Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley que autoriza el ejercicio profesional a chilenos que obtuvieron grados y títulos durante el exilio.

- Las modificaciones están contenidas en el boletín N° 117-04.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, este proyecto, que lleva tramitándose bastante tiempo, afecta de manera importante a mil cincuenta o mil cien profesionales que, por diversas razones, algunas de orden político y otras de fuerza mayor, se ausentaron del país algunos de ellos, incluso antes del pronunciamiento de 1973 y otros después, motivados por razones de exilio u otras.

Fundamentalmente, persigue que esas personas, que aprendieron una profesión o recibieron una instrucción o enseñanza superior en el extranjero, puedan ejercer en el país su actividad profesional, previo reconocimiento de la calidad académica que ellas ostentan.

Aquí no se trata de conferir un título profesional a nadie, sino más bien de reconocer, más que habilitar, tal calidad, para que las personas beneficiadas con la medida desempeñen su actividad profesional en el país.

No obstante que usted, señor Presidente, ha pedido que nos refiramos solamente a las modificaciones del Senado, quisiera brevemente recordar a los Honorables colegas el sentido que tuvo el proyecto en su primer trámite constitucional. Era bastante amplio y mereció muchos reparos en la Comisión de Educación, los que fueron acogidos, en buena medida, incluso por los parlamentarios de la Concertación, que apoyaban este proyecto. Así, Concertación y Oposición, coincidimos en que no debía ser tan amplio el criterio para que estos profesionales ejercieran en Chile, y más bien se prefería que la Comisión creada para estos efectos fuera rigurosa en las exigencias de reconocimiento de título. Los criterios que entonces adoptó la Cámara parecieron muy razonables, pero desgraciadamente sufrieron algunas modificaciones en el Senado, que ha querido privilegiar el concepto de habilitación más que el de reconocimiento de una profesión.

A la Unión Demócrata Independiente le parece mucho más razonable el criterio inicial de la Cámara, en orden a conferir un reconocimiento a las profesiones cuyos títulos se obtuvieron en el extranjero que una habilitación, que supone una suerte de revisión, sujeta a un plazo, arbitrario e injustificado, en nuestra opinión. Es mejor que la Comisión establecida en el proyecto derechamente reconozca o no la calidad académica para que una persona desempeñe su actividad profesional.

No obstante que vamos a pedir la división de la votación en algunas disposiciones en lo medular, por las razones expuestas, nos vamos a pronunciar en contra de las modificaciones del Senado, con el objeto de ir a una Comisión Mixta que nos permita, en definitiva, establecer caminos que nos lleven a los criterios iniciales de la Cámara de Diputados.

Pensamos que el Senado, con muy buena disposición, quiso ir más lejos y, tal vez, por esa razón el proyecto puede terminar siendo bastante más complejo para los propios beneficiarios. Se trata de solucionar, por la vía de la excepción, la situación en que se encuentran muchos profesionales que quieren ejercer su labor profesional en Chile y que se ven impedidos de hacerlo.

De hecho, se está produciendo el absurdo de que hoy muchos de ellos están ejerciendo -me lo decían ayer algunos de estos profesionales- con un menoscabo francamente denigrante. Ejercen su profesión en servicios públicos absolutamente postergados o degradados en la función que cumplen. Todo ello, dentro de ficciones legales que ha debido hacer la autoridad para acogerlos, a fin de que puedan desempeñar su labor. Ello no quiere decir que la Comisión que se establece por el proyecto no exija todo el rigor de la excelencia académica en la calificación de los títulos para el desempeño profesional a lo cual, por lo demás, están dispuestos a someterse los profesionales beneficiados. El sentido del proyecto no es regalar o facilitar el camino a los profesionales que han obtenido títulos en el extranjero, sino que pueda reconocerse la calidad de los merecimientos académicos para que ese título sea considerado como habilitante para ejercer la profesión en el país. Por eso, el articulado del proyecto original de la Cámara de Diputados es extraordinariamente riguroso en cuanto a salvaguardar la calidad y los merecimientos académicos de los profesionales, que desempeñarán sus actividades en el país.

En síntesis, estimamos muy importante la aprobación del proyecto, previo el trámite en la Comisión Mixta, el cual deberá efectuarse por las modificaciones o los rechazos que aquí se han anunciado los que, por lo demás, reflejan el acuerdo político de los distintos sectores, incluidos los de Gobierno, respecto de las modificaciones del Senado.

Ojalá que este proyecto obtenga una tramitación rápida y expedita, porque nos preocupa la situación en que se encuentran estos profesionales desde hace más de un año y medio, quienes, como nos consta, desean ver satisfechas muchas de sus necesidades urgentísimas y obtener la solución de sus problemas. De manera que, no obstante que rechazaremos las modificaciones del Senado para reafirmar los criterios de la Cámara de Diputados, como es la voluntad de los grupos de Gobierno y de Oposición, deseamos reiterar la urgencia en el despacho de este proyecto, a fin de satisfacer ampliamente las necesidades de un grupo importante de personas que merecen ser atendidas, dadas las condiciones en que hoy se encuentran.

En síntesis, rechazaremos algunas de las proposiciones del Senado, para los efectos de constituir una Comisión Mixta donde podamos afinar un proyecto que nos satisfaga ampliamente, sobre la base de reafirmar los criterios de la Cámara de Diputados. Ese es el acuerdo político que esperamos que se transforme en realidad en la votación del proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortíz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, después de escuchar al colega Carlos Bombal, nos damos cuenta de que la política de los acuerdos y consensos no se ha dejado atrás. Precisamente, como él lo expresaba, los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados hemos apreciado, en casi once meses, la tramitación de un proyecto que hace justicia a estos profesionales al convalidar grados y títulos universitarios válidamente obtenidos en el extranjero por un número importante de chilenos.

Entendemos que el Senado trató de legislar mirando mucho más hacia adelante. Es bueno que en esta Sala hagamos algunas apreciaciones en cuanto a la inquietud de los Honorables colegas Senadores, quienes, al rechazar el artículo 3° del proyecto, habrían planteado algunos problemas constitucionales, concretamente con referencia al decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, que otorga atribuciones a la Universidad de Chile para reconocer, convalidar y revalidar títulos. Esta es una norma de rango legal y no vemos que se contravenga la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de la Enseñanza, publicada el 10 de marzo de 1990, porque la diferencia es que a través de este proyecto se quiere dar la posibilidad de igualar condiciones a quienes obtuvieron sus títulos en el extranjero. Si aplicara el criterio de que no es posible reconocer los títulos y grados mencionados en este proyecto de ley, se llegaría al absurdo de que la Universidad de Chile tampoco podría hacerlo, puesto que estaría vulnerando normas constitucionales.

