Labor Parlamentaria

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley que modifica el sistema de subvenciones estatales a la educación, establecido en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1989, del Ministerio de Educación.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Smok, y el señor Huenchumilla de la de Hacienda.

-El texto del proyecto figura en el número 14 de los documentos de la Cuenta de la sesión 34ª., celebrada el 3 de septiembre de 1991.

El señor SMOK.-

Gracias, señor Presidente.

El informe de la Comisión está redactado y correspondía darlo al Diputado don Felipe Valenzuela, pero por estar de viaje, en cumplimiento de otra obligación, procederé a leerlo.

Informo breve y sumariamente, en razón del informe escrito del Secretario de Comisión, que obra en poder de los señores Diputados, sobre el proyecto de ley que modifica el sistema de subvenciones estatales a la educación, establecido en el DFL N° 2, del Ministerio de Educación, del año 1989. Como se ha manifestado anteriormente en la Sala, constituye el texto refundido, coordinado y sistematizado de los decretos leyes N°s. 3.476 y 3.167, de 1980, y 3.635, de 1981, año que se recuerda -para bien o para mal- por gran parte del Magisterio Nacional, como aquel en que se municipalizó el sistema nacional público de enseñanza prebásico, básico y medio.

El proyecto, en la oportunidad en que fue aprobado en general, contaba, fundamentalmente, con un artículo único, compuesto de 23 numerales. Está destinado principalmente a:

Primero, proporcionar mayor estabilidad en los ingresos mensuales de los establecimientos subvencionados, con el consiguiente beneficio para el profesorado y para la mejor administración de los recursos. Por ello, aun cuando el factor determinante para fijar el monto de la subvención es la asistencia media por alumno, actualmente considerada mes a mes, el monto en el proyecto propuesto se fijará con el promedio de asistencia media de los tres últimos meses, atenuándose, de este modo, las fluctuaciones de ingresos que se producen en el sistema actual.

Segundo, adaptar, en aspectos formales, el texto de la Ley de Subvenciones al de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, publicada, como ustedes saben, el 10 de marzo de 1990.

Tercero, modificar el sistema de discrepancias, introduciendo correcciones que atenúan sus efectos en beneficio de la estabilidad de los ingresos de los establecimientos subvencionados.

Cuarto, terminar con el sistema de fondos para la subvención de la educación técnico-profesional de adultos y especial diferenciada, con excepción de la de internado y, consecuentemente, con el sistema de selección de alumnos para acceder a este beneficio. Estos recursos pasarán a incrementar el fondo general de subvenciones, mediante un aumento de los montos bases en el artículo 8° de la citada ley. Se elimina así un sistema burocrático de selección de alumnos.

Quinto, aumentar significativamente la subvención para la educación de adultos, en la actualidad desfinanciada.

Sexto, en cuanto a la subvención por ruralidad, se propende a un aumento significativo del beneficio de los establecimientos que acceden a ella, permitiéndoles un financiamiento real.

Séptimo, se simplifica el sistema de reajustabilidad de la USE, unidad de subvención escolar, estableciendo que ésta se aumentará en el mismo porcentaje y oportunidad en que se otorgue un reajuste general de remuneraciones al sector público.

Octavo, se mantiene el sistema de financiamiento compartido, simplificándose las normas que lo rigen.

Noveno, establece mayores exigencias a los sostenedores, ya sean personas naturales o jurídicas; verbigracia, el sostenedor o su representante legal deberá contar, a lo menos, con la licencia de educación media.

Décimo, cautelar el interés fiscal y asegurar el adecuado funcionamiento del establecimiento educacional durante todo el año escolar, exigiendo a los sostenedores de los establecimientos subvencionados un documento de crédito u otro tipo de garantía independiente por cada establecimiento, la cual se hará efectiva en caso de incumplimiento de dicha obligación.

No obstante estos loables propósitos, sólo cinco de los 23 numerales de su artículo único no fueron objetos de indicaciones en el primer informe ni de modificaciones en el segundo. Ellos son los números 1, 6, 15, 16 y 20 del artículo 1° del proyecto, los que, en derecho, deben entenderse aprobados. Corresponde a las materias referidas en el informe confeccionado por el señor Secretario de la Comisión, que doy por reproducidas o a las cuales me remito.

El Ejecutivo, con fecha 1 de julio del año en curso, formuló doce indicaciones, afectando, modificando o corrigiendo más de la mitad de los numerales que componen el proyecto. En general, fueron aprobadas sin votos en contra; en la mayoría de los casos, sólo con dos abstenciones.

Entre las indicaciones formuladas por el Ejecutivo, podemos destacar fundamentalmente las siguientes:

a) La que introduce el número 20 bis, letra c), al artículo 1° del proyecto, para modificar el artículo 43 del DFL N° 2, ya que establece que la responsabilidad administrativa pueda hacerse efectiva en la persona del representante legal de una persona jurídica cuando circunstancias muy especiales lo ameritan. Extiende, además, la inhabilidad de un sostenedor no sólo para administrar en el colegio en que hubiere infringido una norma, sino, además, en otros establecimientos distintos del propio.

b) La que introduce el número 22 bis al artículo l2 del proyecto, para sustituir el artículo 48 de la ley, que pretende cautelar el interés fiscal y asegurar el adecuado funcionamiento de un establecimiento educacional durante todo el año. Para ello, el Ministerio de Educación exigirá a los sostenedores un documento de crédito u otra garantía independiente por cada establecimiento subvencionado, que hará efectiva en caso de incumplimiento de dicha obligación. Además, esta indicación crea un mecanismo de transferencia de la calidad de sostenedor, que hoy no existe, y hace responsable al nuevo de toda obligación que derive de procesos pendientes, exigiendo que la cesión deba ser aprobada por la Secretaría Ministerial y constar en escritura pública.

c) La que modifica el número 9 del artículo 1° del proyecto. Esta indicación pretende corregir el cálculo a efectuar en los tramos de la tabla de discrepancia, relativos a la proporción de descuentos, toda vez que se omitió la palabra "promedio", la cual distorsiona la uniformidad del sistema de cálculo.

d) La que modifica el número 11 del mismo artículo 1°. Esta indicación está referida al procedimiento de descuento por derecho de escolaridad, el que de hecho nunca ha operado. Se da el caso de que establecimientos rurales de sectores marginales y de extrema pobreza deben hacerlo, por proyección de ingresos y balances, lo que se considera perjudicialmente burocrático.

Ahora bien, la deducción de la subvención del 20 al 40 por ciento a que se refiere el artículo 16 del DFL N° 2, se ha efectuado según los montos de derechos de escolaridad informados por los establecimientos, los cuales actualmente tienen la obligación de comunicarlos en forma mensual, según el reglamento de subvenciones.

Se establece con claridad que los derechos de matrícula y de cuotas ordinarias de los centros de padres y apoderados no constituyen derechos de escolaridad.

e) La que modifica el N° 8 del artículo 1° del proyecto. Esta indicación propone una redacción más precisa, en armonía con la modificación del artículo 12 de la ley, para que quede claro que se trata de la asistencia promedio de los últimos tres meses y no de la asistencia del último mes, como puede entenderse de la lectura del texto actualmente vigente.

Entre las indicaciones presentadas por los parlamentarios podemos nombrar:

a) Las del Honorable Diputado señor Devaud:

Para modificar el artículo 14, 1° del proyecto, destinada a obtener mayor precisión y claridad en el artículo 37 del DFL N° 2. Reemplaza la frase "Durante todo el año" por "Desde marzo de un año a febrero del siguiente".

Para modificar el N° 19 del artículo 1°. Reemplaza el inciso tercero del artículo 42 del DFL N° 2, por el siguiente: "Se pagará esta subvención por alumnos a quienes se proporcione servicio de internado los días sábados, domingos y festivos, si el lugar de residencia de ellos se encuentra a una distancia superior a 25 kilómetros del establecimiento o a una distancia que signifique un tiempo superior a dos horas de viaje en los medios usuales de transporte del sector. Esta última circunstancia será certificada por la unidad de Carabineros más cercana del establecimiento educacional".

La del Honorable Diputado señor Longueira, para modificar el artículo 17 del artículo le del proyecto. Esta indicación establece con precisión que la devolución de la suma recibida en exceso por los sostenedores deberá efectuarse considerando los correspondientes reajustes.

La Comisión de Hacienda acordó, por unanimidad, reemplazar la frase final "sin recargo alguno" por "sin otro recargo", por la cual se exige el pago de intereses.

