Labor Parlamentaria

-Comunicación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, mediante la cual informa que procedió a elegir como su Presidente al señor Diputado don Aldo Cornejo.

-Comunicación del Diputado señor Claudio Rodríguez, mediante la cual informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días.

-Comunicaciones de la Diputada señora Eliana Caraball y de los Diputados señores Juan Alberto Pérez, Jaime Estévez, Eduardo Cerda, Juan Martínez, Carlos Ignacio Kuschel y Juan Antonio Coloma mediante las cuales informan que se ausentarán del país por un plazo inferior a 30 días.

CUENTA

El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.

- El señor ZUÑIGA (Prosecretario accidental) da cuenta de ¡os documentos recibidos en la Secretaría.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Terminada la Cuenta.

MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.469, EN RELACIÓN CON ASPECTOS DE LA MODALIDAD DE LIBRE ELECCIÓN. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Ofrezco la palabra, por cinco minutos, a un señor Diputado que apoye el proyecto, y por otros cinco minutos a quien desee impugnarlo.

El señor SMOK.-

Pido la palabra.

El señor Secretario dará lectura a una indicación al artículo 1°.

El señor HUENCHUMILLA.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Presidente en ejercido).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, a nuestro juicio, la indicación es inadmisible o inconstitucional. Como está cerrado el debate, no podré dar razones. Sólo lo hago presente a la Mesa.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Señor Diputado, el criterio de la Mesa es diferente, porque la indicación mantiene el porcentaje que establece el proyecto.

El señor MELERO.-

Pido la palabra para una cuestión de Reglamento.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Señores Diputados, se ha planteado la inadmisibilidad de la indicación. Ruego a Sus Señorías referirse a este problema, concretamente, para los efectos de que la Sala se pronuncie. Se agotó el tiempo de Fácil Despacho y no corresponde abrir debate sobre la materia. Incluso, dos Diputados no pudieron hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra el señor Melero.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, en efecto, no se vulneran los acuerdos de los Comités. El señor Huenchumilla, ha planteado la inadmisibilidad de la indicación y ha solicitado un pronunciamiento de la Mesa al respecto. De alguna manera, al haber Diputados que la apoyan, queda claro que no hay problema de inconstitucionalidad -tal como lo ha expresado la Mesa-, porque no significa mayor gasto para el Estado ni tampoco modifica lo propuesto por el Ejecutivo.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA.-

Pido la palabra.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, que se lea nuevamente la indicación, para mayor claridad.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

El señor Secretario la leerá de nuevo.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Para sustituir la letra b) del artículo l°, por la siguiente: “En todo caso, la bonificación con con quq el Fondo Nacional de Salud contribuya al pago de estos valores diferenciados, no podrán ser de un porcentaje superior ni inferior al señalado en el inciso anterior”

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

En votación la petición de inadmisibilidad de la indicación.

- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo una abstención.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Se declara inadmisible la indicación.

Tiene la palabra el señor Melero.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, dado el resultado de la votación, al igual como se procedió con la indicación del Honorable Diputado Bosselin, propongo que la nuestra también se envíe al Ejecutivo, con el objeto de que, si lo tiene a bien, la haga suya y la incorpore en el proyecto a través del Senado.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Si le parece a la Sala, se enviará el oficio al Ejecutivo siempre que ello fuere procedente.

El señor ESTEVEZ.-

La Ley Orgánica Constitucional del Congreso establece que una indicación declarada inadmisible no puede ser considerada ni aun para los efectos de ponerla en conocimiento al Ejecutivo. Por lo tanto, la Sala no puede adoptar una resolución directamente contraria a la letra de dicho cuerpo legal.

Acepto que es dudosa la declaración de inadmisibilidad, porque es un asunto discutible; pero no es dudosa la letra de la Ley Orgánica Constitucional, que es muy clara al respecto.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Es efectivo lo que usted indica.

El señor BAYO.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría

El señor BAYO.-

Señor Presidente, sólo deseo informar que la indicación está en conocimiento del ejecutivo, a través del señor Ministro de Salud. Si el Diputado señor Melero lo estima pertinente, la suya podría ser incorporada en la iniciativa que está en el Ministerio.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

El Diputado señor Melero solicitó división de la votación del artículo 1°.

El señor MELERO. -

Pedí votarlo por separado y ojalá se proceda así.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Perfecto.

El señor MELERO.-

Lo que deseo es que se desglose la letra a) del artículo 1°.

Esa es la razón de votarlo separado, señor Presidente.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Por eso le pedí una aclaración, señor Diputado.

No hay problema.

En votación la letra a) del artículo 1°.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobada.

En votación la letra b) del artículo 1°.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobada.

En votación la letra c) del artículo 1°.

- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 4 votos. No hubo abstenciones.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Aprobada la letra c) del artículo 1°.

En votación el artículo 2°.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

En votación el artículo 3°.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

Terminada la discusión y votación.

Despachado el proyecto.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que establece normas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Seguel.

- El texto del proyecto, impreso en el boletín N° 201-13 (S), figura en el N° 11 de los Documentos de la Cuenta.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Se encuentra presente en la Sala el señor Ministro del Trabajo, don René Cortázar.

Solicito el acuerdo de la Sala para autorizar el ingreso del Subsecretario del Trabajo, don Eduardo Loyola.

Si le parece a la Cámara, así se acordará.

Acordado

Tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, Honorable Cámara: La Comisión de Trabajo y Seguridad Social me ha encomendado informar a esta Sala respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y segundo informe reglamentario, que establece nuevas normas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva.

Para quien habla, constituye una distinción especial poder transmitir los acuerdos que sobre esta materia adoptó vuestra Comisión.

Es indudable que esta iniciativa reviste una trascendencia relevante en el acontecer nacional y en el devenir político-institucional de nuestro país.

Tal como lo señala el mensaje, el proyecto se refiere a aspectos centrales de la política laboral del Supremo Gobierno, en consideración a que la institucionalidad laboral constituye un aspecto de principal importancia, tanto en el funcionamiento de un sistema democrático como respecto de las condiciones que afectan el crecimiento económico y la distribución de sus resultados. En consecuencia, es importante que ella tenga legitimidad, tanto para trabajadores como para empresarios y la comunidad toda.

Todo ello sólo puede obtenerse si los principios que la informan y los mecanismos que la implementan protegen adecuadamente la participación, la equidad y los legítimos intereses, tanto de las partes directamente involucradas como de la comunidad nacional, en general.

Por eso, es altamente destacable por el Diputado que os informa el espíritu de diálogo, consulta y acuerdos que en tomo de este proyecto se buscó y encontró con el resto de las bancadas parlamentarias presentes en la Comisión.

En consideración a la relevancia de la materia, se buscaron y encontraron consensos que, respetando los acuerdos básicos logrados durante la tramitación del proyecto en el Senado, permitieran su mejoramiento y perfeccionamiento, de modo que evitaran, durante su vigencia, posibles conflictos de intereses que hicieran altamente discutibles su aplicación.

En mérito de la brevedad que los Diputados miembros de la Comisión hemos acordado dar a nuestras intervenciones en esta Sala, trataré de resumir las consideraciones que sobre las enmiendas aprobadas al texto del primer informe da cuenta el documento que Sus Señorías tienen en su poder, y omitiré expresamente aquéllas de carácter meramente formal.

El N° 8 del artículo 9° fue modificado, por indicación del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el fin de permitir a las organizaciones sindicales que, dentro de sus finalidades, puedan formular planteamientos y peticiones, y exigir el pronunciamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad.

Esta enmienda tiene relación directa con la formulada por el mismo Secretario de Estado al artículo 32 del proyecto, que abordará más adelante. Tiende a permitir que los dirigentes sindicales que por ministerio de la ley gozan de fuero, puedan exigir del comité paritario soluciones a los problemas de su competencia, sin arriesgar su fuente laboral.

Las modificaciones introducidas a los artículo 10°, 17 y 18, tienen carácter meramente formal y no cambian la sustancia de dichos preceptos.

La introducida al artículo 24, signada con la letra b), contenida en las páginas 6 y 7 del informe, tiene por objeto dotar a los directorios sindicales de un número mayor de miembros, cuando reúnan sobre tres mil afiliados. En esa eventualidad, el directorio estará compuesto por nueve dirigentes.

La modificación introducida al artículo 26 tiende a dar mayor certeza jurídica y protección al trabajador que sea candidato a integrar el directorio sindical. Todo ello en relación con lo dispuesto en las indicaciones aprobadas al artículo 27 del proyecto.

La enmienda al artículo 32, letra a), contenida en la página 8 del informe, es consecuente con los nuevos incisos cuarto y quinto de ese artículo, los que a sugerencia del señor Ministro del Trabajo, se aprobaron por unanimidad.

En esta materia se introdujo un cambio respecto del criterio adoptado por el Senado, en el sentido de dotar de fuero a todos los trabajadores miembros del comité paritario de higiene y seguridad.

La Comisión de Trabajo estimó que no resulta aconsejable aumentar drásticamente el número de trabajadores con fuero en una empresa, sobre todo en consideración a que podría producirse un aumento de tal magnitud en la existencia de trabajadores con fuero que, en el caso de una empresa que contara con varias sucursales, establecimientos o faenas, podrían llegar a ser más numerosos los aforados que los integrantes de la directiva sindical, por concepto de trabajadores pertenecientes a los comités paritarios.

Esto llevó a la Comisión a aprobar el criterio de que sólo un trabajador integrante de los comités paritarios tuviese fuero, quien sería designado por los propios trabajadores integrantes del respectivo comité. Se permite que también goce de fuero un representante titular de los trabajadores en los comités paritarios constituidos en faenas, sucursales o agencias de una empresa en que trabajen más de 250 personas.

Por otra parte, se estimó que al dotar de fuero a la totalidad de los trabajadores integrantes de los comités paritarios se podría incentivar la participación de trabajadores que no tuvieran real interés en materia de higiene y seguridad.

La indicaciones presentadas a los artículo 38, 39 y 57 también revisten carácter de meramente formales, pues no alteran la sustancia de dichos preceptos.

La indicación aprobada al artículo 65, fue agregar una letra f); corresponde sólo a un cambio de ubicación, pues estaba contenida como letra f del inciso segundo del artículo 163, sin alterar su texto. La Comisión estimó que su ubicación lógica estaba dentro de las prácticas desleales que atentan contra la libertad sindical.

Del mismo modo se agregó en la letra a) de dicho artículo, un párrafo que cubre como práctica desleal y que atenta contra dicha libertad, las que se refieran a los comités paritarios de higiene y seguridad o a sus integrantes.

La modificación al artículo 81 reviste carácter meramente formal, pues sustituye el texto del inciso penúltimo por uno que mejora su redacción.

Las enmiendas correspondientes a los artículos 84 y 85 son producto de la supresión del artículo 83, acordada por vuestra Comisión, y se refieren únicamente al cambio de numeración.

En el artículo 86, el señor Ministro del Trabajo presentó indicación para dividirlo en dos, pasando a ser su inciso primero el nuevo artículo 85. De esta forma, el artículo 86 quedó compuesto por los dos últimos incisos primitivos de éste, sin modificaciones sustanciales.

Del mismo modo, se introdujeron las modificaciones al artículo 90, epígrafe de los Capítulos I y II del Título II del Libro II, y a los artículos 97, 98, 102, 107, 108, 110,113, 114 y 118.

En el artículo 122 se suprimió su inciso primero y se aumentó a 75 por ciento la cotización de los trabajadores a quienes se les hiciesen extensivos los beneficios estipulados en el instrumento colectivo, durante toda la vigencia del contrato y a contar de la fecha en que éste se les aplique, permitiéndose al trabajador indicar a qué sindicato los aportará, si en la negociación hubiese participado más de una organización.

Cabe hacer presente que dicho acuerdo altera el criterio aprobado por el Senado, que fijó dicha cotización en sólo 50 por ciento. Al adoptar esta decisión, vuestra Comisión estimó que, por ser cada vez más tecnificado el proceso negociador, en el que se supone los trabajadores deben contar con asesorías adecuadas, resulta imprescindible que las organizaciones sindicales que han hecho el esfuerzo de la negociación colectiva cuenten con mayores recursos, en especial de aquellos a quienes su esfuerzo ha favorecido sin ser parte de ella.

Las modificaciones introducidas a los artículos 125, 133, 141, 148, 157, y 170, epígrafe VIII del Libro II, disposición final, y al 191 permanente y 4o transitorio, son meramente formales y no cambian la esencia del precepto aprobado por vuestra Comisión en el primer informe.

Especial mención cabe hacer respecto de la eliminación del artículo 83 del proyecto, que permitía convenir estipulaciones referidas a los trabajadores que se incorporaran posteriormente a la empresa, siempre que ellos tuvieren derecho a negociar colectivamente.

Vuestra Comisión estimó inadecuado restringir la facultad del empleador a la contratación de la mano de obra, otorgándole la libertad de discernir las condiciones económicas en que incorporará a nuevos trabajadores a su empresa.

Por último, aprobó la incorporación de un artículo 192 nuevo, referido a la vigencia de la presente ley, y de dos artículos transitorios nuevos, que aclaran preceptos contenidos en este proyecto.

Antes de finalizar esta breve relación, permítanme Honorables colegas solicitarles que se hagan partícipes de los acuerdos logrados por unanimidad en la Comisión. Y que aprueben el texto que ella os propone en los mismos términos contenidos en el informe que tienen en su poder.

Por último, agradezco en mi nombre y en el de la Comisión, el aporte que a sus debates han efectuado el señor Ministro del Trabajo, el señor Subsecretario y sus asesores señores Ramacciotti y Novoa y en forma especial, al Secretario de la Comisión y al personal de la Honorable Cámara.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, cumpliendo con el compromiso adquirido en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, para agilizar este trámite me referiré en una sola intervención a los aspectos más relevantes introducidos al proyecto aprobado por el Senado.

Todos los cambios fueron discutidos y analizados con mucha seriedad, mirando el bien común y no tratando de favorecer a ningún sector en especial. Indudablemente, habrá sectores, tanto de trabajadores como de empresarios, que encontrarán deficiencias. Los trabajadores sentirán que no han sido satisfechas todas sus demandas, y los empresarios dirán que hay aspectos del proyecto que restringen su capacidad de gestión.

También habrá otras voces de personajes que en algún momento han tenido importante injerencia en la legislación laboral, hoy tratada, los que harán severas críticas a los cambios introducidos. A ellos hay que recordarles que hoy día las leyes son fruto del debate producido entre representantes de todos los sectores políticos del país, escuchando a las partes involucradas, con lo cual se logra que estas sean aceptadas y respetadas por todos, obteniéndose una paz social que permita un desarrollo económico sostenido.

1° Se logró encontrar una solución parcial al tema del fuero de los representantes de los trabajadores en el comité paritario, entregándoselo a un solo miembro de dicho comité. Con esto, se evita, en parte, confundir los roles entre el sindicato y el comité paritario, dado que este último es un cuerpo colegiado de carácter técnico y no reivindicativo, como es el caso de los sindicatos.

2° También se aumentó el porcentaje de aportes de un 50 a un 75 por ciento sobre el valor de la cuota mensual ordinaria fijada por el sindicato para aquellos trabajadores a quienes, no siendo parte de la renegociación, se les hace extensivo el contrato o convenio colectivo. Esta modificación está basada en el hecho de que creemos que es justo que estos trabajadores colaboren económicamente con el financiamiento que requiere el sindicato en la contratación de asesores, a fin de que -lo más importante-, tenga recursos para capacitar a sus dirigentes y, estos puedan ser capaces de evaluar correctamente sus peticiones, de acuerdo con las reales condiciones económicas de la empresa, en el contexto de una política de apertura a los mercados internacionales. Esta capacitación, sin duda, traerá como consecuencia un mejoramiento de las relaciones al interior de la empresa, evitando los conflictos que tanto daño hicieron en el pasado al país.

3° También se modificó el artículo 24 del proyecto, en el sentido de establecer que los sindicatos con un número de entre mil y 2 mil trabajadores tuvieren siete directores; y sobre 2 mil trabajadores, pudieren elegir nueve directores. Esto, por considerarlo más adecuado a la realidad sindical existente hoy en el país.

4° Por otro lado, se acordó eliminar el artículo 83 del proyecto, que establecía la posibilidad de convenir, durante el proceso, de negociación colectiva, estipulaciones referidas a trabajadores que se incorporaren con posterioridad a la empresa. Ello, básicamente, por estimar que rigidiza la contratación de nuevos trabajadores, a los que, en un momento dado la empresa puede necesitar para un nuevo proyecto que, en un principio, requiera de condiciones distintas a las de los trabajadores que se vienen desempeñando por años en las actividades permanentes de la empresa.

En otros casos, este artículo podría crear una discusión innecesaria durante las negociaciones del contrato o convenio colectivo, por tratarse de trabajadores que a lo mejor no será necesario contratar.

Estas serían las modificaciones más importantes introducidas al proyecto enviado por el Senado.

Creo, sinceramente, que, con la colaboración, tanto del Ejecutivo como de todos los miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, se logró perfeccionar dicho proyecto.

No me cabe más que agradecer la comprensión de mis colegas miembros de la Comisión, por haber aceptado algunas de mis inquietudes planteadas.

He dicho

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Caminondo.

El señor CAMINONDO.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, el país ha podido apreciar en este último año cómo este Parlamento ha acogido las iniciativas emanadas del Ejecutivo, en el sentido de incorporar modificaciones a la legislación laboral chilena. Todos estos nuevos cuerpos legales son el producto del trabajo conjunto de los parlamentarios, tanto de Gobierno como de la Oposición, los que hemos trabajado unidos, con mucha altura de miras, para dar a los trabajadores una legislación moderna, justa y de acuerdo con los tiempos.

En ese sentido, mi colectividad, Renovación Nacional, ha desplegado los mejores esfuerzos para allegar el máximo de iniciativas para una legislación que, en definitiva, defienda en forma ecuánime los intereses de trabajadores y empresarios.'

Es necesario reconocer el importante aporte del empresariado chileno que, con mucha responsabilidad y seriedad, ha hecho suyas todas las inquietudes de los trabajadores. Estos últimos también han demostrado su máximo interés en ver en los empresarios sus aliados y no sus enemigos. Han comprendido que el esfuerzo conjunto entre trabajadores y empresarios da el mejor fruto para el desarrollo y el progreso de todos los chilenos, y, por ende, de todas y cada una de las familias de nuestros compatriotas.

Todos estos signos son una clara señal de que el país transita por un camino firme hacia la consolidación del proceso democrático, y esa consolidación sólo será una realidad con el aporte y el esfuerzo responsable de los trabajadores, los empresarios, las máximas autoridades, el Parlamento y la ciudadanía toda.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, la institucionalidad laboral constituye un aspecto importante, tanto en el funcionamiento de un sistema democrático como respecto de las condiciones que afecten al crecimiento económico, y es necesario que tal institucionalidad tenga legitimidad para trabajadores y empresarios.

La Constitución Política consagra el derecho de asociación sindical como garantía fundamental para todos los habitantes del país. Este derecho se traduce en la facultad que asiste a los trabajadores de darse, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la sola condición de ajustarse a la ley y a los propios estatutos de la organización. En lo fundamental, el proyecto consolida el principio de que las organizaciones de los trabajadores sean libres, representantivas y autónomas. Además, establece que los trabajadores eventuales puedan formar un sindicato.

En la negociación colectiva, los trabajadores de varias empresas, sus sindicatos pueden negociar libremente, en conjunto, previo acuerdo de las partes.

También se establece un cuerpo mediador al que se accede por acuerdo de las partes en cualquier momento de la negociación colectiva.

Igualmente, se establecen normas que se consideran prácticas desleales o antisindicales, tanto de los trabajadores como de los empresarios, en el funcionamiento de la actividad sindical y también en el momento de la negociación colectiva.

Brevemente, deseo destacar el consenso que imperó en la Comisión y la concordancia con los señores Diputados de Renovación Nacional, quienes contribuyeron a la aprobación de este proyecto de ley con valiosas indicaciones y con la disposición permanente de acelerar su despacho.

He pertenecido a esta Comisión en mis cuatro períodos como Diputado, y ha sido ésta una de las pocas oportunidades en que sobre las legítimas discrepancias ha primado el espíritu de hacer política con mayúscula.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez.

El señor PEREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, con el ánimo de agilizar la discusión de este proyecto de ley, solamente intervendré en esta ocasión para señalar que reitero las palabras del Diputado señor Orpis, como las de quien habla, en la discusión en general, cuando, como partido, dimos nuestra opinión y fundamentamos nuestro voto negativo a la idea de legislar respecto del proyecto, de lo cual también ha quedado constancia en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. A pesar de esta actitud negativa frente a la iniciativa remitida por el Senado de la República, hemos tratado, con toda nuestra capacidad, de contribuir al mejoramiento de la legislación laboral desde nuestro particular punto de vista. Creemos que de esa manera cumplimos con el mandato que los electores han depositado en nosotros, a fin de enriquecer los distintos cuerpos legales con responsabilidad, seriedad y objetividad.

Quiero expresar que, reconociendo que el proyecto del Senado, incluso el de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, contiene notables avances y diferencias con el proyecto original del Ejecutivo, aún mantenemos ciertas dudas y reservas que es necesario dar a conocer en esta oportunidad.

Es muy importante, señalar que, por indicación, de los Diputados señores Fantuzzi, Orpis y de quien habla, se suprimió el artículo 83, que permitía que en un contrato colectivo pudieran convenirse estipulaciones referidas a aquellos trabajadores que se incorporaran posteriormente a la empresa. A nuestro juicio, es un aporte trascendente, tal como lo ha expresado el Diputado señor Seguel en su informe, porque de verdad, en lo que es la capacidad de gestión de los empresarios, constituye un elemento muy importante.

A continuación me referiré a un aspecto que me parece de la mayor relevancia: la huelga. Es evidente que la libertad de contratar es uno de los puntos claves del derecho de gestión que tiene todo empresario sobre su empresa. En opinión de la UDI, ella no se puede entrabar .jamás, sin poner en riesgo un elemento esencial: el derecho de gestión. Más aún -y ya lo expresamos en el Senado y en esta Corporación-, estimamos que el N° 24 del artículo 19 de la Constitución no se aviene con ninguna limitación que implique que el empresario, en un instante determinado, no pueda contratar trabajadores para su empresa.

Es cierto -como ya lo indiqué- que esta iniciativa ha atemperado en forma considerable lo que en un principio se planteaba al respecto. Pero aquí quiero subrayar un elemento, que me parece extraordinariamente significativo: el reemplazo de los trabajadores en huelga o, dicho de otra forma, el derecho del empresario para contratar trabajadores durante la huelga, porque no siempre serán en rigor reemplazantes de los que están en huelga. Este derecho es el único que permite asegurar, en la práctica, que se mida - como ya lo hemos manifestado-, en un test, si efectivamente la remuneración a la cual los primeros aspiran, corresponde o no al aporte que realizan a la productividad de la empresa.

Es obvio que ningún trabajador aceptará laborar por una remuneración inferior a la de mercado, como también lo es que todo trabajador o grupo de éstos aspira a tener una renta por encima de ese nivel, fruto de su calificación, de lo que signifique para la empresa, por las relaciones humanas que haya logrado conseguir con el resto del personal y de múltiples elementos que hacen que, efectivamente, su aporte a la productividad de la misma pueda ser -y de hecho lo sea- mayor que la remuneración de mercado. La cuestión reside en cómo se mide, dónde llega dicho aporte como factor determinante de la remuneración. A mi juicio, la única manera de verificarlo, en la práctica, es a través de la existencia de la posibilidad de reemplazo de la contratación de trabajadores durante el período de la huelga. En esa oportunidad se verá si la pretensión del trabajador corresponde a su aporte a la productividad, caso en el cual el empleador no encontrará a otros de igual calificación y nivel de calidad que aquellos que están en huelga. Por el contrario, llegará a un límite en que el empresario afrontará el costo de contratar nuevos trabajadores, eventualmente menos calificados, a quienes desconoce, pero asumiendo el costo de entrenamiento que ello implique, porque le sería excesivo aceptar la petición formulada.

Ese es el test fundamental, lo que permite el mecanismo de reemplazo.

Felizmente, el proyecto lo ha contemplado, aunque sólo desde el decimoquinto día de huelga; sin embargo, estimo que no hay ninguna razón, en el caso de que no sea de acuerdo con el IPC, y aún en esas circunstancias, que justifique que no opere desde el día en que comienza. La fórmula a la cual se llegó, en el sentido de que la empresa que no ofrezca un reajuste equivalente al IPC está impedida de contratar trabajadores, dentro de los primeros 15 días de huelga, es, a mi juicio, muy importante, porque, de acuerdo con la circunstancia histórica, es ella la que está, sin duda, en mayores dificultades.

No nos debemos poner en el escenario de una recesión. En tal caso, convendremos todos en que resulta impensable que el mecanismo establecido en este proyecto se mantenga. La indexación fue extraordinariamente negativa para los trabajadores chilenos en la época de las famosas crisis económicas. Por lo tanto, siempre debiéramos formular las ideas considerando un crecimiento significativo de la economía. Pero debemos hacer la salvedad, en ese caso, de que cuando una economía experimenta un crecimiento, no- todos los sectores de ella crecen de la misma manera. Por ejemplo, estudios realizados permiten determinar que mientras el transporte crecerá en alrededor del 10 por ciento, la pesca y el yodo bajarán entre el 13 y el 15 por ciento.

En consecuencia, la circunstancia de que la economía crezca, no implica que todas las empresas estén en condiciones de ofrecer aumentos equivalentes al IPC, salvo que se trate de crecimientos económicos muy elevados y que el problema mencionado no se presente.

Esas son las aprensiones que manifestamos tanto en el Senado como en la Cámara frente al tema de la huelga, y que reiteramos en esta ocasión.

Nuestras aprensiones se repiten respecto de la regulación de la huelga, que de nuevo se convierte en indefinida al establecerse que sólo finaliza con la reincorporación de la mayoría de los trabajadores. A nuestro juicio, ello deja en situación inestable a los reemplazantes en cuanto a su contrato con la empresa, y prolonga la situación de conflicto en términos muy difíciles de prever.

Esas son, entre otras, nuestras aprensiones y dudas, que hemos considerado necesario dar a conocer en la Cámara de Diputados.

Para terminar, quiero expresar que hemos entregado nuestro aporte a la discusión de este proyecto de ley con la mejor buena voluntad. A nadie debe asustar que ésta o cualquiera ley que salga de la Cámara de Diputados reciban críticas, a lo mejor fuertes y duras, de personas que tuvieron o no injerencia en este tipo de materias en el pasado, o que la vayan a tener en el futuro. Como parlamentario, no podemos expresar dudas o temores - como se ha manifestado- sobre esa posibilidad de crítica. El Parlamento, y particularmente los Diputados, estamos expuestos a la crítica de la opinión pública, de los especialistas y, por lo tanto, debemos recibirla como algo inherente al sistema democrático.

Este es nuestro planteamiento frente a esta iniciativa y, repito, lo haremos en una sola ocasión para colaborar con el rápido despacho de ella.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio). -

Tiene la palabra el Diputado don Hernán Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, deseo referirme en forma breve a algunos aspectos de carácter constitucional y reglamentario que deberán ser considerados, unos, por esta Sala y, otros, por el Honorable Senado.

En primer término, el artículo 6°, que se discutirá en su oportunidad, empieza señalando: "Esta ley no será aplicable a los funcionarios...", en circunstancias de que la norma vigente establece: "La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros.".

En consecuencia, su redacción debe ser cambiada en el sentido de que las normas contenidas en esta ley no serán aplicables a determinados funcionarios; pero no puede disponer que la 'ley no será aplicable".

En segundo lugar, el artículo 7° aprobado -para referirme a él solicité una interrupción- indica que serán ministros de fe "los funcionarios de la administración del Estado que sean designados en calidad de tales por la Dirección del Trabajo".

Esta materia la tratamos latamente al discutir otra ley; en esa ocasión quedó establecido -y con posterioridad ratificado por el Honorable Senado- que el nombramiento de ministros de fe debe reunir una serie de requisitos, de formalidades y de solemnidades, y atenta en contra de claras disposiciones legales, otorgar, a través de una ley, el carácter de ministros de fe a funcionarios del Estado, sin que cumplan con las exigencias habilitantes para ello.

En consecuencia, en el Honorable Senado presentaré las indicaciones tendientes a rectificar esta situación.

Finalmente, señor Presidente, en el artículo 68 se ha incurrido en un error -que ya no es el caso ni se puede reparar- y ocurrirá lo mismo que sucedió con la Ley de Pesca. Se están alterando las atribuciones de los tribunales. Todos los tribunales letrados tienen que someterse a un procedimiento expresamente señalado por la ley. Sólo los jueces árbitros -y sólo algunos- pueden conocer y fallar sin forma de juicio. En el artículo 68, no sólo se señala que el juez del Trabajo conocerá sin forma de juicio, sino que se le otorgan facultades arbitrarias, las que podrá usar cuando lo estime necesario.

De esta manera, se altera el principio de la pasividad de los tribunales y se le conceden una serie de facultades que, previamente, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución Política de la República, debieron haber sido sometidas a conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.

Al no hacerlo en su oportunidad, simplemente se ha incurrido en lo que ya señaló el Tribunal Constitucional: si en un proyecto de ley cualquiera se altera la competencia de los tribunales, esas disposiciones son propias de ley orgánica constitucional y debe oírse sobre ellas, en forma previa, a la Corte Suprema.

Por lo tanto, si la Corte Suprema no conoció esta materia, esta disposición -lamento mucho informar lo que estimo, señor Presidente- la considero inconstitucional.

Es cuanto deseo hacer presente en relación con las tres disposiciones legales citadas.

Muchas gracias.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rubén Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, al igual como lo han hecho otros colegas parlamentarios, pretendo sólo usar de la palabra para referirme a varios aspectos que me parecen interesantes del proyecto de ley que se somete a la aprobación de esta Sala.

Desde luego, no está de más señalar la importancia que tiene este proyecto, destinado a extender el ejercicio del derecho a formar sindicatos o a integrarse a ellos a sectores de trabajadores que hasta ahora no lo tenían, como es el caso de los trabajadores de temporada.

El proyecto tiende a fortalecer la organización sindical, perfecciona el mecanismo de los fueros, hace más eficiente el régimen de financiamiento de los sindicatos, y mejora, de manera importante, las disposiciones que sancionan las prácticas desleales. Todo ello, con el objeto de darle a las organizaciones sindicales la suficiente autonomía e independencia.

Además, se amplían las posibilidades de negociación colectiva.

Hay un mayor campo para el ejercicio de la libertad en esta materia. Se esmera la legislación que se propone en establecer mecanismos de mayor equilibrio de las herramientas de negociación que pueden utilizar las partes durante el proceso respectivo.

¿Cuáles son sustancialmente las nuevas disposiciones que se incorporan al proyecto que aprobamos en general en esta Sala?

En primer lugar, el nuevo tratamiento de la situación de los representantes laborales en los comités paritarios de higiene y seguridad.

Como sabemos, tales comités están establecidos en el artículo 66 de la ley N° 16.744, que los hace obligatorios para todas las industrias o faenas en que trabajen más de 25 personas, disponiendo que allí deberán funcionar uno o más. De manera que el número de comités paritarios susceptibles de funcionar en una industria o faena no está limitado en la ley.

Ahora bien, lo relativo a funcionamiento y constitución de estos comités figura en el reglamento de la ley, fijado por el decreto supremo N° 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1969, allí se señala que se integrarán, por partes iguales, entre representantes de los trabajadores y de la empresa, en número de tres por cada una de ellos; es decir, los representantes del sector laboral son tres.

La disposición aprobada por el Senado establecía el fuero para todos los integrantes del comité paritario, en los mismos términos en que los dirigentes sindicales están amparados por fuero. Este tema se debatió bastante en la Comisión, y sobre la materia se escuchó a varios sectores que pidieron dar a conocer su opinión.

Como resultado de todos los antecedentes recogidos y del debate bastante fructífero producido en el seno de la Comisión se estimó que, aunque el fuero está destinado a satisfacer una necesidad que había qué atender, cual es otorgar cierta protección a los representantes del estamento laboral en el ejercicio de sus funciones, cuando son integrantes del comité paritario de higiene y seguridad, sin embargo, parece inconveniente que esa protección se dé sobre la base de un fuero que cubra a todos sus integrantes porque, si bien se puede otorgar a través de este mecanismo, no es menos cierto que eso significa desincentivar el establecimiento de dichos comités, los cuales, estamos convencidos, son necesarios en todas las faenas. En la legislación vigente, la obligatoriedad solamente está fijada para las empresas con más de 25 trabajadores. De manera que la constitución de un comité paritario en una empresa con menos personal es voluntaria para las partes; es una facultad que éstas tienen, pero no una obligación que la ley impone. Y si sus integrantes van a disponer de fuero laboral, es evidente que nunca se constituirá un comité paritario en estas empresas.

Por otra parte, también advertimos que se producían varios desajustes, porque en algunos casos aumentaba o se multiplicaba notoriamente la cantidad de trabajadores aforados, situación que podía poner en peligro una mayor contratación de mano de obra.

Todas estas circunstancias nos llevaron a revisar este criterio y a buscar una fórmula más equilibrada que, otorgando protección, no llegara al extremo de otorgar fuero. ¿De qué manera se logró este objetivo, a nuestro juicio en forma eficaz?

En primer lugar, se modificó el artículo 9°, que permite a los sindicatos tener una mayor injerencia en lo que dice relación con las tareas de prevención de riesgos, de higiene y de seguridad. Es así como se agregó, dentro de los fines del sindicato, además, que pueden "formular planteamientos y peticiones ante los comités paritarios de higiene y seguridad, y exigir de ellos un pronunciamiento frente a situaciones determinadas que le interesen.".

Por otra parte, se mantuvo el fuero para uno de los integrantes del comité paritario de higiene y seguridad. También se hizo extensivo el fuero, con la nueva redacción del artículo 31 propuesta por la Comisión, a un integrante más por aquellas faenas, sucursales o agencias de una empresa en que trabajen más de 250 personas. Pensamos que a través de este mecanismo, realmente se protege la situación del trabajador que participa en estos comités, se resguarda su independencia y, al mismo tiempo, no se establece para la empresa un gravamen que pueda traer dificultades en el incentivo para contratar mano de obra.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Ha terminado el tiempo de su primer discurso.

Puede continuar, Su Señoría, en el tiempo de su segundo discurso.

El señor GAJARDO.-

Gracias.

Otra modificación importante es la supresión del artículo 83, el cual hacía extensivo el contrato colectivo a los trabajadores que, después de su celebración, ingresaran a la empresa.

Básicamente, se estimó que a través del mecanismo establecido en el artículo 98, la situación de los trabajadores nuevos estaba suficientemente resguardada. Esta norma establece que en aquellas empresas donde exista un contrato colectivo, los trabajadores que ingresen con posterioridad a la suscripción del contrato, después de transcurridos seis meses de permanencia en la empresa pueden negociar colectivamente, en la medida en que reúnan los requisitos para promover ese proceso. Al mismo tiempo, sin recurrir a este mecanismo, pueden adherirse a la próxima negociación colectiva que se genere en la empresa o participar directamente en ella.

Otra materia importante es la relativa a la cotización sindical.

Señalaba que, a nuestro juicio, una de las finalidades que se logra con este proyecto es el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y el mejoramiento de su situación financiera, la cual se ve reforzada a través de lo dispuesto en el artículo 122.

Según la propuesta del Senado, en este artículo se establece la obligación de que contribuyan con una parte de la cuota sindical aquellos trabajadores que no participan en la negociación colectiva, pero a los cuales el empleador les hace extensivos los beneficios. Se trata de crear un mecanismo de justicia, en el sentido de que todos aquellos que resulten favorecidos participen en el financiamiento de ese proceso. Nadie está obligado a integrarse a una negociación colectiva. Sin embargo, aunque alguien se hubiere marginado de ella, si el empleador le hace extensivos beneficios que son producto de una larga negociación que ha significado un esfuerzo a las organizaciones sindicales, no se justifica que un trabajador que no participó en ese sacrificio ni contribuyó en el esfuerzo los reciba. Por eso, siempre fuimos partidarios de un mecanismo de solidaridad que obligue a todos los beneficiados con la negociación colectiva a contribuir en el financiamiento a el proceso.

El Senado propuso un aporte de un 50 por ciento. En la Comisión se aumentó el porcentaje al 75 por ciento, porque, a nuestro juicio, es el guarismo que más se acerca al aporte que todos deben entregar para financiar el proceso común de negociación colectiva.

