esencial a la justicia es hacerla sin diferirla. Hacerla esperar es una forma de injusticia". Y es precisamente esto lo que ha ocurrido respecto de los partidos y personas naturales y jurídicas, cuyos derechos fueron desconocidos durante tanto tiempo en virtud de los decretos leyes ya mencionados.

La justicia que tarda ya es mala; pero siempre es preferible a la que nunca llega.

Por las razones indicadas, vuestra Comisión de Bienes Nacionales, Recursos Naturales y Medio Ambiente os recomienda la aprobación del proyecto de ley informado.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente nos indicó los artículos que debían ser conocidos por la Comisión de Hacienda; pero como el Diputado señor Martínez, los ha explicitado suficientemente, no repetiré su contenido. Por lo tanto, me voy a referir exclusivamente al financiamiento del proyecto.

El total de los inmuebles confiscados por aplicación de los decretos leyes señalados sujetos a devolución es de 227. El costo de las indemnizaciones por inmuebles que no son factibles de devolución se ha calculado en la suma de 2.516 millones, que es el monto equivalente a una estimación del avalúo comercial del conjunto de dichos bienes. Cuando proceda la indemnización, se pagará en tres cuotas anuales sucesivas, con lo cual el monto de cada cuota anual asciende a la suma de 838 millones de pesos.

La indemnización por confiscación de bienes de organizaciones sindicales, establecida en el título II, asciende a la suma única y total de 400 millones de pesos. Este financiamiento deberá figurar anualmente en la respectiva Ley de Presupuestos, y si tuviera que aplicarse en el curso del presente año, en el artículo respectivo, se señala el ítem de la partida del Tesoro Público al cual deberá imputarse este financiamiento.

Por último, señalo que en la Comisión de Hacienda los artículos respectivos fueron aprobados por 9 votos a favor y 1 en contra.

He dicho.

El señor ROJOS.-

Señor Presidente, el presente proyecto de ley sometido a la consideración de esta Honorable Cámara, nos parece de justicia absoluta.

Durante la pasada administración, fruto de una confrontación de ideas elevada a la máxima expresión de violencia, se cometió un abuso enteramente antijurídico en relación con los partidos políticos, entidades sindicales y personas naturales.

Haciendo aplicación de la teoría de la guerra, se conculcaron claros derechos constitucionales que es menester reparar. A quienes el gobierno anterior consideró sus enemigos, les fue privada su libertad, y en algunos casos, la vida y sus bienes.

No obstante, en el decreto ley NQ1, del 11 de septiembre de 1.973, la Junta de Gobierno declaró que respetaría la Constitución y las leyes de la República, fuimos testigos de su quebrantamiento.

Así, se negó por mucho tiempo el derecho a asociarse libremente.

Se desconoció lo cual es de mucha gravedad el derecho de propiedad. Ello, por cuanto se privó de ese legítimo derecho a partidos políticos, agrupaciones sindicales y, aún más, a personas naturales.

No se utilizó en dicha circunstancia un mecanismo constitucionalmente consagrado en este país para llevar a cabo el traspaso de bienes de particulares al dominio fiscal, sino que se forzó un concepto de confiscación para hacerlo aplicable a una situación de conveniencia singular.

Para quienes somos partidarios de ía propiedad privada y la consideramos un derecho inalienable de todo ser humano, nos parece una injusticia actuar arbitrariamente en contra de ella, y nos resulta imperioso apoyar toda iniciativa que vaya en pos de restaurarla, repudiando argumentos en contrario que no se compadecen con el actual devenir de los tiempos. El mundo de hoy exige un respeto inclaudicable a ciertos principios sobre los que se cimenta una sociedad, entre los cuales se encuentra, obviamente, el derecho a la propiedad privada.

Quien se encuentre en oposición al presente proyecto de ley, no sólo está en contra de los que puedan beneficiarse del mismo, sino que, además, en contra de las bases fundamentales del actual estado de derecho.

El proyecto de ley en discusión, coetáneo al restablecimiento del régimen democrático en este país, busca reparar una situación injusta a través del retomo, en la medida que ello sea factible, a la situación patrimonial legítima de los partidos políticos, las agrupaciones sindicales y los particulares, existente al momento en que se quebrantó la institucionalidad republicana en Chile.

El mecanismo que se propone establecer mediante la iniciativa de ley en cuestión, para reparar el daño ocasionado, es el de restituir el patrimonio afectado por los actos de la administración anterior de manera integral, o bien suministrar el pago de una indemnización cuando exista imposibilidad de hacer entrega de los bienes, lo cual será regulado por personas de absoluta idoneidad.

Asimismo, el proyecto de ley consagra mecanismos claros de defensa de los derechos de los particulares que se puedan ver involucrados en las situaciones de restitución prevista, a través del establecimiento de procedimientos, tanto administrativos como judiciales, a fin de salvaguardar la facultad de los administrados. Se facilita en el proyecto el acceso de los particulares al procedimiento administrativo tendiente a llevar a efecto la devolución del patrimonio en cuestión, por cuanto se habilitan las secretarías regionales del Ministerio de Bienes Nacionales, y a este último, para recibir las solicitudes. Ello redunda en claro beneficio para las personas y agrupaciones con domicilio fuera del Area Metropolitana.

Se establecen rápidos procedimientos judiciales, a fin de evitar juicios prolongados al existir contraposición de intereses entre administrados, por cuanto es menester restablecer de manera pronta una situación jurídica justa y no dejar por largo espacio de tiempo los derechos en absoluta incertidumbre.

En relación con los juicios que ya estuvieran iniciados, con el mismo objeto que propone este proyecto de ley, se faculta al Consejo de Defensa del Estado para poner término a los mismos, por medio de una forma de autocomposición de los procesos judiciales, cual es la transacción.

En general, el proyecto sometido a discusión es absolutamente beneficioso para

Chile, por cuanto restablece la pérdida del patrimonio, que es más que nada una verdadera prolongación de la personalidad, haciendo eco al sentimiento de justicia mayoritario en el país, que pretende ver conquistada firmemente la democracia y los derechos de las personas.

Como dice el aforismo, la justicia tarda pero llega. Hoy es el momento de hacerla nacer, a través de la aprobación, del presente proyecto de ley en esta Honorable Cámara.

Por lo tanto, la bancada democratacristiana va a dar su aprobación, en general, a este proyecto.

