Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Francisco Bartolucci Johnston
- PERMISO
- DEBATE
- II. ASISTENCIA
- III. TEXTO DEL DEBATE
- APERTURA DE LA SESIÓN
- CUENTA
- PROBLEMAS DE LA SEQUIA.
- INTERVENCIÓN : Claudio Rodriguez Cataldo
- INTERVENCIÓN : Julio Rojos Astorga
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTERVENCIÓN : Joaquin Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Joaquin Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Eugenio Ortega Riquelme
- INTERVENCIÓN : Sergio Jara Catalan
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Sergio Jara Catalan
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Hugo Alamos Vasquez
- INTERVENCIÓN : Hugo Alamos Vasquez
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Vicente Agustin Sota Barros
- INTERVENCIÓN : Eugenio Munizaga Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Jorge Morales Adriasola
- INTERVENCIÓN : Claudio Rodriguez Cataldo
- INTERVENCIÓN : Claudio Rodriguez Cataldo
- INTERVENCIÓN : Luis Navarrete Carvacho
- INTERVENCIÓN : Jose Maria Hurtado Ruiz Tagle
- INTERVENCIÓN : Federico Ringeling Hunger
- INTERVENCIÓN : Federico Ringeling Hunger
- INTERVENCIÓN : Jose Alfonso Rodriguez Del Rio
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTERVENCIÓN : Federico Ringeling Hunger
- INTERVENCIÓN : Victor Manuel Rebolledo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Vicente Agustin Sota Barros
- INTERVENCIÓN : Isidoro Toha Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Gustavo Cardemil Alfaro
- INTERVENCIÓN : Hernan Rojo Avendano
- INTERVENCIÓN : Eugenio Ortega Riquelme
- INTERVENCIÓN : Jaime Campos Quiroga
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- PROYECTOS DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Alfonso Rodriguez Del Rio
- Gustavo Alessandri Balmaceda
- Federico Ringeling Hunger
- Jorge Molina Valdivieso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Julio Rojos Astorga
- Jorge Morales Adriasola
- Romy Rebolledo Leyton
- Arturo Longton Guerrero
- Federico Ringeling Hunger
- Claudio Rodriguez Cataldo
- Patricio Melero Abaroa
- Jose Maria Hurtado Ruiz Tagle
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Sergio Jara Catalan
- Jorge Pizarro Soto
- Vicente Agustin Sota Barros
- Julio Rojos Astorga
- Mario Devaud Ojeda
- Carlos Smok Ubeda
- Eugenio Ortega Riquelme
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Armando Arancibia Calderon
- Claudio Rodriguez Cataldo
- Vicente Agustin Sota Barros
- Isidoro Toha Gonzalez
- Sergio Aguilo Melo
- Jaime Campos Quiroga
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Julio Rojos Astorga
- Sergio Correa De La Cerda
- Sergio Jara Catalan
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Arturo Longton Guerrero
- Patricio Melero Abaroa
- Carlos Recondo Lavanderos
- Juan Masferrer Pellizzari
- Jose Alfonso Rodriguez Del Rio
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Federico Ringeling Hunger
- Jorge Morales Adriasola
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Claudio Rodriguez Cataldo
- Patricio Melero Abaroa
- Carlos Recondo Lavanderos
- Jose Maria Hurtado Ruiz Tagle
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Federico Ringeling Hunger
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- DEBATE
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Jaime Rocha Manrique
- Hosain Sabag Castillo
- Edmundo Salas De La Fuente
- Joaquin Palma Irarrazaval
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- PRORROGA DE PLAZO A COMISION PARA INFORMAR PROYECTO.
- AUTORIZACION A COMISION PARA SESIONAR SIMULTANEAMENTE CON LA SALA
- ORDEN DEL DIA
- MODIFICACIONES A LOS CODIGOS DE PROCEDIMIENTO PENAL, PENAL Y AL DECRETO LEY N° 3.607, DE 1981, SOBRE VIGILANTES PRIVADOS. PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Schaulsohn Brodsky
- INTERVENCIÓN : Hernan Rojo Avendano
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jorge Molina Valdivieso
- INTERVENCIÓN : Carlos Dupre Silva
- INTERVENCIÓN : Carlos Caminondo Saez
- INTERVENCIÓN : Carlos Hernan Bosselin Correa
- INTERVENCIÓN : Jaime Campos Quiroga
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Maria Adela Maluenda Campos
- INTERVENCIÓN : Eugenio Ortega Riquelme
- INTERVENCIÓN : Jorge Schaulsohn Brodsky
- INTERVENCIÓN : Guillermo Yunge Bustamante
- INTERVENCIÓN : Hernan Rojo Avendano
- INTERVENCIÓN : Guillermo Yunge Bustamante
- INTERVENCIÓN : Jorge Schaulsohn Brodsky
- INTERVENCIÓN : Guillermo Yunge Bustamante
- INTERVENCIÓN : Victor Manuel Rebolledo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Juan Concha Urbina
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Jaime Campos Quiroga
- INTERVENCIÓN : Juan Martinez Sepulveda
- MODIFICACIONES A LOS CODIGOS DE PROCEDIMIENTO PENAL, PENAL Y AL DECRETO LEY N° 3.607, DE 1981, SOBRE VIGILANTES PRIVADOS. PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Victor Reyes Alvarado
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- PROYECTOS DE ACUERDO
- DETERMINACION DEL FERIADO LEGAL REGIONAL EL 16 DE JULIO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Edmundo Villouta Concha
- Baldo Prokurica Prokurica
- Jaime Rocha Manrique
- Felipe Valenzuela Herrera
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PROYECTO DE LEY QUE DEROGA LA LEY N° 18.026.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Montes Cisternas
- Carlos Smok Ubeda
- Gustavo Cardemil Alfaro
- Juan Pablo Letelier Morel
- Armando Arancibia Calderon
- Adriana Cristina Munoz D'albora
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PROMOCION DEL CONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Victor Barrueto
- Sergio Velasco De La Cerda
- Andres Palma Irarrazaval
- Carlos Smok Ubeda
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eliana Caraball Martinez
- Vladislav Kuzmicic Calderon
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Luis Navarrete Carvacho
- Arturo Longton Guerrero
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Angel Fantuzzi Hernandez
- Claudio Rodriguez Cataldo
- Alberto Espina Otero
- Carlos Caminondo Saez
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Juan Enrique Taladriz Garcia
- Marina Prochelle Aguilar
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PERUANO CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA DE COLERA QUE LO AFECTA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Sergio Velasco De La Cerda
- Carlos Dupre Silva
- Isidoro Toha Gonzalez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Jose Pena Meza
- Francisco Bartolucci Johnston
- Felipe Valenzuela Herrera
- Hugo Rodriguez Guerrero
- Carlos Cantero Ojeda
- Ruben Gajardo Chacon
- Luis Le Blanc Valenzuela
- Jaime Naranjo Ortiz
- Julio Rojos Astorga
- Mario Hamuy Berr
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Balmaceda
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DETERMINACION DEL FERIADO LEGAL REGIONAL EL 16 DE JULIO.
- INCIDENTES
- SITUACION DE LOS PIRQUINEROS EN LA COMUNA DE CARAHUE. OFICIO.
- ANALISIS SOBRE LA ESTRATEGIA DEL PARTIDO COMUNISTA EN SU ULTIMO CONGRESO.
- INTERVENCIÓN : Eugenio Ortega Riquelme
- ALCANCES SOBRE APRECIACION DE LA LABOR DEL GOBIERNO
- DEFICIENCIA CAMINERA EN LA PROVINCIA DE MALLECO, NOVENA REGION. OFICIO.
- CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIAL
- REAJUSTABILIDAD DE LOS ARANCELES DEL FONDO NACIONAL DE SALUD.
- CONTROL EN EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN COMUNA DE PUENTE ALTO. OFICIO.
- ADOPCION DE MEDIDAS EN BENEFICIO DE COMUNA DE LONQUIMAY. OFICIOS.
- NEGOCIACIONES BILATERALES INTERNACIONALES. OFICIO.
- HOMENAJE A LA POETISA GABRIELA MISTRAL, PREMIO NOBEL DE LITERATURA, EN EL CENTESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU NATALICIO.
- HOMENAJE : Eugenio Munizaga Rodriguez
- FINANCIAMIENTO PARA PROGRAMAS DE VIVIENDAS EN LA DECIMA REGION. OFICIO.
- INFORMACION SOBRE SITUACION DE PERSONAL MUNICIPAL. OFICIO.
- PRORROGA DE PAGO PARA DEUDORES DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS. OFICIO.
- ACTITUD DE ALGUNOS PARLAMENTARIOS EN APROBACION DE PROYECTO DE LEY
- DECISION SOBRE CONSTRUCCION DE LINEA 5 DEL METRO. OFICIO.
- PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL PENDIENTES EN EL DISTRITO 57, DECIMA REGION. OFICIO.
- ANTECEDENTES SOBRE FONDO DE ESTABILIZACION DEL PRECIO DEL PETROLEO. OFICIO.
- REPUDIO AL TERRORISMO. ANTECEDENTES.
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Federico Ringeling Hunger
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Balmaceda
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Ojeda Uribe
- Gustavo Ramirez Vergara
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Garcia Ruminot
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Jose Pena Meza
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Teodoro Ribera Neumann
- Marina Prochelle Aguilar
- Sergio Aguilo Melo
- Carlos Bombal Otaegui
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Sergio Aguilo Melo
- Maria Adela Maluenda Campos
- Vladislav Kuzmicic Calderon
- Mario Devaud Ojeda
- Juan Martinez Sepulveda
- Andres Aylwin Azocar
- Sergio Velasco De La Cerda
- Juan Pablo Letelier Morel
- Gustavo Alessandri Balmaceda
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Sergio Aguilo Melo
- Maria Adela Maluenda Campos
- Juan Martinez Sepulveda
- Vladislav Kuzmicic Calderon
- Mario Devaud Ojeda
- Andres Aylwin Azocar
- Sergio Velasco De La Cerda
- Juan Pablo Letelier Morel
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Martinez Sepulveda
- Carlos Montes Cisternas
- Nicanor Araya De La Cruz
- Jaime Naranjo Ortiz
- Sergio Aguilo Melo
- Isidoro Toha Gonzalez
- Armando Arancibia Calderon
- Adriana Cristina Munoz D'albora
- Hector Luis Olivares Solis
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
321ª LEGISLATURA (EXTRAORDINARIA)
Sesión 43ª, en martes 9 de abril de 1991.
(Especial, de 10:45 a 23:43 horas)Presidencia de los señores Viera-Gallo Quesney Dupré Silva, don Carlos, y Coloma Correa, don Juan AntonioPresidencia accidental del señor Ribera Neumann, don Teodoro
Secretario accidental, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE GENERAL DE LA SESION
I.SUMARIO DEL DEBATE
II.ASISTENCIA
III.TEXTO DEL DEBATE
IV.SUMARIO DE DOCUMENTOS
V.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
I.SUMARIO DEL DEBATE
1.Problemas de la sequía 4965
2.Permiso constitucional 5042
3.Prórroga de plazo a Comisión para informar proyecto 5042
4.Autorización a la Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 5042
5.Modificaciones a los Códigos de Procedimiento Penal, Penal y al decreto ley N° 3.607, de 1981, sobre vigilantes privados. Primera trámite constitucional 5042
6.Permiso constitucional 5086
7.Determinación de feriado legal regional el 16 de julio 5086
8.Proyecto de ley que deroga la ley N° 18.026 5086
9.Situación de los pirquineros en la comuna de Carahue. Oficio 5091
10.Análisis sobre la estrategia del Partido Comunista en su último congreso ... 5092
11.Alcances sobre apreciación de la labor del Gobierno 5099
12.Deficiencia caminera en la Provincia de Malleco, Novena Región. Oficio 5101
13.Cumplimiento de fallo judicial 5101
14.Reajustabilidad de los aranceles del Fondo Nacional de Salud 5102
15.Control en expendio de bebidas alcohólicas en comuna de Puente Alto. Oficio 5104
16.Adopción de medidas en beneficio de comuna de Lonquimay. Oficios 5104
17.Negociaciones bilaterales internacionales. Oficio 5106
18.Homenaje a la poetisa Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, en el centésimo segundo aniversario de su natalicio 5107
19.Financiamiento para programas de viviendas en la Décima Región. Oficio ... 5108
20.Información sobre situación de personal municipal. Oficio 5109
21. Prórroga de pago para deudores de infraestructuras sanitarias. Oficio 5111
22. Actitud de algunos parlamentarios en aprobación de proyecto de ley 5111
23.Decisión sobre construcción de línea 5 del Metro. Oficio 5112
24.Proyectos de electrificación rural pendientes en el Distrito 57, Décima Región. Oficio 5113
25.Antecedentes sobre fondo de estabilización del precio del petróleo. Oficio ... 5113
26.Repudio al terrorismo. Antecedentesi 5114
OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Oficio Reservado de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual adjunta
Comunicación de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación, mediante la cual solicita se le conceda una prórroga de un día para emitir su informe relativo al proyecto que modifica el sistema de subvenciones a la educación, establecido en el decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1989 (boletín N° 220-04).
Comunicaciones de los Diputados señores Víctor Reyes, Joaquín Palma, Hosain Sabag y Edmundo Salas, mediante las cuales solicitan permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 13 de abril del año en curso.
Comunicación del Diputado señor Francisco Bartolucci, mediante la cual informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días.
Oficios del señor Ministro de Educación, por los que responde:
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Gustavo Alessandri, acerca del Colegio Santiago Bueras.
Al que se le enviara en nombre de la Diputada señora Marina Prochelle, sobre programa de prevención del alcoholismo.
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Carlos Valcarce, relativo a escuelas básicas de sectores pobres.
Oficio del señor Ministro de Transportes y, Telecomunicaciones, por el que responde al que se le enviara en nombre del Diputado señor Eugenio Ortega, acerca del ramal Talca-Constitución.
Comunicación del Diputado señor Jaime Rocha, mediante la cual solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 13 de abril del año en curso.
Oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, por el que responde al que se le enviara en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, sobre petición de vehículo para comisaría de Maullín.
Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, por el que responde al que se le enviara en nombre de los Diputados señores Sergio Pizarro y Hemán Bosselin, relativo a tarifas del servicio de agua potable y alcantarillado.
Oficios del señor Ministro de Justicia, por los que responde:
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Sergio Jara, informando en relación con delegados de la defensa de la ley de alcoholes.
Al que se le enviara en nombre de los Diputados señores Hemán Bosselin y Ramón Elizalde, relativo a programas para prevenir el consumo de marihuana.
Al que se le enviara en nombre de los Diputados señores Hernán Bosselin, Mario Hamuy, Ramón Elizalde y Hosain Sabag, acerca de la planta de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Menores.
Oficio del señor Ministro de Minería, por el que responde al que se le enviara en nombre de los Diputados señores Jorge Morales, Eugenio Munizaga y Jorge Pizarro, en orden a que se considere la posibilidad de instalar una nueva fundición en la Cuarta Región.
Oficio del señor Ministro de Planificación y Cooperación, por el que responde a los que se le enviaran en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, respecto a electrificación rural en la Décima Región.
Oficio del señor Ministro de Agricultura, por el que responde al que se le enviara en nombre de la Diputada señora Marina Prochelle, relativo al plan especial denominado “De las Cien Comunas más pobres de Chile"
Oficios del señor Ministro de Obras Públicas, por los que responde:
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Juan Alberto Pérez, sobre inspectoría de Vialidad en Río Negro.
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Juan Pablo Letelier, acerca de pasarela peatonal.
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Cristian Leay, relativo a proyectos de vialidad urbana.
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Juan Alberto Pérez, referente a programas de mantención de caminos.
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Carlos Recondo, relativo a la reparación del camino a Colonia Zagal.
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca, respecto de un puente sobre el canal Colín.
A los que se le enviaran en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, sobre actividades de vialidad en la Décima Región.
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Joaquín Palma, acerca de antecedentes de servicios sanitarios.
Al que se le enviara en nombre del Diputado señor Manuel José Matta, referido a una pasarela sobre el río Mataquito.
Oficio del señor Ministro de Salud, por el que se refiere a proyectos de ley sobre alcohol y drogas.
Oficio del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, por el que responde al que se le enviara en nombre de la Diputada señora María Angélica
Cristi, relativo al fondo común municipal, impuesto territorial y fondos especiales de salud y educación.
Oficio del señor Tesorero General de la República, por el que responde al que se le enviara en nombre del Diputado señor Sergio Elgueta, relacionado con propiedades ubicadas en Isla de Huara.
Oficio del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, por el que responde al que se le enviara en nombre del Diputado señor Hernán Bosselin, relativo a empalmes eléctricos domiciliarios.
Oficio del señor Director General de Deportes y Recreación, por el que se refiere al acuerdo del comité organizador local de la "Copa América, Chile 91"
Fax del señor Ministro del Interior Subrogan te, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión especial de la Corporación del día de hoy.
Fax del señor Presidente de la Comisión de Solidaridad del Pueblo de Chile, Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, mediante el cual repudia el atentado terrorista de que fuera objeto el H. Senador don Jaime Guzmán Errázuriz (Q.E.P.D.).
II. ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores Diputados:
--Aguiló Meló, Sergio
--Alamos Vásquez, Hugo
--Alessandri Balmaceda, Gustavo
--Álvarez-Salamanca, Buchi, Pedro
--Aylwin Azocar, Andrés
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bayo Veloso, Francisco
--Bombal Otaegui, Carlos
--Bosselin Correa, Hernán
--Caminondo Sáez, Carlos
--Campos Quiroga, Jaime
--Cantero Ojeda, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Alfaro, Gustavo
--Carrasco Muñoz, Baldemar
--Cerda García, Eduardo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Concha Urbina, Juan
--Cornejo González, Aldo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Chadwick Piñera, Andrés
--Devaud Ojeda, Mario
--Dupré Silva, Carlos
--Elgueta Barrientes, Sergio
--Elizalde Hevia, Ramón
--García García, René
--García Ruminot, José
--Guzmán Álvarez, Pedro
--Navarrete Carvacho, Luis
--Sota Barros, Vicente
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortega Riquelme, Eugenio
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palestro Rojas, Mario
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Peña Meza, José
--Pérez Muñoz, Juan Alberto
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Rebolledo González, Víctor
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvaredo, Víctor
--Ribera Neumann, Teodoro
--Ringeling Hunger, Federico
--Rocha Manrique, Jaime
--Rodríguez Cataldo, Claudio
--Rodríguez Del Río, Alfonso
--Rodríguez Guerrero, Hugo
--Rojo Avendaño, Hernán
--Rojos Astorga, Julio
--Sabag Castillo, Hosain
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Schaulsohn Brodsky, Jorge
--Seguel Molina, Rodolfo
--Smok Ubeda, Carlos
--Soto Morales, Akin
--Taladriz García, Enrique
--Tohá González, Isidoro
--Urrutia Avila, Raúl
--Valcarce Medina, Carlos
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Yunge Bustamante, Guillermo
--Con permiso constitucional, estuvieron ausentes los siguientes señores Diputados: Acuña Cisternas, Mario Arañcibia Calderón, Armando Latorre Carmona, Juan Carlos Matta Aragay, Manuel José Muñoz Dalbora, Adriana Pizarro Mackay, Sergio Rodríguez Riccomini, Laura Ulloa Aguillón, Jorge
Asistieron, además, el señor Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido Cereceda, el señor Ministro de Obras Públicas, don Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, el señor Ministro de Agricultura, don Juan Agustín Figueroa Yáñez, el Director General de Aguas, señor Gustavo Manríquez, el Asesor Jurídico-Legislativo del Ministerio de Agricultura, señor Francisco Zúñiga, y el Presidente de la Comisión Nacional de la Sequía, señor Hugo Ortega Tello.
III. TEXTO DEL DEBATE
APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10:45 horas.
El señor VIERA-GALLO (Presidente.-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Las actas de las sesiones 41° y 42°. quedan a disposición de los señores Diputados.
CUENTA
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario accidental) da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
PROBLEMAS DE LA SEQUIA.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
La presente sesión tiene por objeto evaluar los problemas que origina la sequía que afecta al país, y conocer las medidas e iniciativas que el Gobierno está implementando en tal sentido.
Se encuentran presentes en la Sala el Ministro de Agricultura y el de Obras Públicas, señor Juan Agustín Figueroa, señor Carlos Hurtado.
Solicito autorización para que puedan ingresar a la Sala los señores Hugo Ortega, Presidente de la Comisión Nacional de la Sequía; Francisco Zúñiga, Asesor Jurídico Legislativo del Ministro de Agricultura, y Gustavo Manríquez, Director General de Aguas.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-
Pido la palabra.'
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ.- (don Claudio).-
Señor Presidente, en la reunión de Comités de la semana pasada, se planteó una inquietud a raíz del resultado de la sesión sobre los deudores hipotecarios, se estimó que era conveniente cambiar el orden de participación de los señores Ministros; es decir, que lo hicieran a comienzo de la sesión y luego los señores parlamentarios formularán sus planteamientos.
El señor SOTA.-
¡No!
El señor RODRIGUEZ (don Claudio).- En verdad, el Reglamento señala una cosa distinta. Sin embargo, por su intermedio, pediría que solicitara el asentimiento de la Sala para cambiar el orden de los Secretarios de Estado dándonos a conocer primero, las medidas adoptadas en sus respectivas Carteras.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Precisamente, la idea de esta sesión especial es para conocer las medidas que se están llevando sobre la sequía y efectuar las consultas y cuestionar y criticar la política que el Gobierno realiza.
Para cumplir esta función, es decir, que el Gobierno exponga su política y los parlamentarios puedan cuestionarla, criticarla, complementarla, a los Comités les pareció útil que la sesión se inicie con la exposición del Ministro respectivo, y después se efectúen las consultas del caso, en lugar de que las distintas bancadas expongan primero sus puntos de vista y se desarrolle el debate en abstracto.
El señor MELERO.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, quiero consultar si hay un representante del señor Ministro del Interior, porque la citación señalaba que asistiría ese Secretario de Estado.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En verdad hay una comunicación del señor Ministro del Interior subrogante, quien se excusa de asistir a esta sesión, pero estarán presentes los dos Ministros que tienen que ver con el problema.
El señor PROKURICA.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, hay una proposición de los Comités que me gustaría la sometiera a la Sala.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
La proposición de los Comités consiste en prorrogar en 30 minutos esta sesión.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, se supone que esos 30 minutos serán prorrateados entre los distintos Comités.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Así es.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El señor SABAG.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, como el tema reviste gran interés para muchos señores parlamentarios y las bancadas están limitadas por el tiempo, solicitaría que se pudiera insertar cada una de las intervenciones.
El señor GARCIA (don René).-
No hay acuerdo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Para ello se requiere unanimidad y no la hay. Puede que en el transcurso de la sesión se vaya logrando un acuerdo en tal sentido.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Señor Presidente, haré una exposición breve y sumaria sobre el fenómeno de la sequía y su impacto en las distintas regiones del país, tratando el tema desde el punto de vista hídrico. Posteriormente, el Ministro de Agricultura hará un análisis de las medidas adoptadas por la Comisión Nacional de la Sequía para abordar este fenómeno.
En primer lugar, quiero enfatizar que los fenómenos de la sequía en Chile son predecibles. Son catástrofes nacionales, pero son predecibles y ocurren con cierta periodicidad. En consecuencia, el país debe estar preparado para abordar este tipo de fenómenos.
Vale la pena clarificar el concepto de sequía, porque es frecuente comparar el agua caída con el término medio de un año promedio del siglo o período respectivo. En verdad, desde el punto de vista de la planificación de obras de riego y de sistemas hídricos, se considera sequía cuando el año es un 85 por ciento más seco que los años de un período determinado. Por eso, cuando se discuten obras de regadío, se plantea la seguridad de riego del 85 por ciento, entendiéndose que este porcentaje se refiere a que en el 85 por ciento de los años la disponibilidad de agua es adecuada para atender las necesidades del sistema planificado. El resto es previsible dentro de los diseños de las obras de regadío y las situaciones pueden ser más o menos aflictivas. Es importante tener claro este concepto de sequía para hablar del tema.
Quiero hacer un resumen breve de la sequía que afecta a las distintas regiones del país.
En el Norte Grande tuvimos un año seco. 1990 lo fue, porque el agua caída del invierno boliviano estuvo por debajo de los 200 milímetros, en circunstancias de que lo normal son 386. Pero este año estamos bien; tenemos 391 milímetros de precipitaciones, medidas en Chungará. Esto indica que la situación, por lo menos en el Norte Grande, es normal.
En la Tercera Región, si bien ha habido falta de agua, la situación no es tan grave como en la Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima regiones.
En 1990, en el río Huasco, tuvimos un promedio de agua disponible equivalente al de 1970. O sea, hay 20 años más secos que 1990, lo que indica que la situación en la zona no es desastrosa.
En la Cuarta, Quinta, Séptima y Octava regiones la situación es difícil, especialmente en la zona del secano costero, que no tiene regadío.
La disponibilidad del río Elqui es comparativamente adecuada; significa que hay 43 años más secos que el año pasado. Las precipitaciones han sido deficientes en la Cuarta Región, de modo que las zonas de secano han sufrido la sequía de manera extraordinariamente seria.
En el río Limarí, tres embalses regulan el sistema, especialmente La Paloma, que todavía mantiene un buen nivel de reservas y ha permitido salvar la situación. Sin embargo, Cogotí está totalmente agotado y Recoleta tiene niveles mínimos de disponibilidad de agua; indican que las reservas del valle, en caso de mantenerse el fenómeno de sequía, son escasas.
La sequía ha tenido un impacto significativo, estadísticamente medido, en la provincia de Aconcagua. En realidad, la precipitación normal corresponde a la del quinto año más seco de un siglo, o sea, muy por debajo de lo normal. La disponibilidad de agua es inferior a la normal.
En el río Maipo la situación ha sido bastante normal, es decir, no ha habido problemas de sequía serios.
Por último, en el río Itata después podemos referimos a los otros ríos de la Sexta y Séptima regiones, también la situación es extremadamente negativa, porque tenemos el sexto año más seco del siglo. Hay un 57 por ciento de disponibilidad de agua y la situación es importante y seria.
En síntesis, los sectores más afectados por falta de precipitaciones han sido los de secano entre la Cuarta y la Octava regiones, por agotamiento de ríos y tranques. Son especialmente negativos los efectos en los ríos Limarí, Choapa, Aconcagua e Itata.
Es importante destacar que esta sequía es menor que la del trienio de 1968 a 1970. Durante esos años, la disponibilidad de agua fue la mitad de la de 1990, lo que indica que la gravedad del fenómeno, desde el punto de vista agrícola, podría ser considerada tenue.
Sin embargo, otros factores agravan el fenómeno de la sequía, como es el uso creciente de los recursos hídricos.
En 1924, se generaron 120 megawats de energía eléctrica; en 1968, 860 megawats, y en 1990, prácticamente, se triplicó la última cifra: 2.300 megawats.
En consecuencia, también es importante considerar la sequía desde el punto de vista energético.
Por otra parte, desde el punto de vista del saneamiento, de la sanidad de los ríos, hay también una situación bastante preocupante. En Chile, en 1968, había una población de aproximadamente 1 millón 800 mil personas con alcantarillado. En la actualidad esa población se ha elevado a 8 millones de personas aquí también incide el aumento de la población; no sólo el aumento de la cobertura y del alcantarillado, lo que significa que toda esa agua servida que de algún modo se disponía en pozos negros o en fosas sépticas, ahora se descarga en los ríos o en el mar. Naturalmente, esto crea problemas gravísimos de saneamiento, especialmente en las épocas en que los caudales de los ríos en estos períodos de sequía pueden bajar a un 70 o a un 50 por ciento, e incluso, en algunos casos, a un 40 por ciento, o menos. En consecuencia los impactos son muy significativos.
Ahora, qué es lo que cabe preguntarnos desde el punto de vista hídrico. La primera pregunta es cuál es la probabilidad o efecto posible de una nueva sequía en 1991. Es muy difícil de predecir. A diferencia de los terremotos, por ejemplo, que son fenómenos que se dice que tienen memoria, puesto que cada ciertos años se produce un evento telúrico, según las estadísticas, las sequías son fenómenos que probabilísticamente pueden ocurrir en cualquier año. De modo que la probabilidad de que exista una sequía este año, es similar a la que existe o han existido durante otros. Hay, sin embargo, algunas indicaciones que pueden ser consideradas positivas. La primera es que en el norte grande se presenta un año normal, y hay técnicos que sostienen que esta situación se relaciona con el comportamiento del clima en el resto del país. Se sabe que ayer ha llovido hasta por lo menos la provincia de Colchagua, lo que también es un fenómeno positivo para una parte significativa; pero no podemos hacer pronósticos seguros con respecto de lo que va a ser este año en materia de precipitaciones.
No quisiera entrar a menos que alguno de los Honorables Diputados lo desea pronosticar lo que podría significar la repetición del fenómeno de la sequía, tanto en materia de agua potable como de regadío y energética, pero estoy dispuesto a responder cualquier consulta en cualquiera de estos temas. Quisiera hacer notar, eso sí y esto lo digo con la mayor responsabilidad y con un hondo sentido de preocupación de largo plazo, que existen estudios serios realizados por una organización denominada World Clámate Programo que pronostica un calentamiento de la atmósfera a nivel mundial del orden de 2 a 3 grados durante los próximos 50 años. En esta materia hay un rango en los pronósticos: hay quienes pronostican hasta 5 grados y otros, medio grado; pero el promedio de consenso es de 2 a 3 grados. Este es un fenómeno que está ocurriendo a escala mundial, sobre el cual nosotros como país, tenemos un control muy limitado, y puede tener efectos muy significativos y trascendentes sobre la naturaleza de los problemas hídricos en Chile. Es muy difícil pronosticar cuáles serán estos cambios, aunque existen estudios que derivan en algunos análisis potenciales de lo que podría significar para el país. En Chile, evidentemente, país muy extenso, las variaciones pueden ser diferentes; serán variaciones pluviométricas; en algunas regiones subirá la pluviometría. Se sostiene, por ejemplo, que el invierno boliviano se extiende un poco más al sur; que, si este fenómeno se produce, la línea de nieve del país puede subir a cerca de 500 metros, lo que se traduciría en un cambio muy notable en cuanto a la acumulación de agua para el regadío y en un fenómeno de inundaciones o de avalanchas que puede ser mucho más grave de lo que es ahora.
Este es un tema que lo dejo planteado. Es un tema que en la Comisión que se estructura estamos tratando y que nos tiene bastante preocupados.
Ahora, para terminar, señor Presidente, quiero sólo mencionar, brevemente, las medidas de largo plazo que el Gobierno está adoptando sobre estas materias.
Existe una reactivación del programa de inversiones en obras de riego. Este es un tema que este Ministro lo ha planteado reiteradamente. En beneficio del tiempo, no quisiera entrar en detalles, pero hablamos de iniciar 4 grandes obras de riego en este período.
Hay, además, créditos en negociación para mejorar las obras medianas de riego, tanto en materia de conservación como de asistencia técnica del Ministerio de Agricultura, y para la ley 18.450 de Fomento. Hay también un programa sobre manejo de cuentas. Todo ello está relacionado con este grave problema.
En seguida, tenemos un programa de saneamiento que estamos intensificando y sobre el cual, si ustedes lo desean, también podemos referimos con más detalle. Por otra parte, estamos haciendo un estudio para aplicar una reforma institucional de largo plazo en todo el sector infraestructura y, particularmente, dentro de ese sector, en el sector agua. Y, por último, estamos analizando modificaciones en la legislación de aguas.
Todas éstas son políticas de largo plazo que, si ustedes quieren, podemos revisarlas una por una con más detalle, pero ya me he excedido en el tiempo que inicialmente pensé en utilizar para exponerlas.
En síntesis, señor Presidente, la sequía ha sido este año grave, seria, en las regiones que he indicado; pero es menos grave que la de 1968. No es posible hacer predicciones firmes para este año respecto de cuál será el comportamiento climático, aun cuando podemos tener algunas esperanzas de que nos recuperemos. Estamos no sólo preocupados del problema sino que adoptando y planteando políticas para abordarlo en este sentido y en democracia.
El señor COLOMA (Vicepresidente).
Tiene la palabra el Ministro de Agricultura, don Juan Agustín Figueroa.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, hacer un par de reflexiones preliminares respecto del tema.
De los antecedentes se desprende que estamos sufriendo un tercer año consecutivo de sequía, hecho que ahora aparece como nuevo porque durante los dos años anteriores no se reconoció, prácticamente, ni se publicitó ni se adoptaron medidas concretas a su respecto.
En segundo lugar, quiero destacar que el efecto de la sequía es claramente potencial, no solamente acumulativo; es decir, cada zona de sequía es mucho más desastrosa en sí, en cuanto a su consecuencia, que la del año inmediatamente anterior.
En tercer lugar, cabe precisar que los efectos de la sequía son perfectamente distintos, tratándose de zonas de riego o de zonas de secano. En las primeras, el peligro radica, naturalmente, en que disminuyan los respectivos caudales, lo que en algunos lugares parece haberse cumplido. Pero, en las segundas las consecuencias son enormemente más graves, porque, normalmente, los campesinos en situación socioeconómica más vulnerable se encuentran allí ubicados, de manera que su mayor vulnerabilidad hace especialmente más graves las consecuencias del fenómeno.
Y, por último, quiero hacer resaltar, a grandes rasgos, que los efectos de la sequía tienen consecuencias de carácter productivo y social. Un efecto de carácter productivo es, naturalmente, la disminución de los respectivos rangos que se traducen en un decrecimiento del producto geográfico bruto agrícola, estimado por el señor Director de Indap en una cifra cercana a los 200 millones de dólares al año; y, desde el punto de vista social, está la situación de grave emergencia para los damnificados, cuyos mínimos vitales empieza ya a tocarles, que es más o menos lo que estamos comentando.
Por otra parte, quiero señalar brevemente, por orden cronológico, las medidas directas que se adoptaron en esta materia.
En julio del año pasado, el Instituto de Desarrollo Agropecuario de sus propias disponibilidades en ese momento, las que después recuperó por la vía del Ministerio de Hacienda invirtió una cifra solamente en números redondos de 435 millones de pesos. Esta inversión se realizó entre la I y la VII regiones y, favoreció a 22.800 familias. Abarcó un conjunto de programas; todos ejecutados: distribución de sacos de trigo, tratamiento de animales, profundización de pozos y un número de fardos de pastos.
Posteriormente, el 20 de agosto de 1990, se crea la Comisión Coordinadora y Asesora de Sequía, en virtud del decreto supremo N° 145. Se trata de una Comisión interministerial de funcionarios de alto rango, y sus facultades apuntan esencialmente a procurar toda la información necesaria sobre el tema y a proponer al Supremo Gobierno las medidas específicas que fuesen aconsejables.
A continuación el 1 de septiembre de 1990, se declaró zona de escasez de agua a las regiones IV, V, VI y Metropolitana, en virtud del decreto supremo respectivo, publicado en el Diario Oficial de ese día. Cabe recordar que, en virtud de tal declaración, es posible intervenir los cauces respectivos para asegurar una equitativa redistribución del recurso.
Posteriormente, con fecha 14 de febrero de 1991, se prorrogó la declaración de zona de escasez de agua, incluyendo también a la provincia de Nuble, de la Octava Región.
Después, viene una normativa legal de extraordinaria importancia, conformada por tres decretos supremos: de 29 de octubre y 13 de diciembre de 1990, y de 15 de febrero de 1991, en virtud de los cuales se declara zona de catástrofe a diversas comunas entre la Tercera y Séptima Regiones. Las consecuencias vividas y prácticas de estos instrumentos son de gran envergadura, porque, en primer lugar, "gatillan" el sistema general que contempla la ley N® 16.282, sobre sismos y catástrofes. Por otra parte, en razón de su dictación, hace aplicables las flexibilizaciones necesarias y correspondientes del denominado 2 por ciento constitucional.
Posteriormente, el 7 de diciembre de 1990, en virtud del decreto supremo N° 280, se designa al Director Nacional de Indap como autoridad responsable para enfrentar la sequía. Se concede una serie de autorizaciones y se adoptan algunas medidas concretas que, específicamente, quiero enumerar. En primer lugar, se señala que, con cargo a los fondos que se pongan a disposición de Indap, se podrá: primero, otorgar programas especiales de crédito; segundo, financiar, directamente o a través de otros organismos, proyectos especiales de inversión o de contratación de mano de obra; tercero quiero destacarlo también, otorga subvenciones para agua potable y abastecimiento alimentario.
Este mismo cuerpo legal tiene una muy importante introducción cuando previene que los demás servicios deben poner a disposición del Director de Indap, para estos efectos, los recursos materiales y humanos necesarios, con el objeto de que cumplan debidamente su cometido. Persigue también llamar a propuestas o subastas públicas para hacer más operativo el sistema, se ratifican las medidas adoptadas con anterioridad a esa fecha y se flexibilizan los concursos de riego, lo cual tiene mucha importancia porque se les ha dado una connotación práctica y necesaria.
Con todo este cúmulo de herramientas legales e institucionales, se implementa el programa general de sequía, documento de gran relevancia, en el cual se consignan específicamente los distintos esquemas consultados para enfrentar el flagelo. Me referiré a los más importantes.
En primer lugar, considera el mejoramiento de abastecimiento de agua de bebidas el que, como podrá fácilmente comprender esta Honorable Cámara, tendría, naturalmente, la más esencial prioridad. En segundo término, elaborar un programa general de empleo. Un tercer aspecto dice relación con programas de alimentación, tanto a nivel escolar como familiar. En cuarto lugar, consulta un programa para los efectos de alimentación, traslado, mantención y saneamiento del ganado. El quinto punto se refiere a un programa de riego. Y, por último, está el programa de estimulación de precipitaciones. Estos son los programas fundamentales cuya enumeración tiene mucha importancia, porque los estudios que se van realizando y las informaciones que se están entregando a los señores Diputados, posteriormente van consignados por regiones y por comunas, conforme al número y programa aplicados a cada una de ellas.
Ahora, ¿Cuáles son las ayudas específicas, traducidas en dinero, que se han otorgado a través de la Comisión Nacional de Sequía? Además de aquella cantidad gastada inicialmente por Indap, de 400 y tantos millones de pesos, en noviembre de 1990 se asignan 393 millones de pesos, los cuales cubren un desglose de programas y de regiones que están señalados en el cuadro de resumen respectivo que tienen a su disposición los señores Diputados. Los programas realizados fueron 184; 393 millones, los gastados; 93 mil personas, los beneficiados; y, con ellos, se generaron 4.080 nuevos empleos.
Posteriormente, en febrero de 1991 se ponen directamente a disposición de la Comisión, 1.000 millones de pesos, que correspondían a un sobrante especial para afrontar gastos por 1.197 millones de pesos. Aquí están nuevamente los 345 proyectos, por dicho monto de 1.197 millones de pesos; fueron 155 mil los beneficiarios, y 8.815 los nuevos empleos.
En abril de 1991, el Programa Mundial de Alimentación pone a disposición de Chile trigo por un valor, puesto en bodega dentro del país, de 1 millón 500 mil dólares, el cual, con los recursos que, a su vez, Chile debe poner a disposición para el cumplimiento de este programa, se llega a una cifra cercana a su publicación. Además de lo que ha gastado la Comisión Nacional de Sequía directamente, hago especial hincapié en los auxilios que se han prestado a través de otros servicios.
En primer lugar, me refiero a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en la cual se distinguen los períodos octubre-diciembre de 1990 y enero-marzo de 1991.
Respecto del período octubre-diciembre de 1990, en época de escolaridad, la alimentación estaba referida a los días feriados, sábados y domingos, para los niños que, normalmente, eran alimentados en la semana. En estos se gastaron 33 millones de pesos en 13 mil 25 beneficiados.
El programa enero-marzo de 1991, tiene mucho mayor importancia, porque está referido al período de vacaciones, durante el cual todos los días se dio alimentación al mismo número de niños que, normalmente, eran alimentados los fines de semana. En este programa especial, se gastaron 260 millones de pesos, beneficiándose a 19 mil 314 personas.
Por otro lado, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, siempre siguiendo los mismos proyectos elaborados por la Comisión Nacional de Sequía a los cuales me he referido, ha gastado la cifra de 781 millones de pesos, en el cumplimiento de ' 161 proyectos distintos; el Ministerio de Obras Públicas, de fondos extraordinarios, ha gastado 1.194 millones de pesos.
Además, para este período del año, ha adelantado obras que se iban a realizar en el resto del año, por un total de 4.200 millones de pesos.
Señor Presidente, éstas son las cifras finales, de suma importancia, gastadas por la Comisión Nacional de Sequía, por Indap y por otros servicios. Al mencionar cifras de otros servicios, me refiero tanto a la cantidad que va de la austera obras públicas, como a lo que se gastará por el Programa de Alimentación.
Lo gastado por la Comisión Nacional de Sequía, asciende a 2 mil 828 millones de pesos; lo gastado o adelantado por otros servicios, a 6 mil 469 millones de pesos. Las dos cifras, sumadas, dan 9 mil 297 millones de pesos. Estos son los recursos públicos que se han destinado para el ejercicio, durante este período.
Además de las medidas de carácter económico, se han adoptado otras de gran importancia.
A petición del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Justicia ofició a la Excelentísima Corte Suprema para que hiciera saber a las Cortes de Apelaciones, y éstas a los jueces de sus respectivas jurisdicciones, el procedimiento de suspensión de remates judiciales en aquellas zonas declaradas de catástrofe, según lo establece el artículo 8° de la ley N° 16.282, lo que, efectivamente, está comunicado. Así nos lo ha hecho saber por el oficio respectivo, el señor Ministro de Justicia.
Existe un instrumento que, a mi juicio, tiene especial importancia. Es un decreto supremo, actualmente en tramitación, que contempla las siguientes medidas concretas:
1)La autorización en el artículo 1° letra a)al Servicio de Impuestos Internos para que condone intereses, reajustes, multas y sanciones, por el no pago oportuno de los impuestos respectivos;
2)La facultad para prorrogar las fechas de pagos de los impuestos, hasta 360 días, en la zona declarada "de catástrofe"
3)La retasación de bienes raíces y su calificación en función de su potencialidad de riego. Hasta donde tengo conocimiento, se hace un distingo de gran trascendencia en función de la potencialidad de riego, porque se permite que la tasación del bien raíz no solamente diferencie un bien raíz de riego, otro de secano, sino que también pondere sus reales posibilidades de riego: si son permanentes o si son eventuales.
Daré lectura a la disposición respectiva:
"Para los efectos de la retasación, se ponderará, especialmente, si las propiedades son de riego permanente o eventual; en este último caso, la naturaleza y limitaciones de tal eventualidad".
Como es de conocimiento de los señores Diputados, como consecuencia de la sequía se hacen mucho más virulentos y mucho más extensos los incendios forestales. Para precaver esta situación, se llegó a un convenio entre Conaf y Bomberos de Chile, que establece un sistema de muy expedita colaboración, en el cual Conaf tiene la obligación de aportar al Cuerpo de Bomberos algunos materiales indispensables para el combate de los incendios forestales.
Por otro lado, se ha ido a un plan general de rehabilitación de obras de riego entre las Regiones Cuarta y Quinta, con el objeto de generar empleos en aquellos lugares. En la Cuarta región, tengo un listado de canales que se están examinando. En la Quinta Región, hay algunas obras de unificación de canales y canales nuevos en partes menores.
El Instituto de Desarrollo Agropecuario, además, ha adoptado las medidas necesarias para flexibilizar sus labores de transferencia tecnológica y de asistencia crediticia, para aplicarlas especialmente en los lugares amagados por la sequía.
Por otro lado, hemos iniciado contactos preliminares con la Fuerza Aérea de Chile, con el objeto de establecer algún sistema de colaboración para el programa de estímulo de precipitaciones, con el fin de precaver una situación semejante a la que estamos viviendo.
Ahora, me referiré brevemente a una inquietud planteada reiteradamente en relación con el 2 por ciento constitucional.
Como es de conocimiento de los señores Diputados, el referido 2 por ciento es un recurso que establece la Carta Fundamental, el cual, en el fondo, es de flexibilización presupuestaria, pues permite realizar gastos que exceden los respectivos ítemes señalados en la Ley de Presupuestos. Pero subrayo que no es un fondo de recursos; o sea, no indica fuentes de financiamiento, sino solamente flexibilidad en cuanto al gasto. Naturalmente, tales fuentes consisten en nuevos recursos tributarios que no están establecidos, o un endeudamiento que requeriría autorización expresa del Parlamento. De manera que reitero el 2 por ciento constitucional es solamente una vía de flexibilidad; no de recursos, salvo ley especial en contrario.
Por lo demás, este sistema de flexibilidad según me ha informado el señor Director de Presupuestos está consagrado en la ley.
Si se nos pregunta cuáles son las perspectivas futuras, debemos ponemos en dos situaciones distintas:
La primera consiste en que si la situación de sequía se mantuviese durante un año más lo que, estadísticamente, no se ha producido antes en Chile, los desastres serían de magnitudes gigantescas y no sólo en lo agrícola, ya que en algunas concentraciones urbanas podría haber disminución en el suministro de agua potable.
Si quisiéramos dimensionar este hecho, sería muy difícil, porque habría que pensar en que el límite máximo de gasto significaría mantener a 35 mil familias durante un año, porque no tendrían re cursos para subsistir.
La segunda situación se generaría si este año no fuera seco. Quiero destacar que esto no significa que los males causados por la sequía desaparecerían inmediatamente, porque muchos de ellos implicarán mantener nuestra asistencia a los damnificados, por ejemplo, para el restablecimiento de la masa ganadera y de ciertos cultivos. Respecto de la pérdida de cultivos no anuales, sino permanentes, habrá que seguir contando con recursos de carácter extraordinario; de manera que será indispensable mantener las estructuras esenciales que nos han permitido hacer frente a este fenómeno.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
En el tumo del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Julio Rojos.
El señor ROJOS.-
Señor Presidente, Honorables colegas, cuando tenemos que analizar la angustiosa situación provocada por la sequía en importantes zonas del país, debemos hacerlo con la seriedad y responsabilidad que el caso requiere. Nadie está exento de los efectos multiplicadores de la sequía, por muy alejado del epicentro que se encuentre, pues éstos han sido devastadores.
La prolongación de la sequía por largos tres años ha significado escasa disponibilidad de agua para el consumo humano en extensas zonas del país, con el consecuente debilitamiento de la salud y aumento de enfermedades infecciosas. También ha significado una dramática falta de alimentos para amplios sectores de la agricultura de subsistencia.
En lo económico, el efecto de la sequía ha sido devastador para la agricultura y la ganadería, ya que ha ocasionado pérdidas en las cosechas, sobre todo en el secano, y mortandad de animales, fudamentalmente caprinos.
En lo social, los testimonios de este drama son evidentes: el encarecimiento de los productos de primera necesidad, la cesantía y falta de ingresos en la población rural y el aumento de la marginalidad urbana, han terminado por afectar a todo el país.
Debemos preguntamos el porqué de estos efectos desastrosos y cuáles son las zonas más afectadas.
La respuesta es obvia: las zonas más afectadas, como lo señaló el señor Ministro, son las tierras de secano y aquellas que no cuentan con infraestructura ni seguridad de riego.
Esta emergencia ha puesto de manifiesto el error de algunas prácticas económicas que frenaron el desarrollo de la infraestructura de riego que se venía generando en décadas pasadas. No debemos olvidar que, durante los 17 años del gobierno anterior, no se construyó ninguna obra mediana ni grande de riego, y que la gran mayoría de los pozos profundos de propiedad de la Corfo, de la Cora y de otros organismos estatales, se privatizaron.
La falta de una política de riego adecuada ha producido un gran varío, que costará muchos años remediar. La única manera de evitar tan serios y reiterados problemas es construyendo obras de riego que permitan asegurar que se dispondrá del agua necesaria.
Señor Presidente, la segunda razón que, a mi juicio, ha agravado este problema, es que hoy existe un aparato estatal disminuido y empobrecido, que no puede reaccionar con la eficiencia requerida ante una emergencia como la que estamos sufriendo. A modo de ejemplo, en Illapel, ciudad que forma parte del distrito que represento, la oficina local de Indap tiene solamente cuatro funcionarios, dos de los cuales son administrativos, y sólo un vehículo para atender la zona más afectada del país. La Dirección Provincial de Aguas, por su parte, cuenta con un funcionario y un vehículo.
La Dirección de Riego no existe en la provincia. Pero no debemos olvidar que durante el gobierno anterior la Administración Pública fue disminuida drásticamente.
En estos días, hemos leído declaraciones de algunos parlamentarios sobre el problema de la mosca de la fruta que se ha presentado en la ciudad de Coquimbo. En ellas, solicitan aumentar el personal y los recursos para el SAG, lo que confirma nuestra inquietud. En verdad, nos encontramos con una Administración Pública empequeñecida en personal y en recursos, la que, en estos momentos, hace un esfuerzo sobrehumano para responder con la urgencia que las circunstancias lo requieren.
Pero lo más grave, no obstante los esfuerzos del Gobierno, es que existen municipios con recursos y personal que se han negado sistemáticamente a colaborar con la Comisión Nacional de Sequía; y si lo han hecho, su intervención ha sido tardía, o han presentado proyectos totalmente fuera de contexto.
Por otro lado, la sequía ha venido a revelar el drama de la pobreza rural. Este fenómeno fue mensurado en los años 70, y alcanzaba a un 25 por ciento. Hoy, con los adelantos de la técnica y el éxito de la agricultura de exportación, los índices superan el 55 por ciento. En estas cifras tienen gran incidencia las comunidades agrícolas del Norte Chico y los agricultores del secano costero. Este es un problema que debe avergonzamos. La pobreza rural, no por el hecho de no ser vista a diario como la urbana, deja de existir en toda su dramática realidad. Es necesaria una acción frontal y sostenida para vencerla.
Durante los dos primeros años de sequía, la preocupación del Gobierno democrático ha sido evidente, comparada a la casi nula acción del régimen anterior. A cuatro meses de asumir el Presidente Aylwin, y luego de diversos estudios, como lo puntualizó el Ministro, se dictó, el 13 de agosto de 1990, el decreto supremo N° 188, del Ministerio de Obras Públicas, que declara zona de escasez de agua al territorio comprendido entre la Cuarta y la Séptima Regiones. El 20 de agosto, se dictó el decreto supremo N° 125, del Ministerio de Agricultura, que creó la Comisión Nacional de Sequía. El 25 de octubre, el Presidente de la República declaró zonas de catástrofe a 17 comunas de las Tercera, Cuarta y Quinta Regiones. El 7 de diciembre, el Ministerio del Interior dispuso los medios para paliar la crisis en estas comunas. El 29 de diciembre, el decreto supremo N° 872, aumentó el número de comunas declaradas como zona de catástrofe. Y el 11 de marzo de este año, la Comisión Nacional de Sequía informó que, entre la Tercera y Séptima Regiones, las comunas declaradas en dicho estado son 49, y, además, estableció que la situación afecta a unas 30 mil familias y que los daños económicos ascienden a 200 millones de dólares. Además, la Comisión recomienda que se continúe con los programas de abastecimiento y mejoramiento del agua de bebida y reforzamiento del apoyo crediticio para mantener una masa ganadera seleccionada.
Durante el año 1990, la Comisión contó con 835 millones de pesos, aproximadamente. Para este año, el Ministerio de Hacienda le aprobó fondos del orden de los 1.200 millones de pesos.
Por otro lado, hasta marzo de este año se habían invertido más de 5 mil millones de pesos provenientes de otras fuentes de financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Ministerio de Obras Públicas, Indap, Fosis, Junaeb, etcétera. Debemos destacar que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas también proporcionó alimentación en dichas comunas durante el período de vacaciones escolares. Hoy el Instituto de Desarrollo Agropecuario dispone de fondos para créditos normales, por 3.304 millones de pesos y para créditos especiales, por 300 millones de pesos.
La simple enumeración de las acciones descritas, adoptadas y materializadas apenas a cuatro meses de asumida la actual Administración, ponen de relieve la premura con la que el Supremo Gobierno abordó, luego de dos años de pasividad, el problema de la sequía, y constituyen una evidencia fehaciente que destruye la aseveración de los sectores de Oposición, que sostienen que el Gobierno tardó en tomar medidas frente a la emergencia.
Pero esta acción puede y debe ser complementada a la brevedad. Sin duda, se necesitan mayores recursos para enfrentar el problema.
Asimismo, se deben iniciar los estudios, por parte del Ministerio de Agricultura, para modificar la ley N° 18.450, que fomenta las obras de riego, en el sentido de prorrogar la vigencia de sus medios de fomento, pues vencen el año 1993; modificar la ponderación de los puntajes de asignación y ajustar sus disposiciones y las del reglamento a la situación geográfica del país, simplificando sus procedimientos y morigerando sus exigencias, para eliminar los obstáculos que impiden el acceso al subsidio de los pequeños agricultores.
También urge el estudio y dictación de un nuevo Código de Aguas. La sequía ha demostrado cuán equivocados estaban los creadores del Código de Aguas que nos rige. Por ejemplo, sólo admite la intervención de la Dirección General de Aguas en los conflictos producidos en las juntas de vigilancia, pero no en los originados en las asociaciones de canalistas, como se contemplaba en el Código anterior. Con la sequía, estos conflictos entre los usuarios se han multiplicado y no se han podido intervenir por falta de atribuciones legales para hacerlo.
Hoy requerimos de la solidaridad de todo el país, de la acción del Gobierno y de la decisión del Poder Legislativo para enfrentar el problema con energía y decisión. En esto no puede haber partidismo, es una tarea de todos. Se necesita un esfuerzo colectivo. Dispongamos nuestra mente para generar las soluciones, y empleemos el corazón para comprender, de verdad, esta realidad tan dramática y tan cercana.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
tiene la palabra el Diputado señor Eduardo Cerda.
El señor CERDA.-
Señor Presidente, comparto plenamente lo expresado por el Diputado señor Julio Rojos.
También deseo informar que dentro del distrito que represento existen varias comunas seriamente afectadas, tales como Petorca, Cabildo, La Ligua, Zapallar, Papudo, Puchuncaví y Nogales, todas declaradas zonas de catástrofe, con excepción de Papudo, donde se ha incurrido en un error que espero sea corregido a la brevedad.
Asimismo, queremos expresar que los fondos destinados por el Gobierno hasta el momento especialmente para revestir canales, instalar agua potable en zonas rurales, financiar el fondo especial de la Junta de Auxilio Escolar y Becas y el Fondo de Desarrollo Regional, según cifras entregadas ayer por el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano, significan una inversión en las regiones de sequía de alrededor de'5 mil millones de pesos.
Dentro del breve tiempo que me corresponde, plantearé dos cosas centrales, relativas a medidas urgentes que se deben adoptar para acudir en ayuda de los sectores tan gravemente afectados por la sequía.
En primer lugar, postergación del pago de las cuotas de las parcelas Cora en las comunas declaradas zonas de catástrofe; es decir, posponer la que se debe pagar el 30 de junio de este año hasta el año posterior al de la última cuota.
En segundo lugar, postergación inmediata de la primera y segunda cuotas del pago de contribuciones de bienes raíces de 1991, que deben pagarse en abril y junio del presente año, para los meses de octubre y diciembre de 1991, en atención a que la tercera cuota vence en septiembre y la cuarta en noviembre. De este modo no coinciden en un mismo mes. Durante el período de postergación, podrá estudiarse una condonación del pago de contribuciones para aquellos bienes raíces rurales gravemente afectados, ubicados en las comunas declaradas como zonas de catástrofe, en caso de que la sequía continúe. En 20 días más vence el pago de la primera cuota, y esta medida debe adoptarse en forma urgente.
Al respecto, solicito que se envíe un oficio al señor" Ministro de Hacienda, en mi nombre, en el de los Diputados democratacristianos, y ojala también en nombre de la Cámara, para que estas medidas puedan tomarse de inmediato a fin de remitir los respectivos proyectos los cuales deben ser tramitados con mucha urgencia.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Se enviará el Oficio en la forma solicitada por el señor Diputado, en su nombre y en el del Comité Demócrata Cristiano.
Varios señores Diputados.-
¡En nombre de toda la Cámara!
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, por unanimidad, se remitirá el oficio en nombre de la Corporación.
Acordado.
El señor CERDA.-
En tercer lugar, es fundamental diseñar una política de riego, la cual es de imperiosa necesidad, porque durante muchos años no se ha destinado ningún recurso para embalses ni obras de riego adicionales. Los embalses que existen en la zona más afectada por la sequía, me refiero específicamente a la Cuarta Región La Paloma, Cogotí, Recoleta, se iniciaron durante la década del 50; otros, en la década del 60; pero posteriormente no se ha construido ningún embalse.
Este año hay recursos en el Presupuesto para comenzar la construcción de tres embalses: uno, en la Tercera Región; los otros dos, en la Sexta y Séptima Regiones. Aprovechando la presencia del Ministro, con quien he conversado muchas veces, quiero plantear la urgencia de que se terminen pronto los estudios hay fondos para ello en el Presupuesto de este año del embalse Los Angeles. Debo destacar que la Quinta Región, zona que proporciona al país una enormidad de divisas' por las exportaciones, especialmente provenientes de su agricultura, no cuenta con ningún embalse en este momento. Y el embalse Los Angeles contribuiría a solucionar problemas en Petorca, Nogales, La Calera, Quillota, Limache, y en sectores costeros, como Puchuncaví.
Necesitamos una política de riego porque, según los informes técnicos, en nuestro país hay agua para la mayoría de estos sectores. El problema está en extraerla lo cual sería posible mediante, la construcción de gran cantidad de pozos para llevarla a los canales. Al mismo tiempo, a través de la ley N° 18.450 se pueden aumentar los recursos para tecnificar la agricultura y aprovechar el riego por goteo y por microaspersión, lo que es fundamental. También lo es pavimentar los canales, porque en otra sequía, o en ésta si continúa, el problema será gravísimo. No podemos pensar que la lluvia superará esta situación. Estas obras deben continuar porque la sequía y sus consecuencias, por lo menos, durarán bastante tiempo.
Además, discrepo de lo expresado por el Ministro señor Carlos Hurtado, en cuanto a que esta sequía es menos grave que la del año 1968. A mi juicio es mucho más grave. La diferencia está en que en los años 1968, 1969 y 1970, durante el Gobierno del Presidente Frei, se hicieron muchos sondajes para sacar agua de las napas subterráneas y se construyeron embalses en diferentes partes, gracias a la política que siguiera la CORA para efectuar obras, las que, sin duda, han paliado la gravedad del actual problema de la sequía; en cambio, en 1968 no había ninguna infraestructura para este efecto.