Al mismo tiempo, como una manera de hacer más viable y operable la normativa que obliga a quienes reciben los beneficios de una negociación a contribuir con él, un 75 por ciento de la cuota sindical durante toda la vigencia del contrato colectivo, el cumplimiento de esta obligación se ve afianzado por lo dispuesto en la nueva letra f) del artículo 65, la cual incorpora, como hipótesis de práctica desleal por parte del empleador, hacer extensivos los beneficios y no proceder al descuento de la respectiva cuota sindical. Esta práctica desleal, como otras que establece el proyecto, está sancionada en el artículo 68, con multas que van de una unidad tributaria mensual a diez unidades tributarias anuales.

Cabe hacer presente que esta sanción no es óbice para que los sindicatos puedan demandar el cumplimiento de esta obligación, a través de las vías legales correspondientes, para que se le entere la cuota sindical que debe pagar el trabajador que se encuentra en la situación en análisis.

En esta Sala se ha destacado la colaboración prestada a la Comisión por el señor Ministro del Trabajo, el señor Subsecretario, sus asesores, los funcionarios de la Comisión y, muy especialmente, el espíritu constructivo observado en los debates. Todos hemos estado de acuerdo en la necesidad de hacer un esfuerzo serio, que dignifique al Parlamento, para buscar las mejores fórmulas que hagan posible que una materia tan importante como ésta sea aceptada por los distintos sectores políticos, gremiales y actividades del país, a fin de legitimarla, de modo que realmente se extiendan la posibilidades de que la concertación social sea la guía y el mecanismo para regular las relaciones laborales en nuestro país.

En consecuencia, los parlamentarios de esta bancada votaremos favorablemente los artículos del proyecto propuestos por la Comisión.

El señor DUPRE (Presidente en ejercido).-

Tiene la palabra el Diputado señor Araya.

El señor ARAYA.-

Señor Presidente estamos a dos semanas de conmemorar una fecha histórica e importante para los trabajadores del país y de todo el mundo, como es el 1° de mayo, día internacional del trabajo. Otro hito histórico que también se celebra en este mes de mayo es la dictación de la encíclica "Rerum Novarum" por el Papa León XIII, en el año 1891. En estas condiciones, cobra gran importancia y trascendencia el proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo, sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, que la Honorable Cámara trata ahora en segundo trámite constitucional y que contará con nuestros votos favorables.

La gran trascendencia e importancia social y política que esta iniciativa reviste para el país, motiva a nuestra bancada a la evaluación y consideraciones que, muy sucintamente, señalaré a continuación.

Los cambios que este proyecto introduce a la actual legislación laboral significan un avance muy importante en el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Este es un paso positivo para equiparar el poder negociador de los trabajadores con la parte empresarial.

Tales avances constituyen una superación muy esperada por los trabajadores, por todo el conjunto de injusticias y pérdidas de derechos que, en el régimen anterior, los afectó con motivo de la aplicación del llamado "Plan Laboral".

Por lo tanto, nos alegra que estas modificaciones legales vengan a restaurar en parte un mayor equilibrio social, .al reconocer a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales como un actor social fundamental dentro del sistema democrático que hoy vive el país.

Muy resumidamente deseo comentar esos avances en relación con las organiza- dones sindicales y con la negociación colectiva, en los siguientes puntos:

-Aumento de los fines de las organiza- dones sindicales. A modo de ejemplo, ahora podrán constituir entidades previ- sionales y de salud. En general, permite reorganizar todo lo que no está expresamente prohibido.

-Se amplía la posibilidad real de sindicación en las empresas con menos de 50 trabajadores, rebajándose los quorum para constituir sindicatos. Ello es muy positivo, si consideramos que más de un terdo de los asalariados laboran en empresas pequeñas y medianas.

-Elección de delegado con fuero en las empresas donde se encuentren trabajadores afiliados a un sindicato interempresa.

-Disminución de requisitos para ser director sindical. Es muy positivo rebajar a 18 años la discriminatoria exigencia de 21 años de edad. Hoy, a la edad de 18 años, el ciudadano tiene algunos derechos. Sin embargo, para ser dirigente sindical se requiere una mayoría de 21 años de edad.

Actualmente se exige una antigüedad de dos años en las empresas. Esta discriminación hoy día también se elimina, pero ello va relacionado con los estatutos de cada sindicato, lo que posibilitará que las organizaciones sindicales consideren la mayor participación de aquel que aspire a ser dirigente sindical.

-Presentación de candidatura en las elecciones de dirigentes sindicales. A mi juicio, este avance es bastante importante, ya, que, en la antigua legislación, se permitía que todos fueran candidatos. Eso, a nuestro entender, resultaba poco serio. Hoy llegarán a la organización sindical quienes presenten un mejor programa y quienes se hayan destacado en la defensa de los legítimos derechos de sus compañeros.

-Otorgamiento de fuero a un representante titular de los trabajadores en los comités paritarios de higiene y seguridad industrial. Este punto ya se ha comentado aquí; por lo tanto, no profundizaré mis en ese sentido, pero también deseo destacarlo.

-Mayores posibilidades en el financiamiento sindical. Se simplifica el mecanismo de descuento por planilla de las cuotas sindicales. Se eliminan prohibiciones de recibir financiamiento. Con anterioridad, yo también había mencionado que nos parecía muy injusto que las organiza- dones sindicales no pudieran recibir cooperación, incluso, para utilizarla en programas de preparación de sus asociados o de los propios dirigentes sindicales. Esto constituye un importante avance en el movimiento sindical.

-También contribuirán al financiamiento del sindicato base los trabajadores que adhieran a la negociación o los que, sin adherir a ella, tengan contrato colectivo. Para tal efecto se estableció que estos trabajadores deberán cancelar el 75 por ciento, y no entro en esa materia, porque ya la gráfico muy bien el colega Rubén Gajardo.

-Aspecto importante es el reconocimiento del fuero de los dirigentes de las federaciones y confederaciones, aun cuando no conserven sus cargos en los sindicatos bases. Esto es muy importante, porque podría suceder que, en un momento determinado -al no ser elegido en esos sindicatos aquellos dirigentes que ocupen cargos en las federaciones, confederaciones o en las centrales sindicales- una organización sindical quedara absolutamente descabezada, perdiendo continuidad. En consecuencia, considero que esto también debe apreciarse en su magnitud.

-Aumento de las situaciones constitutivas de prácticas sindicales.

-Simplificación del procedimiento para reclamar, tanto en las prácticas antisindicales como desleales en la negociación colectiva. Mi colega Rubén Gajardo también destacó este punto.

Desde luego, me adhiero a las palabras de otros colegas Diputados, como el señor Fantuzzi, quien manifestó que, probablemente, habrá sectores que no quedarán conformes. En esta situación, es difícil dejar conforme a todo el mundo, pero hemos hecho lo posible para que se aprecie realmente lo que ha sido este trabajo y la responsabilidad con que lo asumimos como Comisión. Desde luego, habrá que realizar implementaciones y profundizar en algunas materias respecto de ciertos gremios, para recoger sus características propias y algunas sensibilidades, como es el caso de los temporeros, de; la construcción, de los panificadores, etcétera.

En relación con lo conversado con el Ministerio del Trabajo, en nombre de mi bancada deseo solicitar que se estudie con mucha serenidad la reforma previsional para que cubra a la mayoría del conglomerado de trabajadores que he enumerado; y más todavía, que una vez concluida esta reforma laboral, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social forme las comisiones con la debida participación, por supuesto, de los trabajadores, para efectuar un estudio relativo a las jubilaciones y pensiones en lo que a edad se refiere.

Las bancadas del Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Humanista y la Comisión de Trabajo esperan que el Honorable Senado acepte las modificaciones introducidas al proyecto en este segundo trámite constitucional. Ese sería, a mi modo de ver, el mejor homenaje que se puede rendir a los trabajadores chilenos en la fecha que se acerca, de tanta importancia para el movimiento sindical del mundo y del país, por supuesto: el 1° de Mayo.

Me parece de gran importancia y trascendencia señalar, ya que se trata de una situación nueva, que esta normativa es producto, además, del trabajo realizado, de los acuerdos que hemos logrado en la Comisión, en la que ha estado presente el Ministerio del Trabajo, con el señor Ministro a la cabeza y de su equipo de asesores.

Por otra parte, quiero destacar y reafirmar lo que ha manifestado el colega Cardemil, quien tiene muchos años en la Cámara, en el sentido de que hoy se está haciendo política con mayúsculas. Con ello me refiero al Fondo de Extensión Sindical, dado que, en la actualidad, existe un acuerdo para crear dicho Fondo, el que irá en beneficio directo de las organizaciones sindicales. En efecto lo que hoy necesita el movimiento sindical, conforme avanza el mundo y la tecnología, es tener dirigentes preparados para discutir de igual a igual con los equipos y asesores de los empresarios durante las negociaciones colectivas.

Quiero destacar esto como un hecho de mucha importancia hacia el futuro, y espero que sea una realidad a la brevedad.

Cierro mi intervención, señor Presidente, mencionando un hecho, que es legítimo que se produzca, ya que estamos en democracia, cual es la discrepancia manifestada por el señor Pérez, don Víctor, en el sentido de no legislar sobre esta materia, decisión que respeto; pero me hubiera gustado que este proyecto hubiese sido aprobado por todas las corrientes políticas que actualmente están representadas en la Honorable Cámara de Diputados.

Por lo tanto, señor Presidente, mi bancada votará favorablemente esta iniciativa.

Concedo una interrupción a mi colega Gustavo Cardemil.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, por la vía de la interrupción, el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, agradezco la gentileza del Diputado Araya, que me permite recalcar que el mejor homenaje a los trabajadores chilenos que pueden rendir esta Cámara y sus componentes es el despacho de este proyecto de ley, que viene a consolida las organizaciones sindicales y la negociación colectiva, y que permitirá que, en el futuro, las organizaciones sindicales de trabajadores puedan integrarse al proceso de desarrollo en que se encuentra empeñado nuestro país.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling; a continuación, el Diputado señor Seguel.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, la condición esencial para la unidad de un país, para su progreso y desarrollo de calidad de vida es contar con una sólida estructura institucional, reconocida por una amplia mayoría de la ciudadanía y de los sectores políticos.

Renovación Nacional ha contribuido decisivamente a lograr que Chile cuente con esa sólida estructura, que le posibilita continuar avanzando resueltamente hada su mejor destino.

El primer paso de esa sólida estructura, fue la modificación constitucional plebiscitada en 1989, propiciada por nuestro Partido, que logró lo que parecía una misión imposible: el reconocimiento casi unánime de la legitimidad de la institucionalidad surgida de la Constitución de 1980.

El acuerdo de la reforma tributaria, que gracias a nuestra contribución significó un paso prudente y conciliador entre la necesidad de crecer rápidamente en su esquema de economía social de mercado y el reconocimiento del imperativo ético de superar paulatinamente problemas sociales urgentes.

Reconocimos, también, el problema que provocaba la presión de la situación de los presos políticos sobre la estabilidad política del país, cuya no resolución significaba el acrecentamiento de los sectores de ultraizquierda contra la reconocida posición renovada de la Izquierda democrática chilena. Propiciamos, entonces, una reforma constitucional más prudente que las "leyes Cumplido" -propuestas inicialmente por el Gobierno- o, aún, el acuerdo marco apoyado, entre otros, por la UDI, que permitía la liberación automática de gran parte de los llamados "presos políticos". Incluso, en la práctica, constituía una amnistía a graves delitos comunes de tipo terrorista cometidos antes del 11 de marzo de 1990 o que afectaban a los derechos humanos.

Ahora, por el tono de la discusión a propósito de las organizaciones sindicales, todos podemos apreciar que Renovación Nacional da otro paso esencial para la estabilidad y progreso.

No obstante, respecto del eventual desperfilamiento frente a nuestras bases, que algunos sectores de Derecha pretenden alentar con objetivos electoreros, nuestra posición será inclaudicable para buscar el interés nacional por sobre el partidista.

Lo óptimo o lo ideal, muchas veces, es enemigo de lo bueno. No me cabe ninguna duda de que -por ambos lados de una negociación, siempre quedará la sensación de que se ha perdido algo- las reformas laborales en estudio contribuirán decisivamente a dar la estabilidad institucional que Chile necesita para continuar su progreso hacia el futuro.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, el informe que entregué, como encargado de la Comisión, refleja la opinión de todos los parlamentarios que participamos en ella. Sin embargo, quiero plantear que las bancadas de la Concertación y de Renovación Nacional presentaron muchas indicaciones, respecto de las cuales es necesario que se conozca la voluntad que existió para retirar algunas que, según nuestra opinión beneficiaban a los trabajadores.

También quiero recalcar un asunto de extrema importancia. Hoy día, la Corporación ha demostrado, a raíz del proyecto, que es la Cámara política. Es decir, a ella deben ingresar primero los proyectos con el fin de que sean discutidos políticamente y luego pasar al Senado para que sean revisados.

Quiero hacer la solicitud formal al señor Ministro del Trabajo para que haga llegar los proyectos de ley a la Cámara política, o sea, a la Cámara de Diputados.

En segundo lugar, los parlamentarios se refieren constantemente a la tecnificación y a la educación del mundo sindical, para que, en los contratos colectivos no se hagan peticiones que excedan las posibilidades de las empresas.

En efecto, en la Comisión acordamos el aumento del 75 por ciento de la cuota sindical a aquellos que no están sindicalizados. Asimismo, los parlamentarios de Renovación Nacional y de la Concertación solicitamos al señor Ministro la creación de un fondo de educación sindical, con el objeto de que los dirigentes sindicales chilenos, sobre todo de sindicatos de menores recursos, que por lo general se encuentran en los extremos del país, puedan recibir la preparación que algunos logran en las organizaciones superiores, como centrales y confederaciones.

Por otra parte, quiero destacar que la Comisión de Trabajo se sintió muy influenciada por el proceso vivido durante el último tiempo por el mundo sindical y empresarial. El hecho de que los trabajadores chilenos, representados por la CUT, hayan llegado a acuerdo con el Gobierno y con los empresarios, llevó al consenso a los parlamentarios de las distintas bancadas en beneficio de la iniciativa del Ejecutivo. Agradezco, por eso, a todos los señores Diputados que trabajaron en este sentido.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, pedí la palabra no para rechazar el artículo, porque implica un avance respecto de la actual legislación, lo que hace necesario aprobarlo, sino para puntualizar que discrepo de algunos de los criterios expuestos para desvirtuar la situación anterior, en cuanto a que se les dé fuero a todos los representantes de los comités paritarios de higiene y seguridad.

Se ha dicho que podría ser una especie de competencia desleal respecto de los dirigentes sindicales que hubiera demasiados representantes de los trabajadores con fuero, y un desincentivo a la contratación de trabajadores en las empresas. Se planteó que sólo se podría evitar la constitución de comités paritarios en aquellas faenas o empresas con menos de 25 trabajadores.

En mi concepto, ninguno de estos argumentos resiste un análisis de fondo. A lo mejor, se pudo eliminar alguna de las consecuencias que se preveían negativas, pero no plantearlas en la forma como están.

Tengo información de que esto, en parte, constituye un elemento de la negociación que se ha realizado en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para llegar a algún acuerdo y dictar con prontitud esta legislación. De todas maneras, no quería pasar por alto estas materias. Con anterioridad al proyecto de reforma laboral que estamos analizando, había presentado a la Oficina de Partes de la Cámara de Diputados un proyecto que también avanzaba en ésta y en otras materias, relativas a los comités paritarios de higiene y seguridad.

Muchos dirigentes, sobre todo del sector de la construcción y de la Confederación Nacional Forestal, me han hecho presente la necesidad de legislar sobre esta materia, a fin de que los trabajadores que forman parte de los comités paritarios tengan fuero. Ellos se encuentran en una situación difícil, porque no pueden oponerse a las políticas que sobre seguridad e higiene mantienen, en general, las empresas, por cuanto no tienen la posibilidad de resguardo de su fuente laboral.

Hay que tomar en cuenta que estos dos sectores de trabajadores -el de la construcción y el forestal- exhiben los mayores índices de accidentes del trabajo. Por lo tanto, es un elemento digno de ser considerado seriamente, para prevenir situaciones tan difíciles y complicadas- como las que se presentan normalmente en este tipo de actividades.

No quiero alargar más el debate. Sólo deseo dejar consignado que no comparto los argumentos expuestos aun cuando considero que, de todas maneras, aunque haya un solo trabajador con fuero dentro de los comités paritarios, significa un avance; insuficiente, pero avance al fin y al cabo. Lamentablemente, aquí se plantea una suerte de discriminación, que no me parece muy bien salvada, por el hecho de que sean los propios miembros quienes elijan a la persona que tiene fuero. Ahí, un trabajador de los que pertenecen al comité paritario de seguridad pueda con fuero, y los otros sin él. Cualquiera que sea la forma en que se elija a ese trabajador, la discriminación está presente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.

He dicho.

En discusión el artículo 157.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, hay elementos que adquieren importancia central en determinadas materias de orden legislativo. El contenido en este artículo es uno de los puntos que obedecen a la esencia de la actual reforma laboral.

Si pensamos que la función de los sindicatos tiene que ver directamente con la representación de los intereses de sus asociados, con buscar una mejor situación relativa, tanto en la empresa como en la sociedad, naturalmente el problema de la negociación colectiva y del derecho a huelga pasan a ser los elementos centrales.

Si hiciéramos una encuesta entre los trabajadores, obviamente daría como resultado lógico que estos son los aspectos fundamentales, porque inciden en los resultados de las demás materias que, en definitiva, tienen que ver con la reforma laboral.

A pesar de que algunos aspectos, como el hecho de que la cobertura de la negociación colectiva no se extienda a los trabajadores eventuales, son insuficientes en relación con los demás artículos contemplados en el proyecto modificatorio, daremos nuestra aprobación, por cuanto significan avances y porque existe mérito, tanto en el proyecto enviado por el Ejecutivo como en lo realizado por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

A mi juicio, este artículo empaña, acota las posibilidades, tanto del desarrollo de la organización sindical, como del mejoramiento que tengan los trabajadores en el proceso económico al cual están adscritos.

Aquí se ha hablado, para justificar la colocación de obstáculos o vallas al proceso de negociación colectiva y a la huelga, del hecho de que los trabajadores no podrían obtener mayores beneficios que el dado por el nivel de productividad de las empresas. La verdad es que la experiencia histórica sindical reciente indica que, a pesar de que la productividad creció en el país, los salarios de los trabajadores, en términos reales, disminuyeron. Por lo tanto, no aparece una relación directa entre el nivel de remuneraciones de los trabajadores y el nivel de productividad de las empresas.

Los trabajadores tienen la esperanza, mediante esta enmienda legislativa, de avanzar en esa dirección, a pesar de los obstáculos que aquí se coloquen, sobre todo en este artículo.

Quiero plantear claramente mis dudas. ¿Por qué? Porque, como lo hicimos notar en la discusión general, se otorgan facultades a los empleadores para que, de hacer una oferta similar a la del contrato del convenio colectivo o del fallo arbitral vigente, reajustado en el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor, puedan contratar, desde el primer día, a personal de reemplazo, y se da la posibilidad de que los trabajadores puedan descolgarse al quinto día. Pero lo que quizás es más grave, desde mi punto de vista, es que si el empleador no hiciera una oferta como la señalada en el inciso primero, es decir, si no ofreciera un convenio colectivo o contrato con las características del que existía, reajustado en el porcentaje del IPC, puede contratar, a partir del décimo quinto día de hecha efectiva la huelga y los trabajadores pueden descolgarse al trigésimo día. Creo, señor Presidente, que esto hace bastante ilusoria la huelga.

La verdad de las cosas es que las vallas u obstáculos que se han levantado son muy serias, y al debilitarse, de esa forma, la posibilidad que entrega la huelga para el mejoramiento de los salarios y de las condiciones de trabajo, difícilmente podemos pensar que en la organización sindical se genere un gran entusiasmo.

A mi juicio, es del todo inconveniente el acuerdo a que llegó el Senado de la República. Claramente, es un mal acuerdo que va a tener serias repercusiones en el futuro de las relaciones laborales.

Lamentablemente, aquí hubo posibilidad de revertirlo, pero, según informaciones del momento se estaría aprobando en la forma indicada en el artículo 157.

Para reforzar este planteamiento, en relación con este problema quiero recoger lo expresado por un Diputado de la Oposición en la discusión general, en el sentido de que los elementos programáticos contemplados en la Concertación de Partidos por la Democracia desvirtuarían el funcionamiento de una economía social de mercado, y que ellos, al incorporarse a este tipo de negociación, habían salvado la situación.

Y recurro al aforismo legal de "a confesión de partes, relevo de pruebas" para decir que con esto se ha pretendido dejar más o menos las mismas cosas, en la forma como entiende la Oposición de este país el funcionamiento de una economía social de mercado. Personalmente, no estoy de acuerdo, porque esto no coloca a los trabajadores en el pie que debería corresponderles en una sociedad moderna. Pienso que un sistema económico con algún nivel de equidad y de justicia, a lo menos debería contemplar, en primer lugar, que no se explote de manera inmisericorde a las masas asalariadas, y, en segundo lugar, que tampoco se exploten en esa forma los recursos naturales. Lamentablemente, tengo la sensación de que las reformas laborales que hemos aprobado, y ésta en particular, no apuntan a resolver el problema de la explotación de los trabajadores ni a avanzar en ese sentido. Tampoco podemos decir que hemos avanzado mucho en cuanto a la conservación de nuestros recursos naturales.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rubén Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, en relación con este artículo, la legislación vigente permite la contratación de trabajadores desde el primer día de huelga, y la reforma propuesta regula el derecho de contratación limitándolo, en el sentido de que solamente se pueda ejercer desde el primer día si se cumple con las condiciones establecidas. Estas apuntan a que, en la última oferta formulada, el empleador establezca idénticas estipulaciones a las contenidas en el contrato vigente y, además, incorpore al período del contrato, una reajustabilidad mínima anual, según la variación del índice de precios al consumidor, excluidos los doce último meses.

Está claro, entonces, que frente a la legislación que hoy día nos rige esta norma es un avance, al extremo que hemos escuchado en esta Sala algunas aprensiones del colega Pérez Varela, en el sentido de que esta disposición infringiría el contenido del artículo 19, número 24, de la Constitución Política del Estado. Hablamos del reconocimiento del derecho de propiedad; sin embargo, cabe hacer presente que este derecho no está consagrado en la Constitución en términos absolutos, puesto que en ella se prevé que la ley puede establecer el modo de adquirir, de usar, de gozar y de disponer de la propiedad, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.

Es evidente que si hay un bien que tiene claramente una connotación de elemento integrante de la función social de la propiedad es precisamente la empresa, porque todos hemos escuchado en diversas oportunidades que la empresa no es sólo del empresario, sino que además es una comunidad de intereses en que, naturalmente, están los empresarios comprometidos, pero también los trabajadores forman parte de ella. De suerte que la empresa es el ente donde más claramente se advierte la función social de la propiedad; y en aras de esa función aquí se está creando un mecanismo que en definitiva concluirá en un contrato colectivo que regulará permanentemente las relaciones del trabajo que en él se establezcan y que mantendrá un clima de seguridad y de entendimiento dentro de la empresa.

Señor Presidente, se ha destacado también aquí el compromiso sobre el fondo de capacitación sindical. Quiero informar a la Sala que en esta materia se avanzó bastante, al extremo de que, incluso, se barajaron fórmulas -como lo expresó el Diputado señor Seguel y ratificó el señor Ministro del Trabajo- para incorporar la normativa en el articulado del proyecto.

Sin embargo, algunas dudas de orden constitucional -por pensar que a lo mejor se trataba de una materia ajena a la idea matriz del proyecto-, pero especialmente razones de orden práctico -porque no se quería retardar la aprobación de este proyecto e, indudablemente, la creación del Fondo iba a requerir, de entre otras cosas, de un informe de la Comisión de Hacienda- hicieron que se estimara conveniente un proyecto separado, autónomo, único sobre esta materia, que en la Comisión discutiremos con la brevedad que la situación amerita, una vez que llegue el mensaje del Ejecutivo.

Es todo, señor Presidente.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Héctor Olivares.

El señor OLIVARES .-

Señor Presidente, Honorable Cámara, quiero reiterar una petición que, como Comisión, hicimos al iniciar el debate de este proyecto.

Cada uno de nosotros, de las distintas bancadas, tenemos puntos de acuerdo y de desacuerdo en este proyecto. Por lo tanto, tendríamos toda la razón del mundo para exponer, en el seno de esta sala, esas discrepancias. Pero en estos momentos no es ese el punto de discusión.

Quiero dejar en claro esto para llamar un poco la atención respecto del fondo del problema y para que no nos desviemos del curso del debate, que nos debe conducir a la pronta aprobación del proyecto, por las razones que expusieron quienes hablaron anteriormente.

Yo presido la Comisión de Trabajo y Seguridad Social; sin embargo, dije a mi bancada que no haría uso del derecho a la palabra a fin de que lo hiciera en su representación sólo un compañero, para hacer más breve el debate, pues estando cerca la conmemoración del l2 de mayo, nos interesa la aprobación de este proyecto cuanto antes. En el texto de él hemos incorporado, por acuerdo unánime de la Comisión, y en otros artículos por mayoría, el máximo de avances que ha sido posible alcanzar por ahora. En consecuencia, no vamos a destacar acá sólo lo negativo o positivo del proyecto, sino resaltar que, en general, su contenido significa un claro avance en relación a la legislación laboral vigente. Además -ya lo dijimos-, respecto del proyecto que venía del Senado, como resultado de un acuerdo político la Comisión llegó a un consenso que ha permitido mejorarlo en la forma que el Diputado informante y otros colegas lo han anunciado esta mañana.

Respetando el derecho que cada uno de los colegas tiene a discrepar y a precisar cuáles son sus disidencias sobre el articulado aprobado por la Comisión, quiero hacerles presente que una cosa es dejar constancia de ello y otra muy distinta son las posibilidades reales que tenemos de modificarlo. Creo que si existiera esa alternativa estaría bien empleado el tiempo. Pero, ante el hecho de los acuerdos de la Comisión que han sido dados a conocer, solamente se nos está quitando el tiempo que necesitamos esta mañana para una pronta aprobación de este proyecto. Inclusive, los Comités llegaron a un acuerdo no sólo sobre el tiempo para el debate, sino también para la clausura del mismo.

Por lo tanto, respetuosamente, en homenaje a quienes pretendemos ayudar, los trabajadores de nuestro país, y a fin de que la iniciativa, en lo posible, sea ley antes del 1° de mayo, ruego a los colegas que se abstengan de hacer largas exposiciones y que sean breves para poder despachar cuanto antes este proyecto.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).

- Quedan solamente dos minutos para el cierre del debate de todo el articulado.

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

En el escaso tiempo que queda para el cierre del debate, quiero decir que en el artículo 157 está justamente el "cuesco" del problema. Este "veranito de San Juan" que habíamos tenido en la Oposición ha sido interrumpido por un verdadero chaparrón, un aguacero, porque aquí han mostrado la hilacha y la ojota los representantes de los empresarios que se encuentran en esta Cámara. Este es un problema muy grave que, en el fondo, significa volver a los tiempos de la dictadura, la cual pensamos que habíamos olvidado.

Señor Presidente, aun cuando reconozco que es básico en este proyecto y promueve algunos avances en la legislación laboral, votaré en contra este artículo 157, por la gravedad que él representa.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Se reanuda la sesión.

Tiene la palabra el señor Coloma, don Juan Antonio.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, el pasado 7 de marzo de 1991, don Sergio Dávila Echaurren cumplió cincuenta años de abnegados y valiosos servicios en la Cámara de Diputados.

En el curso de su dilatada carrera funcionaría, le correspondió desempeñar el cargo de Oficial de Actas y, en tal calidad, acompañó a don Juan Antonio Coloma Mellado durante el desempeño de su presidencia de la Cámara de Diputados, entre el 15 de mayo de 1945 y el 24 de mayo de 1949.

Es doblemente emotivo para mí referirme a un distinguido funcionario que ha entregado su vida al servicio de esta Corporación, al cumplir cincuenta años en ella. Lo es, porque en esos cuatro años se desempeñó con quien fuera mi abuelo durante su período como Presidente de la Cámara de Diputados.

Por esta razón y atendido que cincuenta años de servicios es un acontecimiento que no puede quedar sin un reconocimiento especial de quienes nos toca ser parte hoy día de la Corporación, vengo en solicitar se envíe un oficio, en nombre de la Cámara, a don Sergio Dávila Echaurren, de felicitación y homenaje.

He dicho.

-Aplausos en la Sala.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, los que hemos sido parlamentarios durante tantos años tuvimos hace mucho tiempo el honor y la satisfacción de conocer a don Sergio Dávila Echaurren, uno de esos funcionarios de excepción, de los tantos que hubo en el pasado y de los que hoy siguen sus mismos pasos, muchos de los cuales alcanzaron a ser compañeros suyos.

Ahora que cumple cincuenta años de servicios, el justo homenaje que ha rendido el Diputado señor Juan Antonio Coloma recae sobre un ciudadano ejemplar, sobre un alto funcionario de la Corporación, cuya gestión no merece sólo reconocimiento.

Por lo tanto, con todo gusto y satisfacción adhiero a este homenaje y al envío de un oficio de reconocimiento a este ciudadano eminente, gran servidor público, que es don Sergio Dávila Echaurren.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HAMUY-

Señor Presidente, Honorable Cámara, en nombre de los Diputados democratacristianos deseo adherir al justo homenaje que se rinde a don Sergio Dávila Echaurren, modelo de funcionario de la Cámara de Diputados, a quien tengo el honor de conocer desde hace muchos años.

Como dijo mi colega Mario Palestra, los que hemos tenido la suerte de ser miembros de esta Corporación durante varios períodos, conocimos muy de cerca a don Sergio Dávila, a quien consideramos como un funcionario público absolutamente intachable, de una corrección y de una capacidad absolutamente excepcionales.

Los Diputados democratacristianos, reitero, adherimos al homenaje que se rinde a este gran servidor público, a quien recordamos hoy con motivo de cumplir cincuenta años de servicios a la comunidad y al país, y al oficio de homenaje y reconocimiento.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, aun cuando algunos de los actuales parlamentarios radicales no hemos tenido la suerte de conocer a don Sergio Dávila Echaurren, tenemos de él un alto concepto y estamos muy conscientes de los destacados servicios que presta a esta Corporación y a la patria entera, por las expresiones que nos han formulado los ex parlamentarios radicales que sí trabajaron con él.

Por lo tanto, adherimos a este justo reconocimiento y nos alegramos que se haga este homenaje en la presente sesión.

He dicho.

Orden del Día con la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales.

Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es la señora Eliana Caraball, y de la de Hacienda, el señor Mario Devaud.

- El proyecto, impreso en el boletín N° 111-06, figura en el N° 6 de los Documentos de la Cuenta de la sesión 46°.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la Diputada señora Eliana Caraball.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, informa por mi intermedio el proyecto de ley, de origen en un mensaje, y con urgencia calificada de "simple", que regula la actividad de las organizaciones comunitarias.

Durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Gonzalo Martner, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, y de los señores Julián Sao- na y Francisco Fernández, Jefe de Gabinete y Asesor Jurídico de esa repartición, respectivamente.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 212 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión escuchó los planteamientos de dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar y de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quilpué. Sin perjuicio de lo cual, acordó también realizar una audiencia pública extraordinaria, a fin de brindar una nueva oportunidad para que los dirigentes vecinales pudieran expresar sus puntos de vistas en relación con el proyecto, a la cual concurrieron más de 200 dirigentes de organizaciones comunitarias, de juntas de vecinos, como asimismo de organizaciones no gubernamentales que les prestan asesoría.

Estos dirigentes provenían de casi todas las comunas de Santiago y de Valparaíso, como también de las Regiones Cuarta y Novena.

La Comisión, en sus giras realizadas durante el año en curso a diversas zonas del país, escuchó a dirigentes de organizaciones pertenecientes a las Primera, Segunda, Cuarta, Octava y Novena Regiones, recogiendo sus puntos de vista respecto del proyecto.

En relación con el artículo 36, relativo a los límites de las unidades vecinales, se escucharon los criterios técnicos vertidos por don Sergio Wilson, abogado, Presidente de la Fundación para la Acción Comunal y Vecinal y profesor de la Universidad Católica de Chile; por don Jorge Ortiz, geógrafo, profesor de la Universidad de Chile; por don Alfredo Apey, geógrafo, profesor de la Universidad de Chile; por don Pedro Guerra, profesor del Instituto de Geografía, doctor en geografía de la Universidad de Valparaíso, y por don Sergio Erazo, geógrafo de la Universidad Católica de Valparaíso, con especialidad en geografía física.

Dentro de los antecedentes allegados a la Comisión durante el estudio de esta iniciativa de ley, cabe destacar el oficio suscrito por el señor Ministro del Interior, al cual adjuntó un trabajo realizado por equipos de la División de Desarrollo Social Comunal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en el que se recopilan las observaciones y sugerencias que las distintas entidades comunitarias, municipios, gobernaciones e intendencias, hicieron llegar a esa Cartera, atingentes al proyecto en informe.

Señor Presidente, en honor al tiempo, ya que éste es un proyecto que ha tenido un largo proceso dentro de la Comisión, y en vista de que todos los señores parlamentarios cuentan con el informe me remitiré sólo a sus puntos centrales, con el fin de centrar el debate en aquellos respecto de los cuales, como Comisión, nos parece que deberíamos detenemos.

Como una manera de introducir este tema tan importante para una democracia, como es construir su organización social, nos parece pertinente señalar que la igualdad de voto, la participación efectiva, la igual y adecuada oportunidad para formarse opinión con la debida información y conforme a su propio juicio, como también el hecho de que el conjunto de ciudadanos debe tener la exclusiva facultad para determinar qué materias deben o no ser sometidas a decisión, conforme con procedimientos que satisfagan todos estos criterios, constituyen lo que, a nuestro juicio podríamos llamar un proceso idealmente democrático.

Cabe observar que estos criterios ideales difícilmente se aplican en su totalidad a la diversidad de realidades que llamamos democráticas, precisamente por no haber una definición unívoca, ni menos simple de democracia, sino que existen diversos grados o tipos de idealización de este sistema de gobierno.

En líneas generales, esta utopía humanista se concibe como un proceso creador de un pueblo -como cultura- y como una sociedad dotada de autonomía, en la cual el gobierno responde y es sensible al pueblo, en que el poder se distribuye, en el cual hay mayorías y minorías, igualdad, libertad, participación, y, sobre todo, opción real para todos de autorrealizarse.

Dentro del contexto que se viene analizando, los autores destacan dos aspectos o dimensiones básicas del proceso democrático: por una parte, la existencia de un sistema de oposición y debate público y, por la otra, la participación del pueblo. De acuerdo con esto, la plena democracia, como tipo ideal, existiría cuando, operando totalmente ciertas garantías y derechos inherentes a la persona humana, se dieran en plenitud el debate público, la oposición y la plena participación ciudadana.

El problema consiste, fundamentalmente, en lograr una participación eficaz y real de la ciudadanía mediante la organización de un sistema complejo de decisiones, en el cual se combine la participación en las decisiones de uno, varios o todos, según sean las materias, los niveles sociales y las urgencias que haya que afrontar. A veces será imposible que todos concurran a una decisión. En otros casos, será conveniente que unos pocos decidan. Otras veces será oportuno que uno solo decida sobre algo, sin que por ello estemos frente a una autocracia. La condición, sin embargo, es que el diseño de un sistema complejo de decisiones mantenga la fidelidad al principio de la legitimidad democrática, esto es, que la autoridad reconozca que ella existe y funciona porque la mayoría la ha investido de poder, para que con ese poder interprete la voluntad mayoritaria y asegure los mecanismos libres y operantes a través de los cuales la ciudadanía participe, haciendo valer sus derechos en la práctica.

Los principios anteriormente expuestos, en lo pertinente a la materia, los recoge el mensaje, al señalar que uno de los propósitos fundamentales del Gobierno es lograr una efectiva democratización de la sociedad chilena, lo que presupone una adecuada regulación a través de una normativa clara que posibilite, de manera expedita, la participación constructiva de toda la comunidad, desde la base misma de la organización social. Agrega, que no basta con elegir las autoridades para afirmar que se está ejerciendo la democracia, precisando que es esencial hacer posible y canalizar la participación comunitaria, no sólo como una forma de fortalecimiento y consolidación del sistema democrático, sino porque en ella ve una fuente inagotable de ideas y acciones que impulsan el desarrollo del país.

