Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde conocer, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal, en lo relativo a los delitos de robo y hurto.

Las modificaciones del Senado figuran en el N° 5 de los documentos de la Cuenta de la sesión 7ª. celebrada en 13 de junio de 1991.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, si bien se manifestó que el artículo 1° no tiene mayor problema, no es menos cierto que esta norma debe ser analizada junto con la letra a), que aparece en la página 3 del texto comparado. Al parecer, por razones prácticas, el Senado suprimió la declaración de los testigos. Al modificarse el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, los funcionarios de Carabineros e Investigaciones van a recibir una declaración jurada acerca de la preexistencia de las cosas sustraídas y una apreciación de su valor. De esta manera, se cambió lo acordado por esta Cámara, de que no bastaba la simple declaración jurada, sino que se requería la declaración de dos testigos. Entendemos que la supresión se hizo por razones prácticas, pero al analizar la letra a), comprábamos que esta situación será suficiente para someter a proceso al inculpado, circunstancia que se verá un tanto afectada con lo que dispone el artículo 147 del Código de Procedimiento Penal: "Siempre que sea necesario fijar el valor de la cosa objeto del delito, el juez interrogará acerca de este punto tanto al perjudicado como al presunto culpable.

Además, hará tasar la cosa por peritos y al efecto la proporcionará a éstos junto con los elementos directos de apreciación sobre que hubiere de recaer el informe y si no la tuviere a su disposición, les suministrará los datos que se puedan reunir, previniéndoles que hagan la tasación o regulación de presunto con arreglo a tales datos".

Esta situación me merece dudas, porque sabemos que, cuando se produce un hecho de esta naturaleza, todo afectado, de inmediato, le da un valor excesivo a sus especies, el cual tendrá una importancia trascendente para que el juez pueda calificar en qué caso se encuentra el inculpado.

Por eso, si bien creo procedente aprobar la disposición referida, debemos considerar que la supresión de los testigos va a tener importancia cuando analicemos la letra a). Esa es la observación que quería plantear.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, en relación con lo señalado por el Diputado don Hernán Rojo, el artículo 147 regula la situación que él ha descrito, pero en el caso de la sentencia definitiva, toda vez que la penalidad por los delitos de hurto guarda relación con el valor de la especie sustraída. Por lo tanto, en nada exime la circunstancia de que, objetivamente, se deba cumplir con la norma establecida en esa disposición, porque de igual forma el juez, durante la investigación estará obligado a acreditar el verdadero valor de las especies para determinar la penalidad, en el evento de que decida condenar al inculpado. De manera que no veo la contradicción que señala el Diputado señor Rojo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, en cuanto al artículo 83, aprobado por la Cámara de Diputados y modificado por el Senado, en mi opinión, el texto que sancionamos está más acorde con la doctrina procesal. La enmienda introducida por el Senado es excesiva desde el punto de vista de las adecuadas garantías que deben observarse en el proceso, por cuanto señala que en los delitos de hurto y robo la declaración jurada que practique el denunciante y la apreciación pecuniaria que formule el mismo, "serán antecedentes suficientes para acreditar la preexistencia y el valor de los objetos sustraídos, para el solo efecto de dictar el auto de procesamiento". Esto es, en la terminología habitual de nuestro país, para dictar el auto de reo en tales procesos, bastaría la sola declaración jurada del propio denunciante, suprimiéndose la existencia de testigos en la instancia policial, de Investigaciones, o judicial.

Ya la Cámara de Diputados había innovado en su proposición al establecer que los testigos de preexistencia podrían formular su declaración jurada en Carabineros o en Investigaciones. Pero el Senado va más allá: suprime los testigos para el solo efecto del auto de reo, y los reserva para que concurran con posterioridad, con la obligación de estar señalados en el parte policial. Pero el auto de reo, que es esencialmente provisional, tiene en la vida cotidiana un sesgo de ignominia para las personas que lo sufren en su vida de relación y, sobre todo, en los medios de comunicación.

En consecuencia, no estoy de acuerdo con la modificación que introduce el Senado por cuanto, de ser aprobada, se prestará para innumerables abusos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero consultar si trataremos el artículo 1° en su conjunto o desglosado, de acuerdo con las modificaciones introducidas por el Senado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Como ellas son básicamente de redacción, estamos tratando del artículo 1° en su conjunto.

El señor ELGUETA.-

Entonces, me referiré en especial a las modificaciones a los artículos 83 y 156, que aparecen en los números 1 y 5.

El texto aprobado por el Senado es menos burocrático, porque suprime los dos testigos. Pero ambos textos mantienen los defectos que indiqué en la discusión sobre esta materia en una sesión celebrada con anterioridad. Incluso, la prolebrada con anterioridad. Incluso, la proposición del Senado es más imprecisa que la de la Cámara, por cuanto la declaración jurada del denunciante constituye un antecedente suficiente para acreditar la preexistencia del valor del objeto sustraído, para el solo efecto de dictar el auto de procesamiento. Digo que se mantienen los defectos, porque el auto de procesamiento tiene por objeto determinar la forma en que se tratará al delincuente, y de allí emana su libertad provisional y los embargos para la responsabilidad civil.

En consecuencia, no obstante existir una tasación posterior para los efectos de la sentencia definitiva, se pueden provocar daños y retardos en la libertad de la persona sindicada como culpable, a pesar de estar sujeta sólo a un auto de procesamiento.

Ahora, respecto al número 5) del artículo 1° del proyecto, me pregunto: ¿Se puede concebir que la policía tenga más facultades que un juez? Me estoy refiriendo a la entrada y registro en lugar cerrado, es decir, al allanamiento.

Según el mecanismo actual, los tribunales decretan la entrada y registro en cualquier edificio o lugar cerrado, sea público o particular, cuando hubiere indicio de encontrarse allí el inculpado o procesado, ó efectos o instrumentos del delito. Ese registro se puede hacer entre' las siete de la mañana y las veintiuna horas. Excepcionalmente podrá verificarse, decretado por el juez, fuera de esas horas, en casas de juego o de prostitución, o habilitadas por las personas que en la norma legal se señalan. En caso de que urja practicar la diligencia, el decreto será fundado. Es decir, el magistrado tiene en la ley una serie de cortapisas para actuar en cuanto a los lugares, horas y a los requisitos del decreto o resolución que deba dictarse.

