Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entrando al Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de la situación producida por la quiebra de la Industria Lozapenco S.A.

Diputado informante es el señor Salas, don Edmundo.

- El informe de la Comisión Especial Investigadora figura en el número 8, de los documentos de la Cuenta de la sesión 23a., celebrada en 23 de julio de 1991.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, distinguidos colegas parlamentarios, con fecha 14 de marzo la Cámara acordó nombrar una Comisión Investigadora por la situación producida en el Industria Lozapenco S.A., de la Octava Región, que se constituyó el día 3 de abril, con la presencia de 14 Diputados provenientes de todas las corrientes políticas representadas en la Cámara. Quiero agradecer a los integrantes de la Comisión la colaboración prestada en esta investigación, ya que esta labor resulta siempre un trabajo adicional al quehacer parlamentario.

Como antecedente de la investigación está la invitación que, en enero o febrero del año pasado, un grupo de trabajadores hacen a parlamentarios, especialmente al que habla, para plantearles una delicada situación que ellos preveían venir en Lozapenco.

El Director del Servicio de Impuestos Internos, con fecha 16 de abril de 1990, recibió un oficio del Director Nacional de Aduanas, donde se le comunicaba que ese Servicio estaba practicando una investigación en las exportaciones declaradas por las firmas Agrícola y Forestal Penco Ltda., Exportadora Industrial Ltda. y Lozapenco S.A., todas ellas domiciliadas en calle Enrique Foster Norte, Las Condes, Santiago, pese a estar radicadas fundamentalmente en Penco y en la Octava Región, cuyo representante, según Declaraciones de Exportaciones, es don Luis Palma Matus, a raíz de que se había observado una importante sobrevaloración de las mercancías exportadas, situación que había sido ya denunciada al Tribunal Aduanero, dando origen a que este organismo iniciara una investigación.

Impuestos Internos y Aduanas, después de una investigación, verifican la existencia de sobrevaloración en las exportaciones, de manera que para poder llegar a una conclusión, que no sería definitiva, que permitiera incoar una denuncia a la justicia, se tomaron en cuenta las siguientes referencias:

1°.- Los precios de exportaciones de terceros de mercancías similares o idénticas;

2°.- Los precios de exportación de mercaderías como las denunciadas en exportaciones hechas por un tercero (sanitarios), y

3°.- El precio de venta, en mercado interno, según cotizaciones de la propia firma denunciada y de un distribuidor suyo. Quiero referirme al caso de los sanitarios, porque muchas personas en el país, y sobre todo parlamentarios, se preguntarán ¿cómo se llegó a un fraude tan cuantioso, que alcanza la suma de 24 mil millones de pesos, que afecta incluso el pago de imposiciones en las AFP y la integración de cotizaciones en las Isapres de los propios trabajadores de la empresa?

Esto ocurría de la siguiente manera. El señor Palma declaraba precios de venta, por ejemplo, de un lavatorio y un pedestal por la suma de 152 dólares FOB, en circunstancias de que terceros, que exportaban estas mismas cosas, tenían precios de 11 dólares y los más caro de 17. Como estas ventas producen la devolución de 10 por ciento por efecto de premios que se otorgan a las exportaciones no tradicionales y, además, la recuperación del IVA de las materias primas ocupadas en la elaboración de estos artefactos exportados, el sobrevalor de estos productos realizados a través de la doble facturación, significaba una mayor devolución de los porcentajes indicados. Este señor también exportaba mangos de pino para herramientas. El precio de venta que colocaba en la factura era de 14 dólares, o sea, unos 2.800 pesos más o menos, en circunstancias de que el de terceras personas que exportaban la misma mercadería era solamente de 55 pesos. Así se fue gestando y creando inquietud no solamente en los trabajadores de Lozapenco, sino que además, en el Gobierno, en los organismos fiscales y en los propios parlamentarios, al punto que la Cámara acordó designar esta Comisión.

En el transcurso de este proceso, se intentó vanamente hacer trabajar la Industria Lozapenco, llegándose a un acuerdo con el propio Gobierno, a través de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, de Impuestos Internos y de la Tesorería, para que el Banco del Estado le prestara 2 millones de dólares. Se trataba de evitar su quiebra, estando ya embargados todos sus bienes y habiendo en ella un administrador judicial, nombrado por el Ministro en Visita, señor Domingo Kokisch Mourgues, que sustanciaba el proceso por cuantiosas infracciones tributarias.

Pese a todo este esfuerzo, la empresa siguió funcionando mal porque no tenía contabilidad, había muchos acreedores y, de hecho, con el millón de dólares que se le entregó a Lozapenco como préstamo del Banco del Estado, hubo que cancelar 100 millones de pesos para rescatar un cheque del señor Feliciano Palma e impedir la quiebra de la empresa, cosa que los propios trabajadores querían que ocurriera.

Enseguida, para que la empresa no quebrara, se trató de hacer un convenio entre el Fisco, los acreedores y los propietarios de Lozapenco, representados por doña Margarita Germany, esposa de Feliciano Palma, quien había huido hacia los Estados Unidos. Cuando el Gobierno se comprometió a entregar un millón de dólares, lo que debía hacer también la propietaria, y se planteó que la empresa iba a ser administrada por un representante del Fisco, por uno de los acreedores y por uno de los dueños de la industria en quiebra, en ese momento embargada e investigada por la Justicia, el propio señor Feliciano Palma, a través de su esposa, comunicó al Director de Impuestos Internos y a los organismos fiscales, a la Tesorería y al Consejo de Defensa del Estado, que no aceptaba el convenio por esta imposición de que no podía dirigir su industria. En ese momento se pidió la quiebra de la industria, concedida por el juzgado correspondiente en Santiago, y se nombró síndico a don Pablo Cereceda, reemplazado en el transcurso del tiempo por el señor Germán Sandoval, actualmente en funciones.

La petición de la Comisión Investigadora nació debido a que el Consejo de Defensa del Estado y el síndico don Pablo Cereceda -nombrado en ese momento no interpusieron ninguna querella contra las empresas de don Feliciano Palma, pues se presumía que los dineros provenientes de Lozapenco, de alguna manera se habían traspasado a ellas.

El motivo fundamental que movió a solicitar la Comisión Investigadora se produjo al saberse que no existían acciones precautorias para cautelar el interés de los trabajadores en el momento en que una empresa, al filo de la denuncia del delito tributario, se transformó en la Sociedad de Inversiones Lozapenco S.A., empresa colectiva respecto de la cual solamente el Fisco o a quien le correspondiera -el Consejo de Defensa del Estado o el síndico nombrado-, podían interponer estas medidas precautorias. Para ello sólo había un año de plazo, que vencía a fines de marzo, fecha en que se solicitó a la Cámara nombrar esta Comisión, que cumplió con su objetivo.

Muchos personeros asistieron a proporcionar información: el Director de Impuestos Internos, el Subsecretario del Ministerio del Interior, el Director General de Aduanas, el Fiscal de Quiebras; el abogado de Lozapenco, el administrador judicial, el administrador a cargo de la industria en este momento, señor León, y diversas autoridades que, con sus antecedentes permitieron la elaboración del informe que se encuentra en poder de los señores Diputados.

Como resulta imposible dar lectura a este documento, de 61 páginas, que contiene toda la historia de lo ocurrido en Lozapenco y la investigación realizada por la Comisión, que los señores Diputados tendrán oportunidad de leer con tranquilidad, solicito que se inserte en el acta de esta sesión.

En todo caso, me voy a dar lectura a las conclusiones derivadas de la investigación.

"Dé las declaraciones prestadas por diversas personas que concurrieron a la Comisión y del debate habido en ella, se ha concluido lo siguiente:

"a) Que en la quiebra de la industria Lozapenco S.A., se ha producido el fraude fiscal de mayor magnitud ocurrido en nuestro país.

"b) Que a pesar del daño sufrido por causa de este fraude tanto por el Fisco y los trabajadores como por los acreedores, la fallida ha hecho oposición a que la industria sea sometida al proceso de enajenación como unidad económica, a través de una licitación, aun a sabiendas de que, si la industria es sometida a remate, en la subasta su precio disminuiría notablemente, causando, con ello, aun un mayor daño de las partes afectadas.

"c) Que es necesaria una mayor coordinación entre los diversos organismos del Estado, tendiente a evitar que hechos como los ocurridos se repitan, con las graves consecuencias que esta Comisión ha conocido en este caso particular.