He dicho.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, efectivamente, como ya se ha planteado tanto en las intervenciones de los señores Diputados informantes como del señor Rojos, estamos en presencia de un proyecto de ley que no hace más que reparar un daño y un perjuicio causado a diversos partidos políticos, organizaciones sociales y personas naturales, durante el gobierno anterior. Este perjuicio efectuado en forma fría, calza perfectamente con lo que se puede denominar un botín de guerra.

Es así como inmediatamente después de asumir el gobierno militar, tras el golpe del 11 de septiembre de 1973, además de disolver los partidos políticos que conformaban la coalición de gobierno de la época, la Unidad Popular, confiscaron los bienes de estos partidos, de las organizaciones políticas y de las personas naturales que estaban vinculadas o simpatizaban con el gobierno del Presidente Salvador Allende.

Es curioso que quizás la más flagrante violación al derecho de propiedad haya sido cometida por un gobierno que, durante todo su ejercicio, hizo una apología del respeto del derecho de la propiedad, y que elevaba como un basamento máximo de todo el ordenamiento jurídico, social y económico vigente en ese entonces.

Es curioso, además, que ese gobierno no haya recurrido a ningún tipo de acción tendiente a resolver, desde el punto de vista jurídico, un problema que afectó en forma seria el derecho de propiedad.

Así, en virtud de los decretos leyes. N°. 12, 77 y 133, de 1973; 1.697, de 1977, y 2.346, de 1978, un importante número de personas naturales y jurídicas perdieron el dominio sobre sus bienes y diversas organizaciones políticas y sindicales fueron afectadas con la disolución, por decisión del Gobierno militar. Alrededor de 227 inmuebles fueron confiscados por la autoridad militar, 170 de ellos sobre la base del decreto ley N° 77 de 1973. Todo el espectro político fue afectado con este claro despojo. Los más perjudicados fueron los partidos Radical, Demócrata Cristiano, Nacional, Socialista y Comunista.

La animadversión del Gobierno anterior se demostró con su afán persecutorio a los partidos políticos y a las organizaciones sociales, que no sólo se vieron afectados con la confiscación de sus bienes. Todos sabemos, además, que muchos de los integrantes de los partidos contrarios al Gobierno militar sufrieron en su propia integridad física la violación permanente de los derechos esenciales.

Todavía más: para impedir que en el futuro pudiera realizarse una acción de las características que comentamos, es decir, de cerrar la posibilidad de que pudiera existir algún tipo de reparación a los partidos políticos sucesores de los disueltos, el Gobierno de la época, a través de la ley N° 18.603, Orgánica de Partidos Políticos, dispuso que "en ninguna circunstancia los partidos políticos serán sucesores de partidos, entidades, agrupaciones, facciones o movimientos de carácter político que hayan existido con anterioridad a la vigencia de esta ley, ni tendrían con ellos continuidad jurídica, patrimonial o de cualquier otra índole.".

El Gobierno militar, con los medios que poseía, que consistían en todos los que el Estado colocaba a su servicio, trató, además, de perseguir a las personas y de confiscar sus bienes; de borrar toda huella posible de ellos en la historia, y de eliminar cualquier posibilidad de que se pudiera hacer justicia, en determinado momento, por el despojo que realizó.

El curso de la historia cambió en un sentido distinto las intenciones y objetivos del Gobierno militar. Hoy, precisamente, estamos ante un proyecto de ley de origen en un Mensaje del Presidente de la República que repara este despojo y trata de restablecer la equidad en el ámbito patrimonial.

A nuestro juicio, la iniciativa implica reconocer un pasado político y una tradición democrática, a los que cada organización tiene legítimo orgullo y derecho, a los que han contribuido todos los partidos políticos y entidades sociales que se vieron afectados en determinado momento por la acción del Gobierno militar.

En líneas generales, ¿en qué consiste el proyecto de ley? A pesar de ¡que ha sido explicado me interesa recalcar algunos aspectos.

En primer lugar, devuelve a las personas naturales o a los partidos políticos los bienes confiscados. En segundo término, establece una indemnización, para los sindicatos y organizaciones de trabajadores, por cuanto en la inmensa mayoría de los casos es imposible devolverles los bienes confiscados en un momento dado.

Las personas naturales o jurídicas, tienen derecho a solicitar la devolución de su patrimonio expropiado o el pago indemnizatorio que corresponda. Este procedimiento debe ser cumplido mediante un trámite realizado a través del Ministerio de Bienes Nacionales, que previamente pedirá al Servicio Electoral en el caso

de los partidos políticos que se pronuncie respecto de la capacidad sucesora de los partidos políticos requirentes. En el caso de los organismos sindicales, la Dirección del Trabajo deberá informar previamente de que el organismo sindical reclamante tiene derecho a pedir la devolución de los bienes o la indemnización correspondiente. Para resguardar eventuales derechos, se dispone la publicación de la solicitud de restitución por dos veces en el Diario Oficial.

Se establece una comisión de peritos formada por: uno, nombrado por los demandantes; dos, por la comisión que establece el decreto ley N2 2.186, de 1978, Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, y uno por el Ministerio del Interior, que la presidirá. Además, el Consejo de Defensa del Estado queda facultado para efectuar transacciones en los procedimientos que actualmente se tramitan y que digan relación con el proyecto.

Se fijan plazos para la evacuación de las resoluciones e informes de las autoridades vinculadas a procedimientos de reparación. En el caso de los partidos políticos, se consagra como único criterio por considerar para establecer la calidad de sucesor, el número de parlamentarios en ejercicio al 10 de septiembre de .1973, que se encuentren afiliados al partido reclamante y, además, se elimina el quorum especial para las transacciones del Consejo de Defensa del Estado.

En realidad, si se analiza en forma general el proyecto de ley de reparación por las confiscaciones que se hicieron a los partidos políticos, personas naturales u organizaciones sindicales, se puede llegar a la clara conclusión de que, en definitiva, si bien es cierto que se acerca a una reparación, no se resuelve completamente la justicia que debería hacerse a todos los afectados.

