Labor Parlamentaria

TRAMITACIÓN DE PROYECTO EN COMISIONES.

El señor SALAS.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Presidente en ejercido).-

Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Diputado señor Salas.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, solicito que la moción de los Diputados señores Elgueta, Bosselin, Yunge, Ojeda y del que habla, se envíe a la Comisión de Trabajo, puesto que modifica la prelación de créditos sólo en la parte que beneficia exclusivamente a los trabajadores. Justamente, en estos momentos estamos viendo problemas relacionados con esa materia.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

La Mesa estudiará el asunto. Se trata de una moción que, a juicio nuestro, debe ir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque modifica la Ley de Quiebras.

Si le parece a la Sala, la Mesa resolverá, considerando lo planteado por el Diputado señor Salas.

Un señor DIPUTADO.-

No, señor Presidente.

El señor DUPRE (Presidente en ejercida).-

No hay acuerdo.

El señor BOSSELIN.-

¿Me permite?

El señor DUPRE (Presidente en ejercido).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, el Honorable Diputado señor Salas tiene razón en su petición: ese proyecto debe ser tratado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social; pero, obviamente, también por la de Constitución, Legislación y Justicia, por cuanto se modifican disposiciones de la Ley de Quiebras. La iniciativa excede en mucho el ámbito estrictamente laboral y su texto requiere de un análisis armónico. Es decir, perfectamente podría ir a las dos Comisiones. No hay inconveniente en ese aspecto.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Si les parece a los señores Diputados, enviaremos el proyecto a ambas Comisiones para su estudio e informe.

Acordado.

El señor ROJO.-

¿Me permite un alcance sobre la Cuenta, señor Presidente?

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, hace ya bastante tiempo presentamos un proyecto sobre las sedes regionales y no se da cuenta de él. Tengo muchas inquietudes al respecto.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Ese es un proyecto de acuerdo.

El señor ROJO.-

Sí, señor Presidente.

El señor DUPRE (Presidente en ejercido).-

Se tramita como todos los proyectos de acuerdo.

El señor ROJO.-

Pero parece que va muy lento. ¿En qué lugar está, señor Presidente?

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Vamos en el 107 y tiene el número 113. No sé si las últimas dos cifras marcarán algún destino desfavorable al proyecto.

El señor ROJO.-

El trece es un número de muy buena suerte, señor Presidente.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Cuando se trate el proyecto de acuerdo, veremos.

RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

El Diputado señor Campos ha solicitado hacer uso de la palabra por cinco minutos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, para contestar algunas expresiones vertidas por otro señor Diputado.

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CAMPOS.-

Gracias, señor Presidente.

En la sesión de ayer, y argumentando contra el proyecto que establece la delación compensada, expresé que tal iniciativa legislativa me parecía ineficaz, impracticable, carente de aplicación práctica,...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CAMPOS.-

...toda vez que no contemplaba los recursos económicos y administrativos necesarios para dar una auténtica seguridad y protección a los terroristas que se acojan a este beneficio.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ESPINA.-

No corresponde, señor Presidente.

El señor CHADWICK.-

Aplique el Reglamento.

El señor CAMPOS.-

Por la vía del ejemplo, agregué que dicha norma me recordaba lo ocurrido con la Ley de Estados Antisociales, texto legislativo aprobado hace más de 30 años y el que, a pesar de sus bondades, jamás ha podido estar en vigencia, ya que el Estado siempre ha dicho carecer de los recursos económicos que requiere su implementación.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CHADWICK.-

¿Me permite plantear una cuestión reglamentaria, señor Presidente?

El señor CAMPOS.-

Luego manifesté mis temores, en orden a que si se aprobaba...

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Un segundo, señor Diputado.

Lamentablemente, como el colega Muñoz Barra estaba planteando un problema a la Mesa, no alcancé a escuchar los motivos de protesta de los seño res Espina y Chadwick. Si Su Señoría lo permite, primero deseo saber de qué se trata.

El señor PEÑA.-

Es que no les gusta escuchar, señor Presidente.

El señor CHADWICK.-

Quiero manifestar una cuestión reglamentaria.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, es muy simple el motivo de nuestra protesta.

El uso de estos cinco minutos es para responder expresiones vertidas a través de medios de comunicación en forma pública, pero no para contestar planteamientos formulados en un debate sobre un proyecto de ley que aún no se despacha y cuya discusión continuaremos en esta sesión. De lo contrario, todos usaríamos estos cinco minutos para referirnos a lo manifestado en la discusión de los proyectos de ley, distorsionando completamente el sentido de la disposición reglamentaria. Por lo tanto, no está bien aplicado el criterio para otorgar la palabra por cinco minutos.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

El Diputado señor Chadwick tiene razón en lo relativo al proyecto, pero, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento, un señor Diputado tiene derecho a responder las expresiones vertidas por otro señor Diputado y que pudieran perjudicarlo.

En todo caso, solicito al Diputado señor Campos que señale las expresiones que estima descalificatorias y no se refiera al proyecto, por cuanto, como dice el Diputado señor Chadwick, tiene la posibilidad de hacerlo durante el debate.

Puede continuar el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Si los colegas de Renovación Nacional escuchan con atención, se darán cuenta que ya llegaré al punto que me interesa.

Luego, manifesté mis temores en el sentido de que si se aprobaba una ley como la propuesta, sin el correspondiente correlativo financiero y administrativo, independiente de las restantes reservas que me merecía el proyecto, condenaríamos a muerte a los delatores compensados, ya que quedarían absolutamente desprotegidos, en la indefensión y expuestos a la vindicta.

Haciendo uso de la palabra en favor del proyecto, el Honorable colega Jorge Schaulsohn, expresó que quien habla había "esgrimido argumentos inadecuados y que ni siquiera son verdaderos". Después, en relación con la ley de Estados Antisociales, manifestó: "En lo único que tiene razón el Diputado Campos es en que la ley se dictó hace más de 30 años". Y agregó que dicha ley "está en plena vigencia, para cuya aplicación no se requiere ningún centavo". Concluyó diciendo que le parecía "poco serio traer a colación una ley que no tiene absolutamente nada que ver y esgrimirla como ejemplo de la presunta ineficacia del proyecto en cuestión".

Señor Presidente y Honorables colegas, por primera vez en un año y medio de ejercicio parlamentario hago uso del artículo 33 del Reglamento, puesto que, francamente, no le acepto al colega Schaulsohn, ni a nadie, que veladamente venga a imputarme que soy un mentiroso, que falto a la verdad, que recurro a la falacia o que mis intervenciones en esta Cámara son poco serias, ya que si en algo me he esmerado es en opinar exclusivamente en aquellas materias que conozco o que he estudiado.

No soy un farsante que sólo habla por hablar, o para aparecer en los medios de comunicación, y menos un presuntuoso que se jura enciclopedista o poseedor de la verdad absoluta. Por el contrario, como me formé gracias al estudio y la educación, valoro los conocimientos, la inteligencia y el empeño personal, medios que me han permitido recibirme de abogado, ejercer la docencia universitaria en Derecho Penal por más de quince años y formar parte de este Congreso Nacional.

Ahora bien, en ningún momento he faltado a la verdad. El ejemplo dado es plenamente pertinente. Es efectivo lo que dije en el sentido que la Ley de Estados Antisociales, hija del quehacer científico del Instituto de Ciencias Penales de Chile, aprobada en 1954, hasta la fecha no rige, no es aplicable, ya que el Estado ha carecido de los recursos económicos para implementarla y, por ello, seis Presidentes de la República no han dictado el decreto reglamentario respectivo.

En efecto, el artículo 67 de la aludida ley, expresa: "La presente ley regirá treinta días después de su publicación en el "Diario Oficial". Sin embargo, el título I y el artículo 61 entrarán en vigencia noventa días después de la fecha en que el Presidente de la República dicte el decreto a que se refiere el artículo 65". Es decir, después de transcurridos 37 años, el Poder Ejecutivo todavía no dicta el decreto reglamentario mencionado. De manera que, tal como lo expresé ayer y lo reitero hoy, la ley de Estados Antisociales ha resultado ser impracticable e ineficaz.

Es sorprendente, Honorables colegas, hacer esta aclaración, puesto que la materia enunciada es conocida y dominada por cualquier estudiante de Derecho. Ello está suficientemente explicitado en todos los apuntes y manuales de Derecho Penal, de suerte que no es tema de especialistas. Así, por ejemplo, don Alfredo Etcheverry, en la página 172 del tomo II de su conocida obra, a la letra dice: "A la fecha de reeditar esta obra, el decreto aún no se ha dictado y, en consecuencia, las disposiciones del Título 1 de la ley N° 11.625, de Estados Antisociales, no tienen todavía vigencia legal ni aplicación práctica". .

A su vez, don Eduardo Novoa Monreal, en la página 423 de tomo II, de su "Curso de Derecho Penal", señala: "No entrará en vigencia sino 90 días después que el Presidente de la República señale por decreto los establecimientos en que se mantendrán detenidos e internados a los antisociales, decreto que aún no se dicta".

Juzgue, entonces, esta Honorable Cámara, quién ha faltado a la verdad, utilizando recursos efectistas o evidenciando ignorancia en esta materia.

Al colega Schaulsohn, que no se encuentra presente en la Sala, le sugiero que actualice y "nacionalice" sus conocimientos de Derecho Penal.

He dicho.

ACUERDO DE LA CORPORACIÓN ANTE LA SITUACIÓN QUE AFLIGE A LOS PUEBLOS DE LA UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Solicito el asentimiento de la Sala, para insertar el acuerdo que la Corporación delegó en el día de ayer en los Comités, relativo a la declaración relacionada con los acontecimientos en la Unión Soviética.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

¿Sobre esta materia?

El señor ESTEVEZ.-

Sí.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo propuesto por Su Señoría, pero quisiera que se adicionara una nueva declaración de esta Cámara, expresando nuestra satisfacción por la derrota de los intentos golpistas en la Unión Soviética y el retomo a la normalidad en dicho país.

El' señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, sin perjuicio de adoptar el acuerdo en esta materia, se podría facultar a la Mesa para efectuar una declaración en orden a manifestar nuestra satisfacción por el término de la asonada golpista en la Unión Soviética.

¿Habría acuerdo para insertar en la versión oficial de la Cámara la declaración del día de ayer?

¿No hay acuerdo, señor Palma?

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Pido la palabra.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, en primer lugar, el Diputado señor García don René Manuel; después, el Diputado señor Palma, don Andrés.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, estamos de acuerdo con lo propuesto por la Mesa. Sin embargo, queremos que se inserte una declaración sobre los acontecimientos ocurridos ahora y dar relevancia a lo que ayer tratamos de decir. Si dilatamos las cosas, por la velocidad con que se suceden los acontecimientos, el acuerdo adoptado ayer por nosotros hoy está fuera de foco, por haber perdido su actualidad. Por lo tanto, yo daría la unanimidad, pero siempre que la nueva declaración sea leída y aprobada por la Sala antes de ser enviada por la Mesa, para que cuente con el respaldo de toda la Cámara de Diputados.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

¿Estuvo presente en la sesión de ayer, señor Diputado?

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Sí, señor Presidente.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

En la sesión de ayer, se delegó en los Comités y en la Mesa tal resolución. A eso se le dio cumplimiento.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Respecto de la declaración de hoy, pido que se use el mismo procedimiento, señor Presidente.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

¡Perfecto!

Tiene la palabra el Diputado, señor Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, como ayer se delegaron facultades en los Comités, me parece bien que esto se inserte en el acta de sesiones. Sin embargo, es preferible que la declaración hecha en el día de ayer por los Comités sea leída en la Sala, porque los Diputados no tenemos su texto, y sería positivo conocerlo en extenso.

Sobre el segundo punto, todos estamos muy alentados con las últimas noticias recibidas, pero la situación todavía es muy cambiante. En consecuencia, considero apresurado emitir una declaración hoy día, sin tener total claridad sobre cómo se han resuelto los acontecimientos en la Unión Soviética.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

La Mesa está recibiendo permanentemente cables. Tengo los últimos. No obstante es más prudente esperar algunos minutos.

Si le parece a la Sala, sin perjuicio de darle lectura, se insertará la declaración de ayer en la versión oficial. Además, se facultará a la Mesa para los efectos de entregar una nueva declaración en los términos planteados por los Diputados señores García, don René Manuel; Palma, don Andrés y Estévez.

Acordado.

Se va a dar lectura a la declaración.

El señor ZUÑIGA (Prosecretario accidental).-

Acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados frente a la situación que aflige a los pueblos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

“La Honorable Cámara de Diputados:

“Considerando:

"1. Que las políticas de la perestroika y glasnot impulsadas con el apoyo de la mayoría del pueblo soviético, Junto con los esfuerzos por reestructurar la economía, democratizar la vida política y reconstruir las identidades nacionales de los pueblos de la URSS, constituyen adelantos altamente valorados en el mundo entero.

"2. Que tales procesos han significado, asimismo, importantes cambios en las relaciones de los pueblos, haciendo posible la independencia y plena libertad de las naciones de Europa Oriental y la definitiva Unificación de Alemania, junto con el término de la carrera armamentista.

"3. Que para los pueblos del mundo, la figura de Mijail Gorbachov, Presidente Constitucional de URSS y Premio Nobel de la Paz, personifica los profundos cambios producidos en Unión Soviética.

"4. Que el golpe de Estado que está ocurriendo en la URSS significa una dramática regresión en el proceso de democratización que se ha estado desarrollando ^n dicho país, poniendo en peligro las libertades y derechos humanos de sus ciudadanos y acarreando gravísimas consecuencias potenciales para la paz mundial, reviviendo tensiones que comenzaban a ser superadas.

“La Honorable Cámara de Diputados viene en adoptar el siguiente: "ACUERDO

“1. Condenar de la forma más categórica el golpe de Estado que se lleva a efecto en la URSS con el propósito de frustrar el proceso de democratización de ese país, iniciado por su Presidente Constitucional don Mijail Gorbachov, cuya inmediata libertad y reposición de sus poderes constitucionales exigimos:

"2. Solidarizar, en estos dramáticos momentos, con el pueblo, los Parlamentarios y Autoridades legítimas de la URSS, alentando a los diversos sectores que resisten a las fuerzas golpistas para que defiendan sus libertades, impidiendo que se consolide una eventual regresión totalitaria, que, entre otros desastrosos efectos, impediría que se consumara el tratado de unidad de los pueblos que la conforman.

"3. Señalar ante la opinión pública que esta situación representa un serio peligro para el proceso de distensión internacional, la ejecución de los acuerdos sobre desarmes ya pactados y la libre determinación de los países de Europa del Este;

“4. Resaltar la imperiosa necesidad de que la Comunidad Internacional adopte urgentes medidas para impedir que este ilegítimo golpe de Estado afecte la paz mundial y los derechos humanos de los pueblos de la URSS;

"5. Instar al Gobierno de Chile a sumarse decididamente a la categórica condena que los demás gobiernos democráticos están expresando en todos los escenarios internacionales de que Chile forma parte;

“6. Encomendar a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara que, con la presencia del señor Canciller, examine las consecuencias que el golpe de Estado podría tener para el futuro de las relaciones diplomáticas de nuestro país con la Unión Soviética, manteniendo a esta Corporación permanentemente informada del curso de los acontecimientos y de las medidas que el Supremo Gobierno estime conveniente adoptar sobre la materia, y

"7. Reafirmar ante la opinión pública que este Acuerdo representa la voluntad unánime de los distintos sectores políticos que se encuentran representados en la Honorable Cámara de Diputados, de respaldar todas las medidas políticas que pueda adoptar el Gobierno y que estén dirigidas a defender, tanto en ésta como en otras circunstancias, las libertades y los derechos de los pueblos".

ACUERDOS DE LOS COMITÉS PARLAMENTARIOS.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

El señor Prosecretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.

El señor ZUÑIGA (Prosecretario accidental).-

Acuerdos de los Comités parlamentarios en martes 20 de agosto de 1991.

Reunidos los Comités parlamentarios, bajo la Presidencia del señor Dupré y con asistencia de la totalidad de ellos, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

1)En conformidad con el acuerdo unánime adoptado por el pleno de la Corporación en sesión del día de hoy, dar a conocer a la opinión pública, de inmediato, la declaración de la Cámara de Diputados en relación con los hechos que están ocurriendo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2)Teniendo presente las disposiciones reglamentarias y los acuerdos de la Cámara, formar la Tabla del Orden del día de la sesión ordinaria del miércoles 21 del presente, con los siguientes proyectos:

a)El que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura.

b)El que modifica el Código Penal y la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

c)El que establece condiciones de reprogramación del crédito fiscal universitario.

d)El que modifica la ley N° 19.047, que introdujo modificaciones a diversos cuerpos legales, con el fin de garantizar en mejor forma los derechos de las personas.

e)El que dispone la cancelación de anotaciones en el Boletín Comercial, en los casos que indica.

f)El que modifica el Código Tributario para garantizar la reserva de las declaraciones de impuestos.

3.- Destinar treinta minutos, inmediatamente después de la Cuenta de la sesión ordinaria del jueves 12 de septiembre del año en curso, para rendir homenaje en memoria del Presidente José Manuel Balmaceda, con motivo de conmemorarse el primer centenario de su muerte.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Si le parece a la Sala, se darán por aprobados los acuerdos de los Comités.

Acordado.

Los Jefes de los Comités han acordado, extraoficialmente, que se distribuyan diez minutos por bancada a los oradores que ayer no alcanzaron a hacer uso de la palabra respecto del proyecto que figura en el número 2 de los acuerdos de los Comités, es decir, el que modifica el Código Penal y la ley N° 18.314.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

El acuerdo de los Comités también establece que los Diputados que no alcancen a hacer uso de la palabra, puedan insertar sus intervenciones en la versión.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor BOSSELIN.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BOSSELIN.-

Estoy de acuerdo, desde el punto de vista partidario los Comités; pero, personalmente, no puedo dejar de expresar mi disconformidad, por cuanto hay una norma muy sabia en esta Constitución que dispone que ninguna autoridad podrá establecer discriminaciones arbitrarias. No cabe la menor duda de que ayer algunos colegas se refirieron extensamente al punto; no obstante, hoy se restringirá el tiempo a los Diputados que vamos a hablar, lo cual constituye una típica discriminación arbitraria.

Por lo tanto, solicito de la Mesa que, para otra oportunidad, salvaguarde adecuadamente los derechos de los Diputados, para colocamos en un mismo pie en los debates de esta Cámara.

El señor DUPRE (Presidente en ejercido).-

Muy bien, señor Diputado.

En todo caso, la Mesa estima que usted tiene un gran poder de síntesis, de tal manera que podrá hacer uso de la palabra adecuadamente.

El señor ESPINA.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Presidente en ejercido).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Entiendo que este proyecto se tratará en segundo lugar, ya que el primero es el de la Ley de Pesca.

Por lo tanto, señor Presidente, le pido que, antes de continuar con el estudio del segundo proyecto de la Tabla, cite a una reunión de Comités.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Muy bien. Se suspenderá la sesión por quince minutos, una vez que se despache el proyecto de la Ley de Pesca.

Si le parece a la Sala, se aprobará la distribución de diez minutos por bancada para tratar el proyecto que modifica el Código Penal y la ley N° 18.314.

Acordado.

Informe de la Comisión Especial Investigadora del Problema de la Droga en Chile.

"Honorable Cámara:

La Comisión Especial Investigadora del Problema de la Droga en Chile pasa a dar cuenta del cometido entregado por la Cámara, relativo al problema de la droga en nuestro país.

Para tal efecto, en sesión secreta, de fecha 13 de septiembre de 1990, la Sala prestó su aprobación a un Proyecto de Acuerdo, mediante el cual "se propone la formación de una Comisión Especial de la Corporación, con la misma proporcionalidad de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, con el objeto de ocuparse de los temas vinculados al problema de la droga en nuestro país."

La Comisión quedó integrada por los Diputados señores: Correa de la Cerda, don Sergio; Escalona Medina, don Camilo; Horvath Kiss, don Antonio; Jara Catalán, don Sergio; Leblanc Valenzuela, don Luis; Pérez Opazo, don Ramón; Rebolledo González, don Víctor; Recondo Lavanderas, don Carlos; Reyes Alvarado, don Víctor; Tohá González, don Isidoro; Valcarce Medina, don Carlos; Vilches Guzmán, don Carlos y Yunge Bustamante, don Guillermo.

Una vez constituida, la Comisión procedió a elegir Presidente al Diputado señor Luis Leblanc Valenzuela.

Asimismo, asistieron a la Comisión en calidad de reemplazantes, en algunas sesiones, los Diputados señores Elizalde, don Ramón; Estévez, don Jaime; Ojeda, don Sergio; Procurica, don Baldo; Rodríguez, don Claudio; Rodríguez, don Hugo; Sabag, don Hosairt, Velasco, don Sergio, y Villouta, don Edmundo.

Concurrieron, además, los Diputados señores Bayo, don Francisco, señora Cristi, doña María Angélica y Alvarez-Salamanca, don Pedro.

1.- LABOR DESARROLLADA POR LA COMISION

Con el objeto de dar cumplimiento a las tareas encomendadas se celebraron 20 sesiones, totalizando 34 horas, 10 minutos de labor.

En las dos primeras, la Comisión se abocó a la elaboración de un programa de trabajo, el cual en definitiva se formuló considerando tres etapas fundamentales:

1-Elaboración del diagnóstico del problema referido al tráfico y consumo de drogas y estupefacientes, y al lavado de dinero;

2.-Estudio de antecedentes referidos a legislación en países que han debido preocuparse del tema, y

3.-Formulación de políticas tendientes a la prevención, rehabilitación, control y sanción de las conductas delictivas que inciden en la materia de que se trata.

En el marco del plan de trabajo ya citado, la Comisión invitó a diversas personas o entidades que, de una forma u otra, se encuentran vinculadas al tema en cuestión y pueden aportar mayores antecedentes al conocimiento del problema de la droga en Chile, sea por su misión de control, como de prevención y rehabilitación.

Para tal efecto la Comisión contó con la presencia del señor Director General de Investigaciones, General (R) don Horacio Toro, y del Inspector don José Miguel Vallejos; del Jefe del Departamento O.S.7 de Carabineros, Coronel don Pedro Aguilar y del Segundo Jefe, Teniente Coronel don Jaime Rieutord; del Asesor de Salud Mental del Ministerio de Salud, doctor Alfredo Pemjean y del doctor Ricardo Fuentealba; del señor Ministro del Interior, subrogante y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para el control de Estupefacientes, don Belisario Velasco y del Asesor Jurídico de dicho Consejo, don Michel Diban; del señor Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido; de los señores Subdirectores de Fiscalización y Jurídico, don Víctor Vallejos y don Alfredo Echeverría, en representación del señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, y del señor Asesor del Servicio Nacional de Aduanas, don Nicolás Martin, en representación del Director Nacional de ese Servicio; de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Mixta de Salud y Educación, doña María Ester Moreno; de la Presidenta de la Subcomisión de Drogas y Alcoholismo, doña Iris Barrios y de la Coordinadora de Acciones Complementarias, doña Graciela Caamaño, en representación del Ministerio de Educación; del Director de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministro Consejero don Benjamín Concha y del Primer Secretario de la misma repartición don José Miguel Menchaca; del señor Juez del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, don Alejandro Solís, en representación del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y de los doctores Ricardo Testard, Director del Hospital El Salvador de Valparaíso y miembro del Capítulo Chileno de la Asociación Iberoamericana en torno a Problemas de Alcohol y Drogas; de don Francisco Espejo, Asesor de Salud Mental de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la V Región; del señor Luis Soto, Director del Centro de Estudios y Rehabilitación Sicosocial de Concepción y del señor Ignacio González Serrano, miembro de la Delegación Chilena ante la Organización de Estados Americanos (O.E.A.).

Las personas invitadas, señaladas en el párrafo anterior, realizaron sendas exposiciones ante la Comisión las que, en forma resumida, se consignan en el Capítulo III de este Informe.

Por otra parte y teniendo presente el mismo propósito de abundar en el conocimiento de las materias relacionadas con el tráfico y consumo de drogas, la Comisión, en su sesión de fecha 12 de diciembre de 1990, acordó visitar las ciudades de Arica e Iquique, los días 18, 19 y 20 de Enero del año en curso, para imponerse en el terreno mismo, de la cruda realidad que se vive en la zona norte del país, principalmente en las ciudades aludidas, y del flagelo que el problema de la droga significa, especialmente, para la juventud de esa región.

Asimismo, con la intención de recabar el máximo de antecedentes que pudieran servir para un mejor conocimiento de la materia objeto de la investigación, los señores

Diputados integrantes de la Comisión resolvieron oficiar a diferentes organismos públicos y privados, recogiendo así la apreciación que tienen las entidades requeridas sobre tópicos determinados. ,

Es así como se ofició, entre otros:

-Al señor Ministro de Salud, solicitando información sobre el problema de la drogadicción y política a aplicar por ese Ministerio; medidas de control aplicables al neoprén, y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Salud y Educación.

-Al señor Ministro de Justicia, requiriendo información sobre procesos en tramitación relativos a tenencia y tráfico de drogas y estado en que se encuentran.

-Al señor Ministro de Educación, recabando información sobre presupuesto asignado a la actividad extraescolar en los últimos 5 años; funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Salud y Educación, y solicitándole el estudio de un plan especial de prevención de drogadicción, tabaquismo y alcoholismo para las ciudades de Arica e Iquique.

-Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, requiriendo información sobre acciones implementadas por la Organización de Estados Americanos referente a problemas de control del tráfico de drogas y estupefacientes y lavado de dinero; el Convenio de Caracas relativo a tráfico de drogas y figuras conexas, así como de las razones por las cuales Chile aún no lo ha ratificado; funcionamiento de los Centros Regionales del Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos, (A.S.E.P.), y de la proposición de Acuerdo sugerida por los Estados Unidos de Norteamérica a nuestro país, relacionada con lavado de dinero, decomiso de bienes, leyes de secreto bancario y de requerimientos contables.

-Al señor Ministro de Hacienda, solicitando informe sobre la Proposición de Acuerdo sugerida por los Estados Unidos a Chile en relación con lavado de dinero, decomiso de bienes, leyes de secreto bancario y de requerimientos contables.

-Al señor Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, solicitándole se estudie la posibilidad de elaborar un plan especial de prevención de drogadicción, tabaquismo y alcoholismo para las ciudades de Arica e Iquique, y el envío de la Encuesta y sus resultados, elaborada con el fin de dimensionar el problema de la droga en el país.

-Al señor Subsecretario de Pesca, recabando información sobre tráfico de drogas en exportación de moluscos.

-Al señor General Director de Carabineros, solicitando la remisión del Convenio celebrado entre el Ministerio de Educación y su Institución en relación con capacitación de profesores monitores en problemas de drogadicción.

-Al señor Director General de Investigaciones, solicitándole información sobre exoneraciones y traslados de funcionarios de esa Institución relacionados con tráfico de drogas y el envío del Convenio celebrado entre ese Servicio Policial y el Ministerio de Educación sobre tareas de prevención.

-Al señor Director General de Deportes y Recreación, requiriendo información sobre los recursos aportados por esa Institución al Canal Escolar.

-Al señor Presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles (ADICO), recabando información sobre personas que, eventualmente, inhalen combustibles en los servicentros o gasolineras.

-A la Oficina de Informaciones de la H. Cámara de Diputados, solicitándole que requiera información sobre funciones que desempeña el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica (D.E.A.), en nuestro país; impuestos que gravan la producción y comercialización del tabaco y bebidas alcohólicas, y montos recaudados anualmente por estos conceptos; material legislativo sobre drogas en otros países; asimismo artículos de diarios, revistas y publicaciones sobre el problema de la drogas publicados en los últimos 2 años, y Catastro de los Centros de Rehabilitación de Drogas y Alcoholismo, existentes en el país.

-A la Biblioteca del Congreso Nacional a fin de que envíe artículos de diarios, revistas y publicaciones relacionados con el problema de la droga en los dos últimos años.

Es conveniente hacer presente, también, que en cumplimiento de sus funciones la Comisión acordó remitir a los organismos correspondientes diversas denuncias recibidas con el objeto de que éstos procedieran a efectuar las investigaciones pertinentes.

Cabe hacer presente que en el transcurso del trabajo de la Comisión se despacharon 136 oficios.

Asimismo, es preciso señalar que los integrantes de la Comisión han contado con diverso material que se ha ido recopilando durante el trabajo desarrollado y que ha servido, del mismo modo, para lograr un cabal conocimiento y comprensión del problema que les preocupa.

De esta forma, podemos mencionar varios antecedentes que se han considerado de interés para una mejor ilustración del tema, algunos de los cuales, se señalan a continuación:

1.- Relación del viaje de la Comisión a las ciudades de Arica e Iquique.

2.- Recopilación de artículos de prensa, revistas y publicaciones científicas, relativos al lavado de dinero, consumo y tráfico de drogas y estupefacientes; elaborada por la Biblioteca del Congreso correspondiente a los años 1989 y 1990, y que fuera solicitada por esta Comisión.

3.- Folleto: "Necesidades de una Estrategia para la Lucha contra las Drogas en Chile", elaborado por el Instituto Libertad y Desarrollo.

4.- Copia del estudio técnico de prevalencia sobre alcohol, tabaco y drogas entre los estudiantes de enseñanza media y población juvenil no escolar de la comunidad de Arica, preparado por el sociólogo Ignacio Undurraga Chacón, en noviembre de 1988.

5.- Informe sobre las actividades que desarrolla la Organización de Estados Americanos, a fin de prevenir y controlar el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como el lavado de dinero provenientes del narcotráfico, elaborado por la Dirección de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

6.- Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro.

7.- Declaración y Programa de Acción de Ixtapa.

8.- Reglamento modelo para el control de precursores y sustancias químicas, máquinas y elementos.

9.- Informe final de la Reunión Continental para la programación e implementación del Plan Interamericano: "La Educación en la Acción contra el Abuso de Drogas".

10.- Informe del relator del Grupo de Expertos encargados de preparar un Reglamento Modelo sobre el lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas.

11.- Informes elaborados por el señor Horacio Mena, ex funcionario de Aduanas y Perito en Comercio Exterior, sobre "Norte Grande de Chile y su incidencia en aspectos del narcotráfico"; "Modificaciones a la norma legal que sanciona el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes", (ley 18.403 y decreto 67 de 1985) y "Situaciones anormales en importaciones bolivianas en tránsito por Chile actuales, que validan las estrategias de prevención y represión del macronarcotráfico y otros delitos importantes en zonas jurisdiccionales aduaneras".

12.- Legislación vigente en materia de tenencia, consumo y tráfico de drogas y estupefacientes en el Perú y Colombia. -

13 - Revista editada por el Centro de Promoción Infantil de Arica, sobre el funcionamiento de la escuela para monitores juveniles en prevención del uso de drogas.

14.- Nómina de los centros de rehabilitación de drogadictos o alcohólicos, estatales, privados o mixtos que funcionan en el país.

15.- Informe oficial de la Oficina de Política Nacional para el Control de Narcóticos de los Estados Unidos de América, conteniendo indicadores adelantados de tendencia en el tráfico y consumo de drogas.

16.- Informe del señor Ministro de Salud, acerca del problema de la droga.

17.- Ministerio de Salud: "Síntesis de los principales estudios del consumo de droga en Chile".

18.- Ministerio de Salud: Documento sobre Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar.

19.- Del Dr. Ricardo Fuentealba: Discurso preparado con motivo del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, pronunciado en la CEPAL, el 26 de junio de 1990.

20.- Del OS-7 de Carabineros: Informe técnico sobre la marihuana en Chile.

21.- Del Servicio Nacional de Aduanas: Documento sobre alcance y naturaleza del proceso de lavado de dinero y programa para combatirlo.

22.- Del Ministerio de Educación: Informe elaborado por un grupo de trabajo convocado por el Ministerio de Salud, sobre salud mental infantil juvenil en Chile.

23.- Del Ministerio de Educación: Documento de trabajo sobre prevención del alcoholismo y drogadicción en la niñez y la juventud.

24.- Del Ministerio de Educación: Descripción de una estrategia educativa para prevenir la drogadicción en el adolescente.

25.- Carpeta entregada por el Comité Antidrogas de Iquique, conteniendo:

a) Información general acerca de drogas.

b) Estadísticas de drogadicción.

c) Antecedentes del Comité Antidrogas de Iquique.

d) Actividades realizadas por el Comité en 1990.

e) Resumen de proyecto de trabajo para 1991.

f) Proyecto de construcción del laboratorio toxicológico médico legal de Iquique.

g) Información sobre el Centro de Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación de Drogadicción (CENTRID).

h) Reformas legislativas sugeridas por el Comité Antidrogas.

26.- Carpeta entregada por la Comisión Antidrogas de Arica, conteniendo:

a) Control del consumo de drogas en Arica.

b) Programas y acciones realizadas en 1990.

c) Informe de la Subcomisión Jurídico Policial de la Comisión Antidrogas.

d) Resumen de proyectos y sugerencias de la Comisión, y

e) Plan de difusión publicitario de prevención.

27.- De la División Programa de las Personas, Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud, documento sobre "Drogas y problemas derivados: acciones en marcha y proyectos a partir de marzo de 1990".

28.- Resumen del libro "Desarrollo a Escala Humana, una opción para el futuro" de Manfredo MaxNeff; Antonio Elizalde y Martín Hofenhayn.

29.- Documento de trabajo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sobre "La Política de U.S.A. contra el narcotráfico y su impacto en América Latina".

30.- Informe presentado a la XII Conferencia de los Estados Parte del Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos.

31.- Documento final de la XII Conferencia de los Estados Parte del Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos (Caracas-Venezuela-diciembre 1990).

32.- Trabajo de recopilación de antecedentes médicos acerca de pasta base de cocaína, elaborado por el Dr. Marco Antonio Medina M., Coordinador General del Comité Antidrogas ilícitas de Iquique.

33.- Convenio Interamericano sobre Extradición, suscrito en Caracas, Venezuela, el 25 de febrero de 1981.

34.- Encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, en las ciudades de Arica, Iquique, Valparaíso y Santiago, acerca del consumo y tráfico de drogas.

35.- Estudio comparado del régimen jurídico sobre el control de las drogas en 10 Estados Sudamericanos, miembros de la Organización de Estados Americanos, O.E.A., elaborado por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de dicha Organización.

II.- ANTECEDENTES GENERALES

1.- EL PROBLEMA DE LA DROGADICCION.

1.1.- Breve reseña histórica-descriptiva.

Asociado a la existencia y al desarrollo del hombre, ha estado, en forma permanente, la tentación de los prohibido y la búsqueda de la evasión. Por vía de la civilización encontró formas espirituales y físicas que no dañaran su cuerpo ni su mente: la danza egipcia, el teatro griego, la novela de caballería, la ópera barroca y el deporte constituyen y han constituido formas cultas de evasión para esa gran tragedia de los hombres de todos los tiempos de no saber a dónde van ni de dónde vienen.

El uso y abuso de drogas que producen efectos de tipo psíquico, como el alcohol opiáceos y psicoestimulantes, es una práctica tan antigua como la humanidad misma. Diversos antecedentes históricos señalan que la utilización de sustancias químicas con fines de intoxicación ritual ha existido desde siempre y en las más diversas civilizaciones. No obstante, lo difundido de esta práctica, frecuentemente el consumo de drogas se ha enfrentado a las costumbres o a la norma social de la época. De allí que a menudo las sociedades hayan puesto fuera de la ley estas costumbres y hayan legislado su prohibición, o, por lo menos, su restricción.

Sin embargo, la apetencia por las drogas persiste, y al parecer sólo se ha logrado que el uso (o abuso) de algunas de éstas sea reemplazado por el de otras. El alcoholismo es considerado actualmente un problema de salud pública en casi todo el mundo, y el uso de sustancias opiáceas, marihuana y alucinógenos ha ido aumentando progresivamente en diversos estratos sociales de muchos países.

La Organización Mundial de la Salud dando cifras oficiales de consumo de drogas en el mundo, ha señalado que existen, aproximadamente, cuarenta y ocho millones de fármaco-dependientes, de los cuales treinta millones consumen marihuana, diecisiete millones cocaína, un millón setecientos mil opios y setecientas mil heroínas.

Hay cifras que indican que en los Estados Unidos de Norteamérica veinticinco millones de personas consumen marihuana, veintidós millones alguna vez han probado cocaína y que cuatro millones son consumidores habituales de ella.

¿Por qué y cómo se produce el abuso de drogas?

El hombre, a través de la historia, ha usado de las drogas bajo distintas perspectivas y modalidades, cuyas características responden íntimamente al tipo de sociedad, época y circunstancias de vida, en que lo antropológico y religioso lo mítico y lo lúdico, lo artístico, etcétera, constituyen variables de grandes influencias.

Ciertamente es importante distinguir entre el uso ocasional o circunstancial de una droga y el uso regular o inmoderado de ella, por cuanto existen diferencias biológicas, clínicas y psicológicas importantes entre una y otra forma de apetencia y porque, además, implican consecuencias muy distintas para la sociedad.

El uso recreativo, por razones de salud o como estimulante, de cantidades moderadas de una droga, como el alcohol e reuniones sociales y familiares, anfetaminas para aliviar la fatiga, etc., es, en general, mirado con benevolencia por la sociedad, dado que se supone no reviste mayor peligro para ella ni para el individuo que la consume. El problema se produce cuando el uso casual de una droga deriva a formas más intensas de consumo, en términos de frecuencia y cantidad de drogas utilizada, llegándose así a la dependencia o uso compulsivo. Este cambio de conductas representa un grave problema, tanto social, por cuanto conlleva un costo de salud que se representa tanto en la sociedad como en la familia, como personal, dado que, al margen del deterioro de la salud del individuo, se asocian con frecuencia problemas de delincuencia y conducta criminal.

¿Cuándo y de qué modo se produce el cambio conductual que supone la transición entre el uso y el abuso de una droga?

¿Qué sucede en el cerebro de un individuo que lo incita a administrarse compulsivamente drogas que antes consumía voluntaria y circunstancialmente?

El límite entre uso y abuso de una droga, desde el punto de vista biológico, no está en absoluto claro, siendo gradual y difuso aún a nivel de los efectos en las células y moléculas del cerebro mismo. Es, por lo tanto, importante definir algunos términos que intentan establecer la diferencia entre uno y otro estado del individuo: el individuo normal y el individuo dependiente de la droga.

Los términos dependencia, abuso y adicción a drogas tienen muchos significados coloquiales y, por ende, se los suele confundir. En términos generales, indican un estado mental en que existe un ansia o necesidad por la droga, lo que lleva al individuo a diversos grados de preocupación para procurársela. Desde el punto de vista científico debe distinguirse la dependencia física, estado fisiológico alterado producido luego de la administración repetida de una droga, que se manifiesta por la aparición de intensos cambios físicos cuando se suspende la droga, de la dependencia psíquica, condición en que la droga produce un sentimiento de satisfacción y una motivación que requiere la administración periódica o continua de ella para producir placer o para evitar una sensación de desagrado. Dependencia psíquica es entonces un síndrome de conducta, mientras que la dependencia física denota el conjunto de cambios biológicos que originan el síndrome de abstinencia. La adicción, en tanto, se caracteriza por la presencia tanto de dependencia psíquica como física, aunque se ha señalado que en algunas circunstancias es posible ser adicto sin sufrir dependencia física.

Un importante componente de la dependencia de drogas es el desarrollo de tolerancia, fenómeno caracterizado por la necesidad de un aumento progresivo de la dosis para lograr producir el mismo efecto.

Múltiples son los factores de índole social y cultural que pueden impulsar a un sujeto a consumir alguna determinada droga, como asimismo múltiples son los factores que pueden llevar a que éste pueda pasar a un uso intensivo de ella. De modo que parece no ser necesaria una psicopatología previa que lleve a algunos sujetos a consumir drogas inmoderadamente en relación a otros individuos.

¿Por qué, entonces, algunas personas pasan la barrera del consumo socialmente permitido de una droga mientras otras no lo hacen?

Se ha identificado una multitud de factores, tales como: sociales, económicos, ambientales, educacionales y en relación al individuo éstos están determinados por su mayor o menor grado de vulnerabilidad la que generalmente radica en sus relaciones familiares, angustias e inseguridades de la vida moderna, crisis de la adolescencia y búsqueda de evasión y nuevas vivencias pero, desafortunadamente, resulta sumamente difícil controlarlos y las medidas de prevención se estrellan casi inevitablemente contra la presión que ejerce el medio ambiente y el libre albedrío en el plano conductual que se autoasigna usualmente el ser humano.

La dependencia de drogas existió, existe y parece que existirá siempre.

Si la drogadicción es imposible de prevenir, al menos totalmente, debe enfatizarse la posibilidad de estudiar estrategias curativas. A simple vista tal posibilidad aparece como una alternativa relativamente simple: si la administración continua de una droga produce dependencia a ella en períodos de tiempo relativamente cortos (días o semanas), es posible imaginar, asimismo, que la restricción total al acceso de ella (presumiblemente en forma obligada) produzca en un plazo aproximadamente similar una "cura" completa. Esto que parece tan simple, sin embargo, no lo es. El retiro de la droga en el adicto desencadenará el denominado "síndrome de abstinencia" (o de privación), que incluye alteraciones fisiológicas tales como la anorexia, temblor, náuseas y vómitos, convulsiones y crisis epilépticas en algunos casos, pudiendo terminar en colapso cardiovascular y hasta la muerte.

El uso de la droga, fármaco-dependencia, drogadicción o toxicomanía, constituye uno de los problemas más graves del mundo y, lejos de abreviarse o advertirse una situación a detenerse, los signos existentes presagian un incremento.

La manifestación del abuso de drogas o toxicomanía en el mundo moderno constituye, sin lugar a dudas, un fenómeno sociológico y la explicación no obedece, naturalmente, a una causa exclusiva y excluyente. Por el contrario la respuesta es difícil y compleja, pero se reconocen, a lo menos, tres elementos íntimamente relacionados: drogas, ambiente e individuo.

En cuanto a la droga puede decirse, sin temor a desmentido, que cuenta con un amplio mercado para adquirirse, existen los canales adecuados de distribución, está disponible en gran variedad y su promoción es parte del montaje a escala internacional, tanto de las empresas lícitas, porque las hay, como de las empresas ilícitas.

El marco ambiental está condicionado por el aspecto social, la mayor tolerancia o permisibilidad frente a determinadas conductas, el grado de erosión moral de las instituciones básicas, la influencia de los medios de comunicación y en general de la publicidad que incentiva el consumismo y la pérdida de la escala de valores, la

normativa penal legal y el interés de los Estados y Gobiernos por resolver el problema.

En relación al individuo, su mayor o menor grado de vulnerabilidad generalmente radica en tres elementos: la toxicofilia, la personalidad normal y las experiencias vitales negativas.

La toxicofilia o predisposición hereditaria a la drogadicción está presente en determinados casos, especialmente en los alcohólicos, pero pareciera ser que la personalidad normal y las experiencias vitales constituyen mecanismos rígidos, altamente determinados de la drogadicción.

La marcha creciente de la droga tiene hoy un impacto sicológico, económico y político que ha puesto en jaque la independencia y la libertad de los pueblos. Su opresión y dominación no distingue entre países desarrollados y subdesarrollados.

El Secretario General de las Naciones Unidas, en la Conferencia Internacional sobre el "Uso Indebido de Drogas y el Tráfico Ilícito de Drogas", celebrada en Viena en 1987, señalaba: "El narcotráfico está vinculado al diseño de acciones dirigidas a subvertir el orden jurídico y la paz social de nuestros países. El tráfico de estupefacientes es un crimen contra la humanidad, pero este crimen continúa perpetuándose pese al esfuerzo y buenas intenciones de muchos, pero que han sido y siguen siendo incapaces frente al grado de corrupción, chantaje, crímenes, violaciones, obstáculos técnicos, diplomáticos, insuficiencia de normas penales/ organismo de seguridad débiles o atemorizados".

Todos los Estados, sin excepción tienen la necesidad vital de preservar su existencia, su seguridad nacional, conservarse y desarrollarse para así satisfacer los requerimientos individuales y colectivos de sus ciudadanos. Sin embargo, los Estados y Naciones permanentemente están sometidos a "interferencias" y "amenazas", tanto internas como externas, facilitadas por sus vulnerabilidades por lo que deben implementar sus seguridades jurídicas y estructuras de defensa.

Son "interferidas" aquellas situaciones que afectan al quehacer normal de la sociedad sin que estos trastornos constituyan un riesgo vital, tales como la agresión ideológica o económica.

Por su parte, las "amenazas" son aquellas acciones que atentan contra el ser espiritual de la Nación, sus valores, estilo de vida, de vigencia social y modo de ser de su pueblo.

Desde el punto de vista social, el drogadicto, en su medio, es una persona que nada aporta al proceso productivo y que, por lo contrario, los Estados deben destinar altas sumas del erario nacional a los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación de toxicómanos, agregando, además, los costos que significa el funcionamiento de los mecanismos, sistemas, métodos y regímenes para mantener la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia que es consubstancial a este tipo de conductas, teniendo, además, en consideración el costo social que todo esto significa.

1.2.- Glosario de términos más usados.

Para adentrarse en el estudio del problema de la droga y sus derivados, conviene previamente establecer ciertos conceptos fundamentales. Ellos harán posible entender la materia, en general y particular, y así poder sacar las conclusiones necesarias a fin de propender a la obtención de soluciones viables y definitivas para cada uno de los problemas que se plantean.

En estas circunstancias vale establecer el concepto de palabras como: alucinógeno, droga, estupefaciente y narcótico, que, salvo leves diferencias, pueden definirse de manera general, como: "ciertas sustancias o productos naturales o sintéticos usados en industria, medicina, química y bellas artes las que, ingeridas o inyectadas por el hombre, actúan sobre el sistema nervioso central causando disturbios mentales o experiencias imaginarias (alucinaciones), haciendo perder o estimulando la sensibilidad (ausencia del dolor)".