"d) Que los organismos encargados de la protección de los trabajadores, tanto en materia previsonal como de atención de salud, efectúen una fiscalización adecuada y oportuna, que evite la evasión y el incumplimiento de leyes laborales".

Quiero detenerme en este punto. No es posible que conforme a las leyes existentes, los empleadores estén declarando las imposiciones de los trabajadores eternamente; imposiciones descontadas de los sueldos de los trabajadores; por lo tanto, dinero de ellos. En el caso de Lozapenco durante varios años se declararon imposiciones que no se pagaron a los distintos organismos previsionales, cuya suma endeuda a los trabajadores, por la no cotización de las cuotas de previsión y de salud, en cerca de mil millones de pesos. Nos parece extraño que ningún organismo del Estado, como la Dirección del Trabajo o las Isapres, hiciera presente a esta empresa que debía integrar las imposiciones atrasadas.

Por eso, estimamos que debe modificarse la ley respectiva, porque no es posible que esto siga ocurriendo, como tampoco puede aceptarse que cuando se descubre un fraude -en este caso se estima que es el delito tributario más grande en la historia de Chile-, sea la propia persona que lo ha cometido la que defina cómo vende la empresa: si como unidad económica o por partes. Proponemos que esto se modifique en la nueva Ley de Quiebras, al igual que la prelación de los trabajadores, que figura en sexto lugar.

"e) Que estos hechos afectan la credibilidad del sistema de exportaciones, el cual se encuentra basado en la buena fe, que es de vital importancia para el desarrollo del país y que se realiza con el esfuerzo, tanto de empresarios honestos como de sus trabajadores.

"f) Que la Fiscalía Nacional de Quiebras debe ser dotada de mayores atribuciones fiscalizadoras en general, como también debe modificarse la forma de designación de los síndicos y del territorio donde tengan competencia.". Tampoco es aceptable que los síndicos sean nombrados desde Santiago, aunque las quiebras se produzcan en regiones muy distantes.

"g) Que el Servicio de Aduanas necesita contar con el respaldo legal internacional para los fines de pesquisar y obtener los antecedentes fidedignos en los casos en que deba investigar fraudes de carácter aduanero, tributario, etcétera. Por ello, que sería altamente conveniente, según lo expresado en la Comisión por las autoridades de aduanas, que se lograra contar con la colaboración aduanera internacional que se establece en el Tratado de Nairobi, cuyos principios fundamentales se analizaron en el presente informe.

"h) Que el Consejo de Defensa del Estado y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras presten su colaboración, con los antecedentes que posean y con las investigaciones que efectúen, haciéndolos llegar a la Contraloría General de la República para el estudio de los hechos y la instrucción de los sumarios a que haya lugar.

"i) Que se lleve a efecto un estudio para modificar la ley Orgánica del Banco Central de Chile y la ley Orgánica del Congreso Nacional, con el objeto de que el Instituto Emisor tenga responsabilidad ante los requerimientos de las Comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de investigar delitos en contra del Estado.".

Se propone esta modificación, porque el Presidente del Banco Central fue citado a la Comisión, pero se escudó en la Constitución para no concurrir, lo que cercena las facultades de esta Cámara.

"Atendidas la gravedad de algunas de las situaciones descritas en el presente informe y la necesidad de adoptar las medidas que permitan, por una parte, establecer las responsabilidades por los daños causados con la quiebra de Lozapenco S. A. y, por la otra, evitar que se vea afectado el sistema de fomento de las exportaciones, así como su credibilidad pública, vuestra Comisión propone a la Honorable Cámara la aprobación de las siguientes conclusiones:

"1.- Oficiar al señor Contralor General de la República, para que, en virtud de las facultades que le confiere la ley N° 10.336, proceda a investigar la participación que habría correspondido a funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio de Impuestos Internos y del Banco Central de Chile, en las situaciones detectadas con motivo de la quiebra de la industria Lozapenco S.A., y las empresas vinculadas a la persona de don Feliciano Palma Matus, que dicen relación a los hechos señalados en este informe, en lo referente a las operaciones de exportación realizadas desde el año 1986 a la actualidad, donde se habría incurrido en infracciones a la Ordenanza de Aduanas y en posibles delitos de fraude aduanero; en infracciones y delitos tributarios tipificados en el Código Tributario, por irregularidades cometidas en la obtención indebida de beneficios establecidos en la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, en lo referente a la recuperación del IVA por los exportadores, y respecto de la bonificación establecida en la ley N° 18.4.80, sobre fomento a las exportaciones no tradicionales, y en la presentación de documentos falsos al Banco Central de Chile.

"Asimismo, dicho organismo contralor deberá investigar las actuaciones de funcionarios de la Dirección del Trabajo, y del Instituto de Normalización Previsional, en lo referente al incumplimiento de la industria Lozapenco en materia de remuneraciones y de cotizaciones provisionales adeudadas a sus trabajadores".

Señor Presidente, como no alcanzaré a leer los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de las conclusiones de este informe, pido, a los señores parlamentarios, que los lean; a la Honorable Cámara, que apruebe el informe, y a la Mesa, que lo inserte en el acta, dada la escasez de tiempo que hay para exponer con mayor amplitud esta situación.

He dicho.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, entre las conclusiones del informe de la Comisión Investigadora hay una proposición a la Cámara que, en mi concepto, no es acertada por cuanto aborta el papel propio de la labor de fiscalización de esta Corporación, y lo delega en otro organismo del Estado, de carácter constitucional, pero que no corresponde a aquel en el cual nosotros debemos hacer descansar nuestras propias responsabilidades.

Me explico. En el número 1 de las conclusiones se pide oficiar al Contralor General de la República para que, en virtud de las facultades que le confiere su ley orgánica, proceda a investigar la participación que habría correspondido a funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio de Impuestos Internos y del Banco Central de Chile, en las situaciones detectadas con motivo de la quiebra de la industria Lozapenco. Esto es, la Comisión llega a la conclusión de que en el proceso de quiebra de Lozapenco se habrían producido determinadas irregularidades por parte de ciertos funcionarios de los servicios indicados.

Creo que no es correcto que la Cámara, que tiene como labor primordial, entre otras, la de fiscalizar, encomiende llevar a fondo esta fiscalización a la Contraloría General de la República. Esta Corporación, cuando designa comisiones investigadoras, debe llevar hasta el fondo su investigación y no hacer solamente afirmaciones dubitativas, sino comprobarlas. Y si las comprueba, formular los cargos y luego requerir a los organismos competentes que inicien las acciones legales correspondientes.

Este precedente proviene de la famosa Comisión Investigadora de Cheques, que igualmente abortó en sus finalidades, pues creyó que todo se solucionaba con delegar, señalar o enviar oficios a la Contraloría General de la República.

Por estas consideraciones, el informe no debe ser aprobado en esta parte y se le debe conferir un nuevo plazo a la Comisión para que cumpla sus funciones a cabalidad, con el objeto de que no hagamos el papel de simples recolectores de antecedentes, sin analizarlos en profundidad, como compete a todo ente que fiscaliza.

En segundo lugar, un hecho grave e irregular fue detectado por la Comisión: el Banco Central de Chile, escudándose en una interpretación literal de la Constitución, que lo califica como un organismo autónomo, se ha sustraído a la fiscalización de la Cámara de Diputados.

No cabe la menor duda de que la Constitución debe interpretarse sistemáticamente. En ella se señala que en Chile existe un poder fiscalizador que radica en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, ningún organismo del Gobierno -en su concepción genérica y correcta- puede sustraerse a esa fiscalización. Por muy autónomo que sea el Banco Central de Chile, está ejecutando, conforme a su naturaleza, funciones propias de gobierno.

Por ello, el Directorio del Banco Central y su Presidente, en mi concepto, han violado la correcta interpretación de la Constitución. Y esto nos obliga a proponer -espero hacerlo en la próxima semana- una modificación a la Ley Orgánica del Banco Central para que nadie quede al margen de nuestras actuaciones fiscalizadoras. Es conveniente y sano para el funcionamiento de la democracia y del estado de derecho que los asuntos de interés público no se mantengan en secreto ni se guarden bajo reserva. Si existen problemas o se producen irregularidades, deben ser conocidos por la Cámara de Diputados.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, quiero partir por precisar lo siguiente. Es posible que en esta Sala alguien no esté de acuerdo con el informe presentado; pero lo que resulta inaceptable es que un miembro de la Comisión, designado por la Sala, hoy día, en su primera intervención, indique que hay aspectos muy criticables respecto de la primera de las conclusiones, cuya aprobación se propone. No es serio; aun cuando puede ser razonable la posición señalada.