Continúa indicando el mensaje que tal rol cabe cumplir a las organizaciones comunitarias; aquélla de carácter territorial, representativa de los habitantes que residen en un espacio urbano o rural determinado. Esto es, la junta de vecinos, y aquellas entidades de carácter secundario, cuyo propósito es representar y promover valores específicos de la comunidad local y que son las organizaciones comunitarias funcionales.

Su Excelencia el Presidente de la República, puntualiza que la iniciativa que somete a trámite legislativo tiene por propósito aprovechar todas las experiencias, tanto de la ley N° 16.880 como de la ley vigente, y todos los conocimientos acumulados durante los 22 años de aplicación de la mencionada ley 16.880, sin perjuicio de incorporar a ella todos aquellos aspectos de relevancia consultados en la actual legislación sobre organizaciones comunitarias, ley N° 18.893, dictada en diciembre del año 1989.

Las principales críticas que el mensaje formula a la ley N° 18.893 -vigente- son, básicamente, tres:

1)Desconocer la importancia que con anterioridad poseían las juntas de vecinos como núcleo fundamental para la participación comunitaria, su particular naturaleza jurídica y social, y los fines que ellas han desarrollado históricamente.

2)Tender a la atomización de las juntas de vecinos, al permitir que en una misma unidad vecinal puedan constituirse dos o más de tales organizaciones; situación que, lejos de fortalecer la libertad de asociación, lleva precisamente a su destrucción.

3)Falta de contenido sustantivo, por cuanto no contempla ninguna disposición que se refiera a las funciones y atribuciones de las juntas de vecinos, materia que el actual Gobierno considera esencial.

- Ideas matrices o fundamentales del proyecto contenidas en el mensaje.

En conformidad con lo exigido por el artículo 286 número 1), del Reglamento de la Corporación, y para efectos de lo preceptuado en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política y de los artículos 24 y 32 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto es fijar una nueva normativa que regule el funcionamiento de las organizaciones comunitarias.

Tal propósito es desarrollado por el proyecto en informe en 52 artículos permanentes y 4 transitorios, encontrándose los primeros diseminados en 7 títulos, cuyo contenido veremos a continuación.

El objetivo principal de este proyecto es establecer una nueva normativa sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales, que reemplace la actual N° 18.893, dictada en diciembre de 1989, toda vez que ha sido sobrepasada por la realidad.

Como lo señala el mensaje del Presidente de la República, el proyecto en estudio viene a reforzar la línea de democratización en que está empeñado el actual Gobierno, que no se limita a las estructuras del Estado sino que debe alcanzar las esferas más cercanas a la gente. En ese sentido este proyecto tiene una íntima conexión con la reforma municipal en actual trámite. Asimismo, la función de una ley de este tipo es recoger la enorme variedad de experiencias en organizaciones que surgen de la base social, expresando la multifacética variedad de intereses y reivindicaciones de la vida social, para lo cual se movilizan las energías creativas de las personas.

Así ocurrió con la primera ley sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, que con el NQ 16.880 entró a regir en agosto de 1968. Por vez primera, en esa ley, se dio reconocimiento legal a las organizaciones de hecho que los vecinos venían constituyendo a través de los años anteriores, especialmente en las grandes ciudades.

Dicha experiencia sobre juntas de vecinos, nacida en la base misma de nuestra nación, fue recogida y sistematizada por el legislador, quien les reconoció un estatuto jurídico especial, dándoles un carácter representativo y único en un determinado territorio jurisdiccional denominado "unidad vecinal". Al mismo tiempo, para evitar la disgregación de los intereses, dicha ley reconoció a una organización representativa en el ámbito comunal, la unión comunal de juntas de vecinos, y, además, otorgó reconocimiento jurídico a las demás organizaciones comunitarias de índole funcional.

Con la perspectiva que da el tiempo, se puede reconocer el aporte que dicha ley significó para la dignificación de los pobladores, para su educación cívica y para el desarrollo local. De ello da cuenta el rápido proceso de constitución de juntas de vecinos y de organizaciones comunitarias, las cuales llegaron a 20 mil en los años de vigencia de esa ley.

El decreto ley N° 349, de 1974, impuso fuertes restricciones a las organizaciones sociales, perdiendo éstas su autonomía y su eficacia como canal de participación. Dicho cuerpo legal fue fuertemente resistido por las organizaciones sociales, las cuales, desde entonces, han tratado de reivindicar su legítimo derecho a elegir libremente a sus dirigentes, y han luchado por la derogación del mencionado decreto ley, el cual establecía la intervención en sus organizaciones por la vía de la designación de sus dirigentes por parte de la autoridad política. En diciembre de 1989, la ley N° 18.879 derogó el citado cuerpo legal, y se dictó la actual ley N° 18.893, sobre organizaciones comunitarias.

El mensaje del Ejecutivo, que acompaña el proyecto de ley que nos ocupa, consigna que la actual ley desconoce la importancia que tenía anteriormente las juntas de vecinos como núcleo fundamental de la participación vecinal, su naturaleza jurídica y social y los fines que ellas han desarrollado históricamente. Asimismo, agrega que dicha ley tiende a la atomización de las juntas de vecinos al permitir que en una misma unidad vecinal puedan constituirse dos o más de tales organizaciones, situación que, lejos de fortalecer la libertad de asociación, lleva, precisamente, a su destrucción, ya que el fomento de un paralelismo ilimitado desvirtúa la razón de ser de las juntas de vecinos: representar a todos los sectores de una unidad vecinal y no solo a determinados sectores.

Por otra parte, el mensaje añade que la actual ley carece de los contenidos sustantivos que requiere una legislación de esta naturaleza.

Respecto de los criterios centrales del proyecto, quiero destacar, en primer lugar, que la idea fundamental es el restablecimiento de una sola junta de vecinos por cada unidad vecinal, pues ello le devuelve su carácter -ya lo dijimos- de organización social representativa de todos los vecinos y como tal, es el eje en tomo del cual gira la participación de la comunidad local. La misma apreciación cabe hacer respecto de la existencia de una sola unión comunal de juntas de vecinos en cada comuna.

Esa idea fue apoyada por la mayoría de la Comisión, oponiéndose a ella los Diputados representantes de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, por considerar que esta disposición sería inconstitucional, según su interpretación del artículo 19, número 15, relativa a la libertad de asociación.

La interpretación de la Mesa de la Comisión y la de la mayoría de sus integrantes, miembros de los partidos de la Concertación, fue que, de acuerdo con el mencionado precepto constitucional, el cual establece que para gozar de personalidad jurídica las asociaciones deberán constituirse de conformidad con la ley, ése es, precisamente, el objetivo que cumple este proyecto de ley. Además, en el citado precepto constitucional está expresamente consignada la libertad de las personas para incorporarse o no a las asociaciones que esta iniciativa define, por lo que también se cumpliría con ese aspecto. El número 15 del artículo 19 de la Carta Fundamental establece: "Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación". Esta opinión fue aprobada por la unanimidad de la Comisión y está contenida en el artículo 5° del proyecto en discusión.

Junto con lo anterior, se precisó que el número máximo de población que debe contener una unidad vecinal, definida en los primeros artículos de la ley, debía limitarse a 5 mil habitantes, con el objeto de hacer posible la vida comunitaria, entendiendo por ello la efectiva relación que debe existir entre los vecinos y estimándose que dichos límites serían los que darían esta posibilidad.

Se entrega al alcalde la facultad de proponer, de propia iniciativa o a petición de los vecinos, las modificaciones de los territorios de las unidades vecinales, debiendo dicha proposición ser aprobada por la mayoría absoluta del órgano municipal que tenga las facultades normativas, resolutivas o fiscalizadoras -el consejo municipal- de acuerdo con el proyecto de reforma del Gobierno.

Se establece un sistema de obtención de personalidad jurídica por medio del depósito del acta constitutiva de la respectiva organización. Este sistema elimina el de concesión de personalidad jurídica por parte de la administración del Estado. Esta norma fue incorporada por la ley N° 18.893, actualmente vigente, y fue mantenida en el proyecto del Gobierno, en virtud de que ella respeta el derecho de asociación y participación de mejor forma que el sistema de concesiones, el cual puede prestarse para abusos políticos.

Se reconoce expresamente a diversas organizaciones comunitarias funcionales dentro del campo poblacional. La Comisión avanzó sustancialmente en esta materia, otorgándole el reconocimiento, como entidades de este tipo, a las organizaciones de mujeres y a los centros de madres; a las de derechos humanos; a las de salud; a las de vivienda, de allegados y deudores habitacionales; a las de ecología y medio ambiente; a los centros de padres y apoderados; a los centros culturales y artísticos; a los clubes deportivos y de recreación; a las organizaciones juveniles; a los clubes de ancianos; a las uniones de compra en común; a los grupos de transferencia tecnológica; a las agrupaciones de antialcoholismo, de antidrogadicción y otras que expresen intereses comunes de sus asociados y promuevan la participación de la comunidad local.

Se establece también la posibilidad de que una junta de vecinos delegue parte de sus atribuciones en los comités de vecinos por población, sector, cuadra o manzana, para atender asuntos específicos, así como la posibilidad de formar comisiones para asuntos especiales. Dichos comités y comisiones no podrán obtener personalidad jurídica y su acción deberá enmarcarse dentro de la respectiva junta de vecinos.

Se dispone, asimismo, una regulación básica del procedimiento electoral, que incluye la formación de una comisión electoral, la postulación de candidatos y la realización de un acto electoral serio, ordenado, libre e informando.

Se aumentan a cinco los miembros del directorio, los que, de acuerdo con el texto aprobado en la Comisión, se eligirán en una misma y única votación. Resultarán electas las más altas mayorías y se asignarán los cargos dentro de ella en la primera reunión constitutiva del directorio. Los directores duraran dos años en sus cargos, y podrán ser reelectos sólo por un nuevo período.

Se consagran legalmente las funciones y atribuciones de las juntas de vecinos. En este punto, el trabajo de la Comisión de Gobierno Interior ha sido intenso, aprobando muchas indicaciones parlamentarias que enriquecen el proyecto.

Es así como se señalan, entre otras, las siguientes funciones de la junta de vednos: representar a los vecinos ante las autoridades, aportar elementos de juicio y proposiciones para las decisiones municipales, gestionar la solución de asuntos o problemas que afecten a la unidad vecinal, ejecutar iniciativas y obras convenientes, previo aviso a las autoridades; ejercer el derecho de una plena información sobre los programas y actividades municipales. Para cumplir con tales fines, las juntas de vednos deberán promover la defensa de los derechos constitucionales de las personas y el desarrollo del espíritu de comunidad, velar por la integración al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más necesitados de la unidad vecinal, promover el progreso urbanístico y el acceso a un hábitat satisfactorio para los habitantes de la unidad vecinal y procurar la buena calidad de los servicios a la comunidad, tanto públicos como privados.

Para el cumplimiento de tales funciones, la ley entrega a las juntas de vecinos variadas atribuciones que potencian a estas organizaciones como representantes de su comunidad y como gestoras del desarrollo social y comunitario.

El proyecto incorpora, explícitamente, la planificación material y presupuestaria en la gestión vecinal. Es así como los estatutos deben contemplar la forma de elaboración del plan anual de actividades, el que deberá ser aprobado en asamblea extraordinaria; el directorio deberá proponer anualmente un plan de actividades y un presupuesto de ingresos y gastos.

El proyecto contempla la creación de un Fondo Nacional de Desarrollo Vecinal, con el objeto de apoyar financieramente las actividades de las juntas de vednos y proyectos específicos que éstas generan para el desarrollo comunitario. Los recursos de este Fondo se distribuirán entre las municipalidades en la misma proporción del Fondo Común Municipal, y las juntas de vecinos deberán presentar proyectos con cargo a este Fondo. Cabe señalar que este artículo fue aprobado por la unanimidad de la Comisión, en los mismos términos propuestos por el Ejecutivo, consignados en el artículo 44.

Asimismo, para respaldar a las organizaciones, la Comisión, por unanimidad, aprobó una indicación de los Diputados miembros pertenecientes a la Concertación, más los miembros de Renovación Nacional, destinada a introducir un nuevo artículo, por el cual se dispone que cada junta de vecinos tendrá derecho a contar con un local propio, debiendo la autoridad municipal garantizar su existencia.

Respecto de las uniones comunales de juntas de vecinos, se introduce un artículo nuevo que establece el derecho de designar al cincuenta por ciento de los miembros del órgano municipal que, en conformidad con la ley, tenga facultades de participación y concertación. Esta disposición, originada en una indicación de parlamentarios de la Concertación, fue aprobada por simple mayoría.

También, por simple mayoría se aprobó la existencia de un consejo local de deportes y recreación en cada comuna, cuyos propósitos fundamentales son: promover y cooperar con los entes estatales en el desenvolvimiento de la actividad deportiva y recreativa; educar y capacitar para el desarrollo de estas acciones, coordinándose con las directrices originadas en la Dirección General de Deportes y Recreación; participar en el diseño de planes y programas que se generen en la comuna respectiva, aplicándose, para el efecto de su constitución, las mismas normas que se establecen para todas las organizaciones comunitarias.

Este precepto deroga dos disposiciones de la ley N° 17.216, que regula las actividades de la Dirección General de Deportes y Recreación, para posibilitar esta nueva forma de generar los consejos locales de deportes. Cabe señalar que esta norma fue aprobada en votación dividida. Contó con la aprobación del señor Director General de Deportes y Recreación, don Iván Navarro, quien concurrió especialmente invitado a la Comisión con ese objeto.

Se crea, además, el Consejo Nacional de Ecología y Medio Ambiente, cuyo objetivo fundamental es preocuparse del medio ambiente, incentivando la participación ciudadana; colaborar con las autoridades respectivas en la formulación y puesta en práctica de planes y programas destinados a la protección ecológica; propiciar la participación y la organización de los particulares en dicha tarea, como también efectuar las denuncias ante quien corresponda, a fin de que sean sancionados los que resulten responsables de daños al medio ambiente.

El último de los artículos permanentes, esto es, el 52, dispone la derogación de la ley N° 18.893, la cual rige actualmente las actividades de las organizaciones comunitarias.

Por último, en sus cuatro disposiciones transitorias, se establecen plazos para poner en práctica la nueva norma legislativa.

Corresponde señalar que en la discusión general de este proyecto en la Comisión, la totalidad de sus integrantes compartió plenamente los puntos de vistas sustentados por el Ejecutivo al fundamentar la iniciativa de ley en el informe, procediendo a prestar su aprobación a la idea de legislar sobre la materia, en forma unánime.

En cuanto a la discusión en particular, por ser éste un proyecto extremadamente largo, y como lo estamos viendo sólo en general, no me voy a detener en cada uno de los artículos, pero sí me parece importante destacar, como Diputado informante, que pese a haber una discrepancia de interpretación sobre la constitucionalidad del artículo que establece la existencia de una sola junta de vecinos por unidad vecinal, materia que fue aprobada por mayoría, todos los integrantes de la Comisión, tanto de Gobierno como de Oposición, participaron activamente en el trámite de despacho de este proyecto de ley a través de numerosas indicaciones que se presentaron, con el objeto de mejorar y completar el proyecto enviado por el Ejecutivo. Es así como de los 67 artículos permanentes -originalmente tenía solamente 52-, los 28 que estamos proponiendo fueron aprobados por unanimidad, y un alto porcentaje de los 39 restantes fueron aprobados por más del 70 por ciento de los miembros de la Comisión. Esto me parece importante destacarlo porque, en realidad, la discrepancia está sobre la interpretación de lo que podríamos llamar la libertad de asociación, y no sobre el fondo de la idea, es decir, en cuanto a que las organizaciones comunitarias deben contar con este cuerpo legal, bastante perfeccionado, lo cual les permitirá tener una vida comunitaria mucho más plena y activa, aspecto que consideramos básico para constituir una democracia verdadera, puesto que no basta el ejercicio del voto para aseverar lo anterior, sino que debe integrarse el cuerpo social. En ese sentido, las organizaciones de base comunitaria constituyen un cimiento indispensable.

Por último, debo señalar que este proyecto, contiene una disposición del mayor interés, como es la obligatoriedad que establece para que las municipalidades otorguen facilidades en alguno de sus locales, en caso de que las juntas de vecinos no dispongan de local de funcionamiento propio, y que, por el solo imperio de la ley, tengan derecho a contar con una sede comunitaria. Estimamos que, las organizaciones comunitarias, a fin de que puedan cumplir con su papel, necesitan de la independencia que significa poseer un local propio de funcionamiento.

Es todo cuanto puedo informar.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Informo que se encuentra en la Sala el señor Ministro Secretario General de la Presidencia subrogante, don Ricardo Solari, a quien le damos la bienvenida.

Solicito la autorización de la Corporación para que pueda ingresar a la Sala el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministro del Interior, don Gonzalo Martner.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, don Mario Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, la Comisión de Hacienda efectuó el estudio del proyecto de ley sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo establecido en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

El proyecto en informe tiene su origen, como se señaló por la Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, cuya tramitación fue calificada de "simple urgencia.".

Durante el estudio del proyecto, concurrió a la Comisión de Hacienda el señor Gonzalo Martner, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.

El propósito de la iniciativa es fijar una normativa distinta que regule el funcionamiento de las organizaciones comunitarias, proponiéndose, con tal objeto, 67 artículos permantentes y 4 transitorios.

La Comisión del Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social dispuesto, en su informe, que la Comisión de Hacienda se pronunciara respecto de los artículos 26, 27, 28 y 44 del texto aprobado por ella.

En el debate se tuvo presente que la iniciativa se financiaría por los medios que la propia ley establece y cuyo monto dependerá de circunstancias variables, no significando, en principio, mayores recursos que los destinados actualmente a similares propósitos por la legislación.

También se consideraron varias indicaciones formuladas por el señor Ministro del Interior subrogante al articulado materia de la competencia de la Comisión de Hacienda, las que, modifican tres de los cuatro artículos, los cuales fueron aprobados de manera distinta a como los despachó la Comisión de Gobierno Interior.

En cuanto a la discusión y votación particular del proyecto, cabe señalar lo siguiente: En relación con el artículo 26, esta disposición enumera los bienes, ingresos y aportes que constituirán el patrimonio de cada junta de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

La indicación presentada en la Comisión de Hacienda por el Ejecutivo proponía eliminar la letra f) del artículo 26, que menciona "las subvenciones, aportes o fondos fiscales o municipales que se le otorguen" a cada junta u organización y reemplazar la letra h) del mismo artículo, para suprimir los ingresos provenientes de comisiones de cobranzas que indica y establecer una referencia más amplia a los aportes con que las municipalidades apoyarán las actividades propias de tales entidades.

Al respecto, el Diputado don Andrés Palma opinó que el artículo 26 no es de competencia de la Comisión de Hacienda en consideración a la materia de que trata.

La Comisión debatió el punto y acordó no innovar respecto de precedentes anteriores, ya que, habiendo dudas en ella sobre su propia competencia para conocer de un determinado artículo, se había cumplido con el requerimiento de la Comisión técnica, pronunciándose sobre él reglamentariamente y, en este caso específico, aceptando la solicitud del Diputado informante de incorporarlo al debate, en virtud de lo dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de la Honorable Cámara.

Puesto en votación, la indicación fue rechazada por mayoría de votos.

El artículo 26, propuesto por la Comisión técnica, fue aprobado en todos sus términos por mayoría de votos; en consecuencia, se rechazó la sustitución de la letra h) por la misma votación.

El artículo 27 establece el derecho de las Juntas de Vecinos de contar, por el solo ministerio de la ley, con sedes propias.

El Ejecutivo presentó indicación para sustituir el artículo propuesto, obligando, en ese caso, a las municipalidades a facilitar locales para el funcionamiento de las juntas de vecinos que no cuenten con sedes sociales. Además, establecía una sanción de multa en beneficio del fondo de desarrollo vecinal a la municipalidad que no lo haga en las condiciones señaladas en el artículo y que se consigna en el informe.

La proposición de sancionar con multas a la municipalidad renuente a cumplir con la obligación de facilitar una sede fue estimada inconveniente por la Comisión de Hacienda, por lo que el procedimiento no se consideró apropiado. Puesta en votación separada la indicación del Ejecutivo, se acogió, por mayoría de votos, su inciso primero y fueron rechazados los incisos segundo y tercero, por lo que se aprobó el siguiente texto:

"Artículo 27.- Cada municipalidad tendrá la obligación de facilitar la utilización de locales o recintos municipales propios o bajo su administración, para la realización de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias de aquellas juntas de vecinos que no cuenten con sede social adecuada para tal efecto".

El artículo 28 consta de tres incisos. El primero declara exentas de contribuciones, impuestos y derechos fiscales y municipales, con excepción de los establecidos en el decreto ley N° 825, de 1975 -que se refiere al impuesto al valor agregado-, a las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

El inciso segundo les otorga el privilegio de pobreza por el solo ministerio de la ley y rebaja en un 50 por ciento los derechos arancelarios que indica.

El inciso tercero dispone que las donaciones y asignaciones testamentarias que reciban las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias funcionales, estarán exentas de todo impuesto y del trámite de insinuación.

Puesto esto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de la Comisión.

El artículo 44 creaba en el proyecto de la Comisión de Gobierno Interior un fondo nacional de desarrollo vecinal con cargo al Presupuesto General de Entradas y Gastos de la Nación, y cuyo objetivo sería ayudar financieramente el quehacer de las juntas de vecinos y aquellas acciones que se ejecuten en favor del desarrollo comunitario. Tales recursos serían distribuidos entre los municipios de manera similar a como sucede con el Fondo Común Municipal. La disposición facultaba al Presidente de la República para reglamentar las modalidades operatorias del fondo que se instituye.

El Ejecutivo presentó en la Comisión de Hacienda una indicación sustitutiva de este artículo, la que modifica la naturaleza del fondo. En efecto, deja de ser un fondo nacional de desarrollo vecinal y se crea en cada municipalidad, un fondo de desarrollo vecinal que tendrá por objeto apoyar proyectos específicos de desarrollo comunitario. La administración de este fondo radica específicamente en la municipalidad de que se trate, y los recursos se limitan a las actuales asignaciones presupuestarias. Finalmente, se crea un fondo municipal para capacitación de los miembros de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. Sometida a votación la indicación sustitutiva del Ejecutivo fue aprobada por mayoría: 4 votos por la afirmativa; 1 voto por el rechazo, que sustenta el Diputado informante, y 1 abstención.

El texto sustitutivo aprobado es el siguiente:

"Párrafo 3°.

"De los Fondos de Desarrollo y Capacitación Vecinal".

"Artículo 44.- Créase en cada municipalidad un Fondo de Desarrollo Vecinal que tendrá por objeto apoyar proyectos específicos de desarrollo comunitario dentro del ámbito de la respectiva unidad vecinal y en armonía con el plan comunal de inversiones, presentados por las respectivas juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

"Este fondo será administrado por la respectiva municipalidad y estará compuesto por aportes municipales, de los propios vecinos o beneficiarios y de programas de inversión social contemplados anualmente en el Presupuesto General de Entradas y Gastos de la Nación.

"Los recursos aportados por los vecinos o beneficiarios sólo podrán utilizarse en el financiamiento de actividades o proyectos específicos que beneficien a su respectiva unidad vecinal.

"Tratándose del financiamiento de proyectos, los recursos se asignarán por parte de la respectiva municipalidad, previa evaluación objetiva de las prioridades sociales a satisfacer en la comuna, su factibilidad, sus costos y demás elementos de valoración económica y social aplicables a la planificación comunal. Dicha evaluación tomará en consideración las opiniones de las organizaciones comunitarias involucradas.

"Créase, asimismo, en cada municipalidad, un Fondo Municipal para la capacitación de los miembros de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. Este fondo se financiará con subvenciones municipales y demás aportes provenientes de la comunidad.

"El Presidente de la República establecerá por la vía reglamentaria las modalidades de operación de los mencionados fondos y las normas que aseguren la debida equidad en la distribución de los recursos a que se refiere la letra f)..."-en realidad, en el informe, erróneamente, dice letra h)..."del artículo 26". Esa es la indicación sustitutiva.

Cumpliendo con el mandato del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, debo señalar que la fuente de los recursos reales y efectivos con que se pretende atender el gasto que significa este proyecto está latamente reseñada en el artículo 26 del mismo y, especialmente, en el artículo 44 sustitutivo a que he dado lectura, disposición que crea los fondos de desarrollo y capacitación vecinal, con cargo, el primero de ellos, al Presupuesto General de Entradas y Gastos de la Nación. Como se ha explicado en el mencionado artículo, su incidencia económica está limitada en el inciso final.

He dicho.

EL señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, estamos frente a un tema de gran importancia para la transición y la consolidación de la democracia en Chile.

Se trata nada menos que de definir las bases jurídicas de la participación ciudadana en el ámbito territorial. Quienes aspiramos a una democracia participativa valoramos profundamente la discusión de esta ley.

Chile fue un país pionero en este campo. Desde comienzos de siglo, se desarrollaron múltiples formas de asociación entre los ciudadanos, entre los vecinos. La solidaridad, la acción colectiva, la autonomía respecto del Estado, la expresión de las demandas populares, son valores fuertemente enraizados en nuestra tradición y cultura.

El año 1968, durante el Gobierno de don Eduardo Frei, se recoge esta realidad y se la reconoce jurídicamente mediante la ley N° 16.880. Se establecen, así, canales institucionales de participación ciudadana. Con esa ley, Chile se pone a la cabeza en materia de participación territorial, tanto en América Latina como también, podríamos decir, respecto de Europa. Dicha ley representó un avance sustantivo en la democratización del país en esos años.

En este campo, el período de la dictadura fue una etapa de estancamientos y retrocesos. El amplio tejido social construido durante años para la participación fue invertido y transformado en una red orgánica de control de la ciudadanía.

En virtud del decreto ley N° 349, el Ejecutivo de ese entonces designó discrecionalmente a los dirigentes de las organizaciones territoriales. Hasta el año 1984, los clubes deportivos tuvieron directivas designadas. Desde 1973 hasta fines de 1989, las juntas de vecinos, los centros de madres, los grupos juveniles, los centros culturales, también tuvieron directivas de ese origen.

Más de 16 años con dirigentes designados representaron una violación cotidiana de la dignidad y de la vocación participativa de nuestro pueblo. La experiencia de esos largos años deja daños profundos en la vida comunitaria.

La pasividad, los estilos autoritarios, el desprecio de los jóvenes por estas organizaciones, el individualismo, son algunos de los males heredados que hoy están en proceso lento y gradual de superación.

Hacemos referencia a esto no con el afán de exacerbar la confrontación con la Derecha; por el contrario, aspiramos a que se reconozca la forma de violación cotidiana de los derechos de las personas. Que esto se reconozca es también un necesario gesto de reconciliación; ayudará a Chile, ayudará a reconstruir la convivencia social en barrios y territorios.

Al final del régimen pasado se dictó la ley N° 18.893, la cual tiene cosas positivas que han sido incorporadas en el proyecto; en particular, la no intervención de la autoridad central en las organizaciones comunitarias y las facilidades para obtener personalidad jurídica.

Sin embargo, dicha ley tiene defectos sustanciales, que representaron retrocesos graves en nuestra legislación. No se establecieron facultades ni funciones para las juntas de vecinos y para las organizaciones comunitarias; se estimuló el paralelismo y la atomización, al concebir más de una junta de vecinos por unidad vecinal, con lo que, en los hechos, se reduce la participación a su mínima expresión.

Hoy estamos abocados a la discusión de un proyecto de ley de participación territorial que establece un lugar central para las juntas de vecinos en la vida comunal, que regula el resto de las organizaciones comunitarias, que democratiza el Consejo Local de Deportes y que permite la creación de los consejos ecológicos comunales.

Debatir una ley de participación territorial es una manera de discutir el municipio, el gobierno comunal. Discutir el municipio es examinar cinco aspectos fundamentales estrechamente relacionados: primero, la estructura, composición y forma de generación de los órganos de poder local, del alcalde y del consejo; segundo, sus atribuciones y su papel en la vida nacional; tercero, el sistema de financiamiento y el nivel de recursos; cuarto, la modernidad y la capacidad técnica del aparato municipal: la carrera funcionaría, los sistemas de información y de planificación, la forma de gestión de los servicios públicos, y quinto, la participación ciudadana.

Hoy estamos discutiendo los municipios desde este ángulo. Es indiscutible que hubiera sido más coherente y más consistente partir debatiendo la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es decir, el marco global regulador del gobierno comunal. Eso no ha sido posible por razones ampliamente conocidas.

Concebir la ley de participación como parte de una concepción moderna del municipio es, a mi juicio, la idea fundamental sobre la cual discurre el proyecto. Es, quizás, la diferencia más importante con el debate que su suscitó a propósito de la ley N2 16.880. En ese entonces, se criticaba la ley porque debilitaba los municipios, porque establecía mecanismos de intervención de la autoridad central en las organizaciones comunitarias, porque no articulaba adecuadamente estas organizaciones con el gobierno comunal.

El debate de este proyecto ha estado marcado por visiones del papel de los municipios.

En este sentido, el concepto enriquecido de unidad vecinal es el principal de proyecto de ley. Chile tiene una división político-administrativa de pocos municipios. Aquí se optó por una división de 335 comunas, y hoy día hay 335 municipios. Otros países, como México, tienen 3 mil municipios; España, 11 mil municipios; Francia, 38 muninicipios. En Chile, las unidades vecinales, que son alrededor de 6 mil actualmente, responden a una idea de desconcentración y descentralización al interior de la comuna.

Se trata, en definitiva, que la gestión municipal y la participación ciudadana estén orientadas a corregir desequilibrios de territorios específicos y que, a su vez, los habitantes de estas zonas y barrios de la comuna, vean representados sus intereses. Para estos efectos, las juntas de vecinos son los órganos que los habitantes se dan para representar al territorio jurisdiccional de la unidad vecinal, para influir en las decisiones, para llevar adelante iniciativas, propuestas y demandas. En definitiva, se trata de subdividir el territorio de las comunas en unidades vecinales, con criterios de desarrollo y de participación real y efectiva.

Esta es una aproximación singular de nuestro país. Los peruanos tienen un modelo de participación en que cada grupo se organiza y plantea sus problemas sin una definición de territorio jurisdiccional. Los españoles de Barcelona, en el otro extremo, dividen la comuna en distritos, y en estos distritos constituyen una especie de submunicipios, con plantas de funcionarios, con presupuestos, con facultades normativas.

En la propuesta del proyecto de ley se trata de definir unidades vecinales como unidades de descentralización, unidades de desarrollo, unidades de participación, y en esos territorios jurisdiccionales se constituyen juntas de vecinos autónomas del municipio; pero para velar por el desarrollo y progreso de sus barrios, en colaboración y coordinación con la autoridad. Esta es la médula de la propuesta de participación.

Este primer informe es un avance importante, aunque reconocemos que aún tiene deficiencias y es necesario mejorarlo, tanto en su técnica jurídica como en su contenido.

En lo que se refiere a normas que regulan a estas organizaciones, hay un vacío importante en las articulaciones entre las juntas de vecinos, las diferentes villas y poblaciones y el resto de las organizaciones comunitarias de la unidad vecinal.

Nosotros estamos por un consejo vecinal y por la generación democrática de los comités vecinales. Esperamos resolver este punto.

También hay rigideces innecesarias, como el quorum para modificar los estatutos, que hacen prácticamente imposible cualquier reforma.

También respecto de las facultades y funciones, hubo un gran avance con el trabajo de la Comisión; pero falta mayor precisión. En particular, incorporar normas respecto a locales clandestinos y defensa de los consumidores.

En lo referente a la relación con el municipio, no han quedado claras las funciones para la unión comunal. Nosotros hubiéramos querido incorporar la figura del cabildo comunal, de este mecanismo de articulación entre el gobierno local y la comunidad organizada; pero fue objetado constitucionalmente y declarado inadmisible.

En lo que se refiere al financiamiento, creemos que el problema no está resuelto, aunque existe consenso en la necesidad de asumirlo.

La Comisión de Hacienda ha mejorado el proyecto, pero aún falta definir con claridad, a lo menos, tres fondos, y definir sus objetivos, formas de gestión y financiamiento.

Nosotros estamos convencidos de que se requiere un fondo de capacitación y que éste debe tener carácter provincial y/ o regional, donde haya aportes municipales y regionales. Este fondo no puede ser sólo municipal-comunal. No nos olvidemos que hay 203 comunas de menos de 20 mil habitantes; 11 comunas de menos de 500 habitantes; 56 comunas de menos de 5 mil. Por lo tanto, al darle carácter provincial y/o regional, permitiría realmente un desarrollo mayor del objetivo de capacitación que tendría.

También creemos que es necesario un fondo o un sistema para financiar el funcionamiento de la junta de vecinos y de todas estas organizaciones, garantizando un piso mínimo de recursos, ya sea a través de teléfonos o de otros medios, para locales y para gastos, que debe ser de responsabilidad municipal.

Compartimos lo que viene en la indicación del Ejecutivo, en relación al fondo de proyectos de inversión. Nos preocupa que se conjuguen criterios comunales y vecinales y que se asegure la participación de la junta de vecinos en la decisión.

Los partidos Renovación Nacional y UDI han dado su aprobación en general al proyecto y no dudamos de que han contribuido a su perfeccionamiento. Sin embargo, han sostenido críticas radicales que, a nuestro juicio, lo cuestionan globalmente.

En primer lugar, discrepan del artículo 36, que establece la existencia de una sola junta de vecinos por unidad vecinal, y postulan que debe permitirse la constitución de más de una.

En verdad, ésta no es una crítica secundaria. En los hechos cuestionan lo esencial del proyecto, cuestionan la existencia de unidades vecinales y cuestionan una participación ciudadana con real capacidad de influir en la vida local.

Para esto, sostienen dos argumentos principales. Primero, consideran que establecer juntas de vecinos con territorios jurisdiccionales no sería la mejor opción; y segundo, señalan que la existencia de una sola junta de vecinos por unidad vecinal sería inconstitucional.

En relación al primer argumento, queremos decir que nos parecen plenamente legítimos sus planteamientos, pero discrepamos profundamente de ellos. Estamos convencidos de que la existencia de territorios jurisdiccionales y de juntas de vecinos que representen a todos sus habitantes es una creación chilena que debemos profundizar y perfeccionar, pero jamás eliminar. Es una forma de avanzar hacia una real descentralización al interior de la comuna y de buscar un desarrollo equilibrado y participativo.

La opción de la Derecha es similar a la que existe en el Perú: cada grupo que cumple con algunos requisitos básicos constituye una junta de vecinos.

Pero los problemas requieren de una articulación y organización territorial. La construcción de una vereda, la pavimentación de una calle, la preocupación por las escuelas y consultorios, la búsqueda de mejores soluciones para el transporte colectivo y muchas otras situaciones tienen un claro carácter territorial y requieren de una organización de este tipo que los enfrente. Al haber dos o tres juntas de vecinos sin territorios definidos, no está claro cuál tiene facultades y responsabilidad para asumir dichos problemas.

Creemos que la opción de la Derecha es una opción anticuada, que no está a la altura de la trayectoria de la participación ciudadana en nuestro país. Es reducir a las juntas de vecinos a sólo canales institucionales de participación, pero sin ámbitos territoriales de representación y gestión comunitaria. La opción de la Derecha, en los hechos, reduce la participación a su mínima expresión.

En la Comisión buscamos diversas alternativas para perfeccionar la opción del proyecto y llegar a consensos. En mayo, la Derecha estuvo de acuerdo en que hubiera una junta de vecinos por unidad vecinal y así lo votó. Posteriormente, cambió de posición y sostuvo que debía reducirse la población de las unidades vecinales, en lo cual coincidimos los miembros de la Comisión.

Sin embargo, insiste en su posición.

Pensamos que en esta intransigencia subyace una imagen de lo que fueron las juntas de vecinos durante la dictadura, en que sólo se expresaba la tendencia en ese entonces oficialista. Hoy estamos gradualmente construyendo juntas de vecinos plurales, donde todos los sectores van teniendo participación. Y la vida demuestra que esto no sólo es necesario, sino que también es posible. Las veredas, las plazas, los programas de superación de la pobreza no tienen color político.