Sin embargo, este número 5) ya sea en la norma aprobada por la Cámara de Diputados o ya sea en la modificación del Senado, se establece que la policía pueda entrar a cualquier recinto, a cualquiera hora, y ella misma decidir si existen fundadas sospechas para, en los casos calificados por la ley, proceder al allanamiento, sin requerir el decreto que debe emitir el Juez. O sea, se está frente a una situación en que la policía tiene más facultades que el juez. Esto es absurdo, injusto y contraproducente para lo que se pretende remediar.

En consecuencia, como en las proposiciones planteadas para agregar incisos a los artículos 83 y 156 del Código de Procedimiento Penal, contenidas en los números 1) y 5) del artículo 1° del proyecto, respectivamente, tanto en la norma aprobada por la Cámara como en la modificación del Senado, básicamente, se mantiene la misma idea, me voy a abstener.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación, entonces, el inciso primero del número 1).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 11 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada la modificación del Senado.

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Se trata de una cuestión práctica.

La única modificación que ha introducido el Senado a este inciso consiste en invertir el orden de la expresión "de los delitos contra las personas, de hurto y robo", sugiriendo la forma: "de delitos de hurto o robo o de delitos contra las personas". O sea, se hace ahí un cambio de redacción, manteniéndose el resto de la disposición en iguales términos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 11 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobadas las modificaciones del Senado, salvo la del número cinco

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Letelier.

El señor LETELIER.-

Cuando previamente ofreció la palabra, entendí que era sobre el número 1) y no respecto del 5).

Comparto el criterio del Diputado Yunge, en orden a desglosar la votación, porque aquí se han introducido cambios muy serios. Pero antes, desearía entregar mi opinión respecto de las modificaciones del Senado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, una sola cosa. No tenemos para que entrar al fondo de esto, sino sólo pronunciamos sobre la modificación del Senado. No sobre el fondo del primer inciso, que no tiene modificación, y que, por tanto, está aprobado.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, pido la posibilidad de entregar mi opinión sobre las modificaciones del Senado, que plantean la idea de rebajar penas.

Ahora, si los funcionarios de Carabineros e Investigaciones hacen estos allanamientos o estas revisiones en la forma propuesta, se produce una situación que, incluso, hace ridículas ciertas disposiciones aprobadas en el primer trámite, por cuanto, dado que no es necesaria la autorización previa, la constancia, prevista en la norma, tal como está redactada, en nuestra opinión, no tiene gran valor.

A nuestro juicio, esta modificación -que es tan legítima como las demás- otorga una carta abierta para que funcionarios policiales o de Investigaciones puedan cometer abusos en las prácticas de allanamientos. No habrá nadie que sea tomado en consideración, incluso si tiene alguna oposición que plantear. Es más, refleja la voluntad del Senado, al señalar que la pena que merecería algún funcionario que no respeta la norma legal, es considerablemente rebajada. Aquí existe la manifestación de una voluntad, que constituye el fondo de estas modificaciones, que no compartimos.

En nuestra opinión, la forma como salió aprobado el proyecto de la Cámara no era muy buena, pero la proposición del Senado la consideramos francamente pésima, razón por la cual la rechazaré.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Sólo para pedir el desglose de la votación, de manera que lo de la penalidad se pueda votar separadamente de la primera parte, por cuanto el Senado ha rebajado la pena aplicable a los funcionarios policiales infractores de la norma del penúltimo inciso propuesto. La Cámara de Diputados estableció la pena máxima prevista en el artículo 155 del Código Penal y, en cambio, el Senado propone reclusión menor en sus grados mínimos a medio o la suspensión en cualquiera de sus grados.

El señor VIERA GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, es para pedirle, con mucha sinceridad, al Diputado señor Letelier que no emitamos juicios que carecen de fundamento y que no se avienen con los textos legales que estamos aprobando.

En primer lugar, porque tal como lo ha expresado el señor Ministro, el Senado ha extendido la sanción. El Diputado señor Letelier sostiene que ésta sería menor. La figura tipificada en la Cámara estaba exclusivamente limitada al caso de que el funcionario policial no hubiere remitido al tribunal competente el certificado en el plazo de 24 horas, una vez efectuada la diligencia.

El Senado ha extendido la sanción no sólo a aquella situación, sino que a lo que realmente era el espíritu de la Cámara: sancionar al funcionario policial que, abusando de su poder, practicara un allanamiento sin que concurrieran los requisitos establecidos en los nuevos incisos del artículo 156.

Respecto de la penalidad, estimo que la Cámara debe fijar un criterio al respecto. En la discusión de las "Leyes Cumplido" y por insistencia reiterada del Ministro de Justicia, y de acuerdo a todos los informes que recabamos, se adaptó el criterio de que no es conveniente dejar al juez con un grado en la pena, y que lo razonable era permitirle una latitud de la misma, que, como lo señala el señor Ministro, pudiera ser recorrida por aquél, atendidas las circunstancias especiales del caso. Y es así como, reiteradamente, le extendimos su latitud a todas aquellas penas que estaban compuestas por un grado, especialmente en la ley antiterrorista, en la que por indicación del Gobierno y con el apoyo de los parlamentarios de la Concertación, se estimó que no era conveniente que existiera un delito con un grado determinado, sino que dentro de la pena el juez pudiera recorrer distintos grados.

¿Cuál es la diferencia entre la Cámara y el Senado respecto de la pena? Concretamente, la diferencia está despejado en el punto anterior, en que la Cámara fijó una pena específica de un grado: reclusión menor en su grado medio.

El Senado, en cambio, repitió la norma del artículo 155 del Código Penal y señaló:

"Efectivamente puede ser castigado con presidio menor en su grado medio", pero le ha dado amplitud al juez, estableciendo dos grados: grado mínimo y grado medio.