Por ello, y aceptando que quienes integramos la Comisión pudimos cometer errores, es importante, primero, asistir y trabajar; y, luego, hacer presente los errores en los cuales pudimos incurrir los que participamos en ella. Por lo tanto, esa primera aseveración, no me resulta comprensible.

Enseguida, quiero hacer presente a la Sala que, como consecuencia del arduo trabajo realizado por la Comisión -encabezada por quien la presidió, el Honorable Diputado don Edmundo Salas-, se concluyó que efectivamente hay una serie de situaciones que ameritan un verdadero estudio por quienes pertenecemos a esta rama del Congreso Nacional.

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ULLOA.-

Señor Bosselin, yo le escuché atentamente. Tenga amabilidad de escuchar con respeto.

Se mencionó por quien me antecedió en el uso de la palabra una particular precisión respecto de la fiscalización a la cual están sometidos todos los órganos del Estado. En ese punto, comparto la apreciación del señor Bosselin. Debe interpretarse que el Banco Central de Chile, como todo órgano del Estado, está sujeto a la fiscalización de la Cámara de Diputados.

Lamentablemente, omitimos incluir en las conclusiones un aspecto que me gustaría mencionar en esta Sala, porque tengo la impresión de que constituye una herramienta que puede ayudar a aclarar este tema. No solicitamos a la Cancillería que efectuara el máximo de diligencias para que la extradición de quien cometiera, tal cual como el informe lo indica, el mayor fraude en Chile, se concrete a la brevedad.

Por lo anterior, solicito -y espero contar con el acuerdo de la Sala- que se agregue a las conclusiones del informe una petición al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que practique, en forma rápida, expedita y con la mayor rigurosidad, las diligencias necesarias para lograr la extradición de quien aparece como la persona que cometió el mayor fraude en Chile en esta materia.

Es todo.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, el extenso y acucioso informe emitido por esta Comisión, redactado brillantemente por el funcionario señor Héctor Piña -lo digo porque a veces solemos olvidar el gran esfuerzo que ha significado para los funcionarios, que han hecho un aporte tan importante en este trabajo-, en mi opinión, a diferencia de lo que ha señalado el Diputado señor Bosselin, será reconocido como un elemento que permitirá, en algún momento, hacer claridad respecto de este fraude.

Deseo referirme exactamente al punto segundo de las conclusiones, relacionado con la proposición al Ejecutivo destinada a introducir modificaciones a la Ley de Quiebras.

Dicha reforma es importante y urgente, por cuanto con el actual sistema de prelación de créditos, consignado en el artículo 2472 del Código Civil, las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares se ubican en el quinto lugar. Eso significa que el sector laboral, el que más sufre las consecuencias de un hecho de esta naturaleza, fraudulento, no tiene posibilidad de recuperar las remuneraciones devengadas, porque su derecho se encuentra postergado por créditos ubicados preferentemente.

Por ejemplo, son preferentes, en primer lugar: "Las costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores", costas que son altas y dependen de la masa. En cuarto lugar figuran: "los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, los gastos de administración de la quiebra, de realización del activo y los préstamos contratados por el síndico para los efectos mencionados;".

En el artículo 35 de la Ley de Quiebras, se establecen las remuneraciones que perciben los síndicos, las cuales son muy altas. En el caso concreto de Lozapenco, cuando hubo recursos que debieron destinarse al pago de remuneraciones de los trabajadores y asignaciones familiares, el síndico anterior, que ya ni siquiera estaba en funciones, hizo valer la prelación de crédito, en virtud de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Quiebras, que dice expresamente: "Los honorarios del síndico se considerarán dentro de los gastos de la quiebra".

En consecuencia, y con esto termino, deseo simplemente pedir que se acoja esta proposición y se solicite al Ejecutivo la modificación de la Ley de Quiebras en el sentido señalado.

He dicho.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, el informe emitido por la Comisión que investigó la quiebra de la industria Lozapenco S.A., producto de un fraude tributario, el más grande que registra la historia de nuestro país, cometido por el señor Feliciano Palma, ha permitido hacer un análisis bastante exhaustivo de la participación que les cupo a distintas entidades del Estado que, a mi juicio, debieron velar con mayor rigurosidad por los intereses que obligatoriamente les corresponde cautelar.

Por otro lado, a raíz de la quiebra de esta industria, tenemos que referirnos, también, a las responsabilidades políticas involucradas en este proceso.

Respecto de las conclusiones de la Comisión, quiero dejar claramente establecido que es equivocada la apreciación del Diputado Bosselin, en cuanto al error en que habría incurrido la Comisión al trasladar los antecedentes recogidos por ella a la Contraloría General de la República.

En la Comisión analizamos la participación que les correspondió a distintas entidades, y llegamos a la conclusión de que sí hubo irregularidades.

La Sala debe saber que en Aduanas se detectó este tipo de sobrevaloración de las especies que se exportaban, a partir de 1987. Esta información se entregó al Banco Central de Chile en esa oportunidad y nada hizo al respecto, ni tampoco el Servicio de Impuestos Internos, ni ningún organismo de carácter contralor.

No deja de ser curioso el hecho -y llama la atención- de que prácticamente al mes de asumir las nuevas autoridades de Impuestos Internos y de Aduanas, se establezcan las irregularidades y se presenten las denuncias ante los tribunales respecto de la irregularidad cometida, las cuales era imposible desconocerlas.

Queda claro entonces, que por lo menos hubo negligencia culpable por parte de los organismos afectados. Lamentablemente, la posibilidad de que esta Comisión siguiera adelante con su investigación no era factible en la práctica.

Detectada la irregularidad, se llegó a una conclusión. Ahora, lo que cabe es que la Contraloría General de la República, como organismo fiscalizador, determine las responsabilidades administrativas y las irregularidades cometidas. En consecuencia, no es acertada la conclusión a que ha llegado el Diputado señor Bosselin.

En segundo término, es imposible seguir avanzando en nuestra labor porque el Banco Central, amparado en su Ley Orgánica y en la propia Ley Orgánica del Congreso Nacional, ha planteado su sustracción en lo que se refiere a la entrega de antecedentes destinados a tener un conocimiento más cabal de la situación producida.

Esto hace que deban ser otros poderes, contralores por excelencia, con más posibilidades de reunir antecedentes, los que puedan hacer acopio de ellos para que se logre, efectivamente, determinar estas responsabilidades.

Estimo absolutamente acertada la conclusión número uno de esta Comisión. En consecuencia, solicito a la Cámara aprobarla, porque es conveniente aclarar aún más las responsabilidades administrativas habidas durante este proceso.

No me cabe duda, desde un punto de vista formal, de que el Servicio de Impuestos Internos, dirigido por el señor Etcheverry, ha actuado en forma eficiente, tratando de cautelar los intereses fiscales.

Por lo tanto, despejada esta situación, habría que ver porqué el Estado no se hizo parte antes en querellas para cautelar los intereses fiscales, tan gravemente afectados.

Paso, enseguida, a analizar un aspecto también interesante, relacionado, en parte, con las responsabilidades políticas. En este proceso de quiebra se realizó un compromiso para apoyar a esta industria por parte del Presidente de la República y se nombró un administrador judicial. La idea de fondo era evitar que la industria llegara a la situación de quiebra, cuestión que, en definitiva, no se logró, porque el Banco del Estado no enteró los 600 millones de pesos que se había comprometido a entregar; solamente lo hizo en una primera parcialidad de 300 millones de pesos.

En la investigación efectuada por la Comisión quedó en claro que el Banco del Estado y el Servicio de Impuestos Internos buscaron la forma para no declarar la quiebra anticipadamente, a fin de acreditar los intereses fiscales y ser parte de la junta de acreedores, no tanto por mantener la estabilidad laboral o el funcionamiento de la empresa. Esa es la conclusión a la cual he llegado, y creo que deben conocerla los trabajadores de Lozapenco.

Por otro lado, respecto de algunas actuaciones de los organismos involucrados, ya hablé de lo que podría haber ocurrido con el Servicio de Impuestos Internos, con Aduanas y el Banco Central. En esta investigación hemos conocido la tarea que les ha correspondido desarrollar a los síndicos de quiebra y, por lo menos, dos cuestiones saltan a la vista.

Primero, que en el país normalmente hay un número reducido de síndicos a los cuales se les entregan responsabilidades de esta naturaleza quienes tienen que conocer una gran cantidad de quiebras.