Para terminar, y con el objeto de que puedan hacer uso de la palabra los demás Diputados democratacristianos, considero que debe implementarse la política de riego para el sector agrícola y la destinada a dotar de agua potable a todos los habitantes. Estoy seguro de que las autoridades de Gobierno y así se desprende de sus expresiones ellos han desarrollado una política de riego importante para el país.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Ministro de Obras Públicas, señor Hurtado.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Sólo para aclarar mi pensamiento, tal vez no me expresé con la suficiente claridad.
Hidrológicamente hablando, la sequía de estos tres años es menor que la de los tres años anteriores. Son cifras estadísticas. Eso no significa y éste es el punto importante que económicamente esta sequía sea de un impacto menor que la otra, porque en el intertanto ha cambiado la Naturaleza y la demanda por el agua. Mientras en esa época muchos cultivos eran anuales y se podían sacrificar con cierta facilidad, en la actualidad en esas zonas se han hecho plantaciones y se ha incurrido en otro tipo de inversiones, lo que hace que la pérdida que pueda ocasionar la sequía sea de mucho mayor gravedad. Esa es la realidad.
Es todo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Ministro señor Figueroa.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
He oído con mucho interés la iniciativa de prorrogar el vencimiento de la obligación llamada "deuda ex Cora", para lo cual, efectivamente, se requiere de un texto legal.
Respecto de la prórroga para el pago del impuesto a los bienes raíces, quiero recordar nuevamente el decreto al cual aludí que está en tramitación en este instante y cuyo artículo 1°, letra b), señala: "Autorízase al Servicio de Impuestos Internos para adoptar las siguientes medidas: Prorrogar impuestos y fijar nuevas fechas de pago. Estas prórrogas no podrán exceder de 360 días.". De manera que la medida ya está adoptada administrativamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Joaquín Palma.
El señor PALMA (don Joaquín).-
Señor Presidente, la sequía que afecta a las zonas norte y central de Chile es un hecho grave, pero no nuevo. Al menos, no lo es para las Tercera y Cuarta Regiones, donde se produce cada cierto tiempo.
Tal vez el fenómeno no sea usual en zonas costeras más al sur de la Quinta Región.
Quiero plantear en esta sesión que, por ser de distinta naturaleza la sequía de la Tercera y Cuarta Regiones ella debe ser analizada y tratada de manera diferente.
La sequía al sur de la cuesta El Melón afecta a las economías agrícola y familiar de los habitantes de toda la zona costera; pero, en un año de regular pluviometría se resolverán rápidamente los problemas agrícolas. Por otra parte, sabemos que en esta zona hay grandes posibilidades de plantaciones forestales, lo cual podría cambiar sustancialmente su economía.
En las Tercera y Cuarta Regiones, en cambio, el problema es más profundo, pues es una zona árida, con régimen pluviométrico variable que produce ciclos de sequía de catastróficas consecuencias. No se trata de que el clima esté cambiando ahora, porque, por ejemplo, la estadística pluviométrica de Vicuña en los últimos 45 años demuestra que sólo en 14 ha llovido más de 100 milímetros, y en 11, menos de 50 milímetros. En 1979 y en 1988 cayeron menos de 10 milímetros de lluvia en esa zona; sólo en dos años ha sobrepasado los 200 milímetros.
No es nuevo el problema. Buscando antecedentes al respecto, encontré que ya don Vicente Pérez Rosales, en 1840 más o menos, decía del río Copiapó: "Este río, como los demás del norte, parece que sólo se conserva en calidad de testigo de lo que antes llovía en aquellas ardientes regiones, y nada más". Advierto que nadie antes pudo afirmarlo con certeza. Unos lo atribuyen a la destrucción de los bosques; otros, al cambio del eje de la tierra. Los argumentos se repiten, más o menos en los mismos términos, 150 años después. Por lo tanto, se puede tener la certeza de que la falta de lluvias en esta zona árida es permanente, de siempre, y no de ahora.
Es fácil entender, entonces, que en estas adversas condiciones la actividad económica haya sido siempre precaria para los más pobres.
La capacidad de alimentar a la gente en la zona es limitada, porque la población de Coquimbo, por ejemplo, ha ido perdiendo peso demográfico. En tiempos de don Vicente Pérez Rosales, por lo menos el 9,9 por ciento de la población de
Chile vivía en esa provincia; hoy sólo vive el 3,6 por ciento. Los mejores hombres fueron a buscar fortuna al norte en el salitre y el cobre, tal como lo hacen ahora, y poblaron Tarapacá y Antofagasta.
Hoy viven 800 mil personas en esta zona árida, y para ellas la sequía se ha transformado en una catástrofe. Por eso, nuestra responsabilidad es buscar el modo de acabar con esta precariedad reflejada en los índices de indigencia y pobreza, los mayores del país; en el subempleo que es la característica del trabajo, y en los problemas sociales, representados entre otros, por altísimos índices de hogares malo constituidos, hijos ilegítimos y madres menores de 18 años.
Nos enfrentamos nuevamente a una gran sequía, tal vez tan grave como las de 1967 y 1972, o aquélla de en los años 50. Por ello, pienso que no debemos dejar de tomar las decisiones que la gravedad de este problema, que se reitera, merece. No se trata sólo de siembras pérdidas o de ganado muerto, sino de la endémica pobreza de la región, cuya causa se debe, en definitiva, a la falta de lluvias, con todo el costo social que significa para el país. Debemos resolver teniendo en vista la actual sequía, tan grave para esta zona.
Para solucionar el problema de esas 800 mil personas, hay que invertir en riego y en tecnología, lo que por desgracia no sé ha hecho en los últimos 20 años. Durante los gobiernos de los Presidentes Alessandri y Frei se construyó el embalse La Paloma, inversión que seguramente se pagó al salvarse las cosechas en los años malos. Pero desde que se inauguró el embalse, en 1967, nada de importancia se ha construido en obras de riego en la zona. El gobierno militar, como aquí lo han dicho otros parlamentarios, implemento un sistema de subsidios a obras menores, el cual benefició muy poco a la zona, debido a sus peculiares características. Lo mismo se puede decir de los subsidios forestales. En verdad, la realidad de la zona no le permite competir con otras de más al sur sin antes incurrir en grandes inversiones.
Queremos una solución definitiva para las 150 mil hectáreas que hay desde la cuesta El Melón hasta Copiapó con variedades agrícolas excepcionales, las que, bien cultivadas, producirían tanto como en Israel.
El problema de la sequía no debe resolverse únicamente sobre la base de labores de asistencia, aunque concideramos que ellas son necesarias.
Por esa razón, quiero proponer al señor Ministro un plan de trabajo que pretende resolver la cuestión de fondo, consistente en asegurar el riego y en mejorar la tecnología agrícola. Se trata de implementar un plan decenal, porque hay que preparar con tiempo el desarrollo del programa. Entiendo que no es posible pedir que se realicen obras de alto costo en un plazo muy cortó. Por eso, debemos pensar en un plan decenal de desarrollo de las zonas áridas, con una inversión, de aquí al año 2000, de unos 30 millones de dólares anuales en obras de riego y en tecnología. En total, se invertirían más o menos 300 millones de dólares en diez años, cantidad menor que la empleada en la construcción de embalses y obras de riego en el valle del río Limarí entre 1930 y 1960, y menor de la que se planea invertir sólo en poco más de cinco kilómetros del Metro hasta La Florida, obra que yo, al menos, considero de mucho menor importancia.
El señor SOTA.-
Son obras que no es posible comparar.
El señor PALMA (don Joaquín).-
De acuerdo con este plan, en diez años se construirían, en forma ininterrumpida, cuatro embalses: en los ríos Huasco, Elqui, Choapa, y uno en la provincia de Petorca; se complementarían y mejorarían los canales de todos los valles; se importarían técnicas de riego adecuadas para mejorar la productividad y el ahorro de agua; se realizaría un plan de forestación; se resolverían los problemas de agua potable de la costa al sur de La Serena, ciudad que para el año 2000, se habrá convertido en un centro urbano de más de 300 mil habitantes, cuya población se duplica durante el verano.
Para llevar a efecto y administrar este plan, se podría pensar en la creación de un organismo autónomo regionalizado, con personería y capital propios, cuya autoridad máxima sería el Ministro de Obras Públicas, pero independiente de esa Secretaría de Estado. Este ente autónomo estaría a cargo de un vicepresidente ejecutivo, un directorio adecuado y tendría su asiento en La Serena, ciudad que, justamente, es el centro de toda esa zona.
La meta final no será otra que asegurar el riego para la agricultura regional actualmente es del 40 por ciento, como promedio hasta en un 85 por ciento, aumentando, de paso, a 20 mil las hectáreas de riego y duplicando las plazas de trabajo agrícola.
He sido informado de que hay créditos disponibles en el mercado mundial para financiar este tipo de obras, porque en otros países más desarrollados ellas ya no se están realizando. Si somos capaces de llevar adelante esta iniciativa, al cabo de 10 años tendríamos invertidos 300 millones de dólares y habríamos resuelto definitivamente el problema medular de la sequía y de la inseguridad de riego, el problema medular de los valles.
Aproximadamente, en Huasco se invertirían 50 millones; en Elqui, 150 millones; en Limarí, 20 millones, con el objeto de mejorar los sistemas de canales; en El Choapa, 30 millones a fin de hacer un embalse de curso medio, y en Petorca 20 millones para construir algunos embalses. El resto se invertiría, durante 10 años, en desarrollo tecnológico, para permitir riego moderno y adecuado.
Creo que esta es una oportunidad apropiada para plantear a los señores Ministros la necesidad de resolver, en forma seria, el problema de la sequía al norte de la cuesta El Melón y adoptar un plan como el propuesto cumple con el objetivo, no es caro, comparativamente, para el erario y, además, créditos que se podrían conseguir para tal efecto.
Los Gobiernos anteriores no plantearon la solución del problema en su globalidad, hoy debemos hacerlo porque tenemos hacia adelante, con toda seguridad, años de buen desarrollo económico y años de verdadera estabilidad política.
He dicho.
El señor HURTADO.- (Ministro de Obras Públicas).-
¿Me permite una observación?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Señor Presidente, lo planteado por el Diputado señor Palma corresponde a una inquietud extraordinariamente legítima, pero que no afecta sólo a la zona árida que él representa, porque los problemas de regadío se extienden desde Arica a Magallanes, o sea, a todo Chile.
Este Gobierno, en su estrategia, ha definido un programa de emergencia de grandes obras de riego, en el cual estamos abordando, como mencionaba, cuatro grandes obras, que son el embalse El Toro, El Canal Pencahue, El Canal Laja-Diguillín y una primera etapa del embalse Convento Viejo. Esto se inicia en el mes de abril y se va a llamar lo voy a anunciar aquía la primera licitación para iniciar la construcción de las obras del Canal Pencahue. En el caso de El Huasco, se están todavía haciendo algunos estudios, esenciales para determinar el emplazamiento del embalse, y en el del Canal Laja-Diguillín he estado hace poco con los regantes y se están negociando las condiciones en que ellos van a pagar las obras. Faltan algunos detalles de ingeniería para también iniciar los trabajos. Finalmente, en el caso de Convento Viejo, se va a usar un pequeño embalse, que se hizo para desviar el estero, para realizar una primera etapa de esa obra de 36 millones de metros cúbicos, que va a mejorar significativamente el regadío de toda esta zona. Esas son las obras de emergencia que se realizan en este período.
Sin embargo, recojo la inquietud del Diputado señor Palma, y ésa es la política del Gobierno que se ha estado llevando adelante en la Comisión Nacional de Riego, que preside el Ministro de Economía e integran los Ministros de Agricultura, de Odeplán, de Hacienda y de Obras Públicas, para elaborar un plan nacional de riego, lo que no significa postergar la iniciación de otras obras, porque algunas ya tienen sus estudios avanzados. Pero se tiene que hacer un análisis cuidadoso de las distintas inversiones que existen en este sector y evaluarlas objetivamente. Son pocas las provincias que no tienen su proyecto de regadío, de manera que si no se hace un estudio muy objetivo y cuidadoso, se corre el peligro de incurrir en in equidades.
Para terminar, recojo la idea del Diputado señor Palma la encuentro muy interesante, porque siempre hemos estado pensando en el concepto de cuenca, cuenca grande, pero evidentemente para algunas regiones, como la Tercera y la Cuarta, se podría pensar en una institucionalidad de más alcance, que cubra probablemente en forma más amplia ya no la cuenca de los ríos, que son pequeños, sino que cubra la región completa. Esta es una idea que evidentemente debemos tener en consideración.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Velasco.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, la sequía, debido a la falta de lluvias, que se viene produciendo desde 1988, configura hoy, entre la Tercera y Octava Regiones, un cuadro realmente desolador. Esta situación, flagelo de la naturaleza, ha alcanzado un grado de catástrofe en diversas comunas, fundamentalmente por la falta de agua de bebida y riego, y la desocupación que ha creado la disminución de los cultivos y de la masa ganadera, la cual, con menos alimento, se ha traducido en una menor cantidad de animales por hectárea y pérdidas en pariciones.
Según la Comisión Nacional de Sequía, creada el año pasado, las pérdidas agrícolas y ganaderas en estas zonas son irremediables en el corto plazo. Las comunas declaradas en catástrofe son 49 en el país. El daño social está sobre las 30 mil familias afectadas gravemente en su extrema pobreza y en sus fuentes de trabajo. Las pérdidas, producto de esta grave situación, comprenden un daño económico estimado sobre los 200 millones de dólares.
Además, a esto se suman los perjudiciales incendios forestales, que son el agente que mayores pérdidas ocasiona al medio ambiente, las cuales son irreparables, al margen de ser la génesis de otros trastornos ecológicos. Es así como los incendios forestales tienen una estrecha e íntima relación con los problemas de sequía que hoy se analizan en esta Cámara, situación que el común de la población no logra percibir. Estos incendios forestales destruyen la degradada cubierta vegetal que protege las cuencas hidrográficas. Por otra parte, las quemas en las quebradas imposibilitan el abastecimiento de agua a los tranques, ya que no poseen el agente natural de regulación del régimen hídrico: la vegetación.
Las cifras hablan por sí solas. En la Quinta Región, unas 450 mil hectáreas de terreno de riego y secano, han sido dañadas en diferentes grados. De las 37 comunas existentes, 11 han sido declaradas zonas de catástrofe, lo cual afecta muy particularmente la provincia de San Antonio y la Comuna de Casablanca.
Para comprender cabalmente el problema, quiero referirme a una realidad que conozco desde muy cerca: la de los valles de Casablanca y Cuncumén, en la comuna de San Antonio. La superficie agrícola en el valle de Casablanca, en su mayor parte, es suelo de secano. El riego eventual lo proporcionan los diversos tranques que existen desde hace muchos años y que acumulan sus aguas a trávés de las lluvias. Con la prolongada sequía que ha afectado a la zona, ya se han secado totalmente los tranques de Pitama, Vinilla, Los Perales, Orrego, Carpintero, Ovalle, El Batro, Orozco, El Toqui, El Boldo, San Jerónimo, por nombrar sólo algunos.
En un año normal, cuentan los parceleros de la zona que en los alrededores se producía alfalfa para el consumo de toda la región; maíz suficiente para comercializar en el exterior y todo tipo de hortalizas que surtían los mercados de Valparaíso y Santiago. Además, los de mayor envergadura eran utilizados para actividades náuticas, debido a que sus aguas de estanco eran fuentes de refresco y esparcimiento para familia completas.
Al observar la triste imagen de estos embalses, se recuerda a simple vista los interminables salares del norte. Su sequedad es extrema. Los lugareños de la zona me señalaron que desde 1968 no se producía algo así. Es un espectáculo desolador, triste y doloroso.
Las soluciones provisorias no bastan. Es necesaria la terminación del proyecto de riego del río Maipo, también conocido como "El Canal de la Prosperidad", que quedó inconcluso en Curacaví.
El proyecto Maipo, o Canal Maipo-Peñuelas, permitiría regar una superficie de alrededor de 330 mil hectáreas, abarcando la totalidad de la superficie agrícola de la Región Metropolitana, parte de la Quinta Región, incluyendo los valles de Maipo, Mapocho, Puangue, Casablanca, Yali, Alhué, y los sectores costeros ubicados entre el estero de Casablanca y el río Rapel. Los beneficios serían múltiples: absorción de manos de obra cesante, regadío para estos áridos valles, forraje para los animales, etcétera, lo que permitiría la exportación de diversos productos. Gran parte de los estudios técnicos ya han sido realizados; bastaría actualizarlos para ponerlos en ejecución.
También es importante considerar, como aquí se ha señalado, que durante los 17 años del gobierno militar no se construyó ninguna obra de regadío, mediana ni grande. El ciento por ciento de la red de riego data de hace casi cien años y no se ha hecho mantención o reparación alguna, lo que la hace extremadamente ineficiente. La gran mayoría de los pozos profundos de propiedad de Corfo, Cora y otros, que suman alrededor de 4 mil 800 se privatizaron, y por el no uso quedaron obsoletos.
La ley de privatización del agua tiene un impacto negativo en lo que se refiere a su distribución durante los períodos de escasez. El abandono del sector rural ha aflorado en forma dramática; el estado de pobreza en que se encuentran los trabajadores del agro, una vez más, golpea, la conciencia nacional. La sequía ha evidenciado este hecho en forma irrefutable.
Durante los dos primeros años de sequía, el gobierno militar no reaccionó y, lo que es peor, se mantuvo al margen y ni siquiera fue capaz de constituir un organismo, como la actual Comisión Nacional de Sequía, para afrontar este delicado problema.
Señor Presidente, me parece de vital importancia atacar el fondo del problema, evitando así que las economías y el bienestar de nuestras comunas queden a merced de fenómenos climatológicos.
El agua es sinónimo de productividad, sinónimo de vida.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ortega.
El señor ORTEGA.-
Señor Presidente, como es sabido, la hoya hidrográfica del río Maulé tiene, fundamentalmente, dos objetivos centrales: la generación de energía hidroeléctrica y el riego.
En épocas pluviométricas normales no debieran presentarse problemas graves en los distintos usos del vital elemento; pero, en tiempos de sequía y, por lo tanto, de escasez, se plantea la necesidad de regular su uso en una combinación adecuada entre estas distintas alternativas, especialmente en casos como el de la Laguna del Maulé, en que las reservas de recursos hídricos están en uno de sus niveles históricos más bajos.
La presión que ejercen las empresas por producir energía hidroeléctrica en invierno, cuando es necesario llenar los embalses, disminuye el potencial de agua para riego en primavera y verano, en que es requerida por la agricultura regional. Existe, por lo tanto, una tensión entre los intereses de las empresas eléctricas y los de los agricultores, la que se ha hecho crítica en tiempos de sequía.
De allí, entonces, que definir una política frente al tema del uso de las aguas y analizar la legislación vigente en relación con su equidad y eficacia para garantizar el bien común, pasa a ser el problema central en la protección efectiva de los intereses nacionales, especialmente en tiempos de sequía.
En el gobierno pasado hubo dos decisiones que afectaron gravemente el uso equilibrado y racional de las aguas del Maulé. Me refiero a la modificación de la legislación referido a este sector, especialmente del Código de Aguas, y a la privatización de Endesa, con el traspaso de los derechos de esta Empresa que antes tenía el Estado a manos privadas. Con ello, Endesa ha pasado a controlar, como lo ha reconocido en varias ocasiones el Diputado don René García, las mercedes de aguas de la gran mayoría de las cuencas hidrográficas del país, afectando el derecho de los regantes y el incentivo para posibles inversionistas en otras plantas hidroeléctricas. Pero lo más importante es que el Estado ha perdido gran parte de su capacidad para regular el uso público de las aguas. Más aún, se da la increíble paradoja de que, mientras los chilenos comunes y corrientes tenemos que pagar el agua potable a precios cada vez más onerosos, a las empresas eléctricas se les regala este, elemento. Además, no existe ninguna disposición que señale que si la Endesa no usa las merced de agua, ellas vuelvan al Estado. En la actual situación, si el Estado o los particulares desearán realizar inversiones deberían pagar por los derechos de agua a Endesa.
La controversia, de si los derechos de agua de Endesa son o no consuntivos, está hoy en la Corte Suprema, a raíz de un recurso presentado por la Junta de Vigilancia del río Maulé. La aceptación de la tesis jurídica de que estos derechos son consuntivos, a mi juicio, tendría graves consecuencias, puesto que significaría que esas aguas no necesariamente deben volver a su cauce, ello acarrearía negativos efectos para el riego futuro, por lo menos de mi región.
Por todo lo anterior, deben revisarse a fondo los derechos de los regantes, los que, según reclamos fundados, han quedado desprotegidos, sobre todo, si se aceptara que Endesa tiene derechos consuntivos sobre las aguas. Esta empresa tiene un interés obvio de producir al máximo energía hidroeléctrica y no térmica, ya que el uso del agua es prácticamente gratis, mientras que por el uso del carbón o del petróleo, debe pagarse. Con ello se impide al país tener una equilibrada política de agua y de riego.
Cuando hemos criticado la forma en que se privatizaron estas empresas, hemos recibido con inmediata reacción el calificativo de estafetas. Pero hoy, después de la experiencia vivida por los agricultores de la región del Maulé, y me refiero específicamente a Talca y Linares, especialmente en estas épocas de sequía, quienes han tenido que recurrir a manifestaciones públicas, se ha podido comprobar que el dogmatismo privatizador, por lo menos, en la forma cómo se efectuó con respecto a Endesa y a Pehuenche, ha acarreado perjuicios a la agricultura, por la presión y poder que tienen estas empresas en el país. Esto, que lo diga el actual abogado de los regantes del Maulé, que es don Miguel Otero, y su hijo, don Gerardo Otero, quienes han visto cómo ha actuado Endesa para imponer sus intereses sobre los de los regantes.
La experiencia regional ha demostrado que la actual legislación ha privilegiado estos intereses. Sólo la oportuna intervención del señor Ministro de Obras Públicas ha posibilitado que, por la vía del manejo de las reservas de agua del complejo Colbún-Machicura, se haya podido terminar este período de riego con un flujo aceptable, lo que, en la práctica ha tenido que solventar, pagar el Estado, cuando en definitiva debería haberlo hecho la empresa Pehuenche.
Todo lo anterior me lleva a concluir en que es necesario y urgente modificar la actual legislación en materia de aguas. Por lo tanto, solicito del Gobierno que cuanto antes envíe al Congreso un proyecto que modifique la legislación vigente, incluido el Código de Aguas, en el que se garanticen los derechos del Estado y de los regantes, en un sano equilibrio con el uso energético.•
He dicho.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Estimo que esta es una oportunidad óptima para discutir y plantear en forma objetiva y seria este problema de fondo del uso combinado de las aguas.
Comparto plenamente la inquietud manifestada por el Diputado señor Ortega sobre la necesidad de revisar la actual legislación de aguas, en el sentido de que el amparo de su derecho de aprovechamiento se haga a través de su uso y no que se constituyan derechos que no se ejercen ni se pagan y que, en cierto modo, obstaculizan significativamente el aprovechamiento por usuarios potenciales importantes.
En estos momentos estamos afinando un proyecto para modificar dicha legislación, el que considera este aspecto. Entre otras cosas sistematiza las normas sobre protección del agua, especialmente en lo que toca a la contaminación, problema que preocupa a muchas regiones, y considera también la conveniencia de que su manejo se efectúe dentro de un concepto integrado de cuencas.
En cuanto al manejo de las aguas del río Maulé durante este año, tema también planteado por el Diputado señor Ortega, hasta ahora ellos, se han regulado por distintos tipos de resoluciones constitutivas de derechos legales, a los cuales han tenido acceso las diversas entidades jurídicas que los han reclamado.
Dichas resoluciones constituyen derechos que el Ministerio de Obras Públicas, como entidad administrativa, sólo puede interpretar como tales transitoriamente, bajo circunstancias extraordinarias. Ello ha dado motivo a actuales juicios ante los tribunales. Quiero destacar, muy sumariamente, algunos puntos. Cuando se construyó el embalse de la Laguna del Maulé por la Dirección de Riego por los años 40, se pensó en un embalse de aproximadamente 800 millones de metros cúbicos. Endesa, que en ese tiempo era una entidad del Estado, definió como conveniente para el país ampliarlo y darle característica de uso múltiple. Se firmó un convenio entre estos dos entes del Estado, la Dirección de Riego y la Empresa Nacional de Electricidad, para definir la forma de utilizar las aguas. Este convenio puede evidentemente estar sujeto a interpretaciones, pero existe, se ha estado aplicando y establece con cierta claridad la forma de retirar el agua. Se trata de un convenio bastante complejo, que no detallo en esta oportunidad porque nos quitaría mucho tiempo. Sí puedo decir que cuando se inició la actual temporada de riego, los cálculos que se nos dieron a conocer sobre disponibilidad de agua, los que se ajustaban a una interpretación normal de estos derechos, era del orden del 75 por ciento para los regantes de la cuenca del río Maulé. Nosotros, después de una compleja negociación con Endesa y Pehuenche, que ahora son entes privados, logramos asegurar durante este año sobre el 80 por ciento de riego, y, especialmente, que el agua esté disponible en los momentos más críticos. En seguida esto es lo más importante que quiero destacar, se llegó a un convenio con el sector eléctrico, en virtud del cual éste se comprometió a no retirar las aguas a las que tiene derecho durante este invierno, lo que nos garantiza que el próximo año, aun cuando hubiere peores condiciones de sequía tendríamos también asegurado el regadío para la cuenca del río Maulé.
El Presidente de la República ha dicho en forma muy clara que al menos durante este período la Empresa Colbún-Machicura, que es estatal, debe ser manejada con un propósito de uso múltiple: de generación de energía y de respaldo al sistema de riego. En consecuencia, se ha dispuesto también de aguas del sector energético para suplir deficiencias observadas al final de este período, en el adecuado abastecimiento de los regantes.
Por otra parte, debo señalar que el estado de conservación de los canales de la zona del Maulé es deplorable. A algunas no se les ha hecho mantención durante años; por las compuertas no sale el agua sino en circunstancias muy especiales, y los muros y revestimientos se están derrumbando. Uno de los programas importantes por realizar y que hemos estado conversando con las directivas del canal Maulé y de otros sectores de riego en la zona, se refiere a la urgencia de reparar y conservar el sistema de regadío, a fin de evitar problemas mayores de filtraciones, de mal uso y de mal aprovechamiento del agua.
Finalmente, quiero decir que todavía tenemos agua disponible en la laguna del Maulé, por si en lo que resta de este período se produce una emergencia final en materia de regadío.
Señor Presidente, este tema es extremadamente complejo, porque implica, por una parte, satisfacer adecuadamente las necesidades de riego de una parte, satisfacer adecuadamente las necesidades de riego de una importante cuenca hidrográfica del país y, por otra, el llenado de un embalse, que es esencial para asegurar la disponibilidad de energía adecuada durante este invierno, en caso que se produzca una situación de sequía. Hemos recibido una carta de la Comisión Nacional de Energía en la cual nos indica que si este embalse no se llenaba oportunamente como se está haciéndose corría el riesgo muy serio de racionamiento, o que podría tener impacto, incluso, en el sistema tarifario.
En esta cuenca, que es mejor que el promedio del país, se han conseguido los objetivos simultáneos de asegurar el llenado del embalse y, además esto es lo más importante, garantizar que el próximo año tengamos agua suficiente en caso de sequia.
Este no ha sido un problema fácil. Comprendo la inquietud de los regantes, porque los conozco muy bien. Sé lo que significa la carencia de agua. Pero hemos estado con una disponibilidad sobre el 80 y, en algunos casos, sobre el 85 por ciento. Si bien esto no es normal ni lo es suficiente, esta lejos de representar una situación de catástrofe en la zona del Maulé.
Muchas gracias.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado don Sergio Jara.
El señor JARA (don Sergio).-
Señor Presidente, este es un problema nacional. En consecuencia, requiere una política nacional, en que todos los sectores políticos, sociales y económicos estén involucrados.
El Gobierno ha acertado al crear la Comisión Nacional de la Sequía. Este organismo, constituido por un pequeño número de personas y actualmente encabezado por Hugo Ortega y Moisés Hervías, está haciendo todos los esfuerzos posibles para aliviar los graves efectos de la sequía. Asimismo, son importantes el plan de riego y las obras de distinto tipo, mayores, medianas y pequeñas, que está impulsando el sector estatal para enfrentar en el futuro problemas como los que hoy se analizan.
Respecto del Parlamento, está claro que es necesario modificar muchas leyes, como la N° 16.282, sobre catástrofes, para permitir normalizar la situación de las zonas declaradas de catástrofe. La modificación del Código de Aguas requiere un mayor estudio.
La ley de fomento del riego, la modificación del Código de Aguas y, además, una nueva legislación sobre agua potable rural proporcionarán a la gente alternativas y esperanzas.
Sobre el agua potable rural, el Gobierno debe definir un servicio a través del cual se pueda activar, mediante créditos del BID, el programa que durante muchos años dio buenos resultados.
Pero no sólo el Gobierno y el Parlamento tienen que cumplir un rol en este problema, sino también el Poder Judicial. Celebro los oficios de las autoridades de Gobierno a la Ilustrísima Corte Suprema, en cuanto a la aplicación del artículo 8° de la ley N° 16.282, sobre suspensión de los apremios.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, ha terminado el tiempo del Comité de Su Señoría.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para insertar en la versión oficial los discursos de los Diputados señores Sergio Jara, Sabag, inserto a continuación para hacer uso de la palabra.
El señor NAVARRETE.-
Que se inserten los discursos de todos los Diputados que lo soliciten.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá en la forma indicada por el Diputado señor Navarrete.
Acordado.
En la sesión pasada, el Diputado señor Latorre solicitó asimismo la inserción de su discurso en la versión de esta sesión y, según me indican, hubo acuerdo para ello.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Señor Presidente, si se pidió ese acuerdo, obviamente doy el asentimiento; pero no me parece que proceda si el Diputado señor Latorre está ausente de la Sala. En caso de que se haya adoptado ya acuerdo, retiro mi observación.
El señor LETELIER.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el Diputado señor Latorre, que representa a la Sexta Región Costa, una de las más afectadas por la sequía, se encuentra fuera del país con motivo de una invitación que recibió la Corporación. La sesión destinada a analizar este problema la semana pasada se postergó por razones de todos conocidas.
En consecuencia, ahora sólo correspondería ratificar un acuerdo ya tomado.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo, entonces, para ratificar el acuerdo adoptado en relación a la petición del Diputado señor Latorre?
Acordado.
Puede continuar el Diputado don Sergio Jara.
El señor JARA (don Sergio).-
Señor Presidente, no leo un discurso escrito; hago una relación verbal. Por lo tanto, pido tres minutos más para hacer peticiones concretas a la autoridad.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el Diputado don Sergio Jara?
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Que se hagan extensivos los tres minutos adicionales a todos los Comités.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se ampliaría en tres minutos el tiempo de los Comités.
Acordado
Puede continuar el Diputado don Sergio Jara.
El señor JARA (don Sergio).-
Señor Presidente, pido a los señores Ministros presentes que señalen, con exactitud y precisión, las obras medianas y pequeñas en actual ejecución. Son más de 70 los puntos del país que las requieren, especialmente, en la comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, Aconcagua, declarada zona de catástrofe.
La segunda petición a los señores Ministros se refiere a la necesidad de impartir instrucciones administrativas al Servicio de Impuestos Internos en el sentido que paso a indicar. En este momento, se encuentra en trámite en la Contraloría, una resolución que otorga facilidades a los agricultores de las comunas declaradas zonas de catástrofe que adeudan impuestos. La parte sur de la cuenca de Putaendo no está declarada zona de catástrofe. En consecuencia, para que quede en igualdad de condiciones, mientras se modifican las leyes correspondientes, particularmente la N° 16282, es indispensable que se den instrucciones administrativas para que Impuestos Internos no aperciba a los pequeños agricultores.
La última petición se refiere a un punto no tocado hasta ahora. Los pequeños productores, que antes podían financiar los estudios de sus hijos en Universidades e Institutos privados, ahora no lo pueden hacer por carecer de recursos económicos a raíz de la sequía. Sin embargo, a pesar de las graves consecuencias de esta catástrofe, y de las dificultades de todo orden, estos agricultores no pierden las esperanzas de educar a sus hijos. Para ello es indispensable que el crédito universitario y las becas continúen favoreciendo a sus hijos, de modo que éstos puedan estudiar y ser ciudadanos útiles el día de mañana. Formulo petición en este sentido.
He dicho.
El señor LONGTON.-
¿Me permite, señor Presidente? Deseo plantear una cuestión reglamentaria.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, sin el afán de causar problema respecto de la petición del Diputado señor Latorre, no me parece adecuada la inserción de su discurso. ¿Por que? La Sala le concedió permiso constitucional para ausentarse del país desde una fecha equis; desconozco el período por el cual estará ausente. Entonces, ¿Cómo puede aparecer su discurso con fecha de hoy, martes 9, si no está presente? No entiendo esta parte.
En consecuencia, para evitar a una mala imagen frente a la opinión pública es necesario aclarar esta situación. El Diputado señor Latorre no puede aparecer interviniendo estando ausente del país. Eso no me parece correcto.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Ya adoptó el acuerdo señor Diputado, sin embargo, se dejará constancia de su observación.
Las intervenciones cuya inserción se acordó son las siguientes:
El señor SABAG.-
Señor Presidente, la grave sequía que por tercer año consecutivo se presenta en gran parte de nuestro territorio y que ha afectado con mayor intensidad a aquellos sectores agrícolas que no se encuentran bajo la seguridad que proporcionen los embalses mayores de riego, es la causa de nuestra preocupación y ha motivado esta sesión especial de la Cámara.
El Gobierno, sensible a este problema, desde su inicio ha tomado con mucha acuciosidad las medidas destinadas a paliar en parte esta emergencia.
Para centralizar los recursos, esfuerzos y para enfrentar sincronizadamente este mal, se ha constituido la Comisión Nacional de Sequía, que está a cargo del Vicepresidente del INDAP, ingeniero señor Hugo Ortega.
Es así como se han dictado tres decretos declarando zonas de catástrofes a varias comunas de las regiones Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Región Metropolitana. Por el decreto N° 24 del 14 de febrero pasado, del Ministerio de Obras Públicas, se declaran zonas de escasez a varias otras comunas, incluyendo, además, ahora la Octava Región, especialmente las comunas de mi distrito, NQ 42, como ser Miquén, San Carlos, Ninhue, Quirihue, Portezuelo, Quillín, donde los daños han sido considerables.
El Gobierno, además, ha destinado hasta ahora la suma de 3.500 millones de pesos para ir en auxilio de los afectados, construyendo algunas obras menores de riego, regularizando otras, dotando de agua a numerosas escuelas y paliando la cesantía creada con motivo de este fenómeno climático, con la ejecución de varias obras públicas, especialmente de vialidad y riego. Con ellas se pretende contratar aproximadamente 900 a 1.000 personas por algunos meses.
La actual emergencia nos da la oportunidad de analizar brevemente si ha existido realmente en el país una política de riego, pues es de interés de la comunidad entera el desarrollo de la actividad agrícola, la que está íntimamente ligada al riego y en la cual deben participar activamente tanto el sector público como el privado.
La actividad del riego es tan antigua como la civilización misma y su futuro está ligado a la permanencia del hombre en la tierra. A lo largo de la historia dicha actividad ha demostrado la enorme importancia que ha tenido en el desarrollo de la humanidad en general y de los pueblos en particular.
Son dignos de recordar el desarrollo de Mesopotamia, gracias a su floreciente agricultura, originada en el aprovechamiento de las aguas de los ríos Tigris y Eufrates. Egipto, que posee la presa más antigua del mundo, construida hace 5.000 años y que mide 12 metros de altura por 108 de largo y que aún se encuentra en pleno servicio. La utilización para riego de las aguas del Nilo, que se remonta al año 3.300 antes de Cristo, le permitieron o fueron la causa de su desarrollo cultural y agrícola.
En China, se encuentra la presa de TuKiang construida''2.000 años antes de Cristo y que riega 200.000 Hás. y está en plena operación. Allí está también el gran Canal, de 1.200 Kms. de longitud, construido el siglo VII de nuestra era, lo que le permitió en parte, a China alcanzar gran desarrollo social y cultural, gracias a la estabilidad obtenida con el riego.
En fin, son muchos los ejemplos de numerosas naciones que han alcanzado un gran desarrollo y estabilidad gracias a la prosperidad de su agricultura debidamente apoyada por el riego.
No puedo dejar de mencionar el caso de España, que el año 1940 tenía menos de 50 embalses y que hoy día posee más de 600 presas y la regulación alcanza al 70 por ciento de sus aportaciones, lo que hace que sea el país con mayor porcentaje de regulación del mundo. Estas inversiones visionarias le permitieron a España transformarse en una potencia agrícola y llegar a ser el principal proveedor de Europa. Este hecho le significó el punto más difícil en las negociaciones para su ingreso al Mercado Común Europeo.
Pero, ¿que ha pasado en nuestro país?
Las obras mayores de riego las inició el Estado debido a la fuerte inversión que significan, en razón de que el sector privado no estaba en condiciones de enfrentarlas y a la imperiosa necesidad de proceder a la regulación de los ríos, por ser absolutamente necesario para el desarrollo del país.,
El año 1930, el Estado inició la regulación del río Liman mediante la construcción del embalse Recoleta, lo que continuó haciendo hasta completar 24 presas hasta el año 1960, con una inversión media en grandes obras de riego, la que alcanzó al 9,1 de la inversión en obras públicas, con una capacidad de regulación de 2.100 millones de metros cúbicos.
Desde 1960 hasta el primer semestre de 1970, se incrementó fundamentalmente la inversión en la construcción de grandes obras de regulación, alcanzando un promedio de 12,4, de la inversión de obras públicas.
Se ejecutaron así las obras de los embalses Paloma, El Yeso, Digua y Coihueco, que en conjunto regulan 1.250 millones de metros cúbicos, además de desarrollar sus respectivos sistemas de regadío.
A partir de esa fecha y de parte del Estado, se inicia un período de violento descenso de las inversiones en obras de regadío, llegando incluso, en 1975, a paralizar la construcción de los embalses Convento Viejo y Puntilla del Viento en la V y VI Regiones, respectivamente.
En consecuencia es necesario destacar que, mientras en la década de 19601970, la inversión del rubro llegó al 12,4 por ciento, ésta disminuyó aceleradamente hasta llegar en los años 1987 al 1,9 por ciento; 1988 al 1,35 por ciento; 1989 al 1,13 por ciento y 1990 al 0,70 por ciento del total de inversiones del Ministerio de Obras Públicas, siendo estas inversiones las más bajas de toda la historia.
Por tal motivo hay que dejar expresa constancia de que en los últimos 20 años no se construyó ninguna obra mayor de riego. Ello demuestra miopía y falta de visión de los gobernantes de la época, que hoy día el país paga muy caro, pues es evidente que en las zonas donde existe regulación de los ríos la situación de sequía no ha afectado la agricultura o la ganadería.
Durante los dos primeros años de la sequía y cuya atención correspondía al Gobierno anterior, ni siquiera reaccionó éste nombrando o constituyendo alguna comisión de sequía. Su ayuda a los afectados se limitó en 1988 a otorgar un total de 41 millones de pesos en créditos como sustentación social, para 1986 personas. En 1989 otorgó 270 millones de pesos en favor de 16.900 personas, y en 1990, 438 millones para 23 mil personas.
Por lo tanto, toca al Gobierno del Presidente Aylwin, definir con claridad y firmeza una política de riego que sea eficaz, ágil y flexible y que se enmarque dentro de un programa a mediano y largo plazo; con estabilidad propia, es decir: independiente de vaivenes políticos y económicos.
No cabe duda que el Estado es el primer interesado en el desarrollo del país; como consecuencia debe ser el patrocinador y ejecutor de las obras mayores de riego, sin perjuicio de la participación del sector privado, que no tiene problemas en solventar en parte el costo de las obras.
Aprovechando la presencia de los señores Ministros de Agricultura y de Obras Públicas, les expreso mi personal convicción acerca de la urgente necesidad de recuperar el tiempo perdido e iniciar obras de riego de real envergadura, como son las del canal Laja-Diguillín, Pencahue, El Toro, Convento Viejo, Puntilla de Viento, Tronco, Linares y agotar los estudios de otros importantes embalses como Punilla en San Fabián, Puclaro en la IV
Región, Victoria, Traiguén, Nilahue, Valle del Putaendo, etcétera.
Además, debe modificarse prontamente el Código de Aguas, pues en la actualidad ha provocado más dificultades que beneficios.
Al mismo tiempo, es necesario restablecer como primera prioridad que las aguas deben beneficiar a la agricultura y con posterioridad a las empresas hidroeléctricas. Deben estudiarse la caducidad por ley de las numerosas concesiones o merced de aguas otorgadas a las empresas eléctricas y de las que no han hecho uso, a pesar de haber transcurrido más de 7, 10 ó 15 años desde su otorgamiento.
¡El agua es vida y nuestro país fue bendecido por la mano de Dios, proporcionándonos numerosos lagos, lagunas y ríos que atraviesan gran parte de nuestros suelos. Empleemos nuestra inteligencia para retener esa inmensa riqueza 'que vemos pasar rauda rumbo al mar, para usarla en producir alimentos, para desarrollar nuestro país elevando al nivel de vida de los sectores rurales y evitar así que sigan emigrando hacia las grandes ciudades con los enormes problemas que ello trae como consecuencia.
Tengo plena confianza en las acciones que el Supremo Gobierno ha tomado para enfrentar esta emergencia, como asimismo para elaborar una seria política de riego de corto y largo plazo que signifique no tan sólo transformar la agricultura de nuestro país, convirtiéndola en otra dinámica fuente exportadora, generadora de mano de obra, estabilidad, habitacional en los sectores rurales y sin duda una mayor prosperidad para todos los chilenos.
He dicho.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente:
He querido intervenir en esta sesión que hemos convocado para analizar la dramática situación de sequía que afecta a vastas regiones del país, pues el distrito que tengo el honor de representar en nuestra Cámara está formado por 14 comunas eminentemente rurales. Ubicadas en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro en la VI Región, fuertemente afectadas por este fenómeno que ya alcanza casi tres años.
En efecto, si bien desde diciembre del año pasado, se han declarado zona de catástrofe a las comunas de Navidad, Marchigue y Paredones, en la provincia de Cardenal Caro, y las de Purranque y Lolol en la de Colchagua, la situación de sequía está afectando también duramente las comunas de Peralillo, Palmilla y Santa Cruz, presentándose también en estas últimas las mismas difíciles condiciones para innumerables familias, preferentemente de pequeños agricultores que ven con desesperación que día a día pierden sus modestas posibilidades de desarrollo y que se afectan sus humildes condiciones de vida.
Es significativo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno para enfrentar esta situación que se extiende desde la III a la VII Región. El informe preparado por Don Hugo Ortega, Director Nacional de Indap y Presidente de la Comisión Nacional de Sequía, nos describe los alcances de esta catástrofe y las medidas adoptadas.
En el marco de los programas que esta Comisión Nacional de Sequía está impulsando, me permito hacer notar las siguientes situaciones a partir de las cuales se pueda corregir o fortalecer el esfuerzo que el Gobierno realiza en estos días y que obviamente cuenta con el respaldo de los parlamentarios que representan zonas afectadas:
1)Es imprescindible agilizar el trámite a través del cual los pequeños agricultores tienen acceso a créditos especiales; para ello debe reforzarse las posibilidades de Indap para estar presente directamente en las zonas o comunidades afectadas. Muchas de ellas lejanas a las oficinas de atención de esta institución, y por quienes no poseen medios de movilización o ya no cuentan con las mínimas medidas para desplazarse muchas veces para gestiones que requieren varios días. Esta proposición pretende corregir en el terreno .mismo, la situación de incertidumbre o de frustración que afecta a miles de familias que escuchan a través, de la radio o la televisión las medidas que se están adoptando y que no siempre saben como transformarse prontamente en beneficiarios de éstas.
2)El esfuerzo por abastecer de agua potable debe intensificarse; no debe detenerse el esfuerzo por distribuir y ampliar la capacidad de acumular agua en cada una de las comunidades rurales, afectadas. La distribución de bidones, estanques y tambores, debe ampliarse. No debe haber ningún lugar donde haya familias afectadas donde deje de llegar esta ayuda solidaria tan simple, como es el dotarles de la cantidad mínima de agua para el consumo familiar y de los pocos animales que cada una de estas humildes familias posee. Como me decían hace unos días en la comunidad de El Cardal en Paredones: "Si salvo dos novillos de los cinco que tengo, me conformo", estableciendo la tremenda diferencia entre perderlos todos y defender piarte de su modesto patrimonio.
Por los antecedentes que abundan en mi poder, es insuficiente aún la dotación de tambores y estanques que existen en condiciones de ser distribuido en varias comunas de la VI Región y creo que no demandan un gran esfuerzo para el país el garantizar que esta situación tan fácil de corregir se resuelva con urgencia.
3)Debe ejecutarse con urgencia, sin demora de ningún tipo el plan en desarrollo de profundización de norias, de habilitación de pozos y de instalación de bombas centrífugas donde ello es necesario; esta situación es urgente en todas las escuelas rurales y pozos comunitarios; y específicamente solicito atención y recursos inmediatos para las comunas de Navidad, La Estrella, Litueche y Marchigue? donde si bien se ha realizado un esfuerzo importante, el informe preparado por los propios responsables en terreno, reitera la necesidad de fortalecer sus recursos para su aplicación en la zona;
4) La distribución de forraje para el ganado no debe terminar, y para ello debemos aunar esfuerzos para contar con los medios necesarios para su adquisición y distribución, más allá de lo que ya se ha hecho en esta materia.
5) En la VI Región la situación de emergencia va en avance; no se ha detenido. En efecto, junto con el gran problema de falta de agua para el consumo humano y de los animales en distintos puntos de la región, la sequía que azota ya por tercer año consecutivo en el secano costero, ha impactado fuertemente en:
a)Cierre de fuentes de trabajo, provocando un incremento de la cesantía lo que por la naturaleza rural de estas zonas no siempre son debidamente detectadas por las estadísticas y lo que es más grave, no siempre mostrando el dramático efecto para estas familias.
b)Fuerte deterioro en la masa ganadera y en la agricultura generando una situación que para ser revertidas requiere un esfuerzo de inversión mayor que en otros casos:
c)Las familias del sector costero pertenecen al segmento más pobre de nuestro país, y hoy su pobreza ha aumentado.
Antes de finalizar, quiero destacar el esfuerzo que el Gobierno está realizando en forma directa frente al problema y a través de inversiones que en el futuro permitirán abordar en mejor forma una determinación similar.
Me refiero a los estudios e inversiones con obras de riego, mejoramiento de infraestructura vial, proyectos de electrificación y agua potable rural, etc.
Quiero, sin embargo, pedir en esta sesión el apoyo de esta Cámara de Diputados para que se oficie al Ministro de Hacienda solicitando mayores recursos para enfrentar la sequía, pues lo que se ha desatinado hasta la fecha nos resulta insuficiente, y más aún, las cifras entregadas por la Comisión Nacional de Sequía, no se compadecen con la situación de catástrofe que viven estas zonas afectadas, estando conscientes los propios integrantes de dicha comisión que si estos recursos no se implementan en forma considerable no se podrán desarrollar las medidas necesarias. En la VI Región por ejemplo, no han llegado aún recursos para programas de empleo que neutralicen en parte la grave cesantía existente. Para que ello sea posible debe aumentarse los recursos destinados a esta Región.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Alamos
El señor ALAMOS.-
Señor Presidente, en esta sesión especial deseo exponer a los señores Ministros del Interior que no pudo asistir, de Agricultura y de Obras Públicas un planteamiento general sobre el problema de la sequía que afecta a nuestro país una vez más.
No podemos dejar de tener presente el hecho de que nuestro planeta se encuentra fenómeno observado especialmente durante los últimos 40 años en una curva del temperaturas globales con ciclos altos y bajos, cuya línea promedio indica un alza constante. El "efecto invernadero", si bien es una teoría no demostrada y que en todo caso puede llegar a controlarse con el correr de los años, tiene argumentos valederos.
¿Qué se ha hecho en Chile cuando se presentan años secos? Tradicionalmente, cuando la sequía hace crisis, se crea algún organismo como la actual Comisión Nacional de la Sequía. A veces, como una cábala, basta con un par de intensas lluvias para enfriar el problema. Siempre y no lo hago con el ánimo de criticar ni mucho menos de desmerecerlas, se toman medidas, que en beneficio del tiempo, pues el señor Ministro de Agricultura ya se refirió a ellas, no voy a leerlas de nuevo; pero, en general, se trata de resolver problemas de orden social más que netamente agrícolas, y se manifiesta, al plantear la situación actual, el daño económico que en este momento está calculado en 200 millones de dólares, aproximadamente.
El motivo principal de haber invitado a los señores Ministros en conjunto y habría sido útil también contar con la presencia del Ministro de Energía es proponer de una vez por todas que esta situación se estudie; no para paliar tardíamente problemas puntuales, sino para fijar de modo definitivo un plan nacional de riego que se aplicará en aquellas zonas del país en que sea necesario. La medida debe incluir una acción subsidiaria del Estado en aquellos sectores del secano costero y de la precordillera. Parte de esto último, y con éxito, lo cumple el decreto con fuerza de ley N° 701, pero, sin duda que el pequeño propietario agrícola de esas zonas no puede acudir a él. Se está implementando, con gran publicidad, un plan denominado Fosis.
Todavía no conozco sus resultados y deseo que las expectativas que se están sembrando, por quienes lo promueven en el sector, tengan el resultado esperado. En todo caso, con este plan u otro, tendrá que mantenerse una acción subsidiaria permanente entre los campesinos más modestos.
Quiero aprovechar esta oportunidad para preguntar al Ministro de Agricultura si puede profundizar sobre los planes que tiene el Gobierno para el futuro inmediato.
También quiero traer al debate, situación que, por lo demás, quienes trabajan en esas zonas y el señor Ministro la conocen muy bien, de la falta de electrificación rural en todo el sector. Hay miles de familias, a lo largo de todo Chile, especialmente del sector costero, que no cuentan con energía eléctrica. Y naturalmente, otros planes de pequeños pozos no podrían implementarse. Pero, sin duda que la acción que el Estado y los particulares realicen en las zonas bajo cota de canales, que en períodos de pluviometría normal se riegan irregularmente o no se riegan, es lo que realmente va a producir un rápido beneficio, no sólo a aquella agricultura, sino que al país en general.
En cuanto a las llamadas obras de riego mayor, tenemos que reconocer que en el pasado se accionó erráticamente; de no hacer nada, últimamente, a construir obras con una rentabilidad dudosa o negativa, como a establecer embalses o canales cuyo éxito ha sido innegable. Todo ello conforma una acción sin ninguna planificación.
La seriedad de la política económica del país en los últimos años que esperamos se mantenga, obliga a realizar un sensato estudio de factibilidad y rentabilidad para estas obras. Hoy sabemos que para el canal Laja-Diguillín, para el canal Tronco Linares, para el canal Pencahue y para los embalses Convento Viejo y Río Huasco, se han hecho estudios que aseguran su rentabilidad. Estas obras por ningún motivo pueden seguir dilatándose; por eso es grato, una vez más, conocer de boca del Ministro de Obras Públicas que se están iniciando. Pero, según la información que poseo, sólo se tienen dispuestos 135 millones de dólares para un período de 4 años. Si recordamos que el daño causado por la actual sequía se calcula en 200 millones de dólares, naturalmente que esta cifra es importante, pero sí demasiado pequeña. Es urgente tomar medidas que vayan más lejos. Es urgente un embalse en el río Nuble, y seguramente todos mis colegas parlamentarios de las provincias agrícolas con problemas de riego tienen muchos y muy sólidos argumentos para pedir obras en sus regiones.
No es mi intención criticar negativamente lo que se está haciendo ni lo que se dejó de hacer en el pasado. Podría llenarlos de cifras de diversa índole que, por lo demás, ustedes pueden obtenerlas de su Ministerio. Podría anunciar varias obras de distintos costos que son urgentes en la Octava Región, pero creo que lo más importante es solicitar que, a raíz de esta sesión, podamos dar la partida a un plan quinquenal de riegos que se implemente, a través de todas las regiones del país. El uso de las aguas de canales, de ríos o de embalses, que se destinan a generar energía eléctrica, tendrán que adecuarse a la situación como la descrita.
Soy partidario irrestricto de la empresa privada y sus derechos tienen que ser respetados; pero ellos no pueden atentar contra el bien común. Es muy positiva la información que nos ha dado el señor Ministro de Obras Públicas sobre los problemas creados en la laguna del Maulé. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para que nos informe sobre lo que se está haciendo acerca de la laguna del Laja, puesto que sabemos que el problema es más o menos parecido y sus niveles son los más bajos de la historia.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Señor Presidente, sobre el tema de la Laguna del Laja es importante tener en consideración que, como resultado de la falta de alternativas para la generación de energía eléctrica, se hizo un uso muy intenso del agua del Laja, pero este año estamos introduciendo al sistema tres nuevas centrales que aumentarán la capacidad de generación en aproximadamente un 20 ó 25 por ciento, y que están ubicadas en otras cuencas: Canutillar, Pehuenche y Alfalfal. Evidentemente que ello aliviará la situación de la Laguna que ha servido como el gran colchón durante este período y, como es lógico, no podemos continuar utilizándola a ese grado especial.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Puede volver a usar del derecho de la palabra el Diputado señor Alamos.
El señor ALAMOS.-
Efectivamente, los niveles de la Laguna del Laja tienen la cota mínima de su historia.
Finalmente, también está el problema de la Laguna del Maulé a que se refería el Diputado Ortega.
Bajo el prisma de un año con pluviometría normal el país, entonces, tiene que enfrentar esta realidad.
Insisto, señor Presidente, en que, tal como lo dijera el Ministro de Obras Públicas, éste tiene que ser un plan nacional. Encuentro razonable que cada uno de los parlamentarios presentes tengamos interés en resolver los problemas de nuestras zonas; pero, es lógico que, para solucionarlos seriamente, con el apoyo del Gobierno y de la totalidad del Congreso, debe tratarse de un plan nacional muy bien estudiado, que haga justicia a todo el sector y en el cual se tenga muy claro que existen muchos canales a lo largo de la zona centro sur, obras de arte que están subutilizadas por falta de embalses adecuados.
De modo que reiterando las preguntas hechas al Ministro de Agricultura, en cuanto a profundizar lo que se está haciendo en la zona costera, termino mi intervención.
El señor DUPRE (Vicepresidente).
Tiene la palabra el Ministro de Agricultura.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Señor Presidente, muy brevemente, para recoger las observaciones del Diputado señor Alamos.
Como es de conocimiento de la Honorable Cámara, la ley N° 18.450, sobre Fomento al Riego, contemplaba un mecanismo que hacía prácticamente imposible que la agricultura campesina extendiera sus beneficios, porque obligaba a solventar los estudios previos, como también a afrontar totalmente el gasto de la obra para, posteriormente, reembolsarse del fondo respectivo. Se llegó a un convenio entre Fosis e Indap para hacer extensibles y aplicables al campesinado estos beneficios de la Ley de Riego. Y contestando derechamente la pregunta del Diputado señor Alamos, le puedo indicar que en los recintos 138, 79, 40 y 41, dedicados al riego campesino, se han presentado 138 proyectos que benefician a 9.331 familias, con una superficie regada de 16.193 hectáreas. Creo que la iniciativa del Supremo Gobierno es, en esta materia, realmente revolucionaria, porque por primera vez se puede implementar la decisión de que la Agricultura campesina acceda al beneficio del riego.
Respecto de la línea crediticia, que es otra de las inquietudes planteadas por el Honorable señor Alamos, el Director Nacional de Indap, don Hugo Ortega aquí presentepuede dar las explicaciones del caso, en la oportunidad que indique el señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Si lo estima el señor Alamos, podría pedirle al señor Ortega que diera las explicaciones que Su Señoría ha solicitado.
El señor ALAMOS.-
Yo he terminado mi intervención.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Honorable Cámara, señores Ministros:
Quiero ser bien breve y partir graficando con ejemplos la situación de las zonas de Limache y Olmué.
Respecto del canal Waddington, se ha dividido en cuatro secciones y está regando alrededor de 3.128 hectáreas, con un promedio de agua de 336 centímetros cúbicos en los seis días que dura el tumo, lo que no alcanza para regar las 500 hectáreas por donde pasa. Este canal tiene alrededor de 106 kilómetros desde su bocatoma hasta el último regante, y también se junta con el canal Ovalle, de 85 kilómetros. La proposición apunta a separar ambos canales con el fin de conceder también más agua al canal Waddington, ya que es el que está regando mayor número de hectáreas de cultivo que más requieren aguas permanentes.
La situación también se agrava en el sector de Trinidad, en Limache, donde está prácticamente el final del paso de este canal, pasando, primeramente, por la ciudad de Olmué. Allí, la situación de diversas familias es grave, porque se han perdido varias hectáreas de kiwi, de paltos, de tomates, de limones, y desde el mes de noviembre, esta gente no tiene agua. De 100 túneles de invernadero, sólo seis hoy día están sembrados. Pedimos que la distribución de este canal sea la correcta y se entregue más agua a aquellos sectores que lo necesitan. Es decir, con una visualización mucho más técnica. Esa es la primera petición.
Respecto de Indap, está otorgando algunos préstamos que realmente no alcanzan para cubrir las necesidades en este sector; está entregando alrededor de 140 mil pesos, máximo 280 mil. Resulta que hacer un pozo de 8 a 9 metros de profundidad, que es más o menos la profundidad a la que se saca agua, por 4 metros de diámetro, cuesta alrededor de 1 millón a 1 millón y medio ó 2 millones de pesos.
Aquí quisiera hacer algunas consultas a cualquiera de los dos Ministros respecto de las intervenciones y de cuáles son las facultades de las gobernaciones en este tema de la sequía. He estado revisando la legislación, el DFL N° 22, la ley N° 16.282 sobre sismos o catástrofes, y realmente no aparece claro cuál es el fundamento legal de las acciones de los gobernadores. ¿Por qué me refiero a la situación de los gobernadores? Porque son los que están manejando, por lo menos en la provincia de Valparaíso, la situación de la sequía, y lo están haciendo desde mi punto de vista de una manera errada. Es decir, consultan yo diría lo menos posible a los alcaldes que, en definitiva, son los que representan al gobierno local y están insertos en los problemas que tienen cada uno de los agricultores y campesinos. Y aparece el gobernador, licitando proyectos en forma paralela, incluso aquí en la Quinta Región, a organizaciones no gubernamentales, precisamente, a una de nombre Tecal en la ciudad de Valparaíso.
