Labor Parlamentaria

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Solicito el asentimiento de la Sala para conceder permiso constitucional a la señora Evelyn Matthei y a los Diputados señores Viera-Gallo; Rodríguez, don Claudio; Carrasco, Elizalde, Correa, Olivares y Devaud, que se ausentarán del territorio nacional por un lapso superior a los 30 días.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Como se leyó en la Cuenta, ha ingresado a la Cámara un Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que inicia la tramitación de un proyecto de ley que modifica el artículo 126, de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto, fundamentalmente, de prorrogar la entrada en vigencia de ese cuerpo legal del 24 de agosto de 1991 al 6 de septiembre de 1991.

El fundamento de esta iniciativa, que viene con discusión inmediata, es que el Tribunal Constitucional no alcanzaría a despachar el proyecto de Ley General de Pesca aprobado por el Congreso antes del 24 de agosto de 1991, razón por la cual el Ejecutivo viene en solicitar, en un artículo único muy simple, este cambio de plazo.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, solicito a la Mesa que tenga a bien informamos cuándo se envió al Tribunal Constitucional el proyecto de Ley General de Pesca y Acuicultura.

Lo pregunto, porque el Tribunal tiene un plazo de 10 días para resolver un requerimiento de esta naturaleza, a menos que decida prorrogarlo por otros diez días por razones graves y calificadas, que tiene que emitir antes del vencimiento del primer plazo. Transcurridos los veinte días, en caso de haber prórroga, o transcurridos los diez días, en caso de que no se cumpla con el requisito con anterioridad señalado, la ley está en condiciones de ser promulgada, según lo señala expresamente el artículo 82, de la Constitución y el artículo 29, de las normas generales de procedimiento del Tribunal Constitucional. Entonces, me gustaría conocer la fecha en que el Congreso envió el proyecto para el control de constitucionalidad, cuándo vencen los primeros 10 días, y si con anterioridad al vencimiento de ese plazo, el Tribunal Constitucional, anunció su intención de hacer uso del derecho de prórroga por otros diez, porque, en caso contrario, resulta inoficioso dictar una ley para prorrogar el vencimiento.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, al parecer el Tribunal Constitucional no está aplicando rigurosamente las normas que regulan su funcionamiento en materia de plazos.

Este Tribunal debe cumplir sus obligaciones en el tiempo adecuado, en consonancia con el ritmo que va imponiendo el propio Congreso, pues él ha sido extraordinariamente exigente en diversas materias.

Esta es la oportunidad de que este Poder del Estado le represente al Tribunal Constitucional mediante oficio, su malestar por la dilación en dictar sus fallos. Resulta absolutamente incomprensible que ahora manifieste que no puede redactar un fallo o un pronunciamiento dentro de un plazo que ya parece extraordinariamente excesivo. Esto hay que hacérselo presente, sobre todo por tratarse de una materia que ya conoció y que si bien analizó sólo en sus aspectos formales, por todas las informaciones que se conocen, también lo hizo desde el punto de vista sustantivo.

Por estas consideraciones, propongo que la Cámara envíe este oficio, sin perjuicio de la resolución definitiva que tome sobre el trámite del proyecto.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, me sumo a lo señalado por el Diputado señor Bosselin, pues durante la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 18.892, llamada también "ley Merino", el Tribunal Constitucional objetó, en un fallo, que no se habían cumplido ciertas normas formales, relativas especialmente al cumplimiento de los quorum en materia de ley orgánica y en relación con ciertas materias que se refieren a la competencia, atribuciones de los tribunales y otros temas de administración.

En verdad, allí se centró la resolución que demoró el trámite del proyecto por parte del Tribunal Constitucional. Ahora que el Congreso ha despachado dos proyectos sobre modificaciones a la Ley de Pesca, solamente debe resolver respecto de las siguientes materias: control de ley orgánica en materia de sustitución de los jueces de policía local por los jueces de letras que conocerán de las infracciones cometidas por chilenos o extranjeros en contra de las disposiciones de la nueva Ley de Pesca; atribuciones o competencia jurisdiccional, para que los jueces letrados de determinadas ciudades, especialmente de puertos a lo largo del litoral chileno, conozcan de las infracciones a la Ley de Pesca, y pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley orgánica en los aspectos administrativos de la ley. Entre ellos adquieren especial importancia los que se refieren a los consejos nacionales, zonales y regionales de pesca.

El mismo Tribunal, en un fallo anterior, en este aspecto se asiló en el artículo 38, de la Constitución Política de la República, en virtud del cual corresponde a una ley orgánica señalar las facultades de la administración del Estado. Los mencionados consejos estarán compuestos por tres estamentos: el institucional, en que se encuentran los jefes de los servicios superiores, el intendente u otros secretarios ministeriales; el empresarial o industrial, y el laboral. En su oportunidad el Tribunal estimó que ésta era una materia administrativa de ley orgánica.

En consecuencia, sobre estas tres materias deberá resolver el Tribunal Constitucional. Por ello, resulta inexplicable la demora, como la que aquí se ha señalado, para que se pronuncie el Tribunal.

No obstante, es indispensable que esta ley sea promulgada y publicada cuanto antes, razón por la cual la bancada democratacristiana votará a favor del proyecto que prorroga la ley N° 18.892, con el objeto de que los dos proyectos que la modifican entren en vigencia en una fecha próxima, sin vicios de ninguna naturaleza.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, el problema es de una naturaleza distinta a la planteada por el Honorable señor Elgueta.

Si he entendido correctamente la información que nos ha entregado la Mesa, los plazos que constitucionalmente tiene el Tribunal están vencidos, por lo que solicita uno adicional.

El número 1°, del artículo 82, de la Constitución Política consagra una de las facultades del Tribunal: "Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales..." Este es el caso, porque la Ley de Pesca es orgánica constitucional.

Luego, en el número 12 del mismo artículo se señala: "En el caso del número le, la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso". Eso ya se hizo en la fecha que indicó el señor Presidente: el lc de agosto.

Más adelante se dispone: "El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de diez días contados desde que reciba el requerimiento,..." es decir, el 10 de agosto"...a menos que decida prorrogarlo hasta por otros diez días por motivos graves y calificados". No sabemos si en este caso hubo o no hubo motivos graves y calificados. "El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto;..." Cuando se impugna un artículo de un proyecto en tramitación"... pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido,..." Es decir, cumplidos los plazos, la ley está en condiciones de ser promulgada.

Además, el artículo 29 de las Normas Generales de Procedimiento de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, señala: "Cuando el Tribunal decida hacer uso de la prórroga de plazo a que se refiere el inciso quinto del artículo 82, de la Constitución Política..." que acabo de leer"...o ampliar plazos prorrogables fijados por esta ley o por el Tribunal, deberá expresarlo en resolución fundada que se pronunciará antes del vencimiento de los plazos referidos.". Es decir, el Tribunal debe pronunciarse antes de los primeros 10 días, si quiere hacer uso de otros 10. En este caso, no es ésa la situación, sino que el Tribunal, habiéndose cumplido los 20 días, solicita un plazo adicional.

En consecuencia, si el asunto se produjo como lo informa la Mesa, es improcedente, pues la Constitución no lo permite. Se trata de normas de derecho público y sólo se puede hacer lo que expresamente autoriza la Constitución.

Si los plazos no estuviesen superados, si aún el Tribunal estuviese dentro de los primeros 10 días, o si hubiese dictado resolución fundada para solicitar la prórroga, en ese caso habría que considerar los motivos graves y calificados, pero me parece que la petición del Tribunal es infundada y que el Gobierno está en condiciones de promulgar la ley. No corresponde que nosotros demos una prórroga adicional.

De modo que ahora simplemente corresponde, rechazar la solicitud y no admitir a tramitación este proyecto, por cuanto la ley aprobada por el Congreso está en condiciones de ser promulgada, salvo que la información entregada por la Mesa no sea del todo exacta y precisa en cuanto a las fechas y plazos. Parto de la base que eso no es así.