El Diputado informante mencionaba que no se contempla el lucro cesante ni ninguna indemnización por el perjuicio que tuvieron por este tipo de acción. Además, es importante dejar constancia del ánimo de los partidos políticos que se hicieron presentes en la audiencia pública. Si bien es cierto que ellos plantearon una serie de objeciones en cuanto a la calidad y contenido del proyecto, también manifestaron que no optaban a que se les reparara completamente, • porque entendían que ello significaba una carga muy fuerte para el Estado; por lo tanto, se conformaban con lo planteado por el Ejecutivo, más algunas otras mejoras, fundamentalmente en lo que dice relación con el lucro cesante que no fue posible incorporar, porque los parlamentarios no tenemos la posibilidad de tomar iniciativas en este tipo de proposiciones, cuestión que sólo es de competencia estricta del Poder Ejecutivo.

En la discusión de la Comisión, el proyecto fue enriquecido con algunos elementos que allí se plantearon.

Otra cosa: el propio Ejecutivo se encargó de adquirir determinados compromisos. Por ejemplo, de que haya interés respecto de las cuotas que quedan pendientes para el segundo y tercer años, en cuanto al pago de las indemnizaciones.

En definitiva, el proyecto genera una situación que permite restablecer el imperio del derecho; un mínimo de justicia y equidad frente a una materia tan sensible que afecta a uno de los derechos fundamentales de todas las personas, sean naturales o jurídicas. Al mismo tiempo, contribuye en forma muy importante al afianzamiento pleno del régimen democrático y a la consolidación del proceso de transición, que ha generado tantas expectativas en el pueblo chileno.

Desde este punto de vista, analizados todos los elementos de orden general contemplados en el proyecto, nuestra bancada, por mi intermedio, hace presente que está de acuerdo con sus contenidos y le dará su aprobación en general.

Esperamos que en su segundo informe pueda ser mejorado aún más; y producto de la discusión que se está desarrollando, pueda recoger otro tipo de ideas e iniciativas que mejoren la justicia del proyecto y permitan avanzar en el proceso de reparación en que está empeñado el Gobierno chileno, que ha tenido que ver, por ejemplo, en primer lugar, con la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y con las facilidades a los exiliados para que puedan ingresar bienes adquiridos en el extranjero.

Esperamos que en el futuro, además, se avance muy sustantivamente en la reparación a los exonerados políticos por el régimen anterior.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, cuando se escucha la fundamentación del proyecto, realmente uno piensa que existe imposibilidad jurídica para armonizar la preceptiva jurídica que existía antes del 11 de septiembre de 1973 con los actos cometidos después de esa fecha.

En la práctica, no podemos hablar de respeto al derecho de propiedad, de asociación y a todas las garantías constitucionales que existían en la Constitución de 1925, cuando ya en el bando Na 1 se señalaba que la Junta Militar respetaría la Constitución Política, incluso la actuación de los tribunales, según las circunstancias.

De hecho, las actitudes de la Junta Militar tenían que venir inevitablemente con la disolución de los partidos políticos y de toda expresión organizativa de las distintas corrientes de opinión que existían en el país. En tal sentido, la confiscación de los bienes de los partidos políticos y de las organizaciones sociales, sólo fue una consecuencia inevitable de este acto de fuerza que, en definitiva conculcó la libertad de expresión, el derecho de asociarse, el derecho de propiedad y las facultades privativas de las personas naturales y jurídicas, como es la existencia de un patrimonio, incluso la del domicilio.

Durante la discusión en la Comisión, fue importante tener en cuenta la opinión de los presidentes de los partidos políticos sobre este proyecto. Y merece especial relevancia lo que expresara el señor Presidente de Renovación Nacional, don Andrés Allamand, en 'la sesión del 12 de marzo de 1991. Cito textualmente; "En general dice nosotros estamos de acuerdo con las orientaciones que se persiguen a través de esta iniciativa legal. Nos parece que, en esta etapa, es de justicia reparar de alguna manera las situaciones que se puedan haber producido en esta materia. Vemos esto desde una perspectiva más amplia, cual es que los partidos políticos puedan desempeñarse en este minuto de reconstrucción de la democracia, contando con los medios económicos y con las posibilidades de ejercer en la mejor forma su gestión tan importante en el proceso institucional. De manera que nuestra primera aproximación es positiva y de respaldo a esta iniciativa.".

Enseguida, él plantea tres objeciones que, en general, se recogieron en el proyecto. En primer lugar, señalaba que había que encontrar un criterio objetivo para determinar cuáles son los partidos políticos sucesores o los que tienen derecho a reclamar de la propiedad, y, en ese sentido, recomendaba la aplicación del criterio de resolver en favor de aquel partido político que tuviera el mayor número de parlamentarios.

En segundo lugar, puntualizaba que debería tenerse también un criterio mucho más específico en lo que se relaciona con la evaluación de las mejoras. En ese sentido, creía que el proyecto del Ejecutivo podía mejorarse efectuando diversas

tasaciones, a fin de no beneficiar exageradamente a los partidos políticos.

En tercer lugar, postulaba que también debería existir un claro conocimiento de los bienes a que esta ley se refiera, sin perjuicio de las posibilidades de terceras personas de efectuar reclamos.

Estos tres aspectos a que hizo referencia el Presidente de Renovación Nacional, don Andrés Allamand, precisamente están recogidos en este proyecto...

Hablan varios señores Diputados a la vez...

El señor ELGUETA.-

Estoy leyendo las palabras del Presidente de Renovación Nacional.

Aplausos.

El señor ELGUETA.-

Dice el Presidente de Renovación Nacional: "Creo que aquí la Comisión debiera tratar de apuntar a un aspecto de justicia. Este es un período previo a 1973. Eran los miembros de los partidos quienes muchas veces, con el esfuerzo propio de sus' afiliados, efectuaban adquisiciones de bienes para poder desempeñar sus labores políticas. Por lo tanto, lo lógico es poder establecer alguna suerte de continuidad entre aquellas personas naturales que hoy existen, que efectuaron ese esfuerzo patrimonial en el período previo a 1973, y que hoy podrían, por lo tanto, reclamar un mejor derecho.".

En consecuencia, un importante partido de oposición, como Renovación Nacional, reconoció el principio de justicia, los procedimientos y la manera cómo este proyecto resuelve las distintas dificultades que pueda presentar la reparación a los partidos políticos y a las organizaciones, con la devolución de sus bienes confiscados.

Cabe precisar que durante el gobierno anterior, mediante dos etapas, se confiscaron los bienes de los partidos políticos y organizaciones sociales.