A mí me parece que los fondos fiscales no pueden ser entregados a organizaciones que no son gubernamentales, y quisiera derechamente, señores Ministros, preguntarles cuál es la procedencia legal de la intervención que están haciendo los señores gobernadores y por qué no se consulta a los alcaldes, que son los que están recibiendo las inquietudes directas de la comunidad.
Finalmente, deseo solicitar también a los señores Ministros, especialmente al de Obras Públicas, si pudiera implementar mayor número de obras, a fin de ir paliando la cesantía que se está produciendo al respecto y también al señor Ministro de Agricultura, aquí no estoy culpando a ninguno de los dos Ministros, pedirle velar por la eficacia e idoneidad de los funcionarios que realizan funciones en tomo al problema de la sequía, porque vemos con alarma cómo personas que no tienen ninguna idea, o conocimiento técnico agrícola, están manejando esta situación yo diría en forma que no corresponde. No digo que haya mala fe, ni mucho menos; pero debiera haber una selección rigurosa del personal que está atendiendo el problema de la sequía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Ministro de Obras Públicas.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Señor Presidente, solicitaría de ser posible, que el Director General de Aguas, quien ha estado más ligado a la distribución de aguas en las cuencas de mayor sequía, pudiera dar una explicación a las inquietudes del Diputado señor Longton.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
La única persona autorizada por acuerdo de la Cámara para hacer uso de la palabra, es don Hugo Ortega.
Si le parece a la Sala, podríamos conceder la palabra al señor Director de Aguas para que pueda entregar una explicación.
Acordado
Tiene la palabra el señor Director de Aguas.
El señor MANRIQUEZ (Director de Aguas).-
Señor Presidente, en relación con las inquietudes del Honorable Diputado señor Longton, puedo señalar que la Dirección General de Aguas se hizo cargo el año pasado de la distribución del agua de la segunda y tercera sección del río Aconcagua, ante una situación ya extrema, en la cual la presión del área fue suficientemente fuerte para que los propios usuarios, como era nuestra intención original ya no pudiesen seguir manejando la distribución.
Para esos efectos y luego de la dictación del decreto supremo que estableció zona de escasez en todas esas áreas, nombramos una comisión, en la cual, entre otras cosas y para evitar que se produjesen problemas de mala distribución de las aguas, se consideró, específicamente, dentro de ellas, al ingeniero repartidor normal de la tercera sección del río Aconcagua, don Víctor Pellegrini, quien forma parte de ella hasta el día de hoy. Quiero hacer presente que este ingeniero ha estado encargado de este río hace más de 20 años, por lo que probablemente sea una de las personas que más conoce sobre distribución.
Concretamente, el problema planteado por el Diputado señor Longton se refiere a los canales Waddington y Ovalle. Estos dos canales son, tal vez, los más conflictivos debido a su enorme extensión. Y ocurre que, justamente, debido a la escasez de agua que afecta tanto a la segunda como a la tercera sección, resulta imposible distribuir el agua de una manera distinta que no sea, primero, a través del sistema de tumos y, segundo, mediante la unión de las aguas de más de un canal, para que en ese momento se pueda regar con el canal completo y puedan llegar hasta el último regante.
Quiero hacer presente al señor Diputado que, justamente, la razón por la cual no hemos podido modificar los caudales de agua es porque en esta intervención hemos respetado estrictamente los derechos vigentes. De manera que para entregar más agua a los canales Waddington y Ovalle, tendríamos que quitar agua a otros.
En nuestra gestión, tal vez valga la pena señalar que lo más importante ha sido conseguir que la primera sección del Río Aconcagua, fuera de la zona gravemente aproblemada, entregue los fines de semana un tercio del caudal total del río Aconcagua en la parte superior. Creo que, conjuntamente con la labor de distribución permanente a lo largo de todo el río, ello ha permitido soportar, de una manera yo diría bastante razonable, la gravedad de la situación al no haber contado con estas aguas desde la primera sección.
Reitero, señor Diputado, que hemos distribuido exactamente el agua disponible, más el agregado adicional que hemos obtenido de la primera sección del río Aconcagua. Dentro de esta distribución, simplemente se ha procedido a disminuir porcentualmente los derechos en cada uno de los canales.
Debo hacer presente algo que, originalmente, fue señalado por el Diputado señor Julio Rojos, lamentablemente, en caso de la sequía, las atribuciones de la Dirección General de Aguas no le permiten entrar en los canales. Solamente, se le entrega el agua en la bocatoma; a partir de ese momento y hacia adentro, la responsabilidad de la distribución interna no está en manos de la Dirección de Aguas, sino de los propios usuarios. Por eso, como usted muy bien comprenderá, cuando hay escasez de agua normalmente, la gente tiende a respetar menos los derechos normales. Usualmente, quienes están en primeras aguas son los que pueden contar con la mayor cantidad de recursos. Respecto de lo que usted señalaba sobre la zona de Olmué, es lo típico, ya que representa la última parte del canal Huade. Por lo tanto, es la zona más afectada. De manera informal, hemos intentado cooperar con las directivas de los canales, a través de los mismos funcionarios encargados de la distribución.
El Presidente de la Comisión Interventora es un constructor civil, quien, con anterioridad, participó en la sequía de los años 68 y 69; el segundo integrante es el ingeniero señor Víctor Pellegrini; el tercer integrante es el señor Rivera, quien es ingeniero agrónomo del SAG. Son personas de vasta experiencia y en quienes tenemos plena confianza en la labor que ellos están realizando. Hasta este momento, no hemos tenido quejas en cuanto a la legalidad de la distribución de las aguas. Respecto a la cantidad de aguas, hemos hecho cuanto hemos podido, con las escasas disponibilidades.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Señor Presidente, frente a las dos inquietudes planteadas por el Honorable Diputado señor Longton: los créditos otorgados y la autoridad de los señores gobernadores en las respectivas provincias, me haré cargo del segundo punto.
En primer lugar, hay dos disposiciones: una, de carácter general; y otra, de carácter particular.
El artículo 105 de la Constitución, encarga el Gobierno y la administración superior, en cada provincia, a los gobernadores; y en relación con esta norma, el artículo 26 del decreto ley N° 575, sobre lo que específicamente realizan los gobernadores provinciales, dice que le corresponde "efectuar las tareas propias de gobierno y administración interiores dentro de la provincia".
Además de esta norma de carácter general, hay una muy importante atinente al tema que nos preocupa: el artículo 21 de la ley permanente para sismos y catástrofes, que tiene aplicación en virtud de las declaraciones de zonas respectivas.
El artículo 21 dice: "El Ministerio del Interior del cual son agentes directos, naturalmente, los intendentes y gobernadores tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las actividades que establece esta ley y la atención de sismos que le atañen".
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Advierto al Diputado señor Longton y a los señores Ministros que es la Mesa quien dirige el debate.
Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, insisto en que esas disposiciones no son claras. Aquí se habla de "planificación y coordinación", no se habla de "uso de recursos fiscales", que es lo que están haciendo las gobernaciones. En su defecto, esto le corresponde a las municipalidades respectivas. Todos sabemos que las facultades de las gobernaciones no están clarificadas. Incluso, en el mensaje enviado por el Presidente respecto de la regionalización, es tan poco clara y tan poca la utilidad de las gobernaciones, que se propone eliminarlas. Por lo tanto, a mí no me queda contestada la pregunta, señor Ministro.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Nuevamente le daré lectura al texto.
"El Ministerio del Interior tendrá a cargo la planificación y coordinación de las actividades que establece esta ley". Entiendo que actividades, es el actuar, el quehacer, no solamente la planificación. Naturalmente, respeto que se tenga un punto de vista jurídico distinto. Además, la Contraloría, en su oportunidad, no ha reparado ninguno de los gastos en que se ha incurrido por esta vía. De manera que la interpretación que nosotros sustentamos, es compartida por el órgano Contralor.
Señor Presidente, no sé si será oportuno que, respecto de los créditos, el señor Ortega haga una aclaración.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ortega, don Hugo, Presidente de la Comisión Nacional de Sequía.
El señor SOTA.-
¿Antes de que hable el señor Director, me permite la palabra, señor Presidente?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sota.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, el Diputado señor Jorge Molina, quien no se encuentra en la Sala por haber tenido que asistir a la sesión de la Comisión de Legislación y Justicia, habló con el Director de la Comisión Nacional de Sequía, en este mismo sentido, pidiéndole que explique cuáles son las líneas especiales de crédito que se consultan para paliar sus efectos.
En consecuencia, me permito recordarles que el Diputado señor Molina también está interesado en las explicaciones que, sobre el particular, nos entregue el señor Ortega.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Han llegado algunas insinuaciones a la Mesa en orden a evitar los diálogos, sin perjuicio de que los señores Ministros y el señor Presidente de la Comisión Nacional de Sequía puedan contestar las consultas, conforme con lo acordado por la Sala.
Tiene la palabra el señor Ortega.
El señor ORTEGA (Presidente de la Comisión Nacional de Sequía).-
El Gobierno ha implementado dos líneas de crédito, que las resumiré de la siguiente manera: hay una línea de crédito propia del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que intenta cubrir las áreas de catástrofe y de escasez en condiciones bastantes ventajosas para sus usuarios, exigiéndoles un mínimo de garantías y estableciendo líneas de crédito a corto plazo individual, a largo plazo individual, y créditos a las organizaciones.
En el corto plazo, estos créditos llegan hasta 40 unidades de fomento, vale decir, más o menos unos 300 mil pesos, con un plazo de un año, con un cero por ciento de interés, sobre el capital reajustado.
En el caso del largo plazo, puede ser de hasta 80 unidades de fomento, vale decir, unos 600 mil pesos aproximadamente, hasta 8 años de plazo.
El crédito a las organizaciones alcanza hasta 1.000 unidades de fomento, lo que significa entre 14 y 15 millones de pesos, por un plazo de 10 años máximo, con un cero por ciento de interés, sobre las ventas con pago al contado.
La segunda línea de crédito que también está a disposición de las regiones, es por vía directa de la Comisión Nacional de Sequía. Esta contempla los mismos tipos de créditos que el anterior, con la diferencia de que es sobre el capital no reajustado en pesos, y con un 3 por ciento de interés, con montos diferenciados de corto y largo plazo y de organizaciones campesinas.
En el caso del crédito de la Comisión Nacional de Sequía, el Gobierno ha dispuesto unos 550 millones de pesos, entre las Regiones Tercera y Séptima.
Para esto, el Ministro de Hacienda nos ha aprobado 1.400 millones de pesos, en total; y, en el crédito propio del Instituto de Desarrollo Agropecuario, ya ha puesto a disposición de los usuarios, irnos 300 millones de pesos, en las mismas regiones.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, señores Ministros, Honorables señores Diputados, la grave sequía que afecta a granearte del país, tiene su epicentro en las Regiones Tercera y Cuarta, donde sus efectos devastadores se prolongan por tres años.
El problema causado por esta catástrofe silenciosa es mayor que lo que la inmensa mayoría de las ciudades pudiese calcular; afectando con singular crueldad a la población rural, especialmente, a los agricultores; pero también en forma considerable, a la población urbana. Ha afectado con singular crueldad a los habitantes de los sectores rurales, porque la falta de agua no les ha permitido regar regularmente sus plantaciones. Por consiguiente, la producción ha disminuido en tal forma que sus pequeños y medianos agricultores no podrán vivir del fruto de sus cosechas.
Por esta razón, discrepo de la afirmación del señor Ministro de Obras Públicas, en el sentido de que esta sequía es menor que la de 1968.
Como una prueba de la dramática situación de la Cuarta Región, cabe señalar que los embalses La Laguna, Recoleta y Cogotí están completamente secos; que la uva-pisquera ha tenido entre 30 y 50 por ciento de merma, y la de mesa, entre 20 y 35 por ciento; que la exportación por Coquimbo, que se esperaba que fuera de 14 millones de cajas de uva, sólo alcanzó a 11 millones 400 mil; que las siembras de trigo fueron nulas, y que los cultivos de hortalizas están disminuyendo notoriamente, lo que implicará un aumento de os precios que afectará no sólo a la Región, sino también a los consumidores de santiago y de otras ciudades que se abastecen con productos del norte.
Por su parte, los crianceros han visto morir las crías que nacieron durante el año, De continuar la sequía, también vean morir a las madres y, con ellas, su fuente de subsistencia.
En las ciudades más importantes de la
Región también hay trabajadores agrícolas que están quedando sin empleo, y, además, ellas están recibiendo en forma constante el flujo de personas del sector rural que, asimismo, han quedado sin actividad, lo que incrementa sus problemas habitacionales y ocupacionales.
El Gobierno, ante esta aflictiva situación, ha buscado formas de solución y ha adoptado medidas al respecto. Pienso que hay una voluntad de enfrentar la crisis, aun cuando considero que las medidas aplicadas son insuficientes. La situación es de tal magnitud que los planes y recursos deberán incrementarse para superar la grave crisis.
En este sentido, la presencia en esta Sala de los señores Ministros de Obras Públicas y de Agricultura facilitará, sin lugar a dudas, la adopción de soluciones de emergencia y definitivas para esta situación, aunque echo de menos la presencia del señor Ministro del Interior, que estimo indispensable.
Quiero aprovechar la visita de los señores Ministros para reiterar una solicitud al Supremo Gobierno, en nombre de los Diputados señores Baldo Prokurica, José María Hurtado y en el mío, cuyo texto es el siguiente:
1.Que se amplíe la zona de catástrofe , a las comunas de La Serena y Coquimbo y a las zonas de secano de las comunas de Santa Cruz, Peralillo y Chépica, de la Sexta Región.
2.Que se implemente, a la brevedad, un plan extraordinario de obras públicas, con gran absorción de mano de obra, para ocupar la que va quedando sin trabajo.
Este plan extraordinario de mano de obra debería contemplar, entre otras cosas:
2.1.Construcción de aducción de agua potable para la comuna de La Higuera, a partir de los recursos de agua subterránea existente en la localidad de Trapiche.,
2.2.Ensanche de caminos rurales en las comunas de Paihuano, Andacollo, Vicuña, La Serena y La Higuera.
2.3.Mejoramiento de locales escolares en el sector rural de las mencionadas comunas.
3.Que se paralicen los cobros de contribuciones del sector rural correspondientes al año 1990.
4.Condonación de contribuciones del sector rural para 1991, lo que es esperado en forma especial en la Tercera y en la Cuarta Regiones.
5.Apertura de créditos especiales para agricultores medianos y pequeños en el Banco del Estado.
6.Reestudio del financiamiento del proyecto de ingeniería del tranque de Puclaro, a fin de terminarlo al cabo de dos años, y no de cuatro, como estaba previsto, y que se aceleren los trabajos que permitan la realización del tranque de El Toro, en la Tercera Región.
7.Incorporación por el Gobierno, como suyo el programa de estimulación de las precipitaciones o lluvias artificiales, aplicándolo desde la Tercera a la Sexta Regiones y realizando la evaluación anual del mismo.
8.Apertura de un poder comprador de Enami en las comunas de La Higuera y Combarbalá, para absorber mano de obra.
9.Otorgamiento de créditos especiales para la construcción de norias y pozos profundos.
10.Entregar una solución al endeudamiento agrícola de la zona.
11.Que se haga efectiva la ley N° 16.282, en lo que se refiere a la suspensión de remates
Hoy en la mañana, me avisaron que se estaba efectuando un remate en La Serena.
Señor Presidente, señores Ministros, en situaciones como ésta, es un deber de toda la Nación ser solidaria y extremar los esfuerzos para entregar las soluciones rápidas y efectivas que la emergencia requiere.
Sin embargo, cada vez que se produce una crisis, se gasta gran cantidad de recursos en otorgar soluciones específicas que, por la urgencia del caso, resultan siempre de mayor costo que lo normal. Creo que con esos mismos recursos o con muy pocos más, se pueden dar soluciones definitivas que permitan a la gente vivir y producir sin sobresaltos en las zonas áridas del país, lo que puede lograrse con la elaboración y aplicación de un plan integral de desarrollo de dichas zonas.
En mi concepto, este plan deberá establecer medidas tendientes a:
1.Delimitar la zona árida con aptitud agrícola de Chile.
2.Dotar de agua potable a todas las localidades rurales y a las ciudades, en el ciento por ciento de la población, dentro de la zona árida.
3.Priorizar la inversión en obras de riego para la zona definida como árida.
4.Establecer, en forma permanente, un subsidio de riego específico para la zona árida.
5.Incrementar, en el sector rural de esta zona, el subsidio rural, a fin de mejorar las viviendas de los pobladores.
6.Dar prioridad a la construcción de embalses en la zona árida, como El Toro, Puclaro y Los Angeles.
7.Elaborar un plan de desarrollo de las comunidades agrícolas.
8.Implementar un sistema de explotación del ganado caprino, acorde con las características de la ganadería trashumante de la Región.
9.Crear un instituto de zonas áridas, destinado a investigar, capacitar y planificar en relación con la materia.
10.Establecer un fondo permanente para la investigación de estimulaciones de precipitaciones y la adquisición de elementos que permitan la ejecución de estos programas.
Un proyecto de desarrollo integral de zonas áridas será el único mecanismo que dé estabilidad económica y social a la zona en referencia; pero, por sobre todo inserto en él, lo será el seguro de vida que tome el país para evitar que su agricultura vaya sucumbiendo por el avance constante del desierto.
Señor Presidente, por las razones expuestas, me permito solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República, que ordene al Ministerio de Planificación Nacional o a quien estime pertinente el estudio y la ejecución de un plan integral de desarrollo de zonas áridas, con calificación de suma urgencia, a fin de ser puesto en operación en el plazo más breve, solicitud que pido, en forma muy encarecida, que esta Honorable Cámara haga suya.
Señor Presidente, hago presente que esta intervención la realizo en nombre de los Diputados señores Baldo Prokurica, José María Hurtado y de quien habla.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios correspondientes, como los ha solicitado el señor Diputado.
Tiene la palabra el Ministro de Obras Públicas.
El señor MUNIZAGA.-
Solicito una interrupción.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señor Ministro, el señor Munizaga le solicita una interrupción.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Con mucho gusto.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Con cargo al tiempo del Comité de Renoación Nacional, tiene la palabra el señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, solicité que la Sala haga suya la petición que he formulado.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
No hay quórum para votarla en este momento.
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Respecto de las cifras de la sequía, ya me referí al tema cuando respondí al Diputado Andrés Palma; pero quiero dar algunas otras: el agua caída en Ovalle entre 1968 y 1971, alcanzó a 34,1 milímetros, mientras que entre 1988 y 1990, el promedio ascendió a 48,6. Esto no significa que no exista un problema de sequía. Lo único que dije fue que la de 1968 había sido más severa.
En relación con las aguas disponibles, puedo decir, por ejemplo, que el río Elqui, en Algarrobal, tenía 1,75 metros cúbicos por segundo en 1968, mientras que en el mismo mes de 1990, tenía 5,42 metros cúbicos por segundo. En 1968, Choapa y el CUncumén registraban 1,96 metros cúbicos por segundo, mientras que en el mismo mes de 1990, tenía 4,85 metros cúbicos por segundo.
Ahora, respecto del impacto económico de la sequía, hice presente que no sólo dice relación con la disponibilidad de las aguas, sino también con el equilibrio entre esta disponibilidad y los requerimientos, y que estas necesidades se han hecho mayores, como resultado del desarrollo del sector agrícola. No discuto ni creo que sea importante discutir aquí cuál es la relevancia económica de la sequía. Lo único que hice fue mencionar este fenómeno físico, porque eso, Diputado señor Munizaga, es lo que indica que, eventualmente, en el futuro, podemos tener una sequía mucho peor de la que actualmente nos afecta.
Con respecto al Programa Nacional de Obras de Riego, el Gobierno está emprendiendo este trabajo. Estamos negociando un crédito con el Banco Mundial para la realización de obras de riego, pequeñas y medianas; además, para sostener programas de asistencia técnica a través de los organismos adecuados del Ministerio de Agricultura y para reforzar el financiamiento de la ley N° 18.450.
Como parte de ese programa, hemos recibido un crédito del Gobierno japonés por 1 millón de dólares para precisamente hacer inversiones en obras de riego. O sea, éste es un tema que está considerado como una de las actividades prioritarias del Gobierno.
Con respecto a los montos que se van a invertir hasta el año 1993, el Comité de Infraestructura ya tiene programas aprobados para este período, por 134 millones de dólares. Esto no significa que las obras completas correspondan a ese monto; hay muchas que se inician en este período, pero no se van a terminar, porque son obras de largo plazo. Hay 104 millones de dólares más que se comprometen hacia adelante; es decir, estamos hablando de un programa de riego de bastante significación, para este país, del orden de los 230 millones de dólares, el que tiene una serie de otros problemas en materia de infraestructura.
Aparece muy atendible ya lo planteó el Diputado señor Palma don Andrés, y así lo hice ver en su oportunidad, por lo que acojo la idea del Diputado señor Munizaga que las zonas áridas debiéramos tratarlas con algún tipo de programa especial. La filosofía que se está aplicando en materia de riego y de agua es a nivel de cuencas: cuencas integradas, cuencas en conjunto. Esto es válido, por ejemplo, para la del Maulé, del BíoBío, etcétera. Pero cuando analizamos el problema de la zona norte pienso que es muy cierto lo que plantea el Diputado señor Munizaga. Es un punto que debemos considerar para diseñar una política eficiente de manejo del agua en esta zona del país, puesto que es el recurso crítico para el desarrollo.
Finalmente, quiero recordar que tenemos en proyecto empezar a construir un embalse en el río Huasco, cuyo emplazamiento no lo tenemos bien definido porque todavía faltan algunos estudios técnicos; estamos en eso: Es así como realizamos los estudios técnicos adicionales correspondientes con respecto al embalse Puclaro y otros embalses en estas zonas áridas, los que también se requieren para dicha obra.
Quisiera tranquilizar la inquietud del Diputado señor Munizaga, porque éste es un tema que nos tiene vivamente preocupados, en el cual estamos trabajando. Además, él sabé que es así.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Morales:
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Figueroa, Ministro de Agricultura.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Señor Presidente, de las muchas observaciones del Honorable Diputado señor Munizaga, puedo informar que algunas inciden en acciones o estudios que ya se han realizado, y que de otras tomaremos debida nota.
Pero quiero hacer un alcance respecto de la suspensión de remates. Esto no está en manos del Ejecutivo, toda vez que el artículo 8a de la ley que declara zonas de catástrofe por sismo o sequía, determina que ello es una facultad de los tribunales que conocen de la respectiva causa; obviamente, éstos actúan a petición de parte. En consecuencia, la parte afectada por estas situaciones es la que debe impetrar, ante el juzgado respectivo, la petición de suspensión, que puede ser concedida hasta por el plazo de un año.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Morales.
El señor MORALES Señor Presidente, en el escaso tiempo de que dispongo, centraré mi breve intervención, fundamentalmente, en dos aspectos.
El fenómeno de la sequía, cuyo foco más agudo, sin duda alguna, se encuentra en la Cuarta Región, debe ser atacado con diversas medidas, como las que se están llevando a efecto. Sin embargo, estimo que todas o casi todas ellas deben propender, por una parte, a emplear mano de obra hoy desocupada y por otra, a crear, una infraestructura de carácter permanente que, ante próximos fenómenos similares, encuentre al país, y, específicamente, a la Cuarta Región, en un mejor pie de preparación.
Me permito proponer algunas de estas medidas para ser aplicadas a mi Región.
El Ministerio de Obras Públicas debe, a mi juicio, comprometerse mucho más aún con las zonas azotadas por la sequía, disponiendo, por ejemplo, algunas de las siguientes obras:
Reparación de caminos en las provincias de Liman y Choapa, absorbiendo como decía en un comienzo mano de obra local.
Reparación de canales interiores de riego porque, por ejemplo, en Monte Patria se encuentran en un alto porcentaje seriamente deteriorados.
Iniciación inmediata de obras de pavimentación del tercero y último tramo del camino de Ovalle a la Comuna de Punitaqui. Pavimentación de caminos de Monte Patria a Chañaral Alto y del camino de Ovalle a Cerrillos, así como rectificación del trazado del camino de la Comuna de río Hurtado, que la une con Ovalle.
Estudios que permitan las obras de construcción de los tranques Puclaro, en Elqui como ya se señaló, de Combarbalá y el o los necesarios en la cuenca del río Choapa, donde, no existe ninguno.
En todas estas obras el Ministerio debe, lo reitero nuevamente adoptar todas las medidas necesarias para que ellas se ejecuten con personas desocupadas de la región.
Por otra parte, el Gobierno debe implementar en las zonas de sequía, medidas que permitan a los agricultores una real renegociación de deudas y, por otra, aumentar, considerablemente, la cobertura de todas las pensiones asistenciales, con lo cual se obtendrá un importante alivio para la economía en regiones que hoy sufren fuertemente con motivo de la catástrofe que las afecta.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez. .
El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-
Señor Presidente, la situación de sequía que vive actualmente el país nos lleva a analizar este problema, que repercute con singular fuerza en la agricultura, desde dos puntos de vista.
El primero de ellos es el inmediato, que nos obliga a llegar con ayuda oportuna, eficaz y adecuada.
He efectuado un recorrido por los sectores más afectados del Distrito que represento y he podido constatar que los planes que ha señalado el señor Ministro no se han puesto en práctica con eficacia y eficiencia.
La causa de ello, en mi opinión, está en los canales que se utilizaron para poner en práctica los planes diseñados y permitir que la ayuda llegara a quienes realmente la necesitaban. Un ejemplo de estos es la forma de entrega de colizas de pasto que se realizó en el sector de Putaendo, como, asimismo, de alimento para sus habitantes.
Es tan cierto lo dicho, que la Comisión Provincial de Sequía se vio en la obligación de poner término al contrato del personal que debía efectuar tareas de coordinación, y procedió a contratar a un ingeniero agrónomo para que asumiera esas tareas.
¿Qué pretendo decir con esto? Reafirmar que la forma como se ha enfrentado la emergencia no es la más adecuada. Todas las municipalidades del país tienen un plan de emergencia y un manual de procedimiento para su ejecución; elementos que ya han sido puestos a prueba en otras emergencias, como fueron el terremoto de 1985 y los temporales de 1987.
Quiero pensar que si hasta ahora no se ha recurrido a las municipalidades, es por desconocimiento de este plan y no por otras razones. Si realmente queremos atacar con eficacia, eficiencia y, por sobre todo, oportunamente las consecuencias inmediatas de la sequía, considero que debe ocuparse la estructura municipal, porque, en definitiva, son ellas quienes conocen las realidades de sus comunas. Se les asignaría, eso sí, los recursos que hoy se destinan a las Comisiones Provinciales, lo que, sin lugar a dudas, producirá una mayor rentabilidad económica y social.
Por otra parte, desde el punto de vista inmediato, quiero formular tres consultas al señor Ministro de Agricultura:
1°) El señor Ministro señaló que los llamados a concurso para obras de riego se habían flexibilizado. ¿En qué y cómo se ha materializado esa flexibilización?
2°) ¿Cuántos son los fondos extraordinarios que se han destinado a combatir la sequía, y en qué rubros?
3C) El señor Ministro manifestó que se había oficiado a la Corte Suprema para flexibilizar los aspectos jurídicos. ¿Cuándo se envió el oficio? Lo pregunto porque tengo en mi poder un oficio del señor Pedro Correa, Director de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de Gobierno, de 30 de marzo de 1991, en el cual se señala que corresponde a los interesados solicitar la suspensión del remate ante el tribunal correspondiente, y no decretarla el Ejecutivo, mediante un acto administrativo, como lo solicitaba un proyecto de acuerdo de esta Cámara de Diputados. Si esto significa que el señor Correa no está en coordinación con el Ministerio de Agricultura ni con la Comisión Nacional de Sequía, sería bueno que sí lo hiciera.
Desde el punto de vista del mediano y largo plazo, resulta indudable que para que esta situación no nos sorprenda sin estar preparados, es vital un plan adecuado y concreto de desarrollo de obras de riego, ya sea de embalses mayores, menores, canales, etcétera.
Por lo anterior, y en mérito del tiempo, quiero hacer algunas consultas al señor Ministro de Obras Públicas.
1°) ¿En qué etapa de definición se encuentra la construcción de los siguientes embalses: a) Embalse Las Minillas, de Putaendo; b) Embalse Los Angeles, de la provincia de Petorca; y c) Embalse de Puntilla del Viento, de Los Andes? Ello, porque todos los embalses se relacionan entre sí.
2°) Es efectivo, como señala el señor Ministro, que es difícil predecir si este año será seco o lluvioso. Sin embargo, estimo que debemos estar preparados para enfrentar una posible emergencia. Desde esa perspectiva quiero saber:
a)¿Qué planes concretos tienen ambos Ministerios para enfrentar un posible año seco?
b)La falta de lluvia hará bajar cada vez más las napas que surten algunos sistemas de agua potable, como en el caso de la provincia de Los Andes, donde ya han bajado en un 40 por ciento. ¿Cómo se piensa enfrentar este problema en lo mediato y en lo inmediato?
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Son muy numerosas las obras que se están realizando en cada una de las regiones: de riego, de vialidad, de arquitectura. Se las haré llegar al señor Diputado por oficio. Leerlas aquí podría ser más espectacular, pero son muchas.
En materia de regadío, se está multiplicando en más de diez veces el programa de esas inversiones para 1991, con respecto a los dos años anteriores. Se' trata de inversiones que se van a realizar o se están efectuando en todo Chile.
Con respecto a los tres embalses que él ha mencionado, cabe señalar que el de Las Minillas, en Putaendo; el de Los Angeles, en Petorca; y el de Puntilla del Viento, en Los Andes, están relacionados y siendo objeto, como se conversó en su oportunidad en la Comisión de Presupuesto, de un análisis para determinar cuál es su factibilidad, tanto desde el punto de vista económico como técnico. Insisto en que estamos con un plan de inversiones en el área de riego que involucra obras del orden de los 230 millones de dólares, plan bastante ambicioso para las disponibilidades de recursos de este país, en el cual existen muchas otras necesidades en obras sanitarias, en transportes, en arquitectura, en educación y en salud. En esta materia estamos haciendo inversiones que multiplican por muchas veces lo que se hizo históricamente en el pasado reciente.
Acusar a esta administración de falta de preocupación por el problema del agua, constituye una afirmación que considero extremadamente injusta.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Ministro señor Figueroa.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Quiero contestar algunas de las observaciones formuladas por el Diputado señor Rodríguez.
Respecto de las flexibilizaciones para el llamado a los concursos de riego, me remito al artículo 6° del decreto N° 860, publicado en el Diario Oficial del 8 de enero de 1991, al cual voy a dar lectura:
"Quienes participen en los concursos de la ley N° 18.450" Ley de Riego" a que llame la Comisión Nacional de Riego para mitigar los efectos de la sequía en las comunas indicadas en el artículo 1°" las declaradas zonas de catástrofe, "podrán iniciar las obras proyectadas con anterioridad a la conclusión de dichos concursos, sin perjuicio' de atenerse a sus resultados.
"Los oponentes que no resultaren beneficiados con las bonificación establecida en la ley a que se refiere el inciso anterior, podrán postular a nuevos concursos sólo con sus proyectos originales, pudiendo modificar en ellos exclusivamente la variable aporte."
Con respecto a los recursos que se han empleado, ya he precisado la cantidad y el desglose correspondientes. Reitero que la cifra alcanza a los 9 mil millones de pesos.
En cuanto a la suspensión de los remates, tengo en mi poder, a disposición del señor Diputado, fotocopia del oficio que el señor Ministro de Justicia dirigió al Presidente de la Excelentísima Corte Suprema en tomo de esta materia, a petición del Ministro de Agricultura. La parte pertinente dice lo siguiente: "Sin perjuicio de que el ejercicio de dicha facultad debe ser requerida por la parte interesada, mego a Vuestra Excelencia se sirva considerar la conveniencia de que esa Excelentísima Corte tenga a bien emitir una circular sobre la materia conocida por los tribunales para conocimiento de las comunas afectadas por la sequía y declaradas zonas de catástrofe por disposición de decretos supremos del Ministerio del Interior". Posteriormente, el señor Ministro de Justicia comunicó al Ministro que habla, por oficio del 20 de febrero de 1991, haber recibido respuesta de la Excelentísima Corte Suprema, según la cual el oficio circular se despachó en la forma solicitada.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ringeling.
El señor RINGELING.-
Cedo la palabra al Diputado señor Claudio Rodríguez.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-
Deseo señalar, en primer lugar, que en ninguna parte de mi intervención he acusado de ineficiencia al señor Ministro de Obras Públicas. Por el contrario, he dicho que algunos planes no se han aplicado con eficacia y que creía conveniente que ellos se pusieran en práctica a través de las municipalidades. En segundo término, he solicitado a ambos Ministros que reseñen cuáles son los planes concretos que se tiene previsto aplicar si persistiera una situación de sequía en el país.
Respecto del oficio mencionado, tampoco he puesto en duda lo expresado por el señor Ministro de Agricultura. Por el contrario, he mencionado que tenemos una respuesta de parte del señor Pedro Correa, y que es bueno que las señales que emitan algunos personeros del Gobierno sean lo más claras posibles. Si el señor Correa no estaba en conocimiento del oficio enviado por el señor Ministro, planteé que era conveniente que se coordinarán mejor.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, he escuchado de todo en esta sesión, convocada especialmente para "hacer una evaluación de los problemas que origina la sequía que afecta al país, y conocer las medidas e iniciativas que el Gobierno está implementando en tal sentido".
He escuchado así, por parte de diversos parlamentarios de la Concertación, hablar de la pobreza, de la ley de riego, de la reestatización de Endesa, de la enorme responsabilidad del gobierno anterior porque no ha llovido; he escuchado las lastimeras y llorosas expresiones de siempre por la catastrófica situación que la actual Administración recibió al país y he vuelto a escuchar, a toda orquesta, el repetido coro de alabanzas y adulación al actual Gobierno.
Por otro lado, he escuchado los más sesudos y ambiciosos proyectos de construcción de canales, de embalses, de modificación del Código de Aguas y de la ley de riego, y del empleo del agua en la generación de electricidad.
Por último, he escuchado los más ambiciosos proyectos, que valen miles de millones de dólares, que nadie sabe ni ha dicho dónde están y de dónde van a salir.
Sin embargo, sobre la base de un mínimo de pragmatismo, deseo retomar el tema inicial y expresar que estamos frente a una situación de emergencia, con características de catástrofe, que es necesario afrontar hoy, mientras los estadistas de siempre programan e implementan las soluciones, que seguramente van a operar en el próximo decenio.
Con este pragmatismo, el caso de mi provincia, la de Linares, puede ser un buen ejemplo de lo que percibe el hombre común que labora en el campo, para quien la sequía es un problema de 1991.
En mi provincia se estima que las pérdidas agrícolas del sector secano costero y del sector arrocero, en particular, es más o menos del 30 por ciento; el sector vitícola de secano estima una baja de producción del 50 por ciento; el sobretalajeo de las praderas naturales ha dejado casi sin reservas de forraje para la temporada invernal, y en el sector forestal existe el peligro latente de incendios forestales y por ello sería bueno que Conaf no autorice quemas por roce de rastrojos hasta las primeras lluvias.
El menor rendimiento de las plantaciones forestales se estima en un 30 por ciento y el atraso en las plantaciones de pinos y eucaliptos, en la actual temporada, producirá una fuerte caída de la contratación de mano de obra en el período invernal.
Finalmente, deseo expresar que si bien es cierto que existe en mi provincia una Comisión de Sequía, ésta carece de un diagnóstico elaborado para cuantificar los daños. Tampoco existe una cifra estimada del daño económico que producirá la crisis en mi provincia de Linares, ni menos tiene un plan de manejo del problema. Sólo está actuando por reacción ante un problema coyuntural y, por último, carece de una buena coordinación con otros servicios.
Todos los antecedentes que aquí he proporcionado provienen de apreciaciones de los dirigentes agrícolas.
Por lo tanto, solicito a las autoridades presentes que se instruya a la Comisión de Sequía de Linares para que se aboque de inmediato a elaborar un plan de manejo de esta emergencia, oyendo a los dirigentes agrícolas, mientras se buscan estas soluciones a largo plazo que aquí se han mencionado.
Finalmente, pido que se inserte en la versión de esta sesión la intervención preparada por mi colega, Diputado señor José María Hurtado Ruiz-Tagle, quien por razones de tiempo, no va a poder hacerla.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se insertará el discurso del Diputado señor Hurtado.
Acordado.
El texto de la intervención que se acordó insertar es el siguiente:
El señor HURTADO.-
Señor Presidente, señores Ministros, Honorable colegas:
El sector costero de la Sexta Región vive una situación tremendamente crítica debido a la grave falta de lluvias en los últimos tres años. Ocho comunas de esta región han sido declaradas zona de catástrofe. Sin embargo, las comunas de Palmilla, Peralillo, Chépica y Santa Cruz están conformadas por un alto porcentaje de secano y estos sectores necesitan también ser beneficiados con la declaración de zona de catástrofe.
Hasta este momento, la ayuda recibida se ha centrado en:
Reparto de pasto para pequeños agricultores.
Distribución de agua para los habitantes de zonas afectadas por la sequía.
Construcción y reparación de norias.
Al respecto, es necesario destacar que las personas encargadas de esta ayuda, no consideran en sus resoluciones a las autoridades comunales, lo que provoca un trabajo poco coordinado y los recursos no se emplean eficientemente.
En la actualidad, se hace indispensable tomar medidas urgentes que permitan aliviar la grave crisis que hoy viven los habitantes de estas comunas y las consecuencias que sufrirán en el futuro.
Programas especiales de empleo, a través del Ministerio de Obras Públicas, que permitan absorber la cesantía existente.
Créditos especiales de Indap, para que los pequeños agricultores puedan hacer sus siembras en esta temporada.
Exención de pago de contribuciones de bienes raíces correspondientes al año 1991.
Reprogramación de créditos otorgados en la temporada 1990, obligaciones que no van a poder cumplir los agricultores por pérdidas en sus siembras.
Declarar zona de catástrofe a los sectores de secano de las comunas de Chépica, Peralillo, Santa Cruz y Palmilla.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.
El señor RINGELING.-
Señor Presidente, en el poco tiempo que me resta, voy a explicar brevemente un proyecto de acuerdo que se votará al final de esta sesión.
Reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en materia de sequía, pero realmente estimamos, y con conocimiento de causa, que éste ha sido tardío e insuficiente. Por eso, queremos pedir al Presidente de la República para que, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Zona de Catástrofe, adopte ciertas medidas.
En primer lugar, que se condonen las contribuciones de bienes raíces correspondientes al año 1991 a todos los predios, o a la proporción que corresponda, que estén clasificados como de secano en las comunas declaradas como zonas de catástrofe.
En segundo lugar, que se puedan acoger a la condonación de 1991, los predios clasificados como de riego, cuando comprueben sus propietarios, por un procedimiento simple y objetivo que, como consecuencia de la situación de sequía, no han podido dispone de esta agua de riego.
En tercer lugar, algo sustancial y que no puede ser separado de los dos puntos anteriores, y también en uso de las facultades que le confiere el cuerpo legal citado, que el Gobierno aporte directamente a las municipalidades o al Fondo Común Municipal, iguales sumas de dinero que las que está condonando, pues de lo contrario simplemente se estaría produciendo en esas municipalidades un menor ingreso que, lógicamente, anularía el beneficio que se desea otorgar.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo del Comité de Renovación Nacional, incluidos los tres minutos adicionales.
El señor RINGELING.-
Señor Presidente, si es posible, quisiera redondear los tres puntos que quedan del proyecto de acuerdo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se concederá el tiempo solicitado.
Acordado.
El señor RINGELING.-
En cuarto lugar, se solicita la postergación de las cuotas adeudadas a la ex Cora por parcelas o por predios mayores, sean éstos de primeros o de posteriores adquirentes.
En quinto lugar, crear una Comisión ad hoc. Está es una cosa muy importante que se ha venido pidiendo en reiteradas oportunidades y, lamentablemente, eso no ha prosperado. Hay gran cantidad de predios agrícolas clasificados como de riego, pero son de riego eventual o simplemente de secano. Esto hay que abordarlo en forma eficaz y nombrar una Comisión ad hoc para que, en un plazo determinado, se puedan reclasificar estas tierras agrícolas, contemplando un procedimiento para que los afectados puedan exponer y apelar de estas resoluciones.
En sexto lugar, es indispensable dictar una ley especial de reprogramación de deudas que permita a los agricultores, cuyos predios se encuentren en zonas de catástrofes, lograr del sistema financiero, según sea la situación de 1991, dos o tres años de gracia para el pago de las amortizaciones, con el objeto de que se puedan recuperar de los estragos que ahora han sufrido.
Por último, que los créditos blandos y este es un punto que aquí se ha estado discutiendo que se canalizan por intermedio de Indap y de la Comisión Nacional de Sequía, sean asignados de acuerdo a evaluaciones objetivas, en cuya concreción pueden participar las municipalidades u otros entes que cuenten con información y estructura para cooperar en una justa asignación de dichos recursos.
Indap y la Comisión Nacional de la Sequía tienen que sacar lecciones de lo que fue la distribución del pasto, porque una loable iniciativa lamentablemente tuvo malos resultados, porque, tal vez sin quererlo la Comisión Nacional de Sequía, se produjeron injusticias en su distribución. Tiene que haber un procedimiento objetivo que permita asegurar que no haya una adjudicación discrecional de estos recursos.
También se ha hablado de un programa de intensificación de obras públicas dirigidas a la concreción de trabajos de carácter permanente, que contribuyan a aumentar la superficie con seguridad de riego y también la cobertura de agua potable rural y urbana.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Como no alcanzó a hacer uso de la palabra el Diputado señor Alfonso Rodríguez, si le parece a la Sala y conforme al acuerdo aplicado anteriormente, su discurso se insertará también en la versión.
Acordado.
El texto del discurso que se resolvió insertar, en virtud del acuerdo anterior, es el siguiente:
El señor RODRIGUEZ (don Alfonso).-
Señor Presidente, durante el desarrollo de esta sesión especial para analizar el tema de la sequía, hemos escuchado con mucha atención las exposiciones de los Ministros de Obras Públicas y Agricultura señores, Carlos Hurtado y Agustín Figueroa, respectivamente, en las cuales, reconocen y coinciden en que la sequía afecta a las Regiones Cuarta, Quinta, Séptima y Octava.
Curiosamente, en la Séptima Región solamente han sido declaradas zonas de catástrofe cinco comunas de un total de 29. Por lo tanto, vengo en solicitar de la Honorable Cámara la aprobación del siguiente proyecto de acuerdo, patrocinado por el parlamentario que habla y por el Diputado señor Gustavo Alessandri.
"Considerando:
1.Que las zonas norte y central del país, comprendidas desde la Tercera hasta la Octava Regiones, están sufriendo una de las más intensas sequías que haya afectado a la nación, prolongándose ésta por más de tres años, con daños que actualmente superan largamente los 200 millones de dólares y que afectan gravemente a más de 30 mil familias.
2.Que las comunas de Chanco, Pelluhue, Parral, Cauquenes, Longaví y Retiro, de la Séptima Región, han sido afectadas con especial dureza por esta catástrofe, están viendo languidecer su agricultura y perder sus fuentes de trabajo, aumentando con ello el desempleo. En suma, la sequía está destruyendo la productividad y el desarrollo de dichas comunas.
3.Que las estadísticas pluviométricas del embalse Bullileo, ubicado en la cordillera de la Séptima Región, indican que en el año 1982 la precipitación alcanzó los 3.127,2 milímetros, y en 1986 los 2.711,7 milímetros. Normalmente se registran sobre los 2 mil milímetros al año. No obstante, en 1988 se registraron 1.787,4 milímetros, en 1989 se registraron
1.279.9 milímetros y en 1990 se registraron 1.593 milímetros. En lo que va corrido del año, la precipitación alcanza los 19 milímetros. A igual período del año pasado, la precipitación había alcanzado a los 170.9 milímetros.
4.Que lo anterior demuestra la gravedad de la situación que afecta a las comunas antes individualizadas.
5.Que el Supremo Gobierno ha destinado fondos especiales para financiar proyectos tendientes a paliar las graves consecuencias producidas por la sequía, no obstante lo cual dichos esfuerzos no son suficientes y se requiere declarar dichas comunas como zonas de catástrofe, para hacerles aplicables los beneficios establecidos en los decretos supremos de Interior N°s 750 y 860, de 1990, y 104, de 28 de enero de 1977, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del título I de la ley N° 16.282.
Por lo anteriormente expuesto, los Diputados que suscriben venimos a recabar el apoyo de la Honorable Cámara para el siguiente proyecto de acuerdo.
Ofíciese al señor Presidente de la República, solicitándole que declare como zonas de catástrofe a las comunas de Chanco, Pelluhue, Parral, Cauquenes, Longaví y Retiro, de la Séptima Región, a fin de que se les haga aplicables los beneficios establecidos por los decretos supremos de Interior N°s 750 y 860, de 1990, y 104, de 1977.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, solicito también que se inserte también el discurso del Diputado señor Álvarez-Salamanca, quien tampoco alcanzó a pronunciarlo en la Sala.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El texto del discurso cuya inserción se acordó por asentimiento de la Sala, es el siguiente:
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA
Señor Presidente, la grave sequía que afecta al país desde hace tres años ha provocado «en la zona costera de la provincia de Talca una grave crisis a la agricultura y el comercio. En la comuna de Curepto, la atención por parte del Gobierno a las distintas familias que se han visto afectadas por este grave flagelo ha sido lenta y no ha llegado precisamente a los más afectados. Es necesario coordinar acciones con el municipio, el cual tiene toda una estructura dirigida a activar mecanismos de ayuda social en situaciones de catástrofe como ésta. Es fundamental la construcción de tranques que acopien aguas de invierno en las localidades de Huelón, Limavida, Población y Hualleco, por nombrar algunas.
En la comuna de Pencahue, es fundamental que el Ministerio de Obras Públicas otorgue los recursos para la construcción del canal de regadío de Pencahue, obra muy anhelada por los agricultores, que fue iniciada en el Gobierno anterior. Además, en esta localidad es necesario proveer de recursos al Municipio para que se aboque a la construcción de norias, dado que parte importante de la población vive en localidades altas al interior de la Cordillera de la Costa.
En la comuna de Empedrado, también se debe proveer de recursos al municipio para que, por una parte efectúe estudios para la construcción de tranques acumuladores de agua invernal y construya norias en aquellas zonas con mayores problemas. Empedrado es una zona pujante, pero con muchas necesidades en cuanto a infraestructura básica (principalmente luz eléctrica).
Tampoco han estado ajenas a esta catástrofe las zonas de regadío de la provincia de Talca y que se encuentran en el valle central. La disminución de los caudales de agua de los canales ha tenido como consecuencia una baja notable en los rendimientos de los distintos productos agrícolas. Los potreros destinados al pasto para el ganado en muchos lugares están completamente secos, dado que los agricultores han debido privilegiar los sembradíos por sobre las pasturas.
Quiero destacar la actuación equivocada, perjudicial y casi criminal para los agricultores que ha tenido el señor Director General de Aguas, don Gustavo Manríquez, quien en pleno período de sequía en el mes de febrero, autorizó a Endesa para que le traspasara aguas que según el señor Director son de propiedad de esta empresa a la central Pehuenche para que llenara el embalse El Melado. El señor Director interpretó a su antojo el convenio existente entre la Dirección Nacional de Riego y Endesa y le otorgó derechos de agua a esta empresa, derechos que jamás ha tenido, lo que los agricultores estamos dispuestos a demostrar ante la justicia.
El Gobierno no puede seguir manteniendo en el cargo de Director General de Aguas a un funcionario que se somete a las presiones de las empresas hidroeléctricas, perjudicando con ello a miles de agricultores que generan cientos de miles de puestos de trabajamos en la provincia de Talca.
Señor Presidente, no puedo entender, entonces, qué hace la Comisión Nacional de Sequía si no se preocupa de estas situaciones. ¿De dónde van a sacar agua los agricultores la próxima temporada de riego si continúa la sequía?
Por último, quiero proponer las siguientes medidas para las zonas del país que se han visto afectadas por la sequía:
1.Que se condonen las contribuciones a todos los predios de secano y también a aquellos predios agrícolas de riego, los cuales por la disminución comprobada de agua, han visto afectada su productividad.
2.Que se postergue hasta el próximo año el pago de las cuotas Cora a todos aquellos parceleros y propietarios de huertos familiares que se encuentren afectados por la sequía.
3.Que se reprogramen las deudas agrícolas a largo plazo otorgándoles a lo menos, un año de gracia a los agricultores afectados por la sequía.
4.En las localidades urbanas afectadas por la sequía, que a los comerciantes también se les reprogramen las deudas, otorgándole un año de gracia.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
En relación con las observaciones del Honorable Diputado señor Ringeling, quiero hacer algunos alcances. Plantea el señor Parlamentario la condonación de las contribuciones de bienes raíces para el año 1991. De acuerdo con la mecánica constitucional, la condonación solamente puede producirse respecto de tributos en mora, y todos sabemos que las contribuciones del año 91 empiezan a devengarse a contar de fines de abril de este año, de manera que solamente por la vía legal se podría recurrir a este arbitrio. Lo que sí está contemplado en el decreto que ya cité es la específica posibilidad de prorrogar la fecha de pago de las respectivas contribuciones.
Respecto de la iniciativa en cuanto a postergar el pago de la llamada deuda ex Cora, está en tramitación en la Honorable Cámara un proyecto de ley sobre la materia, de manera que, por la vía de la indicación, es perfectamente posible que se haga la proposición por el señor Diputado.
El señor RINGELING.-
¿Me permite, señor Ministro?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
El Diputado Ringeling le solicita una interrupción.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Con mucho gusto, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Con la venia del señor Ministro, tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RINGELING.-
Señor Presidente, señor Ministro, en realidad, leí con demasiada rapidez el proyecto de acuerdo. Dije que el Ejecutivo no ha tomado medidas que puede adoptar de acuerdo a las facultades que le otorga la letra d) del artículo 3° de la ley N° 16.282, que autoriza a condonar, parcial o totalmente, los impuestos de cualquier clase que grave la propiedad a persona o sus rentas. Sobre la base de esta atribución y así dice el proyecto de acuerdo, solicito del Gobierno que tome estas medidas.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Puede continuar el señor Ministro.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Es válida la primera parte, en cuanto a que la condonación sólo se puede hacer respecto de obligaciones vencidas y no de obligaciones por vencer.
Por último, sobre la insinuación que se hace en relación con la tasación por riego eventual, la parte pertinente del decreto en tramitación expresa que en la retasación de la propiedad raíz se pondera especialmente si se trata de propiedad raíz de riego permanente o de riego eventual.
Leeré la disposición: "Para los efectos de la retasación, se ponderará especialmente si las propiedades son de riego permanente o eventual, y, en este último caso, la naturaleza y limitaciones de tal eventualidad"
Efectivamente, se ha captado que hay propiedades calificadas como de riego y tasadas como tales, cuando su riego es muy eventual y, por lo tanto, tiene un valor sustancialmente inferior.
Gracias, señor Presidente.
El señor REBOLLEDO.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rebolledo.
El señor REBOLLEDO.-
Señor Presidente, a esta altura de esta sesión especial, las intervenciones de varios colegas, y particularmente las de los parlamentarios de la Cuarta Región que me han antecedido en el uso de la palabra, me ahorran una parte de las observaciones que quería efectuar y, por consiguiente, no me detendré en datos técnicos que ya han sido señalados. Simplemente, haré dos o tres reflexiones como parlamentario del distrito de la Cuarta Región del país que represento, la provincia del Choapa y parte de la de Limarí, desde luego, y con toda seguridad, la más azotada por el problema de la sequía.
En primer lugar, le quiero señalar al colega señor Navarrete que no se ha culpado al Gobierno anterior de que no haya llovido, sino porque, a pesar de la sequía que hubo en los dos últimos años de su gestión, no tomó medida alguna y actuó con absoluta insensibilidad ante los graves problemas derivados de esta situación en el país.
Quiero comenzar mi intervención manifestando que en nuestra bancada tenemos una valoración muy alta de la manera con que el actual Gobierno ha enfrentado el problema de la sequía. Sin duda, es un problema grave que está afectando a diversas regiones del país y que involucra dificultades a alrededor de 30 mil familias. En contraste con la gestión para encarar esta situación durante los dos últimos años del régimen anterior, en este Gobierno se ha actuado con sensibilidad y se ha tomado un conjunto de medidas adecuadas que han sido llevadas adelante, con toda eficacia.
Algunos alcaldes designados no han colaborado para que las medidas puedan aplicarse de un modo más efectivo. Por lo tanto, mal podría sugerirse un mecanismo para mejorar esta situación, recurriendo a alcaldes designados, quienes, por lo menos en el distrito que represento, en muchos casos y lo digo responsablemente, han obstaculizado la implementación de tales medidas.
Como bien dijo el señor Ministro de Obras Públicas, la sequía es una catástrofe previsible que ocurre con cierta periodicidad en el país. Sin embargo, como lo señaló mi colega Palma, en el caso de la Cuarta Región estamos en una situación que presenta graves características: la periodicidad con que se ha producido la sequía, a diferencia de otras regiones, la agudeza de la falta de precipitaciones en el sector secano costero, los niveles de dificultad social a que se ha arrastrado a la población de la Cuarta Reglón, particularmente en la provincia del Choapa, nos ponen en presencia de una situación bastante grave que, en consecuencia, requiere de una atención especial.
En este sentido, en nombre de los chilenos que viven en la Cuarta Región, en particular de los que viven en la zona sur de la misma, que han sufrido esta situación durante demasiados largos años, que se han visto arrastrados a un estado de verdadera miseria, deseo destacar que algunas de las comunas con mayores índices de extrema pobreza del país están en esta parte, concretamente, en las comunas de Curitaqui y de Canela. Asimismo, quiero plantear que valoramos el esfuerzo de este Gobierno, la decisión que ha tomado en el sentido de entender correctamente que debe adoptarse soluciones integrales, retomar lo que no se hizo durante 17 años, y efectuar inversiones que involucren grandes obras de riego en el país.
El señor Ministro ha anunciado que para el presente período de cuatro años están programadas las cuatro grandes obras de riego que el indicó. Sin embargo, señor Ministro, quiero demandarle directamente, en nombre de esos chilenos que sufren más que otros la situación de la sequía, que el Gobierno y su Ministerio tengan a bien, en el lapso del presente período, por lo menos en el caso del río Choapa, proceder al reestudio de la hoya hidrográfica; y proveer los fondos necesarios, ojalá en el presupuesto de 1992, con el objeto de efectuar los estudios que permitan y echen las bases para que antes del año 2.000, o sea, antes de que termine el presente siglo, se pueda resolver un problema que se ha arrastrado durante décadas y se pueda romper una verdadera mala racha de la provincia del Choapa, donde hace algunas décadas se hizo el estudio del tranque de Huintil, del cual incluso, se alcanzaron a construir sus cimientos, pero con posterioridad las obras fueron interrumpidas. Durante el Gobierno del Presidente Allende, se hizo el estudio del canal del Choapa, que permitiría regar una cantidad muy importante de nuevas hectáreas y garantizar el riego de las que actualmente son de riego; pero una vez que asumió el régimen militar estas obras fueron suspendidas.
Señor Ministro, estoy consciente,...
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, le ruego dirigirse a la Mesa.
El señor REBOLLEDO.-
Señor Ministro, por su intermedio, señor Presidente deseo manifestarle al señor Ministro este problema, como él lo señaló en su réplica al Diputado Palma, afecta a todas las regiones en el país, que todas las provincias tienen demandas de obras de riego, grandes y medianas, y sé que, naturalmente, hay criterios y prioridades. Es probable que en el futuro las tasas de retomo de la inversión en obras de riego en la Cuarta Región, concretamente en la parte sur, puedan ser inferiores a las que se obtengan en la zona central, pero en un Gobierno democrático, con sensibilidad social, resulta indispensable entender como tasa de retomo de una inversión la dignidad de numerosos chilenos que viven en una situación miserable, de extrema pobreza, sobre todo en la parte sur de la Cuarta Región.
Desde ese punto de vista, creo que éste es un aval moral y político para demandar, como lo han hecho los otros colegas de mi región, que en el transcurso de este periodo al menos se inicien los estudios, dándole prioridad en la segunda mitad de la década de los 90, a las grandes obras de riego en la Cuarta Región, concretamente en la hoya hidrográfica del río Choapa, que permita abordar radicalmente esta situación.
He dicho.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Señor Presidente, agradezco al Diputado Rebolledo el reconocimiento de los esfuerzos que se están haciendo para combatir el gravísimo problema de sequía en la hoya del río Choapa. Quiero recordar que en esa zona y en la del Limarí, que también le corresponde, se están construyendo algunas obras importantes. Se está terminando el estudio de ingeniería del sifón PalomaCogotí, para pasar agua del embalse Paloma al Cogotí, obra que no estaba prevista y que esperamos iniciar dentro de muy cortb plazo. Estamos reparando el embalse Quilimarí, que está deteriorado, y también estamos muy preocupados del problema del canal Buzeta, que se encuentra en pésimas condiciones y es necesario mejorarlo para evitar las pérdidas gigantescas de agua que se producen, especialmente en su parte final.
Estas son tres cosas concretas, de corto plazo, que creo importante mencionar. Reitero que estamos analizando el problema de regadío, en todo Chile. Dentro de este análisis, la hoya del Choapa merece una atención muy especial, por su particular naturaleza.
El señor SOTA.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, para abordar este tema, de extrema importancia en el resultado económico del país, cosa que nos afecta a todos, es indispensable describir la situación actual del riego en Chile. Me parece que la mejor manera de hacerlo consiste en remitirme a un trabajo que sobre la materia ha preparado el ingeniero Gustavo Arriagada, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego.
Dice el ingeniero Arriagada: "El millón de hectáreas bajo riego alcanzado para 1914 nótese la fechase transforma en los años 1970 en 1.100.000 hectáreas." Es decir, en 55 años en Chile se está regando un 10 por ciento más de lo que se regaba en la fecha inicial que acabo de señalar.
"Existen adicionalmente prosigue el ingeniero Arriagada700 mil hectáreas con riego insuficiente y un secano de 3 millones 300 mil hectáreas, de las cuales 700 mil se estiman potencialmente regables. Con ello finaliza el ingeniero Arriagada se está regando prácticamente el 44 por ciento del total teórico en el país". Y termina con una sentencia que debiera hacemos meditar a todos, por tratarse de un problema nacional que sobrepasa el límite de los partidos políticos. Dice el ingeniero Amagada: "En los últimos 20 años yo diría en los 23 últimos años se ha mantenido inalterable esta cifra del 44 por ciento del total teórico de regadío". Esto es lamentable y realmente constituye un desafío no sólo para el Gobierno, sino para el país.