Es conveniente que se sepa que votaremos en contra de las modificaciones del Senado, porque es bueno que una Comisión Mixta elabore el texto definitivo de este proyecto de ley. En consecuencia, en nombre de la bancada democratacristiana, anuncio nuestro rechazo a las referidas modificaciones y nuestro absoluto y total respaldo a la integración de una Comisión Mixta, donde -como es costumbre dentro del proceso legislativo- en forma muy seria y principalmente escuchando a los actores que sufren en carne propia esta tremenda dificultad, hagamos posible una legislación que sea óptima para los ciudadanos involucrados.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, para mí es motivo de alegría y de satisfacción que todos los sectores políticos de la Cámara de Diputados estén por rechazar las modificaciones del Senado a este proyecto de ley, por el cual se hace justicia a aquellos profesionales que regresaron del exilio después de obtener sus títulos en otras patrias que generosamente les abrieron sus puertas con el objeto de que terminaran sus estudios y adquirieran nuevos conocimientos, a lo mejor mucho más amplios que los que podrían haber obtenido aquí en Chile. Como bien decía un Diputado de la Derecha, hacía un año y medio que esperaban la posibilidad de que se presentara aprobar una iniciativa que les permitiera ejercer la profesión adquirida en el extranjero. Conozco en forma personal a médicos que han venido de otros países, prácticamente lanzándose al vacío, sin saber qué acogida o qué posibilidades encontrarían en nuestro país; pero fue más fuerte el llamado de la tierra, de su Patria, y regresaron a Chile a fin de tratar de entregar esos conocimientos adquiridos en forma tan sacrificada en otros países. Es el caso de una exiliada de gran capacidad, de una profesional médica que prefirió abandonar los altos sueldos y las facilidades y comodidades que le brindaba el país en que se encontraba radicada para regresar a Chile. Aquí, en estos instantes - y me imagino que debe ser el problema de muchos profesionales médicos- está rindiendo su posgrado, sin el cual no puede ejercer su profesión y ganar dinero, porque así es la ley y esa la imposición del Colegio Médico. Espera cumplir con esas obligaciones gremiales y legales para empezar, como es lógico, a ejercer su profesión, y también a obtener el dinero necesario para vivir, porque los médicos y los profesionales tienen la mala costumbre de comer, de vivir en una casa y de contar con las cosas más necesarias para la subsistencia.

Me alegro profundamente que esta tarde, se apruebe unánimemente este proyecto que les reconoce a esos profesionales sus títulos obtenidos en el extranjero, porque se está haciendo justicia a gente que salió forzadamente de la Patria y que, al margen de las dificultades existentes en ella, han vuelto para entregar sus mejores conocimientos y esas mayores capacidades al pueblo de Chile.

Por eso, quiero expresar que votaremos por insistir en el proyecto primitivamente aprobado por la Cámara y que rechazaremos las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Morales.

El señor MORALES ADRIASOLA (don Jorge).-

Señor Presidente, cuando el Ejecutivo envió un proyecto de ley sobre una materia tan delicada e importante como ésta, cual es autorizar o habilitar a los exiliados que obtuvieron títulos profesionales en el extranjero para ejercer su profesión sin revalidar o reconocer sus títulos, esta Cámara trabajó a fondo en esa iniciativa de ley y creyó conveniente - de ahí su proyecto- y mucho más derecho, permitirles la revalidación o el reconocimiento de esos títulos y, por lo tanto, no aceptar el planteamiento del Ejecutivo, en cuanto a que una comisión especial autorizará el ejercicio de sus profesiones.

La Cámara aprobó el proyecto de esa manera, y el Honorable Senado le introdujo modificaciones que, en síntesis, permiten el reconocimiento y la revalidación de los títulos a través de una comisión de alta jerarquía académica, como es la establecida en Q1 proyecto. Por lo tanto, el desacuerdo básicamente, radica en que el Senado autoriza nuevamente el ejercicio profesional, en circunstancia de que la Cámara plantea la revalidación y el reconocimiento de los títulos.

El Senado estipula una fecha tope de hasta cinco años; es decir, quienes fueren autorizados para ejercer sus profesiones, solamente lo podrán hacer por un término parcial y corto de cinco años. Sin embargo, la Cámara de Diputados pone como fecha de término el 1Q de marzo de 199(4 para impetrar este beneficio.

Este problema debe atacarse en su raíz. Por consiguiente, debe dársele una solución global e integral, autorizando la revalidación y el reconocimiento de títulos y no una simple autorización para ejercer.

Para esto, se ha creado una comisión de alto nivel académico, en la cual confiamos plenamente, que se ocupará de cada caso en particular y, cuando sea necesario, será sometido a rigurosas pruebas académicas que aseguren la fe pública en esta materia.

Esa comisión, representa una instancia excepcional, que permitirá resolver con una mayor flexibilidad y rapidez cada uno de los casos, manteniendo las normas necesarias de carácter académico.

A nuestro juicio, aceptar el predicamento del Senado significa admitir la autorización del ejercicio profesional sin que las personas hayan revalidado o reconocido sus títulos, lo que resulta grave y discriminatorio para los profesionales chilenos. Con las modificaciones introducidas se corre el riesgo de que se siga extendiendo esta situación por cuanto puede venir un nuevo proyecto, con un nuevo plazo, y así seguiríamos sucesivamente, a lo mejor, autorizando, año en año, nuevas prórrogas sin que jamás se ataque realmente el problema de fondo, como es el reconocimiento de los títulos profesionales. Por lo tanto, esto conlleva el riesgo de eternizar una situación, sin darle una solución definitiva.

En síntesis, señor Presidente, estamos conscientes de la situación de quienes han obtenido títulos en el extranjero y en consecuencia, tenemos el mayor y sincero interés en contribuir a resolverla en forma definitiva, por medio de procedimientos que cautelen la fe pública, a través de una comisión de alta jerarquía académica, como se establece en este proyecto de ley.

Por estas razones, los Diputados de Renovación Nacional insistiremos en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y votaremos en contra de las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hasta ahora, han pedido hacer uso de la palabra los diputados señores Smok, Campos, Estévez, Bayo, Yunge y Latorre.

Tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, en mi opinión, este proyecto tiene dos méritos fundamentales.

En primer lugar, es una ley de reparación. Hace justicia a los chilenos que obtuvieron títulos profesionales en el extranjero, en tres condiciones fundamentalmente: quienes no pudieron retomar, después del pronunciamiento militar de 1973; aquellos que fueron exiliados, o hijos de exiliados; y los que debieron marchar a buscar educación superior en el extranjero, ya sea porque no tuvieron la posibilidad de hacerlo en Chile o porque fueron expulsados de universidades chilenas por razones políticas. Ese es un elemento suficiente para que este Parlamento lo revise con particular buena predisposición.

En segundo lugar, revierte el fenómeno de la fuga de cerebros que viven los países del Tercer Mundo en vías de desarrollo, como el nuestro. Cada vez, nos vemos abocados al problema de que más jóvenes profesionales de América Latina van a los países desarrollados a ejercer la profesión. Hoy día, tenemos la oportunidad de ser testigos de cómo millares de chilenos quieren trabajar en su patria y no en el mundo desarrollado. Eso tiene una valoración que esta Cámara no puede ignorar.

Estamos en presencia de profesionales chilenos graduados a lo menos en 35 países del mundo, prácticamente en la totalidad de los países europeos y en algunos de América del Norte, Central y Sur. En consecuencia, nos encontramos frente a una síntesis del saber, del conocimiento y de la formación universitarios del mundo occidental.