En una primera etapa, el decreto ley N° 77, de 1973, declaró ilícitos y disueltos los partidos, entidades, agrupaciones, facciones o movimientos que sustentaran la doctrina marxista o que, por sus fines o por la conducta de sus adherentes, fueran sustancialmente coincidentes con los principios u objetivos de dicha doctrina.

Al disolverse esas asociaciones ilícitas, su personalidad jurídica fue cancelada y sus bienes pasaron a dominio del Estado. Además, en el mismo decreto ley, se faculta a la Junta de Gobierno para destinar los referidos bienes a los fines que estimará convenientes. En uso de esta facultad, el régimen militar confiscó 170 bienes raíces. Entre éstos, 36 pertenecían al Partido Radical; 19, al Partido Socialista; 17, al Partido Comunista y 2 al Mapu. Los demás inmuebles confiscados eran de propiedad de personas naturales vinculadas a los partidos afectados o aparecían inscritos a nombre de empresas periodísticas o de radioemisoras relacionadas con tales colectividades.

En una segunda etapa, el decreto ley N° 1.697, de 1977, declaró disueltos todos los partidos políticos y entidades, agrupaciones, facciones o movimientos de carácter político no comprendidos en el decreto ley N° 77. Como consecuencia, se canceló la personalidad jurídica de los Partidos Nacional, de Izquierda Radical y Demócrata Cristiano. Los bienes de estos partidos deberían seguir la suerte que previeran sus estatutos para el caso de disolución, y, a falta de destino mencionado en los estatutos, quedarían afectos a la finalidad que les asignara el Presidente de la República. Mediante ese decreto ley se confiscaron 17 propiedades pertenecientes al Partido Nacional, 6 al Partido de Izquierda Radical y 33 al Partido Demócrata Cristiano. De este modo, los bienes confiscados a los partidos políticos o a personas naturales o jurídicas con ellos

relacionadas, totalizan 227. El avalúo comercial de esos inmuebles asciende a la suma de 2.516.215.988 pesos.

Por lo tanto, este proyecto repara una injusticia, devuelve y restaura el derecho de propiedad, permite desarrollar el derecho de asociación que hoy prevé la ley orgánica constitucional sobre partidos políticos, por cuanto contiene todo un capítulo especial destinado al financiamiento y al patrimonio de estas instituciones. Además, en el caso de que no se recuperen los bienes, a través de él se permite también indemnizar adecuadamente los perjuicios o daños que puedan haber sufrido estas entidades.

Por esas razones consideramos que este proyecto debe aprobarse en todas sus partes. Cuando se compara la defensa que se ha hecho del derecho de propiedad privada en nuestro país, según don Enrique Evans, tal derecho, en 60 años, había sufrido cuatro modificaciones sustanciales durante la vigencia de la Constitución de 1925. Posteriormente, las actas constitucionales y la Constitución de 1980 reforzaron el concepto de propiedad privada. Sin embargo, como aquí bien se ha dicho, no hubo ninguna iniciativa de parte del Gobierno anterior para que se les devolvieran esos bienes, a las personas naturales o jurídicas, o se les pagara o se les reparara de alguna forma.

En nuestro concepto, así como los partidos políticos hoy tienen existencia legítima, una base jurídica constitucional y legal, y el derecho a un patrimonio y necesitan de sus bienes para desarrollarse, puesto que son pilares en cualquier democracia, así también, mediante esta ley, se está recreando y fundando una democracia auténtica y vigorosa. Por otra parte, las organizaciones sociales también verán recuperados sus bienes o tendrán las indemnizaciones que les corresponda. El proyecto establece distintos procedimientos, que no es del caso detallar y que, en general, nos merecen algunas observaciones las que efectuaremos a través de indicaciones.

Señor Presidente, el Diputado señor Bosselin me ha pedido una interrupción que se la concedo por su intermedio.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, no cabe la menor duda de que a través de este proyecto se hace un acto de justicia y se restablece el imperio de la justicia y del derecho, por cuanto permite que los partidos políticos y las organizaciones sociales recuperen los bienes de los cuales fueron despojados en virtud de actos ilegítimos y arbitrarios.

. En su época, cuando se llevaron a la práctica esas confiscaciones, se pretendió respaldarlas mediante diversos decretos leyes, los cuales, en un primer momento, según análisis que se hicieron y que hoy podemos reafirmar, contravinieron las normas vigentes de la Constitución de 1925, e, incluso, las propias actas constitucionales que dictó la Junta de Gobierno. De manera que, en ningún momento, la confiscación o el despojo de esos bienes fue realizado a través de procedimientos justos o resguardando el imperio de las normas más mínimas de un estado de derecho.

Esta animadversión del régimen anterior hacia los partidos políticos no fue sólo una actitud de la primera hora de 1973, sino que permaneció con el mismo discurso cuando ya estaba por expirar sus labores. Se dictó la ley orgánica constitucional de partidos políticos, uno de cuyos artículos, para impedir que los que se constituían, de acuerdo con su normativa, fueran sucesores de los anteriores, estableció expresamente que bajo ninguna circunstancia esos partidos políticos sucederían a los anteriores. En consecuencia, en la mente del régimen autoritario se mantuvo permanentemente un desprecio por los partidos políticos y las organizaciones sociales.

Señor Presidente, varios artículos de este proyecto de ley emplean la expresión "patrimonio". Hablan del "patrimonio de los partidos políticos", "de parte del patrimonio", etcétera; pero ese concepto no está usado en su correcta acepción. El patrimonio es un concepto jurídico abstracto que comprende bienes, créditos y deudas, e, incluso, una persona puede tener patrimonio y carecer de bienes. El patrimonio es un atributo de la personalidad; por consiguiente, no puede faltar; es una abstracción. En un proyecto de ley no puede utilizarse este término, sino que el adecuado, cual es el concepto de bienes o de parte de éstos; pero no de patrimonio o parte de él, porque la noción abstracta tampoco puede ser dividida o precisada. Es interesante destacar que en el procedimiento que crea esta ley para el reconocimiento de los partidos políticos y de las organizaciones sociales, como sucesoras o continuadoras de los anteriores partidos políticos u organizaciones sociales, se contemplan normas de carácter contencioso-administrativo para resolver las controversias que pudieran presentarse entre dos o más organizaciones.

Echamos de menos, sí, un recurso más amplio, porque si bien se establece, en la especie, la posibilidad de los partidos políticos de acudir al Tribunal Calificador de Elecciones, habría sido más prudente conferirle una mayor amplitud a la actuación de los Tribunales de Justicia.

