Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En virtud de lo acordado, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que dispone erigir un monumento en homenaje al Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, en las ciudades de Parral y de Santiago.

Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación es el señor Velasco.

-El proyecto de ley está impreso en el boletín N° 351-04 y figura en el número 17 de los documentos de la Cuenta de la sesión 13a. celebrada en 2 de julio de 1991.

El señor VELASCO.-

Señor Presidente, distinguidos colegas:

Hemos hecho un alto en el trajín de la labor parlamentaria para recordar el aniversario del nacimiento del insigne poeta, lejano ya, el 12 de julio de 1904, en la agrícola tranquilidad del sureño Parral, en el seno del modesto hogar de un ferroviario, porque no sólo fue un poeta, un amante tierno y desesperado, sino también un hombre que se insertó en la lucha social y política y llegó a ocupar un lugar en el Senado de la República.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación, ha tenido a bien honrarme con la designación de Diputado informante del proyecto de ley, originado en una moción de los Diputados señores Sergio Aguiló, Jaime Campos, Baldemar Carrasco, Jaime Estévez, Vladislav Kuzmicic, Jaime Naranjo, Eugenio Ortega, Gustavo Ramírez y señora María Maluenda, que dispone erigir un monumento en homenaje al Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, en las ciudades de Parral y de Santiago.

"Si me preguntan qué es mi poesía, debo decirles no sé. Pero si le preguntan a mi poesía, ella les dirá quién soy yo", dijo Pablo Neruda al comienzo de un recital en 1943.

En efecto, la poesía de Neruda es la historia de una actitud enraizada con la circunstancia concreta, enfrentada con el mundo. Es la trasposición de su propia existencia, mediante un alto nivel de universalidad, que ha sido capaz de traducir las existencias de muchos otros seres y, en particular, el acontecer contemporáneo del hombre hispanoamericano, mediante la verbalización de su propia y singular aventura.

"Mi poesía les dirá quién soy yo". Palabras de una humildad lacerante para quien encamó la expresión más alta de la poesía hispanoamericana, para quien es el fuego y el agua de la creación, el verbo hecho amor y pasión, la vida y la muerte en un soneto.

Permitidme, distinguidos colegas, que este informe sea una mezcla de artículos y de versos, de ley y de poesía, de iniciativas y de recuerdos, de trámites y de homenaje. Porque es difícil referirse a Neruda, hablar del proyecto que han presentado distinguidos Diputados de las más diversas bancadas, que necesariamente está impreso en considerandos, artículos, incisos y otras minucias legales, y rendir homenaje a un hombre que a pesar de haber sido Senador de la República, su vida fue la poesía, la palabra de amor y de denuncia, el verso altisonante, como una daga lanzada en el desierto y el ruego clamoroso del amante perdido en Puerto Saavedra.

Hablar de Neruda es recordar al estudiante provinciano llegado de la lluviosa geografía de Temuco. Es el tiempo del universitario bohemio, de figura delgada y de negra capa sobre sus hombros. Son sus versos de "Crepusculario", la pensión modesta de la calle Maruri. Son los "Veinte poemas de amor" que brotan como un caudal incontenible para penetrar el corazón de tantas generaciones de chilenos y de jóvenes de todo el mundo. Es la poesía difícil e impenetrable de "Residencia en la tierra". Es el grito de denuncia que brota de cada página de "España en el corazón". ¿Acaso vosotros no recordáis estos versos?

"Preguntaréis: ¿Y dónde están las lilas?

¿Y la metafísica cubierta de amapolas?

¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras, llenándolas de agujeros y pájaros?"

Es su incorporación a la lucha política, su trajinar por el desierto rojo y desolado, sembrando versos en cada sindicato; es su sitio en el Senado y en el exilio, que lo ve arrastrar su poesía y su pena por todo lo ancho del mundo; es su "Canto general", la canción de gesta de la lucha del aborigen; es el "Sube a nacer conmigo, hermano"; es el canto a Caupolicán, a O'Higgins, a Balmaceda y a Recabarren; son los muertos del Seguro Obrero; las masacres de la pampa; es el "América, no invoco tu nombre en vano"; es el grito angustiado de "Chile, ¡ay cuándo, ay cuándo te volveré a estrechar!"

Neruda es la construcción caprichosa de su casa en Isla Negra; "La Chascona", en Santiago, y "La Sebastiana" en los cerros de Valparaíso; son sus millares de caracolas que aún esperan un mejor destino en la Universidad de Chile; es el Premio Nobel que coronó, por segunda vez, la creación poética de un chileno; es su muerte en un septiembre de 1973, que tantos quisiéramos olvidar.

Entonces, el proyecto en informe es el homenaje que nuestro pueblo debió tributarle todos estos años en que, por una errada decisión, se dispuso el traspaso de sus bienes al Estado y se quiso tender un velo de silencio sobre su creación.

Debo hacer presente que la Comisión de Educación aprobó por unanimidad cada uno de sus artículos, que en su esencia disponen la erección de sendos monumentos en las ciudades de Parral y de Santiago, financiados mediante una colecta pública nacional a realizarse el 23 de septiembre del presente año, fecha en que se conmemora su fallecimiento.

Además, se crean un fondo, con el objeto señalado anteriormente, y una Comisión especial encargada de dar cumplimiento a los objetivos de esta ley e integrada por ocho personas, que desempeñarán sus cargos ad honorem.

Quiero pedir que esta Cámara otorgue su aprobación unánime a este proyecto, igual como lo hizo la Comisión, porque es la mejor forma de rendir el justo homenaje al insigne poeta del mundo.

Han pasado dieciocho años de su muerte. Dejadme recordar estas palabras que fueron un presagio de los días que habríamos de vivir:

"Cuánto ha pasado desde entonces "Cuánta sangre sobre la sangre, "Cuántas luchas sobre la tierra.

Y su grito de esperanza, enmarcado en estos últimos versos de "Canto General":

"Y nacerá de nuevo esta palabra "tal vez en otro tiempo sin dolores, "sin las impuras hebras que adhirieron "negras vegetaciones en mi canto,

"y otra vez en la altura estará ardiendo "mi corazón quemante y estrellado.".

He dicho.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, naturalmente estoy completamente de acuerdo con el proyecto.

Sólo quiero sugerir, si hubiese la unanimidad de la Sala, una pequeña corrección en el artículo 39, el cual establece que las obras se financiarán mediante la realización de una colecta pública el próximo 23 de septiembre. Esa fecha está muy encima, y quizás el Senado no pueda despachar oportunamente esta iniciativa, por lo cual, al no contarse con el tiempo suficiente, no obstante la buena acogida que tendría la colecta, existe la posibilidad de que no se logre recaudar los recursos necesarios para cumplir con el objetivo planteado.

Por lo expuesto y en el mismo espíritu del proyecto, quiero proponer que se modifique el artículo 3a, señalando que las obras se financiarán mediante la realización de colectas públicas en todo el país los días 23 de septiembre hasta conseguir los recursos necesarios.

La idea consiste en que si este año, una vez que el proyecto se apruebe por el Senado, se logre juntar el dinero requerido, la ley opera. Pero si lo recaudado fuera insuficiente y no prosperara mi indicación, nos veríamos en la necesidad de tramitar otra ley para permitir una nueva colecta.

Señor Presidente, en concreto, lo que haré llegar por escrito a la Mesa es una indicación al artículo 3a, a fin de permitir que se realicen colectas sucesivas los 23 de septiembre hasta obtener la totalidad de los fondos necesarios para estas obras.

He dicho.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, solicito que las indicaciones formuladas se separen, porque creo atendible lo manifestado por el Diputado señor Estévez y poco adecuado que cada señor Parlamentario desee tener un monumento en su propia región o distrito, toda vez que hoy Pablo Neruda es patrimonio nacional.

Agregar otras ciudades para erigir monumentos de Pablo Neruda requiere un estudio más profundo de financiamiento, por lo cual el proyecto debería volver a la Comisión. Si no es así, estoy dispuesto a dar la unanimidad, considerando lo planteado por el Diputado señor Estévez.

He dicho.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, para no demorar su despacho, deberíamos proceder a aprobar el proyecto tal como está, lo cual no impide que más adelante se tomen las medidas del caso para ampliar la posibilidad de hacer monumentos en homenaje a Neruda en otras ciudades quien, como se ha señalado acá, pertenece a todo Chile.

Esa es mi sugerencia.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Las indicaciones presentadas, lamentablemente, están perjudicando el proyecto. Como muy bien se ha señalado, Pablo Neruda es una personalidad nacional, de manera que si cada parlamentario comienza a pedir un monumento para su distrito, aunque sean muy atendibles sus razones, me parece que están festinando el proyecto, ya que con anterioridad pudieron haber concurrido a la Comisión de Educación a plantear sus fundamentos.

Quienes han presentado indicaciones en ese sentido, están paralizando la tramitación de este proyecto, que es de gran interés para muchas bancadas.