Finalmente, informo que la Comisión, por mayoría de votos, rechazó por inadmisible la indicación al artículo 22 del Diputado señor Valenzuela, relator de este informe, aprobada en el primer informe, que a la letra decía: "Los aumentos o reajustes que se apliquen a los valores señalados en el artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1989, deberán incrementar, en los mismos porcentajes, las remuneraciones del personal de los establecimientos educacionales, las que en ningún caso deben corresponder, a lo menos, al 80 por ciento del total de la subvención".

El Diputado señor Valenzuela me ha encomendado, toda vez que fue declarada inadmisible la indicación en el segundo informe, recabar de la Mesa que se pronuncie al respecto, ya que tiene interés en que se precise que al momento de mejorar la USE las remuneraciones del personal deben incrementarse en forma paralela y obligatoria.

Es cuanto puedo informar.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, la Comisión de Educación estableció las disposiciones que debían ser conocidas por la Comisión de Hacienda, razón por la cual me voy a referir separadamente a los distintos numerales, relativos a las resoluciones adoptadas.

En cuanto al N° 3°, del artículo 1°, sobre los requisitos para impetrar la subvención, se omitió un pronunciamiento, toda vez que el texto es el mismo que aprobó la Comisión de Hacienda en su primer informe.

En el N° 5, del artículo 1°, en el inciso segundo del artículo 8° se intercala entre la palabra "señalado" y la expresión "por el número de alumnos" la siguiente frase: "por el número de clases realizadas en el mes y". Al respecto, la Comisión de Hacienda aprobó en forma unánime el texto propuesto por la Comisión de Educación, originado en una indicación del Ejecutivo.

En el número 6 se sustituye el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, fijando el nuevo valor de la unidad de subvención educacional y vinculando su monto a los reajustes del sector público.

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad, con algunos cambios de redacción que introdujo en su primer informe, el texto proveniente de la Comisión de Educación.

Con el número 8 se reemplaza, en el inciso primero del artículo 11, decreto con fuerza de ley N° 2, la frase "de acuerdo al número de alumnos que asistan al establecimiento" por "de acuerdo a la asistencia media promedio determinada según lo establecido en el artículo 12 de esta ley".

Esta indicación se aprobó por unanimidad en la Comisión de Hacienda.

En el número 9 se sustituye el artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 2, conforme a una indicación del Ejecutivo, que extiende el mecanismo de pago de la subvención sobre la base del promedio de la asistencia media en los tres meses anteriores a los primeros tres meses del año escolar, permitiéndose reliquidar en el cuarto mes el monto de las subvenciones pagadas en marzo, abril y mayo.

La Comisión acogió esta propuesta en forma unánime.

En el número 10, en la letra c) del artículo 13, del decreto con fuerza de ley N° 2, se introducen las siguientes indicaciones del Ejecutivo: se intercala entre la palabra "porcentaje" y la preposición "de" el término "promedio"; la palabra "visita" entre las expresiones "última" e "y no podrá", y se reemplaza la forma verbal "pagarse" por "descontarse", en el tercer párrafo de la misma letra c).

La Comisión aprobó las referidas modificaciones en forma unánime.

En el número 11 del artículo l2 del proyecto, que sustituye el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 2 -corresponde a una indicación del Ejecutivo- se establece que el pago de los derechos de escolaridad será voluntario para el apoderado, pudiéndose descontar un 60 por ciento de lo que recaude el establecimiento del monto de las subvenciones y un 20 por ciento en el caso de los establecimientos técnico-profesionales.

En definitiva, se sustituye el artículo 16 con algunas modificaciones en relación con lo aprobado por la Comisión de Educación, consistentes en que el pago de los derechos de escolaridad será voluntario para el apoderado, pero que podrá aceptarlo en su integridad, fijar la parte que pagará mensualmente, o bien expresar la imposibilidad de pagarlos. Y se agrega un inciso final, en el sentido de que en el mismo decreto en que se determine el monto anual por derechos de matrícula, se fijará el monto máximo que se puede cobrar por derechos de escolaridad, pudiendo contemplarse las exenciones o rebajas para el pago de tales derechos.

En el número 12, que sustituye el artículo 17 del decreto con fuerza de ley N° 2, se especifica qué debe entenderse por "derechos de escolaridad" y se excluye de éstos a las cuotas ordinarias de los centros de padres y apoderados y el derecho de matrícula.

La Comisión aprobó el texto propuesto por unanimidad.

El número 13 deroga el Título II del decreto con fuerza de ley N° 2, que trata de las Subvenciones Adicionales a la Educación Técnico-Profesional y Especial Diferenciada, de la Subvención a la Educación de Adultos y de la Subvención de Internado.

La Comisión aprobó esta norma por unanimidad.

El número 14 es similar a la proposición de la Comisión de Hacienda en su primer informe, razón por la cual tampoco se emitió pronunciamiento.

En el número 17, referente al artículo 40, del decreto con fuerza de ley N° 2, sobre la forma de calcular la subvención y a las devoluciones que debe efectuar el sostenedor en determinados casos, el Ejecutivo formuló indicación en el sentido de reemplazar la frase "considerando los reajustes que deben aplicarse por la variación del Índice de Precios al Consumidor, sin otro recargo", por la expresión "con un recargo de un 1% de interés real mensual", la cual se aprobó en forma unánime.

En el número 19, que sustituye el artículo 42 del DFL N° 2, algunos señores Diputados formularon indicación a fin de agregar una frase mediante la cual Carabineros también podrá verificar el lugar de residencia del alumno.

El texto de la Comisión de Educación y la indicación fueron aprobados en forma unánime.

El número 21, que modifica el artículo 43 del citado decreto con fuerza de ley, corresponde a una indicación del Ejecutivo en relación con la responsabilidad administrativa de los sostenedores. La Comisión estimó que no le correspondía pronunciarse sobre ella, por estar fuera de la órbita de su competencia.

El número 24, que sustituye el artículo 48 del DFL N° 2, corresponde a una indicación del Ejecutivo, cuyos objetivos son los siguientes: establecer una garantía para cautelar el interés fiscal, consistente en un documento de crédito u otro tipo de garantía por cada establecimiento; reglamentar el traspaso de la calidad del sostenedor, y establecer requisitos más estrictos para los sostenedores.

A este respecto, la Comisión hizo un análisis sobre la naturaleza de las garantías. Varios señores Diputados formularon una indicación que dice: "El reglamento determinará la forma de cálculo de la garantía, la que no podrá exceder de la suma correspondiente a seis meses de subvención". Fue aprobada por 5 votos a favor y una abstención.

Posteriormente, el artículo con la indicación fue aprobado por unanimidad.

El artículo 2° del proyecto, originado en una indicación del Ejecutivo, pasó a tener carácter de permanente en el texto propuesto por la Comisión de Educación.

La Comisión de Hacienda lo aprobó, en los mismos términos, en forma unánime.

Por último, el artículo 3° se refiere a la fecha en que entrarán en vigencia las distintas modificaciones que se efectúan en virtud de este proyecto de ley.

Es cuanto puedo informar.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, hemos renovado esta indicación, porque el hecho de obligar a los establecimientos educacionales a informar anualmente al Ministerio de Educación, antes del inicio del año escolar siguiente, sobre las sumas destinadas a inversiones en los rubros indicados, de alguna manera, como ha sido reiterado en varias ocasiones durante la discusión del proyecto, significaría una intromisión del Estado en materias que les son propias a éstos.

Creemos que ésa es una intromisión indebida y no tiene sentido, puesto que está absolutamente establecido en normas de control, en distintos cuerpos relacionados con la Educación, tales como la ley orgánica o el mismo Estatuto Docente, que los sostenedores deben invertir bien esos dineros.

Esa es la razón por la cual hemos renovado la indicación.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, respecto de la indicación que defiende mi estimado colega Claudio Rodríguez, considero que la facultad del Ministerio de Educación para fiscalizar la efectiva inversión de los fondos que perciben los sostenedores, que provienen de subvenciones para finalidades educacionales, es de absoluta lógica. Si el Estado es el que proporciona los fondos para dichas subvenciones, es lógico que vele por el destino que corresponda darles. A la vez, su fiscalización hace posible verificar que la exención tributaria que beneficia los ingresos del sostenedor, el cual declara invertir en remuneraciones, en administración, en reparación, en mantención o en ampliación de las instalaciones de los establecimientos es correcta.