De aceptarse la tesis opositora, se politizará en exceso la organización vecinal. Tenderá a haber una junta de vecinos por sector político o por cualquier tipo de subgrupo que exista en la unidad vecinal. Esta opción de la Derecha implica un cambio profundo y sustantivo en el conjunto de iniciativas de participación que el proyecto de ley contiene.

Esperamos que la Derecha adopte una posición más moderna de participación y organización de las comunas. Este es uno de los pilares, a nuestro juicio, de un municipio democrático, participativo y eficiente.

El otro argumento es sobre la constitucionalidad de la existencia de una sola junta de vecinos por unidad vecinal.

Al respecto, queremos decir, antes de todo, que la opción sustantiva tiene relación con la organización de las comunas, con su descentralización, con una participación ciudadana efectiva.

Si estamos de acuerdo con el fondo del proyecto y su contenido es inconstitucional, podríamos incorporar modificaciones en la reforma constitucional que se hará a propósito del régimen municipal. Sin embargo, pensamos que esta disposición no es inconstitucional. Las juntas de vecinos no son lo mismo que el resto de las organizaciones comunitarias. En los clubes deportivos, los centros de madres, los grupos juveniles, etcétera, se considera efectivamente la más amplia libertad de asociación, y pueden crearse todas las que cumplan con requisitos básicos. Las juntas de vecinos son distintas. Tienen territorio jurisdiccional, y se plantean facultades y funciones para expresar, representar y actuar respecto al desarrollo integral de estas realidades territoriales. Las juntas de vecinos, a nuestro juicio, son personas jurídicas regidas por normas de derecho público, que realizan funciones públicas, que influyen en decisiones sobre recursos públicos. En consecuencia, cuestionar su unicidad es cuestionar su contenido esencial.

Además, de cuestionar la idea de una sola junta de vecinos por unidad vecinal, la Derecha ha cuestionado que los comités de allegados sean reconocidos como personas jurídicas, desconociendo que el problema de la vivienda es permanente, que la existencia de una organización legalmente constituida al interior de las unidades vecinales para estos efectos es un avance, pues permite que se asocien los afectados, que se informen de las alternativas estatales, que se propongan proyectos propios de solución, que planteen sus problemas a la autoridad.

Así se ha demostrado en los hechos. Hoy muchos comités de allegados tienen personalidad jurídica y han logrado importantes soluciones. En muchas partes han comprado terrenos, han ahorrado en común, han llevado adelante importantes iniciativas.

La alternativa de que los comités de allegados no tengan este espacio, es que operen en un campo extrainstitucional y volvamos al tiempo de la expresión del problema a través de las "tomas" u otras formas de presión; o, en su defecto, se contribuya a la dispersión de los afectados, a la atomización, a la imposibilidad de articularse.

No le tengamos miedo a los allegados. El allegamiento condensa los problemas de pobreza en su nivel más crítico. Asumámoslo abriendo un espacio institucional de participación.

Señor Presidente, apoyamos con fuerza la derogación de la ley N° 18.893. Estamos, como bancada PPD, PS, Partido Humanista, por la aprobación en general de este valioso proyecto. Presentaremos un conjunto de indicaciones para mejorarlo en los aspectos señalados.

He dicho.

Gracias.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Todos los señores Diputados tendrán derecho a contestar. Por eso, debemos escuchamos con respeto.

Tiene la palabra el Diputado señor Hamuy.

El señor HAMUY.-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

Uno de los objetivos fundamentales de este proyecto consiste en lograr que la democratización en que está empeñado el Supremo Gobierno y todo el país llegue a la base social. Las más representativas son las juntas de vecinos y las organizaciones funcionales. Por eso, este proyecto fue de larga discusión y análisis en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, que tengo el honor de presidir.

La participación de la comunidad organizada es la base de nuestra democracia. En ésta tienen su mejor expresión las iniciativas de los vecinos, que se manifiestan con mucha fuerza al interior de estas organizaciones, traduciéndose en una verdadera fuente de bienestar para todos ellos.

La organización de la comunidad, como cuerpo intermedio, es un verdadero equilibrio de poder frente al Estado y a las municipalidades, y representa una fuerza dinámica, sin la cual toda acción del Estado sería absolutamente insuficiente. Así quedó demostrado cuando se dictó la ley 16.880, la cual, a pesar de sus imperfecciones, fue la base de la organización comunitaria del gobierno del Presidente Frei, y su poder de acción y trabajo se vio reflejado en más de 6 mil organizaciones que obtuvieron en esa etapa su personería jurídica y, en consecuencia, su existencia legal.

Tanto en el campo como en la ciudad, las juntas de vecinos y demás organiza- dones funcionales fueron el motor que abrió paso a un Chile nuevo, con dinámica propia y sostenido en la famosa frase "ayúdate que yo te ayudaré". Esta gran alianza entre gobierno y organizaciones hizo despertar todas las potencialidades de nuestro pueblo.

Este, proyecto de ley corrige las deficiencias que contiene la actual ley 18.893, dictada en las postrimerías del gobierno anterior y que desmejoró considerablemente la 16.880, dictada en el Gobierno del Presidente Frei.

La iniciativa modifica el artículo 36, según el cual pueden existir varias juntas de vednos por unidad vecinal, y señala taxativamente que "sólo podrá existir una junta de vecinos en cada unidad vecinal y cada persona sólo podrá pertenecer a una junta de vednos".

Durante el debate sostenido en la Comisión, hubo parlamentarios que impugnaron este artículo por considerarlo atentatorio a la libertad de asociación y afirmaron que podría ser inconstitucional. Sin embargo, la Comisión, por mayoría de votos, lo aprobó en los mismos términos indicados en el mensaje del Ejecutivo.

El artículo 2° del proyecto, que dice relación con lo que se entiende por junta de vecino, unidad vecinal y organizaciones comunitarias funcionales, quedó pendiente y se trató al final del proyecto, por lo complejo de la materia. También fue objeto de varias indicaciones que sustituyeron el texto original, aprobándose finalmente por mayoría de votos.

El artículo 42 del mensaje originó un amplio debate, pues se relaciona con la creación de un fondo nacional de desarrollo vecinal con cargo al presupuesto general de entradas y gastos de la Nación, que tendrá por objeto apoyar financieramente las actividades de la? juntas de vecinos, así como proyectos específicos de desarrollo comunitario dentro del ámbito de la respectiva unidad vecinal.

En su inciso segundo, señala el procedimiento para distribuir los recursos del fondo. Establece que se distribuirán entre las municipalidades, en la misma proporción en que ellas participan en el fondo común municipal.

La Comisión lo aprobó por unanimidad, en los mismos términos propuestos en el mensaje. Sin embargo, hoy día hemos sabido que este financiamiento fue cambiado por el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda. .

Naturalmente, la solución propuesta nos parece absolutamente insuficiente. Crear un fondo con cargo al presupuesto municipal, que tenga como única finalidad capacitar a los dirigentes de las juntas de vecinos, nos parece poco apoyo para las necesidades de estas organizaciones. Creemos necesario concurrir con recursos especiales del presupuesto de la Nación, tal como lo señala la primera indicación del Ejecutivo, la que, a mi juicio, satisface más ampliamente las posiciones de todos los sectores políticos de la Comisión, ya que fue aprobado por unanimidad. Además, sostiene en mejor forma la necesidad de apoyar a las juntas de vednos con un financiamiento extraordinario y no con los escuálidos recursos con que cuentan actualmente las municipalidades del país. La Comisión lo aprobó por unanimidad, en los mismos términos.

A pesar de lo polémico y complejo del tema, la Comisión destinó 16 sesiones, de larga duración, al debate en general y en particular del proyecto, el cual fue objeto de más de 80 indicaciones, que mejoraron sustancialmente su contenido.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Cámara, la Comisión acordó realizar una audiencia pública, con el fin de escuchar a los dirigentes vecinales y de las organizaciones funcionales. Efectuada, contó con la presencia de más de 100 concurrentes.

Además, escuchó la opinión fundada de muchos expertos en la materia, como asimismo autoridades del quehacer nacional interesados en el tema.

Como Presidente de la Comisión, deseo destacar especialmente el ambiente de cordialidad y respeto que imperó durante el debate del proyecto, y el trabajo eficiente realizado por los señores Secretarios, señores Sergio Malagamba y Roberto Fuentes.

El aporte de los Honorables colegas a través de las indicaciones, redundará en un mejoramiento del proyecto para el segundo informe.

El Diputado señor Devaud me ha solicitado una interrupción.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, acogiendo el sentido de lo que es una interrupción, deseo señalarle al Diputado señor Hamuy, que el artículo 44 sustitutivo crea dos fondos: uno, el desarrollo y, otro, de capacitación vecinal. El primero tiene por objeto apoyar proyectos específicos de desarrollo comunitario. El segundo es un fondo municipal para la capacitación de los miembros de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

En el primero, los recursos se originan en aportes municipales, que pueden ser de inversión social, concebidos en el presupuesto general de la Nación, y en aportes de vecinos. El fondo de capacitación solamente tiene su origen en aportes municipales; es decir, de acuerdo con la disposición, en subvenciones municipales y demás aportes provenientes de la comunidad.

Muchas gracias.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Hamuy.

El señor HAMUY-

Señor Presidente, se confirma lo que sostengo, en el sentido de que esta indicación del Ejecutivo no entrega financiamiento de apoyo para el funcionamiento de las juntas vecinales, que es la diferencia entre lo planteado por el Diputado informante y lo que aprobamos en la indicación en la Comisión de Gobierno Interior que primitivamente formuló el Gobierno.

Echamos de menos el financiamiento de apoyo hacia las juntas de vecinos y no solamente para proyectos de capacitación.

En la gira realizada por la Comisión a las regiones, en cumplimiento de la misión que le es propia, el tema del proyecto de ley que nos preocupa fue siempre motivo de debate y discusión, en los programas con la comunidad, lo que determina que la opinión de las regiones está incorporada a él. Las inquietudes de las regiones, ahogadas muchas veces por el centralismo de la capital, esta vez sí tiene expresión y fuerza a través de los documentos que nos entregaron las organizaciones comunitarias después de cada debate.

Señor Presidente, Honorable Cámara: podemos decir con propiedad que este proyecto contiene, en lo esencial, las aspiraciones más sentidas del pueblo de Chile. Anuncio los votos favorables de los Diputados de la Democracia Cristiana.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Raúl Urrutia.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales, que tiene por objeto derogar la ley N° 18.893, que trata sobre esta misma materia.

La idea matriz del proyecto, según lo expresado por el mensaje del Ejecutivo, es "hacer posible y canalizar la participación comunitaria" a través de la organización social. Además, el Mensaje señala que la razón de ser de las juntas de vecinos es, justamente, representar a los vecinos.

Renovación Nacional cree en la participación de las personas, por cuanto el individuo, al nacer, necesita y requiere de otros seres para poder subsistir; reunirse en grupos intermedios para satisfacer sus necesidades o agruparse, para estos mismos efectos, en una sociedad mayor que le brinde la protección mínima o le satisfaga sus requerimientos, fundamentalmente, aquellos que dicen relación con la seguridad personal, tanto interna como externa, o que le satisfaga la necesidad de buscar un equilibrio entre las relaciones que con otros individuos debe realizar diariamente; vale decir, solucionar los conflictos a través de la creación de una norma jurídica que regule estas relaciones y la existencia de un poder capaz de otorgar justicia. La necesidad que tienen estos individuos y los grupos intermedios de ayuda, cuando el grupo intermedio al cual pertenecen no puede cumplir su finalidad, llega a esta sociedad mayor que se llama Estado. Pero, fundamentalmente, el hombre se agrupa en sociedades intermedias para satisfacer sus necesidades. Una de ellas, es la junta de vecinos, que tiene por objeto representar a quienes viven en un determínelo sector territorial -que hemos denominado unidades vecinales- para que ellos participen en la solución de sus inquietudes, tanto de orden personal como comunitario.

Esta posibilidad de participar en una sociedad intermedia requiere, previamente, del ejercicio de un derecho que, a nuestro juicio, es un derecho natural y que, por tanto, proviene de Dios: la libertad. El ejercicio de este derecho es consubstancial con la naturaleza humana. Es un derecho inherente al hombre. Y esta necesidad que el hombre tiene de participar en una sociedad intermedia, para lograr sus fines y poder desarrollarse, implica necesariamente el ejercicio de este derecho: el ejercicio efectivo de la libertad. La libertad no sólo implica lo que muchos erróneamente creen; o sea, la posibilidad de emitir opiniones o de movilizarse, sino que es mucho más amplia: La libertad es la posibilidad de escoger, de entre muchas opciones, aquélla que consideremos más adecuada para lograr nuestros fines o necesidades. En el caso que hoy nos preocupa, la de participar en una organización vecinal o comunitaria que consideremos más idónea o más capaz de representamos e, incluso, tener la posibilidad de retiramos, si estamos que esa organización no cumple los propósitos que nos hemos fijado.

El ejercicio de la libertad tiene una sola gran limitación: no entrar en el campo de la libertad de otra persona.

Renovación Nacional cree profundamente en la libertad como esencia fundamental del ser humano. No puede, entonces, aceptar que un proyecto de ley trate de conculcar esta libertad. Efectivamente, la iniciativa que tratamos hoy día en la Cámara de Diputados, conculca el derecho a la libertad que tenemos las personas de elegir la asociación a la que queremos pertenecer para lograr nuestra finalidad.

El artículo 35 del proyecto -36 en el informe de la Comisión de Gobierno Interior- señala expresamente lo siguiente: sólo podrá existir una Junta de Vecinos en cada unidad vecinal y cada persona sólo podrá pertenecer a una Junta de Vecinos".

La simple lectura del artículo propuesto por el Ejecutivo nos da la razón en nuestro planteamiento, ya que se está obligando a pertenecer a una junta de vecinos a quienes viven en una unidad vecinal.

Esto se complementa con lo señalado en la letra a) del artículo 2° del proyecto, que define a la unidad vecinal como el ámbito territorial, dentro de una comuna o agrupación de comunas, determinado en conformidad con esta ley, en el cual se constituye y desarrolla sus funciones una junta de vecinos.

El inciso tercero del N° 15° del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, establece que "Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.". Del texto constitucional se desprende que la norma contenida en el artículo 35 del proyecto es inconstitucional, por cuanto, al establecer en forma imperativa que en cada unidad vecinal sólo puede existir una sola junta de vecinos, está obligando a que las personas de ese ámbito territorial se incorporen a esa organización.

Me replicarán que el proyecto no vulnera la norma constitucional, por cuanto el artículo 5° de la iniciativa señala expresamente que el ingreso a una organización comunitaria "es un acto voluntario, personal e indelegable y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a permanecer a ella ni podrá impedírsele su retiro de la misma".

Pero debemos señalar que esta norma será letra muerta o sólo programática, por cuanto los vecinos que no quieren ingresar a la junta de vecinos o se retiren de ella, no podrán ejercer el derecho a asociarse, no podrán participar y se quedarán sin representación alguna ante los organismos estatales, municipales y demás instituciones con las cuales se relacione la organización comunitaria. Tampoco podrán obtener los beneficios que le otorguen a las juntas de vecinos los diferentes cuerpos normativos de este proyecto de ley.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Les ruego a los señores Diputados guardar silencio.

El señor URRUTIA.-

Impide que los vecinos de una unidad vecinal puedan libremente escoger la organización que los represente, con lo cual se vulneran los valores señalados al principio de mi intervención, especialmente la libertad, derecho natural con el que Dios nos ha dotado.

La actual ley de juntas de vecinos, la N° 18.893, establece la posibilidad, recogiendo el mandato constitucional, de que existe más de una junta de vecinos en una unidad vecinal, lo que permite a las personas ingresar a aquella organización que considere más adecuada e idónea para satisfacer sus necesidades de participación y representación.

En el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que contiene la idea matriz del proyecto, se sostiene que la norma legal en actual vigencia "tiende a la atomización de las juntas de vecinos, al permitir que en una misma unidad vecinal puedan constituirse dos o más de tales organizaciones, situación que, lejos de fortalecer la libertad de asociación, lleva precisamente a su destrucción, ya que fomenta un paralelismo ilimitado, desvirtuando de ese modo, su razón de ser, cual es representar a todos los vecinos de la respectiva unidad vecinal y no a sectores de ellos".

¡Qué contradictorio es el mensaje presidencial! ¿Cómo se va a representar a todas las personas de una unidad vecinal, si aquellas que no ingresan a la junta de vecinos única no podrán ser representados? Más aún, no tendrán ninguna posibilidad de obtener que alguien los represente ni menos participar. Se obliga a las personas, para tener la posibilidad de participar y de ser representados a pertenecer a la junta de vecinos única.

Se transgrede la Constitución, que garantiza este derecho natural, que es la libertad, en una de sus múltiples manifestaciones, como lo es el derecho a asociarse libremente y sin permiso previo.

El mensaje presidencial, indudablemente, tiene como objeto esencial dar una visión errada de la norma en actual vigencia, a fin de justificar el establecimiento del artículo 35 del proyecto, que dispone la existencia de una junta de vecinos por unidad vecinal. Pero, sin perjuicio de todas las consideraciones de hecho que se suponen, no puede justificarse la norma que se pretende que sea ley de la República y vulnere una de las garantías individuales establecidas en la Constitución Política de la República.

No discutimos la conveniencia o inconveniencia práctica de la existencia de una sola junta de vecinos y del paralelismo vecinal, sino que estimamos que esa decisión corresponde asumirla en forma libre y voluntaria a los propios vecinos. Serán ellos los que deberán decidir si para resolver sus problemas y para lograr su efectiva participación, resulta más conveniente agruparse en una o más juntas de vecinos. No seamos nosotros, los legisladores, quienes llevemos de la mano a las personas para que tomen sus decisiones. Es paternalismo ha quedado atrás en el tiempo. Permitamos a los propios vecinos que decidan libremente. La libertad de las personas no puede ser conculcada por los intereses partidistas. ¿O debemos preguntamos en esta Sala, en el Ejecutivo, en este Parlamento, si acaso no creemos en la libertad? ¿O no tenemos confianza en que las personas podamos decidir libremente nuestro destino? ¿O se nos olvidaron todas las arengas y discursos que proclamaban la libertad? Hoy, Honorables colegas, existe la posibilidad de demostrar que somos realmente "apóstoles de la libertad".

Señalaba también al principio de mi intervención que las juntas de vecinos son grupos intermedios, en los cuales se organiza y estructura la sociedad. Y la Constitución Política, en el inciso tercero del artículo 1°, señala que estos grupos intermedios cuentan con el reconocimiento y el amparo del Estado, garantizándole la adecuada autonomía para cumplir sus fines propios.

Esta disposición debemos concordarla con el inciso tercero del N° 15° del artículo 19 de la misma Carta Fundamental, por cuanto las personas son libres de asociarse en cualquier grupo intermedio en el cual consideren que pueden lograr sus propios fines específicos.

El señor PALESTRO.-

¿Y los quince años de dictadura?

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

¡Diputado señor Palestro!

Ruego a los señores Diputados que accedan a lo solicitado por la Mesa, de tal modo que podamos tener un desarrollo normal de la sesión.

El señor PALESTRO.-

¡Está haciendo frío aquí, señor Presidente!

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Diputado señor Palestro, se lo ruego encarecidamente.

El señor URRUTIA.-

El artículo cuestionado vulnera el inciso tercero del artículo 1° de la Constitución, por cuanto el Estado, a través de la ley, impediría que las personas, en forma libre, escogieran la asociación o grupo intermedio que les permita cumplir sus propios fines específicos, para satisfacer sus necesidades y aspiraciones -en este caso puntual de vecindad-, al incorporarse a una junta de vecinos a la que prefieren asociarse por cuanto estiman que ella las representará en buena forma y propenderá a satisfacer sus inquietudes y requerimientos.

El proyecto, en su articulado ya mencionado, vulnera dos normas constitucionales: el inciso tercero del número 15° del artículo 19 y el inciso tercero del artículo l2 y, por ello, uno de los principios rectores de la Carta Fundamental, como es el de subsidiariedad.

Los argumentos dados para el artículo 35 del proyecto son válidos también para el artículo 46, que establece la unión comunal única de juntas de vecinos en cada comuna del país.

Señor Presidente, sabemos que hay sectores de nuestra patria que no creen en la libertad y que sólo hacen uso de ella. Los respetamos, aunque no compartimos en absoluto sus puntos de vista. Pero hay otros sectores políticos que creen en la libertad y que, por razones contingentes de la política, hoy se ven forzados a votar una ley que atenta en contra de sus principios. A ellos, que creen en la libertad les hacemos un llamado a recapacitar, porque en Chile somos inmensamente mayoritarios los que creemos en ella.

Señor Presidente, Renovación Nacional presentará un requerimiento al Tribunal Constitucional, en conformidad con lo establecido en el artículo 82, número 2), de la Constitución Política de la República, a fin de que este alto tribunal resuelva las cuestiones sobre constitucionalidad que se han suscitado en la tramitación de este proyecto de ley. Y lo haremos una vez que tengamos en nuestro poder el acta de esta sesión, que debemos acompañar al requerimiento, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica Constitucional sobre Tribunal Constitucional. Este requerimiento ante este alto tribunal de la República lo haremos en conjunto con la Unión Demócrata Independiente.

Como aquí lo hemos señalado y planteado en el seno de la Comisión de Gobierno Interior, los parlamentarios de Renovación Nacional pensamos que las personas deben lograr sus fines propios específicos en los grupos intermedios. Por ello, sostenemos que deben participar activamente en las juntas de vecinos para que así, la comunidad organizada, pueda obtener un mayor bienestar.

Somos partidarios de que la persona pueda ejercer la libertad en su máxima expresión, sin que ella sea conculcada y, por ende, pueda optar a cualquier organización ya existente o bien crear otra si estima que es más conveniente para lograr sus fines.

Sostenemos que es imprescindible hacer modificaciones a la ley N° 18.893, sobre juntas de vecinos, para adecuarla a la realidad que vive el país. Así lo demostramos en la Comisión de Gobierno Interior de esta Cámara. Pero todo ello no significa que debamos concurrir a la aprobación de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, en el cual la esencia de él, contenida en el artículo 35, es inconstitucional y atenta en contra de uno de los valores esenciales en que sustentamos nuestros principios, como lo' es el de la libertad.

No podemos dar nuestra aprobación a un proyecto que vulnera los preceptos constitucionales, porque ello sería el inicio de una escalada de atentados en contra de nuestra Constitución, a la cual juramos respetar al asumir nuestros cargos el 11 de marzo del año recién pasado. A lo mejor se puede discrepar de esta Constitución, con legítimo derecho, pero mientras existe debemos respetarla en su total integridad, para que de esta forma podamos vivir, realmente, en un Estado de Derecho.

Creemos que la norma constitucional vulnerada por el proyecto de ley es de la esencia de la persona humana, es un derecho que, como ya lo hemos señalado, es inherente al hombre y, por lo tanto, no podrá estar ajeno a ninguna constitución política que rija los destinos de los chilenos. Por lo demás, la libertad ha estado garantizada en todos los textos constitucionales desde los albores de la República y se ha ido perfeccionando con el tiempo.

Por ello, por vulnerar un derecho fundamental de la persona humana, ni siquiera podemos abstenemos en la votación.

Señor Presidente, los Diputados de Renovación Nacional vamos a votar en contra de la idea de legislar por las consideraciones expuestas, esperando que' el Supremo Gobierno presente las indicaciones correspondientes, a fin de subsanar esta inconstitucionalidad que afecta la libertad individual de las personas.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Aguiló.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, Honorables colegas, el proyecto sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias presentado por el Ejecutivo, ya aprobado por la Comisión de Gobierno Interior y que hoy debatimos en esta Cámara, está destinado a convertirse en una de las iniciativas más relevantes de la transición democrática, en la medida que regula la constitución y funcionamiento de organizaciones fundamentales para la participación ciudadana a nivel comunal.

Todo chileno mayor de 18 años, sin otra condición, es un potencial integrante de una junta de vecinos o de una organización comunitaria funcional. Por lo mismo, este es un proyecto relacionado con organizaciones sociales que pueden llegar a agrupar a 7 millones y medio de compatriotas. De allí su enorme impacto social.

Honorables colegas, el proyecto en debate recoge la larga trayectoria de participación, aporta al progreso y adelanto que han tenido las juntas de vecinos en nuestro país, cuyo origen se remonta a comienzos de siglo, hasta llegar a tener reconocimiento legal a través de la ley N° 16.880, promulgada en el gobierno del Presidente Eduardo Frei, vigente hasta finales de 1989. Sin embargo, representa un cambio significativo: posibilita que las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias sean actores centrales en el proceso de desarrollo global de la comuna y espacios reales de participación ciudadana.

Demostrativo de lo anterior son las facultades sustantivas que se reconocen en este proyecto a las juntas de vecinos: representar a los vecinos ante cualquier autoridad e instituciones en la celebración de contratos y convenios en beneficio del desarrollo integral de su comunidad; fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo que se ejecuten por la autoridad en su territorio; derecho a ser oídas por la autoridad competente en la toma de decisiones sobre proyectos y planes municipales; derecho a requerir información a entidades públicas sobre cualquier materia que estimen pertinente; promover y defender los derechos constitucionales de las personas; participar en la defensa del medio ambiente; ejecutar obras de desarrollo vecinal.

A las importantes atribuciones otorgadas a las juntas de vecinos, se suma el hecho de que por primera vez se las dota de recursos financieros y de la infraestructura básica para realizar sus actividades e implementar proyectos de desarrollo comunitario. Asimismo, se establece una adecuada protección a la función del dirigente vecinal, por la vía de extender a éste las normas sobre fuero laboral contempladas para los dirigentes sindicales en nuestro país.

Otros aspectos de este proyecto, que contribuirán a la participación ciudadana en el desarrollo comunal, son los relativos a la creación, también por primera vez en nuestra historia, de consejos ecológicos comunales y la generación democrática de consejos locales de deportes y recreación.

Este proyecto, señor Presidente, propuesto por el Presidente de la República, señor Patricio Aylwin, tiene por objeto, reemplazar la actual ley N° 18.893, dictada por el General Pinochet en las postrimerías de su gobierno. Como se sabe, el régimen militar durante 17 años, mantuvo vigente la ley N° 16.880, de 1968, la cual, entre otros aspectos, establecía la existencia de una sola junta de vecinos por unidad vecinal. Este último aspecto, en la medida en que se ha constituido en el núcleo de la controversia al interior de la Comisión de Gobierno Interior, y, desde luego, como resulta evidente después de las palabras del colega Urrutia en esta Sala, merece una reflexión particular.

En conformidad con el artículo 22 del proyecto, la junta de vecinos es una organización de participación y representación vecinal; pero también es una instancia de la sociedad civil a la cual el Estado transfiere algunas de sus atribuciones vinculadas al desarrollo comunitario. Este es, se le reconoce como órgano de gestión y de ejecución de proyectos y programas de desarrollo comunal. Es indudable que la proliferación indiscriminada de juntas de vecinos por cada unidad vecinal no sólo afectará su representación real sino también, de manera fundamental, su capacidad real de gestión y ejecución.

A pesar de lo anterior, la Derecha ha rechazado el artículo 36 del proyecto en discusión, que consagra el principio de una sola junta de vecinos por unidad vecinal, por estimarlo inconstitucional. Su planteamiento se funda en una lectura a lo menos equívoca del texto constitucional. En efecto, el artículo 19, número 15, de la Constitución Política consagra el derecho a asociarse sin permiso previo. Es decir, reconoce el derecho natural de los seres humanos de agruparse, sin que por ello sean perseguidos o castigados. Sin embargo, para que dicha agrupación adquiera el carácter de asociación de derecho, la disposición citada exige que ella se constituya de acuerdo con la ley. Como se ha visto, la Constitución no establece el derecho a la libre asociación, pero sí dispone la obligatoriedad de cumplir con las exigencias y formalidades legales para que las asociaciones tengan personalidad jurídica, es decir, reconocimiento legal. En plena concordancia con el texto constitucional, el proyecto sobre juntas de vecinos en discusión establece las normas que deberán cumplir estas organizaciones vecinales para tener reconocimiento legal, lo cual no impide la existencia de agrupación de hecho a nivel comunal.

No obstante, pudiera desprenderse de la insistencia en su negativa a aprobar la norma sobre una junta de vecinos por unidad vecinal, que para la Oposición es ésta una cuestión fundamental y de principios; sin embargo, la actitud de estos sectores sobre el tema durante el régimen pasado le plantean al país y a esta Cámara la razonable duda de que más bien obedezca a un mezquino cálculo político.

En efecto, nos preguntamos -y sería interesante conocer una respuesta de los colegas de la Derecha- ¿por qué si para ellos la norma de una sola junta de vecinos por unidad vecinal resulta violatoria de un principio tan decisivo y fundamental, de origen, incluso, divino, como se ha señalado aquí, esa misma Derecha durante 17 años compartió y utilizó una legislación que contempló dicha disposición? ¿Por qué durante los años 1974, 1975, 1976, etcétera, hasta 1989, cuando rigió en Chile la ley N° 16.880, la que expresamente contemplaba el principio de una junta de vecinos por unidad vecinal, ningún parlamentario o personero de la Derecha se acercó a la Junta Militar de Gobierno, que expeditamente habría transformado esa disposición legal?

Muy por el contrario, señor Presidente, no sólo se mantuvo vigente la ley 16.880, sino que también, adicionalmente, se dictó el decreto N2 349 que prohibió las elecciones de las juntas de vecinos y se designó a los dirigentes. Y, como muy bien lo ha consignado aquí el colega Carlos Montes, a partir de allí se puso en práctica un mecanismo de control masivo de la población. Si esto no hubiera sido una realidad, y si ésta no estuviera reciente, a la vuelta de la esquina, superándose, tal vez habríamos dado crédito a algunas de las palabras tan elocuentes pronunciadas por nuestro colega Urrutia en tomo a la libertad, y, en particular, a la libertad de asociación. Pero, como esta misma Derecha, que participó en el control masivo de la población, que utilizó la norma de una sola junta de vecinos por unidad vecinal y que, más encima, les controló, nominando a dedo a los dirigentes vecinales de todo el país, es justamente la que hoy día sostiene el principio de la libertad, resulta difícil cuando menos dar crédito y fe a dichas palabras.

Lo anterior demuestra de manera evidente, entonces, que el rechazo de la Oposición al artículo 36 tiene una razón absolutamente distante de la defensa del derecho de los ciudadanos a la libre asociación. Por otra parte, el derecho a la libre asociación, entendido como la proliferación indiscriminada de juntas de vecinos, es la negación de un derecho relevante de todo ciudadano, cual es la participación real en la toma de decisiones.

Señor Presidente, con su venia, el colega Jorge Molina, quien ha estudiado a fondo esta materia, me pide una interrupción para analizar el tema de la cuestión constitucional planteada por la Derecha.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Molina.

En todo caso, si la suya fuera una interrupción fundada respecto de norma constitucional, le rogaría que la hiciera más adelante, en el tiempo que le corresponde. ¿Lo hace ahora, señor Molina?

El señor MOLINA.-

Francamente, no entiendo su admonición.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Se la voy a explicar.

Muchas veces la Mesa ha reiterado que la interrupción es un recurso para hacer una acotación respecto de un punto en particular del debate. Si fuera una intervención en que de alguna manera se trate de englobar el problema, de fundamentarlo, la idea es que se efectúe mediante la inscripción de los señores Diputados. De lo contrario, por esa vía cada uno irá otorgando interrupciones a sus compañeros de bancada, con lo que cualquier orden que la Mesa intente será absolutamente infructuoso.

Esa es la médula de lo que trato de decirle, Diputado Molina.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, ¿cuál es la diferencia entre acotación e intervención?

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Consulte el diccionario, señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Podría tenerlo la Mesa.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Molina, si lo estima oportuno en este momento; si no, le rogaría que lo hiciera en su turno.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, espero que esta acotación no sea tan extensa, pero le agradezco al Diputado señor Aguiló la oportunidad que me concede para precisar algunos temas constitucionales que han sido expuestos por el Diputado señor Urrutia.

Respeto el celo por la protección de los derechos constitucionales de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI, pero sería de esperar que no cayeran en el vértigo de los problemas constitucionales, y que por proteger la libertad no favorecieran también el libertinaje y la anarquía.

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y se estructura la sociedad: Así lo establece el artículo 1° de la Constitución. El principio de este pluralismo se explicita asegurando a las personas el derecho de asociarse sin permiso previo, y tiene correlación con otra vertiente del pluralismo que es la libre expresión de las ideas. Pero se precisa que si una asociación quiere gozar de personalidad jurídica debe de constituirse de conformidad a la ley. Esta es una premisa fundamental. La asociación libre, y su homónimo, la colegiatura voluntaria sobre libertad de trabajo, ambas amparadas en los artículos 19, números 15 y 16, tienen alcances absolutos para la Constitución. Se podría sostener la siguiente premisa -planteada por un destacado profesor de Derecho Constitucional-: "Asociarse es un derecho y jamás un deber". No hay posibilidad de limitar la afiliación y desafiliación voluntaria. No compartimos esta rigidez de la Constitución, pero si estos preceptos fueran vulnerados, el ciudadano tiene derecho a ejercer ante la Corte Suprema, el recurso de inaplicabilidad del artículo 80 de la Constitución.

Ahora bien, el artículo 19, N° 5, regula el derecho de asociación; pero le señalo al señor Urrutia y a los demás Diputados de su bancada, para ahorrar tiempo en la tramitación de esta ley, que no hay ningún fundamento para recurrir al Tribunal Constitucional, porque esa disposición regula tres instituciones jurídicas de distinto alcance, aunque tienen un nexo estrecho entre Sellas. Uno, es el derecho de asociación en general; otro, son las asociaciones que deben gozar de personalidad jurídica, y otro son los partidos políticos.

El derecho de asociación es muy amplio, absoluto, en la actual Constitución.

Nadie lo puede vulnerar. Incluso, se llegó al extremo de que se suprimió aquella advertencia constitucional anterior, en el sentido de que ese derecho se ejercitaba de conformidad a la ley, lo que constituye * un exceso de esta Constitución. Pero, posteriormente, el artículo dice que "para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse de conformidad con la ley.", de manera que, constitucionalmente, este derecho, se restringe tratándose de asociaciones que van a gozar de personalidad jurídica, y el artículo 4a de la ley de juntas de vecinos establece que las asociaciones gozan de personalidad jurídica por el hecho de constituirse y de cumplir ciertos requisitos.

Por consiguiente, las juntas de vecinos tienen esta restricción, como la tienen también los partidos políticos, y es la ley la que determina esas restricciones por mandato constitucional.

No quiere decir esto que quedan desprotegidas de derechos constitucionales. Si se afectan los derechos en su esencia, se hace aplicable el N° 26 del artículo 19 de la Constitución. Pero el artículo 36 del proyecto, que establece que sólo puede existir una junta de vecinos por cada unidad vecinal y que cada persona puede pertenecer a una sola junta de vecinos, ¿afecta en su esencia al derecho de asociación? Habría que estar a lo que se entiende por esencial en un derecho, y debe inferirse, saltándose las apreciaciones de la filosofía del Derecho o de la sociología jurídica, que los límites esenciales de un derecho se definen en relación al Derecho positivo mismo. Esto significa que la norma constitucional no priva al ciudadano del ejercicio de su derecho de asociación cuando dispone que para afiliarse a una junta de vecinos -que tendrá personalidad jurídica-, debe hacerlo en el lugar territorial donde tiene su domicilio.

El señor COLOMA (Vicepresidente).- Señor Molina...

El señor MOLINA - Concluyó, señor Presidente. Quería destacar este punto, imprescindible para la continuación del debate.

La Constitución faculta al legislador para limitar, como en el caso de la pertenencia a una junta y su número de adherentes, sin violar ese derecho constitucional. ¿Por qué no se viola? Porque no se toma impracticable. Todo ciudadano se puede asociar, con o sin esta ley; incluso, puede recurrir a la municipalidad, si le parece bien. Esta iniciativa no restringe su derecho de asociación, sino que determina que una persona, para pertenecer a la junta de vecinos con personalidad jurídica, debe inscribirse en la de su unidad vecinal.

Reitero, los ciudadanos tienen abierto el ejercicio de su derecho asociativo. No se entraba en forma irrazonable, no priva a los pobladores de las acciones jurisdiccionales para exigir su protección y no impone un requisito o condición de existencia del derecho mismo. Los vecinos practican su derecho, que es de la esencia, como también lo es el carácter territorial de las juntas de vecinos.

