Labor Parlamentaria

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, quiero referirme a las palabras que pronunciara en su intervención del día de ayer, en la hora de Incidentes, el Diputado señor Muñoz Barra, sobre el famoso caso de arrendamiento por Empremar de la nave "Valeria". ¡Bastante mala la intervención de mi colega!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BARTOLUCCI.-

No hay ningún dato. Ha seguido el mismo camino de otro Diputado de la zona: injuriarme, de suponer intenciones y de no contestar para nada el fondo de la cuestión.

Le dejaré a mi distinguido colega y amigo Muñoz Barra algunas tareas...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BARTOLUCCI.-

... para que él, como profesor, cuando discutamos este tema...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¡Diputado, señor Seguel!

El señor BARTOLUCCI.... esté preparado, y no se dedique solamente a manifestar expresiones descalificatorias en contra de los otros Diputados.

Me gustaría que mi amigo Muñoz Barra se interiorizara de por qué Empremar está arrendando una nave denominada "Valeria" y abriendo una opción de compra por cuatro millones de dólares, cuando el mercado internacional señala que esta nave no tiene un valor superior a dos millones de dólares.

El señor CARDEMIL.-

¿De dónde sacó esos antecedentes?

El señor BARTOLUCCI.-

¿Quiere los antecedentes, señor Diputado?

El señor CARDEMIL.-

¡También los tengo!

El señor BARTOLUCCI.-

Con mucho gusto le señalaré inmediatamente, y se los prestaré para que los vea...

El señor CARDEMIL.-

¡También tengo los antecedentes!

El señor BARTOLUCCI.-

¡Sí, aquí están los télex de "brokers" internacionales de Londres!

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¡Ruego a los señores Diputados dirigirse a la Mesa y no sostener diálogos!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¡Silencio, por favor!

El señor BARTOLUCCI.-

¡Están nerviosos!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BARTOLUCCI.-

¡Están nerviosos!

¿Por qué Empremar arrienda a casco desnudo una nave a cinco mil dólares diarios, cuando los "brokers" internacionales ofrecen la misma opción por dos mil dólares diarios?

El señor CARRASCO.-

¡Porque no es el mismo barco!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¡Señor Carrasco y señor Ortiz, llamo la atención a Sus Señorías! Si persisten en su actitud, los amonestaré.

Puede continuar el Diputado Bartolucci.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¡Diputado Seguel, amonesto a Su Señoría!

El señor BARTOLUCCI.-

También es importante que mi colega Muñoz Barra explique por qué Empremar inicia una operación de arrendamiento en que los gastos armatoriales y de operación de la nave implican un costo de 10 mil dólares diarios estoy hablando ahora de la operación y del negocio mismo, existiendo en el mercado internacional la posibilidad de contratar y de hacer el mismo negocio sólo por 6 mil dólares diarios.

El señor CARDEMIL.-

¡En la Comisión investigadora veremos esto!

El señor BARTOLUCCI.-

Luego, sería muy interesante que...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¡Señor Ortiz, usted no puede hacer uso de la palabra! Está hablando el Diputado señor Bartolucci. Su Señoría puede intervenir en el tiempo de su Partido. De lo contrario, le descontaré el tiempo a la Democracia Cristiana.

El señor BARTOLUCCI.-

Sería muy interesante que el Diputado señor Muñoz Barra supiera que en este negocio Empremar se asoció con la naviera italiana "La Mediterránea". Sucede que el buque "Valeria" es precisamente de su socio; es decir, le arrendó la nave a precios exorbitantes, a su propio socio, asegurándole el negocio, porque las pérdidas que se producirán por el tráfico las recuperará con el arrendamiento del buque.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BARTOLUCCI.-

Cuando pedí todos estos antecedentes...

El señor PALMA (don Andrés).-

¡Eso no tiene nada que ver!

El señor BARTOLUCCI.-

¡Se lo explicaré después en la Comisión, no se preocupe!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¡Silencio!

El señor BARTOLUCCI.-

Quiero que quede constancia en acta de todos estos antecedentes.

Cuando pedí esta información, Empremar trató de explicar este asunto en una declaración que se publicó como inserción pagada, en la cual tergiversó los antecedentes.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BARTOLUCCI.-

Igualmente sería interesante saber por qué se tergiversaron estos antecedentes.

Espero que en su próxima intervención el Diputado Muñoz Barra trate de aclararnos todos estos datos en vez de recurrir a las descalificaciones.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BARTOLUCCI.-

Lamentablemente, no van a entablar la anunciada querella en mi contra, porque habríamos tenido la oportunidad de discutir la situación en los tribunales.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BARTOLUCCI.-

Espero que quienes están sorprendidos colaboren con sus votos para formar la comisión investigadora, que, en definitiva, aclarará el negocio que no sólo ha sido cuestionado por mí, sino también por la Senadora señora Laura Soto, exactamente en los mismos términos. Pido la unanimidad de la Sala para votar su formación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Corresponde tratar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley que establece diversas normas de reparación para los familiares de las víctimas a que se refiere el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el Diputado señor Mario Devaud, y de la de Hacienda, el señor Andrés Palma.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N°316-06 y figura en el número 8 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente y Honorable Cámara, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía informa, en segundo trámite reglamentario el proyecto de ley que establece diversas normas de reparación para los familiares de las víctimas a que se refiere el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

En este segundo trámite, participaron en la discusión, además de los miembros de la Comisión, el Subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, don Edgardo Riveros, y el abogado asesor del Ministerio del Interior, don Pablo Lagos.

Antes de presentar este segundo informe en los términos reglamentarios, es conveniente recordar que esta iniciativa de ley contiene 31 artículos permanentes y uno transitorio. Su estructura, como cuerpo legal, se divide en seis títulos referidos, el primero, a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; el segundo, a la pensión de reparación propiamente tal; el tercero, a los beneficios médicos; el cuarto, a los beneficios educacionales; el quinto, al cumplimiento del servicio militar obligatorio, y el sexto y último, al financiamiento del proyecto.

Conforme lo dispone el artículo 287 del Reglamento de nuestra Corporación, corresponde consignar los siguientes antecedentes según el mandato reglamentario:

1°- Los artículos que no han sido objeto de modificaciones ni de indicaciones. En tal situación están los artículos 3°, 4°, 24, 26, 27, 28 y 30 y, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 129, del Reglamento de la Cámara, quedan aprobados ipso jure, sin votación. Así deberá declararlo oportunamente el señor Presidente.

2°.- Artículos de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. No hay disposiciones que tengan este rango.

3°.- Artículos suprimidos. No hay artículos suprimidos por nuestra Comisión.

4°.- Artículos, modificados. Se encuentran en esa situación los artículos 17, 19, 20, 21, 22 y 25, los cuales son materia de este informe.

5°.- Artículos nuevos. El único artículo introducido por la Comisión de Hacienda es el transitorio.

6°.- Artículos que deben ser conocidos en segundo informe por la Comisión de Hacienda. Se hallan en tal situación reglamentaria los artículos 21 y 25.

7°.- Indicaciones rechazadas: Se consignarán en el contenido de este segundo informe.

Procede, en consecuencia, la relación de los artículos modificados e indicaciones rechazadas o aprobadas por nuestra Comisión.

1)Artículo 17

Fija la pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas a que se refiere el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en suma de 140 mil pesos, más el porcentaje equivalente a la cotización para salud; señala, además, que esta pensión no estará sujeta a otra cotización previsional y que ella se reajustará en conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto ley N°2.448, de 1979.

La Comisión de Hacienda propuso dos indicaciones. La primera, consiste en agregar la expresión "o en las normas legales que reemplacen a la referida disposición". Como es obvio, se refiere a la eventualidad de que se modifique o sustituya el artículo 14 del decreto ley citado o todo ese cuerpo legal. Por consiguiente, la Comisión de Derechos Humanos estimó que se trataba de una indicación de toda lógica y conveniencia, por lo cual la aprobó por unanimidad.

La segunda indicación a este artículo, generada en la Comisión de Hacienda, establece que esta pensión podrá renunciarse. Puesta en votación, fue aprobada por mayoría, con el voto en contra de este Diputado informante.

2)Artículo 19.

Establece cuáles son los beneficiarios de la pensión. Consigna que lo son el cónyuge sobreviviente, la madre del causante o del padre de éste cuando aquella faltare, la madre de los hijos naturales del causante y los hijos menores de 25 años, sean legítimos, naturales o adoptivos, y dispone la distribución de la pensión, a prorrata, entre los beneficiarios.