En esta ocasión, quiero expresar nuestro desacuerdo con el Honorable Senado en dos puntos que son medulares en el tratamiento del proyecto.

Primero, haber establecido que la formación de una comisión que estudiará y acordará el reconocimiento de los títulos es materia de quorum calificado, porque vulneraría las bases de la administración y, por lo tanto, crearía una nueva instancia. Nos parece un criterio desajustado que se basa en un dictamen del Tribunal Constitucional sobre los consejos regionales de pesca, lo cual, en ningún caso, tienen relación con el problema que comento.

Pero el aspecto central en donde considero que el Senado cometió un error en el tratamiento del proyecto ésta en haber transformado el reconocimiento de los títulos en una habilitación transitoria de ellos.

Es evidente que en el debate del Senado se mencionaron elementos que no se ajustan a la realidad. Este proyecto no vulnera la Constitución, que en el número 16° de su artículo 19 dice: "La ley determinará las profesiones que requieren grados o títulos universitarios y las condiciones que deben cumplir para ejercerlas". La Carta Fundamental entrega a la ley común la determinación de los requisitos para ejercer las profesiones que requieren título o grado universitario. Este es el caso; estamos frente a una ley común que regulará la situación.

Por otro lado, la referida garantía constitucional de la igualdad ante la ley no impide que se establezcan diferencias, siempre que éstas no sean arbitrarias. En este sentido, estamos frente a una comisión que evaluará. No hay vulneración de la Constitución ni tampoco de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, por cuanto esta última establece que corresponderá exclusivamente a las universidades otorgar títulos profesionales. En este caso, sólo se están reconociendo títulos ya obtenidos en el extranjero, situación similar a la que ocurre con los tratados internacionales vigentes de Chile con algunos países, en virtud de los cuales basta con haber cursado estudios universitarios y recibido un título en el extranjero para que éste sea reconocido automáticamente, sin que sea necesario conferir un nuevo título.

Por último, se ha mencionado el decreto con fuerza de ley N° 153, Estatuto de la Universidad de Chile, cuyo artículo 3° entrega a esta Universidad la atribución privativa y excluyente de reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero. Sin embargo, en su artículo 6° establece que también podrá hacerlo una ley que se refiera al ámbito de la Universidad de Chile, en particular, o al sistema universitario del país, en general.

En este proyecto de ley, de justicia para estos chilenos y necesario para nuestra patria, se forma una comisión de altísimo nivel, constituida por el Ministro de Educación, tres rectores de universidades, incluyendo al de la Universidad de Chile; dos decanos de dicha Universidad y por el presidente de la respectiva asociación gremial de la profesión en que se debata cada título, para que se establezcan procedimientos que nos parecen del todo necesarios, porque podrá disponer que se realicen ciclos de estudios, trabajos prácticos o que se rindan las pruebas académicas que se estimen convenientes en la Universidad de Chile, de acuerdo con sus estatutos y con su consentimiento. Aquí queda plenamente salvaguardada la fe pública de que el reconocimiento de títulos será el adecuado para que cualquier chileno confíe, de pleno derecho, en aquellos profesionales.

El término "habilitar" en esta norma resulta complejo, porque implica primero, una situación de suspenso en el tiempo, al suponer que en cinco años más las personas pueden volver a insistir y entregar pruebas de su ideoneidad profesional para obtener un título de pregrado. Es más, la legislación chilena reconoce la situación de "habilitar", pero lo hace en un solo caso: con los profesores que nunca han obtenido título universitario, como se dispone en la ley que creó el Colegio de Profesores y como lo reconoce también la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Por estas razones, debe rechazarse el criterio del Honorable Senado e insistirse en la posición de la Cámara.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS -

Señor Presidente, los Diputados radicales, igual como lo han manifestado los representantes de las otras bancadas, rechazaremos las modificaciones introducidas por el Honorable Senado a este proyecto de ley, que autoriza el ejercicio profesional de chilenos que, durante el exilio, obtuvieron grados y títulos.

Este rechazo lo fundamentamos por cuanto estimamos que las modificaciones importan una exagerada restricción al ámbito de aplicación de la ley, en comparación con los términos en que había sido propuesta originalmente. Tan restrictivas son las modificaciones que, en definitiva, a la larga, tienden a desvirtuar el espíritu y el propósito que animó al Gobierno al someter al conocimiento del Congreso Nacional el proyecto de ley que nos preocupa.

Señor Presidente, no sólo decimos esto, por lo que ya se ha advertido en el debate en tomo de la aplicación del artículo 3° del proyecto, mediante el cual el Senado sustituye el sistema de reconocimiento o validación por un simple sistema de habilitación, sino -lo que es más grave- porque este criterio restrictivo queda claramente expresado en la modificación al artículo 1°.

Aquí quiero detenerme, para que los miembros de la Comisión de Educación que posteriormente integren la Comisión Mixta, reparen en la siguiente situación:

El artículo 1°, tal como lo había aprobado la Cámara, decía que esta ley se iba a aplicar a los chilenos que salieron del país por acuerdo intergubemamental, por razones de orden político y otras de fuerza mayor. O sea, señalaba tres situaciones o tres hipótesis.

En la modificación del Senado al inciso primero del artículo 1°, simplemente, se deja delimitado el ámbito de aplicación de la ley "a los chilenos que salieron del país por razones de fuerza mayor", y ocurre, Honorables colegas, que el artículo 45 de nuestro Código Civil define "fuerza mayor" de la siguiente forma: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.". Obviamente, es posible suponer que una persona exiliada que hubiere obtenido un título en el exterior, no debe caer necesariamente en la hipótesis de "caso fortuito" o "de fuerza mayor" que previene el artículo 45. Ello evidencia el criterio restrictivo con que ha actuado el Senado sobre esta materia, el que, naturalmente, rechazamos.

Por estas razones, señor Presidente, los Diputados radicales rechazaremos todas las modificaciones introducidas por el Senado e instamos a que se promueva rápidamente la formación de una Comisión Mixta para que, en definitiva, nos entregue un proyecto acorde con los principios que nos animaron en un comienzo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ -

Señor Presidente, me sumo a las diversas opiniones expresadas, en el sentido de persistir en el criterio de la Cámara de Diputados que autoriza el ejercicio profesional para los chilenos que obtuvieron grados y títulos durante el exilio.

Es importante hacer resaltar el ánimo que existe en la Cámara de Diputados para asumir el tema del exilio como una realidad que existió en Chile, frente a la cual cabe reparar algunos de sus efectos, porque hoy día es posible hacerlo.

Para los socialistas, es trascendente escuchar que también desde las bancadas de Oposición se reconoce con altura de miras, que el exilio fue una situación anómala, por lo cual es necesario aprobar medidas que permitan asegurar la reinserción normal de quienes no pudieron vivir por tantos años en su Patria.

En este sentido, parece muy importante, no sólo para este proyecto, sino para un conjunto de iniciativas de ley que debemos estudiar en el futuro próximo, que se mantenga el ánimo de entendimiento y de colaboración que existió cuando la Cámara discutió el primitivo proyecto. Al mismo tiempo, debemos lamentar que en el Honorable Senado no haya habido la misma perspectiva y que, de alguna manera, se haya reducido el proyecto, buscando eliminar lo esencial del mismo, cual es facilitar la reinserción en el país de quienes estuvieron en el exilio.