Varios señores Diputados han recordado que las últimas obras de regadío prácticamente se inauguraron entre los años 1967 y 1968: los embalses Paloma, El Yeso y el de Digua, en Linares. Esto nos debe hacer pensar felizmente el señor Ministro ha sido muy categórico en la materia que el Gobierno tiene una responsabilidad enorme en el estudio y realización de un plan nacional de riego que consulte obras de la envergadura de las que se construyeron en aquellas épocas.
Hay un aspecto que no ha tenido una expresión pública importante, ni lo he apreciado así en las exposiciones tan completas que han hecho los señores Ministros. Dice relación al regadío mecánico.
En Chile existe un mapa hidrogeológico, preparado por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, de manera que la existencia de las napas subterráneas está en conocimiento de todos los ingenieros especialistas en la materia y, en especial, de los del Ministerio de Obras Públicas. Pero, en realidad, en Chile funcionan solamente 3.500 pozos profundos, que no riegan más allá de 100 mil hectáreas. Existe una inmensa cantidad de norias, pero no tenemos la cifra de regadío que ellas podrían abarcar en las distintas regiones del país. Lo que sí podemos decir es que este regadío mecánico apenas consume el 3 por mil del total del consumo eléctrico del país; es decir, el equivalente a 50 millones de kilovatios-hora, en circunstancias de que el consumo nacional alcanza a 14 mil millones de kilovatios-hora.
Ahora que el señor Ministro se encuentra en la Sala, aprovecho de hacer presente que hay una pérdida en las líneas del orden de 2 mil millones de kilovatios-hora al año. De manera que si esto es mejorado, supone el equivalente de más de alguna central hidroeléctrica en construcción.
¿A dónde voy, señor Presidente? El regadío mecánico, en la mayoría de los casos se hace con bombas accionadas por motores eléctricos.
Debo señalar que de los 3.500 pozos existentes en el país, solamente 20 se encuentran en las comunas de Alhué y San Pedro, que represento en esta Cámara, los que consumen alrededor de 3 mil kilovatios mensuales, con un valor de 16 pesos la unidad. Las norias de los pequeños propietarios y campesinos consumen a razón de 33 pesos el kilovatio-hora, debido a las diversas tarifas de las compañías eléctricas. Es decir, hay una relación de 1 a 2.
Señor Presidente, por su intermedio voy a pedir que se envíe un oficio al señor Ministro de Economía, a fin de ver la posibilidad de estudiar un subsidio estatal al consumo de energía eléctrica en obras de regadío mecánico.
En el capítulo relativo a las grandes obras de regadío, que ha sido tratado con detención por el señor Ministro, se ha hablado de los proyectos actualizados de Pencahue, Laja-Diguillín, del embalse de Convento Viejo, del río Huasco, todos muy interesantes. No se han mencionado, pero sé que existen, los proyectos actualizados del canal Linares, de la cuenca del río Itata, del embalse del río Claro y del embalse de Los Angeles.
No pido que el señor Ministro me responda inmediatamente, pero le voy a dirigir un oficio a él y al Ministro de Economía, con el objeto de informarme sobre el estudio y evaluación actual del canal Santiago-Peñuelas, llamado el canal de la prosperidad. En este oficio sé que me acompañan los señores Akin Soto y Sergio Velasco, Diputados por Casablanca, y el Diputado Gustavo Cardemil, por Viña del Mar, dadas las razones que he expuesto. El canal, cuyo proyecto fue informado favorablemente en mayo de 1972 por el Ministerio de Obras Públicas, se inició durante la Administración del Presidente Allende. En toda la extensión del valle de Curaca vi como sabe bien el señor Ministro de Obras Públicas, está hecho el rasgo correspondiente. El canal, que usaría las aguas del río Maipo, está destinado a abastecer de agua potable a Valparaíso y Viña del Mar y a regar 27.600 hectáreas de Curacaví y Casablanca. Según el informe de la época, daría origen a alrededor de 5 mil nuevas ocupaciones. Este proyecto resulta más económico que cualquiera de las alternativas que se plantean y captan recursos hídricos del río Aconcagua.
Estoy leyendo el informe favorable de la época de los organismos correspondientes del Ministerio de Obras Públicas.
Por supuesto, no pido una respuesta inmediata al señor Ministro de Obras Públicas; pero, sí, que se considere dentro de los proyectos actualizados, pues tendrá una importancia extraordinaria para todas las comunas que acabo de mencionar.
Por último, el Diputado por Cachapoal, don Juan Pablo Letelier, me ha pedido que solicite que se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas, para que dé a conocer el estado de desarrollo de dos obras de regadío en la provincia que representa: el canal Idahue, en la comuna de Coltauco, y el Tranque, en El Rincón de San Francisco de Mostazal.
Por último, debo dar testimonio de las obras emprendidas por el Gobierno en la zona que represento, especialmente de las realizadas a través del Indap, que han sido extraordinariamente eficientes. Lo demuestra la satisfacción de los campesinos de las zonas pobres que represento: San Pedro, Alhué y Curacaví, que expresan, por mi intermedio, su agradecimiento al señor Ministro del ramo.
Es todo lo que tengo que decir.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.
El señor TOHA.-
Señor Presidente, para referimos al tema de la sequía y el riego, debemos separar claramente dos aspectos.
El primero dice relación con las medidas de emergencia destinadas a enfrentar la situación apremiante de sequía, que asuela nuestros campos por más de tres años.
Enseguida, están las políticas permanentes en tomo al riego y a la inversión pública y privada en el sector; que no dependan de situaciones excepcionales, sino de criterios definidos en base a objetivos permanentes de mediano y largo plazos.
Teniendo presente el primero de los aspectos citados, el Gobierno ha adoptado diversas medidas de emergencia. Sobre la base de declarar zona de catástrofe a diversas comunas, ha proporcionado créditos e implementado soluciones a los deudores del Indap, entre otras medidas.
Como es lógico, estas disposiciones favorecen especialmente a las zonas declaradas en estado de catástrofe; pero estimamos que algunas, de mantenerse la situación, podrían extenderse a otras áreas que, sin presentar situaciones tan extremas, han visto mermadas sus posibilidades.
Por otro lado, debemos preocupamos de las obras permanentes y de largo plazo que atenúen situaciones futuras. Me refiero a proyectos de inversión, pública y privada, que posibiliten la construcción de tranques, embalses, pozos y canales para aumentar la eficiencia y la productividad de nuestros campos.
En la zona que represento, en la provincia de Nuble, la actividad agrícola es la más importante desde el punto de vista productivo. La población rural alcanza al 39.5 por ciento del total.
Veintinueve de las 33 comunas de Nuble y BíoBío pueden ser consideradas principalmente agrícolas.
Estos datos estadísticos, además de que demuestran el importante aporte de esta provincia a la producción nacional, en trigo, raps, remolacha, porotos, lentejas, avena, etcétera, y producción ganadera, evidencian el enorme impacto en lo social y productivo que la sequía está provocando, lo que ha afectado, incluso, otros aspectos de la vida en el campo.
Desde que se construyó el tranque Coihueco entre 1964 y 1970, en la provincia no se han desarrollado proyectos de riego de significación. Esto ha hecho su producción muy vulnerable a las variaciones pluviométricas. Este año, todos los productos han tenido menores rendimientos, especialmente el arroz, que bajó en un 30 por ciento, y los fréjoles, que disminuyeron en un 20 por ciento. Algo semejante se espera en las viñas.
Se han perdido empastadas, con el consiguiente impacto en la ganadería y lechería.
A pesar de que los sectores más afectados son el secano costero y el rulo cordillerano, el valle central también muestra los efectos de la sequía.
Si bien los daños no alcanzan los grados de la Cuarta y Quinta Regiones, la falta de agua ha provocado, además, otros problemas, como el aumento de los incendios forestales y el desabastecimiento de agua potable en 14 escuelas rurales de Nuble. Las autoridades han destinado 10 millones de pesos, dando soluciones para alrededor de 100 escuelas más, lo que proporcionará agua para su funcionamiento y servirá a quienes viven en sus alrededores.
La actividad agrícola en la provincia de Nuble, siendo la principal fuente de producción, requiere un fuerte impulso para alcanzar un grado de desarrollo similar al logrado en otras regiones, que han diversificado y orientado la producción hacia la exportación, con mayor rentabilidad. Han adoptado nuevas tecnologías y no han quedado limitadas a los cultivos tradicionales.
Por eso, aparte de las medidas inmediatas para paliar los efectos de la sequía, tomadas adecuada y oportunamente por el Gobierno, lo anterior pone de manifiesto la importancia y trascendencia para el futuro de iniciativas en tomo a la legislación sobre el uso de las aguas, al mejoramiento de las técnicas de riego, al fomento de pequeños proyectos de regadío, a través de Fosis e Indap, que ofrecen condiciones muy ventajosas para los pequeños productores beneficiados; y la enorme importancia para la provincia de Nuble de grandes proyectos, como es el del canal Laja-Diguillín, que aumentará en 64 mil hectáreas la superficie de riego. No es extraño, entonces, que en Nuble se considere a éste como el gran proyecto, sin perjuicio del embalse del río Nuble y otros, en que los propietarios a beneficiarse se han comprometido a contribuir en su financiamiento.
La concreción de tales obras de regadío se orienta hacia lo que debe ser una adecuada política de riego, que además de incorporar más tierras al cultivo, previene los efectos de posibles períodos de sequía, con los que la naturaleza nos castiga y pone a prueba a menudo.
Toda nuestra preocupación en tomo al problema de la sequía, sus efectos y posibles soluciones a futuro adquiere gran dimensión y significado, pues incide fundamentalmente en el desarrollo y progreso del país y en el bienestar y calidad de vida de la población.
Muchas gracias.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, como nos queda poco tiempo, no sé si es posible que mi discurso se incorpore en la versión.
Sin embargo, quiero formular algunas preguntas a los señores Ministros de Obras Públicas y de Agricultura.
Considerando que la sequía comenzó en 1988, me gustaría saber qué medidas se tomaron durante la Administración pasada para paliar los efectos de la sequía. Por ejemplo, qué recursos económicos se destinaron o qué comisiones se constituyeron para enfrentar el problema. Con el fin de que el país tenga una historia clara, es importante saber qué sucedió en el pasado, para comparar y saber si el Gobierno está procediendo bien.
Sólo deseo decir esto, teniendo en cuenta que mi intervención quedará incorporada en la versión.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se incorporarán en la versión los discursos de los Diputados señores Naranjo y Jorge Molina, en atención a que ha terminado el tiempo del Comité PPDPS.
Acordado.
El texto de la intervención cuya inserción se acordó es el siguiente:
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, en el día de hoy esta Honorable Cámara está debatiendo un tema de enorme importancia no sólo para el sector campesino, sino para todo el país, por su implicancia económica y ecológica.
Sin embargo, los chilenos aún no tenemos conciencia del grave daño que la sequía está ocasionando.
La sequía afecta a todos los chilenos, ya sea directa o indirectamente, poniendo en grave riesgo el futuro de nuestro país.
Este fenómeno de la naturaleza, que afecta a nuestro país desde 1988, no es un hecho aislado; cada 20 años Chile se ve asolado por una rigurosa sequía, cada 5 a 7 años, por una de tipo leve.
Actualmente, ya son 7 las regiones de nuestro país que se ven afectadas por este flagelo, siendo numerosas las comunas que han sido declaradas zona de catástrofe, siendo el impacto económicosocial de enormes proporciones.
Desde el punto de vista social, más de 50.000 familias rurales se han visto afectadas, al extremo que muchas han debido emigrar a las ciudades, dejando abandonadas sus pequeñas propiedades.
Si se hace una evaluación cuantitativa, considerando al grupo familiar, alrededor del 15 por ciento de la población rural se encuentra directamente afectada. Si consideramos a los indirectamente afectados, esta cifra supera el 30 por ciento de la población rural.
Desde el punto de vista económico, hasta el momento la sequía ha significado una pérdida de más de 200 millones de dólares, ya sea por bajos rendimientos en la producción de cereales, de productos hortofrutícolas y de ganado menor y mayor. Esto sin cuantificar las pérdidas en tierras productivas, las cuales, en muchos casos, deberán esperar años para ser recuperadas.
Hasta el momento las pérdidas económicas causadas por la sequía son similares a los daños causados por el envenenamiento de la uva, que tanto impacto causó en la opinión pública. Sin embargo, en este caso, a la mayoría de nuestros compatriotas no parece importarle.
Quizás el daño más grave y de difícil cuantificación sea el ocasionado a los ecosistemas silvo-agropecuarios, principalmente con relación al avance de la erosión y la desertificación de nuestro país.
Es necesario señalar que si consideramos que el régimen anterior desmanteló el aparato del Estado que apoyaba el desarrollo del sector silvo-agropecuario, dejando graves deficiencias humanas y económicas, la respuesta puntual del Gobierno democrático ha sido eficiente y oportuna.
Por eso valoramos la rapidez con que se constituyó la Comisión Nacional de Sequía, la entrega de más de 3 mil 500 millones de pesos y el auxilio que se ha prestado a más de 25 mil familias rurales.
De igual forma, no deja de resultamos sorprendente que quienes en el pasado, cuando ocupaban cargos de alta responsabilidad nada hicieron en favor de los afectados por la sequía, hoy levanten su voz para dictar cátedra y cuestionar las medidas que el Gobierno ha implementado.
Por si la derecha no lo sabe, la sequía comenzó en 1988.
Yo le pregunto al señor Ministro de Agricultura cuando se hizo cargo del Ministerio, ¿qué políticas había implementado el régimen anterior durante los años 19881989 para paliar los efectos de la sequía? ¿Qué recursos económicos habían sido destinados a ella? ¿Qué comisiones se habían constituido?
Es necesario que dejemos de lado los intereses particulares de cada grupo político.
Como lo señalé anteriormente, la sequía no sólo afecta a todos los chilenos, sino también su avance pone en peligro el país en el cual vivirán las generaciones futuras.
A nosotros nos compete impulsar las medidas que en el largo plazo permitan enfrentar las sequías e impidan el avance de la erosión, para que nuestro país no se transforme en un desierto.
Es necesario, por lo tanto, que como
Cámara de Diputados impulsemos diversas medidas:
I) Medidas inmediatas
a)Pedir al Presidente de la República que envíe un proyecto de ley, que exima del pago de las contribuciones y el IVA, a los productores de las regiones afectadas por la sequía, siempre y cuando justifiquen la reinversión de esos recursos en actividades de mejoramiento y obras de riego de sus propiedades, dañados por la sequía.
Por tal motivo, llamo a los señores Diputados a aprobar el Proyecto de Acuerdo que en relación a lo arriba señalado, he presentado en conjunto con otros Diputados en el día de hoy.
b)La sequía ha dejado en claro lo inadecuado del Código de Aguas elaborado durante el régimen anterior, el cual está basado en un criterio individualista y mercantil que es contrario al espíritu solidario que debe guiar el uso de las aguas. El actual Código de Aguas es tan absurdo, que se separaron los derechos de aguas de los de la tierra. Hoy en día se puede ser propietario de aguas sin tener tierras; y tener tierras sin tener aguas. Este Código actualmente impide la redistribución de las aguas y que se pueda ir en ayuda de los más necesitados.
Por lo que solicito a esta Honorable Cámara que oficie a la Dirección de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, que estudie la presentación de un proyecto de ley que modifique el actual Código de Aguas.
c)Solicitar que se entreguen más recursos a Indap para ir en apoyo de los campesinos y agricultores. Ya que por la magnitud de la sequía, que día a día se extiende los recursos entregados por el Gobierno ha dicho organismo, se han hecho insuficientes.
d)De igual forma se hace necesario iniciar una campaña de concientización social, acerca de la gravedad del problema de la sequía, ya que la mayoría de los habitantes sigue usando el recurso agua principalmente en las grandes ciudades como si estuviéramos en una situación normal.
En esta campaña de concientización, los Diputados tenemos un rol fundamental que cumplir con los habitantes de nuestro distrito.
II) Medidas de mediano y largo plazo
Como lo he señalado anteriormente es necesario que se planifique la lucha contra la sequía con criterio estratégico de largo plazo. Las sequías se presentan en nuestro país cada un cierto número de años y no es posible que se sigan enfrentando puntualmente y con medidas de parches. Con este fin propongo las siguientes medidas.
a)Formación de una Comisión, que en un plazo fijo elabore un programa que sea capaz de perfilar en el tiempo un plan sistemático de lucha contra la sequía y de recuperación de las tierras afectadas por ésta.
b)Impulso de un programa de construcción de infraestructura de riesgo, canales, embalses, tranques, por más costosos que sean. Desde la década del 60, durante la cual se construyó el embalse Paloma, en la Cuarta Región, que no se ha levantado otra obra de esa magnitud.
Por eso junto con las obras que el Gobierno ha anunciado que se van a realizar, se hace necesario reactivar la construcción de las siguientes obras de regadío.
La del río Huasco y Cuenca del Choapa, en la IV Región.
Regularizaron del río Aconcagua, en la V Región.
Convento Viejo, en la VI Región.
Canal Linares, en la VII Región.
c)Desarrollo de un programa de apoyo técnico y crediticio para la captación y uso de aguas subterráneas. Nuestro país tiene un enorme potencial de ese recurso hídrico. Sin embargo, actualmente no es utilizado masivamente.
d)Implementación de un vasto y diverso plan de forestación, que, ponga fin a la "desertificación" en nuestro país. Por lo mismo es necesario revisar cuanto antes las leyes de explotación de bosque nativo, dictadas durante el régimen anterior. Ya que la explotación indiscriminada de los bosques nativos de las X, XI y XII Regiones, producirán en el mediano plazo, los mismos efectos que produce actualmente la sequía.
Para finalizar, quiero señalar una vez más que la lucha contra la sequía, la erosión y la desertificación en nuestro país, es una tarea de todos, en la cual debemos dejar de lado nuestros intereses personales y políticos.
Está en nuestras manos, que nuestro país recupere las tierras hoy afectadas o que se transforme en un largo desierto.
Las generaciones futuras podrán dar cuenta de la opción que elegimos.
He dicho.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Quiero contestar la inquietud del Honorable Diputado señor Naranjo, respecto de cuál fue la reacción de la Administración anterior durante los años 1988 y 1989. En 1988 se otorgaron créditos por 41 millones de pesos, y en 1989 por 270 millones de pesos, lo que da un total de 310 millones de pesos, en comparación con la cifra de varios miles de millones de pesos que he dado en esta oportunidad.
El señor NARANJO.-
¿Y cuánto se han otorgado hasta ahora, señor Ministro?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Le ruego al señor Diputado no hacer diálogo
El señor NARANJO.-
Le pido autorización a usted, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Voy a repetir las cifras, señor Diputado.
A través de la Comisión Nacional de Sequía se han entregado 2.828 millones de pesos, y por otros servicios, considerando también el adelanto de obras del Ministerio de Obras Públicas, se han entregado 6.469 millones de pesos. O sea, un total de 9.297 millones de pesos, frente a los 310 millones a que me referí.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Antes de continuar con el debate porque debemos escuchar todavía los tumos del Partido Unión Demócrata Independiente y del Partido Radical por sugerencia de los Comités, solicito el asentimiento unánime de la Sala para empalmar esta sesión con la de la tarde, suspendiéndola hasta las 16.30 horas, luego que termine de hablar el último orador del Comité del Partido Radical; agregar a la Cuenta de la sesión de la tarde los documentos que se reciban hasta las 16.00 horas, y por último, votar sin debate, los proyectos de acuerdo sobre la sequía, una vez que se reanude la sesión.
Asimismo, se ha solicitado, por parte de algunos Comités, que ojalá los señores Ministros puedan estar presentes en el momento de la votación de los proyectos de acuerdo.
¿Habría acuerdo de la Sala para proceder en esa forma?
El señor LONGTON.-
Perdón, ¿para agregar a la Cuenta todo lo que se refiera a los proyectos de acuerdo sobre la sequía?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
No, señor Diputado. Para agregar a la Cuenta todo lo que diga relación con lo que se debe rendir cuenta a la Corporación: mensajes, oficios del Senado, comunicaciones diversas, etcétera. Es decir, lo usual. No se trata de los proyectos de acuerdo.
¿Habría acuerdo para proceder de esa manera?
Acordado.
El señor PIZARRO (don Jorge).-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PIZARRO (don Jorge).-
Señor Presidente, cuando usted habla de votar solamente los proyectos de acuerdo significa que no podríamos intervenir para pronunciamos a favor o en contra. En general, los que he conocido son bastante coincidentes; pero, al menos, con el texto de ellos tengo una pequeña discrepancia. Entonces, creo que deberíamos dejar abierta la posibilidad de que, durante cinco minutos, un señor Diputado pueda opinar a favor de un proyecto de acuerdo y por igual lapso otro que quiera hacerlo en contra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
No hay acuerdo. Se votará sin discusión.
El señor PIZARRO (don Jorge).-
Señor Presidente, el problema es al revés. Lo que usted necesita es la unanimidad para que se vote sin discusión.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Lamentablemente, así lo acordamos, señor Diputado.
En todo caso, reitero la petición del señor Pizarro, a fin de que pueda hacer uso de la palabra, por cinco minutos, un señor Diputado que sostenga un proyecto de acuerdo, y por otros cinco, un señor Diputado que lo impugne.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, ¿y cuál ha sido el objeto de esta sesión, entonces, si se va a volver a discutir lo mismo en la tarde?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, el acuerdo adoptado tiene por objeto permitir clasificar los eventuales puntos de discrepancia que pudiere haber entre uno y otro proyecto de acuerdo. Por eso, podrá hacer uso de la palabra por cinco minutos algún señor Diputado que sostenga un proyecto de acuerdo y por igual lapso otro que lo impugne.
El señor PALMA (don Andrés).-
¿En todos los proyectos de acuerdo?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
No; sólo en los referidos a la sequía, señor Diputado.
El señor PALMA (don Andrés).-
Como hay más de un proyecto de acuerdo, consulto si esos cinco minutos son para tratarlos todos, en conjunto.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Hay cuatro proyectos de acuerdo, de manera que se dará ese tiempo para cada uno, salvo que se retire alguno.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Señor Presidente, quiero excusarme. Debido a un compromiso, tengo que estar impostergablemente en Santiago a las cuatro de la tarde, de manera que quedarán aquí mi colega don Carlos Hurtado y el Director Nacional de Indap. Quiero presentar las excusas a la Honorable Cámara por tener que ausentarme.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Bien, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, señores Ministros, Honorable Cámara: La sequía no es una catástrofe espectacular que se revele directamente a la opinión pública como, por ejemplo, un terremoto. Posee una naturaleza ambigua y mina la economía de una nación insensiblemente, con una potencia que a veces puede llegar a ser devastadora. Es, por lo tanto, indispensable cuantificar objetivamente la magnitud de la crisis y que Chile entero adquiera conciencia del lento progreso de esta catástrofe. La sequía tiene, en primer lugar, un efecto multiplicador. No afecta solamente a la agricultura sino también al comercio y a la industria. La capacidad de compra del país porque los sectores que no pueden producir carecen de entradas se ve afectada. Hay también un menor ingreso fiscal por las medidas que el Fisco ha debido hasta ahora adoptar, y, desde luego, está el impacto social de empobrecimiento mayor de familias ya pobres, junto con la muerte masiva de ganado, con la pérdida de empastadas y con la imposibilidad de trabajar vastas superficies de nuestro territorio.
La urgencia por hacer cosas, la necesidad muy legítima, por cierto, de mostrar efectividad ante la opinión pública, y la gravedad de ciertos problemas locales, ha obligado a los poderes públicos, al Gobierno, a actuar, sin haberse dado, a mi juicio, previamente, el tiempo suficiente para meditar sobre problemas y sobre nuestra realidad intrínseca, como lo es el de la permanente escasez de agua en vastos sectores de nuestro territorio.
En ese sentido, señor Presidente, quisiera plantear, más que los aspectos puntuales o contingentes sobre la forma como se ha estado enfrentando la sequía de la cual el Honorable señor Diputado Correa, de mi Partido hará referencia, la crisis en su contexto más general y las políticas que en el mediano y en el largo plazo debemos aplicar como país.
A mi juicio, se ha evolucionado muy lentamente en la conciencia nacional sobre el hecho de que el agua es un bien de uso público, escaso y permanente en vastas zonas de nuestro país. Falta una política de aguas y carecemos de una acción que justamente reconozca esta situación cíclica y permanente en nuestra geografía. Por ejemplo, en la agricultura se ha evolucionado poco en el manejo de los huertos, en la aplicación de los riesgos y en la profundidad que estos deben hacerse; en el conocimiento y en desarrollo de las necesidades de agua de las distintas especies; en el uso de tecnología moderna, de tensiómetros o de otros equipos para medir las necesidades de agua de los determinados cultivos. Hemos avanzado poco en la aplicación de métodos para determinar el momento de regar. Sabemos que el suelo actúa como un depósito de agua y, según su textura, van a ser necesarias distintas aplicaciones de volúmenes de agua. Se despilfarra, en conclusión, gran cantidad de este recurso en tiempo de abundancia y sólo cuando escasea nos preocupamos de cómo enfrentar el problema.
Por eso, surge una primera pregunta. ¿De qué manera, a través de los programas de transferencia tecnológica, Indap está haciendo un esfuerzo serio en este sentido? ¿Será posible poner un mayor énfasis en la necesidad de transmitir al sector productivo este concepto de uso racional del agua y de la buena aplicación de los sistemas de riego?
La escasez de agua debe también llevamos a una política de uso múltiple del recurso. En la inmensa mayoría de los casos, el agua se usa una sola vez. En la minería, en la agricultura, en el uso de las aguas servidas y en el riego, este recurso es malo o no integralmente aprovechado.
¿Qué planes tiene entonces el Ministerio de Obras Públicas en la búsqueda de tratamiento de aguas servidas que sirvan para reciclarlas y darles otro uso?
¿Qué tenemos en materia de riego y de aguas utilizadas en la minería que, una vez ocupadas en tal sector, tampoco son nuevamente aprovechadas?
¿Qué volúmenes de inversión privada tenemos en este aspecto?
Comparto en este sentido los planteamientos del Director General de Aguas, don Gustavo Manríquez, en tomo al concepto de la seguridad jurídica sobre las concesiones de derecho de aprovechamiento que, a su vez, también deben considerar la situación de concesiones que no están ligadas a una utilización real que deben tener, por consiguiente, una calificación distinta. Hay en este sentido, concesiones de agua que no necesariamente son aprovechadas, que surgen y siguen por los cauces naturales desde la cordillera al mar, sin ser aprovechadas y, sin embargo, ya están concedidas a un particular.
No puede ser tampoco, tal como lo concluían las jomadas de la Universidad de Chile en 1968, que no existe una política nacional de aguas concordante con nuestra realidad geográfica. En octubre de 1968, reunidos los más altos especialistas de las Escuelas de Ingeniería, Agronomía, Derecho y Economía de la Universidad de Chile, concluían en que el estado de la sequía que afectaba desde hace veintitrés años al país no era un fenómeno cíclico temporal sino que podría decirse casi permanente y que se ha ido agudizando por la mala distribución del agua y por la falta de un plan nacional.
Cuatro gobiernos, señor Presidente, han pasado desde las conclusiones de estas jomadas de la Universidad de Chile. Por consiguiente, no me parece justo poner el énfasis en lo que dejó de hacer o en lo que hizo, solamente referido al Gobierno militar. Quiero llevar la discusión a entender que éste es un problema que traspasa las fronteras de los gobiernos, que ha sido diagnosticado y dicho en numerosas oportunidades. Leía la sesión especial de la Cámara de Diputados del año 1968 cuando se trató el tema de la sequía, y con impresión comprobaba cómo muchas de las medidas, de los argumentos y de las cosas que había que hacer, se decían hace veintitrés años. Y creo que, en esta materia, hemos avanzado poco.
No puede ser tampoco que exista una sola política nacional de aguas, sin canalizar o sin entender que el tratamiento del recurso responda a la realidad de cada una de las regiones. Bien sabemos que hay zonas áridas y regiones húmedas y que dentro de ellas hay también zonas de riego y zonas de secano. Sin embargo, hemos hecho el esfuerzo de una política nacional de riego que no distingue las zonificaciones. Cabe entonces preguntarse, ¿de qué manera estamos avanzando en este sentido? ¿Será posible dentro de este año dictar una política de aguas y modificarla hacia una mayor regionalización en el aprovechamiento de recursos?
Quiero también referirme a la ley de obras menores de riego, como mecanismo de subsidios para ir mejorando las obras que permitan gradualmente un mejor aprovechamiento del agua. Me pregunto y le formulo la pregunta por su intermedio, señor Presidente, a los señores Ministros, ¿cuántos han sido los recursos canalizados por este subsidio durante el año 1990 y qué monto de ellos ha ido realmente a obras de riego?, en circunstancias de que, en razón de la emergencia, parece ser que la mayoría los ha ido destinando al lógico abastecimiento de agua potable, pero postergando la infraestructura de riego. También me quiero referir a la agilización en la tramitación de los créditos de Indap y a los cobros de intereses.
El artículo 2o del decreto supremo que dio origen al tratamiento del tema de la sequía, faculta a Indap para otorgar créditos por un monto de dos millones a las personas y 10 millones a las Organizaciones, sin cláusula de reajuste, y con un interés anual máximo de 3 por ciento. Quiero saber si estos créditos se están otorgando en UF, o, si se están cobrando intereses, o, si se está aplicando o no la norma del decreto supremo en tal sentido.
También hay reclamos, señor Presidente, por la falta de agilidad en la tramitación de estos créditos de Indap. Leía en la prensa por citar un ejemplo cómo un vasto e importante número de pobladores de Guamalata, localidad próxima a Ovalle, denunciaron que sus gestiones para obtener un crédito de Indap, a fin de instalar un equipo de bombeo de agua, algo así, pero es una obra menor, sólo encontraron dicen ellos "una larga tramitación". Agregaron: "Hemos perdido el tiempo en trámites durante un mes, y estamos igual que al comienzo, después de golpear las puertas de la Gobernación, la Intendencia e Indap"
Sé que no es fácil esta tarea. Sé que es difícil canalizar recursos, pero creo que es importante también en esta sesión transmitir los sentimientos de sectores de la agricultura que no están viendo llegar en toda su dimensión y en toda su importancia la ayuda requerida.
He querido centrar mi intervención en los aspectos de mediano y largo plazo, porque creo que no quisiera como profesional del agro, como parlamentario que, lastimosamente tuviéramos que vernos en algunos años más en sesiones especiales abordando el tema de la sequía y ver que no hemos avanzado en forma importante en algo que como he dicho no es transitorio, sino que permanente y propio de la idiosincrasia de nuestro pueblo y de la realidad geográfica de nuestro territorio.
Quiero finalizar, señor Presidente, poniendo en conocimiento un hecho que me parece importante. Aquí no solamente debe comprometerse la participación del sector público y de este Poder Legislativo. Ha llegado a mis manos en mi calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados una carta de la Sociedad de Fomento Agrícola de la zona de Temuco, en la cual nos anuncia que ellos han puesto en práctica una campaña de solidaridad para ayudar a los pequeños y medianos productores afectados por la sequía, que consiste fundamentalmente en recaudar fondos destinados a la compra de herramientas, motobombas y demás necesidades sentidas por los productores. Creo que este gesto de solidaridad de las regiones del sur, de organizaciones gremiales, debe ser destacado en esta sesión, y pido si así la Cámara lo aprueba que se agradezca esta colaboración y se feliciten estas iniciativas del sector privado, porque no podemos poner todo el peso del esfuerzo solamente sobre el sector público.
Por último, respecto de la intervención del Diputado señor Naranjo, que formulaba una serie de preguntas sobre lo que había hecho el Gobierno anterior, permítame puntualizar que en los años 88 y 89, a través de Indap, operó el sistema de préstamos especiales de sequía, los PES, destinados justamente a mejorar y a facilitar la adquisición de forraje a quienes, ya en una sequía todavía incipiente, en ese momento, que como sabemos ha ido aumentando en el tiempo, les permitió afrontar en parte el problema, como también se aumentaron los recursos a nivel de la Comisión Nacional de Riego.
Creo que no es justo ni objetivo señalar que el Gobierno pasado fue indolente o no quiso o no hizo nada. Creo que en justicia, hay que reconocer que el problema de la sequía es de una gravedad, de una importancia tal en este momento como no lo fue cuando el Gobierno militar debió intervenir en esa materia.
El Diputado señor Correa proseguirá con el tiempo que le queda a este Comité.
He dicho, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
Tiene la palabra el Diputado señor Correa.
El señor CORREA.-
Señor Presidente, señores Ministros, si bien la sequía que afecta al país, especialmente a las regiones del Norte Chico, son dramáticas, la situación del centro, y principalmente el sector del secano costero como bien lo indicaba el señor Ministro de Agricultura, se está tomando crítica y de consecuencias gravísimas de no mediar una lluvia dentro del mes de abril.
En la provincia de Curicó se ha declarado zona de catástrofe a las comunas de Licantén y Hualañé, haciéndose necesario hacerlo con las comunas de Vichuquén y Rauco, especialmente esta última donde lugareños de localidades como "La Vini11a" y "El Parrón" están emigrando hacia la orilla del río Mataquito para lograr subsistir.
En la región, las autoridades de Gobierno han implementado tal como se ha señalado acá un programa manejado a través de Indap, que consiste en abastecer de agua potable a las escuelas, por medio de camiones cisternas; son proyectos dirigidos por las municipalidades y otros cooperadores, destinados a sectores rurales, con recursos que son entregados a empresas u organismos no gubernamentales.
Este punto lo considero de gravedad. Se hace necesario denunciar en esta Cámara, ante la presencia de los Ministros de Agricultura y de Obras Públicas, la utilización política que se hace de esta necesidad elemental. Efectivamente, en la zona han aparecido organismos no gubernamentales de claro y marcado contenido político, tales como Indeso, cuyo socio principal es el actual Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ex candidato a Diputado por mi distrito, del Partido Socialista y del PPD. Otros, como Cinder, Crate, Fedecur, corresponden a entidades de fachada de diversos partidos políticos, a quienes el Instituto de Desarrollo Agropecuario les ha encargado la distribución del agua.
La mejor manera de lograr la adhesión ciudadana es solucionando esta primera necesidad para contar con este medio de subsistencia.
Solicito a los señores Ministros aquí presentes una investigación de los organismos que distribuyen el agua en los distintos sectores rurales.
Por otra parte, se hace necesario aumentar los fondos asignados, porque los proyectos están quedando cortos. Cuando se llega con el agua a un sector, las norias de las casas vecinas están secas y no se les puede atender. Por eso, es imprescindible que los fondos de obras públicas lleguen al sector cuanto antes, por cuanto las necesidades cubiertas por Indap son sólo de emergencia. Hay centros poblados, como el caso de La Huerta en mi distrito, cuyo pozo está a punto de secarse, por lo que requiere una solución definitiva. Es decir, los fondos que se han estado entregando y que están siendo cubiertos por Indap han servido para apagar el incendio; por eso los fondos de obras públicas tienen que ser dirigidos a aquellos centros poblados en los cuales, de no mediar el agua, lógicamente harán crisis en un breve plazo.
También son insuficientes los recursos humanos. El programa de Indap-Fosis en la provincia cuenta con un solo coordinador para atender a cuatro comunas.
En cuanto a los cultivos, a pesar de la sequía, se ha logrado cosechar entre un 70 a un 80 por ciento de un año normal, debido a que los cultivos se readecuaron en el período de siembra y a la implementación de pozos profundos que han constituido la solución más lógica en estos momentos.
Debemos hacer hincapié ante el grave peligro que significará un nuevo año seco, por lo que se hace indispensable que el Gobierno adopte medidas urgentes, destinadas a lograr la construcción de pozos profundos de tipo comunitario, para la Asociación de Canalistas o para agricultores independientes, flexibilizando los trámites y otorgando créditos blandos. La experiencia de este año nos demuestra que la mejor manera de combatir la sequía en la zona central la constituye, como decía, la construcción de los pozos profundos.
Aprovecho la presencia del Ministro de Obras Públicas, para referirme a la grave situación que afecta al embalse El Planchón, que permite el regadío de las tres cuartas partes de la provincia de Curicó, cuyo acceso se encuentra impedido por rodados provocados por la crecida del año 1986.
El estudio de costos efectuados por dicho Ministerio resultó muy alto, porque se consideró pensando en un camino internacional. Estudios posteriores efectuados por la Asociación de Canalistas del Río Teno, bajaron a cifras que permiten su reparación y la posibilidad cierta de acceder al embalse.
Por último, la gravedad de la sequía imperante nos debe hacer meditar, para que seamos capaces de obtener conclusiones que ataquen el problema a fondo, con la construcción de embalses intermedios entre la cordillera y el mar, que almacenen las aguas invernales que actualmente se pierden. En la provincia de Curicó existen varios estudios preliminares sobre el cauce del río Teno, de los embalses el Manzano, San Pablo, Guaiquillo, etcétera, los que, de materializarse permitirá su incorporación a muchas hectáreas pertenecientes al secano costero que es el sector más perjudicado.
He dicho, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para insertar en la versión las intervenciones de los Diputados señores Recondo, Cardemil y Rojo.
Acordado.
Las inserciones aprobadas por ¡a Sala, son las siguientes:.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, lamentablemente somos un país que en su larga extensión presenta una variabilidad muy grande de condiciones climáticas. Por esta razón la posibilidad de que en alguna parte de su territorio se presenten situaciones de anormalidad que alteren el normal desarrollo de esa zona y que, por lo tanto, provoque una preocupación de toda la comunidad nacional son de alta ocurrencia.
Es así que lo motiva esta sesión especial de la Honorable Cámara, que es la persistente sequía que afecta gravemente a por lo menos 5 regiones de Chile, nos corrobora que somos un país con un prevalencia importante de este fenómeno, y es así como la primera gran sequía de acuerdo a los datos que se registran y digna de mención ocurrió entre los años 16371638. Posteriormente cuando ya el avance científico y tecnológico permitió algunas mediciones meteorológicas se estableció lo que se denomina "año normal", que es el promedio aritmético de 30 años se registra el año más seco para Santiago. En 1924, con 66 milímetros y para Valparaíso en 1982, con 124 milímetros.
Estas características del país, propenso a vivir permanentemente fenómenos de sequía, se ve hoy día agudizado por algunos fenómenos ecológicos que amenazan al mundo con transformaciones climáticas profundas como consecuencia de los desafortunados manejos que el hombre hace de los recursos naturales por una parte y el abuso en la utilización de componentes químicos o en el descuido para su eliminación al medio ambiente.
Gran relevancia tiene en este fenómeno la existencia de nuestros bosques, la tala indiscriminada hace aumentar las posibilidades de disminución de precipitaciones.
"Me parece oportuno, aprovechando la presencia del señor Ministro de Agricultura, reiterar nuestra preocupación por una legislación adecuada que permita un racional y beneficioso manejo del bosque nativo".
La sequía que afecta principalmente a comunas de las regiones III, IV, V, VI, VII y Región Metropolitana viene acumulándose desde hace a lo menos 3 años.
La disminución de las precipitaciones, la cantidad de nieve acumulada y las disminuciones de napas subterráneas son evidenciadas a través de algunas cifras estadísticas:
Precipitaciones Año normal
Imagen 1
Bajo de 513 millones de metros en enero 90, 349 en enero 91.
Situación en la misma tendencia se encuentran la laguna del Maulé, en VII Región, y la laguna El Laja, VIII Región.
Realidad actual. La situación en general se ha tomado dramática, el Gobierno ha reaccionado frente a esta emergencia m haciendo uso de las facultades que le otorga al señor Presidente de la República la Constitución Política, más específicamente su artículo 32, N° 8. Y, a través del decreto supremo N° 125, del 31 de agosto de 1990, crea la Comisión Asesora y Coordinadora para la Sequía.
Por el decreto supremo N° 750, de noviembre de 1990, señala como zonas de catástrofe 2 comunas de provincia del Huasco, en III Región; 5 comunas de la provincia de Limarí; 4 comunas de la provincia del Choapa y 1 comuna de la provincia de Elqui, IV Región; 4 comunas de la provincia de Petorca y una comuna de Puchuncaví, en Valparaíso, V Región. Se complementa posteriormente por otro decreto supremo, que agrega 18 comunas más, entre la III y la VI Regiones. Posteriormente el decreto supremo N° 860, del 8 de enero de 1991, informa medidas para la recuperación de las comunas afectadas. Entre estas, destacan líneas de créditos para pequeños y medianos agricultores y para organizaciones, con una tasa preferencial del 3 por ciento de interés, sin reajustes y con garantías personales. Además, se contemplan medidas administrativas que facilitan la adopción de acciones de apoyo a los afectados.
Efectos: De acuerdo a datos y antecedentes entregados por el Presidente de la Comisión de Sequía, no sería posible aún conocer el monto de las pérdidas ocasionadas hasta ahora en forma cuantitativa. Nos parece ^que es indispensable que la Comisión optimice sus esfuerzos para lograr este antecedente, que es indispensable para la determinación del año y los costos de reposición.
Los efectos más evidentes alcanzan fundamentalmente al sector agrícola, y son de dos tipos:
a)Los más afectados son los pequeños agricultores y habitantes rurales de los sectores de secano, cuyas producciones fundamentalmente de ganado menor como caprinos se han visto gravemente afectados: muerte de las crías y pérdida del ganado reproductor, además, que los que sobreviven mantienen caídas en su productividad que son irrecuperables.
En caso de los cultivos, la pérdida es total. Por tratarse de producciones marginadas, y en su gran mayoría de autoconsumo, estas familias están enfrentadas a la pérdida de su hábito de trabajo y un deterioro de su ingreso familiar transformándose en un drama social grave.
Para este sector debe dirigirse preferentemente la ayuda estatal, en una primera etapa dirigida "como subsidio directo de sustentación social", y una vez superados los efectos de la sequía una ayuda crediticia que les permita restituir su masa ganadera y emprender sus cultivos de sustentación familiar.
b)Zonas de riego: Aquí aún no se han afectado las plantaciones que generan la más importante producción agrícola y que generan empleos. Es urgente en este caso la máxima racionalidad en el uso del agua e iniciar obras de riego importantes que permitan la estabilidad de este sector por la relevancia de su producción y por su efecto en el empleo.
Medidas: Junto al apoyo del Estado en subsidios directos debiera emprenderse un catastro que permita la localización de pozos profundos y ponerlos en funcionamiento a través de su implementación. Dependiendo cual sea la realidad social, deberá abordarse como subsidio directo o en caso de posibilidades de pago a través de un crédito conveniente.
Implementar un programa en obras de riego de largo aliento, incluso recuperando aguas desde las hoyas hidrográficas antes de su desembocadura al mar y retomarlas a las zonas necesarias. Una buena alternativa es hoy la construcción por parte del sector privado por la vía de la concesión en su administración por algunos años de la obra de regadío para su financiamiento. Todo esto como una gestión permanente del Estado.
Como partido político, tenemos la responsabilidad de hacer proposiciones concretas e imaginativas. Es así como hace algunos días, proponíamos que es necesario en Chile tender a medidas de desertificación como las que estamos proponiendo hoy día.
El intento permanente por crear conciencia en la población en cuanto al uso racional del agua y la electricidad. Mantención de programas de lluvias artificiales permanentes. El catastro y habilitación de pozos profundos y sus consecuentes obras de riego menores. Obras de riego de largo aliento. Imaginación para crear empresas o actividades que por medio del subsidio utilicen gran cantidad de mano de obra.
Son algunas de las medidas que deben implementarse.
Sin duda que el cambio profundo en nuestras estructuras económicas durante el gobierno militar permitieron gran desarrollo frutícola y hortícola de la Tercera y Cuarta Regiones que ocupan una gran cantidad de mano de obra. Esta zona hubiera estado en la agricultura tradicional los efectos negativos y el costo social del fenómeno de la sequía sería sin duda mucho mayor.
Esto permite hoy día que el Estado pueda dirigir los recursos focalizadamente hacia los sectores del secano tradicional que son los socialmente más afectados y necesitados.
He dicho.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, Honorable Cámara, es indispensable solicitar a los agricultores mejorar la infraestructura de riego por canales. Ella es anacrónica ya que pertenece al siglo pasado.
Hay que arreglar y modernizar las bocatomas; hay que hacer un dragado de canales con sistemas modernos; hay que modernizar los marcos partidores; hay que hacer una organización y control de todo el sistema, vigilado por el correspondiente Ministerio. El financiamiento debe correr por cuenta de los propios agricultores.
Hoy el agua es barata y la infraestructura ineficiente, lo que perjudica en el fondo a los agricultores mismos y al propio país, en millones de dólares.
Riego mecánico: Al revés del riego por canales, el riego mecánico en Chile es carísimo e injusto, ya que es una empresa particular, como las compañías de electricidad quienes fijan precios y condiciones.
Ejemplo: factura de Chilectra N° 01025632, en ella, si se suma a $ 6.960., los demás ítemes para llegar al total, la cuenta más que se triplica, y ello, especialmente por el cobro injusto de lo que llaman potencia contratada que representa un gasto fijo, aun cuando los pozos estén sin agua por la sequía. El que usa riego mecánico, es porque está incorporando tierras que en otra forma no podrían producir nada, y que como premio a este esfuerzo reciben un trato injusto.
Se suma al cobro injusto de la energía el alto costo de bombas motores y reparaciones.
He dicho.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, tenemos la obligación de preocupamos del grave problema de la sequía que afecta al país desde hace muchos años.
El Gobierno ha tomado medidas especiales en favor de las zonas más afectadas, y en la Cámara de Diputados se discutió recientemente un proyecto de ley para la captación de aguas subterráneas y la intercomunicación de embalses. Estas iniciativas son necesarias, pero transitorias e insuficientes.
La sequía y sus efectos no son un problema nuevo en Chile, y ya es tiempo de que se enfrente esta situación con soluciones de fondo, abordando el problema en su integridad. Tenemos para ello el ejemplo maravilloso de Israel, que con imaginación y mucho esfuerzo transformó su desierto en un vergel.
Historiadores como Galdames y Encina nos alertaron, hace ya mucho tiempo, del peligro que significaba la explotación irracional de los bosques, sin manejo técnico, sin reposición y señalaron las consecuencias graves para la normalidad de nuestro clima. "Las lluvias irán mermando, derían, y el desierto y la erosión se impondrán en definitiva".
El Presidente Frei, en su oportunidad, comprendió la gravedad de este problema e hizo de la reforestación uno de los postulados mayores de su gobierno. "El oro verde, afirmaba, debe superar los ingresos del cobre"
Sin embargo, el desierto, ha seguido avanzando y erosionando nuestras tierras, porque se han talado en forma indiscriminada los bosques e impulsado extraordinariamente la plantación y radicación de especies vegetales y animales que están causando un daño tal vez irreversible.
Grecia ha mostrado al mundo el perjuicio que produce la tala de bosques y la crianza de cabríos que con su saliva van matando todo germen de vida; y sus fértiles campos se transformaron en tierras estériles.
Por su piarte, en Chile, los técnicos han puesto en evidencia los males de una reforestación con eucaliptus, que son verdaderos succionadores que secan todo en su contorno; bajo su sombra desaparece la vegetación.
Diversas zonas del país, en especial del norte, pero también del sur, sufren los efectos de la sequía, paradójicamente junto a una cordillera de nieves eternas y sobre un subsuelo con abundantes napas subterráneas, mientras, en contraste, nuestros muchos ríos, vertientes y derrames, entregan día y noche al Océano Pacífico sus generosas y límpidas aguas. Y en muchas ocasiones, transformadas en furiosos aluviones, inundan campos y siembras, ciudades y viviendas.
Chile tiene agua/ en abundancia. Sólo falta establecer una política y una cultura para su distribución racional y buen aprovechamiento.
La acción del Estado, de los particulares y la ayuda internacional deben ser utilizadas preferentemente en la construcción de grandes represas y embalses que capten la totalidad de nuestras aguas. Ni un solo río ni vertiente, ni una sola corriente de aguas lluvias deben escurrirse en forma natural. (Un caso palmario sobre el particular hemos observado en la localidad de Frutillar, cerca de Petorca, donde una vertiente con un caudal permanente de cuatro pulgadas, que no deja de fluir ni en las peores sequías, no es aprovechada por nadie y el agua se consume antes de llegar al estero Los Palmitos. Lamentablemente, este caso se repite en muchos otros puntos del territorio).
Debemos contener y almacenar el precioso líquido para distribuirlo después en el tiempo y forma que sean necesarios. Diversos países nos han dado ejemplo en esta materia, y en Chile debemos multiplicar obras como las de Colbún y Machicura.
Hay que disponer la obligación de que todo predio, de riego o secano, debe tener un tranque en su interior para el uso racional de las aguas o para la captación de los excesos que se producen en épocas lluviosas. Nuestros antepasados así lo hacían, y en diversos lugares hay restos de tranques que son mudo testigo de este aserto.
Es urgente ir a la modificación de nuestro Código de Aguas. Los derechos de aprovechamiento, de uso, la constitución de mercedes, las asociaciones de calalistas deben adecuarse a los tiempos y necesidades del mundo actual.
LA REFORESTACION
Intimamente ligado a la sequía está el también grave problema de la reforestación, porque el manejo y explotación de os bosques son una acción de daño irreparable si no se le pone atajo de manera drástica y de inmediato.
Recordemos al efecto, y de manera didáctica, que el gran estadista inglés benjamín Disraeli dispuso, como Primer Ministro, allá por 1874, que se reforestaran extensas regiones británicas con ceiros del Líbano; y que ante objeciones de os que aducían que el crecimiento de esta especie arbórea demoraba 1.000 años, él insistió imperiosa y sabiamente: 'con mayor razón la plantación debe parir mañana mismo"
Debemos, entonces, establecer nosotros la obligación de que todos los predios, urbanos y rurales; el desierto, las cordilleras, los valles y mesetas, sean reforestados.
Los propietarios, las juntas de vecinos, as comunidades intermedias, los gremios r sindicatos y el Estado, a través de la IONAF, deben emprender esta tarea.
Y en esta política nacional de reforestación se debe establecer también que las plantaciones se hagan con nuestras nortes y ricas especies autóctonas.
Los municipios, las universidades, los fundos y haciendas tienen que crear, mantener y perfeccionar los viveros.
Debe establecerse la figura delictiva leí atentado en contra de la vegetación y sancionarse, de manera ejemplar, a los que causan incendios o los provocan por errores o negligencia.
La tarea es difícil, además de muy onerosa. Pero tenemos que afrontarla hoy, con decisión, imaginación y mucho esfuerzo, aunque sus frutos no los veamos u los gocemos nosotros. Que los vean y conocen nuestros nietos y las generaciones futuras de chilenos que, en la inmensidad y perspectiva de los tiempos, con augurios y optimismo de grandeza, serán testigos del crecimiento de los cedros.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
EÍ señor FIGUEROA (Ministro de Agricultura).-
Señor Presidente, en cuanto a la intervención del Diputado señor Melero, en relación con la técnica de riego de Indap, puedo decir que en estos momentos existe un convenio, que hemos firmado en conjunto, en cuyos objetivos concretos se ha contemplado la transferencia tecnológica en métodos de riego. Su intervención es acertada por cuanto la escasez de recursos hace muy conveniente la transferencia tecnológica en esta materia.
En cuanto a la segunda parte de su intervención, sobre una política nacional de agua, este Gobierno se abocó de lleno al tema. Hubo un estudio bastante exhaustivo sobre esta materia, el que fue entregado a la Comisión de Obras Públicas de la Honorable Cámara y está a disposición de la Corporación. Además, me manifiesta el señor Director de Riego, aquí presente, que la totalidad de los puntos que tocó el Diputado señor Melero se abordan en el documento al cual me he referido.
Respecto de la inquietud planteada sobre el Convenio Indap-Fosis, entre los concursos 38 al 41, se han presentado 138 proyectos, tendientes a reunir 331 familias en 16.193 hectáreas. Estos son proyectos relacionados con el riego, no con el agua potable.
En cuanto a los créditos Indap, está la cifra de los créditos otorgados, sin intereses, pero sobre un capital reajustado.
Recojo también la mención del Diputado señor Melero, respecto del acto de solidaridad de las sociedades agrícolas de
Malleco y Cautín. Esta iniciativa, que partió del Presidente de la Sociedad Agrícola de Malleco, don Luís Monje, y que fue compartida por el Presidente de la Sociedad Agrícola de Temuco, don Charles Caminondo, llegó al Ministerio. Efectivamente, es un acto de solidaridad. Quiero destacar especialmente que le hemos pedido al Secretario Regional Ministerial de Cautín que se coordine con estas sociedades agrícolas, para canalizar y cristalizar efectivamente esta generosa iniciativa.
En respuesta a la pregunta formulada por el Diputado señor Naranjo, respecto de las medidas tomadas durante la anterior Administración, aparte los dineros que se dejaron de 310 millones de pesos, a través de créditos Indap, no está en conocimiento nuestro la formación de alguna comisión u organismo que se aboque directamente al tema de la sequía de los años 88-89.
En su intervención, el Diputado señor Correa señaló que habría organizaciones, cuyas cifras indicó, a través de las cuales se estarían encauzando los recursos. Quiero hacerle presente que el decreto 860, de 7 de diciembre de 1990, del Ministerio del Interior, del cual ha tomado razón la Contraloría, señala textualmente: "Con cargo a fondos disponibles, Indap podrá poner en marcha programas especiales de créditos, sin sujeción a normas legales que los sujeten, sin excepción de proyectos especiales de inversión y contratación de manos de obra, acuerdos o convenios con otras personas naturales o jurídicas para cumplir servicios, acciones o programas, y, finalmente, otorgar subvenciones". De manera que el texto establece expresamente la posibilidad de reunir estas organizaciones.
El señor Diputado debe tener presente que Indap no tiene una organización permanente para hacer frente a estas situaciones de emergencia, por lo cual se opta por montar estas organizaciones y se recurre a personas de confianza y con antecedentes suficientes que ameriten su participación..
Me alegra constatar que no hay ningún reproche en cuanto al uso indebido de los recursos por parte de estas personas, y que solamente se canalizan a través de ellas, lo que es perfectamente lícito.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos.
El señor ORTEGA.-
Solicito una interrupción para hacer uso de la palabra.
El señor CAMPOS.-
Se la concedo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ortega.
El señor ORTEGA.-
Gracias.
Las observaciones del Diputado señor Correa me parecen poco justas; en primer lugar, porque el Crate es una organización de larga historia en Talca y en la Región del Maulé; fue creado por la Iglesia Católica para ayudar a los campesinos en situaciones difíciles, y no está entregada a ningún partido político, a menos que las personas que el señor Correa haya querido que ingresaran a. él no hayan sido contratadas; pero no tengo esa información.
Respecto de otras organizaciones de la Región en que participan personeros políticos de otros partidos, en general, todos nos conocemos. En este caso concreto, ha habido politización de organizaciones de otro tipo en la Región, que tampoco han sido incluidas en su lista.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Campos.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente, cuando solicité esta sesión especial para tratar el tema de la sequía, hace algunas semanas, tuve dos temores: primero, que un tema tan sentido como éste pudiera politizarse, y segundo, que, por un interés particular de los parlamentarios, abordáramos esta materia con un criterio localista y pensando exclusivamente en nuestros distritos.
Afortunadamente, lo primero no se cumplió, porque, en honor a la verdad, el tema no ha sido politizado en esta sesión.
Sin embargo, lo segundo se verificó, ya que la mayoría de las intervenciones de los distintos colegas se ha referido a problemas específicos, con lo que se perdió la perspectiva general que debió caracterizamos.
No obstante, no es mucho lo que puedo aportar, porque la mayoría de las ideas que tenía preparadas ya han sido expresadas por otros parlamentarios.
En todo caso, señalaré cuatro cosas concretas y específicas.
En primer lugar felicito a los Ministros de Estado que han concurrido a esta sesión, por la forma en que se han manejado. Evidentemente, han respondido a todas las inquietudes que los parlamentarios les han manifestado.
Francamente, ésta ha sido una sesión enriquecedora y de trabajo.
En segundo lugar, el Gobierno y los parlamentarios tenemos conciencia de que el problema de la sequía es grave; es un problema nacional. La preocupación del Gobierno al respecto ha sido expresada larga y detalladamente por los señores Ministros en sus diversas intervenciones.
En este sentido, me alegro de haber escuchado a los Ministros de Obras Públicas y de Agricultura, y a algunos señores parlamentarios, referirse a uno de los aspectos que, a mi modo de ver, es un problema capital: cualquier solución al tema de las aguas o de su uso racional en nuestra patria, pasa necesariamente por revisar el régimen legal de aguas en Chile; es decir, pasa por revisar el sistema de concesiones, pasa por reformar el Código de Aguas.
Objetivamente, las aguas en Chile, por la legislación que se impuso en el gobierno pasado, dejaron de ser, en la práctica, bienes nacionales de uso público, toda vez que se aplicaron en este sistema criterios absolutamente privatizadores.
Al respecto, vería con gran satisfacción que el Gobierno, a la brevedad, enviase a este Congreso Nacional las iniciativas legislativas tendientes a modificar esta materia.
En tercer lugar y vinculado con lo mismo, quiero expresar que los entorpecimientos jurídicos que existen en este orden de cosas, también se dan en materia administrativa, ya que el uso de las aguas en Chile es una de las materias más anárquicas que existen en nuestra legislación. No sólo son múltiples los intereses que están en juego; los intereses de los agricultores, de las empresas eléctricas, eventualmente de los pescadores, sino que son demasiadas las autoridades o los funcionarios públicos que intervienen en esta materia. En consecuencia, no hay un manejo integral del tema. Ya hemos visto que deben intervenir los Ministros del Interior, de Obras Públicas, de Agricultura, de Energía, etcétera.
Luego, en una reforma legislativa sobre estas normas, también tenemos que replantear el manejo administrativo de este tema, con el objeto de que exista una conducción única e integral sobre este punto.
Finalmente, de las intervenciones de los señores Ministros debemos concluir algo que creo es aceptado por la mayoría de los señores parlamentarios, en orden a que, después de muchos años, nos encontramos con un Gobierno que, objetiva, real y seriamente, tiene una política de riego para nuestra patria.