El Ejecutivo formuló a este artículo las indicaciones que se detallan a continuación:

La primera, tiene por objeto incluir como beneficiario al padre de los hijos naturales, cuando la causante fuere la madre natural. Fue aprobada por mayoría de votos.

La segunda propone extender el beneficio a los hijos discapacitados de cualquier edad. Fue aprobada por unanimidad, toda vez que reitera el carácter vitalicio de la pensión que beneficia al discapacitado, en congruencia perfecta con lo establecido en el artículo 21 del proyecto.

La tercera, sugiere incluir entre los beneficiarios a los hijos ilegítimos, reconocidos para el solo efecto de darles alimento, en los términos señalados en el artículo 280, del Código Civil, en sus números 1, 2 y 3, que se pueden resumir en la prueba de la filiación por un conjunto de testimonios que establezca de modo irrefragable la paternidad o maternidad del supuesto padre o madre; por la provisión o contribución al mantenimiento o educación del hijo o, si se halla comprobada la filiación del hijo respecto de la madre, por la prueba del concubinato notorio en el período en que ha podido producirse legalmente la concepción.

Por la naturaleza de la indicación y su extensión, se aprobó por unanimidad en la Comisión.

La cuarta indicación propone agregar tres nuevos incisos a este artículo, que definen, en términos precisos, el concepto de hijo discapacitado y su declaración y revisión por la comisión de medicina preventiva e invalidez del respectivo servicio de salud, y el derecho a pensión, en caso de discapacidad sobreviniente.

Esta indicación, adicionada por una formulada por los Diputados Yunge y Naranjo, fue aprobada por unanimidad en la Comisión.

La última indicación tiene por objeto agregar como beneficiario al padre natural, en el caso de que la víctima o causante fuere la madre natural. Es concordante con otras indicaciones aprobadas en este trámite reglamentario. También fue aprobada por unanimidad.

Asimismo, la indicación a este artículo, formulada por la Comisión de Hacienda para establecer el acrecimiento a los otros beneficiarios, en el caso de renuncia de uno o más de ellos a su cuota de la pensión, fue aprobada por la unanimidad de la Comisión, por cuanto ya estaba consagrada la opción de renuncia en la aprobación de una indicación anterior.

Artículo 20.

Dispone el momento en que se difiere el derecho al goce de los beneficios, cual es el de entrada en vigencia de la ley.

Fue objeto de una indicación de alcance formal, que elimina la expresión "el llamamiento", al comienzo del artículo, por considerarla redundante. Tal indicación, que no altera el sentido del articulado ni del inciso, fue aprobada por unanimidad.

Asimismo, se aprobó por unanimidad una indicación de la Comisión de Hacienda, corregida en lo formal por otra del Diputado señor Ojeda, que facilita el reconocimiento del vínculo de parentesco de los hijos ilegítimos postumos y de los hijos naturales y adoptivos con el causante, respecto de los cuales se practicaron las inscripciones, subinscripciones y anotaciones de la Ley de Adopción y Legitimación Adoptiva y sus modificaciones, con posterioridad a la fecha de la muerte o desaparecimiento del causante.

3)Artículo 21.

Dispone que los hijos, con excepción del discapacitado que tiene pensión vitalicia, gozarán de la pensión que establece esta ley, incluidos los acrecimientos que correspondan, hasta el último día del año en que cumplan 25 años de edad, y que tal beneficio no se perderá por matrimonio posterior del cónyuge sobreviviente o de la madre de los hijos naturales del causante.

El Ejecutivo, por la vía de la indicación, propuso incluir al padre de los hijos naturales en la extensión del beneficio, en el sentido de que su matrimonio posterior no lo inhibiría de percibir la pensión.

Finalmente, por indicación surgida en la Comisión de Derechos Humanos, se recogió el principio contenido en la indicación del Ejecutivo y se estableció que el matrimonio posterior del cónyuge sobreviviente, de la madre o del padre de los hijos naturales del o la causante, no será causal de pérdida de la pensión de reparación, aprobándose la indicación por unanimidad y rechazándose las demás que incidían en esta materia.

El Ejecutivo, por la vía de la indicación, propuso sustituir el inciso cuarto del artículo 21, para determinar con precisión la fecha en que se devengará la pensión de reparación en cada uno de los casos que contempla, los que se pueden sistematizar de la siguiente manera:

Primero, respecto de los beneficiarios indicados en el inciso primero del artículo 18 esto corresponde a los familiares de las víctimas enunciadas en el volumen II, del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación la pensión se devengará a partir del l° de julio de 1991, siempre que la soliciten dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vigencia de la ley.

Segundo, para aquellos que se encuentren en la situación anteriormente descrita, pero que soliciten la pensión fuera del plazo, ésta se devengará a contar de la fecha de entrada en vigencia de la ley.

Un tercer caso está referido a aquellos beneficiarios de los causantes respecto de los cuales la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no se formó convicción, o sobre los que no se pronunció o no tuvo conocimiento oportuno. En estos casos, la pensión, por razones obvias, se devengará desde la fecha de resolución en que la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación que se crea por esta ley declare haberse formado convicción de que las personas que causan la pensión fueron víctimas de violación a sus derechos humanos con resultado de muerte o desaparecimiento forzado, o víctimas de la violencia política. La indicación, en su conjunto, fue aprobada por unanimidad en la Comisión.

4)Artículo 22.- Contempla una bonificación compensatoria de monto único, equivalente a 12 meses de pensión, que no se considerará renta para ningún efecto legal, no estará sujeta a cotización alguna y se pagará a los beneficiarios en las proporciones y con los acrecimientos que procedan.

Al respecto, la Comisión de Hacienda propuso una indicación para excluir del pago de esta bonificación la cotización para salud, la que fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Derechos Humanos.

5)Artículo 25.- Consagra el derecho de recibir gratuitamente las prestaciones médicas señaladas en los artículos 8° y 9° de la ley N°18.469, en la modalidad de atención institucional que se otorguen en los establecimientos dependientes o adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud a quienes tengan la calidad de beneficiarios de esta ley, además de los beneficios que les corresponden como cotizantes del sistema.

El Ejecutivo, por la vía de la indicación, propuso sustituirlo, recogiendo lo que ya estaba establecido en el artículo 25 que aprobara esta Cámara y que fuera conocido, extendiéndolo, además, a las modalidades que señale el Ministerio de Salud para atención especializada. Esta indicación sustitutiva, a nuestro juicio, recoge de mejor manera las recomendaciones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, especialmente al encomendar al Ministerio de Salud la responsabilidad de programar y coordinar las acciones de salud en favor de los beneficiarios. También fue aprobada por la unanimidad de los miembros que integran la Comisión.

Finalmente, la Comisión de Hacienda propuso agregar un artículo transitorio al proyecto, que establece el pago provisorio de la pensión y de la bonificación compensatoria, pendientes aún los plazos que se señalan en el inciso cuarto del artículo 21, pudiendo ser reliquidadas definitivamente con efecto retroactivo. Salvo dos modificaciones de carácter formal, la Comisión de Derechos Humanos aprobó este nuevo artículo por la unanimidad de sus miembros.

En cuanto a las indicaciones rechazadas, debo consignar que las formuladas por los Diputados señores Urrutia y Vilches reiteradas en esta oportunidad y conocidas anteriormente por la Sala a los artículos l° y 2°, 5° al 9°, 10° al 19°, 21 al 23 y 29, corrieron la misma suerte. También se rechazó una indicación presentada por el Diputado señor Schaulsohn al artículo 15, que proponía la extensión del plazo de vigencia de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

También fue rechazada una indicación de la Comisión de Hacienda para sustituir el inciso cuarto del artículo 21, que postulaba la disminución de los plazos para impetrar los beneficios de esta ley.

Una indicación de la Comisión de Hacienda para fijar definitiva e irrevocablemente el monto de la bonificación compensatoria y establecer la extinción del derecho a ella para quienes la impetren fuera del plazo establecido en el artículo 21, fue rechazada por vuestra Comisión. Esta indicación postulaba también la agregación de un tercer inciso al artículo 22.

Finalmente, fue rechazada una indicación de la Comisión de Hacienda para agregar dos incisos al artículo 21, relacionados con la pluralidad de beneficiarios. El primero se refiere al caso de nuevos beneficiarios que impetren sus derechos fuera de los plazos fijados en el artículo 21, cuando hay otros beneficiarios con derecho a la pensión, situación en la cual se produce la agregación del nuevo beneficiario hacia el futuro.