En este sentido, el Senado ha incurrido en dos errores. Por un lado, pensar que alguien puede ejercer correctamente la profesión durante un año, pero no en el año siguiente. Es absurdo que un médico pueda operar dos o tres años y que, al cabo de este período, ya no pueda hacerlo, porque ha dejado de ser considerado hábil para ello; o que alguien pueda construir puentes o casas durante cinco años, y que al sexto año se le diga: "Mire, usted no está capacitado para efectuar ese trabajo". Es decir, la ley sería llevada al ridículo si permitiéramos que se ejerciera la profesión por cinco años y, terminado este período, expresáramos: "Usted no está capacitado para hacerlo.". O está capacitado siempre o no lo está nunca; pero no puede autorizarse a alguien por ejemplo, para cometer eventuales errores profesionales durante un cierto número de años. En esta perspectiva, a mi juicio, el Senado ha cometido un error conceptual sustantivo.

La segunda equivocación consiste en intentar forzar la situación, al homologar la habilitación para quienes no tienen título, en ciertas situaciones, dejando de lado lo normal, lo lógico, que es el reconocimiento o convalidación del título obtenido.

Ello destaca aún más, cuando este proyecto no es el primero -ni mucho menos- que en la historia de nuestro país busca establecer un mecanismo para reconocer estudios efectuados en el extranjero.

Sin ir más lejos, en el Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, del cual nuestro país fue parte hasta 1988, se estipulaba el reconocimiento inmediato de los estudios, diplomas, títulos y certificados, tanto en lo relativo a la licencia secundaria y a la educación superior, tanto para los efectos académicos como para el ejercicio de la profesión.

Es decir, durante muchos años -lamentablemente interrumpidos en 1988 por razones que no alcanzo a comprender- nuestro país fue parte de un sistema de convalidación y de reconocimiento expreso de títulos en toda América Latina. Sería absurdo, ahora, que a quienes han regresado del exilio con posterioridad a 1988 se les dé algo muy inferior a lo que todo estudiante latinoamericano tenía derecho antes de dicho año.

Por eso, junto con respaldar la opinión de todos los colegas que han expresado la necesidad de insistir en el criterio de la

Cámara de Diputados, quiero, al mismo tiempo, señalar el interés porque nuestro país revise próximamente los convenios existentes con el resto de América Latina sobre la materia, para hacer también realidad la idea de que somos parte de una gran patria latinoamericana.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO -

Gracias, señor Presidente.

No quiero reiterar conceptos ya enunciados en esta Sala, pero no puedo dejar de decir que no es posible estar de acuerdo con la proposición del Honorable Senado en algunos artículos que, por supuesto, rechazaremos, porque modifican en forma sustancial el proyecto aprobado inicialmente por esta Cámara.

Los parlamentarios de estas bancadas junto con los de la Oposición, permanentemente actuamos con sentido de servicio público. Hoy, en Chile, todos, sin excepción, estamos preocupados por la reinserción en la sociedad chilena, entre otros, de los profesionales que obtuvieron títulos en el extranjero. Lo reiteramos una vez más, así como lo expresamos claramente cuando este proyecto fue debatido en esta Sala en el primer trámite constitucional.

Estimamos que este deseo nuestro debe conjugarse con la seriedad de una autorización para ejercer una profesión determinada, la que debe concederse respetando mínimas normas reglamentarias que den seguridad a la población. El Honorable Diputado señor Palestro se ha referido reiteradamente al ejercicio de la medicina. Ello es muy delicado, y quienes ejercen la profesión deben reunir determinados requisitos para evitar que, en algunos casos, se atente contra la vida.

Por eso, es necesario que seamos muy cuidadosos en lo que aprobamos.

Todo lo expuesto está claramente explicitado en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Por esa razón, no compartimos el criterio del Honorable Senado. La modificación introducida permite sólo la habilitación para el ejercicio profesional y la respectiva autorización de trabajo, lo que no resulta adecuado en un país que exige el reconocimiento o validación de grados académicos para el ejercicio profesional, como queda de manifiesto en el artículo 3Q de la iniciativa aprobada por esta Cámara.

Finalmente, quiero recalcar que la aprobación de la enmienda del Senado sentaría un grave precedente que induciría, en el futuro, al ejercicio ilegal de la profesión. Al respecto, hoy hemos recibido informaciones sobre profesionales médicos, titulados en el extranjero, que estaban ejerciendo ilegalmente la profesión en Chonchi, contratados por organismos no gubernamentales. Eso no debe suceder, y la modificación del Senado daría lugar a que esto se repitiera y, lo que es peor, repito, constituiría un grave precedente que incentivaría el ejercicio ilegal de cualquier profesión en Chile.

Por ello, reitero que nuestra bancada rechazará las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

El señor YUNGE -

Señor Presidente, no está de más reiterar la significación e importancia del acuerdo reflejado en las intervenciones de los representantes de las distintas bancadas parlamentarias en torno de este proyecto de ley.

Es necesario recordar que en la discusión realizada en el Senado, algunos sectores ni siquiera aceptaban la idea de legislar sobre esta iniciativa. Finalmente, después de una serie de debates y negociaciones, se alcanzó el acuerdo, pero surgieron las modificaciones que la Cámara de Diputados trata en este momento.

En esta materia, es muy importante manifestar que el Senado ha incurrido en una contradicción. Establece un sistema que permite la habilitación para el ejercicio profesional a chilenos que obtuvieron grados y títulos durante el exilio, por el plazo de cinco años. Además, crea una Comisión especial, relativamente similar a la contenida en el proyecto despachado por la Cámara de Diputados, la cual deberá otorgar la mencionada habilitación y la respectiva autorización de trabajo a esos profesionales. Por lo tanto, para la convalidación y el reconocimiento de títulos y grados obtenidos por chilenos en el extranjero, se deja sólo el camino que el DFL correspondiente reconoce a la Universidad de Chile.

Sin embargo, puede ocurrir que las personas autorizadas para el ejercicio profesional por cinco años, por diversas razones, durante este período, no utilicen los mecanismos tradicionales que la ley contempla para la convalidación de sus títulos o, incluso, ante la poca claridad para lograr este reconocimiento, algunas de ellas tomen la determinación de abandonar nuevamente nuestro país en busca de posibilidades que les permitan una mayor estabilidad desde el punto de vista profesional. Es decir, se plantea un mecanismo en cierta medida burocrático, en el cual distinguimos dos instancias diferentes. En primer lugar, la habilitación para el ejercicio profesional otorgada por una Comisión especial, y, en segundo término, la obligación para esos profesionales de recurrir al procedimiento establecido por la ley, a cargo de la Universidad de Chile, para el reconocimiento o validación de grados académicos y títulos.

Sin duda, los Diputados que representen a esta Honorable Cámara tendrán que realizar en la Comisión Mixta un arduo trabajo para lograr los acuerdos que permitan salvar y mantener los elementos sustantivos de esta iniciativa, lo que deberá reflejarse en una proposición que reconozca y recoja los elementos del proyecto de ley original.