Si hemos mantenido el criterio en la legislación penal en esta Cámara, de que no es conveniente que los jueces tengan un solo grado en la pena, sino que puedan jugar con dos grados, lo razonable y lógico es ser consecuente y, por lo tanto, aceptar que el juez pueda aplicar y recorrer la pena en estos dos grados. Pero rebaja de pena no hay, ya que ésta se materializa cuando el mínimo de la misma se disminuye, como si el Senado, por ejemplo, hubiere establecido la pena de presidio menor en su grado mínimo. Pero no tiene ningún sentido si lo hecho por el Senado, es simplemente permitirle al juez recorrer la misma pena que establece el artículo 155. Por lo tanto, la indicación del Senado es absolutamente razonable.

El Diputado señor Letelier me solicita una interrupción. Con su venia, señor Presidente, se la concedo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, entiendo que las modificaciones introducidas por el Senado son dos. Una, referida a las penalidades y otra, referida a si debe quedar alguna constancia en el acto del allanamiento otorgado por un funcionario policial o quién realice estas acciones. Por tanto, estimo que las modificaciones son dos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.- Pienso que si fuera efectivo lo expuesto por el Diputado señor Letelier él tendría la razón, pero ha leído mal la indicación del Senado, "Ha refundido en uno solo los incisos segundo y tercero que se agregan al artículo 156, redactando este último", o sea el tercero, "en la forma que se expresa enseguida". De manera que el inciso segundo se mantiene, y éste dice "Además, deberá otorgar al propietario o encargado del local, un certificado que acredite el hecho del registro, la individualización de los funcionarios que lo practicaron y de quién lo ordenó". Y, agrega a continuación de ese inciso la expresión "Copia de este certificado deberá adjuntarse al parte policial respectivo, el cual deberá enviarse al tribunal competente, dentro de las 24 horas siguientes de efectuada la diligencia". De manera que la aprensión del Diputado señor Letelier está resuelta. Entiendo que Su Señoría ha cometido un error al creer que el inciso segundo había sido derogado, en circunstancias de que sólo se ha agregado una frase y se mantiene el inciso segundo aprobado por esta Corporación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La redacción no era muy feliz. La Mesa coincide con lo expresado por el Diputado señor Espina. El inciso segundo permanece.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, entiendo la explicación dada por el señor Ministro y el Honorable señor Espina. El punto es que aquí se crea una nueva posibilidad respecto de las atribuciones tradicionales de la policía, y, en este caso, era conveniente señalar la pena con toda claridad. Ahora, para dilucidar bien este tema, es importante, que se trate en la Comisión Mixta, y para tal efecto habría que rechazar la modificación del Senado. En la Comisión voté a favor de este proyecto, y también lo haré en la Sala, pero la penalidad es un punto que, a mi juicio, amerita ser estudiado en profundidad.

Por ello, insistiré en que se divida la votación. Con su venia, concedo una interrupción al Honorable señor Molina.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, la pena alternativa que se propone en la modificación del Senado me parece que debe ser estudiada.

La Comisión aprobó por unanimidad la disposición sancionatoria que se crea en esta norma en la medida en que se aplicaba a un caso muy excepcional, que consistía en permitir el ingreso a recintos cerrados sin autorización del juez. En ese momento, hubo acuerdo de todos los sectores de que la penalidad debía ser muy precisa. Esta pena alternativa es la que confunde la redacción del texto.

En consecuencia, me inclino por el mismo criterio del Diputado señor Schaulsohn.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, quiero recordar el origen de la nueva redacción del artículo 156. Cuando en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia estudiamos la materia, hubo acuerdo unánime para conceder determinadas facultades a Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, tratándose del caso de delito flagrante. Tuvimos presente la necesidad de advertir la severidad de la sanción para el caso de infringir la norma que se había redactado, y esa severidad la identificamos con la pena máxima prevista en el artículo 155. Esto es, para aprobar la disposición sustantiva, en materia de delito flagrante, la autorización, a Carabineros y Policía de Investigaciones, partimos de la base de que la infracción a ese precepto traería aparejada la pena máxima prevista en el artículo 155.

La modificación que hace el Senado, si bien corresponde al razonamiento del Honorable Diputado señor Espina, al mismo tiempo, escapa a las consideraciones que llevaron a la Comisión de Constitución de la Cámara a dar su aprobación a esta norma.

Por tales razones, votaré en contra de la proposición del Senado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, cuando se discutió este tema en la Cámara, varios señores Diputados votamos en contra, fundados en que no se había acogido esta disposición en la forma planteada primitivamente en el Mensaje del Ejecutivo, que exigía una autorización judicial para la realización del allanamiento, a través de un procedimiento expedito y rápido.

Desafortunadamente, en esa oportunidad, se aprobó la norma en la forma propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y no se permitió que pudiera ser objeto de una segunda discusión.

En mi opinión, esta situación es lamentable y se presta para debilitar lo que, en términos prácticos, significa el ejercicio de ciertas libertades y derechos fundamentales, especialmente en sectores populares, que quedan expuestos al peligro de arbitrariedades y de acciones que van en detrimento de tales derechos.

Lo que estamos discutiendo representa la posibilidad de que esas eventuales acciones puedan ser objeto de una penalidad. Ante el hecho de elegir entre dos opciones que me parecen negativas, estimo conveniente buscar el mecanismo y la fórmula que aseguren, por la vía de la penalidad, una minimización de los riesgos de atropello a los derechos de las personas.

En consecuencia, anuncio mi voto negativo a la proposición del Senado, y mi deseo de que la discusión de este tema se radique en la Comisión Mixta, en la cual los señores Diputados tratarían de conseguir una garantía efectiva de los derechos fundamentales, dentro de las limitaciones de la norma que se aprobó.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación, la primera modificación, que cambia el inciso tercero, porque el segundo permanece igual.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada la modificación del Senado en su primera parte.

Corresponde ahora votar la penalidad.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 23 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la última modificación al N° 5, sobre la penalidad.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, en discusión el N° 1.

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Por número 1 se agrega una circunstancia agravante nueva para todo tipo de delitos: tener la calidad de indultado.

En mi opinión, una agravante de esta naturaleza no es recomendable. Es excesiva.