He dicho.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, según informaciones que se me han entregado, el Tribunal Constitucional estaría viendo un "Téngase presente" interpuesto por la Sociedad de Fomento Fabril respecto de los quorum requeridos para aprobar los capítulos 3° y 13 de la nueva Ley de Pesca, despachada por el Congreso.

Como se ha generado un conflicto de interpretación de los preceptos relacionados con el Tribunal Constitucional y en vista de que estamos ante la presencia de un suprapoder, cuya decisión sobre constitucionalidad está por sobre cualquier otro Poder de Estado, estimo que a la Cámara de Diputados no le queda otra alternativa que acoger la prórroga de entrada en vigencia de la ley N° 18.892.

Debemos tener en cuenta que aun cuando la posición de la Cámara sea ajustada a los textos constitucionales y legales, si se traba una contienda de interpretación constitucional, en definitiva corremos el riesgo de que empiece a operar la ley promulgada anteriormente, cuya entrada en vigencia se ha estado prorrogando a la espera de que comience a regir la normativa aprobada por este Congreso.

Recuerdo a la Sala, además, que respecto de estos capítulos ya existe un fallo del Tribunal Constitucional, que indica las disposiciones que requieren quorum de carácter calificado, que ambas ramas del Congreso consiguieron cuando se trató este proyecto en particular. Por ello, no cabe más que esperar un pronunciamiento favorable del Tribunal Constitucional sobre este asunto. Por lo tanto, tomando en cuenta que no vale la pena entrar en una contienda de interpretación, nuestra bancada está por aprobar la prórroga de la entrada en vigencia de la ley N° 18.892.

He dicho.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, es conveniente precisar algunas ideas de la información entregada por el señor Ministro de Justicia sobre la interpretación dada por el Tribunal Constitucional al artículo 82, de la Constitución, específicamente en materia de plazo.

No cabe la menor duda de que el tenor literal del artículo 82°permite llegar perfectamente a la conclusión de que el plazo de diez días indicado en la norma constitucional no se aplica a aquellos casos en los cuales no existe requerimiento.

En consecuencia, cabe preguntarse, ¿qué término tiene el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre las materias no comprendidas en un requerimiento? ¿Tiene plazo o no? ¿O puede postergar de una manera indefinida sus resoluciones? Me parece que debe recurrirse a dos principios: uno, la interpretación de carácter sistemático. La voluntad del constituyente no puede haber sido dejar que una materia de la más alta trascendencia, como es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de las leyes orgánicas, quedara sometida a plazos absolutamente arbitrarios, sin ninguna regulación. El sistema del artículo 82 permite desprenderse del tenor literal y arribar a una conclusión distinta: debe tener algún plazo o la obligación tiene que cumplirse en un lapso determinado.

Los principios del Derecho, a los cuales siempre conviene acudir especialmente los que rigen el Derecho Civil, que en este ámbito tienen una aplicación de carácter general señalan que cuando una obligación no tiene un plazo convencional o legal, debe cumplirse de inmediato. Esto significa que el Tribunal Constitucional, con su propia teoría, está procediendo al margen de la Constitución en el pronunciamiento de sus fallos, por cuanto los principios del Derecho le imponen la norma sistemática del plazo semejante al de requerimiento, o una dictación inmediata o en el menor tiempo posible, que sería lo racional, pero por ninguna circunstancia es admisible una interpretación que permita dejar una obligación constitucional, entregada al libre arbitrio de un organismo que se está constituyendo en una especie de superpoder, por sobre el Congreso Nacional.

Con estas precisiones y teniendo presente los fundamentos del Ejecutivo para solicitar la prórroga, debemos acceder a ella sin perjuicio de representarle al Tribunal Constitucional nuestros puntos de vista, sobre todo el extraordinario malestar de la Cámara de Diputados sobre su conducta que, desde el punto de vista ministerial, es completamente improcedente y merece nuestro más enérgico repudio.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Agradezco al Diputado señor Schaulsohn la interrupción que me ha dado.

Sobre esta materia, en mi opinión, la interpretación del Ministro de Justicia es la correcta.

Eso deja en evidencia que hay un vacío en la Constitución o bien en la ley N° 17.997, que no fija un plazo al Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma de ley orgánica constitucional, porque la referencia que hace la Constitución en el N°12, del artículo 82, distingue entre las situaciones de los números 1 y 2 de esa misma disposición, y el plazo lo establece para los casos contemplados en el Ne 2, esto es "Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso;". Más adelante, la norma dispone: "En el caso del número 2 el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio...". De manera que el plazo, obviamente, dice relación con aquellas situaciones en que ha actuado el Tribunal Constitucional a requerimiento de alguna de las autoridades señaladas.

Esto deja en evidencia reitero que, respecto de la situación del número 1°, que reglamenta el inciso anterior, hay un vacío, por cuanto el Tribunal Constitucional no tendría plazo para fallar, y se podría dar el absurdo de la dilatación indefinida de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, a pesar de que su normativa establece que deberá conocer las materias sometidas a su consideración en el orden en que ingresan a dicho Tribunal.

En consecuencia, a mi juicio, procede otorgar la ampliación de este plazo; pero es importante que esta Cámara tenga en cuenta que existe un vacío constitucional, en los casos del N° 1, del artículo 82, esto es, cuando corresponde ejercer el control de constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales.

Agradezco al señor Schaulsohn la interrupción que me concedió. Le devuelvo el uso de la palabra.

El señor SCHAULSOHN.-

El Honorable señor Martínez preguntaba si vale la pena plantear el tema, Estimo que sí, porque, si aceptamos la doctrina del Tribunal, el Congreso está en interdicción, sea porque no tiene plazo o porque éste corre desde que tiene todos los antecedentes, y siempre puede faltar un antecedente.

Quiero dar un argumento para rebatir lo señalado por el Honorable señor Espina.

Si uno se limita a leer el artículo 82 de la Constitución y a decir que el plazo se refiere a los casos en que el Tribunal actúa a requerimiento, podría tener razón. Sin embargo, el artículo 29 del procedimiento que el propio Tribunal ha fijado, dice: "El Tribunal deberá resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, guardando el orden de su antigüedad, salvo cuando los motivos justificados exijan que dicho orden se altere.". Eso está claro.

"Cuando el Tribunal decida hacer uso de la prórroga de plazo a que se refiere el inciso quinto del artículo 82, de la Constitución Política o ampliar los plazos prorrogares fijados por esta ley o por el Tribunal, deberá expresarlo en resolución fundada que se pronunciará antes del vencimiento de los plazos referidos.".

Esta es una norma de orden general, y siempre debe preferirse la interpretación que, sin ser absurda y sin torcerle la nariz al espíritu o a la letra de la ley, fije plazos a los tribunales para emitir sus pronunciamientos, fallos o resoluciones. Lo otro es un contrasentido.

Entiendo que aquí estamos presionados por la necesidad de promulgar una ley, pero ésta es una situación que existirá siempre.

Por una cuestión de principios vale la pena que la Cámara trabe la litis en este punto o, por lo menos, pida segunda discusión, para que el asunto se estudie con los Comités y se converse con el Gobierno, sin perjuicio de que si hay que actuar, lo haremos. Pero, por lo menos, intentemos contrastar nuestras posiciones, para no seguir ahondando este vacío. Si nos ceñimos a la tesis del Honorable señor Espina, lo llenaremos con la interpretación del Tribunal Constitucional. Si no hay otro camino, que así sea, pero, francamente, no me parece que esa interpretación sea correcta en Derecho. Esta Corporación tiene la facultad y la obligación irrenunciable de emitir una opinión en este tema, que tiene muchas consecuencias.