De manera que la bancada que represento, y en particular el Diputado que interviene, lamentablemente votará en contra de esa indicación, porque no parece lógico que quien entrega los recursos no tenga el derecho de velar por su correcta administración.

Por lo demás, en la discusión del proyecto conocimos un sinfín de episodios de sostenedores que, en forma muy inescrupulosa,- han aprovechado las subvenciones para obtener pingües ganancias y no para mejorar el sistema educacional, situación que se ha señalado en esta misma Sala. Por supuesto, no es la regla general, pero hay particularidades sobre las cuales el Ejecutivo, y en este caso el Ministerio de Educación, no sólo tienen el derecho, sino también el deber de cautelar los recursos que pertenecen a toda una nación.

He dicho.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, como bancada, vamos a apoyar la indicación presentada, por cuanto, en la práctica, el Estado debe velar por el servicio prestado y, en esta circunstancia, se está entrando en una materia que no es propia de ese ámbito. Aquí se está confundiendo lo que es el servicio con las estrategias que deben implementarse para otorgarlo en forma eficiente.

En consecuencia, la lógica planteada por el Honorable Diputado y colega profesor Muñoz Barra no la compartimos, porque con esta normativa se trata efectivamente de entrar peligrosamente a un centralismo dirigista, que pretendería finalmente echar por la borda todo lo que significa la educación particular en el país.

Es todo, señor Presidente.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, el concepto utilizado por el Diputado señor Ulloa, de restablecer "un centralismo dirigista" es exactamente el tipo de excusa relativamente elegante, utilizado en el debate nacional para esconder lo que significan los muy serios, fuertes e inaceptables abusos de los empresarios que controlan y son propietarios de los establecimientos de la educación particular subvencionada.

Al respecto, hay un sinnúmero de denuncias sobre el particular. Según la máxima autoridad educacional del país, el Ministro de Educación, señor Ricardo Lagos, existen antecedentes que indican que los empresarios de la educación le tuercen la nariz al Estatuto Docente, precisamente mediante la utilización, en el fondo ilícita y deformada, de los recursos -que por cierto provienen de todos los contribuyentes- que el Estado aporta para el desarrollo de la gestión educacional.

Entonces, se debe hacer un esfuerzo para evitar que conceptos relativamente finos, como éste del "centralismo dirigido", no continúen siendo un biombo para tapar los más oscuros negociados que llevan a cabo los sostenedores, quienes según consta a los miembros de la Comisión de Educación, al ser escuchados tanto este año como el pasado con motivo de discutirse el Estatuto Docente, han señalado claramente que la educación es para ellos un negocio. Los dirigentes de su máxima organización manifestaron en esa Comisión, en el curso del año pasado, que tanto ellos como sus representados son empresarios de la educación y que miran a ésta como un negocio y que, por lo tanto, para continuar en ella tiene que ser lucrativa. Naturalmente, utilizan distintas formas para conseguir ese objetivo.

En consecuencia, en esta disposición y en otras, sin lugar a dudas, hay mínimos mecanismos -incluso insuficientes, en mi opinión, desde el punto de vista de los abusos que hoy se cometen en decenas, por no decir centenares, de establecimientos educacionales particulares subvencionados- para proteger a los educandos y a los trabajadores de esa educación.

Por lo tanto, más allá de utilizar una retórica relativamente elegante, lo que aquí debe hacerse es cautelar el interés público, el del Magisterio y, por cierto, el de las nuevas generaciones, a fin de que reciban la educación apropiada.

Por su intermedio, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Simplemente, para reafirmar lo que plantea el Diputado señor Escalona -y que ya esbocé anteriormente-, en cuanto a que esta disposición contiene una norma de precaución que es irrenunciable. Baste mencionar, por ejemplo, que aun cuando el Estado entrega oportunamente las subvenciones, muchas veces los sostenedores se demoran en pagar las remuneraciones de los profesores e, incluso, aún más, no enteran oportunamente sus cotizaciones previsionales, lo que es de suma gravedad.

La ley de subvenciones sanciona estas aberraciones por la vía de no otorgar las subvenciones a los sostenedores que no cumplan con el espíritu de las normas que regulan la distribución de los aportes fiscales.

Termino señalando que este proyecto de ley contiene cosas tan elementales como la de exigir, por primera vez, que un sostenedor educacional tenga, a lo menos, cuarto año medio.

Agradezco al Diputado señor Escalona su gentil deferencia.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, quiero intervenir brevemente sobre este problema tan delicado, como es el de las escuelas particulares subvencionadas.

La verdad es que existen muchos reclamos con relación al tipo de educación y, en forma muy especial, al trato que dan los sostenedores de estas escuelas particulares a los profesores: el no pago de sus cotizaciones previsionales, los bajos sueldos, los abusos y las humillaciones que muchas veces deben sufrir para conservar su trabajo.

Al revés de lo que sostiene el Diputado de la UDI acerca del "dirigismo de la educación", puedo precisar también, con toda firmeza, que fui, soy y seré partidario del Estado Docente, que le dio prestigio a la educación en este país. Por lo demás, estos colegios particulares están financiados con el dinero de todos los chilenos. Debemos terminar con el monopolio en la educación, que se ha transformado en un negocio, porque se sabe que hay sostenedores propietarios de decenas de escuelas, que reciben las subvenciones correspondientes del Estado, las cuales muchas veces nadie fiscaliza.

El señor ULLOA.-

¡Aplique el Reglamento, señor Presidente!

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¡Diputado señor Palestro, se le concedió una interrupción y usted está haciendo una intervención!

El señor PALESTRO.-

Voy a terminar, señor Presidente.

Si no le gusta lo que estoy diciendo, ésa es otra cosa.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

No es que me guste o no, pero debo hacer respetar el Reglamento.

El señor PALESTRO.-

Con todos los sectores tiene que hacer lo mismo, señor Presidente.

En la dirección que vamos, sencillamente las escuelas particulares subvencionadas terminarán por ser un gran monopolio de unos pocos sostenedores. Ya existen nombres y hay reclamos públicos que están en conocimiento de la ciudadanía, acerca de cómo esos grandes sostenedores han ido absorbiendo a las pequeñas escuelas particulares subvencionadas por el Estado.

El señor ULLOA.-

¡Señor Presidente, el Reglamento...!

El señor PALESTRO.-

Como aquí lo manifestaba el Diputado señor Muñoz Barra, el Estado debería controlar estrictamente esta enorme cantidad de dinero que se entrega a los sostenedores particulares, quienes, la mayoría de las veces, no cumplen con sus obligaciones elementales para con el personal y también con el tipo y la calidad de la educación que ellos deberían impartir.

Junto con anunciar mi oposición a algunas proposiciones del proyecto, deseo expresar, una vez más, que para recuperar la esencia de la calidad y del prestigio que en América Latina alcanzó la educación chilena hasta 1973, el Estado debe ser su gestor, sin la intervención de particulares y de las municipalidades.

Nada más.

Gracias, señor Diputado, por la interrupción.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, quiero recordar, a raíz del debate suscitado por la reposición de esta indicación por los colegas parlamentarios de Renovación Nacional, que este proyecto de originó en un Mensaje recibido el 11 de diciembre de 1990, cuya finalidad es mejorar los ingresos de los sostenedores. Vale decir, la gran meta de este proyecto es que los 9 mil 71 establecimientos subvencionados existentes en el país tengan un mayor ingreso en forma más pareja a fin de mejorar la administración de los establecimientos y las remuneraciones de sus trabajadores.

Este proyecto de ley está inserto en la ley N° 19.070, sobre Estatuto Docente, tan de moda en estos días, razón por la cual creo importante hacer un esfuerzo esta mañana para tratarlo en particular.

En relación con la indicación en debate, quiero recordar dos cosas. E/i primer término, ella fue latamente discutida en la Comisión de Educación. Hubo argumentos en pro y en contra. En esa ocasión, en representación de la bancada democratacristiana -y lo reitero aquí en la Sala- estuvimos en contra de esta indicación, por el siguiente argumento de fondo. Los 9 mil 71 establecimientos subvencionados significan el 93 por ciento del total de los establecimientos educacionales del país; vale decir, de una población de 3 millones de estudiantes de prebásica a cuarto año medio, prácticamente 2 millones 800 mil dependen exclusivamente de ingresos fiscales y, naturalmente, el Fisco, el Estado, que somos todos, debe tener la posibilidad de velar por la forma cómo se manejan y administran estos dineros.