El indulto puede consistir en rebajar la pena, conmutarla o suprimirla. Una persona puede ser indultada por delitos graves o por algunos que no lo son tanto. Por ejemplo, respecto de cuasidelito de lesiones o de homicidio por accidente de tránsito perfectamente se puede dictar un decreto de indulto. Esa sola situación incidirá, como una circunstancia agravante en la vida posterior de la persona.

Si uno analiza el título pertinente del Código Penal, concluye en que los diversos eventos y hechos que se producen en la comisión de delitos están debidamente contemplados, y en que esto, sencillamente, rompe la armonía que tiene el Código Penal en materia de circunstancias atenuantes, eximentes y agravantes, e incorpora un elemento que tiende a dislocar su estructura en esta parte.

Por esas consideraciones, votaré en contra de esta modificación del Senado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, sobre la misma materia quiero señalar que la agravante decimoquinta y decimosexta contempla en gran parte la situación de los indultados, al señalar: "Haber sido castigado el culpable anteriormente por delitos a que la ley señale igual o mayor pena" y "Ser reincidente en delito de la misma especie.".

En consecuencia, el indultado siempre es un condenado. En la reincidencia y por haber sido castigado anteriormente, se encuentra esta situación. De manera que la nueva causal de agravación de pena no tiene razón de ser.

Por último, quiero destacar que el artículo 93, número 4), dice: "La gracia de indulto sólo remite o conmuta la pena; pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento y demás que determinan las leyes."

Por estas razones, votaré en contra de la modificación que propone el Senado

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, me parece adecuado el criterio propuesto por el Honorable Senado al introducir esta modificación al Código. El indulto es un beneficio que se otorga en virtud de las disposiciones legales existentes, cuando concurren los requisitos exigidos. Ello implica que la persona beneficiaría de un indulto tiene una obligación mayor con respecto a la sociedad.

No me convence la argumentación del Diputado señor Bosselin. La considero más bien de tipo formalista, ya que no me explico por qué se va a desestructurar el Código Penal al agregar esta nueva agravante.

Me parece que corresponde a algo que la Cámara de Diputados no pensó en su momento y no lo discutimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Pero es un sano principio. Incorpora un elemento de aplicación general en nuestro ordenamiento jurídico, porque cuando hay un indulto, también existe la obligación correlativa de la persona favorecida toda vez que esto opera sólo cuando se comete delito. No es un estigma para la persona. La acompaña tanto como su condena previa. Forma parte de los elementos propios del delito anterior, por cuanto dejó de cumplir la pena o salió en libertad cuando se concedió el indulto.

De manera que, personalmente, me parece razonable la modificación del Senado y la votaré favorablemente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente y Honorables colegas, para la historia de esta ley debo dejar constancia de que, con anterioridad a la modificación que el Senado introdujo al artículo 12 del Código Penal que debatimos esta oportunidad, junto con el Diputado señor Ortega presentamos un proyecto de ley, prácticamente en el mismo sentido, ya que pretendía crear una nueva circunstancia agravante de responsabilidad penal, referida al indultado que volvía a delinquir. Sin embargo, con posterioridad, y por la vía de la indicación, un Honorable Senador, al parecer, hizo suya la idea contenida en la iniciativa que propusimos a la Cámara.

Ahora bien, obviamente y habida consideración de lo anteriormente dicho, soy partidario de la modificación introducida por el Senado.

Sobre el particular, quiero centrar la atención de los Honorables colegas en dos aspectos que desarrollamos en la fundamentación del proyecto de ley que presentamos con el Diputado señor Ortega.

En primer lugar, y como en cierto modo lo ha reconocido el Diputado señor Elgueta, si bien es cierto que las normas que se refieren a la reincidencia afectarán a todos los indultados, por regla general tal identidad no es absoluta. Hay muchos casos en los que un simple indultado no será considerado reincidente. Esto por una razón muy simple: las diversas formas de reincidencia que consagra nuestro Código Penal requieren de la concurrencia de algunos requisitos. No es necesario señalarlos uno a uno; pero es perfectamente posible que, jurídicamente, un indultado no tenga la calidad de reincidente y, en consecuencia, respecto de él no se aplicará la circunstancia agravante general de nuestro Código Penal. Ese solo argumento justifica o avala la procedencia de la creación de esta nueva circunstancia agravante.

En segundo término, el colega señor Schaulsohn ha hecho valer un argumento que es necesario profundizar. En mi opinión, la situación del simple reincidente es diferente a la del indultado que vuelve a delinquir. Ello, por una razón muy simple. El indultado que vuelve a delinquir está demostrando o evidenciando frente al Derecho una actitud de desprecio mucho mayor que la del mero reincidente, por cuanto fue objeto del perdón, de la gracia del Estado al haber sido beneficiado en el indulto.

A pesar de habérsele dado la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, el indultado que vuelve a delinquir –reitero- demuestra una actitud de rebeldía frente al Derecho, desprecia a la sociedad, no se reinserta en ella en los términos positivos exigidos en el momento de darle esa posibilidad. En consecuencia, desde el punto de vista subjetivo, siendo su actitud de rebeldía mayor que la del mero reincidente, debe traducirse necesariamente en un reproche jurídico mucho más severo. La forma de establecerlo es a través de la creación de una nueva circunstancia agravante de responsabilidad penal.

En cuanto a la pena, en la moción que planteamos con el colega señor Eugenio Ortega en el proyecto al cual hice referencia, no seguíamos el mismo criterio expresado en la modificación sugerida para el artículo 64, en el sentido de darle a esta agravante el carácter de privilegiada o calificada. Simplemente, éramos partidarios de establecer una agravante general.

Por último, creo que el autor de la indicación no estaba absolutamente compenetrado del espíritu que nos animaba, ya que omitió algo que es fundamental para' que pueda aplicarse la circunstancia agravante de responsabilidad penal: darle, desde el punto de vista de la prescripción, el mismo tratamiento que nuestro Código Penal indica para la reincidencia.

Por todo lo expuesto, anuncio que votaré favorablemente la creación de esta agravante.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, tengo mis dudas respecto de la modificación del Senado. Creo que sería mejor perfeccionarla en la Comisión Mixta.