Me parece que la posición institucional de la Cámara de Diputados es fundamental. Hay que fortalecerla y trabajar en la perspectiva de la reparación y entrega de oportunidad a compatriotas que estuvieron sometidos a situaciones absolutamente ajenas a su voluntad, y que, además, reúnen las calificaciones técnicas y profesionales necesarias, que la Comisión especial evaluará, para que realicen su aporte profesional a nuestro país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, la primera vez que se debatió este proyecto en la Cámara discutimos un punto que, en alguna medida, las modificaciones del Senado lo reiteran.

Algunas enmiendas deben ser rechazadas por la Cámara, particularmente aquellas que se relacionan con la idea de habilitar eventualmente a una persona para ejercer una profesión, pero sólo por un determinado período. Eso me parece absurdo y comparto la argumentación entregada al respecto en esta Sala. Existen también otras modificaciones sobre las cuales no deseo extenderme y que deben ser rechazadas. En mi opinión, debe mantenerse el texto aprobado por la Honorable Cámara.

A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, no existe en la Sala la idea de defender alguna modificación planteada por el Senado. Sin embargo, deseo destacar un punto de reflexión: que se distinga entre lo que es el reconocimiento de un grado académico y lo que es habilitar a una persona para el ejercicio profesional, situación que, según mi criterio, deberá tenerse presente en la Comisión Mixta que deberá formarse como consecuencia de lo que se advierte será el resultado de la votación en la Cámara.

Considero altamente discutible que una Comisión -aun cuando esté constituida con mucha rigurosidad, según lo dispuesto en el texto aprobado por la Cámara, o, eventualmente, de acuerdo con la proposición hecha por el Senado- tenga la posibilidad de reconocer un grado académico. Esa alternativa, reitero, es discutible, porque profesionales chilenos que, luego de realizar sus estudios en Chile, hacen cursos de posgrado en el extranjero y obtienen un grado académico, jamás estarán dispuestos a que ese grado académico, eventualmente de doctor, de magister o de master, pueda ser sometido a la consideración de una Comisión, cualquiera sea su constitución, o el grado en que garantice una representación adecuada de la rigurosidad académica en Chile, porque ese grado académico se está entregando en una universidad distinta, fuera de este país. Otra cosa absolutamente diferente es que una persona que obtenga un grado académico en el exterior -por lo cual está habilitado para ejercer su profesión en ese país- como consecuencia de estas disposiciones también se le habilite para ejercerla en Chile. Son cosas distintas.

El Senado, en sus modificaciones -con las excepciones que he comentado al inicio de mi intervención, las cuales rechazo al igual que la mayoría de esta Sala- lo que pretende, en muchas de ellas, es distinguir el reconocimiento de grados académicos o de títulos, de la habilitación del ejercicio profesional. Ese propósito, evidentemente, constituye el espíritu de este proyecto de ley, es lo que deseamos defender y está inserto en todas las intervenciones que he escuchado: que se habilite a la persona que ha tenido una formación académica determinada en el exterior para el ejercicio profesional que fluye de esa formación.

Quiero dejar constancia de que será tema de discusión en muchos centros académicos de nuestro país que la Cámara y el Senado, con un objetivo muy loable como es permitir la habilitación para el ejercicio profesional de personas que han estudiado en el extranjero, caiga en el error de hablar de reconocimiento de grados académicos o de títulos profesionales, porque no nos corresponde pronunciarnos sobre esa materia, en beneficio y cuidado del desarrollo académico y profesional, en general, de nuestro país.

Por último, con mucha razón cualquier país podría objetar que los parlamentarios chilenos nos hayamos creído con derecho para reconocer grados académicos o entregar esa posibilidad de reconocimiento a una comisión determinada, cuya composición fluye de lo planteado en esta iniciativa de ley.

Estimo pertinente que esta reflexión se tenga presente en la Comisión Mixta. Obviamente, no pretendo obstaculizar la aprobación de este proyecto de ley ni el respaldo que hemos planteado al texto original de la Cámara pero sí quiero destacar que en algunas modificaciones del Senado se ha pretendido hacer algo que, en mi opinión, es absolutamente válido: no confundir la habilitación para el ejercicio profesional con el reconocimiento de grados académicos. Yo, por lo menos, estimo procedente esa intención del Senado.

Concedo una interrupción al colega señor Schaulsohn.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Agradezco al Honorable señor Latorre que me haya concedido una interrupción, especialmente cuando la he solicitado para disentir de su criterio.

Me parece que él punto en discusión es muy importante. Habilitar para el ejercicio profesional no es lo mismo que reconocer un título. Y eso tiene graves implicancias para el futuro desempeño de las personas que deseamos beneficiar con esta legislación. Queremos que se reconozca el título, lo cual habilita para ejercer la profesión. Eso es obvio.

Me asalta una duda: si para postular a un empleo en la Administración Pública, donde el requisito es tener un título profesional obtenido en alguna universidad nacional, o reconocido por el Estado, si es suficiente tener una mera habilitación para el ejercicio de la profesión. Yo creo que no.

Es perfectamente posible que el día de mañana un profesional postule y sea rechazado por no tener título reconocido, pero está habilitado. Si es un médico, puede arrendar una oficina y abrir una consulta; pero no está habilitado para desempeñarse en la Administración Pública, por cuanto no tiene título reconocido. El decreto de nombramiento, si es que corresponde, puede ser objetado por la Contraloría con toda tranquilidad. Eso me preocupa.

Cuando vi la modificación del Senado, me llamó la atención lo del plazo, que evidentemente es absurdo y no debe existir, no porque un profesional puede ejercer durante tres años y después resulte que ya no tiene más la habilidad, como se ha dicho acá. Tenemos claro que reconocer un título profesional otorgado en el extranjero es un derecho que un Estado soberano puede o no conceder, pero ello no refleja la habilidad de la persona para ejercer una profesión determinada. El punto clave, a mi juicio, es que debemos establecer un procedimiento claro y expedito para reconocer los títulos. Frente a la duda del Honorable señor Latorre acerca de lo que puedan pensar las universidades extranjeras, considero que no deben expresar nada, puesto que los gobiernos de los países son los que soberanamente resuelven qué personas pueden o no ejercer determinada profesión.

De manera que siguiendo la misma dirección señalada por el Honorable señor Latorre, pero sosteniendo la tesis exactamente opuesta, espero que la Comisión Mixta establezca la posibilidad, de acuerdo con las normas del proyecto del Ejecutivo, de que las personas tituladas en el extranjero puedan tener derecho a que se les reconozca ese derecho, con todas las consecuencias jurídicas que se derivan de tener un título profesional reconocido plenamente en el país, una de las cuales, sin duda, es que la persona queda habilitada para ejercer la profesión de que se trata. Estar en posesión de un título universitario reconocido, también "habilita" para muchas otras cosas que la mera habilitación para ejercer la profesión puede no garantizar. Por eso, el punto es importante y debe ser estudiado con cuidado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Correspondería votar. Creo que el debate ha sido claro.

El señor LATORRE.-

Estoy con la palabra, señor Presidente. Fue una interrupción la que concedí.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Está bien, pero le pediría que, por favor fuera breve.