El señor URRUTIA.-

Solamente quiero señalar que no puedo aceptar las expresiones del Diputado señor Muñoz Barra, toda vez que hemos presentado esta indicación en conjunto con el Diputado señor Alessandri, con el objeto básico de perpetuar la memoria del insigne poeta. Hemos propuesto como lugar la ciudad de Valparaíso, en primer lugar, porque es la capital de la Región. El terminó su vida en Isla Negra...

Artículo 1°

1.- De los Diputados señores Alessandri y Urrutia, para reemplazar la expresión "dos" por "cuatro"

Artículo 2°

2.- De los Diputados señores Alessandri y Urrutia, para reemplazar la frase final "Parral y de Santiago, respectivamente" por "Parral, Santiago, Valparaíso y Antofagasta, respectivamente".

3.- Del Diputado señor Seguel para agregar a continuación de la palabra "Santiago", reemplazando la coma (,) por la conjunción "y" la expresión "San Miguel,"

4.- Del Diputado señor Huenchumilla para reemplazar la frase final "Parral y de Santiago, respectivamente" por "Parral, Temuco y de Santiago, respectivamente".

Artículo 3°

5.- Del Diputado señor Estévez para reemplazar el artículo 32 por el siguiente:

"Artículo 32.- Las obras se financiarán mediante erogación pública, autorizándose colectas públicas los días 23 de septiembre, de cada año, hasta obtener los montos necesarios.".

Artículo 7°

Del Diputado señor Huenchumilla para reemplazar la frase final "de Santiago y de Parral, respectivamente" por "Santiago, Temuco y de Parral, respectivamente.".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde continuar conociendo el proyecto de ley, informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que modifica la ley N° 19.047.

- El texto del proyecto, impreso en el boletín N° 393-07, figura en el N° 9 de los documentos de la Cuenta de la sesión 16a., celebrada en 9 de julio de 1991.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, quiero manifestar que los derechos en sí pueden pertenecer a personas naturales o a asociaciones que crean las personas naturales. Los derechos son siempre depositarios de...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado? El problema ya no existe.

El señor RIBERA.-

Quiero decirlo porque el Diputado Naranjo ha hablado para el futuro.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, pero tenemos que avanzar en el trabajo de la Sala.

El problema ya se resolvió.

El señor RIBERA.-

Deseo dejar constancia de que me opongo a convertir a la Comisión de Derechos Humanos en una supracomisión que, al final, se aboque al conocimiento de la totalidad de los proyectos, porque todos tienen que ver con derechos humanos.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, en relación con lo que usted acaba de señalar, creo que la interpretación que se le ha dado a la letra e) del Ne 7 del artículo 19 de la Constitución Política, en cuanto a la libertad provisional como beneficio, es erróneo, por cuanto el constituyente, incluso en la Constitución de 1980, eliminó una expresión ya que el artículo 19 de la Carta de 1925 establecía que la libertad provisional procederá, a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como estrictamente necesaria. Es decir, al eliminar la palabra "estrictamente", se le está dando mayor libertad al juez para conceder o no este beneficio de la libertad provisonal.

Además, la propia Constitución de 1980 señalaba que existían delitos enexcarcelables, como aquellos calificados como de conductas terroristas, lo que fue modificado en la última reforma constitucional. Pero el espíritu del constituyente fue darle mayor amplitud y libertad al juez para el otorgamiento de la libertad provisional.

Por lo tanto, las bancadas de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional, al solicitar en la sesión pasada que se declarara inconstitucional esta norma, por intermedio del Diputado señor Chadwick y de quien habla, lo hemos hecho basados justamente en esto, porque creemos que la Constitución otorga al juez la facultad para conceder o no la libertad provisional en determinados delitos y en conformidad con los antecedentes que obran en el proceso.

En consecuencia a nuestro juicio la interpretación que la Mesa o la Presidencia ha dado a este artículo es errada. Consideramos que la letra d) del artículo único del proyecto es inconstitucional, por las razones que expusimos en su oportunidad y la que hemos dado en esta ocasión.

He dicho.

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, la duda de constitucionalidad se ha suscitado respecto de la letra e), del N° 7 del artículo 19, de la Constitución Política, que dice: "La libertad provisional procederá a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad". Agrega: "La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.".

La inteligencia de esta norma es clara, en el sentido de que la libertad provisional es un derecho en nuestro ordenamiento jurídico. La regla general es que los procesados lo sean en libertad. Por excepción, el juez limita ese derecho si considera que la detención o prisión preventiva es necesaria en los casos que ya se ha señalado en la Constitución. Y es la ley la que deberá establecer los requisitos y modalidades para obtener la libertad.

La duda planteada es si el legislador puede regular casos en que el juez deba otorgar obligatoriamente la libertad provisional, presumiendo de Derecho que en esas circunstancias la detención o prisión preventiva no es necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad, como ocurre en las situaciones reguladas por los artículos 357 y siguientes del Código de Procedimiento Penal o en otras leyes especiales.

De la historia fidedigna del establecimiento de la letra e), del N° 7, del artículo 19 de la Constitución, cuya redacción es muy similar a la letra d, del N° 6 del artículo 1°, del Acta Constitucional N° 3, decreto ley N° 1.552, de 11 de septiembre de 1976, se desprende lo siguiente.

En primer término, fue clara la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, y ello consta en forma inequívoca en las actas, en cuanto a que el propósito era terminar en nuestro país con la existencia de los delitos inexcarcelables, y que cualquier ley que los considerara así, debía entenderse automáticamente derogada. Actas oficiales de esta Comisión, página 804, sesión N° 280, de 29 de marzo de 1977.

En segundo lugar, no es necesario, para ejercer el derecho a la libertad provisional, que una ley normativa o complementaria regule ese derecho. La exigencia de que la ley establecerá los requisitos y modalidades, se refiere a los requisitos o modalidades de carácter procesal para obtener la libertad bajo fianza. Actas oficiales de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, sesión N° 280, página 805.

En tercer lugar, la correcta intención de la norma en cuestión es que, en ningún caso, ella puede interpretarse como una facultad otorgada al legislador para establecer otros requisitos de los mencionados en la Constitución, en ningún caso puede interpretarse como una facultad otorgada al legislador para establecer otros requisitos de los mencionados en la Constitución, incluso, de la naturaleza del delito, que signifiquen desconocer el derecho de la libertad provisional. (Acta de la sesión 118, página 13, también de la Comisión).

Por último, no existe antecedente alguno que permita afirmar que el constituyente prohibió al legislador dictar normas generales para que el juez otorgue la libertad provisional, por considerar que no se dan las limitaciones establecidas en la Constitución. Lo que el constituyente prohíbe al legislador es ampliar los casos de improcedencia de la libertad provisional. (Sesión 118, de 6 de mayo de 1975).

Sólo existe una afirmación, del comisionado ex Senador Guzmán, que podría inducir a pensar lo contrario. Pero es una opinión absolutamente aislada, como consta en las actas oficiales de la sesión 118, página 16, no dejada, en todo caso, como una idea implícita. Por el contrario, quedó expresa constancia, en relación con los delitos inexcarcelables, de que es sin perjuicio de que el legislador pueda regular la concesión del derecho a la libertad provisional.

Por las razones expuestas, estimamos que la norma en discusión está perfectamente ajustada al texto, al espíritu y a la historia fidedigna de establecimiento de la norma constitucional.

He dicho.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, como lo planteé en la sesión pasada, a mi juicio, la correcta interpretación del artículo 19, número 7, letra e) de la Constitución, consiste en considerar que sólo el juez tiene la facultad para denegar la libertad provisional y que el legislador no puede imponerle la obligación de otorgarla.

Señalé en esa oportunidad que, de acuerdo con el texto constitucional, sólo cabía esa interpretación y que expresamente el constituyente entregaba esa facultad al juez y no al legislador. Pero he querido traer a esta sesión la interpretación que a ese precepto se dio en la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, en mi opinión, distinta de la señalada recientemente por el Diputado Aldo Cornejo.

El presidente de dicha Comisión de Estudios, don Enrique Ortúzar, en la sesión 118, celebrada el 6 de mayo de 1975, al hacer un resumen general acerca de cuál es la correcta interpretación de este precepto constitucional, expresa que tiene por misión "consagrar el derecho a la libertad provisional como derecho humano, cualquiera que sea la pena que la ley le asigne al delito. Es un derecho, porque mientras no exista una sentencia que señale la culpabilidad del afectado, no hay razón para presumirlo culpable y, en consecuencia, debe disfrutar de este derecho.".

Enseguida el señor Ortúzar indica que esta garantía tiene como facultad establecer excepciones únicamente cuando la privación de libertad sea necesaria para la investigación del sumario o para la seguridad del ofendido.".

Finalmente agrega: "La regulación podrá decir únicamente relación con materias de procedimiento, tales como la fianza, su monto, etcétera, De tal modo que, en ningún caso, la norma pueda interpretarse como una facultad al legislador para que establezca otros requisitos distintos, incluso, de la naturaleza del delito, que signifiquen desconocer este derecho.".