Comparto el criterio del Diputado señor Schaulsohn, en cuanto a que el indulto es un beneficio y, por consiguiente, es legítimo y justificado establecer una agravante a aquella persona que ha sido favorecido con él. A la vez, comparto también el criterio expresado por el Ministro señor Cumplido, en términos de que la forma determinada por el Senado es extraordinariamente amplia.

Creo que esta agravante debiéramos circunscribirla a delitos que se muevan dentro de la misma especie y no dejarla en términos tan amplios, pues crearía situaciones que acarrearían muchas injusticias, como estar afecto a otro tipo de delito, de naturaleza completamente distinta, en virtud de la cual una persona recibió el beneficio del indulto, y ser afectado por una agravante.

Por esta situación, sería mejor que en la Comisión Mixta perfeccionáramos la norma, legítima en su concepción, circunscribiéndola a aquellos delitos de la misma especie, para no presentar situaciones de desigualdad o de injusticia respecto de delitos de otra naturaleza.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, quiero sumarme a muchas de las opiniones vertidas, en particular a la que dice relación con la calidad de inadmisible de la modificación del Senado, por no estar dentro de las ideas matrices del proyecto original.

Más allá de las consideraciones adicionales expuestas, como la del colega Chadwick y otras anteriores, como punto previo debemos resolver si la consideramos aceptable o no.

Personalmente, no la encuentro aceptable. Es más, creo que la modificación está inspirada en un enfoque más bien sesgado del problema del indulto, referido a los recién indultados por razones políticas.

No hemos logrado abordar aún en la Cámara la necesidad de un proyecto de ley especial de reinserción para las personas que cometieron -o fueron condenadas por razones políticas- ciertos crímenes por los que han sido indultadas. La sociedad no ha determinado ningún mecanismo de reinserción de ellos. Es más, la sociedad, al indultar a personas que han sido presos políticos, permite que este hecho quede entre los antecedentes personales, lo que dificulta bastante su reinserción social. Muchas veces, como sociedad, a estas personas no les dejamos sino la alternativa de delinquir.

Más adelante es preciso abordar en forma integral el problema de la reinserción de los indultados, en particular, por la razón que el Senado introdujo el tema: haber sido indultados por razones políticas.

En todo caso, sostengo mi posición inicial. Creo que en función de lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Política, la modificación del Senado no es admisible y este punto debería ser resuelto previamente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, en primer lugar, la modificación que comentamos es admisible; está dentro de las ideas matrices del proyecto.

En segundo lugar, en muchas de las intervenciones de los parlamentarios existe gran celo por cautelar los derechos de personas que han cometido delitos. Esto es muy importante. Pero me gustaría que existiera el mismo celo por cautelar los derechos de la inmensa mayoría de la ciudadanía que no comete delitos; que requiere ser protegida frente a hechos delictuales que se producen a diario, que el país los vive y los enfrenta en las poblaciones; que espera del Parlamento una reacción, en el sentido de darle la debida seguridad para desarrollar en orden sus actividades.

Respecto de la modificación en particular, comparto lo señalado por el Diputado señor Chadwick.

En primer lugar, el indulto, como tal, no extingue el hecho de que la persona haya cometido un delito. Extingue la pena; pero, para todos los efectos legales, se le considera reincidente. Se pueden ejercer las acciones civiles en contra de él. Por lo tanto, no estamos en presencia de una persona que ha sido objeto de un delito amnistiado, sino de un indulto. Para todos los efectos legales, incluido el de la reincidencia, será considerada como si en el hecho hubiere cometido el delito. Tanto es así, que el indulto se dicta cuando la persona se encuentra condenada por sentencia ejecutoriada.

Ahora bien, a mí parece que la norma en cuestión es de una extensión desmesurada. Doy un simple ejemplo: a una persona indultada por delito de lesiones, si la agravante se mantiene como está y el día de mañana participa en un accidente de tránsito, o es condenada por giro doloso de cheques, se le agravará la pena por el solo hecho de haber sido indultada por un delito de naturaleza y especie distinta.

Aún más -lo que también fue citado por otros parlamentarios-, dentro de las circunstancias agravantes, la ley contempla dos hipótesis particulares, que son: haber sido castigado el culpable anteriormente por delitos que la ley señala igual o mayor pena y, además, la del artículo 16, que dice: "se reincidente en delito de la misma especie".

En mi opinión, ambas circunstancias agravantes cubren en su totalidad la hipótesis en que ha querido ponerse el Senado.

Por lo tanto, la amplitud de la norma propuesta por el Senado, obliga a regularla adecuadamente, a compatibilizarla con las agravantes de los números 15 y 16, porque, de lo contrario, estaríamos aplicando agravante sobre agravante. Con la norma del Senado, una persona podría verse afectada de dos circunstancias agravantes, nacidas de un mismo hecho y de una misma conducta. La ley permite que concurran dos circunstancias agravantes, pero cuando naturalmente provienen de hechos o conductas distintas, partes de los elementos utilizados en la comisión del delito.

Por esta consideración, esta norma debe ser sometida a la Comisión Mixta, con el objeto de perfeccionarla si bien respeto el principio que lleva envuelto, manifestado por el Diputado señor Schaulsohn, su redacción es insuficiente.

Por las razones expuestas, votaré para que vaya a la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Molina.

Después, el Comité Radical ha pedido la clausura del debate.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, el argumento del Honorable Diputado señor Espina tiene algo de falaz.

En primer lugar, al precisar las sanciones o penas en forma legal, se asegura la aplicación razonable del derecho y de la justicia. De esta manera se cautelan también los derechos de todos.

En segundo lugar, es innecesario, porque no es procedente discutir sobre la admisibilidad del precepto.

Por lo tanto, solicito al señor Presidente que, al someter a votación la norma agregada al artículo 12, lo haga junto con la modificación al artículo 64, que se refiere, precisamente, a esta agravante, consecuencia de la misma agregación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el número 1, nuevo, incorporado al artículo 2°.

Efectuada la votación en forma económica., por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 54 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la modificación del Senado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, no comparto la modificación del Senado. La Cámara de Diputados quiso eliminar ciertas restricciones, que obedecían más a situaciones vigentes en el momento que se dictó el Código que a la realidad. Ellas dicen relación con la participación penal, en calidad de encubridor.