El segundo inciso propuesto postulaba la reliquidación de la pensión en lo futuro, sin que ello tenga efecto retroactivo en la situación antes descrita. Ambos incisos fueron rechazados por la Comisión de Derechos Humanos.

Disposiciones legales que el proyecto modifica o deroga.

El artículo 12 del proyecto modifica los artículos 9° y 70 de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, en cuanto excede los límites temporales de las contratas y las comisiones de servicio respecto del personal de la Corporación que se crea en esta ley.

Por su parte, el artículo 29 del proyecto modifica el artículo 30, del decreto ley N°2.306, de 1978, sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación y obedeciendo al mandato de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recomiendo la aprobación del proyecto de ley objeto de este informe, en los mismos términos como fue aprobado en segunda discusión por la citada Comisión.

Es cuanto puedo informar.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, en sesión celebrada en el día de ayer, la Comisión de Hacienda analizó el segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía sobre este importante proyecto de ley, que establece diversas normas de reparación para los familiares de las víctimas a las cuales se refiere el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

En la Comisión de Hacienda, además de sus miembros, participaron el señor Enrique Correa, Ministro Secretario General de Gobierno, y el señor Pablo Lagos, abogado asesor del Ministerio del Interior.

El debate fue muy breve, en primer lugar, porque la Comisión pudo constatar que la mayor parte de las observaciones hechas al proyecto en su primer trámite en esta Corporación fueron acogidas por la Comisión de Derechos Humanos, y en segundo lugar, porque algunas indicaciones declaradas inadmisibles a pesar de haber sido presentadas en la propia Comisión de Hacienda, tendientes a ampliar los beneficios a ciertas personas, fueron acogidas por el Ejecutivo, con lo cual se perfeccionaron las normas de este cuerpo legal.

En este trámite, la Comisión de Hacienda introdujo sólo tres cambios al informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía propone que sean aprobados así, dando su aprobación unánime a las modificaciones sobre el artículo 25, que dicha Comisión puso en nuestro conocimiento, y que se enmarcan en las observaciones a las cuales hice alusión.

De las tres modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda al informe de la Comisión de Derechos Humanos, dos se refieren al artículo 21; la tercera, al artículo 22.

La modificación al inciso cuarto del artículo 21, tiene por objeto resolver posibles futuras contiendas acerca de la fecha a partir de la cual se pueden obtener los beneficios, si la persona no los hubiera solicitado dentro del plazo legal. La Comisión de Hacienda propone sustituir en el artículo 21 el párrafo que señala: "Si no se impetrare oportunamente el beneficio, él se devengará a contar de la fecha de entrada en vigor de la presenté ley".

Si se mantuviera esa redacción, una persona que recabare el beneficio en diez o quince años más, situación perfectamente posible, lo podría impetrar con efecto retroactivo a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, lo que introduce una distorsión financiera significativa.

Por esta razón, la Comisión de Hacienda propone sustituir dicha oración por la siguiente: "Si el beneficio no se impetrare dentro de este plazo, él se devengará a contar del primer día del mes siguiente a aquel en que se ejerza el derecho".

Esta modificación fue aprobada por la unanimidad de la Comisión de Hacienda.

En el mismo artículo 21, la Comisión de Hacienda insistió en los párrafos que fueron rechazados por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y que constituyen los últimos dos incisos de este artículo 21.

Estos dos incisos son muy necesarios, con el objeto de evitar contiendas en el futuro, relativas a los montos de las pensiones que se van a otorgar, puesto que siempre puede aparecer un nuevo beneficiario por un mismo causante. Si no se admiten estos dos incisos, cada beneficiario que ya hubiese recibido la pensión tendría que comenzar a reliquidar aquella recibida con efecto retroactivo. Esto introduce no sólo una complejidad administrativa significativa, sino también un conflicto muy grande entre los nuevos beneficiarios y los que ya perciben la pensión. En estos dos párrafos se deja claramente establecido que quienes no lo hagan dentro del plazo de seis meses que se determina como un derecho general, con el objeto de que concurran todos los beneficiarios, van a obtener el beneficio a partir de la fecha en la cual soliciten dicho beneficio y no con efecto retroactivo.

Como se supone que los familiares de las víctimas de la violencia política de este país ya están en conocimiento del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, pueden impetrar el beneficio dentro del plazo de seis meses, pero siempre podría ocurrir que concurra un nuevo beneficiario. Para una mejor manera de resolver su acceso al beneficio sin causar un conflicto con efecto retroactivo difícil de resolver, aun desde el punto de vista administrativo, esto se establece con una vigencia a futuro y no retroactivamente, a partir de la fecha en la cual ese nuevo beneficiario pudiese aparecer.

En concordancia con este mismo argumento, y dado que en el artículo 21 se establece la pensión y en el 22 se establece una bonificación de reparación, la Comisión de Hacienda insistió en el inciso tercero que también fue rechazado por la Comisión de Derechos Humanos, que fija esta misma norma para el caso de la bonificación, la que se deferirá y su monto se determinará definitiva e irrevocablemente en favor de los beneficiarios que hayan presentado la solicitud prevista dentro del plazo establecido, es decir, dentro de los seis meses con posterioridad a la publicación de la ley en trámite, extinguiéndose el derecho a ella para los beneficiarios que la presenten fuera de plazo. El objeto es impedir que una presentación, en un futuro que uno no puede predecir en un año, en dos o en diez años más, obligue a reliquidar también la bonificación para aquellos beneficiarios que la hubiesen presentado dentro del plazo, y que se supone conocen relativamente bien quiénes son los beneficiarios; pero, repito, puede haber algún hijo natural, o algún hijo ilegítimo sin reconocimiento y que pudiera presentarla en el futuro, caso en el cual puede obtener la pensión, pero no la bonificación, si es que hubo beneficiario, para un causante que hubiese pedido la bonificación dentro del plazo.

Por esta razón, la Comisión de Hacienda solicita a esta Cámara la aprobación del texto del proyecto aprobado por la Comisión de Derechos Humanos, con estas tres indicaciones adicionales a las cuales he hecho referencia.

He dicho.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, los Diputados de Renovación Nacional concurrimos con nuestros votos favorables a la idea de legislar; pero presentamos indicaciones, dentro de las cuales perdimos una en la Comisión que reemplaza la pensión de reparación por indemnización por una sola vez.

Por eso, queremos dejar establecido en esta oportunidad que el monto puede tener muchas justificaciones, pero debe ser acorde con la realidad que vive nuestro país.

En consecuencia, no compartimos la idea de otorgar 150 mil pesos e insistiremos en una indemnización, por una sola vez, en lugar de una pensión mensual de reparación, de una cantidad que realmente repare a los familiares de las víctimas de los atropellos a los derechos humanos.

La cantidad o el valor por el concepto de reparación no justifica el daño hecho.

Por eso, la indemnización por una sola vez es más justa para ser aprobada en un proyecto de esta naturaleza.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, evidentemente, ningún tipo de pensión puede reparar el daño causado. No cabe duda de que los familiares quieren, sobre todo, la sanción de los tribunales de justicia para los responsables de las muertes, de acuerdo con el derecho, y sin la legislación de amarre que heredamos, como el decreto ley N°2.191, de 1978, sobre amnistía.

Evidentemente, ha sido triste el regateo en tomo a montos. Ningún monto puede reparar el daño causado.

Lo único importante, en verdad, es que se reconozca el principio de que si el Estado o sus agentes causan daño, aquel tiene que hacerse cargo de las reparaciones en forma integral. Lamento que los colegas de Renovación Nacional posición muy respetable lo desconozcan. Siento que tengan otras alternativas frente al artículo, por cuanto ello demuestra que hay otras concepciones respecto del rol del Estado frente a las reparaciones.

En el análisis de este artículo hubo, por desgracia, una lógica de regateo en tomo a montos.

Sin duda, estoy satisfecho de que el Ejecutivo haya aceptado mejorar el monto de la pensión, a petición de varios señores parlamentarios, pero, sobre todo, de parte de las agrupaciones de los afectados, en particular de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

He dicho.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, en verdad, aunque pareciera que se trata de un asunto meramente puntual como ha dicho muy bien el señor Ministro, el problema planteado por el colega Vilches es, en alguna medida, más de fondo.

En el proyecto ha habido una situación diría desgraciadísima. Cuando se discutió en general, a pesar de su importancia, en la práctica no hubo oportunidad de que nos expresáramos ni siquiera los parlamentarios integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Ahora, desafortunadamente, nos vemos abocados a referirnos sólo a aspectos puntuales planteados en relación con algunas indicaciones.