Segundo, estos señores cobran honorarios que, a todas luces, resultan excesivos. El primer síndico a cargo de la quiebra, el señor Cereceda, pasó una cuenta de honorarios por más de 137 millones de pesos, la que posteriormente fue rebajada a 25 millones por la junta de acreedores. Tal como está establecida esta institución, desde mi punto de vista personal, es un escándalo. Es necesario realizar un cambio profundo en la legislación. No puede existir esta concentración de quiebras porque, en definitiva, se produce un enriquecimiento casi ilícito por las circunstancias anotadas.

Por último, parece bastante increíble que el Instituto de Normalización Previsional y las Administradoras de Fondos de Pensiones no hayan cautelado los intereses previsionales de los trabajadores, por cuanto las imposiciones se encontraban impagas desde 1986, por un monto total de más de 820 millones de pesos.

Por las razones expuestas solicito a la Sala que apruebe las conclusiones de la Comisión, las cuales me parecen acertadas y correctas.

He dicho.

El señor ALAMOS.-

Señor Presidente, el informe de la Comisión, expuesto por su Presidente, el Diputado señor Salas, es bastante completo. También encuentro razonable el planteamiento del Diputado señor Bosselin, en cuanto a la profundidad con que deben realizarse estas investigaciones. Considero, asimismo, que las conclusiones de esta Comisión deben ser aprobadas por la Sala.

En cuanto a las acusaciones formuladas acerca del poco control que hubo en los distintos servicios durante los años recién pasados, indudablemente ésa es materia de una investigación más profunda.

En algunos casos, la Comisión fue informada de que a fines de 1987, el Servicio de Aduanas de Chile, al detectar irregularidades en el despacho de algunos contenedores, pidió al Servicio de Aduanas de Estados Unidos que informara sobre ello. Ese servicio no dio respuesta a la petición de la entidad chilena, y sólo un año después hizo notar la diferencia de la doble facturación en el envío de algunos de estos productos. De modo que la inquietud nació en su oportunidad, pero no se investigó con la acuciosidad necesaria.

Pese a la brevedad del tiempo, me referiré a un problema que no fue analizado por la Comisión. Quienes visitamos la zona y conocemos los problemas de los trabajadores, pensamos que la Cámara puede tratar de hacer algo positivo en beneficio de quienes laboran en esa industria. Se trata de muchos trabajadores que han afrontado este problema con gran esfuerzo y sacrificio. Ellos vieron reducir sus remuneraciones en forma muy importante. De la cantidad que se les adeuda, del orden de los 300 millones de pesos, en marzo de este año recibieron, de parte de quienes ahora están administrando la industria, 12 millones de pesos y en abril, 20 millones de pesos, sumas que se repartieron entre todos los trabajadores. De modo que el monto adeudado sigue siendo muy importante. Además, reitero, han visto reducidos sus salarios en una cantidad muy significativa.

Sin duda, deben hacerse las modificaciones legales para permitir que la industria sea licitada como unidad económica, porque si se llegara a rematar por piezas o partes, naturalmente no se obtendría ningún beneficio y los trabajadores perderían su fuente laboral. Así lo dice el informe y debe insistirse en ese punto.

En la visita efectuada a la industria, muchos trabajadores nos manifestaron sus problemas de deudas de vivienda, de falta de éstas y también sus problemas de salud.

Por lo tanto, si la Cámara lo tiene a bien, solicito que se oficie al señor Ministro de la Vivienda para que, en uso de sus atribuciones, acoja con especial prontitud las peticiones que en ese sentido les hagan los trabajadores. Asimismo, al señor Ministro de Salud, con el objeto de que imparta las instrucciones pertinentes a fin de facilitar la atención de los trabajadores de la industria y de sus familiares en los establecimientos a los cuales concurran.

En resumen, estimo que la Comisión actuó bien. Su trabajo, sin duda, fue difícil; pero concuerdo con lo expresado por el señor Bosselin, quien va al fondo del problema, en cuanto a que no hay ninguna repartición pública del país que no deba ser plenamente fiscalizada por la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, a través del análisis de la investigación y de la discusión efectuada en la Comisión, se pudo determinar la configuración de ciertas figuras delictivas en que habrían incurrido los titulares de la sociedad fraudulenta.

Desde luego, corresponde a los organismos pertinentes establecer todas las responsabilidades y sancionar a los funcionarios, si ellos han incurrido efectivamente en algunas infracciones de carácter tributario o aduanero. Por ello, considero muy ajustada la conclusión N° 1 del informe, en orden a enviar estos antecedentes a la Contraloría General de la República.

Los integrantes de la Comisión desarrollaron un trabajo muy profuso y completo para investigar los hechos que motivaron la investigación. Lo hicieron en breve tiempo, sin ningún tipo de prórrogas.

La constitución de la Comisión contribuyó a que las autoridades competentes, tanto tributarias como aduaneras o financieras, se preocuparon con mayor celo de adoptar medidas para garantizar los derechos del Fisco y de los trabajadores. Tanto es así, que las acciones paulianas se interpusieron por el síndico el 15 de marzo de 1991 y el pago de las remuneraciones de los trabajadores se materializó, aunque en forma exigua y parcial, el 26 de abril. La formación de la Comisión, como todos sabemos, fue acordada en sesión del 14 de marzo de 1991.

Sólo desde entonces hubo una real preocupación, ya que previamente se omitieron medidas determinantes para impedir el agravamiento del problema, la garantía de los bienes de la sociedad con acciones civiles cautelares, y no se persiguieron las responsabilidades penales ni las laborales o provisionales que afectaron, aproximadamente, a 2.060 trabajadores. Se crearon sociedades de papel para eludir compromisos y responsabilidades, sin que Impuestos Internos o el Banco del Estado intervinieran para evitarlo. Sin duda, eso significaba sacar bienes de la Industria Lozapenco S.A. para traspasarlos a sociedades brujas, como la Sociedad de Inversiones Lozapenco y Cía. y otras.

La creación de la Comisión contribuyó a dar tranquilidad al sector afectado que era, prácticamente, toda una ciudad, y también contribuyó a apoyar un trabajo cautelador de los intereses del Estado.

El lunes 10 de junio de 1991, se constituyó la Comisión en la industria correspondiente. Se tomó contacto directo con los trabajadores. Se les informó de la real situación y las perspectivas a futuro de la industria. Se evitó, desde luego, un conflicto colectivo de proporciones, ya que se dio confianza y seguridades a todos los sectores afectados.

Aparte de la determinación por parte de la Comisión de la consumación de delitos tributarios y aduaneros, hechos que son del todo conocidos, es necesario destacar el resultado positivo de esta investigación.

¿Cómo es posible que el fraude sólo haya sido descubierto en forma circunstancial y que pese a lo gigantesco, burdo y reiterado del mismo, las operaciones realizadas por las sociedades de papel relacionadas con sociedad Lozapenco S.A., antes de ser descubiertas, hayan sido declaradas como ajustadas a las exigencias establecidas por el Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas? Esto indica que los organismos encargados de registrar estas operaciones no son certeros en sus revisiones y hay algo técnico que está fallando.

Recordemos que estas industrias tramitaron 1.185 declaraciones de exportaciones, por un valor de 37.783.772.663,50 pesos, un perjuicio al Fisco de aproximadamente 21.916.631.047 pesos y un perjuicio a los trabajadores, en materia previsional, de 939.047.786 pesos

Ineficiencia y lentitud; falta de previsión y otras anomalías que desencadenaron los hechos y lesionaron los intereses del Fisco y de los trabajadores. Las imposiciones, como ya se ha señalado en la Sala, se encontraban impagas desde el año 1986 y ni la Dirección de Trabajo ni el Instituto de Normalización Previsional habían presionado para su pago. Las remuneraciones sólo se pagaron un año después del descalabro. La investigación demostró falencia en los organismos pertinentes.

La claridad de los hechos y el resultado de la investigación han sido, desde luego, ilustrativos y muy indicativos para ciertas consideraciones y decisiones futuras. Hay vacíos legales en los actos de prevención al fraude y de resguardo de los intereses del país. Es necesario reforzar la legislación en estas materias para dar mayor eficiencia y prontitud a los organismos fiscales, para operar en estos casos y evitar que se produzcan hechos tan graves y dañinos para el país. Por ello, urge adoptar medidas.