Es decir, el señor Ortúzar manifiesta expresamente que, de ninguna forma se puede entender que el legislador tiene una facultad para agregar otro requisito distinto a los señalados en la Constitución para otorgar la libertad provisional, que es sólo resorte del juez otorgarla o negarla, para lo cual deberá considerar la seguridad del ofendido o de la sociedad.

Posteriormente, en el análisis realizado por dicha Comisión de Estudio y con respecto a este mismo punto, se consigna que en el acta de la sesión 118°, el señor Jaime Guzmán señala "Sin embargo, deseo dejar claramente establecido el hecho de que es el propio texto constitucional el que otorga directamente la facultad al juez de conceder el beneficio y no al legislador". Es decir, destaca expresamente, entonces, que es el propio texto constitucional el que otorga directamente la facultad al juez de conceder el beneficio y no al legislador.

Tenemos así la opinión de los señores Ortúzar y Guzmán. Como si esto fuera poco, el señor Enrique Evans, miembro también de la Comisión de Estudio de la Constitución, en la misma sesión 118a, señala que "acepta la proposición del señor Guzmán, ya que no es una idea que vulnere esencialmente la garantía que se trata de establecer, y agrega: "Diferente sería si esa facultad se le otorgara al legislador, porque por esa vía se podría, de modo general, establecer delitos inexcarcelables y se caería en lo que no se pretende consagrar. Esta facultad se le da al juez cuando lo considere estrictamente necesario" y no al legislador.

Por consiguiente, de la interpretación literal del texto del artículo 19, número 7), letra e, reafirmado en las expresiones uniformes de don Enrique Ortúzar, de don Jaime Guzmán y de don Enrique Evans, que manifiestan que la facultad para otorgar o rechazar una libertad provisional sólo la tiene el juez y no se le entrega al legislador, salvo lo relacionado con las exigencias formales para acceder o rechazarla, pero no en cuanto al establecimiento de un nuevo requisito de fondo.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, muy breve, para señalar que la norma en cuestión establece: La libertad provisional procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad.

La pregunta que hay que formularse es, ¿una negligencia de orden administrativa de un juez puede dejar a una persona en libertad como consecuencia de no haber cumplido un plazo dispuesto en la Constitución?

El criterio adoptado por la Presidencia en esta materia implicaría que el error de un juez o su incumplimiento en fallar una causa en un plazo determinado, se traduciría en perjuicio para la víctima del delito, la que verá liberada a una persona, no obstante que el tribunal la considera un peligro para la sociedad, a pesar de que el texto de la Constitución es explícito al señalar "a menos que el juez". Por lo tanto, la Mesa no puede interpretar una norma en el sentido de que el error administrativo de un juez signifique vulnerar una disposición constitucional que le otorga una facultad privativa a un magistrado para determinar si una persona representa un peligro para la sociedad o para el ofendido con el delito.

He dicho.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, existen diversos presupuestos de hecho que aconsejan la aprobación del proyecto que estamos tratando.

a) De acuerdo con lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Penal y Orgánico de Tribunales, es evidente que la tramitación de un proceso penal con reo preso, no debiera demorar más de cuatro o seis meses;

b)Es un hecho que este deber ser no se cumple en muchos procesos penales, que suelen demorarse más de un año, hasta dos y, muy excepcionalmente, hasta tres;

c)Desgraciadamente, esta situación de retraso procesal ha llegado a extremos aberrantes y de absoluta inhumanidad y crueldad en el caso de los procesados a que se refiere la expresada ley N° 19.047, los "presos políticos"; hasta el extremo que un 10 por ciento de ellos llevan más de diez años en prisión, sin que se les conceda la libertad provisional ni se dicte sentencia en las respectivas causas; un 30 por ciento lleva más de cinco años en esta situación y más de un 50 por ciento, más de tres años en las mismas condiciones.

Conviene hacer presente que de la totalidad de los procesos criminales, según el informe de fines de 1990, en el cual están incluidos los presos políticos, sólo un 2,7 por ciento de los procesados están privados de libertad por más de tres años, considerando todos los juzgados del crimen y fiscalías militares del país.

La discriminación en contra de los presos políticos en esta forma es evidente. Este aberrante retraso en la tramitación de los procesos y en la libertad de los presos políticos se debe no sólo al recargo y a la desidia de los tribunales, sino, además, en algunos casos, a una política deliberada en la tramitación de los procesos por las fiscalías militares, donde normalmente los procesados fueron tratados no como personas, sino como enemigos de Chile, según consta de múltiples testimonios y documentos existentes en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Cámara.

Asimismo, es categórico el último informe de Amnistía Internacional, que se refiere expresamente a esa situación, como igualmente lo es el último informe presentado por el relator especial de las Naciones Unidas, en 1989, donde textualmente se expresaba: "En general, la justicia militar chilena se ha caracterizado, durante el presente régimen, por su dureza, amplio campo de acción, inclinación en favor del estamento del cual forma parte, su tendencia a arrogarse causas civiles, así como su dependencia del Gobierno". Y agrega: "Pero es a partir del nombramiento del fiscal militar ad hoc Torres Silva, que la justicia militar chilena, en manos de dicho funcionario, se desvía o aparta de las prácticas normales de la justicia militar en una sociedad democrática, lo que la hace particularmente reprobable. La tendencia a la hipertrofia, ya existente, se acentúa extraordinariamente hasta llegar a ser una de las características principales y uno de los medios para desnaturalizar las investigaciones hasta convertirlas en un instrumento especialmente odioso e injusto para reprimir y causar gran inseguridad en los ciudadanos". Y continúa: "Los juicios son larguísimos, con evidente y grave perjuicio de los imputados". Y el relator especial, que hizo entrega a la Comisión Asesora del Ministerio del Interior en materia de Derechos Humanos, de un documento que contenía varios ejemplares de juicios de aquella naturaleza, cuyos sumarios no se han cerrado, a pesar de que se iniciaron hace mucho tiempo, de dos a siete años, agrega que los inculpados están todavía detenidos, sin haber recibido sentencia: "Esta es, sin duda - dice- una situación absolutamente aberrante".

Entre nosotros hay muchos ejemplos concretos de personas en esa situación. Sería largo referirse a todas ellas. Pero señalaré algunos casos sobre la forma cómo se ha dilatado la tramitación de los procesos y cómo se hace absolutamente necesaria la dictación o la aprobación de este proyecto de ley, para solucionar este problema humano, que es una herida abierta en la sociedad chilena. Valentina Álvarez Pérez, fue detenida cuando tenía 20 años; lleva cinco años en proceso, y aún no se le concede la libertad provisional. Eduardo Arancibia, -aclaro que no está procesado por delito terrorista- está preso desde 1980. Sólo señalo el caso de Karim Eitel, por ser sobradamente conocido. Todos sabemos la forma cómo fue torturada, incluso su imagen fue exhibida en las pantallas de televisión, imputándole a un distinguido abogado participación en conductas de tipo terrorista; a José Galiano. Son situaciones que, evidentemente, debemos solucionar.

El caso de Alfonso Esperguer. Se encuentra detenido desde el 26 de abril de 1983. Tampoco está acusado por ningún delito terrorista. No se le da concedido la libertad provisional. Arturo García: lleva más de diez años privado de libertad sin que se le conceda la excarcelación.

Hay casos especialmente dramáticos. La situación de Cristián Vargas Barahona. Tengo un certificado dado por Gendarmería, en que consta que padece de insuficiencia renal crónica avanzada, catalogada como síndrome de Berger. Por lo tanto, tendrá que vivir todo el tiempo sometido a diálisis, ya que un trasplante renal con toda seguridad fracasaría, por el carácter de la enfermedad. El pronóstico es bastante grave.

Con este proyecto se tratan de solucionar estas situaciones morales y de orden humano. El caso de Fermín Montes García, preso desde el año 1980 a quien hasta la fecha no se le concede la libertad provisional. Por último, está el caso de dos mujeres: Miriam Angélica Ortega Araya, presa desde hace más de diez años; tiene tres hijos y aún no se le concede la excarcelación, y el de Cecilia del Carmen Radrigán Plaza, con un hijo, lleva más de diez años privada de libertad, sin que hasta la fecha haya podido ver a su hijo fuera de la cárcel.

Estos son ejemplos claros del problema humano y social que procuramos afrontar con este proyecto. Por eso pido a los Diputados de la Oposición que se hagan cargo de las aberraciones jurídicas y morales que implica el que algunas personas estén presas durante cinco, siete, diez u once años, sin que se dicte sentencia y sin que se les conceda la libertad provisional, que es un derecho plenamente establecido en nuestra Constitución Política.

Al margen de lo expresado por el señor Presidente, por el señor Ministro y por el colega Cornejo, este proyecto de ley se apoya en claras disposiciones de la Constitución y del ordenamiento jurídico internacional. El artículo 19, número 3, de nuestra Carta Fundamental, señala claramente que "Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento". Pretendemos sólo eso, que el legislador dé las garantías, en este caso, de un racional y justo procedimiento. Al margen de esto, existen en la legislación internacional diversas convenciones suscritas por Chile, las que, como expresó el señor Ministro, establecen la obligatoriedad de otorgar la libertad provisional.