Entre estas sustancias, las más conocidas y más usadas son: el opio, la morfina, la heroína, la cocaína, la marihuana, el hachis, la mezcalina y el ácido lisérgico (LSD).

Del mismo modo, las palabras: drogadicción, narcotismo, toxicomanía y toxicofilia, e general, pueden definirse como: "el hábito patológico de ciertas personas de intoxicarse con sustancias que procuran sensaciones agradables o que suprimen el dolor, y que crean una necesidad a la que no pueden substraerse". De esta manera, tenemos así al drogadicto, al narcótico y al toxicómano, cuyas definiciones se desprenden fácilmente de lo anterior.

En cuanto a las expresiones "narcotráfico" y lavado de dinero o blanqueo del mismo", son acciones diferentes pero derivadas, en la mayoría de los casos, de un mismo hecho: la producción procesamiento, distribución y ventas de drogas.

A continuación, se inserta un breve glosario singularizado de los términos ya mencionados:

ALUCINOGENO: Productos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso central y que causan disturbios mentales o experiencias imaginarias, como la marihuana, el ácido lisérgico y otras.

COCAINA: Narcótico, alcaloide cristalino blanco o incoloro, extraído de las horas de coca; se usa como anestésico local.

DROGA: Fármaco; toda sustancia usada en medicina en el tratamiento y prevención de las enfermedades.

Narcótico o alucinógeno utilizado médicamente o no, empleado por lo general ilegalmente para modificar el estado de ánimo, la percepción o la conciencia.

DROGADICCION: Uso compulsivo de una droga que produce hábito y cuya privación origina síntomas de angustia o de abstinencia, y compulsión a tomar la droga otra vez; también denominada farmacopsicosis.

DROGADICTO: Individuo con dependencia sicológica y fisiológica a las drogas.

ESTUPEFACIENTE: Sustancia que hace perder o estimula la sensibilidad o produce alucinaciones, y cuyo uso no ordenado por prescripción médica está severamente sancionado en casi todos los países. Los estupefacientes usados en mayor escala son: La marihuana, hachis, opio, ácido lisérgico, morfina, heroína y cocaína.

HACHIS: Extracto tóxico hecho de flores secas del cáñamo. (Cannabis índica).

HEROINA: Narcótico que produce toxicomanía, de alta adicción, preparado a partir de la morfina, mediante acetilación; compuesto cristalino blanco, inodoro y amargo.

LAVADO DE DINERO: Cambio de dinero de fuentes criminales a fuente legales, transacción generalmente realizada en países cuyo sistema bancario acepta depósitos sin investigar su origen, permitiendo efectuar diversas inversiones siendo, imposible rastrear su fuente inicial.

LSD: Droga alucinógena derivada del ácido lisérgico que es un compuesto cristalino extraído del cornezuelo de centeno.

MARIHUANA: Planta de cáñamo indio. Flores, hojas y tallos secos de la planta de cáñamo común, cannabis sativa, de la familia moráceas, que se fuma o se mezcla con comida para producir euforia.

MESCALINA: Alcaloide del cactus peyote, alucinógeno que produce adicción.

MORFINA: Compuesto alcaloide, derivado del opio, utilizado como analgésico en medicina; su uso prolongado produce adicción.

NARCOTICO: Fármaco utilizado para aliviar el dolor, que también produce insensibilidad, estupor y sueño; su uso prolongado puede originar adicción.

NARCOTISMO: Estado más o menos profundo de adormecimiento que procede del uso de los narcóticos. Estas sustancias producen diferentes efectos según la dosis; cuando ésta es débil, se observa un ligero sopor y una especie de somnolencia, por lo general, provocada con un fin terapéutico; a mayor dosis determinan un verdadero envenenamiento, caracterizado por sopor, vértigo, náuseas, delirio, convulsiones, contracciones o dilatación de las pupilas, etc.; este envenenamiento puede llegar a ser mortal si no se le combate enérgica y oportunamente.

OPIO: Droga amarga pardusca, preparada a partir de exudado gomoso seco de las vainas no maduras de la adormidera, se emplea como anestésico; el uso habitual produce adicción, y el uso excesivo es mortal.

PSICOTROPICO: Fármacos o sustancias que afectan a la mente.

TOXICOMANIA: Hábito patológico de intoxicarse con sustancias que producen sensaciones agradables o que suprimen el dolor, y que crean una necesidad a la que el toxicómano no puede sustraerse.

1.3.- Tráfico de drogas. Realidad transnacional.

Desde mediados del siglo XIX, el uso indebido de drogas se ha difundido en muchos países como consecuencia de variados factores. Las causas de este fenómeno son muchas y varían en intensidad; comprenden en particular, una mayor disponibilidad de productos, el desarrollo de los sistemas de comunicación, diversos factores socioeconómicos, la migración y la rápida urbanización, los cambios de actitudes y del sentido de los valores, y la explotación de seres humanos por personas sin escrúpulos.

Para luchar contra el aumento del tráfico y el uso indebido de drogas, desde principios del presente siglo las naciones han ido creando paulatinamente mecanismos de fiscalización mundial, con el fin de limitar la disponibilidad de drogas que pueden ser objeto de uso indebido, pues rápidamente se comprendió que ningún país podría impedir, por sí solo, el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas.

El problema de las drogas es un "fenómeno social" producto de una serie de variables y de interrelaciones de tipo económico-social, cultural, sicológico y otros, de modo que tratar de encontrar una causa aislada representa una falsa aproximación a la búsqueda de la solución del problema.

Asimismo, es un problema que debe ser abordado interdisciplinariamente por las diferentes estructuras de la sociedad.

Es una situación de carácter universal y, por lo tanta, nacional, que debe contar con la participación efectiva, no sólo de las autoridades y sus organismos, sino que de todos los que somos responsables de salvaguardar el patrimonio más rico que tiene una nación, cuál es su juventud.

Lo fundamental parece estar en la creación de una conciencia colectiva, que partiendo de la solidaridad humana y dándole al problema su exacta dimensión, nos permita superarlo.

El tráfico ilícito de drogas no es un fenómeno nuevo en la historia mundial. Es a partir del año 1945 un asunto que se expresa en la economía y política internacional, que tiene como característica fundamental su realidad transnacional, como el negocio criminal más lucrativo, donde la participación de nuevos agentes (Bancos, Corporaciones, etc.), y procesos revestidos de influencias, pero no necesariamente de legitimidad, despliegan un papel dinamizador en la economía y política mundial.

Bajo dichas características es posible encontrar procesos complejos como el “Tráfico de Drogas", que han logrado definirse como estructuras "autónomas", con sus propias reglas de juego, mercados, instrumentos de decisión, dominio y propagación en las diferentes esferas donde penetra.

El tráfico ilícito de drogas, más allá de ser un problema sanitario, policial o de criminalidad, constituye uno de los atentados más graves a los derechos humanos, porque ha creado una nueva forma de esclavitud; es interferencia y amenaza a la soberanía de los Estados, por cuanto socava su estabilidad social, cultural, económica y política desde sus cimientos.

Las acciones de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, eficaces y modernas empresas, no sólo han puesto en peligro la sociedad de los países productores y/o elaboradores, por lo general de incipiente desarrollo, sino que también la de los países desarrollados, los que constituyen un gran mercado consumidor de droga; por su parte, hay que hacer notar que los países subdesarrollados se encuentran en una etapa de crecimiento sostenido respecto del consumo.

De hecho, Chile no se encuentra ajeno a lo descrito, situaciones que en las últimas décadas se han ido acrecentando, hasta reflejar comportamientos alarmantes en sectores de la ciudadanía.

1.4.- Características del "Delito de Drogas".

El delito de drogas, en sus diferentes modalidades: Cultivo, Elaboración, Tráfico, y Consumo, constituye hoy en día uno de los problemas más graves. La tendencia mundial es siempre creciente, en razón a su rentabilidad económica y permanente demanda.

En la esfera de los Estados, afecta la soberanía y la seguridad de los mismos. Viola espacios aéreos, ocupa territorios y compromete instituciones. Ninguna nación se encuentra libre de los peligros que conlleva, lo que impone crear una conciencia profunda y en los pueblos y de una cooperación internacional para enfrentar este flagelo.

Sin restar importancia a la necesidad de continuar la fiscalización administrativa de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la cooperación extranjera en la lucha contra el tráfico ilícito, actualmente es necesario emprender contraofensivas nacionales e internacionales de otra dimensión para hacer frente a la amenaza que ello representa, no sólo para millones de personas, sino que también para grupos demográficos enteros, e incluso, para las sociedades y las economías de algunos países. Para asegurar el desafío deben identificarse, tanto las medidas y programas de lucha contra la producción y el tráfico ilícito de drogas, como las actividades tendientes a impedir, o al menos a reducir la demanda ilícita de drogas, y a promover la "prevención”, "tratamiento" y "readaptación social" de los toxicómanos.

En este sentido es conveniente tener presente que el "delito de drogas", en sus diferentes modalidades, tiene características especiales que lo hacen diferente a los delitos tradicionales reglamentados en su prevención y castigo por todas las naciones del mundo.

Tales características, entre otras, son principales las siguientes:

a) Son delitos de carácter internacional;

b) El tráfico de drogas es altamente lucrativo, situación que permite a las organizaciones ilícitas realizar inversiones orientadas a evadir la acción policial y judicial;

c) Existe una alta sofisticación en el encubrimiento de personas y ocultamiento de las drogas;

d) Para combatir el tráfico se requiere personal altamente especializado, con experiencia y aptitudes adecuadas;

e) Los procedimientos policiales empleados difieren de aquellos tradicionales, requiriéndose de técnicas especiales para asegurar la tipificación del delito;

f) Asimismo, su prevención y control es de alto costo para las instituciones policiales.

g) Penetra los distintos niveles de la sociedad y las estructuras de los Estados.

1.5.- El escenario internacional.

El consumo de drogas ilícitas se ha propagado a una velocidad sin precedentes en los últimos decenios, llegando a todos los rincones del mundo.

Un amplio sector de la comunidad mundial ha expresado su preocupación por los problemas desoladores que ocasiona el uso indebido de drogas, por los insidiosos efectos a largo plazo y por su repercusión en el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad.

Por su dimensión, hace algunas décadas aún era posible que las sociedades pudieran hacerle frente al consumo indebido de estupefacientes y a los problemas que esto creaba.

Junto con la expansión del comercio y las comunicaciones se comenzó a percibir el inicio del tráfico de estupefacientes. Ya en el siglo XIX no era posible circunscribir el uso de una droga a ningún lugar del mundo en particular y en los albores del siglo XX era evidente que se tendrían que tomar medidas para limitar el paso de drogas de un país a otro. La droga ilícita es una tragedia moderna.

Según el Internacional, Narcotics Board de las Naciones Unidas, las economías de varios países dependen de la droga: Afganistán, Laos, Birmania, Camboya, Irán, Pakistán, Tailandia, Togo, Turquía, México, Colombia, Perú y Bolivia.

El negocio mundial de la heroína tiene tres centros: "El Triángulo de Oro", Birmania, Laos y Tailandia, que en 1985 proveía del 47% de la heroína que entraba a Estados Unidos; "La Media Luna de Oro", Afganistán, Irán y Pakistán, que aportaba el 14%, y México con el 39%. En el año 1989 se descubrieron en Colombia 37 hectáreas plantadas con amapolas.

Se calcula que los países latinoamericanos aportan un tercio de la heroína, el 80% de la marihuana y toda la cocaína que actualmente se consume en Estados Unidos, representando más de tres cuartas partes del mercado de drogas ilegales norteamericano.

En la actualidad se estima que 12 países de América Latina y el Caribe intervienen en alguna de las etapas de producción, refinación, transporte y lavado de dinero del mercado de estupefacientes de los cuales México, Colombia, Jamaica y Bélice suministran el 80% de la marihuana que se consume en los Estados Unidos.

Por otra parte, prácticamente, toda la cocaína que se consume se produce en Perú, Bolivia y Colombia. De un tiempo a esta parte la coca ha comenzado a cultivarse en países que no son productores ancestrales.

Llegada la década de los 80, por diversas y complejas circunstancias, la "cocaína" se convierte en una industria multimillonaria, sólo comparable a las del petróleo y automotriz, un 'Imperio" como se le ha dado en llamar. Es una industria generadora de grandes ingresos, como otras grandes industrias lícitas, configurando una enorme economía "Paralela o Informal" sin control alguno.

Como industria en maduración el negocio de la cocaína sale en busca de nuevos mercados y productos tales como "pasta base" y "crak", originando una transformación fundamental de la economía, con la participación de Europa y Asia y, por primera vez, de grupos económicos de América Latina.

En esta nueva industria, los países de América Latina dejan de ser sólo productores y exportadores de la materia prima; participan en su transformación a producto acabado e incluso en la comercialización en el mercado mundial.

Se observa una tendencia a la deslegitimación y posterior disolución del Estado como órgano de control financiero y judicial, siendo cada vez mayores las conexiones financieras entre empresas legales y la "agro-industria de la cocaína", reforzándose mutuamente, pero la economía ilegal es cada vez más el motor de la economía legal.

El dinero proveniente del tráfico de la cocaína o "coca-dólares", gracias al proceso del "lavado" adquiere el valor de lícito que lo integra a depósito bancarios y carteras de inversión del mundo, haciendo de la actividad financiera-industrial una actividad más compleja debido a la amalgama de diferentes cantidades de capital, sin tomar en cuenta su naturaleza y su origen.

La misma economía de América Latina está siendo justificada perversamente por la siembra, explotación y tráfico de la cocaína, porque el cultivo de la coca es muy rentable y de difícil sustitución, por lo cual está surgiendo una forma predominante de organización social: la "Narcocracia Informal", es decir, un sistema político gobernado por la necesidad legal e ideológica de aparentar estar reprimiendo su principal actividad económica, la producción de drogas ilícitas.

1.6.- Lavado de dinero proveniente del tráfico de la cocaína.

Los dólares ilícitos provenientes del mercado de la droga deben ser convenientemente “lavados", para poder invertirlos después en los sistemas económicos legales. Tal proceso se efectúa ingresando dichos dólares o "coca-dólares" a instituciones bancadas o financieras de países en que no existe reglamentación restrictiva respecto del origen de tales capitales, invirtiéndolos después en sociedades de "fachada" con el fin de obtener rápidamente utilidades legales y reciclar el llamado "hot money".

No sólo se lava dinero de la droga en el mundo de los negocios lícitos. Existen "capitalistas" que necesitan poner en circulación dineros provenientes de secuestros, del tráfico ilegal de armas, de la trata de blancas, del terrorismo y hasta de la evasión tributaria. Pero, es el narcotráfico la principal preocupación, por la cuantía de sus recursos. Todo el oro extraído anualmente en el mundo representa unos siete mil millones de dólares (U S $ 7.000.000.000.-El mercado de los diamantes, en igual período, alcanza a unos cinco mil millones de dólares (US$ 5.000.000.000.-). Pero el de la droga, y en una estimación muy castigada, supera los doscientos mil millones de dólares anuales. (U S $ 200.000.000.000.-).

Las ganancias ilícitas, sin embargo, no podrían disfrutarse jamás, debiendo quedar indefinidamente atesoradas, si en ciertos países no se dieran facilidades para aceptar inversiones sin preguntar acerca de dónde provienen esos recursos. De ahí que las

transnacionales de la droga busquen países que ofrezcan más garantías y mayor rapidez en las operaciones, existiendo, además, organizaciones dedicadas exclusivamente al lavado de dinero. Los intereses que por éste concepto se cobran, varían en relación con el monto y tiempo en que se ejecuta la "negociación".

El precio de estas fuentes de recursos para el desarrollo económico de los países, considerando que estos capitales no se ajustan a ninguna ley, consiste en que su inversión trae aparejada la corrupción, las posibilidades de malsanas influencias y la distorsión de las economías, porque la intención de estos inversionistas es sacar el máximo de utilidades con el mínimo de control y sin ninguna restricción. Y debe retirarse con la mayor rapidez para invertirla en mercados que den más beneficios.

Otro riesgo, que puede resultar letal, es el de que con la corrupción llega también la amenaza de la violencia que representa el poder armado de los narcotraficantes, un riesgo para los países que los cobijan (-el caso de Colombia-) y pone en jaque a naciones tan poderosas como los Estados Unidos de N.A. e Inglaterra.

Con leyes apropiadas, probablemente los financistas del tráfico de drogas ya estarían todos condenados. Estados Unidos de N.A., el principal mercado mundial, recién en 1986 legisló para permitir llegar a la raíz del problema, y destruirla. Esta ley se preocupó de la prevención y represión del tráfico ilícito, pero también permitió intervenir en el foco de su poder, el financiamiento. No existían mecanismos eficaces para investigar a fondo, pero ahora se permite, incluso, infiltrar el nudo de las organizaciones, con el fin de conocer, por dentro, todos los hilos de la oscura red del destino de las ganancias.

2.- EL NUEVO ESCENARIO INTERNACIONAL.

2.1.- Situación de la Región Andina.

COLOMBIA: El narcotráfico se ha convertido en fuente de profundos y permanentes conflictos, los narcotraficantes han generado violencia y destrucción. Han intentado intimidar a la justicia y han privado a miles de ciudadanos de sus libertades esenciales; realizan alianzas con grupos extremistas, afectan prácticamente todos los campos de la actividad nacional.

El procesamiento de cocaína constituye el principal problema actual y, por lo tanto, el objetivo hacia el cual se han encauzado los mayores esfuerzos de las autoridades para tratar de erradicarlo.

En diferentes regiones de este país, caracterizado por una abrupta topografía carente de vías de comunicación, se han localizado verdaderos complejos industriales dedicados a la "Refinación de la cocaína".

El proceso en general es simple, la "pasta de coca", ingresa por la frontera sur colindante con Ecuador y Perú, utilizando comúnmente aviones, que llegan a pistas clandestinas cercanas a los "laboratorios".

Igualmente, los insumos químicos (precursores) necesarios para la elaboración provenientes de Estados Unidos de N.A. y Europa especialmente de Alemania, ingresan a través de los países limítrofes, donde el control de estas sustancias es muy limitado.

En los últimos años se demuestra una voluntad política del Gobierno por combatir el narcotráfico; las incautaciones de 1989 alcanzaron a un decomiso de 30.633 kilos, lo que representa, en el mercado norteamericano un valor superior a los 1.200 millones de dólares.

BOLIVIA: Se cultiva aquí la coca desde hace aproximadamente 3.000 años, pero en los últimos 20 se ha convertido en el rubro más importante de su economía.

La tendencia destacada es la proliferación de "micro empresas" productoras de "pasta base" y "clorhidrato de cocaína".

La estrategia de sustitución de cultivos, promovida por los Estados Unidos de N.A., no ha dado resultados positivos y, por el contrario, han aumentado las regiones de cultivo.

PERU: Es el principal productor de hoja de coca, con una producción de 180.000 toneladas que se convierten en 800 toneladas de cocaína.

Las características climatológicas y geográficas favorecen los lugares de producción, lo que hace casi imposible el control por parte de las autoridades.

Los proyectos de sustitución, que operan desde 1981, han tenido un éxito relativo porque las plantaciones se han traslado a otras regiones o zonas.

La participación de los movimientos terroristas "Sendero Luminoso" y "Tupac- Amaru", en combinación con los narcotraficantes han creado "Zonas Liberadas", que dificultan la acción policial o militar.

La tendencia de la "mini comercialización", a través de diversos intermediarios acrecienta el riesgo del consumidor y dificulta el control policial, especialmente en el movimiento migratorio hacia nuestro país.

ARGENTINA: Se han detectado plantaciones de coca de reciente data en el sector argentino de Salta. Sus fronteras con Bolivia, permiten el libre tránsito de drogas hacia Estados Unidos de N.A. y Europa.

A su vez, se ha manifestado un gran aumento de la "toxicomanía" y la presencia de traficantes bolivianos y colombianos en la zona norte del país, siendo la ciudad de Buenos Aires una de las rutas más importantes del tráfico hacia el resto del mundo.

2.2.- Política Norteamericana.

En el nuevo escenario internacional a partir de 1989, el control se intensifica por parte de los Estados Unidos de N.A., al adoptar una guerra contra las drogas, basada en dos herramientas fundamentales:

1.- Cooperación internacional, y

2.- Derecho Internacional.

Para lograr lo propuesto, se fijan los siguientes objetivos:

a) Suprimir la producción de drogas ilícitas (incineración y fumigaciones),

b) Impedir su distribución (instalación de radares en Centroamérica),

c) Aplicar la ley contra traficantes y consumidores (sanciones penales),

d) Congelación de cuentas bancarias (secreto bancario sólo hasta 10.000.- dólares), y

e) Participar en el control sobre el "lavado de dinero".

Estados Unidos de N.A., para dar cumplimiento a lo anterior ha usado su influencia política y económica para, que los principales productores: Perú, Bolivia y Colombia, acepten la aplicación del plan "Bennett" y, si a eso se suma la abierta lucha desarrollada por Colombia y las deterioradas economías de Perú y Bolivia, permiten concluir que el escenario sudamericano ha cambiado y tiene efectos negativos actuales y futuros en nuestro país.

2.3.- Situación a nivel nacional.

De hecho, Chile no se encuentra ajeno a todo lo descrito, situaciones que en las últimas décadas se han ido acrecentando hasta reflejar comportamientos alarmantes en sectores de la ciudadanía. Sin embargo, no han tenido una incidencia significativa dentro del contexto internacional en cuanto al tráfico y consumo de drogas, existiendo una voluntad política de enfrentar el problema por parte de las autoridades nacionales, manifestada en los logros alcanzados por las instituciones, encargadas de la fiscalización, las que cuenta, además, con el respaldo del Poder Judicial.

A pesar de los intentos de las transnacionales de drogas por penetrar en nuestro territorio, la situación al parecer se ha mantenido controlada hasta la fecha, lo que ha sido reconocido por organismos y personeros internacionales.

Arica, por su situación geográfica y sus características de ciudad limitaría con dos países signados como los principales productores de coca, Perú y Bolivia, ancestralmente ha sufrido la influencia directa del consumo de la hoja de coca a través del masticado, no escapando a la seducción de esta droga ciudades próximas como Iquique y Antofagasta, especialmente en las oficinas salitreras donde se utilizó precisamente en la época del auge del oro blanco.

Progresivamente y por efecto de la alta demanda, a contar de la década del 40, Arica se constituyó en el más importante centro elaborador de Sudamérica, en razón de las ventajas comparativas como era tener la materia prima a mano, a buen precio, contar y producir las materias químicas para la elaboración de coca, actualmente denominadas "Precursores", y la mano de obra calificada de los químicos que estaba adyacente en las salitreras, para así, con todos estos elementos tener una droga de alta pureza.

3.- EVALUACION DEL PROBLEMA EN CHILE.

A) En cuanto al consumo y sus tendencias actuales.

En los años 60 el problema de las drogas era más simple, no en el grado preocupante que se vive hoy día; se daba en una sociedad como la nuestra una fuerte tendencia a la imitación.

En las décadas del 60 y 70 se limitaba a la juventud rebelde norteamericana o al movimiento juvenil francés del año 1968. En esos años, especialmente en el barrio alto de Santiago, se dieron varios encuentros "Hippies", dándose la drogadicción principalmente en este movimiento que nace aquí en esos tiempos. Concretamente, en los años 70 vino este afán, efecto de algunos desvalores, como: "la cultura del hastío", "del ocio", "del no saber que hacer", "no tener metas claras", "el no preocuparse mucho del mañana", etc. Este fue un fenómeno social mundial de la juventud.

Asimismo, características de la drogadicción de los años 60, es que su uso fue fundamentalmente referido a los estratos sociales altos y medios (intelectuales y bohemios), característica que es la gran diferencia con el problema de hoy, que involucra a todos los sectores de la sociedad.

La tendencia del consumo es el producto de una problemática multifactorial, no existiendo causales aisladas que determinen el problema, habiéndose, generalizado entre la juventud en los diferentes niveles sociales.

La marginalidad y la pobreza representan, según estudios realizados por expertos, solamente una de las variables del fenómeno, existiendo otras como la desintegración familiar, trastroqué de valores, etc.

Sin embargo, las influencias sociales han permitido generar una mayor atracción por sustancias lícitas como el alcohol y algunos fármacos.

En relación con la edad de inicio del consumo, ésta se ha reducido bruscamente en la última década a entre 9 y 12 años.

B) Relación de las drogas de mayor uso nacional.

1.- NEOPREN: Su adicción está circunscrita, de preferencia, a grupos de doble marginalidad familiar y económica.

2.- MARIHUANA Y FARMACOS: Son las sustancias de mayor consumo en la juventud.

3.- PASTA BASE DE COCAINA: Se observa un fuerte crecimiento en el abuso de esta droga por parte de los jóvenes, principalmente en las ciudades del norte del país.

4.- COCAINA: Ha salido de los "círculos tradicionales" para ser consumida por jóvenes y adultos jóvenes de todos los estratos socio-económicos.

5.- ALCOHOL: Se mantiene como la mayor demanda por parte de los adolescentes.

C) En cuanto al tráfico y sus tendencias actuales.

En las décadas de los 60 y los 70 nuestro país llegó a ser un importante "Centro Internacional Elaborador de Cocaína", debido a su condición limítrofe con Perú y Bolivia, productores de hoja de coca y de pasta base; además, preferentemente, por ser fabricante de productos químicos (precursores) necesarios para el procesamiento del "Clorhidrato de Cocaína", y, también, por contar con una mano de obra calificada como los químicos nacionales, factores que fueron determinantes para que los traficantes locales pudieran amasar considerables fortunas. Otro factor, también importante, que contribuyó a esta ilícita actividad fue el hecho de haberse decretado para la zona norte del país el estado de 'Tuerto Libre".

En lo que se refiere a las actuales tendencias del tráfico puede decirse que las que se indican a continuación representan las más importantes y concretas:

a) Las incautaciones de cocaína corresponden, en su mayoría, a drogas ilícitas en "tránsito" hacia otros países, las que provienen generalmente desde Perú y Bolivia, donde es cultivada y procesada;

b) Dos grandes decomisos, no habituales, se efectuaron en 1989:

-500 kilos se incautaron en Arica en el interior de un contenedor que procedía de Bolivia con destino a Estados Unidos de Norte América.

-260 kilos se decomisaron en Talcahuano, desde el yate "Marco Polo", procedente de Colombia en tránsito a Brasil, con destino final a Europa o Estados Unidos.

c) El resto de la droga corresponde a incautaciones menores, destinada, en parte, a consumo nacional;

d) Los decomisos de "Marihuana" son productos, en su mayoría, de "plantaciones ilícitas" o no autorizadas.;

e) Los fármacos incautados corresponden a aquellos que se han derivado del canal lícito al ilícito;

f) La "Marihuana" y los "Fármacos" son destinados al consumo nacional, y

g) El cultivo, elaboración, tráfico y consumo de drogas presenta una tendencia creciente a nivel mundial. Nuestro país no está ajeno a esta tendencia.

D) Formas de operar de los traficantes.

En este aspecto hay que señalar que la información que se proporciona ha sido recopilada tanto de los antecedentes entregados por los Comités Antidrogas de Iquique y Arica, como de las experiencias recogidas por la Comisión en las visitas a ambas ciudades, por lo que reflejan, principalmente, ese ámbito de acción.

1) Traficantes bolivianos y nacionales.

Los traficantes que operan en esta región en su gran mayoría son ciudadanos chilenos que habitan en el interior y que tienen contacto con ciudadanos bolivianos, que son los proveedores. No obstante, existe un bajo porcentaje de extranjeros (bolivianos y peruanos) dedicados a este negocio ilícito.

La topografía del terreno, las grandes distancias que existen con los centros de población, lo extenso y abrupto del territorio jurisdiccional dificultan el accionar de la policía y facilitan las transacciones Oíd tas de drogas. Los traficantes logran eludir los controles policiales, fronterizos y carreteros, movilizándose a pie y amparados por la oscuridad, utilizando métodos cada vez más sofisticados e ingeniosos para ocultar la droga, por ejemplo: bolsitas de polietileno embarriladas con cinta adhesiva alrededor del cuerpo; entre vestimentas de bebés y mamaderas; en calugas plásticas en el interior del intestino, las que evacúan posteriormente controlando sus horarios digestivos; en brazos y piernas ortopédicas o enyesados; dentro de envases de productos alimenticios habitualmente acondicionados; haciendo cavidades en el interior de la suela de los zapatos o zapatillas, y en un sinnúmero de escondrijos en vehículos y prendas, la entrega de la droga, generalmente, se hace en la Pampa.

2) Traficantes nacionales y peruanos provenientes de Arica o Perú.

Estos normalmente se movilizan en buses, taxis o vehículos particulares. En estos traficantes se ha detectado más bien un tráfico "hormiga", o sea, de 20 gramos a medio kilo como máximo, ya que habitualmente lo traen en el cuerpo o bolsos de mano.

3) Traficantes locales.

Estos, abastecidos por los anteriores, pero que también pueden autoproveerse, es decir, viajan a buscarla, son los encargados de distribuir la droga en los diferentes sectores de la ciudad. Algunos venden en forma directa o recurren a terceras personas, denominadas "pilotos" o "punteros", los que se encargan de ofrecer los denominados "monos", "empanadas", "cajas de fósforos" o "bolsas", a una distancia prudente del domicilio del traficante, normalmente pagados por éste con droga. Ejemplo: un traficante le pasa 10 "monos" a un "piloto" y éste debe rendir cuenta por 8. En estos traficantes también se ha constatado que prestan o regalan drogas, al igual que especies, a vecinos del sector, de manera tal que ante la presencia de la Policía dichos traficantes son alertados por estas personas. Además, que se transforman en potenciales defensores.

4) Traficantes consumidores.

Muchos consumidores, ante el alto precio de la droga, se han visto empujados a vender, como por ejemplo: compran 10 gramos de pasta base de cocaína, se fuman 5 y los otros los "patean", o sean, le agregan otras sustancias de manera tal de volver a tener los mismos 10 gramos y así recuperar su dinero. Otros, similares a éstos, serían los "cortadores de cola", que son individuos que se prestan para ir a comprar la droga, pero en el trayecto sacan un poco de ésta para su consumo personal, entregando por ende parte de ella. Además, existen los "quitadores" y los "partidores".

E) Los consumidores.

Aquí podríamos dividirlos en consumidores habituales, esporádicos y de fines de semana. Estos, de una u otra manera, se las arreglan para saber los lugares donde se está vendiendo. Muchos de ellos difíciles de vigilar, ya que se trata de poblaciones donde normalmente se junta gran cantidad de personas, contándose entre éstos los mencionados en el grupo anterior.

En estos casos huyen del lugar o se esconden en sus domicilios o "caletas", donde son amparados. Sumado a esto, tal como la policía investiga para conocer a los traficantes, éstos a su vez se dan tiempo para conocer a los policías y vehículos utilizados.

Los consumidores por regla general no están nunca más de 5 días detenidos, lo que alienta a reincidir en el consumo de drogas y frecuentemente se niegan a proporcionar antecedentes de dónde la adquirieron. Por otra parte, un "tabacazo" (pasta base de cocaína mezclada con tabaco), el efecto que provoca en el consumidor es rápido, ya que entra velozmente al torrente sanguíneo, pero su duración es corta, no más allá de los 20 a 30 minutos, lo que obliga a éstos a consumir uno tras otro, lo que implica, a la vez, desembolsos grandes de dinero.

En el consumo no se puede hablar de edades. Se ha detectado de 12 años hacia arriba, siendo las edades más frecuentes entre los 18 y 36 años. Muchos consumidores también empiezan a sustraer cosas de sus hogares, provocando problemas graves en la familia, con un gran desinterés en éstos y en todo orden de cosas (trabajo, estudio, hogar), ya que sólo piensan en adquirir la droga a como dé lugar. También muchos delincuentes habituales en la especialidad de robo y hurto se han visto mezclados con narcotraficantes en el "trueque" especies-drogas, con el fin de consumirla u obtener pingües ganancias.

Otra situación dramática dentro de los consumidores se ha dado entre las mujeres, ya que éstas con el fin de consumir la "pasta" se han prostituido.

A continuación damos a conocer una relación de precios promedios y formas habituales de distribución de drogas en las ciudades visitadas por la Comisión, al 20 de enero de 1991, proporcionadas por los aludidos Comités.

Clorhidrato de cocaína. Cocaína refinada, valor del kilo: $3.500.000.

Mono cocaína base. Unidad menor, confeccionada en papelillos, generalmente de hojas de cuadernos, conteniendo 1/2 gramo aproximadamente de cocaína. Valor: $ 1.000.

1/2 mono de cocaína base. Unidad mínima de similar confección a la anterior, conteniendo 0/5 gramos aproximados de cocaína. Valor: $500.

Empanada de marihuana. Consiste en un paquete de papel, normalmente de diario, conteniendo 10 gramos aproximadamente de marihuana. Valor: $ 1.500.

Tabacazo. Designación del cigarrillo de tabaco, mezclado con cocaína base, cuyo filtro es reemplazado en una parte por palos de fósforos. Para su confección se utilizan papelillos "monos o 1/2 monos".

Marciano. Cigarrillo artesanal consistente en la mezcla de cocaína base (mono o 1/2 mono) y marihuana (un gramo aproximadamente).

Pepa Dosis, ya sea de fármacos estimulantes o depresores. Su consumo generalmente se encuentra asociado a la ingestión de alcohol. Valor: $ 200.

El precio internacional del clorhidrato de cocaína es de U S $ 80 el gramo.

Existen pequeñas variaciones entre las ciudades de Arica e Iquique en cuanto a valor y gramos que contiene cada "tipo" de formas de consumo.

f) En cuanto a la penalidad del delito de drogas.

En lo que dice relación con la penalidad del delito de drogas en nuestro país cabe señalar que nuestra legislación penal ha amparado la salud pública desde la época de la dictación de nuestro Código Penal, ya más que centenario, al disponer cuáles eran los crímenes y simples delitos contra este bien público. Concretamente, los artículos 313 y 314 de dicho Código describen conductas que guardan similitud con las hipótesis de elaboración de estupefacientes y de suministro abusivo. Posteriormente se innovó en esta materia mediante la ley N 17.155 del año 1969, a fin de actualizar la normativa vigente; siendo este cuerpo orgánico derogado en parte por la ley N 17.934, de 1973, en la que dice relación con la "represión del tráfico de estupefacientes".

Esta nueva ley, básicamente semejante a la 17.155 -su reglamento Complementario contenido en el decreto N 535 del Ministerio de Salud Pública- en la descripción de las conductas punibles contiene disposiciones originales en relación con las penas y medidas de seguridad aplicables a los menores. Es más severa en cuanto a las penas que impone, agrega un nuevo conjunto de circunstancias agravantes especiales, además de que los delitos de que trata se consideran consumados desde que haya principio de ejecución. Sanciona a la conspiración para cometer estos delitos, como asimismo la mera asociación para la elaboración y el tráfico de estupefacientes, entre otras disposiciones penales.

El consumo de estupefacientes era una figura impune, pues el uso personal exclusivo de drogas liberaba de penas.

En estas circunstancias, Carabineros de Chile, en relación con esta última ley, a partir del 8 de noviembre de 1973 crea la "Séptima Sección de Investigaciones Especiales", con el fin de dar cumplimiento a una orden emanada de la Excma. Corte Suprema de Justicia, para "investigar, detener y desbaratar las organizaciones transnacionales del narcotráfico", radicado en nuestro país, lo que se llevó a efecto expulsando a los 20 principales traficantes chilenos, siendo en resto sentenciado por los Tribunales Nacionales. Este fue el origen del "Departamento Control Drogas y Prevención Delictual (OS7)" y de la lucha sostenida de Carabineros contra este flagelo.

Toda la normativa señalada, especialmente la ley N° 17.934, quedó derogada expresa y totalmente por el artículo 26 de la ley N 18.403, dictada en marzo de 1985 (publicada en el Diario Oficial de 4 de marzo de ese año) y el decreto N° 67 del Ministerio de Salud que aprobó su Reglamento (Diario Oficial de 11 de junio de 1985).

Básica y sumariamente, esta nueva ley N° 18.403, que es la que rige en la actualidad, sanciona las siguientes conductas:

1.- La elaboración, fabricación, transformación, preparación o extracción de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, sin autorización legal.

El Reglamento de la ley, decreto N° 67, ya citado, enumera las drogas o sustancias que tienen uno u otro carácter;

2.- La siembra, cosecha o posesión de especies vegetales o sintéticas del género "cannabis", cuando hagan presumir el propósito de tráfico ilícito;

3.- El abandono en lugares públicos o de fácil acceso de los vegetales o sustancias señaladas en el punto anterior, cuando pueda presumirse la intención de que sean consumidas;

4.- El tráfico no autorizado de las sustancias o de las materias primas a que se refiere el artículo 52 de la ley;

5.- La inducción, promoción o facilitación del uso o consumo de las sustancias ya mencionadas;

6.- El "suministro abusivo", calificativo genérico de dos figuras delictivas, aplicable la primera a quien estando autorizado para suministrar estas sustancias o drogas lo haga en contraposición a las disposiciones legales pertinentes; la segunda, aplicable a los médicos, dentistas, matronas o veterinarios que, con abuso de su profesión, receten algunas de las sustancias señaladas sin necesidad médica o terapéutica;

7.- La apología o propaganda a través de un medio de comunicación o en actos públicos del consumo de tales sustancias, y

8.- La asociación u organización con el fin de elaborar o traficar con las sustancias o productos de drogas estupefacientes.

3-1.- Vulnerabilidades que contribuyen al tráfico de drogas en Chile.

Considerando los antecedentes expuestos, tanto en el escenario internacional como en el nacional, es necesario destacar, según opinión de Carabineros de Chile, determinados factores que dificultan el adecuado control y nos permiten visualizar la magnitud del problema en nuestro país.

Estos factores limitantes o dificultantes del accionar controlador del tráfico, por parte de las autoridades y organismos de Orden y Seguridad, sobre la base de lo expuesto por Carabineros de Chile, serían los siguientes, sin establecer prioridades ni juicios de valor:

1.- Características topográficas de nuestra extensa frontera;

2.- La ayuda norteamericana tendiente a desarticular los grandes centros operacionales (Colombia-Perú-Bolivia), significa la búsqueda de nuevas rutas alternativas hacia Chile;

3.- El regreso de todos los grandes traficantes que tenían prohibición de ingreso al país;

4.- Las incautaciones de cocaína efectuadas en el extranjero, principalmente en Europa, de "burreros chilenos" (el 40 por ciento proviene de Chile);

5.- La mejor calidad de vida, lo que permite un mayor poder adquisitivo;

6.- La apertura al comercio internacional, situación que se acentuará cuando Chile, Brasil y Argentina firmen un convenio de "Zona Libre de Comercio";

7.- Un considerable aumento de las exportaciones;

8.- Nuestra posición geográfica ventajosa en relación al Océano Pacífico;

9.- La aparición de "microempresas" de fabricación de "pasta base y de cocaína" en Bolivia;

10.- La proliferación de traficantes en el segmento agrario;

11.- La corriente migratoria con los países vecinos;

12.- El comercio y banca estable;

13.- La ubicación de áreas despejadas en distintas zonas del territorio;

14.- La producción de productos químicos, sin un adecuado control;

15.- Franquicias tributarias y políticas de apertura para la inversión extranjera conllevan a otorgar facilidades al "blanqueo de capitales" y "lavado de dinero";

16.- Un aumento significativo del consumo de "pasta base" en la I y II Regiones;

17.- Presencia creciente de ciudadanos colombianos e instalación de empresas o negocios en nuestro país;

18.- Falta de apoyo internacional, si se compara con la ayuda a los organismos encargados del problema en los países vecinos: Perú, Bolivia y Colombia;

19.- Carencia de proyección de la importancia de Chile, en el mediano plazo, del consumo y tráfico de drogas, por parte de la comunidad nacional e internacional.

3-2.- Peligros probables.

Como corolario de todo lo dicho anteriormente, cabe concluir que el problema de la droga y sus derivados, dentro del contexto nacional, es un problema real y concreto, sin determinarse aún su exacta dimensión, debido a las numerosas variables que lo componen, existiendo, en consecuencia, los siguientes peligros latentes para el país:

1.- Que se lo utilice como "ruta de tráfico" hacia Estados Unidos de Norte América y otros centros de consumo mundial por parte de las organizaciones ilícitas.

2- Que se intente convertirlo en un "alto mercado consumidor", con el consiguiente daño social, físico y mental, principalmente para nuestra juventud.

3.- Que se asienten en él las “Transnacionales ilícitas", convirtiéndolo en un "Centro de Elaboración y Distribución".

3-3.- Acciones preventivas y fiscalizadoras de Carabineros y Servicio de Investigaciones.

Considerando la naturaleza del problema, Carabineros ha orientado sus esfuerzos hacia una "Prevención Integral" de las causas y consecuencias de él, abarcando tanto el área operativa como la educativa, realizando sus labores propias de policía en todo el territorio nacional mediante la acción de sus unidades operativas:

a) En el área de la "Prevención Integral", llevando a cabo la fiscalización y control de la actual "Ley de Drogas y Estupefacientes", N 18.403, del año 1985, con el apoyo, además, de personal especializado en las zonas determinadas como "críticas", y

b) En el área "Educativa", no sólo preocupándose de luchar contra los traficantes, sino que también de informar y educar a la comunidad. Para tales efectos el Departamento de "Control de Drogas y Prevención Delictual (OS7)" ha creado unidades menores (SECODES) en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, en una actitud decidida de enfrentar este flagelo.

En cuanto al Servicio de Investigaciones, cabe señalar que su acción, hasta ahora, ha estado fundamentalmente dirigida a combatir la venta al detalle de drogas y su consumo, no habiendo llegado aún al nivel intermedio donde se desenvuelven los grandes traficantes.

Para llevar a cabo su labor fiscalizadora y preventiva, el Servicio de Investigaciones ha creado la División de Narcóticos, la que posee cinco Brigadas Antidrogas que operan en las Ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y Santiago. En el resto del país son las Unidades Policiales, que cubren el área judicial, las encargadas de cumplir esas funciones, destacando la División de Narcóticos en las diferentes Zonas o Prefecturas un oficial de enlace que orienta técnicamente el trabajo del personal de dichas unidades.

4.- Visitas a las ciudades de Iquique y Arica efectuadas por la Comisión.

También, como antecedente general y como último acápite de este capítulo, cabe destacar, de manera muy especial, las visitas que la Comisión realizara a las ciudades de Iquique y Arica, con fecha 18, 19 y 20 de enero del año en curso. Su propósito fue imponerse, en el terreno, del grave problema de la drogadicción en dichas ciudades y, en general, en la zona norte del país, por el consumo y tráfico de drogas y estupefacientes, especialmente de la pasta base de cocaína. Se pudo establecer la impactante realidad del problema que afecta a la I Región y especialmente a la ciudad de Arica, y constatar la falta casi absoluta de medios humanos y materiales de que adolecen los organismos policiales, como Carabineros e Investigaciones, para desarrollar una efectiva labor de fiscalización, represión y detención de traficantes y otras personas involucradas en los delitos de drogas.

Del mismo modo, la apreciación que sobre los servicios policiales los señores Diputados recogieron de la visita, y que quedó en evidencia con el contacto permanente que tuvieron con la comunidad, es la falta de credibilidad que gran parte de la ciudadanía tenía en dichos servicios.

Asimismo, la Comisión pudo conocer de la efectiva labor que realizan los Comités Antidrogas existentes en Iquique y Arica, cuya composición multisectorial hace que el problema de la droga abarque desde sus distintos ámbitos.

Mayores detalles de la situación mencionada podrán encontrarse en la relación del viaje de la Comisión a las ciudades indicadas y que, en extenso, se acompaña como anexo al presente Informe.

m.- SINTESIS DE LAS EXPOSICIONES VERTIDAS ANTE LA COMISION POR LAS PERSONAS INVITADAS A ELLA.

a) 28 de noviembre de 1990:

GENERAL (R) DON HORACIO TORO ITURRA, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE:

Realiza una breve exposición y posteriormente responde a diversas consultas formuladas por los señores Diputados, refiriéndose fundamentalmente, entre otras materias, a la magnitud del problema de la droga en el país, y expresa que Investigaciones no posee una acabada información. Al mismo tiempo, hace entrega de cuadros estadísticos por regiones, relativos a decomisos de "cannabis", "clorhidrato de cocaína", "pasta base", "hachís" y "fármacos"; cuadro de detenidos por delitos de tráfico y consumo de drogas y valores de las drogas decomisadas en el decenio 80-90.

Agrega que el problema se ve agudizado en la I Región por existir gran tráfico de drogas y fármacos en relación con las demás regiones del país, por lo cual la labor policial ha estado especialmente dirigida a combatir la venta al detalle y el consumo de drogas, no habiéndose llegado aún al nivel intermedio donde se desenvuelven los grandes traficantes, pero falta un tercer nivel que corresponde al ámbito internacional, ya que el fenómeno es de carácter transnacional.

Sin embargo, destaca que Chile se encuentra en situación privilegiada con respecto a otros países, ya que el tráfico de drogas y su impacto social es perfectamente controlable y no tiene la lacra del narcoterrorismo.

Informó que en el año 1975 se dio un golpe mortal a la producción y tráfico de la cocaína, desbaratando importantes laboratorios y extraditando a Estados Unidos de Norte América alrededor de 30 traficantes, y que, posteriormente, en 1982, comienza nuevamente a repuntar el problema, alcanzando niveles preocupantes desde 1986 a la fecha.

En relación con los detenidos por infracción a la ley de drogas, destaca que el 75 por ciento de ellos corresponde a personas cuyas edades fluctúan entre los 16 y 20 años, y que el 68 por ciento proviene del estrato social modesto, situación que en los últimos tiempos ha cambiado levemente, apuntando a un mayor incremento del consumo en los niveles altos de la sociedad. Agrega, a continuación, que estas cifras son solamente las que él maneja, correspondientes a su Institución, sin tener en cuenta las de otros servicios que cumplen similares labores.