El colega señor Melero decía que hace 23 años que en Chile no se realizaban obras públicas de riego, lo que era una responsabilidad, según él, de cuatro gobiernos. Yo creo que el colega Melero tiene la razón en la forma; pero, si uno analiza lo que han sido estos 23 años y los compara con la duración de los gobiernos que existieron durante ese lapso, naturalmente la afirmación del colega Melero es una falacia, ya que habría que imputar solamente 2 años al gobierno del Presidente Frei; 3 años al gobierno del Presidente Allende; 17 años al Gobierno Militar, y un año al Gobierno del Presidente Aylwin. Luego, la responsabilidad mayor la tiene obviamente quien ha ocupado prácticamente el 75 por ciento de los 23 años a que él aludió.
Las intervenciones de los señores Ministros nos demuestran que hay una política de riego, y creo, sin temor a equivocarme, que si algo caracterizará a futuro la gestión de los actuales Ministros de Obras Públicas y de Agricultura, es precisamente su preocupación por el tema del riego, y no me cabe la menor duda de que se van a referir a estos Ministros como los funcionarios públicos que, desde los altos cargos que hoy ostentan, desarrollarán una política de riego que, en el fondo, se concilia con las grandes obras de riego que existieron con anterioridad en nuestra patria.
Señor Presidente, en mi Región, en la Región del Maulé no hablo de mi distrito la última obra de riego importante fue el embalse de la laguna del Maulé que, para honra de quien habla, se realizó durante los gobiernos radicales.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
El Diputado señor Melero le solicita una interrupción.
El señor CAMPOS.-
Se la concederé cuando termine mi intervención, señor Presidente.
Aparte de las grandes obras de riego que el señor Ministro de Obras Públicas nos ha señalado, hay una que favorece a mi zona, la del canal Pencahue. Una adecuada política de riego no sólo debe apuntar a esas grandes obras de riego; también hay que pensar en las pequeñas, fundamentalmente en el secano costero. Hay que realizar obras de embalse o de acopio en la Cordillera de la Costa, que no son obras que requieren de una gran inversión, ya que sus costos son de 50, de 60 ó de 100 millones de pesos, pero que tienen una gran rentabilidad social, puesto que, en la práctica, pueden cambiar la economía de una comuna pobre, como ocurriría en mi zona.
Sé que los Ministros de Agricultura y de Obras Públicas están preocupados de este tema y confío en que próximamente podamos conocer iniciativas concretas respecto de estas consideraciones, ya que, reitero, eso importa una solución integral sobre esta materia.
Concluyo expresando mi satisfacción por haber asistido a esta sesión. Considero que tenemos un Gobierno y Ministros que, seriamente, están abordando el problema. La Administración del Presidente Aylwin está haciendo todos los esfuerzos a su alcance para solucionar estas preocupaciones.
Por último, debo destacar que lo realizado en este primer año de Gobierno no se compadece con lo obrado en los 17 años anteriores.
He dicho.
El señor MELERO.-
Pido la interrupción que me iba a conceder el Diputado señor Campos.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, ¿concede una interrupción? Queda un minuto del tiempo correspondiente al Partido Radical.
El señor CAMPOS.-
Sí, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).
Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, sólo para hacerme cargo de algunas alusiones del Diputado señor Campos.
En primer lugar, no expresé que durante 23 años no se hubieran hecho obras de riego. Señalé que han transcurrido 23 años y se da una discusión muy semejante a la que el país enfrentaba en la pasada sequía, e hice mención a un informe de la Universidad de Chile en el cual se detectaba que los problemas se generaban por la falta de un plan y de una política de aguas.
Obviamente no podría reconocer que durante estos 23 años no se ha hecho ninguna obra de riego. Y si se trata de aporte del Gobierno militar, baste, entonces, con citar lo que el propio Secretario Ministerial de Agricultura de la Cuarta Región indicaba, que el problema de la cesantía aún no se registraba en forma importante, dado que durante el Gobierno anterior las exportaciones de productos hortofrutícolas revolucionaron el agro chileno, incluso en la Cuarta Región y, actualmente, hay una fuerte demanda de mano de obra por parte de los productores, que está evitando que el problema de la cesantía como consecuencia de la sequía, sea grave.
Los aportes y las obras, en justicia, hay que reconocerlas como tales. El gran aporte del Gobierno anterior permitió, justamente, diversificar la agricultura y generar formas alternativas para evitar que el problema no fuera tan grave como lo fue hace 23 años.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Se suspende la sesión hasta las 16:30 horas.
Se suspendió a las 15:05 y se reanudó a las 16:30 horas.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Como resultado de la jomada de la mañana, han llegado a la Mesa seis proyectos de acuerdo relacionados con el problema de la sequía. Al parecer, cuatro provienen del sector del Gobierno y dos de la Oposición.
Debido a que en los seis proyectos se repiten algunos temas, pido que sus patrocinantes asistan a una reunión de Comités para tratar de reducirlos a dos. Por lo tanto, se suspende la sesión por el tiempo que dure dicha reunión.
Se suspendió a las 16:32 y se reanudó a las 16:51 horas.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Continúa la sesión.
PROYECTOS DE ACUERDO
Corresponde, primeramente, votar un proyecto de acuerdo, refundido, de los señores Rodríguez, don Alfonso; Alessandri Balmaceda, Ringeling y Molina.
El señor Secretario va a dar lectura a la parte resolutiva del proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).-
"Oficíese al señor Presidente de la República, solicitándole que declare como zonas de catástrofe a las Comunas de Chanco, Pelluhue, Parral, Cauquenes, Longaví y Retiro, de la Séptima Región, y Quintero, Papudo y Limache de la Quinta Región, a fin de que se les hagan aplicables los beneficios establecidos por los decretos supremos de Interior N°s. 750 y 860, de 1990, y N° 104, de 1977.".
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará sin objeciones.
Corresponde considerar un proyecto de acuerdo de los señores Munizaga, Rojos, Morales, Rebolledo, Longton, Ringeling; Rodríguez, don Claudio, Melero y Hurtado, cuya parte resolutiva va a dar lectura al señor Secretario.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).-
"Oficíese a Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que solicite al Ministerio de Agricultura incluir, dentro de sus programas, un proyecto de estimulación de las precipitaciones, que pueda incorporar la última tecnología al respecto, para ser aplicado en la Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Regiones y Región Metropolitana.
"Se solicita, a la vez, se disponga de los recursos indispensables para la investigación y aplicación de los programas"
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará sin objeciones.
Se ha presentado un proyecto de acuerdo de los Diputados señores Jara, don Sergio; Pizarro, don Jorge; Sota, Rojos, Devaud, Smok, Ortega y Ortiz.
El señor Secretario le dará lectura.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).-
"Dada la situación de sequía que afecta a gran parte del territorio nacional; a la exposición de la situación que ha hecho el Ministerio de Agricultura, y a la alternativa de un impacto económico-social inevitable para el año agrícola 1991-1992, se propone:,
"Continuar con el trabajo de la Comisión Nacional para la Sequía aun cuando el año 1991 sea normal desde el punto de vista pluviométrico, para lo cual se deben destinar los recursos necesarios;
"Valorar el inicio de obras de riego, grandes, medianas y menores en todo el territorio de la Nación;
Proponer una política y programa nacional para el uso de las aguas, priorizando, dentro de sus líneas, la explotación de las aguas subterráneas tanto de agua de bebida como para riego. Para esto debería usarse el Directorio de Pozos Profundos elaborado por CORFO-CIREN;
Implementar todas las medidas necesarias que signifiquen un alivio en los compromisos financieros de los damnificados por sequía, como, por ejemplo, pago de impuestos, contribuciones, cuotas, tierras u otras;
Estudiar y proponer posibles mejoras al Código de Aguas y Ley de Fomento al Riego, y
"Estudiar y proponer mecanismos de declaración de zonas de catástrofe en forma más real que por comunas"
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará sin objeción.
Quedan dos proyectos de acuerdos, cuya parte resolutiva se va a dar lectura. A continuación, se abrirá debate hasta por cinco minutos antes de ser votados separadamente.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo de los señores Naranjo, Arancibia, Rodríguez, Claudio; Sota, Tohá, Aguiló, Campos, Latorre, Rojos, Correa, Jara, don Sergio; Munizaga, Longton, Melero, Recondo, Masferrer y Rodríguez, don Alfonso.
"Oficíese al Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azocar, a fin de que el Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto de ley que exima a los productores de las regiones afectadas por la sequía, del pago de las contribuciones, siempre y cuando justifiquen la reinversión de estos recursos en obras de riego y/o en mejoramiento de las existentes en las comunas declaradas zonas de catástrofe".
Proyecto de acuerdo de los señores Ringeling, Morales Adriasola, Munizaga; Rodríguez, don Claudio, Melero, Recondo, Hurtado y Álvarez-Salamanca.
1°.Solicitar al Presidente de la República que, en uso de las atribuciones que le concede la ley Na 16.282, decrete la condonación de las contribuciones de bienes raíces correspondientes al año 1991, a todos los predios, o a la proporción que corresponda, que están clasificados como de secano en las comunas declaradas como zonas de catástrofe;
2°.Solicitar que se establezca un procedimiento simple y objetivo para que los propietarios de predios agrícolas clasificados como de riego ubicados en las comunas declaradas como zonas de catástrofe, puedan ser beneficiados con esta condonación, cuando se compruebe que, como consecuencia de la situación de sequía, no han podido disponer de agua de riego;
3°.Solicitar que, en uso de las atribuciones que le concede al Gobierno el cuerpo legal ya citado, aporte directamente a las municipalidades y al Fondo Común Municipal las mismas sumas de dineros que dejarían de recibir esas corporaciones y ese Fondo, como consecuencia de la condonación del impuesto territorial señalado;
4°.Solicitar la postergación de las motas adecuadas a la ex Cora correspondientes al año 1991, en beneficio de parcelas o predios, sean éstos primeros o posteriores adquirentes;
5°.Solicitar al Gobierno la formación de una comisión ad hoc que se aboque, en un plazo máximo de 60 días, a la reclasificación de terrenos que se encuentren clasificados como de riego eventual o simplemente de secano. Esta comisión deberá contemplar mecanismos de participación y apelación de los afectados;
6°.Solicitar al Gobierno el estudio de m proyecto de ley que permita la reprogramación de las deudas que los agricultores cuyos predios se encuentran en las zonas de catástrofe, mantienen con el sistema financiero. Esta reprogramación debe contemplar, al menos, dos años de gracia en la amortización de las deudas, con el objeto de que los agricultores puedan superar el impacto económico negativo que los afecta;
7°.Solicitar que los créditos blandos que se canalizan por intermedio de Indap y la Comisión Nacional de la Sequía, sean asignados de acuerdo con evaluaciones objetivas en cuya concreción participen las municipalidades correspondientes, que cuenten con la información y estructura, para cooperar en una justa asignación de dichos recursos, y
8°.Solicitar al Gobierno una intensificación del programa de obras públicas, especialmente dirigidas a la concreción de obras de carácter permanente que contribuyan a aumentar la superficie y la seguridad del riego y también a mejorar la cobertura de agua potable rural y urbana"
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra sobre estos dos proyectos de acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.
El señor PIZARRO (don Jorge).-
Señor Presidente, tengo la impresión de que todos los Diputados estamos de acuerdo con las ideas planteadas en los proyectos leídos y en los objetivos que se persiguen. Pero, indudablemente, al analizar en particular las proposiciones que se formulan, nacen algunas dudas, respecto, en algunos casos, de su constitucionalidad y, en otros, de los mecanismos que se propinen para implementar los proyectos de acuerdo.
En relación con el primero de ellos, en la reunión de Comités se planteó el asunto del IVA; pero queda el referente a eximir, a los predios del pago de las contribuciones, y eso, indudablemente, implica entrar a analizar si nos corresponde estudiar la constitucionalidad de tal proposición.
Respecto del segundo proyecto de acuerdo, me parece que en los puntos primero también relativo al caso de la condonación de las contribuciones de bienes raíces, y tercero, habría que analizar su constitucionalidad. Además, en dicho punto tercero me asaltan serias dudas respecto de la forma en que se pretende plantear una especie de vasos comunicantes, porque, por un lado, se pide que no se paguen las contribuciones de los bienes raíces, y, por otro, eso significa, indudablemente, para las municipalidades a las que pertenecen dichos bienes, un menor ingreso.
Por otra parte, se expresa en el punto tercero sin aclarar mayormente, ya que sólo menciona al Fondo Común Municipal que se les entreguen a las municipalidades lo que éstas dejarían de percibir. Y la verdad es que el mecanismo propuesto, bastante confuso, no nos parece que sea el más eficaz o el más adecuado para ser implementado por el Ejecutivo.
En el punto quinto, en que se propone la formación de una comisión ad hoc, me da la impresión de que no es necesaria una comisión de tal naturaleza, por cuanto esto, naturalmente, es de responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos, por lo cual, a mi juicio, correspondería que se le encargara a dicho servicio la posibilidad de una reclasificación de los terrenos que se encuentran afectados por la sequía.
El señor RINGELING.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.
El señor RINGELING.-
Señor Presidente, quiero defender el proyecto di acuerdo por medio del cual se solicitan ocho medidas al Ejecutivo. A continuación, fundamento los considerandos que han sido impugnados por el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
En el primer caso, es perfectamente posible y constitucional que el Presidente de la República, por una iniciativa legal, condone impuestos en este caso, el territorial, y sólo hay que mantener el principio de la igualdad ante la ley.
Como el beneficio está planteado en forma general para todos aquellos predios de secano afectados por la situación de zonas de catástrofe, no adolece del vicio de inconstitucionalidad.
A mayor abundamiento, el artículo 3° de la ley N° 16.282, sobre zonas de catástrofes, dispone que el Presidente de la República puede decretar condonaciones de impuestos. Lo mismo cabe sostener respecto del considerando tercero.
Si, por otra parte, condonamos las contribuciones de las comunas que han sido decretadas zonas de catástrofe, tal como lo indica el proyecto de acuerdo del Diputado Naranjo y otros colegas, lo único que haremos será disminuir en forma importante el presupuesto de dichas municipalidades, ya que todos sabemos que el 40 por ciento del impuesto territorial entra en forma directa al presupuesto de esos organismos. Por lo tanto, me parece un absurdo sacar recursos dé un bolsillo para entregarlos al otro.
También el cuerpo legal a que me he referido permite al Presidente de la República otorgar directamente a ciertas instituciones o corporaciones públicas los fondos necesarios para afrontar problemas que se derivan de las zonas de catástrofe. En consecuencia, es perfectamente coherente y constituye la única forma de generar el efecto que deseamos que si el propósito es condonar contribuciones, el Fisco entere el mismo valor de éstas en la parte que corresponda a las municipalidades, es decir, el 40 por ciento, directamente a ellas, y en parte que corresponda al fondo municipal, para no afectar el resto de las comunas del país, directamente al citado Fondo.
En relación con el considerando 5°, éste se basa en que, efectivamente, existe una norma general, e, incluso, hay un decreto que está en tramitación, del Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, para reclasificar predios que actualmente están clasificados como de riego y, en realidad, son de riego eventual o, simplemente, son de secano.
Lamentablemente, hay casos ridículos de predios que desde hace bastantes años pagan sus cuotas del impuesto territorial como si fueran de riego, en circunstancias de que son absolutamente de secano, como es el caso de Quebradilla, uno de los más claros, cuyo propietario desde hace un año, está pidiendo al Servicio de Impuestos Internos que lo reclasifique. Sin embargo, estos pequeños propietarios, porque son parceleros, deben pagar cuotas de 36 mil ó 40 mil pesos, a pesar de que tiene 8 ó 9 hectáreas clasificadas como de riego, de que desde hace dos o tres años no han sido regadas en absoluto y de que, además, no tienen ninguna seguridad de riego.
Por lo tanto todos los de esta zona conocemos múltiples casos, por la vía tradicional no se resolverán esas situaciones. De ahí que surgiera aprobar la creación de una comisión especial estamos en una situación extraordinaria, que reclasifique estos predios, con la participación, por supuesto, de los afectados.
Por último, el considerando 8a, respecto del cual todos estuvimos acordes esta mañana, persigue intensificar el programa de obras públicas, dirigiéndolo especialmente hacia la concreción de obras de carácter permanente que contribuyan a aumentar la superficie y la seguridad del riego y también a mejorar la cobertura del agua rural y urbana. ¿Por qué digo esto? Porque en las cifras, a veces impresionantes, que se nos presentaron en la mañana, muchas de las obras que ahí están previstas como extraordinarias por la situación de sequía, se refieren, en realidad a pavimentaciones; por ejemplo, en el caso de mi distrito, a la pavimentación del camino Valle Hermoso La Ligua, decidida con anterioridad a la declaración de zona de catástrofe.
En consecuencia, lo que pedimos es que se intensifiquen las obras públicas que tengan como objetivo un mejoramiento permanente de obras de riego o mejorar la cobertura, como dije, del agua potable, rural y urbana.
Reitero, señor Presidente, que me opongo al proyecto dé acuerdo patrocinado por el Diputado Naranjo, porque no resuelve el problema de las comunas al afectar el presupuesto de las municipalidades. En cambio, apoyo el otro proyecto de acuerdo, expresión de lo que, en la mañana, todos los Diputados que participaron en la discusión manifestaron estar acordes, es decir, en adoptar las medidas concretas que permite el ordenamiento jurídico vigente para ayudar a esta zona que está siendo afectada por la sequía.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, quiero hacer algunas precisiones muy breves.'
Primero, que este proyecto de acuerdo es respaldado por Diputados de todas las bancadas que están presentes en esta Sala.
En segundo término, que ellos representan a las distintas zonas y regiones que están declaradas zonas de catástrofe.
En tercer lugar, creo que ningún parlamentario ni ciudadano deben renunciar jamás al derecho de petición. Es así como aquí se está apelando a la facultad privativa del Ejecutivo para que legisle sobre esta materia. De tal manera que cuando se dice que el proyecto de acuerdo es improcedente o inconstitucional, se incurre en un error, a no ser que interpretemos la Constitución declarando que el derecho de petición es inconstitucional, lo cual me parecería extremadamente grave. Solamente ejercemos ese derecho ante el Ejecutivo, porque él tiene esta facultad privativa para legislar sobre estas materias y, por eso, considero que este proyecto va en ayuda de todos los afectados por la sequía. Debemos tener claro que Indap o la Comisión Nacional de Sequía no tienen recursos para llegar a todos y, evidentemente, es necesario generarlos de otra manera para concretar tales propósitos.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ha vencido el plazo reglamentario y han pedido el uso de la palabra los Diputados señores Campos y Sota.
Solicito autorización de la Sala para que puedan usar de la palabra hasta por dos minutos cada uno.
El señor SOTA.-
Con eso, me basta.
Un señor DIPUTADO.-
No hay acuerdo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No hay acuerdo.
Corresponde votar el primer proyecto de acuerdo, que contiene un solo considerando, por el cual se pide al Ejecutivo enviar un proyecto de ley para que los productores de la zona no paguen contribuciones.
En votación.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación el segundo proyecto de acuerdo, que tiene ocho considerandos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Terminada la discusión sobre el tema de la sequía.
Ha pedido la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Señor Presidente, durante este extenso debate, en el cual se ha planteado el tema tan serio de la disponibilidad de agua en el país, que nos aflige en el corto plazo y en el largo plazo, hemos expuesto las políticas de Gobierno sobre la materia, que incluyen los distintos aspectos del agua, como el riego, el agua potable, el tratamiento de las aguas servidas, la energía eléctrica, y hemos revisado los proyectos que tenemos en materia de mejoramiento institucional, planificación y programas de inversión.
En nombre del Ejecutivo, quiero agradecer la altura del debate que hemos sostenido, que, a pesar de las diferencias que se puedan haber producido durante el intercambio de opiniones, pues se trata de una materia de largo plazo, en la que se requiere un verdadero espíritu de consenso y de unidad nacional.
Puedo asegurar, de parte del Gobierno, que estamos actuando dentro de ese espíritu y que lo seguiremos haciendo.
Muchas gracias.
Aplausos en la Sala.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para conceder permiso constitucional a los Diputados señores Rocha, Sabag, Salas y Joaquín Palma, para ausentarse del territorio nacional por un plazo superior a 30 días.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente solicita autorización para sesionar simultáneamente con la Sala, a partir de las 18 horas, con el objeto de ocuparse del documento de diagnóstico e informe definitivo de esta entidad, en su calidad de investigadora y fiscalizadora de los problemas que afectan al medio ambiente en el país.
Un señor DIPUTADO.-
No hay acuerdo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No hay acuerdo.
PRORROGA DE PLAZO A COMISION PARA INFORMAR PROYECTO.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Cámara para prorrogar, hasta el 10 del presente, el plazo de que dispone la Comisión de Educación para informar el proyecto que modifica el sistema de subvenciones a la educación.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
AUTORIZACION A COMISION PARA SESIONAR SIMULTANEAMENTE CON LA SALA
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
La Comisión de Régimen Interno solicita autorización para sesionar, por 30 minutos, a partir de este momento, simultáneamente con la Sala, con el objeto de analizar el problema de la Comisión de Gobierno Interior.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
ORDEN DEL DIA
MODIFICACIONES A LOS CODIGOS DE PROCEDIMIENTO PENAL, PENAL Y AL DECRETO LEY N° 3.607, DE 1981, SOBRE VIGILANTES PRIVADOS. PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que introduce modificaciones a los Códigos de Procedimiento Penal, Penal y al decreto ley N° 3.607, de 1981, sobrevigilantes privados.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Alberto Espina.
El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 314-07-1.
El señor ROJO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, a fin de plantear un problema reglamentario.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, de acuerdo con el artículo 108 del Reglamento vengo en solicitar se aplace la discusión general y particular de este proyecto, con los objetivos, primero, de escuchar la opinión de la Comisión de Derechos Humanos; segundo, considerar las indicaciones que se han anunciado por diversos parlamentarios y, tercero, conocer en profundidad este proyecto que incide en materias tan discutidas como los allanamientos.
De acuerdo con el artículo 108, esta petición de aplazamiento debe votarse sin discusión en el acto de ser formulada, pues para ser aprobada requiere de la simple mayoría, debido a que sólo la que se refiere a la letra c) de dicho artículo necesita de los votos de los dos tercios de los Diputados presentes.
Considero de suma importancia poder aplazar esta discusión, por los objetivos señalados, razón por la cual pido que se someta a votación esta solicitud.
Muchas gracias.
El señor SCHAULSOHN.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Sobre esta materia, tiene la palabra, Su Señoría.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, más allá de que pueda ser atendible la petición del Honorable colega Rojo, creo que desde el punto de vista reglamentario se requiere la unanimidad para admitir indicaciones en este proyecto, como lo señalan los artículos 190 y 193 del Reglamento. Se trata de un proyecto calificado de "suma urgencia" por el Supremo Gobierno. En consecuencia, no corresponde la introducción de indicaciones y el proyecto debe discutirse en general y en particular a la vez. La petición requeriría el asentimiento unánime de la Sala, por cuanto implica suspender la vigencia del Reglamento.
Me asalta la duda de si algunas de las disposiciones relativas a la "suma urgencia" están contenidas en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Si así fuese, ni siquiera la unanimidad de la Sala podría violentar las normas de la Ley Orgánica Constitucional, por cuanto el Reglamento actual incorporó textualmente algunas de sus disposiciones. No he revisado si en el caso específico de la "suma urgencia" se transcriben las normas de la Ley Orgánica, en cuyo caso la unanimidad de la Sala no puede alterarlas y esta discusión resulta absolutamente ociosa. Si no fuese así, de todas maneras, por el tenor literal de las disposiciones citadas, se requeriría de la unanimidad de la Sala.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora María Maluenda.
La señora MALUENDA.-
Señor Presidente, quiero sumarme a la petición del Diputado señor Rojo, en orden a aplazar la discusión del proyecto para que opine la Comisión de Derechos Humanos, porque contiene disposiciones de mucha importancia y gravedad sobre la materia.
Nada más.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Como es obvio, nos encontramos frente a distintas interpretaciones del Reglamento. Ante esta situación, corresponde a la Mesa dar la suya.
Por las consultas que hemos hecho, por tratarse de un proyecto calificado de suma urgencia no podría ser retirado de la Tabla. Correspondería al Presidente de la República retirar la "suma urgencia", cosa que no está en condiciones de hacer.
Por lo tanto, la petición del Diputado señor Rojo, apoyada por la señora Maluenda, desgraciada o afortunadamente, según como se mire, no puede ser acogida.
Si alguien quisiera insistir en ella, se abriría una controversia de interpretación del Reglamento. Habría cinco minutos para un lado y cinco para el otro, y después se votaría.
El señor ROJO.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, la disposición del artículo 108 del Reglamento es muy clara. Establece, precisamente, el aplazamiento y, en concreto, estoy pidiendo que se aplace la discusión general y particular del proyecto hasta el jueves próximo. Como el plazo vence el día 13, estoy dentro del margen.
La disposición del artículo 193 se refiere a otra materia, al trámite que se da a los proyectos con suma urgencia; pero no es obstáculo para que la discusión del proyecto pueda ser aplazada hasta el día jueves 11.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
El artículo 193 dice: "Cuando un proyecto sea declarado de "suma urgencia" o de "discusión inmediata", la Cámara, desde la fecha en que se dé cuenta del informe de la Comisión, quedará citada por ministerio del Reglamento, a sesiones diarias y consecutivas, a las mismas horas fijadas para las ordinarias y cuasi ordinarias.
La interpretación de la Mesa es que esa disposición prima.
Me informa el señor Secretario que si la Mesa la estima clara, no cabe ni siquiera que se impugne. Por lo tanto, corresponde al señor Diputado informante dar su informe.
Tiene la palabra el señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me corresponde informar a la Honorable Cámara el proyecto de ley, originado en un Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, ingresado a la Corporación con trámite de "suma urgencia", que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento, procede discutirlo en general y en particular a la vez.
El proyecto de ley introduce importantes modificaciones al Código de Procedimiento Penal, al Código Penal y al decreto ley N° 3.607, de 1981, que establece normas sobre los vigilantes privados.
Debo precisar que algunas de las modificaciones afectan a la ley antiterrorista, toda vez que los procesos que se siguen en virtud de ella se rigen, en aspectos importantes y como norma general, por las disposiciones del Código de Procedimiento Penal aplicables a los crímenes y simples delitos de acción pública.
El proyecto objeto de este informe recoge las sugerencias y medidas presentadas al Ejecutivo por el Partido Renovación Nacional, mediante carta de fecha 6 de diciembre de 1990, dirigida al señor Ministro del Interior.
El proyecto se discutió en general y en particular en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en sesión del 3 de abril último, aprobándose la idea de legislar y todas sus disposiciones, por la unanimidad de sus miembros.
Concurrió a la sesión de la Comisión el señor Ministro de Justicia.
Por otra parte, el proyecto en cuestión fue objeto de indicaciones que perfeccionan, complementan y adicionan el contenido del mismo. Tales indicaciones, a su vez, fueron perfeccionadas por los miembros de la Comisión y dieron origen al texto que se somete a la consideración de la Honorable Cámara.
Las ideas matrices y los objetivos del proyecto son, de manera precisa, los siguientes:
a)Perfeccionar la legislación vigente a fin de que los Tribunales de Justicia y los organismos policiales, esto es, Carabineros e Investigaciones, enfrenten en forma eficiente la acción delictual con el objeto de obtener la aprehensión, el procesamiento y la sanción de los responsables.
b)Facilitar el ejercicio de los derechos de los afectados por determinados delitos, especialmente los cometidos contra las personas, los de robo y hurto, ante los organismos policiales o ante los tribunales.
La ciudadanía se conmueve, y con justa razón, ante hechos o delitos que provocan alarma pública, especialmente cuando constituyen conductas terroristas. Nuestro deber no sólo es legislar para enfrentar, con medidas drásticas y dentro del marco d la legalidad, las acciones que provocan el mayor reproche social y que constituyen habitualmente acciones terroristas, sino también, y con igual decisión, enfrentar las conductas delictuales que se cometen a diario y que afectan, en especial, a las personas de menores recursos, a los más desvalidos, perturbando gravemente la paz y la tranquilidad del país, ejemplo de esto último son las zonas de Santiago, incluso de regiones, en donde, en la práctica, no existe resguardo policial, ya sea por déficit de funcionarios o por falta de medios materiales, lo cual debe abordarse con decisión y prontitud.
La Honorable Comisión consideró como factores o elementos decisivos para legislar en la forma que se explicará a continuación, los siguientes aspectos.
Existe una apreciación generalizada respecto del aumento de la delincuencia que se ve reflejada en la comisión de un número significativo de delitos graves y violentos, con el agravante de que la mayor parte de ellos se encuentra sin resolver. Esto provoca temor en la ciudadanía, que ve amenazada su seguridad personal y vulnerados sus derechos esenciales.
Existe la necesidad de agilizar los trámites policiales y judiciales, de lograr una actuación conjunta de Carabineros e Investigaciones para permitir una adecuada y oportuna investigación de los delitos, que lleve a la aprehensión de los delincuentes y a su castigo.
Enseguida, es necesario dotar a Carabineros, como garantes del orden público y de la seguridad interior, de una mayor injerencia en el asesoramiento a los servicios de vigilantes privados, atendida la necesidad de coordinación que debe existir entre ellos y las autoridades policiales.
Además, se detectaron algunos vacíos en la legislación penal y procesal penal que provocan obstrucciones en la acción de la justicia y ayudan a dejar en la impunidad a causantes de hechos delictuales o a quienes les prestan colaboración. La comunidad no vislumbra una relación directa entre las denuncias presentadas ante los organismos policiales o judiciales y la sanción de los responsables. Se percibe, además, que la delincuencia ha desarrollado una forma de operar que aprovecha las deficiencias de la actual legislación, que posee mecanismos para inhibir al denunciante ante la existencia de una eventual represalia de su parte. Se constató que existen inhibiciones en los testigos y también entre los propios afectados para recurrir a la justicia por temor a las mencionadas represalias, especialmente cuando ellos provienen de la misma comunidad o sector social del delincuente, lo que llevó a la Honorable Comisión a proponer disposiciones de resguardo para ellos como luego se verá; pero también la motivaron para pedir que la Corporación proponga al Gobierno que diseñe un programa especial de protección de carácter general, como existe en otros países. Todas esas zonas llevaron a la Comisión al convencimiento de que era necesario y prudente complementar el proyecto y adecuar su texto, para así satisfacer en mejor forma sus ideas matrices o fundamentales. Para el logro de ese propósito se analizó el proyecto en general y en particular, teniendo a la vista el texto del mensaje y una indicación sustitutiva del mismo. Esta última fue la que en definitiva sirvió de base para la discusión, siendo mejorada en el curso de ella por indicaciones complementarias tendientes a servir en mejor forma los criterios sustentados al interior de la Comisión, como asimismo los propios del Gobierno, que el señor Ministro de Justicia expusiera en su seno. En todo momento la Comisión tuvo presente, en su accionar, tanto la realidad nacional y la práctica judicial y policial, como el irrestricto respeto de los derechos y deberes constitucionales.
De un modo especial, tuvo en cuenta que la Constitución asegura a todas las personas la inviolabilidad del hogar, el que sólo puede allanarse en los casos y formas determinadas por la ley. Les asegura también el derecho a la libertad personal y la seguridad individual, que significa, entre otras cosas, que nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden del funcionario público expresamente facultado por la ley, y después de que dicha orden le sea intimidada en forma legal, salvo que fuere sorprendido en delito flagrante, caso en el cual puede ser detenido con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes.
El proyecto que se somete a la consideración de esta Honorable Cámara se estructura en tres artículos permanentes y uno transitorio que modifican los textos a que he hecho referencia precedentemente, esto es, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal y el decreto ley sobre vigilantes privados.
El contenido del proyecto, dado que su discusión es en particular, apunta esencialmente a nueve medidas concretas. ¿Cuáles son? En primer lugar, agilizar los trámites que permitan a las víctimas de los delitos de robo y hurto, acreditar la preexistencia de las especies sustraídas y el valor de éstas.
Quisiera dar una breve explicación sobre esta norma. El artículo 81 del Código de Procedimiento Penal establece las diversas maneras de cómo se inicia un proceso por crimen o simple delito de acción pública. Los juicios a que se refiere se inician por denuncia o por querella, por requisición del ministerio público o por pesquisa judicial.
El artículo 83 del Código dispone: "Todo el que tenga conocimiento de un hecho punible puede denunciarlo." y agrega, posteriormente, quiénes son obligados a recibir la denuncia, señalando que son obligados no sólo el tribunal al que corresponde el conocimiento de la causa, sino también cualquier otro que ejerza jurisdicción en materia criminal, y los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Todos ellos, tan pronto reciban la denuncia, deben remitirla al tribunal competente.
En los casos de los delitos de robo y hurto, lo cierto es que el artículo 146 del Código de Procedimiento Penal establece una exigencia adicional para su investigación. No basta con que se acredite la existencia del hecho delictual y con que existan presunciones fundadas, como, por ejemplo, en la encargatoria de reo, en que le cabe a un individuo determinado ser autor, cómplice o encubridor, sino que esta exigencia adicional consiste en que en los sumarios que se instruyan sobre delitos de hurto, robo, estafa y otros de engaño, debe acreditarse la preexistencia de los objetos sustraídos. ¿Qué significa la preexistencia? No que deba acreditarse el dominio, porque nuestra legislación fue modificada hace muchos años en el sentido de que no es necesario acreditar el dominio de las especies, puesto que éstas existen. Pero, en la práctica, ocurre que frente a la comisión de un delito el afectado no concurre al tribunal para acreditar la preexistencia de los objetos sustraídos ni el valor de éstos. La razón es obvia: existe una gran demora para que lo atiendan; es un procedimiento lento y la gente lo percibe como una pérdida de tiempo. ¿Qué efecto produce? Que cuando es aprehendido un delincuente por los delitos de robo y hurto, el juez tiene cinco días para encargarlo reo; esto es, para someterlo a proceso o dejarlo en libertad incondicional por falta de méritos. Como no se acredita ante un tribunal la preexistencia de las especies, porque los testigos y el afectado no concurren al tribunal, los delincuentes quedan en libertad, produciéndose un círculo vicioso interminable.
En consecuencia, las proposiciones que se hacen en el proyecto tienen por objeto facilitar la prueba de la preexistencia de las especies sustraídas. ¿En qué consiste este hecho de facilitar? En primer lugar, ustedes podrán ver en el artículo 1° del proyecto la norma que se agrega al artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, en la cual se establece que los funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones que reciban una denuncia por hurto o robo deberán, en el acto de hacerlo, exigir del denunciante y de dos testigos una declaración jurada de él sobre la preexistencia y el valor de las cosas sustraídas, la cual deberá adjuntarse necesariamente a la denuncia que se formule al tribunal. Igual obligación tendrá el funcionario que recibe una denuncia ante el tribunal. Sobre este trámite, que debe realizarse ante los tribunales de justicia, ahora, con el propósito de agilizarlo, se permite que tan pronto como una persona amable presenta una denuncia ante el tribunal, lleva dos testigos, acredita la preexistencia de las especies y simultáneamente presta declaración jurada en ese mismo sentido.'
De igual forma se agrega en el inciso segundo del artículo 146 del Código de
Procedimiento Penal dicho artículo se refiere a los hechos que debe acreditar el juez en el sumario por los delitos de hurto, robo y estafa, a que he hecho mención precedentemente; norma que ustedes encontrarán en la página 24, N° 4, letra a), del informe, como complemento de la norma anterior que leí y que se adiciona al artículo 83: "Para los efectos de dictar el auto de procesamiento, servirán de testimonio suficiente para acreditar la preexistencia y el valor de los objetos sustraídos, las declaraciones juradas a que se refiere el inciso tercero del artículo 83. "Es evidente que sí, por una parte, hemos permitido que esa declaración se preste ante la policía para que surta efecto e impida que los delincuentes queden en libertad dentro del plazo de cinco días, hay que darle mérito probatorio como presunción, a fin de que se decrete la encargatoria de reo o la libertad incondicional. Pero como esta norma podría prestarse para que se presentaran testimonios falsos y declararan ante Carabineros o Investigaciones que tenían conocimiento de la preexistencia de las especies, y que, sin embargo, ello fuera falso. Por eso, la Comisión tuvo especial cuidado en sancionar a los testigos de preexistencias que perjuren o dieren falso testimonio en su declaración ante los agentes de policía, con arreglo al artículo 83 del Código de Procedimiento Penal. La norma pertinente está en el artículo 2°, N° 2, página 27 del informe, que agrega un inciso segundo al artículo 210, que señala que aquel que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materias que no sean contenciosas, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Y se añade ésta es la norma que se agrega y, como ya les he dicho, se encuentra en la página 27 del informe: "En igual pena incurrirán los testigos de preexistencia que perjuraren o dieren falso testimonio en la declaración que prestaren ante los agentes de policía, con arreglo al artículo 83 del Código de Procedimiento Penal. "Es decir, se adoptan las medidas de resguardo de tal forma que, si bien se facilita que se presente ante los tribunales, ante Investigaciones y Carabineros la declaración jurada, simultáneamente se sanciona a quien prestara ese testimonio falso cometiendo el delito pertinente.
Asimismo, hay una norma complementaria de la anterior que ustedes encontrarán en la página 24, letra b) y que corresponde a los casos contemplados en el artículo 454 del Código Penal. Este artículo establece una presunción de autor de robo y hurto de una cosa, respecto de quien en cuyo poder se la encuentre. Es una norma que data de muchísimos años en la legislación chilena. Pero establece dos excepciones: salvo que la persona acredite obviamente la legítima adquisición o que pruebe su irreprochable conducta anterior, destruyendo la presunción. La norma que se agrega en esta materia lo único que pretende es concordar las otras disposiciones legales a que he hecho mención con lo dispuesto en el artículo 454 y que corresponde, como digo, a una disposición legal vigente desde hace muchos años. En consecuencia, si la ley presume autor de robo o hurto a aquél en cuyo poder se encuentren las especies sustraídas, salvo que justifique su legítima adquisición o que su irreprochable conducta anterior establezca una presunción en contrario, es evidente que no se requiere acreditar la preexistencia de las especies encontradas en su poder, presumiéndose ambas circunstancias por el solo hecho de que el inculpado no puede acreditar su legítima adquisición.
Finalmente y respecto de este primer punto, se modifica el N2 4 del artículo 120 bis del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de incluir dentro de las primeras diligencias del sumario lo que en verdad era una omisión, que no tiene explicación la citación por la policía a los testigos de preexistencia de las especies sustraídas para que comparezcan ante el tribunal.
En definitiva, respecto de este primer punto, ¿qué es lo importante? Que se pone término a una de las mayores trabas burocráticas que existían en la legislación penal y que determinaba que muchos delincuentes quedaban en la impunidad porque, especialmente, en los sectores más humildes, tener que ir a ratificar la denuncia ante el tribunal era una larga pérdida de tiempo, era una situación que se prolongaba por muchas horas y que habitualmente no se hacía.
En segundo lugar, se establece en el proyecto la obligación del juez de proceder inmediatamente y sin más trámite, una vez recibida la denuncia, a la comprobación del hecho denunciado, sin que se requiera que ella sea formalizada o ratificada ante él. Voy a explicar brevemente esta situación.
El Código establece hoy día que para que el juez instruya el sumario, debe encontrarse formalizada la denuncia. ¿Qué significa "formalizada la denuncia"? Que el afectado concurra al tribunal y ratifique la denuncia. O sea, hay un doble trámite: va a la policía y presenta la denuncia por el delito de robo o hurto; la policía remite los antecedentes al tribunal; pero el tribunal no cursa la denuncia si la persona afectada no comparece a ratificarla. En el caso anterior, era la preexistencia de las especies. En este caso, ratifica la denuncia.
¿Qué es lo que ha hecho la Comisión? Ha modificado el artículo 91 del Código ustedes lo encontrarán en la página 24, número 2 del informe sustituyendo la expresión "formalizada la denuncia", por "recibida la denuncia y sin más trámite". ¿Qué se persigue con esto? Se presenta una denuncia ante la policía; la policía remite los antecedentes al tribunal; el tribunal no necesita que se le ratifique la denuncia para ordenar que se investigue, sino que debe decretar las primeras diligencias del sumario tan pronto reciba la denuncia, con lo cual también se agiliza enormemente la tramitación de los procesos por estos delitos. En verdad, ya habían algunos tribunales que, en vista de este error, estaban aplicando este criterio, pero nos pareció razonable no dejarlo al libre albedrío del tribunal, sino que dictar una norma perentoria que lo obligue, tan pronto una persona presente una denuncia, a iniciar la investigación.
La tercera medida establecida por el proyecto exige a la Policía de Investigaciones, y a Carabineros de Chile, en los delitos contra las personas, y hurto o robo, a practicar de inmediato y sin previa orden judicial, las primeras diligencias del sumario. Para ello se agrega un inciso final al artículo 83.del Código de Procedimiento Penal, que ustedes encontrarán en la página 23, número 1, párrafo segundo.
¿Qué ocurre en la actualidad? Se presenta una denuncia ante la policía. Esta toma los datos de la denuncia y la remite al día siguiente al tribunal, si es día hábil, o dos días después, si es un fin de semana. Y el tribunal recién entonces decreta la orden de investigar. Y ya han pasado horas preciosas en las que no se ha hecho diligencia alguna, lo que realmente permite que desaparezcan muchos elementos probatorios.
¿Qué se pretende con esta norma? Que tratándose de delitos de hurto y robo contra las personas, la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, en su caso, deben practicar de inmediato, sin esperar la orden del juez, las primeras diligencias del sumario. ¿Y donde están establecidas las primeras diligencias del sumario? En el artículo 120 bis.
Consisten en conservar las huellas del delito y hacerlas constar; recoger los instrumentos usados para llevar a cabo el hecho delictuoso; hacer constar el estado de las personas, cosas o lugares, etcétera.
Es decir, obtener todos los antecedentes del delito en el sitio del suceso y entregárselos al tribunal, sin que deba transcurrir ese largo período de tiempo entre la remisión de antecedentes por Carabineros o Investigaciones al tribunal y la remisión que éste hace de la orden de investigar, con lo cual habitualmente se han perdido documentos o pruebas valiosas que permiten esclarecer el hecho.
Pero, la Comisión ha tomado un resguardo especial dado de que dentro de las primeras diligencias del sumario que decreta el juez está la facultad de ingresar al recinto cerrado. Y nosotros hemos tomado especialmente cuidado del hecho de que "las diligencias que debieren practicarse en recintos cerrados, sólo se podrán realizar con autorización previa y expresa del propietario, arrendatario o persona a cuyo cargo esté el local en que deban efectuarse. El parte al tribunal en que se consigna la denuncia, deberá detallar las diligencias efectuadas y, en caso contrario, las razones por las cuales no se hicieron". Es decir, tratándose de una denuncia que no sea delito flagrante, porque en ese caso la ley los autoriza a detener de inmediato. Carabineros puede realizar las diligencias del sumario; pero, cuando se trata de ingresar a recintos cerrados, sólo podrá hacerlo con la autorización del dueño del lugar que va a ser objeto del registro, y tomando todas las precauciones necesarias, una vez obtenida la autorización para proceder a ese registró.
La cuarta medida que propone la Comisión, se refiere a una situación distinta de la anterior, y pido a la Honorable Cámara que ponga atención, porque quizás es ésta una de las que provoca mayores controversias. Consiste en facultar a Carabineros de Chile y a Policía de Investigaciones para que, en los casos de delitos flagrantes, esto es, cuando van persiguiendo a un delincuente que ha sido sorprendido o acaba de cometer un delito, y siempre que hubieren fundadas sospechas de que se oculta en un determinado recinto cerrado, los efectos de proceder a su detención, efectuar el registro de inmediato y sin previa orden judicial, adoptando diversas medidas para resguardar los derechos del propietario y ocupantes del recinto objeto del registro.
Esta es una situación distinta de la anterior. En aquélla se recibe una denuncia, pero no hay delito flagrante. El delito se ha cometido con anterioridad. El afectado descubre que se cometió un delito, que fue objeto de un robo o de un hurto, o descubre un homicidio. Pero esto ha ocurrido con antelación. Presenta la denuncia a la policía, la que, en este caso, practica las primeras diligencias; pero no puede ingresar al recinto cerrado, porque ya no es un delito flagrante. Sólo puede entrar a un recinto cerrado con autorización del dueño.
Esta situación se refiere al delito flagrante, cuando la policía va persiguiendo a un delincuente, a quien lo sorprendió en el momento, como dice la ley. La categoría de delito flagrante está establecida en la ley. No es un acto arbitrario. Expresamente la ley señala que el delito flagrante se comete, o se reputa delincuente flagrante al que actualmente está cometiendo un delito o al que acaba de cometerlo. Establece otros casos muy similares. En este caso, nosotros hemos señalado que si la policía va persiguiendo a un delincuente y éste ingresa a un recinto determinado, y la policía sabe que ingresó, y tiene sospechas fundadas, puede ingresar al lugar para el solo efecto de detenerlo.
Pero, atendido a que se trata de una norma compleja, la Comisión tuvo en consideración diversos resguardos respecto de ella. El funcionario que practique el registro deberá individualizarse y cuidará que la diligencia se realice causando el menor daño y las menores molestias posibles a los ocupantes del recinto. Además, deberá otorgar al propietario o encargado del local un certificado que acredite el hecho del registro, la individualización de los funcionarios que lo practicaron y de quien lo ordenó. Copia de este certificado deberá ser remitido al Tribunal competente conjuntamente con el parte dentro de las 24 horas siguientes de efectuada la diligencia.
La infracción a la norma referida en el inciso anterior será sancionada con la pena máxima prevista en el artículo 155 del Código Penal, que sanciona al empleado público que, abusando de su oficio, allanare una casa, con la pena de reclusión menor en su grado mínimo medio, esto es, de 61 días a tres años. En este caso, se aplica el máximo de la pena, que es de 3 años.
Precisiones sobre este artículo. Esta facultad se otorga única y exclusivamente cuando la policía se encuentra en persecución de un delincuente flagrante, esto es, cuando éste ha sido sorprendido cometiendo el delito al momento o después de su comisión. Sólo se puede ingresar, si el policía tiene sospechas fundadas de que el delincuente se ha ocultado en esos instantes en el recinto. Esta norma excepcional es plenamente concordante con lo dispuesto en el Código Penal, en los artículos relativos a la violación de domicilio, los que establecen una excepción a dicho delito. Como se sabe, su artículo 144 sanciona al que entrare en morada ajena, contra la voluntad de su morador con 61 a 540 días de cárcel. Pero, establece una excepción. Su artículo 145, en el inciso primero, dice que "la disposición del artículo anterior no es aplicable al que entra en la morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que lo hace para prestar algún auxilio a la humanidad o a la justicía.
Es decir, la ley, en el delito de violación de domicilio, permite que se entre a la casa de un particular, cuando quien entra lo hace protegiendo a ese particular. Lo que ha hecho la Comisión de Constitución es estimar que si un delincuente ingresa al domicilio de un tercero, resulta evidente que está poniendo en riesgo la seguridad del tercero, dueño de esa casa, de modo que autoriza a la policía para entrar a detener a esta persona. Pero tiene que ser en un recinto determinado, no en cualquier recinto, y para detener sólo a esa persona no para hacer allanamientos masivos. La norma que la Comisión ha determinado es plenamente concordante con la excepción de la violación de domicilio consagrada en el artículo 145 del Código Penal, vigente desde hace muchísimos años.
La quinta medida que establece la Comisión y que propone a esta Honorable Cámara consiste en facultar al juez, en casos calificados, para comisionar a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones, el registro de un lugar, con el objeto de incautar especies o elementos probatorios de un delito.
El Código de Procedimiento Penal autoriza al juez para dictar una orden de ingreso a un recinto cerrado. La regla general es que el juez debe practicar esta diligencia personalmente; pero, en forma excepcional puede comisionar a Carabineros o Investigaciones, cuando el objeto sea la aprehensión de un delincuente. El juez dicta la orden de aprehensión; la recibe la policía e ingresa al lugar; íntima con ella al delincuente y lo detiene.
¿Qué ha hecho la Comisión? Ha permitido que el juez no sólo delegue esta facultad por un decreto judicial, para el caso en que se trate de aprehender a una persona, sino que, también, cuando se trate de retirar elementos probatorios o documentos que existan en un domicilio, previa orden judicial. La Comisión estableció una limitante. Que la policía no podrá abrir los papeles, registros o documentos que retiren, sino que debe sellarlos y remitirlos así al juez, para que éste sea el único que los pueda abrir. Esta norma está vigente respecto de otros actos que pueda realizar la policía en determinadas causas mercantiles.
De esta manera, se pone término a una situación habitual en los procesos penales y en que, dada la imposibilidad del juez de constituirse materialmente en todos los lugares por el exceso de trabajo, en definitiva, una de las partes afectadas le pide que se constituya en un lugar porque ahí están las pruebas del delito. El juez le dice que no puede constituirse, porque no puede ir, debido a la sobrecarga de trabajo. Resulta absurdo que la legislación actual faculte al juez para que dicha diligencia sea realizada por la policía cuando se trate de aprehender a una persona y no lo faculte cuando se trate de retirar elementos probatorios o instrumentos con los cuales se ha cometido el delito.
Pareciera ser que, en este caso, el bien jurídico mayor es la libertad de una persona. La ley faculta al juez para delegar sus facultades en la policía. Sin embargo, respecto de un bien jurídico menor, como es la protección de los elementos del delito, no puede hacerlo. Esto constituye una evidente falta de concordancia entre las normas penales.
En sexto lugar, se establece el delito de protección a los testigos. Para ello, ustedes podrán ver, en la página 26, número 7, del informe, la norma pertinente que se agrega al artículo 189, del Código de Procedimiento Penal.
Uno de los mayores obstáculos en la actuación de los tribunales frente al conocimiento de un delito es el temor de los testigos de declarar por miedo a la venganza. Frente a ello, se ha redactado un nuevo artículo, cuyas características centrales son las siguientes.
Se protege a los testigos que están consignados en el parte policial o que se presenten voluntariamente a la policía o al tribunal.
En segundo lugar, son los testigos quienes deben requerir la reserva de su identidad.
En tercer lugar, las autoridades indicadas, ya sea el policía o el juez, deben dar a conocer este derecho al testigo.
En cuarto lugar, deben dejar expreso testimonio, por escrito, de la decisión del testigo, ya sea en el parte policial o en el expediente.
Si el testigo hace uso de este derecho, se prohíbe la divulgación de su identidad o de antecedentes que conduzcan a ella, incluidos los medios de comunicación social. Esta prohibición tiene una limitante. Rige, desde que se produzca el hecho que reviste caracteres de delito hasta el término del secreto del sumario. ¿Por qué? Porque ahí entra en juego la norma del debido proceso y el derecho a la defensa. No se puede impedir al inculpado que, en un momento determinado, conozca la identidad de la persona que está declarando en su contra y, por lo tanto, hay que hacer un justo equilibrio entre la necesidad de proteger a los testigos y el legítimo derecho a defensa que tiene un inculpado.
Además, se agrega una norma que faculta al juez, en casos graves y calificados, para disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de los testigos. Estas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal disponga y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.
Esta fue una indicación que presentó el Honorable Diputado señor Bosselin y aborda una de las materias en que se requiere la reglamentación respectiva.
En países en que ha habido mucha violencia, como Italia y España, el juez puede adoptar las medidas que permitan la protección del testigo, incluso trasladándolo de un lugar a otro, haciendo variaciones en su identidad y otras medidas propias para delitos de gran gravedad, como es el caso de las conductas terroristas.
En seguida se eliminan las restricciones que existen para el encubrimiento. Este delito está establecido en el artículo 17 del Código Penal. La modificación consiste en sancionar a los que albergan, ocultan o proporcionan la fuga del culpable, cualquiera que haya sido el delito cometido.
De acuerdo con la ley chilena, son encubridores quienes reúnen los siguientes tres requisitos generales: En primer, lugar, quienes tienen conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito, o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo; en segundo lugar, que no participen en el delito como autores ni cómplices, y, en tercer lugar, que intervengan con posterioridad a la ejecución de alguna de las conductas que enumera ese artículo.
El número 3a señala, como modalidad para el encubrimiento, albergar, ocultar o proporcionar la fuga del culpable, siempre que se reúnan dos requisitos: que exista abuso de funciones públicas, o bien es alternativo, no copulativo, que se trate de un delincuente que ha cometido los delitos de traición, parricidio u homicidio agravado.
Es decir, por un vacío de nuestra legislación, no se considera encubridor al que alberga, oculta o proporciona la fuga del culpable, y se trata de otros delitos, como el robo, el hurto, la violación, sustracción de menores, homicidio simple o calificado.
Este vacío legal conduce a que queden impunes quienes realizan la conducta típica del encubridor esto es, alberguen, oculten o proporcionen la fuga del culpable, de delitos distintos de los que señala el artículo 17, es decir, diferentes de la traición, del parricidio y del homicidio agravado.
Por ello, el número 1 del artículo 2a elimina las circunstancias primera y segunda del número 3 del artículo 17, y sanciona a quienes albergan, ocultan o proporcionan la fuga del culpable, cualquiera sea el delito que haya cometido.
Esta materia se trata en la página 27 del informe.
Es evidente que no existe ninguna razón para ser encubridor por proporcionar la fuga de un culpable de un delito de parricidio y no respecto del delito de violación, de homicidio calificado, de robo y de hurto.
Por lo tanto, creemos que, en esta forma, se perfecciona la legislación vigente, estableciendo el justo equilibrio entre los bienes jurídicos protegidos.
Luego, se crea el delito de obstrucción a la justicia. Se puede ver en la página 27 del informe, en el número 3a del artículo 2°
El artículo 1° de la Constitución establece como deber del Estado, resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia.
Su artículo 19, N° 7°, consagra, entre otros, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
Su artículo 90 prescribe que las fuerzas de orden y seguridad pública, integradas sólo por Carabineros e Investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que determinen sus respectivas leyes orgánicas.
Este derecho de la ciudadanía a exigir al Estado la protección de la población y garantizar la seguridad individual, conlleva, a su vez, el deber de la población de cooperar con la acción de la justicia. La infracción a este deber, en casos especiales, está sancionada en nuestra legislación. Así ocurre, por ejemplo, con los delitos de falso testimonio, de perjurio y de desacato.
En razón de lo anterior, la Comisión estimó oportuno establecer una norma de carácter general que consagre el deber de cooperación con la acción de la justicia, resguardando a quienes, ya sea por parentesco o por su profesión, están exentos de esta obligación.
Es así como se prescribe que lo pueden ver en la página 28 del informe" El que injustificadamente se rehusare a proporcionar a la justicia antecedentes que conozca o que obren en su poder y que permitan establecer la existencia de un delito o la participación punible en él, o que, con posterioridad a su..." aquí, señor Presidente, debe hacerse una corrección, porque el informe habla de "su perpetración" y debe decir "su descubrimiento""...descubrimiento, destruya, oculte o inutilice el cuerpo, los efectos o instrumentos de un crimen o simple delito, será sancionado con la pena inferior en dos grados a la señalada para el crimen o simple delito."
También, con el ánimo de resguardar los derechos de las personas, se establecen ciertas exenciones en este tipo para los parientes que están indicados en el artículo 17 y también para las personas que no están obligadas a declarar, indicadas en el artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, que corresponden a los parientes del reo y a aquellas personas que por su estado, profesión o función legal, como abogados, médicos o confesores, tienen el deber de guardar el secreto que se les haya confiado.
La última proposición de la Comisión es entregar a Carabineros de Chile, en forma exclusiva, el control y la tuición de los vigilantes privados, lo que actualmente corresponde a la comandancia de la guarnición militar. Para ello, se modifica el decreto ley N° 3.607, de 1981, que establece las Normas sobre Vigilantes Privados, remplazando las expresiones "Comandancia de Guarnición de las Fuerzas Armadas" por "Prefectura de Carabineros". /
Las razones que la Comisión tuvo en consideración fueron las siguientes:
En primer término, el déficit de funcionarios de Carabineros y de Investigaciones.
En segundo lugar, es indudable que si Carabineros tiene el control y la tuición de los vigilantes privados, podrá coordinar acciones comunes para el resguardo del orden público, que corresponde a Carabineros, y del orden privado, que corresponde a los vigilantes privados.
Cabe mencionar que existen alrededor de 20 mil vigilantes privados en el país.
Finalmente, de esta manera, Carabineros podrá controlar, conocer y aprobar los estudios y planes de seguridad de las empresas de vigilantes privados, todo lo cual redundará en una mayor eficacia para enfrentar la delincuencia.
La Honorable Comisión de Constitución, Legislación y Justicia estima que éstas son proposiciones y medidas concretas que apuntan a superar la etapa de las meras declaraciones.
Señor Presidente, quiero destacar el trabajo efectuado por la Comisión, en donde, más allá de toda diferencia política o ideológica, hubo un esfuerzo por resguardar verdaderamente el derecho de las personas, hacer más eficaz la acción policial y también la de la justicia.
Por eso, someto a consideración de esta Honorable Cámara el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que contiene el proyecto de ley a que he hecho referencia.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Informo a la Sala que este proyecto se discute en general y en particular a la vez, por lo que si se votara favorablemente en general, automáticamente quedará aprobado en particular.
Como existen objeciones respecto de la redacción o contenido de algunos artículos, propongo que en estos casos se solicite el desglose de las normas en el momento de votarlas en general.
Además, se puede pedir el cierre del debate después de haber hablado cuatro Diputados, siempre que dos de ellos lo hayan hecho en contra.
Finalmente, hasta ahora, han solicitado el uso de la palabra seis señores parlamentarios.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, Honorable Cámara, el proyecto que es materia de examen en esta Cámara, fue presentado por el Gobierno, y la forma en que ha sido descrito por el señor Diputado informante constituye una información muy completa.
Estamos de acuerdo con algunas de las indicaciones planteadas en la Comisión; respecto de otras, tenemos algunas dudas, a las que me referiré en esta ocasión. En el caso del delito de la obstrucción a la justicia se relaciona, fundamentalmente, con tres aspectos. Nos parece que el dolo, mejor dicho, la malicia con que debe actuarse, debe ser especial.
Además, consideramos que respecto de la destrucción, ocultamiento o inutilización del cuerpo, de los efectos o instrumentos de un crimen o un simple delito, no basta señalar que sea descubierto, sino que es obvio que el autor debe tener conocimiento, es decir, actuar a sabiendas.
Este artículo declara exentos de las penas a ciertos parientes. Su inciso final establece que estarán exentas de las penas ciertas personas a que se refiere el inciso final del artículo 17 y el 201 del Código de Procedimiento Penal. Pero esos artículos, en la versión del Código que yo tengo, tiene un solo inciso, con dos números. Esta redacción podría prestarse a la siguiente interpretación: tratándose del artículo 17, no estaría exento el cónyuge y tratándose del artículo 201, habría otros parientes. Esto requiere una aclaración.