Complementando las informaciones dadas, me referiré a dos artículos relacionados con la legislación internacional que rige especialmente para nuestro continente.

La Declaración Americana sobre Derechos Humanos de Bogotá, de 1948, establece categóricamente en su artículo 25: "Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada; o, de lo contrario, a ser puesto en libertad".

La Carta de San José de Costa Rica establece textualmente: "Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso.".

Para no privar a otros colegas de su justo derecho a usar de la palabra en un proyecto tan importante como éste, sólo quiero insistir en que es nuestra propia Constitución Política, en su artículo 5°; la legislación internacional, y, especialmente, la legislación americana, y las razones humanas y morales tan brevemente expuestas, las que nos obligan, perentoriamente, a dar nuestra aprobación a este proyecto de ley. Con ello estaríamos contribuyendo a la reconciliación entre los chilenos. Es muy difícil hablar de reconciliación y muy fácil hablar contra la violencia, cuando nos toca vivir situaciones tan dramáticas, como las que existen en la sociedad chilena, y que, personalmente, me ha tocado verlas casi a diario, en nuestras cárceles. Hay personas que llevan tres, cinco, siete, diez u once años privados de libertad y, hasta la fecha, no se les concede ni siquiera la libertad provisional, ya que los procesos se han demorado excesivamente. Por lo menos, establezcamos los mecanismos para que sea posible su excarcelación.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, las palabras del Honorable señor Aylwin me ahorran reflexiones para decir que éste es un proyecto, en su inspiración, absolutamente justo y necesario.

La Cámara, como lo hemos dicho durante la tramitación de las leyes Cumplido tiene la obligación de corregir las ineficiencias que se han ido demostrando en la aplicación de esta ley.

Además, es un espíritu concordante con las normas de un estado de derecho el que las personas tengan un justo y rápido juicio. Los procesos no pueden demorarse eternamente. Fue en razón de esa visión que aprobamos la semana pasada en esta Cámara, por unanimidad, un proyecto de ley que designó ministros suplentes, precisamente con el propósito de acelerar la tramitación de los juicios.

Ahora, compartiendo todas y cada una de las palabras del Honorable señor Aylwin, reiterando que apoyo éste proyecto justo, me pregunto cómo somos eficaces para lograr el fin deseado, cómo ayudamos para que los presos políticos salgan en libertad, cómo ayudamos para que las sentencias se dicten con prontitud. Y a mí me parece que desde este punto de vista tendrá que sufrir modificaciones en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en su segundo informe. Quiero explicar brevemente porqué.

En primer lugar, hemos debatido si el artículo es o no constitucional. Con todo el respeto que me merecen mis Honorables colegas, creo que ha sido una discusión ociosa, porque aun cuando aprobáramos la letra d) del proyecto en los términos planteado por el Ejecutivo, los jueces nunca estarían obligados a otorgar la libertad provisional a los reos en cuestión si estiman que son peligrosos para la sociedad. Estarían siempre habilitados para dictar una resolución en este sentido. Basta comparar el texto del proyecto con el de la Constitución.

¿Qué dice el proyecto cuya constitucionalidad discutimos?

Expirados cualesquiera de estos plazos sin que se haya dictado la sentencia correspondiente, el tribunal deberá disponer de inmediato la libertad provisional...". En cambio, la Constitución dispone que la libertad provisional procederá -hasta aquí hay plena concordancia- a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario, peligro para la sociedad, etcétera.

En derecho, la Constitución prima siempre sobre una ley. En consecuencia, una facultad u obligación que se impone al juez mediante una ley, no anula la facultad que siempre tiene, por disposición constitucional, de denegar la libertad provisional. ¿Cuándo está obligado de acuerdo con la ley? Se ha citado, por ejemplo, el Código Penal. Cuando el reo ha sido absuelto, por supuesto, porque no ha cometido delito, o cuando ha sido sobreseído.

En este caso, aun cuando la unanimidad de los parlamentarios aprobara el proyecto tal como está, los jueces siempre podrían ejercer su facultad constitucional de denegar la libertad provisional, por cuanto la Constitución tiene un rango superior al de la ley.

Superado el tema de si el artículo es o no constitucional, de ninguna manera las disposiciones son incompatibles. El proyecto impone una obligación al juez, sujeta al derecho constitucional de no hacerlo a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada como necesaria, etcétera.

De modo que la primera conclusión, como parlamentario interesado en solucionar el problema, es que el proyecto de ley es ineficaz en la forma en que está redactado.

¿Por qué es ineficaz? La directiva del Partido por la Democracia se entrevistó con el Presidente de la Corte Suprema para tratar el tema. El nos expresó que la norma, como está redactada, coarta la libertad del juez para dictar sentencia, porque le impone un plazo perentorio; y hay procesos tan voluminosos en los cuales es materialmente imposible, aun con la mejor voluntad, fallarlos dentro del plazo de 45 o 60 días o el que fije la ley. Según su afirmación, no se puede obligar al juez a dictar sentencia dentro de un plazo si es material o físicamente imposible.

Respecto de la constitucionalidad, el Presidente de la Corte Suprema dijo que no se pronunciaba, porque el alto tribunal sólo podía dictaminar si una norma legal es o no constitucional en el contexto de un recurso de inaplicabilidad, que no es el caso.

Ahora, los Honorables señores Diputados podrán preguntar qué importancia tiene la opinión del Presidente de la Corte Suprema? para mí tiene mucha, desde el punto de vista de la eficacia de lo que queremos hacer, porque hay un tercer argumento que hace ineficaz el proyecto en la forma en que está redactado.

En mi opinión, no se puede conceder un beneficio al reo como sanción por incumplimiento de una obligación por parte del juez. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo en la letra d): "El incumplimiento de los plazos establecidos en este artículo será considerado infracción grave a los deberes ministeriales, de conformidad al artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales."

Entonces, si el juez no falla en 30 días, hay incumplimiento a los deberes ministeriales. Por ley otorgaremos al reo un beneficio que se basa en el incumplimiento de un juez, lo que también, desde mi punto de vista, puede contradecir la Constitución, que entrega a la Corte Suprema -no a la ley- la superintendencia correccional de los tribunales.

La propia Constitución dispone que ninguna autoridad puede arrogarse otras facultades sino aquellas que señale expresamente la Constitución y la ley.

De manera que por la vía de una ley no podemos sancionar a los jueces por infracción a deberes ministeriales contemplados en el Código Orgánico de Tribunales, respecto de los cuales la Corte Suprema es la llamada a ejercer la sanción.

En el Parlamento se encuentra un proyecto del Ejecutivo para reformar el Poder Judicial. Entre las reformas está, precisamente, este elemento peculiar de nuestro ordenamiento jurídico, cual es que a la Corte Suprema le corresponde la superintendencia correccional de los tribunales. La única facultad externa dice relación con la acusación constitucional por notable abandono de deberes, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución. Pero, este es otro tema y no tiene nada que ver con el proyecto.

En consecuencia, compartiendo todas y cada una de las expresiones del Honorable señor Aylwin, el proyecto carecerá de eficacia por las razones que he indicado. Además, si la propia Corte Suprema ha manifestado una opinión negativa, en circunstancias de que ella es la llamada a implementar estas normas, y a aplicar las sanciones y, en definitiva, a interpretar si el juez puede o no denegar la libertad provisional en razón del texto constitucional, vendemos la ilusión al pretender que la cosa se arreglará para los que están detenidos. A mi juicio, la cosa no se arreglará con la iniciativa en estudio.

Debe haber una solución. Desde luego, es más conducente -he presentado indicación en este sentido- que el juez, en ejercicio de la atribución constitucional, que tiene de todas maneras deniegue la libertad provisional mediante resolución fundada. Por lo tanto, hay un antecedente. En principio, establecer una presunción en favor del reo preso cierto número de años, ó 18 ó 24 meses, por ejemplo -presunción simplemente legal, porque jamás podrá ser de derecho, pues estaría en contra del espíritu de la Constitución-, no constituye un peligro para la sociedad. Si el juez estima lo contrario, tendrá que declararlo así mediante una resolución fundada, que podrá ser objeto de los recursos legales correspondientes o del debate que sea menester.

Por último, el Presidente de la Corte Suprema se ha comprometido a reunir al pleno de la Corte Suprema, inmediatamente que sea requerido por la Cámara de Diputados, para emitir una opinión sobre artículos pertinentes al proyecto de ley en los casos en que procede dicha consulta, de acuerdo con lo que establece el artículo 74 de la Constitución Política.

Esto es importante, porque hay dos caminos: uno, de la descalificación mutua, de las acusaciones mutuas y de la confrontación, que lleva a la aprobación de la iniciativa por mayoría en la Cámara y al rechazo por mayoría en el Senado. No hay que olvidar que la materia es de ley orgánica constitucional y requiere un quórum bastante alto. La consecuencia directa de esta alternativa es que los presos por delitos de motivación política continuarán en tal situación por mucho tiempo más.