Por eso, reitero estar en contra de esta indicación y anuncio, de la misma forma, la votación de la bancada democratacristiana, porque, tal como comencé mis palabras, termino diciendo que éste es un proyecto de ley que mejora sustancialmente los ingresos de los sostenedores.

He dicho.

El señor ALESSANDRÍ BALMACEDA.-

Señor Presidente, me voy a referir a los colegios privados subvencionados que imparten educación diferenciada. Supongo que nadie ignora las características especiales que deben tener los colegios que otorgan este tipo de educación a raíz de las particularidades de sus alumnos. Estos colegios deben tener equipos multiprofesionales, docentes técnicos, personal de apoyo al docente especializado, implementos, instrumentales, material didáctico y de trabajo especial. Todo ello marca una gran diferencia económica con la realidad de otros colegios.

En concreto, en la Ley de Subvenciones no existe ninguna diferencia en favor de los colegios que se dedican a impartir esta educación diferenciada. Las subvenciones se otorgan de acuerdo con la asistencia de los alumnos a clases y con el número de alumnos inscritos en los establecimientos. Nadie podrá desconocer que los niños con problemas de aprendizaje obviamente tienen mayores dificultades para asistir al colegio todos los días. Ahora, los cursos de estos colegios, que no debieran superar los 20 alumnos, tampoco se pueden comparar con los cursos normales de 35, 40 ó 45 alumnos.

En concreto, señor Presidente, lamento que no se haya hecho una diferencia con la subvención de la educación especial. Al menos, en mi distrito hay aproximadamente diez de esos colegios. Como tengo dudas de la sensibilidad del Ejecutivo y del Ministro para enfrentar este problema de los niños que necesitan de una educación diferenciada, dejamos constancia, en la historia de esta proposición de ley, de nuestra objeción al respecto, pues debemos hacer un esfuerzo en conjunto para tratar de arreglar este problema.

El señor ORTIZ.-

¡Está equivocado, Honorable Colega!

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Señor Alessandri, le recuerdo que debe abocarse al tema en discusión. En el número 2 del artículo l2 no aparece el punto tratado por Su Señoría, el que debe plantearse en el artículo correspondiente.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Está en el artículo 8°.

Aprovecho de hacer ahora un llamado a los miembros de la Comisión de Educación, a fin de que estudien una bonificación para solucionar el problema.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, he escuchado con suma atención las palabras de nuestro colega Camilo Escalona sobre una serie de denuncias que estaría estudiando o tendría en su poder el Ministro de Educación respecto de los colegios subvencionados.

He sido uno de los defensores de la idea de que existan colegios subvencionados privados. Por ello, tengo la autoridad moral suficiente para exigir que a los malos sostenedores se les aplique el rigor de la ley que nosotros mismos hemos aprobado y que ahora estamos perfeccionando.

Si existen sostenedores que le "tuercen la nariz" a la actual ley, como lo han señalado algunos parlamentarios, es necesario presentar esas denuncias formalmente. Por otra parte, cada vez que estudiamos un proyecto de ley, está presente el ministro del ramo, por lo que lamento que en esta oportunidad no se encuentre en la Sala el Ministro de Educación, porque esta iniciativa sobre subvención educacional es tan importante como el Estatuto Docente.

El señor ESCALONA.-

¿Me concede una interrupción, colega?

El señor VALCARCE.-

Con todo agrado se la concederé una vez que termine la idea.

Más que concebir al Estado como un ente fiscalizador de los recursos, con una mentalidad estatista que ya fue criticada acá, deberíamos ver el resultado del Simce en los colegios subvencionados como algo positivo en la educación del país. Si estamos exigiendo que se informe anualmente al Ministerio de Educación sobre las inversiones por realizar, ojalá que también se contemple un subsidio adicional para los colegios con buen rendimiento escolar, insertos en poblaciones marginales, con 400 alumnos, cuyos sostenedores son profesores que se han ocupado de estos colegios toda su vida y dan trabajo a otros colegas. Ojalá a ellos se les diera también un premio, a fin de que el Estado no sólo sea el fiscalizador que siempre está pendiente de que no se despilfarren los fondos fiscales.

Esa mentalidad del chileno debe ir acompañada de dos características:

En primer lugar, dar el premio necesario a aquel establecimiento escolar que realmente logre un buen rendimiento.

En segundo lugar, ser drástico con el sostenedor que burla la ley, porque legislamos, precisamente, para crear una disciplina en la cual la sociedad castigue a quien no respete la normativa que hemos dictado en esta materia.

En este proyecto y en este artículo en especial se mantiene el rol del Estado estatizante, siempre mirando a todo el mundo como ladrón, a todo chileno como una persona dispuesta a echarse al bolsillo los dineros fiscales, sin considerar lo que a mi juicio es fundamental: el premio al hombre o a la institución eficiente.

El Diputado José Miguel Ortiz decía que este proyecto otorga mayores recursos a los sostenedores, para mejorar la educación. Permítame discrepar, estimado colega, porque lo mismo se dijo del Estatuto Docente. Se señaló que mejoraría las rentas del profesorado, pero hoy estamos en la misma situación anterior. Por eso pregunto si este proyecto mejorará realmente la unidad de subvención educacional y con ello la calidad de la docencia -que es lo que esperamos-, o simplemente constituye una fórmula de goteo para entregar los recursos necesarios a fin de que los sostenedores puedan pasar a lo menos este año.

Tengo en mi poder la lista de 78 colegios, con una matrícula promedio de 350 alumnos, con los nombres de sus sostenedores, quienes están dispuestos a entregarlos en este momento.

Estos 78 colegios de la Quinta Región necesitan un respiro, pues se encuentran insertos en poblaciones que debemos apoyar más. De lo contrario, no podrán subsistir con esta ley de subvención. De allí la necesidad de mirar a largo plazo y decidir, de una vez por todas, si estamos de acuerdo o no en que existan los colegios privados subvencionados.

Señor Presidente, los Diputados señores Escalona y Ortiz me han solicitado una interrupción.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, quiero manifestar al Diputado Valcarce que estoy enviando oficios a los Ministerios de Educación y del Trabajo y Previsión Social, con denuncias concretas sobre los abusos a que aludí en mi primera intervención. También quiero recordarle que este cuerpo legal, sobre sistema de subvenciones estatales, no fue fruto de una discusión ni promulgación en este Parlamento, sino que fue dictado cuando el Poder Legislativo de la República estaba reemplazado por la denominada "Honorable Junta Militar de Gobierno" de aquel entonces.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, quiero ser muy claro en una cosa. El Diputado señor Valcarce acaba de plantear la relación entre este proyecto y el Estatuto Docente. Es cierto, y así lo expresé en esta Sala hace un rato. Pero hay una realidad, y usted lo sabe, Diputado Valcarce...

El señor RIBERA.-

¡Que se dirija a la Mesa!

El señor ORTIZ.-

Que este año el mejoramiento por efecto del Estatuto Docente significó más de 10 mil millones de pesos. Como ahora estamos analizando el proyecto que modifica la USE, hay que reconocer que existe un aumento sustancial en todo tipo de subvención: educación de adultos, 50 por ciento; se aumenta la subvención por ruralidad; se cambia el sistema de reajustabilidad y además, se mejora el sistema de discrepancia. Por este concepto, ingresan este año 240 millones de pesos adicionales a los sostenedores, los que normalmente se los descontaba el Fisco.

Es decir, este proyecto significa alrededor de mil 600 millones de pesos adicionales que se reparten entre todos los sostenedores del país.

He dicho.

El señor VALCARCE.-

Este artículo tiene relación directa no sólo con la idea general del proyecto. Tal como decía el Diputado Escalona -no está presente en este momento- esta normativa fue dictada por el Gobierno anterior, pero ahora queremos mejorarla, porque las cosas se perfeccionan. No creo que haya algo estático en el mundo, que no sea necesario perfeccionar cuando las circunstancias indican lo contrario.

Insisto en que el mejoramiento a que alude el Diputado señor Ortiz de 50 por ciento para la educación de adultos y otros porcentajes referentes a distintos tipos de educación, no concentran, más allá de un 20 por ciento del total de la población escolar chilena. Lo importante es analizar lo que sucede con la educación básica y media. En la educación media municipalizada y subvencionada del país hay 2 millones 800 mil alumnos. Esa es la importante y la que debemos fortalecer, lo cual no aparece en el proyecto de ley en estudio.