Considero que esta especie de "vértigo constitucional" o "protección constitucional" en que caen nuestros respetados y estimados colegas es porque en el fondo se está retardando otro tema mayor, a través del mecanismo de recurrir al Tribunal Constitucional, el cual, en una sentencia que tengo a mano, ha resuelto absolutamente esta cuestión, al distinguir las asociaciones con personalidad jurídica y los derechos, diciendo que la diferencia establecida por la Constitución entre el derecho de asociación en general y el derecho de asociación con personalidad jurídica resulta evidente. Y ese retardo quizás está destinado a impedir que este proyecto tenga un trámite rápido en esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Un poco larga su interrupción, señor Molina.

Tiene la palabra el señor Aguiló.

El señor AGUILO.-

Felicito al Honorable señor Molina por su inteligente e ilustrada acotación.

El señor RINGELING.-

¿Me permite, señor Presidente? Deseo plantear un asunto reglamentario.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Le tendría que conceder una interrupción el señor Aguiló que está con el uso de la palabra.

El señor AGUILO.-

Inmediatamente se la concedo.

Termino señalando que, con todo, el derecho a la libre asociación, entendido como la proliferación indiscriminada de juntas de vecinos, es la negación de un derecho relevante de todo ciudadano, como lo es la participación real en la toma de decisiones sobre cuestiones sustanciales que afectan su destino.

Señor Presidente, el país espera que el Parlamento apruebe el proyecto de ley sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales propuesto por el Presidente Aylwin, a fin de posibilitar la existencia de organizaciones comunitarias representativas y con capacidad de incidir en la gestión y desarrollo comunal. El hacerlo responde a la exigencia histórica de ampliar la democracia a los aspectos cotidianos y concretos de la vida de la gente.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, para fundamentar una inconstitucionalidad, algunos señores Diputados se han referido a los derechos de la persona y a la libertad. Precisamente, en los derechos de la persona es donde debe fundamentarse la procedencia de esta iniciativa sobre juntas de vecinos. La persona es titular de toda clase de derechos y obligaciones. Tiene múltiples inquietudes y las desarrolla a través de distintas instituciones o asociaciones. En lo religioso, a través de los diversos credos; en lo político, a través de los partidos; en lo deportivo, a través de los clubes; en lo profesional, a través de gremios o sindicatos; y, a través de las juntas de vecinos, realizará actividades que son esencialmente territoriales.

En eso descansa la diferencia. Nadie ha puesto en duda la necesidad de dar plena aplicación al artículo le de la Constitución, menos nosotros, los democratacristianos, para quienes es fundamental el desarrollo de todas las comunidades intermedias, comenzando por la familia, pasando por las juntas de vecinos, por los clubes, talleres, municipios, corporaciones, sindicatos hasta llegar al Estado. Es de nuestra esencia. Por ello, se está reconstruyendo un país, donde la estructura del Estado tendrá como cimiento las juntas de vecinos. Aquí se agrupan todos los que viven en un territorio determinado, para preocuparse de sus problemas, los que canalizarán a través de los municipios para llegar ante la autoridad superior y obtener la solución requerida.

En este desarrollo, existirá, de acuerdo con nuestra legislación, todo un orden de la estructura del Estado, a través de las juntas de vecinos, de los Codeco, de las municipalidades, de los Coredes, de las intendencias, gobernaciones, ministerios y Presidente de la República. No se nos puede alterar la finalidad para llevamos por otros fines a multiplicar lo que es de la esencia: en una unidad territorial no puede existir más de una junta de vecinos, con ello no estoy atentando en contra del artículo 19. Esa disposición tiene otros objetivos.

Veamos la naturaleza jurídica de las juntas de vecinos. No es una mera asociación. Y tal como lo señalaba el Diputado señor Molina, es una persona jurídica, reglamentada. Nuestro Código Civil señala que las personas jurídicas se dividen en dos grandes grupos: las corporaciones y las fundaciones. En este caso, la junta de vecinos como corporación tiene objetivos, previamente determinados por la ley y la Constitución, que debe cumplir en un territorio determinado, no en relación con intereses personales.

Las asociaciones, lo indica el Diccionario de la Real Academia, son el conjunto de personas agrupadas con el objeto de obtener la consecución de un fin, y la corporación es la comunidad, generalmente organizada tras un fin de interés público, reconocida por la autoridad. No debemos confundir, en consecuencia, la mera asociación con la persona jurídica, corporación de naturaleza mixta, que es la junta de vecinos.

El interés públicos de las juntas de vecinos está representado a través de sus objetivos y finalidades. Manejan y manejarán fondos públicos. Cuando la junta de vecinos presente un proyecto que, en definitiva es financiado por un ministerio, por la municipalidad o por el Fosis, recibe dineros; ejecuta una obra de pavimento, de alumbrado, de implementación, debe rendir cuenta. Además, este proyecto de ley establece un Fondo Nacional Vecinal, lo que demuestra que se les está reconociendo su carácter de organismo dentro de la estructura del Estado.

Pero no sólo eso, señor Presidente. Respecto de toda esta organización, se ha dicho que cuando se establece una sola junta de vecinos no hay participación. La participación, como he expresado, no sólo debe realizarse a través de la junta de vecinos; en ella, principalmente, el objetivo es territorial. La participación en la comunidad la puede realizar a través de otras asociaciones. Hoy día existen -y así es en mi comuna- no sólo las juntas de vecinos, sino las asociaciones de propietarios, las asociaciones de adelanto local, etcétera. Nadie lo prohíbe. Lo que sí debemos entender que es de la esencia mantener los objetivos para no alterar esa organización.

El constituyente de la Carta de 1980, en su artículo 19, estableció los derechos de las personas. En el N° 15 consagró el derecho general de asociación. Pero es su artículo 23 el que dispone expresamente la validez, trascendencia y responsabilidad de los grupos intermedios de la comunidad. Esa disposición se refiere a estos grupos intermedios. El artículo 19 -y así lo va señalando la jurisprudencia, los fallos y la concordancia que hace la propia Constitución- establece, en especial, el derecho de asociarse en defensa de los derechos personales, ideológicos, de los partidos políticos. Gran parte del N° 15 del artículo 19 está dedicado a ello.

Esa disposición de ninguna manera se contradice con este proyecto aprobado por la Comisión y que estamos debatiendo. Lo que se sostiene sería infringir el inciso tercero de ese número, que expresa que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Precisamente, el artículo 5° de esta iniciativa señala la libertad para pertenecer o no a la junta. Dentro de la estructura del Estado, nadie ha cuestionado la existencia de un solo municipio; nadie ha pedido más de un alcalde; nadie ha pedido más de un Codeco, porque se estaría precisamente alterando toda la estructura y, en ese caso, negando los derechos personales. Para desarrollarse como tal, la persona necesita canales y la ley, y la Constitución se los ha entregado. Han reconocido diversas instituciones donde puede desarrollar el ejercicio de todos sus derechos; pero le negará la libertad al obligarla a destruir las bases de su organización.

Existe una mala interpretación. A las juntas de vecinos no puede llegar la lucha ni ideológica ni partidista. Los problemas de pavimentación, de falta de vigilancia policial, de teléfonos, de alumbrado, todos los problemas de las juntas de vecinos, no tienen color político e interesan a la comunidad, y todos los partidos políticos, ideologías, centros de madres, talleres y clubes deportivos deben colaborar, porque de esa manera contribuiremos a construir Chile.

Nada más.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado don Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, nuestro Partido sostiene, como línea de pensamiento,-que todo ordenamiento social debe fundarse en que las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado, libremente generadas y conducidas por sus integrantes, cumplan con la finalidad propia y específica de cada una de ellas.

Este pensamiento se funda en tres principios doctrinarios que consideran los siguientes elementos:

Primero, el hombre, por tener una dimensión espiritual que se expresa en su carácter racional y libre, posee una dignidad inviolable y un destino trascendente, tanto su ser como su fin son superiores al de cualquier otra sociedad de orden temporal.

Segundo, que toda sociedad humana tiene una finalidad propia y específica que, en última instancia, emana de la naturaleza humana, la cual, por su carácter sociable, exige que los seres humanos se agrupen para alcanzar su pleno desarrollo y perfección.

Tercero, toda sociedad, por definición, es apta para alcanzar por sí misma esa finalidad propia y objetiva. De ahí nace el principio de las autonomías sociales, conforme al cual toda entidad intermedia entre el hombre y el Estado tiene derecho a autogobernarse, es decir, a procurar, libremente, la obtención de su objetivo.

Dada esta línea de pensamiento, brevemente reseñada, para nosotros reviste especial importancia el tema al cual hoy nos encontramos abocados.

Concordamos en la necesidad de legislar sobre esta materia, ya que, en la actualidad, ha reinado en la base organizada un desorden generalizado, producto de que no existe una legislación completa para el funcionamiento armónico de estos cuerpos intermedios.

Como es de conocimiento de los señores Diputados, hace más de un año se dictó una legislación sobre la materia, que nuestro Partido comparte en los principios esenciales allí enunciados. Del mismo modo, reconocemos la necesidad de complementarla, dado que, a nuestro juicio, existen algunos vacíos que en la práctica han originado problemas para el buen funcionamiento de las organizaciones de base.

Compartiendo puntos del mensaje del Ejecutivo sobre la necesidad de establecer normas legales claras que posibiliten, de manera expedita, la participación -no sólo constructiva, como señala el documento, sino indispensable- de la comunidad para la consolidación de una sociedad libre y creativa, discrepamos profundamente de la iniciativa del Ejecutivo y de los partidos gubernamentales representados en la Cámara, en cuanto a la imposición de que existe una única junta de vecinos por unidad vecinal. La fundamentación en que se basa tal planteamiento no sólo responde a una base de sustentación equívoca, sino que se advierte una clara contradicción en el plano de los principios de una sociedad libre.

Señalar que la existencia de más de una junta de vecinos por unidad vecinal es una forma de destruir la organización, no nos parece un planteamiento serio, como tampoco es serio aseverar que con ello se desvirtúa la razón de ser de ésta. Es equívoca que tal situación generará conflictos al interior de la comunidad, división entre los vecinos, politización, asambleísmo, falta de representatividad e inoperancia.

¿En qué doctrina humanista cristiana o en qué democracia que se precie de tal, el principio de libertad es sinónimo de destrucción, de conflicto, de división, de politización, de asambleísmo, de falta de representatividad o de inoperancia?

Quienes en el mundo creyeron así y actuaron contra la organización social y la naturaleza humana, hoy no sólo demuestran su fracaso, sino que tristemente vemos sus consecuencias.

En esas sociedades predominaron las tendencias de no respetar el principio de sus autonomías sociales. En ellas se impusieron los sindicatos únicos, partidos políticos únicos; organizaciones culturales, deportivas, vecinales únicas, y para justificarlas, se esgrimían argumentos quizás similares.

Señor Presidente, compartimos del mensaje del Ejecutivo, en el sentido de que es deber de la sociedad acoger, reconocer y, sobre todo, promover la valiosa e imaginativa labor que las comunidades sociales realizan en la sociedad; pero para que éstas se materialicen, en la práctica, deben darse en el marco de los principios libertarios.

Hay que creer en el hombre, en las organizaciones que se dan los hombres libremente y hay que creer en la capacidad de autogobierno de las personas.

A nuestro juicio, tal como está el proyecto, permitirá que se creen organizaciones deficientes, de poca representatividad, y con una cúpula de dirigentes. Lamentablemente, se prestará para el control monolítico y vertical de las organizaciones que necesitan legitimarse bajo el noble concepto de la unidad.

Como ya lo hemos expresado, el unitarismo que se preconiza sólo servirá a intereses de algunos grupos que visualizan a estas organizaciones sociales como un "buen plato" al servicio de sus intereses partidistas, sin importar el inmenso mal que se produce a la sociedad.

No faltará en esta Sala quien intentará la defensa de este tema con la letanía de los 16 años de dictadura, a fin de justificar y aplicar este unitarismo; pero, sin lugar a dudas, lo hará por falta de argumentos y consistencias. Debemos legislar mirando el futuro, con decisión en la construcción de la sociedad libre, sin complejos, con modernismo, con grandeza. Eso es lo que Chile necesita.

Nuestra posición frente a este tema de tanta relevancia, en el seno de la Comisión de Gobierno Interior, ha sido sustentar los principios de libertad, asociación y de igualdad ante la ley, tal como lo establece nuestra Constitución Política.

Creemos, que tal como está el proyecto, se atenta seriamente contra estos principios. Por ello, patrocinamos el requerimiento conjunto ante el Tribunal Constitucional.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

El Diputado señor Urrutia le solicita una interrupción.

El señor COLOMA.-

Se la concederé en el momento oportuno.-

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Muy bien, señor Diputado.

El señor COLOMA.-

Distinto sería, señor Presidente, si el proyecto recogiera los puntos que hemos enunciado y permitiera que los propios vecinos, con libertad, visualizaran en la práctica lo que más conviene para canalizar sus inquietudes.

Creemos seriamente en la madurez de nuestra sociedad y de sus cuerpos intermedios. Son ellos quienes deben decidir en la práctica si es conveniente tener una o más juntas de vecinos por unidad vecinal, de acuerdo a su realidad, sus necesidades, sus formas de organización. Estoy plenamente seguro de que otorgando esta libertad no sólo se enriquecerá la participación ciudadana, sino que de ella brotarán la energía, la creatividad propia del ser humano en beneficio del país. Han pasado ya los años en los que se pensó que la naturaleza humana debía ser dirigida a través de experimentos teóricos sustentandos en muy buenas intenciones hemos querido detenemos en este punto. En esta primera revisión en general del proyecto, porque, sin lugar a dudas, es la base de esta iniciativa de ley.

Si no se sustentan los principios reseñados, estaremos dando origen a que la participación ciudadana, y su aporte al enriquecimiento de la sociedad, se truncará y no dará los beneficios que todos - estoy seguro- buscamos a través de este proyecto.

Por ello, es necesario que reflexionemos sobre este punto y que los parlamentarios, más allá de las banderías políticas, visualicemos que estas organizaciones sociales, tan esenciales para nuestra sociedad, no deben ser vistas como instrumento de las ideas que cada uno de nosotros sustenta en la Honorable Cámara, sino, muy por contrario, debemos entender que ellas representan un complemento en nuestra sociedad.

Hay una historia reciente que demostró lo inconveniente que fue para Chile la instrumentalización de estos cuerpos intermedios. Nuestra tarea debe ser respetar, para ser así respetados.

Por último, señor Presidente, en virtud de los fundamentos antes expuestos, la bancada de la Unión Demócrata Independiente viene en rechazar la idea de legislar de este proyecto de ley, no obstante lo cual, en el evento de ser aprobado, presentaremos \m conjunto de indicaciones tendientes a disminuir los nocivos efectos que, a nuestro juicio, podrían derivar de él.

Antes de terminar, quiero otorgar una interrupción al Diputado señor Urrutia.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, agradezco al Diputado señor Coloma que me haya concedido esta interrupción.

Seré muy breve. Con asombro he escuchado la intervención jurídica del Diputado señor Molina, en la cual ha confundido el recurso de inaplicabilidad, que figura en el artículo 80 de la Constitución Política, donde se indican sus fines y para qué sirve.

Además, deseo expresar que los ejemplos que él dio fueron bastante malos. De acuerdo con su teoría, podría haberse establecido la existencia del partido único, donde todos los chilenos que quisieran afiliarse y participar en la vida política, deberían inscribirse necesariamente en él, aunque tal vez exista un artículo que señale por ejemplo, que las personas no están obligadas a ingresar a partido político alguno.

La intervención del Diputado señor Rojo es más asombrosa aún, por cuanto ha manifestado que las juntas de vecinos serían organismos dentro de la estructura del Estado, lo cual conllevaría que este proyecto de ley sería inadmisible porque implicaría, previamente, una reforma constitucional que estableciera, en el artículo 107 de la Constitución Política, por ejemplo, las juntas de vecinos, y que las mismas son parte de la comuna dentro del territorio jurisdiccional.

Por lo tanto, el requerimiento que haremos al Tribunal Constitucional tendrá bastante asidero, porque las contraargumentaciones que se han tratado de dar para rebatir nuestras afirmaciones sobre la inconstitucionalidad del proyecto son bastante débiles.

En cuanto al insulto que profirió el Diputado señor Aguiló, creo que él, necesariamente, debería señalárselo a los parlamentarios de su Partido y de la Concertación.

He dicho, señor Presidente.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Mi deseo era haber terminado la intervención, pero el Diputado señor Ortega me solicita una interrupción, que le concedo.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el señor Ortega.-

E1 señor ORTEGA.-

Sólo una pregunta, Diputado señor Coloma, porque creo que es útil un pequeño diálogo.

El señor DUPRE.- (Presidente en ejercicio).-

Advierto a Su Señoría que no se debe dialogar.

El señor ORTEGA.-

A través suyo.

El señor ORTEGA.-

El señor Coloma dice que el sistema del artículo 36, por el cual se establece que habrá sólo una junta de vecinos por unidad vecinal, posibilita el partidismo, la intervención política, la politización.

Le quiero preguntar la opción de una pluralidad de juntas de vecinos dentro de una misma unidad vecinal no posibilita que cada partido político pueda tener una junta de vecinos casi como apéndice de él y que, justamente, una sola unidad vecinal incentiva el esfuerzo de la sociedad por trabajar y cooperar juntos, por hacer que los problemas comunes que el Diputado Rojo señalaba puedan ser, en realidad, un objetivo compartido por la comunidad.

No creo que el argumento del Diputado Coloma tenga validez y, por eso, quería que se produjera este diálogo.

Gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, me parece importante la pregunta para ratificar lo que es nuestra concepción al efecto.

Desde un punto de vista teórico, no sólo he entregado ese argumento, sino que me he referido a cuál es la esencia del ser humano de la sociedad. Cualquier tema de esta naturaleza no puede mirarse desde la perspectiva de una parte de lo que somos como ser humano, sino en su conjunto.

En tal idea, soy un convencido de que las organizaciones sociales son las que libremente deben adoptar esa opción: si son una o si son más, porque cada sociedad intermedia tiene un fin específico, que se realiza a través de la sociedad intermedia. Es perfectamente posible que vecinos de una misma comunidad pueden no sentirse representados por la forma de accionar, de actuar o de plantear los problemas de la junta de vecinos a la cual deberían pertenecer. De tal suerte que, a nuestro juicio, es condición indispensable la libertad, la posibilidad del pluralismo en la base. Eso tiene mucho que ver con la capacidad de optar por organizaciones de distinta naturaleza y diferente número, y no obligamos -como en el proyecto- a hacerlo bajo una perspectiva unilateral.

Pero, además, eso tiene un efecto práctico. No estamos hablando aquí de un problema teórico que nunca ha ocurrido en Chile. La junta de vecinos única ha existido en Chile. Y es claro que ésta ha sido cauce fácil para su politización. Y a eso nos referimos.

En el pasado -no quiero empezar a dialogar con las bancadas oficialistas-, se vio tajantemente cómo los partidos políticos al ver instrumentos de poder, porque las juntas de vecinos lo son, han comprendido que, para su finalidad, constituyen un campo de acción interesante. Igual que las universidades, un campo de acción donde hay líderes naturales. En ese sentido se ha optado, para facilitar el camino de la política, por decir: "Obtengamos los mejores dirigentes vecinales; tratemos de que éstos respondan a las dirigencias del partido y, en tal sentido, hagamos un gran partido".

Es eso lo que nosotros queremos advertir en esta hora. Que no es lícito que por el acto legítimo de querer fortalecer los partidos políticos, se les den poderes para instrumentalizar las sociedades intermedias. El día en que comprendamos que los partidos políticos son distintos de las sociedades intermedias, hablaremos quizás en términos diferentes. Pero, desde un punto de vista teórico -práctico, no cabe duda y esto, obviamente, es un tema discutible-, de que la existencia de una sola junta de vecinos por unidad vecinal provocará graves problemas, lo que no lo haría la pluralidad de opciones de una sociedad libre. Si queremos ser libres, démosle libertad al ser humano en cada uno de sus actos y decisiones.

He dicho.

El señor ORTEGA.-

Tengo la impresión, señor Presidente, de que el Diputado Coloma no contestó mi pregunta.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

¡Señor Ortega, por favor!

Tiene la palabra el Diputado señor Ramón Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, me da la impresión de que hay un temor a la democracia.

En la práctica, lo que aquí se pretende es mantener cuotas de poder a lo largo de las poblaciones.

Cuando la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización inició el análisis de este proyecto de ley, se reunió con organizaciones sociales de todo tipo, y recorrió el país; y a lo largo del territorio el clamor de los vecinos era uno solo: ellos entendían y estaban viviendo un proceso en el cual la ley N2 18.893 generaba problemas serios al interior de cada una de las unidades vecinales y, mayoritaria- mente, expresaban su deseo de que en cada unidad vecinal existiese una sola junta de vecinos.

Eso es lo que fue recogido por el mensaje, sometido a consideración de esta Cámara por el Presidente Aylwin. Naturalmente, confío en que el Tribunal Constitucional resolverá, en definitiva, que es absolutamente constitucional el que, a través de la ley, se determine la existencia de una sola junta de vecinos por unidad vecinal.

En ese sentido, lo importante es avanzar en lo que hasta el momento hemos realizado. En este proyecto ha habido una participación interesante no solamente de los parlamentarios que forman parte de la referida Comisión. Creo que, por primera vez, ha habido una motivación y un llamado a toda la comunidad nacional para que exprese su opinión. Es así como, a través del Ministerio del Interior, se solicitó en consulta, por los gobernadores y alcaldes, la opinión de todas las juntas de vecinos del país, documento que recibimos para nuestro análisis. Así es como en diferentes reuniones fuimos recibiendo las inquietudes de las juntas de vecinos, expresadas en el proyecto que hoy día se discute.

Se mejoró el proyecto de ley rebajando la edad de ingreso de 21 a 18 años, para que los jóvenes participen en forma plena.

Se mejoró cuando se determinó que, en la fijación de los límites comunales de las juntas de vecinos, sea el alcalde, o el órgano municipal que corresponda, quien mayoritariamente, los defina, y no algo que le corresponda al Intendente.

Se mejoró cuando se posibilitó que no fueran mayorías ocasionales, las que, eventualmente, asuman las presidencias de las juntas de vecinos, sino que, dada su calidad de cuerpos colegiados, sea el total de sus miembros quienes las elijan.

Se mejoró cuando, en un párrafo especial de la ley, se creó el Consejo Local de Deportes, para permitir que lo constituyeran todas las organizaciones deportivas y de recreación, con personalidad jurídica.

Se mejoró cuando se incorporó un tema de hoy es de gran relevancia no sólo en nuestro país, sino en el mundo: la preservación ecológica.

En una palabra, si perfeccionó a lo largo de todo su articulado.

Existe la intención, a lo largo de todo el país, de que con este proyecto se haga realidad la plena participación de toda la comunidad nacional, a través de sus indicaciones, en el desarrollo colectivo.

Sin embargo, me preocupan dos materias. En primer lugar, el mensaje creaba un fondo nacional de desarrollo vecinal, de cargo del presupuesto general de entradas y gastos de la Nación. Eso fue modificado por el mismo Ejecutivo en la Comisión de Hacienda.

Nosotros vamos a reponer el artículo original, porque no consideramos procedente que los municipios tengan que conseguir los recursos necesarios para el desarrollo vecinal, sin que el Estado aporte lo que le corresponde, ya que ello les significa un recargo en sus funciones.

Es el Estado, en su conjunto, el que debe promover, más que nada, esa participación. Naturalmente hoy día no todos los municipios cuentan con recursos que puedan destinar a ese efecto.

Por la misma razón, y en el entendido de que la participación de la gente implica que ella debe tener lugares físicos donde reunirse para canalizar sus inquietudes, también corresponden al Estado proveerla de los recintos adecuados.

En consecuencia, se modificó el artículo 27, estableciendo que la municipalidad deberá proveer a la junta de vecinos con locales arrendados o, por último, con otros locales; pero, en mi concepto, la ley no sólo debe facilitar el uso de locales, sino que debe darles a estas entidades los recintos necesarios para desarrollar su acción.

Por ello, señor Presidente, me felicito de haber participado en la elaboración de este proyecto, durante el transcurso de este año, porque, a mi juicio, satisface las aspiraciones de la mayoría del pueblo chileno. Desde ese punto de vista, conseguiremos la participación tan anhelada.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobierno Interior. En consecuencia, desconcierta un poco cuando un señor Diputado anuncia que su bancada lo votará en contra precisamente esta tarde, en que lo abordamos en general. Nosotros lamentamos que sutilezas jurídicas le puedan impedir al pueblo organizarse y participar, cuando, en estos momentos, lo que explícitamente desea, es esta posibilidad de formar parte de un Gobierno democrático que, con esta herramienta, le está abriendo las puertas para que pueda ser sujeto de su propia dignificación y de la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Para nosotros, éste es un tema sumamente trascendente, tanto para el asentamiento del sistema democrático en la base social como para el proceso de participación de una comunidad organizada que quiere o pretende ser sujeto de su desarrollo y no un mero espectador, como lo fue durante muchos años. La finalidad de esta legislación sobre juntas de vecinos es hacer posible uno de los requisitos fundamentales de la democracia y el desarrollo. Sostenemos que no hay democracia sin una verdadera participación organizada de las personas en la base social del país. Organizaciones con dirigentes elegidos en forma libre, secreta e informada, que representen auténticamente a los sectores sociales. Afirmamos que no hay democracia sin una verdadera participación de las personas organizadas dentro de la sociedad. Postulamos, además, que no hay desarrollo -no hablamos de crecimiento-, a escala humana sin una verdadera participación de las personas en la construcción de sus vidas.

La participación es lo que hace crecer humanamente a los individuos, los hace ser personas, ser más -no tener más-, tener plena conciencia de su condición humana, de sus capacidades y de las posibilidades que poseen junto a otros para superar sus problemas y construirse una mejor calidad de vida.

Un vecino decía: "Antes éramos meros espectadores; hoy somos sujetos activos. Tenemos proyectos ambiciosos. Antes veíamos cómo plantaban árboles y cómo se iluminaban las plazas, pero los vecinos no resolvíamos nada". Era la época del decreto ley N° 349, de marzo de 1974, en que se impidió las elecciones en la base; en que los municipios no consideraban para nada la voz de las organizaciones sociales; en que las juntas de vecinos estaban limitadas exclusivamente a la directiva que se habían conformado.

Un país que no logre incorporar a su pueblo a la tarea de construirse a sí mismo, desde sus bases, buscándoles solución a sus problemas más contingentes; un país que aplasta las iniciativas y el empuje de su pueblo, y no le crea los mecanismos jurídicos necesarios de participación que le permitan enfrentar, con su iniciativa y con su trabajo, los problemas que le afligen, simplemente carece de futuro.

Será un pueblo permanentemente mendicante o u pueblo silencioso que no reclama, pero que pasa sus días acumulando odio y resentimiento, porque el gobierno de tumo no le ofrece solución a sus problemas.

Por eso, nosotros valoramos este proyecto de ley. Es una de las piezas claves de la sociedad democrática y de plena participación que queremos construir. Sabemos que la organización y participación del pueblo está en un punto crítico en estos momentos.

La ley N° 16.880, dictada durante el gobierno del Presidente Frei, creó un desarrollo sostenido de las organizaciones comunitarias.

Los años 73 al 78 fueron de una absoluta normalidad en el proceso de desarrollo del movimiento social territorial y funcional.

La ley N° 18.893, del 30 de diciembre de 1989, que nos rigen, no fue otra cosa que un paliativo para hacer concordar la Constitución de 1980 con los Codécos y Coredes, con la ley de juntas de vecinos y con la Ley Orgánica Constitucional sobre municipalidades, manteniendo la debilidad de las organizaciones y su nula participación e injerencia en los asuntos trascendentes del desarrollo comunal.

Hoy, nuestro deseo es otro: las juntas de vecinos deben ser el lugar de encuentro y participación que tienen los vecinos de determinado territorio para encontrar una solución adecuada a sus problemas locales, ya sea mediante su propio esfuerzo y trabajo o colaborando y proponiendo soluciones a la autoridad respectiva.

Los vecinos identifican los problemas, las soluciones, las necesidades económicas, culturales, deportivas, ecológicas, educacionales, de salud, de higiene ambiental, de infraestructura. Los vecinos ponen su esfuerzo y empeño en su trabajo. El resultado no es la dádiva; el resultado es el fruto del trabajo, del trabajo de toda una comunidad o de ésta con su legítimas autoridades. Esto es desarrollo humano, significa ir creando actores sociales en cada hombre o mujer que se interese en el desarrollo de su comunidad.

Sabemos de la imperiosa necesidad que hay de que la comunidad nacional tome plena conciencia de la tremenda importancia que tiene la participación en las juntas de vecinos. Hay personas que consideran que ellas son útiles sólo en las zonas periféricas de las ciudades o en las áreas rurales. Consideramos equivocada esta apreciación. La junta de vecinos siempre tendrá un papel importante en el desarrollo de una comunidad territorial, desde el ámbito cultural hasta los graves problemas ecológicos y de medio ambiente que azotan hoy a las urbes modernas.

Sabemos que las organizaciones vecinales viven serios problemas, a los cuales habrá que encontrarles una solución. Falta de experiencia y de capacitación de sus dirigentes, de información adecuada, de recursos para operar con eficacia; carencia de sedes sociales, de una verdadera convicción de los vecinos para participar en las organizaciones; desorganización administrativa; muchas veces, falta de interlocutores a nivel de Gobierno y de municipio. Tenemos el deber de buscar una solución a estos problemas, porque no es nuestro ánimo crear instituciones de fachada, sino una organización donde los vecinos sean realmente convocados, interpretados y representados por organizaciones legítimas, sólidas, pluralistas, permanentes y efectivas.

Una última idea: Valoramos el carácter pluralista de las juntas de vecinos. No queremos decir con esto que sus dirigentes sean asépticos políticos, que sean, como se usa hoy, apolíticos; que tengan hasta la incapacidad de conversar con políticos. Lo que queremos decir es que los problemas locales no deben tener color político; nuestro deber es resolverlos, ojalá entre todos. Los problemas locales requieren una solución al margen de las ideas que sustentan quienes participan en su solución. No queremos decir que nadie pertenezca a un partido. Pertenecer a un partido no es malo; lo malo, es hacer política con problemas que son comunes a todos los individuos. La política se mueve por ideas; las juntas de vecinos, por intereses comunes encaminados al bienestar general, sin excepciones.

Quiero terminar esta intervención expresando a todos los chilenos que la vía hacia un desarrollo sustentable, pasa inexorablemente por la organización y participación de la comunidad. Esta ley de juntas de vecinos es eso: un camino al desarrollo que se ofrece a miles de chilenos, una posibilidad de ser más, de pasar de un estado de objetos a ser sujetos de una mejor calidad de vida. El desafío es que sean muchos los chilenos que tengan confianza en las juntas de vecinos, en su capacidad de levantar a tantos seres humanos que no tienen nada y lo necesitan todo.

Pero nosotros creemos que aún les queda la esperanza en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades; en la solidaridad de sus vecinos; en el respeto por la persona humana que el Gobierno está demostrando; en el anhelo por escuchar y compartir responsabilidades.

Con esta esperanza y con esta fe, pensamos que el pueblo, a través de sus juntas de vecinos, puede ser el gran actor social del Chile del futuro. Nuestro deber es ayudar sin compromisos de ninguna especie.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado don Juan Pablo Letelier.

El diputado señor Longton le solicita una interrupción.

El señor LETELIER.-

Se la concedo.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, en primer lugar, deseo que lea el listado de los Diputados inscritos para hacer uso de la palabra, porque ya han intervenido más de cuatro parlamentarios de la Concertación, mientras que sólo lo han hecho dos de la Oposición, en toda la tarde.

En segundo lugar, Renovación Nacional entregó a la Mesa una lista de las personas que intervendrán en la discusión, que también rogamos que se respete, sin perjuicio de las intercalaciones respectivas. En el listado, mi colega Hugo Álamos aparece antes que yo, en circunstancias de que ocupo el segundo lugar de la lista de Renovación Nacional. Por favor, que se respete el orden de inscripción.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

En primer lugar, el Diputado señor Álamos está inscrito antes que usted.

El señor LONGTON -

No es así.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

En segundo lugar, el otorgamiento de la palabra es facultad privativa de quien preside. Siempre hemos distribuido las intervenciones, y lo estamos haciendo en esta sesión. De modo que me parece absolutamente improcedente su petición.

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, como se ha visto durante su discusión, el proyecto de ley no sólo es trascendente porque afecta a más de 7 millones de chilenos o constituye un avance cualitativo en relación con la normativa que heredamos de la dictadura militar. Es trascendente por cuanto cristaliza y encama una concepción moderna de la democracia y de la participación. Es evidentemente progresista, ya que entrega un conjunto de atribuciones a la sociedad civil libremente organizada. Es moderna, t pues asume que la estabilidad y la fuerza de una sociedad democrática dependen de los grados de descentralización de poder y de participación.

Hoy es un día muy especial: tenemos la posibilidad de debatir estos temas. Me siento muy honrado de participar en el debate del proyecto de ley, cuya aprobación -y honestamente espero que los colegas de la Oposición mediten y no voten en contra de la idea de legislar- contribuirá no sólo a dotar al país de una institucionalidad más democrática; sino también interpretará las demandas de participación y pertenencia a la sociedad de los sectores más humildes, de los sectores constantemente marginados.

Cinco son los tópicos a los cuales quiero referirme, omitiendo algunos abordados por colegas de esta bancada.

Respecto a la unicidad, hay quienes pretenden, como lo anunció el colega Urrutia, llevar el artículo 36 del proyecto al Tribunal Constitucional, por considerarlo contrario a ciertas disposiciones, y muy en particular al artículo 19, número 15°, de la Constitución, por cuanto entienden que la existencia de una junta de vecinos por unidad vecinal atenta contra la libertad de asociación sin permiso previo.

Restringiéndome sólo a la argumentación legal y sin profundizar respecto de mi convicción personal, que la abrumadora mayoría de los presentes comparte en su fuero interno -y siento que también muchos de los parlamentarios de la Derecha-, como en ocasiones me lo han dicho algunos colegas de la Corporación, es obvio y coherente que sólo debe existir una junta de vecinos por unidad vecinal; y es más, tengo la certeza de que quienes argumentan contra este precepto únicamente pretenden revestir de discursos jurídicos falaces y principios libertarios ideologizados su oposición a que las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias alcancen relevancia social en los quehaceres del país.

Quiero señalar, muy brevemente, que el derecho de asociación sin permiso previo, consagrado en el número 15a del artículo 19 de la Constitución, está plenamente acogido en el artículo 5a del proyecto de ley que estamos discutiendo. En ningún momento se atenta contra el derecho de asociarse a las juntas de vecinos ni de retirarse de ellas en ninguna circunstancia.

Es más, repecto de la preocupación planteada por el Diputado señor Urrutia, en el sentido de que vecinos que quisieran organizarse no podrían presentar demandas a la autoridad, quiero recordar el número 14a del artículo 19 de la Constitución, sobre el derecho a petición de todo ciudadano, que el proyecto en ningún momento vulnera.

En verdad, la discusión es otra. No está relacionada con la libertad de asociación, sino con el carácter jurídico de las juntas de vecinos, como entes parapúblicos; como entidades a las que se dota de personalidad jurídica, de acuerdo con la ley, tal como señala la Constitución; a las que se entrega un conjunto de atribuciones y funciones, incluso, la posibilidad de transferencia de recursos públicos para su accionar, colaborando con el desarrollo social, cultural y comunitario en más de seis mil localidades del país.

En este sentido, las juntas de vecinos se establecen como el último eslabón del Estado o del tejido social del país. Y en esta calidad es comprensible y, a la vez, necesaria la existencia de una junta de vecinos por unidad vecinal.

Agradezco las palabras del Diputado señor Coloma. La opinión de la Derecha a la creación de una junta de vecinos por unidad vecinal no tiene nada que ver con la supuesta defensa de los preceptos constitucionales. Aquí hay preocupación política -y debemos discutir en este ámbito- y quizás temor de ciertos sectores, por su incapacidad de asentarse en el tejido social del país y de lograr la representatividad que les gustaría tener.