En otro orden de materia y en relación con el servicio a su cargo, expresa que la División de Narcotráfico posee cinco Brigadas Antidrogas que operan en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y Santiago, siendo las Unidades Policiales que cubren el área judicial las encargadas de cumplir estas funciones en el resto del país, para lo cual la División de Narcóticos destaca, en las Zonas o Prefecturas correspondientes, un oficial de enlace que orienta técnicamente el trabajo.

Hace presente también, que actualmente la institución cuenta solamente con 2.500 oficiales para cubrir las necesidades del país, lo que es, claramente, insuficiente; de éstos, 60 están destinados a combatir el narcotráfico. Además, a la falta de personal se suma la escasez de medios materiales.

Señala, asimismo, que el servicio se encuentra en un proceso de revisión de su organización, con el objeto de hacerlo más operativo y atacar la corrupción interna. A este respecto, agrega que lo sucedido en la IX Región es una situación nueva que se está investigando desde el punto de vista legal e interno de la institución, estimando que el 80 por ciento de la dotación policial está en situación de compromiso con la droga y con otras formas de delincuencia.

No obstante lo anterior y en términos generales, el señor Director manifiesta su confianza en el futuro de la institución y, por vía ejemplar, expresa que habrá un aumento significativo en el ingreso de aspirantes a oficiales; sé ha otorgado el presupuesto solicitado; se está formalizando un acuerdo con la Policía Nacional Francesa en orden a la dictación de cursos sobre docencia, computación, telecomunicaciones, terrorismo, policía científica y drogas. Advierte también que, a partir del próximo año, se podrá apreciar una mejoría institucional en lo profesional y material, incluyendo la creación de, por lo menor, tres unidades especializadas en la Zona Sur.

b) 5 de diciembre de 1990:

CORONEL SEÑOR PEDRO AGUILAR VALDES Y TENIENTE CORONEL SEÑOR JAIME RIEUTORD CAMPILLO, JEFE Y 2° JEFE RESPECTIVAMENTE, DEL DEPARTAMENTO OS7 DE CARABINEROS DE CHILE:

Destacan varias materias en relación con el problema de la droga, señalando que:

-Es una realidad transnacional, siendo el "negocio criminal" más lucrativo que existe.

-Es un problema complejo, autónomo y de alta sofisticación para el encubrimiento de las personas y ocultamiento de las drogas.

-La represión requiere de personal altamente especializado; los procedimientos policiales difieren de los tradicionales.

-La prevención y control es de alto costo.

-En el contexto mundial Chile no ha tenido una incidencia significativa n el tráfico o consumo de drogas.

-Hasta la fecha la situación ha sido controlada, pese a los intentos por penetrar en nuestro territorio. No obstante, en la actualidad se aprecia un cambio.

-En relación con la evolución de su consumo, se advierte que en los años 60 afectaba a los estratos sociales altos y medios y hoy involucra a todos los sectores de la sociedad.

-La tendencia al consumo es una problemática multifactorial, no existiendo causas aisladas que la determinen: la marginalidad y la pobreza representan sólo una de las variables del fenómeno, así como la desintegración familiar y el trastroqué de valores que afectan a todos los niveles sociales.

-La influencia social ha permitido generar una mayor atracción por sustancias lícitas, como el alcohol y los fármacos.

-La edad de inicio del consumo, que era de alrededor de los 18 años, se ha reducido en la última década, siendo hoy la etapa inicial de la drogadicción entre los 9 y los 12 años.

-Expresan que las drogas de mayor uso en nuestro país son:

Neoprén: Está circunscrito a grupos de doble marginalidad, familiar y económica.

Marihuana y fármacos: Son los de mayor consumo en la juventud.

La producción y elaboración de estas drogas se destinan exclusivamente al consumo nacional.

Pasta base de cocaína: Gran aumento entre los jóvenes de la zona norte del país, por su bajo precio.

Cocaína: Por su precio, su uso está generalizado en la juventud y adultos jóvenes de nivel socioeconómico alto.

En la década del 60 al 70 nuestro país llegó a ser un importante centro elaborador de cocaína, lo que disminuyó drásticamente por variadas circunstancias, tales como: la dictación, en el año 1973, de la ley N 17.984, sobre control de drogas y estupefacientes; creación de la Séptima Sección de Investigaciones Especiales de Carabineros, actual OS7, y la extradición de los principales traficantes. En la actualidad el tráfico de cocaína en nuestro país corresponde a drogas en tránsito hada otros países.

Alcohol: Gran demanda por parte de los adolescentes, quienes lo consumen solo o con drogas para producir mayores efectos.

Exponen sobre la realidad actual de la droga en algunos países, tales como:

-Colombia: Existen permanentes conflictos entre narcotraficantes, generando violencia y destrucción, intentando intimidar a la justicia, realizando alianzas con terroristas, afectando toda actividad de este país.

Los narcotraficantes reciben la pasta base de cocaína, la que elaboran en grandes laboratorios. Cuentan con pistas clandestinas y alrededor de 3 mil aviones.

Los insumos químicos proceden de Alemania, Estados Unidos de Norte América, Brasil y Argentina.

Las incautaciones realizadas en 1989 llegaron a 30.633 kilos, equivalentes a 1.200 millones de dólares.

Los programas de erradicación de cultivos de marihuana han permitido rebajar el 50 por ciento de esta actividad ilícita.

Bolivia: El cultivo de la coca en los últimos 20 años se ha convertido en el rubro más importante de su economía y se estima en 600 mil personas la fuerza laboral que participa en este proceso. Se estima que las plantaciones producen 130 mil toneladas de hojas de coca y con ellas se fabrican 500 toneladas de cocaína.

Se ha detectado la proliferación de microempresas productoras de pasta base y clorhidrato de cocaína y su comercialización se realiza, especialmente, en Chile y Argentina, a través del "tráfico hormiga" que consiste en el porte de pequeñas cantidades por campesinos de estos países.

Perú; Principal productor de hoja de coca en el mundo, alcanzando a 180 mil toneladas, con las que se elaboran 800 toneladas de cocaína. La fuerza laboral es de alrededor de un millón de personas. La situación social, política, económica y la participación de grupos terroristas unidos con narcotraficantes han permitido un aumento permanente del tráfico, afectando seriamente a Chile, por la existencia de frontera común.

Al igual que en Bolivia, se advierte una tendencia a la mini comercialización.

Refiriéndose a la situación mundial, los expositores señores jefes de Carabineros expresan que el escenario mundial ha cambiado, principalmente por la influencia política y económica de los Estados Unidos de Norte América, que ha llevado a los países productores, Perú, Bolivia y Colombia, a aceptar la aplicación de "Plan Bennett", mediante el cual, entre otras cosas, aquella entrega 260 millones de dólares a dichos países para que combatan el narcotráfico y procedan a sustituir cultivos.

En relación con el problema de la droga en Chile, manifiestan que la presión sobre los centros productores y la neutralización de las rutas habituales de tráfico de cocaína ha llevado a los narcotraficantes a buscar rutas alternativas, siendo Chile una de ellas. Además, el problema en nuestro país se ha visto acrecentado por la existencia de las mini empresas productoras de Perú y Bolivia y por los mil 300 kilómetros de frontera común con dichos países.

Estiman que el ingreso anual de cocaína al país es de 5 toneladas, el que se realizaría, principalmente, a través del "tráfico hormiga".

Agregan que el problema de la droga en nuestro país es un problema real y concreto, del cual no ha sido posible determinar su exacta dimensión, debido a la complejidad e innumerables variables que lo componen, pero sí visualizar los peligros que lo acechan, como por ejemplo los siguientes:

-Que se le utilice como ruta de tráfico hacia centros de consumo mundial.

-Que se asienten las transnacionales ilícitas, convirtiendo el país en centro de elaboración y distribución.

-Que se intente convertirlo en alto mercado consumidor.

Sobre el lavado de dinero, expresan que la legislación chilena no contempla disposiciones que obliguen a declarar el ingreso de dinero al país, y las instituciones policiales y organismos afines no tienen atribuciones para su incautación, como, asimismo, las entidades bancarias no tienen la obligación ni competencia para verifica el origen de los depósitos. Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos no verifica tampoco el origen del dinero declarado por extranjeros o chilenos residentes en otros países, presumiendo que proviene de actividades lícitas. Al gravarlo con los impuestos correspondientes se transforma en dinero legítimo.

Indican que los principales factores atrayentes que facilitarían en Chile este proceso de lavado de dineros o blanqueo de capitales son: estabilidad político-económica, facilidades e incentivos para la creación de empresas, gravámenes bajos y ley de secreto bancario.

Por último, los expositores invitados resumieron las opiniones de un grupo de expertos sobre el tema general en los siguientes términos:

-El ciclo de la cocaína provoca una transformación de la economía por los grandes ingresos que genera, configurando una enorme economía paralela.

-Es una actividad ilícita que busca siempre nuevos mercados.

-Pretende deslegitimar, destruir y disolver el estado como órgano de control financiero y judicial.

-La "coca-dólar" tiene uso lícito gracias al lavado de dinero.

-En la región Andina las utilidades obtenidas por esta vía se han convertido en parte integral de las economías locales.

-En Bolivia y Perú el 80 por ciento de la oferta de divisas proviene del tráfico de drogas y de actividades asociadas.

-En América Latina está surgiendo una forma predominante de organización social, la "narcocracia" informal.

c) 12 de diciembre de 1990:

DOCTOR ALFREDO PEMJEAN GALLARDO, ASESOR DE SALUD MENTAL DEL MINISTERIO DE SALUD, Y DOCTOR RICARDO FUENTEALBA:

Manifiestan que el consumo de drogas y estupefacientes es un problema amplio y complejo, que requiere de soluciones igualmente complejas y que debe ser asumido por toda la sociedad. Que las drogas son sustancias que producen efectos sobre la conducta de las personas y que determinan su cambio.

Que, dependiendo de la utilización que se haga de una sustancia, ésta puede tener efectos terapéuticos o de drogas embriagadoras o euforizantes. Hay una variada gama de sustancias que tiene capacidad de droga, algunas lícitas, como el alcohol y el tabaco, y otras ilícitas, como la marihuana, en que la actitud de la sociedad la hace más presentable e incluso en algunos países se ha legalizado su consumo.

Desde el punto de vista médico, las sustancias que tienen el efecto de drogas son: tabaco, alcohol y lo que habitualmente se denomina droga: sicofármacos, tranquilizantes, hipnóticos y estimulantes, que son de uso y prescripción médica; llegando hasta la marihuana, solventes volátiles, neoprén, pasta base de cocaína, cocaína, etc., siendo estos últimos los que la opinión pública conoce como drogas.

Agregan que, sobre la magnitud de la drogadicción en nuestro país, no es posible señalar cifras, dado que, a la fecha, no existe un estudio global que abarque el espectro total de la población, existiendo también falencias en cuanto a la investigación de la forma de intervenir en esta problemática y sus causas, especialmente en cuanto a sus efectos.

Manifiestan que el Estado debe tener un rol activo en esta área, con apoyo de recursos y normas legales para efectuar un estudio acabado sobre la materia.

Hacen notar que las drogas más relevantes en cuanto a su consumo son:

Alcohol: sustancia que daña distintas estructuras corporales y sociales (familia). Su consumo anormal se destaca entre la población de extrema pobreza, especialmente en varones mayores de 15 años, alcanzando al 50 por ciento de ellos. Los alcohólicos suman alrededor de un 10 por ciento.

Marihuana: principalmente consumida por jóvenes provenientes de sectores pobres de la población.

Fármacos: cualquier medicamento puede ser utilizado de manera tóxica por las personas y si es inyectado, con mayor razón, con el agravante del posible contagio de SIDA.

Sustancias volátiles: elementos de uso industrial, como pegamentos o líquidos que contienen hidrocarburos aromáticos. Los más frecuentes son el benzeno y el tolueno, ya que ambos producen efectos euforizantes en el sistema nervioso central, afectando principalmente a menores, desde los 5 años.

Cocaína: como producto puro es utilizada por los sectores medios y altos de la sociedad, siendo de un consumo menor, salvo en el caso de la ciudad de Arica, en que se usa principalmente la pasta base de coca, la que produce una gran adicción por la rapidez con que llega al pulmón y a las neuronas y por su bajo precio, por lo que se estima reemplazará, a corto plazo, a la marihuana y los solventes.

Dejan constancia que las drogas más deteriorantes afectan a la población más modesta y, en términos de magnitud, los cesantes son los más propensos a su consumo.

Indican que las causas que determinan el inicio del consumo de drogas están dadas por el contexto cultural, económico y social, así como las facilidades de acceder a ellas. Todas las sustancias comienzan a ser utilizadas en la adolescencia, salvo el neoprén, que principia a utilizarse mucho antes. El inicio del consumo de algunas de ellas está determinado por la curiosidad, experimentación y, generalmente, por la presión de los pares. Las drogas producen efectos satisfactorios o reforzadores inmediatos, por lo que aquellas personas limitadas en la búsqueda de satisfacciones son fáciles de seducir y de habituarse biológicamente a ellas.

Estiman que los pares y la familia son grupos de intervención y estudio obligado para la aplicación de medidas tendientes a prevenir o retardar el consumo en la juventud. La familia cumple dos roles fundamentales: uno privado, que tiene relación con el desarrollo de los afectos, de la autoestima y de la personalidad sana, y otro social, que pone al individuo en contacto con el mundo.

Sugieren que el mejor programa de prevención contra el consumo de drogas podría consistir en dar trabajo a todos los individuos y, si no fuera posible, darles una actividad o señalarles conductas alternativas a través de programas de estudios diferenciados de acuerdo a sus capacidades, dirigidos a la formación de la familia más que al rendimiento académico.

Con respecto a planes de prevención, manifiestan que se requieren:

-Una política nacional de prevención y control.

-Una base legislativa que aporte medidas tales como educación masiva, regulación de publicidad, etc.

-Una asignación de recursos de manera expedita.

Afirman que cuando no existen los espacios físicos y sicológicos, la socialización del joven se produce en la calle y el grupo de la esquina comienza a ser determinante en la conducta a seguir, ya que éste cree más en sus pares que en su grupo familiar. A este proceso se le denomina la "cultura esquina".

Opinan que, en relación con aplicación de castigo al consumidor, no son partidarios, toda vez que esto conlleva un vínculo de confianza entre el vendedor y el consumidor, ya que de esta forma a ambos se los considera delincuentes; hay que entender que el que consume es una víctima.

Recuerda que, con el propósito de acentuar la prevención, se han creado en el Área Metropolitana 25 Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar que dependen, técnicamente, del área de Salud y administrativamente de las Municipalidades, esperando poder implementarlos en todo el país. Dichos centros enfrentan problemas legales y requieren un sustento económico estable.

Dejan constancia que sería conveniente la existencia de un Organismo Coordinador para que oriente los programas de prevención y rehabilitación, evaluando, al mismo tiempo, su aplicación. Además, se requiere una política intersectorial no sólo para recuperar, sino para prevenir, ya que es posible realizar una mayor acción con los mismos recursos o un poco más, siempre y cuando se distribuyan en mejor forma.

En relación con el problema en la ciudad de Arica, manifiestan que los antecedentes reunidos indican que dicha ciudad se encuentra invadida de "pasta base" y que, dada su crítica situación, el Ministerio de Salud ha elaborado un plan de emergencia, cuyos antecedentes ponen a disposición de los señores Diputados en la documentación de que hacen entrega.

Celebran que en la Comisión haya conciencia de la crítica situación que vive la ciudad de Arica y, al mismo tiempo, apuntan a la urgente necesidad de tomar medidas, no sólo para rehabilitar, sino que, para prevenir, ya que el problema puede provocar el desmoronamiento de la sociedad.

Por último, indican que debería realizarse en la I Región un experimento aplicando un plan piloto de emergencia, con una sola coordinación, ya que existe el problema y la voluntad política nacional y local para afrontar dicha emergencia.

d) 9 de enero de 1991:

SEÑOR BELISARIO VELASCO BARAONA, MINISTRO DEL INTERIOR, SUBROGANTE Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DE ESTUPEFACIENTES, Y EL SEÑOR MICHEL DIBAN, ASESOR JURIDICO DEL MENCIONADO CONSEJO:

Destaca que, al asumir el actual Gobierno, las autoridades del Ministerio del Interior recibieron diversos antecedentes que les permitieron tomar conocimiento de que en las Regiones I, II y V existían problemas de cierta magnitud relacionados con el narcotráfico, todos antecedentes refrendados por autoridades del régimen anterior.

Que, advertido el problema, el Gobierno inició la recopilación de antecedentes e informaciones que permitieran, primeramente, dimensionarlo, detectándose una carencia absoluta de estadísticas e información al respecto.

Que, con el objeto de elaborar encuestas científicamente comprobadas, se tomaron contactos con el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos de Norte América, el que proporcionó los recursos para su realización.

Agrega que esta encuesta se encuentra prácticamente terminada y sólo se están tabulando sus resultados y elaborando las conclusiones, datos que se entregarán en su oportunidad a la Comisión para su estudio y posterior discusión.

Destaca que se ha estableado que esta actividad ilícita se ha acentuado en los últimos cinco años -1985 adelante-, principalmente por factores de carácter internacional que han presionado, reprimiendo a los centros productores y elaboradores, tales como Perú, Bolivia y Panamá, obligando a los narcotraficantes a buscar nuevas vías para el tráfico de la droga, siendo Chile, Brasil y Argentina rutas alternativas para estos efectos.

Asegura que otros factores que han alentado al narcotráfico a intervenir en nuestro país han sido la economía abierta, la seguridad y la política de exportaciones, lo que a su vez los ha llevado a introducir cantidades de dólares que son lavados a través de operaciones tales como la del Capítulo XVIII, que impone la obligación para quien opera en él de comprar los dólares en el mercado paralelo.

Deja constancia que Chile es uno de los países que está más libre del problema de la cocaína, no obstante asegurar que éste es de extrema gravedad y, al no tomar pronto las medidas pertinentes, se podría transformar en una situación de muy difícil control y solución, y agrega que, en este orden de cosas, se ha detectado que embarques de productos de exportación contenían cocaína para ser introducida al mercado norteamericano, por lo cual Estados Unidos ha solicitado establecer medidas de control sobre éstos.

Resalta el hecho de que a Chile sólo es necesario traer la pasta base para elaborar cocaína, ya que los elementos químicos que deben usarse se producen, en gran variedad, en nuestro país, habiéndose detectado este proceso desde hace unos 5 años a la fecha.

Pone en relieve que las cantidades de dinero que esta actividad mueve en el mundo alcanza a 500 mil millones de dólares.

Expresa que, concordante con lo precedentemente expuesto, el Comité de Seguridad determinó, en su oportunidad, tratar el tema en sus sesiones semanales, sobre la base de dos proyectos elaborados por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, encargándose al Subsecretario del Interior y a un abogado del Consejo de Defensa del Estado para que estudiaran la posibilidad de crear un Consejo que permitiera al Gobierno encarar el problema con la mayor urgencia, creándose, en definitiva, por decreto supremo N° 683, de 21 de septiembre de 1990, el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, compuesto por el Ministro del Interior, que lo preside; el Subsecretario del Interior, quien es su Secretario Ejecutivo, y los Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Hacienda, Justicia, Educación, Secretario General de Gobierno y Ministro de Salud, además del Brigadier General de la Guarnición de Santiago, un Almirante, un General de Brigada Aérea, un General de Carabineros y el Director General de Investigaciones. Lo integran también dos Consejeros de Libre Elección del Presidente de la República, siendo uno Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y el otro, el señor Michen Diban, quien es el Asesor Jurídico del Consejo y Secretario Ejecutivo Subrogante. Este Consejo, por su composición y las facultades otorgadas, podrá, en una primera etapa, tomar medidas de fondo tendientes a frenar el narcotráfico.

Explica que actualmente funcionan dos Comisiones dependientes del citado Consejo: una destinada a analizar los aspectos relacionados con prevención y control del uso indebido de drogas educación preventiva y tratamiento y reinserción social, integrada por representantes de los Ministerios de Educación y Salud, Carabineros e Investigaciones y, la otra, se abocará a elaborar proposiciones en relación con el control de la producción de drogas en Chile y el tráfico lícito e ilícito de ellas; modificaciones legales y reglamentarias, problemas de estudio y coordinación entre jueces, policías y abogados del Consejo de Defensa del Estado.

Anticipa que, próximamente, se formará un grupo de trabajo que estudiaría modificaciones a la ley N° 18.403, a fin de adecuarla a la Convención de Naciones Unidas de 1988, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sicotrópicos. Especialmente se abocará a estudiar disposiciones referentes a la penalización del lavado de dinero, control de precursores y otros elementos químicos que se utilizan en la elaboración de drogas; penalización del tráfico; control de la siembra y producción de cáñamo; producción y comercialización del neoprén; además se estudiarán las normas sobre "entregas vigiladas" y otras técnicas policiales de investigación actualmente en uso en otros países, las que permitirán un seguimiento del proceso desde su producción hasta su comercialización, con el objeto de identificar a toda la red del narcotráfico.

Revela que la promulgación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, el 20 de agosto de 1990, permite a Chile pertenecer a organismos dependientes de Naciones Unidas, con lo cual se podrá conseguir información y recursos para el combate del narcotráfico, habiéndose conseguido ya, en el año 1990, una ayuda por 153 mil dólares, de los cuales han llegado 43 mil para realizar la encuesta ya mencionada; el resto se destinará a capacitación de los Servicios Policiales, servicios que han sido objeto de una depuración interna, dejando a los funcionarios más idóneos y alejando aquellos elementos que pudieran estar comprometidos con este problema.

Termina su intervención, el señor Ministro, manifestando sobre la forma de combatir el problema del narcotráfico, que no sería conveniente parcializar ni priorizar sus diferentes aspectos, sino que atacarlo en su globalidad, usando los pocos recursos existentes.

Por su parte, el señor Michel Diban complementa la exposición del señor Ministro agregando que, en lo que respecta a la labor del Poder Judicial en estas materias, los procesos por infracción a la ley N 18.403 no escapan a la situación general de dicho Poder y en especial a la de la Justicia Criminal, revelando que existe algún grado de corrupción a nivel de funcionarios subalternos y, en términos generales, la actitud de este Poder, en especial a nivel de Cortes de Apelaciones, ha sido positiva, pero no exenta de dificultades.

e) 16 de enero de 1991:

SEÑOR FRANCISCO CUMPLIDO CERECEDA, MINISTRO DE JUSTICIA:

Hace presente que en este problema deben señalarse tres aspectos para su estudio.

1.- El de la drogadicción, que es una enfermedad y debe ser tratada como tal. Sobre este punto han existido iniciativas en orden a establecer un Instituto Nacional de la Drogadicción y Alcoholismo. El alcoholismo es un medio que facilita o conduce a la drogadicción. El tratamiento conjunto del alcoholismo y la drogadicción puede ser un buen camino para la rehabilitación, siendo la familia la primera responsable y subsidiariamente el Estado. Estudios realizados por la OMS señalan que el drogadicto es un enfermo que no puede ser castigado ni sancionado. Se ha visto que la aplicación de sanciones no ha dado resultados;

2.- Narcotráfico: las legislaciones lo han abordado como un delito especial, rodeándolo de ciertas características, tanto en su tipificación como en los procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad de los narcotraficantes, que son considerados delincuentes de alta peligrosidad y por el desarrollo que ha tenido este tipo de delitos en el mundo, habilita la posibilidad de restringir algunos derechos fundamentales resguardando siempre los derechos humanos.

3.- Utilización de ciertas sustancias para la fabricación de drogas, casos en que la legislación regula la producción de insumos que permiten la elaboración de drogas.

Debe tenerse presente que estas sustancias químicas o precursores se utilizan también en actividades lícitas, como por ejemplo, en la minería.

Agrega que sólo separados claramente estos tres aspectos es posible fijar una política integrada, pero, al mismo tiempo, particularizada en cada uno de ellos. La legislación chilena ha abordado cada uno de estos puntos, pudiendo no ser suficiente y, por lo tanto, ser necesaria su modificación.

Señala que la principal normativa vigente en Chile, en materia de drogas, es la siguiente:

-Ley N 18.403, sanciona el Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes.

-Decreto supremo N 67, de Salud, de 4 de marzo de 1985, reglamenta el artículo 1 de la ley N 18.403, indicando sustancias cuyo tráfico ilícito sanciona la citada ley.

-Decreto supremo N 404, de Salud, de 2 de noviembre de 1983, reglamenta la importación, exportación, transporte, comercialización, posesión y uso de Estupefacientes.

-Decreto supremo N 405, de Salud, de 2 de noviembre de 1983, reglamenta similares actividades respecto de Productores Sicotrópicos.

-Convenio entre los Servicios de Salud y el Instituto de Salud Pública sobre Análisis y Destrucción de Estupefacientes, aprobado por resolución N 668, de 28 de octubre de 1982, del Subsecretario de Salud.

-Convenio de la Policía de Investigaciones con el Servicio Nacional de Aduanas para la Prevención y Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, publicado en el Diario Oficial de 28 de diciembre de 1984.

-Decreto supremo N 543, de Relaciones Exteriores, promulga Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, publicado en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1990.

-Cabe mencionar, por último, el documento denominado "Declaración y Programa de Acción de Ixtapa", aprobado en la reunión celebrada en México, en abril de 1990, que contiene recomendaciones destinadas a implementar la Convención de Naciones Unidas, ya citada.

Continúa manifestando que la complejidad del problema del consumo, producción y tráfico requiere de un enfoque interdisciplinario y la colaboración de los distintos organismos estatales. Dimensionar el problema en este momento no es factible, dado que de las encuestas aplicadas sólo existe un informe preliminar y no contienen la metodología usada.

Destaca que, no obstante lo anterior, se puede visualizar que en la I y II Regiones hay un aumento del consumo de una droga de mala calidad (pasta base) entre escolares e incluso en adultos. Que los antecedentes indican que en Santiago no sólo se utiliza la marihuana y el neoprén en los barrios populares, sino que hay un aumento de consumo de drogas pesadas en barrios acomodados.

En el ámbito de las relaciones internacionales, señala que se propone la creación de un grupo de expertos para la elaboración de reglamentos modelos o tipos sobre la materia. En Ixtapa, México, se planteó la posibilidad de que los gobiernos se abocaran el estudio de una legislación especial sobre transacciones en dinero efectivo y la eventualidad de compartir la información entre los diversos gobiernos. Nuestro país se opuso a aprobar esta parte de la declaración, ya que el tema del secreto bancario no está suficientemente debatido por la comunidad política y es indudable que el sector económica y financiero tiene serias reservas en este tema.

Manifiesta que el planteamiento para la adopción de un reglamento que regule el control de precursores, sustancias químicas y maquinarias tiene problemas, puesto que ellas se utilizan en la minería y en otras actividades lícitas, como se ha dicho anteriormente.

Se refiere a que existe interés de parte de Organismos Internacionales para que en Chile se constituya una sede del CICAD, donde se puedan coordinar las actividades de los países del cono sur relacionadas con estas materias.

Afirma que para el Ministerio el problema de la droga tiene prioridad en relación con la actividad gubernamental, debiendo abordarse toda la modificación legislativa en los tres aspectos ya mencionados.

En relación con el número de personas condenadas por tráfico de drogas, el señor Ministro expresó en la Comisión que el total de ellos es muy bajo en proporción al total de delitos cometidos en el país.

Sobre posible corrupción en el Poder Judicial, expresa el señor Ministro que no posee antecedentes que le permitan afirmar que ésta exista, no pudiendo negarse que dicha posibilidad se dé por la estructura del sistema; por tal motivo, se están estudiando en el proyecto de reforma a dicho Poder del Estado soluciones tendientes a cortar las posibles fuentes de corrupción.

Finalmente, y en relación con las materias propias de la competencia de la Comisión, expresó que el problema no alcanza niveles alarmantes, pero requiere especial atención por las vinculaciones que podrían producirse entre el terrorismo y narcotráfico, lavado de dinero, aumento del consumo de droga y la posibilidad de que nuestro país se convierta en uno de los principales elaboradores de drogas, con las gravísimas consecuencias que esto implica.

f) 23 de enero de 1991:

SEÑORES ALFREDO ECHEVERRIA Y VÍCTOR VALLEJOS, SUBDIRECTORES DE FISCALIZACION Y JURIDICO, RESPECTIVAMENTE, DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS:

Expresan que, desde el punto de vista del Servicio de Impuestos Internos, como órgano del Estado encargado del control y la fiscalización de toda la tributación fiscal interna, el fenómeno del ingreso de dineros al país, a través de inversiones que se efectúan, es una situación que les interesa llegar a detectar, aun cuando, en este momento, no tienen precisiones muy claras sobre el tema. Específicamente, las facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos, como organismo fiscalizador en relación con este fenómeno, habría que enfocarlo en relación con las atribuciones que tiene el Servicio para fiscalizar inversiones.

Continúan señalando que la facultad fiscalizadora del Servicio apunta, principalmente, al control de los contribuyentes tributarios y de aquellas personas de las cuales pudieran tener antecedentes de que han percibido algún tipo de rentas, que no hayan sido declaradas o que hayan efectuado algún tipo de inversión que no tenga relación con la renta o que, sencillamente, no tenga ningún respaldo legal al respecto. Por lo tanto, en relación con los dineros que vienen del exterior no tienen facultad para comprobar el origen de esas platas y así, si se topan con el hecho de que el contribuyente les pueda demostrar que las platas vienen desde fuera, pierden el control sobre ellas; dicha situación tiene que aceptarla como tal, sin saber si esos dineros han sido obtenidos en forma lícita o ilícita. La ley presume que las personas que ejecutan inversiones en Chile deben tener una correlación con las rentas que han declarado, para los efectos tributarios, pero lo atípico que presenta este fenómeno es que estos dineros, generalmente, corresponden a personas que no son contribuyentes chilenos, que no están radicadas en el territorio chileno y, por lo tanto, no les alcanza la potestad tributaria de Chile. En otro aspecto, la administración tributaria externa tiene bastantes limitaciones. No pueden fiscalizar las cuentas bancarias. Excepcionalmente, el Servicio puede fiscalizar la cuenta corriente de los contribuyentes cuando está abocado a la investigación de un delito tributario, o sea, una infracción sancionada con pena corporal.

Precisan que muchas veces se encuentran ante situaciones de hecho, de que un contribuyente pueda tener una gran inversión y no tienen un mecanismo legal fehaciente o fidedigno que les demuestre que son platas bien lívidas, y ante esta situación el servido se encuentra limitado como para accionar una querella de carácter judicial por delito tributario. No obstante eso, sí pueden efectuarles los cobros administrativos de los impuestos, pero el asunto termina ahí. No poseen elementos de prueba para ir más allá y decir: "Esto proviene de narcotráfico o es un lavado de dinero". Entonces, en este aspecto, al Servido de Impuestos Internos le falta el apoyo y la colaboración de otros organismos, que sí tienen mayores facultades para poder investigar en este sentido, llámense organismos policiales, Carabineros u organismos internacionales, como la Interpol.

Prosiguen exponiendo que, el Servido de Impuestos Internos estima que el lavado de dinero, en Chile o en cualquier parte del mundo, puede tener distintas formas de efectuarse, y como organismo fiscalizador podrían tener algunas sospechas de que en algún tipo de operaciones o de rentas en que el contribuyente no prueba su origen o la forma de obtenerlas, pudieran ser producto, a lo mejor, de narcotráfico o de algún tipo de esas operaciones, pero también podría ser el caso que hayan dineros, que si bien es cierto no conocen el origen, pudieran ser producto de operaciones al margen de la tributación, pero no, necesariamente, producido del lavado de dinero del narcotráfico. Hasta donde se conoce, la naturaleza del problema de lavado de dinero éste puede tener dos vertientes. Hay un lavado de dinero que se produce en el territorio nacional, que son los típicos fraudes tributarios, como facturas falsas, lo que es público y notorio en el último tiempo, la devolución del IVA de los exportadores y, otros en que el ciudadano chileno, que tiene una actividad industrial o comercial en Chile y, por tanto, debe tributar aquí, mediante fraude obtiene directamente del cofre fiscal la devolución improcedente de ciertos beneficios, como el IVA a los exportadores y el reintegro de las exportaciones no internacionales. Vía este fraude, el exportador obtiene que se le devuelva o restituya, en forma indebida, el dinero y con él hace inversiones en nuestro país: caso típico es el de LOZAPENCO. Ahí hay una especie de lavado de dinero, producido dentro del país, que cae dentro de la jurisdicción de las leyes chilenas y, como tal, el Servicio de Impuestos Internos ha deducido las querellas por delito tributario. La otra vertiente del problema es el lavado que proviene directamente de actividades que no se ejecutan en el país, o sea, el que se interna al país, con el cual se hacen inversiones; no se produce en Chile ni proviene de actividades desarrolladas en el país y, por lo tanto, no está afecto a la tributación chilena. Ahí se produce el vacío legal de ¿qué pasa con ese dinero? y ¿qué puede hacer la autoridad tributaria?. No está tipificado ningún delito, ni menos establecido en la ley un hecho generador del cual se puede cobrar un impuesto o un tributo. Entienden que en otros países las legislaciones contemplan situaciones más drásticas, como la que hace perder a esa persona todo su activo, su patrimonio; ahí hay un riesgo, entonces la gente piensa más antes de realizar estas actividades, porque hay un riesgo efectivo y potencial más cierto que el que existe aquí.

Sobre las medidas que sugerirían, manifiestan que creen que lo fundamental sería que la legislación tipificara y sancionara algún delito en tomo al cual la administración tributaria pudiera actuar y ejercer sus potestades. Pero mientras el ingreso de ese dinero, proveniente de actividades efectuadas fuera de las fronteras de Chile, no constituya delito y no esté prohibido hacerlo, no hay forma de sancionarlo ni menos de aplicarle impuesto; indudablemente, si se hacen las inversiones en Chile y obtienen utilidades aquí, deben tributarla y si de ahí en adelante se producen irregularidades, sí que podremos actuar porque tendremos facultades por el hecho de estar actuando dentro de las fronteras y, en ese caso, se ejerce la potestad tributaria.

En relación a la ley de secreto bancario, señalan que, desde el punto de vista de la administración tributaria interna, dicha ley constituye un escollo importante; agregan que, hace años, el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Echeverría, que llevaba causas por delitos tributarios, pidió que el Servicio de Impuestos Internos fiscalizara las inversiones que había hecho el contribuyente con esos dineros que habían rapiñado del cofre fiscal, vía devoluciones improcedentes, la Corte de Justicia, ante sendos recursos de protección de los bancos implicados, determinó, en última instancia, que el Servicio no podía obtener ese tipo de informaciones en los bancos.

Finalmente agregan que, un cambio del secreto bancario importaría hacer una evaluación previa, que no se ha hecho; no hay estudios sobre la implicancia que tendría esto. Pero a nivel del Servicio de Impuestos Internos no se necesita un cambio absoluto del secreto bancario, en el sentido de que no exista, sino que sólo piden un poco más de facultades para la autoridad tributaria en ciertos casos, para investigar las cuentas corrientes, menos contenciosas. Respecto de la posible detección de funcionarios del Servicio en estas actividades ilícitas, manifiestan que no tiene conocimiento de ello.

g) 23 de enero de 1991:

SEÑOR NICOLAS MARTIN, ASESOR DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS:

En primer término, hace presente que, dentro de la ley orgánica, al Servicio de Aduanas le compete fiscalizar el paso de personas y mercancías por las distintas fronteras de la República. Dentro de este esquema, se ha observado un notorio incremento en todo tipo de operaciones, ya sea en importaciones y exportaciones, como tráfico de vehículos y pasajeros; en Chacalluta, por ejemplo, en el año 1989 se controló a más de un millón y medio de pasajeros, entre ingresos y salidas por dicho paso, con un mínimo de personal de control, siendo que, evidentemente, es una ruta muy sensible sobre todo por el tipo de personas que lo atraviesan, como son esos acarreadores de drogas denominados "burreros", que van haciendo acopio de mercancía en determinados puestos, de tal manera de que si el control del Servicio no es eficiente es muy posible que se puedan vulnerar; además, hay pruebas concretas de que nuestro país se estaría utilizando como vía de tren, como queda comprobado con las dos grandes pesquisas efectuadas en 1989, una en Arica, en que se encontró en un contenedor, proveniente de Bolivia con destino a Estados Unidos de N.A., un cargamento de cocaína de 500 kilos, y, posteriormente en Talcahuano, 260 kilos en un yate. Todas estas situaciones, como realidades son nuevas para el Servicio, que estaba normalmente dedicado al control del tráfico lícito de mercancía, por lo que, en el año 1984 celebraron convenios con Investigaciones y, posteriormente, con Carabineros, Servicio con el cual mantienen muchas relaciones, sobre todo en los pasos fronterizos terrestres.

Agrega que el convenio con Carabineros les ha ayudado a coordinar y hacer acciones más planificadas, pero, sin embargo, reitera que el problema de control radica, fundamentalmente, en la escasez de personal y muy especialmente en las Aduanas de la I Región, como Arica e Iquique, por el gran crecimiento del comercio en la Zona Franca, donde se comenta, que se genera con los narcos dólares.

Destaca que, además de los convenios con Investigaciones y Carabineros, el Servicio de Aduanas se ha contactado con algunos organismos internacionales, a través de la Embajada de Estados Unidos de N.A., con el DEA, por ejemplo, a través del Acuerdo Sudamericano de Estupefacientes y Sicotrópicos, que coordina a todos los países latinoamericanos y, también, con la División de Estupefacientes de Naciones Unidas. Gracias al apoyo de estos organismos se ha conseguido la capacitación de algunos funcionarios en el extranjero, en las técnicas necesarias para el ejercido de sus fundones en la materia.

Precisa que, en la actualidad, hay 22 funcionarios capacitados que, en alguna medida, están sirviendo como instructores, que posibilitarán, al aprobarse el proyecto de restructuración del Servicio, crear una unidad de control de drogas que tendría una unidad central en Valparaíso, con unidades en Arica, Iquique, Antofagasta y Los Andes, ciudad esta última que se ha detectado como una nueva ruta de tráfico.

Agrega que, periódicamente, reciben información del extranjero, del Consejo de Cooperación Aduanera, donde se indican algunas pesquisas y los métodos más importantes que han servido para detectar algunos tráficos, lo que comunican, de inmediato, a todas las unidades de Aduanas y a la Policía de Investigaciones y a Carabineros.

Señala que, otro de los temas que también preocupan al Servicio en esta área, es el de los productos químicos o precursores, agregando que, en esta materia, han notado que hay una falta de coordinación con los organismos de Salud.

Específicamente, en lo que dice relación a si en el Servicio de Aduanas se ha recibido alguna denuncia con respecto a algún grado de involucramiento de funcionarios en la actividad delictiva, manifiesta que eso ha sido algo nuevo para el Servicio, el que está en la actualidad eligiendo el mejor personal para que se dedique ciento por ciento a esta etapa. En el caso detectado en Pudahuel, el año pasado, un colombiano pasó dos valijas con "luz verde", con sesenta kilos de drogas, porque un hermano funcionario lo estaba esperando. Es el único caso detectado. Sobre los medios con que cuenta el Servicio para ejercer su acción en forma eficaz, manifiesta que hay una necesidad total e importante de mayor personal y material; por esta razón, el proyecto de reestructuración, antes mencionado, aprobó una mayor dotación de 161 funcionarios, con quienes esperamos cubrir las partes sensibles de Aduanas, y una de ellas es el control, de Chacalluta.

En cuanto al resguardo marítimo y control de barcos y puertos, expresa, que Aduanas ejerce fiscalización en todos los puertos mayores, desde Arica a Punta Arenas. Por diversas situaciones, Carabineros se retiró del control de los Puertos donde había Comisarías de Aduanas, por lo que es una preocupación del Servicio tratar de reforzar el control. Saben que Carabineros tiene en estudio el sistema de volver a implementar sus dotaciones de Comisarías de Aduana, con lo cual se va a mejorar ese control; pero, evidentemente, la extensión del litoral no permite control aduanero en todos los puntos.

Ante el hecho de que se establezca que, en Chile, la Primera Región, el Área Metropolitana y la Quinta Región, encabezarían los rankings respecto de lo que es tráfico y consumo de drogas, reconoce que es una realidad bien objetiva y que, fundamentalmente en Arica, por diversas razones, a lo mejor de trabajo, surge el contrabando "hormiga", que entra desde Tacna con dos o tres gramos y es muy fácil cambiarlo por cualquier tipo de producto. Precisamente, están adoptando medidas para ejercer mayor control sobre la exportación de productos del mar.

Finalmente, el señor Martin, señala que, en los casos de lavado de dinero, precisamente, en este momento, a través del DEA, se formó una Comisión, que integran funcionarios de Aduana y de Impuestos Internos, y ellos tendrían una relación de casos específicos de investigación. Dice que, en los documentos que ha dejado a disposición de la Comisión, se dan diversas pautas a las instituciones financieras para que puedan, en cierta medida, hacer alguna investigación cuando les llega algún cliente a depositar un millón de dólares sin tener antecedentes.

h) 13 de marzo de 1991:

SEÑORAS MARIA ESTER MORENO, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION SALUD Y EDUCACION Y PRESIDENTA DE LA SUBCOMISION DROGAS Y ALCOHOLISMO; IRIS BARRIOS, SICOLOGA, PRESIDENTA DE LA SUBCOMISION SALUD Y EDUCACION; Y GRACIELA CAAMAÑO, COORDINADORA DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS, TODAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION:

Manifiestan que las labores que realiza el Ministerio en materia de prevención, se dividen en acciones destinadas a los alumnos, al profesorado, a los padres y apoderados, y a la comunidad en general.

Que en la educación básica existe un programa de inserción en prevención del alcoholismo, que abarca desde el 1 al 8a básico. ,

Que en la enseñanza media hay tres unidades incorporadas dentro de los programas oficiales de educación sobre drogadicción, alcoholismo y tabaquismo, las que conforman un trimestre de estudio y tienen por objeto mejorar la salud mental del educando para contribuir a su formación integral.

Que se realizan, también, algunos programas especiales como, por ejemplo, "niño ayuda al niño" y "joven ayuda al joven", con lo cual se pretende formar niños y jóvenes monitores especialmente en tareas de higiene y salud integral.

Agregan que otra acción sistemática es aplicada a través de la educación extraescolar, con el fin de orientar a los niños para la adecuada utilización de su tiempo libre (actividades deportivas, artísticas, literarias, científicas, etc.). Pero también es importante la actividad de orientación educacional que imparten los profesores jefes.

También el Ministerio de Educación ha celebrado convenios con el Servicio de Investigaciones y Carabineros a fin de propender a la formación de profesores-monitores.

Comunican, que a la comunidad en general se le ha entregado exposiciones, charlas, foros y películas atinentes al tema y, que para los padres existe el programa "Escuela para padres" con lo que se trata de sensibilizarlos para que tomen conciencia del rol que tienen frente a sus hijos.

Señalaron, en términos generales, que los resultados del trabajo de los profesores- monitores no han sido los esperados, por diferentes razones: traslados, municipalización, recargo de horario de clases del docente y, principalmente, que los colegios no disponen de presupuestos para contratar monitores que efectúen labores de prevención, y, además, mala implementación al profesorado para que realice actividades extra programáticas.

Expresan que es muy difícil tener la información exacta sobre el grado de penetración de la drogadicción en los colegios.

Sostienen que existen pocos Centros Rehabilitadores para la drogadicción y el alcoholismo que permitan una relación fluida entre dichos Centros y los profesores que han detectado el problema, a fin de realizar un seguimiento de la persona afectada. Sería necesario un mayor apoyo técnico y financiero para estas entidades.

Afirman que la actividad extraescolar ha disminuido ya que el canal escolar recibe menos aportes de la DIGEDER y tienen mayores requerimientos por el hecho de que debe efectuar campañas de salud en diversas materias, tales como drogadicción, SIDA, etc.

En cuanto a la Comisión Mixta de Salud y Educación, manifiestan que su funcionamiento no ha sido óptimo a nivel nacional, trabajando mejor a nivel regional, provincial y comunal.

Abundando sobre el tema de la prevención, manifiestan que cada región podría seguir su propio plan, en atención a las singularidades de cada zona del país; en todo caso, hacen presente que el mensaje ha puesto énfasis en la parte informativa, pero que no ha dado resultado; sería necesario implementar otro tipo de medidas, las cuales se encuentran en estudio.

Ante la preocupación de que el alumnado que egresa de la enseñanza media y no tiene posibilidad de ingreso a la Universidad, ni tampoco se encuentra capacitado para acceder al mercado laboral señalan que la legislación vigente permite que los planes de estudio se puedan adecuar, en una primera etapa, a un objetivo vocacional y, en una segunda, complementar las asignaturas de tipo formativo instruccional con capacitación laboral.

Hacen notar que, si sólo se destinara el 1% del impuesto que se aplica a la comercialización del vino, los programas de prevención sobre alcohol y droga, del Ministerio, se encontrarían totalmente financiados.

A la consulta referente a si se contemplan en los planes de estudio clases de religión, responden que éstas son obligatorias para los colegios y optativas para los alumnos.

Estiman que el tiempo de permanencia diaria de los alumnos en el colegio es poco y, que una de las principales causas es la no implementación de la doble jomada por la escasez de establecimientos para ello. Que esto conlleva a no poder entregar una formación integral por recargo de honorarios y necesidades de dar contenidos mínimos que aseguren un rendimiento académico.

Terminan expresando, que la principal causa de deserción escolar, sobre todo en 8 año básico, es la repitencia.

i) 20 de marzo de 1991:

SEÑORES BENJAMIN CONCHA GAZMURI Y JOSE MIGUEL MENCHACA, MINISTRO CONSEJERO, DIRECTOR DE POLITICA MULTILATERAL, Y PRIMER SECRETARIO DE LA DIRECCION DE POLITICA MULTILATERAL, RESPECTIVAMENTE, AMBOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES:

Se refieren al problema de la droga desde la óptica de la competencia que, en esta materia, incumbe al citado Ministerio.