En la actualidad, el número 3° se refiere al encubrimiento. El texto propuesto por la Cámara de Diputados dice: "Albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable.", siempre que concurran algunas de las circunstancias siguientes. La primera, abusos de funciones públicas de parte del encubridor, y la segunda, ser el delincuente reo de traición, parricidio u homicidio, cometido con algunas de las circunstancias agravantes que se expresan. Viene la enumeración de éstas.

No hay razón para que la calidad de encubridor tenga las limitaciones que establece el número 3°

¿Qué ha hecho el Senado? Ha agregado una circunstancia tercera al número 3a del artículo 17. Señala "La de ser el delincuente reo de otros delitos contra las personas o de los delitos de robo o hurto.". En definitiva, de igual forma, se excluyen otros delitos. Por lo tanto, no le veo sentido a la modificación del Senado, que sólo disminuye la restricción existente en la ley, pero no resuelve el problema de fondo, cual es que no hay razón para que la calidad de encubridor, como tal, exista sólo en algunos delitos y en otros, lisa y llanamente, se elimine.

Por esta consideración, quiero insistir en la proposición de la Cámara de Diputados.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así es.

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, existe un error. Aquí no se sanciona a los testigos que declararon, sino a la persona, al denunciante que falta a la verdad en la declaración jurada que presta. Por eso, dice: "En igual pena incurrirá el denunciante que perjurare...". El denunciante no ha sido suprimido. Comparece ante Carabineros e Investigaciones y, mediante declaración jurada, da cuenta de que sucedió tal o cual hecho, respecto de la preexistencia de las especies y su valor. Si falta a la verdad, incurrirá en un delito y sufrirá una sanción; ese resguardo es indispensable, sobre todo cuando se sabe cómo suceden estos hechos.

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, el cambio que hace el Senado de la palabra "perpetración" por "descubrimiento" es muy importante, porque hay que concordar la redacción con el número 2Q del artículo 17 del Código Penal, que dice: "Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento".

Por lo tanto, el vacío legal se produce en cuanto a qué ocurre si esas acciones se realizan con posterioridad al descubrimiento del delito. Cuando el Senado usa la palabra "descubrimiento", en mi opinión hace lo correcto, porque ella debe concordar con el número 2° del artículo 17. La proposición de la Cámara de Diputados hablaba de "perpetración", vocablo que es incongruente con el propósito de dicha disposición. Estamos discutiendo que la ley actual sanciona los actos cometidos con anterioridad al descubrimiento del delito, ver si se sanciona la misma conducta, pero cometida con posterioridad al descubrimiento del delito. No hay ninguna razón para que se sancione a las personas antes del descubrimiento del delito y no después de él; ello no implica que la acción del sujeto encubridor sea diferente.

Por lo tanto, la modificación del Senado es adecuada porque involucra una rectificación correcta para dejar acorde el texto del proyecto de ley con el número 2° del artículo 17 del Código Penal.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, la modificación que introduce el Senado comprende dos aspectos. El primero, se refiere a la configuración del delito de una forma distinta a cómo lo entendió la Cámara de Diputados.

Redactamos el delito de obstrucción a la justicia, en la siguiente forma: "El que injustificadamente se rehusare a proporcionar a la justicia antecedentes que conozca o que obren en su poder", etcétera. En la Cámara hubo un extenso debate sobre el elemento subjetivo de este delito. Como este proyecto había que despacharlo de inmediato, no hubo oportunidad de presentar indicaciones, en circunstancias de que todos los Diputados que intervinieron en aquellas oportunidad estuvieron contestes en el sentido de que no bastaba la simple conducta de rehusarse a proporcionar antecedentes, sino que era necesario un dolo especial, específico, un grado de conocimiento y una conciencia muy particular respecto de la negativa de la persona.

Hubo acuerdo en que, para perfeccionar el tipo, la frase más correcta era "el que maliciosamente" o "el que a sabiendas" se rehusare a proporcionar a la justicia los antecedentes.

¿Qué ha hecho el Senado?. Ha suprimido la expresión "injustificadamente".

Ha eliminado, en consecuencia, el mínimo que nosotros habíamos aprobado, y ha dejado un delito de obstrucción a la justicia extraordinariamente peligroso, al no contemplar un elemento subjetivo referido a la malicia particular y especial, como lo entendió la Cámara de Diputados.

Por esas razones, voy a votar en contra de la proposición del Senado, a fin de que vaya a la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, si bien es cierto que se ha perfeccionado, en una parte, el texto por el Senado, la eliminación del dolo específico hace inaceptable la norma en sí.

Sin entrar en mayor discusión del tema de fondo, la eliminación de la injustificación del artículo 269 bis, hace necesario que la Comisión Mixta revise esta materia y proponga una fórmula mejor.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, en realidad, leyendo con cuidado la modificación del Senado, en especial lo que a la palabra "injustificadamente" se refiere, llego a la conclusión de que dentro de lo que es esta figura de obstrucción a la justicia, ese término aporta poco a la norma, porque no puede haber justificación para negarse a proporcionar antecedentes que se conozcan, obren en poder y permitan establecer la existencia de un delito. Si no se conocen o no se sabe que esos antecedentes pueden permitir esclarecer un delito, no se cae dentro de esta figura. De manera que el dolo está implícito siempre, porque se supone el conocimiento de estos antecedentes; si no es así, la norma no opera.

Quiero agregar, además, que aquí nos nutrimos de la legislación comparada. Esta es una figura que existe en muchos países del mundo, porque se busca combinar la naturaleza de procedimiento contradictor existente en el sistema de administración de justicia, en el cual los abogados, por una parte, y el tribunal, por otra, tratan de esclarecer los hechos con una obligación correlativa del ciudadano de prestar cooperación.