La mayoría de las leyes importantes son orgánicas. Todas están sometidas al control de constitucionalidad y el hecho de consagrar que el Tribunal no tiene plazo, nos penará durante muchísimo tiempo.

He dicho.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, adhiero totalmente a lo expresado por el Diputado señor Jorge Schaulsohn.

Los Diputados somos testigos del criterio del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema respecto de las actuaciones de este Congreso. Sus dictámenes han sido muy claros, en el sentido de cumplir literalmente con el texto de la ley, lo que muchas veces nos ha colocado en situaciones bastante difíciles.

Sobre esta materia hay una disposición muy clara. El inciso cuarto del artículo 82 establece: "El Tribunal deberá resolver, dentro del plazo de diez días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros diez días por motivos graves y calificados.".

Aquí no se está haciendo ninguna distinción entre los números 1 y 2. Y si hubiera alguna duda, podríamos seguir leyendo la norma, que dice textualmente: "El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto, pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a declaración de guerra propuesto por el Presidente de la República.". O sea, sólo establece dos casos de excepción en que no basta el plazo de diez días para que el Ejecutivo esté en condiciones de promulgar la ley.

Insisto en que debemos ser especialmente celosos en procurar que se respeten en forma adecuada todas las normas que tiendan a hacer eficiente nuestro trabajo. Me parece absolutamente inconcebible que respecto de algunos proyectos de ley tramitados con "suma urgencia" por nuestra parte, con posterioridad el Tribunal Constitucional deje pasar semanas sin emitir su fallo. Me refiero concretamente a una iniciativa de ley que aprobamos hace aproximadamente un mes, por la cual se establecían tribunales especiales para conocer las causas que estuvieran atrasadas por cualquier motivo, entre ellas las relacionadas con los presos políticos.

En estas circunstancias, me adhiero a lo expresado por el señor Bosselin, en el sentido de que parece absurdo que no exista un plazo para que el Tribunal Constitucional informe sobre los proyectos ya tramitados por nosotros. Habiendo un texto claro en un inciso que está en punto aparte, debemos atenemos estrictamente al texto de la ley, la cual, en mi concepto, se encuentra ratificada plenamente por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional y segundo informe, que modifica el Código Penal y la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

El Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Alberto Espina.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 334-07 y se encuentra en el número 9 de los documentos de la Cuenta de la sesión 29a., celebrada en 13 de agosto de 1991.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, este proyecto de ley contiene una norma legal que regula tres situaciones distintas en el artículo 4° de la Ley Antiterrorista, y que son las siguientes.

Se dispone una exención de penas a quienes perteneciendo a una organización terrorista se disocian de ella y realizan algunas de las dos conductas establecidas en el inciso primero de dicha norma que figura en la página 8 del informe y que consisten básicamente en:

a)Entregar antecedentes e información a las autoridades, y que estos antecedentes permitan prevenir o impedir la perpetración o consumación de delitos terroristas, y

b)Ayudar eficazmente a la desarticulación de esta organización terrorista.

Con posterioridad, regula una segunda situación respecto de quienes realizan las mismas conductas descritas y que, sin embargo, hayan cometido otros delitos, además de participar en una asociación ilícita de carácter terrorista.

Finalmente, se establece un estímulo consistente en la suspensión del cumplimiento de la pena a quienes, estando condenados, realicen una de las dos conductas descritas, es decir, por una parte, que prevengan futuros delitos terroristas; y por la otra, que contribuyan a desarticular a esta organizaciones.

¿Cuáles son los cambios introducidos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en el segundo informe?

En primer lugar, en el artículo 4° se incorpora la expresión "arrepentimiento eficaz", que no figuraba en el primer informe, zanjando de esa forma una discusión en tomo de la naturaleza jurídica de la conducta que regula esta norma. De esta manera, queda claro que la conducta exigida así quedó establecido en el acta y en el informe de la Comisión no constituye una delación propiamente tal, toda vez que la persona entrega información del delito que él mismo ha cometido, a cambio de lo cual el legislador le otorga un premio. En la hipótesis en análisis, se busca que exista un real arrepentimiento, calificado de eficaz, desde el momento que va unido a conductas concretas que permitan prevenir en el futuro delitos terroristas.

En segundo término, se sustituye la expresión "disociación" por "abandono". La Comisión estimó que la expresión "abandono del grupo terrorista" es más exacta en cuanto al propósito y al espíritu que anima a esta norma y corresponde a un lenguaje más certero respecto de la conducta que se le está exigiendo al sujeto que se va a acoger a los beneficios de esta disposición.

En tercer lugar, se elimina la definición de "disociación" contenida en el primer informe. Cabe recordar que el artículo 42 decía en su inciso final: "Para los efectos de esta ley, se entenderá por "disociación" el abandono definitivo de la organización terrorista, el que deberá materializarse en un comportamiento objetivo e inequívocamente incompatible con la permanencia en ella y en el repudio a la violencia en todas sus formas, cualquiera sea su motivación y objetivo.".

La Comisión consideró oportuno eliminar esta descripción de la conducta de abandono definitivo, toda vez que ella era de carácter subjetivo. Ponía una traba adicional que hacía muchas veces impracticable la norma, por cuanto la persona que hubiese realizado alguna de las dos conductas antes señaladas prevenir futuros delitos o desarticular a la organización terrorista quedaba sujeta a una tercera exigencia de carácter subjetivo, muy difícil de probar. Es decir, como contrapartida a su cooperación con la acción de la justicia no tenía la posibilidad de acogerse a los beneficios otorgados en esta norma. La Comisión estimó que se entiende que el abandono ocurre cuando la persona realiza las conductas objetivas establecidas en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 4°, o sea, previene futuros delitos entregando la información a las autoridades respectivas; o bien, entrega aquella información que posibilita la desarticulación de la organización terrorista. Por las razones indicadas, se eliminó el inciso a que he hecho mención.

En cuanto al carácter transitorio de la norma, se presentaron indicaciones en orden a que su vigencia estuviese limitada a dos años; y otra, a que lo fuese por cinco años.

La Comisión, por mayoría de votos, determinó que debía ser de carácter permanente, y fundamentó tal posición en que el terrorismo, como tal, es lamentablemente una realidad de carácter permanente en las sociedades, en que la legislación de la Ley Antiterrorista es permanente, y en que una norma de esta naturaleza debía tener el mismo carácter para lograr una verdadera armonía con el cuerpo legal que es de orden permanente en nuestra legislación.

Por esas razones, la Comisión estimó que no era lógico ni procedente establecer este beneficio del artículo 4° en carácter transitorio, sino definitivamente dejarlo incorporado como norma permanente, en consideración a que el terrorismo es una lacra que existe en las sociedades democráticas de todo el mundo y a que mientras nuestra sociedad requiera de una ley antiterrorista, por ser un hecho su existencia, necesitará de una norma de esta naturaleza como medida definitiva para desarticular estas organizaciones y posibilitar la reinserción social de quienes abandonen a estos grupos ilícitos.

Finalmente, señor Presidente, quiero señalar que en el texto del informe, página 8, inciso tercero, hay un error. No sé si corresponde a la redacción, a la transcripción del texto o bien quedó así en la indicación.

El inciso tercero dispone: "Al que haya tenido participación en otros delitos previstos en esta ley, podrá disminuírsele la pena hasta en tres grados si abandona la organización terrorista y realiza las conductas mencionadas en las letra a) y b) del inciso anterior."

La verdad es que debería decir "a) o b)" del inciso anterior, porque es una u otra conducta. No son copulativas. Por lo tanto, se requeriría el acuerdo de la Sala para que se efectuara la corrección relacionada con la sustitución de la conjunción "y" por la letra "o", en el inciso tercero de la norma referida.