Con este proyecto se está demostrando que, en definitiva, la fuerza bruta no se impone, sino que la razón y el derecho son quienes terminan por triunfar. Y si lo estamos apoyando es porque, a través del mismo, si bien no restableceremos plenamente el valor de los bienes en el patrimonio de las personas jurídicas o naturales, por lo menos lo haremos, en una mínima cuota, respecto del equilibrio social, jurídico y constitucional quebrado por el régimen anterior.

He dicho.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, la bancada de la Unión Demócrata Independiente desea, por mi intermedio, hacer algunas reflexiones y consideraciones en tomo del Mensaje del Ejecutivo que contiene el proyecto que dispone la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado a través de los decretos leyes números 77, de 1973;1.697,de 1977; 12 y 133, de, 1973, y 2346, de 1978.

La grave crisis en que nos habían sumergido los actores políticos de 1973 hizo absolutamente necesaria la intervención militar.

Por lo mismo, pensamos que la medida de disolver los partidos políticos y las organizaciones sindicales fue acertada, considerando que se perseguía restablecer el orden interno del país.

Ahora bien, hay que tener presente que la cancelación de la personalidad jurídica de dichas instituciones implica que dejaron de existir, al menos para el derecho.

Dado lo anterior, por razones de seguridad en el "tráfico" jurídico, se dispuso que los bienes de estas entidades pasaran a manos del Estado por el solo ministerio de la ley.

El mérito de esta medida puede ser discutible. Sin embargo, desde el punto de vista legal, su validez es absolutamente incontrarrestable.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, no cabría hablar de confiscación de bienes, ya que ésta es una sanción o pena pecuniaria cuyo objeto es transferir al Fisco la totalidad del patrimonio de la persona condenada o bien uno o varios bienes determinados.

En el caso de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales, no existía el titular del derecho del dominio y por lo tanto, mal podría hablarse de confiscación de bienes de una persona determinada. Por esa razón, los bienes de las corporaciones antes mencionadas, a la fecha inexistentes, pasaron a manos del Estado.

No obstante lo anterior, reconocemos que si podría hablarse de confiscación respecto de las personas naturales, ya que, aun cuando no están mencionadas en los decretos leyes N°. 77 y 1697, es de todos conocido que les fueron aplicados mediante la dictación de decretos supremos y, por lo tanto, creemos que en tales casos sí puede ser procedente la restitución.

Frente a esta situación, podemos aceptar como fundamento del proyecto argumentos del tipo político, como, por ejemplo, compromisos del Gobierno con los partidos que lo apoyan. También pueden admitirse razones de naturaleza histórica. Sin embargo, bajo ningún punto de vista puede aceptarse que con este proyecto se pretenda reconocer la plenitud de los derechos ciudadanos, principalmente el de propiedad, toda vez que éste siempre estuvo plenamente resguardado y que hoy lo está más que nunca, al quedar consagrado en forma clara y precisa en la Constitución Política de 1980.

Es más, la propia Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, declara que los actuales partidos no son sucesores de ningún otro, con lo cual, independientemente de si tal declaración es o no es válida desde un punto de vista fáctico, se está reconociendo que los partidos políticos no existían.1

En relación con la restitución de bienes a las organizaciones sindicales, la situación es más confusa, por cuanto, según consta en el informe de la Comisión de Hacienda, no existe un listado de bienes que puedan ser objeto de la restitución que dispone el proyecto.

Mirada con los ojos de esta generación, resulta difícil aceptar que aquella situación se haya vivido, de la misma manera resulta difícil reconocer que ocurrieron episodios como la Reforma Agraria, que privó a muchos chilenos de su legítimo derecho de propiedad. Por lo tanto, aceptando la existencia de distintas interpretaciones, deseamos hacer resaltar que la norma instituida y el procedimiento empleado fueron absolutamente válidos y enmarcados en el derecho.

Estamos de acuerdo en que puede que algunos no acepten la legitimidad de la disposición. Sin embargo, lo que no puede motivar ningún tipo de dudas es su legalidad, ya que tanto la doctrina como la jurisprudencia están contestes en que los decretos leyes tienen rango de ley, son plenamente válidos y, obligan de la misma manera que aquellas.

Resulta francamente incomprensible e inadmisible la escala de prioridades que el Gobierno de la Concertación fija en torno del uso y distribución de los fondos públicos. En una primera instancia destina 4 mil 500 millones de pesos para satisfacer las aspiraciones de los partidos en desmedro fundamentalmente, de los graves problemas que se viven en el país, principalmente los relacionados con salud, educación y el sector pasivo.

Queremos dejar en claro que en atención a nuestro irrestricto respeto a la propiedad privada, consideramos de plena justicia que los bienes puedan ser restituidos a las personas naturales. Ello, como ya se mencionó, porque la situación es distinta.

Señalo lo anterior, sin perjuicio de mantener nuestra posición en el sentido de que el proyecto del Ejecutivo, desde el punto de vista jurídico, adolece de deficiencias.

En la discusión en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, se introdujo una modificación al proyecto del Ejecutivo tendiente a sustituir el término "bienes" por "patrimonio". Como lo manifestamos en la respectiva Comisión, el cambio nos parece inaceptable, pues amplía el campo de acción que pretende cubrir el proyecto y sobrepasa sus ideas matrices, ya que el concepto de "patrimonio" tal como lo señaló el Ministro de Bienes Nacionales en su intervención durante las sesiones de la Comisión conlleva un grado de imprecisión y de amplitud que nunca estuvo en el espíritu de la ley. En opinión del Ejecutivo, emplear el término "bienes" en algunos casos haría inaplicable la ley.

. Esta indicación se produjo en circunstancias bastante curiosas. Según consta en las actas de las sesiones de la Comisión, ella fue propuesta por el Honorable Diputado señor Gutenberg Martínez, quien afirmó que, desde el punto de vista jurídico, el concepto "patrimonio", es más preciso y permite aclarar lo que involucra el concepto "bienes". A nuestro juicio, tal afirmación es bastante discutible, puesto que, desde el punto de vista jurídico, es claro que el concepto "bienes" es más restringido que el de "patrimonio", dado que éste no sólo comprende los bienes, sino también las obligaciones.