Puede continuar, Su Señoría.

El señor LATORRE.-

El punto en discusión es relevante. En Chile existen grados académicos que no habilitan para ejercer una profesión, y puedo dar ejemplos. El grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas, por ejemplo, no habilita para ejercer la profesión de abogado; la licenciatura en Economía, tampoco significa que la persona obtuvo el título de ingeniero comercial. En el caso de la ingeniería se da la misma situación: hay grados académicos intermedios que no habilitan para el ejercicio de la profesión. Asimismo, existen carreras en que no hay grados académicos, como en la de Construcción Civil, donde la persona simplemente obtiene el título de constructor civil.

He hecho una clara distinción -y lamento que el colega Schaulsohn no la haya entendido correctamente- entre lo que es el grado académico y el título profesional. Es evidente que cuando se trata de un título profesional que permite ejercer en el extranjero, lo que debemos hacer es habilitar para el ejercicio profesional. Pero es diferente cuando la persona tiene un grado académico porque, en ese caso, sería absurdo que una comisión estableciera que efectivamente ese grado académico es equivalente a uno de nuestro país. Eso es discutible no sólo para las universidades extranjeras, colega Schaulsohn, sino también para las chilenas. Lo que sí procede es que esa persona, por poseer un grado académico, no tenga obstáculo para su ejercicio profesional. Entonces, la comisión que pretendemos constituir diría que, en función de que la persona realizó estudios en la universidad de tal país que constituyen el nivel correspondiente, por ejemplo, a la carrera de ingeniería civil, se la habilita para ejercer esa profesión. Eso resolverá la comisión, pero no establecerá equivalencias entre uno y otro caso, en cuanto a currículo de estudio, porque eso sí que sería un procedimiento engorroso que, a diferencia de lo que sostiene el colega Schaulsohn, en lugar de facilitar el ejercicio profesional de una persona que haya estudiado en el extranjero, lo involucraría en un proceso extraordinariamente engorroso que yo conozco a la perfección.

En Chile, la habilitación profesional durante muchos años estuvo a cargo de los colegios profesionales, nunca de las universidades, hasta que se dictó una ley que los eliminó. Las universidades chilenas jamás tuvieron la responsabilidad de permitir el ejercicio de una profesión. Hoy día, no existe una instancia en ninguna corporación de derecho público que habilite para ello. La comisión que deseamos constituir será la primera que exista en mucho tiempo con poder legal para autorizar el ejercicio profesional de extranjeros.

En consecuencia, no quiero reiterar más el punto en discusión. Me parece que son reflexiones válidas, que ojalá estén presentes en el debate de la Comisión Mixta.

Señor Presidente, quisiera que me permitiera conceder una interrupción al Diputado señor Yunge, quien me la ha pedido insistentemente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, después de que hable el Diputado señor Yunge y de que el señor Sota fundamente su voto, de manera breve, se cerrará el debate y se procederá a votar.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, trataré de ser breve. El último inciso del artículo 5° aprobado por el Senado, establece: "Las personas a quienes se conceda la autorización respectiva en virtud de esta ley, gozarán de los mismos beneficios y asignaciones remuneratorias establecidas o que se establezcan en la ley para quienes posean títulos profesionales, técnicos o grados académicos otorgados por las Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Estado".

Sólo quiero señalar que en esta norma se mencionan únicamente los beneficios y asignaciones remuneratorias, pero no se asimilan las exigencias del título profesional, como requisitos, por ejemplo, para postular a un cargo público en la Administración del Estado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Esa situación aparece en la página 7, en el último inciso aprobado por la Cámara.

Tiene la palabra el Diputado señor Sota.

El señor SOTA-

Señor Presidente, más bien es para fundar mí no voto, no obstante estar absolutamente de acuerdo con la justicia del proyecto de ley que nos ocupa.

Desgraciadamente, en virtud del artículo 143 de nuestro Reglamento, no puedo votar, porque eventualmente varios de mis hijos pueden ser favorecidos con este proyecto. Por lo tanto, anuncio que, muy a mi pesar, no podré participar en esta votación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, comparto las proposiciones formuladas, con excepción de la modificación sustitutiva del artículo 1°, inciso primero. En este precepto queremos insistir en el criterio de la Cámara por parecemos menos restrictivo, en conformidad con lo planteado por el Diputado señor Campos.

Con respecto al inciso segundo de este mismo artículo, aprobaríamos la modificación del Senado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, en nuestra bancada hay diversos parlamentarios que están inhabilitados para votar, por cuanto sufrieron el exilio y debieron estudiar o culminar sus estudios en el extranjero. Son los casos, por razones de consanguinidad, en primer grado, de los Diputados señores Vicente Sota, y Jaime Naranjo. En lo personal, son las situaciones del Diputado señor Camilo Escalona y de la Diputada señora Adriana Muñoz. Todos ellos no votarán por encontrarse inhabilitados, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, aunque, por haber vivido en el exilio, respaldan con todo su espíritu, obviamente, esta iniciativa.

Al mismo tiempo, concordamos tanto en lo manifestado por el Diputado señor Smok de que en el inciso primero del artículo l2 debemos insistir en el criterio de la Cámara de Diputados, como en la afirmación del Diputado señor Carlos Bombal en cuanto a que la eliminación de la palabra "debidamente" es una corrección gramatical, pero que la sustitución introducida en el número 5 del artículo 4°, también debe ser rechazada.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la transferencia, a título gratuito, de los inmuebles fiscales que indica a la "Fundación Pablo Neruda".

Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es el señor Elgueta.

-El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 216-12 (S).

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado informante.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, tengo el alto honor de informar el proyecto de ley, remitido por el Senado y originado en un mensaje, que autoriza al Presidente de la República para transferir a título gratuito los inmuebles, actualmente fiscales, donde vivió el poeta Pablo Neruda, y otro colindante, ubicados en Isla Negra, provincia de San Antonio, a la "Fundación Pablo Neruda", cuyos fines son la preservación, propagación y difusión de su obra.

Asimismo, el proyecto autoriza a dicha fundación para que los restos mortales del poeta laureado con el premio Nobel y de su cónyuge, doña Matilde Urrutia Cerda, sean inhumados definitivamente en el mismo inmueble de Isla Negra, y le confiere una especial protección a sus derechos de autor, extendiéndolos a 50 años en beneficio de ella.

La Fundación Pablo Neruda nació, con motivo de la muerte de doña Matilde Urrutia, con la finalidad de cultivar y propagar las artes y letras, y es heredera del patrimonio del poeta. Su existencia legal deriva del decreto supremo N° 368, de 8 de mayo de 1986, del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial del 4 de junio de ese año.

Por su parte, el Fisco es dueño del bien raíz denominado "El Totoral", hoy "La Gaviota", de Isla Negra, comuna del Quisco, y su inscripción de dominio corre a fojas 793, N° 794, de 1974, del Registro de Propiedades de Casablanca y tiene los deslindes detallados en el proyecto. El Fisco lo adquirió por confiscación, según decreto supremo N° 1.429, de Interior, del 26 de agosto de 1974, publicado el 5 de septiembre de ese año.