Al efecto, decía que la indicación a que se refiere el colega Vilches, si bien es efectivo que aparece como puntual o de importancia secundaria, en verdad tiene cierta trascendencia e incide, en general, en todas las indicaciones presentadas por Renovación Nacional en la Comisión. Me referiré muy brevemente a ellas, y después no volveré a participar en la discusión de los otros artículos.

El proyecto del Ejecutivo, aprobado por la mayoría, básicamente trata de dar vida a los acuerdos de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que suponen crear una corporación con un conjunto de objetivos: reivindicar a las víctimas, dignificar a sus familias, establecer formas de indemnización; otro, muy importante, ubicar a los detenidos desaparecidos; dar asistencia legal con ese objeto, y crear toda una cultura de derechos humanos o contribuir a la creación de una cultura en tal materia.

En el fondo, las dos indicaciones básicas planteadas por Renovación Nacional tienden a impedir la creación de esta Corporación, lo cual significa, en el hecho, que todos los demás objetivos centrales del proyecto no tienen vigencia. La otra indicación del Ejecutivo establece una indemnización única.

En esta forma, al no haber Corporación y al pagarse una indemnización única, la idea subyacente en las dos indicaciones es que con ellas se pondría punto final al problema de las víctimas de la represión a que se refiere el Informe Rettig y, concretamente, al de los detenidos desaparecidos.

Creemos que no es así y que la Corporación debe desempeñar un papel activo en crear una cultura de los derechos humanos, un papel activo en dar asistencia médica a las personas dañadas, un papel activo en dignificar a las víctimas de la represión, un papel activo en dignificar a sus familias y un papel activo en todos los objetivos establecidos por la Comisión Rettig.

Por esa razón, hemos sido absolutamente partidarios de la idea de crear esta Corporación y a la de establecer una indemnización única, con la cual se pondría punto final a todo el problema de la represión en tiempos de la dictadura y a las violaciones más graves en materia de derechos humanos, porque representa un derecho inalienable de los familiares de las víctimas luchar incansablemente por encontrar sus restos y tratar de ubicar a los detenidos desaparecidos.

Porque creemos que ésta es también una obligación de toda la sociedad chilena, hemos votado en general en contra de todas las indicaciones presentadas por Renovación Nacional.

He dicho.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, seré muy breve y sólo señalaré dos o tres alcances a las indicaciones que presenté junto con el Honorable colega señor Vilches, en relación no sólo con el monto de la indemnización o de la pensión, sino que también con la Corporación.

Sobre este último punto propusimos la creación de una oficina dependiente del Ministerio de Justicia, por cuanto pensábamos que eran materias que correspondían a ese Ministerio, y porque considerábamos que alguna de las facultades establecidas en el proyectos de ley aprobado en la Comisión de Derechos Humanos como asimismo, por esta Cámara hace un rato atrás puede, incluso, inmiscuirse dentro de aquellas correspondientes al Poder Judicial, fundamentalmente en el número 4, del artículo 2° del proyecto de ley aprobado que señala expresamente que la Comisión tendrá la facultad de recopilar antecedentes y de efectuar las indagaciones necesarias para dictaminar en aquellos casos que conoció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y en que no le fue posible formarse convicción respecto de la calidad de víctima de violación a los derechos humanos, de la violencia política del afectado, etcétera. Son facultades que, indudablemente, corresponden a los tribunales de justicia, en el sentido de investigar e indagar para los efectos de determinar si efectivamente hubo o no responsabilidad de tipo penal en los casos que se investigan.

En relación con nuestra proposición de establecer una cantidad única en beneficio de las personas afectadas por la transgresión a los derechos humanos y por la violencia política que señala el Informe de la Comisión que presidió don Raúl Rettig, en ningún caso como lo ha manifestado el Honorable señor Letelier tiene por objeto regatear acerca del monto que se va a pagar a los familiares de esas personas, sino que, precisa y fundamentalmente, establecer una cantidad igual o superior, incluso, como se lo señalé expresamente al Ministro del Interior, don Enrique Krauss, cuando empezamos a estudiar este proyecto en la Comisión de Derechos Humanos. Se trata de que, por una sola vez, esas personas reciban una pensión, indemnización, o como quiera llamarse en este caso que repare efectivamente los daños que sufrieron, lo que indudablemente será imposible de reparar con una suma de 140 mil pesos mensuales o de 15 ó 20 millones de pesos de una sola vez.

Queremos dejar establecida esa precisión para los efectos de la historia de esta ley y para que no se malinterprete o tergiverse la proposición que ha hecho Renovación Nacional sobre esta materia.

He dicho.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, como se ha dicho aquí, las indicaciones de Renovación Nacional apuntaron, fundamentalmente, a dos cuestiones: a reemplazar la Corporación idea contenida en el Mensaje para entregar atribuciones a una oficina en el Ministerio de Justicia, y a reemplazar la idea de la pensión por una indemnización de suma alzada; es decir, por una sola vez.

Respecto del primer caso, el hecho de que en esta Sala, hace pocos minutos, se votaran por unanimidad los artículos por los cuales se crea esta Corporación, me parece que es un signo positivo respecto de la idea de buscar condiciones, a través de este proyecto, para establecer una base de encuentro nacional, de reconciliación que constituye un objetivo muy sentido por nuestro país. Pero, como aquí también se ha planteado una observación en relación con el punto 4 del artículo 2°, que entrega las competencias a la Corporación, solamente quiero puntualizar que la idea de que ésta recopile antecedentes y efectúe las indagaciones necesarias para dictaminar sobre aquellos casos que conoció la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación y que no le fue posible formarse convicción, o, incluso, en otros que no fueron puestos en su conocimiento, apunta a un hecho objetivo, indudable, cual es que, lamentablemente, en algunas ocasiones los tribunales de justicia se han autoinhibido de realizar esas indagaciones o investigaciones, porque han aplicado la ley de amnistía. En consecuencia, al no entregársele atribuciones a la Corporación se podría cometer la gran injusticia de dejar fuera de los beneficios de esta ley a familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, porque, reitero, desafortunadamente, en muchas ocasiones los tribunales de justicia han aplicado la ley de amnistía en forma previa a la investigación. Si queremos que efectivamente las personas afectadas por violaciones a derechos humanos, respecto de sus familiares más directos, tengan una reparación y se les pueda hacer justicia, debe reconocerse, entonces, la posibilidad de que la Corporación posea esas atribuciones.

En cuanto al segundo punto, específicamente en relación con el artículo 17, que establece la pensión mensual que discutimos, es importante resaltar que los que hemos hecho uso de la palabra en esta Sala hemos concordado en forma unánime en que no existe indemnización, ni pensión ni suma alguna que pueda efectivamente reparar el dolor y la pérdida de un ser querido; sin embargo, hay que establecer que el problema social, el problema humano de las familias y de las personas cercanas a las víctimas de la violencia política en nuestro país, es muy grave. Ellos, durante muchos años han sufrido las consecuencias de esta situación, han trabajado y han luchado por la verdad, por la justicia, y resulta, en consecuencia, una obligación, por parte de la sociedad y del Estado chileno, asegurar en forma mínima, básica, que se puedan entregar condiciones de vida, de desarrollo humano, de desarrollo personal, verdaderamente elementales, que signifiquen enfrentar la tremenda secuela que han tenido que soportar durante tantos años.

Señor Presidente, contribuiremos con nuestros votos a la aprobación de este artículo que junto con la creación y el funcionamiento de la Corporación, son los elementos básicos de este proyecto tan importante para el reencuentro nacional y para que en este país se haga justicia, si bien de un modo limitado, sí ineludible.

He dicho.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, después de escuchar la opinión del Diputado señor Urrutia, podría señalar que cuando un Estado tiene que asumir su responsabilidad extracontractual, es decir, aquella que proviene de la comisión de hechos ilícitos, tiene dos formas de establecer reparaciones: mediante la suma alzada por lo tanto, la indicación presentada es razonable, como también a través de la pensión temporal, permanente o vitalicia, según los casos.

Hemos tomado la decisión de participar del proyecto de Gobierno en la fórmula de una pensión de carácter temporal, permanente o vitalicia, según las situaciones que se vayan dando.