Me parece elemental, dentro de un estado de derecho, que la persona que conozca antecedentes que pueden permitir el esclarecimiento de un delito, al ser requerida por la justicia -elemento muy importante-, tiene la obligación de entregarlos. Este no es, ni con mucho, la figura del delito por omisión, que en algún momento se mencionó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia como iniciativa del Supremo Gobierno, la cual imponía la obligación de concurrir a denunciar a los tribunales o a entregar información sobre los hechos, voluntariamente. Aquí hay un prerrequisito: que el ciudadano sea convocado por la justicia, es decir, debe ser preguntado por la justicia; de modo que se asimila, un poco, casi a lo que es perjurio. Si uno bajo juramento es preguntado y miente, está cometiendo una infracción o un delito. En este caso, está cometiendo una figura nueva que se llama obstrucción a la justicia; de manera que el Senado ha hecho lo correcto al agregar la palabra "injustificadamente". Tampoco comparto el criterio de omitir ese vocablo.

Creo que la observación del Honorable señor Bosselin no es pertinente, en el sentido de que nosotros discutimos a sabiendas, por las razones que he dado.

Si no sabe que es poseedor de antecedentes que puedan esclarecer un delito, no hay obstrucción a la justicia.

En el fondo, es una manera de garantizar el cumplimiento de la obligación que tiene todo ciudadano.

Por lo tanto, me parece que el Senado ha hecho más eficaz la norma o, en el peor de los casos, ha eliminado un término absolutamente superfluo en la redacción de la Cámara de Diputados.

Con su venia, señor Presidente, le concedo una interrupción al Honorable señor Smok.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, por la vía de la consulta, me interesa que quede claramente especificado si en el término "injustificadamente" está implícito que alguien puede tener justificación para negarse a proporcionar antecedentes a la justicia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Los parientes cercanos.

El señor SMOK.-

Me refiero a si los secretos profesionales y de confesión están debidamente salvaguardados. Es de particular interés que eso quede en claro, y constituye el motivo de mi consulta.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, aprovecho para clarificar la interesante y pertinente consulta del Honorable señor Smok, en el sentido de que esas normas generales del Derecho están incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico y, naturalmente, mantienen su pleno vigor y aplicación.

El señor ESPINA.-

¿Me concede una interrupción, señor Diputado?

El señor SCHAULSOHN.-

Con su venia, señor Presidente, le concedo una interrupción al colega Espina.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El único problema es que habrá que prorrogar el Orden del Día.

El señor ESPINA.-

No hay problema en que trabajemos más.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, es importante que sean más breves las intervenciones.

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Concretamente, en relación con la consulta del Diputado Smok, en el inciso siguiente está establecida expresamente la exención de responsabilidad penal, tanto para el encubrimiento de parientes como respecto del secreto profesional, al que alude el artículo 201, del Código de Procedimiento Penal.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, la aclaración del Diputado Espina ahonda en el mismo tema. Me parece, eso sí, que ese segundo inciso es absolutamente innecesario, por cuanto no tendrían por qué entenderse derogadas estas normas, las cuales se aplicarán de todas maneras porque forman parte del mismo Código. Si el Senado ha estimado necesario recalcarlo, en este caso, lo que abunda no daña.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, los colegas de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara que al redactar el artículo 269 incluyeron la expresión "injustificadamente" creyendo ver en este término una referencia al elemento subjetivo del delito de obstrucción de justicia, en los términos planteados por el colega Bosselin, están profundamente equivocados. En efecto, la expresión "injustificadamente" no tiene nada que ver con la culpabilidad de este delito. No es una exigencia subjetiva mayor. Tampoco permite la configuración de un dolo específico, ya que la palabra "injustificadamente" es una referencia a la antijuridicidad de la conducta y, más precisamente, me atrevo a sostener que constituiría la calidad de un elemento normativo del tipo. Luego, si en el espíritu de los miembros de la citada Comisión estuvo dar al delito de obstrucción a la justicia una exigencia subjetiva mayor, o sea, asignarle, desde el punto de vista de la culpabilidad, la obligatoriedad de que concurriera un dolo específico, debieron haber utilizado otras expresiones, como "maliciosamente" o "a sabiendas", que bien sabemos que en el Derecho Penal tienen una significación distinta.

En consecuencia, al suprimir el Honorable Senado la expresión "injustificadamente", no ha alterado la culpabilidad del delito de obstrucción a la justicia y, simplemente, como lo ha hecho presente el colega Schaulsohn, ha extraído de la redacción de este artículo una referencia superflua e innecesaria a la antijuridicidad que emanaba -vuelvo a repetir- de los conceptos generales que rigen en esta materia.

Sin embargo, si esta Honorable Cámara quiere que este delito tenga una exigencia subjetiva mayor, es decir, que concurra respecto de ella el dolo específico, deberíamos rechazarla con el objeto de que en la Comisión Mixta se introduzca la expresión "maliciosamente" o "a sabiendas", lo que daría lugar, en dicho evento, a la teoría planteada por el colega Bosselin.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Espina.

El señor ESPINA.-

Muy breve, señor Presidente.

Quiero pedir un poco de atención porque, en verdad, lo que no podemos hacer es sacar una norma que contenga una expresión que no corresponda realmente a la tipificación de un delito.

En el Código Penal se sancionan única y exclusivamente los delitos cuando existe una actitud dolosa. A tal punto es así que, dentro de las eximentes de responsabilidad penal que establece el artículo 10 de ese Código, en su número 13, dice: "El que cometiere un cuasidelito, salvo en los casos expresamente penados por la ley".

De manera que, cada vez que establezcamos un delito, la ley está exigiendo una acción dolosa, un dolo específico, un dolo concreto. Por lo tanto, no es necesario poner en cada artículo que se redacte, "maliciosamente" o "a sabiendas". Sólo se hace en forma excepcional, por ejemplo, en el delito de parricidio, cuando la ley requiere el conocimiento del parentesco para que éste se tipifique.

El Senado ha actuado con razón al eliminar una expresión que no tiene ningún sentido, porque sólo podrán ser sancionadas aquellas personas que dolosa, intencionadamente, no contribuyan a la acción de la justicia, obstruyéndola, por la vía de configurar alguno de los dos casos que establece el delito de obstrucción de la justicia. En consecuencia, es absolutamente innecesario poner las palabras "injustificadamente" o "a sabiendas".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

- En votación la modificación del Senado.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la modificación del Senado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, esta supresión que hace el Senado del artículo 3a es lamentable.