Es verdad que apremia adscribirse al Tratado de Nairobi, a fin de contar con mayor respaldo internacional para pesquisar fraudes aduaneros y tributarios. Sin él, Chile no puede exigir colaboración.

Es importante, además, la modificación a la Ley de Quiebras, con el objeto de mejorar las preferencias de los trabajadores por concepto de remuneraciones, imposiciones e indemnizaciones. Es necesario, en fin, agilizar la legislación, hacerla operante y dar a las aduanas mayor control, conceder mayores facultades a las fiscalías nacionales de quiebras, y legislar sobre las atribuciones, designación, número y honorarios de los síndicos.

Es necesario destacar, en esta oportunidad, una situación mencionada reiteradas veces: la negativa del Presidente del Banco Central a asistir a la Comisión para informar. Se ampara en lo dispuesto en el artículo 66 de la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, y el artículo 9° de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Según su parecer, estaría exceptuado de comparecer, por cuanto se le solicita proporcionar antecedentes que revisten carácter de secreto o reservado por expresa disposición legal. La ley, en ninguna parte, le obliga -dice- a concurrir al Parlamento.

La necesidad de la Cámara de Diputados de cumplir sus funciones fiscalizadoras pugna con las limitaciones señaladas.

No puede el Banco Central erigirse como otro Poder del Estado y sustraerse a la acción del Parlamento, en estos casos.

Por ello, es necesario y urgente modificar las leyes N°s. 18.840 y 18.918, para agregar a la Cámara y a sus Comisiones como organismos que pueden requerir antecedentes al Banco Central.

Por último, estamos de acuerdo con la investigación realizada, con sus conclusiones y proposiciones; estamos de acuerdo con que los antecedentes sean pasados al Consejo de Defensa del Estado, para que se haga parte de los juicios actualmente en tramitación, y a la Contraloría General de la República, para que investigue la conducta de los funcionarios que caen dentro de su competencia y los sancione si corresponde.

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, quiero hacer algunas precisiones respecto de lo que se ha afirmado en esta oportunidad.

El Banco Central de Chile es una institución autónoma. Así lo consagra la Constitución Política en su artículo 97. En consecuencia, entre las conclusiones debería consignarse que se debe reformar la Constitución en este aspecto, y no sólo la ley.

Por otra parte, la Constitución Política usa muy pocas veces la palabra "autonomía". Cuando se refiere a los grupos intermedios, habla de la "adecuada autonomía"; o sea, de una autonomía relativa. Cuando se trata de la Contraloría General de la República, habla sólo de "autonomía".

En consecuencia, debería señalarse en las conclusiones que debe reformarse el artículo 97, de la Constitución Política de la República, para conseguir el propósito enunciado.

En segundo lugar, estas Comisiones derivan de la facultad de fiscalizar los actos del Gobierno. La Constitución Política distingue entre los actos de Gobierno y los de la Administración del Estado, y el Banco Central está fuera del Gobierno. Así lo dice, además, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Por último, no hay que reformar las preferencias, sino el privilegio, porque las preferencias son de dos clases, según el Código Civil: los privilegios y la hipoteca. Y el caso de los trabajadores, que está colocado en quinta categoría, corresponde al privilegio de primera clase.

He dicho.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, en primer lugar, los informes son para discutirlos, corregirlos y votarlos, como los señores parlamentarios estimen conveniente.

De esta investigación se colige la falencia de personal de la Cámara de Diputados para la Comisión Investigadora. El Secretario y sus colaboradores han hecho un trabajo acucioso. Realmente, para realizar una investigación en profundidad debiéramos llegar hasta el final.

La proposición del Honorable señor Bosselin no es mala. Vale la pena seguir investigando y ojalá no todo vaya a parar a la Contraloría General de la República. Esto debiera tomarse en consideración más adelante.

En segundo lugar, adhiero y agradezco al Diputado señor Álamos que haya tocado el tema, que en el acto de informar pasó inadvertido. El oficio al Presidente de la República debe ser para que el Banco del Estado preste los 300 millones de pesos a los trabajadores de Lozapenco, no a la empresa -porque no se les puede prestar legalmente-, a fin de que solventen las deudas acumuladas durante un año, porque con los 10.000 pesos mensuales que recibe cada uno, es poco lo que pueden hacer. Adhiero a la petición del Diputado señor álamos y pido a la Sala que la apruebe.

El señor LOYOLA (Secretario).-

"De los Diputados señores Bosselin, Elgueta y Salas, para que el informe de la Comisión especial de la situación producida por la quiebra de la Industria Lozapenco S.A., vuelva a ella, a fin de que se investiguen a fondo las responsabilidades funcionarías a que se refiere la conclusión N° 1, página 56, por un plazo de 60 días".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada la indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde discutir, en general y particular, el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales.

El texto del proyecto, impreso en el boletín N° 427-04 (S), figura en el número 16 de los documentos de la Cuenta de la sesión 26°, celebrada en 6 de agosto de 1991.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El artículo 1°, que modifica el artículo 34 de la ley N° 17.288, faculta a la Corte Suprema y al Congreso Nacional para ser receptores de préstamos en comodato, de obras de arte que estén en los museos. Actualmente, sólo pueden serlo los propios museos.

El artículo 2°, que intercala un artículo en la ley N° 18.918, declara que "los bienes muebles, adheridos o no, que alhajaban el edificio del Congreso Nacional ubicado en Santiago..., pertenecen al Congreso Nacional y podrán ser trasladados a su actual sede en Valparaíso".

"Establécese el plazo de un año para que los Presidentes de ambas Cámaras individualicen los bienes que serán trasladados, mediante comunicación dirigida al Ministro de Bienes Nacionales, quien lo dispondrá. Los gastos serán de cargo del Presupuesto del Congreso Nacional".

En discusión el proyecto.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, no existe definitivamente la intención de que el Congreso Nacional siga funcionando en este local.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALESTRO.-

Hay parlamentarios que reiterarán el proyecto para que el Congreso vuelva a Santiago. Esta es una realidad y los colegas la conocen. No es algo que saque de la manga.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señores Diputados, ruego guardar silencio, por favor.

El señor PALESTRO.-

No importa que me pifien. Esto es lo que hay, lo que se comenta y lo que han dicho algunos parlamentarios.

Hay parlamentarios que van a presentar el proyecto. Existe el tiempo necesario para hacerlo. Yo no sé si tenga intención de presentarlo, pero estoy diciendo esto porque con el proyecto en discusión se desmantelará un edificio tradicional de Chile, donde siempre estuvo el Congreso, en Santiago. Al traerse ese patrimonio, se desmantelará el viejo, tradicional e histórico edificio, que todavía puede ser ocupado, si así lo decide el Parlamento. Por eso me opongo.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, para el análisis y discusión de este proyecto de ley considero que no debe tomarse en cuenta una situación sobre la cual, en el momento oportuno, tendrá que legislarse, cual es si continúa o no el Congreso Nacional en Valparaíso.

Hay un problema de fondo: la existencia de todas las obras de arte acumuladas en los 180 años de vida del Poder Legislativo. En mi caso personal, como parlamentario, estoy en absoluto desacuerdo con la forma como se ha planteado el artículo 2°, que posibilita el traslado de esas obras pictóricas y de otra naturaleza a la sede del Congreso Nacional en Valparaíso. En 1976 el edificio y todo lo que está en su interior se declaró monumento nacional y no es bueno que ahora se plantee dicho traslado, que significará un deterioro de todas esas obras de arte.

Existe la posibilidad de que analicemos en profundidad este tema y encontremos el entendimiento que permita conservar el patrimonio cultural de nuestra patria.

He dicho.

El señor GARCIA (don René).-

Señor Presidente, lo que ha dicho el Diputado señor Palestro es una suposición. Para mí esto es muy claro: se trata de recuperar los bienes del Congreso para devolverle su tradición. Si esos bienes han sido históricamente del Parlamento de Chile, se trata de que queden para él y no para un edificio que ha sido declarado monumento nacional. Y se supone -de aprobarse este proyecto de ley- que la gente que trasladará tales obras de arte es especializada y que, por lo tanto, no habrá deterioro de ellas.

Señor Presidente, es bueno que las obras de arte queden aquí, como ha sido históricamente, para que este Parlamento posea algo de su historia, o la recuperemos en parte.

He dicho.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, lamento que el debate en torno al artículo 2° se esté centrando en una situación que desvirtúa absolutamente el que correspondería al análisis de este tema. Me refiero a que está implícito en el debate -me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado, explícito en el caso del Diputado señor Palestro- que aquí se trata de un posible cambio de sede que se resolverá en su momento, de modo que es muy importante, para los efectos de nuestra decisión, que no nos equivoquemos.