Durante el Gobierno militar, ¡nunca jamás se cuestionó que existiera una junta de vecinos por unidad vecinal! Nunca jamás algunos de los colegas presentes, que, incluso, cumplieron funciones en la designación de representantes de juntas de vecinos en su calidad de gobernadores, o que fueron consultados por ellos o por los alcaldes en la proposición de nombres para estos dirigentes designados, ¡jamás cuestionaron la existencia de una junta de vecinos por unidad vecinal!

Aquí hay otras motivaciones, y no el argumento constitucional que se plantea.

Considero que este debate es válido, es legítimo, pero es necesario ubicarlo donde corresponde: en la arena política, sin abusar de mecanismos constitucionales, como llevar una disposición al Tribunal Constitucional.

Siento que aquí, y perdonen la vulgaridad de lo que voy a decir, pareciera que se quieren "chacrear" ciertos procedimiento institucionales, los cuales debemos cuidar y vigilar con mayor seriedad.

Reitero que la razón de la existencia de una junta de vecinos por unidad vecinal, de una asociación con personalidad jurídica, corresponde al rol de entidad parapública. Por ello, en ningún momento atenta contra disposición constitucional alguna. Es más, si se analiza la responsabilidad del Estado consagrado tanto en el inciso tercero como en el quinto, del artículo 1° de la Constitución, queda claro el papel del Estado, en el sentido de apoyar las entidades intermedias y garantizar su plena participación en el desarrollo social.

Un segundo tema que quiero abordar, porque considero merece igual atención, que fue aprobado en la Comisión de Gobierno Interior y, posteriormente, modificado en la Comisión de Hacienda, dice relación al Título III. Del patrimonio de las Juntas de Vecinos, en particular el artículo 27.

Presenté junto con otros colegas, la idea de garantizar a cada junta de vecinos, por el simple ministerio de la ley, el derecho de contar con un local propio y adecuado para su funcionamiento. Esto, como bancada lo consideramos un avance sustantivo.

Al respecto, es menester destacar dos cosas: Primero, solamente si dotamos de locales propios a las juntas de vecinos, podremos esperar que ellas y las demás organizaciones funcionales dentro del territorio, cumplan eficazmente las funciones que esta ley les otorga. No basta, como propone la Comisión de Hacienda, que recurran a la escuela más cercana para realizar sus reuniones. Los locales de las juntas de vecinos tienen como finalidad no sólo contar con un lugar físico donde realizar sus asambleas periódicas, sino constituir un punto de encuentro y participación permanente de la comunidad.

Segundo, la disposición de garantizarle a las juntas de vecinos un local propio y adecuado resulta aún más importante en las localidades rurales de nuestro país, pues siempre han sido postergadas y marginadas del progreso económico y social. La certeza de que ellas podrán contar a futuro -al cual no le ponemos un plazo determinado- con un local propio para su funcionamiento constituye una señal clara de un compromiso categórico de esta Corporación hacia el sector rural de nuestro país.

El tercer punto que quiero mencionar dice relación a las organizaciones comunitarias funcionales y, en forma específica, al contenido del inciso primero del artículo 45, que le reconoce explícitamente a los comités de allegados su derecho a tener personalidad jurídica. Esto tiende a regularizar una situación de hecho que se presenta actualmente en los cientos de comités de sin casa y de allegados constituidos en nuestro país. Muchos de ellos ya tienen personalidad jurídica, otorgada a través de las municipalidades. Lo importante radica en que esta Corporación, asuma el problema permanente de la vivienda en nuestro país, y dé señales claras de querer encauzar institucionalmente este fenómeno, con el fin de evitar tanto la disgregación absoluta del problema, como la búsqueda de mecanismos extrainstitucionales para solucionarlos.

Los colegas de la Derecha han manifestado sus dudas en la Comisión con repecto a la oportunidad de esta disposición y a la permanencia en el tiempo de los comités de los sin casas y allegados, aunque reconozco que ha habido un debate constructivo sobre el punto. Creo necesario, como Corporación, dar señales muy claras a los sectores que se han organizado para buscar una solución a su problema.

El cuarto aspecto dice relación con el título VII, en particular los párrafos 3° y 4°, cuyos artículos consagran, por un lado, que los consejos locales de deportes y recreación se regirán por esta ley; y por el otro, dan cauce jurídico a los consejos ecológicos comunales.

Con respecto a los consejos locales de deportes y recreación, sin duda lo más relevante es que se establece un medio concreto para su efectiva democratización. Los alcances de estas disposiciones son inmensos. Diría que, en ciertas comunas, hasta revolucionarios, por cuanto permiten, de una vez por todas, que quienes se dedican al deporte o a la recreación, en las comunas sean escuchados en el momento de definirse los planes comunales de deporte y recreación, y terminan con ciertas castas en las comunas, a las cuales se les transfieren recursos año a año, sin la obligación de dar cuenta a los clubes deportivos u organizaciones similares que cada fin de semana se reúnen para esparcirse.

En cuanto a los consejos ecológicos -comunales, tema de debate en la Comisión, aparte de la predisposición de nuestra bancada de precisar y perfeccionar esta disposición, creo que la incorporación explícita en esta ley de los consejos ecológicos comunales refleja la capacidad de esta Corporación de hacerse eco de una demanda nacional por robustecer la conciencia ecológica de todos los chilenos. La aprobación de estas disposiciones constituirá, en lo futuro, un paso que vale más que mil discursos o cientos de buenas intenciones. Un encauzamiento institucional efectivo, evitará que mañana lamentemos nuestra propia irresponsabilidad, como especie, para con nuestro medio ambiente.

Finalmente, permítanme referirme a una situación que también considero muy positiva. Dice relación con la letra a) del artículo 21, la cual dispone que podrán postular como candidatos al directorio de una junta de vecinos o de una organización comunitaria quienes tengan, a lo menos, 18 años de edad. Esta disposición refleja la conciencia que existe al interior de esta Corporación en el sentido de que los jóvenes a los 18 años son plenamente capaces de ejercer sus derechos. Sin embargo, con la misma fuerza, debo señalar que considero anacrónico el inciso segundo de esta letra, el cual dice que, para los efectos de esta ley, los mayores de 18 años y menores de 21 no requerirán de la autorización de sus representantes legales para presentarse como candidatos.

Se encuentra en esta Corporación una moción parlamentaria que presenté junto con otros colegas hace muchos meses, para definir y otorgar plena capacidad a los jóvenes a los 18 años. Ella cuenta, incluso, con el patrocinio del Ejecutivo desde setiembre del año pasado. Sin embargo, aún no ha sido puesta en tabla en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. De haberse abordado tiempo antes, habría sido innecesario el inciso segundo de la letra a) de este artículo y habríamos superado los elementos anacrónicos que aún subsisten en nuestra legislación respecto de los jóvenes.

Señor Presidente, quisiera haber abordado otras materias específicas del proyecto. Reitero que esta es una ley sobre participación ciudadana, cuya aprobación contribuirá a la democratización y modernización de nuestra sociedad, y mi plena satisfacción de participar en la derogación de la ley N° 18.893.

Otorgo una interrupción al Diputado señor Escalona.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, solicité la interrupción para llamar la atención de la Cámara sobre el hecho de que en este momento no hay en la Sala ningún parlamentario de la Unión Demócrata Independiente. Eso pone de manifiesto el altísimo interés de ese sector de la política nacional en el desarrollo de las organizaciones sociales del mundo popular.

También quiero comentar que tampoco es extraordinariamente elevado el interés de la bancada de Renovación Nacional. En todo caso, una menguada representación es preferible a ninguna, como ha sido el caso del otro partido de la Derecha de nuestro país.

En cuanto al asombro que le ha producido al Honorable Diputado señor Urrutia la intervención del Diputado Molina, en relación con la constitucionalidad de este proyecto de ley, quiero señalar, con el objeto de que ellos se refieran a este punto en el curso de sus próximas intervenciones, el hecho de que hay...

El señor LONGTON.-

¡Si nos dejan hablar!

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Señor Longton, le ruego guardar silencio.

El señor ESCALONA.-

... un trasfondo de pensamiento corporativo...

El señor PALESTRO.-

¡Tuvieron 16 años!

El señor ESCALONA.-

En la intervención del señor Urrutia, el que seguramente proviene de la primera etapa del régimen militar y de su primera declaración de principios del año 1974. Ellos confunden la libertad de asociación con las prácticas de los regímenes dictatoriales de obligar a la asociación de los ciudadanos. El artículo 52 del proyecto es absolutamente categórico al señalar que la asociación en las juntas de vecinos es, subrayo, un acto voluntario, personal e indelegable. De modo que no estamos asistiendo a las prácticas corporativas propias de los regímenes franquistas o de corte integrista que el régimen militar imitó en su primera etapa, cuya huella ha dejado una profunda repercusión en el pensamiento de la Derecha civil de nuestro país.

Gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que deroga la ley N° 18.893, regula la constitución, organización, finalidades, atribuciones y disoluciones de las juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias. Cabe recordar que la primera iniciativa destinada a otorgar reconocimiento legal a las juntas de vecinos y transformarlas en organismos colaboradores de las municipalidades fue presentada por el ex senador Radomiro Tomic el 22 de enero de 1963. Luego, los ex Diputados señores Jerez, Fuentealba, Lacoste, doña Graciela Muga; Ballesteros, Valenzuela y Argandoña desglosaron del proyecto anterior, para darle mayor amplitud la parte relativa a la junta de vecinos. Complementó esta iniciativa una moción de los ex Diputado señores Jerez, Ballesteros y Lorca, don Alfredo.

El 2 febrero de 1966 se dio cuenta en la Sala de la Cámara de Diputados de un oficio del Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, en virtud del cual se presentaron indicaciones al proyecto de ley aprobado por la Comisión de Gobierno Interior. Dichas indicaciones tendían a complementar y perfeccionar dicho proyecto y, después de un largo y muy apasionado debate, se transformaron en la ley 16.880.

Honor a esos respetables hombres públicos que abrieron, en el ámbito legislativo, las puertas al avance del proceso social de nuestro país.

Hoy, después de 25 años, nos hallamos nuevamente abocados a legislar sobre la misma materia. Debemos recoger la experiencia de este último cuarto de siglo y perfeccionar nuestras instituciones, con el propósito de profundizar la democratización de la sociedad chilena.

Se ha presentado una cuestión de constitucionalidad, fundada en diversas consideraciones que, a mi modo de interpretar la Constitución, representan en la realidad un verdadero sofisma, por cuanto si prolongamos en profundidad la argumentación del Honorable Diputado Urrutia, llegaremos necesariamente a conclusiones absurdas que desconocen la esencia misma del derecho de asociación.

¿Cómo resolver el problema, desde el punto de vista jurídico, sin perjuicio de coincidir plenamente con lo que ha señalado el colega Letelier, en el sentido de que aquí hay un trasfondo de carácter político? ¿Qué es lo que son las juntas de vecinos para este proyecto de ley? ¿Cómo entiende y define a estas instituciones? Son personas jurídicas de derecho privado, de interés público, mixtas, que no forman parte de la administración del Estado. Las normas que regulan su funcionamiento son de orden público. No pueden ser derogadas o modificadas por sus asociados. Ninguna junta de vecinos podría disponer formas de constitución o de disolución diferentes a las establecidas en las disposiciones legales. Hay implícita en las juntas de vecinos una función pública, ya que de esa naturaleza efectivamente son los propósitos que ellas tratan de servir, en su afán de colaborar con las tareas de la administración local.

Como éste es un tema que se pretende llevar al Tribunal Constitucional, conviene brevemente citar lo que dice la ley como función o atribución de las juntas de vecinos.

En primer lugar, la ley define la unidad vecinal como "el territorio determinado en conformidad con esta ley, en que se subdividen las comunas, para efectos de descentralizar asuntos comunales y promover la participación ciudadana". Vale decir, nos trae la idea de un territorio que forma parte de una comuna y que va a ser subdividido para los efectos de lograr una mayor participación de la comunidad.

¿Cuáles son las funciones que las juntas de vecinos desempeñan? El artículo dice 41, las juntas de vecinos tiene por objetivo promover la integración, la participación y el desarrollo de los habitantes", y subrayo la frase "de la unidad vecinal" Y agrega: Su número 1) "Representar a los vecinos ante cualesquiera autoridades, instituciones o personas para celebrar o realizar actos, contratos, convenios o gestiones conducentes al desarrollo integral de la unidad vecinal".

Y sigue señalando el precepto: "Gestionar la solución de los asuntos o problemas que afecten a la unidad vecinal...; Colaborar con las autoridades comunales y en particular con las jefaturas de los servicios públicos, en la satisfacción y cautela de los intereses y necesidades básicas de la comunidad vecinal".

Otro de los objetivos que nos lleva a precisar más aún el concepto de junta de vecinos, es el que señala que deben "Ejecutar, en el ámbito de la unidad vecinal, las iniciativas y obras que crean convenientes, previa información oportuna de la autoridad...".

Quiero colocar un ejemplo. En una población con 20 mil personas mayores de 18 años, llevando el argumento del colega Urrutia hasta su punto extremo, como corresponde hacer cuando uno está analizando un argumento de carácter jurídico, y considerando la cantidad mínima necesaria para formar una organización de este tipo de 10 personas. ¿Cuántas juntas de vecinos se pueden formar? No se vulnera norma constitucional alguna; lo que sucede es que la razón y el buen sentido deben ilustrar la interpretación de las normas. Ellas indican que definido el territorio jurisdiccional de las juntas de vecinos, no es racionalmente admisible la existencia de juntas múltiples: 10, 15, 200, 300, 400 o más en una misma unidad vecinal.

El derecho de asociación que se ejerce, concurriendo a la constitución de la junta correspondiente o incorporándose a la misma, deben conjugarse con los principios democráticos. Los vecinos tienen el derecho natural a participar en el cuerpo intermedio territorial de su residencia o habitación. Lo pueden hacer libremente, elegir y ser elegido, concurrir a su dirección y administración y este proyecto de ley garantiza suficientemente el ejercicio de todos y cada uno de estos derechos.

Si en un mismo territorio o unidad vecinal proliferan varias juntas de vecinos, el derecho de asociación de los vecinos se diluiría, carecería de toda eficacia práctica, por cuanto se estaría dando cauce a organismos débiles, carentes de toda pública representatividad. Es decir, la multiplicidad de juntas de vecinos en un mismo territorio jurisdiccional significa desconocer el derecho de asociación, ya que éste de nada serviría. Es la razón que desvirtúa la argumentación contraria.

¿Qué queda del derecho de asociación si damos vida a mil juntas de vecinos diminutas? ¿De qué les serviría a los vecinos su derecho de asociación si sólo pudieran formar parte de organizaciones no representativas en la realidad de los hechos? Es la naturaleza misma del derecho de asociación; su esencia lo que toma inaceptable la inconstitucionalidad y lo que demuestra que en esa tesis hay envuelto un sofisma. No podemos interpretar el derecho de asociación hasta el extremo de que no sirva para representar a la comunidad. Detrás de todo concepto jurídico y de todo derecho, siempre hay una expresión material. Los derechos deben tener un beneficio, deben servir para algo. No deben ser meramente teóricos.

En la tesis de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, el derecho de asociación en el ámbito vecinal se transformaría, simplemente, en un juego de artificios. Los vecinos no podrían ejercerlo realmente con representatividad. No tendría significación su directiva cuando hay miles de juntas de vecinos en un mismo ámbito.

Quiero referirme a otros aspectos. Para mantener o recuperar la continuidad histórica democrática de nuestro país, debieran rescatarse muchas cosas, de la ley de 1966, que reconocía a las Juntas de Vecinos como una expresión de solidaridad y organización del pueblo en el ámbito territorial para la defensa permanente de sus asociados.

Concuerdo plenamente en el artículo 3° del proyecto, en el sentido de que las Juntas de Vecinos y las demás organizaciones comunitarias no podrán perseguir fines de lucro. Con todo, la experiencia demuestra que tales organismos pueden realizar actividades que, sin constituir su finalidad esencial o la causa que justifica su existencia, les proporcionen beneficios, ganancias o utilidades, y así debería expresarse bajo la expresión de "excedente" en el propio texto legal.

Me parece que el proyecto aprobado por la Comisión es susceptible de muchas correcciones dentro del ámbito mismo de la idea de legislar. Una de las correcciones que tendría que hacerse -y así lo hemos propuesto en indicaciones presentadas a la Mesa- es la relacionada con el sistema electoral y el mecanismo de votaciones y escrutinios.

Cuando se discutió la primitiva ley de Juntas Vecinos, éste fue un punto muy debatido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Incluso se llegó a aprobar en el primer trámite una disposición que hacía aplicable determinadas normas de la Ley de Elecciones al proceso electoral de las Juntas de Vecinos.

La experiencia nos demuestra que es conveniente recoger algunas instituciones de la Ley Electoral, adaptándolas a la realidad electoral de las propias Juntas de Vecinos, a fin de que las elecciones tengan efectivamente las garantías adecuadas, tanto desde el punto de vista de la emisión del sufragio, como del cómputo y la calificación misma del proceso electoral.

Por eso hemos presentado una indicación donde, junto con proponer ciertas normas mínimas, hemos establecido que el Presidente de la República, por la vía reglamentaria, indique un procedimiento de carácter electoral, aplicable en términos generales.

Creo que no es conveniente, por otra parte, el mecanismo definido en el proyecto de ley para excluir a los asociados de las Juntas de Vecinos. Se radica en la asamblea general, a través de un quorum elevado, la posibilidad de eliminar a determinados asociados de su derecho a intervenir o a participar en las Juntas de Vecinos. Ello infringe las normas del debido proceso. Ningún vecino puede ser excluido de una junta de vecinos sin que, previamente, haya tenido lugar una instancia de carácter judicial. En este sentido presentamos una indicación.

En cuanto al proceso de constitución de la junta de vecinos, también es necesario avanzar criterios. No están suficientemente garantizados los derechos del ciudadano frente a las resoluciones que eventualmente tome el secretario municipal, quien es el encargado de recibir las actas de constitución e inscribir a las juntas de vecinos. Debe consultarse un recurso para que los afectados o perjudicados por la resolución del secretario municipal puedan ocurrir también a los Tribunales de Justicia. Estas son, señor Presidente, algunas de las precisiones que deseaba hacer sobre este proyecto de Juntas de Vecinos en su primer trámite Constitucional.

Una última reflexión. Creo que los Honorables Diputados de las bancadas de la UDI y de Renovación Nacional, al recurrir al Tribunal Constitucional, van por un camino extraordinariamente inadecuado, porque todos sabemos que el actual alto Tribunal no corresponde efectivamente a una doctrina democrática correcta. Es uno de los legados que nos dejó el régimen anterior, y nosotros propondremos, entre las reformas constitucionales, la reforma de su composición. No puede detenerse el proceso de recuperación de la democracia chilena mediante la instancia de un Tribunal Constitucional, superpuesto al poder soberano del pueblo expresado por medio de elecciones libres y democráticas. Es este Parlamento y este Congreso Nacional el que puede y debe legislar, y bajo ninguna circunstancia se puede recurrir a especiosas argumentaciones jurídicas para detener el carro de la historia, que va a avanzar y va a devorar a quienes se coloquen por delante.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero dejar constancia de mi más enérgica protesta por la discriminación que usted está haciendo en la distribución de los tiempos, puesto que hasta el momento han participado once Diputados de la Concertación en este tema y sólo dos de la Oposición.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Señor Diputado ¿me permite? Me veo, lamentablemente, en la necesidad de aclarar esta situación, lo que no había querido hacer hasta ahora.

El señor LONGTON.- Pero lo puede hacer al final de la sesión, señor Presidente.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- Le agradezco mucho la posibilidad que da para señalar exactamente lo que ha pasado, señor Diputado; que usted conoce y debe preguntárselo a los Diputados de su bancada.

El señor LONGTON.- Es la misma que ha estado usando usted.

Reconociendo que le corresponde al Presidente hacer la distribución de los tiempos, también creo que debe existir equidad.

En segundo lugar, la amonestación que usted me ha dado no corresponde tampoco a un sentido de la democracia porque el señor Palestro interrumpe las veces que quiere y jamás se le amonesta. Y de eso quiero que quede constancia en acta.

Deseo también referirme a algunos argumentos que dio el Diputado Sergio Aguiló. Él decía que en el Gobierno anterior se había conculcado la libertad en tomo a las juntas de vecinos. Si se conculcó la libertad antes, sigámoslo haciéndolo ahora, ¿no es cierto? Esa es la lógica que aquí están aplicando. El problema se presenta ahora. Si en el pasado se cometieron errores, no podemos seguir cometiéndolos, por lo tanto, le rogaría que cambiaran ese "slogan" que, realmente, ya no convence a nadie.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGTON.- Señor Presidente, le pido que amoneste al Diputado Palestro.

Un proyecto de ley tan esperado como el estamos tratando nos produce, sin embargo, gran desilusión, por cuanto no recoge el sentir nacional de sectores, especialmente poblacionales, que necesitan canalizar sus inquietudes a través de organismos intermedios como las juntas de vecinos.

En efecto, su texto es peor aún que el que ingresó al Congreso mediante mensaje el Ejecutivo.

En primer término, hay serios errores de técnica legislativa -como lo señaló mi colega Urrutia-, respecto de muchos artículos que son inadmisibles. Es tal la falta de criterio jurídico uniforme que incluso ustedes, estimados colegas, si leen con detención el proyecto, como muchos, entenderán la mitad. De ser aprobada esta iniciativa, tal como se nos presenta, lo más probable es que para entenderla los dirigentes vecinales tengan que seguir un curso especial de nivel universitario.

Los parlamentarios gobiernistas se han equivocado en el tratamiento de este proyecto. Más que de la participación social, se han preocupado de crear organismos de poder y de control político, en una desesperada carrera para hacer frente a las próximas elecciones municipales; descuidando, a propósito, lo principal, cual es la participación de los grupos intermedios en el desarrollo y progreso local.

La participación social debe promover la unidad nacional en todas sus manifestaciones, rechazando las tendencias disgregadas del cuerpo social o contrarias a la esencia de nuestra tradición nacional. También debe constituir un proceso gradual cuyo desarrollo sea armónico y coherente con los instrumentos que se derivan del proceso general de la institucionalidad que orienta hoy día al país.

La participación social, además de los instrumentos necesarios para su desarrollo, requiere fundamentalmente de un claro sentido de moralidad, de rectitud, de sanos hábitos cívicos y de responsabilidad de parte de los individuos o grupos que intervienen en la sociedad. También debe contribuir a integrar a los chilenos en tomo de valores y principios que consideramos universalmente válidos en nuestra patria. Ello implica que los individuos o grupos que intervienen deben desarrollar y fortalecer los factores de unidad en forma prioritaria, por encima de naturales y circunstanciales discrepancias.

Señor Presidente, en este proyecto no se perciben los principios enunciados; por el contrario, noto interés por entregar a las organizaciones comunitarias un poder tan excesivo que desvirtúa la naturaleza misma de ellas, y, más aún, con el imperio que se les otorga llegan a sobreponerse a las facultades y tareas propias que realizan las municipalidades, produciéndose una especie de copamiento del gobierno local y distorsionándose el rol de colaboradoras que deben tener las juntas de vecinos y de participación en el proceso de desarrollo.

No hay un justo equilibrio -reconociendo que no debiera existir-, porque son instituciones distintas; pero, en este caso que tratamos son tales los poderes entregados a las juntas de vecinos que ellos podrán, si se lo proponen, impedir el buen desenvolvimiento de los municipios.-

Quiero decir también que ésta es una ley hecha, a la medida de los intereses de los partidos que componen la Concertación, los cuales, en su gran mayoría, han logrado el control de las juntas de vecinos, manipulándolas políticamente, vendiéndoles la ilusión de la elección democrática de sus directivas, que pasan a ser verdaderas agencias de sus partidos.

Esta situación ha llegado a tal punto que Diputados de la Concertación citan, en forma conjunta con las uniones comunales, a reuniones con Ministros de Gobierno donde se discrimina con los de Oposición, no haciéndoles participar, ni menos invitar, a reuniones que son verdaderos mítines políticos.

Durante la tramitación del proyecto; en la Comisión de Gobierno Interior se presentaron una serie de indicaciones por parte de la Concertación. Es efectivo que se invitó a diversas uniones comunales y que recogimos el parecer en las distintas visitas que realizamos a las regiones; pero también es cierto que, además de ser escuchadas esas personas e instituciones, en este proyecto no se recoge el sentir de ellas, que no es lo mismo que escucharlas. A nuestro juicio, muchas de las presenta- dones y de las indicaciones fueron inadmisibles, y así fueron declaradas por el Presidente de la Comisión; pero hoy una de ellas no fue declarada inadmisible, a pesar de haber sido solicitado por los Diputados de Renovación Nacional, y de que pedimos al señor Presidente de la Cámara que así lo hicieren. En efecto, la indicación presentada por los señores Diputados de la Concertación representa, en verdad, un proyecto de ley nuevo que vulnera el período de legislatura extraordinaria en el cual el Presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva para presentarlo.

¿Cuál es esta indicación, que es un nuevo proyecto de ley y que, además, no dice relación alguna con la idea matriz del mensaje? Es aquella aprobada por mayoría en la Comisión de Gobierno Interior y que agrega los párrafos 3° y 4° al proyecto, legislando sobre los consejos locales de deportes y recreación y los consejos ecológicos comunales.

Si analizamos, sin apasionamientos y con objetividad, el mensaje del Ejecutivo, nos daremos cuenta con exactitud de que esta indicación no tiene relación alguna con la idea matriz del proyecto; por lo cual, de conformidad con lo que disponen los artículos 66 de la Constitución, y 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Mesa debe declarar inadmisible el párrafo 3°, "De los Consejos Locales de Deportes y Recreación", desde los artículos 56 al 62, inclusive; y el párrafo 4°, "De los Consejos Ecológicos Comunales", desde los artículos 63 al 66, también inclusive.

Estimados colegas, no es que estemos en contra de la idea de legislar sobre estas materias; muy por el contrario, pero no podemos hacer de una ley, que tiene una finalidad precisa -y así lo señala el Ejecutivo-, una ley miscelánea.

El propio Director de la Digeder, señor Iván Navarro, expresó ante la Comisión de Gobierno Interior que consideraba poco adecuado incluir en el proyecto a los Consejos Locales de Deportes. Por lo tanto, una vez más se oyen, pero no se escuchan, las peticiones que están haciendo esas personas.

Por ello, solicitamos a la Mesa que, por las normas constitucionales invocadas, declare inadmisibles los párrafos y artículos señalados.

Respecto de la intromisión, que anteriormente señalaba, recién comienza a aprobarse esta ley. Se habrá consumado y no lo aceptaremos. Por eso nos opondremos a su aprobación, además de hacer los requerimientos respectivos al Tribunal Constitucional -tal como se anunció-, pese a que el colega Bosselin no le da ningún reconocimiento, porque aquí la Constitución se reconoce y se respeta en la medida en que sirve a los intereses de ustedes. Pero aquí están de por medio los intereses del país.

Se ha dejado fuera de las organizaciones territoriales, en forma intencionada, y con un marcado fin, a las asociaciones de regantes y propietarios, las cuales son también muy importantes en los sectores agrícolas.

Se deja, asimismo, a la discreción del Ministerio del Interior el estatuto tipo, y exigimos que éste se apruebe junto con la ley y sea parte de ella.

Los consejos locales de deportes dependerían del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa, como ha sido hasta ahora, lo que, inevitablemente -pese a que el Ministerio diga lo contrario- llegará a una politización del deporte.

Más adelante, el artículo 52 pretende que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos pueda designar un 50 por ciento de los miembros del órgano municipal que tengan facultades de participación y de concertación. ¿Qué significa esto? Exigimos un sistema más democrático y que todas las organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales, con personalidad jurídica en la comuna, sean quienes hagan esta designación.

Podría, señor Presidente y estimados colegas, enunciar latamente muchas otras observaciones. Pero terminaré sólo manifestando que nos reservamos el derecho de formular las indicaciones pertinentes en el segundo trámite y, reiterando lo señalado: éste es un proyecto de ley malo, no recoge el sentir de la comunidad, es jurídicamente cuestionable, es una especie de engendro de norma que, de ser aprobado, de ninguna manera enaltece el Parlamento.

Señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Álamos.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Álamos.

El señor ALAMOS.-

Gracias, señor Presidente.

Deseo dejar constancia de lo inconveniente -y en ello no involucro a mi Partido- que es legislar tan profusamente sobre organizaciones vecinales.

La noble acción de servicio a la comunidad se divide en distintos ámbitos. Uno de ellos dice relación con la ayuda a las personas con deficiencias mentales o físicas, de cualquiera edad, y cuyos medios económicos o de sus familias les impidan tener una protección adecuada. Hace algún tiempo, me referí en la Cámara a la tragedia que viven deficientes mentales a lo largo del país y a los pocos recursos que se les destinan. Sobre ello, debemos reconocer que hay poca preocupación y escasa legislación.

Otro servicio a la comunidad es el que preferentemente trata de solucionar los problemas materiales y familiares de personas normales.

Tengo el mayor respeto por quienes ayudan en las juntas de vecinos pues, en general, tratan de cooperar con su comunidad. Pero sí deseo dejar constancia de mi convencimiento -y ojalá eso lleve a meditar a quienes dan tanta importancia a estas organizaciones- en cuanto a que su existencia conlleva el reconocimiento implícito de una deficiencia de la acción municipal y el gobierno interior.

No deseo referirme a una realidad cierta y criticable, como es el hecho indesmentible del uso político que se ha pretendido siempre hacer de ello.

En algún partido político ¿acaso no hemos dado instrucciones tendientes a controlar las directivas de las juntas vecinales? Y el proyecto de ley, en su artículo 3a, dice que deben ser organizaciones apolíticas. Y eso va a seguir siendo así, inevitablemente, pues es normal que quien se preocupe por el servicio a la comunidad tenga vocación política.

Pero quiero ir al fondo del problema que mencioné, en lo relativo a que, al fortalecer la organización vecinal, se reconoce una falla en los cauces normales del desarrollo de nuestras comunas.

¿Cuándo se generó esta idea? Bajo el Gobierno de la Democracia Cristiana, en la campaña de la "Promoción Popular". Se ha dado aquí incluso la fecha en que se crearon legalmente las juntas de vecinos.

Dejando a un lado el control político que -repito- se le dio entonces a estas organizaciones y que se les sigue tratando de dar hasta hoy, quiero ir al fondo de ello. ¿Acaso estas juntas de vecinos no nacieron por la impotencia que sentían los vecinos al ver que la acera frente a su casa, por ejemplo, seguía siendo de tierra, que la iluminación de su barrio era insuficiente o los pilones de su población permanecían botando agua?

¿Y quién tiene realmente que solucionar esos problemas? Naturalmente, la municipalidad, la empresa de electricidad y la de agua potable.

¿Qué pasa ahora? Esa es mi inquietud.

En la medida en que dejemos de visualizar el concepto general de organización comunal y de dar exceso de importancia a este tipo de organizaciones, estamos aceptando y fomentando una incorrecta solución para hechos concretos.

Muchas veces he escuchado, y seguramente ustedes también, ante la queja de algunos vecinos sobre deficiencias en su población, para la cual solicitan una solución, que la autoridad o nosotros mismos les preguntamos: -"¿y formaron su junta de vecinos? Bueno, antes que nada tienen que hacerlo y así podrán pedir que se les arregle su vereda.".

¿Cuántas veces alguna autoridad ha suspirado, con alivio, al saber que no teniendo recursos para solucionar un problema puede dilatarlo con este argumento que desgraciadamente, por recurrente, a algunos convence?

Chile es un país que marcha hacia un pleno desarrollo. En mi opinión, al llegar el próximo siglo, tendremos solucionados sus problemas más acuciantes.

Pienso también que lo natural para toda persona es que al llegar en la tarde a su casa, o el fin de semana, a reunirse en su hogar, disponga del tiempo necesario para hacer deporte, vida social, salir de paseo, descansar, y no tener que ir a muchas reuniones para organizar un sistema que les permita tener un entorno familiar adecuado. Para eso debe estar la persona a quien se le paga para ello. El funcionario, el alcalde, la empresa, la policía, en fin, hasta quienes por vocación de servicio a la comunidad hemos elegido la acción política parlamentaria.

Es extenso el tema y muchos los argumentos que podría exponer; pero, por la hora y el número de Diputados inscritos, para intervenir me abstendré en esta oportunidad de darlos.

El señor SEGUEL.-

¡Un poco larga la interrupción, señor Presidente!

El señor ALAMOS.-

Repito lo que manifesté en un comienzo. Respeto a quienes trabajan en las juntas de vecinos y, naturalmente, a quienes se preocupan de legislar sobre ellas; pero pienso que es un signo equivocado y que se desvirtúa la acción de la autoridad creando un estamento que la disculpa de su obligación y acepta su ineficiencia.

Me ha pedido una interrupción el Diputado señor Bayo.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

No puede otorgar interrupciones, señor Diputado. El uso de palabra lo tiene el Diputado señor Longton.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

¡Ruego a los señores Diputados evitar los diálogos!

El señor LONGTON.-

Sí, señor Presidente. Le ruego que me excuse.

En mi intervención solicité que la Mesa se pronunciara sobre la inadmisibilidad de los artículos del 56 al 62 inclusive, Párrafo IV, y también de los artículos 63 al 66. En este momento, reitero dicha petición.

Concedo una interrupción al Diputado señor José García.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor García.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, deseo hacer tres precisiones muy breves.

El señor SEGUEL.-

De diez minutos.

El señor GARCIA (don José).-

¡A usted nunca lo interrumpo, señor Seguel. Le ruego tener el respeto que todo parlamentario en esta Sala se merece!

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Le ruego dirigirse a la Mesa, señor Diputado.

El señor GARCIA (don José).-

Sí, señor Presidente, pero me gustaría también que en la misma forma en que usted nos interrumpe y nos llama la atención, también lo hiciera con los parlamentarios de la Concertación que permanentemente no nos permiten ejercer el legítimo derecho de usar de la palabra en esta Cámara.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Señor Diputado, si después usted lee el acta, se dará cuenta que he llamado la atención.

El señor GARCIA (don José).-

Dije que quería hacer tres precisiones.

En primer lugar, señalar que, por primera vez se les reconoció a las juntas de vecinos y a las otras organizaciones comunitarias en la Constitución Política de 1980 el derecho a opinar y decidir sobre importantes materias de la vida comunal.

Las juntas de vecinos y las organizaciones comunitarias, a través de los consejos comunales de desarrollo, hoy pueden resolver materias tan trascendentes como el presupuesto anual de las municipalidades, el plan de desarrollo comunal, el plan de inversiones anual de cada municipalidad, materias cuya relevancia no es del caso discutir. Son aspectos de participación muy positivos y debemos buscar formas de mantenerlos en las disposiciones que estamos estudiando.

Una segunda precisión se relaciona con los comités de allegados.

Aquí el Diputado señor Montes ha dicho, y en otras intervenciones también se ha sostenido, que la Derecha se opone a que los comités de allegados tengan personería jurídica. Lamento que haya tan mala memoria y que no se revise el original del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. En él no están considerados los comités de allegados. No creo que por eso los parlamentarios de la Concertación vayan a acusar al Gobierno de tener poca preocupación por el problema. Lo que pienso, en realidad, es que ya los comités de allegados, en virtud de las actuales disposiciones vigentes, están obteniendo personería jurídica. No es necesario usar demagógicamente la legislación y las leyes para incorporarlos expresamente, puesto que la norma general ya les permite obtener su personalidad jurídica.

Una última precisión sobre una materia planteada por el Diputado señor Rojo, que me parece en extremo grave y que me llama profundamente la atención, porque todos tenemos que reconocer que generalmente sus intervenciones son muy acertadas. Él ha manifestado que las juntas de vecinos son organismos de la estructura del Estado.

Señor Presidente, los organismos de la estructura del Estado están contenidos en la Constitución Política. Su artículo 99 es muy claro cuando establece: "Para el Gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y éstas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas”.

Por lo tanto, la Constitución otros organismos en la estructura de gobierno y de administración del Estado.

Gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor LONGTON.

- Aún no he terminado.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

El señor Longton me señala que aún no ha terminado su intervención.

El señor DEVAUD.-

¿Se va a administrar el tiempo por lo que diga...?

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Puede hacer uso de la palabra hasta por 30 minutos.

El señor ROJO.-

Pido una interrupción al Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Concedo una interrupción al Diputado señor Rojo.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Rojo, con cargo al tiempo del Diputado que la ha concedido.