Allí vivió Pablo Neruda y escribió gran parte de su obra. La referencia de Isla Negra produce una verdadera identificación entre el lugar y el poeta. Habitó en ella hasta el 19 de septiembre de 1973 y fue su voluntad -contenida en su testamento literario- que sus restos mortales descansaran perpetuamente allí.

El decreto supremo N° 723, de Marina, de 30 de junio de 1988, reducido a escritura pública el 12 de septiembre de ese año, en la notaría de San Antonio, de doña María Antonieta Azocar, otorgó concesión marítima del bien raíz antes mencionado. Allí funciona la Casa-Museo Pablo Neruda, bajo la tutela y administración de la Fundación.

Asimismo, el Fisco es dueño de un retazo de terreno que es parte de otro de mayor extensión, llamado "El Totoral", hoy "La Gaviota", sin número, de Isla Negra, cuya inscripción corre a fojas 612 vueltas, N° 1.026, del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca, de 1984, el cual adquirió de doña María Teresa Amblard Leparge, y es colindante con el anteriormente descrito. La Fundación la posee y la usa gratuitamente, habiendo realizado inversiones cuantiosas para su conservación y mantención con fondos propios, aportes de países amigos y otras donaciones.

Por ello, es indispensable que la Fundación Pablo Neruda vele por sus fines propios y conserve, con todos los derechos y facultades inherentes al dominio, el patrimonio del poeta Pablo Neruda comprendido en su Casa-Museo. Así se cumple, además, la voluntad testamentaria del vate, que señaló su deseo de descansar en ese lugar, a la que se agrega la de su mujer, Matilde Urrutia Cerda, de constituir la Fundación que perpetúe la imagen y obra de Pablo Neruda.

Durante la discusión se plantearon algunas observaciones jurídicas respecto de lo aprobado en el Senado:

1°.- Se planteó que era innecesario el artículo 1° del proyecto, que autoriza la exhumación, el traslado y la inhumación de los restos mortales de Pablo Neruda y su cónyuge desde el Cementerio General de Santiago a Isla Negra, al inmueble descrito en el proyecto de ley, puesto que los artículos 135, 136 y 144 del Código Sanitario disponen que ello es facultad administrativa del Director General de Salud.

Sin embargo, cabe señalar que la obligación de sepultación, conforme al artículo 149 del Código Sanitario y artículo 53 del Reglamento General de Cementerios, decreto supremo N° 357, de 1970, de Salud, corresponde a la cónyuge sobreviviente o el pariente más próximo que esté en condiciones de sufragar los gastos.

Por otra parte, los artículos 320 a 322 del Código Penal sancionan a quienes infringen las normas reglamentarias sobre exhumación e inhumación de cadáveres.

Ante la ausencia de parientes, es menester que la Fundación Pablo Neruda, como sucesora legítima del poeta, sea facultada por ley para que, previo los trámites de rigor, proceda a la exhumación, traslado y a la inhumación de los restos mortales de ambas personalidades en el inmueble donde se encuentra instalada la Casa-Museo Pablo Neruda, de Isla Negra.

En suma, esta autorización a la Fundación Pablo Neruda es la que se otorga por ley.

2°.- Respecto de la autorización que se concede al Presidente de la República para que transfiera a título gratuito a la Fundación Pablo Neruda los dos inmuebles descritos en el proyecto de ley, se observaron dos materias:

a) Que era innecesario dar por ley tal facultad al Presidente de la República, cuando ella ya la tiene en general por el decreto ley N° 1.939, del año 1977. Sin embargo, la referida autorización del proyecto importa la fijación de una modalidad especial que se impone en forma perpetua a la Fundación adquirente y que consiste en que dichos bienes deben destinarse directa y exclusivamente al cumplimiento de sus fines propios. Asimismo, transforma dichos bienes en incomerciables al prohibir que se puedan gravar o enajenar en todo o parte.

b) Por otro lado, la Comisión discrepó respecto de lo aprobado en el Senado, ya que éste propuso fijar como una norma general la posibilidad de que se pudieran transferir, a título gratuito, terrenos de playas fiscales, comprendidos en una faja de 80 metros de ancho, medidos de la línea de las más altas mareas, a que se refiere el artículo 6°, inciso segundo, de la ley N° 18.255, a favor de todas las personas jurídicas chilenas, sin fines de lucro, cuyo objeto sea el cultivo y propagación de las letras o de las artes.

La Comisión, a este respecto, acordó volver al artículo 1° original del proyecto del Ejecutivo, que sólo autoriza la transferencia a título gratuito de los terrenos de playas fiscales correspondientes a los inmuebles descritos y que corresponden a la Fundación Pablo Neruda, ya que la regla general propuesta por el Senado altera el propósito enunciado por el mensaje y podrá servir, en el futuro, para una parcelación privada de los terrenos mencionados en la ley N° 18.255.

Asimismo, la norma especial propuesta por el Ejecutivo y repuesta por la Comisión, aparentemente, rompe el principio de la igualdad ante la ley del N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que lo que el Constituyente prohíbe son las diferencias arbitrarias, y es indudable que el reconocimiento de la vasta y notable labor de Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, no tiene ningún asomo de arbitrariedad y, por el contrario, se enmarca dentro de los cánones de la justicia y del marco constitucional del N° 5 del artículo 60 de la Constitución, que regula los honores públicos a los grandes servidores.

En todo caso, de ser aprobado el criterio de la Cámara, deberá dirimirse tal cuestión en la Comisión Mixta respectiva.

3°.- Un tercer aspecto del proyecto de ley es la modificación del artículo 10° de la ley N° 17.336, para aumentar de 30 a 50 años la duración de la protección del derecho de autor, cuando se trate de perpetuar la memoria de un autor ilustre y así se exprese en un decreto supremo. De este modo, la Fundación Pablo Neruda tendrá, mediante decreto fundado, una protección de 50 años desde el fallecimiento del ilustre poeta, ya que no habiendo dejado herederos, corresponde a dicha persona jurídica el goce de tal especial protección.

El artículo 2° del proyecto, que se refiere a la autorización para que el Presidente de la República transfiera los inmuebles a título gratuito a la Fundación, con la modalidad de gravámenes ya descrita, es de quorum calificado, puesto que comprende terrenos de playas fiscales que son de la nación toda, conforme al N° 23 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Omito la lectura del proyecto, ya que se encuentra en poder de los señores Diputados, el cual fue aprobado por unanimidad en su idea de legislar, por mayoría de votos, su artículo 1° y por unanimidad sus artículos 2° y 3°.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Velasco.

El señor VELASCO.-

Señor Presidente, el entorno de una persona habla mucho de ella y en el caso concreto de Pablo Neruda, acercarse a su mundo personal y visual de objetos y lugares que lo acompañaron en su vida, es relevante para conocerlo. Así se va descubriendo que ese mundo material es enorme, casi infinito, y que en sus cosas quedó impregnada la presencia y alma del poeta.

Por eso, quiero referirme especialmente a una de sus casas, mencionada en el proyecto, ubicada en la localidad de Isla Negra, comuna de El Quisco, provincia de San Antonio, perteneciente al distrito que me honro en representar; porque hablar de Pablo Neruda y de Isla Negra, es una sola y misma cosa y según las palabras de su fallecida esposa, Matilde Urrutia, es donde más se siente la presencia de Pablo.