A mi juicio, debemos rechazar el artículo 2° por varias razones, por ejemplo, según la Comisión Investigadora de Bienes del Congreso Nacional, y en toda la relación de bienes que se deben reintegrar al Parlamento hay informes técnicos que señalan que si fuera retirado lo que está en el antiguo edificio del Congreso -empotrado en su gran mayoría-, podría sufrir, en algunos casos, daños de consideración. Debemos tener presente estos informes y velar porque las obras que contiene ese edificio, que es un monumento histórico, y que son importantes desde el punto de vista histórico del país, no pudieran eventualmente ser dañadas. Me parece que mientras no se resuelva el problema técnico acerca de las condiciones del traslado de dichas obras, no debiéramos aprobar el artículo 2°. Pero si el objetivo original del proyecto, señalado en su artículo 1°, que posibilita transferir o entregar en comodato a la actual sede del Congreso Nacional en Valparaíso, obras de arte que está en el Museo de Bellas Artes. En consecuencia, centremos nuestra conversación en torno al artículo 1° y rechacemos el artículo 2°, a fin de que su contenido quede para un análisis posterior, en un proyecto que establezca con toda precisión que las obras del edificio del Congreso Nacional en Santiago no sufran daño en un eventual traslado a la sede de Valparaíso.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, coincido con lo que acaba de decir el Honorable señor Dupré. Independientemente de su destino, el antiguo edificio del Congreso Nacional ha sido declarado monumento nacional, y esa calificación no sólo comprende la estructura externa, sino también las cosas que están en su interior; por ejemplo, en los hemiciclos, las butacas, las testeras y todas esas cosas que forman un todo armónico con el edificio, que pertenece a un período arquitectónico determinado y que se construyó para un fin específico. Traer esas cosas a un edificio diferente, que tiene otras dimensiones arquitectónicas, otro estilo, me parece que privará a la gente de la posibilidad de disfrutar de lo que es aquel monumento nacional en Santiago, y no significará un aporte real al edificio que actualmente tenemos, que es completamente distinto.

Esa es mi primera objeción al artículo 2°, el cual viola un poco lo que es la esencia de declarar a un edificio monumento nacional. No se trata de que los parlamentarios o el edificio del Congreso tengan un derecho per se sobre esas cosas, sino de que el edificio en su conjunto pertenece a la comunidad.

En segundo lugar, aquí no se hace un inventario de los bienes pertinentes. Se fija un plazo de un año y es arbitrario determinar cuáles son los bienes muebles que pueden haber pertenecido al Congreso o no. El artículo 2° es bastante inconveniente y, definitivamente, estoy por su rechazo.

En cuanto al artículo 1°, quiero expresar una duda. Nuestro país no se caracteriza por poseer un patrimonio artístico, pictórico, de gran envergadura; nuestros museos no son muchos y, evidentemente, es un fin loable el que la mayoría de los ciudadanos tenga acceso a ellos y aprecien sus obras de arte. Autorizar para que se presten obras a la Corte Suprema o al Parlamento implica, claramente, restringir la posibilidad de acceso. Es deseable que los parlamentarios trabajemos en un entorno agradable, pero ésa es mi objeción al artículo 1°.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite aclarar sólo un punto de lo que ha dicho?

El señor SCHAULSOHN.-

Por supuesto, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el Museo de Bellas Artes de Santiago...

El señor SCHAULSOHN.-

... hay cosas en los subterráneos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, y se están deteriorando, y nadie las puede ver.

El señor SCHAULSOHN.-

Está bien. Si es así, me parece un argumento muy válido, pero no se deduce de la sola lectura del proyecto. Tal vez no escuché cuando se dio el informe y doy las debidas excusas.

Una última observación de carácter legal: dado que éste no es un proyecto que requiera quórum constitucional, el Senado ha cometido un lamentable error al aprobarlo como ley orgánica constitucional. El hecho de que se modifique una ley orgánica constitucional no significa, de ninguna manera -como lo ha expresado reiteradamente el Tribunal Constitucional- que todas y cada una de sus disposiciones sean de rango orgánico constitucional. Esta es una materia para cuya aprobación basta y sobra la simple mayoría de los señores Diputados presentes en la Sala.

He dicho.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, aquí se ha usado indistintamente la palabra "recuperar" respecto de los bienes artísticos que existen en el antiguo edificio del Parlamento chileno. Creo que está mal empleado ese término, pero ahora se ha aclarado un poco cuando se ha dicho que se trata también de algunas obras que se encuentran en el Museo de Bellas Artes. No obstante, insisto en que no puede haber desaparecido absolutamente nada de lo que constituye parte del patrimonio artístico nacional y que se encontraba en el Congreso hasta 1973, antes del golpe militar que cerrara ese Parlamento.

El señor TALADRIZ.-

Antes de la liberación nacional. .

El señor PALESTRO.-

Allí había obras de arte de primera categoría, de viejos pintores, de maestros de la pintura chilena, así como otras de gran valor escultórico que han de estar en alguna parte y que deben volver a su legítimo dueño, que es el pueblo de Chile. Nosotros hemos de resguardar ese patrimonio como corresponde. Hay obras -lo dijo en otra ocasión un señor Diputado- como el "Zarpe de la Primera Escuadra Nacional", por ejemplo, pintado por el gran artista Thomas Somerscales, que está en la testera de la Cámara de Diputados del edificio de Santiago y que no podría sacarse, porque es una especie de mural demasiado grande. En ese viejo edificio había otras obras muy originales de este pintor que quizás se encuentren en algún cuartel o en la casa de algún personero del régimen de la dictadura.

Por eso, hay que buscar y rebuscar hasta encontrar el último tornillo de lo que constituyó el patrimonio del edificio del Congreso en Santiago.

Quiero aclarar que no se trata de "recuperar", sino de buscar y de traer aquí -si es que se desea eso- las obras que pertenecen al patrimonio de Chile y que se encontraban en el antiguo edificio del Congreso en Santiago.

He dicho.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente, Renovación Nacional aprobará el artículo 1° para ahorrar recursos fiscales, puesto que, como se ha dicho, hay muchas obras de arte que están en el Museo de Bellas Artes, bajo la responsabilidad de don Nemesio Antúnez, y que pueden exhibirse en el Congreso, lo que significará una economía bastante importante.

Por otra parte, rechazará el artículo 2° por todas las razones que aquí se han dado.

Asimismo, consideramos importante que usted, señor Presidente, en representación de la Cámara, defienda nuestra posición en el Senado, si es unánime, de rechazar el artículo 2°.

Finalmente, discrepamos del Diputado señor Schaulsohn, quien sostiene que no se necesita quórum constitucional.

Por lo tanto, señor Presidente, Renovación Nacional aprobará el artículo 1° y rechazará el artículo 2°.

He dicho.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, en primer lugar, lamento que mi colega Alessandri se haya adelantado, porque sólo hemos iniciado el debate de esta materia, y él está comprometiendo a toda la bancada.

En segundo lugar, quiero pedir un poco más de responsabilidad sobre el tema del traslado del Congreso, el que continuará presente, tal vez, durante cuatro, diez o veinte años más, porque cada vez que se trata de una materia relacionada con el Parlamento -en este caso con sus bienes- surge inmediatamente la discusión de su permanencia en Valparaíso y de su traslado a Santiago. Creo que la falta de seriedad respecto de este tema también ha colaborado al deterioro de la imagen de los políticos, situación que a todos nos ha preocupado, especialmente durante las últimas semanas. Estas circunstancias contribuyen, precisamente, a ese deterioro.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGTON.-

Reitero que situaciones como éstas, cuando no se orientan hacia una perspectiva nacional, menoscaban nuestra imagen.

Creo que hay que terminar con este fantasma del traslado del Congreso a Santiago.

Aquí también se ha estado plasmando una situación que ha sido permanente: la falta de comunicación con el Senado, el cual, muchas veces, ha tomado decisiones que involucran a todo el Congreso, sin consultar a la Cámara de Diputados.

En ese sentido, apoyo lo dicho por mi colega señor Alessandri, precisamente para tener un debate con el Senado no sólo en el tema constitucional, sino respecto de aquellos bienes que se podrán trasladar o no. Por eso es conveniente rechazar el artículo 2°, a fin de provocar la constitución de una Comisión Mixta y ojalá podamos tener una representatividad, de manera que el Senado no tome decisiones, constantemente, sin consultar, en definitiva, a esta Corporación.