Es cuanto puedo informar en relación con este proyecto, cuyas indicaciones fueron aprobadas por mayoría de votos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en la discusión general voté en contra de este proyecto; pero en vista de la inmensa mayoría que lo aprobó, debo manifestar que técnicamente convendría un nuevo examen de esta iniciativa por la Comisión, atendido el hecho de que existen varias interrogantes sin respuesta y que, en mi opinión, son absolutamente atinentes al tema.

En primer lugar, se presenta el caso de aquellos que voluntariamente abandonen la asociación ilícita terrorista, sin haber cometido otros delitos. Mi pregunta es la siguiente: ¿Esta persona va a declarar como testigo o como autor de un delito? Si lo hiciera como testigo, caería bajo la causal de inhabilidad y, en consecuencia, sus declaraciones en calidad de testigo de la corona como se llama en otros países, según lo obrado por la Corte Suprema con motivo de la solicitud de la extradición de Michael Townley, y de los oficiales Contreras y Espinoza en el llamado "caso Letelier", serán desechadas. Ahora, si declara como autor, la situación es mucho más grave, porque la Constitución Política, en su artículo 19, número 7°, letra f), prescribe: "En las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio; tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas, que según los casos y circunstancias señale la ley;".

En consecuencia, el texto del proyecto no precisa si el arrepentido voluntario lo será en calidad de testigo o de autor. En ambas situaciones, sus declaraciones están cuestionadas conforme con lo que he expuesto.

En segundo lugar, en la letra a) del mismo artículo se dice: "entregue o revele a la autoridad". Pregunto: ¿ante qué autoridad va a presentarse el arrepentido? ¿Ante las autoridades de Gobierno? ¿Ante las autoridades de los servicios públicos? ¿Ante los magistrados o ante la policía? Las formulo porque nuestro Código Penal emplea la expresión "autoridad" en muchas disposiciones. Por ejemplo, sus artículos 12, número 13a; 210, 213 y 261, se refieren a la autoridad. Por citar un caso, se castiga como delito de perjurio el que lo hiciere "ante la autoridad o sus agentes". Una persona que declara ante un funcionario del Ministerio de Bienes Nacionales para sanear su propiedad, lo hace ante una autoridad. ¿Podría, por lo tanto, el delator presentarse ante un funcionario público? Esta pregunta debe ser contestada para que se sepa claramente o, por lo menos, quede en la historia del establecimiento fidedigno de la ley. Y me dirijo al señor Diputado informante, para que especifique ante qué autoridad se pueden revelar o entregar las pruebas que denoten arrepentimiento eficaz.

En tercer lugar, es menester señalar porque el proyecto de ley no lo dice en qué momento se puede hacer el arrepentimiento eficaz en forma voluntaria ante la autoridad precisada. Afirmo esto porque nuestro viejo Código Penal establece, en la asociación ilícita, que la revelación debe ser efectuada antes de ser perseguido y la iniciativa, no dispone absolutamente nada. Por consiguiente, también es bueno precisar, tal como lo hace el Código Penal, el momento del arrepentimiento.

Otra pregunta es la relativa a la calidad de la prueba. En el artículo 4e se habla de las pruebas constituidas por antecedentes y elementos "que sirvan eficazmente para prevenir o impedir la perpetración o consumación de delitos terroristas e individualizar y detener a los responsables". Naturalmente, estimo que será el juez, en su momento, el que apreciará la prueba. Concordando este aspecto con una de las preguntas anteriores, ¿será la policía, el funcionario público, las autoridades de Gobierno, o sólo el juez tendrá el privilegio o la facultad de calificar la eficacia de las pruebas para el fin que se persigue? Esta pregunta también está sin respuesta.

En la letra b) del mismo artículo se señala "revelando antecedentes". La pregunta surge inmediatamente: ¿a quién? En la letra anterior se señalaba que a la autoridad. En este caso, ni siquiera se la menciona, por lo cual también queda indefinida. En consecuencia, habría que precisar si la revelación va a hacerse ante la autoridad, y ante cuál de ellas.

No me gusta la redacción respecto de los que abandonan la organización terrorista y hayan tenido participación en otros delitos previstos en el proyecto de ley, porque no determina con claridad si requieren condena previa.

Habla de participación y ésta se establece en la sentencia. Por lo tanto, ¿se trata de un proceso afinado o de un proceso en curso? Esta es otra pregunta.

La suspensión condicional de la pena al condenado por alguno de los delitos también es una cuestión interesante, porque se ha prestado para dificultades la situación que se produce con las penas alternativas a las privativas de libertad. Se ha discutido si la remisión de la pena, por ejemplo, sólo se puede imponer en la sentencia o si, incidentalmente, más tarde se pueda apelar de ella, para dársela a los reos beneficiados. En este caso, cuando se dice que el juez podrá suspender condicionalmente la pena al acusado por alguno de los delitos mencionados en el proyecto de ley, no se precisa si la suspensión se hará en la sentencia o en otra instancia, situación procesal penal de mucha importancia para determinar la actitud del presunto arrepentido terrorista.

Estas interrogantes no están contestadas en el texto del proyecto, lo cual causa mucha imprecisión.

En el informe que elaboró la Biblioteca del Congreso, que conocimos todos los integrantes de la Comisión y otros señores Diputados, se demuestra, en la práctica, que no hay arrepentido eficaz sin que previamente tenga la impunidad en el bolsillo. Nadie va a concurrir ante cualquier autoridad, ni siquiera ante un tribunal, si no tiene previamente el seguro de impunidad en el bolsillo. Así, esto sucedió en el caso Letelier, con Michael Townley. A él se le dieron seguridades; pero, al contrario de lo que se afirma en beneficio o en favor de la iniciativa, Chile no obtuvo absolutamente nada. Por el contrario, en el acuerdo que celebró Estados Unidos con el señor Michael Townley quedó consignado que el Gobierno de ese país no podría obligar a este delator arrepentido a confesar otros crímenes en los cuales hubiera incurrido con anterioridad. De esta manera, quedaron en la impunidad absoluta los crímenes del General Prats y su señora y los atentados contra don Bernardo Leighton y la suya. El único que salió ganando fue Michael Townley; pero Chile no obtuvo absolutamente nada.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

¿Me permite, señor Diputado?

Ha terminado el tiempo de su primer discurso; puede continuar en el del segundo.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, el propio abogado de Estados Unidos, en ese juicio, expresó que de las declaraciones de Michael Townley, sólo tres hechos constituían presunciones; todas las demás pruebas lo incriminaban: doce, relacionadas con el General Contreras y ocho con el Coronel Espinoza, que provenían de antecedentes ajenos por completo a las declaraciones de Michael Townley.

De modo que el caso citado nunca fue un ejemplo gráfico importante para concretar los beneficios que supuestamente concederá el proyecto de ley.

He dicho.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, varias de las observaciones formuladas por el Honorable señor Elgueta son procedentes.

Durante la discusión del proyecto de ley presentamos dos indicaciones, que fueron rechazadas por mayoría de votos.

Para que Sus Señorías entiendan el sentido y alcance de dichas indicaciones, hago presente que el artículo 4e de la ley sobre conductas terroristas establece tres situaciones para disminuir las penas que corresponden a la persona sancionada por ella.

El artículo 4C actualmente vigente dice: "Podrá disminuirse la pena hasta en dos grados respecto de quienes llevaren a cabo acciones tendientes directamente a evitar o aminorar las consecuencias del hecho incriminado.". En segundo lugar, a quienes "dieren informaciones o proporcionaren antecedentes que sirvieren efectivamente para impedir o prevenir la perpetración de otros delitos.". Y, en tercer término, a quienes entregaren estos antecedentes que van a permitir "detener o individualizar a los responsables de esta clase de delitos.".

Esta normativa, cuyo objetivo es disminuir las penas, sería sustituida por el artículo 4e, que propone el proyecto en debate. Si Sus Señorías comparan ambas disposiciones, nos encontramos con que se trata de figuras totalmente diferentes.