Por otra parte, en este momento no tenemos una definición sobre el traspaso de los vigilantes privados al Servicio de Carabineros. La estamos estudiando, y en su oportunidad plantearemos el punto de vista del Ejecutivo.
Muchas gracias.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Molina.
El señor MOLINA.-
Señor Presidente, en la Comisión dimos nuestro apoyo a esta iniciativa del Ejecutivo, que ha sido expuesta en un completo informe por el Diputado señor Espina.
Con ella se trata de ir diseñando una política para enfrentar eficientemente y con celeridad la comisión de ciertos delitos específicos. Probablemente los que más abundan en Chile: robo, hurto y atentados contra las personas.
La finalidad del proyecto es perfeccionar las normas vigentes para hacer más efectiva la seguridad ciudadana. Desde esta perspectiva, todos los señores Diputados saben que existen poblaciones enteras, especialmente las más modestas en nuestro país, que se encuentran expuestas a robos, asaltos y atentados sexuales que se multiplican con preocupante velocidad. Una de las aspiraciones más sentidas de los chilenos y así lo revelan las encuestases la de poner término a los asaltos y robos en sus propiedades, cualquiera que éstas sean, y en sus personas. Seguramente, este es uno de los temas que más afligen a los pobladores en Chile.
La práctica judicial y las normas penales actualmente vigentes hacen engorrosa la iniciación de las pesquisas o establecen exigencias que, atendida la frecuencia y los medios técnicos que se emplean, la velocidad y la especialización que manifiestan los delincuentes, resultan anacrónicas.
Pero lo que es más grave, ante estos vacíos y anacronismos de la legislación vigente respecto a la actuación policial y procesal inmediata en relación con estos delitos, es que los propios servicios policiales han ido incurriendo en abusos que, en la práctica, han llegado a ser tolerados por la sociedad toda.
Los ingresos y registros en lugares cerrados, en los hogares; los allanamientos sin permiso de sus propietarios ni individualización de los agentes o funcionarios que participan sin otorgar documento alguno que dé cuenta de la diligencia y operativo como se lo llama ha terminado por ser una práctica 'que en nuestro pueblo se la mira como un legado, como la herencia de un período donde la acción policial no tenía límite alguno respecto de sus domicilios y sobre sus bienes personales.
Los allanamientos abusivos tienden a ser evitados con este proyecto. Esto es fundamental. A nuestro juicio, se avanza • en esta materia. Lo que se pretende es eliminar gradualmente estas prácticas y erradicar conductas extralegales que se presentan por la desconfianza de la ciudadanía, porque, por un lado, los procedimientos judiciales no son eficaces para protegerla, y, por otro, están los propios funcionarios que se autoprotegen en el anonimato para cometer estos abusos y desmanes contra los hogares y propiedades de las personas, amparados en procedimientos que no tienen limitación precisa en nuestra legislación.
A su vez, las triquiñuelas de los delincuentes, que amenazan a los testigos presenciales o que se ocultan amparados en una especie de comunidad que los teme, también hacen que muchos de los delitos no se denuncien, y que, en definitiva, prevalezcan, los delincuentes; los que terminan por amenazar a toda una comunidad, a toda una población.
Hay que devolver progresivamente la confianza a los ciudadanos: que los delitos se pesquisen, que la justicia pueda hacerlo con eficacia y respeto por las personas y sus propiedades, y por los derechos y garantías individuales que deben quedar siempre suficientemente resguardados, en especial la inviolabilidad del hogar y la seguridad individual.
En el seno de la Comisión, con particular cuidado, velamos para que esas garantías individuales y esos derechos humanos esenciales sean respetados, pero que, al mismo tiempo, se modernicen disposiciones que nos parecen anacrónicas, que han permitido impunidad, abusos y conductas extralegales, que demuestran una gran desconfianza respecto de la eficacia de la justicia.
Este proyecto debiera estar unido a la reforma del Poder Judicial en función a procesamientos determinados. Por eso estimo correcto que el Gobierno haya avanzado en la materia a través de estas propuestas legislativas.
Lo considero, y así lo estimamos en la Comisión, un avance en varios aspectos. Primero, la posibilidad de acreditar preexistencia de los objetos que son materia de hurto o robo sustraído a las personas. El acreditar la preexistencia del dominio haría casi imposible especialmente en los sectores más pobres que se continuara con la investigación, porque tienen aprensiones de concurrir a los juzgados, porque ven que por ser un procedimiento engorroso y lento nada van a conseguir, porque a veces piensan, con justificada razón, que por ser la justicia lenta y onerosa no es para ellos. A través de la declaración jurada frente al funcionario policial y con el debido resguardo de la identidad del testigo, se elimina este trámite que obstaculizaba el procedimiento judicial que permitía que los delincuentes quedaran de inmediato en libertad, porque no se presentaban las víctimas a acreditar la preexistencia de los objetos sustraídos. Creemos que con este sistema se regulariza la situación y se permite la pesquisa policial una vez que se halle ante la autoridad policial esa preexistencia, sin más trámites engorrosos.
Un segundo elemento positivo es la eliminación del trámite de ratificación de la denuncia, lo que constituye un retardo innecesario y un factor que siempre desalienta a las personas e impide continuar la pesquisa en los casos de hurto, robo, violaciones y otros atentados a las personas.
También es positivo que el ingreso a los hogares esté debidamente resguardado en condiciones que permitan controlar lo qué no habíamos logrado antes los abusos que se cometen en estos allanamientos cuando, a pretexto de buscar a un delincuente flagrante, se ingresa simplemente en los hogares.
No se trata de abrir un nuevo procedimiento, ni de abrir las puertas para que el abuso policial sea mayor o más frecuente. Al contrario. Seguramente, existe al respecto una aprensión por parte de muchos parlamentarios, pero, en la práctica, está demostrado que en Chile, Carabineros e Investigaciones no tienen el respeto suficiente y que atropellan e ingresan a los hogares con orden judicial o sin ella. Queremos que el funcionario policial se individualice mediante un documento y que se individualice también a quienes lo acompañaron en esa gestión; y que, si no lo hace, reciba una penalidad de tres años, la máxima, establecida en el precepto. No puede haber una escala en este caso, porque la sanción es gravísima. Por primera vez se pone a los funcionarios policiales ante la perspectiva de una sanción de tres años, si cometen abusos al cumplir el procedimiento de allanamiento en la forma que se determina en esta disposición.
Nos inclinamos por combinar la eficiencia policial con el resguardo a la estabilidad del hogar y las prevenciones para ir limitando las prácticas abusivas que tan frecuentes fueron en el pasado.
Otro elemento que nos parece importante es la reserva en la identidad del testigo y sólo hasta que termine el sumario.
Nadie ignora la gran cantidad de testigos, en Chile, que no quieren concurrir a los tribunales a acreditar los hechos que vieron, no sólo en los delitos de robo o de hurto, sino también en los delitos de violencia contra las personas.
En lo personal, la práctica en la defensa de los derechos humanos me ha demostrado cómo un testigo puede atemorizarse cuando, muchas veces, los servicios policiales lo amenazan para que no concurra como testigo. No sólo los delincuentes atropellan los derechos, la integridad, la identidad y las libertades de las personas sino que también pueden hacerlo los propios funcionarios.
Si hubiésemos contado antes con una disposición de esta especie, muchos de los atropellos a los derechos humanos, por lo menos, habrían contado con testigos que pidieran que sus nombres se guardaran en reserva, para evitar las amenazas de que pudieron ser objeto.
Esta disposición tiene dos caras* y hay que entenderlas. Estamos tratando de evitar con ella el abuso contra el testigo, y la amenaza, el riesgo a su persona. Si bien se inhibe la libertad de informar sobre su nombre, se hace temporalmente, mientras se realiza la investigación total.
Como puede verse, hay distintas interpretaciones para este proyecto de ley. La que estamos dando debe ser predominante. Puede haber aprensiones, pero me parece que el juego entre la libertad de información y la seguridad del testigo puede favorecer la identidad y el anonimato de éste, mientras se efectúa una investigación, cuando su testimonio es esencial para determinar la identificación de los delincuentes.
Un último aspecto del proyecto que me parece relevante es la idea de terminar con las organizaciones de vigilantes privados. Veinte mil vigilantes privados se han desplazado a lo largo del país, y de ellos nada se sabe. Operan de manera hermética, sin que la sociedad chilena tenga idea de quiénes son estos guardias azules, los cuales proliferan en todas las entidades, con muy poco resguardo acerca de sus identidades y de las armas que portan. Por ello, se ha preferido entregar el control al Ministerio del Interior y al de Defensa, y que dependan directamente de la Prefectura de Carabineros. Así sabremos quiénes son, las armas que usan, los registros, cuándo deben portarlas y qué reglas deben cumplir al amparo de disposiciones que los obligan a actuar con la sujeción debida, como corresponde a cualquier miembro de los cuerpos policiales, pero bajo la tuición de ellos. Estos están obligados a conocer los estudios de seguridad de esta gente, que son increíbles. Los guardias privados en Chile y las empresas que los regentan tienen estudios de seguridad de edificios públicos y privados, de bancos y entidades financieras que guardan herméticamente. Hasta el más ínfimo detalle de sus accesos y de sus salidas están en manos de esas organizaciones. Necesitamos que esos estudios se entreguen a Carabineros y que el Ministerio del Interior tenga conocimiento cabal de cuáles son esos planes de seguridad. Creo que constituye un avance que se haya legislado sobre esta materia.
Tenemos también algunas aprensiones con respecto a este proyecto. Nadie puede mirarlo como algo que no está también expuesto a otra práctica. ¿Cuál podría ser esa otra práctica? El tiempo lo dirá diciendo, porque por más cuidado que pongamos en todas estas disposiciones, siempre habrá una práctica, que debemos vigilar. Pero los servicios policiales y el Parlamento estarán permanentemente atentos para evitar los nuevos abusos que pudieran cometerse al amparo de algunos resquicios de estas disposiciones. No obstante, me inclino por ellas y no por otras que permitieron tantos abusos. Por ello, afirmo que el derecho a la seguridad ciudadana queda reforzado con este proyecto, porque la seguridad ciudadana constituye un compromiso para nosotros. Si bien este proyecto se puede prestar a ciertas aprensiones, como lo ha señalado el señor Ministro, me inclino por avanzar en su estudio, seguro de que los ciudadanos van a ver mejor protegidas su dignidad y sus propiedades.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ocupó sus dos tiempos, Su Señoría.
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Dupré.
El señor DUPRE.-
Señor Presidente, no me voy a referir a las dudas planteadas por el Diputado señor Molina, porque me parecen absolutamente lógicas. Aun cuando está consignado en la Ley Orgánica de Carabineros e Investigaciones y en la ley común la posibilidad de que, en este caso, el propietario o el encargado local tenga derecho a presentar un reclamo al tribunal competente, planteando su opinión sobre el registro efectuado por Carabineros o por la Policía de Investigaciones, me parece muy importante que dejemos establecido en el la posibilidad de responsabilizar con la pena que se indica en el propio proyecto en el caso de acreditarse delitos en el registro que se ha efectuado. Por eso voy a presentar una indicación, consciente de que se requiere unanimidad, en orden a intercalar en el número 5, como nuevo inciso quinto, lo siguiente: "El tribunal competente respectivo, en caso de acreditarse delitos en el registro efectuado, sancionará al o los responsables con la pena que se indica en el inciso siguiente"
Esta indicación la presentamos en conjunto con el Diputado señor Seguel, y espero que la unanimidad de la Corporación permita perfeccionar o solucionar el problema de vacío que creemos está planteando en este proyecto de ley.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Caminondo.
El señor CAMINONDO.-
Señor Presidente, el país se ha visto conmocionado en el último tiempo por el alarmante aumento de la delincuencia, violencia y terrorismo que ha cobrado la vida de ex miembros de las Fuerzas Armadas y del anterior gobierno, que culminaron con el asesinato del Senador Jaime Guzmán Errázuriz hace sólo una semana, hecho inédito en nuestra patria.
La suma de estos hechos han llamado a la reflexión al país entero, que ha repudiado categóricamente el asesinato como método de acción política por parte de un reducido número de desquiciados mentales, que sólo buscan sembrar el terror entre un Chile que quiere consolidar su democracia en un ambiente de paz y tranquilidad.
Estamos cierto, como lo hemos venido repitiendo durante el primer año de Gobierno del Presidente Aylwin, que el terrorismo y la delincuencia no se combaten con declaraciones de buenas intenciones. Muy por el contrario, este flagelo debe ser derrotado con una policía altamente especializada, con un mecanismo encargado de inteligencia, con capacidad de infiltración en los grupos terroristas y con un sistema judicial moderno y dotado de los mejores técnicos que permitan desarrollar su misión con efectividad.
Por eso es que hoy estamos en el momento más propicio para dar inicio al proceso de modernización de nuestro sistema judicial, con un criterio técnico y práctico, para que la justicia llegue a todos los chilenos en forma ágil y dinámica.
Por tal razón, nuestra colectividad ha presentado indicaciones al proyecto de ley, unánimemente aceptadas en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, lo que se convierte en el más concreto aporte para contribuir decididamente a enfrentar con éxito a la delincuencia y al terrorismo. Estas indicaciones contienen medidas que hacen altamente eficaz la acción de la policía y de los tribunales en los delitos terroristas y comunes.
Con tales modificaciones se lograrán simplificar los lentos trámites judiciales que hasta la fecha sólo facilitan la acción de los delincuentes para alcanzar su libertad. De igual forma, los chilenos podrán contar con una atención rápida de los tribunales, lo que se traducirá en una mayor cantidad de denunciantes activos, por cuanto se eliminan las largas esperas.
Asimismo, es altamente positivo que estas modificaciones conlleven implícitamente la autorización para que se inicien las investigaciones sin la ratificación de los afectados, permitiendo que los elementos delictuales queden en la impunidad.
Todo este conjunto de modificaciones incentivará la cooperación con la justicia, ya que se sancionará a quienes tienen antecedentes de un delito u oculten pruebas, lo que en la actualidad no tiene pena.
Es necesario destacar que hoy todos los representantes del pueblo en el Parlamento estamos de acuerdo en legislar para resguardar a la comunidad toda, que hoy se siente atemorizada por el flagelo de la violencia.
Por esta razón, en nombre de mi bancada, hago llegar a todas Sus Señorías el más sincero reconocimiento por la férrea unidad que se ha generado para abordar este tema.
También quiero, en esta ocasión, hacer llegar nuestro respaldo a las fuerzas policiales que a diario se ven enfrentadas en la lucha contra los grupos extremistas.
El país no puede seguir caminando sobre muertos que deja la violencia; no puede seguir en esta senda del terror, y hoy se abre la oportunidad para contribuir decididamente, desde esta Cámara, a legislar en resguardo de todos nuestros compatriotas.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presiden te).-
Tiene la palabra el Diputado seño Bosselin.
El señor BOSSELIN.-
Señor Presi dente, Su Excelencia el Presidente de la República ha sometido a la consideración de esta Corporación un proyecto de ley que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal, en lo relativo a los delitos de robos y hurtos, contempla otras normas de general aplicación.
Se expresa en el mensaje que la política que el actual Gobierno ha diseñado para enfrentar en forma eficiente y con celeridad la comisión de determinados delitos, especialmente los de robo y hurto, que son numéricamente los más importantes, contempla la aceleración de los trámites para que los denunciantes ejerzan su acción ante los organismos policiales como ante los tribunales de justicia, sin trabas y en forma expedita. Se desea garantizar el derecho, tanto a recurrir al auxilio de la fuerza pública como el procedimiento y sanción de los responsables por parte de los tribunales de justicia.
Se agrega por el Ejecutivo que la delincuencia ha desarrollado en el tiempo una forma de operar que aprovecha las deficiencias de la actual legislación y, de ese modo, en la sociedad se ha establecido la idea que el delincuente posee mecanismos para inhibir al denunciante, especialmente cuando éste proviene de la misma comunidad o sector social que el delincuente.
Este proyecto no sólo se limita a legislar sobre ciertos aspectos procesales relacionados con los delitos de robo y hurto, sino que también propone normas aplicables a toda clase de infracciones penales. Más aún, en el curso del debate en la Comisión de Constitución, Legislación y justicia, se presentaron importantes indicaciones que llevaron a ésta a interpretar las ideas matrices con una mayor amplitud, posibilitando así la inclusión de un conjunto de preceptos que modifican el decreto ley N° 3.607, de 1981, que establece normas sobre vigilantes privados, trasladando a la Prefectura de Carabineros un conjunto de facultades que estaban radicadas en las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas.
Dentro del propósito de combatir realmente la delincuencia se admitió y aprobó la interesante indicación que tipifica en nuestra legislación el delito de obstrucción a la justicia, figura novísima en nuestro derecho, que tiene por finalidad fortalecer el deber de la ciudadanía de colaborar con ésta.
Me voy a referir a algunos aspectos relevantes del proyecto. Se proponen normas relacionadas con las denuncias. Sabido es que los procesos penales pueden comenzar por denuncia, por querella, por requisición del ministerio público y por pesquisa judicial. Denuncia un delito una persona que pone en conocimiento de la, justicia o de sus agentes el hecho que lo constituye y, por lo regular, el nombre del delincuente o los actos que lo identifiquen, no con el objeto de figurar como parte en el juicio, sino con el de informar al tribunal, a fin de que proceda la instrucción del respectivo proceso.
Todo el que tenga conocimiento de un hecho punible puede denunciarlo. Están obligados a recibir la denuncia no solamente el tribunal al cual corresponda el conocimiento de la causa, sino también cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en materia penal; el oficial del Ministerio Público que funcione ante el tribunal competente, y los empleados de la policía. Todos estos funcionarios deben transmitir inmediatamente la denuncia al tribunal que se juzgue competente.
El artículo 91 del Código de Procedimiento Penal dispone: "Formalizada la denuncia, el juez procederá inmediatamente a la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revista el carácter de delito o que la denuncia sea manifiestamente falsa. En estos dos casos se abstendrá el juez de todo procedimiento, pero incurrirá en responsabilidad si la desestima indebidamente."
La formalización de la denuncia ha sido entendida y aplicada en el sentido de que el denunciante debe concurrir al tribunal a ratificarla, lo cual, en la práctica, se ha traducido en que muchas de ellas quedan abandonadas, sin instruir sumario, ya que el trámite de la ratificación no se ha realizado.
Por ello, se modifica este artículo preceptuando que "Recibida la denuncia y sin más trámite, el juez procederá inmediatamente a la comprobación del hecho denunciado", es decir, instruirá el sumario. Esta modificación es de carácter general; no se refiere únicamente a los delitos de robo y hurto. Además, elimina la ratificación de las denuncias.
Se agrega un inciso al artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, que amplía las facultades de la Policía de Investigaciones y de Carabineros para que estos organismos, sin esperar la orden judicial, y con el solo mérito de la denuncia presentada ante ellos, tratándose de delitos de robo, hurto, homicidio, lesiones, parricidio, infanticidio y riñas, practiquen de inmediato las siguientes diligencias: Conservar las huellas del delito y hacerlas constar. Recoger los instrumentos usados para llevar a cabo el hecho delictuoso, salvo en cuanto sea necesario mantenerlos en el lugar donde fueron encontrados para su examen personal por el juez.
Hacer constar el estado de las personas, cosas o lugares mediante inspecciones o con los medios a que se refiere el artículo 113 del Código de Procedimiento Penal, u otras operaciones aceptadas por la policía científica, y requerir la intervención de organismos especializados en la investigación según la naturaleza del delito. Citar a los testigos presenciales del hecho delictuoso investigado para que comparezcan al tribunal a primera audiencia, entregándoles una boleta o comprobante de citación.
De acuerdo con el artículo 260 del Código de Procedimiento Penal, los agentes de policía están obligados "a detener a todo delincuente de crimen o simple delito a quien se sorprenda in fraganti."
Se reputa delincuente flagrante al que actualmente está cometiendo un delito; al que acaba de cometerlo; al que en los momentos en que acaba de cometerlo, huye de los lugares en que se perpetuó y es designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice; al que, en un tiempo inmediato a la comisión del delito, fuere encontrado con objetos procedentes del delito o con señales en sí mismo o en sus vestidos que induzcan a sospechar su participación en él, o con las armas o instrumentos que se emplearon para cometerlo, y al que personas asaltadas o heridas, o víctimas de un robo o hurto, que reclaman auxilio, señalen como autor o cómplice de un delito que acaba de cometerse. '
En estas situaciones, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, conforme con el inciso final que se propone agregar al artículo 156 del código señalado, y siempre que hubiere fundadas sospechas de que responsables del delito se encuentren en determinado recinto cerrado, podrán efectuar el registro de inmediato y sin previa orden judicial, para los efectos de proceder a su detención.
Para garantizar los derechos de los ciudadanos, se establece la obligación de remitir al tribunal competente, dentro del plazo de 24 horas, copia del acta correspondiente, con individualización de los funcionarios que hubieren intervenido en ella. Al mismo tiempo, en caso de infracción de este precepto legal, los agentes de policía tendrán una sanción penal, aplicada en su grado máximo.
De esta forma, cuando no se trate de delitos flagrantes, continuará vigente el resto del artículo 156 del Código de Procedimiento Penal, y serán sólo los tribunales de justicia los que puedan decretar la entrada y el registro en cualquier edificio o lugar cerrado, sea público o particular, cuando hubiere indicios de encontrarse allí el inculpado o procesado o efectos o instrumentos del delito.
Del análisis del inciso que se agrega y en los actuales incisos primero y segundo, se deduce y así lo hemos entendido, pese a que una primera lectura pudiera indicar una cosa distinta que el registro en caso de delitos flagrantes, practicado por Carabineros o Investigaciones de Chile, no está en modo alguno sometido a las limitaciones de horarios.
En los delitos contra la propiedad, el artículo 146 del Código de Procedimiento Penal dispone que "en los sumarios que se instruyan sobre delitos de hurto, robo, estafa y otros engaños, se acreditará la preexistencia de los objetos sustraídos; se comprobará, en cuanto fuere posible, la identidad de los que se encontraren en poder del reo o de una tercera persona;".
Mediante esta reforma, se agregan dos incisos a esta disposición:
1°.Para los efectos de encargar reo al indultado, servirá de testimonio suficiente para acreditar la preexistencia y valor de los objetos sustraídos, la declaración jurada hecha por la víctima y por dos testigos, en conformidad con el nuevo inciso que se agrega al artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la declaración que se ha prestado ante Carabineros e Investigaciones, y
2°.En los casos contemplados en el artículo 454 del Código Penal, no se requerirá acreditar la preexistencia de las especies encontradas en poder del inculpado, como tampoco el dominio ajeno. Ambas circunstancias se presumirán por el solo hecho de que el inculpado no pueda acreditar su legítima posesión.
De la relación de ambas modificaciones, se llega a la conclusión de que, salvo el caso del artículo 454 del Código Penal ya comentado, la preexistencia y el valor de los objetos sustraídos no deben acreditarse sólo para los efectos del auto de procesamiento. Es suficiente la declaración jurada de la víctima y de los dos testigos ante Investigaciones o Carabineros. Basta, en consecuencia, con que esté justificada la existencia del delito que se investiga y que aparezcan presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito como autor o cómplice o encubridor. Claro está que en el curso del proceso y para acusar y condenar, en su caso, será menester rendir la prueba de preexistencia, por cuanto así tiene plena vigencia la norma general del inciso primero del artículo 146 del Código de Procedimiento Penal.
En cuanto a la declaración de testigos, toda persona que reside en el territorio chileno y que no se hallare legalmente exceptuada, tiene obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en causa criminal.
Se proponen dos normas muy interesantes y, desde luego, trascendentes innovaciones, las cuales, al ser aplicadas correctamente, tendrán un efecto importante en la eficacia de la administración de justicia.
Se agregan al artículo 189 del Código de Procedimiento Penal dos incisos. Para proteger la seguridad, vida e integridad física de los testigos ante eventuales venganzas, ataques o represalias, se establece que si así lo pide éste, quedará prohibida la divulgación, por cualquier medio de comunicación social de la identidad o de antecedentes que conduzca a ella, de todo testigo consignado en el parte policial, o que se presente a Carabineros, o al tribunal de la causa. Esta prohibición regirá desde que se produzca el hecho que presente características de delito.
Al mismo tiempo, el juez podrá disponer, a petición del testigo, todas las medidas que considere necesarias para proteger la seguridad del mismo. Estas medidas durarán el tiempo prudencial que el propio tribunal señale, y podrán renovarse cuantas veces estime conveniente.
Se darán al juez amplísimas facultades. No se quiso consignar determinadas medidas de protección, pues se estimó conveniente que el propio tribunal sea el que determine la naturaleza y características de las mismas. En el fondo, al proponer esta indicación, se pensó en dar una norma de carácter general, a fin de que los testigos pudieran pedir al juez de la causa las medidas de protección que sean pertinentes. Podrán ser resguardos policiales, mantención en lugares especiales, protección a la familia del testigo, a sus hijos, a sus padres, protección a los hijos en el establecimiento educacional, etcétera. Es decir, serán las circunstancias de los hechos y la conveniencia pública de favorecer a quienes colaboran con la acción de la justicia, las que determinarán, en cada caso, las medidas de protección y su duración.
Tratándose del delito de obstrucción a la justicia, éste está concebido como la acción del que injustificadamente se rehusare a proporcionar a la justicia antecedentes que conozca o que obren en su poder, y que permitan establecer la existencia de un delito o la participación punible en el mismo; o que, con posterioridad a su perpetración, destruya, oculte o inutilice el cuerpo, los efectos o instrumentos de un crimen o simple delito, persona que será sancionada con la pena inferior en dos grados a la señalada para el crimen o simple delito.
Coincidiendo plenamente con lo expresado por el señor Ministro don Francisco Cumplido, estimo que no constituirán estos delitos los que no tengan una especial malicia; es decir, no se trata de cualquier tipo de conducta o acción cubierta por los cuerpos rectores establecidos en esta disposición, sino de conductas vinculadas con el título mismo de obstrucción a la justicia.
Quedan al margen de esta figura delictiva, y no pueden, por ende, cometer este delito, los que sean cónyuge o parientes legítimos del reo por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive. Sus padres, sus hijos naturales o ilegítimos reconocidos y aquellas personas que, por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tienen el deber de guardar el secreto que se les ha confiado, estarán exentos de las penas respectivas.
No cometerán este delito los que se rehusaren a proporcionar antecedentes a la justicia con fundamentos, por razones o consideraciones lógicas o con base racional, cuando la entrega de tales antecedentes les pueda ocasionar un daño moral o material irreparable o cuando dicha entrega pueda llevar a que lo incriminen, persigan o acusen penalmente a él o a otra persona vinculada a su familia; es decir, las justificaciones a que se alude cuando se habla de “injustificadamente", tienen una extensión mayor que el concepto doctrinario de causales de justificación, entendido en términos estrictos.
Las conductas que se tipifican en este nuevo delito: rehusarse a proporcionar, ocultar o inutilizar el cuerpo del delito, los efectos o instrumentos de un crimen o simple delito, se deben ejecutar con la finalidad precisa de obstruir la acción de la justicia; es decir, el sujeto activo tendrá que conocer la existencia del juicio o del requerimiento del tribunal y, en esa forma, proceder contra lo solicitado en el mismo para entorpecer una investigación criminal. La destrucción o inutilización del cuerpo, efectos o instrumentos del delito, tendrá que llevarse a cabo con pleno conocimiento de que ello obstruye la investigación del tribunal. En consecuencia, no basta cualquier forma o clase de destrucción o inutilización. Será menester que la conducta esté empapada de un ánimo especial, dado por la finalidad di recta de obstruir, de obstaculizar la acción del tribunal, o de impedir que se permita establecer la existencia de un delito o la participación punible en el mismo. Se destruye con conocimiento pleno de que se trata de los efectos, cuerpo c instrumentos de un crimen o simple delito. Si se ignora tal circunstancia, el delito no se habrá tipificado, por ausencia de un elemento subjetivo esencial de este tipo.
Cuando se dice "El que injustificadamente", se está haciendo referencia a una especial malicia vinculada con el título del delito y con el bien jurídico que ampara la administración de justicia y su eficacia, el cual se pretende obstruir, dañar o dificultar.
En cuanto al encubrimiento, de acuerdo con el Código Penal, son responsables criminalmente de los delitos los autores, los cómplices y los encubridores.
Son encubridores los que con conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito, o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplices, intervienen, con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos expresamente contemplados en el artículo 17 del Código Penal.
Uno de los modos actuales es el número 3° del citado artículo: "Albergando, ocultando o proporcionando la fuga al culpable, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: Primera. La de intervenir abuso de funciones públicas de parte del encubridor. Segunda. La de ser el delincuente reo de traición, parricidio u homicidio cometido con alguna de las circunstancias agravantes..., si estuvieren en noticia del encubridor, o cuando el delincuente fuere conocido como reo habitual de otros crímenes o simples delitos.".
Sobre estas formas de encubrir, un reputado autor penalista Fuenzalida comenta que el Código habría seguido la corriente mantenida por legislaciones europeas, que tenían una posición de benignidad respecto del auxilio del delincuente. Se considera como principio general, dentro de esta orientación, que esta clase de ayuda tiene carácter atípico, salvo que haya abuso de función pública o se trate de responsables de delitos gravísimos o de delincuentes habituales.
Los demás casos de favorecimiento personal, en el derecho actual, son impunes. En otros términos, ocultar, albergar o facilitar la fuga de un delincuente sería un acto lícito en principio. Secón el autor, se explica la posición del legislador, porque no habría estado en condiciones de desatenderse del espíritu de conmiseración que inspiran los individuos perseguidos por la justicia.
Por su parte, Pacheco, quizás con demasiado entusiasmo, dice: "Honor a la legislación que así lo declara.".
Nosotros, en la Comisión, resolvimos cambiar la reforma de dicho criterio. El que intervenga albergando, ocultando o proporcionando la fuga al delincuente, será sancionado como encubridor. Esta conducta pasa a ser típica en nuestro ordenamiento penal, y ella constituye un cambio realmente de fondo. Obviamente, tendrán que concurrir los requisitos generales del encubrimiento; en especial, el encubridor debe tener conocimiento de la comisión del crimen o simple delito y un positivo y claro conocimiento de que se ha ejecutado el hecho de que se trata y de que él favorecerá a sus realizadores. La conciencia de una mera posibilidad o la duda en relación con este punto, descarta la subjetividad necesaria al encubridor, quien siempre debe tener seguridad de que aquellos a quienes auxilia han intervenido en la comisión de un crimen o simple delito. No procede aquí, en consecuencia, el dolo eventual. Este es el sentido de la reforma.
Respecto del decreto ley N° 3.607, de 1981, que establece normas sobre vigilantes privados, se sustituye a las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas por las Prefecturas de Carabineros.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Le resta un minuto de los dos tiempos, Su Señoría.
El señor BOSSELIN.-
Considero que esta norma es importante, por cuanto todo lo relativo a los vigilantes privados se traslada al Cuerpo de Carabineros, y se establece que el Ministerio del Interior coordinará, junto con el de Defensa Nacional, las actividades de las Prefecturas para la aplicación de esta ley.
En consecuencia, apoyamos esta nueva legislación, porque ella va a contribuir, de ser aplicada correctamente, a la persecución de la delincuencia y a sancionar, en tiempo oportuno, a quienes infringen el ordenamiento penal.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Campos.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
Comparto el espíritu que motiva este proyecto y también participo de los objetivos que se persiguen con esta iniciativa legal.
Sin embargo, no puedo ocultar que me asisten prevenciones en tres materias específicas, vinculadas con las reformas que se introducen en nuestro Código Penal.
En primer término, como ya se ha explicado largamente por el Diputado informante y por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, se introduce una modificación al artículo 17 del Código Penal, en el sentido de eliminar las circunstancias del encubrimiento que consagra el N° 3° de dicho precepto. Participo de la iniciativa, pero lamento que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y el Gobierno, al presentar este proyecto, persistan en estimar el encubrimiento como una forma de participación criminal y no lo trate como un delito en sí mismo, como un delito contra la administración de justicia, tal como lo sostienen las modernas tendencias del Derecho Penal y como ha sido acogido por diversas legislaciones comparadas.
En segundo lugar, tengo reservas respecto del inciso segundo que se agrega al artículo 210 del Código Penal, según el cual se da carácter de perjurio a "los testigos de preexistencia que perjuraren o dieren falso testimonio en la declaración que prestaren ante los agentes de policía..."
Creo que dicho inciso segundo es inoficioso, por cuanto, de acuerdo con la aplicación de la regla general, el eventual perjurio o falso testimonio que prestaren estos testigos de preexistencia, serían considerados perjurio por el actual artículo 210 del Código Penal. Si hubiere alguna duda sobre este punto, en lugar de agregar este inciso segundo', habría sido mucho más feliz eliminar del inciso primero del artículo 210, la frase "en materia que no sea contenciosa". Ahí se habría salvado, sin lugar a dudas, cualquier discusión que se hubiere presentado respecto de que ciertos testigos de preexistencia cometan el delito de perjurio o no lo cometan.
De haberse procedido en la forma que propugno, lo más importante hubiere radicado en que habríamos abierto la posibilidad de tipificar o de configurar este delito de perjurio respecto de otras situaciones que, jurídicamente, son reprobables y que, hoy día, no pueden considerarse hechos delictivos, por cuanto no se configuran todos los elementos constitutivos del mismo.
En tercer lugar, tengo dudas, ahora ya más de fondo, sobre el artículo 269 bis propuesto, que introduce el delito de obstrucción a la justicia. Hay que dividir esta disposición, por cuanto consagra dos hipótesis. La primera se refiere al delito contra la obstrucción de la justicia en s: mismo, al castigar al, que injustificadamente se rehusare a proporcionarle antecedentes que conozca o que obren en su poder y que permitan establecer la existencia de un delito o la participación punible en él.
Personalmente, tengo reservas, por cuanto, en el fondo, se está consagrando la obligación general, para los ciudadanos, de transformarse en colaboradores de la acción de la justicia. De esta forma, todos, estemos o no vinculados a un hecho delictivo, tendremos reitero, por mandato de la ley, la obligación de proporcionar los antecedentes que conozcamos o que obren en nuestro poder respecto de un hecho delictivo determinado.
Francamente, tengo dudas sobre la procedencia de una obligación de esa naturaleza y mayores son ellas en tomo a si es conveniente, desde el punto de vista de la política criminal, establecer una incriminación en este sentido.
Estas últimas se presentan por algo que señaló el señor Ministro de Justicia y que el colega Bosselin ha tratado de resolver, a mi modo de ver, con una interpretación demasiado forzada. El artículo 269 bis propuesto empieza diciendo: "El que injustificadamente se rehusare a proporcionar". La expresión "injustificadamente" no es una referencia al elemento subjetivo del delito. Es una clara referencia a la anbijuridicidad de la conducta. Si queremos que este delito tenga un elemento subjetivo mayor, una mayor eficiencia subjetiva; si queremos hablar de dolo específico, sería preferible que sustituyéramos la expresión "injustificadamente" por "maliciosamente". Naturalmente, en ese caso compartiría el criterio de la Comisión.
Aun cuando sé que sólo con la unanimidad de la Sala se pueden presentar indicaciones, solicitaré que se pida su asentimiento para que sustituyamos la expresión "injustificadamente" por "maliciosamente", puesto que así se salvarían las prevenciones del señor Ministro de Justicia, las que el colega Bosselin, a mi modo de ver, esforzadamente, pretendió resolver mediante la expresión "injustificadamente", la que reitero, es una referencia a la ambijuridicidad y no al elemento subjetivo del delito.
Por último, la segunda parte del artículo 269 bis propuesto, que castiga el delito de obstrucción de la justicia en caso de que con posterioridad a su descubrimiento se destruya, oculte o inutilice el cuerpo o el instrumento de un crimen o simple delito, también es inoficiosa, puesto que plantea una forma de encubrimiento expresamente penada en el artículo 17, número 2, del Código Penal; incluso, la pena es igual a la que prescribe la parte final del artículo 269 bis. De manera que no veo la conveniencia de mantenerla, en circunstancias de que insisto por aplicación de reglas generales, la situación es punible como una forma efe encubrimiento.
Entre la segunda parte del artículo 269 bis propuesto y el artículo 17, número 2, del Código Penal, en materia de descubrimiento, hay una pequeña diferencia. El artículo 269 bis castiga la destrucción, ocultamiento o inutilización del cuerpo con posterioridad al descubrimiento del delito; y el encubrimiento del artículo 17, número 2, del Código Penal, castiga los mismos hechos: destrucción, ocultamiento e inutilización del cuerpo del delito, con posterioridad a su ejecución.
La contradicción se daría en la siguiente circunstancia: si un delincuente oculta, destruye o inutiliza el cuerpo o los instrumentos del delito con posterioridad a su ejecución y antes de que se descubra, es encubrimiento por aplicación del artículo 17, número 2, dei Código Penal. A la inversa, si esos mismos hechos se verifican con posterioridad al descubrimiento, es delito, y en ambos casos es aplicable la misma pena. Francamente, no veo razones para que un mismo hecho tenga tratamiento distinto y, en definitiva, a ambas situaciones se imponga la misma sanción.
Por tal razón, formularé indicación para eliminar la parte final del artículo 269 bis, puesto que, reitero, la situación estaría resuelta por aplicación de reglas generales.
Concluyo pidiendo que se solicite el asentimiento unánime de la Sala para que se consideren las tres indicaciones a que he hecho referencia. La primera, para sustituir reitero en el artículo 269 bis propuesto, la expresión "injustificadamente" por "maliciosamente", con lo que se resolvería lo planteado por el señor Ministro de Justicia; la segunda, para eliminar del artículo 269 bis, la frase desde "o que, con posterioridad", etcétera, hacia adelante, por considerarla inoficiosa; y la tercera, por último, para eliminar del artículo 210 del Código Penal la frase "en materia que no sea contenciosa", manteniendo el inciso segundo del artículo propuesto, que considero correcto desde el punto de vista técnico-legal.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, comparto algunas observaciones del Honorable señor Campos; respecto de otras, quiero hacer algunas aclaraciones.
En primer lugar, en el informe de la Comisión se expresa que la legislación y la doctrina moderna no consideran el encubrimiento como elemento de la participación. Pero, en un proyecto con suma urgencia, sobre una materia que debate la doctrina chilena por larguísimos años, no nos pareció conveniente innovar. En este caso, el encubrimiento, obviamente, tiene que ser abordado a fondo con posterioridad.
Hago la precisión, pues en el propio informe se consigna que en legislaciones modernas el encubrimiento se ha eliminado como tal de la autoría y se ha transformado en delito autónomo. Este paso, a nuestro juicio, requiere de un estudio de mayor profundidad y un proyecto específico, que aborde el concepto de encubrimiento en el contexto de la legislación comparada.
En relación con el delito de obstrucción a la justicia, comparto plenamente la indicación para reemplazar la expresión "injustificadamente7' por "maliciosamente". Entre otras cosas, el propósito del debate en la Sala es enriquecer los proyectos. Sin lugar a dudas, "maliciosamente" hace que la conducta sea dolosa, de manera nítida, que es lo que pretendemos sancionar, y evita las dudas.
Sin embargo, el término "injustificadamente" podría ser válido en el entendido que a quien tiene justificación le serían aplicables las causales de excepción de responsabilidad penal contempladas en el artículo 10 del Código Penal. Pero, en todo caso, concuerdo con él en que es más precisa la expresión "maliciosamente".
En lo que respecta a la segunda parte que él cuestiona, la verdad es que en el encubrimiento lo que se sanciona es a la persona que haya actuado con posterioridad a la ejecución del delito y que oculte o inutilice el cuerpo o los efectos e instrumentos del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento; es decir, es una conducta luego de ejecutada, pero antes de que se descubra, la cual no tiene sanción en Chile si tiene lugar después de descubierto el delito. Y no la tiene porque expresamente se dice "para impedir su descubrimiento". Obviamente, la conducta de intentar impedir el descubrimiento sólo puede realizarse antes de que el delito se descubra. E incluso, recogiendo la idea de él de que debe ser un delito autónomo, se le incorpora como un elemento del delito autónomo; pero no como principio de la autoría, porque cuando la persona actúa con posterioridad a la ejecución y al descubrimiento, es evidente que no se le puede ligar al concepto de autoría y, por lo tanto, hay que cambiar donde dice: "con posterioridad a su perpetración" por "con posterioridad a su descubrimiento". Esa conducta no es sancionada actualmente en la legislación, y la jurisprudencia, en algunos casos, la sanciona como encubrimiento; pero la sanciona mal como tal, porque lo hace contra el texto expreso de la ley en materias que son de derecho público.
Por lo tanto, nos parece razonable distinguir, en esta etapa, en que no quede sin sanción quien, luego de la ejecución del delito, y luego de que ha sido descubierto, realice las conductas de ocultar o inutilizar el cuerpo, los efectos o instrumentos del delito. Son dos situaciones distintas, estimado colega Campos, y creemos que hoy día una de ellas no está sancionada, porque el artículo 17 expresamente dice "para impedir su descubrimiento".
En tercer lugar, coincido también con la apreciación del señor Ministro, en el sentido de que llamémoslo párrafo 2° del artículo 269, aunque es el primer inciso es necesario agregar, después de donde dice "delito" o "una participación punible en él", la frase "o que con conocimiento de un crimen o simple delito y con posterioridad a su descubrimiento", porque obviamente se requiere del conocimiento; si no, estaríamos extendiendo el delito de manera inadecuada.
En cuarto lugar, respecto del inciso segundo del artículo 269 bis, hay una omisión en el informe, toda vez que se dispone: "Estarán exentos de las penas que establece este artículo las personas a que se refiere el inciso final del artículo 17 del Código Penal", puesto que ese inciso final preceptúa la exención de las penas en el encubrimiento de parientes. Con ello queda perfectamente acorde con la norma que dispone "y el artículo 201 del Código de Procedimiento Penal". Lo que ocurre es que en el informe no figura la expresión "del Código Penal", y como, curiosamente, el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal también se refiere a parientes, el Ministro tiene toda la razón cuando expresa que ahí habría una omisión. Nuestra mención es al Código Penal y también al artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, de manera que allí habría que hacer una simple corrección.
En lo que dice relación con el perjurio, la verdad es que entendemos que puede existir una redundancia; pero en esta materia quisimos pecar de redundantes. Nos pareció que en la disposición respectiva, que establece que "El que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diera falso testimonio", la jurisprudencia no ha sido clara acerca de qué significa "sus agentes", y no quisimos dejar que la acción de prestar falso testimonio ante los agentes de policía o de Investigaciones, no quedara sancionada por una falta de precisión. Por consiguiente, preferimos agregar este inciso segundo que en nada altera el contenido y objeto de la norma. Nos pareció que en materia penal más vale ser redundante que pecar por omisión, porque el día de mañana esa situación podría significar que alguien considerara que en el término "agentes" no quedan comprendidos Carabineros e Investigaciones.
En todo caso, a mi juicio, no es un problema de controversia, sino de técnica y de certeza. En esa materia, es posible que la Cámara revisora, en su oportunidad, tenga un criterio distinto; pero entiendo que simplemente es un problema de puntualización.
Finalmente, señor Presidente, es necesario hacer una corrección en el artículo 156, que figura en la página 25 del informe. Su parte final dice: "La infracción a la norma referida en el inciso anterior". En verdad, debió decir "en el inciso primero", porque se trata de una sanción en caso de que un carabinero o un miembro de la Policía de Investigaciones haga uso de la facultad de que está dotado, y la sanción la otorgamos sólo en el caso de que no remita el certificado dentro de las 24 horas, y le establecemos una pena de tres años por ese hecho. La sanción debe apuntar a la conducta que pretendemos castigar, cual es la de abuso en el ejercicio o en la diligencia de entrar a un recinto cerrado. Por lo tanto, habría que reemplazar la palabra "anterior". Habría que ver cuál es el inciso que corresponde.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Señor Diputado, le pido que redondee la idea para continuar, porque hay muchos señores Diputados que desean hacer uso de la palabra.
El señor ESPINA.-
Esas son las indicaciones que quería formular.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Antes de ofrecer la palabra, y como se aprecia por el mismo debate, han llegado varias indicaciones. Planteo no para que resuelva de inmediato que hay dos posibilidades: o el proyecto vuelve a Comisión hasta el jueves en la mañana, o, por unanimidad, dichas indicaciones se tratan ahora y nosotros permanecemos en la Sala, para ese fin, bastantes horas más.
La señora MALUENDA.-
Pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Maluenda.
La señora MALUENDA.-
Señor Presidente, sólo quiero hacer un alcance de orden general sobre el proyecto, lamentando, en primer lugar, que una materia de tanta importancia no haya sido tratada con el tiempo necesario para poder ahondar más en todas las disposiciones del proyecto.
Aun cuando no me cabe la menor duda respecto de las buenas intenciones que han movido a traer este proyecto a la discusión de la Cámara, hay disposiciones en él que resultan absolutamente contradictorias, incluso, con principios elementales de defensa de los derechos humanos.
Pareciera que, de pronto me da la impresión, estuviéramos discutiendo en otro país, en otro lugar que no tiene nada que ver con el Chile en que hemos vivido durante todos estos años. El país se ha visto conmovido por hechos gravísimos y aberrantes, como es el crimen que costó la vida del ex Senador Jaime Guzmán, y que todos condenamos y lamentamos. Pero este hecho no debiera hacemos olvidar, sino, por el contrario, hacemos meditar más profundamente sobre todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los últimos años, las cuales, desgraciadamente, han sido producto, en muchísimos casos, del abuso de la fuerza de parte de quienes tenían el poder y las armas.
Por eso, me parece estar asistiendo, de pronto, a una escena de teatro del absurdo cuando oigo que se trata de darle muchísimas más facilidades precisamente a aquellas personas que se han distanciado de pueblo de Chile por los abusos cometidos durante estos años en allanamientos que han afectado a todas las poblaciones de nuestro país.
En el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos está establecido que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencía mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Y en el artículo 12 se señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, su domicilio o su correspondencia.
Resulta que en este proyecto hay una cantidad de disposiciones que quedan sujetas a apreciaciones absolutamente subjetivas de quienes van a llevar a cabo los allanamientos o la intromisión en los hogares, en recintos privados, los que sólo estarán sujetos a reclamos después de realizados.
Bien manifestaba el Diputado señor Molina que este proyecto, desgraciadamente, se presta para diversas lecturas. ¿Y quién nos asegura que quienes han abusado del poder que tenían en sus manos y han allanado en una forma que ha significado sembrar el terror en las poblaciones de nuestro país, van hoy día a actuar con serenidad, con juicio necesario y equitativo para evitar que se cometan abusos?
Creo que éste es un error muy grave, y tal vez todos tendremos que lamentar la entrega de más atribuciones en este sentido a quienes ya han abusado en su apreciación personal del uso que puedan hacer de las armas, de la fuerza y del atropello a los derechos humanos. Así como estamos debatiendo ahora, incluso sutilezas respecto del lenguaje utilizado en este proyecto, desgraciadamente no hemos discutido cómo debería aplicarse justicia frente a por lo menos las 2.700 muertes establecidas en el Informe Rettig.
La mala memoria de que tanto se habla entre los chilenos puede llevamos a abismos muy grandes y a lamentar que hoy día discutamos hechos de esta especie con superficialidad, olvidando la gravedad de los sucesos que ha enfrentado nuestro país y contribuyendo, con ello, a sembrar la sensación de que en Chile no hay justicia para los más débiles, para los más desamparados, y que se abren las puertas para nuevos abismos.
He dicho.
El señor ORTEGA.-
¿Me permite una moción de orden?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ORTEGA.-
Señor Presidente, creo que su sugerencia requiriría de una discusión previa.
Si el proyecto vuelve a Comisión, se obviará mucho el debate que estamos teniendo. Por lo tanto, aunque la discusión puede seguir, de todos modos debiéramos decidirlo, porque las mismas observaciones que escuché al Diputado informante, señor Espina, me hacen pensar que su proposición primera de que el proyecto vuelva a Comisión es correcta, para tratarla en forma definitiva el próximo jueves y canalizar en la Comisión muchas de las sugerencias que se están haciendo en la Sala, a fin de perfeccionar el proyecto en cuestión.
Gracias, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Sobre esta materia, aprovecho para informarles que he consultado con el señor Ministro, quien me ha dicho que el Gobierno no tiene inconveniente en que este proyecto vuelva a Comisión, para que lo trate el día de mañana y pueda ser votado en la Sala el jueves en la mañana.
Si esta posibilidad suscita el consenso de todos, sería mejor; pero todavía hay un debate general que igual debe continuar.
El señor SCHAULSOHN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Sobre esta materia, tiene la palabra, Su Señoría.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, estoy bastante sorprendido de la postura del señor Ministro, por cuanto es el propio Gobierno el que ha otorgado carácter de "suma urgencia" a este proyecto de ley. Fue discutido en la Comisión, como corresponde, y más allá de que haya opiniones diferentes todas son muy respetables y legítimas, estamos abocados a tramitarlo de cierta manera. No me parece razonable enviar un proyecto de ley con "suma urgencia", y luego de ser aprobado unánimemente por la Comisión proponer una modificación del trámite.
El señor YUNGE.-
¿Me concede una interrupción?
El señor SCHAULSOHN.-
No me estoy oponiendo a priori.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
La "suma urgencia" vence el 13. Entonces, no estaría alterándose la tramitación.
El señor SCHAULSOHN.-
Estaría alterándose por la sencilla razón, señor Presidente, de que la "suma urgencia" tiene un plazo máximo; pero los mecanismos reglamentarios operan desde el momento en que el proyecto está en la Cuenta. Lo que correspondería es tratarlo en sesiones sucesivas, como usted mismo dijo al principio. Quiero decir que la Comisión, tomando en cuenta la petición del Gobierno, trabajó este proyecto en forma concienzuda y rápida. Y ahora se nos está solicitando un cambio de trámite. Por ahora, francamente, me reservo mi opinión hasta que la Sala decida; pero para ello se requiere unanimidad.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Sobre esta materia, tiene la palabra el Diputado señor Yunge.
El señor YUNGE.-
Señor Presidente, me parece que la discusión sobre los temas procesales y sustantivos, desde el punto de vista de las disposiciones penales, está referida a la capacidad de la democracia para neutralizar la violencia, el terrorismo y la delincuencia. Esta materias son de la suficiente envergadura y complejidad así ha quedado demostrado en este debate como para que el proyecto pueda volver a la Comisión respectiva, a fin de que, dentro de los plazos correspondientes, se pueda profundizar, con una atención muy particular, en algunos aspectos que son extraordinariamente sensibles y delicados, en la sesión de la Sala del próximo jueves.
Me parece que algunos temas que también requerirían de la unanimidad de la Cámara para poder aceptar indicaciones que perfeccionen este proyecto demuestran la necesidad de que esta iniciativa de ley pueda volver a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. No me cabe duda de que la Comisión trabajó con mucha celeridad y tesón. Como acostumbra, ha hecho una buena labor. Sin embargo, precisamente la profundización de la discusión en la Sala sobre algunos puntos bastante pertinentes demuestran que es necesario ahondar este debate.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Quiero informar que sobre esta materia no hay acuerdo unánime. Entonces, no perdamos más tiempo en argumentar a favor. Por consiguiente, sigamos el orden en que los señores parlamentarios van a intervenir.
Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, sea en esta Sala o en la Comisión, lo importante es que debemos despachar un proyecto que, en realidad, cumpla con los objetivos señalados por el Ejecutivo.
En relación con esta iniciativa, seré muy breve. Me referiré exclusivamente a los fundamentos de dos indicaciones que he presentado en conjunto con el Diputado señor Juan Concha.
La primera aparece en la página 24, número 4 del informe, y consiste en modificar el artículo 146 en el siguiente sentido. El proyecto dice: "Para los efectos de dictar el auto de procesamiento,...". Creemos que esta norma se va a contraponer con los artículos 110, inciso segundo, y 147, porque el auto de procesamiento va a servir de base al juez de la causa para dictar sentencia.
En mérito de ello, y en atención a que la disposición general se refiere a los delitos de hurto, robo, estafa y otros engaños, hemos propuesto que se agregue lo siguiente: "Para el solo efecto de dictar el auto de procesamiento en los casos de los delitos de hurto y robo". De esta manera, en estos casos tal resolución será provisoria y sólo para ese efecto. En consecuencia, el juez, durante la tramitación de la causa, podrá recibir otros testimonios o acreditar el dominio de las especies sustraídas.
En segundo lugar, en la parte final de la página 25, de acuerdo con lo expresado por el señor Diputado informante, la disposición que señala: "La infracción a la norma referida en el inciso anterior será sancionada con la pena...", a nuestro juicio significaba que se estaba castigando exclusivamente el otorgamiento del certificado. Por lo tanto, hemos propuesto sustituir la expresión "el inciso anterior" por "referida en este artículo", con lo cual diría: "La infracción a la norma referida a este artículo será sancionada...", etcétera.
En tercer lugar, en la página 28, artículo 269 bis, coincidimos con lo manifestado tanto por el señor Ministro, como por el Diputado informante y el señor Campos. Por eso, en la primera parte, hemos presentado una indicación para sustituir la expresión "El que injustificadamente" por "El que maliciosamente", para Íntercalar después "la participación punible en él, o que, con conocimiento de la Comisión de un crimen o simple delito" o "con conocimiento de la comisión del delito", lo que daría lo mismo.
Finalmente, también coincidiendo con el Diputado informante, hemos presentado una indicación para agregar al artículo 17 la expresión "Código Penal". De esta manera, queda en concordancia con la norma que se quiso establecer en la Comisión.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.
El señor YUNGE.-
Señor Presidente, uno de los grandes desafíos de la hora actual es lograr neutralizar el terrorismo y la delincuencia por medio de una acción eficaz del sistema judicial y de los organismos pertinentes, estableciendo sistemas y normas legales modernas, con procedimientos expeditos; pero, fundamentalmente, tratando de asegurar que la acción además de neutralizar y terminar con el fenómeno del terrorismo y de la delincuencia sea realizada con respeto a los derechos fundamentales de las personas, a los derechos humanos.
En primer lugar, quiero expresar mi inquietud en cuanto a que este proyecto ha sido enviado por el Ejecutivo, respondiendo efectivamente, a un clamor nacional, para dar respuestas eficaces al fenómeno que tan deleznablemente ha significado la muerte de un Senador de la República. Pero, al mismo tiempo, las instituciones del Estado, en un sistema democrático, deben tener la capacidad para trabajar estos temas con mucho cuidado y con el tiempo y la tranquilidad necesarias para conseguir soluciones realmente eficaces.
En mi opinión, es necesario que el debate producido esta tarde en esta Sala, sobre diferentes aspectos y puntos que no son secundarios, se profundice para lograr una normativa que proteja los derechos fundamentales de las personas. Para ello, debemos tener a la vista la historia, las prácticas y las culturas que aún imperan en nuestro país, para terminar eficazmente con la violencia terrorista y con el flagelo de la delincuencia.
Desde ese punto de vista, es básico que los objetivos de consenso entre todos los sectores políticos representados en esta Cámara puedan ser alcanzados en forma concreta.
En segundo lugar, extremando el cuidado y la capacidad de análisis, debemos considerar la experiencia de la acción de las fuerzas policiales, especialmente, en los sectores populares urbanos y en los sectores poblacionales. Por desgracia, durante el régimen anterior, esta acción fue extraordinariamente fuerte, con consecuencias muy dolorosas desde el punto de vista social, para extensos sectores de la población.
Esto ha hecho debemos reconocerlo que la relación entre las comunidades de sectores populares y las fuerzas policiales sea muy difícil, y que hoy día, en democracia, avance lentamente a través del contacto entre las organizaciones poblacionales y Carabineros, y del trabajo que los distintos elementos organizados están realizando, para llegar a un reencuentro en función de la aspiración de la comunidad de que efectivamente se dé una respuesta al problema de la delincuencia. En esta acción, las fuerzas policiales deben tener el cuidado suficiente para proteger la propiedad y los derechos fundamentales de los pobladores, aun cuando, desafortunadamente, no siempre es así.
Este punto es muy delicado. Quienes representamos a sectores populares urbanos, como es mi caso en esta Cámara, sabemos perfectamente bien que, muchas veces, la acción represiva detrás del fenómeno de la delincuencia puede generar condiciones muy particulares en la población y en la comunidad que, finalmente, entorpecen la acción policial haciéndola ineficiente en su impacto, cuando ella compromete no sólo al objetivo, que es el delincuente o los grupos organizados, sino que también afecta la seguridad y la tranquilidad de las poblaciones.
A mi juicio lo digo con toda franqueza, algunas normas contenidas en este proyecto, en la forma que están establecidas, desafortunadamente caen en una situación límite, en una frontera que es muy peligrosa respecto de este punto.
Por ello, con el Diputado señor Andrés Palma hemos planteado una indicación al número 5, que aparece en la página 25 del informe, en cuanto a los incisos relacionados con el artículo 156 del Código del Procedimiento Penal. Establece: "Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en caso de delito flagrante y siempre que hubieren fundadas sospechas de que responsables del delito se encuentren en un determinado recinto cerrado, podrán proceder al registro y a la detención". Nosotros hemos presentado una indicación señalando la necesidad de que las fuerzas policiales o de Investigaciones cuenten con una autorización verbal o telefónica del juez competente y de que, además, éste consigne este hecho, esta autorización, en un registro que se establezca para estos efectos por el tribunal respectivo.
Esta indicación es consecuente con el Mensaje del Ejecutivo, que proponía una norma en tal sentido, no fue acogida por la Comisión bajo la justificación de que, en determinados sectores, especialmente rurales, la comunicación telefónica con el juez sería muy difícil, con lo que se pierde la posibilidad de solucionar la emergencia, lo que se pretende lograr con esta norma.
En primer lugar, me parece que en la totalidad de las localidades urbanas de nuestro país existen servicios telefónicos que pueden asegurar una comunicación relativamente expedita. Cuando no es así, las fuerzas policiales normalmente tiene mecanismos de comunicación con sus respectivas comisarías, de manera que el contacto con el juez competente es posible.
Además, si se argumentara que, en un momento determinado, una patrulla o contingente policial no cuenta con esos mecanismos o equipos, sería necesario recordar el esfuerzo de carácter financiero que está haciendo el Gobierno para equipar y reforzar el equipamiento y el personal de las instituciones policiales.
En segundo lugar, creo que esta situación resultaría excepcional y, por supuesto, estamos abiertos a seguir analizando el tema para encontrar un mecanismo que, dentro de lo posible, asegure, como digo, establecer las formas que tutelen efectivamente los derechos de las personas.
Con su venia, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado Schaulsohn.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.-
Muchas gracias.