Sobre el tema del artículo 17, que nos ocupa, una vez que la Comisión tome la decisión de rechazar la indicación y de que éste no sea renovada por la Sala, corresponde votar dicho artículo con las indicaciones introducidas. Una de ellas como lo señalé en el segundo informe contiene una razón de lógica y de previsión jurídica para el caso de modificación de una fórmula de reajustabilidad de la pensión. Sin embargo, me preocupa la segunda indicación introducida por la Comisión de Hacienda, que señala que la pensión podrá renunciarse. Reitero que cuando esta indicación fue puesta en votación en la Comisión de Derechos Humanos, voté en contra de su última parte porque me parece que al instituirse un derecho por normas de derecho público, no puede ser renunciado.

Por lo tanto, señor Presidente, le pido que en estas circunstancias divida la votación de las dos indicaciones para reiterar mi votación manifestada en la Comisión.

El Diputado señor Jaime Naranjo me pide una interrupción, la cual se la concedo gustoso, con su venia.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, sólo para hacer una precisión.

Me da la impresión de que el Diputado señor Urrutia no ha leído bien el proyecto. A mi juicio, sería conveniente que lo hiciera; y bien.

En primer lugar, cuando él hace mención al punto NQ 4 del artículo 2°, se refiere a recopilar antecedentes y a efectuar indagaciones para establecer nuevas personas que puedan ser beneficiarías del proyecto, ya que por no estar contempladas en el Informe Rettig han quedado fuera. En cambio, si él leyera bien el proyecto, el punto N°2, del artículo 2°, establece promover y coadyuvar acciones tendientes a determinar el paradero de las personas que no están, y en el último párrafo señala: "En los casos en que los antecedentes sean suficientes, deberán ponerlos en conocimiento de los tribunales de justicia.".

De manera que me parece extraordinariamente importante que los parlamentarios de la Derecha hagan un buen uso de esta ley, que lean bien las partes que corresponden y no incurran en equivocaciones.

He dicho.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, muy breve, porque ya en los primeros trámites de este proyecto, que de alguna manera hace justicia a las familias de los muchos chilenos y compatriotas desaparecidos o asesinados que quedaron en la indefensión, planteamos como correspondía nuestra manera de pensar y nuestro rechazo, repudio y repugnancia que nos producen, nos produjeron y nos seguirán produciendo estos hechos que han avergonzado a la inmensa mayoría de chilenos; que han dejado un reguero de sangre, de penas, de lágrimas de sufrimiento a los familiares de esas víctimas.

Cuando se plantea acá como una solución de ese problema para una indemnización por una vez a los familiares de estas víctimas, pareciera que se pretende llegar como a un olvido, como echarle tierra a estos hechos, como llegar a eso de "borrón y cuenta nueva, como si con eso, estuvieran obligando a estos familiares a sentirse pagados por la pérdida o asesinato de sus seres queridos.

Un señor DIPUTADO.-

¡Nada que ver!

El señor PALESTRO.-

Sí tiene mucho que ver, porque es cuestión de moral y ética humana, de respeto al ser humano el que se pretenda hacer creer que con una simple indemnización se va a olvidar al ser querido, al familiar, al padre, a la madre, al hijo que murió asesinado, cuyos restos, incluso, aún se encuentran desaparecidos.

Esto es más que nada el autorrespeto al ser humano; es el autorrespeto de este Gobierno a los familiares que han sufrido durante tantos años, sin tener la oportunidad de saber siquiera dónde se encuentran los restos de sus familiares queridos, dónde depositar como hemos dicho un ramo de flores o prender una vela en un determinado momento, aunque fuera en forma simbólica, en memoria de esos chilenos inmolados por defender la libertad y atacados por un gobierno dictatorial, feroz y sanguinario, como el que dirigió el señor Pinochet.

Por eso es que este proyecto tiene más que nada la honestidad de reconocer lo que sucedió durante 16 años en este país, de respetar a esas familias, de recordar a los desaparecidos, de seguir pensando que en Chile se cometió un genocidio, pensamiento que nosotros tenemos la obligación de mantener mientras no haya justicia, mientras no se reconozcan y se lleve a los tribunales a los criminales y se les aplique también las penas condignas por los crímenes cometidos.

Entonces, cuando se habla de reconciliación, nosotros podemos también plegarnos a ella, porque la queremos todos; queremos que haya paz entre los chilenos, que haya entendimiento entre todos porque no vamos a seguir toda la vida en este problema de saber quiénes fueron los criminales, quiénes están ocultando a los criminales, cuando todo Chile sabe quiénes son y todo Chile sabe quiénes fueron los verdaderos autores morales e intelectuales de esos crímenes.

¿Cómo es posible aquí lo ha dicho un señor Diputado que el Estado deba asumir los errores que se cometen por algún estamento de la institucionalidad de este país?

Conozco el caso de un compañero de mi Partido que estuvo once años preso, el que más tiempo estuvo en esta situación uno de los presos más antiguos, y después resulta que sale Ubre incondicionalmente, sin ningún cargo, sin ninguna pena. Bueno y ¿quién va a pagar una indemnización, unos cuantos pesos más o menos, por esos 11 años de prisión en que prácticamente la familia quedó en la orfandad más absoluta? ¿Quién debe asumir, entonces, la responsabilidad de cubrir el daño de todo tipo que se le hizo a ese preso y a la familia que sufrió las consecuencias?

Por eso, es un primer principio de reconocimiento a los familiares de los desaparecidos, una primera parte, aunque sea para comer y vestirse mínimamente, para cubrir los gastos mensuales elementales de una familia, esta pensión mensual permanente, para que esas viudas, esos huérfanos, esa mujer, esa hija, tengan, por lo menos, un pedazo de pan que echarse a la boca.

Por eso, reconociendo la intención de este gobierno de hacer justicia, como ya lo han dicho otros compañeros de la bancada vamos a votar a favor de esta artículo y, naturalmente, vamos a rechazar esa pretensión de darle una indemnización por una vez a los familiares, porque los muertos no se pesan en dinero, sino que se recuerdan en el corazón, en la conciencia, en la ética y en la moral; y sobre todo, en la decisión de todos nosotros, de todo el pueblo de Chile, de la juventud, del estudiante, de la mujer, para que aquí ojalá, no vuelva a suceder nunca más esa pesadilla y que nunca más Chile vuelva a sufrir esta suerte de vergüenza, de haber tenido una dictadura miserable dirigiendo los destinos de nuestra patria.

He dicho.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Solamente para aclarar la diferencia numérica que existe en pesos, entre la indicación del Ejecutivo, aprobada por la Concertación, con respecto a la proposición hecha por Renovación Nacional, diferencia que me da la impresión no ha quedado clara durante la discusión.

Según la indicación de Renovación Nacional, habría una indemnización única de seis millones de pesos; en cambio, con el proyecto del Ejecutivo, aprobado por la Concertación, y tratándose por ejemplo de una viuda que viviera diez años más perfectamente pueden ser quince o veinte, estaría recibiendo 18 millones 200 mil pesos, que corresponde a la indemnización inicial de 1 millón 200 mil pesos más la de carácter anual que, más o menos corresponde a 1 millón 700 mil pesos.

De tal manera que existe una diferencia en dinero, muy significativa. La cantidad de seis millones de pesos se hace muy escasa y miserable, tratándose sobre todo, de los grupos familiares en que la viuda o los hijos puedan vivir durante muchos años.

Agradezco al colega señor Ojeda su interrupción.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, estamos en presencia de uno de los proyectos de mayor trascendencia dentro de la esfera de los derechos humanos.

Con esto se demuestra la consecuencia del gobierno, en orden a ir cumpliendo las etapas necesarias como para llegar a la tan ansiada reconciliación y obtener así el perdón que también todo el país espera.

Considero que verdad y reconciliación; verdad y justicia; reconciliación y perdón, son las etapas que se deben cumplir para que el país pueda vivir en paz.

Es necesario y justo que la pensión establecida en el artículo 16, se pague mensualmente y que dure por toda la vida. Los efectos, los daños, no son esporádicos ni transitorios, sino que duran por toda la vida en las familias de las víctimas de la violencia política y de la violación de los derechos humanos.

En este contexto, no obstante esta pensión y otras medidas que se están proponiendo, no podemos establecer la correlación entre el dolor, la impotencia y las esperanzas de los familiares de las víctimas, pero es un gran intento y una decidida voluntad política y humana por reparar el daño.

Durante mucho tiempo, las víctimas estuvieron desprotegidas, aisladas; incluso, desconsideradas por la sociedad y el Estado. Sólo en esta democracia, de acuerdo con nuestros criterios y concepciones libertarias, se han podido procurar estas reparaciones y reivindicaciones morales. Sólo el estado de derecho puede, a través de una ley verdadera, procurar obtener el resarcimiento necesario.