Neruda creía que los objetos guardaban el espíritu de las personas y que un día, cuando él se fuera, su espíritu estaría ahí, en los objetos que tanto quiso y buscó por el mundo entero.

Fue él quien bautizó Isla Negra a esta playa, situada más allá de El Tabo, que a fines de la década de los años treinta era totalmente desconocida. Se enamoró del paraje, entonces desierto, donde las rocas salvajes eran golpeadas por un mar agitado, el sitio ideal que el poeta necesitaba para aislarse del mundo y escribir, entre otras, "Canto General" y "Alturas de Machu Picchu"; poesía que honra a las letras chilenas, majestuosa, digna, llena de amor para el amor. Así, Isla Negra surgió de a poco, a la medida de sus sueños, de sus ilusiones y de acuerdo a cómo iban creciendo sus numerosas y variadas colecciones.

Por esto, por tantas cosas y recuerdos que está casa encierra, mi bancada, de la Democracia Cristiana, apoya la iniciativa para que se otorgue al Presidente de la República la atribución de transferir, a título gratuito, dos inmuebles, actualmente fiscales, que corresponden a la casa del poeta y a un predio colindante con el anterior, a la Fundación Pablo Neruda, entidad encargada de la preservación, propagación y difusión de su obra.

Asimismo, como homenaje a Neruda y a su cónyuge, Matilde Urrutia, debería permitirse la exhumación, traslado e inhumación de sus restos mortales, desde sus actuales sepulturas en el Cementerio General de Santiago hasta la propiedad donde el vate vivió y escribió gran parte de su obra, para que descansen definitivamente.

Por último, creo necesario prorrogar el plazo de protección de los derechos de autor, de 30 a 50 años, en beneficios de la referida Fundación.

Cabe señalar que la Honorable Cámara, dentro de sus facultades, y por expresa petición del suscrito, aprobó por unanimidad, el 6 de junio del año pasado, el proyecto de acuerdo que declara monumento nacional, patrimonio de todos los chilenos y para todos los chilenos, la residencia de Isla Negra, que cada día es más visitada por nacionales y extranjeros, particularmente por nuestra juventud.

En el fondo, con esto rendiríamos homenaje a una de las figuras universales de la literatura chilena y de las letras en general, ejemplo para las futuras generaciones. Más allá de las discusiones jurídicas, más allá de las ideologías, haríamos una reparación, además de constituir una honra necesaria.

Como país, tenemos una tradición histórica, una tradición de grandes poetas, los más grandes, pues hemos obtenido, con gran orgullo, dos premios Nobel para nuestra patria.

Durante la época pasada hubo gente que no entendió la poesía, la belleza ni el sentido espiritual, y muchos, por ideología, rompieron y pisotearon, en la propia casa en que se encontraban, aquellas cosas que Pablo Neruda amaba.

Por eso, me parece que hoy día esta iniciativa viene a reparar, con celo, un mal injustamente causado.

La poesía es eterna y esto lo encamó perfectamente el grande e insigne poeta.

Por último, deseo recordar las palabras que se encuentran grabadas en un tablón a la entrada de la casa: "Regresé de mis viajes. Navegué construyendo la alegría".

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, en el análisis del proyecto, en la Comisión tuvimos algunas aprensiones, puesto que el artículo 1° establece un derecho que tienen todos los chilenos y que no es materia de ley.

Respecto del artículo 2°, como se ha señalado no estima imprescindible una autorización especial para que el Presidente de la República transfiera inmuebles, en forma gratuita.

Creemos que la persona y el genio de Pablo Neruda merecen una ley de mayor imaginación de parte del pueblo chileno y de sus autoridades.

Ahora, se rechazó la norma general que proponía el Senado para transferir, a título gratuito a instituciones sin fines de lucro, franjas del sector costero, porque podría generalizarse y vulnerar la preservación del litoral chileno. Sin embargo, estamos conscientes de que esta legislación debe ser revisada en lo que se refiere al resguardo de la franja, pues hoy día se está produciendo un alejamiento de la costa, un dar la espalda a este mar por parte de los chilenos. Hemos visto casos concretos, incluso de astilleros que están funcionando en Santiago, lo cual, obviamente, consideramos irracional.

En resumen, señor Presidente, creemos que Pablo Neruda merece esto y mucho más. Por eso, en nombre de los Diputados de Renovación Nacional e independientes anuncio que vamos a aprobar este proyecto de ley.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Faulbaum.

El señor FAULBAUM.-

Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Radical, quiero expresar que nos parece de absoluta justicia aprobar este proyecto de ley, para lo cual concurriremos con nuestros votos.

Aun cuando ayer se nos negaba la posibilidad siquiera de conocer del poeta, hoy día el pueblo chileno, representado en este Congreso, viene en aprobar un proyecto de ley que, en definitiva, pretende señalar categóricamente que su poeta merece esto y mucho más.

Por esto, vamos a concurrir a votarlo favorablemente.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Juan Martínez.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, en nombre de la bancada PPD, Partido Socialista y Partido Humanista, anuncio que vamos a concurrir con nuestros votos de aprobación a este proyecto de ley.

Esta es una pequeña reparación que hace hoy día el pueblo de Chile a la figura y memoria de tan insigne poeta. Quizás nadie se ha elevado en este país a tal altura universal, asumiendo las características de nacionalidad, el aspecto propio de nuestra naturaleza, de nuestra historia y de la esperanza del pueblo de Chile.

El proyecto sólo pretende restituir determinados bienes, de propiedad del poeta, que fueron confiscados durante el gobierno militar a sus legítimos propietarios, lo que, en definitiva, significó una afrenta a las letras universales y al pensamiento libre de la humanidad. En un período democrático como el que estamos viviendo no podía sino buscarse una solución, pero no debemos pensar que el articulado de un proyecto de ley, con su natural simplicidad, puede hacer justicia a los méritos del poeta. Eso está fuera del ámbito de una legislación.

Creo que ni el Ejecutivo ni la Comisión de Recursos Naturales tuvieron la pretensión de reparar o hacer justicia a Pablo Neruda a través de un determinado artículo de ley. Eso no es así. Todavía hay mucho por hacer en ese sentido, en el terreno educacional, en el ámbito del desarrollo de la cultura, del conocimiento de la vasta e importante obra del poeta y de la necesaria simbología que deben asumir los homenajes que rinda el pueblo de Chile a tan señero personaje de nuestra historia. En fin, hay un conjunto de aspectos que, obviamente, están mucho más allá de lo que establece una iniciativa legal.

Pero éste es un paso en la dirección correcta. Además, el hecho de que sea aprobado por unanimidad y de que la Cámara haya repuesto el texto original del proyecto de ley, desechando algunas enmiendas introducidas por el Senado de la República, dan un marco de respeto a la figura del poeta, ante la cual se inclinan no sólo los chilenos sino todos los hombres del mundo.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación general el proyecto.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular, entendiendo que concurre el quorum indicado.

Despachado el proyecto.