Señor Presidente, el Diputado señor Claudio Rodríguez me ha pedido una interrupción.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, es lamentable escuchar que cada vez que se tocan ciertos temas algunos señores parlamentarios intentan descalificar, a la bandada, a determinados sectores. Ya nos estamos acostumbrando a esta situación.

En .esta oportunidad, se descalifica a la bandada a todos los sostenedores de colegios particulares, tal vez porque algunos de ellos puedan haber caído en irregularidades, cosa que no nos consta. Igual ha ocurrido cuando tratamos el tema de los agricultores: los mismos señores parlamentarios tratan de descalificar a todos los agricultores en general. También ha sucedido con los comerciantes, y así esto suma y sigue.

Creo que esta práctica no es la más conveniente ni adecuada.

Aquí se sostiene que es necesario que el Estado cautele y controle. Precisamente el nuevo artículo 47 lo dispone así en forma muy clara: "Corresponderá al Ministerio de Educación, sin perjuicio de las facultades privativas de la Contraloría General de la República, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta ley y su reglamento, y especialmente para que la subvención, que mensualmente reciben los sostenedores, se destine efectivamente a las finalidades señaladas en el inciso primero del artículo 22 de la presente ley".

Por lo tanto, ir generando controles que comienzan a asfixiar un sistema resulta inconveniente, pues se terminará por derrumbar un sistema de educación como el actual.

Todo cuerpo normativo tiene sus defectos y debilidades. De allí que sea obligación del Poder Legislativo ir perfeccionando los textos legales.

Por último, quiero resaltar dos aspectos...

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Señor Diputado, le recuerdo que está haciendo uso de la palabra por la vía de la interrupción. Se supone que es algo preciso y corto.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Le aseguro que esto es preciso y corto, señor Presidente.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Mi colega Carlos Valcarce decía que existe un número importante de establecimientos educacionales que están atravesando por un momento tremendamente difícil, producto de esta situación. Quiero demostrar con un ejemplo que, si me pudieran seguir, tal vez podrían entender lo que él ha intentado decir.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo del primer discurso del Diputado señor Valcarce.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Entonces, sigo con cargo al tiempo de su segundo discurso.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, considero que este tema es bastante serio. Debe haber un número importante de sostenedores y de profesores pendiente de lo que estamos tratando. Por ello sería tremendamente lamentable que "chacreáramos" la discusión de este proyecto.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, si a los colegas de la bancada del frente no les gusta el tema, no es de nuestra responsabilidad.

Como el proyecto venía de una manera que no nos satisfacía, queremos dar a conocer las razones.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, en el debate de este importante proyecto, el primer esfuerzo tenemos que hacerlo nosotros y evitar que por la vía de la interrupción lo llevemos por caminos distintos de los planteados en cada uno de los artículos. Esta discusión es en particular y no en general. De lo contrario, no podremos avanzar en el análisis de cada disposición.

Sin embargo, deseo referirme brevemente a las aseveraciones de orden general que se han formulado, aunque, reitero, la discusión debe circunscribirse a cada uno de los artículos. Sólo lo haré para destacar el significativo trabajo de la educación privada y subvencionada y de los sostenedores. Como bien lo señaló el Diputado señor Claudio Rodríguez, de las afirmaciones que se hacen aquí queda constancia, tanto en la versión como en las actas, pero ante la opinión pública dejan una impresión equivocada de la labor que realizan estos sectores, en beneficio de la juventud y de los niños de Chile.

Desde luego, quiero resaltar el esfuerzo de los sostenedores de la educación privada y subvencionada, de la netamente particular y de la ligada a algún credo, como el que efectúan la Iglesia Católica o las iglesias evangélicas. Constituye un aporte que todos debemos valorar, y que el Estado y la sociedad chilena deben recoger y apoyar.

Las intervenciones que tienden a desprestigiar completamente el sistema de la educación privada son inconvenientes y peligrosas. Dejan una impresión equivocada de la extraordinaria labor de colaboración con la educación chilena que desarrollan los sectores de la educación particular y los sostenedores. Por ello, debemos tener cuidado cuando hacemos aseveraciones sobre la materia.

En cuanto al artículo en discusión, hemos renovado esta indicación, que mantendremos y votaremos favorablemente, precisamente, porque queremos dar a este sector de la educación chilena, del que ya se ha destacado su importancia, señales de confianza y tranquilidad, de que en el ejercicio de su actividad cuentan con el apoyo del Estado y de este Parlamento, que no hay desconfianza respecto de su actuación, sino todo lo contrario, que recogemos y valoramos lo que hacen por la educación de los jóvenes y niños de nuestro país.

Tenemos que abrirles camino, perspectivas y posibilidades, y no restringirlos. Lo que se busca es imponerles la obligación de señalar cada una de las inversiones o gastos que hacen con la subvención que reciben y cuánto destinan a cada uno de los aspectos propios de la labor educativa. Eso, evidentemente, es una restricción a su trabajo, lo que constituye el primer paso hacia una intromisión indebida del aparato estatal en la actividad de los particulares en la educación privada, en lugar de entregarles perspectivas y caminos que les den confianza en el desarrollo de su función.

Este artículo, y otros que veremos más adelante y que rechazaremos, significan cortapisas que en el futuro pueden acarrear nuevas trabas al desarrollo de la educación privada. Lo que queremos mantener y salvaguardar es el buen desarrollo de la educación privada en bien de la juventud y de los niños.

Por eso, rechazaremos el artículo propuesto por el Ejecutivo y hemos renovado la indicación. Este mismo principio sostendremos en el debate del resto de los artículos.

He dicho.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, la indicación tiene por objeto suprimir el número 2 del proyecto. Si se atiende a las distintas razones dadas, la eliminación de esta disposición constituye un grave error.

Tengo en mi poder un estudio de la Corporación Nacional dé la Educación Particular. En un análisis de los ingresos y gastos de cada establecimiento educacional se demuestra que es un mito el que sus sostenedores o propietarios obtengan lucro. Esta disposición permitirá a los colegios particulares demostrar, precisamente, que la subvención no es suficiente para enfrentar todos los gastos, tanto de personal como de infraestructura y mejoramiento. Es beneficioso para los colegios subvencionados indicar al Ministerio, anualmente, cuáles son las sumas recibidas, cuáles son sus gastos y cómo, en el hecho, se les produce un déficit. El estudio que se hará de los antecedentes que entregarán permitirá al Ministerio aumentar o modificar esta subvención, para que realmente estos establecimientos cumplan sus objetivos y finalidades.

Por lo expuesto y en beneficio de esas instituciones, considero que debe mantenerse esta disposición.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, esta indicación se relaciona con un problema muy de fondo: la naturaleza del sistema de subvenciones vigentes hoy en Chile, implantado hace algunos años. Jurídicamente, en su esencia, se estableció que la subvención es el pago por una prestación de servicios que el sostenedor le hace al Estado. Ello implica, en consecuencia, conforme con el criterio adoptado en el decreto con fuerza de ley N° 2, que el sostenedor tiene el derecho de hacer lo que quiera con ese dinero, ya que desde el momento que se paga la prestación, no está sujeto a fiscalización ni a control alguno, por cuanto no considera un dinero fiscal.

La discusión pendiente incide en dos cuestiones: la primera, en si este sistema responde a lo que realmente hoy queremos de una educación particular subvencionda, y la segunda, planteada por el señor Palestro, en orden a quién debe hacerse cargo de la educación: si el Estado o los particulares. Pero considero que ambos temas escapan a la naturaleza de este debate. Por lo tanto, en su oportunidad tendremos que dar los argumentos quienes sostengamos una u otra posición.

La indicación formulada está de acuerdo con el criterio primitivo considerado al establecer el sistema. Sin embargo, estimo que existe una contradicción concreta con el artículo 4° -al cual se le agrega un inciso-, que dispone que la subvención y otros derechos "no estarán afectos a ningún tributo de la ley sobre impuesto a la renta".

En consecuencia, si esta subvención es un pago por la prestación de servicios y el sostenedor puede hacer lo que desee con ese dinero y no estar sujeto a ningún control, la contradicción existe por este beneficio que el Estado le concede al eximirla de todo pago de impuesto a la renta.