No podemos dejar de reconocer que el Honorable Esputado admitió estar consciente de que la expresión "patrimonio" es más amplia que la expresión "bienes", pero explicó que la asesoría jurídica de su partido estima que protege mejor sus intereses. De ahí que se hubiera propuesto, conscientes de que se suscitarían discusiones. Frente a esta situación, me pregunto ¿cuál es el papel del parlamentario? ¿legislar en beneficio de los intereses de un partido o en beneficio de la comunidad?

En definitiva, solicitaremos que la Mesa se pronuncie sobre la admisibilidad del proyecto aprobado por la Comisión, sin perjuicio de reservamos el derecho de recurrir ante el Tribunal Constitucional, en su oportunidad.

La bancada parlamentaria de la Unión Demócrata Independiente viene en rechazar definitivamente la idea de legislar en esta' materia, porque aparte de estimar cuestionable su legitimidad, considera absolutamente inoportuno tratar el tema en este momento, ya que existen en el país otras necesidades que deben atenderse impostergablemente.

Solicitamos que se postergue la discusión del proyecto, a fin de que estos recursos fiscales se destinen a atender situaciones de orden nacional y no tan solo particulares, sobre todo, en beneficio de los sectores más desposeídos de la sociedad. A diferencia de lo que piensan otros parlamentarios de Gobierno, en este momento el país atraviesa por una situación que hace injustificable destinar tal cantidad de millones de pesos 4 mil 500 millones en un principio al pago, restitución o indemnización a los partidos políticos, los cuales, a nuestro juicio, no lo requieren con la urgencia que demanda el proyecto.

Lo anterior, sin perjuicio de seguir considerando que el proyecto, en los términos en que está planteado, adolece de notorias deficiencias de forma y de fondo.

Llamamos a los partidos políticos, a sus dirigentes y a los demás miembros de esta Honorable Corporación para que, en conciencia, reconsideren la conveniencia de aprobar un proyecto de esta naturaleza y para que, en un acto de generosidad, posterguen sus intereses en pro del bienestar nacional.

Finalmente, anunciamos indicaciones al proyecto, sobre todo en tomo de la indemnización, respecto de la cual proponemos aplicar el sistema de la ley N° 16.640, de la Reforma Agraria, es decir, pagaderos en bonos del Estado a treinta años.

Termino mi intervención, solicitando que la Mesa se pronuncie respecto de la admisibilidad de la ampliación que significa sustituir la expresión "patrimonio" por "bienes".

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, la argumentación del Honorable señor Ulloa respecto de este proyecto debe ser rechazada desde el punto jurídico, ético y político. Se podrá decir que la Junta Militar que asumió el poder desde nuestro punto de vista en forma absolutamente ilegítima estimaba que la actividad de los partidos políticos debía cesar para el cumplimiento de sus propios fines, lo que pudo hacer mediante decretos que suspendieran su actividad. Sin embargo, la disolución de los partidos políticos por decreto tuvo como propósito abrir el camino jurídico para la expropiación de sus bienes. Naturalmente ese propósito se logró rompiendo y alterando todas las normas legales y constitucionales vigentes hasta ese momento. De manera que el argumento del señor Ulloa es puramente tautológico.

Enseguida, hay que hacer distingos, entendiendo que pueden existir opiniones bastante justificadas a favor o en contra de este proyecto y sugerencias para su perfeccionamiento.

Es importante que la opinión pública entienda que restitución no es lo mismo que regalo, y que cuando se habla de los bienes de los partidos políticos se debe recordar la forma en que fueron adquiridos. En muchos casos, son producto del esfuerzo de años de las personas que se identifican o se han identificado con ciertas ideas políticas; y, en el caso de las organizaciones sindicales, de cuotas' pagadas por sus afiliados. De modo que la adquisición de tales bienes son el fruto del sacrificio de personas que, creyendo en ideales determinados, han sacrificado parte de su patrimonio personal, con el propósito de que la organización a la que pertenecen y a la cual adhieren, pueda influir en la sociedad de una manera más eficaz, dentro de lo’ que determinan la Constitución y las leyes.

Quiero que despejemos de la discusión de este proyecto cualquier tendencia demagógica para insinuar una argumentación determinada, por respetable que sea, y, por último, porque cuando se utiliza la demagogia para defender una buena causa se la echa a perder.

Restitución de los bienes a los partidos políticos no es el equivalente de un regalo. La intención del Gobierno, al enviar este proyecto, es precisamente restablecer a personas jurídicas un patrimonio del cual fueron privados ilegítimamente, desde el punto de vista del derecho.

Comparto la argumentación del Honorable Diputado Gutenberg Martínez, en el sentido de que éste no es un proyecto per se injusto, que es bueno para la estabilidad de la democracia que los principios consagrados en la Constitución se respeten siempre y que, cuando cambian las circunstancias, cuando se restablece el pleno imperio del estado de derecho, se corrijan los abusos y las violaciones en las cuales se incurrió en un período en que el pleno imperio del estado de derecho no tenía vigencia alguna.

En términos generales, éste es el caso de este proyecto. Desde ese punto de vista, no soy contrario a la idea de legislar para buscar un mecanismo de restitución de los bienes expropiados en forma ilegítima a los partidos políticos.

También es necesario considerar el tema del pasado en función del futuro. Sobre esa materia, quiero hacer unas breves consideraciones. Si estamos de acuerdo en que restitución no es regalo y que se trata de devolver bienes a quienes resulten ser sus legítimos dueños, aspecto que tendrá que especificarse en la ley, tal vez podremos convenir en indicaciones respecto de cuáles elementos de prueba se exigirán.

Alguien podrá decir que es insuficiente o arbitrario limitar al Servicio de Registro Electoral la consideración de sólo determinado antecedente, pues es posible que existan otros. Pero si estamos de acuerdo con el principio de que es justo en derecho restablecer en sus bienes a quienes fueron ilegítimamente privados de ellos, debemos considerar también el efecto que la dictación de un proyecto, 20 años después de acaecidos los hechos, tendrá sobre el funcionamiento y la estabilidad de nuestro sistema político.

¿Qué quiero señalar con esto? Me parece que una iniciativa de esta naturaleza debe estar necesariamente acompañada de un proyecto de financiamiento de los partidos políticos; o, por lo menos, de financiamiento de los procesos electorales, para mantener la igualdad de opción entre las distintas fuerzas políticas que hoy en día forman parte de nuestra realidad, y para no conceder una ventaja que pueda resultar injusta o arbitraria a fuerzas políticas, que si bien en el pasado pudieron haber representando mucho, a lo mejor, hoy día no representan lo mismo.