El señor ROJO -

Señor Presidente, he sostenido que, de hecho -y así debe constar en acta- las juntas de vecinos pertenecen a la estructura del Estado. Así nacieron los municipios, sin un reconocimiento oficial, como la agrupación de los hombres libres, hasta que, posteriormente, éste les fue dado. Hoy perfectamente podemos considerarlas formando parte del municipio. Para ello, basta leer el artículo 107 de la Constitución Política del Estado.

Muchas gracias..

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Recupera el derecho a la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, quisiera saber en qué momento se pronunciará la Mesa sobre la petición que formulé.

Para redondear la idea, me referiré al informe de la Diputada señora Caraball y a los intervenciones de los colegas señores Hamuy y Elizalde, con quienes he recorrido varias regiones.

Me ha llamado la atención que todas las observaciones que esta tarde ellos han formulado, no corresponden a la realidad que detectamos. Por ejemplo, el último caso, en Punta Arenas concurrimos a una gran reunión con juntas democratizadas, como las llaman, donde casi un 60 por ciento se pronunció en contra de una junta de vecinos por unidad vecinal, por razones territoriales, porque entre un extremo y otro las distancias eran bastante grandes.

En consecuencia, solicito reflexión por parte de la Concertación. Además, ojalá que las indicaciones que se presenten hasta que este proyecto vuelva a Comisión,...

La señora CARABALL.-

¿Me concede una interrupción, señor Diputado?

El señor LONGTON.-

Le concedo una interrupción a la Diputada señora Caraball.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la Diputada señora Caraball.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, en realidad, señor Longton, parece que asistimos a reuniones diferentes, porque yo escuché exactamente lo contrario. El resto de los señores Diputados que concurrieron a esa reunión lo pueden aseverar.

Gracias, señor Diputado.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Puede continuar, señor Longton.

El señor LONGTON.-

He dicho, señor Presidente.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Advierto a los señores Diputados que restan sólo dos minutos para el término del Orden del Día.

Hago presente a la Sala que el Comité del Partido Radical aún no ha intervenido. De acuerdo con el artículo 130 del Reglamento, tiene derecho a hacer uso de la palabra hasta por diez minutos.

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, me referiré, en forma exclusiva al tema central del debate planteado hoy día, promocionado por el Diputado señor Urrutia, fundamentalmente, en lo relativo al principio unitario de equivalencia territorial de las juntas de vecinos, en cuanto al territorio de la unidad vecinal.

Este principio, sentado favorablemente por la Comisión de Gobierno Interior, no está supeditado a intereses secundarios ni es restrictivo de la libertad. A mi juicio, es un buen principio organizativo y constitucionalmente admisible. No se atenta contra la libertad de las personas, -como en un sofisma muy elaborado ha expresado, con mucho sentimiento, el Diputado señor Urrutia-, En verdad, señor Presidente, hoy me dieron ganas de aplaudirlo, porque lo hizo con mucha fe y convicción; pero no comparto su idea central.

La propia definición del proyecto de ley, tal como se ha conocido, define a las juntas de vecinos como las organizaciones comunitarias de carácter territorial que se dan voluntariamente los vecinos de una unidad vecinal. El solo hecho de aplicar el concepto de voluntariedad, por supuesto que no se condice con lo manifestado por el señor Urrutia.

Con el criterio sustentado por él, con esa defensa tan apasionada que hizo de la libertad, podríamos llegar, incluso, a negar los límites de la libertad, entre ellos el orden público. Yo creo que ni los sectores más libertarios, en sus mejores sueños, han levantado las banderas de la anarquía de la manera como lo ha hecho el Diputado Urrutia hoy por la tarde.

A nosotros no se nos ocurriría, en nombre de la libertad, proponer más de una municipalidad por comuna, porque esta materia está limitada constitucionalmente por el artículo l2 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ni en sueños lo haríamos.

No hemos obligado, ni pretendemos, que todos los habitantes de una comuna pertenezcan a un mismo club social. Sinceramente, Diputado Urrutia, quiero manifestarle que, en mi impresión, el concepto de junta de vecinos que establece la ley N2 18.893 se conciba expresamente con el sentido que tiene un club social. Y nosotros no queremos que las juntas de vecinos obedezcan a una forma de adscripción, como los clubes sociales cerrados. Por eso, defendemos el artículo del proyecto de ley que propugna la derogación de la ley N° 18.893.

Estimado colega, queremos que las juntas de vecinos se adscriban al sentido que les da la definición del proyecto de ley, porque creemos en el hombre, en la voluntad de organización del conjunto de hombres y mujeres y, fundamentalmente, en el pluralismo de las personas que allí están y en las riquezas de las ideas divergentes, criterios ciertamente imposibles de practicar en el caso de la atomización de las juntas de vecinos.

Hay una serie de detalles que quedan pendientes en este proyecto de ley.

En esta iniciativa de ley son interesantes las normas sobre organizaciones comunitarias funcionales, pues, si bien las leyes N° 16.880 y N° 18.893 eran meramente enunciativas al respecto y permitían la formación de organizaciones comunitarias funcionales, en el proyecto traído al debate se admite, como funcionales, distintos tipos de organizaciones que, a nuestro juicio, son la expresión resultante de la organización popular generada en los últimos años y legitimada por su propia capacidad de organización, como es el caso de las organizaciones de mujeres, de viviendas, de allegados, de deudores habitacionales, de ecología y de medio ambiente, de organizaciones juveniles, de clubes de ancianos, de uniones de compras en común, de organizaciones de derechos humanos.

Por esa razón, apoyamos este proyecto de ley.

Quisiera referirme a un tema tocado hoy por el Diputado señor Letelier.

Sostendremos el artículo 27, en su concepto original; es decir, mantengo mi voto de rechazo a la indicación sustitutiva del Ejecutivo, que limita considerablemente el derecho de cada junta a contar con un local propio. A la hora del debate en particular, votaré favorablemente la indicación, si es que se repone en la oportunidad.

Me han solicitado interrupciones el Diputado señor Campos, a quien se la concedo primero, y, con posterioridad, el señor Elgueta.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).- T

iene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, honorables colegas, gran parte de la discusión desarrollada esta tarde se ha centrado en el artículo 36 del proyecto de ley, norma que establece el principio de que no puede existir más de una junta de vecinos por unidad vecinal. Los parlamentarios de Derecha, fundando sus argumentos en el artículo 19, N° 15 de la Constitución Política, han alegado la in- constitucionalidad de esta disposición, por estimar que ella afecta o viola el derecho de asociación.

Creemos que la argumentación de los parlamentarios de Derecha no es efectiva, por cuanto el derecho de asociación sin permiso previo importa, en lo sustancial, tres aspectos: En primer lugar, el derecho ciudadano a constituir asociaciones; en segundo lugar, el derecho que tiene cada individuo a afiliarse voluntariamente a una asociación, y en tercer lugar, el derecho que también tenemos los hombres a desafiliamos voluntariamente de las agrupaciones a que pertenecemos.

Ninguno de los tres aspectos anteriormente indicados, que conforman el derecho de asociación, se ve afectado en la norma expresada en el citado artículo 36 del proyecto. Ello, por una razón muy simple, puesto que en nuestro ordenamiento jurídico existen asociaciones de hecho y de derecho.

Las asociaciones de derecho, que gozan de personalidad jurídica, deben constituirse de acuerdo con la ley, tal como lo señala el propio artículo 19 N° 15 de la Constitución. Luego, es la ley la que determina la forma y los requisitos sobre cómo se crean y constituyen las asociaciones de derecho; pero nada impide que existan, naturalmente, asociaciones de hecho. Por ejemplo, la Ley de Partidos Políticos establece que éstos son asociaciones de derecho; luego, señala cómo deben constituirse y también indica sus requisitos; y si éstos no se cumplen, tales partidos políticos sólo serán asociaciones de hecho, pero jamás de derecho. Por ejemplo, la Ley de Partidos Políticos dispone que estas agrupaciones deben contar con un número determinado de adherentes; sus estatutos también deben cumplir ciertas bases comunes, prevenidas por la ley; indica que dos partidos políticos no pueden tener un mismo hombre; también dispone que no puede militar en dos partidos políticos una misma persona. Y nadie podría sostener, señor Presidente, que el derecho a asociación que consagra el artículo 19, N° 15 de la Constitución se ve violentado o transgredido porque la Ley de Partidos Políticos consagra estas limitaciones o los requisitos anteriormente indicados.

De manera que, como primera consideración, no participamos de los sostenido por los parlamentarios de Derecha, en orden a que el citado artículo 36 sea inconstitucional.

En segundo lugar, básicamente los parlamentarios de la UDI han dicho que este artículo 36 tiende a la politización de las juntas de vecinos, ya que, al existir una junta de vecinos por unidad territorial, obviamente la actividad social tenderá a la politización de las mismas. No compartimos ese criterio, como ya lo advirtió oportunamente nuestro distinguido colega Eugenio Ortega. Por el contrario, la proliferación de juntas de vecinos es lo que implicaría la politización de ellas, ya que si permitimos la existencia de más de una junta de vecinos en una unidad vecinal, naturalmente todos los partidos políticos tratarán de constituir en ese sector o en esa unidad territorial una junta de vecinos con los militantes o simpatizantes de esa colectividad.

Me extraña que los colegas de la UDI formulen esta aseveración, ya que ellos dicen tener una dilatada actividad poblacional, básicamente en los grandes centros urbanos. De suerte que no nos engañemos, colegas: lo argumentado es obviamente un sofisma.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CAMPOS.-

Estoy finalizando mi intervención, señor Presidente, y rogaría a los distinguidos colegas que me permitieran concluir.

Si no queremos politizar la actividad vecinal y, por el contrario, deseamos tener juntas de vecinos eficaces, que tengan potestad y puedan preocuparse de los problemas comunes que afectan a una unidad territorial, debemos aprobar el artículo 35 en los términos señalados.

Termino haciendo una declaración. Esta tarde he escuchado que los parlamentarios de Derecha han hecho una verdadera apología de la libertad. Me habría gustado que esos mismos planteamientos los hubieran formulado en oportunidades anteriores. Los insto a que esa apología de la libertad sea el propósito que los inspire en sus futuras actuaciones.

Sin embargo, no puedo ocultar que sus palabras me han hecho recordar lo que Madame Roland expresó en el patíbulo: "¡Oh, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!", porque esta tarde los parlamentarios de Derecha, vestidos con un falso ropaje de libertad, pretenden, en definitiva, impedir que el pueblo chileno tenga un sistema de organizaciones comunitarias...

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio)

.- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor CAMPOS.-

...auténticamente participativo, en el que la opinión de las mayorías resuelva las controversias.

He dicho.

-Aplausos en la Sala.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

En conformidad con los acuerdos de Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 6.640, Orgánica de la Corporación de Fomento de la Producción y otros textos legales relacionados con dicha institución.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento, y Desarrollo es el señor Eduardo Cerda.

- El proyecto, impreso en el boletín N° 310-03, se encuentra en el N° 13 de los Documentos de la Cuenta.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cerda.

El señor CERDA.-

Señor Presidente, el estudio de este proyecto ocupó varias sesiones de la Comisión de Economía, y en ellas se escuchó a todos quienes quisieron intervenir en esta materia. Contó con la presencia de don René Abeliuk, Ministro Vicepresidente de Corfo, y de don Juan Morales, gerente de la Zona Franca de Iquique, Zofri. Recibió a representantes de la Municipalidad de Iquique, encabezados por su alcaldesa, señora Mirta Dubost; al señor Pedro Henríquez, Vicepresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Franca de Iquique; al gerente y al asesor jurídico de la misma entidad, señores Oscar Arias y Max Barrera, respectivamente. Escuchó a los dirigentes sindicales de Iquique, señores Johny Lanas, presidente del Sindicato Redes Nitto; Alejandro Hinojosa, del Sindicato Interempresa Zofri; Leonel Reyes, del sindicato de Empleados de Zofri; Milton Moscoso, presidente del Sindicato N° 1, Maestranza de Iquique; Héctor Basualto, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Provincial Iquique, y Jaime Antesana, presidente del Sindicato de Vigilantes de Zofri.

El proyecto podría ser dividido en dos partes: los artículos 1° y 2° introducen modificaciones a la Ley Orgánica de la Corporación de Fomento, y el artículo 3° se relaciona con la privatización de la Zofri y con la distribución de los recursos provenientes del 15 por ciento que actualmente está entregando al erario.

En la primera parte, estamos en presencia de una modificación propuesta por el Ejecutivo. El artículo 1° propone reemplazar el artículo 26 de la ley N° 6.640 por uno que establece que "El Consejo de la Corporación, por acuerdo fundado adoptado por los cuatro quintos de sus miembros en ejercicio, sin perjuicio de sus atribuciones generales, podrá disponer la enajenación de sus créditos a bancos e instituciones financieras mediante licitación pública y el precio podrá ser inferior al valor nominal de éstos".

A renglón seguido se concede un beneficio adicional a los deudores de la Corporación de Fomento. Así, la proposición del Ejecutivo agrega a continuación: "No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la Corporación, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de apertura de las ofertas, deberá, mediante carta certificada, ofrecer al deudor el derecho de prepagar su deuda en una cantidad no inferior a la más alta de las ofertas recibidas en la licitación correspondiente". El plazo del prepago propuesto inicialmente por el Ejecutivo era de 15 días, y la Comisión, por unanimidad, lo prorrogó a 45 días hábiles, para que, contados desde la fecha de expedición de una carta por la oficina de correos, el deudor opte por pagar su deuda de acuerdo con la mejor oferta.

Este artículo indica, además, que el prepago deberá incluir una cantidad no superior al 3 por ciento del monto establecido, como comisión, la que será fijada en las bases, para que haya instituciones bancarias y financieras interesadas en postular en las licitaciones de los créditos. A su vez, si el deudor se acoge al beneficio de rebajar su deuda, tendrá que pagar una comisión a las instituciones bancarias o financieras por el estudio realizado. Se fijó un porcentaje no superior al 3 por ciento, que debe ser fijado en las bases de la licitación, porque es muy diferente la comisión que se paga por un crédito de 10 millones de dólares de la que se paga por uno de 1.000 UF.

La proposición del Ejecutivo tiene una gran ventaja para el país, en general. Durante estos años, la Corporación de Fomento, nunca ha "limpiado" su cartera. En estos momentos se calcula que tiene una de alrededor de 700 millones de dólares, la cual irá liquidando paulatinamente, para no bajar su valor. Esta cartera incluye a un número aproximado a 9 mil deudores, de los cuales la mitad tiene una deuda inferior a 2.000 UF, y en los otros 4.500 se acumula el mayor porcentaje de las deudas.

¿En qué forma se puede beneficiar la Corfo? En que con estos recursos podrá financiar una parte importante de su presupuesto, que alcanzaría, según las informaciones entregadas, a alrededor de 80 millones de dólares durante 1991. ¿En qué forma se benefician los deudores? En que prácticamente todos los préstamos de la Corfo tienen la garantía hipotecaria del deudor, como primera hipoteca, y muchos empresarios, industriales, pequeños comerciantes, artesanos, en este momento no tienen la posibilidad de trabajar con los bancos, porque no están en condiciones de darles una garantía, debido a que ésta se encuentra en poder de la Corfo.

Se piensa que los deudores actuarán de consuno con una u otra institución bancaria. Se ha planteado por qué los deudores no postulan directamente; pero esta alternativa sería todavía más perjudicial para ellos, porque tendrían que competir con los bancos. En este caso, se les autoriza, dentro del plazo de 45 días hábiles, para que puedan recomprar esta cartera de crédito en el mismo valor de la mayor oferta.

Por las razones expuestas, la Comisión de Economía aprobó este artículo por unanimidad.

En el artículo 2°, el Ejecutivo plantea restablecer, con el carácter de permanente, a contar del 1 de enero de 1991, la vigencia de las normas del decreto ley N° 1.068, de 1975, y sus modificaciones posteriores, sin perjuicio de las facultades que tiene Corfo para enajenar bienes en conformidad con su ley orgánica.

Esta última materia también tiene incidencia con el artículo siguiente, relacionado con el futuro que tendrá Zofri en la Primera Región, porque con este instrumento la Corfo va a poder estudiar la privatización más conveniente, sin la premura que plantea la ley N° 18.846. La Comisión aprobó por unanimidad este precepto.

Por el artículo 3° se introducen modificaciones a la ley N° 18.846, que fue dictada en los últimos días del gobierno anterior.

Entre las modificaciones se plantea la derogación del artículo 10°, que obliga a la Corfo a privatizar el 100 por ciento de las acciones de Zofri. Esta obligación no es compartida ni por los usuarios, ni por los trabajadores, ni por la Corfo. La Comisión aprobó esta derogación por unanimidad.

El planteamiento central de los usuarios es de que se privatice Zofri, quedando el 51 por ciento en su poder y el 49 por ciento restante en el de Corfo. Por su parte, ésta sostiene que se ha adoptado un acuerdo para privatizar hasta el 49 por ciento de Zofri, porque, según lo planteó su Vicepresidente en la Comisión, no tiene ningún interés en participar en empresas como socio minoritario, toda vez que siempre se lleva todas las cargas y ningún beneficio. Se tiene el caso concreto de Lan-Chile, en que el año pasado, frente a una situación de grave emergencia, la Corporación de Fomento, que es dueña del 20 por ciento de las acciones, tuvo que hacerse cargo de su presidencia para estudiar las formas de sacarla adelante, a raíz de que el otro socio planteó que el único que podría hacerlo era el Estado. Este tiene interés en vender, en un plazo determinado, dichas acciones, pero no puede hacerlo porque están con un precio absolutamente deteriorado.

En estas condiciones, al Estado no le interesa participar en este tipo de empresas, porque sin duda que sus recursos tienen que invertirse en cosas más importantes. Pero en el caso de Iquique se ha señalado que la presencia de Corfo en esa ciudad asegura el funcionamiento eficiente de una empresa. A veces las empresas deben cambiar de propietario porque no funcionan en forma eficiente, pero aquí todos han concordado en que no es el caso de Zofri, pues Corfo, con su presencia, garantiza la permanencia de la zona franca en Iquique, más todavía si muchas zonas del país, incluso la Quinta Región, la están solicitando. Ahí no habría ningún inconveniente en que el Estado intervenga y otorgue mayores beneficios a Iquique.

Algunos señores parlamentarios presentaron una indicación paralela para derogar este artículo 10° y fijar un plazo máximo para que la Corfo dé curso a la privatización de Zofri. Creo que todos estamos de acuerdo en que esta situación no puede continuar en permanente litigio, porque va en desmedro de la propia ciudadanía de Iquique.

El señor Vicepresidente de la Corfo señaló que el Consejo adoptó el acuerdo de privatizar el 49 por ciento en poder de la Corporación, por lo que sería perjudicial para sus intereses la dictación de una norma legal que fijara un plazo, porque en este evento los valores de una licitación disminuyen.

Por ello, la indicación fue desechada en la Comisión.

Por último, señor Presidente, en el punto 2 del artículo 3°, el Ejecutivo propone sustituir el artículo 12 por el siguiente: "Las cantidades que, por concepto de precio de la concesión a que se refiere esta ley, le corresponde percibir al Estado de Chile, cederán un tercio en benéfico de la Municipalidad de Iquique y los dos tercios restantes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el que deberá destinarlas, sin perjuicio de los aportes ordinarios, a financiar proyectos en la Primera Región de Tarapacá.".

¿De qué monto estamos hablando cuando nos referimos a este 15 por ciento que entrega Zofri? De una cantidad aproximada, proyectada para 1991, de 450 millones de pesos, alrededor de un millón y medio de dólares.

La Municipalidad de Iquique está percibiendo desde octubre del año pasado ese 15 por ciento, lo que representa para ella un ingreso importante. De allí que el municipio, con su alcaldesa a la cabeza, defienda la percepción total de ese porcentaje.

Por otra parte, diversos señores Diputados de Renovación Nacional, de la UDI y el señor Kuzmicic propusieron modificar la segunda parte del artículo, a fin de destinar estos dos tercios que van al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, exclusivamente a la provincia de Iquique. La indicación respectiva fue rechazada.

Señor Presidente, quiero ser bastante objetivo en la información para que no haya duda de que el criterio mayoritario de la Comisión es que, de estos recursos, efectivamente el 5 por ciento vaya a la Municipalidad de Iquique y el 10 por ciento restante a obras que en realidad promuevan el desarrollo de Zofri y, por ende, de Iquique, como es justamente el deseo de toda la ciudad y de la Región. Hemos planteado que estamos dispuestos a dar nuestro apoyo -y así seguramente ocurrirá también en el Senado-, para obras específicas dentro de la comuna y la provincia de Iquique. Y en este sentido esperamos que sea la comunidad; la que, con altura, de miras, nos señale qué caminos, qué obras ferroviarias, en fin, qué obras determinadas -ya ha habido muchas muchos planteamientos al respecto- se financiarán con estos recursos y con otros adicionales que eventualmente podría destinar el Fisco. Nos preocupa el desarrollo de la zona de Iquique, ya que corremos peligro de que los países vecinos adopten medidas y promuevan obras que incidan en su detrimento y en el de la Zofri.

Por eso, señor Presidente, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo aprobó, por unanimidad, en general el proyecto y en particular los artículos 1° y 2° y N° 1 del artículo 3°, y por mayoría el N° 2 del mismo artículo.

Es todo lo que puedo informar, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Gustavo Ramírez.

El señor RAMIREZ.-

Señor Presidente, la Comisión de Hacienda conoció del proyecto de ley que modifica la ley N° 6.640, Orgánica de la Corporación de Fomento de la Producción, y otros textos legales relacionados con ella, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y en conformidad a lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

Este proyecto tiene su origen en un Mensaje de Su Excelencia del Presidente de la República y su tramitación está calificada de "simple" urgencia.

La Comisión escuchó al señor Iván Parra, Vicepresidente Ejecutivo de la Corfo subrogante; a don Juan Morales, Gerente General de la Zona Franca de Iquique, y a don Juan González, Jefe del Gabinete del Vicepresidente.

Se produjo un largo debate entre los miembros de la Comisión, que intervinieron latamente sobre esta materia.

El proyecto tiene tres objetivos bien claros. Primero, facilitar la enajenación de los créditos en poder de la Corfo, licitando éstos a los bancos o a instituciones financieras en un precio que podrá ser inferior al valor nominal de los créditos, pero sin que sean equivalentes al valor de las garantías correspondientes. Además, se faculta a la Corfo para ofrecer al deudor del crédito que desea enajenar que prepague la deuda al mismo valor de la licitación ofrecida por los bancos o instituciones financieras.

Segundo, restablecer con carácter de permanente, a partir del 1° de enero de 1991, la vigencia del decreto ley N° 1.068, de 1975, que autoriza la enajenación de bienes prescindibles de la Corfo.

El tercer objetivo tiene relación con la ley N° 18.846, que autoriza la actvidad empresarial del Estado en materia de administración y explotación de la Zona Franca de Iquique.

A esta última materia se refiere el artículo 3°, que propone las siguientes modificaciones a la citada ley:

Primero, deroga su artículo 10, el cual se refiere a la forma y plazos en que la Corporación deberá proceder a la enajenación de las acciones que posee en la sociedad anónima Zona Franca de Iquique S.A.

Segundo, sustituye el artículo 12, formulando una nueva distribución de los ingresos que corresponde percibir al Fisco señala que ésta será un tercio para la Municipalidad de Iquique y dos tercios para el Fondo de Desarrollo Regional, el cual deberá destinarlos a proyectos de desarrollo de la Primera Región.

Dejo constancia de que el proyecto despachado por la Comisión de Economía sufrió algunas modificaciones, destinadas a precisar sus objetivos.

Así, en el inciso primero del artículo 26, introducido por el artículo l2 del proyecto, los Honorables señores Diputados Cerda, Estévez, Huenchumilla, Matthei, doña Evelyn; Ramírez, Ringeling y Sota propusieron una indicación para eliminar la frase "La Corporación podrá rechazar cualquier oferta sin expresión de causa.", indicación que fue aprobada por unanimidad, por cuanto hace menos discrecional la norma.

En cuanto al inciso segundo del mismo artículo, se aprobó por unanimidad una indicación de los Honorables señores Cerda y Matthei, doña Evelyn, destinada a precisar la norma, en el sentido de permitir al deudor prepagar la deuda en una cantidad igual a la mayor de las ofertas recibidas en la licitación correspondiente, en valores actualizados, según evaluación hecha por la Corporación y conforme a las bases de la licitación.

Por último, respecto de este mismo inciso segundo del artículo 26 aprobó una indicación formulada por los señores Diputados Estévez, Huenchumilla, Pérez, don Ramón, y Ramírez, para otorgar un mayor plazo al deudor para prepagar la deuda. Esta indicación, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión, aumenta el plazo de "45" a "90" días.

Respecto del inciso tercero del artículo 26 se formuló una indicación de los Honorables señores Cerda y Huenchumilla, para reemplazar la frase "la Corporación deberá resolver sobre la adjudicación de los créditos solicitados.".

Por "la Corporación deberá adjudicar él o los créditos licitados a la mayor oferta.".

El artículo 2° del proyecto fue aprobado sin modificaciones y por la unanimidad de la Comisión.

El artículo 3° del proyecto fue aprobado en la forma despachada por la Comisión de Economía, sin modificaciones. Por tanto, se aprobó por mayoría la derogación del artículo 10 de la ley N° 18.846.

Y en el N° 2 del artículo 3° del proyecto se sustituye el artículo 12 de la ley N° 18.846,en que se propone una distribución distinta a la existente del precio de la concesión, cediendo ahora un tercio en favor de la Municipalidad de Iquique y los dos tercios restantes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con el propósito de financiar proyectos de la Primera Región de Tarapacá.

Zofri invirtió en 1990 429 millones de pesos, y en 1991 subió esta inversión a 1.451 millones de pesos, de acuerdo a los antecedentes entregados a la Comisión.

Señor Presidente, este proyecto es de gran importancia para la Corfo, ya que le permitirá licitar una cartera de 730 millones de dólares, y darle una solución a 5 mil deudores con deudas superiores a 2 mil unidades de fomento. Estos últimos, alrededor de 4 mil deudores han tenido una solución real a su endeudamiento, ya que la Corfo accedió a renegociar sus deudas, condonándoles los intereses y transformándolas de unidades de fomento a pesos, a la vez que les dio plazos de 1 a 10 años para pagarlas.

Es todo cuanto puedo informar.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Pérez don Ramón.

El señor PEREZ (don Ramón).-

Señor Presidente en primer lugar, hago presente mi molestia por la forma como se ha tratado este proyecto, que es de suma importancia para la provincia que represento, Iquique.

Esta iniciativa de ley tiene su origen en un Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de "simple", cuyo objetivo es modificar la ley 6.640, Orgánica Constitucional de la Corporación de Fomento de la Producción, y otros textos legales relacionados con dicha Corporación.

En la primera modificación a la ley 6.640, cuyo texto fue fijado por la letra B) del artículo 32 de la ley 18.899, se establece que basta un acuerdo fundado, adoptado por los cuatro quintos de los miembros del Consejo, para disponer la enajenación de créditos de Corfo a bancos e instituciones financieras, mediante licitación pública, por un precio inferior al valor nominal del crédito. Al mismo tiempo, se agrega una norma que faculta a la Corfo para ofrecer al deudor del crédito que se desea enajenar el prepago de su deuda en una cantidad no inferior a la oferta más alta recibida en la licitación a que se llamó. A ello, se le suma una comisión de hasta un 3 por ciento del monto que, en definitiva, deberá pagarse en favor de la institución que haya efectuado la oferta más alta.

La segunda modificación que se propone restablece con carácter de permanente, a partir del Ia de enero de 1991, la vigencia del decreto ley Na 1.068, de 24 de junio de 1975, que autoriza la enajenación de bienes prescindibles de la Corfo.

La tercera modifica en dos aspectos la ley 18.846, de 22 de octubre de 1989, que autoriza la actividad empresarial del Estado en materia de administración y explotación de la Zona Franca de Iquique. Se busca derogar el artículo 10, que obliga al Fisco y a la Corfo a vender el porcentaje de acciones que poseen en la sociedad anónima que autorizó formar, en determinadas condiciones. Y se propone sustituir el artículo 12, para darle una nueva destinación a las cantidades que corresponda percibir al Estado de Chile por concepto de precio de la concesión, para financiar proyectos en la primera Región, para lo cual se le cede un tercio a la Municipalidad de Iquique y dos tercios al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Señor Presidente, existe una enorme contradicción por parte del Gobierno, respecto de este proyecto, la que se comprueba en los mismos artículos modificatorios propuestos.

El artículo 10 reemplaza el artículo 26 de la ley 6.640. En términos específicos, flexibiliza la norma vigente, puesto que da mayores facultades al Directorio de la Corfo para privatizar la cartera de créditos, con lo cual demuestra que se reconocen las ventajas de la privatización y la intencionalidad del Ejecutivo de mantener la política aplicada en este sentido.

El artículo 3°, por el contrario, introduce modificaciones a la ley 18.846, sobre privatización de la Zona Franca. Por una parte, deroga el artículo 10, para evitar la venta de acciones, manteniendo a la Zofri en poder del Estado, lo que se contradice con el espíritu y con los lineamientos de la privatización. Por la otra, sustituye el artículo 12 de la ley 18.846 y cercenar los fondos de la Municipalidad de Iquique, se va contra el espíritu de la descentralización y de las autonomías regional y comunal propugnadas por el Ejecutivo.

Me detendré en estas dos últimas modificaciones, porque afectan a la Zona Franca y a la Ilustre Municipalidad de Iquique.

¿Por qué nace la Zona Franca de Iquique? Porque Iquique vivía la crisis del salitre. Comenzaba la crisis de la pesca, actividad que se había incentivado como solución a la del salitre. Se acentuaba el desequilibrio en el norte: por una parte, Antofagasta, con su cobre y con su gran poder industrial; por el otro, Arica, con su puerto libre y con su Junta de Adelanto, que convertían a Iquique en una isla entre dos colosos.

¿Qué es la Zona Franca? Es un área unitaria, con un territorio perfectamente deslindado, amparado por presunción de extraterritorialidad aduanera. Vale decir, las mercaderías que allí se internan son consideradas como en su país de origen; por lo tanto, están exentas de todo tipo de aranceles, tasas, sobretasas, derechos y demás impuestos que se perciban por intermedio de las aduanas, valores que deben pagarse cuando se ingresan al resto del país.

El financiamiento para iniciar la urbanización de los terrenos fue entregado por el Estado a través de fondos sectoriales, que alcanzaron a los 2.47 millones de dólares en el año 1977 y a los 2.43 millones de dólares en el año 1978. De allí para adelante, todas las obras se han autofinanciado, pasando el Fisco a percibir, en la actualidad, por este concepto, la cantidad de 1.500 millones de pesos anualmente.

En este momento, la inversión del sector privado en ese recinto es del 77 por ciento, mientras que la estatal es sólo el 23 por ciento restante. Estas cifras demuestran por qué los usuarios de Zofri han solicitado, desde el gobierno pasado, la privatización de este centro de comercio exterior, exponiendo que no se puede comparar esta privatización con cualquiera de las realizadas en el país, pues es la única donde quienes quieren formar parte de la administración representan hoy las tres cuartas partes de la inversión del sistema, la cual está sujeta al riesgo de una administración estatal. Con esto se demuestra que no se está hablando de una privatización de última hora, de una privatización más.

Se quiere que el Estado esté presente como sostenedor del sistema, pero en un porcentaje menor, con el objeto de que puedan participar en su administración los usuarios, los trabajadores y la comunidad toda; no como ocurre hoy, en que la administración está en manos de un directorio designado por la Corfo, donde la mayoría de sus integrantes son funcionarios de Santiago que deben viajar a las reuniones a Iquique y que toman todo tipo de decisiones, hasta las referidas a los horarios de apertura para la atención al público. Es decir, el sector privado queda sujeto a la voluntad y discrecionalidad del directorio que representa al Estado, que decide desde qué hora debe abrir o cerrar su módulo hasta el alza unilateral de las tarifas en porcentajes que varían entre un 60 y un 1.600 por ciento, o la adquisición de un paño de terrenos en Arica para crear un barrio industrial.

En cuanto a esto último, dicha adquisición no tendría nada de malo; pero se da la paradoja de que dicho paño fue licitado por la Corfo, que es su dueño, y ningún privado se interesó. La Corfo, que es propietaria del 99 por ciento de las acciones de Zofri S.A., lo compra para urbanizarlo y entregarlo a empresarios que se instalen al amparo de la Zona Franca, con evidente perjuicio para los que, trabajando en Arica, tuvieron que construir con sus propios medios en el lugar que ellos quisieron, pues así lo autoriza la legislación de zona franca que se extiende hasta esa ciudad. Esta compra de terrenos no significa ningún incentivo especial, sino una desigualdad.

El rol subsidiario del Estado implica que éste debe asegurar a los agentes económicos la existencia de condiciones apropiadas para desenvolverse libremente y no entorpecer sus actividades con situaciones que distorsionan la eficaz asignación de los recursos productivos. Por consiguiente, debe orientar a los oferentes y demandantes con señales adecuadas y evitar acciones que atenten contra las bases de una economía sustentada en el libre comercio. En definitiva y de acuerdo con el rol subsidiario, el Estado debe desarrollar una actividad empresarial sólo cuando los / particulares no puedan o no se interesen por hacerlo, abocándose a aquellas actividades relacionadas prioritariamente con políticas sociales que beneficien y aseguren a los ciudadanos igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda, la salud y la educación.

La Zona Franca de Iquique ha traído desarrollo para la región; por eso queremos que los empresarios que allí producen y los que lleguen aumenten los niveles de inversión y otorguen más empleo. Ellos están dispuesto a hacerlo, pero para eso requieren la seguridad, claridad y estabilidad en las reglas del juego, lo que no se ha observado con una administración estatal.

Se dice que si el sistema ha funcionado bien ¡para qué cambiarlo!; pero hay que dejar en claro que no es la administración la que lo ha hecho funcionar de esa manera sino los empresarios, que son los que hacen los negocios.

Esto es muy importante, pues la realidad del entorno de la Zofri ha cambiado y cambiará mucho más aún en el mediano plazo. Cuando nació en 1975, se encontró con un área de influencia en la que los países vecinos tenían economías cerradas y con altos aranceles, lo que hacía atractivo y rentable el comercio de hormiga, propio de una zona fronteriza. Esta situación creó una ventaja competitiva importante respecto de los importadores existentes en dichos países. Así creció y se consolidó la Zona Franca.

Sin embargo, a la fecha ya tenemos funcionando una zona franca en Tacna y tres en Bolivia, Puerto Aguirre, Cocha- bamba y Oruro, las últimas administradas privadamente. Por otra parte, los países del área están proponiendo la rebaja gradual de aranceles y se habla de que muy pronto existirá una gran zona de libre comercio entre Alaska y La Patagonia, tal como lo establece la iniciativa sobre las Américas del Presidente Bush.

En América Latina ya existen claros acuerdos de marchar hacia aranceles cero, como es el caso de Mercosur, firmado recientemente por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ante estos hechos claros y definitivos, la Zofri debe penetrar agresivamente en dichos mercados, diversificándose, siendo más ágil y eficiente, dando seguridad y estabilidad a los inversionistas en las reglas del juego. Por consiguiente, ¿será el Estado el llamado a realizar tal labor? Por derecho, ¿no le corresponderá al sector privado?, ¿Es lógico que sea el Estado quien cobre el arriendo de terrenos o módulos de venta?

En este contexto, los empresarios de la zona franca han planteado la necesidad de que sea el sector privado quien administre, ya que las funciones que cumple son netamente empresariales; los organismos fiscalizadores, como el Servicio de Aduanas, Impuestos Internos y Banco Central, seguirán presentes cautelando el interés del Estado. Por todo esto, los usuarios han propuesto tres alternativas de privatización.

La primera postula privatizar un 51 por ciento de las acciones, que se desglosa de la siguiente manera: un 20 por ciento para los empresarios usuarios, un 20 por ciento para los trabajadores de la Zofri y el 11 por ciento restante para el público en general.

La segunda sugiere un sistema de propiedad mixta, compuesta en un 49 por ciento por el Estado, un 2 por ciento por la Corporación Financiera Internacional y el 49 por ciento restante para ser repartido en un 20 por ciento para los usuarios, un 20 por ciento para los trabajadores y un 9 por ciento para el público en general.