Por estas razones, rechazaremos el artículo 2°.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, para decirlo en términos coloquiales, desvestir a un santo para vestir a otro me parece absolutamente inconveniente. Además, si se consideran las características arquitectónicas de este edificio, las obras del antiguo Congreso tampoco serían adecuadas. Por eso, el artículo 1° apunta en la línea correcta.

Ojalá se forme una Comisión parlamentaria, asesorada por algunos artistas expertos en la materia, de modo que este Parlamento se revista realmente como un edificio propio del siglo XXI.

El señor CARRASCO.-

Solamente quiero concretar las ideas fundamentales del proyecto.

En esta iniciativa no se habla del traslado del Congreso.

El artículo 1° establece la posibilidad de que el Museo Nacional pueda facilitar, en calidad de comodato, tanto a la Excelentísima Corte Suprema como al Congreso Nacional, aquellas obras de arte que nos parece que en este momento no están bien resguardadas y están sufriendo algún deterioro. Lo consideramos muy importante y útil. Además, por el artículo 2° se pretende traer a este Congreso Nacional, que está funcionando en Valparaíso, las obras de arte que están en el ex edificio del Parlamento.

Nosotros participamos de la idea del artículo 1°, y lo votaremos favorablemente.

Rechazaremos el artículo 2°, que contiene un atentado a un monumento histórico nacional de mucha importancia y trascendencia. Creemos que el edificio del ex Congreso Nacional debe quedar en las condiciones en que se encuentra en estos momentos.

He dicho.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, hay que tener mucho cuidado con la redacción de este proyecto, porque tal como se ha dicho aquí, existiría el problema de que por recuperar o traer algunas obras de arte a este edificio, podría provocárseles un daño lamentable.

Quiero rebatir al colega Horvath, en el sentido de que no se está desvistiendo a un santo para vestir a otro, porque aquí se ha dicho que la mayor parte de estas obras del Museo de Bellas Artes no están afectas a ningún uso, usufructo o goce, ya que estando en bodegas, se supone que nadie está en condiciones de disfrutar de ellas, que es lo que normalmente se hace cuando se visita, por ejemplo, otros congresos, en que, naturalmente, estas obras de arte significan una mirada retrospectiva a lo que ha sido el arte en cada uno de estos países.

En resumen, estoy de acuerdo con aprobar el artículo 1° y rechazar el 2°, ya que la norma de este último precepto podría crear problemas lamentables si no hay una opinión de técnicos que establezca qué obras pueden ser trasladadas a otro lugar.

He dicho.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación del señor Villouta para contemplar al final del inciso segundo que se agrega al artículo 34, de la ley N° 17.288, en virtud del artículo 1°, lo siguiente: "siempre que personal técnico del Museo de Bellas Artes lo aconseje".

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación del señor Smok, para sustituir los términos "a petición" por "con acuerdo del Director del Museo Nacional de Bellas Artes".

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación del señor Arancibia para intercalar "a universidades e intendencias regionales".

El señor LOYOLA (Secretario).-

La primera indicación es del Diputado señor Smok, para sustituir las palabras "adheridos o no" por "excepto los adheridos".

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación de los Diputados señores Rojo y Concha, para suprimir en el artículo 55, la frase "y podrán ser trasladados a su actual sede en Valparaíso", y para suprimir el inciso segundo del mismo artículo.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación de los señores Dupré y Seguel para consultar el siguiente artículo nuevo: "Fíjase como sede del Congreso Nacional la ciudad de Santiago".

El señor ESTEVEZ-

Señor Presidente, discrepo de su criterio.

Me parece que el texto del proyecto de ley en discusión se refiere expresamente a traslados de bienes del Parlamento a su actual sede en Valparaíso. Es decir, se refiere de modo expreso al tema generado por la situación de que en el edificio del Congreso Nacional, ubicado en Santiago, hay determinados bienes, respecto de los cuales se ha creado una dificultad por estar la sede, ahora, en Valparaíso.

El proyecto propone una manera de solucionar dicha dificultad: trasladar estos bienes a Valparaíso, sin perjuicio de que la propuesta contraria obviamente tiene otra magnitud, situación de la cual me hago cargo, naturalmente. Es obvio que el proyecto se refiere a las dificultades generadas por la disociación entre la antigua y la actual sede del Congreso.

Por lo tanto, me parece plenamente admisible una indicación para corregir estas dificultades de una manera bastante más lógica y natural: restablecer el funcionamiento del Congreso en su sede tradicional e histórica.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, deseo consultar si ésa es la única razón de inadmisibilidad de la indicación. Si no fuera así, para evitar un debate que puede resultar ocioso, solicito que usted adelante alguna otra razón de inadmisibilidad que afecte a la indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hay otra razón, pero hay que ir votando una por una.

El señor SCHAULSOHN.-

¿Me permite, señor Presidente?

Solicito respetuosamente a Su Señoría que tenga a bien informarme si, a su juicio, ésa es la única razón, o volverá a plantear -una vez que se vote ésta- otra causa de inadmisibilidad. Ello nos obligaría a entrar en un debate que puede resultar del todo ocioso. En consecuencia, le ruego que la haga presente.

El señor CHAWDICK.-

Señor Presidente, para discutir las ideas matrices del proyecto es necesario que conozcamos las consideraciones que tuvieron los parlamentarios que presentaron el proyecto.

Ahí están las ideas matrices. Sólo conocemos el articulado del proyecto, pero no el marco en virtud del cual se propuso esta iniciativa.

Por ello, solicito que el señor Secretario le dé lectura.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente y Honorable Cámara, sin lugar a dudas que, a todas luces, estamos frente a una indicación completa y absolutamente inadmisible.

La primera cuestión que tenemos que preguntarnos es para qué se nos pidió, hace un instante, la unanimidad.

Aquí está en juego un asunto relativo a la probidad y a la credibilidad de este Parlamento y de la Cámara de Diputados.

La Mesa pidió la unanimidad para tratar un proyecto relacionado con el traslado de bienes muebles del edificio del Congreso que está en Santiago, para el alhajamiento de su actual sede en Valparaíso.

Es decir, eso no tiene nada que ver con la indicación presentada.

Lo menos que podemos decir es que nos han sorprendido al pedirnos la unanimidad para una cosa y luego presentarnos otra. Eso no se hace. Estamos ante una cuestión de probidad, de credibilidad, de honorabilidad, de este Parlamento. No podemos aparecer ante el país mostrando una situación de esta naturaleza.

Llamo a mis colegas a tener una actitud profunda de honorabilidad y de credibilidad frente al país para evitar ser criticados y cuestionados por la opinión pública por un hecho de esta naturaleza.

En segundo lugar, el proyecto tiene ideas matrices, claras y precisas, que nada tienen que ver con la indicación presentada.

El señor Secretario nos ha leído las consideraciones de la moción, que constituyen sus ideas matrices, las cuales no se relacionan con la sede del Congreso Nacional, sino con el traslado de bienes muebles que alhajan el edificio de Santiago a su actual sede en Valparaíso.

Reitero, no hay ninguna relación entre las ideas matrices y la indicación formulada. Es de mínima obviedad y no podemos equivocarnos en algo así.

El artículo 66 de la Constitución, dispone: 'Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que correspondan, tanto en la Cámara como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.".

Las ideas matrices del proyecto son clarísimas y la indicación no se relaciona con ellas.

No podemos vulnerar el artículo 66 de nuestra Carta Fundamental.

Sin lugar a dudas, se trata, como bien lo ha determinado el Presidente, de una indicación absolutamente inadmisible.

En tercer lugar, como bien se ha señalado, no ha pasado un año desde que el Senado rechazó un proyecto que propuso el traslado de la sede del Congreso; por tanto, y por esta otra consideración constitucional, tampoco es posible tratar el tema antes del plazo señalado.

He dado tres argumentos de fondo sobre la materia. Quiero insistir en el primero, que se relaciona con la honorabilidad y con la credibilidad de esta Cámara. El país no entendería nunca que hubiéramos empleado un resquicio de esta naturaleza para tratar el tema; el país no entendería nunca que la Mesa nos haya pedido la unanimidad para hacer una cosa y hayamos tratado otra distinta; el país no entendería nunca que hayamos vulnerado el artículo 66, de la Constitución Política y tampoco entendería, jamás, que no haya pasado ni siquiera un año y nuevamente estemos tratando el cambio de sede del Parlamento.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¡Silencio, por favor!.