Por lo tanto, el punto es si los dineros fiscales -producto de la recaudación y del trabajo de todos- que se están invirtiendo en educación, son o no susceptibles de un cierto control por el Estado. Estimo que, sin vulnerar el derecho de los particulares a la libertad de enseñanza y a la iniciativa privada en estas materias, es posible que el Estado pida determinadas cuentas.

No está en discusión la eficiencia o ineficiencia de los sostenedores, ni el problema planteado por el Diputado señor Bartolucci, en cuanto a la labor digna y elogiosa que muchos de ellos desarrollan, sino que debemos aclarar si la naturaleza jurídica de la subvención es irrestricta en los términos que fue establecida primitivamente, o si el Estado tiene un margen de control para que los dineros fiscales se inviertan en la educación de todos los chilenos.

Por eso, votaré en contra de la indicación de los señores Diputados.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, sólo deseo demostrar que lo afirmado no es efectivo. A lo mejor, son pequeños errores, quizás de apreciación, pero no creo que exista mala intención.

La modificación e incremento en la unidad de subvención educacional de acuerdo con el tipo de nivel educativo, no es tal, excepto en algunos tramos, como se ha señalado. No es general. Por ejemplo, en la educación parvularia, había un factor de 0,909 USE. Hoy se mantiene. Lo mismo ocurre en la educación general básica, de primero a sexto, y en la educación general básica, de séptimo a octavo. En la educación general básica de adultos, efectivamente, tiene un incremento de un 50 por ciento; de 0,316 USE. a 0,474 USE. En la educación general básica especial diferenciada, lamentablemente, se mantiene. En la ley vigente se fijaba un factor de 1 más 1.3 por un límite inferior hasta 1.5 por un límite superior, dependiendo, evidentemente, de una discrecionalidad que tenía el intendente, con la cual se debe terminar. Sin embargo, es una pena que no se hayan incrementado el factor que se debe determinar, porque sabemos muy bien que la educación diferencial requiere, a lo menos, de tres por uno. Por lo menos, debería haber sido un factor de tres USE. En la educación media humanístico-científica, se mantiene. En la educación técnico profesional, agrícola y marítima y en las demás especialidades técnicas, no hay un incremento real, lo que llevará, precisamente, a lo dicho por el Diputado señor Valcarce.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Diputado señor Rodríguez, ruego a Su Señoría abocarse al tema en discusión.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, puedo disponer de mi tiempo refiriéndome al proyecto de ley en discusión.

El señor COLOMÁ (Vicepresidente).-

Señor Diputado, estamos en la discusión particular. Si de alguna manera un parlamentario usa un artículo determinado para hacer un planteamiento general, los demás también se sentirán con el mismo derecho. La misión de la Mesa es tratar del concentrar la discusión en el artículo en debate, sin perjuicio de las referencias que usted haga cada vez que se discuta un artículo. Por eso le solicito que se remita al artículo en concreto.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, estoy respondiendo a una afirmación errada que aquí se ha hecho y que es bueno que se aclare. El Diputado señor Valcarce señalaba la situación difícil en la cual se encuentran muchos establecimientos educacionales. Si consideramos un establecimiento de educación básica, cuya matrícula inicial es de 132 alumnos con un promedio de matrículas de 126, nos encontraremos que, a un valor de subvención actual de 4.359 pesos con 91 centavos, tendremos un total de subvención por matrícula de 549.349 pesos. Si a eso le aplicamos un 12 por ciento de asistencia media, y se lo restamos, llegaremos, a 483.427 pesos...

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Diputado señor Rodríguez, por segunda vez, le insisto que se concentre en el tema.

El Reglamento exige que hay que abocarse a la materia en discusión y no salirse de la cuestión en debate.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Aplique el Reglamento, señor Presidente.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Está por terminar el Diputado señor Rodríguez.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Aplique el Reglamento, señor Presidente.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Diputado señor Muñoz Barra, Su Señoría no tiene derecho a hablar sin que se le conceda el uso de las palabra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Aplique el Reglamento.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Diputado señor Muñoz Barra, no le he concedido el uso de la palabra.

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Diputado señor Rodríguez, puede terminar el punto.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, si se considera a un director por 60 mil pesos, si hay profesores por 342 mil, un auxiliar de servicio por 33 mil, un arriendo por 50 mil, luz y agua por 10 mil pesos, que suman 495 mil pesos, y se restan a los 483 mil, nos da un déficit, de 12 mil, sin considerar gastos de secretaría ni de mantención, ni de ninguna naturaleza de esa especie.

Finalmente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor José García.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, en mi opinión, esta indicación es absolutamente innecesaria. Por eso pedimos que se rechace. Los requisitos que tiene que cumplir un sostenedor están claramente establecidos en el artículo 5e del decreto con fuerza de ley N° 2. Mientras se fiscalice y se controle que el sostenedor efectivamente cumple con estos requisitos, de acuerdo con lo establecido en la disposición aludida, se garantiza que la inversión de los recursos que el Estado le entrega están siendo bien administrados. Eso es lo que debemos controlar. No es necesario seguir agregando nuevas disposiciones.

El artículo 5° del decreto con fuerza de ley N° 2 establece: "Para que los establecimientos gratuitos de enseñanza puedan impetrar el beneficio de la subvención, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que adopten los planes y programas oficiales.

b) Que sus cursos se ajusten a los mínimos y máximos de alumnos.

c) Que hayan obtenido el reconocimiento de cooperadores de la función educacional.

d) Que cuenten con los cursos o ciclos de educación correspondientes al nivel de enseñanza.

e) Que el local destinado al funcionamiento del establecimiento cuente con las condiciones de capacidad e higiene ambiental suficientes para el número de alumnos que atienda.

f) Que entre las exigencias de ingreso o permanencia no figuren cobros ni aportes económicos, directos, indirectos o de terceros.

g) Que los profesores estén habilitados para ejercer sus funciones.

h) Que se encuentren al día en los pagos por concepto de remuneraciones y de cotizaciones previsionales respecto de su personal.".

Aquí están los requisitos que deben cumplir los sostenedores. Fiscalicemos estas materias y evitemos incorporar nuevas disposiciones que, en realidad, no aportan absolutamente nada nuevo ni distinto.

He dicho.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, es evidente que Su Señoría no es responsable de que el Diputado señor Rodríguez se haya salido del Reglamento, refiriéndose a temas que no eran materia del debate. Es obvio que la situación financiera por la cual pasan los sostenedores no tiene relación alguna con el hecho de que sus actas de inversión sean motivo o no de control por el Ministerio de Educación.

Me alegro de que este debate permita precisar muy nítidamente dos posiciones. La que apoya la Derecha, en la cual los sostenedores tienen el libre albedrío sobre los bienes que el Estado les entrega, en este caso, los recursos para ejercer su actividad, fuera de todo control.

El señor ULLOA.-

¡Eso no es verdad!

El señor SMOK.-

Es así. Si Su Señoría quiere pedirme una interrupción, no tengo ningún inconveniente en concedérsela, si ordena sus ideas.

La otra es aquella en que el Estado no sólo tiene la opción sino la obligación, como elemento que debe cautelar el bien público y el interés común; de preocuparse de qué forma son gastados los recursos de todos los chilenos.

Aquí hay una proyección de un debate de larga data. Es evidente que la Derecha ha sostenido y ha practicado, en el régimen donde fueron partícipes, que el desarrollo del sector privado deba realizarse a expensas de la liquidación del patrimonio público.

Como el tema en debate está referido a la educación no han podido privatizarla. Están esperando que el sector público haga transferencia de activos, a título gratuito, al sector privado y fuera de todo control. Aquí no se ha dicho que la educación es financiada por el Estado en más de 90 por ciento de los educandos de Chile. Por lo tanto, es deber del Estado tener un control mínimo acerca del servicio que se está prestando.

Podría explicarlo por la vía del absurdo, que toda persona, cuando contrata un servicio, al momento de su pago, tiene la obligación de preocuparse de las condiciones en que éste le fue prestado. Es lo que hace cualquiera de los señores Diputados, cuando personalmente contrata un servicio. No se puede esperar que el Estado haga menos.

La situación de algunos sostenedores no tiene que ver con los controles a los cuales están sujetos, sino a las formas de endeudamiento con la banca, a la ausencia de capital que han tenido previamente, y al deterioro de la subvención escolar, que se recibió del anterior régimen. Este proyecto de ley la viene a recuperar, tanto porque nos interesa la permanencia de los buenos sostenedores, que los hay, -y creo que son la mayoría-, como el adecuado pago de los profesores, que es el capital humano mayor que se debe preservar, como objeto de esta ley.