A mí no me gusta este camino; siempre me he negado a seguirlo y me niego ahora. El único conducente es en el que tratamos de ponernos de acuerdo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que consideran la opinión de la Corte Suprema y lleva a una norma eficaz. No sacamos nada con acordar que el artículo es constitucional, por tantos votos a favor y tantos en contra, como sea, en circunstancias de que la Corte Suprema no está de acuerdo con él y, en definitiva es la llamada a resolver sobre estos casos.

En consecuencia, hay que aprobar el proyecto en general, de todas maneras, y en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el señor Ministro y los parlamentarios de Gobierno y de Oposición, debemos hacer un gran esfuerzo para obtener una norma eficaz. En esto, me sumo plenamente a lo señalado por el Honorable señor Aylwin. No es justo, ni ético, ni moral, ni razonable que en Chile haya personas detenidas durante años y todavía no tengan ni siquiera la esperanza de que se dicte sentencia en sus procesos.

Nunca hemos pedido que se deje en libertad porque sí, de la noche a la mañana, a los presos políticos. Queremos que mediante este proyecto los tribunales condenen o absuelvan, pero ahora, en 10, en 30 o en 90 días más; no en 10 años más, puesto que esto violenta las normas básicas y fundamentales de todo ordenamiento jurídico.

Es de responsabilidad de la Cámara de Diputados, en especial de los parlamentarios de Oposición, a quienes hago un llamado, que en forma constructiva busquemos una solución al problema y aprobemos una norma eficaz, que cumpla con el propósito que deseamos a través del proyecto.

He dicho.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, si acogiéramos la argumentación del señor Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido, quedarían completamente despejadas las dudas sobre la constitucionalidad y eficacia del proyecto, presentadas por la bancada de la Derecha y acogidas por el Diputado señor Schaulsohn, ya que hay un problema de fondo.

El plebiscito de julio de 1989 produjo una reforma a la Constitución que incorporó en su artículo 5°, es decir, en el capítulo de las bases de la institucionalidad - capítulo ordenador respecto del resto del texto constitucional-, los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular, los Pactos sobre Derechos Civiles y el llamado Pacto de San José, muy elocuentes y categóricos en lo referente a la materia en discusión.

En consecuencia, si el debate no se ubica exclusivamente en la interpretación del número 7, letra e) del artículo 19, de la Constitución y, por el contrario, se asume el hecho de que la Constitución de 1980 fue modificada en su artículo 5° por el plebiscito, estamos en condiciones de decir que el proyecto de ley es absolutamente eficaz, porque el referido artículo 5° prevalece respecto de las opiniones vertidas, e, incluso, de las justas y legítimas dudas que sobre el particular pueda tener el Presidente de la Corte Suprema. Es decir, los tratados internacionales sobre derechos humanos fueron fruto de la voluntad popular del país e incorporados a las bases de la institucionalidad en el artículo 5° de la Constitución de 1980.

En la práctica, con el transcurso del tiempo, se ha ido escamoteando el resultado del plebiscito de julio de 1989. En el hecho, se ha olvidado y desconocido una reforma constitucional que afecta al fondo, a la esencia del ordenamiento jurídico del país. Es decir, la insistencia de la Derecha política en este punto significa pasar por alto nada menos que el plebiscito.

En otras palabras, en el Parlamento hemos asistido reiteradamente, en el corto período de transición, a un esfuerzo sistemático para ignorar las consecuencias políticas y jurídicas del plebiscito del 5 de octubre de 1988, que abrió camino a una solución de desplazamiento político y pacífico de la dictadura, que pretendía perpetuarse, y generó las condiciones para que se pactaran entre las Concertación Democrática y Renovación Nacional -entre marzo y abril de 1989- los elementos que posteriormente se plebiscitaron en junio de ese mismo año.

En consecuencia, estamos ante un problema jurídico y político de fondo y es hora de que digamos con claridad si se quiere o no aceptar que el ordenamiento constitucional vigente en el país incorporó los Tratados sobre Derechos Humanos con rango constitucional. Este es el punto de fondo.

Aquí, reiteradamente se ha tratado de escamotear la realidad. Si se aceptara que los dos eventos plebiscitarios que obtuvieron el pronunciamiento en conjunto de la ciudadanía tienen rango constitucional, la discusión en la Cámara de Diputados quedaría completamente despejada.

El punto de fondo consiste en saber si aceptamos o no que ha habido un proceso de transición, cuyos acuerdos políticos han sido refrentados después por la voluntad popular en un plebiscito. La Derecha política, repuesta de la derrota del 5 de octubre, ha tratado posteriormente de desconocer sus consecuencias e, incluso, ignorar lo incorporado al texto de la Constitución de 1980.

Desde este punto de vista, estimamos que el proyecto es completamente eficaz y tiende a poner punto final a lo que en la discusión anterior también se ignoraba: que las personas detenidas por delitos políticos o vinculadas a ellos, han sido abiertamente discriminadas durante los últimos cinco, seis, ocho o diez años; han sido víctimas de abusos, atropellos, torturas y violación de sus derechos humanos. En consecuencia, el proyecto de ley es de reparación y está en armonía con el artículo 5° de la Constitución. Es perfectamente legítimo y eficaz para resolver el problema de los presos políticos de Chile.

He dicho.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, el hecho de que una mayoría circunstancial haya decidido que las normas del proyecto son constitucionales no implica que el tema se haya terminado de discutir o que la votación vaya a declarar constitucionales normas que no lo son.

El Diputado señor Schaulsohn tiene razón al señalar que la Constitución Política prima por sobre la ley. Por eso, los Diputados no podemos aprobar iniciativas que son abiertamente inconstitucionales.

En cuanto al fondo, quiero señalar que votaremos en contra de la idea de legislar, porque el proyecto, además de la in- constitucionalidad señalada anteriormente, también es arbitrario por cuanto establece normas que harían que un grupo de personas tenga privilegios o beneficios extraordinarios respecto de otras que se encuentran en su misma condición.

En el proyecto que aprobamos la semana pasada, sobre designación de ministros suplentes, se señaló que hay personas que están procesadas por otros delitos y que se encuentran en la misma situación que las denominadas "presos políticos". Debe considerarse que ellas están siendo sometidas a proceso en conformidad con las normas legales vigentes, y que la Constitución ha señalado que los delitos con carácter de conducta terrorista, no son delitos políticos, sino comunes. Por lo tanto, la ley no podría crear una categoría distinta de personas que están en situación similar.

En relación con los plazos que otorgaría el proyecto a los jueces para dictar las sentencias respectivas, es necesario señalar que la letra a) del artículo único establece que el ministro designado "deberá dictar sentencia dentro del plazo de 45 días, contado desde su designación,...". Vale decir, si hoy día se designa un ministro, tendrá un plazo de 45 días para dictar sentencia. Puede suceder que no reciba oportunamente el proceso y transcurra el tiempo; incluso, como se ha señalado en la Sala en reiteradas ocasiones, muchos de los procesos que se están ventilando en los tribunales en contra de los denominados presos políticos aún se encuentran en estado de sumario. Por lo tanto, recién se podría iniciar la etapa plenaria del proceso y deberá cumplirse cada uno de los plazos que establece el Código de Procedimiento Penal, razón por la cual el juez no tendrá tiempo para estudiarlos en profundidad y dictar sentencia.

Por ello, estimamos conveniente que, en el evento de establecerse un plazo, éste se cuente desde el momento en que el proceso se encuentra en estado de dictarse sentencia, de conformidad con lo que establece el artículo 499 del Código de Procedimiento Penal, con el fin de que se puedan cumplir todos los pasos que este cuerpo legal prescribe.

A nuestro juicio, el plazo que se establece para los tribunales de segunda instancia también es inconveniente, toda vez que los 60 días correrán por las peticiones que las propias partes puedan realizar. Por ejemplo, el artículo 513 del Código de Procedimiento Penal señala expresamente: "Ingresados los autos, la Corte se pronunciará en cuenta sobre la admisibilidad del recurso. Si nota algún defecto, mandará subsanarlo, y si encuentra mérito para considerarlo inadmisible o extemporáneo, se estará a lo prescrito en el artículo 213, del Código de Procedimiento Civil.

"En caso contrario, se mantendrán los autos en secretaría por el término fatal de seis días, para que las partes puedan presentar sus observaciones escritas,...-es decir, han pasado seis días desde el momento en que éstos han llegado a segunda instancia- "...y transcurrido dicho plazo, se oirá la opinión del fiscal, quien deberá dictaminar en el término de seis días;..." -van 12- "...pero si el proceso tiene más de cien fojas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 402". O sea, el tiempo va pasando y el plazo de 60 días que tiene el tribunal de segunda instancia se acorta considerablemente.

Por su parte, el artículo 517, del Código de Procedimiento Penal, establece la posibilidad de que "las partes puedan igualmente pedir, hasta el momento de entrar la causa en acuerdo, que ésta se reciba a prueba en segunda instancia", lo que significa que podrán alegar nuevos hechos y probarlos, para lo que se deberá abrir un término probatorio, cuyo plazo corresponde a la mitad del que se tiene en primera instancia; es decir, de diez días. El plazo sigue corriendo y el tribunal de segunda instancia no tendrá tiempo suficiente para dictar sentencia.