Sobre el particular, el señor Concha manifiesta que, en lo que concierne al tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores reside en coordinar con las distintas reparticiones nacionales, que de un modo u otro, tienen injerencia en este problema, la participación de nuestro país en los distintos Foros, Regionales y Mundiales, que se ocupan de combatir el narcotráfico a través de la cooperación internacional entre los Estados y promover la suscripción de acuerdos o convenios bilaterales, encaminados al mismo propósito, con países que por diversas circunstancias, revisten un especial interés.

Señala que la labor de coordinación, antes mencionada, con las numerosas reparticiones nacionales que tiene atribuciones en materia de drogas, tales como: Ministerios del Interior, Justicia, Salud, Educación, Hacienda y Defensa, la Dirección Nacional de Investigaciones y Carabineros de Chile, se ha visto facilitada con la reciente creación del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, instancia interministerial que agrupa a todas las entidades nacionales competentes, de la que el Ministerio de Relaciones forma parte y, a cuyo establecimiento contribuyó decididamente.

Señala que, aunque el Decreto Supremo N 683, de 21 de septiembre de 1990, que estableció el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes consigna, en su artículo 4 letra e), como función suya relacionarse con los diversos organismos internacionales vinculados al tema de la droga, recomienda expresamente que ello debe hacerlo respetando las facultades que corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo que quedan adecuadamente resguardadas sus atribuciones en el ámbito externo.

Agrega que se referirá, muy sucintamente, a los distintos organismos internacionales que se ocupan del problema de estupefacientes, abordando en un grado de mayor detalle aquellos con los que Chile, a través del Ministerio, ha desarrollado una más activa participación.

Menciona entre los principales organismos dedicados al problema del narcotráfico a nivel internacional, los siguientes:

1.- Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

2.- Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA.

3.- Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos (ASEP).

4.- Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Preservación del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

5.- Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID).

6.- Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

7.- Policía Internacional (INTERPOL), organismo que agrupa a las policías civiles de los países miembros y a través del cual mantienen un contacto regular a nivel internacional en materia de intercambio de información que se traduce en un mecanismo de cooperación regional y mundial.

Destaca que Chile se ha manifestado partidario de una mayor racionalización de los organismos vinculados al narcotráfico a nivel internacional y especialmente dentro del sistema de Naciones Unidas, en virtud de que la proliferación excesiva de éstos, produce una dispersión de esfuerzos que es conveniente evitar.

Agrega que, por las consideraciones precedentemente expuestas, se referirá a las tres organizaciones internacionales que encabezan la nómina.

Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

Esta Comisión ha jugado un papel preponderante en el combate del narcotráfico internacional y en el desarrollo de la cooperación entre los Estados para la erradicación de dicho flagelo. Chile ha formado parte de ella en diversas oportunidades y a sus trabajos se deben la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y, mucho más recientemente, la Convención Contra el Tráfico Ilícito y Sustancias Psicotrópicas aprobada en Viena el 20 de diciembre de 1988, ratificada por Chile, en marzo de 1990, y promulgada en agosto del mismo año.

Todos estos documentos, especialmente la Convención de Viena de 1988, por el esfuerzo de actualización y modernización de las disposiciones legales que contiene para combatir el narcotráfico, constituyen ejemplos de cooperación internacional en el ámbito de la acción conjunta destinada a erradicar el tráfico interestatal ilícito de drogas. Esta Convención, constituye algo así como una "Carta Magna" para combatir el narcotráfico internacional. Reiteradamente se ha recomendado a los Estados que la han suscrito la conveniencia de que adapten sus legislaciones internas a las disposiciones en ella contenidas. Básicamente, su moderna normativa contempla acciones en el plano de procedimientos legales expeditos para favorecer la extradición de personas involucradas en el tráfico ilícito de estupefacientes, previsiones sobre intercambio de información entre los Estados y sugerencias encaminadas a elevar el nivel de capacitación de. los servicios nacionales que intervienen en la prevención y represión de delitos vinculados a drogas.

Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la OEA. (CICAD).

Las diversas acciones y actividades que realiza en la actualidad la Organización de los Estados Americanos, destinadas a prevenir o controlar el consumo, la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tienen su origen en la Conferencia Interamericana sobre Narcotráfico, reunida en Río de Janeiro, Brasil, entre el 22 y 25 de abril de 1986. Dicha reunión internacional aprobó el programa de acción de Río de Janeiro, el cual recomendó la creación de una Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, la que se estableció el 15 de noviembre de 1986, en el XVI período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en Guatemala.

Básicamente, la referida Comisión tiene atribuciones para desarrollar, coordinar y evaluar las medidas propuestas en el programa de acción y presentar nuevas iniciativas para aumentar la eficiencia de la prevención del uso indebido de drogas y de la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en la Región.

Destacan, a continuación, las actividades que la Comisión ha desarrollado y está realizando en la actualidad, como las siguientes:

- Reunión de Ministros de Estados Miembros con el fin de revaluar el estado actual del programa de las drogas, llevada a cabo en Ixtapa, México, entre los días 17 y 20 de abril de 1990.

Como resultado de esta reunión se formula la "Declaración y Programa de Acción de Ixtapa", donde los países miembros de la Organización reiteran su decisión de ampliar, y aumentar el alcance de la cooperación y coordinación interamericanas, a través de la CICAD, como asimismo se comprometieron a adoptar una serie de medidas, como:

- Promover la ratificación de la Convención de Naciones Unidas de 1988, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

- Apoyar las actividades de la CICAD, para facilitar la aplicación armónica, por los Estados Miembros, de las disposiciones de la citada Convención.

- Recomendar la actualización y modernización de las leyes nacionales y de los medios e instrumentos para aplicarlas, con el propósito de establecer penas y medidas más estrictas, seguras, expeditas y eficaces para combatir el narcotráfico.

- Instar a los Estados Miembros a fiscalizar más eficazmente la producción y comercialización de los precursores y sustancias químicas que sirven para la elaboración ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

- Recomendar a los Estados Miembros la pronta adopción del Reglamento Modelo para el Control de Precursores y Sustancias Químicas, Máquinas y Elementos, preparado por un grupo de expertos convocados por la CICAD.

- Enfatizar la necesidad de crear una legislación que tipifique como delito toda actividad frente al lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y que posibilite la identificación, el rastreo, la aprehensión, el decomiso y la confiscación de tales activos.

Continúa exponiendo que, en el ámbito interamericano, Chile inició en 1988 una acción diplomática contra el tráfico y la producción de drogas, impulsando la materialización de una Convención Interamericana Contra el Narcotráfico, que, partiendo de la base de lo señalado por la Convención de Naciones Unidas sobre el particular, la adecúe al área Regional respetando principios básicos del Sistema Interamericano como la intervención. Dicha Convención, podría contener una tipificación uniforme para todos los países del Continente del delito del narcotráfico, en todas sus variantes, con lo que se solucionaría una serie de dificultades que se presentan hoy, y podría abordar integralmente el caso de la extracción, que es el área donde se producen los mayores conflictos internacionales en la actualidad.

Indica que, del mismo modo, Chile propuso un reforzamiento de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de drogas (CICAD), mediante una ampliación y perfeccionamiento de las atribuciones y mecanismos de ésta, lo que se logró en la Asamblea de la OEA, celebrada en San Salvador en 1988, año en el que Chile se incorpora como miembro activo de la CICAD.

Agrega que, también en el ámbito de la CICAD, nuestro país se encuentra participando en las reuniones de expertos jurídicos en precursores químicos, las que fueron convocadas dentro del Programa de Desarrollo Jurídico de ese Organismo.

Hace saber que, durante el transcurso de dichas reuniones se ha elaborado un proyecto de "Reglamento Modelo" que será ofrecido a los países de la OEA, a objeto de que les sirva de base para dictar o perfeccionar sus legislaciones nacionales en la materia, -Chile no posee una legislación ad hoc que permita el control sobre la comercialización de precursores-. Chile al igual que el resto de los países del Hemisferio, tiene la convicción de que un control efectivo de la fabricación, exportación, importación, etc., de tales sustancias -sin las cuales las drogas no pueden producirse- constituye uno de los mecanismos más eficaces en la lucha contra el narcotráfico, a corto y mediano plazo.

Manifiesta que, en relación con el lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, la CICAD, conforme al mandato impartido en la "Declaración y Programa de Acción de Ixtapa", convocó a una reunión de expertos para preparar un reglamento modelo sobre la materia. La primera reunión de expertos se celebró en Washington

D.C., entre el 26 y 30 de noviembre de 1990 y tuvo un carácter eminentemente organizativo y de preparación para las próximas sesiones de trabajo; sin embargo, debatió y aprobó algunos acuerdos que conviene destacar:

- El grupo reconoció que carecía de facultades para enmendar al mandato conferido por la reunión Ministerial de Ixtapa y que, por tanto, sólo estaba autorizado, conforme al párrafo 6 del respectivo "Programa de Acción", para analizar el tema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y no de otros delitos de alcance internacional, como son el contrabando de armas, la trata de blancas y otros.

- Asimismo, se consideró oportuno adoptar como instrumento de partida y marco jurídico, la Convención de Viena de 1988, instando a las naciones que aún no la han firmado, a suscribirla cuanto antes.

- De igual modo se adoptó, a sugerencia de los Estados Unidos de N.A., un cuestionario sobre el lavado de dinero, decomiso de bienes, leyes de secreto bancario y requerimientos contables.

Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos (ASEP).

Afirma que Chile ha tenido una activa participación en el Acuerdo Sudamericano ASEP, el cual tiene como misión fundamental incentivar una estrecha colaboración y un eficaz intercambio de información entre los Estados Partes, en todo lo relativo a la lucha contra el uso indebido de Estupefacientes y Psicotrópicos. En este contexto, nuestro país ha estado representado en los diversos cursos de capacitación que imparten los ocho Centros Regionales dependientes del ASEP y, en la actualidad uno de ellos, el Centro Regional en Fiscalización Sanitaria funciona en Santiago, habiendo realizado, a la fecha, dos encuentros internacionales de muy positivos resultados.

Resalta que ASEP, que tiene su sede en Buenos Aires, ha desarrollado una eficiente labor en materia de capacitación de personal de los Servicios vinculados al control de Drogas de los países miembros. Sus órganos principales son la Conferencia que se reúne anualmente, el Consejo de Representantes que administra el cumplimiento del acuerdo y una Secretaría Ejecutiva.

En relación con lo señalado al inicio de su intervención, el señor Concha manifiesta que, en el ámbito del problema de drogas, el Ministerio estima que la suscripción de acuerdos bilaterales con países de la Región supone el reconocimiento de que la erradicación del tráfico ilícito es responsabilidad de todos los Estados y la importancia que para ello tiene la adopción de medios jurídicos eficaces de cooperación internacional en asuntos penales, para suprimir las actividades delictivas transnacionales. Dentro de este contexto, agrega, el año recién pasado se han suscrito acuerdos de esta naturaleza con Argentina, Brasil, Ecuador y México y se espera adoptar acuerdos similares dentro de los próximos meses con Uruguay, Colombia y Venezuela.

Con respecto a la información solicitada por la Comisión, relativa a aspectos fronterizos del tráfico de estupefacientes, precisa que se ha consultado a la Dirección de Fronteras del Ministerio, la que ha manifestado no disponer de antecedentes sobre el particular; en realidad este aspecto del programa compete más directamente a los Servicios de Aduana, Policía de Investigaciones y Carabineros. En cualquier caso, hace notar que se tiene conocimiento que la capacitación del personal de zonas fronterizas ha merecido la atención preferente de los cursos de adiestramiento que ofrece la ASEP.

Como comentarios finales, destaca las siguientes apreciaciones y sugerencias:

1.- El narcotráfico se está convirtiendo en un problema más sensible y de mayor repercusión internacional que amenaza la estabilidad de ciertas sociedades y, consiguientemente las relaciones entre los Estados, van intensificando los esfuerzos para fortalecer la cooperación internacional en combatir esta lacra. Nuestro país ha participado activamente en tales esfuerzos, contribuyendo a la labor que desarrollan los organismos internacionales ocupados del problema y suscribiendo convenios de carácter multilateral y acuerdos bilaterales con diversos Estados.

2.- Chile, no obstante, su vecindad con los países productores de coca, ha sido capaz de mantener el problema bajo control. Se reconoce internacionalmente a nuestro país una acción relevante en esta área que surge de la acción de limpieza de laboratorios vinculados al narcotráfico realizada en el pasado. Ha favorecido lo anterior, la eficacia y ausencia de corrupción de los Servicios encargados del control y prevención, la ausencia de una producción nacional relevante y la disolución de los principales centros de consumo internacional.

3.- Sería aconsejable dar mandato expreso a la OEA para que proceda al estudio de una convención interamericana sobre la materia, en base a los principios contenidos en la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Psico- trópicos, de 1988; en espera de que ello se consiga, se continuaría insistiendo ante los países de la Región en la conveniencia de que ratifiquen dicha Convención.

4.- Conveniencia de insistir en la necesidad de reforzar los Organismos actualmente existentes, a través de un compromiso financiero y político, por parte de todos los países de la Región.

5.- Fortalecer la cooperación para la represión del tráfico de drogas, mediante la aceptación de parte de todos los países de la Región, de los convenios sobre extradición que incluyen el tráfico de drogas y figuras conexas. Tal es el caso de la Convención de Caracas, que Chile no ha ratificado.

6.- Se debería impulsar la necesidad de legislar en materia de precursores. Se ha detectado en el campo interno, la falta de una legislación que permita el control sobre la comercialización de éstos. Chile produce en la actualidad tres de los más importantes precursores: éter, acetona y ácido sulfúrico.

j) 3 de abril de 1991:

SEÑOR ALEJANDRO SOLIS MUÑOZ, JUEZ DEL 5° JUZGADO DEL CRIMEN DE SANTIAGO:

Manifiesta que el artículo 2° de la ley N° 18.403, sobre drogas y estupefacientes, se refiere a la "marihuana" y expresa que, por estar tan difundido el tráfico de ella en algunas zonas del país, los jueces se ven en la obligación de fijar cantidades mínimas para iniciar los procesos, lo cual no se encuentra establecido en la ley. Que, con respecto a esto mismo, otro problema que enfrentan los jueces es la remisión del inculpado al médico legista para que éste determine si es o no consumidor, trámite que normalmente retrasa los procesos en razón de que no existen los profesionales suficientes para la realización del examen correspondiente, lo que determina que deban sobreseer las causas.

Agrega, además, que otro problema dice relación con el plazo de 48 horas con que cuentan los Servicios Policiales para que el inculpado sea puesto a disposición del tribunal, plazo insuficiente para concluir la investigación. Precisa, que sería conveniente establecer una norma similar a la existente sobre conductas terroristas, para que el juez,

por resolución fundada, pueda ampliar dicho plazo hasta 10 días; igualmente, cree necesario rebajar de 5 días a 24 horas -como en el caso de la información al Director de Salud- el plazo con que cuenta la policía para notificar al Consejo de Defensa del Estado, con el objeto que éste se haga parte en el proceso; igual comunicación debería enviarse al fiscal de tumo de la Corte de Apelaciones respectiva.

En relación con la configuración de la atenuante del artículo 11, NQ 7 del Código Penal, manifiesta que debería establecerse en la legislación pertinente que en los procesos por drogas no se aceptará la "reparación" del mal causado, a menos que se consigne una suma, a determinarse, en beneficio de alguna institución rehabilitadora, organismo policial o entidad relacionada con el control de la droga.

Menciona dos aspectos -"agente encubierto" e "informante"- que no se encuentran considerados en la legislación y que, a su parecer, debiera incorporarse una normativa que regule su participación en la investigación del delito. Asimismo, señala que debe establecerse una norma legal que regule la distribución y comercialización de "precursores".

Respecto del lavado de dinero expresa que el secreto bancario impide iniciar investigación, ya que, si no existe un proceso y un inculpado no se permite revisar los antecedentes bancarios de un sospechoso, por lo cual se hace necesario modificar la ley correspondiente en este aspecto puntual y para los delitos de drogas.

Ante consultas de los señores Diputados, aclara que nuestra legislación no sanciona al consumidor, siendo el médico legista quien determina si es adicto y si no lo es será sancionado como traficante. Agrega que la "pena" de colaboración con la autoridad podría ser un tipo ideal de sanción para el consumidor.

Para los efectos de aplicación de penas, advierte que no parece conveniente que el mínimo sea muy riguroso, debiendo iniciarse 1a escala en un grado inferior, de manera que el tribunal tuviera la posibilidad de aplicarlas cori flexibilidad, tomando en cuenta, entre otras cosas, la cantidad de droga portada por el inculpado. Según su apreciación, constituye una agravante especial el hecho de proporcionarle drogas a menores de edad, siendo necesario legislar para el caso de intoxicación de un menor con resultado de muerte.

Señala, finalmente, que la modificación de la legislación actual debe comprender varios frentes a fin de atacar el problema de la droga desde su inicio hasta el final; sobre el particular debe legislarse en relación con "precursores", situación del "informante" y el "agente encubierto", modificarse lo concerniente al comiso para que los bienes tengan destinación especial, y también considerarse el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, entre otros casos.

k) 17 de abril de 1991:

DOCTOR RICARDO TESTARD, DIRECTOR HOSPITAL PSIQUIATRICO EL SALVADOR DE VALPARAISO, MIEMBRO DE LA ASOCIACION IBEROAMERICANA EN TORNO A PROBLEMAS DE ALCOHOL Y DROGAS, (AIEPAD) Y EL DOCTOR FRANCISCO ESPEJO, ASESOR DE SALUD MENTAL DE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA V REGION.

En su exposición el doctor Testard, señala que la Asociación Iberoamericana en torno a problemas de alcohol y drogas es un organismo científico, que tiene una sede en Santiago, la cual es actualmente presidida por el asesor de Salud Mental del Ministerio de Salud, doctor Alfredo Pemjean, cuyo objetivo principal es difundir, estudiar y apoyar a científicos en todos los problemas relacionados al uso y abuso del alcohol y drogas.

Sobre el problema, de la droga, manifiesta que para dar una visión general de él se deben considerar tres elementos fundamentales, que son: el significado que tiene la droga para el individuo, significación social y dinámica que se establece desde el medio y la disponibilidad de la droga.

La droga existe desde tiempos inmemoriales, no siendo un fenómeno propio de nuestra cultura, pero en la actualidad es uno de los estigmas más graves que afecta a la humanidad.

En nuestro país el fenómeno presenta un aumento progresivo en los últimos diez años, siendo difícil de cuantificarlo por no existir una unidad centralizada de vigilancia epidemiológica del problema.

Agrega que las diversas iniciativas destinadas a prevenir las causas que los producen, son acciones absolutamente focalizadas, sin planes ni programas permanentes y totalmente descoordinadas, reiterando que es necesaria la existencia de un organismo centralizador que establezca normas generales con un presupuesto asegurado.

En otro orden de ideas, manifiesta que el individuo tiene que tener una noción de sí mismo en el mundo, de conquistar su propia libertad, dominio y relación positiva y grata consigo mismo, si no se ha planteado estas inquietudes es un ser sufriente, que determina conductas hétero destructivas, y al tener presente estos elementos nos lleva a comprender la patología mental.

En relación con el acceso a la droga, señala, que ésta es de un ciento por ciento, sobre todo en los colegios.

Los individuos que tienen una condición de fragilidad de la estructura de la personalidad son los potenciales adictos, ya que a través del uso de la droga cambian su vida. La estructura de la personalidad se determina en los tres primeros años de vida, lo que lleva a pensar que, si se quiere efectuar prevención, en el sentido de no tener receptores, hay que legislar y preocuparse de la organización comunitaria, social y familiar. Destacando que al respecto existe la tecnología, pero que no está siendo aplicada.

En el medio también vive el factor básico que mueve al ser humano en la conquista de su propia libertad y como reflejo, probablemente, de este mismo hecho individual, trata de propender hacia una evolución que tiene que ver con el equilibrio de factores de su estructura que a la larga inciden en el desarrollo de una mejor calidad de vida de los individuos que la componen.

Cada uno de los fenómenos psíquicos y de estructura de personalidad del individuo, de alguna manera, se proyectan e interactúan dialécticamente con el grupo social y la sociedad va definiendo facilitadores para la formación positiva de la personalidad, así como los obstructores o desventajas en la estructuración de las dinámicas sociales e individuales.

Enfatiza en el hecho de que la trama del narcotráfico está relacionada con todos los niveles de la sociedad, financiando incluso programas de desarrollo y prevención en el uso y abuso de drogas.

El medio social está obligado a propender a la superación de las debilidades de la estructura del ser humano, lo que también produce situaciones tensionales que hacen que las exigencias para sobrevivir en la sociedad sean más fuertes que las defensas que el organismo dispone, llevando a esclavizar al mismo ser humano que desea aliviarse de sus tensiones para tratar de liberarse.

Una política destinada a atacar la oferta, solamente, sin considerar los otros factores está destinada al fracaso, ya que ésta debe contemplar simultáneamente una legislación para frenar la producción de drogas, las cuales tienen además olios usos, incluso médicos, y además debe considerar una coordinación de todas las instancias relacionadas de la sociedad para que el receptor se haga lo suficientemente fuerte y pueda repeler la posibilidad de volverse adicto.

Si el sujeto supera sus falencias de personalidad, supera el síndrome adictivo ya que logra una positiva y clara relación incondicional y positiva consigo mismo, terminándose por gratificarse con su lucidez y sacando adelante sus proyectos vitales normales; su contacto con la droga, si lo llega a tener, no rompe ninguna actividad vital, pasando como una moda infanto-juvenil.

El adicto físico es absolutamente rehabilitable y el costo de su rehabilitación es bajo, ya que no constituye un problema epidemiológico. El problema lo constituye el adicto por propensión intrínseca o dependencia sicológica ya que la sociedad, al decantar los mecanismos suficientes y regulares para expresión de las áreas oscuras del desarrollo psico-social, de alguna manera acepta que existan estos individuos en el seno de ella, porque de una u otra forma representan el mal.

El drogadicto, el delincuente y el sociópata tienen inactivo rol social y son los que posibilitan seguir viviendo al permitir efectuar la separación entre el bien y el mal, haciendo posible ordenar todos los componentes de nuestra existencia en falencias y desarrollo; en la lucha continua de vivir hacia la superación de la limitante que poseemos, se van decantando instancias que permiten, aparentemente aseguramos el devenir y el porvenir, lo cual puede significar el desarrollo de una dialéctica negativa que haga perder la visión exacta de lo que debe hacerse.

El aparataje social, en este sentido se transforma en continente y contenido, generador, facilitador y a la vez en productor de la propensión de la personalidad frágil del drogadicto, dándole a éste un rol activo, descansando inconscientemente en ese rol, lo cual puede llevar a una estabilización de estos factores.

Los síntomas de éste fenómeno son la insensibilidad multisectorial, la incapacidad de enfrentar y de poner la cara ante el problema, produciéndose una relación ambivalente frente a los tópicos de drogas, alcohol y de trastornos del área de salud mental. Todos reconocen el problema y su importancia, pero evitan involucrarse en él.

Respecto al agente adictivo, señala, que existen algunos tan potentes que con una sola dosis producen adicción y que la droga que más se usa en Chile es la marihuana, siendo ésta la que tradicionalmente ha marcado el hábito, encontrándose muy difundido su uso, su acceso es de un ciento por ciento en el adolescente y el adulto joven, aunque éste último tiempo ha dado paso al uso de la cocaína.

En relación a la situación de nuestro país, agrega que, Chile se ha caracterizado, básicamente, por el abuso y uso masivo de alcohol que se ha transformado en un verdadero elemento cultural el cual se encuentra muy enraizado, siendo, por tanto, muy difícil de establecer mecanismos de prevención.

En los últimos 15 o 20 años comienza a aparecer la marihuana como un elemento de liberación cultural, y que factores concomitantes hicieron que un uso apareciera como símbolo de una actitud más pura y sana de enfrentamiento de los factores socio-culturales para el desarrollo de la humanidad terminando por focalizarse en forma permanente en los sectores más bajos, en donde tiene consecuencias sico-sociales más graves.

En los sectores altos tarde o temprano se le pone término de alguna manera, ya que las familias tienen recursos para salvar la situación permitiendo que el adicto logre una canalización más positiva de su actividad, lo que no ocurre en los niveles bajos.

El doctor Testard estima que el consumo de drogas en los niveles socio-culturales más bajos no está muy difundido, aunque no hay estudios exactos que corroboren esta aseveración, pero sí se ha comprobado, cabalmente, que las consecuencias son permanentes, irreversibles y nefastas, quedando marcadas en el adolescente o adulto-joven, porque no hay como salir de ellas.

Como conclusión, respecto del consumo de drogas en Chile, se señala que de acuerdo a las características de la población es posible encontrar consumo habitual de ellas, tales como marihuana y cocaína, así como otras más pesadas, las cuales se usan mezcladas con alcohol, y que cifras confiables lo sitúan en alrededor de un 14 por ciento en el adulto joven.

Las tendencias actuales en la materia son de un acceso del ciento por ciento a la marihuana y en los lugares donde éste ha disminuido se ha debido al aumento del consumo de otras drogas, tales como la pasta base de coca.

En relación con el agente adictivo, otras sustancias que registran un alto consumo son los estimulantes, psicofármacos que tienen uso médico básicamente, siendo imposible regular su control. Destaca que es insuficiente la normativa vigente respecto al control de las recetas médicas. Enfatiza, en el hecho, que los estimulantes tienen mucho que ver con los estilos de vida actuales, siendo muy utilizados por los estudiantes, ejecutivos y otras personas sometidas a fuertes exigencias sociales, lo cual hace que éstos tengan un paralelo con el alcohol, en el sentido de que son socialmente aceptados.

Las características de nuestra sociedad, altamente compleja y competitiva, requiere de individuos interiormente estabilizados para soportar las exigencias diarias del vivir y ser socialmente válidos, ya que las exigencias para desenvolverse son extremadamente complejas y sobrepasan desmesuradamente el nivel medio de capacidad que sustenta el sujeto normal, lo cual está prácticamente reñido con la naturaleza intrínseca del hombre, llevándolo a buscar vías de evasión.

Finalmente, se refiere a la formas de enfrentar el problema, señalando que es necesario definir un enfoque y tener claro que éste debe estar básicamente inserto en la perspectiva comunitaria, multidisciplinaria y multisectorial, sobre la base de una política específica para este problema, con infraestructura y recursos permanentes, siendo absolutamente imprescindible la existencia de un organismo de carácter centralizado para mantener todo el proceso de capacitación, coordinación de información, reunión de antecedentes, vigilancia epidemiológica y apoyo técnico necesario para los distintos sectores involucrados.

La estrategia para enfrentar el problema debe, obviamente, considerar la oferta y la demanda. La demanda se puede controlar si se propende a una educación masiva para estimular el desarrollo normal positivo del individuo en todas las áreas del desarrollo, y si se educa preventivamente en el sentido de mostrar como probable el hecho de caer en la drogadicción, mostrándole al niño, joven o adolescente como fortalecer sus vínculos familiares y defenderse.

Otro punto fundamental a tener en consideración es la sustitución de las conductas adictivas, destacando en esta materia el trabajo que realizan los grupos religiosos. Lo cual debe estar acompañado con la creación de otras vías de uso del tiempo libre, de actividades recreativas y creación de instancias de desarrollo comunitario.

Agrega que es, igualmente importante propender a una ecología del desarrollo a escala humana, aplicada por y para el hombre, de sus propios medios, igualando los factores en desmedro, en que cada sujeto que tiene facilitadores y obstructores puede y debe tender a una mejor calidad de vida, si tiene condiciones equivalentes a esa situación particular y personal.

Ante consultas, de los señores Diputados, sobre la competitividad que se da en la sociedad occidental especialmente, señala que ésta no está definida en un marco económico, sino que está inserta en la cultura occidental conocida. El ser humano tiene la estructura y esquema económico vigente inmerso en su personalidad, como propio y endógeno del surgimiento de la sociedad.

Sobre medidas específicas que tiendan a frenar el consumo, estima que éstas tienen efectos, pero no erradican el mal y que, de cierta manera, incluso, lo estimulan, puesto que fortalecen la oferta. Dichas medidas sólo ayudan al sujeto normal, el que en forma natural va a desechar la droga, pero no incide en el desarrollo del problema. El punto de ataque debe ser la demanda y el usuario, todo esto sin dejar de lado otras medidas para controlar la producción.

Ante la situación actual sólo cabe una solución: los adictos deben ser tratados, se deben crear programas de rehabilitación, hay que gastar todos los recursos que sea necesario en forma simultánea, multisectorial, incentivando a los centros de rehabilitación y fomento del desarrollo familiar y comunitario; estas acciones no deben significar dejar de lado la prevención.

Ante la consulta sobre la forma de tratar los problemas de drogas y alcohol, expresa que el tratamiento del alcoholismo ha sido enfrentado con alta tecnología y con niveles razonables de éxito, no siendo partidario de eliminar las iniciativas existentes sobre la materia, sino que al contrario, se les debe ayudar porque funcionan bien cuando sólo se dedican a ello, pero que toda comisión o grupo que trabaje con drogas debe considerar, además, al alcohol, puesto que estas dos sustancias tienen una vinculación evidente. El adicto es adicto a cualquier cosa y al alcohol siempre.

Estima que la creación del Consejo Nacional para el control de Estupefacientes vino a llenar un vacío que existía por la falta de una entidad coordinadora de las acciones de enfrentamiento del problema, aunque a este Consejo le falta poder resolutorio.

l) 12 de junio de 1991:

SEÑOR LUIS SOTO, DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y REHABILITACION SICOSOCIAL DE CONCEPCION.

Expresa que la tarea que realizan está centrada en la Provincia de Concepción, pero que, desde luego, les preocupa el problema que ocurre en todo el país.

Señala que el Centro es una entidad no gubernamental y que vienen trabajando desde hace 7 años a la fecha gracias a proyectos aprobados por la Comunidad Internacional, básicamente por el Gobierno Sueco.

Los niños que viven en la calle son los más expuestos al consumo de distintas sustancias dañinas para su salud, entre las cuales se encuentran los hidrocarburos aromáticos, como pegamentos y adhesivos que contienen benceno, elemento que provoca la mayor adicción y daño.

Piensa que la rehabilitación no debe hacerse en recintos cerrados y el régimen de internado sólo se aplica con niñas, ya que son las más expuestas y las que necesitan una atención más urgente. Su capacidad de atención es de 70 casos.

Cuentan con los tres Centros de Rehabilitación en la provincia de Concepción: Villa Suecia, en la ruta hacia la zona minera; el otro en Lota y el tercero en Concepción.

La atención de los Centros se combina con un programa de Educadores de Calle. Se trabaja con grupos de alto riesgo en Curanilahue, Lota, Coronel, Concepción, Penco y Talcahuano; también tienen un programa para niños que se encuentran internados en las "cárceles" de la región.

Señala que el trabajo con los niños comienza por demostrarles que el sistema de relaciones sociales que han conocido, marcado por la subordinación, la dependencia y la fuerza, no es representativo de la sociedad. Se valoran los esfuerzos que cada niño hace al comprometerse con su propio proceso de rehabilitación, siendo éste un factor irreemplazable para la dignidad humana.

Se entregan oportunidades para que cada uno de ellos desarrollen trabajos productivos al interior de los Centros de Rehabilitación.

El trabajo que realizan ha despertado curiosidad en la Comunidad Internacional que se preocupa de estos temas, siendo requeridos por distintos países para relatar su experiencia. Esta consiste en un sistema abierto, donde se ha puesto a disposición de los jóvenes un equipo multidisciplinario que colabora en cada uno de los momentos claves de la recuperación sicológica y social del menor adicto a cualquier droga.

Ante diversas consultas de los señores Diputados, manifiesta que el ingreso de los menores a los Centros de Rehabilitación se produce a través de tres vías: primero, el propio consentimiento de los niños; segundo, el consentimiento de la familia; en el caso de que el vínculo afectivo del menor con ella todavía sea válido, y tercero, a través de los Juzgados de Menores o de los Trabajadores Sociales de otras entidades.

Luego de su ingreso, se les desintoxica y se les asignan variados roles dentro de la Institución. Posteriormente comienza el diagnóstico técnico, realizado por médicos, sicólogos y trabajadores sociales. No ejercen presión sobre ellos y paulatinamente se les trata de reinsertar en la comunidad.

Concretando sobre los roles asignados, expresa que se comienza por explorar las áreas de interés de los niños para que luego asuman las tareas cotidianas y domésticas en que puedan realizarse y vayan en beneficio colectivo.

Las edades de los niños atendidos fluctúan entre los 5 y los 18 años. Cuando egresan se hace una gestión de seguimiento. Si la familia lo recupera, se realiza un trabajo previo con ella a fin de crear un ambiente de acogida. Si la familia está muy deteriorada o no existe, se buscan grupos afectivos de referencia.

Estima que la permanencia de los menores en estas Instituciones debe ser breve, ya que ésta no puede sustituir a la familia o a la sociedad.

En relación con el funcionamiento de los Centros, agrega, que se trata de reinsertar prontamente a los niños para que se mezclen con otros del barrio o del sector asistiendo a escuelas regulares para que recuperen su infancia. Se propician las visitas a sus familiares, a los centros recreativos, etc.

Destaca que el niño nunca está solo y vive en una comunidad en que siempre está presente un Monitor, con el apoyo del micólogo o del trabajador social que corresponda. Reconoce un cierto pare: o con el sistema que emplean las Aldeas Infantiles S.O.S.

Sobre información estadística, hace presente, que las cifras que manejan no son representativas de lo que ocurre en la Región, pero advierte que se están haciendo trabajos en coordinación con otras entidades y agrega que forman parte, en Concepción, de una entidad denominada "Núcleo Regional de la Red para la Infancia y la Familia", que funciona en América Latina y el Caribe.

Piensa que, en materia de rehabilitación, en Chile se hace muy poco. Se pone énfasis en sistemas represivos, en vez de acentuar la solidaridad y hacer uso de los aportes concretos que la pedagogía mundial ha puesto a disposición de la sociedad.

Por último, señala que la Institución que dirige es financiada por una organización nacional de jóvenes y niños suecos, que aportan el 50% del financiamiento, y el 50% restante, proviene del Gobierno Sueco.

m) 12 de junio de 1991:

SEÑOR IGNACIO GONZALEZ SERRANO, MIEMBRO DE I.A DELEGACION CHILENA ANTE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (O.E.A.)

Expresa que se referirá a un tema que hasta hace 25 años atrás sólo tenía connotaciones, fundamentalmente, policiales y sanitarias, pero que en la actualidad es calificado como un flagelo internacional y una amenaza para la seguridad y estabilidad de los Gobiernos.

Se gastan cientos de millones de dólares con el propósito de reprimir el tráfico de drogas y lavado de dinero, generando roces entre los distintos Estados de la comunidad internacional.

Agrega que el Secretario General de las Naciones Unidas ha expresado que el comercio mundial e ilegal de drogas en un año, alcanza a la suma de 500 mil millones de dólares. Esta cifra significa más del doble del comercio exterior que los países de América Latina realizaron el año pasado y, representa más o menos dos tercios del producto interno bruto de todos los bienes y servicios producidos por estos países, a diciembre del año pasado.

La marihuana es la droga de más alto cultivo, tráfico y consumo en el mundo. Su producción mundial en el año 1988 fue calculada en alrededor de 27.500 toneladas métricas y como se sabe, no requiere de sustancias y productos químicos para ser obtenida. Los principales países productores son: México, Costa Rica, Belice, Jamaica, Tailandia, y los principales consumidores son: Estados Unidos y varios países de Europa Occidental.

De la adormidera se extrae el opio, la morfina y la heroína. La principal producción está en Irán, Pakistán, Afganistán, Asia, Laos, Burma, Tailandia, y en América: México y Guatemala. El principal consumo se encuentra en Asia, India, Bangladesh, Malasia, Singapur, Europa Occidental, algunos países del Medio Oriente y Estados Unidos.

El 25% de los enfermos de SIDA son a la vez heroinómanos, existiendo una directa relación entre esta enfermedad y las drogas inyectables.

La coca, por la proximidad geográfica con los dos mayores productores de ésta en el mundo, -Perú y Bolivia- es la droga que nos afecta directamente. En su proceso de elaboración se usan sustancias o productos químicos, conocidos como precursores, los cuales, además, tienen un variado uso industrial.

La Convención de Viena, suscrita en 1988, de la cual Chile es parte, se ha preocupado del control de la elaboración y comercialización interna y externa de estos precursores. La O.E.A. a través de la CICAD, hace 6 meses, elaboró un Reglamento Modelo para el control de los precursores, el que fue ofrecido a todos los Gobiernos de América, y tiene como objetivo el desarrollar y profundizar esta materia.

La elaboración de cocaína, hasta hace poco tiempo, era producida, principalmente, por Colombia. En el último tiempo hay signos evidentes que se está elaborando, también, en Perú y Bolivia, que en conjunto producen el 90% de la hoja de coca del mundo y Colombia entre el 5 y el 10%. Producto de la represión que se está llevando a cabo en esos países, se han detectado cultivos ilícitos en Brasil, Paraguay, Argentina, Venezuela y Ecuador. En la zona Andino-Amazónica existen alrededor de 195.000 hectáreas de cultivos ilícitos del arbusto de la coca, con una producción de entre 1.000 a 1.050 toneladas de pasta base y 400 a 420 toneladas de droga pura.

El significativo aumento de cultivos que se aprecia en los países citados se debe, en gran medida, al mayor consumo en los Estados Unidos a partir del año 1965, coincidiendo con la situación social y sociológica producida por la intervención norteamericana en la guerra de Vietnam y la deprimida situación económica y social de vastos sectores campesinos y rurales de los países productores.

El control y represión de los cultivos de coca son muy difíciles de efectuar por la ubicación geográfica en que se encuentran.

Se refiere, también, a las sustancias psicotrópicas, llamadas drogas químicas como las anfetaminas, las metanfetaminas, y las alucinógenas derivadas del ácido lisérgico, así como a las drogas "lícitas", usadas en la sociedad moderna, como sedantes y tranquilizantes, advirtiendo que su comercio alcanza cifras astronómicas.

La clásica diferenciación entre países productores, consumidores y de tránsito se ha ido paulatinamente perdiendo.

Siendo Estados Unidos el mayor consumidor de todo tipo de drogas en el mundo, una encuesta realizada el año pasado, ha demostrado que de los 25 o 26 millones de consumidores que tenía en 1987, esta cifra ha disminuido a la mitad, lo que demuestra la mayor preocupación que en estos últimos años ha tenido este país por controlar el consumo. En la actualidad el tráfico ilegal de drogas es considerado una amenaza a su seguridad nacional, poniendo el acento en la represión de su propio consumo.

Hay informaciones que señalan que Alemania estaría siendo hoy día un país foco, hacia los cuales los narcotraficantes están dirigiendo su actividad. Lo mismo pasa en España, Holanda y África, donde las encuestas revelan que el consumo de todo tipo de drogas está aumentando en forma vertiginosa.

En materia de tráfico, se piensa que los decomisos no representan más del 3 al 5% del total de la droga que se trafica mundialmente.

Los efectos generales más destacados son: la narcotización de la economía interna en ciertos países, como Perú y Bolivia, en que los ingresos de divisas de esta actividad ilegal llegan a representar entre el 10 y el 20% del producto interno bruto. La narcotización externa de la economía de estos países representa el 51 % de los ingresos peruanos de divisas, y en Bolivia llega al 137%. Todo el ingreso de estos dineros tiene consecuencias negativas en la economía de dichos países provocando inflación, aumentando los gastos del Estado en administración de justicia, de equipamiento y formación de cuerpos policiales y en materias de salud y rehabilitación de drogadictos.

En el área social hay efectos laborales negativos, ausentismo, pérdida de capacidad laboral, accidentes del trabajo, pérdida de valores, etc. Lo peor de todo es el surgimiento de una cultura de la violencia, porque el fenómeno del narcotráfico está aliado, casi siempre, al crimen, al chantaje, al secuestro de políticos y de otras personalidades, vinculándose, además, al gravísimo delito de corrupción.

Todos estos efectos producen una amenaza casi incontrolable en algunos Estados. En América Latina es fuente de conflictos sostenidos de carácter internacional entre los países, debido a los diversos diagnósticos y diferentes remedios con que cada país intenta enfrentar el problema. La estabilidad y seguridad interior se ven amenazadas.

El problema también acarrea consecuencias ecológicas, ya que las sustancias químicas que se usan para la producción de algunas drogas, finalmente, se transforman en desechos que se vierten en las aguas de ríos, lagos y en la tierra misma.

Por otra parte, expresa que la pugna entre países productores y consumidores ha ido atenuándose.

Agrega que es indispensable que los Estados movilicen todas sus capacidades institucionales, económicas, sociales y morales para luchar contra este fenómeno que amenaza con destruirlo todo.

La cooperación internacional es una herramienta fundamental para luchar contra el narcotráfico, teniendo en consideración que se está frente a un delito de carácter transnacional ella debe ser solidaria, leal, con pleno respeto a la soberanía, a la integridad de los países y con especial respeto al principio de no intervención.

El ámbito de lucha contra esta fenómeno pasa por controlar los cultivos y desarticular los carteles o bandas de narcotraficantes, lo cual requiere la adecuación y modernización de textos legales, y la existencia de un Poder Judicial dotado de una serie de medios técnicos, Ubre de chantajes y de amenazas. Se necesitan cuerpos policiales extremadamente bien dotados en sus equipos y capacitados profesionalmente. Muchas de estas cosas se pueden obtener a través de la cooperación internacional.

Se refiere, además, a las relaciones existentes entre Estados Unidos y América Latina, señalando que la pugna que ha existido entre países productores y consumidores se ha ido resolviendo, partiendo de la base de lo que se ha dado en llamar "responsabilidad compartida en la lucha contra este fenómeno". Sin embargo, la visión con que los Gobiernos consideran y tratan el problema genera fricciones y recelos entre las naciones y los Estados. Para Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los países productores de droga de América Latina, no toman las medidas necesarias para luchar contra este problema, y a su vez estos países, estiman que los Estados Unidos no ponen suficiente énfasis en reprimir su consumo interno.

Respondiendo diversas consultas de los señores Diputados expresa que, evidentemente el consumismo, la pérdida de valores, el quiebre del entorno familiar, exigencias laborales, cierta glorificación del áurea con que se rodean los narcotraficantes, la disponibilidad de drogas, etc., son situaciones que llevan al consumo.

En cuanto a la relación existente entre los narcotraficantes y grupos guerrilleros señala que a los primeros los mueven motivos económicos y a los segundos, en la mayoría de los casos, su motivación es cambiar por la fuerza las bases sociales, políticas y económicas de un país determinado. Por tal motivo, la relación que existe se traduce a veces en alianzas y otras en enfrentamientos.

En relación con el lavado de dinero manifiesta que Chile tiene condiciones muy atractivas para la realización de este delito: estabilidad política, económica, un sistema bancario y financiero ágil, moderno, tecnificado e inserto en el sistema mundial. Asimismo, un sistema de secreto bancario bastante impenetrable.

A la luz de la Convención de Viena de 1988, países como Estados Unidos y Suiza han luchado contra este fenómeno y precisamente en la O.E.A. existe un grupo de expertos que está estudiando el tema desde hace 6 meses, con el propósito de elaborar un reglamento modelo que armonice las legislaciones de los países americanos para evitar el lavado de dinero.

El control del ingreso físico de divisas es una primera medida que debe ser adoptada en Chile, así como la concientización del sistema bancario para que adopte voluntariamente algunas medidas de control, tales como registro de operaciones superiores a

10 mil dólares. Agrega, que es preciso adoptar medidas prácticas, eficaces e innovadoras en materia de embargo preventivo o de incautación de activos y de bienes, así como su decomiso. Destaca que se está frente a un delito de muy difícil detección y que se están buscando los mecanismos para poder reprimirlo.

Las medidas adoptadas por Estados Unidos para bajar los niveles de consumo de todo tipo de drogas han sido de carácter preventivo y represivo, tales como el aumento de los presupuestos destinados a las fuerzas policiales, de guarda costa, aduanas, etc., para dotarlos de los medios necesarios para la detección de la droga. En Estados Unidos se concentraron esfuerzos institucionales y financieros que estaban dispersos, creando un organismo central, que ha canalizado los esfuerzos, todo lo cual, aunado a una campaña de concientización para evitar el ingreso de nuevos consumidores.

Ante una consulta sobre la labor realizada por la O.E.A. en materia de legislación, señala que existe un documento preparado por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos que contiene una comparación entre las distintas legislaciones, de a lo menos 25 países.

Finalmente, se refiere a la participación que Chile ha tenido en la CICAD, organismo dependiente de la O.E.A. y señala que el país a pesar de encontrarse, relativamente al margen de este flagelo, se ha definido como un país de tránsito de drogas, sin dejar de lado que encuestas efectuadas por el Ministerio del Interior han revelado un aumento del consumo. Asimismo, existen indicios que el fenómeno del lavado de dinero, en un plazo relativamente breve, pudiera transformarse en un grave problema. Todos estos antecedentes han llevado a Chile a conseguir el aumento de los Estados integrantes de la CICAD, de 11 a 22 miembros.

La delegación chilena ha participado, además, de manera muy activa en dos iniciativas importantes, como son la elaboración de un Reglamento Modelo para un control efectivo de las sustancias químicas, y en el grupo que está elaborando el Reglamento Modelo para el decomiso de activos o lavado de dinero, con el fin de armonizar las legislaciones de los países americanos.

IV.- ANALISIS, DIAGNOSTICO Y CONCLUSIONES.

Durante el trabajo realizado, la Comisión escuchó a diversas personas vinculadas con el tema de la droga, en sus aspectos de prevención, represión o control y rehabilitación del drogadicto, como asimismo a personeros u organismos que, por su relación con el quehacer financiero del país, podían conocer el proceso de tráfico y lavado de dinero, el que se supone se estaría realizando en el país.