Finalmente, proponen una tercera posibilidad. Las dos anteriores implican traspasar la propiedad de los inmuebles a los accionistas, pero en esta otra se sugiere que Zofri, sociedad anónima, restituya los terrenos a Corfo o a otro organismo del Estado y que se privatice solamente la administración y explotación en los mismos términos contemplados en la ley N° 18.846, manteniendo el Estado la propiedad de los terrenos.

No debe olvidarse que cualquiera de las tres alternativas que se elija mantiene el aporte al Estado de un 15 por ciento de los ingresos brutos de Zofri, sociedad anónima, como pago de la concesión. A mayor abundamiento, debo decir que el señor Ministro Vicepresidente de Corfo, don René Abeliuk, manifestó en la Comisión de Economía que el Consejo de la Corfo, hace seis meses, tomó el acuerdo de privatizar en un 49 por ciento, pero sin entregar mayoría al sector privado.

Por eso, señor Presidente y Honorables colegas, respecto de la privatización de Zofri estoy reiterando mi indicación, en el sentido de que se fije un plazo, hasta el 31 de diciembre de 1991, para privatizarla, y lo hago por el hecho de que ya se postergó por un año la venta de acciones por parte de la Corfo, argumentándose que durante ese lapso se estudiaría en detalle y conjuntamente con las partes involucradas la privatización de Zofri y no se hizo nada, por lo que si no se fija un plazo ocurrirá lo mismo.

Ilustre Municipalidad de Iquique.

En la Zona Franca de Iquique deben separarse dos cosas: una es el sector de empresarios propietarios de galpones, sean estos comerciales o industriales, y la segunda es la sociedad administradora Zofri, sociedad anónima, la que cobra los arriendos por terrenos, módulos o tarifas por tramitaciones, con lo que se financia, y que el presente año -según expresó su gerente general- percibirá del orden de los 1.500 millones de pesos. De este valor, según el contrato de arrendamiento y de acuerdo con el artículo 12 de la ley N° 18.846, que dice: "Las sumas que por concepto de la concesión a que se refiere esta ley le corresponda percibir al Estado de Chile, cederán en beneficio de la Municipalidad de Iquique". Vale decir, de estos valores, la Ilustre Municipalidad de Iquique recibe un 15 por ciento para proyectos de desarrollo comunal; el resto, descontados los gastos, pasan a la CORFO.

La sustitución del artículo 12 dispone: "Las cantidades que por concepto de precio de la concesión a que se refiere esta ley le corresponda percibir al Estado de Chile, cederán un tercio en beneficio de la Municipalidad de Iquique y los dos tercios restantes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el que deberá destinarlo, sin perjuicio de los aportes ordinarios, a financiar proyectos en la Primera Región de Tarapacá.".

Creemos que este cambio tiene como única finalidad la de perjudicar a la alcaldesa de Iquique por no ser de la simpatía del actual Gobierno. Es fácil deducir esto, porque también se han cercenado el fondo común municipal, el de mejoramiento urbano y el nacional de desarrollo regional.

Se pretende entregar parte de estos fondos a las provincias de Arica y Parinacota, lo que no corresponde, pues aquélla ya tiene aportes extraordinarios, con arreglo al artículo 6e del decreto ley N° 2.548, que le entrega en forma exclusiva, para planes y programas de desarrollo, los provenientes de las enajenaciones y lo que se percibe por concepto de frutos e intereses, créditos, dividendos y remanentes de los bienes de la ex Junta de Adelanto.

Se podría pensar que la suma restante de esta concesión es cuantiosa para una municipalidad, pero este monto alcanza, más o menos, a los 350 millones de pesos, mientras que las necesidades de inversión en proyectos técnicamente aprobados ascienden a 4.520 millones de pesos, proyectos que favorecen a los sectores comunitario, urbano, deportivo, recreativo y educacional, por lo que mal podría repartirse en toda la Región.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor PEREZ (don Ramón).-

Ocuparé los 3 minutos que restan a Renovación Nacional.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Puede hacer uso de ese tiempo.

El señor PEREZ (don Ramón).-

Es claro que el sistema de zona franca fue creado como una palanca de desarrollo para la provincia de Iquique, y, como tal, los beneficios se definieron para su Ilustre Municipalidad. La forma como se propone repartirlos diluye los fondos en gran magnitud, en desmedro de Iquique y su comunidad. Se considera de justicia que parte de los recursos que se generan en el sistema de zona franca fue deliberadamente implementado para el desarrollo de Iquique, puesto que es esta ciudad la que soporta las múltiples demandas que ocasiona el financiamiento del sistema. No es lógico que los fondos generados en esa ciudad atiendan los requerimientos de la nación, toda vez que sus necesidades mínimas son de tal envergadura en materia de fondos, que, aun contando con el aporte extraordinario del 15 por ciento por la concesión, se necesitarían más de 13 años para abordar las actuales demandas.

El proyectos enviado por el Ejecutivo propone cambiar el destinatario, remplazando a la Ilustre Municipalidad de Iquique por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. No nos satisface de manera alguna la modificación propuesta, por cuanto bien sabemos que al destinarse ese porcentaje a dicho Fondo, no lo incrementará efectivamente sino que será un complemento destinado a cubrir la diferencia entre las necesidades presupuestarias de la región y los recursos que se le transfieren por el Presupuesto de la Nación. Esto es así, por cuanto estos fondos terminan confundidos con ingresos normales generales de la nación, por lo que ni la ciudad ni la región podrán gozar de fondos extras para proyectos de inversión y desarrollo.

Por eso, he presentado una indicación para que esta modificación tenga un sentido realista: que dicho precio se transmita directamente a obras de infraestructura en la provincia de Iquique, tales como veredas, estadios, caminos, complejos deportivos, programas de erradicaciones y, en general, de adelanto comunitario, con porcentajes de 10 por ciento para la comuna de Iquique, de 1 por ciento para cada uno de los siguientes lugares: Pozo Almonte, Huara, Pica, Colchane y Camiñalos, que serán destinatarios de un aporte que redundará en progreso y desarrollo que se genera a partir de este sistema económico.

Los independientes y Renovación Nacional votaremos favorablemente los artículos 1° y 2°; no así el 3°, al cual se le han introducido modificaciones.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Resta un minuto a Renovación Nacional.

Tiene la palabra el señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, me cabe la duda -igual como el Diputado don Ramón Pérez- de que los fondos correspondientes al otro 10 por ciento que se repartirá efectivamente vayan al Fondo de Desarrollo Regional, sin que se descuente de dicho Fondo este monto por concepto de utilidades de la zona franca.

Esto es fundamental. En el proyecto de Presupuesto de la Nación, cuando se asignen los fondos correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, veremos que en el futuro se mantendrán.

Quizás me estoy adelantando; pero es necesario dejar en el espíritu de la ley que los fondos del 10 por ciento restante incrementaron el fondo que actualmente tiene la Primera Región para su desarrollo regional.

Por lo tanto, solicito que quede constancia de esto para la historia del establecimiento de esta ley.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Si le parece a la Sala, se concederá la interrupción al Diputado señor Ramón Pérez.

El señor PEREZ OPAZO (don Ramón).-

Seré muy breve.

Quiero aclarar lo que manifesté denante, en el sentido de que en un año no se ha hecho absolutamente nada por la privatización de zona franca. Lo ocurrido hoy día nos está demostrando que, cuando se nos viene el plazo encima, tratando de legislar a última hora, para aclarar este punto.

Con respecto al 3 y 15 por ciento a que se refiere el señor Ministro, debo decir que los usuarios de Zofri, en aquella oportunidad, también ofrecían el uno por mil, lo que equivale al mismo 15 por ciento que se está ofreciendo en este momento, pero de las ventas totales de la zona franca ese porcentaje corresponde a más de 5 mil millones de dólares.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Kuzmicic.

El señor KUZMICIC.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, el proyecto que nos corresponde debatir y votar, a través de su artículo 3°, compromete profundamente el futuro y destino de la ciudad y provincia de Iquique, así como también el de todos quienes habitamos el extremo norte del país, la Primera Región de Tarapacá.

Vamos a votar y a decidir en un contexto de desconocimiento de las causas del por qué tres gobiernos sucesivos - Frei, Allende y Pinochet- decidieron crear la Zona Franca de Iquique. En el de Frei, se hizo el estudio del proyecto y se le dio luz verde; en el de Allende, se alcanzó a firmar el decreto, y en el de Pinochet, comenzó a operar, en 1976.

Las razones de su creación, de la evolución de los cambios en la propiedad del sistema, o de lo que constituye su patrimonio o su sostenido crecimiento, no sólo son desconocidas para la mayor parte de la opinión pública, sino, desgraciadamente, también entre nosotros.

La Zofri es la única palanca de desarrollo que nos está quedando, porque la pesquería pelágica del norte, que hasta 1989, entre las Primera y Segunda Regiones, constituía el 67 por ciento de las capturas totales del país, en 1990 acusó un descenso significativo. La mayoría de los especialistas coinciden en que esa disminución seguirá profundizándose como producto de una sobreexplotación inimisericorde, tipo criterio minero, que ha dañado fuertemente todos los recursos hidrobiológicos y, salvo nada: polvo y desolación. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué se hizo de Santiago Humberstone, Caleta Buena, Victoria, Cala-Cala, don Guillermo, Negreiros, Amelia, Alianza? Con la violencia que distingue a los desastres, la crisis se desató sobre la pampa; recorrió campamentos, oficinas, caletas y puertos mayores. A la paralización, siguió la incertidumbre; al cierre, la angustia; al éxodo, el dolor.

Volver al sur o bajar al mar fueron las penosas alternativas para los desarraigados que habían sostenido, con su trabajo, el desarrollo de todo el país. Iquique, arrastrado por el torbellino que paralizaba energías, anhelos, proyectos, acogió a los hombres y mujeres de las vastas soledades. En la pampa se hizo el silencio, y frente al mar comenzaba la reconstrucción de lo cotidiano y a tejerse los enmarañados hilos de la incertidumbre, la dudosa certeza de lo efímero.

Así, auge y agonía, progreso y cataclismo, son las dos caras de nuestra moneda. Así ha sido la vida que hemos llevado desde los primeros tiempos. Si damos un vistazo al resto del país, veremos que esto no ocurre ni en Talca, ni en Linares, ni en La Serena, ni en Puerto Montt. ¡Para qué decir Concepción, la ciudad que nunca ha dejado de crecer; o Valdivia que, alejada de la Carretera Panamericana, con terremotos u otros cataclismos, jamás ha sabido lo que es cambios climáticos excepcionales, sobrevendrá irremediablemente, en el corto y mediano plazo, el cierre de las industrias y, junto con ello, la cesantía y la crisis.

Este desconocimiento se produce con las regiones extremas del país y, muy en especial, con las del norte. Mucha gente asocia el norte a una especie de región frontera, de medio oeste norteamericano o Macondo, donde han ocurrido gestas épicas o trágicas en medio de una naturaleza brava e inhóspita. En la conciencia de nuestros pueblos habitan espectros, imágenes sombrías que cada cierto tiempo se actualizan hasta sobrecogemos. Son los fantasmas de las ciudades muertas; son puertos y salitreras abandonados; son espacios vacíos en los cuales alguna vez floreció la vida, donde lo cotidiano era el trabajo.

No existen ciudades en el resto del país donde se sienta tanto la incertidumbre del mañana. En ninguna parte, como en Iquique, se sufre la posibilidad de las crisis globales, totales y profundas a la vuelta de la esquina, o de cesantías interminables. Cada cierto tiempo, y de improviso, la nada, el abandono, la soledad, el hambre; sólo viento, camanchaca o sol invadiendo intersticios y extensiones, donde antes se afanaban hombres y mujeres.

Casi todos los viejos habitantes de mi tierra nacieron en pueblos que hoy día son nada; polvo y desolación. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué se hizo de Santiago Humberston, Caleta Buena, Victoria, Cala-Cala, don Guillermo, Negreiro, Samelia, Alianza? Con la violencia que distingue a los desastres, la crisis se desató sobre la pampa, recorrió campamentos, oficinas, caletas y puertos mayores. A la paralización, siguió la incertidumbre; al cierre, la angustia; al éxodo, el dolor.

Volver al sur o bajar al mar fueron las penosas alternativas para los desarraigados que habían sostenido con su trabajo el desarrollo de todo el país. Iquique, arrastrado por el torbellino que paralizaba energías, anhelos, proyectos, acogió a los hombres y mujeres de las vastas soledades. En la pampa se hizo el silencio, y frente al mar comenzaba la reconstrucción de lo cotidiano y a tejerse los enmarañados hilos de la incertidumbre, la dudosa certeza de lo efímero.

Así, auge y agonía, progreso y cataclismo, son las dos caras de nuestra moneda. Así ha sido la vida que hemos llevado desde los primeros tiempos. Si damos un vistazo al resto del país, veremos que esto no ocurre ni en Talca, ni en La Serena, ni en Puerto Montt. ¡Para qué decir Concepción, la ciudad que nunca ha dejado de crecer; o Valdivia que, alejada de la Carretera Panamericana, con terremotos u otros cataclismos, jamás ha sabido lo que es beber la desesperanza!

Es preciso, estimados colegas, que conozcan lo que nos ha pasado no hace tanto tiempo. Es fundamental esta introducción, porque sin ella no entenderemos nada y podremos ser corresponsables de entorpecer la vida, el desarrollo de una región que siempre ha entregado todo para el engrandecimiento del país entero.

Era sólo un niño cuando vi en las astas de todas las casas y en la mía, el izamiento de un pendón negro como luto colectivo, como protesta por la indignidad de que éramos víctimas, por el abandono en que nos sumía el poder central por decenas de años, después de haber llenado las arcas fiscales con los beneficios que otorgaba el "oro blanco". Gran parte de los palacios que hoy admiramos en la Quinta Región o en Santiago fueron posibles por el esfuerzo titánico de miles de pampinos que, bajo el sol más implacable y el desierto costroso, extraían con sus músculos y voluntades la riqueza del salitre.

Era sólo un niño, colegas, cuando de la mano de mis padres acudíamos a los cabildos diarios al mediodía y a atardecer como rito sagrado. Esto lo hice con gusto hasta aquel bochornoso día en que ante mi asombro, perplejidad y angustia, mi propia madre se levanta y a viva voz empieza a exponer sus propuestas. En Iquique se racionaban el agua y la luz; las calles estaban repletas de hombres jóvenes con tarros en las manos en horas de colegio. El puerto, otrora principal, sólo servía de malecón para muchos pobladores que lo elegían para pescar y regresar a casa con algún sustento para alimentar a sus numerosas familias. Iquique en ese tiempo era una carga total para el Estado. No tenía industrias propias y, por lo tanto, no generaba recursos para su subsistencia. El comercio sólo vivía de los sueldos de funcionarios civiles o militares.

El gobierno de la época, con gran fanfarria, colocó la primera piedra para una fábrica de cenizas de soda; no hay ciudad en Chile que tenga más primeras piedras.

Pero no todas las ciudades del norte exhibían la misma suerte. Antofagasta ya empezaba a recibir los beneficios de la producción del cobre de Chuquicamata; y Arica era un hervidero como fruto del puerto libre. En medio de ellas, la capital de la provincia, hoy Región, en estado de coma.

En la década del 60, en el gobierno de Jorge Alessandri, se mira al mar, al recurso anchoveta y nuevamente se despierta la ilusión; se renuevan las esperanzas; vuelven el trabajo y los sueldos decentes; los pampinos se transforman en hombres de mar; pero eso no basta, pues se requieren más y más brazos, esa ciudad comienza una nueva resurrección. Llegan de todos los rincones del país y por algunos años ya se han olvidado las banderas negras, el hambre, los hombres con tarros; pero de improviso, de nuevo, la nada. Desaparece la anchoveta por la irrupción del fenómeno de la Corriente del Niño -ahora se sabe, en ese tiempo sólo palpamos el vértigo que produce la detención de las actividades-. Se cerró una treintena de fábricas; nuevamente legiones de cesantes se apiñan en las plazas, y la frustración, la desesperanza, la incertidumbre del mañana vuelven a hacerse carne; reaparecen banderas negras en varias partes junto al éxodo de los recién llegados, e Iquique, nuevamente en crisis y agonizante.

Tres gobiernos consecutivos -escuchen bien, por favor, Sus Señorías-, tres gobiernos diferentes, de concepciones opuestas, coinciden y resuelven que la única forma de sacar del marasmo a la provincia de Tarapacá es otorgándole una herramienta, una deferencia, una inyección vitamínica, una franquicia, y se crea la zona franca de Iquique. Y desde aquel, día esa ciudad que había comenzado su recuperación por el resurgimiento de la pesquería en todos sus recursos pelágicos, duplicó su población en pocos años, reactivó la ciudad, volvió a relucir su vitalidad y empuje, y extendió sus beneficios al resto de la región. Y lo que es más destacable, con costos adicionales no muy importantes para el Estado.

En los períodos intermedios esto se hacía sólo con fondos provenientes del Fondo de Desarrollo Regional que se restaban posteriormente de los que se le asignaban centralmente; el resto de las inversiones fue privado, y éstas crecieron rápidamente por la confianza, probidad y diligencia tanto de los funcionarios de la administración del sistema, como de los otros servicios públicos, y comenzó su marcha ascendente, tendencia que no ha variado nunca. Extendió actividad y beneficios muy importantes y de mejor futuro, como son todos los rubros industriales de exportación que requieren empleo de mano de obra calificada y, por lo mismo, mejor remunerada y cuantitativamente mayor que la que ofrece el rubro comercial para la zona de extensión de Arica y Parinacota. Una región que hasta hace poco era un pesado fardo para las finanzas públicas, hoy se ubica entre las primeras que aportan al producto geográfico bruto. Los beneficios de la Zofri para el país han sido significativos y crecientes. En 1990 las ventas alcanzaron la cifra "récord" de más de mil millones de dólares, y el Fisco recibió en 1990, sólo por la aplicación del 9 por ciento, ocho mil millones de pesos, a los que hay que agregarles los excedentes que deja la administración y que suman otros pocos miles. Un sistema que genera más ingresos que la industria textil. Hoy existen en Zofri novecientas empresas que dan empleo a 7.500 personas, y los resultados de lo que va corrido del presente año permiten esperar un crecimiento mayor.

Sí, señor Presidente, esta empresa que se creó para resucitar a un puerto moribundo que no tenía agua, luz, ni esperanzas, hoy ha dinamizado su economía, ha compartido beneficios con el resto de las provincias de la Primera Región y ha aportado ingresos al país que cada año son mayores que el anterior. La Zofri ha sido obra de iquiqueños y palanca de desarrollo regional.

En las postrimerías del régimen anterior se traspasa la propiedad a Corfo, para que ésta, a su vez, la privatice en un 33 por ciento para los trabajadores, un 33 por ciento para los usuarios y un 34 por ciento para el público en general, a un precio muy por debajo de su valor real, y se establece en la nueva sociedad Corfo democratizada una concesión que se sube del 3 al 15 por ciento.

Aquí, en las primeras sesiones del flamante Parlamento, por iniciativa del Supremo Gobierno y por unanimidad, postergamos el qué hacer con la Zofri, para analizar y estudiar mejor sus proyecciones, sus potencialidades, su destino final. Dos elementos básicos para reflexionar: primero, la Corfo, fortuitamente y no estando en la mente de nadie, ni siquiera de ella misma, recibió del cielo una empresa boyante, de las pocas, si no la única, que deja excedentes, y la provincia de Iquique ¿qué?. El cerebro, corazón y motor generador de la riqueza para todos, una vez más sale perjudicada para sacrificarse y tapar tremendos hoyos heredados de las otras empresas Corfo.

No es legítimo y justo que la ciudad provincia y la Primera Región toda no tengan participación accionaria. ¿No tienen acaso tanto o más derecho que Corfo, la gente, la comuna, la provincia, la región, que empujan todos los días, que arriesgan, que emprenden y que saben mejor que nadie que el comercio exterior por esta parte del país se puede multiplicar varios puntos para el bienestar de todos los chilenos si logra conectarse con el corazón del cono sur de América?.

Seríamos los únicos que no dudaríamos un segundo en reinvertir estos excedentes en la construcción de redes viales o ferroviarias y de paso recoger toda su potencialidad minera. El destino de Zofri nos atañe a todos los chilenos; pero tendrá más derechos quien apueste de verdad a su crecimiento y esté dispuesto a reinvertir en mejorar sus conexiones al sur del país y al resto del continente.

Presenté una indicación con el objeto de que, a partir de la Zona Franca, crear la primera empresa regional en Chile; pero como tiene elementos que pueden considerarse inadmisibles, lo hemos convertido en un proyecto de acuerdo. Espero que cuente con la unanimidad para enviarlo al Ejecutivo, pues incide en uno de los temas trascendentales para la transición; la regionalización.

La regionalización habrá de ser una realidad si somos sabios, capaces e imaginativos, en cuestiones básicas. Regionalización, palabra mágica, significa dos cosas, al menos, primero, mayor poder del influir en dónde invertir primeramente y, segundo, mayor autonomía económica. Esta no debe esperar que se publique la Ley de Regionalización, sino que hay que ir preparando el terreno desde ahora y creceremos más, porque es un salto cualitativo; son varios escalones de una vez.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Señor Diputado, ha terminado su tiempo. Si usted va a hacer uso del tiempo del Partido por la Democracia y Partido Socialista, puede usar de la palabra por tres minutos más.

El señor KUZMICIC.-

Gracias, señor Presidente.

Para reinvertir en el tramo de Pintados a Ujina, que está conectado a Ollagüe y al lado de las minas de cobre más importantes de la provincia, sólo habría que solventar un tercio de ello, y éstos no son más de 46 kilómetros. El otro tercio lo capitalizará la tecnología y enseres de capitales europeos; y el último tercio, empresas mineras, navieras, asociaciones varias y particulares convencidos de una buena inversión.

Pensar que hace tan poco se levantó completamente el ferrocarril salitrero para venderlo como chatarra. ¡Cuántos rieles nos habrían servido! Más, no fue decisión nuestra. Fue un robo a mano alzada. Y respecto de las intenciones de hacer lo mismo con Ferronor, si no las denunciamos en esta misma Cámara, aquél habría terminado exactamente igual que el tren ferrocarrilero. Afortunadamente, el saqueo ha terminado. Lo más importante es vender rápidamente, a bajo precio, para después rematar, tras demostrar que la empresa, en realidad, no vale nada y que son necesarios millones de dólares para reponerla, los cuales sólo están destinados al centro del país, al monstruo insaciable, para la línea 5 del Metro o para terminar el Congreso Nacional. Y eso es así y seguirá siéndolo, hasta que inventemos, entre todos, una política descentralizadora, que podría empezar, por ejemplo, con una reforma tributaria que eximiera de algunos impuestos a las industrias que se quieran instalar en regiones despobladas y sedientas de empleo, y castigando con mayores exigencia y tributos a las industrias que insistan en instalarse en los centros hiperpoblados. Descentralizar industrialmente es la única forma de ayudar al bien vivir en el centro del país.

Por otro lado, el propio Gobierno de Patricio Aylwin decidió aumentar la concesión de un 3 a un 15 por ciento para la comuna de Iquique, y creo que habría que reponerlo, porque no ha sido por razones menores. El patrimonio de la Zofri, esencialmente, son los terrenos cuya propiedad a diferencia del resto del país, Patricio Lynch, como primera autoridad comunal chilena, en una de sus primeras ordenanzas municipalidades, transfirió a la Municipalidad. Se trata de todos los terrenos del casco antiguo de la ciudad, -esto es, de Punta Negra a Cavancha-, los que posteriormente, fueron cedidos a la Zona Franca. Estos son los únicos espacios vitales que la propia ciudad tiene para levantar industrias.

También pesó en la decisión del Gobierno del Presidente Aylwin, el hecho de que el 97 por ciento de la actividad operacional está en Iquique, y para eso se necesitan hoteles, bancos; mejorar la infraestructura de los servicios; urbanizar; proteger nuestro acervo. También puede haber pesado en la decisión, el que el 67 por ciento del empleo está allí lo que implica solucionar el grave problema de los allegados y multiplicar recursos para lugares de recreación, deportes, etcétera.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Señor Diputado, ha terminado su tiempo.

El señor KUZMICIC.-

Las razones que motivaron la creación de la Zofri no han caducado. Ya vimos lo que está ocurriendo con la pesquería pelágica. Los habitantes de todas las provincias de la Primera Región, tenemos serios problemas.

El señor KUZMICIC.-

Señor Presidente, denunciaré algo que es tremendamente grave.

Desde hace algún tiempo, el agua potable de Iquique tiene concentraciones altas de arsénico, manganeso, cadmio, boro, sulfatos, con serias repercusiones para la salud, especialmente a causa de los tres primeros elementos. Y la red del alcantarillado estalla cada cierto tiempo. En su último viaje, el Presidente Patricio Aylwin consideró éste como el problema más grave de la ciudad, y dio instrucciones para que se adoptara una rápida solución, que aún no llega. Así como en Arica el diagnóstico era del agua, de los recursos dulceacuícolas y de la búsqueda de mayores recursos.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Señor Diputado, hay acuerdo unánime de los Comités respecto del tiempo.

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que el señor Kuzmicic pueda completar su idea.

Varios señores DIPUTADOS -

No hay acuerdo.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

No hay acuerdo. ¿Habría acuerdo para insertar en la versión la parte que resta del discurso del señor Diputado?

Acordado.

-La parte del discurso que se acordó insertar, es la siguiente:

El señor KUSMICIC.-

El proyecto de solución de alcantarillado espera lánguido en alguna oficina ministerial. Las universidades regionales, que están bien orientadas para formar profesionales en las áreas en que tenemos grandes potencialidades, mal sobreviven con serias carencias presupuestarias.

Nuestros trabajadores requieren capacitación. La Zofri necesita construir vías férreas o viales e implementar de elementos básicos el aeropuerto Diego Aracena, única forma en que la empresa no tendrá dudas de intervenir en los proyectos, los que, a su vez, permitirán a la Zofri una industrialización rápida.

Para multiplicación del comercio exterior a niveles insospechados para bien de todos los chilenos, es necesario apoyar la creación de la primera empresa regional. Será una decisión justa y legítima, decisión sobria y futurista. Hoy, para la Primera Región; mañana podrá ser para la tercera, sexta o novena. Más adelante, las tendremos en todo el país. Es lo que piden nuestros representados.

Al fin y al cabo, la larga lucha por volver a la democracia se dio en cada rincón de nuestra patria y nos costó a todos. Fue el esfuerzo sumatorio de tantos y todos debemos beber de sus frutos. Lo que pide la gente en las provincias y regiones es mayor autonomía económica para definir su propio futuro.

Somos mayoría los que queremos mantener un estado unitario que descentralice, efectivamente, la administración del Estado. La frustración de este anhelo que subyace en la conciencia de las gentes, sólo habrá de servir para fortalecer posiciones extremas. Entre frustración y frustración, lo único que estamos haciendo es pavimentar el camino para el nacimiento y crecimiento acelerado de tendencias federalistas.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Le blanc.

El señor LEBLANC.-

Señor Presidente, lamento que yo, representante de Arica, cuyas realidades son cercanas y comunes a Iquique, sólo disponga de tres minutos para exponer algunas reflexiones.

No me referiré al contenido de los informes, porque creo que es tarea de los Diputados informantes. Más bien, trataré de representar, en breves palabras, la argumentación -a diferencia de lo que hizo el Honorable colega Ramón Pérez, que representó de manera nítida los argumentos del empresariado- de los ciudadanos, donde, obviamente, están incluidos los empresarios.

El tema en cuestión, sin entrar en mayores detalles, es la oportuna decisión que tomamos meses atrás de parar los vientos de privatización, que tenían como fundamento primordial la ineficiencia de las empresas estatales.

Sin embargo, tal como aquí se ha dicho, la realidad de la Zona Franca de Iquique es bien diferente. Es una entidad no sólo eficiente, sino también rentable. Obviamente, debemos prever la importante y necesaria participación del sector privado, nervio y motor del desarrollo creativo; argumentos, y características que comparto. Pero no podemos pretender que una entidad eficiente y rentable, porque así lo ha demostrado, susceptible de ser perfeccionada en el tiempo, sea enajenada en la forma que se sostiene, dejando a la Corfo con un rol realmente poco significativo, de procederse de esta modo, que no tendría sentido.

Los ciudadanos de la Primera Región -y quiero subrayar de la Primera Región- consideran a la Zona Franca de Iquique un patrimonio propio. Es una herramienta de desarrollo y de progreso.

Comparto con mi colega Kusmicic el análisis de la realidad del norte. Creo que Su Señoría lo dijo con abundancia de detalles: el norte requiere de instrumentos de desarrollo eficaces y rentables. La ciudadanía dama por trabajo y progreso, palancas que sacarán a la región del marasmo en que se encuentra.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor LEBLANC.-

Lo lamento, señor Presidente, porque tengo, el derecho de plantear algunos puntos de vista.

Pido que se me permita un minuto para concluir.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

No hay acuerdo.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Recabo nuevamente el asentimiento de la Sala para que el Diputado señor Leblanc complete su idea.

Acordado.

Puede continuar Su Señoría.

El señor LEBLANC.-

Gracias.

Quiero terminar en un minuto. Sólo deseo decir que este instrumento de desarrollo debe mantenerse en los términos planteados en la iniciativa del Ejecutivo. ¿Razones? Las hay de sobra. Debemos pensar en un desarrollo global y totalizar. La Zona Franca de Iquique es una entidad proyectada a Arica, que cubre toda la Primera Región. En ese contexto debemos entenderla.

Antes de privatizar, invito a mis colegas a regionalizar la Zona Franca, para dar un claro testimonio del regionalismo de que tanto hablamos.

Por último, es importante entender que el país es uno solo, y la Región también. Por lo tanto, debemos emplear los principios de equidad y de distribución justa y equitativa. El desarrollo integrador se da y se expresa sólo en iniciativas como las que contiene el mensaje. Es decir, la participación legítimamente puede quedar en la ciudad en que está radicada, pero la Zona Franca debe contribuir y colaborar en obras de beneficio para toda la Región.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, en este proyecto, indudablemente, se encuadran cosas que entre sí no tienen nada que ver. Una, son los créditos Corfo; otra es la enajenación de bienes prescindibles de la Corfo, y la tercera es la Zofri.

Un mínimo de técnica legislativa coherente amerita tres proyectos y una distribución distinta, para ver uno por uno; pero no esta forma tan curiosa del Ejecutivo de presentar proposiciones, en términos que son todo o nada.

El hecho de contener cosas diferentes, respecto de algunas de las cuales -en el caso particular de la UDI- estamos de acuerdo y en otras no, dificulta mucho una decisión uniforme acerca del proyecto en general.

En segundo lugar, insistimos en nuestra aprensión sobre la forma como se está discutiendo este proyecto. Pensamos que el Ejecutivo tuvo todo el tiempo para presentarlo mucho antes. Ninguna de las explicaciones del señor Ministro se acercan siquiera a justificar plausiblemente por qué, por ejemplo, en el caso de la Zofri, no se envió uno hace dos, tres o cuatro meses, sobre todo si se sabía que el problema se produciría a fines de mayo.

A propósito de la urgencia -y no me referiré nuevamente al tema-, las indicaciones no podrán volver a Comisiones y ni siquiera serán reflexionadas por los parlamentarios. Tendremos que despacharlas sobre la marcha, sin discusión, lo que me parece una falta grave a nuestras obligaciones.

Por eso, porque creemos que son temas distintos; porque creemos que el procedimiento legislativo no ha sido el adecuado, y por un mínimo de responsabilidad parlamentaria, en nombre de la UDI, me abstendré en este proyecto.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, el Diputado Muñoz Barra, de la bancada Social Demócrata, elaboró un texto de análisis, muy completo y muy interesante, sobre el proyecto que modifica la ley N° 6.640, Orgánica de la Corto, y otras normas legales relacionadas con dicha institución. Debido a la reducción del tiempo, por acuerdo de los Comités, intentaré reseñar los temas más relevantes de este documento.

El artículo 1° del proyecto, por el cual se reemplaza el N° 26 de la ley N° 6.640, que permite a la Corto enajenar créditos al sistema financiero, por licitación pública y a un precio inferior a su valor nominal, para lo cual basta un acuerdo de los cuatro quintos de los miembros de su Consejo, faculta a la Corfo para ofrecer al deudor el pago de su compromiso a un precio no inferior a la más alta de las ofertas recibidas en su licitación.

A juicio del Diputado que preparó el documento, se beneficia a la Corfo, que liquida sus activos a valor real; obtiene recursos para sus planes de fomento, y, por extensión y efecto, alivia a sus deudores grandes, pequeños productores y empresarios.

El artículo 2° restablece la vigencia del decreto ley N° 1.068, de 1975, para permitir a la Corfo continuar con la enajenación de bienes prescindibles. No cabe la menor duda, de que éste es un punto sensible de ciertos sectores vinculados a ella. Sin embargo, igualmente apoyamos la disposición.

El artículo 3° del proyecto deroga el artículo 10 de la ley N° 18.846, que autorizó la actividad empresarial estatal en la administración y explotación de la Zona Franca de Iquique. Las razones del Ejecutivo para proponer la derogación son variadas; una de ellas es la buena administración de los actuales propietarios de la Zofri, reflejada sostenidamente en sus balances de desde 1983.

En cuanto a la modificación del artículo 12 de la ley N° 18.846, se propone redistribuir las sumas que se perciben por concepto de precio de la concesión, de la siguiente forma: un tercio para la Municipalidad de Iquique y los otros dos para la Primera Región.

El Diputado señor Muñoz Barra argumenta que tal como se plantea la redistribución, los porcentajes propuestos corresponden casi exactamente a la distribución demográfica regional y a la participación de la Zofri de comunidades de la Primera Región.

Al continuar con su argumentación, señala que, en definitiva, el desarrollo de la Primera Región, cuya importancia comercial, geopolítica y económica nadie desconoce, se verá impulsado con la redistribución de ingresos.

Hasta aquí el resumen del documento del Diputado señor Muñoz Barra.

La totalidad de la bancada Radical- Social Demócrata comparte los juicios del colega. Como ya es tradición, hubo fuertes discusiones en nuestro debate interno. Pero, finalmente, coincidimos en un camino: apoyaremos íntegramente el proyecto de ley.

He dicho.

Señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Señor Ministro, el Diputado señor Coloma le solicita una interrupción.

El señor PARRA (Ministro Vicepresidente de la Corfo Subrogante).-

Con todo gusto.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Insisto, señor Ministro, en que no tienen nada que ver los temas bancarios con la situación de los activos prescindibles y de la Zona Franca. Quizás, siempre se le puede buscar un paraguas, y el de la privatización, estirándolo, a lo mejor alcanza para tener una explicación formal.

Objetivamente, uno tiene derecho a pensar distinto respecto de los tres puntos, pero al obligar a votarlos en general se producen situaciones contradictorias que, insisto, no son buenas como técnica legislativa.

En todo caso, señor Presidente, me habría gustado que, por su intermedio, el señor Ministro hubiera respondido la otra pregunta: ¿por qué no se presentó el proyecto de la Zofri con el tiempo necesario?. Si ha contestado las otras, me habría gustado que hubiera respondido ésta también.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ramírez.

El señor RAMIREZ.-

En verdad, después de conversar con el señor Ministro y de recibir las explicaciones del caso, los Diputados democratacristianos hemos pensado retirar la indicación. Desgraciadamente, no estamos en condiciones de hacer estas cosas como querríamos porque la Corfo no ha podido recuperar oportunamente los recursos que necesita. Como los 45 días son suficientes para ellos, vamos a votar entonces por la indicación presentada en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.

El señor DUPRE (Presidente en ejercicio).-

Lamentablemente, señor Diputado, de conformidad con el Reglamento no puede retirarse una indicación aprobada por la Comisión de Hacienda que pasa a la Sala.

La única posibilidad es rechazarla.

El señor RAMIREZ.-

Exacto. Se puede votar.

El señor Secretario dará lectura a la primera indicación. El señor LOYOLA (Secretario accidental).-De los Diputados Pérez, don Ramón, y Galilea,

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-Hay dos indicaciones en relación con el N° 2 del artículo 3°, en virtud del cual se sustituye el artículo 12. Una, del señor Kuzmicic

La otra, de los señores Pérez, don Ramón, y Galilea, para sustituir el artículo 12 por el siguiente: "Las cantidades que por concepto de precio de la concesión a que se refiere esta ley le corresponda percibir al Estado de Chile, cederán dos tercios en beneficio de la Municipalidad de Iquique y el tercio restante en forma proporcional a cada una de las comunas restantes de la Provincia de Iquique."