Supongamos, que se cumplen todos los trámites y que, con posterioridad, alguna de las partes hace uso del derecho que establece expresamente el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, de solicitar la suspensión de la vista de la causa, de poder recusar a alguno de los ministros. En este evento, la causa tampoco podrá verse en esa oportunidad, los plazos seguirán transcurriendo y necesariamente habrá que aplicar una sanción al tribunal de segunda instancia por no cumplir con lo que la ley establece.

Señor Presidente, creo que el proyecto enviado por el Ejecutivo ha sido bastante apresurado, por cuanto no tomó en consideración argumentaciones como los que hemos estado señalando, indudablemente por tener que cumplir el compromiso político del Gobierno con los denominados "presos políticos". Además de ser discriminatorio, afecta a todo el sistema procesal chileno, el que será beneficioso para un tipo de delincuentes o de personas sometidas a proceso, mientras que para otros habrá que seguir el engorroso trámite que establece nuestra legislación sobre la materia.

Por lo expuesto, creemos que el proyecto de ley no debe ser, aprobado y que, en el evento de buscarse un beneficio para los denominados "presos políticos", debe hacerse en general para todas las personas que hoy día están siendo sometidas a proceso, a fin de no discriminar respecto de quienes se encuentran en una misma situación.

Estimamos que debe estudiarse un proyecto que no vulnere la normativa que existe en nuestra legislación sobre el proceso penal.

He dicho.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, voy a sostener algunos argumentos para apoyar la idea de legislar y votar en general el proyecto.

Me parece que se está incurriendo en una equivocación cuando se examina el proyecto como algo independiente de las "leyes Cumplido".

Un proyecto de esta naturaleza no tiene sentido si no se vincula con la ley que aprobamos por unanimidad, luego de largas discusiones, para establecer, por un lado, reglas generales en relación con los derechos de las personas con el fin de hacer más efectivo el debido procesamiento, y por otro, consagrar algunas normas excepcionales para el caso específico de algunos detenidos por delitos con motivaciones políticas.

La intención consistía en facilitar procesalmente todas las reglas que permitieran solucionar el caso de los presos políticos. En esto hubo acuerdo político y legislativo.

Lo que ha sucedido es que la práctica judicial está entorpeciendo la voluntad unánime del legislador.

Los tribunales y los magistrados alegan recargo de trabajo. Hemos aprobado la ley que autoriza la designación de ministros suplentes, para liberarlos de esa carga de trabajo y se dediquen a esta situación excepcional.

Sin embargo, ha habido aplicación de atajos y de dilaciones procesales que resultan contradictorias con el espíritu del legislador. Con nuestra voluntad. No se respetan los plazos que se fijaron para dictar sentencia en las normas excepcionales; no se cumplen las reglas de preferencia en la vista de las causas; no se cumple con la unidad del procesamiento, porque los magistrados han desacumulado los procesos, y se han creado contiendas de competencias artificiales.

Los tribunales han estado dando una aplicación práctica a las leyes Cumplido que resulta contraria a la intención del legislador. En consecuencia, el proyecto sale al paso de esta situación para solucionar estas discrepancias entre la práctica judicial y nuestra voluntad.

¿Cuáles son los objetivos? Primero, desahogar el trabajo de los jueces, cosa que ya hicimos en la ley anterior; segundo, darles oportunidad para que dicten sentencia con cierta rapidez, sin que ello signifique que deban absolver, y por último, dar oportunidad para que el derecho constitucional a la libertad provisional no se obstaculice en forma definitiva.

Si este es el sentido de proyecto, debemos apoyarlo en general y, luego, tratar de perfeccionarlo.

Se dice que estaríamos obstaculizando la labor del magistrado. Como argumentan algunos distinguidos colegas de la Oposición, estimo que el juez puede denegar la libertad provisional; pero no lo puede hacer para siempre, porque de esa manera obstaculiza indebidamente el derecho constitucional a requerirla y a gozar de ella.

De ahí que piense que este proyecto no obstaculiza en nada que la persona pueda obtener la libertad provisional, ni tampoco permite que indebidamente el juez sea quien impida gozar de ese derecho por la actitud contumaz de denegarlo sin dictar sentencia, dejando al procesado, en forma indefinida en una situación que repugna al derecho y a la justicia.

Por ello, estamos estableciendo un plazo durante el cual el juez puede ejercer su alternativa. Sin embargo, esta modalidad, contemplaba en la Constitución, fija un plazo extintivo a su derecho o a su alternativa. Y eso sí se puede hacer; porque hay un plazo para ejercerla. Esa norma parece natural y, además, obedece a un estricto sentido de justicia. Lo que no podría efectuarse constitucionalmente es impedirla de manera absoluta.

En mi opinión, ahora estamos cumpliendo una voluntad legislativa anterior para solucionar el caso de muchos presos políticos que estuvieron sujetos en la justicia militar a parodias de procedimiento, dando oportunidad para que el juez les dé libertad provisional o dicte sentencia. Con la impasividad del juez no estamos beneficiando a nadie, ni mucho menos a las víctimas. Por el contrario, estamos tratando que, por la vía judicial, prevalezca el derecho constitucional a la libertad provisional.

Sin embargo, considerando que el proyecto contiene imperfecciones, confío que en la Comisión se producirá un debate enriquecedor para sortear los puntos de eficacia de la ley, que tan atinadamente ha señalado el Diputado Schaulsohn, como también ciertos temas de dudosa constitucionalidad, para algunos miembros de la Oposición.

Pienso que con la voluntad del legislador para mantener esta situación de excepción de los presos por motivos políticos dentro de un cauce que permita hacer justicia, se enriquecerá este proyecto. Ante esa posibilidad, lo votaré favorablemente en general, esperando que se perfeccione en la Comisión.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, deseo fundamentar las razones por las cuales vamos a votar en contra de este proyecto.

En primer lugar, haré una precisión respecto de la intervención de un parlamentario del Partido Socialista, en el sentido de que nosotros estaríamos desconociendo el contenido de la reforma constitucional expresada en el artículo 5° de la Carta fundamental.

Nada tiene que ver que en ese artículo 5e se establezca que es deber del órgano del Estado respetar y promover tales derechos -se refiere a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile- con que estemos discutiendo un proyecto de ley respecto del cual debemos determinar si hace más eficaces las actuales normas jurídicas tendientes a agilizar los procesos.

Somos firmes partidarios de que se agilice la tramitación de todos los procesos, incluso en el entendido de que todos ellos tienen distintos grados de agilización. Así está consagrado en nuestra legislación al establecer, por ejemplo, que los procesos donde hay reo preso tienen preferencia para su vista y, por lo tanto, obviamente, tienen un trámite de agilización mayor que aquellos en donde no lo hay.

El punto de fondo consiste en determinar si efectivamente este proyecto hace más eficaz la actual legislación para agilizar estos procesos. La respuesta nuestra es que no la hace más eficaz. ¿Por qué? En primer lugar, porque en definitiva aquí se deben considerar tres importantes normas.

La primera exige al tribunal de primera instancia -en este caso, un ministro de Corte- que falle en el plazo de 45 días, período que se cuenta desde la designación del ministro. Existe un aforismo que dice que a lo imposible nadie está obligado. En este tipo de casos, pueden pasar 15 ó 20 días antes que el juez, materialmente, siquiera reciba el expediente, o antes de haberse cumplido las diligencias para mejor resolver. Por lo tanto, todo indica que una norma bien redactada, como lo propone la propia Corte Suprema, debe establecer que dicho plazo se cuenta desde el momento en que la causa se encuentra en estado de ser fallada. Lo que resulta peor es que la actual legislación señala que los tribunales de primera instancia están obligados a fallar en cinco días; por ende, estamos dando un plazo mayor que aquel que concede la propia legislación ordinaria.

¿Significa esto desconocer las leyes Cumplido? No, señor Presidente. Nos correspondió participar activamente en el estudio de esa legislación y reafirmo hoy el gran valor que ellas han tenido para la transición y para perfeccionar los derechos de las personas, garantizados en los textos procesales del país.

Pero la disposición comentada, lejos de agilizar los procesos de las leyes Cumplido, crea normas ficticias, en términos de que no va a ser posible cumplirlas, dilatándose una vez más la culminación de los procesos.

La segunda disposición establece que en la segunda instancia la sentencia debe dictarse dentro del plazo de 60 días. ¿Qué dice la actual ley con respecto al plazo dentro del cual ordinariamente deben dictarse las sentencias? Señala que el tribunal fallará inmediatamente o dentro de seis días; pero este plazo se aumentará hasta 20 días cuando uno o más de los jueces lo pidiere para estudiar mejor el asunto, de lo cual se pondrá testimonio en los autos. O sea, les hemos dado treinta y tantos días más de los que el propio texto legal actualmente establece.