El señor BARTOLUCCI.-

¿Me permite una interrupción!

El señor SMOK.-

Voy a terminar la idea; después, con todo gusto.

En esto, el tema central no es la situación afectiva, sino económica en que se encuentran los sostenedores. Se les quiere presentar como víctimas de un Estado que actúa en forma irracional. A la luz de todo lo que sabemos, existen algunos sostenedores que actúan con franco abuso. En ningún caso el Estado ha sido abusivo en los controles, ni lo sería. Existen los resguardos para que ello se plantee en el momento que eso pudiere ocurrir.

Aquí hay una mixtificación acerca del rol del Estado y un intento de reducirlo a la mínima expresión; no aceptan un Estado regulador ni aceptan una modernización del Estado. Lo que sí existe es un afán de llevar todo el dinero a los bolsillos privados y de que el lucro siga siendo el eje motor de la educación, punto en el cual estamos en completo desacuerdo. En consecuencia, desde nuestras bancas rechazaremos rotundamente la indicación, porque nos parece que representa una forma de pensar que ya ha sido largamente repudiada y fracasada.

Concedo una interrupción al Diputado señor Bartolucci.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci.

El señor BARTOLUCCI.-

Gracias señor Diputado. Quisiera hacerle una consulta, por intermedio de la Mesa.

El señor Diputado, en su intervención, se ha referido al Estado regulador y varias veces ha hecho alusión al control del Estado. A través del artículo en discusión, el Ejecutivo está pidiendo una información sobre la forma cómo los sostenedores invierten los dineros que reciben. Ese es el sentido y el alcance de la norma del Ejecutivo.

Nuestro temor es que éste sea el primer paso para ir regulando, como el señor Diputado lo ha señalado, y para ir controlando a los sostenedores y a la educación privada en el ejercicio de sus funciones.

Al respecto, pregunto si los conceptos de Estado regulador y de control del Estado, conllevan una posible segunda norma más adelante, incluso, a la fórmula en que nosotros le digamos a los sostenedores: "Mire, de lo que usted recibe, tanto es para mantención; tanto para reparación, tanto es para pagar remuneraciones, etcétera". ¿Hasta dónde llega ese Estado regulador? ¿Hasta dónde llega el control del Estado? Esa es la cuestión de fondo que hemos planteado. Por eso en mi anterior intervención señalé que, dentro de este mismo Estatuto, hay otros artículos que nos hacen razonar sobre la misma base.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, es evidente que, en caso alguno, no hay intención de ahogar la iniciativa privada ni la gestión de los privados. Pero en ningún caso, tampoco se quiere dejar que el Estado no cumpla con las funciones que le son primordiales. En el caso de la educación, el elemento central que motiva la acción de los chilenos, es mejorar su calidad.

Es claramente conocido, tanto en sostenedores como a nivel municipal, que la educación subvencionada tiene hoy un problema de calidad que es central y que requiere la intervención de todos los chilenos, porque es un tema mayor que compromete el futuro nacional. Por tanto, es necesaria la participación de buena fe de todos quienes estén involucrados. No tengo ninguna duda de que el Estado es un elemento centralmente involucrado en el punto.

Por ello, se trata de una función que no puede dejar de cumplirse. Se sabe que el sistema municipal tiene problemas de muy baja calidad por razones que podemos discutir; pero lo que también se sabe es que el sistema subvencionado tiene tan baja calidad como el municipal. Ese es un tema que tendremos que revertir. La indicación en sí está pidiendo el conocimiento de las sumas destinadas a inversiones: el conocimiento de las sumas, sin establecer ni mínimos ni sanciones por ellas; pero, sí, saber qué se ha hecho con el dinero que el Estado ha entregado a sostenedores para el ejercicio de la función educativa. Esto es un elemento mínimo, pero imprescindible, para el cumplimiento real de las funciones de un estado moderno. Pedir menos que eso es exactamente un "laisser taire", que es inaceptable en la visión de nuestra responsabilidad de gobierno.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, presentamos la indicación porque al aumentarlo de 60 a 90 días, el plazo es demasiado largo y, evidentemente, aumentará la burocracia.

Además, la eliminación del último inciso propuesto por el Ejecutivo, la cual dice que de no haber pronunciamiento por parte del Ministerio, automáticamente se dará por cumplido lo establecido en la ley y en los reglamentos, va a generar un vacío. Por lo tanto, insistimos en él, para no aumentar la burocracia del proceso de autorizaciones y agilizar al máximo el trámite.

Esta es la razón fundamental de la indicación.

He dicho.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, como bancada, vamos a aprobar la indicación, aunque el aumento del plazo de 60 a 90 días, de alguna manera, retrasa la tramitación.

Sin duda, lo extraordinariamente complejo es que la norma no contempla el evento de que el Ministerio no dé su aprobación en el plazo correspondiente. Esta es una falla legal seria para solucionar los problemas.

De tal forma que pretendemos renovar la indicación, para que se haga expresa mención de lo que ocurre cuando no haya aceptación de parte de la autoridad.

La norma que se suprime del texto propuesto por la Comisión y por el Ejecutivo también se ha dado en otros proyectos de ley. La Cámara ha estimado importante determinar qué se hace cuando no hay pronunciamiento oficial.

En consecuencia, lo lógico es aprobar la indicación propuesta por los señores parlamentarios.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, el proyecto de ley tiene varias situaciones y enfoques.

En primer término, adaptar el cuerpo legal a la Ley Orgánica Constitucional de Educación, promulgada en el "Diario Oficial" del 10 de marzo de 1990, es decir, 24 horas antes de que asumiera el Presidente de la República y juraran los miembros del Poder Legislativo.

¿Por qué expreso esto? Precisamente, porque debe darse un plazo prudencial para las posibles autorizaciones de creación de establecimientos educacionales, a fin de adaptar el texto a la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, en el sentido de que los sostenedores deben tener, a lo menos, enseñanza media terminada.

Ello, por una razón muy clara, íntimamente relacionada con los días. Hace un rato, se planteó la posibilidad de desarrollo de los sostenedores privados dentro del proceso educacional chileno.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Por favor, señor Diputado, le ruego referirse al tema que estamos discutiendo.

El señor ORTIZ.-

Perfecto, señor Presidente.

Por eso, en nombre de la bancada democratacristiana, anuncio que votaremos porque se mantenga el plazo de 90 días para la autorización de creación de establecimientos educacionales.

He dicho.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, es evidente que la excusa de la burocracia es completamente falaz, en este caso, ya que la legislación dictada en forma apresurada y a última hora, como bien lo señaló el Diputado señor Ortiz, 24 horas antes de la formalización del actual Gobierno y del Parlamento, conlleva la intención de favorecer a los empresarios de la educación, denominados "sostenedores" para los efectos técnicos.

Es evidente que el plazo de 60 días está pensado, precisamente, para forzar autorizaciones prontas, sin que los sostenedores y quienes llevan a cabo la labor educacional cuenten con la idoneidad necesaria. En otras palabras, este mecanismo favorece la transformación de la educación en negocio.

En consecuencia, la burocracia no tiene nada que ver, porque no hay ninguna disposición que apunte en este sentido. De lo que se trata es que la autoridad educacional del país tenga un plazo levemente superior al anterior, con el objeto de cumplir con la mínima eficiencia las tareas que se desprenden de su propia condición.

De modo que es extraordinariamente falaz y lesiva para el interés nacional la idea de imponer a la autoridad educacional plazos perentorios, que -no permiten cumplir con eficiencia su función, para favorecer un negocio y un mercantilismo en beneficio de unos pocos y no del país.

Por lo tanto, nosotros estamos en contra de la indicación.

Gracias.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, la preocupación de los colegas de las bancadas opositoras no se fundamenta en una situación perjudicial para los sostenedores, por cuanto el artículo 7° señala un plazo máximo de 90 días. Esto no significa que se tendrán que esperar los 90 días; es posible que sea con mucha antelación. Los 90 días serán para aquellos casos, como planteó el Diputado señor Escalona, que ameriten mayor solicitud de antecedentes. De tal manera que el plazo máximo de 90 días puede mantenerse o acortarse.