El señor BARTOLUCCI.-

Le pido tranquilidad, Diputado Palestro, y que vayamos a las leyes y a la Constitución que rigen nuestras conductas.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¡Silencio por favor!

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, pido a todos los señores Diputados que rechacemos la impugnación a la determinación de la Mesa y que apoyemos su resolución, porque la indicación es absolutamente inadmisible.

Es legítimo tratar el tema planteado. Pero hagámoslo como corresponde, hagámoslo bien, hagámoslo a través de un proyecto adecuado.

Concedo una interrupción al Diputado señor Chadwick.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, en primer lugar quiero señalar que soy un convencido de que nunca hay que calificar a un parlamentario por las indicaciones que proponga en esta Sala. Las indicaciones mismas son las que se impugnan: se aprueban o rechazan, pero a la persona del parlamentario no hay que suponerle intenciones ni mucho menos calificarlas.

En segundo lugar, con la lectura efectuada por el señor Secretario, se concluye que la idea matriz es clarísima. Estamos ante una iniciativa que resuelve problemas de alhajamiento del Congreso Nacional.

Llamo la atención de la Cámara en cuanto a que el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los Senadores presentes en la Sala en su oportunidad, en el entendido de que la idea matriz central era alhajar este lugar con una serie de obras de arte que se encuentran dispersas, algunas de ellas en el edificio de Santiago. Pero ninguno de los autores del proyecto tuvo en su mente, siquiera, proponer nuevamente, por vía indirecta, la discusión de la sede del Congreso.

Es evidente que la idea matriz de la moción es otra y debemos atenernos a ella. Por ello, me parece acertada la decisión de la Mesa.

Por último, también considero que la discusión es absolutamente innecesaria, porque ha transcurrido menos de un año de la presentación del proyecto anterior debatido en el Senado. En consecuencia, es del todo inútil que sigamos esta discusión. Esa causal de inadmisibilidad se impone automáticamente y nos evita seguir el debate sobre este tema, airando las posiciones, confrontando a la Cámara, cuando en definitiva llegaremos a la conclusión de que, legal y constitucionalmente, no puede discutirse el tema de la sede del Congreso en este momento.

Por lo tanto, apoyo la inadmisibilidad declarada por la Mesa en ambos sentido.

El señor DUPRE.-

Primero, señor Presidente, lamento la decisión que ha adoptado el Presidente de la Corporación respecto de la declaración de inadmisibilidad, cambio que se produjo luego de la reunión de los Comités.

En segundo lugar, quiero rechazar categóricamente las calificaciones que se han hecho acá, porque determinan, en definitiva, que no hay respeto de parte de algunos señores Diputados, por los derechos que tenemos los parlamentarios, y de la posibilidad de su ejercicio, en este caso por la vía de las indicaciones.

A mi juicio, no podemos empezar aquí a dictar cátedra de ética ni de honorabilidad sobre un tema como el que estamos tratando. No se cómo se podría calificar a quienes, a espaldas del pueblo, sin consulta alguna, sin legitimidad en ninguna de sus formas, ni en el fondo, determinaron entre cuatro paredes, en un órgano no representativo de la ciudadanía, que este Congreso tuviera su sede en Valparaíso. Eso me parece absolutamente más ilegítimo.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¡Silencio, por favor!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¡Silencio, por favor!

¡Diputado Ulloa, sírvase tomar asiento y guardar silencio!

Terminará de hacer su exposición el Diputado Dupré, y después se ofrecerá la palabra a otro parlamentario.

Puede continuar, Su Señoría.

El señor DUPRE.-

No sé si será posible. Aquí hay otra contradicción. Se pide una discusión racional, larga, tranquila, y quienes la solicitan no dejan hablar a los que estamos en desacuerdo con ellos.

Me parece absolutamente procedente esta indicación. Primero, porque la Constitución establece que no debe repetirse un proyecto de ley. Esta es una indicación, y hay diferencia entre proyecto de ley e indicación.

En segundo lugar, usted, señor Presidente, comete una equivocación. El artículo 65 de la Constitución dice: "El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año", y la Cámara de origen.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Perdón, señor Diputado, estamos en el otro argumento.

El señor DUPRE.-

Yo estoy en mi argumento.

Aplausos en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No. Quiero decir que estamos discutiendo la otra causa de inadmisibilidad.

El señor DUPRE.-

Muy enredado, Presidente. Deseo indicar lo siguiente.

Este proyecto, al cual se refiere usted, tuvo como Cámara de origen el Senado. De modo tal que aquí hay una situación absolutamente distinta.

Además, hay un tercer argumento.

¿Cómo no va a ser procedente cuando estamos discutiendo un proyecto de ley sobre el problema del traslado de bienes desde Santiago a Valparaíso, situación planteada por el hecho de que se ha fijado aquí, en Valparaíso, una sede distinta de la que tuvo tradicionalmente el Congreso Nacional en Chile? Es absolutamente procedente. Al contrario sensu, en el artículo 2° estamos tratando -y nadie objetó el problema de admisibilidad de éste- un problema de obras de arte que, por lógica, tendría que haberse declarado inadmisible respecto del origen que tuvo este proyecto de ley, como fue que en el artículo 1° se estableciera la necesidad de que se entregara en comodato obras de arte del museo hacia el recinto del Congreso. En el artículo 2° se plantea una situación distinta, en orden a desmantelar el Congreso de Santiago para trasladar los bienes a la sede de Valparaíso.

Con el mismo argumento, con la misma lógica, debiera haberse declarado inadmisible.

Señor Presidente, este es un problema más de fondo. A mi juicio, en nada contribuye no decidir pronto una situación como la que hemos venido debatiendo.

Se pide mayor debate. Este tema lo hemos discutido -pongámonos la mano en el corazón- un año y medio. Existe una clara mayoría, hoy o en cualquier momento, de la Cámara de Diputados para trasladar su sede a Santiago. ¿Por qué no resolvemos lo más rápidamente posible este problema, ojalá sin la pasión que algunos han colocado, ya que en definitiva, nos tiene bastante complicados en nuestro accionar y en nuestros deberes como legisladores?

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, la indicación que formulé fue suficientemente clara, en el sentido de que el informe de la Comisión vuelva a la misma, con la finalidad de que, en un plazo de sesenta días, se investiguen a fondo las responsabilidades funcionarías a que se refiere el número 1 de sus conclusiones, que figura en la página 56; vale decir, están individualizadas la conclusión y la página que la contiene: "1. Oficiar al señor Contralor General de la República para que, en virtud de las facultades que le confiere la ley N° 10.336, proceda a investigar la participación que habría correspondido...".

Por lo tanto, la petición aprobada no se refiere a otros puntos de las conclusiones.

Está suficientemente claro y escrito de mi puño y letra.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, sólo quiero hacer presente que la consulta formulada por el Diputado señor Salas es legítima, toda vez que la conclusión a que llegamos es que el informe vuelve a la Comisión.

En consecuencia, propongo que sólo se devuelvan a la Comisión las conclusiones, con el objeto de que puedan ser corregidas, reordenadas, o adicionadas otras, en caso, por ejemplo, de que el trámite de Relaciones Exteriores sea más rápido, más urgente respecto del proceso de extradición. No tiene ningún sentido que vuelva todo el informe.

He dicho.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, según entiendo, el problema fundamental que traba la aprobación del informe dice relación con la conclusión número 1, que plantea oficiar al Contralor General de la República para que investigue las irregularidades que se señalan.

Existe una discrepancia legítima.

Por lo tanto, solicito al señor Bosselin que retire su indicación, y cambiemos la conclusión número 1 y aprobemos el informe. Esto evitaría un trámite, a mi juicio absolutamente inoficioso, por cuanto la Comisión, que investigó a fondo, no pudo avanzar más y no creo que con un plazo mayor logre profundizar sus conclusiones.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, falta un acuerdo que no tiene nada que ver con el informe.

Los Diputados señores Alamos, Martínez, don Juan, y el que habla, solicitamos enviar oficios al Presidente del Banco del Estado y al Presidente de la República para que tomen en consideración la petición de los trabajadores de Lozapenco, y el Banco les preste 300 millones de pesos, con el fin de que se les pague lo que se les adeuda. Hoy, sólo recibe 10.000 pesos mensuales cada uno. Esta cantidad será pagada con los remanentes de la industria.

He dicho.