El artículo vigente sólo se refiere a disminuir las penas, el artículo propuesto establece, en primer lugar, una exención de penas; es decir, cuando se configuran las circunstancias señaladas en el primer caso, que se llama de arrepentimiento eficaz, la persona queda exenta de pena; en el segundo, a quien haya tenido participación en otros delitos, se le disminuye la pena, lo cual significa, en el hecho, cambiarla. En segundo lugar, el artículo 57 de nuestro Código Penal establece: "Cada grado de una pena divisible constituye pena distinta.". Aquí se está rebajando hasta en tres grados; o sea, la estamos cambiando de escala.

En tercer lugar, el nuevo artículo, que pasaría a sustituir al vigente, establece la suspensión condicional de la pena, la que, como señalábamos en la sesión en que tratamos este proyecto en general, constituye un notable avance, porque crea una nueva institución de cumplimiento alternativo de la pena, distinta de la remisión condicional, de la reclusión nocturna, y de otras medidas que van en beneficio del condenado.

Se establece, entonces, una tercera institución, cual es la suspensión condicional de la pena.

Señor Presidente, dada la trascendencia de la disposición que se discute, proponemos, como primera indicación, que este artículo pase a ser transitorio, con el objeto precisamente de resolver el problema existente, de características muy especiales y que no es del caso entrar a analiza. O sea, proponemos que no se modifique el actual artículo 4e, que establece disminución de penas en los tres casos expresamente señalados, y que esta otra institución, que comprende exención de penas, rebaja de ellas, cambio de su escala y suspensión de la pena aplicada, pase a ser una norma provisional.

La segunda indicación tiende a que esta norma sólo se aplique durante dos años, en el carácter de transitoria. Los Diputados señores Viera-Gallo y Seguel proponen cinco años en lugar de dos. Por mi parte, no habría inconveniente para que esta norma fuera provisional y tuviera sólo una vigencia de dos o de cinco años.

Los objetivos que se dieron en cuanto a que sancionaría, disminuiría o extirparía el terrorismo, se encuentran considerados en la actual normativa vigente.

Por ello, solicito a Sus Señorías se sirvan acoger las indicaciones a que he hecho referencia.

He dicho.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, los parlamentarios radicales insistimos en la idea que se manifestó en la discusión general de este proyecto, cual es que las distintas posiciones que se puedan tener sobre la materia que nos preocupa, en lo más mínimo controvierten nuestra clara disposición de condena frente al terrorismo y nuestra urgencia en encontrar medios idóneos y eficaces que permitan erradicar esta lacra de la sociedad. De manera que nuestra vocación antiterrorista, o contraria a los métodos que el terrorismo práctica, es una cuestión que no se puede discutir.

Luego, las diversas observaciones o juicios que los parlamentarios planteamos en relación con este proyecto, apuntan, por una parte, a si su contenido es efectivamente un medio idóneo para combatir el terrorismo, y, por otra, a si técnicamente, a la luz del derecho penal, es también el camino adecuado para alcanzar ese objetivo.

Como lo señalamos en la discusión en general, esta materia es opinable, controvertida y ya manifestábamos reservas bastante serias y fundadas respecto del fondo de la norma que se nos propone. Desde un punto de vista sustantivo, estamos convencidos de que el fin no justifica los medios y que si bien estamos decididos a combatir el terrorismo, ello debe hacerse dentro de un marco que, en primer término, tenga un sustrato y un contenido moral y, en segundo término, se exprese a través de los canales que el Derecho Penal consagra como técnicas eficaces e idóneas para alcanzar ese propósito.

Señor Presidente, los parlamentarios radicales no vamos a votar favorablemente este proyecto de ley porque regula la delación y no el arrepentimiento.

Consideramos que es un error de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el insistir, en su informe, en denominarlo "arrepentimiento eficaz". Esto no es arrepentimiento, señor Presidente, por cuanto éste constituye una disposición anímica, una actitud interna, subjetiva, que corresponde al pesar que una persona siente por haber hecho o no haber hecho algo. Y, en este caso como bien lo ha explicado el Diputado informante, lo que la ley en trámite nos propone, o conceptualiza como arrepentimiento es, simplemente, el abandono que un terrorista hace de la asociación ilícita a la que pertenece, más que revelar o entregar antecedentes vinculables a esa institución delictual. Luego, un terrorista perfectamente puede marginarse o retirarse de la asociación terrorista, sin que necesariamente esté arrepentido de lo que hizo. Yo me puedo retirar de mi partido político; puedo abandonar, incluso, las instituciones a las que pertenezco; o alguien puede abandonar la fe religiosa que profesa, pero no por ello estar arrepentido de haber militado en ese partido político, pertenecido a esas instituciones, o estado durante muchos años adscrito a una fe determinada.

Eso, señor Presidente, demuestra que este proyecto de ley no regula lo relativo al arrepentimiento. El arrepentimiento repito es una disposición anímica, subjetiva, implica situaciones no comprendidas en la disposición que tratamos, puesto que, perfectamente reitero, un delincuente o un terrorista puede hacer abandono de la institución a que pertenece, pero esa circunstancia en lo más mínimo según la exigencia de la ley debe estar expresada en una actitud de pesar respecto de lo que hizo o de lo que no hizo en la institución terrorista en la que, lamentablemente, militó.

A fin de ir poniendo las cosas en su lugar, señor Presidente, insistimos en que este proyecto de ley no se refiere al arrepentimiento sino que, derechamente, a la delación.

Ahora bien, el comportamiento descrito en el inciso primero del artículo 4e, que conceptúa lo que en la ley se entiende por "arrepentimiento eficaz", está constituido por el abandono voluntario de una asociación ilícita terrorista y, acto seguido, y en forma copulativa, por la verificación de dos comportamientos que particularmente expresa la ley.

¿Y cuáles son esos comportamientos adicionales al hecho de abandonar o disociarse de la institución terrorista? Son entregar o revelar a la autoridad información o antecedentes letra a), o revelar antecedentes no conocidos, tales como sus planes o la individualización de sus miembros letra b). Entonces, si verdaderamente tuviéramos que definir a qué se refiere esta norma, diría que, en el fondo, regla el abandono que hace un terrorista de la institución terrorista, unido a su delación de los comportamientos o de ciertas situaciones vinculables a esa entidad.

Como creo que la institución de la delación es muy controvertida en el Derecho Penal, dados sus títulos morales bastante débiles; y que, incluso, debería ser eliminada de nuestro ordenamiento punitivo, no puedo obviamente, favorecer que en este Congreso Nacional, del cual formo parte, se amplíen las normas que la reglan o que le dan fuerza y vigor.

Por último, señor Presidente, los parlamentarios radicales no votaremos favorablemente este proyecto de ley porque lo consideramos absolutamente ineficaz.

En efecto, tenemos que ser serios y no venderle a la ciudadanía falsas ilusiones. Con este proyecto de ley no vamos a solucionar el problema del terrorismo, ni mucho menos. Por una razón muy simple. El inciso final de la disposición previene: "El juez deberá disponer medidas especiales destinadas a proteger a quienes se acojan a los beneficios establecidos en este artículo". Me pregunto: ¿dónde están las normas presupuestarias y el aparato administrativo del Estado que dé seguridad y protección a los terroristas que se acojan a esta disposición? ¿Dónde están las normas o los procedimientos que permitirán cambiarles su identidad, encontrarles trabajo, proporcionarles una vivienda, etcétera, como ocurre en las naciones desarrolladas, en circunstancias de que bien sabemos que todo nuestro sistema penitenciario, o judicial, carece de recursos? ¿Cómo vamos a poneren práctica una norma de esta naturaleza cuando en nuestras cárceles los reos comunes duermen de a tres o de a cuatro por nicho y tienen dificultades hasta para alimentarse? Sin embargo como lo dice este proyecto de ley, se estimó que no era necesario que pasara por la Comisión de Hacienda por cuanto no iba a significar gastos...