Independientemente del problema patrimonial, y reconociendo la justicia de la devolución de los bienes ilegítimamente confiscados es conveniente buscar un equilibrio. Me parece que, en la medida en que sólo legislemos para restituir bienes materiales a los partidos políticos que existieron en el pasado, sin garantizar la igualdad de opción de los partidos políticos que existen hoy, cometemos una gran injusticia. En definitiva, si este proyecto no va acompañado de una ley de financiamiento de elecciones o de partidos políticos, significará colocar en la cuenta bancaria de determinado número de partidos una gran cantidad de dinero que estas colectividades pondrán al servicio de su ideología y de su causa, en especial ante el evento electoral que se aproxima las elecciones municipales, creando un elemento de desequilibrio. Eso es lo que debe regularse de buena manera.

En mi opinión, ambos proyectos, el de restitución de bienes, debidamente perfeccionado, y el de financiamiento de las elecciones, deberían formar parte de un todo, de modo que demos estabilidad al sistema político y no creemos desequilibrios artificiales.

Desde ese punto de vista, deberíamos pensar más en la forma de despachar esta iniciativa. Aquí se habla de una cantidad aproximada de 3 mil millones de pesos, que significará el costo de la devolución de estos bienes. Sin embargo, ésta es una mera aproximación, por cuanto se establece un mecanismo de comisiones, con un sistema de designación de éstas, que determinará, en definitiva, el monto que le corresponderá a cada partido político.

Deberíamos precisar más la cuantía de los bienes, con una cifra más acotada, a fin de que el Congreso Nacional apruebe su devolución no en términos genéricos sino referidos a una cantidad y a una cifra específica, conocida por la opinión pública, de manera que no haya sorpresas posteriores en el sentido de que, por la vía de la avaluación de los bienes muebles o inmuebles, particularmente de los inmuebles, que no son susceptibles de restitución, esta cifra pueda elevarse.

Se plantea un plazo de tres años para la restitución. Por mandato de esta ley, en el Presupuesto de la Nación se destinarán los fondos para su financiamiento. Me parece que deberíamos buscar un mecanismo de mayor certeza y actuar sobre la base de montos fijos y precisos.

En síntesis, éste proyecto debe ser despachado por la Cámara; pero lo ideal, lo razonable, lo prudente y lo bueno para la estabilidad del sistema democrático, es que se tramite en conjunto con una ley de financiamiento de las elecciones y otra de financiamiento de los partidos políticos, con el objeto de no dar ventajas que puedan resultar ilegítimas después de transcurrido un plazo tan largo, en que los partidos políticos también han evolucionado.

Me parece un criterio mínimo hablar de los parlamentarios en ejercicio al año 1973, del partido que tenga la mayoría inscritos en sus propios registros. Muchos han fallecido, otros se han inscrito en esos mismos partidos, algunos no participan activamente en política. Las masas que pudieron haber apoyado a esos movimientos políticos, a lo mejor, han evolucionado. ¿Qué se puede entender realmente Como sucesión, en un mundo en que los partidos políticos se han dividido, se han unido, se han vuelto a dividir?

Hay que procurar un criterio objetivo, pero nada de lo que estoy señalando puede contradecir la idea esencial de que quien ha sido privado de su patrimonio, en forma injusta o arbitraria, tiene derecho a que le sea restituido.

Pienso que esto debería hacerse en conjunto. Por lo demás, quiero recordar que existe un acuerdo político, a lo menos entre los presidentes de los partidos de la Concertación, y espero que se materialice pronto, en el sentido de enviar un proyecto de ley para financiar las elecciones. Entiendo que algunos partidos de Oposición, no todos, también están dispuestos a analizar esta iniciativa legal, lo cual sería bueno que se aclarara.

Se ha dicho muchas veces públicamente, por algunos grupos, que hay otras prioridades. Siempre en la sociedad existen muchas prioridades, pero es necesario equilibrarlas. La estabilidad del régimen democrático con un sistema de partidos políticos transparente, adecuadamente financiados, también constituye una prioridad.

Un sistema político en el cual el que cuenta con mayores recursos tiene más posibilidades, es intrínsecamente injusto; un sistema en el que los partidos están entregados a las dádivas del mundo empresarial o de la banca también es inestable. Creo que el espíritu del legislador utilizando la expresión en su sentido más lato, amplio y exacto, cuando se dictó la ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos y se quiso acotar la fuente de financiamiento de las colectividades, fue precisamente ése. En efecto, hoy día, en Chile, la realidad es que una persona natural con grandes recursos económicos puede ponerlos a disposición de la política y, en la práctica, comprarse un escaño en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República e, incluso, el mismo sillón presidencial, porque en política los recursos son muy importantes.

En todas las democracias avanzadas y consolidadas se establecen límites respecto de la cantidad de dinero que un individuo puede aportar, ya sea a su propia causa o a una ajena. Creo que en Chile debería existir una legislación similar, según la cual no se pueda gastar todo el dinero que uno tenga disponible en el servicio de una causa política. Habría que establecer límites y, como corolario de ellos, dictarse una ley de financiamiento de las elecciones o de los partidos políticos, cualquiera sea el sistema que se estime más razonable y justo. En este marco general, también cumplir con el mandato jurídico y constitucional de restituir a los partidos políticos los bienes que les pertenezcan.

Creo que esta materia se estudiará con mayor profundidad tanto en la Cámara como en el Senado, y respecto de ella tendremos que buscar una solución justa y equilibrada.

Señor Presidente, con cargo a mi tiempo le concedo una interrupción al Diputado señor Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, agradezco la interrupción al Diputado señor Schaulsohn, pero haré uso del tiempo que me corresponde.

El espíritu del proyecto es hacer justicia a quienes fueron despojados de sus bienes durante el régimen anterior.