Uno de los elementos más fundamentales de este proyecto de ley, y creo que en esto interpreto la opinión del Diputado Espina, era la supresión de esta dependencia de los denominados vigilantes privados de las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas.

Las normas aprobadas por la Comisión y la Cámara trasladan esta dependencia a Carabineros y a las prefecturas de Carabineros, precisamente con el ánimo de establecer control sobre un innumerable grupo de asociaciones privadas que se dedican a estas materias.

Sin entrar en argumentaciones más de fondo, hechas valer en la discusión general del proyecto, restablecer el artículo 3° es para nosotros una materia esencial en la aprobación global de este proyecto. Por consiguiente, debemos rechazar la pretensión del Senado de eliminar esta norma.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aceptará el criterio del Diputado señor Molina, y se rechazarán por unanimidad, esa norma y como consecuencia de lo mismo, el artículo transitorio.

Rechazados.

Despachado el proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta relativo al proyecto de ley que autoriza el ejercicio profesional a chilenos que obtuvieron grados y títulos que señala, durante el exilio.

El informe de la Comisión Mixta figura en el número 7 de los Documentos de la Cuenta de esta Sesión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hago presente a los señores parlamentarios que para aprobar ese Informe se requieren los votos favorables de 69 parlamentarios.

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, respecto de este proyecto, la controversia suscitada entre ambas Cámaras, objeto de la Comisión Mixta, se refiere a las modificaciones introducidas por el Senado al artículo 1°, inciso primero; al artículo 3°, nuevo; al artículo 4°, inciso segundo e inciso final, nuevo; al artículo 5°; al artículo 6°; al artículo 7°, y al artículo 10°, nuevo.

Para un mejor análisis y debate del proyecto de ley, la Comisión Mixta resumió las materias, objeto de la divergencia, en las siguientes:

Primero, el reconocimiento o habilitación de los títulos profesionales y técnicos obtenidos en el extranjero.

Segundo, plazo para otorgar el reconocimiento y habilitación: si éste es temporal o permanente.

Tercero, quorum calificado a fin de integrar una Comisión especial que se creó al efecto.

Cuarto, alcance del beneficio.

La Comisión estimo del caso invitar al señor Ministro de Educación y a otras autoridades -el señor Subsecretario y sus asesores-; además, invitar nuevamente al señor rector de la Universidad de Chile y a los decanos de las Facultades de Medicina y de Derecho. Este último no pudo asistir por encontrarse enfermo; concurrió el rector subrogante de la Universidad, don Atilano Lamana, y otros asesores de ella.

Se discutieron y sometieron a votación las siguientes ideas: si se otorgaba el reconocimiento o habilitación de títulos y grados obtenidos en el extranjero. La Comisión Mixta estuvo por el criterio de sustituir en todos los artículos la expresión "habilitación", que propuso el Senado, por "reconocimiento".

Enseguida, se debatió si se otorgaba el reconocimiento en forma temporal o permanente. La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, acordó otorgárselo a estos profesionales de manera permanente.

Respecto de los miembros de la Comisión especial, se resolvió aumentar, de dos a tres, la representación académica de la Universidad de Chile, creada en este proyecto de ley.

En cuanto al derecho a voto que le correspondía, de acuerdo con el proyecto de la Cámara, al Director de la Oficina Nacional de Retorno en esta Comisión -el Senado había establecido que solamente tendría derecho a voz- la Comisión Mixta mantuvo el criterio del Senado, en el sentido de no otorgar derecho a voto al representante de esta Comisión.

Esos son los criterios fundamentales sobre las divergencias. No sé si es del caso referirse a cómo se manifiestan esos criterios en el articulado, los señores Diputados tienen el Informe a la vista, donde figuran los puntos de discrepancia y cómo fueron resueltos.

Como digo, básicamente, se trata de hablar de reconocimiento y no de habilitación; es decir, que sea permanente y no transitorio. De ahí se desprende que desaparece el artículo 10° propuesto por el Senado, puesto que establecía la habilitación por cinco años.

Enseguida, otro aspecto interesante de consignar sobre el artículo 5° es que respecto de aquellos profesionales que optaban por el reconocimiento de carreras que no impartía la Universidad de Chile, para salvaguardar la presencia de esa casa de estudios, o la calidad que tiene al ser la institución que reconoce, por excelencia, los títulos otorgados en el extranjero, se acordó que cuando esa carrera no era impartida por la Universidad o ella no pudiera atender dichas solicitudes, las pruebas determinadas se realizaren en otros establecimientos de educación superior, con el consentimiento de la Universidad de Chile. De esta forma, entonces, la presencia y gravitación de la Universidad de Chile, por ser la institución superior que, por ley, está llamada al reconocimiento de los títulos, quedó salvaguardada en este proyecto de ley excepcional.

Hago presente que tanto el Ministro como el Rector de la Universidad y los Decanos estuvieron contestes en que el proyecto satisfacía ampliamente las inquietudes planteadas en su tramitación. Por otro lado, los beneficiarios también manifestaron su conformidad con los términos en que éste proyecto ha sido propuesto a la Honorable Cámara por la Comisión Mixta.

Finalmente, como última consideración, destaco que este proyecto se ha estado tramitando por espacio de un año y medio y requiere de urgente aprobación, por lo cual vuestra Comisión les sugiere que este informe se apruebe en esta sesión.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Algo muy breve, señor Presidente. Seguramente por la rapidez, en la página 14 del informe se plantea que, por 6 votos a favor y 4 en contra, se agregó "por razones de fuerza mayor, y que hubieren retomado". Sin embargo, en la página 24, donde está el artículo 1°, no aparece la frase "antes del 11 de marzo, por razones de fuerza mayor, y que hubieren retomado".

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el informe.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el informe de la Comisión Mixta, con el quorum constitucional necesario.

Aplausos en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se propone que la Comisión Mixta para dilucidar las discrepancias respecto del proyecto de ley que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal, en lo relativo a los delitos de robo y hurto, quede compuesta por los Diputados señores Espina, Molina, Chadwick, Rojo y Rocha.

Si le parece a la Sala, así se acordará.