Estamos en presencia de una responsabilidad del Estado. En un momento determinado de la historia política de Chile, el Estado dejó de cumplir sus funciones y, más que favorecer y beneficiar el bienestar común, a través de sus agentes y por intermedio de los instrumentos, dañó, lesionó y mató.

La actitud de la Oposición va en contra del principio de este proyecto y de los objetivos que tuvo la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, en orden a establecer estos pasos y estas medidas de reparación.

El informe de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, formada a instancias del actual Gobierno, nos relata la forma en que se violaron los derechos humanos, en que se mató al hombre, las víctimas, detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte.

Una investigación y un informe realizado objetivamente, con hombres de distintas tendencias políticas, ha sido una ratificación y una confirmación de lo que ya se sabía.

Este informe ha sido fundamental para legislar en estas materias, y las disposiciones establecidas en el proyecto enviado por el Ejecutivo son consustanciales a ese espíritu.

Sobre la base de la verdad y de los antecedentes que proporciona la Comisión, se están reparando, en gran parte, los daños y perjuicios causados a los familiares de las víctimas por violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con lo que señala el informe de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, entendemos por reparación un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia del citado informe.

Conforme con los hechos, este proyecto de ley tiende a reparar materialmente a los familiares de las víctimas, a la dignificación moral de las víctimas, al otorgamiento de una calidad de vida mejor para las familias directamente afectadas por estos hechos. Verdad, justicia, reconciliación y perdón, son las etapas que debemos cumplir para que en Chile reine la paz.

Ha sido importante el estudio realizado con respecto al despacho de este proyecto y, más aún, ha sido trascendente y muy relevante el hecho de que, a través de todas las sesiones, en el estudio y discusión que se llevó a cabo en la Comisión pertinente, hayan estado presente y hayan expuesto sus puntos de vista y opiniones todas las agrupaciones de familiares de las personas víctimas de la violación de los derechos humanos.

Por último, quiero señalar que los efectos que la violación de los derechos humanos han provocado en las personas son evidentes, graves, e incluso desconocidos.

Me permito leer un párrafo de una de las cartillas de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que dice lo siguiente:

"Con alarma debemos denunciar que en los últimos tres años 60 familiares activos de la agrupación han fallecido: 26 de cáncer, 8 por infartos, 3 se han suicidado, 3 han sido atropellados intencionalmente, y varios de trombosis. Otro gran porcentaje es el de aquellos familiares que se encuentran en tratamiento por enfermedades terminales y otras sicológicas.".

Los efectos de la violación de los derechos humanos y de la violencia política no son transitorios ni esporádicos, sino permanentes, y se pueden prolongar, incluso, por toda la vida. De ahí la justificación de este beneficio que establece el Ejecutivo a través de su Mensaje.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, estamos frente a un proyecto en el que se requiere de mucha seriedad, sobre todo en uno de sus puntos centrales.

Resulta difícil entender el planteamiento y comportamiento de Renovación Nacional. Aun cuando sus parlamentarios presentes son muy pocos, quiero destacar que hoy sostienen algo distinto de lo que opinaban hasta hace poco tiempo. Por ejemplo, ahora están de acuerdo en otorgar una indemnización por una sola vez, y se oponen a la pensión mensual. Sin embargo, antes tenían otra posición. Tengo en mi poder la respuesta que Renovación Nacional entregó a la Comisión de Verdad y Reconciliación sobre varias materias, entre otras, respecto de las medidas de reparación. En relación con este punto, propone ocho medidas, señalando, en la N°6, lo siguiente:

"Consideramos que debe dictarse una ley que otorgue pensiones de gracia a familiares de las víctimas cuya situación particular lo haga necesario. Dicha pensión se devengaría desde la fecha de la muerte o de la desaparición.".

En este planteamiento, que Renovación Nacional hizo por escrito a la Comisión de Verdad y Reconciliación en el momento oportuno y que constituyó la base de esta iniciativa, sostuvo una posición favorable a la pensión. No sólo eso, sino que, además, sugirió que fuera retroactiva desde el momento de la muerte o desaparición.

Hoy día los Diputados señores Urrutia y Vilches, en nombre de Renovación Nacional, se han opuesto, con argumentos poco claros, a la idea de la pensión.

Quiero consultar a Renovación Nacional cuáles son las razones tan fundadas que los llevan a cambiar de enfoque, sobre todo cuando su sugerencia fue la que permitió a la Comisión de Verdad y Reconciliación formular el conjunto de proposiciones que son parte de esta iniciativa.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, quiero dar respuesta a las inquietudes que han expresado los parlamentarios de la Concertación sobre esta materia.

Desde luego, debo ratificar lo que sostuvimos en el análisis que se hizo en una sesión especial de esta Cámara respecto del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación; reiterar que, en nuestra opinión, nada justifica la violación a los derechos humanos y que asumimos la cuota de responsabilidad que le corresponde a todos los sectores políticos en los hechos ocurridos en las últimas dos décadas en el país.

En este sentido, y tal como lo indicamos en ese informe y en el análisis del mismo, estimamos que perfectamente pudimos haber hecho algo más para evitar violaciones a los derechos humanos.

Entendemos que reconocer estos hechos, por lo menos a título personal y estoy cierto, en nombre de todos los Diputados de nuestro partido, es un gesto de reconciliación, de valorización de los derechos de las personas, de evaluación de las conductas personales y que, lejos de constituir un acto indigno, nos parece que, por el contrario, nos suma al esfuerzo común de los distintos sectores políticos para construir la convivencia nacional.

Desde ya, dejo en claro que nos sentimos con la legitimidad suficiente para manifestar nuestra opinión respecto del contenido de este informe, particularmente porque entendemos que hay una cuota compartida de responsabilidad en los hechos ocurridos en el pasado, y no rehuimos la cuota que nos corresponde. La asumimos como parte de la realidad que nos correspondió vivir.

En segundo lugar, también es efectivo que en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación las violaciones a los derechos humanos, como expresamente se señala, se configuran sobre la base de dos actos distintos: aquellos cometidos por agentes del Estado que abusan del poder del que han sido investidos y, por lo tanto, violan los derechos de las personas; y aquellos cometidos por quienes realizan conductas terroristas y también violan los derechos de las personas.

Algunas de las expresiones vertidas respecto de la situación ocurrida en el pasado buscan revivir el debate del informe Rettig. Creemos, con honestidad, que probablemente nada de lo ocurrido con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, habría sucedido si la democracia nuestra no se hubiese derrumbado. Si nuestra democracia no se hubiese derrumbado, si la Izquierda de aquel entonces no hubiese tenido un proyecto que se distanciaba de los conceptos que hoy en día se reconocen propios del sistema democrático y que incluso los sectores de la llamada Izquierda Renovada ahora admiten como parte de su autocrítica, lo que valoramos como un gesto positivo.

El señor PALESTRO.-

Izquierda solamente. No somos renovados.

El señor ESPINA.-

En la Izquierda, señor Palestro, lamentablemente hay quienes todavía no comprenden el proceso de renovación que nosotros valoramos desde que comenzó a funcionar esta Cámara de Diputados.

En cuanto a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a la cual se ha hecho tanta mención, quiero precisar dos cosas importantes.

En las indicaciones presentadas por Renovación Nacional, proponemos que se sustituya por una Oficina dependiente del Ministerio de Justicia, cuyas facultades perfectamente pudieron ser discutidas y analizadas, velando porque las acciones de esa Oficina no pudieran, en algún momento, inmiscuirse dentro del ámbito de competencia del Poder Judicial. Si la voluntad hubiese sido concordar criterios en tomo de ese punto, estoy absolutamente seguro de que se habría marcado con claridad el deslinde entre lo que es propio de esa Oficina y aquello que es estima impropio, por corresponder al ámbito del Poder Judicial.

Pero lo que me interesa precisar concretamente es algo que señaló el Diputado don Andrés Aylwin. Nosotros y así lo expresamos en la declaración leída por el Diputado señor Montes somos partidarios de que se hagan todos los esfuerzos tendientes a indagar los antecedentes, tanto para que aparezcan los restos de las personas detenidas desaparecidas como para que se aclaren aquellos hechos en el ámbito de la legalidad, que el Gobierno, en esta materia, ha manifestado no pretender alterar. Incluso, hemos adelantado un juicio distinto del que ha tenido la Corte Suprema respecto de los casos de detenidos desaparecidos, pues señalamos que, en nuestra opinión, no quedan comprendidos dentro de la Ley de Amnistía por la característica de un delito permanente.