Me parece muy loable el razonamiento del Diputado Yunge; pero creo que no debemos perder de vista el hecho de que la disposición a que él alude, se refiere al caso de delitos flagrantes; no es cualquier ingreso o cualquier allanamiento: se trata de un delito que se ha cometido ahí, en esas circunstancias y en ese momento. Precisamente, la norma busca abrir las posibilidades de resolver casos criminales importantes. No estoy de acuerdo con dar facilidades para que la policía ingrese a recintos privados en cualquier circunstancia.
Le recuerdo al Honorable Diputado señor Yunge que esta norma existe en la mayoría de los países democráticos. Por
cierto, entiendo que se argumente desconfianza respecto de la policía; pero, francamente, debemos reflexionar sobre la gravedad que implica que, debido a esta desconfianza, el Parlamento chileno se inhiba y no adopte las medidas indispensables para la mantención de la tranquilidad y el orden públicos.
Precisamente, en razón de esas consideraciones y del hecho evidente de que la policía comete abusos en todo el mundo, aun sin ser parte de regímenes de fuerza, hemos consagrado en la ley mecanismos de defensa, de identificación y de sanciones importantísimas para los funcionarios que cometan excesos en el desempeño de su misión.
Debemos reflexionar más profundamente sobre esto, porque se trata de una medida que, tal vez en condiciones normales, no se nos habría ocurrido a nosotros ni al Gobierno, pero que en las circunstancias actuales parece necesaria.
Pienso que la indicación de los Honorables Diputados señores Yunge y Andrés Palma simplemente "borran con el codo lo que estamos escribiendo con la mano" en esta legislación, porque, al reponerse la dificultad y la exigencia, las cosas quedarán como están. Nosotros, como parlamentarios, debemos tener el coraje suficiente para adoptar las medidas legislativas mínimas que permitan abordar con éxito el problema del orden público que vive el país y que todos reconocemos, más allá de nuestras posturas políticas.
Por último, esta situación fue discutida arduamente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Efectivamente, se planteó esta posibilidad, no por la falta de teléfonos en las poblaciones marginales. A mí me parece que ese no es argumento muy de fondo, porque éste puede ser un asalto, un robo o un acto terrorista en el barrio más elegante de la ciudad y es necesario que la policía actúe e ingrese a un recinto cerrado, privado, para detener a un sospechoso que después podría fugarse, porque lo que está ocurriendo ahora y con la venia del señor Yunge, ocuparé algunos segundos más, lo que quedó muy establecido en el caso del atentado en contra del Senador señor Guzmán, es que, cuando los grupos terroristas actúan, tienen toda una red de casas de seguridad en la inmediaciones del lugar donde se cometen los atentados y, en consecuencia, se dan el lujo de aproximarse a pie al vehículo de la persona a quien quieren asesinar, le disparan y, luego, desaparecen.
Por lo tanto, me parece indispensable que la policía tenga esta facultad.
Por lo demás, aquí hay un riesgo que debemos asumir: o confiamos en que, con el poder fiscalizador del Congreso sobre los tribunales y sobre los comandantes en jefes de las instituciones armadas, a quienes podemos acusar constitucionalmente, tenemos los mecanismos de la democracia para impedir abusos, y no hacemos una traslación automática de que en democracia se cometerán los mismos abusos que en dictadura, o nos paralicemos ante el temor de que la policía pueda actuar cometiendo excesos.
Creo que éste es un desafío que la Cámara y el Senado, en este momento preciso de nuestra transición, no tiene más alternativa que asumir.
Agradezco al señor Yunge por concederme la interrupción.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Continúa con el uso de la palabra el señor Yunge.
Le restan 6 minutos de su segundo discurso.
El señor YUNGE.-
Señor Presidente, me parece que el Honorable colega señor Schaulsohn estará de acuerdo en que el procedimiento que contiene el proyecto del Ejecutivo, y que, en términos generales, es bastante similar al de la indicación que sometimos a la consideración de la Cámara, no demuestra una actitud de paralización frente al fenómeno de la violencia y del terrorismo.
En segundo lugar, el colega Schaulsohn se ha referido a la necesidad de reflexionar más profundamente sobre estos temas, porque no se trata de establecer mecanismos de 24, 48 ó 72 horas para enfrentar y solucionar el problema de la delincuencia y del terrorismo.
Seamos serios con el país y con nosotros mismos, ya que formamos parte de un esfuerzo de carácter democrático, de readecuación de sistemas institucionales y de fórmulas prácticas, que son el reflejo y la consecuencia de una situación de muchos años en nuestro país. Me parece necesario ahondar en esta reflexión, por lo que estoy de acuerdo con el colega Schaulsohn respecto de este punto.
Por otra parte, sinceramente, prefiero antes de aplicar los mecanismos de penalización por la acción del personal policial, y ni siquiera quiero imaginarme la posibilidad de una acusación constitucional en contra de un comandante en jefe de alguna de las instituciones armadas establecer en la ley las normas y procedimientos que posibiliten y promuevan, sin perder la eficacia de la acción policial, la acción policial sobre la base del nuevo sistema democrático que estamos viviendo. Es una realidad. A lo mejor, muchos de los colegas no están de acuerdo, pero me parece una reflexión de carácter muy real. Es preferible entre otras cosas, porque los funcionarios de los cuerpos policiales (todos sabemos y estaremos de acuerdo en ello) no están presentes en el país en número suficiente, también por problemas históricos de falta de presupuesto consagrar una normativa que impida el riesgo o la tentación de caer en situaciones sancionadas que la ley penaliza y que significan la baja del funcionario o conflictos, incluso de carácter institucional, como aquí se ha dicho.
Por supuesto, me estoy refiriendo a la comisión de delitos flagrantes. De lo contrario estaríamos en otro país o algunos años atrás.
Me parece que no se deben confundir lo que son las acciones terroristas con otros delitos, como el hurto y el robo que, siendo graves, no se pueden comparar con esas conductas. Hacerlo, es grave y desproporcionado.
Incluso, podría ser discutible que frente a una acción terrorista la policía tuviera la capacidad de actuar sin ninguna referencia y conocimiento de algún tribunal, como ha sido propuesto aquí. Pero, en otros casos, y esto es un problema de principios, en mi opinión, a lo menos la información y la autorización telefónica de un juez es un requisito ineludible, desde el punto de vista de una garantía mínima de la acción policial. Y no pensando en la garantía del delincuente, sino en la garantía de los derechos fundamentales de la población, que han sido afectados, como todos sabemos en este país, en forma bastante dramática.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Manuel Rebolledo.
El señor REBOLLEDO.-
Señor Presidente, a esta altura de la sesión no torturaré a esta distinguida Sala haciendo un análisis pormenorizado de cada uno de los preceptos del proyecto, considerando el detallado informe que hizo el Diputado señor Espina y el hecho de que todos los Diputados que han intervenido se han referido a* las diversas proposiciones contenidas en él.
Sin embargo, después de escuchar algunas aseveraciones y objeciones, legítimas indudablemente, que se han planteado a algunas de sus disposiciones, quiero formular ciertas consideraciones de orden político general y retomar algunos fundamentos centrales de la iniciativa.
¿Por qué estamos discutiendo este proyecto del Ejecutivo para modificar artículos del Código de Procedimiento Penal relacionadas con el encausamiento? ¿Por qué el Ejecutivo la calificó de "suma urgencia"?
Al contestar estas preguntas, podemos tener un adecuado enfoque del conjunto de la normativa que estamos analizando.
Es evidente que el orden de la iniciativa y su carácter de urgente, se enmarcan dentro de un esfuerzo político, en el que está involucrado el Gobierno, en el que también debe involucrarse el Parlamento y toda la sociedad, para hacer frente a un problema real y concreto: la seguridad ciudadana. Problema real y concreto, gravemente preocupante que tiene una de sus expresiones en el muy importante incremento de la delincuencia común y, particularmente, de los delitos contra la propiedad: el robo y el hurto, pero, específicamente, el robo.
Si tenemos en cuenta las estadísticas más recientes, veremos que casi el 71 por ciento de los delitos comunes que se cometen en el país son contra la propiedad. Y en este porcentaje, la mayoría corresponde al robo: o sea, la apropiación de cosas muebles ajenas usando de violencia o intimidación en las personas o de fuerza en las cosas. También constatamos que una parte muy importante de esos delitos, actualmente no tienen sanción y quedan en la impunidad.
Si analizamos la cantidad de sobreseimientos temporales que hay en los procesos seguidos por delitos de robo y hurto o sea, contra la propiedad, en aquella franja que constituye el 70 por dentó de los que se perpetran en el país llegamos a la grave conclusión para la seguridad ciudadana de este país, que ellos quedan impunes, pues las causas terminan en un sobreseimiento temporal y jamás se llega a establecer quiénes fueron los culpables. Esto, obviamente, contribuye de una manera preocupante a generar una sensación de inseguridad de la ciudadanía y de desconfianza tanto en los organismos policiales y su eficacia, como en el propio funcionamiento de los Tribunales de Justicia.
Parece evidente que la falla y lo que abre un flanco demasiado grave de impunidad para la mayoría de estos delitos contra la propiedad intolerable para una sociedad democrática que aspira a conceder el rango que le corresponde a la seguridad ciudadana, está en las deficiencias de las reglas del encausamiento penal, en las dificultades que encuentran tanto la policía como los propios jueces para avanzar en la investigación cuando un delito es puesto en la esfera de su conocimiento.
En este contexto estamos abordando la discusión del proyecto de ley. Este problema, grave y serio, que según las encuestas de opinión constituye el principal motivo de preocupación por todos los chilenos, es lo que incentivó al Ejecutivo no sólo a enviar la iniciativa al Congreso Nacional sino que a darle la calificación de "suma urgencia".
Por eso, no debemos perder la perspectiva fundamental: lo que estamos haciendo es enfrentar un problema grave, introduciendo modificaciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, destinadas a proteger a una cantidad muy grande de chilenos que se sienten inseguros, que han sido o son víctimas de delitos contra la propiedad, los que en su mayoría quedan impunes.
En seguida, quiero referirme a dos normas contenidas en el proyecto.
En primer lugar, a la modificación del artículo 156 del Código de Procedimiento Penal al que han hecho referencia colegas que autoriza a Carabineros e Investigaciones, en caso de delito flagrante, a perseguir a un delincuente al interior de un recinto, sin orden del juez.
Al respecto, debo advertir que en estas disposiciones siempre se origina un conflicto. Por Una parte, existe la posibilidad de erosionar o de abrir una brecha en garantías constitucionales consagradas en nuestro ordenamiento jurídico y, por otro lado, la necesidad de buscar mecanismos suficientemente eficaces para la acción policial que busca proteger, correlativamente, en este caso el derecho de una gran cantidad de chilenos, que están siendo víctimas, de distinta manera, por los problemas de seguridad ciudadana.
Desde mi punto de vista, el precepto que autoriza el ingreso a recintos cerrados, sin orden del juez, está en perfecta coherencia con los propósitos fundamentales de este proyecto y con la magnitud del problema que queremos enfrentar, aquí y ahora. Está en perfecta coherencia con la urgencia de que el Estado dé señales claras y concretas a la ciudadanía que quiere proteger de que tanto la acción policial por cierto, dentro de las reglas del Estado de derecho, como el propio funcionamiento de los tribunales de justicia le dan garantías razonables de que las cosas van a ser de una manera distinta de como son hoy, en que una buena parte de esos delitos quedan en la impunidad.
Con respecto a la indicación del colega Yunge, quiero señalar que, efectivamente, el proyecto del Ejecutivo contenía la disposición referente a solicitar a los jueces la autorización telefónica. En la Comisión discutimos latamente el punto, y llegamos a la conclusión obvia de que este requisito constituye, en muchas ocasiones, una hipótesis imposible de cumplir y, por consiguiente, la propia negación del precepto que se quiere establecer. En definitiva, se trata de un trámite netamente burocrático, por cuanto el fundamento que puede tener el juez para dar la autorización telefónica, nunca va a ser otro que la información que le entregue el policía que está pidiendo la autorización cuando se está cometiendo un delito flagrante y tiene presunciones fundadas de que el delincuente ha ingresado a un determinado recinto cerrado. Esta es una cuestión de sentido común. Se está estableciendo un trámite que no tiene sentido y que, en última instancia, no hace sino invalidar la eficacia y el propósito esencial del precepto que deseamos establecer.
Quiero poner énfasis en una situación de hecho. Bajo el pasado régimen, la policía cometió, y todavía comete, abusos en materia de allanamiento o de ingreso a un domicilio privado, sobre todo en sectores populares. Opera más allá de las disposiciones legales vigentes. Pero estoy convencido de que los resguardos que estamos estableciendo respecto de la identificación de la persona que ordena el ingreso, del certificado de que se llevó a cabo la diligencia, de la obligación de avisar al juez dentro de las 24 horas y de la posibilidad de reclamar la tipificación de un delito con las sanciones que establece el artículo 155 del Código Penal, no sólo no abren una brecha mayor de la que pudiera existir hoy sobre la materia, sino que también que van a permitir que los actuales niveles de abusos bajen a un plano razonable y aceptable.
Por ello apoyo muy explícitamente, con plena conciencia, y con un sentido profundo de nuestra responsabilidad como legisladores, la idea de abordar estos temas y de preservar las reglas del Estado de derecho en la perspectiva de hacer frente, o de dar la cara a un problema muy grave que afronta la sociedad chilena.
En segundo lugar, me referiré a la disposición que modifica diversos artículos del decreto ley NQ 3.607, que regula la actividad de los vigilantes privados. Apoyamos entusiastamente esas enmiendas.
La bancada del Partido Socialista, del Partido por la Democracia y del Partido
Socialista, en las proposiciones formuladas en las últimas semanas sobre medidas tendientes a mejorar la situación de la seguridad ciudadana, planteó la necesidad de modificar el decreto ley N° 3.607, de 1981, para sustraer la regulación y el control de los vigilantes privados del ámbito de las comandancias de guarnición y pasarlos a los organismos policiales encargados de velar por el orden interno, de acuerdo con lo consagrado en la Constitución y las leyes. Por lo anterior, apoyamos concretamente estas modificaciones.
Aunque ya no es tiempo, creo que va a ser necesario que en el Senado se introduzca en el Reglamento que regula la aplicación del decreto ley N° 3.607 las modificaciones tendientes a traspasar estas competencias de las comandancias de guarnición a Carabineros.
Nuestra bancada entiende que esta modificación al decreto ley N° 3.607, es la primera de otras mucho más sustanciales que será necesario hacer en el futuro, y con urgencia, para que, en lo futuro, los 22 mil vigilantes privados que hoy existen en el país sean esencialmente un soporte y un mecanismo de seguridad ciudadana, y no de inseguridad como ocurre hasta el día de hoy.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Concha.
El señor CONCHA.-
Señor Presidente, si bien, en general, me parece adecuado legislar para hacer expeditas las normas procesales que permiten iniciar los procedimientos penales en casos tan frecuentes como los delitos de hurto y de robo, de modo de hacer más eficaz la acción judicial y hacer efectiva la protección a las víctimas, no me parece que en algunas materias, especialmente la relativa al allanamiento de recintos cerrados, estén debidamente resguardados los derechos garantizados por la Constitución. En efecto, mediante la modificación al artículo 156 del Código de Procedimiento Penal, se faculta a la policía, sea Carabineros o Investigaciones, para registrar recintos privados en caso de delito flagrante, sin orden judicial.
Esta proposición deja en manos de funcionarios policiales el respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona y de su familia, derecho consagrado en el número 4, del artículo 19 de la Constitución Política, y atenta contra la inviolabilidad del hogar, garantizada por el número 5 del mismo precepto constitucional, lo que me parece altamente inconveniente.
No es posible que derechos fundamentales asegurados por la Carta Fundamental queden entregados al arbitrio del agente policial. La experiencia de estos últimos 17 años no hace aconsejable dejar en manos de funcionarios policiales derechos tan importantes y de tanta significación para la dignidad de las personas.
Con respecto al registro de recinto cerrado, existen en el proyecto dos normas diferentes. Una, agrega al artículo 83 del Código de Procedimiento Penal un inciso en relación con el artículo 120 bis, que señala las primeras diligencias que se deben hacer para investigar un delito. El registro de recinto privado dice sólo se puede realizar con autorización previa y expresa del propietario, arrendatario o persona que esté a cargo del local en que deba efectuarse. Si no hubieran ocurrido los hechos censurables del pasado régimen, no nos parecía inadecuada esta norma, pero dado el desconocimiento del derecho por la inmensa mayoría de la población, es indudable que ella puede ser objeto de presiones, atropellos y abusos por parte del personal policial, de manera que la autorización de la persona afectada que requiere de la norma, difícilmente, o nunca, será voluntaria.
En segundo lugar, en el artículo 156 del Código de Procedimiento Penal se propone autorizar a la policía para que, en caso de delito flagrante y siempre que hubiere fundadas sospechas de que el responsable del delito se encuentra en un determinado recinto cerrado, pueda proceder a efectuar el registro inmediato sin previa orden judicial. No cabe la menor duda que su efecto deja al arbitrio de la policía, los derechos constitucionales que he indicado, lo que no me parece justo ni bueno. El respeto a la persona y a su hogar son bienes de valor muy superiores al éxito de la investigación de un delito determinado. Indudablemente que el riesgo a que se refería el Diputado señor Rebolledo existe, pero elijo estos bienes superiores, que son el respeto a la persona y a su hogar. Este último debe seguir siendo inviolable.
La policía deberá buscar medios científicos que le permitan investigar debidamente los delitos, pero la ley no puede autorizar procedimientos "manu militari" que atentan contra derechos tan básicos. Por ello he propuesto que se modifique la norma del artículo 156, exigiendo la autorización telefónica tal como venía en el proyecto original del Ejecutivo.
Para terminar quiero recordar unas palabras de William Pitt, dichas a principios del siglo pasado: "El hombre más pobre puede desafiar dentro de las endebles paredes de su choza todo el poder de la corona. Será la suya una vivienda frágil; se cuarteará su cruz; temblará su techo; el viento se colará por sus rendijas; entrará en ellas la ráfaga del huracán; entrará la lluvia; pero el Rey de Inglaterra no podrá entrar. Todos sus ejércitos no osarían traspasar el umbral de la penosa morada"
He dicho.
Aplausos en la Sala.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Han pedido usar de la palabra los Diputados señores Elgueta, Alessandri Balmaceda, Martínez, don Juan; Ribera, Devaud, Gajardo, y Palma, don Andrés.
Sólo procede pedir la clausura del debate si dos señores parlamentarios han hablado en contra del proyecto. Hasta ahora sólo lo ha hecho la Diputada señora María Maluenda. Los demás sólo han hecho observaciones.
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, en verdad, este largo debate, de alguna manera, nos ha ilustrado a todos; sin embargo, para legislar, como para sentenciar, debemos recordar el dicho latino "festina lente", o sea, hay que apresurarse lentamente.
Digo esto porque participé en una parte del debate de este proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pero como iba de reemplazante no terminé en ella votando por este proyecto, no obstante que estoy eje acuerdo con sus objetivos fundamentales.
Los presidentes de la Corte Suprema, en numerosas oportunidades se han referido al aumento de la delincuencia. En el año 1970, el Presidente de nuestro más alto tribunal, decía: "Grave y complejo es el problema del aumento de la delincuencia en el país. A quién tenga un mínimo de conocimiento de lo que es un proceso criminal, no puede dejar de llamarle la atención que en su mayor número los autos de sobreseimiento, que según algunos representan la derrota de la justicia, se debe a una investigación incompleta, ya sea porque al juez no se le ocurrió ordenar las diligencias que eran necesarias o bien porque no cuidó decretarlas.
Así sucede en los delitos contra la propiedad, en que la indiferencia del ofendido se agrega a la del tribunal para acreditar el dominio y la preexistencia de las especies sustraídas, y, lo que es mucho más grave, lo mismo ocurre en aquellos delitos en que, como el robo con homicidio, es elemento determinante para la calificación y para la sanción del responsable. Con la violencia en las personas o fuerza en las cosas, en los delitos de robo ocurre algo análogo y muchos de ellos resultan calificados de hurto por simple negligencia del investigador.
También es reprochable la actitud, hasta cierto punto generalizada, en que la tasación de las especies sustraídas, elemento primordial para la regulación de la pena, no guarda la menor armonía con el valor real de tales especies, elemento que al juez no se le ocurrió investigar en su oportunidad ni de revisar al estudiar el proceso para dictar sentencia. Resulta así que es el tasador quien, en definitiva, regula la pena, la que resulta irrisoria, y produce el natural y lógico desprestigio de la justicia".
Quiero tocar otros aspectos de este proyecto. Me preocupa, no obstante que en principio estoy de acuerdo, la existencia de una declaración jurada en la denuncia que debe efectuar la persona que la formula y dos testigos. Desde luego, si antes tenían dificultades los denunciantes y los dos testigos para concurrir al tribunal, ahora deberán ir a la comisaría o a cuarteles policiales tres personas, y las tres formular la respectiva declaración jurada sobre la preexistencia y el valor de las especies.
En segundo lugar, esta declaración jurada se la vincula en el artículo 146 con los delitos referidos a la propiedad, los hurtos, robos, estafas y otros engaños, pero en el artículo 83, que exige esta declaración jurada, según la modificación, sólo abarca los hurtos y los robos. En verdad, en el artículo 146, que se refiere, como digo, a todos los delitos contra la propiedad^ ya que sólo habla del auto de procesamiento y de su dictación, debería limitarse a los delitos de hurto y robo.
Otro punto importante respecto de la declaración jurada. Se dice que mediante esta declaración jurada el juez automáticamente podrá encargar reo al inculpado. Pero es sabido que el auto de procesamiento es una de las resoluciones más importantes de un proceso y, entre otras finalidades, tiene, como han dicho los penalistas, el objetivo de ver de qué manera el tribunal va a tratar al procesado. Y esta manera de tratar al procesado se refiere y lo voy a centrar en dos puntos, primero, a la libertad provisional y, segundo, a su efecto civil. En el primer aspecto, es sabido que toda persona tiene derecho a la libertad bajo fianza y que, en ciertos casos, le puede ser denegada, especialmente cuando la pena se toma aflictiva, es decir, superior a tres años y un día. Pues bien, una persona que tiene un autoprocesamiento, por el solo mérito de, la declaración jurada, donde consta la tasación de los bienes, ya no es el juez el que está aplicando un elemento para determinar si esa persona puede obtener su libertad provisional o no, sino que es el propio denunciante y dos testigos que concurrieron al cuartel policial a expresar el monto de las especies substraídas. Y como generalmente la víctima o el denunciante aprecian mucho el valor de lo que fue objeto del delito de hurto o robo, naturalmente que la pena es exorbitante. Como el magistrado tendrá que darle la libertad bajo fianza, la norma que le aplica la pena probable, en definitiva, hará que dicha fianza, dependiendo de esa declaración jurada, se tome gravosa para el detenido y será difícil obtener su libertad bajo fianza.
El auto de reo como digo fija la forma cómo va a ser tratado el presunto delincuente, y, en este caso, su situación se toma muy gravosa. A esto se añade el hecho de que si uno revisa las estadísticas de todos los tiempos, se encontrará con que, prácticamente, una décima parte de las personas denunciadas llegan a ser encarceladas, porque existen numerosos sobreseimientos, como ya lo señalé.
Pues bien, si lleváramos esto a la práctica con esta sola declaración jurada, las cárceles no tendrían capacidad para mantener en prisión preventiva a todos los delincuentes que se dedican a este tipo de hurto o robo que, como aquí se ha dicho, abarca, prácticamente, el 70 por ciento de todos los delitos que se cometen en el país.
Por esa razón, hago presente que, si bien la declaración jurada tiene la conveniencia de la rapidez, también tiene la desventaja de la equivocación. A veces, como se ha dicho, algunos desean justicia pronta, pero rehabilitación post mortem. Eso no es conveniente y hay que ponerse en un punto de equilibrio.
En segundo lugar, el efecto civil y el autoprocesamiento genera, de inmediato, de parte de la presunta víctima, el derecho de pedir embargo sobre los bienes para cautelar los perjuicios sufridos; además, puede preestablecer por parte del tribunal una opinión anticipada sobre el dominio o la posesión de las cosas.
De acuerdo con el inciso final del artículo 115 del Código de Procedimiento Penal, el juez debe entregar de inmediato las especies a quien acredite su dominio. Y en el caso de la declaración jurada, habiendo un auto de reo, no me cabe la menor duda de que el juez terminará entregando las especies a aquellos que en esa declaración jurada hayan afirmado tener el dominio, porque de lo contrario, estaría contradiciendo prácticamente su propia resolución
Otra objeción a esta declaración jurada es que también corre el peligro de que, en determinadas situaciones*, como aquellos bienes que son objeto de registros, me refiero, a vehículos motorizados o a aquellos inmuebles que deben ser registrados en el Conservador de Bienes Raíces, pero que cuando se trasladan a terceros, se convierten en muebles, como es el caso de los árboles, inmuebles por adherencia, pero que cuando son objeto de cortes ilegales y trasladados fuera de la escena de custodia del titular, indudablemente que se pueden producir hechos por estas pruebas que, si bien pueden otorgar cierta rapidez y expedición a la denuncia de la actuación del juez, pueden conducir, asimismo, a equivocaciones.
Por esas razones, con otro Diputado presentamos una indicación en el sentido de que esta declaración jurada solamente servirá para el único efecto del auto de procesamiento. Incluso, debería ser más limitado aún para el efecto exclusivo de esta prisión preventiva y ni siquiera para los efectos civiles que señalábamos.
Otra disposición también referida al artículo 156, dice relación con colocar como una presunción de la preexistencia y dominio la circunstancia de encontrarse la especie hurtada o robada en poder de la persona detenida. El artículo 454 del Código Penal establece esta presunción de autoría, señalando que es culpable o autor del hurto o robo aquél en cuyo poder se encuentra la especie sustraída, salvo que acredite su legítima adquisición. De acuerdo al texto de esta disposición, también me asoma una duda en el sentido de si ella sólo servirá para el auto de reo o también para la sentencia definitiva, porque si así fuera, igualmente se constituiría un argumento, una prueba del dominio de los bienes en forma negativa, en circunstancias de que es una prueba absolutamente precaria, porque aquí se habla de posesión ilegítima o que no acredite su legítima posesión. Pero una persona respecto de una cosa no solamente puede estar en posesión, sino que también puede ser dueño o tenedor precario, como es el caso de un depositario y de un comodatario y, en consecuencia, esa persona, no obstante tener esas calidades, puede ser un tenedor legítimo de la cosa, pero eso no quiere decir que sea dueño, porque también puede serlo un tercero.
De ahí que en la disposición del artículo 126 que se señala en el proyecto, debería reemplazarse el vocablo "posesión" por "adquisición", que es el que usa el Código Penal.
En relación con el artículo 156, que han comentado todos los señores parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, en verdad, también es cierto aquello de que 'Toda autoridad tiende a abusar de su poder", y que "el pueblo se inclina a la licencia". Aquí, como en otras disposiciones de este proyecto, existe una colisión de valores. El Diputado Juan Concha, que me precedió en el uso de la palabra, explicó perfectamente la inviolabilidad del hogar y la libertad personal frente a la seguridad. Son dos valores que, a mi juicio, están en juego y esta disposición que trae el proyecto, no se sabe si se refiere solamente al hurto y robo, como delito flagrante, o a todos los delitos, porque quienes han dado una explicación para fundamentarla, la refieren a los hurtos y robos y no a otros delitos. Por esta razón, queda también en duda.
El artículo 156 nos merece una honda reflexión, que en este momento no la voy a señalar para no alargar el debate, pero creo que merece una segunda discusión. El tema sobre si de despoja o no al juez de esta atribución exclusiva, entregándola a la policía, merece una duda de tipo constitucional, ya que modifica las atribuciones de los tribunales, lo cual podría sugerir que la Corte Suprema debe informar sobre esta materia, cosa que no se ha hecho hasta el momento, porque seguramente se consideró que no trata de las atribuciones del Poder Judicial. En todo caso, creo que el asunto se presta a dudas.
El artículo 269 bis que se propone provoca problemas de tipo constitucional y legal. Es cierto que algunas personas obstruyen la justicia. Algunos hablaron de encubrimiento. El delito de omisión me merece algunas consideraciones: toda persona que no participa en un delito es un tercero y, consecuencialmente, un testigo. Según el Código de Procedimiento Penal todo testigo declara bajo juramento y tiene obligación de hacerlo, salvo las personas que, de conformidad con el artículo 201 están expresamente excluidas. Pero allí se produce también la colisión entre el juramento del testigo, y la obligación que se establece en el proyecto, de aportar los antecedentes, de entregar los implementos o elementos necesarios que pudieran obstaculizar la justicia.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Le resta un minuto, señor Diputado.
El señor ELGUETA.-
Termino, señor Presidente.
Por otra parte, la propia Constitución Política señala, entre las garantías constitucionales, que nadie puede ser obligado a declarar bajo juramento sobre hechos propios. Entonces, hay una contradicción que podría salvarse si este proyecto vuelve a ser analizado.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Señor Presidente, solamente quiero manifestar mi asombro al ver la firma del Diputado Elgueta en el proyecto aprobado por unanimidad en la Comisión.
En todo caso, le concedo una interrupción al Diputado Campos.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Campos.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Creo que el colega Elgueta incurrió en un error en parte de su intervención al señalar que en virtud del proyecto de ley que estamos conociendo, la determinación de la cuantía de la especie hurtada o robada quedaría entregada al arbitrio del denunciante y de los testigos de preexistencia. Ello está expresamente reglamentado en el artículo 147 del Código de Procedimiento Penal, norma que no sufre ninguna modificación en este proyecto de ley. De manera que si se sigue el procedimiento actual, quien fija la tasación de la especie hurtada o robada es el Tribunal, en la forma que los señala. Dice: "Siempre que sea necesario fijar el valor de la cosa objeto del delito, el juez interrogará acerca de ese punto tanto al perjudicado como al presunto culpable.
"Además, hará tasar la cosa por peritos y al efecto la proporcionará a éstos junto con los elementos directos...", etcétera.
De manera que en este proyecto no se altera en lo más mínimo el procedimiento para determinar la cuantía de la especie hurtada o robada.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
He dicho, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Martínez.
El señor MARTINEZ (don Juan).-
Señor Presidente, después de escuchar a distintos Diputados hacer una serie de objeciones al proyecto de ley, me cabe la inquietud de que estemos avanzando por un camino equivocado.
Como fundamento político de la necesidad de legislar rápidamente sobre esta materia, se ha señalado la situación que está viviendo el país, en la cual los delitos de hurto y robo en los que está involucrada la intimidación o la fuerza, se han acrecentado notoriamente y hay falta de seguridad de las personas.
Las encuestas de opinión señalan que uno de los problemas que más claramente percibe la opinión pública es el problema de la seguridad. Comparto esa opinión, pero creo que es innecesario legislar sobre la base de lo que dice una encuesta de opinión pública.
La necesidad de legislar se presenta frente a situaciones reales, a una conciencia política legislativa, que induce a determinados patrones de comportamiento al dar determinadas señales al país, respecto de la situación que hoy día se vive. Si bien podría interpretarse que esta legislación es una señal acertada para dar seguridad a las personas y para tranquilizar a la opinión pública, creo inconveniente forzarla en vista de los resultados. Más aún cuando ha quedado relativamente claro de que hay objeciones de fondo relacionadas con la libertad de las personas, con los derechos humanos, con los derechos fundamentales de la integridad del hogar, que no merecen ser cuestionados o puestos en duda por tratar de provocar determinadas señales en la opinión pública.
Creo que tanto el Gobierno como el Legislativo deben desarrollar una serie de medidas que vayan más allá del puro mecanismo de modificación del Código de Procedimiento Penal.
El problema de la eficacia frente a los delitos de robos, hurtos o delitos con intimidación, tiene que ver también con una serie de otras medidas. Aun cuando se modifique el Código de Procedimiento Penal, en la forma en que se está planteando hoy día en la Cámara de Diputados, se mantendrían las dudas de que el país logrará mayor seguridad.
El aumento de los delitos viene desde hace mucho tiempo; es una tendencia sostenida. No ha cesado; es cierto. Urge tomar medidas para enfrentarlos y encararlos con éxito. Pero dudo de que sea un combate fácil. El problema no se soluciona otorgando, simplemente, más facultades a las policías civil y uniformada para que tengan mayor capacidad de represión.
No hay que olvidar que, hasta hace poco tiempo, la policía tuvo muchas facultades y las personas no estuvieron resguardadas, sobre todo en las poblaciones más modestas. Precisamente, no hubo seguridad en el país y se vivió un clima de inseguridad muy grave y de abuso de poder.
Digo esto a manera de preámbulo, porque es conveniente tomar en cuenta el problema de la seguridad de las personas más a fondo. Además, no es el momento de analizarlo, ni se va a resolver con modificaciones de carácter secundario al Código de Procedimiento Penal.
Por lo tanto, paso a expresar mis objeciones al proyecto planteado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Tanto por los antecedentes del señor Diputado informante como por el propio informe de la Comisión, parece que del proyecto del Ejecutivo quedó poco. Lo curioso es que el señor Ministro, al rechazar en nombre del Gobierno, las objeciones, no retiró la urgencia para estudiar con más calma la situación.
Quiero plantear dos cuestiones de fondo. De no aprobarse las indicaciones al proyecto, mi posición será de rechazar la idea de legislar sobre la materia.
La primera tiene que ver con la facultad que se entrega a Carabineros e Investigaciones para practicar diligencias sin orden judicial previa. Hasta el momento, por lo menos, de acuerdo con la tradición jurídica chilena, ella es materia exclusiva del juez.
La segunda se refiere a la posibilidad de allanar, sin orden competente, cuando el delito es grave. Es cierto que se especifica que se trata de delito flagrante y que el allanamiento se realiza con posterioridad, por sospecha fundada de que el responsable está en determinada morada. Pero esto contradice claramente la Constitución Política en cuanto a la inviolabilidad del hogar. No me parece correcto que Carabineros e Investigaciones puedan realizar el allanamiento de esta forma; tampoco me parecen adecuados los resguardos que se establecen para evitar los abusos.
De acuerdo con la práctica usada en muchas ocasiones, sobre todo en poblaciones modestas, podría ocurrir que se allanara y después se negara, sencillamente, el allanamiento; y se mencionaran, en el parte o comunicado al tribunal, los lugares donde, en definitiva, no ha habido mayores problemas.
Esta disposición es muy importante y debe ser rechazada.
Otro acápite se refiere al encubrimiento. Cuando dice "albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable", en verdad, se avanza en una doble presunción. La primera, que se oculta al culpable cuestión que no ha sido acreditada, porque tiene que mediar un proceso y la segunda, que la persona que incurre en este delito es culpable, aunque no tenga oculto al delincuente.
Por estas razones, si no se introducen las modificaciones necesarias en el proyecto, expreso mi voto de rechazo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tres Comités han pedido la clausura del debate, debido a que dos parlamentarios ya han manifestado su rechazo o crítica al proyecto.
Si le parece a la Sala, se clausurará el debate.
Un señor DIPUTADO.-
No hay acuerdo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación la petición de clausura del debate.
Durante la votación:
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Hay evidente mayoría para clausurar el debate.
Por lo tanto, clausurado el debate.
Se ha presentado una serie de indicaciones. Por la consulta que ha hecho la Mesa, todas ellas pueden ser votadas, excepto dos, para las cuales no existiría la unanimidad necesaria. Ellas son las que presentaron los Diputados señores Yunge y Palma, don Andrés, y la otra, los Diputados señores Rojo y Concha.
El señor PALMA (don Andrés).-
Si no hay unanimidad para todas, no existe para ninguna.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Estoy tratando de buscar una forma razonable para avanzar.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, hay unanimidad para todas o para ninguna.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Esa posición es muy española: tajante, clara, definitiva.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se va a llamar a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por 15 minutos.
Se suspendió a las 20:50 y se reanudó a las 20:57 horas.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Señores Diputados, no hubo acuerdo para tratar las indicaciones que se hicieron llegar a la Mesa; en todo caso ellas serán remitidas al Senado a través del informe respectivo. Como existe un sistema bicameral, allí podrán mejorarse o acogerse en su totalidad.
Corresponde votar de una sola vez en general y en particular el proyecto. De acuerdo con el Reglamento, no corresponde dividir la votación.
El señor RIBERA.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RIBERA.-
Señor Presidente, me quiero referir solamente al artículo 9° del decreto ley referente a vigilantes privados.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Terminó el debate, señor Diputado. Se cerró.
El señor RIBERA.-
Me quiero referir a que ahí se menciona al Ministro del Interior, en circunstancias de que la Constitución expresamente establece...
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se cerró el debate. Lo verá el Senado.
En votación el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, se declara aprobado el proyecto con cuatro votos en contra.
Un señor DIPUTADO.-
¿Cuántos votos a favor, señor Presidente?
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Señor Presidente, después le van a decir que...
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aunque en este caso no se necesita quorum, vamos a contar.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobado el proyecto en general y en particular.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
El Diputado señor Víctor Reyes ha solicitado permiso constitucional para ausentarse del país por más de 30 días.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
PROYECTOS DE ACUERDO
DETERMINACION DEL FERIADO LEGAL REGIONAL EL 16 DE JULIO.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Corresponde, enseguida, entrar a considerar los proyectos de acuerdo.
El señor Secretario dará lectura al primero de ellos.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo de los señores Pérez, don Ramón; Villouta, Prokurica, Rocha y Valenzuela:
Considerando:
1°)Que el día 16 de julio de cada año se celebra en el Santuario de La Tirana, ubicado a 70 kilómetros de la ciudad de Iquique, el día de la Virgen del Carmen, Patrona de Chile.
2°)Que esta manifestación religiosa se ha constituido en una tradición y punto de encuentro de miles de cristianos y peregrinos venidos de todas partes del mundo.
3°) Que en los bailes religiosos que se desarrollan en homenaje a la Virgen participan millares de jóvenes, mujeres y trabajadores que, en ese día, pueblan las ciudades de Arica e Iquique, de modo que, al no ser un día feriado, provocan problemas laborales de variada índole con las consecuencias que son de prever.
4°) Que, de acuerdo con al artículo 52 de la Constitución Política de la República durante la legislatura extraordinaria sólo Su Excelencia el Presidente de la República, tiene iniciativa legal.
Por los antecedentes y considerandos expuestos, venimos a formular el siguiente proyecto de acuerdo:
Oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República, para que, en uso de sus facultades otorgadas por la Constitución Política del Estado, se proceda a iniciar el trámite legislativo que establezca el día 16 de julio como feriado legal regional en la Primera Región del país."
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
PROYECTO DE LEY QUE DEROGA LA LEY N° 18.026.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura al segundo proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).
Proyecto de acuerdo de los señores Montes; Smok; Cardemil; Letelier; Arancibia y de la señora Muñoz, doña Adriana.
Considerando:
1°)Que se encuentra en tramitación,
durante la legislatura ordinaria, un proyecto para derogar la ley N° 18.026, que declaró feriado legal el día 11 de septiembre de cada año (boletín N° 9-06);
2°)Que las condiciones sociopolíticas actuales requieren de un pronunciamiento de este Poder del Estado respecto de mantener o no ese día como feriado.
3°)Que el proceso de reconciliación nacional es una tarea que debe ser asumida por todos los chilenos para sustentar el proceso de transición hacia la democracia.
4°)Que es un hecho indiscutido que la celebración del día indicado genera división en la ciudadanía.
5°)Que la tramitación del proyecto indicado, durante la legislatura ordinaria, impedirá a la ciudadanía conocer con la debida anticipación la derogación que se pretende.
"Por todo lo anterior, los parlamentarios que suscriben vienen en solicitar el acuerdo de esta Honorable Cámara de Diputados a fin de oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República, para solicitarle se sirva tener por incluido en la convocatoria de la presente legislatura extraordinaria el proyecto que deroga la ley N° 18.026, que declaró feriado legal el día 11 de septiembre de cada año y cuya tramitación se encuentra suspendida."
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación el proyecto.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
PROMOCION DEL CONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo de los señores Barrueto, Velasco; Palma, don Andrés, Smok, Ortiz, señora Caraball, doña Eliana, y señor Kuzmicic.
"Durante muchos años, en nuestro país, una gran mayoría de chilenos y chilenas perdimos la capacidad de asombro ante la violencia imperante y fuimos parte de una sociedad que, en su conjunto, exacerbaba los sentimientos más negativos, una sociedad cuyos valores fundamentales quedaron relegados para dar paso a la intolerancia y al sectarismo, casi como un signo de los tiempos.
Vivimos en una sociedad discriminatoria, jerarquizada y competitiva, que prácticamente no permite crear relaciones igualitarias ni tampoco otorga las posibilidades de desarrollarlas, incubando en su seno el germen del autoritarismo y la violencia con su evidente contraparte y respuesta de más autoritarismo y mayor violencia.
A diario vemos el maltrato a los niños, la violencia ejercida a un gran número de mujeres en el hogar, las agresiones múltiples que se producen en el trabajo y en todos los ámbitos de las relaciones humanas y concebimos estas situaciones como "normales", como parte de la vida. De este modo, no siempre nos damos cuenta que todos llevamos una carga autoritaria que disfrazada o no terminamos ejerciendo sobre otros.
Hoy, cuando Chile está estremecido con el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación y hemos recuperado nuestra capacidad de asombro tras conocer los dolorosos hechos que atentaron contra los derechos humanos en nuestro país, es el momento de asumir colectivamente nuestras responsabilidades y ser capaces de generar los mecanismos que permitan a las futuras generaciones construir una sociedad distinta, creando una cultura de vida que no sólo impida que se repitan las violaciones ocurridas en estos últimos 17 años, sino también que fomente un cambio social profundo que apunte a constituir el respeto a la vida humana como pilar fundamental en la convivencia nacional.
Porque no se trata de dividir a los protagonistas entre buenos y malos. Eso sería simplificar demasiado la compleja realidad de nuestra sociedad. Todo lo sucedido es el resultado de una sociedad enferma, con valores distorsionados, que permitió que se desarrollaran en nuestro país los atropellos y abusos sin que hubiera una conciencia colectiva que lo impidiera.
Son estas razones, Honorables colegas, que me obligan a valorar profundamente la iniciativa del Ministerio de Educación de entregar en todos los establecimientos educacionales una copia de la Declaración de los Derechos Humanos como materia permanente de reflexión en los colegios.
Sin embargo, creo que esta medida es insuficiente. Necesitamos que el tema de los derechos humanos sea incorporado como asignatura regular en toda la educación, abordándolo desde el inicio de este largo camino, en la enseñanza básica, como una forma de que se asuma el respeto a la vida y a la integridad humana por la sociedad completa, especialmente porque éste es el período en que nuestros hijos se forman, aprenden y se apropian de los valores que desarrollarán durante la adolescencia y que, en la madurez, aplicarán en su vida cotidiana, en sus relaciones laborales y en el ámbito público.
Es indispensable, entonces, asumir esta misión, incorporando día a día los valores que representan la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, que no son más que la expresión de esperanzas y deseos, en una construcción ideal de sociedad, que necesariamente debe convertirse en nuestra meta.
Invito, por ello, a todos mis colegas a desarrollar iniciativas de promoción de los derechos humanos, y en este contexto anuncio que la próxima semana entregaré, en todas las escuelas de Talcahuano, la Declaración de los Derechos del Niño.
Honorables colegas, tenemos la responsabilidad de ser gestores de la construcción de una sociedad en que los valores predominen, en que aprendamos a respetamos, a ser tolerantes, a aprender a convivir con las diferencias, en la diversidad, y para que esto suceda, debemos impulsar todos los canales que permitan el desarrollo de estos valores universales.
Por lo anterior, vengo en someter a la unanimidad de la Honorable Sala, el siguiente
Proyecto de acuerdo:
Que se oficie al señor Ministro de Educación, don Ricardo Lagos Escobar, a fin de que se incorpore como asignatura regular en toda la educación, en sus distintas modalidades, la asignatura denominada De los derechos humanos", en la cual se promueva el respeto a los derechos humanos de manera integral y se den a conocer los distintos tratados y convenios suscritos por Chile en esta materia, así como los valores que representa la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Existe otro proyecto de acuerdo que incide en la misma materia, al cual dará lectura el señor Secretario.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo de la señora Cristi, doña María Angélica; de los señores García, don René; Navarrete, Longton, Galilea, Fantuzzi, Rodríguez, don Claudio; Espina, Caminondo, Munizaga, Bayo y Taladriz, y de la señora Prochelle, doña Marina:
1° Actualmente, Chile se encuentra en un proceso de reconciliación nacional y de afianzamiento de los verdaderos valores fundamentales, como una forma de avanzar en la paz social y progresar en la lucha contra la violencia y el terrorismo, que hoy más que nunca debemos combatir.
2° Por ello, se hace indispensable incrementar el estudio de nuestra Carta Fundamental por todos los ciudadanos y, muy en especial, por los jóvenes de nuestro país, pues ella se inspira en los valores de la cultura cristiano-occidental.
Por lo anterior, venimos en someter a esta Honorable Cámara el siguiente proyecto de acuerdo:
Que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que se fomente el estudio de la Constitución Política del Estado, pues constituye el pilar fundamental de la institucionalidad ciudadana y la base y el sustento de valores tan trascendentales, como el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la soberanía, la democracia, los valores esenciales de la naturaleza humana y rectores de la convivencia nacional. Ello es factible dentro de la asignatura de Educación Cívica, que actualmente se imparte en todos los establecimientos educacionales del país, ampliándose su conocimiento y estudio a las asignaturas de ciencias sociales de los cursos inferiores.
"Se respetaría principalmente la disposición constitucional que impide propagar tendencia política partidista alguna en la enseñanza reconocida oficialmente."
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En discusión ambos proyectos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el primer proyecto de acuerdo.
Durante la votación.
El señor RIBERA.-
Señor Presidente, una cuestión reglamentaria.
El señor VIERA-GALLO (Presidente). Después que termine la votación.
El señor RIBERA.-
No, señor Presidente. [Después, puede haber parlamentarios que se opongan a ambos proyectos.
La señora CRISTI.-
¿Se puede fundamentar?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
No, porque eso era al comienzo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Aprobado el primer proyecto de acuerdo.
En votación el segundo proyecto de acuerdo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PERUANO CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA DE COLERA QUE LO AFECTA.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se dará lectura al último proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo de los señores Velasco, Dupré, Tohá, Pérez, don Ramón; Peña, Bartolucci, Valenzuela, Rodríguez, don Hugo; Cantero, Gajardo, Leblanc, Naranjo, Rojos y Hamuy.
Considerando:
Que la hermana República del Perú, desde el 15 de enero pasado, se ha visto duramente golpeada por una epidemia de cólera, con gravísimas consecuencias para sus habitantes, ya que ha afectado muchas vidas humanas y a la economía de ese país;
Que hasta el momento son más de 609 las personas fallecidas a causa de esta cruel enfermedad y sobre 100 mil las que han contraído este contagioso mal, siendo los niños, mujeres y ancianos los más afectados;
Que las dos últimas semanas se ha producido un rebrote de tal magnitud en la propagación de la epidemia, que las cifras de enfermos por esta causa han aumentado en más de un cincuenta por ciento, haciendo que la infraestructura hospitalaria, médico profesional y los recursos financieros correspondientes resulten naturalmente insuficientes para hacer frente a una epidemia de tal magnitud, y
Que frente a este drama social tan penoso, Chile tiene el deber moral de participar en las múltiples manifestaciones internacionales de solidaridad que ha recibido el pueblo peruano; lo mismo que le asiste el deber de expresar sus particulares sentimientos de fraternidad frente a esta hermana nación, ofreciendo su espontánea ayuda, así como nuestro país la ha recibido en situaciones de catástrofes naturales, como las provocadas por terremotos, inundaciones u otras, en las que Perú nos ha tendido su mano fraterna y solidaria, comprometiendo para siempre la gratitud del pueblo chileno.
La Honorable Cámara de Diputados acuerda:
1° Expresar al Congreso Nacional de la República del Perú su pesar y solidaridad por la epidemia de cólera que sufre el hermano pueblo peruano;
2° Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que ordene, a la brevedad posible, las medidas administrativas que juzgue necesarias para enviar la máxima ayuda en medicamentos, médicos, enfermeras y equipos sanitarios adecuados para implementar hospitales de campaña que contribuyan a aliviar la dramática situación que vive el Perú;
3° Solicitar al señor Ministro de Salud que se proporcione todos los recursos humanos y materiales que se requieran para detectar y controlar en la frontera chileno-peruana cualquier brote de cólera en el territorio nacional;
4° Manifestar su reconocimiento al Ministerio de Salud por la eficiencia mostrada con las medidas de prevención que adoptó para impedir, hasta el momento, que la epidemia de cólera llegue a nuestro país, y
5° Enviar oficio a Su Excelencia el Presidente de la República dél Perú, don Alberto Fujimori, y al Presidente de la Cámara de Diputados de esa nación, don Víctor Paredes, solidarizando con esa República hermana en los difíciles momentos que vive con motivo del reciente terremoto que ocasionó grandes pérdidas humanas y materiales."
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
Durante la votación.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Señor Presidente, ¿me permite?
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Señor Presidente,....
El señor PALMA (don Andrés).-
¿Se va a oponer?
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
No, no me opondré; pero creo que este proyecto de acuerdo está absolutamente de más.
De partida, el tema se ha tratado en la Comisión de Salud, y ya es conocida la posición que ha tenido el Gobierno de Chile, el primero en presentarse en el Perú.
El señor Ministro de Salud ofreció todo tipo de ayuda y de soluciones, las que fueron muy bien acogidas por el gobierno peruano.
En consecuencia, insistir nuevamente sobre el tema, a través de un proyecto de acuerdo, sin haber preguntado la opinión de los integrantes de la Comisión de Salud de esta Cámara, en este caso particular lo considero absolutamente de más, ya que el Gobierno chileno, repito, fue el primero en responder a la solicitud de ayuda del pueblo peruano.
Por lo tanto, si no es retirado este proyecto, nos abstendremos en la votación.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Está rechazado el proyecto de acuerdo. No hay mayoría.
El señor KUSCHEL.-
Está rechazado.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se suspende la sesión por una hora.
Se suspendió a las 21:22 horas y se reanudó a las 22:22.
INCIDENTES
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Continúa la sesión.
En la Hora de Incidentes, el primer tumo corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
El señor PEÑA.-
Cedió su tiempo.
SITUACION DE LOS PIRQUINEROS EN LA COMUNA DE CARAHUE. OFICIO.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En el tumo del Partido Radical, tiene la palabra el Diputado señor Peña.
El señor PEÑA.-
Señor Presidente, haré una relación de la situación que aflige a los mineros pirquineros de un sector de la comuna de Carahue.
En dicha comuna, lugar donde nací, provincia de Cautín, en lugar denominado Santa Celia. Allí, desde tiempos casi coetáneos a la conquista de Chile y de la zona, se ha extraído riqueza minera, en especial oro. Hasta hace unos meses, esa labor se desarrollaba por setenta jefes de hogar, aproximadamente. Sin embargo, sus labores fueron interrumpidas en el mes de enero de este año, por la fuerza, acompañado uno de sus presuntos dueños por Carabineros, sin haber mediado orden judicial.
En efecto, allí existen, al parecer, pertenencias mineras inscritas sobre los minerales que subyacen en las entrañas de la tierra, en favor de la Sociedad Minera Santa Celia. En un recorrido por el área geográfica se me indicó por un representante de ella que pertenecen a esa sociedad las riquezas existentes desde donde nace el río Colico hasta donde desemboca éste y el río Damas, incluyendo sus quebradas adyacentes, territorio que cubre, más o menos, 2.500 hectáreas, en las cuales no trabajan más de diez personas para esa empresa. Esta circunstancia nos parece aberrante e ilógica; no es armónica con ningún sentido de justicia.
Esta situación, en que ni siquiera se tiene conciencia de la superficie, violenta todo sentido de justicia y solidaridad, pues priva a hermanos chilenos de un trabajo honrado y digno.
Es verdad que el derecho de propiedad compromete nuestro respeto, pero cuando se pretende ejercer sobre bienes que por naturaleza pertenecen al Estado, como los minerales o el agua, nos parece que necesariamente deben observarse ciertas limitaciones de orden social.
He aquí una nueva herencia de la injusticia patrocinada por el gobierno anterior: una ley minera que atenta contra personas humildes y coarta la libertad de trabajo, ejercida, en este caso, con anterioridad a la dictación de esa injusta legislación. Se priva del pan a muchos niños y mujeres. Los hombres padres y maridos viven en la desesperanza.
Por lo tanto, ruego recabar el acuerdo unánime de la Honorable Cámara de Diputados y, si no es posible, que se haga en mi nombre para disponer que se oficie:
1.A Su Excelencia El Presidente de la República, para que instruya al señor Ministro de Minería, con el objeto de que informe y acompañe los documentos necesarios, como inscripciones vigentes en favor de la Sociedad Minera Santa Celia Limitada, planos y extensión de las pertenencias o concesiones y que digan relación con el lugar Santa Celia, comuna de Carahue.
2.Si existe alguna otra persona natural o jurídica que tenga inscrita a su favor pertenencias, concesiones u otros amparos jurídicos que le reconozcan derechos de extracción y explotación sobre tales yacimientos mineros.
3.Que haga llegar un informe preciso del lugar comprendido en cada pertenencia o concesión en que se han iniciado actividades de explotación o extractivas por sus titulares.
4.Con todo, informar $i a la fecha, los pirquineros del lugar Santa Celia de Carahue aún continúan privados de ejecutar actividades propias del laboreo, y, en tal caso, qué medidas se han adoptado para corregirlo por el Ministerio a su cargo o por la autoridad del gobierno regional de la Novena Región.
5.Para mayor ilustración de la autoridad, enviar copia íntegra del presente documento.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se enviará el oficio en su nombre, visto que no hay el quorum necesario en la Sala para hacerlo en nombre de la Corporación.
ANALISIS SOBRE LA ESTRATEGIA DEL PARTIDO COMUNISTA EN SU ULTIMO CONGRESO.
El señor VIERA-GALLO.-
Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ORTEGA.-
Señor Presidente, me gustaría que se recabara el asentimiento de la Sala para insertar en la versión oficial el discurso que traigo preparado, que versa sobre la estrategia del Partido Comunista en su último Congreso, ya que de esta manera ahorraríamos mucho tiempo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Desgraciadamente, no se podrá votar su proposición, porque no existe el quorum suficiente para ello.
El señor ORTEGA.-
Hace tiempo, tuve un debate público, en nombre de mi Partido, con el señor Jorge Insunza, miembro de Comité Central del Partido Comunista, en relación con los últimos acuerdos y resoluciones del XV Congreso del Partido Comunista chileno.
Este texto, que leeré a continuación, fue hecho en función de ese documento y de algunas contribuciones que posteriormente se han realizado en relación con el análisis de las exposiciones de ese Partido, frente a la realidad política nacional.
El Partido Comunista y la estrategia de su último Congreso.
Después de las resoluciones del XV Congreso del Partido Comunista chileno, hemos hecho un análisis crítico de sus conclusiones, para la nueva etapa histórica que vive Chile.
Deseamos dejar constancia en los anales políticos de esta Cámara sobre la posición de los democratacristianos en relación con el problema de fondo, que según nuestro criterio, contiene la orientación estratégica del Partido Comunista chileno, adscrito hasta hoy a las ideas centrales de Lenin, en su concepción de la política.
Creemos que este debate tiene actualidad, ya que de esta estrategia surgió un tipo de acción insurreccional que hasta hoy sigue afectando gravemente nuestra convivencia y sobre la cual el Partido Comunista debe tomar clara posición.
Con este partido, la Democracia Cristiana ha tenido y mantiene claras y definidas diferencias que hoy queremos consignar.
1°.Diferencia en la concepción de la acción política.
En 1973, Volodia Teitelboim escribía en la "Revista Internacional" N° 11: "Sin duda en cada encrucijada de la lucha es indispensable volver a Lenin. Por cierto, en una situación tan dramática como la chilena resulta una necesidad impostergable releer decía Volodia Teitelboim"E1 Estado y la Revolución" y no olvidar su definición sobre el carácter clasista de las instituciones, que son producto del antagonismo entre las clases"
Lenin, en ese importante escrito, "El Estado y la Revolución", es claro y categórico: "La sustitución del estado burgués por el estado proletario es imposible sin una revolución violenta" (Lenin, "Obras Escogidas", Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1960, tomo II, páginas 319 y 320).
En este libro se consagra el objetivo central de la revolución: la dictadura del proletariado. Según Lenin, "la teoría de la lucha de clases aplicada por Marx a la cuestión del Estado y de la revolución socialista, conduce necesariamente al reconocimiento de la dominación política del proletariado, de su dictadura, es decir, de un poder no compartido con nadie y apoyado directamente en la fuerza armada de las masas" (IBID, página 22).
Es decir, el Partido Comunista está anclado a una visión políticamilitar desde su raíz leninista. El retomo a esa fuente lo mantendrá atado a una concepción de la política, traspasada por una metodología guerrera.
Por eso, Jorge Insunza, cuatro años más tarde que el artículo de Volodia Teitelboim, antes mencionado, aparecido en la misma "Revista Internacional", confirma que las vías de la revolución pacífica o armada no pueden ni deben ser concebidas como formas excluyentes. Una contraposición absoluta de ellas acarrea serios peligros para el éxito del proceso revolucionario"
En este contexto hace sentido lo que, en junio de 1989 afirmaba Volodia Teitelboim en El Siglo N° 7682: "La grandeza de la rebelión popular" nos devuelve a la razón de ser el partido; hacer la revolución, hemos vivido muy lejanos del leninismo y damos los primeros pasos para el reencuentro". Más aún, señala el Secretario General: "A veces sostenemos la idea del socialismo y la revolución como un ideal tan lejano que es como el cielo para los cristianos. Incluso solíamos ponemos orgullosos con lo que algunos llamaron la "vía chilena al socialismo" y mirar con desconfianza a los que habían tomado las armas para llegar al socialismo" (IBID). Esto está dicho en junio de 1989.
Es claro que "vía violenta y revolución" están en el corazón del pensamiento leninista y, por lo tanto, en el corazón de un comunismo que retoma a esa fuente.
Por eso, concuerdo con el señor Luis Guastavino, cuando se pregunta: ¿Es que el humanismo marxista entró en crisis por las desviaciones que introdujo en su discurso la perversión estalinista? ¿o es que hay problemas que están en su base teórica e ideológica y que con Stalin o sin Stalin, habrían conducido igualmente a una crisis en dicho humanismo?
"Yo estoy con esta segunda tesis dice Guastavino que, a mi juicio, sólo ha sido trágicamente develada por su aplicación práctica en la construcción del llamado socialismo real."