También dedicó gran parte de su labor a una acuciosa recopilación de diversos antecedentes y testimonios recibidos, tanto en el seno de la Comisión, como en la visita efectuada a las ciudades de Arica e Iquique que, junto con entregar información sobre el problema, pudieran hacer posible el arribo a conclusiones que sirvieran para elaborar las proposiciones que, en definitiva, se formulen a la Sala.

Posteriormente, tuvo a la vista la encuesta efectuada por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, que el Supremo Gobierno encomendara realizar en las ciudades de Arica, Iquique, Valparaíso y Santiago, la que, por su metodología y confiabilidad, presenta la realidad y gravedad del problema.

De esta manera, y a la luz de lo señalado en todos estos antecedentes, muchos de ellos expuestos en este Informe, y después de un exhaustivo y minucioso estudio de los mismos y la constatación de la realidad en el terreno, se pudieron ir configurando en relación con el problema, circunstancias, situaciones y padrones de conducta que finalmente han permitido a la Comisión formular, a continuación, una serie de conclusiones que en definitiva exhiben un diagnóstico aproximado pero confiable del problema, mostrando en gran medida la magnitud de él y las consecuencias que este verdadero flagelo conlleva para el individuo, la sociedad y los países que lo sufren.

Como consecuencia de lo dicho anteriormente, la Comisión se refirió a la existencia y dimensión del problema, y a su alarmante proyección en el tiempo, señalando que éste es real y concreto y su magnitud, no obstante, no estar aun completamente determinada, debe ser considerada de gran proporción, centrando en ella el máximo de preocupación, estableciendo, además, que se está en el momento preciso para su neutralización.

El hecho de que en Chile esta situación, por largos años, afecta a la sociedad toda y en especial a la juventud, no contando con políticas generales y coherentes sino sólo intentos unilaterales y focalizados para atacar este problema, existiendo, muchas veces, informaciones contradictorias al respecto, son otras importantes características advertidas. Se hace imprescindible la existencia de una política que sea capaz de generar un esfuerzo nacional, implementada a través de un organismo coordinador con patrimonio propio y facultades normativas. Sobre este aspecto hay que hacer notar que el actual Gobierno ha creado el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, que, por su composición, podría asumir estas funciones.

Ha quedado de manifiesto que dicho problema debe ser enfrentado en forma multidisciplinaria, multisectorial y centralizadamente, debiendo definirse políticas de prevención control, represión y rehabilitación a cargo de los servicios correspondientes.

Asimismo, se ha podido determinar que las ciudades de Arica e Iquique y, en general, el extremo norte del país, son los lugares más afectados por consumo de cocaína o derivados, ya que en el resto del país y especialmente en el Área Metropolitana y la V Región, el principal consumo parece ser la marihuana.

También es necesario hacer especial hincapié en el consumo de neoprén y solventes volátiles en los sectores más pobres de las ciudades, afectando principalmente a niños y adolescentes. Tampoco es posible dejar de mencionar el fuerte aumento que ha tenido el consumo de estimulantes. Los problemas advertidos se han visto incrementados por la falta de mecanismos eficaces de control en la comercialización de los productos aludidos.

Se constata un cierto desconocimiento del problema de pasta base de cocaína que requiere de una acción decidida antes que se desplace masivamente a otras zonas del país, con las gravísimas consecuencias que ello significa en el orden moral, social, económico y hasta político.

Se ha detectado una falta de confianza en los Servicios Policiales y Judiciales por gran parte de la ciudadanía. Al respecto es preciso señalar que la Comisión recibió una cantidad importante de denuncias de corrupción, principalmente, de los Servicios Policiales, las que fueron canalizadas a las respectivas Instituciones para su correspondiente investigación.

Asimismo, existe una carencia de medios humanos y materiales en dichos servicios, lo que no permite realizar una efectiva acción en contra de estas actividades ilícitas.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha visto un significativo esfuerzo en la acción de depuración de los Servicios Policiales, especialmente en Investigaciones de Chile.

Por otra parte, cabe enfatizar el hecho de que la falta de legislación adecuada no permite fiscalizar y sancionar el narcotráfico y lavado de dinero, del cual se observan claros síntomas.

También se puede apreciar una carencia de facultades legales que entreguen a los organismos policiales posibilidades reales de investigar en relación con la comercialización y consumo de drogas, el lavado de dinero, el origen de los bienes y las inversiones provenientes del tráfico de drogas. Dichas facultades, en todo caso, deberán otorgarse sobre la base de un estricto control y fiscalización interna de los organismos mencionados.

Se visualiza la falta de una política global y eficiente que considere la rehabilitación del drogadicto, como, asimismo, es notoria la carencia de Centros de Rehabilitación integral para tratamiento de estos enfermos y, un financiamiento adecuado para los existentes.

Es preciso hacer notar, asimismo, la falta de una normativa legal adecuada que regule la producción y comercialización de las sustancias químicas, conocidas como precursores, utilizados en el proceso de elaboración de la cocaína, y otros productos con efectos psicotrópicos.

De igual manera, la Comisión pudo constatar la existencia de evidencias que permiten suponer que tanto los Servicios Policiales como los Tribunales de Justicia se han visto sobrepasados en su actuar, ya sea por falta de medios o de normas legales apropiadas.

Por último, y en relación con los países que sufren el flagelo de la droga, se evidencia la necesidad de reforzar la cooperación internacional, con el objeto de hacer más efectivo el control de este fenómeno. Como una consecuencia que pudiera derivarse de este problema nuestro país necesita que las corrientes de ayuda financiera internacional se incrementen sustancialmente.

Mención especial merece el conocimiento, por parte de la Comisión, de la encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, por el hecho de tratarse de un primer intento serio de enfocar el tema de la droga en Chile, desde el punto de vista global, con metodologías científicas y teniendo como objetivo principal dimensionar el fenómeno a fin de tener una base de datos de los que hasta la fecha se carecía.

Si bien es cierto que muchas de las conclusiones alcanzadas en ese trabajo son similares en su globalidad a aquellas recogidas por la Comisión, hay que destacar que, por su base científica de elaboración, se precisan cifras que en definitiva hacen posible definir, con una mayor exactitud, algunas consideraciones de gran interés para realizar un diagnóstico del problema.

Es así como, dentro de las consideraciones generales que anuncia la encuesta y que comentan a continuación, se ha determinado que el 18% de los encuestados en las ciudades de Arica, Iquique, Valparaíso y Santiago ha declarado haber probado, aunque sea una vez, algún tipo de drogas, concluyendo, de este modo, que existe un alto consumo en la población de dichas ciudades.

El consumo de drogas ha aumentado en el país en los últimos años. Se ha detectado que la edad de inicio de este consumo es entre los 16 y 20 años de edad, siendo los amigos los que con mayor frecuencia pueden influir en que los jóvenes adquieran este hábito.

Consigna, también, el hecho de la facilidad para acceder a las drogas, concluyendo que la marihuana es la de mayor accesibilidad, con excepción de la I Región donde la cocaína o sus derivados constituyen el más alto consumo, demostrándose que Arica es la ciudad más afectada. De lo dicho se desprende la necesidad de adoptar, en forma urgente, medidas especiales para enfrentar el grave problema en dicha ciudad.

Destaca, también, que la gran mayoría de los encuestados conoce la existencia de las drogas y sabe de los riesgos y peligros que presenta cada una de ellas.

De los resultados obtenidos se desprende, asimismo, que la edad de consumo habitual involucra a la población entre los 26 a 40 años, constituyendo hábito, principalmente, en la clase media y con educación media.

Otro aspecto importante, que vale la pena resaltar, es que el narcotráfico en el norte del país presenta características alarmantes, pero, los consumidores en general, no aparecen involucrados en él.

Desde un punto de vista más particular, la encuesta refleja datos que, con el fin de reforzar aspectos o conclusiones más globales, parece de importancia mencionar.

Es así como se pueden consignar algunos indicadores que demuestran que de las personas que han consumido una sola vez el 53,7% son hombres; el 46% tiene educación media o menos. Hay un 41,2% de mujeres y un 31,5% de jóvenes entre 18 y 25 años.

Por su parte, de las personas que han consumido dos o más veces, el 50,1% tiene entre 18 y 25 años; el 76,2% son hombres; el 56,7% tiene educación media o menos. Hay un 23,8% de mujeres y 12,3% de adolescentes entre los 14 y 17 años.

En relación con el tipo de droga que se consume, algunos datos más significativos entregados por la encuesta señalan que la cocaína representa el 14,4% del consumo; la marihuana el 48,9%, el neoprén 3%, estimulantes 16% y tranquilizantes 4%.

El consumo de drogas estimado por ciudad es: Arica 16,16%; Iquique 15,8%; Valparaíso 16,2% y Santiago 19,3%.

Por otra parte, se puede apreciar que el 75% de los entrevistados afirma que es muy común estar en contacto con el mundo de la droga. El 83,1% expresa que el consumo de drogas afecta a toda la sociedad y solamente el 16,6% opina que afecta sólo a los involucrados.

Asimismo, el 87,9% de la población dice que es fácil o muy fácil acceder a la marihuana; el 94,6% al neoprén; el 22,5% a la cocaína y el 47,5% a los estimulantes.

A continuación, se inserta un Cuadro estadístico que señala la facilidad de acceso a los distintos tipos de drogas, por ciudad:

Otro dato importante de consignar, dice relación con el lugar de acceso a las drogas, determinándose que los consumidores habituales la consiguen principalmente en el barrio donde viven (64,9%). El lugar de estudio o trabajo tiene una incidencia considerablemente menor, siendo como lugar de acceso solamente para un 25% de los consumidores habituales.

De igual forma, en la encuesta se indica que el 13,1% de la población considera que el problema de la droga constituye el problema nacional más importante, ocupando el tercer lugar en importancia, después de la seguridad laboral y la inflación. Cabe hacer presente que en Arica e Iquique ocupa el primer lugar, con un 34,8% y un 25,9%, respectivamente.

Por último, es bueno mencionar que de sus resultados se desprende que la ciudadanía muestra una decidida actitud contra el consumo de drogas.

Finalmente, se deja constancia que en relación con la encuesta que se comenta, sólo se ha tenido en consideración los indicadores que parecen más relevantes para complementar el trabajo de diagnóstico y la determinación de las conclusiones a que ha llegado la Comisión después de un acabado análisis del problema.

V.- PROPOSICIONES.

Con el objeto de precisar, en la forma más concreta posible, las proposiciones que la Comisión formula a la H. Cámara, en relación con la materia propia de este informe, cabe señalar que se estimó conveniente, para una mejor sistematización de las recomendaciones, dividirlas en las cinco áreas que se indican a continuación: 1) Prevención; 2) Control y Represión; 3) Rehabilitación; 4) Reformas Legales, y 5) Materias de Orden Internacional.

Asimismo, se presenta, al finalizar estas proposiciones, un esbozo de lo que podría estimarse como un Plan Nacional de Acción.

Conviene tener presente que las conclusiones sobre la magnitud del problema a que se ha llegado, señaladas en el capítulo anterior, han puesto de relieve que dicho problema es real y concreto, no obstante que su exacta dimensión no ha podido ser claramente cuantificada en razón de que no existían cifras estadísticas que pudieran demostrar su real alcance.

Sin perjuicio de lo anterior es necesario tener en cuenta el valor de la encuesta realizada en las ciudades de Arica, Iquique, Valparaíso y Santiago, por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, solicitada por el Gobierno, ya que con ella ha sido posible determinar con más exactitud la importancia en la globalidad del problema.

Como primera propuesta enunciada por la Comisión, de carácter general y de ordenamiento, para una eficaz política global, que permita enfrentar con éxito el problema, se visualiza la necesidad de que el Estado mediante sus organismos y Ministerios correspondientes tenga un rol activo en las distintas áreas que lo comprende, vale decir, prevención, control y represión, rehabilitación y base legislativa, para lo cual se necesita contar con el apoyo de recursos y normas legales que permitan efectuar un estudio acabado de la materia, definiendo, además, en forma clara, un organismo competente y rector que asuma la coordinación general en plenitud, entregando las grandes líneas y políticas a seguir para la aplicación de medidas que en forma singularizada y focalizada se requieren para su solución, debido a las realidades diferentes que pueden presentarse en las diversas zonas del país.

Asimismo, es necesario establecer un enfoque del problema, teniendo claro que éste debe estar básicamente inserto en la perspectiva comunitaria, multidisciplinaria y multisectorial, y sustentado en políticas específicas, con infraestructura y recursos permanentes, todo sobre la base de un organismo centralizador, como el ya mencionado.

Consecuente con lo expresado en el párrafo inicial las proposiciones serán abordadas conforme a las áreas indicadas y en el orden establecido.

1.-PREVENCION.

En relación con este aspecto se ha estimado conveniente para un mejor ordenamiento de las proposiciones que se harán, enunciarlas de acuerdo a las materias a que apuntan.

a) Educación.

En materia educacional se ha visto la necesidad de contar con una política nacional de prevención, junto con expresar un plan general de educación, con asignación de recursos de manera expedita debidamente canalizados en programas específicos, que se refieran concretamente a aspectos tales como la existencia de medidas legislativas que hagan posible una educación masiva.

Asimismo, es indispensable definir el rol de los medios de difusión, con una debida regulación de la publicidad, poniendo especial cuidado en aspectos como el excesivo consumismo que en aquella se muestra.

También es importante que se mantenga una constante preocupación por el quehacer de las sectas y organizaciones pseudo religiosas que accionan en el país, las cuales muchas veces suelen provocar la destrucción de la juventud, principalmente iniciándola en el consumo de drogas.

Muy importante en el área educacional es la implementación de programas de estudio diferenciados que permitan a los jóvenes acceder a ellos de acuerdo a sus reales aptitudes y de esta forma capacitarlos para enfrentarse de manera oportuna y adecuada al mundo laboral.

De igual manera son necesarios planes de formación familiar integral, entendiendo como condición esencial que la base de la sociedad es la familia, por lo que hace imprescindible resaltar los valores de unidad, afecto, comunicación, etc., en el núcleo familiar.

Es necesario que los programas tengan la capacidad de generar fuentes de trabajo para que la juventud, una vez terminado su ciclo específico de estudio, tenga la posibilidad de realizarse en el campo laboral.

Por otra parte, deben resaltarse algunos programas y acciones que actualmente se realizan, como, por ejemplo: en la enseñanza media existen tres unidades incorporadas a los programas oficiales de educación, sobre drogadicción, alcoholismo y tabaquismo, las que conforman un trimestre de estudio y tienen por objeto mejorar la salud mental del educando para contribuir a su formación integral.

Los programas especiales como, por ejemplo, "niño ayuda al niño" y joven ayuda al joven", con los que se pretende formar niños y jóvenes monitores, especialmente en tareas de higiene y salud integral, deben incentivarse debido a la poca significación que en la actualidad tienen, ya sea por falta de medio materiales, sistematización, humanos, etc., no entregando al joven la efectiva ayuda que se pretende.

Es así como también se puede apreciar una falta de motivación y sensibilización en los educandos lo que deja traslucir la falta de un mayor compromiso del docente con los referidos programas.

Se hace necesario incentivar la actividad extraescolar, la que tiene gran importancia en la orientación que debe darse a los niños para la adecuada utilización de su tiempo libre, realizando actividades deportivas, artísticas, literarias, científicas, etc. y a las cuales es preciso devolverles el rol importante que deben tener, ya que ellas se han visto disminuidas notablemente.

Con respecto al deporte escolar, la DIGEDER debe procurar incentivarlo mediante mayores aportes al canal escolar que hagan posible una mayor y mejor difusión. En la actualidad dicho organismo debe distraer parte de sus fondos en campañas de salud en diversas materias.

La actividad de orientación educacional, que debe ser impartida por orientadores profesionales, deberá contemplar acciones de prevención de la drogadicción. Para aquellos casos en que no exista en un establecimiento educacional un orientador profesional, dicho rol lo debería asumir el profesor jefe.

Se requiere, además, un mayor estímulo a la participación de los padres o apoderados en las actividades que el colegio programa, estímulo que debe ser impulsado y generado a través del Ministerio de Educación. Existe un programa denominado "Escuela para padres y apoderados" en el cual debe enfatizarse lo concerniente a sensibilizar a los padres y apoderados para que tomen conciencia del rol que deben desempeñar frente a sus hijos, privilegiando la comunicación con ellos y a la vez entregarle unidades programáticas referidas al conocimiento de la drogadicción.

En relación con la Comisión Mixta de Salud y Educación, deben reforzarse sus objetivos a nivel nacional ya que, parece ser un hecho que dicha Comisión opera con relativa eficacia a nivel regional, provincial y comunal.

Cabe hacer presente que el programa nacional debe contemplar y facilitar la posibilidad para que existan planes de prevención referidos a la realidad de cada zona o región del país, en atención a las singularidades de cada una de ellas.

Hay que agregar, también, que hasta ahora, se ha puesto mucho énfasis en la parte informativa del problema, dejando de lado otras medidas como las propuestas en el presente capítulo, las que tienen tanto o más valor que la información entregada.

Por último, en este punto debe señalarse que el tiempo de permanencia de los alumnos en sus respectivos establecimientos educacionales es, a juicio de la Comisión, insuficiente, por lo que se recomienda abrir dichos establecimientos a la comunidad o al barrio a que pertenecen a fin de lograr un mejor aprovechamiento del tiempo libre de los niños y jóvenes que podrían, de esta manera, ocupar en horarios diferentes al de sus clases regulares los gimnasios, campos deportivos, bibliotecas, etc. que muchos establecimientos educacionales poseen.

b) Salud.

En relación con lo concerniente a prevención en salud, parece conveniente reiterar, primero, que en nuestro país el fenómeno de la drogadicción presenta un aumento progresivo en los últimos años, siendo difícil cuantificarlos por no existir una unidad centralizada de vigilancia epidemiológica.

Asimismo, se puede apreciar la necesidad de un organismo centralizador ya que se advierte que las diversas iniciativas destinadas a prevenir las causas que lo producen, han sido acciones absolutamente dispersas, sin planes ni programas permanentes y totalmente descoordinadas.

Es necesaria una mejor distribución de los recursos que existen en la actualidad para realizar con ellos una mayor acción de prevención en el campo de la salud, siendo indispensable una política intersectorial que permita dicho objetivo.

Los planes de prevención en salud deberían apuntar, principalmente a las organizaciones sociales, a las juntas de vednos, grupos juveniles y establecimientos educacionales, proporcionando atención médica y profesional oportuna y eficiente, que cuente con los debidos recursos materiales y humanos necesarios para una buena implementación de medidas a nivel preventivo.

La estructura de la personalidad se determina en los tres primeros años de vida, lo que lleva a pensar que, si se quiere efectuar prevención, en el sentido de no tener receptores, hay que legislar y preocuparse de la organización comunitaria, social y familiar. Sumado a lo anterior, se ha visto que la tecnología existente no está siendo aplicada en su integridad. Los individuos que tienen una condición de fragilidad de la estructura de la personalidad son los potenciales adictos ya que a través del uso de la droga cambian su vida.

En el seno de la Comisión se dijo que, si el paciente logra superar sus falencias de personalidad, el síndrome adictivo se supera, ya que logra una positiva y clara relación incondicional y positiva consigo mismo, terminándose por gratificarse con su lucidez y sacando adelante sus proyectos vitales. Su contacto con la droga, si lo llega a tener, no rompe ninguna actividad vital, pasando como una moda infanto-juvenil.

Otro punto fundamental a tener en consideración en materia de prevención, es la sustitución de las conductas adictivas, destacando en este aspecto la creación de instancias de desarrollo comunitario; la creación de vías alternativas para el uso del tiempo libre, como actividades recreativas, y poniendo énfasis en el trabajo que puedan realizar grupos religiosos u otras organizaciones sociales.

Por otra parte, los puntos que parece necesario atacar, principalmente, debieran ser la demanda y el usuario, sin perjuicio de las demás medidas para el control de la producción, por cuanto frenar el consumo se ha estimado que no produce los efectos deseados y no erradica el mal.

Una política destinada a atacar la oferta, solamente, sin considerar los otros factores pareciera que está destinada al fracaso, ya que ésta deber contemplar simultáneamente una legislación para frenar la producción, tráfico, comercialización y consumo de drogas, las cuales tienen, además, otros usos, incluso médicos, y además debe considerar una coordinación de todas las instancias relacionadas de la sociedad para que el receptor se haga lo suficientemente fuerte y pueda repeler la posibilidad de volverse adicto.

Deben establecerse programas de drogas dirigidos a capacitar a los pares como monitores en el conocimiento y consecuencias del consumo de sustancias sicotrópicas, los cuales deberán, además, cumplir una función divulgadora sobre riesgos que encierra la ingestión excesiva de drogas.

c) Control y Represión.

Dentro del concepto de control y represión de la drogadicción, obviamente, se encuentran involucrados aspectos importantes que tocan a diversas medidas de prevención, las que, de manera significativa estarán presentes para la efectividad de los mecanismos aplicados para el éxito de dichas acciones.

Sin embargo, en esta línea circunscrita a la prevención no se tocarán estos aspectos, ya que serán tratados en forma más específica en la parte siguiente de estas proposiciones.

2.- CONTROL Y REPRESION.

En relación con la demanda de las drogas por las personas adictas, no sólo debe ser controlada ésta por organismos policiales ejerciendo la represión sobre ellas, sino que es muy importante y tal vez más efectivo a largo plazo, el hecho de propender a la educación masiva de la población, estimulando el crecimiento normal y positivo de los individuos en todas las áreas del desarrollo, educando preventivamente en el sentido de mostrar como probable el hecho de caer en la drogadicción. Todo lo anterior, mostrándole al niño, joven o adolescente como fortalecer sus vínculos familiares lo que le proporcionará mejores armas para defenderse de caer en el flagelo de la droga.

Es imprescindible dotar a los organismos policiales de una mayor capacidad operativa, proporcionándoles medios materiales y humanos adecuados para detectar y desbaratar las redes de tráfico y distribución de drogas, considerando, a la vez, la debida transparencia que dichos servicios deben reflejar en el cumplimiento de sus funciones.

Se necesita contar con una acción más efectiva de los tribunales de Justicia como factor represivo y disuasivo que incida en la oferta de drogas, todo lo cual pasa por una modificación de la normativa general sobre la materia.

Junto con entregar al Poder Judicial una legislación ágil y expedita que permita una tramitación rápida de las causas derivadas del problema de narcotráfico, es necesario velar por la integridad ética y moral de sus integrantes, revistiendo sus actuaciones de nitidez y trasparencia a fin de que no puedan ser objeto de críticas que los involucren en los procesos que tramiten.

En relación con los aspectos anteriormente señalados, en el número 4 de este Capítulo se indicarán algunas reformas legales que se estiman necesarias para darle sustentación efectiva a dichas medidas de control y represión del consumo y tráfico de drogas.

3.- REHABILITACION.

Es importante tener en consideración el hecho de que la rehabilitación no sólo la deben realizar los organismos encargados de atender a las personas drogadictas, o enfermas, como serían los establecimientos de salud y centros rehabilitadores, sino que también y muy ligado a ellos, está el papel decisivo que debe cumplir la familia, la escuela, organizaciones comunitarias, los pares, organismos policiales, etc.

Al igual que en el área de prevención, anteriormente analizada, la visión específica de las proposiciones en esta materia se hará separadamente de acuerdo a la parte especial de que trate.

Salud.

La drogadicción como problema grave de salud pública, que aqueja preferentemente a los jóvenes, debe ser abordada en su etapa de rehabilitación en forma interdisciplinaria, donde diferentes especialistas proporcionen, desde sus distintos puntos de vista, conocimientos, experiencias y orientaciones que permitan entregar soluciones sistemáticas y permanentes en el tiempo, consiguiendo así, rehabilitación para el máximo de adictos que se detecten.

Se hace necesario contar con programas de terapia individual, familiar y grupal para los casos que se detecten y que debidamente calificados por un profesional especialista deban ser así tratados, considerando además, la existencia de un seguimiento del paciente a través de controles médicos periódicos.

Asimismo, es imprescindible la implementación de Servidos adecuados de siquiatría en hospitales y centros asistenciales, dotados del personal necesario y medios materiales suficientes.

Es necesario incrementar el número de Centros Rehabilitadores de drogadicción y alcoholismo, debiendo incentivarse una fluida relación de ellos con quienes han detectado el problema a fin de realizar seguimientos de las personas afectadas. Para lograr este objetivo se necesita un mayor apoyo técnico y financiero para las aludidas entidades.

Es importante implementar a lo largo del país un número significativo de Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar, lo que permitiría fortalecer la acción de la prevención del problema y contribuir a la rehabilitación de los parientes. Los 25 Centros existentes actualmente en el Área Metropolitana, dependientes técnicamente del Área de Salud y administrativamente de las Municipalidades, son insuficientes y enfrentan problemas legales y de sustento económico estable.

Por otra parte hay que decir que, en muchos casos, el tratamiento conjunto del alcoholismo y la drogadicción que normalmente tienen una vinculación evidente, es un buen camino para la rehabilitación, sin perjuicio de repetir lo tantas veces dicho, en orden a que el núcleo familiar tiene gran importancia en la recuperabilidad del enfermo, sin que por ello se deje al margen la responsabilidad del Estado, quien deberá actuar en forma subsidiaria.

Por último, hay que tener presente, el hecho de que el adicto debe ser tratado, creando programas de rehabilitación, entregando los recursos necesarios en forma simultánea y multisectorial, incentivando los centros de rehabilitación y fomentando el desarrollo familiar y comunitario.

4.- REFORMAS LEGALES.

Después del análisis efectuado por la Comisión sobre los diversos aspectos del narcotráfico ha estimado procedente proponer algunas reformas a la normativa legal vigente con el objeto de hacerla más eficaz.

Sobre la forma de combatir el problema del narcotráfico se ha planteado que no sería conveniente parcializar ni priorizar sus diferentes aspectos, sino que atacarlo en su globalidad usando los recursos existentes.

Las legislaciones lo han abordado como un delito especial, rodeándolo de ciertas características, tanto en su tipificación como en los procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad de los narcotraficantes que son considerados delincuentes de alta peligrosidad.

Con respecto a la aplicación de penas para estos delitos, se advierte que no parece conveniente que el marco penal mínimo de ellas sea muy riguroso, debiendo comenzar la escala en un grado inferior y así el juez tendría la posibilidad de aplicarlas con mayor flexibilidad tomando en consideración, entre otras cosas, la cantidad de drogas que porta el inculpado.

A continuación se señalan las materias que, a juicio de la Comisión, debieran ser incorporadas o modificadas en el texto de la ley actual.

a) Trabajo Policial.

En esta materia se estima conveniente incorporar en la actual legislación dos aspectos que serían de gran utilidad en la lucha contra el narcotráfico, que dicen relación con el "agente encubierto" y el "informante", regulando su participación en la investigación y configuración del delito, con normas legales y administrativas que precisen su desempeño y debido control.

Sobre el "informante" cabe hacer presente que se requiere una legislación que los proteja ya que tienen estrecha vinculación con los traficantes.

Asimismo, es necesario que se regule y agilice la posibilidad que tienen los organismos policiales en cuanto a practicar allanamientos a inmuebles, toda vez que en la actualidad las órdenes emanadas del juez competente deben llevar también la firma del secretario del tribunal.

Para hacer más expedito este trámite, se podría, para casos específicos, con la sola firma del juez autorizar los allanamientos e incluso, en casos excepcionales, dar la orden por teléfono.

Otro punto importante sobre el cual debe legislarse, dice relación con los bienes incautados por organismos policiales los que podrían destinarse a satisfacer tanto las necesidades materiales y técnicas que dichos organismos tienen para enfrentar el combate del narcotráfico, como a las acciones de las entidades encargadas de realizar la prevención y rehabilitación, debiendo reglamentarse su uso o su conversión en dinero mediante remate fiscal.

Sobre drogas decomisadas es importante hacer presente la extrema lentitud que se ha podido advertir en el proceso de entrega por los servicios encargados de su decomiso, como también en lo que dice relación a su destrucción final. Reconociéndose la obligación de cautelar y resguardar la integridad del procedimiento, se ha visto, sin embargo, la necesidad de proponer se estudie la forma de agilizarlo, haciéndolo más rápido y expedito, particularmente en el lapso que media entre la incautación de la droga y su destrucción.

b.- Establecer mecanismos de control sobre los organismos policiales especializados.

Junto con otorgar mayores facultades y atribuciones a los organismos policiales, debe la ley estipular mecanismos especiales de control de los integrantes de los cuerpos policiales especializados, ya sea por la vía institucional o judicial.

Lo anterior redundará en asegurar la confianza y colaboración de la población en dichos organismos.

c) Control económico del narcotráfico.

Con el objeto de evitar el lavado de dinero o blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico y que normalmente se realiza por la vía de la inversión en la industria, el comercio y el mercado financiero, sería conveniente implementar algunas medidas tales como:

-Modificar la Ley General de Bancos en aspectos puntuales que incidan en delitos relativos a drogas, considerando que el secreto bancario impide iniciar investigación sobre estos aspectos, ya que si no existe un proceso y un inculpado no se permite revisar los antecedentes bancarios de un sospechoso.

-Se debería, asimismo, legislar para exigir la demostración documentada del origen de los capitales, tanto a las personas naturales como jurídicas y a las empresas, sociedades, instituciones, etc., tomando los resguardos necesarios para no interferir el proceso y desarrollo económico del país.

-Organismos y Servicios tales como Banco Central, Bancos Comerciales, Servicio de Impuestos Internos y Servicio Nacional de Aduanas debieran tener un rol preponderante en la lucha contra el lavado de dinero y blanqueo de capitales, entregándoles atribuciones y obligaciones precisas para que su accionar sea todo lo eficaz que se requiere.

Parece necesario que se estudie la creación de un organismo especializado coordinador de las referidas entidades, con el objeto de centralizar la acción de cada una de ellas, haciéndola más operante y efectiva, formulando, asimismo, políticas generales sobre la materia que permitan una adecuada utilización de la información que cada una posea.

d) Protección de la población por represalias en su contra.

Sobre los denunciantes o informantes ya se había expresado la necesidad de protección legal y reserva para ellos.

Es importante aumentar las penas en los delitos contra la integridad de las personas cometidos en relación con el narcotráfico, debiendo considerar como caso especial la penalidad del homicidio provocado en relación con las mismas circunstancias.

Es preciso, también, establecer en la legislación sanciones más drásticas para el que induzca a un menor al consumo de drogas provocándose intoxicación con resultado de muerte.

e) Sanciones al consumidor.

Sin perjuicio de entender que los consumidores son enfermos y constituyen las víctimas de este problema, la Comisión ha estimado procedente recomendar que se estudien sanciones graduales aplicables según la habitualidad y reincidencia del hecho.

Dichas sanciones no necesariamente deben pasar por la privación de libertad total, sino que podrían tener un carácter rehabilitador, aplicando en su integridad la Ley de Cumplimiento Alternativo de Condenas, en sus formas de Libertad Vigilada, Remisión Condicional de la Pena y Reclusión Nocturna.

La pena de "colaboración con la autoridad" podría ser un tipo de sanción para los consumidores de drogas.

f) Leyes compensatorias.

La "delación compensada", no obstante que podría ser un mecanismo eficaz para el combate del narcotráfico, es una materia que la Comisión ha estimado que debe ser ampliamente debatida antes de tomar una decisión sobre su incorporación en la legislación.

g) Precursores químicos.

Sobre esta materia se ha estimado que constituye un mecanismo muy eficaz en la lucha contra el narcotráfico, a corto y mediano plazo, contar con una legislación especial que permita un control efectivo de la fabricación, distribución, exportación, importación, etc., de las sustancias químicas, denominadas precursores, sin las cuales una cantidad importante de drogas y fundamentalmente el clorhidrato de cocaína no podrían producirse.

Nuestro país produce en la actualidad tres de los más importantes precursores, como son el éter, acetona y ácido sulfúrico.

h) Fármacos.

En relación con los estimulantes y psicofármacos de uso médico, se ha visto que el control en la venta de dichos medicamentos es ineficaz, y la normativa legal existente es insuficiente, por lo que se propone estudiar su modificación.

i) Control de la cannabis sativa (marihuana).

Sobre el particular se hace necesario precisar en la ley cual es el organismo o institución encargada de otorgar la autorización que estipula el artículo 2 de la ley 18.403, en lo que dice relación con la siembra, cultivo y cosecha del cáñamo, como, asimismo, qué servicios quedan facultados para fiscalizar las referidas plantaciones.

En relación con esta materia, pareciera conveniente que el Servicio Agrícola y Ganadero fuera el organismo encargado de autorizar dichas plantaciones. Asimismo, también, pudiera entregársele la función fiscalizadora, junto a otros servicios que se determinen. .

Por otra parte, se hace necesario complementar la legislación existente con disposiciones que regulen y sancionen el cultivo y consumo de otros tipos híbridos de cannabis, que no están contemplados en la legislación, no obstante que sus efectos estimulantes son altamente dañinos.

Otra forma, más drástica aún de atacar la producción y consumo de marihuana es establecer la prohibición absoluta de su cultivo en el territorio de la República, teniendo presente que dicha medida no significaría un detrimento importante en la actividad laboral y económica de la zona.

j) Otras materias.

Durante el estudio habido en la Comisión se ha podido visualizar otras materias que deben ser motivo de modificaciones legales, toda vez que su actual normativa no tiene la eficacia que debiera, o no están reguladas.

Se ha podido detectar la insuficiencia de médicos legistas lo que retrasa enormemente los procesos, toda vez que el juez de la causa debe, en muchos casos, remitirse al inculpado a fin de que se determine su condición de consumidor o no.

Lo anterior amerita la necesidad de legislar en esta materia a fin de aumentar la existencia de estos profesionales.

Otro problema, que se ha visualizado, dice relación con el plazo de 48 horas con que cuentan los servicios policiales para poner al inculpado a disposición del tribunal, plazo que es insuficiente para concluir la investigación. Por lo que pareciera conveniente establecer una norma similar a la existente sobre conductas terroristas en que el juez, por resolución fundada, puede ampliar el referido plazo hasta 10 días.

También se ha estimado necesario establecer la obligación de notificar al Consejo de Defensa del Estado en un plazo no mayor de 24 horas, tal como ocurre con la notificación al Director de Salud, con el objeto de que dicho Consejo se haga parte en los procesos que dicen relación con la ley 18.403, sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes.

En relación con la configuración de la atenuante del artículo 11, N 7 del Código Penal debiera establecerse que en todo proceso por drogas no se aceptará la reparación del mal causado, a menos que se consigne una suma a determinar en beneficio de alguna institución rehabilitadora, organismo policial o entidad relacionada con la prevención o control de la droga.

Finalmente, cabe hacer presente la necesidad de que el Ministerio de Justicia tome las medidas pertinentes para evitar el consumo de drogas por parte de los internos en los establecimientos carcelarios.

5.- MATERIAS DE ORDEN INTERNACIONAL.

Se debe tener presente en este aspecto, a juicio de la Comisión, el hecho de que nuestro país no ha tenido, en los últimos años, una presencia internacional preponderante y, por consiguiente, todo cuanto se ha realizado en materia específica de control de narcotráfico no ha contado, necesariamente, con su participación, lo cual podría tener su explicación en el hecho de que los efectos del fenómeno del narcotráfico no se encontraba nítidamente presentes. Lo anterior, sin embargo, trae como consecuencia una insuficiencia en las proposiciones legislativas propias de acuerdos internacionales que proporcionen una real y eficaz prevención y control sobre el problema de la producción, consumo, tráfico de drogas y lavado de dinero, que, como se sabe, ocurre en diferentes países que, en este momento, están sufriendo el terrible flagelo de la droga.

Sin perjuicio de reconocer la existencia de algunas medidas internacionales tendientes a promover un mayor control sobre el narcotráfico, y especialmente las que se han llevado a cabo en el último año, en relación con la acción del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a la cooperación financiera recibida para la realización de algunos estudios, la participación en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, O.E.A., y otros organismos internacionales, entre otras, la Comisión estima que debe continuarse con el fortalecimiento de esta acciones, efectuando propuestas concretas previamente estudiadas y debidamente analizadas, para que los resultados finales satisfagan la verdadera necesidad de enfrentar con eficacia el problema.

Especial hincapié se hace en la necesidad de representar, a nivel internacional, el hecho de que los convenios bilaterales celebrados entre países vinculados al problema de la droga, deban previamente ser conocidos por los demás Estados que por su cercanía pudieran verse afectados, de una u otra forma, por las medidas acordadas.

En términos generales, se deberían crear grupos de especialistas para el estudio y elaboración de reglamentos modelos o tipos sobre la materia, teniendo en consideración las diversas formas, circunstancias y características que presenta el problema en los distintos países.

Dichos reglamentos podrían contener una tipificación uniforme del delito de narcotráfico en todas sus variantes y para todos los países del Continente.

Asimismo, debería abordarse integralmente el caso de extradición por tráfico de drogas y figuras conexas, que es una de las causas que produce mayores conflictos internacionales en la actualidad, siendo imprescindible ratificar la Convención de Caracas.

Por otra parte, es necesario enfatizar la postura de Chile en el sentido de otorgarle una mayor racionalización y centralización a los organismos que se preocupan del narcotráfico a nivel internacional, ya que su excesiva proliferación produce una inconveniente dispersión de esfuerzos.

Unido a lo anterior debe insistirse en la necesidad de fortalecer los organismos que en definitiva existan, a través de compromisos financieros y políticos por parte de todos los países americanos.

En relación con acuerdos bilaterales suscritos con países de la región y destinados a fortalecer los mecanismos de cooperación existentes en materia de intercambio de información, capacitación de los servicios encargados del control y represión de tráfico de estupefacientes y del tratamiento y rehabilitación del drogadicto, no obstante reconocerse el esfuerzo realizado en su ejecución, la Comisión estima que dichos acuerdos no han cumplido a cabalidad con el propósito y las expectativas que se tuvieron en vista, razón por la cual es preciso reforzarlos e impulsar su acción en forma más efectiva, procurando, especialmente, la celebración de acuerdos entre los organismos policiales de Chile y los otros países, a fin de obtener mecanismos que les permita una mayor cooperación para la efectividad de su accionar.

Por último, parece aconsejable dar mandato expreso a la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) para estudiar la elaboración de una Convención Interamericana sobre el Control de Tráfico de Estupefacientes, en base a los principios contenidos en la Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Psicotrópicos, de 1988.

PLAN NACIONAL.

La acción global multidisciplinaria y multisectorial a la que, repetidamente, se ha venido haciendo mención, debiera, a juicio de la Comisión, traducirse, en definitiva, en una acción mancomunada de esfuerzos realizados por los diversos Ministerios y Organismos del Estado, todos los cuales en sus respectivas áreas de acción vinculen en forma concreta y real a las organizaciones sociales de base, -juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de madres, centros de rehabilitación, comunidades de iglesia, centros juveniles, y organizaciones comunitarias en general- todo lo cual defina, en última instancia, una política general que implemente un "Plan Nacional" que permita dar una lucha efectiva contra el narcotráfico en todas sus facetas y variantes.

Dicho Plan debe sustentarse en una campaña educativa y de prevención a nivel nacional que recoja el rol que, en este sentido, realiza el Estado a través de sus Ministerios y organismos pertinentes, haciendo participar en forma activa a las organizaciones comunitarias. -

Asimismo, el organismo centralizador (Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes), al cual ya se ha hecho mención, debe incorporar a las organizaciones sociales, y desarrollar su acción, no sólo a través de los organismos estatales de carácter nacional, sino que también mediante instancias especiales creadas para el efecto, a nivel regional, provincial y comunal tales como Comités Antidrogas multisectoriales.

Con dicho objeto y a manera de enumeración, se señalan, a continuación, en forma esquemática algunos roles que cada Ministerio debiera asumir, para que complementados entre sí logren un mejor aprovechamiento de sus recursos materiales y humanos.

Ministerio del Interior:

Dependiente de este Ministerio deberá existir un Organismo Centralizador y Coordinador de las políticas para enfrentar el problema de la droga, con las características anteriormente señaladas, el cual, además, velará por el fiel cumplimiento de los planes sectoriales y roles asignados a los organismos que lo integran.

Vinculados también a él actuarán, en el control y represión de narcotráfico, los servicios policiales, centralizando la información que posean y coordinando sus funciones y recursos.

Asignar los recursos necesarios a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a las zonas particularmente afectadas por este problema, a fin de desarrollar proyectos específicos regionales.

Ministerio de Relaciones Exteriores:

Desarrollar acciones tendientes a reforzar la vinculación con organismos internacionales a fin de proponer políticas adecuadas al problema de la droga, traduciéndolas en la celebración y suscripción de Tratados, Convenios y Protocolos que los perfeccionen.

Ministerio de Justicia:

Elaborar proyectos de ley, con el objeto de mantener actualizada la legislación que incide en la lucha contra el narcotráfico, preocupándose en especial de proponer las reformas legales administrativas y judiciales que sean pertinentes.

Preocuparse de generar las condiciones necesarias para una real rehabilitación de los internos en los Centros Carcelarios, como, asimismo, mantener un mayor control sobre el consumo de drogas y estimulantes en dichos centros.

Ministerio de Educación:

- Elaborar programas de prevención permanentes que permitan dar a conocer, entre otras cosas, los efectos dañinos de la drogadicción.

Implementar planes educacionales específicos y diferenciados que propendan a un desarrollo integral de los jóvenes.

Ministerio de Hacienda:

Asegurar la asignación de recursos necesarios para la aplicación del Plan Nacional. Realizar acciones tendientes a desarrollar políticas generales de fiscalización y aspectos tributarios, (Bancos, Instituciones Financieras, S.I.I., Aduanas, etc.) referidas al lavado de dinero y blanqueo de capitales.

Ministerio de Defensa:

A través de las Fuerzas Armadas realizar las actividades de control del territorio marítimo, espacio aéreo y fronteras, en materias específicas, propias de sus fundones. Fomentar por intermedio de la Dirección General de Deportes y Recreación, DIGEDER, las actividades deportivas que permitan la mejor utilización del tiempo libre de la juventud, tendientes a prevenir el uso indebido de drogas y estimulantes.

Ministerio de Agricultura:

Autorizar y controlar la siembra y cultivo del cáñamo a través del Servicio Agrícola y Ganadero.

Ministerio de Salud:

Elaborar políticas de prevención, rehabilitación y recuperación de drogadictos. Implementar centros de salud mental familiar y centros de rehabilitación en todo el país, como, asimismo, laboratorios especializados sobre la materia.

Efectuar seguimientos epidemiológicos de los drogadictos sujetos a tratamiento. Fiscalizar y regular la comercialización de drogas y estupefacientes y la extensión de recetas médicas.

Ministerio de Economía:

Controlar la comercialización y utilización de los precursores químicos.

Ministerio Secretaría General de Gobierno:

Apoyar la campaña a nivel nacional, poniendo al servicio de ella su rol fundamental en materias de comunicación y publicidad, complementando su accionar, principalmente, a través de la Dirección de Organizaciones Sociales, del Instituto Nacional de la Juventud, asignándoles roles específicos y de difusión en la comunidad, manteniendo la debida coordinación con el Organismo Centralizador definido en los términos ya propuestos.

Asimismo, procurar la participación activa de los distintos medios de comunicación social.

Ministerio de Planificación y Cooperación:

Planificar el desarrollo de programas que tengan por objeto ofrecer fórmulas de reemplazo para resolver los problemas de aquellas zonas más afectadas por el fenómeno de la drogadicción.

Rol importante debe ocupar el Servicio Nacional de la Mujer, desarrollando acciones específicas dentro de su ámbito.

Finalmente, cabe señal que la Comisión atendida la situación que vive la I Región y particularmente las ciudades de Arica e Iquique, ha estimado necesario recomendar que las medidas que en definitiva se adopten, especialmente en lo que se refiere a acciones destinadas a erradicar el flagelo de la droga, comiencen por dicha Región.

Consecuente con lo expresado en este Informe y atendida la urgente necesidad de enfrentar decididamente el problema de la droga en Chile, la Comisión sugiere a la H. Cámara, tenga a bien aprobar las proposiciones formuladas, solicitándole, asimismo, que el Informe evacuado sea puesto en conocimiento de S.E. el Presidente de la República y de los organismos competentes, para que una vez analizadas las recomendaciones puedan materializarse en políticas de Gobierno y proyectos de ley que se estimen pertinentes.

Sala de la Comisión, a 14 de agosto de 1991.

Se designó Diputado informante al señor Luis Leblanc Valenzuela.

Acordado en sesiones de fechas 10 y 24 de julio, 7 y 14 de agosto de 1991, con asistencia de los Diputados señores Leblanc, don Luis (Presidente); Correa, don Sergio; Horvath, don Antonio; Jara, don Sergio; Pérez, don Ramón; Rebolledo, don Víctor; Reyes, don Víctor; Rodríguez, don Claudio; Rodríguez, don Hugo; Tohá, don Isidoro; Valcarce, don Carlos; Velasco, don Sergio, y Yunge, don Guillermo.

(Fdo.): Arturo Figueroa Herrera, Secretario de la Comisión".

Moción de los Diputados señores Hernán Bosselin, Sergio Pizarro, Hosain Sabag, Sergio Ojeda, Sergio Elgueta y Edmundo Salas.

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE SOMETE AL BANCO CENTRAL A LA FISCALIZACION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS (boletín N 447-07).

"Honorable Cámara:

La Constitución Política dispone que existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.

Son atribuciones de la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del Gobierno.

El Banco Central, invocando su autonomía, ha pretendido estar excluido de la función fiscalizadora de nuestra Cámara, lo que, indudablemente, no se condice con el necesario control que deben tener organismos de tal naturaleza.

Es conveniente, para impedir resoluciones inadecuadas de ese Banco Central, reformar la Constitución, dejando claramente establecido que a su respecto la Cámara de Diputados podrá ejercer la función fiscalizadora del artículo 48, letra a) de la Constitución.