El propósito de combatir el terrorismo podrá haber sido muy loable; pero, obviamente, este es un proyecto ineficaz, impracticable, y si algún terrorista se acogiere a él, en el fondo, quedará automáticamente condenado a muerte por los propios terroristas que fueron sus cofrades anteriormente, ya que el Estado no le proporciona la seguridad ni los medios para ampararse en términos de relativa certeza.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el del segundo.

El señor CAMPOS.-

Termino inmediatamente, señor Presidente.

Por lo tanto, no existiendo medidas concretas que protejan a los sujetos que se acojan a la ley; siendo evidente que todo el sistema judicial chileno carece de recursos; existiendo, quizás, en materia judicial y penitenciaria, otras urgencias; existiendo, por ejemplo, una Ley de Estados Antisociales, dictada hace más de 30 años, que no se ha puesto en práctica precisamente porque el Estado no cuenta con los recursos para hacerlo, creo que por muy nobles y bien intencionados que hubieren sido los propósitos que inspiraron a quienes redactaron esta norma, en el fondo, ella será impracticable y le estaremos vendiendo falsas ilusiones a la ciudadanía.

Por las razones expuestas, señor Presidente, los parlamentarios radicales no votaremos favorablemente este proyecto de ley, por considerar repito, en primer término, que no constituye arrepentimiento sino que, derechamente, delación; en segundo término, por no ser partidario de la institución de la delación y, en tercer término, por estimarlo absolutamente impracticable e ineficaz.

He dicho, señor Presidente.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, en la muy larga historia de la investigación de los delitos, en períodos de recrudecimiento de la delincuencia, siempre se ha procurado encontrar soluciones fáciles para el problema. Son momentos en que el Derecho Penal muere como ciencia; ciencia forjada sobre la base de la reflexión, del sufrimiento y de la experiencia humana.

Tiendo a ver este proyecto inserto en esa realidad. Y aunque sea por motivaciones meramente testimoniales, señalaré muy brevemente mi opinión, ratificando fundamentalmente lo ya expresado por mis estimados colegas señores Elgueta y Campos.

Estoy plenamente de acuerdo en que aquí no sacamos nada con cambiarle el nombre al producto y llamar "arrepentimiento eficaz" a lo que es una "delación compensada". Al efecto, hay que tener presente el proyecto tal como ha sido despachado por la Comisión para verificar que no basta abandonar una asociación ilícita terrorista para que opere la disposición que atenúa la responsabilidad. Es necesario agregar otras conductas, claramente establecidas. Ellas son: que este arrepentimiento permita individualizar y detener a los responsables, es decir, delación; la individualización de sus miembros, es decir, delación; el paradero de sus dirigentes o integrantes, es decir, claramente delación.

Ahora se podrá decir- no dudo que haya mucho fundamento para así expresarlo- que éste será un instrumento eficaz para obtener la disociación de organizaciones ilícitas u organizaciones terroristas.

Señor Presidente, si se trata de atenuar la sanción de la persona que se arrepiente después de haber pertenecido a un grupo armado o de eximirla por ese hecho de responsabilidad penal, siempre estará mi voluntad para una disposición de ese tipo. Pero no la estará para un supuesto arrepentimiento que contiene un ingrediente que, a mi juicio, está al borde de lo ético, y que es la delación de otra persona.

Este problema se ha planteado desde muy antiguo en el Derecho Penal; no es un problema nuevo. En esta parte de mi intervención, quiero atenerme sólo a los antecedentes proporcionados por la Biblioteca del Congreso, porque si se trata de buscar opiniones de autores de cuestiones penales, existiendo miles de ellos, siempre será fácil traer el punto de vista de alguno.

César de Beccaria, en 1764, dice: "Cómo pensar que las sacrosantas leyes, el monumento de la confianza pública, la base de la moral humana, autoricen la traición y el disimulo". Y en este mismo trabajo se hace referencia a la opinión unánime de cien catedráticos alemanes de Derecho Penal que se expresaron claramente en contra de esta institución cuando este problema se discutió en esa república tan democrática y, al mismo tiempo, tan adelantada. Y estos penalistas dicen, en síntesis, que esta institución es inconveniente porque infringe el principio del estado de derecho, porque infringe el principio de la igualdad, porque infringe el principio de la legalidad, porque producirá desestabilización del orden jurídico y procesal, y conmoverá la conciencia jurídica de la humanidad.

Expresan, también, razones ético-jurídicas, al señalar que la colaboración del Estado con graves criminales es absolutamente inmoral. Estos mismos penalistas como muchos otros que se citan en este trabajo, añaden la poca eficacia de esta norma como ha quedado comprobado en diversos países en que se ha puesto en aplicación.

Cuando se trató en general el proyecto, reiteradamente se planteó que esta institución serviría también para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos. Pensé que, al efecto, habría indicaciones en el segundo informe que pudieran modificar el texto original de la iniciativa, pero, honestamente, no veo en qué forma este proyecto puede resolver las graves violaciones a los derechos humanos habidas en Chile. Y me explico por qué. En primer término, esta iniciativa sólo se refiere a las personas que abandonen una asociación ilícita terrorista; o sea, debe ser ilícita, y además, terrorista, y todos sabemos que las más graves violaciones a los derechos humanos, en Chile, se cometieron, primero, por la Dina, y después, por la CNI, ambas establecidas por ley. Para mí son instituciones inmorales, aberrantes e ilícitas, pero, establecidas por ley, jamás voy a pensar que nuestros tribunales, nuestra Corte Suprema, nuestras cortes de apelaciones, van a estimar que la CNI o la Dina son asociaciones ilícitas terroristas.

El proyecto parte también de la base de que la persona abandone la asociación ilícita; es decir, la persona que hoy se disocia de una asociación ilícita, es premiada por la institucionalidad. Y yo les pregunto a los señores Diputados, ¿Podemos pensar que la conducta de la persona que perteneció a la Dina en los años 1973, 1974 ó 1975, hoy diga: señor, abandono esta institución, que en la actualidad no existe. No podríamos alegar, en ningún caso, que se disuelve una asociación ilícita terrorista debido a la acción de una persona que se separa de ella, porque, insisto, las más graves violaciones a los derechos humanos las cometieron la Dina y la CNI.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Terminó el tiempo de su primer discurso, señor Diputado. Puede continuar en el segundo.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Es cierto que el Ministro don Carlos Cerda estimó asociación ilícita a un grupo que se formó al margen de la Dina y de la CNI, que cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos y que actuó durante un período corto de nuestra historia: fue el llamado "Comando Conjunto". El Ministro señor Cerda estimó que era asociación ilícita, justamente porque no estaba establecida en ninguna ley ni en ningún decreto ley; pero fue una situación absolutamente excepcional. Y aun en ella la Corte Suprema, en definitiva, revocó la resolución del Ministro señor Cerda; le aplicó medidas disciplinarias y, finalmente, no estimó ni siquiera que este "Comando Conjunto" podía ser una asociación ilícita con motivaciones terroristas.

Por todas estas razones, y muchas otras que pudiera exponer, votaré en contra de todo el articulado de este proyecto, porque, en mi concepto, la fuerza del Derecho Penal reside en los valores morales que sustenta. Si no se sostiene en ellos, que son superiores a los del terrorista y a los de cualquier delincuente, en definitiva, lo estamos destruyendo, y cuando lo destruimos, le estamos haciendo un favor a los delincuentes y a los terroristas, y el proyecto no es procurar destruir la delincuencia o el terrorismo.