En esta forma, se ven ahuyentados los temores que tienen derecho a representar los colegas que entienden de otra manera la redacción del artículo 7°.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, evidentemente, si el Ministerio puede tomar 60 ó 90 días para dar su autorización, es una cuestión casi irrelevante. El punto está centrado en la eliminación del inciso segundo del artículo 7° de la actual ley, en cuanto a que la falta de pronunciamiento por parte del Ministerio dentro del plazo legal, no le acarrea ninguna sanción y no posibilita al particular a ejercer la libertad de enseñanza.

Cada vez que el Estado regula una libertad -lo cual es legítimo-, debe establecer el mecanismo para que ese procedimiento no signifique una coacción de la libertad que regula.

En este caso, por la inacción del Estado, perfectamente podría limitarse el ejercicio de la libertad. La regulación de la libertad humana por parte del Estado no puede llegar al límite de conculcarla, en definitiva.

Y esto es lo que estamos defendiendo al mantener el inciso segundo del artículo 7°. Si el Estado, por inacción, no se pronuncia, no se puede ejercer la libertad de enseñanza. Por ello, se exige un pronunciamiento al Estado en un tiempo prudencial -90 días es un plazo conveniente-; pero, al mismo tiempo, se le señala que si él no regula la libertad, ella se ejercerá, porque es parte de lo que los hombres pueden y deben hacer. Este es el punto central.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, efectivamente el colega Bartolucci se ha adelantado al expresar que para nosotros carece de relevancia si se trata de 60 ó de 90 días. Los Honorables colegas de la Concertación, o del oficialismo, consideran necesario alargar el período, a pesar del lastre sicológico que para el Diputado señor Escalona significa todo el apara taje burocrático, situación que todavía no puede entender.

El desafío que se plantea en este momento a los señores jefes de bancadas y jefes de Comités de los partidos oficialistas es si están dispuestos a suscribir, en conjunto con nosotros, una indicación para mantener el plazo de 90 días que piden, el cual no hemos planteado, e incorporar un punto relevante, precisamente dado a conocer por los Diputados señores Rodríguez y Bartolucci, como también en mi intervención anterior, en el sentido de establecer la norma tan necesaria de este inciso, sobre lo que ocurre en la oportunidad en que el Ministerio no se pronuncie dentro del plazo de 90 días.

Eso es todo.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, el hecho de que en la actual ley se contemple un plazo de 60 días y, al mismo tiempo, un inciso final en el cual se estipula que el Ministerio de Educación tiene el deber de aceptar, en caso de no contestar dentro de ese período es producto de que no queremos -y hago referencia a palabras del parlamentario señor Escalona- un Ministerio burocrático, sino uno ágil y eficiente. Creo que en 60 días el Ministerio puede manifestarle a un postulante, si se mantiene o no como sostenedor.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¡Diputado señor Palestro!

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, al Diputado señor Palestro siempre lo he escuchado con bastante atención, cualquiera que sea la materia de que esté hablando.

El señor PALESTRO.-

¡Lo que dice respecto de la burocracia es una cuchufleta!

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¡Diputado señor Palestro!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¡Diputado Palestra, ruego a Su Señoría guardar silencio!

El señor VALCARCE.-

Cuando nos referimos al tema de la educación, debiéramos tratarlo con respeto; pero advierto que el Diputado señor Palestra en este momento hace caso omiso del concepto de educación.

- Hablan varios señores Diputado a la vez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¡Le llamo la atención, Diputado señor Palestra!.

Puede continuar el señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

De las palabras del Diputado señor Escalona es importante destacar dos principios básicos. Ojalá, los pudiera aclarar.

En el mundo actual se habla de "descentralización", la cual, en todo lo relativo a la labor del Estado, involucra principios bastante claros que permiten entregar espacios para que otras personas puedan realizar esa actividad. Ello no tiene ninguna relación con el mercantilismo que plantea el Diputado señor Escalona. Deseo que me aclare su punto de vista acerca de la relación entre el concepto de economía social de mercado, en este caso, y mercantilismo.

Asimismo, el empresario, en el concepto moderno de economía y administración, es toda persona o grupo de personas que busca un objetivo determinado, sea económico o de otra índole. Por lo tanto, cuando él habla de empresarios de la educación, en términos peyorativos, está en desacuerdo con el principio de descentralización que sustenta el actual Gobierno, en cuanto a que el Estado no puede realizarlo todo y que los particulares también tienen espacio suficiente para hacerlo. Me confunde el señor Escalona con estos dos conceptos, en relación a lo planteado por el Gobierno en este proyecto de ley. Por su digno intermedio, señor Presidente, me gustaría que explicara su criterio, pues son dos conceptos que debemos tener claros en este tipo de discusión.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, por cierto que no pretenderé superar las confusiones del Diputado señor Valcarce en su totalidad.

Por lo menos, clarificaré la consulta que realiza, en el sentido de que estimamos que no se ha cumplido la función que se entrega al sostenedor en el cuerpo legal aprobado en 1989 y que modificamos ahora, en cuanto a la prestación de un servicio público.

El Diputado señor Valcarce, al igual que yo, tuvimos ocasión de escuchar en la Comisión de Educación a distintos representantes de los sostenedores, quienes señalaron que su función no era la prestación de un servicio público, sino ejercer un negocio. Eso fue establecido y está perfectamente aclarado por ellos en los documentos que entregaron por escrito. En este caso, se consideran empresarios de la educación y, como lo manifestaron, intentan lucrar con el servicio que prestan, no en función del interés público, sino en beneficio personal.

En consecuencia, hay una completa distorsión entre la función pública que ellos desempeñan y la naturaleza de la empresa privada, que es distinta. Por lo tanto, el Estado, en este caso, debe velar por el interés público. En este punto, no sugerimos una intervención del Estado, sino que señalamos claramente que a él le corresponde un rol regulador, desde el punto de vista de velar por el interés público, siendo notorio y evidente que el sostenedor entiende que su función es lucrar con el negocio de la educación.

He dicho.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, la Constitución Política establece bien claro que el Estado debe velar porque todos los jóvenes chilenos tengan acceso a la educación. Ese es un punto fundamental.

Por lo tanto, cuando el señor Diputado Escalona dice que hay mercantilismo y negocio en la función del sostenedor, le debo responder, según los antecedentes que conozco, y en mérito a las visitas que he efectuado a distintos establecimientos educacionales, tanto de Santiago como de la Quinta Región y de mi Distrito, por supuesto, que no es efectivo que haya un ciento por ciento de sostenedores con mentalidad de negocio, en la educación, en el sentido de lucrar con lo que el Estado les entrega. Esa afirmación significa echar en el mismo saco a -todas las personas que quieren ser colaboradoras del Estado, en una de sus funciones por la cual éste debe velar, fomentar y facilitar, según el artículo 19 de la Constitución Política, a fin de que los jóvenes chilenos tengan acceso a la educación.

El problema que se nos presenta es que estamos discutiendo un artículo mediante el cual queremos que exista el mayor número de sostenedores, por una razón muy sencilla: porque hemos visto que su eficiencia -aquí no se menciona cuando se debate el tema- es mayor, puesto que las pruebas del Simce, que realiza el mismo Ministerio de Educación, así lo establecen, en cuanto a que la enseñanza que imparten los colegios subvencionados particulares está en segundo lugar, después de los colegios particulares. Es probable que exista algún señor o un grupo de personas que negocien o profijen de la educación; pero echar en un mismo saco a todos los sostenedores constituye un desconocimiento de la realidad del país, por cuanto hay muchos sostenedores en la Quinta Región, en Santiago, en distintas provincias y regiones del país, que efectúan un gran esfuerzo, no han ganado un peso, están comprometidos con la educación, la van a sacar adelante y seguirán luchando por ello. En cambio, otros no lo podrán hacer sobre la base de este proyecto de ley, por cuanto no les alcanzará la subvención para financiar lo dispuesto en el Estatuto Docente, que aun así es malo.

Lo importante es tener claros estos principios, porque si hablamos sobre la base de que algunas personas son renovadas y otras se han quedado en el pasado, simplemente lo haremos con dos lenguajes; será imposible ponernos de acuerdo y eso nos llevará a mantener un esquema polarizado, en el sentido de que unos querrán una educación netamente estatal, donde los particulares no tengan ningún acceso, y otros, que haya personas que colaboren con el Estado y que exista una mejor calidad de la docencia, en beneficio de los chilenos, a fin de que quienes conduzcan en el futuro nuestro país sean realmente los mejores.

Por lo tanto, señor Presidente, votaré favorablemente esta indicación.

He dicho.