¿Ayuda eso a hacer más eficaz la tramitación de los procesos? Salvo que haya un error de suma en la cantidad de días, es evidente que este proyecto amplía los plazos actualmente vigentes.

El tercer aspecto lo han explicado, en mi opinión en forma muy acertada, los Diputados Schaulsohn y Urrutia, en el sentido de que cualquiera que sea el artículo o disposición legal que nosotros dictemos, promulguemos o aprobemos hoy, el juez siempre se reservará el derecho de limitar la libertad provisional -un derecho constitucional- cuando considere que el reo es un peligro para la sociedad o para la seguridad del ofendido.

Por lo tanto, la columna vertebral del proyecto, los artículos matrices, no sirven para nada y, en mi opinión, simplemente prolongan la solución de agilización de procesos, de la que siempre hemos sido partidarios.

Pero hay un argumento de fondo por el cual vamos a votar en contra de la idea de legislar: el que tanto se ha invocado en esta Cámara, en cuanto a la necesidad de concordar proyecto de esta importancia. No hubo ninguna voluntad para hacerlo en el trámite de la Comisión, y si no fuera por la intervención de un parlamentario de la Concertación, que generó la instancia que posibilitaba el segundo informe, el criterio de hacer tabla rasa habría significado que hoy ni siquiera este trámite se estaría realizando, sino que se habría despachado al Senado, donde no tengo duda de que se habría llegado a una iniciativa aprobada por la inmensa mayoría.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La Diputada María Maluenda le solicita una interrupción.

El señor ESPINA.-

Se la concedo, señor Presidente.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, no quiero, de ninguna manera, poner en duda las muy buenas intenciones de todos los señores parlamentarios, especialmente las del señor Espina, quien durante la campaña se comprometió públicamente en todo lo que significara respetar los derechos humanos, ni tampoco las de mi colega y compañero de bancada, el Diputado Schaulsohn; pero deseo subrayar que aquí no estamos discutiendo solamente un proyecto referido a una situación coyuntural, sino que está en juego un principio que ha destacado muy claramente el señor Ministro, cual es la validez de los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Quiero dejar en claro mi opinión al respecto, que no hace sino ratificar lo que Chile se comprometió a hacer a través del plebiscito que reformó la Constitución, lo cual ha sido celebrado internacionalmente al elegirse en la última reunión de la OEA, incluso a representantes de nuestro país, en importantes organismos defensores de los derechos humanos.

Confío en que este criterio, que va más allá del proyecto mismo que estamos discutiendo, sea el que prime en respeto de la Constitución y de los tratados internacionales, cuyo rango fue reconocido, como digo, a través de las modificaciones contenidas en el artículo 52.

Gracias, señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, vuelvo a insistir en que la materia de tratados internacionales no tiene relación ni vinculación con el proyecto en discusión, porque todos esos tratados establecen la existencia de la libertad provisional. Incluso la propia Constitución Política la consagra como un derecho. Lo que aquí estamos discutiendo es si la norma propuesta agiliza o no los procesos, materia que es absolutamente distinta.

Concluyo señalando que una cosa es la disposición para que en nuestro país se agilicen los procesos de cualquier persona, porque mientras no esté condenada la ley debe presumir que es inocente; y, otra, muy distinta, es tener la voluntad de que todas las personas procesadas, aun cuando fueren condenadas, queden en libertad.

Hago la distinción porque ése es un problema de fondo, de orden político, que queda a la vista en la intervención del Honorable Diputado señor Escalona.

El puede querer la libertad de todos los denominados "presos políticos", sean inocentes, culpables, hayan cometido delito de homicidio o participado en cualquier otro. La diferencia es que nosotros deseamos que se agilicen los procesos y tengan un juicio justo; pero, si son responsables, que cumplan las sentencias y las condenas que la ley chilena establece.

Le concedo una segunda interrupción al Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, con su venia deseo manifestar que cuando el Diputado señor Espina señala que este proyecto puede prolongar los plazos en vez de acortarlos, esa afirmación me preocupa, y creo que ella incide en la votación.

Quiero consultar si no habrá un error, en cuanto a que en un caso el plazo es contado desde que la causa se encuentra en estado de fallo, y en el otro, desde la recepción de la causa. Es evidente que un plazo breve, como el del primer caso, puede ser mucho más extenso que uno aparentemente más largo, pero contado desde la recepción de la causa. Si ese es el punto que produce la discrepancia, me gustaría que el Diputado señor Espina lo aclarara, porque lo considero muy importante para la forma en que votaremos.

He dicho.

El señor CAMPOS -

Señor Presidente, este proyecto de ley se refiere a cinco materias.

Por un lado, establece plazos de 45 y de 60 días, respectivamente, para que los ministros y las cortes de apelaciones a que hace referencia la ley N° 19.047 dicten sentencias, contados estos plazos desde la designación de tal ministro, o desde el ingreso de los autos en secretaría, en el caso de la segunda instancia.

A su vez, este proyecto de ley pretende otorgar la libertad provisional a aquellos presos políticos respecto de quienes no se dicta sentencia dentro de los plazos anteriormente indicados.

Igualmente, sanciona a los magistrados que no cumplen con tales plazos, y corrige ciertos errores de redacción de las leyes Cumplido.

Por último, amplía la competencia de los ministros de cortes de apelaciones a que hace referencia esa misma ley.

No hay que ser muy advertidos para darse cuenta de que la libertad provisional de los presos políticos es, sin lugar a dudas, lo que, desde un punto de vista coyuntural, figura como lo más importante dentro de este proyecto. Ya se ha referido a ello el señor Ministro de Justicia, y larga y emocionadamente el Diputado don Andrés Aylwin.

Personalmente, comparto todos los propósitos, fundamentos y motivaciones de este proyecto de ley. Sin embargo, no oculto que estimo que erró o equivocó de camino, y recurre a un procedimiento oblicuo, como si quisiera ocultar lo que en definitiva se pretende.

Si el propósito que anima a este proyecto es darle la libertad a los presos políticos, este tema debería plantearse derechamente, sin ambages, ya que no es pecado; por el contrario, es política y jurídicamente sustentable.

Los parlamentarios radicales no nos negamos a discutir, asumir o estudiar esta posibilidad. Si queremos abordar el problema de fondo, digamos que deseamos que los presos políticos, cuyos procesos se han dilatado por uno, dos, tres o cuatro años, obtengan la libertad. Pero expresémoslo y no recurramos -repito- a una forma un poco alambicada y oculta para alcanzar ese propósito. No derivemos nuestras debilidades, incapacidades y desacuerdos políticos al Poder Judicial, procurando obligarlo a que, en pocos días, solucione lo que otros, en años, no han sido capaces de resolver. No transformemos al Poder Judicial en un chivo expiatorio de nuestras incapacidades y deficiencias. Recordemos que sólo por ley N° 19.047 se cambió la competencia en este tipo de procesos, la cual entró en vigencia hace pocos meses. Ahora, queremos que los jueces y los ministros a que se hace mención en esa ley en el plazo de 45 ó de 60 días dicten sentencia; si no, los castigamos, a sabiendas de que usualmente no podrán cumplir con tales plazos.

¿Por qué digo esto? Porque, como se ha señalado por colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, en primera instancia el plazo de 45 días se cuenta desde la designación del ministro respectivo. Y este proyecto de ley violenta la realidad de los procedimientos criminales, ya que no distingue la etapa en que se encuentra un sumario. Quienes tengan un mediano conocimiento de la realidad procesal penal, saben que no es lo mismo un proceso criminal si se ha contestado o no la acusación. No durará lo mismo la primera instancia si está concluido el término probatorio o aún nos encontramos dentro del mismo. Por último, no será lo mismo esta instancia en un proceso criminal, en el que existen diligencias pendientes, oficios, peritajes y traslados, cuyo cumplimiento no depende de la voluntad del ministro sustanciador. Asimismo, no es lo mismo la primera instancia de un proceso criminal en el que existen uno o muchos reos, o en el que se persigue uno o varios delitos. Estas distinciones, por desgracia no las hace el proyecto de ley que estamos comentando.

Tampoco esta iniciativa de ley distingue la segunda instancia. Ella no es lo mismo en un proceso criminal, en el que se ha evacuado o no existe el informe del fiscal. Quienes conocemos el procedimiento penal, bien sabemos que el fiscal hasta puede solicitar nuevas diligencias en ese informe.

El colega Urrutia ya ha hecho referencia a las normas contenidas en los artículos 516 y 517 del Código de Procedimiento Penal, que permiten la posibilidad de abrir un término probatorio especial dentro de la segunda instancia.

Finalmente, no nos olvidemos de que las partes también tienen el derecho de suspender la vista de la causa.

Luego, me parece mucho más lógica y razonable la posición de la Excelentísima Corte Suprema cuando indicó que estos plazos debían contarse desde la fecha en que la causa estaba en estado de sentencia, tanto en primera como en segunda instancia.