De manera que somos claros y categóricos en que el hecho de cambiar la Oficina por la Corporación, en caso alguno significa que no tengamos toda la voluntad para que se indaguen realmente las situaciones que he mencionado. Incluso, discrepamos de los planteamientos de la Corte Suprema sobre la interpretación de la Ley de Amnistía.

Finalmente, en cuanto a la pregunta del Diputado señor Montes sobre la pensión, creo que ambos criterios son absolutamente legítimos.

Quienes en alguna oportunidad hemos tenido la posibilidad de ejercer la profesión de abogado, sabemos que no hay otra fórmula práctica y realista de efectuar las "reparaciones", así, entre comillas, porque reparar una vida humana a través de recursos económicos no es, por cierto la manera en que el hombre hubiese querido hacerlo. Por eso las "reparaciones" se traducen en indemnizaciones económicas, más allá de las reparaciones de la dignidad de la persona afectada.

Se han expuesto dos teorías, y considero que una Cámara que debate este tema en serio, sin el ánimo de hacer demagogia, y quienes han ejercido la profesión de abogado, saben que ambas teorías son aplicadas con idénticos argumentos a favor. Una de ellas sostiene que deben darse pensiones mensuales, que se pagan a los afectados que ameritan esa indemnización; la otra, afirma que debe entregarse una suma única, que representa, a veces, muchos beneficios.

Respecto del monto a que ha hecho alusión don Andrés Aylwin, también es discutible. No nos cerramos a discutir con el Gobierno ni con las bancadas de la Concertación un monto que, dentro de las limitaciones de nuestro erario, sea razonable para que las familias puedan recibir la reparación que legítimamente se merecen. No tenemos inconveniente en debatirlo tantas veces como sea necesario, pero entendiendo que el Estado tiene sus limitaciones en esta materia.

Pero lo que nos interesa rechazar son las descalificaciones de orden personal que se formulan por el hecho de haber aseverado que somos partidarios de que los familiares reciban, por una sola vez, una cantidad que represente más menos lo mismo que habrían obtenido en el largo plazo. A lo mejor es de más utilidad para ellos; tal vez con esa cantidad podrían obtener un resarcimiento en las actividades de sus hijos y de la propia viuda del afectado, en mejores condiciones que con una suma parcializada. Esto ha ocurrido en innumerables oportunidades.

Por lo tanto, nos parece que nuestra posición es tan legítima como la de los que estiman que se debe pagar por medio de mensualidades, porque lo realmente importante es que el monto sea justo para la familia afectada.

Le concedo una interrupción al señor Montes, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

El punto es que la Comisión de Verdad y Reconciliación le preguntó a Renovación Nacional cuál era la mejor forma de reparación. Y ese partido, por escrito, sugirió ocho medidas. La número 6) propone una pensión que, además, tiene el carácter de retroactiva. Por lo tanto, resulta bien difícil comprender el cambio de posición y todo el debate generado.

Es cierto que podrían haber propuesto la otra fórmula, pero ustedes plantearon la pensión mensual, que fue la base que se tomó en cuenta para la elaboración de este proyecto.

Gracias por la interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Le haré dos precisiones al Diputado Montes, porque creo que es importante su opinión y también su pregunta.

En primer lugar, es razonable, aun cuando hubiese sido esa la posición inicial del partido, haber cambiado de opinión durante el debate del proyecto.

Es perfectamente posible que, tal como ocurrió en el caso Letelier, en que se fijó una sola indemnización y no un pago por mensualidades, aquí eso ha sucedido en el transcurso de la discusión de muchos Proyectos los propios parlamentarios que conocieron la iniciativa en detalle y el análisis de la Comisión, hubieran estimado que era preferible un sistema de pago por una sola vez.

Desde esa perspectiva, el argumento es válido.

Pero, además, una pensión, desde el punto de vista jurídico, se puede pagar de dos formas: en una sola oportunidad, o por mensualidades. Y ambas pensiones son idénticamente iguales. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, es perfectamente válido sostener que esa afirmación implica el pago de una mensualidad.

Nosotros lo decimos con toda honestidad, porque no tenemos gato encerrado en esto, no pretendemos afectar los derechos de los familiares. Hemos hecho la propuesta porque consideramos que para ellos es más útil. Ahora, si resulta no serlo, no nos afecta ni es un hecho sobre el cual tengamos un propósito distinto. La experiencia, demuestra a veces, que una persona que recibe 12, 13, 14 o 15 millones de pesos de contado, en dinero efectivo, puede hacer mejor uso de ese dinero que una persona que lo percibirá a través de una pensión de 140 mil pesos mensuales. Ese es el tema en discusión.

Esta materia es absolutamente opinable, pero quiero dejar en claro que no aceptamos que se busquen terceros propósitos o que se hagan descalificaciones por plantear de frente nuestra posición, con todos los antecedentes que he tratado de hacer valer. En cuanto a que algunos sectores parlamentarios viven esta realidad de una manera más cercana, más directa de aquella que quizás por muchos años vivimos nosotros, debo señalar, con toda franqueza, que queremos hacer un esfuerzo honesto por ayudar a que esas heridas se vayan cerrando.

Esos son los aspectos que considero necesario precisar sobre la materia.

El Diputado señor Yunge me ha pedido una interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, en relación con la inquietud del Diputado Espina en cuanto a si para los familiares, o sea, quienes están directamente involucrados en esta situación, sería más conveniente contar con una indemnización a suma alzada, en las Comisiones de Derechos Humanos y de Hacienda los personeros que representaron a las agrupaciones de los familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados y a otras organizaciones de derechos humanos, fueron muy claros al decir, primero, que el tema de la indemnización pecuniaria no era la motivación fundamental por la cual les interesaba este proyecto de ley. En segundo lugar, plantearon un criterio nítido, en el sentido de que una pensión podía asegurar el desarrollo humano y familiar de los afectados en forma mucho más conveniente que una indemnización, respecto de la cual se pueden plantear problemas de urgencias o situaciones que con posterioridad las dejarían en la indefensión.

Señalo esto con el objeto de dar respuesta a la inquietud del Diputado Espina sobre el particular.

Considero que la opinión de los afectados es un elemento muy importante, sobre todo si se recogen los últimos términos de la intervención del colega Espina, que me parecen muy constructivos y que debieran apuntar en la dirección de asegurar que este proyecto sea aprobado por el Parlamento de la manera más consensual y perfeccionada posible.

Gracias, señor Espina.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado Espina.

El señor ESPINA.-

Sobre esa materia, incluso el Diputado señor Aylwin me hacía otras sugerencias y observaciones sobre cuestiones que dificultan el pago de la pensión en una sola oportunidad. A nuestro juicio, se trata de una materia opinable, y nos parece importante el planteamiento de los afectados. Pero uno también se forma un juicio propio respecto de lo que se estima más conveniente. A veces, por su misma condición de afectadas, a las personas les cuesta valorar lo que puede resultar más conveniente para ellas en el largo plazo. Debo decir, con franqueza, que deseamos que el debate se encamine por la línea de ir buscando la manera de dictar una legislación consensual sobre la materia. Las descalificaciones sólo contribuirán a crear más dificultades para el despacho de un proyecto de esta trascendencia.

He dicho.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, seré muy breve.

Es curioso que las dos veces que hemos discutido este proyecto los sectores de la Derecha lo hayan visto con una mentalidad mercantil, en términos economicistas. Han querido aplicar las leyes del mercado a las violaciones a los derechos humanos.

La vez anterior, cuando el Diputado señor Vilches expuso la posición de ese sector, también hizo referencia al tema económico, sin abordar el problema central, que son las graves violaciones a los derechos humanos.

Queda claro que los sectores de Derecha han tratado de justificar los hechos ocurridos en nuestro país; pero, en definitiva, han aceptado que la verdad entregada por el informe de la Comisión Rettig es hoy una verdad socializada.

He dicho.

El señor AGUILO.-

Inmediatamente, colega Urrutia.

Señor Presidente, en la intervención del Diputado señor Espina se ha planteado un tema de extraordinaria importancia para el futuro de la reconciliación en nuestro país, que quiero compartir: ha señalado que Renovación Nacional tiene el criterio de que el delito de la desaparición forzada de personas es de comisión permanente y que, por lo mismo, no debiera estar cubierto por el decreto ley de amnistía dictado el año 1978. Incluso, en esta materia, ese partido ha discrepado con el juicio de la Corte Superna. Quiero asumir esta importante declaración del colega, en el sentido de que si la Corte Suprema persistiera en su interpretación, sería bueno llegar a un acuerdo nacional, al menos en la interpretación de la Ley de Amnistía, en cuanto a la orientación propuesta formalmente por Renovación Nacional.