Evidentemente, se trató de una expropiación forzada, sin indemnización, que llegó a ser algo más que un botín de guerra. En muchos casos, se convirtió en un acto de pura y simple rapiña respecto de organizaciones y de personas que habían acumulado bienes durante largos años de esfuerzo. De modo que, a mi juicio, no existe razón alguna para obstaculizar el derecho humano esencial de reparar a los afectados. Reconozco que éste es el espíritu del proyecto en debate, pero no se me escapan las razones que ha dado el Diputado señor Schaulsohn para llamar la atención sobre los efectos que pueda producir en el sistema de partidos la aprobación de un proyecto de restitución patrimonial como el que estamos discutiendo. Es de esencial importancia que se acompañe al proyecto, simultáneamente, otro que considere el financiamiento de las elecciones para los partidos políticos en competencia.

A pesar de reconocer el espíritu del proyecto y sus ideas matrices como fundamentales para reparar los daños que se produjeron en el pasado a las organizaciones sociales y políticas, tengo serias dudas de que pueda cumplir eficazmente los propósitos tenidos en vista para presentarlo. Más bien tengo el convencimiento de que muchas de sus disposiciones se convertirán en obstáculos insalvables para cumplir sus objetivos. Si no se solucionan estas deficiencias, no logrará su finalidad.

Quiero señalar algunas de las razones

que fundamentan esta posición. El procedimiento administrativo, sumario y rápido, en la práctica no tiene ningún asidero ni da como resultado los objetivos que se señalan en los artículos Ia y 2a.

Para atender este criterio, habría que dividir la situación en dos tipos de consideraciones. En primer lugar, saber si los bienes que se arrebataron a los partidos y a las organizaciones sociales actualmente existen o no. En caso de que no existan, el Fisco estaría obligado a pagar la indemnización señalada en el proyecto, sin que sea necesario el procedimiento administrativo previo. Por el contrario, si existen y están en manos de terceros, ninguno de los procedimientos administrativos previos consultados en el proyecto tiene validez para ellos. No los podrían exigir, porque el propietario de un bien que se extinguió en ningún caso estará obligado, dados los plazos de prescripción, a pagar indemnización. Si lo hace el Fisco, tendría que recurrir a una vía distinta de la indemnización.

De manera que el procedimiento administrativo descrito en el proyecto, que se aplica a través del Ministerio de Bienes Nacionales, no tiene utilidad alguna.

El artículo 1° se refiere al patrimonio. Patrimonio es el conjunto de bienes y derechos de una persona apreciables en dinero. Los bienes pueden ser corporales o incorporales; Los primeros muebles o inmuebles; inmuebles por adherencia, por destinación etcétera; los segundos, derechos reales o meros derechos personales, intelectuales, etcétera.

En este caso, el proyecto no precisa exactamente a qué bienes está dirigida la reparación. No se puede hablar, en general, del patrimonio o de la pérdida de éste como lo señala el artículo 1°, porque resulta imposible que una persona pierda su patrimonio, que es un atributo de su personalidad.

En consecuencia, mencionar en un proyecto que se puede perder el patrimonio, implica cometer un error jurídico que, en definitiva, obstaculizará los derechos a reparación que ejercerán el partido político o la organización, que se verían obligados a demostrar una pérdida total. Esto debe corregirse, porque estamos levantando un obstáculo que haría imposible la reclamación a la cual se pretende dar lugar en el artículo 1°.

Por otro lado, el artículo 2a establece otro obstáculo que traiciona el espíritu y la intención de los autores del proyecto. Dice: "Cuando el patrimonio o la parte de él cuya restitución se pretenda, hubiere ingresado al patrimonio fiscal...". Al respecto, cabe preguntarse, ¿en qué momento debe entenderse que ingresó al patrimonio fiscal este bien? Además, hay muchos bienes que entraron al patrimonio fiscal luego de ser expropiados a los partidos políticos, pero después salieron de él. El artículo 2a se pone sólo en la alternativa de que el bien haya ingresado al patrimonio fiscal, sin determinar si se mantiene o no en él.

Si salió del patrimonio fiscal, nuevamente nos planteamos la pregunta ¿de qué manera se podría obligar a un tercero, dentro de los procesos indemnizatorios, a devolver este bien ya inscrito a su nombre? Es obvio que el Fisco no lo puede hacer. En ese caso, pagaría la indemnización, pero ésta se transformaría en un tipo de donación. Para ello, habría que precisar si estamos en los casos en que el Estado puede aplicar el procedimiento de la donación.

Llamo la atención, además, que aquí se establecen indemnizaciones genéricas, pues no se precisa con exactitud el bien físico determinado que será objeto de la restitución.

También tengo serias dudas respecto de la eficacia del artículo 3a, en cuanto establece que los partidos políticos que pretendan derechos sobre el patrimonio que perteneció a un determinado partido disuelto, deberán plantearlo ante el Servicio Electoral.

A mi juicio, escapa por completo a las potestades y competencias del Servicio Electoral discutir problemas patrimoniales de los partidos y fijar, en razón a esa controversia patrimonial, si éstos tienen o no derecho a ser considerados sucesores de partidos políticos disueltos. Obviamente, ni el Director del Servicio Electoral ni el Tribunal Calificador de Elecciones tienen competencia para resolver respecto de derechos reales sobre bienes determinados.

Esta solución al problema pone al Servicio Electoral fuera de su competencia y le impone resolver asuntos que le corresponden a los tribunales. Establecer que un partido es sucesor de otro por estar involucrados derechos patrimoniales, incluso derechos de terceros, no debe ser resuelto por el Registro Electoral, sino por la justicia ordinaria. Este es uno de los obstáculos más importantes que podrían hacer ineficaz los derechos que se reconocen en este proyecto, puesto que podríamos alterar normas de rango constitucional.

En el artículo 8a también se observan dificultades.

De acuerdo con él, la oposición del tercero es esencial para la discusión sobre las restituciones. ¿Qué ocurre si el tercero no se opone y es adquirente de estos bienes? ¿Qué ocurre si uno de esos bienes, que ingresó al patrimonio fiscal, después se incorporó al patrimonio de un tercero? ¿Lo afectará la controversia administrativa aunque nada hiciera después de las publicaciones en el Diario Oficial?

Es obvio que su derecho de propiedad va a quedar intangible y no podrá ser alterado por un decreto supremo, respecto del cual la Contraloría no podría tomar razón porque estaría afectando el derecho de propiedad de ese individuo, sin la indemnización correspondiente.

La inactividad del tercero produce un grave obstáculo a la ley.

Por esas razones, este proyecto debe ser profundamente revisado; sin perjuicio de ello, aprobaré la idea de legislar sobre la materia.

He dicho.