En todo caso, sé perfectamente que este es un problema sobre el cual puede haber opiniones distintas, y muchos colegas pueden, legítimamente, manifestar puntos de vista absolutamente diferentes a los míos. Lo que me ha molestado en las discusiones en relación con este proyecto, lo digo honestamente, es que, muy a menudo, en foros televisivos, en artículos de los diarios o en declaraciones de políticos, se ha querido dar la sensación de que quienes nos oponemos a la delación compensada seríamos personas débiles; incluso se dijo que seríamos cómplices del terrorismo. Los que en forma solitaria aún estamos en contra de esta institución, lo hemos hecho porque pensamos que ésta es la forma en que defendemos una parte esencial del Derecho Penal, y en cuanto afirmamos muy claramente los métodos sobre los cuales debe combatirse la delincuencia.

Con respecto al mero arrepentimiento, al hecho de disociarse de una asociación ilícita, seré siempre el que recibiré con más entusiasmo, con los brazos abiertos a todos los que quieren dejar cualquier asociación ilícita; modestamente, he dado ejemplo de ello. Gran parte de mi acción de este último tiempo ha estado destinada a conversar con muchas personas que, en otra realidad, de crueldades tremendas, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de actos terroristas que significaban un muerto cada tres días, optaron por la vía armada. A todas esas personas las llamamos a que dejen sus organizaciones, a que se arrepientan. Ese es un llamado lícito de la democracia, pero no es igualmente lícito que por otro lado se les esté diciendo: "Mira, si delatas a tu compañero, si entregas los nombres de los que fueron tus amigos, yo te premiaré y castigaré con el máximo rigor de la ley a quien hasta hace poco era tu amigo, tu compañero o tu hermano en una determinada organización".

Por estas razones, sucintamente expuestas, porque este asunto daría para un largo debate, votaré en contra de la totalidad de los artículos de este proyecto.

He dicho.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, con la misma voluntad ética y con el más estricto apego a los valores morales que conforman mi vida, he reflexionado a fondo sobre el tema en discusión, y daré mi aprobación total al proyecto que ahora ocupa a esta Honorable Sala.

Con la idea de discutir y persuadir sobre la necesidad de este proyecto, quiero salir al paso de algunas observaciones expuestas por los Diputados que me han precedido en el uso de la palabra.

El Diputado señor Elgueta ha buscado minuciosamente argumentos para demostrar que el proyecto sería insuficiente e ineficaz y ha formulado algunas interrogantes que, a mi juicio, están contestadas íntegramente en el texto mismo de la iniciativa.

Se pregunta si quien se arrepiente lo hace en calidad de testigo o de autor. Yo le contesto que eso es absolutamente irrelevante, porque, en ambos casos, estamos frente a una figura penal nueva que no obsta a la inhabilidad de quien se arrepienta, pues lo hace voluntariamente. Esta figura no estaba consagrada en la Ley de Conductas Terroristas; se introduce ahora y la estamos perfeccionando.

No viene al caso compararla con la situación de Townley o con los efectos que pudieron tener sus declaraciones, como tampoco sostener el argumento de que la Corte Suprema, en atención a la inhabilidad del testigo, rechazó dichas declaraciones como válidas en Chile. A mi juicio, desde el momento en que dictemos esta ley, esa situación cambiará radicalmente, porque habremos incorporado una figura penal del todo útil para la investigación de los delitos terroristas.

Sostiene que se estaría contraviniendo el artículo 19 de la Constitución, que establece que nadie puede ser obligado a declarar en su contra. Sin embargo, el texto mismo de la disposición legal establece que el arrepentimiento surte efectos para el que se presente voluntariamente, y quien lo hace no está declarando contra sí mismo en los términos que contempla la Constitución Política, la que trata de evitar que a través de la fuerza o de la coerción se obtengan declaraciones o reconocimientos de autorías en delitos determinados.

Luego se pregunta ante la autoridad que señalan las leyes, y, en especial el Código Penal, y, obviamente, ante la autoridad que el sentido común que suele ser a veces el menos común de los sentidos nos impone: el tribunal. Estoy cierto de que en la autoridad existen también subordinaciones lógicas al sentido común. Si un gobernador recibe una denuncia de esta naturaleza, lo pondrá ante el conocimiento de los tribunales. Así también actuará, racionalmente, cualquier otra autoridad. Debo recordar que el Código siempre emplea e incluso lo hace esta ley los términos de esta manera general e imprecisa. Cuando habla de someter a una persona a la vigilancia de la autoridad, se refiere a aquellas que tienen atingencia o relación con los hechos de tipo penal o con aquellos que tienden a preservar la integridad de las personas, a conservar los intereses que protege de manera general la ley y, en algunos casos, de protección a los testigos. Desde luego, es la misma policía.

Indica el Diputado señor Elgueta que no está precisando el momento del arrepentimiento. En este texto, el momento del arrepentimiento es amplio. Es todo el desarrollo del "iter criminis", todo el proceso de la participación e, incluso, después de la condena. Creo que no cabe hacerse esa pregunta cuando se examina detenidamente el texto del proyecto.

Luego consulta qué se entiende por este arrepentimiento para el que, eficazmente, colabora entregando cierta información y quién ha de entender que esa información es eficaz. La respuesta es obvia: el propio magistrado deberá evaluar y determinar hasta qué punto quien se arrepiente ha entregado información que permita desarticular y aislar al grupo terrorista y evitar el daño que éste ha preparado con la comisión de los delitos que contempla esa ley. De modo que la eficacia es un elemento que debe ponderar el magistrado.

Se pregunta también por el tema de la participación. Debo advertir que la participación es un elemento técnico penal que está definido, y será el juez y el mérito del proceso los que determinen el grado de participación de quien se arrepiente. De modo que tampoco cabe hacerse esa pregunta, porque está definida en el propio Código Penal.

Se agrega que la suspensión de la pena no está determinada en cuanto a su momento. A mi juicio, esto también es obvio, pues la suspensión la puede decretar el juez después de la condena. Nada obsta para que esto ocurra, porque en esta figura penal nueva se le estaría dando al magistrado la posibilidad de hacerlo.

El Diputado señor Rojo ha argumentado como si estuviese analizando este proyecto en su etapa de discusión general, respecto de la idea de legislar. Creo que ya hemos superado la discusión de fondo en cuanto a los temas que involucra el análisis global de la ley, la intención que tenemos como legisladores, y que debemos referimos a las normas precisas.

Sostiene que la normativa de este proyecto tiende a suprimir la regla general sobre disminución de las penas. Sin embargo, la primera norma que cita tiene precisamente carácter general y las disposiciones en estudio están determinadas por las conductas terroristas y referidas precisa y especialmente a la ley de Conductas Terroristas. De manera que en relación con esas figuras penales han de aplicarse las disposiciones en discusión.

Agrega que la suspensión condicional es una figura nueva creo que lo es y que la norma debiera tener carácter transitorio, por incluirla. A mi juicio, este argumento se confunde con aquel otro hecho valer para dar un plazo o temporalidad a la vigencia de este precepto. Discrepo de esa apreciación.

Está en discusión la violencia como un método de acción política y ella es, en sí, un fenómeno permanente en la sociedad. En tal sentido, las disposiciones que en materia de conductas terroristas tiendan a limitarla, deben tener también un carácter permanente, porque, aunque lo quisiéramos, la violencia no es transitoria. Los conflictos violentos y la violencia política en la sociedad nos van a acompañar por mucho tiempo. De manera que las normas destinadas a dar eficacia a la lucha contra la violencia política deben tener carácter permanente, a fin de que adquieran con mayor profundidad esa eficacia.

Por otra parte, los grupos armados que tienen por objeto una asociación destinada a intimidar a la población, permanentemente podrán entrar en acción mientras sostengan el argumento de la violencia política.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Terminó el tiempo de su primer discurso señor Diputado. Puede continuar en el segundo.

El señor MOLINA.-

Esta es otra razón para estimar que el artículo 4° debe ser permanente, porque siempre estaremos frente a grupos que se constituirán para utilizar la violencia política.

Además, la normativa en debate está introducida en una disposición legal de carácter permanente. Desde el punto de vista de una buena técnica legislativa, me parece que la norma que se trata de introducir debe tener también carácter de permanencia.