Lo que me parece más aberrante es pretender sancionar a los ministros, al Poder Judicial si no cumplen estos plazos, a sabiendas de que nunca los podrán cumplir. Nadie está obligado a lo imposible. El cumplimiento de los tratados internacionales no nos puede obligar a seguir caminos equivocados. Tampoco se les puede obligar a los jueces a que cumplan plazos, a sabiendas de que no los podrán hacer cumplir aún. No podemos obligarlos a que fallen sin mayores raciocinios y sin cumplirse las diligencias, pues, si lo hacemos, estamos afectando un derecho constitucional del procesado, como es el derecho al debido proceso. Si exigimos el cumplimiento de los plazos en los términos indicados en el proyecto, en la práctica los jueces van a dictar sentencia sin mayores fundamentos ni antecedentes, sólo para evitar la sanción a que hace referencia el proyecto de ley. Estos magistrados se encontrarían, francamente, en un caso de no exigibilidad de otra conducta.

Por eso, si bien comparto el propósito de la iniciativa de ley, no concuerdo con la solución que se propone. Por esa razón, personalmente no lo votaré en forma favorable.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente rechazaremos la idea de legislar respecto de este proyecto.

Lo haremos por las siguientes razones. En primer lugar, porque, a nuestro juicio, este proyecto de ley resulta manifiestamente inconstitucional. Ya dimos nuestros argumentos y fundamentaciones en el debate pertinente acerca de este punto. Agregamos, en esta oportunidad que, además de la inconstitucionalidad, se está aprobando un criterio jurídico que resulta del todo inconveniente, porque frente al incumplimiento del deber establecido a una autoridad judicial, en vez de aplicarle una sanción se le otorga un beneficio a los procesados en dicha causa, como es su libertad. Los incumplimientos de los deberes implican sanciones a la autoridad, pero no pueden significar un beneficio a un procesado, como se establece en este proyecto.

Al mismo tiempo, en relación con la inconstitucionalidad, quiero contestar el planteamiento formulado por el señor Ministro de Justicia, respecto del artículo 5e de la Constitución. Es cierto que dicha disposición dispone que los pactos o tratados internacionales que suscriba nuestro país se entienden incorporados a nuestra legislación; pero, en ningún caso, ello puede ser interpretado como que van a modificar la Constitución. Se entienden incorporados a nuestra legislación en el rango jurídico que tienen los pactos o tratados internacionales, el de ley; pero no puede entenderse o interpretarse que ello significa modificar el texto constitucional, porque ello implicaría una cesión o enajenación de nuestra soberanía, lo cual es del todo improcedente e inaceptable.

En segundo término, vamos a rechazar la idea de legislar porque el proyecto representa una manifiesta injusticia. Todos los procesados en Chile son víctimas del mismo problema: la lentitud en la tramitación de sus causas, lo que trae consigo que muchos de ellos se vean privados de su libertad por un largo tiempo. No me parece justo que este problema se tienda a solucionar, única y exclusivamente, en beneficio de un sector de esos procesados, como son los delincuentes terroristas o subversivos. Comparto lo dicho por el Diputado señor Schaulsohn, en cuanto a que esto constituye una injusticia, incluso una inmoralidad. Es cierto. Mantener privada de su libertad a la población penal, sin una sentencia, constituye una injusticia. Pero si vamos a reparar la injusticia o la inmoralidad, exigimos que sea con un criterio global y general, porque más injusticia y más inmoralidad genera el hecho de que dicha solución sólo sea para una parte de la población penal y no para todas las personas que se encuentren en igual situación.

Señalo también -porque el Diputado Schaulsohn así lo requirió- una manifestación de voluntad de nuestro partido. Tal como lo hicimos en anteriores oportunidades, estamos dispuestos a buscar soluciones, pero siempre y cuando éstas sean de carácter global y beneficien a toda la población que se encuentra en la situación de reo o procesado, y no sólo una parte de ella, como lo demostramos recientemente al aprobar el proyecto de ley relativo a los ministros de las cortes de apelaciones.

Es el criterio con el cual concurriremos a la aprobación de los acuerdos que se requieran: un criterio general y global y no particular o parcial.

En tercer lugar, nos oponemos porque el proyecto de ley establece un beneficio que resulta inmerecido. Las personas a quienes se favorece con estas facultades procesales siguen perteneciendo a los mismos grupos terroristas que continúan actuando hoy en Chile y cuya acción es de tal magnitud que el propio Gobierno, reconociendo dicha actuación, debió iniciar una campaña publicitaria con el objeto de impedirla, haciendo un llamado a la conciencia de la sociedad para trabajar en conjunto e impedir dicha acción. Las personas que obtendrían estos beneficios pertenecen a esos grupos de terroristas que siguen actuando. También debemos recordar, aunque con el paso de los días parece olvidarse que este proyecto de ley tiene su origen en una huelga de hambre, que el Ministro Cumplido calificó como de carácter político, lo que obviamente refleja una presión del todo indebida para el Gobierno y para este Congreso.

En cuarto lugar, rechazamos la idea de legislar, porque no podemos continuar avalando señales absolutamente incoherentes para seguir luchando en términos eficaces contra el terrorismo.

Estos beneficios a delincuentes terroristas y subversivos representan otra pésima señal que el Gobierno da en el combate contra el terrorismo.

Sin duda, resulta de todo incoherente que, junto con gastar cifras importantes de dinero en una campaña publicitaria contra el terrorismo, el Gobierno envíe un proyecto que tiene como única finalidad que los delincuentes terroristas y subversivos alcancen su libertad.

Si al Gobierno le importa conocer la opinión de la mayoría de la ciudadanía, medida por las encuestas, le recuerdo que el resultado es desfavorable, porque en este punto es considerado débil frente al terrorismo.

Y la razón del resultado de estas encuestas, de la opinión mayoritaria de la ciudadanía, se debe a estos proyectos de ley que el Gobierno somete a consideración del Parlamento.

Esta Cámara no debe continuar conociendo y aprobando iniciativas que benefician directamente a los terroristas, sino proyectos de ley que contribuyan a la seguridad de la población.

Le reitero una vez más al Gobierno que aún seguimos esperando el proyecto de ley para crear una oficina especial de seguridad pública para combatir el terrorismo. Se comprometió ante la opinión pública y diversos sectores políticos a enviarlo inmediatamente cuando ocurrió el asesinato del Senador Guzmán. Han pasado más de tres meses y todavía ni siquiera ha sido ingresado en la Cámara. En cambio, las iniciativas que favorecen a los terroristas se remiten con prontitud y se tramitan con la mayor agilidad. Repito: seguimos esperando ese proyecto de ley que el Ejecutivo se comprometió a enviar y que aún no ha llegado.

Finalmente, quiero señalar que estamos en presencia de una estrategia del Gobierno frente a los presos políticos que realmente resulta perversa.

El Gobierno sabe que un proyecto de esta naturaleza, de manifiesta inconstitucionalidad y de aplicación práctica nula, no generará ningún beneficio para los presos políticos.

Pero, ¿cuál es la estrategia del Gobierno? Les vende "voladores de luces", a los presos políticos, les comunica que enviará estos proyectos de ley que permitirán otorgarles su libertad, en circunstancias de que es imposible que se aprueben por su inconstitucionalidad; después les dice que no se ha podido legislar en su beneficio porque la Oposición se lo impide, "lavándose las manos" frente a este problema.

Resulta perversa esta estrategia porque, por una parte los presos políticos no lograrán ningún beneficio con la iniciativa que hoy se somete a nuestra consideración y, por la otra, se le deja la responsabilidad a la Oposición de rechazarlos por su inconstitucionalidad.

Quiero manifestarle al Gobierno que su estrategia es absolutamente perversa: no hay beneficio alguno para los presos políticos, y además, se obliga a la Oposición a asumir un riesgo que es absolutamente indebido por lo que nos ha tocado conocer, vivir y lamentar en los últimos tiempos en Chile. Y el Gobierno se "lava las manos".

Señalamos y denunciamos esto para que los denominados "presos políticos" tengan claro que el Gobierno les vende "voladores de luces" y después se "lava las manos".

Sin embargo, queremos dejar en claro que nosotros, como partido de Oposición, asumimos este riesgo y más allá de la estrategia perversa del Gobierno con respecto a esta materia, votaremos en contra, porque nuestro primer deber y responsabilidad es velar por la seguridad de la población y eso se hace combatiendo la acción terrorista con eficacia, con fuerza y sin debilidades ni temores.

He dicho.

El señor ROJO-

Señor Presidente, cuando se discutió esta norma, se tuvo presente la conducta reiterada, pertinaz, y el criterio sustentado por el Tribunal Constitucional, que, en casos similares, así lo ha sostenido. En opinión de vuestra Comisión, se estableció que, fundados los criterios sustentados por el Excelentísimo Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el proyecto que dio origen a la ley N° 19.047, donde lo analizó en forma minuciosa, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales los preceptos contenidos en las letras b) y f) del artículo único del proyecto que vuestra Comisión aprobó, por las cuales se sustituye el inciso octavo del artículo l2 de la ley N° 19.047, y se le agrega un artículo 12 transitorio.

Esa es la razón que tuvo presente.