Por estas razones, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de reforma constitucional:

REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo único.- Agrégase al artículo 97 de la Constitución el siguiente inciso segundo:

"El Banco Central estará sometido a la fiscalización de la Cámara de Diputados. Esta, con el voto de la mayoría de los Diputados presentes, puede adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirán por escrito al Presidente de la República, debiendo el Banco Central dar respuesta, por medio del Presidente de su directorio, dentro de 30 días".

(Fdo.): Hernán Bosselin Correa, Diputado, Sergio Pizarro Mackay, Diputado, Sergio Elgueta B., Diputado, Sergio Ojeda V., Diputado, Edmundo Salas, Diputado, Hosain Sabag, Diputado".

Moción de los Diputados señores Hernán Bosselin, Hosain Sabag, Sergio Ojeda, Sergio Elgueta, Ramón Elizalde, Edmundo Salas y Gustavo Ramírez.

MODIFICA EL ARTICULO 66 DE LA LEY N 18.840, ORGANICA CONSTITUCIONAL DEL BANCO CENTRAL (boletín N 448-05).

Teniendo presente:

La necesidad de interrelación de los organismos públicos entre sí, aunque éstos tengan un carácter autónomo.

La importancia que reviste el Banco Central, cuyo objetivo es velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.

La gran variedad y valor de antecedentes e informaciones que este organismo maneja.

La facultad que la Cámara de Diputados tiene para conocer de antecedentes e informaciones en el marco de su función fiscalizadora de todos los organismos públicos.

El hecho de que el Banco Central constituya un organismo autónomo, con patrimonio propio de carácter técnico.

Que de acuerdo con su ley orgánica no tiene obligación de informar y entregar antecedentes. En ciertos casos y a organismos específicos mencionados en su Ley Orgánica.

Que está obligado a guardar reserva respecto de los antecedentes relativos a las operaciones que efectúe.

Que su ley orgánica, no obstante, menciona a quién le puede proporcionar la información sobre asuntos reservados, o secretos.

Que el Congreso Nacional no está mencionado como excepción para entregarle la información.

Que esta circunstancia contraría las funciones esenciales de fiscalización de la Cámara de Diputados.

Que conforme a la ley 18.972, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 1, el Banco Central también forma parte de la administración del Estado.

Que el artículo 9 obliga a los organismos de la administración del Estado a proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados por las Cámaras o por los organismos instemos autorizados por su respectivo reglamento.

Que la Ley Orgánica del Congreso Nacional faculta la entrega de antecedentes secretos a la Cámara o a una Comisión determinada, a través del Ministerio correspondiente, con la obligación de mantener reserva.

Que es necesario, además, la legislación, haciéndola concordante, para el mejor y efectivo funcionamiento de los poderes y servicios públicos.

Los abajo firmantes han considerado presentar el siguiente

PROYECTO DEL LEY

Artículo único.- Agrégase como inciso 4 del artículo 66, de la ley 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central, el siguiente:

Los antecedentes calificados como reservados y que sean solicitados por las Cámaras o por los organismos internos del Congreso Nacional, autorizados por sus respectivos reglamentos, serán proporcionados por el Ministro de Hacienda, en los términos previstos por los artículos 9 y 10 de la ley 18.918.

(Fdo.): Hernán Bosselin, Diputado, Sergio Ojeda Uribe, Diputado, Sergio Elgueta, Diputado, Ramón Elizalde. Hevia, Diputado, Edmundo Salas, Diputado, Gustavo Ramírez, Diputado, Hosain Sabag, Diputado".

Moción de los Diputados señores Octavio Jara, Isidoro Tohá y Juan Martínez.

ESTABLECE NORMAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS MINUSVALIDAS, SORDAS O NO VIDENTES (boletín N 449-13).

"Vistos: Lo dispuesto en los artículos 60 N 4, 60 N 20 y los derechos establecidos en los artículos 19 numerandos 2,16 y 17.

Considerando:

1.- Que los minusválidos y afectados por ceguera y sordera representan un importante porcentaje de la población en nuestro país.

2.- Que son evidentes las constantes discriminaciones de que son objeto, en especial en lo referido al acceso al empleo, donde generalmente se los rechaza por causas ajenas a la naturaleza de la función que eventualmente desempeñarían.

3.- Que es obligación de la sociedad establecer las condiciones mínimas que permitan a los minusválidos insertarse en ella, facilitándoles el acceso al trabajo, lo que ha sido reconocido por distintos organismos internacionales de los cuales Chile participa.

Así lo señalan la declaración de derechos de los minusválidos aprobada por las Naciones Unidas por la Resolución 3447 de dicha organización y la Recomendación 99 de la Organización Internacional del Trabajo de 22 de junio de 1955.

4.- Que existen experiencias legislativas de inserción laboral de minusválidos en otras naciones, entre las que se cuentan Argentina, España, Francia y Tanzania.

5.- Que a través del presente proyecto se persigue facilitar a dichas personas conseguir un empleo, estableciendo la obligación para las empresas de que alrededor del 3 por ciento de su personal sea minusválido, sordo o no vidente, siendo este hecho fiscalizado por las Inspecciones provinciales y comunales del Trabajo, las cuales se encuentran en la obligación legal de fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales, lo que permite implementar el mecanismo que se señala sin agregar nuevas funciones a dichos organismos.

Por lo anterior, los Diputados que suscriben viene en presentar el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Las empresas deberán contratar entre su personal, a lo menos, una persona minusválida, sorda o no vidente por cada treinta (30) trabajadores y fracción superior a veinticinco (25).

Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

a) empresa: toda industria, comercio o servicio y en general cualquier entidad pública o privada que tuviere más de treinta (30) trabajadores contratados.

b) minusválido: toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o sobreviniente, en sus capacidades físicas, síquicas o sensoriales, todo lo cual deberá constar en certificación médica otorgada según lo establezca el reglamento de esta ley.

c) Inspección: la Inspección Provincial del Trabajo.

Artículo 2.- Toda empresa deberá inscribirse en un Registro que, para tal efecto, se llevará por la Inspección.

Artículo 3.- las empresas que, por la naturaleza de los empleos que ofrecen, no puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo primero, deberán acreditar, suficientemente, esta circunstancia, al momento de su inscripción o al momento de surgir el impedimento y solicitar a la Inspección un certificado en el que consten las causas que justifiquen este hecho.

En todo caso no serán impedimentos suficientes aquellos que deriven de las condiciones del lugar físico en que se llevan a cabo las labores de la empresa.

No se otorgará certificado toda vez que a la Inspección le parezcan insuficientes las circunstancias y antecedentes en que la empresa funde su solicitud.

Dicho certificado deberá renovarse en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, sin perjuicio de las visitas inspectivas a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 4.- Toda empresa que no se encuentre entre las señaladas en el artículo anterior deberá acreditar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año estar dando cumplimiento a la obligación a que se refiere el artículo primero, lo cual deberá ser fiscalizado por visitas inspectivas que, a lo menos dos veces al año, serán ordenadas por la Inspección.

Artículo 5.- No será sancionada como infractora a la presente ley la empresa que no hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo primero por no haberse presentado postulantes, a pesar de haber realizado un esfuerzo razonable por conseguirlos.

Se entenderá por esfuerzo razonable la circunstancia de haber publicado en un diario de circulación en la provincia respectiva el número de vacantes para minusválidos, sordos y no videntes habidas en la empresa.

La eximente de responsabilidad a que se refiere este artículo deberá hacerse constar por la empresa en la acreditación trimestral señalada en el artículo 4, expresando el número de vacantes de que dispusiere.

La nómina total de cargos vacantes en cada empresa de su jurisdicción será publicitada en lugares de concurrencia masiva, por la Inspección correspondiente, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la acreditación o renovación, según corresponda.

Artículo 6.- Las empresas estarán obligadas a entregar un certificado al minusválido, sordo o no vidente que postule a un empleo. Dicho certificado o una copia autorizada de éste, podrá ser entregada a la Inspección comunal del Trabajo, la que deberá ser remitida a la Inspección provincial competente.

Artículo 7.- Toda persona que fuere afectada por una acción u omisión contraria a lo establecido en la presente ley podrá recurrir de protección de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20, inciso primero de la Constitución Política, en lo relativo a la libertad de trabajo, ante la Corte de Apelaciones que corresponda, la que dictará las providencias que permitan restablecer el imperio del derecho.

Artículo 8.- Los infractores a la obligación establecida en el artículo primero, como asimismo quienes falseen la información a que se refiere el artículo tercero, serán sancionados con multa de dos a tres ingresos mínimos por cada mes en que se mantuvo la infracción, multiplicado por cada trabajador que no haya sido contratado de acuerdo a lo prescrito por el artículo primero.

Sin perjuicio de lo que corresponda según lo dispuesto en el inciso anterior, los infractores a la obligación establecida en los artículos 3 y 4 sobre plazos de solicitudes o de acreditaciones serán sancionados con multa de una a dos Unidades Tributarias Mensuales.

Las multas referidas en este artículo serán aplicadas por los inspectores del Trabajo y se sujetarán a las normas generales para este tipo de sanciones.

Artículo 9.- Serán nulos los preceptos reglamentarios y legales, como también las cláusulas de convenios colectivos o de pactos individuales de trabajo o de instrucciones o circulares internas de las empresas que supongan discriminaciones contra los minusválidos en materia de empleo, remuneración, duración de la jornada y en general otras derivadas de las obligaciones y derechos emanados de los contratos de trabajo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Artículo 1.- El Presidente de la República dictará dentro de sesenta días siguientes a la publicación de esta ley un Reglamento que permita su aplicación.

Artículo 2.- La presente ley comenzará a regir seis meses después de dictado el Reglamento respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, una vez publicado el reglamento, las Inspecciones Provinciales deberán abrir el Registro correspondiente y las empresas deberán dar cumplimiento a las obligaciones a que se refiere el artículo segundo y el inciso primero del artículo tercero permanentes.

(Fdo.): Octavio Jara Wolff, Diputado, Isidoro Tohá González, Diputado, Juan Martínez Sepúlveda, Diputado".

Moción de los Diputados señores Rubén Gajardo y Ramón Elizalde.

MODIFICA EL CODIGO TRIBUTARIO EN LO RELATIVO A LA RESERVA DE ANTECEDENTES (boletín N 450-05).

"Honorable Cámara de Diputados:

El artículo 35 del Código Tributario contempla la reserva de los antecedentes tributarios de los contribuyentes, con la sola excepción de las investigaciones judiciales que digan relación con ellos.

Sin embargo, en los incisos cuarto y final se establece que el Servicio de Impuestos Internos mantendrá a disposición del público una lista en que aparezcan, por orden alfabético, los nombres de todos los contribuyentes afectos a impuestos de acuerdo con las declaraciones anuales que deben prestar. En estas listas se indicará, además, la renta imponible de los impuestos de categoría, global complementario y adicional, como asimismo el impuesto anual que por los referidos tributos le ha correspondido a cada contribuyente. Podrá indicarse en estas listas el monto de las rentas exentas del impuesto global complementario; pero si así no se hiciere, la información respectiva se proporcionará a cualquier persona que lo solicite.

Esta norma es, por una parte, poco práctica y, por otra, excesiva, en cuanto permite a toda persona conocer la situación tributaria de cualquiera, sin que se divise la razón de interés público que pueda existir con tan amplia liberalidad que, además, contradice la reserva consagrada en los incisos anteriores.

Es de toda evidencia que la transparencia en esta materia sólo presta utilidad en relación a aquellos contribuyentes cuya situación tributaria tenga relevancia para el conocimiento de la opinión pública, ya sea por la posición que ocupan o la actividad que desempeñan. Desde luego, parece razonable incluir en esta excepción a todos quienes ejercen funciones públicas, por entendibles propósitos de control público de la probidad que cabe exigirles. En el ámbito cíe la actividad privada, es legítimo recabar la misma transparencia de quienes administran volúmenes significativos de recursos de terceros, cual es el caso de los directores de sociedades anónimas, cerradas o abiertas, cualquiera fuere el giro de sus actividades.

En base a estos fundamentos, presento a la Honorable Cámara de Diputados el siguiente Proyecto de Ley:

PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO TRIBUTARIO

Artículo único.- Reemplácese el inciso cuarto y final del artículo 35 del decreto ley N 830 que contiene el Código Tributario, modificado por el artículo 2a letra B del decreto con fuerza de ley N° 7 de 1980, por el siguiente:

"No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, habrá acceso público a la información sobre renta imponible de los impuestos de categoría y global complementario, como asimismo del impuesto anual que por los referidos tributos ha correspondido, de los contribuyentes que se desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas durante los últimos cinco años y de los actuales directores de sociedades anónimas de cualquiera especie.

(Fdo.): Rubén Gajardo Chacón, Diputado, Ramón Elizalde Hevia, Diputado".

Moción de la Diputada señora Adriana Muñoz y del Diputado señor Sergio Aguiló.

PROYECTO DE LEY SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA (boletín N 451-07).

"Honorable Cámara de Diputados:

Considerando:

1.- Que la Constitución Política en su artículo 19 consagra como garantías constitucionales para todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y síquica y la igualdad ante la ley.

2.- Que la violencia ejercida sobre la mujer por su cónyuge, conviviente o parientes, denominada Violencia Doméstica, además de constituir una de las expresiones más crudas y soterradas de discriminación en contra de la mujer, constituye una grave vulneración a las garantías constitucionales antes señaladas.

3.- Que diversos estudios indican que ella no sólo se da en los estratos medios y bajos de la población, sino también en los grupos de altos ingresos, teniendo en los primeros una frecuencia mayor y una gravedad de las lesiones menor, a diferencia de los estratos altos, en donde se da una frecuencia menor, pero con resultados más graves respecto de las lesiones ocasionadas.

Asimismo, a pesar de la poca información oficial que existe sobre este tema, distintas investigaciones nos permiten constatar la existencia y dimensión de este problema. Es así como en estudio sobre violencia doméstica en mujeres pobladoras realizado por Cecilia Moltedo, C. Silva, C. Orellana, A. Tarifeño y C. Poblete, el 80 por ciento de las mujeres encrestadas, de una edad promedio de 34 años y ubicadas en 7 ciudades del país, reconoció haber sufrido violencia doméstica en el año 1987 y durante el año 1988, y 62,2 por ciento que vivía violencia al momento de contestar la encuesta. En la misma encuesta, las violencias de mayor frecuencia son las de tipo físico (cachetadas, puñetes, puntapiés, empujones y golpes con objetos), sicológico (insultos, descalificaciones, amenazas) y sexual (uso de la fuerza en relaciones sexuales).

Igualmente, de la investigación sobre el tema realizado por Guillermo Camus (1990) se establece que un 91 por ciento de las mujeres que presentaron denuncias de agresión ante los Juzgados de Policial Local tenían un vínculo estable con el agresor, agresiones que en alto porcentaje (83,3 por ciento) fueron calificadas judicialmente de lesiones leves, por lo cual no existió sanción penal, aun cuando un 52 por ciento de dichas mujeres habían sufrido más de 3 lesiones.

Por otra parte, de acuerdo a la investigación realizada por la abogada Nelly González (Análisis Crítico sobre Sentencias y Expedientes del año 1987 y 1988) se obtiene que el delito de lesiones es el tercer delito de mayor frecuencia según estadísticas efectuadas en los años 81-82-83 y 84 por el INE, y que de las causas por este delito que se seguían, el 70 por ciento fueron sobreseídas temporalmente por falta de pruebas.

Según este mismo estudio, en todas las causas referidas a Violencia Doméstica no hubo sanción para el agresor, pues se sobreseyó temporalmente la causa por falta de pruebas. Asimismo, en los últimos 86 años sólo pudo encontrarse 115 fallos de segunda instancia referidos al tema; del estudio de ellos se establece que la agresión a las mujeres se debió a su incumplimiento de los roles socialmente asignados.

4.- Que, en general, las normas penales que sancionan las conductas atentatorias

contra la integridad física no son efectivas respecto de los episodios de violencia doméstica. La mayoría de estos casos configura el tipo penal descrito en el artículo 399 del Código Penal, por tratarse de pateaduras, puñetes, golpes, que no pueden probarse por realizarse estos actos en la casa común, sin testigos, y en los pocos casos que existen, es difícil su declaración, lo cual lleva al sobreseimiento en estas causas.

Por otra parte, cuando son catalogadas como faltas por no constituir lesiones graves o menos graves, corresponde al Juzgado de Policía Local asumir el conflicto, que se entiende superado ante la comparecencia de las partes y una amonestación del Tribunal. Luego y de acuerdo a las características especiales de la violencia doméstica, los golpes o malos tratos se seguirán presentando en una escalada cada vez mayor, hasta caer nuevamente en la categoría de lesiones y con el mismo problema procesal ya indicado.

5.- Que dada la magnitud e impacto que tiene la violencia doméstica en la gran mayoría de los países, diversas instancias de Naciones Unidas han abordado este problema. En efecto, el Séptimo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, realizado el año 1985, tuvo como uno de sus temas centrales la violencia familiar, poniendo especial énfasis en la que se ejerce sobre la mujer. Ello condujo a la realización -en 1986- de una reunión de expertos, organizada por la Subdivisión de Prevención de la Mujer y la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del Centro de Desarrollo y Asuntos Humanitarios de NU.

Los Expertos de Naciones Unidas consideran que la violencia doméstica debe tratarse como un delito, equivalente a otros actos violentos contra el individuo y no sólo como un mal social. Asimismo, indican que la ley, la Policía y los Tribunales deben y pueden proteger la dignidad y los derechos de la mujer, lo cual requiere procedimientos rápidos y eficientes y de trato humanitario para con la víctima.

En su período más reciente de sesiones realizado en 1989, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a los Estados Partes que le informaran de las medidas específicas que se habían tomado para proteger a la mujer de la violencia y los servicios de apoyo creados para asistir a las víctimas.

La preocupación y recomendaciones de NU sobre violencia doméstica ha sido acogida por un número significativo de Estados, destacándose en América Latina los avances logrados en Argentina, Brasil, Costa Rica, Puerto Rico y Uruguay. Las medidas adoptadas han tenido una dimensión legal en el sentido de dictar leyes que, reconociendo la violencia doméstica como una figura particular de violencia, establecen un procedimiento judicial especial para sancionarla, como asimismo, una dimensión social expresada en la creación de casas para las víctimas de este tipo de violencia.

6.- La importancia de asumir esta expresión de violencia no sólo se funda en el que constituye un atentado a los derechos y dignidad de la mujer, sino también en que ello es expresión de una alteración de la necesaria armonía afectiva del grupo familiar; alteración que -prolongada en el tiempo- afectará gravemente la integridad síquica de los hijos comunes.

Más aún, la violencia doméstica se manifiesta con gran fuerza en nuestro país en relación a los menores de edad, los cuales no pocas veces son víctimas de actos de violencia intrafamiliar, actos amparados por la inexistencia de mecanismos que consideren la obligatoriedad de denuncia por parte de profesores, personal de salud u otros que conocen de dichos actos, inclusive la posibilidad de denuncia del propio menor afectado.

7.- Que la experiencia de otros países y la naturaleza de la violencia familiar indica que no siempre el mejor camino para enfrentar este gran problema social es el penalizar dichas conductas y someterlas al procedimiento penal; más bien, todo parece indicar que es más efectivo establecer un procedimiento sumario ante el Tribunal de Menores o Tribunales de Familia, otorgando facultad al juez para adoptar medidas cautelares que garanticen la integridad de la víctima y pronunciarse sobre derecho a alimentos y visitas, como asimismo establecer sanciones especiales que contribuyan a eliminar la conducta violenta, a rehabilitar al agresor y generar condiciones para el restablecimiento del grupo familiar.

8.- Que, por las consideraciones expuestas, venimos en presentar el siguiente .

PROYECTO DE LEY

TITULO PRIMERO DE LAS LESIONES LEVES

Artículo primero.- El que, sin dejar huellas o secuelas maltratare de obra o palabra a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, o a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a su conviviente, será sancionado de acuerdo al artículo noveno de esta ley.

Artículo segundo.- Será competente para conocer de las acciones descritas en el artículo primero, el Juez de Letras de Menores del domicilio de la víctima, asistido por un Actuario que deberá tener el título de Asistente Social, actuando de conformidad a las normas que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo tercero.- El procedimiento se iniciará por denuncia o querella ante el Tribunal competente formulada por el ofendido. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la denuncia podrá formularse ante Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones, en cuyo caso deberá ser ratificada ante el Tribunal de Menores competente.

Artículo cuarto.- Cuando existiere conocimiento de que un menor o incapaz ha sido objeto de malos tratos dentro del grupo familiar del cual es parte, los hechos podrán ser denunciados por cualquier pariente, por servicios asistenciales o sociales, profesores o entidades educacionales o por profesionales de la salud, o cualquier tercero que tuviere conocimiento de los hechos.

Artículo quinto.- La presentación podrá hacerse en forma escrita o verbal, con o sin patrocinio de abogado. Para la sustanciación del proceso las partes requerirán representación judicial de conformidad a la ley.

Si alguna de las partes carece de reclusos, se le designará abogado patrocinante y apoderado de la Corporación de Asistencia Judicial. Igual designación se hará si la víctima es menor de edad o incapaz y carece de representante legal, o éste fuese el imputado.

Artículo sexto.- El proceso a que dé origen la presentación de una denuncia por violencia familiar tipificada en el artículo primero de la presente ley, se sustanciará de conformidad a las siguientes normas:

a) La notificación de la denuncia o demanda y las resoluciones judiciales dictadas en el proceso se harán de conformidad al artículo 35, de la ley 16.618.

b) Presentada la querella o denuncia, el Tribunal la mandará a poner en conocimiento del denunciado o querellado, y fijará día y hora de audiencia dentro de quinto día de notificada dicha resolución y la respectiva denuncia o querella.

c) En la primera audiencia entre las partes, el Juez se pronunciará sobre la solicitud de medidas cautelares, si la hubiere, o decretará de oficio las que estime pertinentes.

Asimismo, ordenará los exámenes médicos e informes sicológicos de las partes y situación social y demás medidas contempladas en el artículo 36 de la ley 16.618 que estime necesarias para la resolución de la causa, y fijará día y hora para la prueba testimonial.

d) La audiencia para recibir declaración de testigos deberá realizarse en un plazo no superior a quince días después de la primera audiencia.

En relación a la prueba testimonial, no procederán las causales de inhabilidad para declarar contempladas en el N 1, 2 y 4 del artículo 358, del Código de Procedimiento Civil.

e) Los informes médicos sobre lesiones emitidos por profesionales que no pertenezcan al Servicio Médico Legal tendrán el mismo valor probatorio que los de este servicio, sin perjuicio de cumplir con lo dispuesto en el artículo 22 del decreto con fuerza de ley 196.

Artículo séptimo.- El juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares a solicitud del interesado o de oficio:

a) Decretar la suspensión del deber de cohabitación de los cónyuges, si considera que la mantención significa un riesgo para la integridad física o síquica de los integrantes del grupo familiar. El período de mantención de esta medida la determinara el Tribunal en consideración a las circunstancias del caso.

b) A fin de evitar la repetición de los actos de violencia, prohibir el acceso del imputado al domicilio de quien fue víctima de los hechos denunciados, a su lugar de trabajo o estudios, por el período que el Juez estime necesario de acuerdo a los antecedentes de la causa.

c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por efecto de la violencia ejercida en su contra, excluyendo en tal caso de dicha vivienda al agresor.

d) Fijar alimentos provisorios, si correspondiere, de acuerdo a los antecedentes de la causa y de conformidad a las normas contempladas en la ley 14.908 y en el Título XVIII, Libro I del Código Civil.

e) Establecer un régimen provisorio de cuidado y tenencia de los hijos y visitas, si correspondiere y de conformidad a la ley.

f) En caso de que la víctima fuese un menor de edad o incapaz, podrá otorgar el cuidado y protección de éste a quien considere idóneo para tal fundón, si esta medida fuere necesaria para la seguridad física y síquica del menor o incapaz.

En caso de incumplimiento de las medidas contempladas en las letras a, b y c, de este artículo, el Tribunal podrá apremiar al infractor de acuerdo al artículo 15 de la ley 14.908.

Artículo octavo.- En las causas sobre violencia doméstica la prueba se aprenderá en conciencia.

En contra de la sentencia definitiva sólo procederá el recurso de reposición.

Artículo noveno.- La comprobación de la efectividad de los hechos denunciados y la participación del imputado tendrán alguna o varias de las siguientes sanciones alternativas, según las circunstancias del caso, siendo su aplicación determinada por el Tribunal:

a) Prisión en sus grados medio a máximo.

b) Multas de medio a dos ingresos mínimos en beneficio de la víctima.

c) Asistencia obligatoria del agresor a programas educativos o terapéuticos por el tiempo y el modo que determinen los expertos, realizados gratuitamente por el Servicio Nacional de la Mujer, los servidos de salud públicos, municipalidades u otras entidades públicas o privadas.

d) Realización de trabajos ad honoren, con un máximo de cuarenta y ocho horas para la Municipalidad correspondiente a su domicilio, en el tiempo y forma que determine el Tribunal.

Artículo décimo.- El Juez deberá, por el tiempo que considere prudente, controlar el resultado de las medidas y sanciones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al Tribunal o por intermedio de la evaluación e informe de asistentes sociales, sicólogos o terapeutas familiares respecto del funcionamiento familiar.

Artículo undécimo.- El Juez de la causa podrá solicitar la colaboración de todas las entidades públicas dedicadas a la protección de menores, mujeres y las familias, a fin de que presten asistencia a las personas afectadas por violencia intrafamiliar. Igual colaboración podrá solicitar a instituciones privadas si éstas aceptan prestar los servidos en forma voluntaria.

Artículo duodécimo.- Los antecedentes referidos a violencia familiar en contra de menores de edad o incapaces deberán ser enviados, una vez dictada sentencia definitiva y que ésta se encuentre ejecutoriada, al Servido Nacional de Menores, a fin de que dicho organismo lleve registro de dichas causas.

Igualmente, las causas sobre violencia doméstica en contra de mujeres deberán ser enviadas al Servicio Nacional de la Mujer, cuando sus sentencias definitivas estén ejecutoriadas, para la finalidad y en las condiciones antes señaladas.

TITULO SEGUNDO DE LAS LESIONES GRAVES Y MENOS GRAVES

Artículo decimotercero,- En todos los casos en que los hechos denunciados constituyan una infracción contemplada en el Código Penal, los antecedentes serán remitidos al Tribunal del Crimen respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, toda lesión menos grave y grave tipificada en el Código Penal imputable a un integrante del grupo familiar conviviente da derecho a la parte afectada a solicitar las medidas provisorias contempladas en el artículo séptimo de esta ley, medidas que, igualmente, podrán ser decretadas de oficio por el Tribunal.

Asimismo, en la tramitación de estas causas serán aplicables las. normas referidas a prueba testimonial e informe médico de lesiones contempladas en el artículo 6, y lo dispuesto sobre registro de sentencias en el artículo 12 de la presente ley.

Artículo decimocuarto.- Sustitúyese el artículo 400 del Código Penal, por el siguiente:

"Artículo 400.- Si los hechos a que se refieren los anteriores artículos de este párrafo se ejecutaren contra el padre, madre, hijo o cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, sean legítimos o ilegítimos, su cónyuge o estable conviviente será castigado con la pena inmediatamente superior en un grado".

Artículo decimoquinto.- Agrégase al Código de Procedimiento Penal el siguiente artículo 18 bis: -

"Artículo 18 bis.- Tratándose de los delitos a que se refiere el artículo 400 del Código Penal, la denuncia o querella podrá iniciarse por cualquier persona; mas para la prosecución del juicio se requerirá que la víctima manifieste su voluntad expresa. Si la persona agraviada, a causa de su edad o por estar privada de razón no pudiere manifestar su voluntad por sí misma, la representarán para este efecto, en el orden que se señalan, sus padres, abuelos o guardadores, a falta o por impedimento grave de éstos, como el haber participado en el delito, deberá el Ministerio Público emitir su opinión acerca de la necesidad de continuar el juicio".

Artículo transitorio.- La competencia es otorgada a los Jueces de Letras de Menores en la presente ley hasta la creación y funcionamiento de los Tribunales de Familia.

(Fdo.): Sergio Aguiló Meló, Diputado, Adriana Muñoz Dalbora, Diputada".

Moción de los Diputados señores Sergio Elgueta, Hernán Bosselin, Hosain Sabag, Guillermo Yunge, Sergio Ojeda y Edmundo Salas.

DICTA NORMAS RELATIVAS A LA QUIEBRA (boletín N° 452-07)

"La quiebra, el concurso de acreedores o las diversas situaciones jurídicas en la que concurre una pluralidad de acreedores, cuando los bienes del deudor fallido son insuficientes, denotan la desmedrada situación de los créditos laborales, sean remuneraciones, indemnizaciones u otros derechos. Este desmejoramiento se agrava en la bancarrota de las personas jurídicas con fines de lucro, atendida la complejidad de sus componentes, su constitución mediante asociación de capitales nacionales o extranjeros, con representaciones difíciles de pesquisar, con inventarios, activos, pasivos, operaciones y actos jurídicos no patentes o con insuficiente conocimiento por parte de los trabajadores o del público. Esto conduce a que las referidas acreencias tengan un largo y gravoso camino para obtener su solución.

El artículo 2472 del Código Civil dispone que las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares constituyen un privilegio de primera clase de la 5. categoría y de conformidad al artículo 2473 del mismo Código, cuando no existen los bienes suficientes para cubrirlos íntegramente preferirán uno a otros en el orden de su enumeración, cualquiera que sea su fecha, y los comprendidos en cada número concurrirán a prorrata.

De este modo, los créditos laborales -remuneraciones y asignaciones familiares- se pagan después de las costas judiciales, de las expensas funerarias del deudor difunto, de los gastos de enfermedad del deudor y de los gastos para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, de los de la administración de la quiebra, de los de realización del activo y de los préstamos contratados por el síndico para los efectos mencionados.

Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral, que corresponden a los trabajadores, reciben un trato inferior, ya que tienen un privilegio con un límite de 15 ingresos mínimos mensuales, deben estar devengados a la fecha en que se hace valer y se hallan en la 8a. categoría de la primera clase. Los créditos superiores a 15 ingresos mínimos mensuales son valistas.

Por su parte, el artículo 60 del Código del Trabajo tiene normas coincidentes con las del Código Civil:

a) Gozan del privilegio del artículo 2472 del Código Civil: las remuneraciones y las asignaciones familiares; las imposiciones o cotizaciones y otros aportes a los organismos o entidades de previsión o seguridad social; los impuestos fiscales devengados de detención o recargo, y las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que correspondan a los trabajadores;

b) De igual privilegio gozan los reajustes, intereses y multas del respectivo crédito laboral;

c) Las remuneraciones privilegiadas son: los sueldos, sobresueldos, comisiones, gratificaciones legales, participación en las utilidades y cualquier otro estipendio que perciban los trabajadores como contraprestación de su trabajo;

d) Las indemnizaciones legales y convencionales gozan de privilegio hasta 15 ingresos mínimos mensuales, siendo el saldo valista. Los pagos parciales se imputan a lo privilegiado;

e) Estos créditos deben estar devengados a la fecha en que se hagan valer.

La ley de Quiebras N 18.175 en su artículo 132 inciso 2 añade otro crédito con prioridad a los laborales, como son los provenientes de los servicios de utilidad pública suministrados con posterioridad a la quiebra, los que se incluyen en el N 4 del artículo 2472 del Código Civil, lo cual desmejora aún más la situación de aquellos.

Por último, la ley de Quiebras en el artículo 148, incisos 3 y 4, dispone que los créditos del N 5 del artículo 2472 del Código Civil serán pagados en forma administrativa con cargo a los primeros fondos, siempre que existan antecedentes documentarios y aún antes de su verificación, y los del N del mismo precepto y Código se pagarán de igual modo, con el solo mérito de la sentencia judicial ejecutoriada.

Este breve examen revela que los créditos laborales constituyen dentro del privilegio de primera clase una categoría residual o marginal, lo que se agrava en el caso de concurrir con los privilegios de segunda o la hipoteca, en que se prefiere a éstos que aquellos, según la forma y modos previstos en los artículos 2476 y 2478, del Código Civil.

En consecuencia, los créditos laborales tienen una precaria situación en caso de concurso de acreedores o bancarrota, porque el Código Civil, atendida la época en que se dictó sólo se colocó en evento de las quiebras de personas naturales como regla general, pero no pudo situarse en la difusión enorme que tendrían las complejas empresas de hoy día, con enormes activos y capitales de diversas formas jurídicas, y a cuyo servicio laboran decenas, centenares o miles de personas, cuya subsistencia depende exclusivamente de su trabajo, por lo que producida la insolvencia del empresarios quedan cesantes y sin poder acceder al pago de los derechos que les corresponden, agravando más su futuro y la de sus familias, y de todo ello sin culpa de su parte.

El proyecto propone mejorar los privilegios de los números 5a y 8a del artículo 2472 del Código Civil, de manera de incluirlos en determinadas circunstancias en el N 1 del mismo artículo y Código, ajustando para una mejor concordancia los preceptos respectivos de la ley de Quiebras y el Código del Trabajo.

Al efecto, los créditos laborales mejoran su prelación al incluirlos dentro del N 1 de la primera clase, cuando el fallido fuere una persona jurídica con fines de lucro o una persona natural comerciante, cuyo último balance anterior a la quiebra arroje un inventario o un activo valorizado superior a 2.000 Unidades de Fomento, elevando asimismo el monto máximo del privilegio para las indemnizaciones a 30 ingresos mínimos. De esta manera, se atiende en forma más equitativa a los acreedores, cuya única fuente de ingreso es su trabajo respecto de aquellas empresas cuyo desenvolvimiento normal significó la acumulación y administración de subidos capitales.

Asimismo, de aprobarse el proyecto, los trabajadores podrán acceder con prioridad a los recursos que les permitan sobrellevar mejor los peligros e incertidumbre de la cesantía que siempre acarrea la quiebra.

Por estas razones, se presenta el siguiente proyecto de ley:

Artículo primero.- Modifícase el artículo 2472 del Código Civil de la siguiente manera:

"A.- Suprímese el punto al final de su 2 1, añadiendo la siguiente oración: y los créditos de los números 5° y 8° de este artículo, cuando el fallido fuere una persona jurídica con fines de lucro, o cuando se tratare de una persona natural comerciante, cuyo capital declarado según el último balance anterior a la fecha de la quiebra excediere de las 2.000 Unidades de Fomento.

B) Modifícase en el N de este artículo el número 5 por 3.

Artículo segundo.- Modifícase el artículo 60 del Código del Trabajo en la siguiente forma: .

A) En su inciso 3 entre la expresión "número y 5" intercálase la siguiente frase: "1 en su caso y".

B) En su inciso 4, sustitúyese "15" por "30".

Artículo tercero.- Modifícase el artículo 148, inciso 3a de la ley N° 18.175, sobre Quiebras, en el siguiente sentido:

"Sustitúyese la frase Los créditos mencionados en el número 5 por la que sigue: Los créditos de origen laboral de los números 1 y 5".

(Fdo.): Hernán Bosselin Correa, Diputado, Sergio Elgueta Barrientos, Diputado, Guillermo Yunge, Diputado, Sergio Ojeda Uribe, Diputado, Edmundo Salas, Diputado, Hosain Sabag, Diputado".

Moción de los Diputados señores Hernán Bosselin, Hosain Sabag y Sergio Pizarro.

ESTABLECE RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE HOSPITALES, CLINICAS Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES EN EL EVENTO DE QUE CON MOTIVO DE TRANSFUSIONES DE SANGRE SE TRANSMITA EL SINDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA (boletín N 453-11).

"Honorable Cámara:

No cabe la menor duda que la enfermedad denominada Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida (Sida) es una de las más peligrosas que afectan actualmente a la humanidad.

Una de las formas típicas de transmisión de la misma está constituida por la que se produce por la transfusión de sangre contaminada con el Virus VRJ.

En los hospitales, clínicas, maternidades, postas, centros médicos y demás establecimientos asistenciales se practican a menudo transfusiones de sangre.

Sin con motivo de tales transfusiones resultan las personas receptoras de sangre contagiadas, es deber de tales organismos, públicos o privados, de salud responder indemnizando los correspondientes perjuicios morales y materiales.

Las personas así contagiadas no pueden verse expuestas, en dicho evento, a la necesidad de entablar demandas ordinarias, de lata tramitación, ni menos se les puede imponer la carga de acreditar culpa o dolo.

Procede en justicia y por razones de solidaridad y humanidad consagrar la responsabilidad objetiva de dichos establecimientos de salud. Es decir, debe eliminarse la obligación de acreditar dolo o culpa. La responsabilidad objetiva deriva simplemente del hecho material que el autor ha causado daño y obedece a la imposibilidad en que se encuentra la teoría de la culpa para dar solución a los perjuicios provocados por una sociedad cada día más riesgosa. Se establece un límite de 2 mil Unidades de Fomento para esta responsabilidad. Si el ofendido desea demandar una cantidad superior, deberá deducir la acción correspondiente del Código Civil prescrita en el artículo 231.

Por estas razones, se somete a la consideración de la Cámara el siguiente: Proyecto de Ley.

Artículo primero.- Toda persona natural o jurídica, cualquiera que sea su naturaleza, en cuyos hospitales, clínicas, consultorios, laboratorios, centros médicos, oficinas y demás establecimientos asistenciales o de salud se practiquen o efectúen transfusiones de sangre deberá indemnizar a las personas receptoras los perjuicios que las mismas le ocasionen, si con motivo u ocasión de ellas resultaren contagiadas del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Artículo segundo.- La acción prescrita en el precepto anterior podrá ser entablada tanto por el ofendido como por sus sucesores y no será necesario acreditar dolo o culpa, eximiéndose, en consecuencia, al actor del onus probandi sobre la imputabilidad del autor del hecho ilícito.

Artículo tercero.- La acción consagrada en esta ley se tramitará por la justicia ordinaria, de acuerdo con las normas del procedimiento sumario, a que se refiere el Título XI, del Libro DI, del Código de Procedimiento Civil. En estos juicios se litigará siempre sobre la especie y monto de los perjuicios y las causas deberán tramitarse con preferencia sobre cualesquiera otras y deberán estar falladas por sentencia de término en el plazo de 120 días.

Artículo cuarto.- Los perjuicios que se indemnizarán serán tanto los morales como los materiales, directos e indirectos, próximos y remotos.

El límite máximo de la responsabilidad por los daños producidos por las transfusiones de sangre será el equivalente en moneda nacional a la suma de 2 mil Unidades de Fomento.

Si el actor desea demandar una cantidad superior a la señalada, deberá deducir en juicio ordinario la acción dispuesta en el Título XXXV, del Libro IV, del Código Civil, la cual comprenderá los daños causados por transfusiones de sangre.

Artículo quinto.- La acción regulada en esta ley se establece por razones de interés público y no podrá ser renunciada anticipadamente, considerándose nulos y sin valor alguno los pactos o declaraciones que hubiere firmado el ofendido liberando de responsabilidad.

Artículo sexto.- Si la persona que con motivo u ocasión de la transfusión de sangre hubiera resultado contagiada del Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida (Sida), a su vez, contagiara a otras, éstas también podrán deducir la acción contemplada en esta ley.

(Fdo.): Hernán Bosselin Correa, Diputado, Sergio Pizarra Mackay, Diputado, Hosain Sabag, Diputado".

Moción de los Diputados señores Hernán Bosselin, Hosain Sabag y Sergio Pizarro.

DICTA NORMAS PARA ESTABLECER LA CONCILIACION PREVIA ANTES DE INICIAR CUALQUIER PROCESO, SALVO LAS EXCEPCIONES LEGALES (boletín N 454-07).

"Honorable Cámara:

La Conciliación se encuentra regulada en el Libro II, Título II, artículos 262 a 268 del Código de Procedimiento Civil.

En todo juicio civil, con excepción de los juicios o procedimientos especiales de que tratan los Títulos IV, V y XVI del Libro III, el Juez podrá en cualquier estado de la causa llamar a las partes a conciliación y proponerles bases de arreglo.

En el proyecto de Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, publicado por Edeval, se contempla un título denominado "Procesos preliminares", conciliación previa, en cuyo artículo 263 se expresa:

Artículo 263 (Regla general: Preceptividad).

Antes de iniciar cualquier proceso, el futuro actos deberá pedir audiencia para intentar la conciliación con el futuro demandado.

Pensamos que dentro del espíritu de las reformas que se aspiran a introducir a nuestro sistema judicial se deben consagrar preceptos que den mayor rapidez a la tramitación de las causas y que pongan término a las mismas en forma prudencial.

La conciliación es un instrumento procesal que aplicado en la etapa anterior a la demanda propiamente tal podrá contribuir a solucionar contiendas que a veces suelen prolongarse innecesariamente.

Es el tribunal el que asumiendo un papel activo puede proponer, en todo estado, bases de arreglo que produzcan la reconciliación de las partes.

Es por eso que siguiendo las orientaciones más maduras del derecho procesal nos permitimos en someter a la consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo l2.- Agrégase al Libro I del Código de Procedimiento Civil el siguiente Título XXI, que consta de los artículos que se señalan:

TITULO XXI

Conciliación Previa

Artículo 252 bis.- Antes de iniciar cualquier proceso, con excepción de los juicios o procedimientos especiales de que tratan los Títulos I, II, III, V y XVI del Libro IE, y el Libro IV, Títulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VTE, IX, X, XI, XII, XIV y XV el futuro actor deberá pedir audiencia para intentar la conciliación con el futuro demandante.

La audiencia será citada por el Juez competente para conocer el proceso judicial a intentarse.

La citación se hará para día y hora determinado, con un plazo no superior a 15 días.

Dicha audiencia será presidida por el Juez; deberán concurrir las partes por sí o sus apoderados. No obstante, el Juez podrá exigir la comparecencia personal de las partes, sin perjuicio de la asistencia de sus abogados.

En caso de no comparecer el citado, a pedido del citante, el Juez podrá convocar a una nueva audiencia bajo apercibimiento de que la incomparecencia se tendrá como presunción simple en contra de su interés en el proceso ulterior.

Artículo 252, bis segundo.- El juez obrará como amigable componedor. Tratará de obtener un avenimiento total o parcial en el litigio. Las opiniones que emita no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa.

Artículo 252, bis tercero.- Una vez llevada a cabo la conciliación total o parcial se levantará acta, que consignará sólo las especificaciones del arreglo, la cual suscribirá el Juez, las partes que lo deseen y el actuario, y se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

Si se rechaza la conciliación o no se verifican los comparendos, el secretario certificará este hecho y la causa seguirá su curso, debiendo en este caso presentarse la demanda de acuerdo con las normas que regulan el juicio correspondiente.

Artículo 252, bis cuarto.- En los casos en que procediere la previa conciliación y no se agregue la constancia de haberse celebrado, lo actuado no será nulo, pero el Juez dispondrá e cumplimiento del trámite, suspendiendo el procedimiento hasta tanto no se lleve a efecto en la forma señalada en este Título.

Artículo 252, bis quinto.- Sustitúyese el artículo 253, del Código de Procedimiento Civil por el siguiente:

Artículo 253.- Todo juicio ordinario comenzará por demanda, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título XXI del Libro Primero y en el Título IV del Libro Segundo.

Artículo primero transitorio.- Las normas de esta ley comenzarán a regir 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.

(Fdo.): Sergio Pizarro Mackay, Diputado, Hernán Bosselin Correa, Diputado, Hosain Sabag, Diputado".

Moción del Diputado señor Víctor Manuel Rebolledo.

AUTORIZA REINCORPORACION DE FUNCIONARIOS DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES QUE INDICA (boletín N 455-02).

"Visto: Lo dispuesto en la Constitución Política del Estado en sus artículos 94 y 60 N° 2; lo dispuesto en el artículo 91 letra f) y 94 letra e) del decreto con fuerza de ley N° 1 de Defensa correspondiente a 1980;

Considerando:

1.- Que muchos funcionarios fueron exonerados de la Policía de Investigaciones de Chile en virtud de las facultades que le asigna la Constitución al Presidente de la República en el artículo 94 inciso segundo;

2.- Que dicho llamado a retiro tiene el carácter de temporal, toda vez que el Presidente de la República puede llamarlos a su reincorporación dentro de los tres años siguientes a la medida, de conformidad al artículo 91 letra f) y 94 letra e) del DFL N° 1 de Defensa del año 1980;

3.- Que respecto de varios miembros de la Policía de Investigaciones que fueron llamados a retiro en los inicios del Gobierno anterior se cometió una gran injusticia, toda vez que respecto de ellos no se contempló otra causal más que la mera arbitrariedad;

4.- Que muchos de los policías exonerados mantienen su interés en pertenecer a la Policía de Investigaciones, resolución que sólo puede tomar el Presidente de la República en uso de sus atribuciones;

5.- Que dicha atribución presidencial sólo puede ser ejercida dentro de los tres siguientes años a la toma de decisión;

6.- Que, como idea matriz del Proyecto que presentamos, se encuentra la necesidad de permitir la reincorporación de quienes fueron exonerados entre 1973 y 1990 de la Policía de Investigaciones, si así lo resolviera el Presidente de la República de conformidad a las atribuciones que ya posee.

Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Agrégase como artículo 1l2 transitorio al DFL N° 1 de Defensa de 1980 el siguiente:

Artículo 11 transitorio.- No será aplicable lo dispuesto en el artículo 91 letra f), ni en el artículo 94 letra e) permanentes, al personal que hubiere sido llamado a retiro temporal o absoluto entre los años 1973 y 1990.

(Fdo.): Víctor Manuel Rebolledo, Diputado".

Moción de los Diputados señores Hernán Bosselin, Sergio Pizarro, Hosain Sabag, Julio Rojos, Gustavo Ramírez, Milenko Vilicic, Mario Acuña y Manuel Antonio Matta.