No quiero referirme en términos precisos a las intervenciones en contra del proyecto de los Diputados señores Campos y Aylwin, pues esos argumentos ya los escuchamos. Lamento que se sostenga que quienes defendemos el texto tratamos de vender falsas ilusiones de solucionar el tema del terrorismo mediante este artificio o de buscar, como dice el Diputado señor Aylwin, soluciones fáciles.

La lucha contra la violencia política y el terrorismo no ha sido fácil en la humanidad y se necesita mucha entereza moral para buscar argumentos, técnicos y herramientas legislativas que permitan erradicar este flagelo que azota a Chile y a otros países del mundo. Como tratamos de defendemos con los elementos que nos entrega el estado de derecho, recurrimos a la única arma moral y lícita que tenemos a mano: la ley promulgada por un Parlamento soberanamente elegido, que legisla de acuerdo con normas éticas.

No me parece justo que el Diputado señor Aylwin cuestiones éticamente la conducta de quienes estamos convencidos de que para erradicar el terrorismo, es perfectamente legítimo buscar fórmulas que permitan desarticular y terminar con los grupos armados que atentan contra la sociedad a través de la violencia política.

Quiero reiterar que doy mi plena aprobación a este texto, que se perfecciona, y que estoy convencido lo afirmo nuevamente de que ahora estamos dando un paso adelante para erradicar en definitiva la conducta violenta y la violencia armada de nuestra sociedad.

Por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, concuerdo plenamente con lo expresado por el Diputado señor Molina.

Se han dado muchos argumentos y en un minuto y medio no puedo agregar ninguno, pero quiero hacer resaltar el hecho de que, a veces, en el deseo de argumentar en contra de algo que es razonable, se esgrimen argumentos inadecuados y que, en cierto modo, ni siquiera son verdaderos.

El Honorable señor Campos terminó su intervención, después de descalificar el proyecto por diversas razones que no comparto, señalando que desde hace más de treinta años existía un cuerpo legal, llamado "Ley de Conductas Antisociales", que nunca se pudo aplicar ni fue eficaz, por falta de recursos.

En lo único que tiene razón el señor Campos es en que esa norma tiene más de treinta años.

Se trata de la ley N° 11.625, publicada en el Diario Oficial del 8 de noviembre de 1954, y no tiene absolutamente nada con lo que estamos discutiendo. Está en plena vigencia y su aplicación no requiere ningún centavo.

Su artículo 1°, dispone: "Quedan sometidos a las disposiciones del presente Título y sujetos a las sanciones que como medidas de seguridad establece:

1°) Los que no teniendo hogar fijo o viviendo en el de otra persona por mera tolerancia o complacencia, carezcan de medios lícitos de subsistencia...".

2°) Los que sin la competente licencia, pidan habitualmente limosna...".

3°) Los que hayan sido condenados por ebriedad más de tres veces en un año...".

6°) Los que oculten su verdadero nombre, disimulen su personalidad...".

7°) Los que habiendo sido condenados por delitos...".

Su artículo 2°, agrega: Los menores, de acuerdo con la ley penal en quienes concurran las circunstancias..." etcétera.".

El artículo 3° dispone: "Son medidas de seguridad las siguientes:

1°) Internación en casa de trabajo o colonia...

2°) Internación curativa...

4°) Prohibición de residir en lugar o región...".

No me interesa leer el texto de la ley...

Un señor DIPUTADO.-

¿Me permite una interrupción?

El señor SCHAULSOHN.-

No puedo, señor Diputado. No dispongo de tiempo.

Me parece poco serio, traer a colación una ley que no tiene absolutamente nada que ver con la iniciativa que discutimos y esgrimirla como ejemplo de la presunta ineficacia del proyecto en cuestión.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

La Mesa propone a la Sala integrar la Comisión Mixta que deberá resolver las divergencias entre el Senado y la Cámara relativas al proyecto de ley que modifica las leyes N°. 18.918 y 17.288 con los Diputados señora Caraball y señores Jara, don Octavio; Rocha, Ringeling y Bartolucci.

Si le parece a la Sala, se aprobará la integración propuesta.

Aprobada.

MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA ADRIANA MUÑOZ Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES JUAN PABLO LATELIER, CARLOS SMOK Y ARMANDO ARANCIBIA, QUE MODIFICA EL CODIGO SANITARIO, REGULA EL ESTABLECIMIENTO DE CRIADEROS DE AVES Y GANADO EN AREAS CERCANAS A LOCALIDADES RURALES.

(Boletín Nº 443-01).

"Visto: Lo dispuesto en el artículo 19 NºS. 8 Y 9 de la Constitución Política del Estado.

Lo dispuesto en el artículo 60 Nº 3, de la Constitución Política del Estado.

CONSIDERANDO:

1.- Que la contaminación atmosférica y de aguas producto de la cercanía existente entre los criaderos de aves o ganados y los poblados en comunas rurales, afecta gravemente la normal cotidianeidad de los habitantes, así corno sus condiciones de salud e higiene ambiental.

2.- Que las autoridades y servicios públicos relacionados con la salud y con el medio ambiente no cuentan con atribuciones suficientes a objeto de impedir el daño ecológico que se produce en aquellos poblados, y especialmente, el daño que se ocasiona a los habitantes de los mismos.

3.- Que es deber del Estado proteger a los habitantes a fin de asegurarles un ambiente libre de contaminación y, en este caso, libre de los efectos que producen los deshecho tóxicos biológicos y químicos de dicha actividad comercial que producen contaminación en las aguas, tierra y aire, traducido en hedores, microorganismos necrófagos, plagas dañinas, etc.

4.- Que actualmente existe prohibición de instalación de criaderos de aves y ganado en las zonas urbanas lo que demuestra el conocimiento de la autoridad y de la población de la necesidad de regular esta actividad comercial, sin dañar la esencia de la misma.

POR LO ANTERIOR, los Diputados abajo firmantes vienen en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°: Agrégase el siguiente párrafo 4, nuevo, en el Título II del Libro III del Código Sanitario:

DE LOS CRIADEROS DE AVES Y GANAOO.

Artículo 81 bis.- Para la instalación de criaderos de aves y ganado se deberá contar con la autorización de la autoridad sanitaria respectiva, quien previo a otorgarla, deberá efectuar un estudio del impacto ambiental que dichos establecimientos producen, en relación a poblados o villorrios circundantes.

Artículo 81 bis A.- Un Reglamento establecerá las condiciones sanitarias y factores generales de evaluación de impacto ambiental, así corno el procedimiento que regirá la solicitud a que se refiere el artículo anterior.

El Reglamento deberá contemplar las características de las diversas regiones del país.

Artículo 81 bis B.- La violación al Reglamento será penada con una multa equivalente a 1.000 Unidades. Tributarias Mensuales, sin perjuicio de la reparación de los daños causados al medioambiente.

ARTICULOS TRANSITORIOS:

Artículo 1 transitorio: Las instalaciones a que se refiere el artículo 81 bis, que se encontraren actualmente autorizadas, deberán someterse al estudio del impacto ambiental por parte de la autoridad que se señala. Sin embargo, si de dicho estudio aparece que no correspondería autorizar la instalación, el propietario de las mismas deberá adecuar, dentro del plazo de 180 días, dichas instalaciones a fin de someterse a las normas reglamentarias a que alude el artículo 81 bis A.

Artículo 2 transitorio: El Reglamento a que alude el artículo 81 bis A deberá dictarse dentro del plazo de 90 días contados desde la entrada en vigencia del presente cuerpo legal. Mientras no se dicte el Reglamento no se podrá autorizar nuevas instalaciones referidas a la actividad comercial a que se refiere esta ley.

(Fdo.): Carlos Smok, Juan Pablo Letelier, Adriana Muñoz, Armando Arancibia".