He dicho.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, el profundo respeto que me merecen los familiares de las víctimas de la violencia política, así como la necesidad de aprobar en un campo lo más consensual posible este proyecto, me llevan a no motivar un debate que no es exactamente el punto en discusión. A pesar de esto, considero importante también, especialmente en memoria de las personas que no alcanzaron a llegar a esta etapa del proceso político chileno, porque perdieron la vida en estos años, establecer con cierto criterio de rigurosidad una apreciación respecto del contenido de las palabras del Diputado señor Espina.

Seré breve. Las fuerzas de Izquierda chilenas, como pocas en el mundo, y mucho antes de que se llevara a cabo el proceso de autocrítica de la Izquierda mundial, han asumido sus responsabilidades políticas frente a los acontecimientos de 1973, sin rehuirlas.

A nuestro juicio, continúa pendiente la aceptación de la responsabilidad política de las fuerzas de Derecha de nuestro país sobre esos acontecimientos, en especial el reconocimiento de la responsabilidad de actores centrales del proceso político de esos años, los que con, el objeto de rehuirlas, continúan parapetados en cargos institucionales que no debieran ocupar, como es el caso del actual Comandante en Jefe del Ejército.

En otras palabras, no hace falta recomendar que asumamos nuestra responsabilidad, porque lo hemos hechos explícitamente ante el país, con suma valentía, y no sólo en una ocasión, sino reiteradas veces. Pero no han actuado así la contraparte y las otras fuerzas que también tuvieron una responsabilidad decisiva.

Nosotros tenemos dignidad para poder enfrentar al país con la frente en alto y las manos limpias. Independientemente de nuestras responsabilidades políticas, nunca hemos incurrido en acciones que hayan afectado gravemente al ser humano, a los hombres y a sus derechos inalienables. Formamos parte de fuerzas políticas que jamás han estado comprometidas en la violación del más mínimo derecho de las personas. Por el contrario, tratamos de construir un proyecto de transformación social en democracia, pluralismo y libertad.

Creo fundamental rescatar este concepto, para que no haya insinuación en el sentido de que las víctimas son culpables y los victimarios inocentes.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, este proyecto de ley intenta establecer normas generales en relación con casos muy diversificados ocurridos por la violencia y la violación de los derechos humanos en nuestro país.

En esta ocasión, quiero destacar brevemente, el caso de una guagua de nombre Valentina, cuyo padre y madre, ambos, son detenidos desaparecidos entre 1973-1974.

Cuando se lee este artículo que habla de los hijos en general, no se piensa, a veces, en el dolor causado ni en casos como el drama vivido por esta niña que perdió a sus padres, sacados del corazón de la comuna de Providencia, la que es representada en esta Cámara por dos colegas en forma muy digna.

Entiendo que no se pueden hacer excepciones, pero, sin duda, éste es un caso especial. Cuando se analiza este proyecto, en virtud del cual esta niña de apenas 18 años contará con una pensión de, a lo sumo, 100 mil pesos siempre y cuando sus abuelos renuncien al beneficio; si no lo hacen, quedará con una pensión muy baja, se aprecia que la norma presenta ciertos vacíos. Al leer el artículo en forma fría, se olvidan los nombres y las caras de las personas afectadas; si bien reconoce los derechos de los hijos, a veces no hace la justicia necesaria, como en el caso de Valentina.

Sólo quería destacar este caso de una de las tantas sobrevivientes porque ella junto con su madre, también estuvo detenida durante un tiempo en manos de la Dina, de los horrores de la dictadura.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, nosotros, en la Comisión de Derechos Humanos, rechazamos las indicaciones formuladas por la Comisión de Hacienda. Pero también, en honor a la verdad, debo decir que ayer concurrimos con el Diputado señor Naranjo a la Comisión de Hacienda a la cual pertenezco, y nos dimos cuenta de que, efectivamente, se producirían problemas en una posible reliquidación o, eventualmente, una dificultosa restitución de quien percibió la pensión en forma indebida.

Después de los comentarios hechos ayer en la Comisión de Hacienda, particularmente por el Ministro Secretario General de Gobierno, los dos incisos que se agregan al artículo 21, más la modificación al inciso cuarto del mismo, corrigen una posible distorsión que sería muy difícil de evaluar más adelante, en el caso de que se produjeran las dificultades mencionadas por él.

Por lo tanto, anuncio mi decisión de votar favorablemente la propuesta de la Comisión de Hacienda.

Es todo.

El señor PALMA (don Andrés).-

Se refiere a la misma situación. Son dos beneficios: uno, la pensión a la cual se refiere el artículo 21, y, el otro, el bono que dispone el artículo 22. La modificación introducida por la Comisión de Hacienda es concordante en ambos para resolver el mismo tipo de problemas. Por ello, podríamos aprobar, de la misma manera que la disposición anterior, el artículo 22, con la indicación de la Comisión de Hacienda.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, con el Diputado Andrés Aylwin presentamos una indicación, con el objeto de que los beneficios patrimoniales que esta iniciativa establece sean declarados inembargables, atendido a que, con toda seguridad, estas personas, por la tragedia vivida, por su mala situación económica, contrajeron o pueden contraer obligaciones, en relación con las cuales, para su cumplimiento, serán objeto de acciones legales, lo que significaría reducir o poner término a estos beneficios, si son embargados.

Pedimos la unanimidad, en primer lugar, para que se trate esta indicación y, en segundo lugar, para que se apruebe.

Nada más.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Para tratar esa indicación se requiere la unanimidad de los presentes. La Mesa tiene dudas sobre la inembargabilidad de las pensiones.

El señor ELGUETA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Investigué el tema. Estas pensiones están establecidas en una ley especial. Tienen un apellido. Cada pensión lo tiene. No hay pensión "a secas". Hay pensiones alimenticias, vitalicias, etcétera y algunas, efectivamente, son inembargables hasta el 50 por ciento, pero no éstas de reparación y bono compensatorio a que se hace alusión en este proyecto de ley.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación de los señores Aylwin y Elgueta para agregar un artículo nuevo, del siguiente tenor: "Las pensiones mensuales de reparación y el monto único de la bonificación compensatoria que establecen los artículos 16 y 17 de la presente ley, serán inembargables.".

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, estoy de acuerdo con el planteamiento general. Sin embargo, me preocupa que esta pensión escape a la eventual posibilidad de ser considerada en la determinación de las pensiones de alimentos.

Esta es una cuestión muy discutible. Se está planteando un tema interesante, que es el siguiente: el padre o la madre de los hijos naturales del o la causante no pierden el derecho a la pensión ni a la bonificación compensatoria por matrimonio posterior. Puede suceder que este padre o madre de los hijos naturales del o la causante, forme una nueva familia. Con esta indicación estaríamos escapando absolutamente al criterio establecido en la legislación especial de menores, como, por ejemplo, en la ley N° 16.618, referida al pago de pensiones alimenticias.

Quisiera escuchar de parte del Diputado señor Elgueta, patrocinante de esta indicación, un argumento que elimine mi resistencia a esta indicación.

Es todo, señor Presidente.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, tal como lo ha planteado el colega Devaud, estas pensiones pueden ser inembargables en forma absoluta. Deben tener la misma limitación establecida por el Código de Procedimiento Civil. Creo que eso está en el espíritu de quienes redactaron esta indicación, de manera que, de común acuerdo, podría agregarse la frase pertinente y no habría ningún inconveniente en aprobarla. Pero establecer como principio que estas pensiones sean absolutamente inembargables, me parece peligroso, ya que significa apartarse de un criterio consagrado básicamente en la legislación de menores.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, para convenir en una fórmula unánime, es mejor que queden sujetas a la regla general. O sea, sometidas a la disposición correspondiente, será inembargable un porcentaje y, el resto, en el caso de pensiones alimenticias, embargable.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, en realidad, estoy de acuerdo en relación con la pensión. El problema está en la bonificación compensatoria, en la que sí estoy conteste en que sea excluida absolutamente de la posibilidad de ser embargable.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, el espíritu del texto evidentemente redactado con cierta premura fue que este tipo de redacción orientada hacia una mejoría, pueda ser incorporado a la ley propiamente tal.

Por eso, si existe voluntad colectiva de la Corporación, el Ministro Correa podría llevarse esta proposición a fin de estudiarla como una indicación en el próximo trámite legislativo.