MODIFICA EL CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES Y EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, EN LA FORMA QUE INDICA (boletín N 456-07).

"Honorables Diputados:

Los diversos proyectos de ley que nos encontramos estudiando, han surgido de la necesidad que el país entero ha sentido de modificar el Poder Judicial de tal modo que recupere la autoridad y majestad resentida por los acontecimientos de los últimos años.

La crisis del Poder Judicial es quizás uno de los problemas en que coinciden las posiciones políticas más encontradas o contrapuestas. Hay, sin embargo, quienes estiman que la crisis no sólo es del Poder Judicial, esto es, es más complejo y más amplio que limitarlo a las personas de los magistrados y funcionarios que ejercen funciones de administración de la justicia, así como también que esta crisis es aún más antigua que el reducirla a tan solo algunos años atrás, situándola en la falta de modernización legislativa, a una suerte de idolatría al pasado intelectual, olvidándose de que la ley es infinitamente más lenta que los cambios sociales, y que inclusive en algunos casos cuando la ley ha sido promulgada ya los acontecimientos sociales que la hacían conveniente y necesaria han variado dejándola obsoleta.

Compartimos en algún grado esta última posición y creemos que, si podemos hablar de crisis, ésta no podemos reducirla a un pequeño grupo de compatriotas que procuran con escasos medios hacer la justicia material y real.

Por otra parte, aun cuando superemos la crisis de que vinimos tratando, seguiremos sumidos en el retraso si ella no alcanza a los más pobres, perdiéndose de vista el sentido mismo de justicia, esto es, la defensa de los más débiles por sobre la voluntad del fuerte, que es la razón de ser del Estado de Derecho y el motivo por el que ganó definitivamente terreno al absolutismo.

Es por ello que sometemos al conocimiento de Uds. las mociones que siguen a fin de que, promulguemos luego como leyes de la República, propendan a un mejoramiento del Sistema Judicial y permitan el acceso de los más débiles a su ejercicio.

Dichas mociones pueden entenderse en tres ideas fundamentales:

L) ADECUAR EL PROCEDIMIENTO PENAL AL SISTEMA DEMOCRATICO;

M) MEJORAR LA CALIDAD DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL PODER JUDICIAL SIN SER LETRADOS Y LIMITAR EL INGRESO A EL DE PERSONAS LE TRADAS O EN CONDICIONES DE SERLO EN EL BREVE PLAZO; Y,

N) BUSCAR UN ADECUADO ACCESO A LA JUSTICIA, A LAS PERSONAS QUE DEBEN HACER VALER SUS DERECHOS Y ACCIONES ANTE LA MAGISTRATURA.

O) ADECUAR EL PROCEDIMIENTO PENAL AL SISTEMA DEMOCRATICO: Nuestro Código de Procedimiento Penal fue promulgado como ley de la República el 31 de diciembre de 1894, es decir, cuenta ya con casi un siglo de vigencia. Algunos de sus artículos no han sido modificados en forma alguna, como ocurre con el artículo 76, 78 y 79, que son objeto de moción.

Dichos artículos están referidos en general al secreto del sumario, esto es, al no acceso de las partes o sus abogados y apoderados al conocimiento de las actuaciones en la primera etapa del proceso penal. Ello es una reminiscencia de los períodos inquisitivos en que se partía de la base, las más de las veces falsa, de la culpabilidad del sindicato como autor del delito o crimen, limitándose el procedimiento a reunir las pruebas que demostraban tal culpabilidad y sólo con posterioridad se vieron luces de humanismo que obligan al juez de la causa a investigar con igual celo no sólo aquello que inculpa al procesado sino también aquellas circunstancias que atenúen o extinguen su eventual responsabilidad penal.

Dicha posición ya no tiene cabida en el mundo actual, donde las guerras son cada vez más repudiadas y la solución pacífica de las controversias son la regla general, donde se confía en el estado de derecho que sólo es concebible en los regímenes democráticos, como el que Chile vive hoy en día.

En democracia no es posible iniciar un proceso penal estimando a priori la responsabilidad del presunto autor o partícipe de los hechos con caracteres de delito que se investigan. Lo correcto es lo opuesto, esto es, presumir la inocencia y deben proporcionarse a todos los que figuren en el proceso la oportunidad de hacer valer, con conocimiento de causa, todas las alegaciones y defensas que sean del caso.

Por ello, proponemos a la Honorable Cámara de Diputados la moción de abolir el secreto del sumario, sustituyéndolo por su correspondiente opuesto que debe estar acorde con el sistema democrático: la discreción o reserva del sumario como un derecho o facultad sólo susceptible a ser suspendido cuando hace peligrar el éxito de la investigación; mientras se evacúan las diligencias ordenadas; o cuando abusaren del conocimiento aquellos que tienen acceso al mismo.

Sólo el conocimiento del sumario permitirá ejercer con oportunidad la justicia penal, puesto que conociendo las partes lo actuado podrán concurrir al aporte de nuevas pruebas o elementos probatorios para una acertada inteligencia del juez de los hechos de la investigación, como asimismo para una acertada sentencia condenatoria o absolutoria o el pertinente sobreseimiento cuando así el mérito del proceso arroja consejo.

Cierto que este conocimiento encierra un doble peligro: por una parte, bien podría estimarse como una desprotección a los testigos del hecho, así como por otra parte permitir a profesionales inescrupulosos extraer de las pruebas presentadas contra su cliente antecedentes para encubrir o perturbar la investigación. Dicho peligro lo estimo aparente, pues en el primer caso no puede protegerse a los testigos perjudicando a las partes del proceso y porque deben buscarse otros mecanismos para proteger a las personas que deban cumplir dicha obligación cívica, y en cuanto a lo segundo, la propia moción establece mecanismos para impedir tal perturbación, como la suspensión del conocimiento del sumario si se solicitaren diligencias manifiestamente inútiles o dilata el sumario.

Las mociones en este apartado son las indicadas en la letra "b)" del texto que las contiene, y puede apreciarse su utilidad, justicia y adecuación al sistema democrático, evidentes.

P) MEJORAR LA CALIDAD DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL PODER JUDICIAL SIN SER LETRADOS, Y LIMITAR A EL DE PERSONAS LETRADAS O EN CONDICIONES DE SERLO EN EL BREVE PLAZO: En el escalafón de Empleados del Poder Judicial se contempla una serie de requisitos para ingresar al mismo, que en general son los mismos que para los demás empleados de la administración del Estado. Sin embargo, las actividades que desarrollan, así como las responsabilidad de todo orden que asumen, especialmente morales, para con las personas que deben acudir hasta los tribunales a hacer valer sus derechos o a defender sus personas, honor y bienes, como aquellas que son citadas por las más diversas razones de orden legal, son de tal gravedad que hacen necesario que el personal que trabaja en el poder judicial, al menos aquellos con incidencia directa en la tramitación de las causas y cumplimiento de diligencias del proceso, estén en posesión del título de abogados que otorga la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. La utilidad de este requisito es innegable y el problema radica en conciliarlo con la realidad existente en la justicia de hoy. En nuestro concepto, el problema es más bien aparente, pues debemos inscribirlo en dos estadios muy claros: aquellos que ya estén presentando servicios dentro del Poder Judicial, y aquellos que aspiran ingresar a él. En consecuencia, resolver el mejoramiento del personal del Poder Judicial sólo se reduce al problema de mejorar la calidad de los que ya están, mientras que a su tumo bastará con exigir por vía legal que los que deseen ingresar al Poder Judicial, deben estar en posesión del título de abogado, haber egresado dentro de los dos últimos años o estar cursando cualquiera de los dos últimos años académicos de la carrera que conduce al título de abogado.

A la última situación señalada en el párrafo anterior, apuntan las modificaciones que propongo en la presente moción bajo la letra "a)" números 1.- y 2.-

La situación de los trabajadores del Poder Judicial que ya están prestando sus servicios: les ampara la inamovilidad en sus cargos así como sus derechos adquiridos sobre el mismo. Por ello, pensar en una situación paulatina de ellos por personas letradas, por su costo, tiempo de reemplazo, etcétera, resulta insostenible y hasta absurdo. Debemos, por consecuencia, procurar mejorar la preparación de los propios empleados del Poder Judicial de modo que alcancen una calificación deseable. Es por ello que en el artículo transitorio contenido en la letra "c)" de la presente moción, proponemos a la

aprobación de ustedes un procedimiento de ingreso extraordinario y en condiciones también extraordinarias a las universidades chilenas, de los funcionarios del Poder Judicial.

En efecto, se establece que cada año las universidades chilenas, tanto estatales como privadas reconocidas por el Estado, deberán destinar en sus vacantes anuales un cupo mínimo de cinco por ciento para que los empleados del Poder Judicial accedan a estudiar la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales que los habilite para la obtención del título de abogado, bien para su estudio íntegro, bien para su complementación.

Tanto en esta disposición como en las que siguen, no se busca el interés individual de ninguno de los empleados del Poder Judicial, sino que por efecto de su calificación, el mejoramiento de la Justicia para el beneficio de toda la comunidad.

Atendido que las actividades judiciales son de suyo relevantes y no es posible sobrecargar a los funcionarios, a nuestro juicio resulta conveniente dividir los estudios, propios de la carrera, flexibilizando el currículo de modo que cuenten con un ciclo básico bajo las mismas condiciones que los demás estudiantes universitarios, que luego de unos determinados cursos aprobados les conduzca a un nivel medio universitario, mínimo deseable para el buen desempeño en la actividad judicial. Ahora, si el funcionario por su propio interés individual persiste en concluir los estudios de la carrera, entonces podrá proseguirlos y obtener finalmente el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y optar al Título de Abogado.

En lo que se refiere al financiamiento de los estudios, deberían gozar por el solo ministerio de la ley de crédito universitario, cuyo importe les sería descontado de sus remuneraciones mensualmente luego de culminar sus estudios o de abandonar la carrera. Para esto se necesita que el Ejecutivo patrocine el mensaje correspondiente, por ser dicha materia de su exclusiva iniciativa.

Atendido que lo que se busca es el mejoramiento de la calidad de los funcionarios del Poder Judicial y no su beneficio propio sino el de la comunidad, no podrán representar a parte alguna en juicio, no siéndoles aplicable lo dispuesto en la ley N 18.120 sobre Comparecencia en Juicio, bajo ningún pretexto o circunstancia.

De igual modo y para asegurar el retomo al Estado de los recursos utilizados por la vía del crédito fiscal para que pudieran calificarse los empleados del Poder Judicial, éstos no deberían ejercer la profesión de abogados sino hasta que el crédito fiscal esté íntegramente cancelado y en todo caso hasta tres años después de prestado el juramento de rigor. Así debería establecerse en el Mensaje Presidencial que se sugiere.

Q) BUSCAR UN ADECUADO ACCESO A LA JUSTICIA, A LAS PERSONAS QUE DEBEN HACER VALER SUS DERECHOS Y ACCIONES ANTE LA MAGISTRATURA: La ley N 4.409 publicada en el Diario Oficial del 11 de septiembre de 1928, creó el Colegio de Abogados y fijó las disposiciones por las que debía regirse, señalándole sus deberes y atribuciones, confiándole a este Colegio el mandamiento de consultorios y oficinas para la atención de pobres, las que se encargarían de representarlas en juicio.

Con fecha 15 de abril de 1935, bajo el N 1.450 se dictó el Reglamento del Colegio de Abogados y en sus artículos 18 y siguientes reglamentó los requisitos para obtener el título de abogado.

Estos consejos, oficinas o consultorios para pobres prestaron sus servicios hasta el 8 de mayo de 1981, fecha en que se publicó la ley N 17.995 que transformó los consultorios del Colegio de Abogados en corporaciones de asistencia judicial, a las que transfirió los bienes de aquellos y las declaró continuadores legales de los mismos, confiriéndoles además personalidad jurídica.

Esta ley transformó los consultorios de Colegio de Abogados en tres corporaciones: la "Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana de Santiago", que atiende a la Región Metropolitana; la "Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso" que atiende a la Quinta Región y algunas localidades de la Cuarta Región; y, la "Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío-Bío", que atiende a la Octava, Novena, Décima y Undécima Regiones.

Sus estatutos fueron aprobados mediante los decretos con fuerza de ley N° 944, respecto de la Corporación de la Región de Valparaíso; N 944, respecto de la Corporación de la Región del Bío-Bío; y, N 955, respecto de la Corporación de la Región Metropolitana.

Dicha normativa cayó en grave olvido puesto que dejó sin acceso a la justicia que asegura el artículo 19 de la Constitución Política del Estado en su número 3a a las personas domiciliadas en la Primera, Segunda y Tercera Regiones, Algunas localidades de la Cuarta, la Sexta y Séptima Regiones, y la Duodécima Región, y ello es una situación que debe corregirse, para lo cual invito a los Honorables Diputados al análisis de las mociones que propongo a su respecto.

La situación se hizo más grave aún cuando se dictó la ley N 18.271, publicada en el Diario Oficial del 4 de enero de 1984, que modificó el artículo 525 N° 5 y 527 del Código Orgánico de Tribunales, otorgándoles a las Corporaciones creadas por la ley N 17.995 un monopolio absoluto en lo que se relaciona con la práctica profesional que debe cumplir todo candidato para optar al título de abogado, haciendo por una parte sólo aplicable a dichas entidades las normas sobre el privilegio de pobreza (a excepción de los abogados y procuradores del número de tumo), cuya acción como se ha visto se limita a las regiones en que tienen su asiento, y por otro lado desincentivando la creación de instituciones de asistencia judicial y jurídica en beneficio de las personas a quienes no alcanza la atención de aquellas instituciones creadas por la mencionada ley, especialmente en los lugares donde no presta tal asistencia en forma alguna, por efecto de que la labor de práctica profesional en su aspecto u orden social de prestar atención gratuita en el ámbito jurídico a las personas que no cuentan con los medios necesarios para sufragarlas, por postulantes al título de abogados, sólo puede hacerse en las Corporaciones aludidas y los más postulantes no pueden efectuarla en otras entidades. Así v.gr. un oriundo de Magallanes no tiene derecho de preferir realizar su práctica profesional para obtener el título de abogado en la localidad en que él se ha criado y vivido, debiendo postergar a sus vecinos hasta que haya recibido el título, lo que ciertamente viola la conciencia del individuo.

Esta situación de falta de asistencia jurídica y judicial en las zonas en que las Corporaciones creadas por la ley N 17.995 no prestan sus servicios, así como el real acceso a la justicia, tanto en las dichas zonas, como hacer eficiente y oportuno el acceso a las regiones donde, estando presente las Corporaciones, éstas resultan con clara dificultad para absolver los casos de las personas de escasos recursos, puede ser corregida de un modo eficaz y para ello proponemos las siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, las que se contienen en la letra "a)" número 3 a 8 de las presentes mociones.

a) Modificar el artículo 523 N 5° de modo que la práctica, además, de poder realizarla el postulante en las Corporaciones creadas por la ley número 17.995, podrá efectuarlas en las Corporaciones Públicas o Privadas destinadas a prestar asistencia jurídica y judicial gratuita, o en estudios de abocados, durante el período y formas que establece la ley;

b) Agregará el siguiente artículo 524, cuyos términos están señalados en la moción y que regula la práctica profesional en estudios de abogados, sólo para los casos en que sean insuficientes las corporaciones de asistencia judicial, bien las creadas por la ley número 17.995, bien en otras públicas o privadas con los i nos objetivos, o en los territorios donde no prestan dicha asistencia judicial.

La norma que se propone señala los requisitos para que proceda y se reconozca la práctica profesional efectuada en estudio de abogados;

c) Agregar el siguiente artículo 525, como una regla sana de referencia a las donaciones de toda clase que beneficien a las corporaciones públicas o privadas destinadas a la asistencia jurídica y judicial gratuita. Su objeto, establecer que dichas donaciones estarán exentas del trámite de la insinuación. Se estima que esta norma fomentará erogaciones para tales instituciones de bien común si no resulta gravamen para los donantes ni una tramitación engorrosa;

d) Modificar el artículo 527 de modo que se armonice con las demás modificaciones propuestas, permitiéndose las defensas orales ante cualquier tribunal, de postulantes que estén realizando su práctica en las corporaciones creadas por la ley N 17.995, así como aquellos que la realicen en otras corporaciones públicas o privadas con el destino ya aludido, y aquellos que la realicen en estudios de abogados.

El mismo sentido tienen las modificaciones que se proponen para el Artículo 600, incisos primero y segundo.

Por todas estas consideraciones venimos a presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales:

1.- Derógase el actual inciso segundo del artículo 293, pasando el actual inciso primero a ser segundo;

2.- Agréguese el siguiente inciso primero al artículo 293;

"Para ingresar a los Escalafones del Personal del Poder Judicial donde los empleados deban tener participación directa en la tramitación de las causas y cumplimiento de diligencias de proceso, cualesquiera sea la naturaleza de dicha participación, deberán los postulantes, además de cumplir con los requisitos generales el Estatuto Administrativo, estar en posesión del Título de Abogado, haber egresado dentro de los dos últimos años o estar cursando cualquiera de los dos últimos años académicos de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, que habilita para obtener el título de abogado que otorga la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en las universidades estatales o privadas reconocidas por el Estado y sin perjuicio de los convenios internacionales que vinculen a Chile sobre estudios de derecho en el extranjero".

3.- Modifíquese el número 5, del artículo 523 como sigue:

"N 5.- Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses, como mínimo, en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la ley N 17.995; en las Corporaciones Públicas o privadas que proporcionen asistencia jurídica y judicial gratuita; o, en los estudios de abogados, durante un período mínimo de seis meses y en forma dispuesta por la ley. Los representantes de estas entidades, o el abogado patrocinante en su caso, deberán certificar el cumplimiento de este requisito.

Un reglamento determinará los requisitos, forma y condiciones que deben cumplirse para que dicha práctica sea aprobada. La obligación establecida en el N° 5 se entenderá cumplida por los postulantes que sean funcionarios o empleados del Poder Judicial, por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante tres años".

4.- Agrégase el siguiente artículo 524:

"Artículo 524.- En aquellos territorios donde no se preste asistencia jurídica y judicial gratuita por las Corporaciones creadas por la ley N 17.995, o por las Corporaciones Públicas o privadas destinadas a tal asistencia, o sean insuficientes, podrán los candidatos al título de abogados, efectuar su práctica a que se refiere el N 5 del artículo 523, en estudios de abogados que cumplan como mínimo los siguientes requisitos y los demás que señale la Excelentísima Corte Suprema de Justicia:

a) Ejercicio de la profesión de abogados por un espacio mínimo de diez años;

b) Atender gratuitamente a las personas cuyos casos serán tramitados por el candidato, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 594;

c) Asumir el patrocinio de los asistidos, que conlleva la responsabilidad de asistirles profesionalmente hasta el término de sus causas y de guiar técnicamente al candidato, hasta agotar todos los recursos que legalmente procedan;

d) El abogado patrocinante será el responsable de la práctica profesional del candidato y deberá remitir los informes emitidos por el postulante junto con el certificado de haber cumplido satisfactoriamente la práctica; las Calificaciones que a su juicio y de conformidad con el Reglamento contenido en el decreto supremo N 265, de 27 de marzo de 1985, dictado por el Ministro de Justicia, ha merecido el candidato; y, un Certificado otorgado por el Secretario del Tribunal correspondiente, a petición verbal del interesado, de su conducta en el tribunal y del estado de cada una de las causas tramitadas, a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, la que los revisará y con su mérito la estimará suficiente o bien dispondrá que el candidato la complemente del modo que juzgue necesario y en las mismas condiciones en que la realizó".

5.- Agrégase el siguiente artículo 525:

"Artículo 525.- Las donaciones de toda clase que se formulen en las corporaciones públicas o privadas destinadas a la asistencia jurídica y judicial gratuita estarán exentas del trámite de insinuación, cualesquiera que sea su monto o avalúo".

6.- Modifícase el artículo 527 como sigue:

"Artículo 527.- Las defensas orales ante cualquier Tribunal de la República sólo podrán hacerse por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. No obstante, los postulantes que estén realizando su práctica para obtener el título de abogado en las Corporaciones de Asistencia Judicial creadas por la ley 17.995; en las corporaciones públicas o privadas que presten asistencia jurídica y judicial gratuita; o, en los estudios de abogados a que se refiere el artículo 524, podrán hacer tales defensas ante las Cortes de Apelaciones y Marciales en favor de las personas patrocinadas por esas entidades o por tales abogados. Para estos fines el representante de ellas o aquel deberán otorgar al postulante un certificado que lo acredite como tal".

7.- Intercálase entre las palabras "gratuitas" y "gozarán" del artículo 600, lo siguiente:

"a que se refiere el artículo 523 N° 5Q, o por los abogados a que se refiere el artículo 524,".

8.- Modifíquese el inciso segundo del artículo 600 como sigue:

"Los abogados y procuradores cuando actúen por las entidades a que se refiere el artículo 523 N 52, o en los casos del artículo 524, y los abogados y procuradores del número de tumo cuando actúen en tal calidad, no serán responsables del pago de las costas y demás cargo, pecuniarios a que sean condenados sus patrocinados".

b)Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Procedimiento Penal:

1.- Agrégase al final del inciso segundo del artículo 76, cuyo punto final pasa a ser seguido, lo siguiente:

Tiene carácter de reservado y sólo tendrán acceso a él las partes, sus abogados patrocinantes y procuradores con poderes debidamente constituidos en el proceso; los que aparezcan como presuntos responsables y sus abogados patrocinantes y procuradores debidamente facultados; los terceros civiles que sólo pretendan la restitución de bienes o la indemnización consecuente al delito, cuasidelito y crimen materia del proceso y sus abogados patrocinantes y procuradores debidamente facultados; y, aquellas personas que sean debidamente autorizadas por el juez de la causa. Todo sin perjuicio del conocimiento que ordenan o permiten leyes especiales. A todos aquellos que según la ley tienen acceso al sumario, les está prohibido por el solo ministerio de ella, divulgar el contenido o avance del sumario y de las diligencias efectuadas o por efectuarse, bajo la sanción contenida en el artículo 80".

2.- Sustituyese el artículo 78 por el siguiente:

"Artículo 78.- Las diligencias del sumario se mantendrán en reserva hasta que se hayan efectuado, salvo las excepciones establecidas por la ley. Efectuadas que sean podrán conocerlas aquellos que tienen acceso a ella por disposición legal o autorización del juez".

3.- Sustituyese el artículo 79 por el siguiente;

"Artículo 79.- El juez puede autorizar a las partes y a los que aparezcan como presuntos responsables, así como sus respectivos abogados patrocinantes y procuradores, para que tomen conocimiento de aquellas diligencias que se relacionen con cualquier derecho que traten de ejercitar, siempre que haciéndolo no se entorpezca la realización de las diligencias por efectuarse. Si se teme tal entorpecimiento, deberá esperarse a la realización de las dichas diligencias antes de tomar conocimiento. La resolución que dicte el juez será inapelable en todo caso".

4 - Sustituyese el artículo 80 por el siguiente:

"Artículo 80.- Podrá el juez suspender el derecho al conocimiento del sumario si produce dilación evidente al mismo. Podrá también suspender el derecho a aquel que solicite diligencias manifiestamente inútiles; de lo que abuse del conocimiento de lo actuado; y, dedique, de cualquier modo, perjudique la investigación, como si por ejemplo insta a la publicidad de partes y piezas del proceso, o el mismo publica tales antecedentes, que han debido mantenerse en la reserva del sumario para su buena marcha."

c) DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Artículo transitorio:

a) Las universidades chilenas, estatales y privadas reconocidas por el Estado, deberán cada año, a contar del primer proceso de admisión siguiente al día de publicación de la presente ley, destinar en sus vacantes anuales un cupo mínimo del cinco por ciento para que los empleados del Poder Judicial, actualmente en cumplimiento de sus labores, accedan a estudiar la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales que los habilite para la obtención del Título de Abogado, bien para su estudio íntegro, bien para completarlos si han debido suspenderlos dentro de los últimos cinco años y en este último caso deberán rendir los exámenes de suficiencia que las autoridades académicas de cada facultad señalen, en el tiempo y oportunidades que indiquen. El hecho de no superar los exámenes de suficiencia no impediría a los funcionarios que cursen la carrera de nuevo íntegramente.

b) Las Facultades de Derecho de las Universidades chilenas, estatales y privadas reconocidas por el Estado, deberán compatibilizar los programas de la Carrera con las exigencias propias del desempeño laboral de los funcionarios, flexibilizándolos, de modo tal que los empleados del Poder Judicial puedan cursar un ciclo básico o plan común con todos los demás estudiantes, comprensiva de las asignaturas formativas y los cursos positivos, de manera que si el funcionario se desempeña en tribunales civiles, estudie todas las asignaturas relativas al Derecho Civil, como Derecho Civil I, n, 1H y IV, Derecho Económico I y II, Derecho Procesal I, II y III, etcétera, mientras que aquellos que ejerzan funciones en los tribunales del crimen estudien, además del Plan Común Derecho Penal I y II, Derecho Procesal I, II y III, Derecho Procesal Penal especialmente, Criminología, etcétera.

c) Las Facultades de Derecho indicadas, al flexibilizar sus programas estudiarán el modo más adecuado para que estos funcionarios puedan, para un mejor rendimiento, tanto académico como funcionario, dividir la carrera en dos etapas, como las ejemplarizadas en la letra anterior, recibiendo un Grado Medio de Asistencia Judicial Universitario con una mención, bien en Derecho Civil para los que hayan cursado el Plan Común y los Cursos de Derecho objetivo en materias civiles, bien en Derecho Penal, conforme haya correspondido; y, luego de un período que no podrá pasar de cinco años, puedan reanudar el estudio de la carrera, cursando el resto de las asignaturas del Programa General para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales que los habilite para obtener el Título de Abogado.

d) Los funcionarios judiciales que tengan uso de los derechos que confieren estas disposiciones no podrán representar a persona alguna en juicio mientras mantengan la calidad de tal.

De igual modo, los funcionarios judiciales que haciendo uso de estos derechos hubieren obtenido el Título de Abogado, no podrán ejercer libremente la profesión, sino hasta tres años después de presentado el juramento a que se refiere el artículo 522, del Código Orgánico de Tribunales.

(Fdo.): Hernán Bosselin Correa, Diputado, Sergio Pizarro Mackay, Diputado, Julio Rojos A., Diputado, Gustavo Ramírez Vergara, Diputado, Milenko Vilicic, Diputado, Mario Acuña C., Diputado, Manuel Antonio Matta, Diputado, Hosain Sabag, Diputado".

Moción de los Diputados señores Aldo Cornejo y Hernán Rojo.

PROYECTO DE LEY SOBRE ELIMINACION DE ANTECEDENTES PENALES (boletín N 457-07).

"Honorable Cámara de Diputados:

Considerando:

Que toda persona tiene derecho a reinsertarse en la sociedad; y que se opone a este principio el hecho de mantenerse en forma indefinida las anotaciones sobre delitos cometidos en el pasado, y cuyos efectos se encuentran extinguidos por el transcurso del tiempo;

Que se hace necesario legislar en favor de aquellas personas que cumplieron con la sanción que le fuera aplicada, que han observado buena conducta y han demostrado interés en someterse a las normas de convivencia y reinsertarse en la comunidad;

Que el decreto ley N 409, no ha cumplido sus objetivos por la ausencia de acción efectiva por parte de los organismos que debieran intervenir en el proceso de readaptación, se propone el siguiente

PROYECTO DE LEY;

Artículo 1.- Toda persona que haya sufrido cualquier tipo de condena y reúna las condiciones que señala esta ley, tendrá derecho, después de 2 años de haber cumplido la pena, si es primera condena; y de 5 años, si ha sido condenado dos o más veces, a que por decreto supremo, de carácter confidencial, se le considere rehabilitado definitivamente, como si nunca hubiere delinquido, para todos los efectos legales o administrativos, debiendo el Registro Civil, la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, eliminar las anotaciones, registros o constancias que existieren o se encontrasen en los extractos de filiación, prontuario, o controles de dicha persona.

Artículo 2.- La persona que desee acogerse a los beneficios de esta ley, deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) Presentar una solicitud de eliminación de antecedentes penales en el Ministerio de Justicia, o en la Secretaría Ministerial Regional correspondiente;

b) Que la sentencia condenatoria se encuentre ejecutoriada, para cuyos efectos deberá acompañar copia de la sentencia de lera, y 2da. instancia;

c) Que el solicitante tiene una profesión u oficio;

d) Demostrar que, a lo menos, ha cursado la enseñanza básica; y quienes fueren analfabetos, demostrar y certificar que han aprendido a leer y escribir;

e) Acreditar reinserción en la sociedad mediante certificado otorgado por la Junta de Vecinos de su residencia;

f) Que durante 2 o 5 años, según sea el caso, contados desde la última condena, no ha incurrido en conductas ilícitas, hecho que se probará con su extracto de filiación.

Artículo 3.- El Ministerio de Justicia establecerá el cumplimiento de las condiciones referidas, y remitirá los antecedentes al Presidente de la República para la dictación del decreto supremo que ordena eliminar los antecedentes penales.

Artículo 4.- Igual derecho para acogerse a los beneficios de esta ley, tendrán las personas que hubieren sido condenadas por faltas, contravenciones o infracciones a normas del derecho común o a la Ley de Tránsito, siempre que, durante los dos años siguientes, contados desde la fecha de la última sentencia, no hubieren incurrido en conductas similares a las causantes de su condena, u otras.

Artículo 5.- Autorízase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 90 días, contados desde la fecha de promulgación de esta ley, dice el correspondiente Reglamento.

(Fdo.): Aldo Cornejo González, Diputado, Hernán Rojo Avendaño, Diputado".

Moción de los Diputados señores Hernán Bosselin, Hosain Sabag y Sergio Pizarro.

PROYECTO DE LEY SOBRE RECOLECCION, PROCESAMIENTO, CUSTODIA, TRANSMISION Y DIFUSION DE DATOS PERSONALES, DE FAMILIA Y CONCERNIENTES A LOS DERECHOS Y DEBERES GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCION (boletín N° 458-07).

"Honorable Cámara:

Como es sabido la informática deja sentir su incontenible influjo en prácticamente todas las áreas del conocimiento humano, dentro de las cuales el derecho no puede ser la excepción, dando lugar, en términos instrumentales, a la llamada informática jurídica.

Hace algunos años, por la Comisión Decreto exento, Ministerio de Justicia, número 118, de 15-09-86, se elaboró un anteproyecto de ley sobre materias de informática, el cual nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados, por la trascendencia de las materias en él contenidas, sin perjuicio,que durante su tramitación, como corresponde a todo proceso legislativo, sea perfeccionado con los aportes de los parlamentarios y sectores interesados en la informática.

Por la importancia que tienen para la fundamentación de este proyecto reproducimos los comentarios de Julio Tellez Valdés, Derecho Informático, Universidad Nacional Autónoma de México sobre la protección jurídica de los datos personales.

PROTECCION JURIDICA DE LOS DATOS PERSONALES

A. Nociones Generales.

Como se ha dejado asentado, la informática no es un fenómeno exclusivamente tecnológico con implicaciones estrictamente positivas. Las computadoras, al permitir un manejo rápido y evidente de grandes volúmenes de información, facilitan la concentración automática de datos referidos a las personas, constituyéndose así en un verdadero factor de poder.

1. Recopilación de datos personales.

No es sino propiamente en la década de los setenta cuando comienzan a surgir numerosos archivos con informaciones de tipo personal, con un conjunto mínimo de datos como filiación, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, etcétera, hasta otro tipo de datos con caracteres aún más distintivos como raza, religión inclinaciones políticas, ingresos, cuentas bancarias, historia clínica, etcétera. Dichos datos, al ser recopilados en diferentes centros de acopio como lo son los registros censales, civiles, parroquiales, médicos, académicos, deportivos, culturales, administrativos, fiscales, bancarios, laborales, etcétera, ya no por medios exclusivamente manuales sino con el apoyo de medios automatizados, provocan una gran concentración, sistematización e instantánea disponibilidad de ese tipo de información para diferentes fines.

2. Destinación e implicaciones.

Este tipo de datos no son vulnerables per se, sino según la destinación de que pue* dan ser objeto, pudiendo ser variada; de esta forma, dichas informaciones pueden ser empleadas para fines publicitarios, comerciales, fiscales, policiacos, etcétera, convirtiéndose de esta manera en un instrumento de opresión y mercantilismo. La variedad de los supuestos posibles de indefensión frente al problema provoca que los individuos estén a merced de un sinnúmero de situaciones que alteren sus derechos fundamentales en sociedad, provocados por discriminaciones, manipulaciones, persecuciones, presiones, asedios, etcétera, todo ello al margen de un control jurídico adecuado.

B. Nociones Particulares.

Ya desde 1968, en el seno de la Asamblea de los Derechos Humanos auspiciada por la ONU, se mostraba una honda preocupación por la manera en que la ciencia y la tecnología podrían alterar los derechos del individuo, empezando a denotar la necesaria emanación de un régimen jurídico que pudiera afrontar cabalmente este género de situaciones.

1. Figuras Jurídicas aplicables.

Por cuanto toca a nuestra problemática en cuestión, son variadas las figuras de tipo jurídico bajo las cuales se ha estudiado e intentado regular dicha cuestión.

Así, tenemos que figuras tales como los derechos humanos, derechos personales, derechos patrimoniales, libertades públicas y privadas en el caso de Francia, derecho de la privacidad en el caso de los países anglosajones, derecho a la intimidad y al honor de las personas como en España, o aun las garantías individuales y sociales como pudiera ser el caso en nuestro país, todas ellas, como eventual protección, han tendido hacia una sujeción apropiada en cuanto a la concentración y destinación de los datos de carácter personal.

2. Diferentes tipos de archivos.

Estos pueden ser, dependiendo de su contenido: archivos públicos (aquellos manejados por el Estado), archivos privados (aquellos manejados por empresas privadas), manuales (si son procesados en forma manual), automáticos (si son procesados en forma automática), sobre personas físicas (sean residentes o no de un determinado país) o personas morales.

Cabe hacer mención que a nivel positivo no todos estos archivos estarán sujetos a una regulación jurídica.

3. Principales derechos y excepciones.

Es evidente que si se habla de una regulación jurídica ésta engendra a su vez determinados derechos y excepciones. Este problema, por su misma singularidad, motiva, asimismo, derechos muy especiales entre los que podemos contar:

a) Derecho de acceso.

Es aquel que permite a los interesados conocer las instituciones y el tipo de información que dispongan sobre su persona.

b) Derecho de rectificación.

Complementario al anterior, dicho derecho permite solicitar al interesado una modificación en los términos de alteración o ampliación, o una supresión o cancelación de aquellos datos que, referidos a su persona, considere como inexactos o irrelevantes.

c) Derecho de uso conforme al fin.

Este consiste en que el interesado pueda exigir que su información nominativa sea destinada para los objetivos por los cuales se proveyó, es decir, si era de índole administrativo, que no trasciende a niveles más allá de los planteados en un principio.

d) Derecho para la prohibición de interconexión de archivos.

Ahora bien, cabe señalar que el incumplimiento a estos derechos puede generar diferentes sanciones de índole civil, administrativa o incluso penal, dependiendo de las circunstancias.

Por cuanto concierne a las excepciones a dichos derechos fundamentales en el equilibrio del Estado y su poder coercitivo y los integrantes de la sociedad, tenemos a aquellas derivadas con motivo de la seguridad del Estado tanto en lo interno como en lo externo, así como las relativas a intereses monetarios, persecución de delitos, motivos de salud, etcétera.

C. Panorama Internacional.

En función del innegable carácter económico inherente a este problema es entonces que hemos considerado conveniente presentar la situación internacional de hecho y de derecho en tomo al mismo, estructurada en tres grupos de países bien definidos de acuerdo al régimen económico prevaleciente, a saber, países desarrollados, socialistas y en desarrollo, para presentar finalmente una semblanza del único acuerdo existente a la época, en materia de protección de datos personales: el Convenio de Estrasburgo.

1. Países desarrollados.

En este grupo de países tenemos a aquellos en los que existe una consigna a nivel constitucional alusiva a este respecto, como es el caso de Portugal, España, Austria, Holanda y Suiza.

Por otra parte, tenemos, dentro de este grupo, a aquellos países que cuentan con una ley de carácter general que contiene un conjunto de disposiciones alusivas al problema, como es el caso de Estados Unidos, con su Privacy Act o Ley de la Privacidad del 31 de diciembre de 1974, bajo las consideraciones de una protección a la vida privada, siendo los tribunales federales el órgano jurisdiccional competente con sanciones de tipo penal. Cabe mencionar que dicha ley, para los efectos de este problema, se halla complementada por otras disposiciones.

Asimismo, con un ordenamiento general con disposiciones particulares tenemos a Canadá con su Human Rights Act o Ley de Derechos Humanos del 14 de julio de 1977, inspirada en la ley norteamericana, y cuyo capítulo IV, aborda específicamente los problemas derivados de la informatización respecto a los derechos humanos, existiendo una autoridad encargada de velar el cumplimiento de dicha ley, como es el caso del comisario para la protección de la vida privada nombrado por el ministro de justicia.

Por otro lado, tenemos a aquellos países que dentro de este grupo disponen de una ley que en forma ex profesa regula el fenómeno de la protección de datos personales; tal es el caso de Suecia con su Datalay o Ley de Datos, del 11 de mayo de 1973, primera regulación a nivel nacional, con un organismo supervisor como es la Data Inspektion Board (DIB), y complementada por la Ley de Información sobre Solvencia de 1973 y la Ley de Trabajo y Cobro de Créditos por cuenta ajena de 1974.

Asimismo, tenemos a la República Federal de Alemania con su Bundesdatenschutzegesetz o Ley Federal de Protección de Datos, de 27 de enero de 1977, con un comisario federal de datos encargados de velar su cumplimiento y complementada por diversos ordenamientos.

Francia, con su Ley relativa a la Informática, Archivos y Libertades, del 6 de enero de 1978 con su Comisión Nacional de Informática y Libertades como órgano especial y autónomo con funciones de control por medio de reglamentos, con derecho a informarse y obligación de informar.

Otros países con disposiciones específicas son: Dinamarca con sus leyes sobre Archivos Públicos y Privados del 8 de junio de 1978, Noruega con su Ley sobre Datos de Carácter Personal de 9 de junio de 1978, Austria y su Ley de Protección de Datos del 18 de octubre de 1978, Luxemburgo y su ley reglamentaria de la utilización de datos nominativos en los tratamientos informáticos del 11 de abril de 1979, así como las de Islandia del 1 de enero de 1982 y de la Gran Bretaña del 1 de julio de 1984.

Existen, también, y siempre dentro de este grupo, algunos países que, preocupados por la trascendencia del problema, están cercanos a promulgar una reglamentación jurídica sobre el particular, tal es el caso de Bélgica, Portugal, Holanda, Japón, Italia, Finlandia, Australia y Nueva Zelanda.

2. Países socialistas.

Si bien es cierto que en estos países la informatización avanza por momentos con un. ritmo menos pronunciado que en los países occidentales, el carácter centralizado de las estructuras políticas y administrativas, aunado al desarrollo informático, provoca en teoría una cierta identidad respecto al problema. Las amenazas sobre el contenido de los derechos cívicos son mal percibidas por los particulares, sin disponer del medio de comprobar en su vida cotidiana la eficiencia de los sistemas informáticos, pudiendo ser afectados por el manejo inadecuado de la información sobre su persona, aun con implicaciones de carácter comercial.

Sólo ciertos medios son sensibilizados y buscan alimentar un debate más o menos difundido según el país y su grado de pasividad frente a la administración como es el caso de Polonia y Checoslovaquia.

Por otra parte, Hungría en su Código Civil de 1977, en su artículo 83, fracción I, menciona que la informática no debe amenazar en ningún momento los derechos del individuo, disposición sin duda significativa, por tratarse de un país localizado detrás de la llamada "Cortina de Hierro".

3. Países en desarrollo.

En este grupo de países, si bien el grado de informatización no llega a ser (salvo el caso de algunas naciones) muy considerable, aun así el problema de la protección jurídica de los datos personales, no deja de estar latente. Sin embargo, cabe mencionar que la preocupación por parte de los organismos internacionales respecto a estos países ha sido mayor en los términos del llamado Flujo de Datos Transfronterizos que analizaremos posteriormente.

El caso de México no es muy claro, pues aún existiendo consignas a nivel constitucional que garantizan el derecho a la información, derecho de petición o algunos privilegios personales (familia, papeles, posesiones, etcétera), o disposiciones penales sobre violación de correspondencia (artículo 173) y revelación de secretos (artículos 219 y 211), daño moral en materia civil (artículo 1916) e incluso una Ley de Información Estadística y Geográfica de 30 de diciembre de 1980 y su reglamento de fecha 3 de noviembre de 1982, y algunos otros ordenamientos, lo cierto es que el problema se puede manifestar sin disponer realmente de una protección jurídica eficaz frente al mismo.

4. Convenio de Estrasburgo.

Este acuerdo internacional de fecha 28 de enero de 1981, denominado Convención para la Protección de las Personas Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal y más conocido bajo el rubro del Convenio de Estrasburgo, fue suscrito por ocho países como lo son Austria, República Federal de Alemania, Dinamarca, España, Francia, Luxemburgo, Suecia y Turquía, aún no ratificado, y abierto a la firma de todos los países interesados, contiene una serie de disposiciones (27 artículos integrados en 7 capítulos) relativa a objetivos, definiciones, ámbitos de aplicación, obligaciones de las partes derechos, excepciones, sanciones, autoridades, consignas generales y específicas no sólo en materia de protección de datos personales, sino también a nivel del flujo de datos transfronterizos, sin lugar a dudas, un cuerpo normativo muy interesante, aunque ciertamente ilimitado a nivel de resolución del problema.

Marie Claude Mayo, en su libro Informática Jurídica, Editorial Jurídica de Chile, 199i, expresa:

El Individuo

Antes de la existencia del computador los individuos dejaban una multiplicidad de información en todas partes, en cualquier lugar donde se establecerá una relación social, comercial o familiar: nombre, actividad, cédula de identidad, dirección, lugar de trabajo, teléfonos, estado civil, nombre del cónyuge, de sus hijos, ingresos, bienes raíces, etc. Estos datos tenían la cualidad de ser mantenidos y acumulados con diferentes objetivos por las personas con las cuales ese individuo se relacionaba.

La virtud del computador y de esta estructura u organización que se denomina "banco de datos" unida a la forma de estructurar los datos que se van entregando, ha ido resaltando el hecho que el individuo que entrega esa información, hoy en día, se está exponiendo de algún modo a que los demás entes de la colectividad social tengan la posibilidad de conocer su imagen real o presunta en forma integral en todas sus relaciones familiares, sociales, comerciales, etc., con gran velocidad y certeza mediante la interacción con estos bancos.

Debido al hecho de que estos bancos de datos pueden hoy en día ligarse unos con otros y traspasarse la información, se ha puesto de relieve la situación de que el individuo bajo esta "sociedad informatizada" ha ido perdiendo un bien que hasta este momento no había sentido lesionado: su "privacidad”.

En la medida que los datos que se entregan en el medio social se van relacionando con otros, que también han sido entregados privadamente, se van produciendo situaciones tanto favorables como desfavorables para el individuo.

Hoy en día los datos que antes entregábamos y quedaban consignados en fichas de papel se encuentran en prodigiosas memorias capaces de nunca olvidar y siempre estar dispuestas a recordar, que además tienen la virtud de comunicarse con otras de igual capacidad e intercambiar información. Es por ello que hoy el individuo es comparable a un pez al interior de una pecera, cuya vida puede ser obstada por quien lo desee y en cualquier momento.

El factor privacidad se puede conceptualizar como el derecho a estar solo, en un espacio propio conocido sólo por aquellos a quienes se lo hemos permitido de un modo libre y natural, derecho a reflexionar sobre uno mismo, por sí mismo, a llegar a conclusiones propias sobre aspectos de nuestras vidas y nuestras familias, sin el conocimiento o la intervención de terceros.

No cabe la menor duda de que, por su trascendencia, la protección de la privacidad es el tema que jurídicamente se debe analizar en primer término.

La regla fundamental de la protección de la privacidad de los datos está configurada por dos extremos que por el bien de la sociedad se desea compatibilizar: el derecho del que gozan los sujetos de la información de tener acceso a sus datos personales y a corregir aquellos que sean erróneos e impertinentes, pero con la limitación que tal prerrogativa no llegue a coartar la libertad de recolección, es decir, sobre bases que no perturben ni entraben el avance de la ciencia y la tecnología y no coarten el principio de libertad informática.

Es por estas consideraciones que nos hemos permitido recoger este interesante proyecto de ley, para así abrir cauce a un amplio y profundo debate que termine para dar lugar a una nueva legislación que, junto con representar un amplio consenso, coloque nuestras instituciones jurídicas a la altura de los tiempos modernos.

TITULO I: DE LA LIBERTAD INFORMATICA PARRAFO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- La aplicación de la informática a la recolección, procesamiento, custodia, transmisión y difusión de datos personales o de familia o concernientes a los derechos y deberes garantizados a éstos por la Constitución Política de la República, se regulará por las disposiciones de la presente ley, y, subsidiariamente por el ordenamiento positivo vigente, en lo que fuere aplicable. Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable, en lo que sea procedente, a las personas jurídicas, sociedades de hecho y comunidades.

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho a que se mantengan en reserva los antecedentes o hechos de su vida privada. Sólo en virtud de la Ley o del consentimiento del interesado podrán hacerse públicos tales antecedentes o hechos.

En el caso de las personas jurídicas, este derecho se refiere a los antecedentes comprendidos en su ámbito de actividades que no estén obligadas a hacer públicas. La publicidad comprende la divulgación y la comunicación de hechos, antecedentes o informaciones.

Artículo 3.- El derecho establecido en el artículo anterior no podrá ser ejercitado para amparar u ocultar la comisión de crímenes o simples delitos.-

PARRAFO SEGUNDO: DE LA LIBERTAD INFORMATICA

Artículo 4.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a utilizar y servirse de los procedimientos con que cuenta la informática para recolectar, procesar, transmitir y difundir datos en la forma prevista por la ley.

Artículo 5.- Los archivos de datos que, con cualquier denominación, hayan sido creados como resultado de la aplicación de leyes particulares se regirán por las disposiciones de las mismas.

PARRAFO TERCERO: DE LA RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS.

Artículo 6.- Las informaciones personales o nominativas sólo pueden ser obtenidas o recolectadas por medios lícitos. .

Estas informaciones deben ser fieles, exactas, completas, pertinentes y adecuadas al objeto de su recolección.

Artículo 7.- En los casos en que el propósito de la recolección sea estadístico, tanto ésta como los programas y diseños lógicos no podrán incluir ningún elemento que permita la identificación de las personas.

Artículo 8.- En toda recolección de datos que se realice individualmente, a través de encuestas, test u otros instrumentos, se deberá informar del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas, de las consecuencias respecto de ellas, y de las personas naturales o jurídicas destinatarias de la información.

Estos instrumentos deberán mencionar las prescripciones aquí establecidas.

Artículo 9.- Todo responsable de un archivo de datos personales deberá establecer procedimientos para la corrección de inexactitudes y la eliminación de información improcedente.

Requerida la corrección o eliminación señalada precedentemente, el responsable de archivo de datos deberá emitir un pronunciamiento en el plazo fatal de diez días, fundando su resolución si fuere negativa. Vencido que sea este término sin que hubiere habido respuestas, se entenderá rechazada la petición, pudiendo el requirente iniciar las acciones legales que corresponda.

PARRAFO CUARTO: DE LA DIFUSION DE DATOS.

Artículo 10.- Se prohíbe la comunicación abusiva de datos personales, entendiéndose por tal, la que resulte de cruzar o relacionar datos totales o parciales entregados con un objeto diferente.

Artículo 11.- Los datos personales que se utilicen estadísticos sólo podrán ser difundidos en forma general de modo que no puedan ser atribuidos a personas determinadas.

Artículo 12.- La presente ley se aplicará también a los archivos de datos personales no contemplados en el artículo quinto, pertenecientes o administrados por organismos de la administración del Estado.

Artículo 13.- Los archivos de datos referidos en el artículo anterior, podrán transmitir datos de carácter personal sólo en el ejercido de su actividad u objeto institucional, o con fines estadísticos o de acuerdo al derecho de conocimiento estableado en el artículo quince de la presente ley.

Artículo 14 - El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos precedentes, da origen por parte del infractor, a la correspondiente responsabilidad civil.

TITULO II DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES

PARRAFO PRIMERO: DEL DERECHO DE CONOCIMIENTO Y ACCESO.

Artículo 15.- Toda persona natural o jurídica, o sus representantes legales, tiene derecho a saber dónde y qué datos se tienen registrados acerca de ella y las fuentes de información que para ello se han utilizado.

Artículo 16.- El ejercicio del derecho establecido en el artículo precedente implica la obligación del responsable del archivo de datos, de informar en forma gratuita y a lo menos una vez al año a las personas respecto de las cuales posee información, sobre qué datos de éstas registra y la fuente de la cual se obtuvo. Tratándose de datos relativos a la salud, la información sólo podrá ser entregada a requerimiento personal del afectado y a falta de impedimento de éste al cónyuge, sus padres, tutores, curadores o representantes legales.

Artículo 17.- La información que se otorgue de conformidad al artículo precedente, debe ser una transcripción ordenada, íntegra y cabal de los hechos registrados, escrita en idioma castellano. Deberá contener, asimismo, la fecha de expedición.

PARRAFO SEGUNDO: DEL DERECHO DE CORREGIR.

Artículo 18.- Acreditada y fundamentada ante el responsable del archivo de datos la inexactitud de las informaciones contenidas en él, se tendrá derecho a exigir su corrección, debiendo éste emitir un certificado actualizado en los términos señalados en el artículo precedente.

Artículo 19.- En los casos en que proceda la corrección deberá ser comunicada por el responsable del archivo de datos a las entidades a que con anterioridad se transfirió esa información o de las cuales se hubiere obtenido. El cumplimiento de esta obligación corresponderá, en primer término, a quien haya suministrado inicialmente la información que se rectifique.

PARRAFO TERCERO: DEL DERECHO DE ELIMINAR DATOS O IMPEDIR SU DIFUSION.

Artículo 20.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a exigir que se le excluya de un archivo de datos cuya finalidad sea transmitirlos o difundirlos, a menos que su inclusión tenga su fundamento en una ley o en un acto de voluntad de aquella.

Artículo 21.- Se presume que los datos contenidos en un archivo a los cuales se les da una utilización distinta o diferente de aquella para la cual fueron obtenidos, no han sido recolectados con la autorización de la persona a la cual se refieren.

PARRAFO CUARTO: DEL DERECHO DE ACTUALIZAR, VERIFICAR Y APERCIBIR

Articulo 22.- Toda persona tiene derecho de exigir la puesta al día de la información que de ella se tenga. Este derecho incluye, asimismo, el de complementarla.

Artículo 23.- Toda persona tiene derecho de solicitar al responsable de un archivo de datos personales, que adopte las medidas necesarias para prevenir o impedir que se puedan conculcar los derechos consagrados en esta ley.

En caso de denegación o retardo en la adopción de las medidas, se podrá acudir ante el juez competente para que sean dictados todos los resguardos conducentes a proteger los derechos consagrados por la ley.

TITULO III: DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Artículo 24.- El conocimiento y fallo de las causas que tengan su origen en esta ley, se sujetarán al procedimiento sumario establecido en el Título XI, del Libro n, del Código de Procedimiento Civil, no siendo aplicables en estos procesos lo dispuesto en el artículo 681, del mismo cuerpo legal.

TITULO IV: DE LOS MEDIOS DE PRUEBA.

Artículo 25.- Se admitirán y apreciarán en toda clase de juicios, en conformidad a las reglas que rigen la prueba documental según la materia de la causa, las pruebas informáticas consistentes en discos, cintas o cualquier clase de archivo magnético o de uso computacional y en la reproducción, por cualquier medio, de su contenido.

La existencia de documentos impresos generados por computador hace presumir que su contenido está o ha estado en un archivo magnético o de uso computacional.

Artículo 26.- Los documentos impresos generados por computador y expendidos por servicios públicos, tendrán valor de instrumentos públicos cuando se conformen a las características que el respectivo reglamento determine.

Artículo 27.- Los documentos emitidos por un archivo de datos hacen prueba en contra de quien los emitió, a menos de probarse que provienen de otro archivo de datos; de otros computadores o equipos accesorios a éstos, distintos a los utilizados por el emisor putativo; o que han sido maliciosamente forjados, en todo o en parte.

Artículo 28.- En las causas en que incidan problemas informáticos y cualquiera fuera el estado de éstas, podrá decretarse la inspección personal del tribunal.

En toda inspección que. decrete, deberá previamente designarse peritos, los cuales se nombrarán conforme a las reglas del párrafo sexto del Título XI, del Libro n, del Código de Procedimiento Civil. La diligencia se llevará a cabo con la concurrencia de las partes y peritos designados o sólo por el Tribunal y los peritos en ausencia de aquellas, aplicándose en lo demás lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 405 y siguientes del mismo código.

Artículo 29.- Cuando se decrete informe de peritos o inspección personal del Tribunal, el responsable del archivo de datos deberá permitir el acceso a todos los elementos físicos, magnéticos o de cualquier naturaleza, necesarios para el cabal cumplimiento de la diligencia.

Para los efectos de esta disposición, la palabra acceso empleada en ella significará la acción de conocer y comprender los elementos físicos y de almacenamiento de un archivo de datos y su contenido.

El responsable del archivo estará obligado a señalar, dentro del tercer día hábil, el o los lugares o recintos en que se encuentren dichos elementos.

TITULO V: DE LOS DELITOS INFORMATICOS

Artículo 30.- La comisión de los delitos previstos en el Código Penal o en leyes especiales, ejecutados por medios informáticos, tendrá la penalidad que se establece para cada caso, aumentada en un grado.

Artículo 31.- Comete delito informático el que maliciosamente, y sin derecho o autorización realice cualquier acto con la finalidad de obtener acceso, de apoderarse, de destruir o inutilizar, transformar o desfigurar la información contenida o destinada a ser procesada, en todo o en parte, en un sistema automatizado de tratamiento de la misma; o con la finalidad de impedir u obstaculizar el normal procesamiento de los datos contenidos en un sistema automatizado; o con la finalidad de revelar o transmitir indebidamente información.

El culpable de este delito será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, según la extensión o cuantía del daño causado.

Artículo 32.- Igualmente comete delito informático el que organice o utilice un sistema de tratamiento automatizado de información con un propósito ilícito. El culpable de este delito sufrirá las penas del artículo 293, del Código Penal.

Artículo 33.- La acción penal de los delitos señalados en los artículos precedentes no podrá ser ejercida por el Ministerio Público, ni por otra persona que no fuere la ofendida o su representante legal.

Iniciado el procedimiento, no se suspenderá, sino por las mismas causas porque debe suspenderse el procedimiento en los juicios que se siguen de oficio.

Artículo 34.- La presente ley se aplicará a las actividades y acciones señaladas en el artículo primero aun cuando se efectúen por medios manuales, mecánicos u otros.

Artículo 35.- La presente ley entrará en vigencia 90 días después de la publicación en el Diario Oficial.

(Fdo.): Sergio Pizarro Mackay, Diputado, Hernán Bosselin Correa, Diputado, Hosain Sabag, Diputado".

Moción de los Diputados señores Víctor Manuel Rebolledo y Octavio Jara.

AUTORIZA A LAS MUNICIPALIDADES PARA HACER USO DE LA FACULTAD QUE LES OTORGA EL ARTICULO 9 DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES (boletín N° 459-06).

"Visto: Lo dispuesto en la Constitución Política en sus artículos 19 N° 8 y N° 21 y 60 N° 2;

Las fundones y facultades otorgadas a las Municipalidades en los artículos 4, letra h), 6, 8 y 9 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades;

Considerando:

1.- Que la precariedad del sistema de trasporte de pasajeros ha quedado en evidencia, especialmente en los últimos días en la dudad de Santiago.

2.- Que es evidente que la autoridad debe asegurar un servido de pasajeros evidente y permanente a los habitantes.

3.- Que expresamente la Ley Orgánica de Municipalidades establece en su artículo 4, letra h), que le corresponde a las Municipalidades, directamente con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con el transporte y tránsito público.

4.- Que en su artículo 6, la Ley Orgánica de Municipalidades estipula que para el cumplimiento de sus fundones las Municipalidades podrán celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado o celebrar contratos, previa licitación pública con personas naturales o jurídicas de carácter privado.

5.- Que el artículo 8a de la misma Ley Orgánica faculta al Gobernador Provincial o las Municipalidades directamente para coordinarse.

6.- Que la ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 9, faculta a éstas para desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quorum calificado los autoriza.

7.- Que mediante la presente moción se autoriza a las Municipalidades para que, haciendo uso de la facultad que ya posee de conformidad a la ley Orgánica de Municipalidades, una o varias de una misma provincia, puedan desarrollar actividades empresariales relacionadas con el transporte público de pasajeros.

8.- Que esta facultad expresa, tiene por objeto dar cumplimiento al artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades por lo que se trata de una Moción que requiere quorum calificado.

9.- Que, siendo una facultad, no se encuentra comprendida en el artículo 62, N°2, por cuanto no crea el servicio público o empleo rentado, sea fiscal o semifiscal, autónomo, de las empresas del Estado o Municipales. En efecto, la facultad a que alude el artículo 62, N°2, de la Constitución ya está comprendida en los artículos 4 letra h), 6, 8 y 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

10.- Que el financiamiento de las empresas de transporte de pasajeros que creen las Municipalidades, en virtud de la facultad que se le confiere en esta moción, tiene su fuente en lo dispuesto en los artículos 5a letra a) y artículo 11 letras b) y c), de la ley 18.695.

11.- Que mediante este mecanismo se asegura a todos los habitantes el respeto a la garantía dispuesta en el artículo 7 letra a) y que, de no contemplarse un medio de

transporte dependiente de la autoridad, se está sujeto solamente a la voluntad y condiciones que le sea fijada por el sector privado, lo cual, como se ha demostrado en los últimos meses en la ciudad de Santiago, sea porque se efectúan paralizaciones o porque no se cumplen los requisitos de respeto al medio ambiente libre de contaminación, pueden generar situaciones de compleja solución. .

Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Autorízase para que, de conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, una o más Municipalidades de una misma Provincia podrán, separada o coordinadamente, desarrollar actividades empresariales del transporte público de pasajeros. Las empresas de transporte público de pasajeros que se creen en virtud de esta disposición, deberán sujetarse en todo a la disposición del Ministerio de Transportes.

(Fdo.): Víctor Manuel Rebolledo, Diputado, Octavio Jara Wolff, Diputado.

Moción de los Diputados señores Juan Martínez, Camilo Escalona, Vladislav Kuzmicic y Nicanor Araya.

MODIFICA EL D.L. N° 679, DE 1974, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE CALIFICACION CINEMATOGRAFICA (boletín N 460-04).

"Considerando:

1.- La necesidad de adecuar la legislación vigente que se refiere a la calificación de las películas que se exhibirán en el país, evitando orientar coercitivamente la producción o la exhibición del cine.

2.- Que las mencionadas normas deben recoger los valores democráticos y libertarios que hoy rigen en nuestro país, entregando al criterio de cada persona la opción de elegir las películas de las que desea ser espectador.

3.- La necesidad de dotar al Consejo de Calificación Cinematográfica de mayor pluralidad y conocimientos para lograr recoger la opinión de diversos sectores de la sociedad y aplicar criterios objetivos en sus resoluciones.

4.- Que se requieren establecer nuevos tramos de edad adecuados para calificar las películas.

5.- La necesidad de terminar con el tramo excepcional a que se somete el cine en relación a las demás expresiones artísticas y medios de comunicación social, asegurando de esta forma, una auténtica libertad de expresión.

6.- Que la calificación de las películas debe tender a proteger la sensibilidad en la formación de los niños y adolescentes de posibles daños que pudieran causarles la exposición acrítica a la violencia o a la perversión en las pantallas.

7.- Que es necesario recoger el mejor derecho de los padres a orientar la formación cultural de sus hijos, reduciendo el papel del Estado a una función de recomendación.

8.- Que es recomendable no excluir arbitrariamente a los niños y a los jóvenes de la mayor parte de las películas de valor, permitiéndoles de este modo que accedan a la más viva y contemporánea de las artes.

9.- Que por lo anterior es necesario corregir la actual legislación para hacer efectiva la protección a nuestro patrimonio cultural y artístico, e incentivar a los productores y autores nacionales.

Por lo tanto: El Diputado que suscribe viene en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY.

Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D.L. 679 del 10 de Octubre de 1974, que establece normas sobre calificación cinematográfica:

1.- Reemplázase el artículo 2 del D.L. 679 por el siguiente:

Artículo 2.- El Consejo estará formado por las siguientes personas:

a)El Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, quien presidirá sus debates en ausencia del Subsecretario;

b)Dos representantes del Poder Judicial, de preferencia Jueces de Menores, elegidos por la Corte Suprema en una sola votación;

c)Dos representantes del Consejo de Rectores de las Universidades designados por éste;

d)Dos representantes del Colegio de Profesores de Chile, designados por éste;

e)Tres representantes del Ministerio de Educación Pública designados por el Ministro, siendo uno de ellos el Subsecretario o su representante;

f)Dos médicos psiquiatras designados por el Ministro de Educación, a propuesta en quina por el Colegio Profesional respectivo;

g)Un representante del Colegio de Periodistas, designado por éste, de preferencia crítico de arte cinematográficos y teatrales;

h)Un representante del Instituto Nacional de la Juventud, designado por éste;

i)Dos psicólogos con especialización en adolescentes o niños, elegidos por el Ministro de Educación a propuesta en quina por el Colegio Profesional respectivo, y

j)Un representante de la Asociación de Periodistas de Espectáculos, designado por ésta.

El secretario abogado de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, como subrogante del Director asistirá al Consejo en ausencia de éste, con sus mismos derechos y obligaciones.

En la primera sesión, el Consejo designará un orden de precedencia para presidir las sesiones, en caso de ausencia de los funcionarios señalados en este artículo.

El Subsecretario designará al Secretario del Consejo, pudiendo, al efecto, destinar un funcionario de la Subsecretaría para que cumpla estas funciones.

El consejero que haya presidido la sesión, conjuntamente con el secretario del Consejo, darán cuenta al Subsecretario de las películas clasificadas y rechazadas en forma semanal.

2.- Sustitúyase el artículo 5a del D.L. 679, por el siguiente:

"Artículo 5- Cada una de las salas calificadoras deberá hacerse asesorar por un médico, siquiatra, abogado o psicólogo, a petición de la mayoría de los miembros de la misma.

Los profesionales señalados serán designados cada dos años por el Colegio Profesional respectivo y serán citados oportunamente por la Secretaría del Consejo".

3 - Reemplázase el artículo 8a del D.L. 679, por el siguiente:

"Artículo 8.- El Consejo deberá calificar las películas cinematográficas en alguna de las siguientes categorías:

a)Aprobada para todo espectador.

b)Aprobada sólo para mayores de 14 años.

c)Aprobada para mayores de 18 años y para mayores de 14 años acompañados de sus padres.

d)Aprobada sólo para mayores de 18 años, pudiendo el Consejo agregar, si lo estima conveniente, alguna de los siguientes apelativos:

-Excesivamente violenta.

-Pornográfica.

e)Aprobada con carácter educativo.

En el caso de las películas calificadas en la letra d) de este artículo, sólo podrán ser exhibidas en salas debidamente identificadas y controladas por Carabineros de Chile y las Municipalidades respectivas. Estas salas no podrán funcionar en el centro de la ciudad y sólo podrá existir una por cada 150.000 habitantes.

En el caso de las películas calificadas para mayores de 14 años acompañados de sus padres, sólo se permitirá el ingreso a las salas respectivas previa presentación de las cédulas de identidad de los padres y del hijo.

Será obligatorio en todo tipo de publicidad de las películas calificadas por el Consejo la exhibición de un rótulo que indique claramente en que categoría fue calificada.

Las películas que el Consejo, de acuerdo a las Convenciones Internacionales respectivas aprobadas por Chile, declare educativas, deberán prestar servicio docente a los estudiantes por medio de exhibiciones gratuitas que indicará el Ministerio de Educación, de acuerdo con los distribuidores.

3.- Derógase el artículo 9 del D.L. 679. .

4.- Suprímase en el artículo 10 del D.L. 679, la siguiente frase: ",al rechazar una película,".

5.- Suprímase en el artículo 11 del D.L 679, la expresión: "rechazada", por la siguiente: "mayores de 18 años, excesivamente violenta o pornográfica".

6.- Reemplázase en el artículo 11 del D.L. 679, las expresiones "Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional" y "Subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional", por las siguientes:

"Presidente del Colegio de Profesores dé Chile" y "Vicepresidente del Colegio de Profesores de Chile", respectivamente.

7.- Sustitúyese el inciso final del artículo 11 del D.L. 679, por el siguiente:

"El Tribunal de Apelación sesionará con tres de sus miembros, a lo menos. En caso de empate en la votación decidirá el Presidente del Tribunal".

8.- Agrégase al D.L. 679 un artículo 11 bis, que señale lo siguiente:

"Artículo 11 bis.- La calificación de una película regirá por dos años al termino de los cuales podrá ser presentada nuevamente para una nueva calificación".

9.- Suprímanse los incisos segundo, tercero y final del artículo 12.

10.- Suprímase en el inciso 1° del artículo 15 del D.L. 679, la expresión: "o rechazada por éste".

11.- Reemplázase en el artículo 15, inciso 2 del D.L. 679, la expresión: "10 a 20 sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago" por la siguiente: "10 a 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)".

12.- Sustitúyase el inciso 3 del artículo 16 del D.L. 679 por el siguiente:

"Sólo se podrá exhibir propaganda de escenas de películas calificadas por el Consejo como excesivamente violenta o pornográfica en funciones de películas que tengan esta misma calificación".

13.- Suprímase en el artículo 17 del D.L. 679, la expresión: "o 21 años".

14.- Derógase el artículo 18 del D.L. 679.

15.- Reemplázase en el artículo 19 inciso 1°, la expresión "a dos sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago", por la siguiente: "a 3 Unidades Tributarias Mensuales".

16.- Agrégase al inciso 1 del artículo 19 del D.L. 679, como punto seguido, lo siguiente: "Si la película que se exhibe es de las calificadas como excesivamente violenta o pornográfica, la multa será de 5 U.T.M.".

17.- Agrégase en el inciso l del artículo 20 del D.L. 679, después de la palabra "niveles" y antes de la coma (,), la expresión siguiente: "que vistan uniforme".

18.- Reemplázase en el artículo 28 del D.L. 679, la expresión "1/4 de sueldo vital mensual de Santiago por cada cinta de una hora o más de duración, y 1/8 del mismo sueldo por aquellas de menos de una hora", por la siguiente:

"2 U.T.M. por cada cinta de una hora o más de duración y 1 U.T.M. por aquellas de menos de una hora. En el caso de aquellas películas calificadas como excesivamente violentas o pornográficas el valor será de 7 U.T.M. por cada cinta de una hora o más de duración y de 5 U.T.M. por aquellas de menos de una hora".

"Artículo 2.- El Ministerio de Educación Pública dictará un nuevo Reglamento para la aplicación de las normas de esta ley, dentro del plazo de 90 días a contar de su publicación en el Diario Oficial".

"Artículo 3.- Una vez que entre en vigencia la nueva Ley sobre Educación Superior, reemplazará al Consejo de Rectores en lo relativo a las atribuciones que le otorga la presente ley el Consejo Nacional de Educación Superior".

(Fdo.): Juan Martínez Sepúlveda, Diputado, Camilo Escalona, Diputado, Vladislav Kuzminic, Diputado, Nicanor Araya, Diputado".

Moción de los Diputados señores Hernán Bosselin, Sergio Pizarro, Hosain Sabag, Carlos Dupré, Gutenberg Martínez, Edmundo Salas, Gustavo Cardemil y Federico Mekis.

CREA LA FUNDACION NACIONAL DE LA TERCERA EDAD, EL FONDO DE ASISTENCIA DE LA VEJEZ, INSTITUYE EL DIA DE LOS ANCIANOS Y DISPONE QUE SE ERIJA UN MONUMENTO A LOS ANCIANOS (boletín N 461-04).

"Honorable Cámara:

Hemos decidido presentar un proyecto de ley destinado a crear una persona jurídica de Derecho privado, la "Fundación Nacional de la Tercera Edad".

Nuestro propósito es establecer una institucionalidad que dignifique, proteja, ampare y asista integralmente a este importante y significativo sector social que permanentemente ha estado alejado de las preocupaciones inmediatas del legislador;

Sin perjuicio de los fundamentos de esta moción, tomados del proyecto presentado a FONDECYT en 1990, por Margarita Davis Chemomordic, hacemos presente que la creación del "Fondo de Asistencia a la Vejez" se hace con la esperanza que el Ejecutivo patrocine un mensaje que comprometa aportes presupuestarios y de que el sector privado, principalmente el empresariado, se comprometan voluntariamente en un esfuerzo colectivo de profunda significación moral y social.

En el proyecto de ley hemos seguido muy de cerca el elaborado por ATTILIO VI VACQUA, hace más de 30 años, pero que aún conserva su vigencia en muchos aspectos.

A continuación, reproducimos algunas de las citas contenidas en el proyecto señalado.

Ursula Lehr, "Psicología de la Senectud", Herder, 1980 (1ra. edición alemana en 1972).

La profesora de pedagogía y de psicología pedagógica Ursula Lehr plantea en su libro una panorámica de los resultados, más importantes dentro de la investigación psicológica de la vejez y del envejecimiento.

Aunque la autora no lo explícita, este tipo de estudios es necesario para poder crear cualquier estrategia educativa. Previamente se debe conocer la realidad sobre la cual se pretende actuar. En el caso de la ancianidad esto es especialmente apremiante por la habitual adjudicación a la vejez de muchas características supuestas.

Dice la autora, "por mucho que nos pueda alegrar el creciente interés que incluso ciertas cátedras especializadas demuestran por la gerontología, hay que lamentar, empero, que la abundancia de literatura específica que surge de tesis doctorales o de trabajos de seminario orientados hacia la práctica, no responde siempre a una ampliación de la investigación científica. En muchas ocasiones, se comprueba más bien un temor a la investigación empírica".

"Las medidas prácticas sólo tienen sentido cuando se adoptan a partir de los resultados obtenidos por la investigación. Ciertos psicólogos dedicados a la dinámica y psicoterapia de grupo proporcionan a su clientela, en los programas de formación, una imagen de la senectud que sólo responde al 2-3% de ancianos impedidos".

Los estudios chilenos sobre la vejez adolecen de una deficiencia: o bien no se fundamentan en investigaciones empíricas, sino en apreciaciones subjetivas, o si existe un estudio minucioso se reduce a ambientes restringidos (casas de reposo, asilos, clubes, etc.) de los cuales no se pueden generalizar conclusiones.

Uno de los principales obstáculos que dificulta una investigación sobre la edad madura nace del método apropiado a emplear. La elección de la muestra suele no ser representativa a través de la selección en centros de salud, clubes, asilos, etc., con los niños y jóvenes se suele recurrir a los escolares y reservistas del Ejército.

Ante la imposibilidad de definir adecuadamente la vejez y comprendiendo sus características de proceso continuo, la tendencia moderna es a estudiar el envejecimiento en diferentes etapas. Así, las incidencias de diferentes variables son estudiadas en muestras de diferentes edades de adultez para medir la incidencia del proceso de envejecimiento.

Algunos aspectos que pueden estudiarse de la ancianidad y que guardan relación con las posibilidades de una educación en esta etapa de la vida son los siguientes:

- características demográficas: importancia numérica creciente (en términos absolutos y relativos), distribución y empleo.

- transformaciones en la capacidad cognitiva: memoria, velocidad de comprensión, motivación, intereses.

- cambios en la afectividad: capacidad de adaptación, autoimagen, expectativas frente a la vida, sentimiento religioso, desarraigo, cambios provocados por la viudez, la soledad.

- actitud frente al trabajo y la actividad: rendimiento, efectos de la inactividad (pérdida de rol), la jubilación (forzada, voluntaria), tiempo libre, efectos en la mujer (profesional y no profesional), sentido del riesgo y la seguridad.

- salud y actividad física: estar sano y sentirse sano, afecciones psicosomáticas, estado subjetivo de salud, percepción del reposo, hábitos alimenticios.

- relaciones del anciano con el entorno social: la familia con tres generaciones, la relación abuelo-nieto, la imagen de la juventud y de la ancianidad, el aislamiento.

- estereotipo social de la vejez: grado de aceptación, imagen social, los efectos de la literatura y la publicidad.

- definición de las "esferas de conflicto" que actúan en la vejez y reacciones frente a esos problemas.

Lehr contrapone dentro de las estrategias para enfrentar la vejez de la teoría de la actividad (la felicidad va unida al sentimiento de utilidad, actividad, cumplimiento de un rol social) y la teoría de la desvinculación (la felicidad en la ancianidad pasa por forma de aislamiento social, de reducción de contactos sociales).

El estudio de Lehr se centra en la aplicación de técnicas estadísticas, especialmente de muestreo, que le permiten generalizar algunos criterios respecto a la realidad del envejecimiento.

Este proceso está dominado por la singularidad, la diferenciación interpersonal, que se acentúan con la edad. Por ello, la autora propone realizar estudios tomando en consideración variables: socioeconómicas, laborales, familiares, educacionales, intelectuales y de salud, para distinguir las peculiaridades que caracterizan a los diferentes grupos típicos. Sólo así se comprenderá que no existe la vejez, sino diferentes modos de adaptación al cambio dentro del hombre.

LANTIAGE Dr. Andre Rouveix

Ediciones Distribuciones S.A. Madrid, 1983.

Los equipos de investigación científica de varios países desarrollados persisten en estudiar las auténticas causas de envejecimiento y los medios para combatirlo.

A la cabeza de esta investigación, están los Estados Unidos y la Unión Soviética. En este último país el Dr. Rouveix junto al equipo del Instituto de Gerontología de Kiev que estudia desde hace más de treinta años el fenómeno del envejecimiento prematuro, pretenden buscar la forma de desacelerar este proceso.

El Dr. Rouveix en su libro comenta que el envejecimiento precoz, unido a la degeneración de las células cerebrales, es un fenómeno que afecta no sólo a los norteamericanos, donde dos millones de sus habitantes en la edad de cuarenta años entre hombres y mujeres, se ven afectados de esta "epidemia de senilidad". También en Francia, los médicos reciben frecuentemente a hombres y mujeres que entre la década de los cuarenta y cincuenta años, se quejan de no tener dinamismo, haber perdido el gusto por el trabajo, sentirse siempre cansados, dormir mal y presentar pérdida de memoria.

Según los resultados del conjunto de los trabajos más recientes de los sabios soviéticos, la causa de este envejecimiento prematuro, podría ser la arterioesclerosis. Pero lo importante es que este envejecimiento pueda ser reducido mediante un tratamiento específico y una buena higiene de vida.

Vida tranquila, alimentación sobria, ritmo de vida regular, parece ser la receta de longevidad de los famosos "centenarios de Los Andes" que habitan en un valle apartado del Ecuador, entre los que el Dr. Rouveix vivió durante dos meses en 1978, fascinado por el fabuloso campo de estudio de envejecimiento natural. Destaca el Dr. Rouveix que la alimentación de este grupo es poco abundante y de buena calidad. Consumen 1.200 a 1.400 calorías al día (generalmente se consumen 2.500 a 3000 calorías al día).

Para este autor, el envejecimiento se manifiesta de cuatro formas:

- Reducción de las funciones intelectuales, con deterioro de la memoria.

- Descenso en la actividad en el trabajo.

- Disminución de la actividad sexual.

- Fatiga general, acompañada de un cambio en el aspecto físico.

Según los comentarios del autor, el deterioro de las células producen el envejecimiento. Este último ataca a todo el organismo a nivel celular, provocando un debilitamiento de la masa celular y una disminución de la capacidad de renovación celular.

El autor destaca que hoy día, y de ahora en adelante, se puede retardar el envejecimiento, retrasar o incluso suprimir durante diez o quince años, los desgastes de la edad, mediante los medios: tratamiento médico general y un cambio moderado de la manera de vivir.

Las ideas que expresa el Dr. Rouveix en este libro son importantes para ser consideradas en algunos programas de formación de especialistas en educación para la tercera edad.

Choisissez de vivre (elige la vida)

Dr. Henri Joyeux

Premio Internacional de cancerología 1985.

El autor citado destaca que la salud comienza en nuestra mesa, con los alimentos que consumimos. Afirma que, si bien es cierto que la alimentación es cada vez más a menudo responsable del comer, también una educación alimentaria podría tener como acción preventiva y respecto a él.

El cáncer en 1970 era la segunda causa principal de mortalidad, representando el 17,2% del total de los fallecimientos, después de las enfermedades denominadas cardiovasculares, que constituye el 40% del total de muertes.

La tarea de los investigadores contemporáneos no sólo es curar estas diferentes enfermedades, sino también neutralizar los efectos y si es posible prevenirlos. Como ejemplo se da la incidencia de regímenes hipercámicos en los que se consume carne prácticamente todos los días, como causantes de algunos cánceres al intestino grueso. El total de cánceres ligados a la hipemutrición son numerosos; afectan al colon, recto, próstata, páncreas, riñones, mamas, ovarios, cuerpo uterino.

En el libro se propone perder los malos hábitos alimentarios, y volver a una ecología alimentaria, es decir, hada un equilibrio nutricional sin excesos. Se insiste que es ur¬gente prever una mejor enseñanza teórica y sobre todo práctica de la nutridón y de la alimentación en las escuelas y universidades. Es a partir de una inteligente y sabia educadón nutridonal cuando se verán cambiar los hábitos alimentarios.

Lo sustentado en este texto complementa la información dado por el Dr. Rouveix especialmente en el ámbito nutricional.

Extractado de:

"ARTICULO INEDITO"

Matilde Mueller Z.

La vejez no es sinónimo de enfermedad, es cierto que existe una declinación natural, pero la gran mayoría de la gente mayor no es senil.

Por este motivo hay que cambiar la imagen de la vejez y para lograrlo se requiere un cambio cultural que puede aportar la educación.

En otros países existen diversos profesionales como psicólogos, gerontólogos, sociólogos, asistentes sociales y educadores que trabajan, estudian y se están capacitando para ofrecer nuevas perspectivas educativas y recursos humanos que apuntan a un verdadero proceso de transformación y cambio, frente a esta población de adultos mayores.

La tarea de estos profesionales debe estar orientada a la utilización del potencial creativo, individual y colectivo, pensando en la vejez como parte del proceso vital normal.

Es importante ofrecer una educación permanente e integral que abarque el área cognitiva, socioafectiva y estético-expresiva. Una participación que facilite la posibilidad de recrear, revalorizar y enriquecer la interacción interpersonal y grupal, permitiendo alcanzar la sensación de vivir una existencia significativa, en armonía consigo mismo y el universo.

Dr. Humberto Maturana:

Emociones y Lenguaje en Educación y Política.

Editorial, Hachette, 1990.

Toda estructura racional tiene un fundamento emocional. Es la emoción la que define los distintos dominios de la acción humana. Hay dos emociones pre-lenguaje que hacen posible la interacción: el rechazo y el amor. El amor, aceptación "del otro como un legítimo otro" en la convivencia, es el fundamento de toda relación social. Si no hay aceptación del otro se produce separación o destrucción.

Nos permitimos citar textualmente una de las frases del libro del Dr. Maturana que encontramos de mayor relevancia y que se vincula con las nuevas tendencias en cuanto al acercamiento de la problemática del adulto de la tercera edad: "Las emociones no son lo que corrientemente llamamos sentimientos. Desde el punto de vista biológico lo que connotamos cuando hablamos de emociones son disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos. Cuando uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción. En verdad, todos sabemos esto en la praxis de la vida cotidiana, pero lo negamos, porque insistimos en que lo que define nuestras conductas como humanas es su ser racional. Al mismo tiempo, todos sabemos que cuando estamos en una cierta emoción hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer y que aceptamos como válidos ciertos argumentos que no aceptaríamos bajo otra emoción".

Esto calza con la concepción de que el adulto mayor tiende a ser más emocional que racional, y más espiritual que material.

Jaime Motlis: La vejez y sus múltiples caras.

Editorial Aurora, Tel Aviv, Israel, 2a. Edición, 1988.

En este libro el autor, especialista en geriatría y gerontología presenta una amplia reseña de la problemática de la vejez, que nos ilustra acerca de los múltiples aspectos que es menester tener en consideración en la elaboración de cualquier programa educativo.

Se destaca en su capítulo: "La vejez en el siglo XXI" que para el año 2000 la población mundial de mayores de 60 años llegará a seiscientos millones, constituyéndose en el 10% de la población total.

Que este porcentaje se distribuirá especialmente en China, India, Unión Soviética y Estados Unidos.

Que en los países desarrollados la esperanza de vida sobrepasará los 80 años, y que las mujeres añosas desempeñarán papeles sobresalientes en la vida comunitaria.

Que la medicina preventiva será la medicina del futuro y se enseñará en la escuela secundaria y en las universidades.

Que la sociedad obligará al ser humano a conocerse a sí mismo y a vivir en relación con el medio interno y externo.

Que el anciano tendrá la oportunidad de mantenerse activo.

Se espera que se dominen las enfermedades propias de la vejez, como las afecciones cardiovasculares, el mal de Alzheimer, el mal de Parkinson, el reumatismo, la diabetes e incluso el resfrío común.

Se modificarán los servicios hospitalarios ya que desaparecerán las enfermedades crónicas.

La comunidad utilizará cada vez más los servicios de los-añosos y de los desvalidos psíquicos y físicos.

Cambiará la concepción de la vivienda, del vestuario y de la alimentación los que se harán más funcionales, con la consiguiente reducción de costos.

Aumentará el tiempo libre, el que se destinará a mejorar las condiciones de vida comunitarias".

Es importante reproducir el siguiente diagnóstico y síntesis de programas para la Tercera edad redactada por Mariana San ti.

En la actualidad, los mayores de 65 años, llamados "la tercera edad" alcanzan el 6,5 por ciento de la población, lo que representa aproximadamente irnos 700 mil habitantes. Sus quejas son muchas, y van desde la falta de atención -de todo tipo- a una discriminación social.

"Hay una cultura que valora la juventud y aspira a verse cada vez más joven -señala la sicóloga social Marta Campos- por lo que cumplir una determinada edad es casi una sentencia de muerte".

Ella asegura que con la edad no se aumentan las mañas ni los defectos del ser humano. "El viejo mañoso es porque lo fue de joven, al igual que el gritón o el flojo. Lo grave es tratarlos como ancianitos ya que con ello sólo se consigue la autocompasión y la limitación de las capacidades.".

El gran problema de nuestro país, más allá de la discriminación social, es una falta de consideración por la tercera edad a nivel de la infraestructura estatal. No existen políticas de salud, vivienda, trabajo ni recreación para los mayores de 60 años. En los hospitales llegan a vivirse cosas espeluznantes, como el caso de Gema Espinoza, jubilada de 65 años.

"Me dijeron que no podían tenerme más tiempo en cama porque la necesitaban para gente que tuviera reales probabilidades de mejorarse. Yo tenía pulmonía y casi me muero".

UN CAMBIO PROFUNDO

El geriatra Hermes Ahumada Pacheco, exparlamentario por el Partido Radical, aconseja una serie de medidas para disminuir los efectos del envejecimiento. "Antes que nada -dice- un país debe tener diseñada una política de salud que proteja a la ancianidad". Continúa enumerando:

Debe establecerse una política educacional que enseñe al niño, al adulto y a la comunidad a respetar al hombre que ha llegado a la ancianidad. Hay que institucionalizar la protección a los ancianos, mediante ubicación familiar o en casa de reposo, o en establecimientos abiertos tipo consultorio, o cerrados tipo hospital geriátrico. Es decir, protegerlos de la soledad y el abandono.

Para evitar la mendicidad, tan corriente en los estratos socioeconómicos bajos, el doctor Ahumada recomienda la instauración de una política de seguridad social y un régimen de pensiones, "que cubran sus necesidades en forma digna, adecuada y suficiente". Desde el punto de vista de la medicina, tiene una queja tajante: "en nuestro país no existe la cátedra de Gerontología en ninguna universidad, además, debe prepárense personal paramédico, enfermeras y auxiliares, capacitados técnica y moralmente para tratar con los ancianos".

Según nuestro entrevistado, los puntos anteriores son los mínimos para asegurar una vejez digna y "bien pasada".

"Mi experiencia de parlamentario me permite aconsejar a los actuales para que desde ya se preocupen por la "tercera edad". Para ello, el doctor Hermes recurre a "los mandamientos de la gerontología social", proclamados en 1970 por el profesor Hugonot de la Organización Gerontológica de Francia. "Sería bueno que en Chile se aplicaran a carta cabal", dice mientras busca un documento para leerlos. Los puntos son:

1.- Debe existir administrativamente un organismo centralizado, estatal, de reflexión y de coordinación de acciones sociales por la tercera edad.

2.- Descentralización de la atención en sectores, comunas y regiones.

3.- Mezcla de edades como necesidad social, para disminuir el prejuicio del "antagonismo de generaciones".

4.- Dedicación a una actividad de trabajo. Esto es indispensable para la preservación física y mental del anciano.

5.- Si la vivienda individual resulta incompatible con las necesidades fisiológicas, sicológicas y económicas que engendran envejecimiento, es preciso buscar la solución a través de un colectivo, y

6.- El servicio hospitalario de geriatría se impone como un servicio de reinserción social.

7.- Una preparación al retiro se impone como un elemento de educación social y de formación de los espíritus, pues si el retiro es una de las mayores transformaciones o cambios en nuestra vida, conviene tener a tiempo conciencia de las dificultades que supone y de los enriquecimientos que pueden aportar.

8.- Los servicios especializados centrales deben ejercer un control o supervisión sobre todas las instituciones que se dedican al cuidado del anciano.

La sicóloga Marta Campos está de acuerdo con los puntos anteriores, pero enfatiza la necesidad de crear el concepto de "anciano útil". "Eso es lo más importante. El respeto de los demás, el no sentirse carga, la posibilidad de ser útiles es lo que más ayuda al anciano. Hay que pensar cómo los años del régimen militar, marcado por una economía de mercado donde el que produce come y viceversa, llevó a los ancianos a la categoría de lastre. Necesitamos revertir el proceso. Todos vamos para viejos".

Por estas consideraciones hemos tomado la resolución de presentar este proyecto de ley, que en curso de su tramitación legislativa iremos enriqueciendo con nuevos aportes.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.

Créase la "Fundación Nacional de la Tercera Edad", que tendrá por finalidad proteger y dignificar la vejez; realizar estudios e investigaciones en el campo de la geriatría, la gerontología y la asistencia social; ejercer cuando proceda la tutela de los ancianos desvalidos; realizar encuestas, investigaciones, cursos sobre los problemas de protección a la vejez; asumir la defensa de los ancianos que se encuentren abandonados; asegurar, en la medida de sus posibilidades medios y condiciones que permitan resguardar a los integrantes de la tercera edad de la miseria y asegurarles protección económica, jurídica, moral, de bienestar, de cultura, de recreación y de trabajo apropiado.

Artículo 2.

La fundación que se crea en virtud del artículo precedente constituirá una persona jurídica de derecho privado, con fines de interés público, sometida a lo dispuesto en el presente texto y en las normas del derecho mencionado.

Esta persona jurídica no forma parte de la administración del Estado ni es un servicio público.

Artículo 3.

1. Fundación Nacional de la Tercera edad, será dirigida por un Directorio compuesto de nueve miembros, que durarán cuatro años en sus cargos y que serán designados en la siguiente forma:

a)Tres de ellos serán designados por el Presidente de la República;

b)Tres serán designados por el Senado; y

c)Los tres restantes serán designados por el Presidente de la República de entre los directorios de personas jurídicas dedicadas, entre sus actividades, a la protección de la tercera edad.

Artículo 4.

El Directorio tendrá las siguientes facultades:

a)Dirigir y administrar la Fundación

b)Dictar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento de la Fundación y todos aquellos asuntos y negocios que estime necesario.

Artículo 5.

El Directorio de la Fundación deberá en su primera sesión, designar, por lo menos, presidente, secretario y tesorero de entre sus miembros. -

El Presidente del Directorio lo será también de la fundación, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los reglamentos o acuerdos del directorio decidan.

Artículo 6.

Esta Fundación administrará el "Fondo de Asistencia de la Vejez", que será formado por donativos especiales y por aportes de personas naturales y jurídicas, así como por legados dejados para este fin y por cualquier otro recurso financiero o monetario, sin limitación alguna.

Dicho fondo será utilizado únicamente en los fines de la Fundación.

Artículo 8.

La asistencia que prestará la Fundación que se crea se destinará especialmente a proteger y beneficiar a los ancianos sin empleo o recursos y a todas aquellas personas de avanzada edad que, como los anteriores, no se encuentre amparadas por instituciones de previsión social o lo estén en forma insuficiente.

Artículo 9.

Esta Fundación propenderá a establecer directamente o a promover medidas y servicios de asistencia psiquiátrica y psicológica de personas senescentes y para su reajuste social; servicios culturales a través de bibliotecas, estaciones de radiodifusión y televisión, estados de cura y reposo en balnearios, colonias climáticas, servicios de recreación y otros encuadrados en los fines de la fundación; medidas especiales para proporcionar a los ancianos seguridad en el tránsito, comodidad, higiene y prioridad en los transportes públicos así como en los parques, playas y lugares públicos en general.

Artículo 10.

Los organismos del Estado prestarán a esta Fundación la colaboración que fuere necesaria dentro de sus fines legales.

Artículo 11.

Institúyese en todo el país el l de septiembre, como el "Día de los Ancianos", con el propósito de enaltecer a la vejez, expresándole el reconocimiento de las nuevas generaciones y haciendo conciencia de los derechos de la tercera edad y del deber moral de protegerla y dignificarla.

Artículo 12.

Dentro del plazo de dos años se erigirá en la Ciudad de Santiago, Capital de Chile, un monumento a los ancianos. Para estos efectos se llevarán a efecto colectas públicas en las oportunidades que acuerde el directorio de la Fundación.

Dicho monumento se exculpará previo Concurso público que será convocado y decidido por la Fundación Nacional de la Tercera Edad, la cual estará a cargo del cumplimiento de este mandato legal como asimismo de la organización del día instituido en la norma precedente.

Artículo 13.

La Fundación Nacional de la Tercera Edad, podrá asumir la guarda y protección de los ancianos abandonados.

Se entiende por tales aquellos que carecen de previsión social y que no tienen acogida en sus familias o que éstos los han dejado desamparados.

Artículo 14.

La Corte de Apelaciones respectiva de oficio o a petición de la Fundación Nacional de la Tercera Edad o de cualquiera persona en interés de la sociedad podrá disponer las medidas de protección destinadas a otorgar socorro urgente a los ancianos abandonados, pudiendo solicitar la colaboración de los organismos públicos o privados que estén en condiciones de suministrar la asistencia urgente. La Corte resolverá brevemente en cuenta.

Artículo 15.

El Presidente de la República, dentro del plazo de 120 días dictará el reglamento de la presente ley.

(Fdo.): Sergio Pizarro Mackay, Diputado, Hernán Bosselin Correa, Diputado, Carlos Dupré S., Diputado, Gutenberg Martínez O., Diputado, Edmundo Salas, Diputado, Hosain Sabag C., Diputado, Gustavo Cardemil, Diputado, Federico Mekis, Diputado".