2°Nuestra diferencia en la concepción de la crisis de la democracia.
Para el Partido Comunista volver a Lenin es un imperativo para comprender las causas de las crisis de la democracia en Chile. Muchos analistas occidentales, soviéticos y chilenos ligados a esa ideología afirman, en la lógica leninista de "la revolución", que la derrota del Gobierno de Salvador Allende, más que una derrota política fue una derrota militar. Por haber estado "impregnados de legalismos, nos ilusionamos con el curso pacífico de la revolución.". Esta es una cita del documento Unidad y Lucha del Pueblo hasta Vencer, informe al XV Congreso del Partido Comunista en 1989.
Este otro texto es también claro y definitivo: "Lo que sintetiza esencialmente nuestra derrota dice relación con nuestros errores e insuficientes en tomo al abordaje y resolución a fondo del problema del poder, cuestión cardinal al de toda revolución" (IBID).
Para que no haya equívocos, se afirma y quiero subrayar esto: "Como queda en evidencia en las tesis preparadas para el XV Congreso, que no pudo realizarse a fines de 1973, tuvimos concepciones evolucionistas del acceso a la totalidad del poder, así como una valoración desmedida de la batalla económica descuidando la política militar" (Informe al XV Congreso del Partido Comunista en 1989).
En este diagnóstico de la "derrota" realizado para el XV Congreso de 1989, se insiste en que el Partido Comunista no tuvo "suficientemente en cuenta el aserto leninista de que en tiempos de revolución la lucha de clases transcurre no pocas veces de un modo acelerado hacia una guerra civil abierta y, por ello, absolutizamos la vía y forma de lucha, no existiendo en la dirección del Partido una concepción clara de lo militar propiamente tal ni un convencimiento suficiente acerca de la necesidad de la preparación real en este terreno" (IBID).
En otras palabras, en 1973 el Partido Comunista declara buscar el control de la "totalidad del poder" y ya en ese año había conciencia de "haber descuidado lo Político-militar". La crítica a la dirección del partido es no haberse suficientemente "preparado en este terreno"
Cuán distante estamos de la interpretación de la crisis. Para nosotros fue justamente la obsesión de la "toma de la totalidad del poder" polarizando los conflictos, lo que causó la crisis de lo que los comunistas siguen calificando como "democracia burguesa". Aquella que resguardaba los derechos humanos y el avance pacífico del pueblo por la justicia y la libertad. Para nosotros, crisis por ruptura de los acuerdos básicos. Para conquistar su hegemonía, insuficiencia en el abordaje al control de la totalidad del poder.
3°.Diferencias en la estrategia para terminar con la dictadura y conquistar la democracia.
El Partido Comunista el 3 de septiembre de 1980 anuncia en Estocolmo su estrategia de rebelión popular de masas. Esta estrategia es definida como "el camino del enfrentamiento". Es ratificada en el informe al Pleno del Partido Comunista en enero de 1985.
El enfrentamiento debe ser total, a través de todas las formas de lucha, para lo cual se requiere provocar un levantamiento o sublevación de masas". Es lo que se denomina "un estado de rebelión generalizada" y alzamientos populares. Todo ello alrededor del polo militar capaz de inmovilizar o controlar a las Fuerzas Armadas.
"Toda forma de lucha requiere la correspondiente técnica y el correspondiente aparato", nos recuerda Insunza citando a Lenin. (Revista Internacional N° 5, de 1977). Había llegado la hora. La revolución era posible. Se requería la técnica y el aparato militar. ¿Con qué objeto? Con el objetivo de que "una vez derrotada la dictadura se pueda crear un régimen democrático avanzado con vista al socialismo" (IBID). Para el Partido Comunista, "no habrá gradualismo ni apertura". Por ello era necesario "hacer madurar una situación revolucionaria" (Informe al Pleno, 1975).
En este importante documento informe al Pleno de 1985se señala que en el campo de la Oposición hay dos proyectos: "el que propicia una salida democrática burguesa y el que propugna una salida democrática popular con vista al socialismo" (IBID, página 8).
Se condena en este informe al Pleno "las tendencias conciliadoras en el seno de la oposición burguesa como la Alianza Democrática y el Acuerdo Democrático Nacional" (IBID).
Nuevamente la lección leninista "cuánta razón tenía Lenin al afirmar que los pueblos aprenden a través de su propia experiencia. El pueblo de Chile ha aprendido a luchar contra el fascismo sumando a las formas tradicionales el uso creciente de nuevos métodos pacíficos y violentos". La elevación de la "calidad de combate de las masas ha sido la introducción de nuevos métodos, a aquellos del uso creciente de la violencia revolucionaria" (IBID, página 9).
Bajo el subtítulo "seguir aprendiendo de lo militar y paramilitar", en este documento se saluda al Frente Patriótico Manuel Rodríguez por lo que el Partido Comunista califica como "su valiosa acción lo que ha conquistado la admiración y el cariño del pueblo" (IBID, página 22).
El Frente, "sin ser el brazo armado del Partido Comunista dice este texto cuenta con toda nuestra simpatía y aprecio: concepto que reiteramos hoy" (IBID, página 23).
Estos conceptos se repiten una y otra vez, tanto en el informe al Pleno del Comité Central en octubre de 1987, en el documento de convocatoria del XV Congreso, en las conclusiones de dicho Congreso y en las declaraciones de Jorge Insunza al dar a conocer sus principales acuerdos en 1989.
En este Congreso se reitera que la estrategia de rebelión popular de masas implica un pie en lo político y otro en lo militar. Se requiere la combinación de diferentes formas de lucha y claramente se afirma la lucha “armada". (Documento a la Democracia con Todo, página 11).
Se ratifica el objetivo de "conquistar una democracia avanzada que nos permita abrir caminos a nuestro objetivo ulterior" (IBID).
Los acuerdos del XV Congreso hacen, además, una explícita crítica a la “oposición burguesa", en especial a la Democracia Cristiana por su "incorporación a su camino institucional para poner fin a la dictadura, sin los riesgos para ella de una salida en la que la lucha frontal de masas juegue el rol principal" (IBID, página 12).
Más aún, se entra en una descalificación del "socialismo moderado", como un nuevo factor político estabilizador del capitalismo (IBID, página 48) y se vuelve a hablar de privilegiar los sectores "progresistas" de la Democracia Cristiana.
Con razón, Luis, Corvalán anunciaba ya, en enero de 1989, en "El Siglo" que "No hay duda que el XV Congreso ratificará la política de rebelión popular de masas y que ella saldrá de él enriquecida y fortalecida" (El Siglo, Nc 7.677, página 13, enero 1989).
Así ha sido en los hechos, pero nuevamente Luis Guastavino viene a revelar la ambigüedad del Partido Comunista.
Dice Guastavino: "Y yo creo que teóricamente el marxismo, pero muy prácticamente el comunismo, tiene un déficit monumental con la democracia. Creo innecesario detenerme a explicar este aserto de demostración palmaria. Sólo estimo de utilidad subrayar que se trata de otro eje básico del quiebre de nuestro paradigma.
El humanismo marxista no reflexionó sobre la democracia integralmente, llegando a formular tesis, como la dictadura del proletariado, que se mantuvieron por más de cien años intocadas e inamovibles en nuestro ideario. Miramos a la democracia de manera despectiva, con desconfianza, mecánicamente a sus utilizaciones clasistas"
DIFERENCIA EN LOS RESULTADOS DE LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS.
La rebelión popular de masas, basada en su inspiración leninista, provocó en el Partido Comunista una equívoca evaluación de la situación política. Dedicó su esfuerzo a crear condiciones militares a través del F.P.M.R. y de las milicias rodriguistas. La internación de armas, el atentado a Pinochet y el tardío llamado a la inscripción electoral y al voto "No", en el plebiscito, fue un grave error de apreciación de ese Partido. Su estrategia militar y de guerra (según Buschman), ayudó a la dictadura en vez de debilitarla.
Más aún, su crítica al Acuerdo Nacional y a la búsqueda de caminos de concertación social y política para abrir paso a una estrategia masiva, que lograra reales espacios para la mayoría nacional en donde se venciera el temor, ha sido un grave equívoco del Partido Comunista, según nuestra apreciación.
Es necesario señalar con claridad que su estrategia armada no sólo fue errada, sino derrotada. El Frente y las declaraciones del militante comunista y dirigente del F.P.M.R., Sergio Buschman, crearon en el país un total desprestigió de la línea política seguida por el Partido Comunista. Todo acto de violencia, como el asesinato de Carabineros o la revancha contra Fuentes Morrison delictivos aparecen siempre ante la opinión pública como de responsabilidad, justificada o injustificada, del Partido Comunista.
La estrategia de la Concertación, en cambio, creó confianza en el pueblo. Con un mensaje positivo y de alegría, venció el círculo vicioso de temor acción represión temor. Los chilenos lograron ver en la movilización social, con objetivos políticos alcanzables y posibilidad real de participación masiva, el camino viable para terminar con la dictadura. Ese fue el gran paso que se dio el 5 de octubre de 1988 y el 14 de diciembre de 1989.
DIFERENCIAS EN LA APRECIACION LATINOAMERICANA Y MUNDIAL
En América Latina, las estrategias insurreccionales se han probado en todas sus formas. La derrota ha sido también generalizada, con excepción de Cuba y Nicaragua. Sin embargo, la rebelión popular de masas surge en el Partido Comunista "como producto de una mejor asimilación de las enseñanzas de otros pueblos". "No podemos olvidar" dice el documento final del Congreso Comunista" que en los años 1959 y 1979, las revoluciones llegaron al triunfo en América Latina, Cuba y Nicaragua, sin los partidos comunistas a la cabeza o en su dirección". ("A la democracia con todo", 1989, página 6).
La rebelión popular de masas surge, entonces, de la percepción de que los únicos éxitos en Latinoamérica provenían de la acción insurreccional y de la conciencia de que la experiencia chilena del Partido Comunista había carecido de "Una concepción política global respecto de la solución del problema, del poder para el pueblo, y de su defensa ante una contrarrevolución en marcha". (IBID, página 6).
El error fue creer que en Chile se podía desarrollar una concepción política que, según los acuerdos del Congreso, para alcanzar el éxito necesitaba: "Dominar las más diversas formas de lucha adecuada a cada momento y resolver certeramente su debida integración". "Así fueron incorporándose formas militares y paramilitares de acción, dando respuesta a la violencia fascista". Este proceso sería, según las conclusiones del XV Congreso, "La verdadera escuela de formación comunista".
Chile no era ni Cuba de Batista, ni Nicaragua lo era de Somoza. No digo que fuera peor o mejor. Lo que señalo es que ni las Fuerzas Armadas eran lo mismo, ni la historia político-predictadura algo parecido.
Las lecciones de otros países de la región no fueron asimiladas por parte del Partido Comunista.
Consideramos, a su vez, que los cambios en los países del socialismo real, ante objetivos fracasos económicos, y lo intolerable del "sistema burocrático represivo que fue degenerando en el autoritarismo y el culto a un individuo que resumía en sí todo el poder, toda la sabiduría, y prescribía un pensamiento obligatorio, infalible, más allá de toda crítica" ("A la democracia con todo", 1989, página 24), algunos fueron asimilados tardíamente por el Partido Comunista chileno y otros no lo fueron.
Por estas mismas afirmaciones, años atrás el Partido Comunista nos descalificaba. Más aún, el Partido Comunista chileno debió hacer su autocrítica al recordar su apoyo a las invasiones a Hungría, en 1956, y condenar a Imre Nagy, quien 33 años después es reivindicado como uno de los grandes del comunismo húngaro. Nosotros tuvimos la razón y no el Partido Comunista de esa época. Lo mismo ocurrió frente a la invasión de Checoslovaquia y Afganistán.
La perestroika y la glasnot soviéticas y los pacientes cambios en Hungría, Polonia, Checoslovaquia y otros países, al reconocer la disidencia y abrirse espacios de libertad democrática, constituyen un avance en la línea de nuestra crítica a los socialismos reales, que hoy se confirman y que nunca escuchamos mencionar a los comunistas chilenos.
NUESTRA DIFERENCIA EN LA SIGNIFICACION DE LA REBELION POPULAR DE MASAS PARA EL FUTURO.
Dijimos en 1989, en un debate público con Jorge Insunza sobre el tema: 'Un congreso del Partido Comunista fija posiciones para un largo plazo. El último Congreso se realizó en 1969. Los próximos años van a estar determinados por las opciones de hoy. Consideramos que el Partido Comunista no adecuó debidamente su estrategia a la nueva situación política surgida con la Concertación y con el triunfo del 5 de octubre". Eso lo reiteramos hoy. No vemos claridad ni una revisión profunda de las posiciones del Partido Comunista. Por nuestra parte, teníamos razón al decir que el país requería de acuerdos sobre un ideario democrático y sobre métodos de lucha. Esos acuerdos, como concepción de una renovada forma de hacer política, iniciada por la Democracia Cristiana y por otros partidos a partir de la Alianza Democrática y del Acuerdo Nacional, hasta la Concertación y las reformas constitucionales, han dado sus frutos. Hemos abierto la puerta a la democracia, porque fuimos constantes y persistentes en orientar la lucha del pueblo por el camino político y pacífico, buscando siempre una solución negociada a la crisis con amplios sectores nacionales, incluidas las Fuerzas Armadas.
El acuerdo y la solución concertada, como método para la solución de conflictos, ¿no es al fin el reconocimiento que Jaruselsky hizo cuando dialogó con Walesa y se reconoció a Solidaridad? ¿No es el paso que el propio Gorbachov dio para reconocer los derechos del perseguido y encarcelado Sahjarov? El acuerdo, la negociación y la no violencia abren camino a la democracia, nunca a la violencia.
Por eso nos preguntamos qué pasará con la revolución popular de masas en la futura democracia. ¿Seguirá el F.P.M.R., el de Buschman, o el disidente o autónomo que surgió de la misma matriz ideológica y política? Vale la pena responder con claridad a esta pregunta, ya que sus voceros han declarado que la estrategia insurreccional irá más allá del 14 de diciembre. El Partido Comunista debe ser categórico en condenar el camino violento y en modificar su concepción leninista de las "Diversas formas de lucha".
El país no puede volver a esquemas inciertos. Los acuerdos del XV Congreso y los documentos y declaraciones oficiales no aclaran, sino que ratifican las diferencias de fondo que mantenemos con el Partido Comunista.
En el libro "Caen las Catedrales", Luis Guastavino hace una afirmación que es necesario recordar: "Sobre la propia P.R.P.M. está claro que en la CP. las cosas quedaron muy confusas". Volodia declara el 24 de enero con respecto a la PRPM: "Naturalmente, no pueden usarse respecto de un gobierno democrático". Gladys afirma que esa política "Ya hizo su camino". Cantero sostiene, en El Siglo, que la PRPM "Cambia de nombré". Azócar, dice en Pluma y Pincel del 1° de febrero: "Aparece poco claro que abandonemos el nombre de nuestra política", (Sólo el nombre, de nuevo). El XV Congreso y diversos y sucesivos plenos del CC revalidan la vigencia de la PRPM y se plantea adecuada a las nuevas condiciones. En particular, el 8a Pleno, con voluntarismo, a mi juicio nostálgico, refiriéndose a un aspecto decisivo en la PRPM., afirma: "El componente militar es una adquisición permanente de nuestra línea revolucionaria. Se integró piara siempre en la vida del partido". Y continúa con una porfía que calificó de obcecación: "Existe la necesidad de adecuar el quehacer o el accionar operativo a las nuevas condiciones políticas creadas a partir del 14 de diciembre y, con más propiedad, del 11 de marzo en adelante", para concluir que "nuestra política militar está plenamente vigente".
Termino señalando que lamento que la violencia sufrida por el Partido Comunista no lo haya llevado a una ruptura o a un cambio en la estrategia de rebelión popular de masas y a condenar en forma clara el uso de las armas y el control que algunos de sus militantes aún hacen de ellas.
He dicho.
ALCANCES SOBRE APRECIACION DE LA LABOR DEL GOBIERNO
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el señor Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, creo interesante comparar los titulares negativos, las declaraciones, las opiniones, las cifras y estadísticas del año pasado, con la realidad de este último tiempo. Así podremos constatar que muchos de los más fieles seguidores de los partidos de la Concertación Democrática difícilmente pudieron imaginar que la situación general del país iba a tener un vuelco tan importante y reconfortante.
Que teníamos confianza en Patricio Aylwin, en su idoneidad, en su capacidad, en su criterio y en su tino. Nadie lo dudaba. Que se le reconocía su ponderación y ecuanimidad. Nadie lo contradice. Pero, de todos modos, hoy tenemos que reconocer que los temores por las condiciones en que recibía el Presidente el país, en algún momento nos hizo titubear que, a pesar de todas esas condiciones suyas, pudiera vencer esas dificultades que hoy ya se han dejado de lado totalmente. Nos parece increíble que muchos de los personeros que visualizaban negros nubarrones en la conducción político-económica y político-social del país, hoy entreguen declaraciones alabando dicho manejo.
Mayor es nuestra satisfacción cuando sabemos de personas que viajan a países de América, Europa o Asia que vuelven comentando elogiosos conceptos que sin cesar se vierten a favor de nuestro país, al cual consideran, además, un lugar seguro para la inversión.
Primero se quejaban porque no se informaban los precios de la banda del trigo en forma rápida. Cuando se hizo el año pasado, como de costumbre se quejaron de que era bajo. Hace poco más de un mes, en cambio, escuchamos a dichos empresarios alabarlos y haciendo notar que por primera vez había molinos que pagaban mejores precios que el de los poderes compradores.
Poco después vaticinaban negros nubarrones por el posible precio del trigo en la próxima cosecha, debido a la baja de hasta un 30 por ciento que se había producido a nivel internacional. Entregados los valores la semana pasada, se vio que el Gobierno, con muy buen criterio, sólo los había rebajado en un promedio de 5 por ciento, considerando especialmente que las tasas de interés de este año son casi un 50 por ciento inferiores a las del año pasado. Nuevamente se lograron aquietar las voces agoreras. Lo anterior sin dejar de recordar el hecho de que en la IX Región se instalaron varios poderes compradores, en circunstancias de que el gobierno anterior no creó ninguno, lo que provocó un reclamo nuestro, en representación de todos los pequeños, medianos y grandes agricultores de la zona afectados por esa negativa medida.
A raíz del problema que se veía venir por la crisis del Golfo Pérsico, se reclamaba que la Enap no subía rápidamente el precio del petróleo, y se decía que se estaba subsidiando el precio al consumidor. En verdad, todos temíamos una inmensa alza en su valor y, en consecuencia, creíamos que se nos dispararía el Indice de Precios al Consumidor y que con ello se llegaría a guarismos indeseables para la economía sana. Cuando tratamos el proyecto de ley sobre el Fondo del Petróleo, se criticó que se había presentado muy tarde y que su efecto no alcanzaría a lograr los impactos deseados. Incluso se llegó a decir que era una jugada más política que económica.
Vino el impacto del I.P.C. en setiembre y octubre y todos vimos con preocupación sus posibles efectos negativos. Con justa razón, escuchamos el clamor de los trabajadores, jubilados, y de los deudores hipotecarios que clamaban por las consecuencias impactantes que iban a sufrir. Sin embargo, con calma, serenidad y percepción objetiva, vimos que las medidas tomadas por el Gobierno estaban dando sus frutos. Ahora vemos con tranquilidad cómo en tres meses de este año apenas tenemos un I.P.C. acumulado inferior al 2 por ciento.
¿Cómo no hacer resaltar la diferencia entre un año atrás y ahora, cuando tenemos que comparar los 900 mil textos escolares entregados con los distribuidos este año, que suman más de 4,5 millones? Es muy conveniente recalcar que ellos se han entregado tanto a las escuelas municipalizadas como a las particulares subvencionadas, y en forma pareja a todos los alumnos.
Como si esto fuera poco, el presente año se aumenta de 900 a cerca de 1.400 el número de escuelas, las que se verán mejoradas junto con los establecimientos particulares subvencionados. Es clara la idea del Gobierno en el sentido de que el mejoramiento de la educación debe servir a los alumnos de todos los sectores y del mayor número posible de establecimientos.
También es digno destacar el importante apoyo que tendrán los 32 liceos técnico-profesionales. Ello, como una medida lógica y rápida, al definirse el año pasado la política educacional de dar la mayor relevancia posible a dichos establecimientos. Es necesario que el mayor número de estudiantes que no acceden a las universidades, egresen de la enseñanza media con conocimientos prácticos y efectivos, para llegar al mundo laboral más preparados y con mejores posibilidades de encontrar trabajo.
Digo esto con satisfacción y en mi condición de mallequino, ya que dentro de las diez comunas de mayor vulnerabilidad social detectadas en nuestra patria lamentablemente tres pertenecen a Malleco: Ercilla, Lumaco y Lonquimay, las que, con este fuerte apoyo para resolver los problemas educacionales de comunas gravemente afectadas se verán especialmente beneficiadas con las implantación de los nuevos programas tendientes a eliminar la lacra social reflejada en índices negativos de sectores tan importantes como la salud, educación y vivienda.
Veo también con agrado cómo los organismos de trabajadores y representantes ministeriales se han venido reuniendo en un ambiente de armonía, digno de mayor elogio, en busca de mejores resultados para definir lo que debe ser el nuevo sueldo mínimo para el trabajador. Creo que, a corto plazo, deberá estudiarse una norma permanente según la cual el sueldo mínimo quede fijado anualmente el Ia de enero, reajustado en el I.P.C. del año anterior, del mismo modo como se hizo en las décadas de los años 40 al 60, cuando existía el sueldo vital por comunas para los empleadores particulares.
Ese era un sistema práctico, de mucha sensibilidad social y bueno tanto para empleados como para empresarios. Con ese mecanismo se evitarían muchos roces e intranquilidad entre los sectores involucrados.
Si bien es cierto nos satisfacen las cifras entregadas hace algunos días por el Ministro señor Sergio Molina, acerca de la notable mejoría de las escalas más bajas de rentas de los trabajadores el año pasado, no lo es menos que debemos recordar que la política económica del "chorreo", con la cual se trató de calmarlos durante varios años, no tuvo otro efecto que desmejorarlos, con un poder adquisitivo que no fue ni social ni económicamente bueno.
He dicho.
DEFICIENCIA CAMINERA EN LA PROVINCIA DE MALLECO, NOVENA REGION. OFICIO.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, también aprovecho esta ocasión para referirme nuevamente a los caminos de mi distrito, puesto que hay problemas en una serie de trabajos. Al respecto, en diciembre del año pasado pedí dirigir oficio al señor Ministro de Obras Públicas, quien me contestó oportunamente. No obstante, en los recorridos que hago habitualmente me he impuesto con preocupación que dichos trabajos se realizan lentamente y que están muy atrasados. Tanto es así que el fin de semana pasado pude comprobar que trechos recién asfaltados del camino de Los Sauces a Traiguén, muestran una serie de reconstituciones y parches que indican claramente que el trabajo es malo. Al observar el camino bajo los efectos de la lluvia se ven desniveles que, a corto plazo, producirán nuevos baches que perjudicarán el trabajo realizado.
Asimismo, en los sectores cercanos a la berma hay hendiduras, siendo notoria la escasa señalización preventiva existente, lo que constituye un peligro para el tránsito.
En camino de Angol a Collipulli, los cortes se hicieron a distancias muy largas, lo cual es bueno para el contratista porque emplea menos personal, pero malo para los usuarios, ya que los obliga a alargar innecesariamente el tiempo de recorrido.
Otro tanto ocurre respecto del camino de Huequén a Angol, cuyos trabajos son lentos y donde existen caminos alternativos mal trazados para buses o camiones acoplados. Es necesario que se los mantenga en mejor estado. Para ello, habría que rellenar con ripio las hendiduaras producidas por efectos de un tránsito intensivo para el cual no se diseñaron, puesto que se trata de caminos secundarios o de desvíos sin el debido tratamiento técnico.
Por estas razones, solicito que se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas para que los inspectores de vialidad revisen y ordenen corregir debidamente las anomalías observadas en los caminos señalados; y al Serviu, por ser el servicio que tiene a su cargo la construcción del camino de Huequén a Angol.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por Su Señoría.
CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIAL
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, quiero referirme a un tema que planteó el Diputado Carlos Valcarce por desgracia no se encuentra en la Sala, quien afirmó que el actual Gobierno de Patricio Aylwin no había cumplido un fallo judicial.
Esto se inscribe dentro de cierta campaña, en el sentido de que nos estamos saliendo del estado de derecho, que hay una crisis de la juridicidad y otros conceptos que estimo absolutamente exagerados.
En el caso concreto, se trata de lo siguiente: El personal del Poder Judicial hasta el 31 de diciembre de 1979, gozaba del beneficio de la asignación de zona, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 7a del decreto ley ° 249, de 1973, la cual se calculaba por aplicación del porcentaje correspondiente sobre el sueldo base, más la respectiva asignación de antigüedad del funcionario. A contar de enero de 1980, dejaron de aplicarse a ese personal las normas del referido cuerpo legal, que fija la Escala Única de Remuneraciones.
Por decreto ley NQ 3.058, de 29 de diciembre de 1979, se estableció un sistema especial de remuneraciones para ese poder del Estado, manteniéndose el beneficio de la llamada asignación de zona. La Oficina de Presupuesto del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el decreto ley N° 3.058 de 1979, siempre calculó el beneficio de la asignación de zona sobre el sueldo base, lo que fue ratificado por la Contraloría General de la República mediante los Dictámenes N° 2.192, de octubre de 1985, y Dictamen N° 10.955 de 1990. Este último originó un recurso de protección presentado por varios magistrados, el que fue acogido por la Corte Suprema. El fallo de la Excelentísima Corte Suprema, del 5 de noviembre del año pasado, fue declarado no oponible al Fisco por un informe del Consejo de Defensa del Estado.
De acuerdo con el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias judiciales en contra del Fisco se cumplen de manera muy especial. En este caso, el recurso de protección incoado por esos magistrados fue en contra de la Contraloría General de la República, no en contra del Fisco. De tal manera que al Fisco no le empecé dicha sentencia, mal podría cumplirla.
Nos encontramos frente al efecto relativo de la sentencia, en virtud del cual un fallo de los tribunales sólo tiene efecto entre las partes respecto de las cuales se pronuncia. En este caso, sólo tendría efecto entre la Contraloría General de la República y los funcionarios recurrentes. En consecuencia, no se trata del incumplimiento de un fallo judicial por parte del Estado, del Gobierno, o del Fisco, ya que ninguna de esas instituciones fue parte en ese recurso de protección.
No obstante lo anterior, no es justo, en mi opinión, que a un grupo de magistrados se le pague esta asignación de zona, calculada sobre la totalidad de sus remuneraciones, y a otros no. De ahí entonces que este problema reivindicativo de los magistrados del Poder Judicial es necesario que lo resuelva el Gobierno, mediante el respectivo suplemento o modificación del presupuesto a través de la ley respectiva, para lo cual solicito se envíe oficio, en este sentido, al Ministerio de Justicia.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado.
REAJUSTABILIDAD DE LOS ARANCELES DEL FONDO NACIONAL DE SALUD.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Morales.
El señor MORALES ADRIASOLA (don Jorge).-
Señor Presidente, me quiero referir a un tema que, si bien es cierto aún no ha alcanzado gran notoriedad pública, es muy probable que sí la logre en los próximos dos meses, con las serias consecuencias que provocará en la salud pública del país. Me refiero al problema que se está creando entre el Fondo Nacional de Salud, Fonasa, y los profesionales, específicamente los médicos inscritos en el sistema de libre elección. Desde 1980 se ha ido produciendo un gradual e importante deterioro de los valores que por concepto de aranceles reciben los profesionales por sus prestaciones, el cual se estima hoy, aproximadamente, en un 400 por ciento.
Las expectativas del Colegio Médico, en orden a que en la actual administración esta situación comenzara a revertirse se han visto lamentablemente frustradas. En efecto, hace poco Fonasa reajustó estas prestaciones, pero de tal manera que, en general, no excede del 20 por ciento, es decir, inferior al IPC correspondiente a 1990. Si bien es cierto Fonasa ha publicitado que las prestaciones otorgadas a través de las consultas médicas han sido reajustadas en un 37 por ciento, no lo es menos que otras, como por ejemplo, intervenciones quirúrgicas, sólo han sido reajustadas en un 8 por ciento. Y, más aún, con un criterio que no deseo calificar, como ocurre con las atenciones domiciliarias, que han sido reajustadas negativamente, o sea, en porcentajes negativos que superan el 20 y aun el 30 por ciento.
Por otra parte, el Ministerio de Salud, a través de Fonasa, tampoco ha dado señales de preocupación por este tema, al no haber elaborado siquiera una planificación adecuada o un programa para ir corrigiendo y mejorando gradualmente en el tiempo esta situación, de tal modo que en un lapso razonable de tres o cuatro años alcancen niveles de normalidad que permitan la subsistencia del sistema de libre elección sustentada por el Fondo Nacional de Salud.
La situación que hoy estoy denunciando ante esta Honorable Cámara de Diputados, de no tener una pronta decisión del Ministerio de Salud, provocará, de aquí al próximo mes de mayo, la renuncia de los médicos, a través de su Colegio, al sistema de libre elección de Fonasa, con las gravísimas consecuencias, que es fácil de imaginar, al quedar una muy importante y numerosa población de chilenos sin atención médica. Al respecto, debo informar que ya en varias ciudades del país los médicos han renunciado a este sistema de salud pública o lo están haciendo.
Para comprender la o las soluciones a este problema es útil señalar que el 7 por ciento que se descuenta a los usuarios de sus sueldos bases equivalen a 106 mil millones de pesos, de los cuales Fonasa sólo recibe 12 mil millones y el resto va directamente a financiar las actividades del Ministerio de Salud. Por tanto, el 7 por ciento que aportan los beneficiarios, no cumple el objetivo de cubrir este verdadero seguro de salud estatal, que es Fonasa, el que, por estas circunstancias, resulta malo y caro.
Atendiendo, entonces, la crisis que se aproxima en el sistema de salud a cargo de Fonasa, por desafiliación de los profesionales como consecuencia de aranceles que hoy resultan absurdos, y con el afán de colaborar en alguna medida a evitarla, es que me permito solicitar al señor Presidente se envíe, en mi nombre, un oficio al señor Ministro de Salud, conteniendo las siguientes consultas y proposiciones:
Primero: criterios con que Fonasa decretó, discrecionalmente, el último reajuste de aranceles a que me he referido, y si el Ministerio de Salud, escuchando al Colegio Médico, está adoptando medidas de reestudio tendientes a corregir los errores cometidos;
Segundo: si el Ministerio ha elaborado alguna política o lo está haciendo, que hoy no se conoce, de mejoramiento gradual de aranceles en los próximos años que supere, definitivamente, la actual situación de crisis, y
Tercero: conocer el criterio del señor Ministro de Salud en cuanto a nuestro interés compartido por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que ha adoptado acuerdos en esta materia, en el sentido de que los fondos provenientes del 7 por ciento que cotizan de sus sueldos los beneficiarios, sean traspasados directamente a Fonasa, de tal manera que con esta medida tanto las bonificaciones a que tienen derecho los beneficiarios como a mejorar, definitivamente, el valor de los aranceles de las prestaciones de salud.
He dicho.
CONTROL EN EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN COMUNA DE PUENTE ALTO. OFICIO.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.
El señor RIBERA.-
Señor Presidente, el ex parlamentario Maximiano Errázuriz me ha solicitado que, a través de esta Cámara, solicite el envío de un oficio, con el fin de llamar la atención de las autoridades respecto a ciertos problemas existentes en la Comuna de Puente Alto.
Don Maximiano Errázuriz es un hombre que, en forma constante, se ha preocupado de los problemas sociales de Puente Alto; es un hombre luchador, comprometido con el sector social. Ya, en otras oportunidades, se ha contactado con diversas autoridades para plantear la solución de diversos problemas de los habitantes de dicha comuna. Maximiano Errázuriz es un representante de muchos hombres y mujeres de ese distrito y esperamos, realmente, que en la próxima elección él acceda a un cargo parlamentario de esta Corporación. Sería un gran aporte para la institucionalidad chilena.
El problema que hoy nos ocupa se trata de un planteamiento formulado por la Junta de Vecinos del sector de Avenida Gabriela Mistral con calle Vicuña Mackenna, que ha dirigido una comunicación al señor Comisario de la 20° Comisaría de Carabineros de Puente Alto, en el cual ha hecho presente la venta clandestina de licores en diversas botillerías, circunstancia que, indudablemente, atenta contra la tranquilidad de la vida familiar que estos habitantes desean que impere en esa comuna.
En el caso particular que me preocupa, y que me ha planteado el señor Maximiano Errázuriz, deseo solicitar el envío de un oficio a Carabineros de Chile, con el fin de que intensifique el control de la venta de licores en botillerías y otros lugares de dicha Comuna, en especial en una que existe en la calle Júpiter NQ 393.
He dicho.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Me sumo a la petición.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se enviará el oficio en nombre de los señores Diputados.
ADOPCION DE MEDIDAS EN BENEFICIO DE COMUNA DE LONQUIMAY. OFICIOS.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Galilea.
El señor GALILEA.-
Antes de referirme a un asunto de mi distrito, y lamentando que no se encuentre presente el Diputado señor Villouta, quisiera recordar que, en general, los agricultores de Chile le tienen profunda desconfianza a las políticas agrícolas impulsadas por la Democracia Cristiana, porque hace más de una década no fueron muy acertadas. Aunque la Democracia Cristiana ha sufrido eventuales cambios, que indudablemente celebramos, los agricultores visualizan hoy ciertos nubarrones en el horizonte.
Hace un par de semanas tuve 1a suerte de compartir una reunión organizada por la Unión de Juntas de Vecinos de la Comuna de Lonquimay, en la Novena Región. En ella fueron planteadas una serie de necesidades de esa zona, como también las soluciones anheladas por sus habitantes, algunas de las cuales he conocido en mis visitas a esta comuna.
Es bien sabido que Lonquimay fue duramente azotada por la erupción del volcán vecino a esa localidad, que si bien hoy no produce efectos negativos directos, por cuanto ocurrió hace algunos años, el fenómeno "gatillo" un problema social que, con el paso del tiempo, se ha vuelto realmente grave. Pocas comunas como Lonquimay necesitan de más ayuda y preocupación de parte de las autoridades de Gobierno.
Lonquimay es una comuna con características especiales, tanto de su geografía como de su gente, que haría pensar a cualquiera que está frente a un problema de difícil solución. Sin embargo, los que conocemos su actividad y la capacidad de sacrificio de su población, sabemos que mediando cierta ayuda especial, podría comenzar a superar aquella situación de profunda y conmovedora pobreza.
Esta comuna de gran extensión, 3.800 kilómetros cuadrados, la más extensa de la Novena Región, cuenta con aproximadamente 10.200 habitantes, y tiene un porcentaje de población rural muy alto, principalmente constituido por pequeños ganaderos, y cuenta también con numerosos poblados, como Icalma, Lucura, Pedregoso, Troyo, Ranquil y Contraco, entre otros, cuya población también se dedica a la ganadería y a la leña, cada día más escasa.
Las grandes distancias entre estos poblados hacen necesario aumentar la infraestructura en postas, escuelas, agua potable, electrificación, como también atender especialmente las necesidades de vivienda, mantención y reparación de caminos, etcétera.
Sin embargo, señor Presidente, el mayor problema de la gente que vive en esta zona fronteriza es la falta de fuentes de trabajo, por lo cual es necesario estudiar las formas que permitan ocupar a la población, única manera de superar la creciente pobreza.
Por otra parte, y como soluciones globales, en la reunión sostenida con la unión comunal se plantearon una serie de proyectos, anhelos de la comuna y por los cuales quisiera interceder ante las autoridades, a fin de que sean sometidos a la consideración del Gobierno.
Entre éstos está, por cierto, la habilitación permanente del faro internacional de Pino Hachado, que le abriría expectativas al turismo y estimularía el comercio de la zona. Este proyecto, en principio, sería tan fácil como disponer de la maquinaria necesaria para mantener el paso operable todo el año.
Otro anhelo de esa comuna es la implementación de un banco ganadero, que permitiría reponer la masa ganadera perdida, fundamentalmente, por las consecuencias de la erupción volcánica. De otra forma, la actividad principal de la zona continuará en peligrosa disminución y decadencia. Personalmente, estimo que ésta es quizás la única forma de reactivar la ganadería con la consecuente repercusión social; y para llevarla adelante se hace imprescindible contar con el patrocinio del Ejecutivo.
Una tercera iniciativa y a la que tampoco veo grandes dificultades, es establecer esta comuna como zona de exención tributaria y aduanera para incentivar, de esa forma, la instalación de industrias o fábricas. Con ello, se captaría mano de obra, se impulsaría el comercio y, en general, se reactivaría económica, social y culturalmente a la comuna de Lonquimay.
También para esta idea es necesaria la iniciativa del Gobierno. Esto último vendría a paliar el proyecto FAO, de manejo de cuencas y desarrollo rural, que lamentablemente se ha ido desvaneciendo, de bido a que, en forma anómala y preocupante situación que estoy investigando, se decidió otro camino, por la falta de financiamiento.
Podría extenderme mucho más respecto a esto y otras medidas que la comuna anhela, en especial, la priorización de los proyectos presentados por la Ilustre Municipalidad de Lonquimay, destinados a mejorar la precaria condición de vida de sus habitantes.
Confiado en que muchas de estas medidas contarán con el respaldo de las autoridades regionales, me permito solicitar el envío de los siguientes oficios:
Ia.- Al Ministro de Economía para que, a través de Corfo, se estudie la posibilidad de implementar en la zona de Lonquimay un banco ganadero con las características del que actualmente funciona en Coihaique.
2a.- Al Presidente de la República, a fin de que la comuna de Lonquimay, sea declarada zona de exención tributaria y aduanera por un período de 10 ó 15 años, a fin de permitir la reactivación de este sector cordillerano.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se enviarán todos los oficios solicitados por Su Señoría.
NEGOCIACIONES BILATERALES INTERNACIONALES. OFICIO.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
El Diputado señor Caminondo ha hecho entrega de su intervención. En consecuencia, en conformidad con lo acordado por la Sala, será incorporada al Boletín de Sesiones.
La intervención del señor Caminondo es la siguiente:
El señor CAMINONDO.-
Señor Presidente, en relación con las negociaciones bilaterales de carácter comercial que está llevando a cabo el Gobierno con diversos países, he considerado necesario llamar la atención de los señores parlamentarios sobre el significado de éstas.
En los últimos meses se ha observado un mayor énfasis en la estrategia de apertura al exterior. En tal sentido se inscriben los acuerdos marco celebrados en México, Venezuela y Argentina.
Estos acuerdos apuntan a una desgravación arancelaria gradual, hasta llegar a un arancel cero en 1995, dentro del contexto de estructuración de un mercado común.
Sin embargo, esta negociaciones, mayormente impulsadas por motivaciones políticas, encierran ciertos riesgos para algunas áreas de la economía nacional.
Este es el caso del sector agrícola, especialmente el relativo a producción triguera.
Ella está protegida de las distorsiones de precios del mercado internacional por una banda de precios. Pero la no incorporación de la harina y sus derivados a las listas de productos excepcionados de las negociaciones, constituye una vía subrepticia para eludir los efectos de las bandas de precios, destruyendo los logros alcanzados gracias a la política triguera vigente. Esto, que está presente en las actuales negociaciones con México, hoy no es peligroso, pero sí lo será en las negociaciones con Argentina, al quedar la puerta abierta para que ésta invoque el precedente. Ello, sin perjuicio de la condición mexicana, como gran productor y a veces exportador de trigo y sus derivados.
La situación actual del mercado triguero nacional, con claros síntomas de una cosecha deficitaria, es propicia para justificar una actitud conciliadora por parte de los negociadores chilenos, y no enfatizar en la necesidad de eliminar la harina y sus derivados de la lista de productos que serán favorecidos por la desgravación arancelaria.
En mi calidad de representante de un distrito eminentemente agrícola, es mi deber representar esta situación a las autoridades de Gobierno, a fin de que en las negociaciones que a este respecto se efectuarán, se tenga en cuenta el daño insospechado que se puede producir en este sector, en el futuro.
Acorde con lo anterior, solicito se oficie en mi nombre y en el de mí bancada a los señores Ministros de Hacienda, Agricultura y Relaciones Exteriores para que se sirvan tener presente las aprensiones aquí enunciadas.
He dicho.
HOMENAJE A LA POETISA GABRIELA MISTRAL, PREMIO NOBEL DE LITERATURA, EN EL CENTESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU NATALICIO.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, a 102 años del natalicio de Gabriela Mistral, quiero recordar su nombre en esta Cámara de Diputados y rendirle el más sentido de los homenajes.
A 102 años de su nacimiento, nos encontramos recién dando los primeros pasos en el conocimiento de su compleja y mágica personalidad. Su inmensa obra de humanidad; la actualidad permanente de sus afirmaciones sobre los problemas del niño y la educación; la defensa de la naturaleza; su comprensión por los más débiles o faltos de amor, por los que sufren; sus rasgos de bondad, de ternura, afecto, sencillez, austeridad; su auténtico amor a la Patria y a Dios, se hallan escritos en el cuaderno imperecedero del tiempo.
Nada en ella pasó inadvertido y al tocar con su verso las cosas más insignificantes, en apariencia, las iluminó de humanidad y de belleza, como si ella tuviera ojos distintos para ver lo que otros no vemos.
Vivió Gabriela su infancia en comunión con la tierra de su amado valle de Elqui, "ceñido de cien montañas o más, que como ofrendas o tributos arden en rosa o azafrán". Allí aprendió del paisaje la canción del río claro, la dulzura de sus frutos y las lecciones bíblicas enseñadas por su abuela paterna.
Jamás olvidó su infancia en el valle, sus cerros, el resplandor del cielo, los pavos reales, el ciervo y el faisán.
Prestigio, sólo prestigio, gloria verdadera dio Gabriela a Chile, pero ella recibió casi siempre amarguras e incomprensiones.
Cuando el Gobierno de México, en 1922, la invitó a su país, un Diputado, informado de que ella no disponía en absoluto de dinero para sus gastos personales, presentó en la Cámara una moción para que se le diera la suma de 5 mil pesos, idea que sólo obtuvo sonrisas e ironías. Sin embargo, en la misma sesión se aprobaban dos comisiones para Europa y cada uno de los agraciados llevaba su familia y servidumbre.
Mientras México hizo la más trascendental reforma educacional con su colaboración, en Chile jamás se la requirió oficialmente para nada de la enseñanza. Sin embargo, Gabriela, la incansable conservadora, la fabulosa, la soñadora, la de un refinado humor y de una ágil ironía, "en las lunas de la locura recibió reino de verdad".
Tengo la suerte de haber nacido muy cerca de donde Gabriela duerme en gloriosa eternidad, casi al pie del cerro El Fraile, en Monte Grande, nominado desde el 7 de abril "Gabriela Mistral", accediendo al deseo de la poetisa, en carta a mi amiga Isolina Barraza de Estay. "No quiero monumentos ni viva ni muerta; si quieren pueden ponerle mi nombre a uno *de los 500 cerros sin nombre de mi valle de Elqui".
Para llegar hasta Monte Grande desde La Serena, hay que recorrer en automóvil más de 20 kilómetros de tierra y rocas, por un camino de apenas 3 metros de ancho, 100 curvas y abismantes alturas.'
Cuando Gabriela nos visitó por última vez, en 1954, durante un banquete que Vicuña, su ciudad natal le ofreció, ella, dichosa y entusiasmada, pidió enviar un telegrama al Presidente, don Carlos Ibáñez del Campo, solicitándole la pavimentación del camino a Monte Grande. Han transcurrido 37 años y el camino sigue igual. Ella ya no está ni tampoco el Presidente Ibáñez, pero quedamos nosotros para auspiciar la pavimentación de este camino, para hacer una realidad este anhelo de los elquinos.
En honor a lo anterior, es que vengo a solicitar a S.E. el Presidente de la República, señor Patricio Aylwin Azocar, disponga la pavimentación del camino de Rivadavia a Monte Grande, dando así la respuesta de un mandatario a la justificada solicitud de la inmortal Gabriela y de ese modo Chile le estaría rindiendo el más justo de los homenajes.
He dicho.
Aplausos en la Sala.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Solicito que se adjunte al oficio la intervención del Diputado Munizaga.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Así se procederá.
Tiene la palabra el Diputado señor Pérez, don Juan.
El señor MUNIZAGA.-
Solicito una interrupción, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
El Diputado Munizaga le solicita una interrupción, señor Diputado.
El señor PEREZ (don Juan Alberto).
Le concedo la interrupción.
El señor MUNIZAGA.-
Solicito que se envíe copia de mi intervención al señor Ministro de Obras Públicas.
El señor VIERA-GALLO (Presente).-
Así se procederá.
FINANCIAMIENTO PARA PROGRAMAS DE VIVIENDAS EN LA DECIMA REGION. OFICIO.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Alberto Pérez.
El señor PEREZ (don Juan Alberto).-
Señor Presidente, Honorables colegas:
En la provincia de Chiloé, específicamente en las ciudades de Ancud y Castro, desde 1988 se ha estado llamando a propuesta pública por el Ministerio de la Vivienda, para dos programas de construcción de viviendas, sumándose un total de seis licitaciones, declaradas desiertas al no presentarse oferentes privados para su ejecución.
En la ciudad de Castro se ha estado licitando un programa tradicional del Ministerio, por un total de 90 viviendas, con un valor a suma alzada de 299 U.F. cada una, lo que da un total de 26.100 U.F. En cambio, en la ciudad de Ancud, se ha llamado a un programa para viviendas progresivas que comprendería la construcción de 110 unidades, con un valor de 120 U.F., cada una en su primera etapa, lo que involucra un presupuesto total para este programa de 13.200 U.F. La suma de ambos programas representaría entonces una inversión de 39.300
U.F., cifra importante que contribuirá en parte a solucionar el problema habitacional de estas dos ciudades, pero insuficiente para la isla en general, puesto que en varias de las capitales de las ocho comunas restantes existen problemas del mismo orden, aun cuando de menor magnitud. Por lo tanto, el monto considerando para estos dos programas resulta insuficiente también. Prueba de ello son los resultados de las licitaciones. Está de más señalar la inmensa preocupación de las familias postulantes, todas ellas de modestos recursos, respecto del futuro de estos dos programas. Es increíble la falta de resolución que los funcionarios del Ministerio han demostrado, quienes a pesar de contar con tres experiencias en la Administración anterior, insisten en continuar con la misma práctica, inútil, sin modificar las bases de la propuesta, en donde se centra la dificultad. La excesiva teorización de los costos de construcción, las dificultades geográficas y climáticas de la provincia de Chiloé, la rigidez del sistema dentro de la región, el desconocimiento general de éstas y otras variables, sin duda han sido los factores más importantes en las consecución de los resultados que toda obra pública lleva en sí.
Las 200 familias que se beneficiarían con estos dos programas han esperado ya lo suficiente. Es hora de que el Ministerio, con un mínimo de voluntad, adicione los mayores recursos que requieren estas propuestas: 20 U.F. más para cada vivienda en Castro y 10 U.F. más para cada vivienda en la ciudad de Ancud. Esa sería la solución.
En consecuencia, en nombre de los Diputados de Renovación Nacional de la Décima Región, pido se oficie al Ministro de la Vivienda en los siguientes términos:
Primero, que se estudien en un plazo breve los mecanismos adecuados para asignar los mayores recursos que estos programas requieren.
Segundo, que los futuros llamados a propuesta pública consideren las condiciones climáticas de esta zona del país, a fin de que las obras se ejecuten en los meses de primavera y verano.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.
INFORMACION SOBRE SITUACION DE PERSONAL MUNICIPAL. OFICIO.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
El Diputado señor Navarrete ha entregado su intervención, la que, de conformidad con el acuerdo de la Sala, será incluida en la versión oficial.
El texto de la intervención es el siguiente:
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, voy a referirme en esta oportunidad a una irregularidad, por no decir ilegalidad que está cometiendo el Gobierno y, particularmente, el Ministro del Interior por incumplimiento de los artículos 1° y 2° transitorios de la Ley 18.883 "Estatuto para los Funcionarios Municipales".
En efecto, el artículo transitorio delegó en el ‘Presidente de la República por el plazo de 60 días, contados desde la publicación de la Ley, de 29 de diciembre de 1989, la facultad de adecuar y modificar las plantas y los escalafones del artículo 7° permanente del Estatuto para los Funcionarios Municipales.
¿Qué dice este artículo 7a permanente? Dispone que en cada Municipalidad sólo podrán existir personal en los siguientes escalafones:
Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares.
En concreto, quiere decir que desaparecen los escalafones de jefatura y mayordomos que existían en la anterior ley. En el artículo 1° transitorio como ya dijimos no se está cumpliendo, se establece con claridad meridiana la operatoria y procedimiento para esta adecuación de las plantas.
Por su parte, el artículo 2a transitorio, igualmente faculta al Presidente de la República para que en este mismo plazo, 60 días, incluya en esta adecuación de plantas al personal que se desempeña actualmente a contrata en las municipalidades y siempre que correspondan a la organización estable de la municipalidad.
También el artículo 2° transitorio establece la operatoria y procedimientos para que este personal a contrata pase a la planta permanente.
Por último, la ley en análisis suprimió total o absolutamente la calidad jurídica del "empleado a contrata" asimilado a grado existente en la normativa anterior.
Sólo permite, en consecuencia, el contrato de personas a base de honorarios y a ellos no les son aplicables las normas del Estatuto Administrativo.
El Gobierno pasado, cumplió con los 60 días que se concedió al Presidente de la República para proceder a la adecuación de plantas y encasillar al personal a contrata que le fijó la ley y se dictaron los decretos a que hacen mención los artículos 1° y 2° transitorio.
¿Qué sucedió? Que la Contraloría General de la República devolvió sin tramitar algunos pocos decretos alcaldicios, por errores formales.
El error más común consistió en que la Contraloría observó que respecto del número de personas a contrata que correspondía pasar a la planta, no eran coincidentes las cifras Municipales. Vale decir, un error formal. En esta fase de la tramitación se produjo el cambio de Gobierno.
¿Y que pasó entonces? El Ministerio del Interior retiró todos los decretos alcaldicios en trámite en la Contraloría y los archivó. La mayoría de ellos los tiene archivados aún, sin haberlos devuelto a las municipalidades para que se corrigieran estos errores menores. De esta manera, no hay adecuación de plantas y se mantiene personal a contrata.
Esta actitud del Ministerio del Interior ha tenido las siguientes consecuencias.
a)Se ha impedido que numerosos funcionarios de la planta permanente hayan podido acceder a grados superiores por no haberse aprobado la adecuación de plantas.
b)Más de dos mil funcionarios a contrata se mantienen en situación de inestabilidad funcionaría y pesa sobre su persona no saber si mañana va a quedar cesante, desde el momento que el Alcalde puede darle por terminado el contrato por su mera voluntad.
Sé que más de algún parlamentario de gobierno va a salir con el gastado argumento de que es una situación heredada del gobierno anterior, y va a preguntar ¿qué hicieron durante 17 años? y toda la supersabida y repetida monserga descalificatoria que a nadie convence y nada soluciona.
El Gobierno anterior y el anterior al anterior y el actual y el que vendrá siempre van a dejar problemas pendientes de solución.
Sinceramente no creo, ni con mucho, que el Gobierno del Presidente Aylwin vaya a solucionar "todos los problemas", de "toda la gente", "al mismo tiempo", como tan livianamente lo ofrecieron en la campaña parlamentaria pasada.
De hecho, la ciudadanía ya se está cansando de muchas llamadas a la paciencia, y a la espera resignada.
Con todos los antecedentes que he expuesto solicito que en nombre de los Diputados de Renovación Nacional se oficie al señor Ministro del Interior, remitiendo copia de esta intervención y para que informe concretamente lo siguiente:
1°.La fecha y los motivos por los cuales la Contraloría General de la República devolvió sin tramitar los decretos alcaldicios sobre adecuación de plantas y encasillamiento del personal a contrata.
2°.Número de funcionarios a contrata en las Municipalidades existentes al 30 de marzo de 1991.
3°.Las acciones y el plazo que tiene previstos para regularizar la situación descrita y dar así cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° transitorios de la Ley 18.883.
He dicho.
PRORROGA DE PAGO PARA DEUDORES DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS. OFICIO.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURIkA.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
Durante el gobierno militar se hicieron grandes avances en materia de agua potable y alcantarillado, y se entregó a un número importante de chilenos una vida más digna, acorde; con un ser humano.
En la provincia de Huasco, se efectuaron grandes adelantos en esta materia, quedando casi con el 98 por ciento de cobertura en agua potable y alcantarillado.
Durante este Gobierno, gracias a los recursos recaudados por la solidez de la economía de este país, como también por la reforma tributaria apoyada por Renovación Nacional, por el decreto supremo N® 995, se ha dispuesto un sistema de renegociación y subvención para todas las personas que han recibido viviendas e infraestructuras sanitarias, de acuerdo con la ley N° 18.138, mediante el cual, con el pago de una cuota variable el deudor se hace dueño definitivo.
Esta iniciativa, que tiene un fin muy loable, se ve coartada por el hecho de que, por tratarse de familias de muy escasos recursos, no podrán acceder al beneficio por no disponer del dinero que establece la legislación vigente, de inmediato o hasta el 30 de abril como plazo máximo, con lo cual esta noble iniciativa quedaría trunca..
Por ello, vengo en solicitar se envíe un oficio al Ministro del Interior, a fin de que estudie la posibilidad de permitir que, al menos para aquellos deudores de infraestructuras sanitarias, ubicados en los grupos B y C; es decir, de 5 mil a 8 mil pesos y de 10 mil a 15 mil pesos, se les permitan pagar, a lo menos, en cuatro cuotas mensuales.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
ACTITUD DE ALGUNOS PARLAMENTARIOS EN APROBACION DE PROYECTO DE LEY
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Señor Presidente, hoy día, la Honorable Cámara de Diputados se ha abocado al estudio del proyecto de ley que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal.
Con extremado asombro hemos visto la posición que han tomado algunos Diputados de la Democracia Cristiana, quienes, lamentablemente, son vecinos del distrito que represento. Me refiero específicamente al Diputado Palma, don Andrés por San Joaquín, Macul y La Granja; al Diputado Seguel, por San Miguel, y al Diputado Yunge, por Puente Alto. Ellos no participaron en la aprobación de estas indicaciones por un problema de sectarismo, que esta Honorable Cámara repudia en todos sus hechos, pues introdujeron dos indicaciones que fueron rechazadas por la Honorable Cámara. Debido a esta circunstancia, ellos contribuyeron al rechazo de este proyecto tan anhelado por el Ejecutivo y por el país entero, que presentó Renovación Nacional.
Debo recordar que estas indicaciones fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Los parlamentarios mencionados, en reiteradas ocasiones han entorpecido el procedimiento de la Honorable Cámara de Diputados cuando se pide la unanimidad. Al no ser escuchados en su indicación, que se podría llamar una indicación telefónica, porque primero debían llamar por teléfono para avisar a Carabineros o al Juez de lo que estaba sucediendo. Ello era absolutamente imposible de hacer, sobre todo en Puente Alto, donde el Diputado Yunge conoce muy bien su distrito, o aparenta conocerlo.
DECISION SOBRE CONSTRUCCION DE LINEA 5 DEL METRO. OFICIO.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Señor Presidente, me voy a referir a un tema que, en verdad, ya no resiste más análisis. Se trata de la línea 5 del Metro.
Su Excelencia el Presidente de 1a República, se ha dirigido en un viaje especial a Europa, en el cual contempla una pasada oficial por Alemania y una no tan oficial por Francia. Digo no tan oficial, porque ignoro si va a ser recibido por el Presidente de Francia. El se había comprometido, a través del Ministro de Transportes, a pronunciarse en relación con este proyecto, antes de su viaje a Europa. Más de cuatro millones de habitantes, como lo dijo el señor Otto Dorr en un programa de televisión, estaban esperando que se pronunciara en relación con la construcción de línea 5 del Metro. No con quién se iba construir, sino sólo al hecho de que se haría. Ya se han terminado todos los estudios de todas las comisiones interministeriales que este Gobierno tanto avala. Ahora, esperamos con optimismo que el Presidente, durante su viaje, pueda estudiar las conclusiones de dichas comisiones, a fin de que, a su regreso, se pronuncie, porque éste ha sido un clamor general.
Muchos parlamentarios discuten que se favorece a 400 mil, 500 mil, o un millón de personas. En verdad, el siquiatra Otto Dorr ha dado en el clavo al decir que aquí se favorecen a más de cuatro millones y medio de habitantes, porque se favorece la descongestión en el centro de Santiago y constituye el primer avance concreto en la descontaminación de la capital, que va agonizando lentamente.
Señor Presidente, por su intermedio solicito que se oficie al Vicepresidente de la República, para que Su Excelencia, en cuanto llegue, se manifieste en relación con este proyecto, en un plazo no superior a 10 días, porque va a tener todos los estudios de las diferentes comisiones interministeriales que él mismo convocó y, al mismo tiempo, las proposiciones tanto del Gobierno francés, que todos conocen con la banca privada francesa, y del consorcio alemán-mexicano, a fin de que se pronuncie si se va a realizar este proyecto.
Lo más importante es tomar decisiones, positivas o negativas, pero no se pueden dejar los temas así en el limbo, porque realmente causan un daño importante en la ciudadanía.
En la Florida, por ejemplo, han subido las propiedades porque van a quedar a dos o tres cuadras de la estación del Metro. No se puede seguir engañando a la gente. Es necesario tomar una decisión definitiva respecto de la construcción de la línea 5 del Metro.
Con Su Excelencia el Presidente de la
República, ya he tenido variéis conversaciones en relación con este tema, y aún no ha tomado una decisión concreta.
En otra sesión, porque se acaba el tiempo, abordaré el tema de la unión comunal de La Florida, en la que estamos pasando por momentos muy difíciles.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL PENDIENTES EN EL DISTRITO 57, DECIMA REGION. OFICIO.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Gracias.
Señor Presidente, quiero referirme a los proyectos de electrificación rural pendientes en mi distrito.
He recibido un oficio del señor Sergio Molina Silva en que me informa que hay siete proyectos de electrificación uno, en etapa ejecutada y los otros en evaluación en el distrito que represento, en circunstancias que sé de qué se han presentado, aproximadamente, 24.
Pido que se envíe oficio al señor Ministro de Planificación y Cooperación respecto de los siguientes proyectos de electrificación rural pendientes, para que sean evaluados por la Oficina de Planificación, además de los ya considerados.
En la comuna de Puerto Montt, los proyectos de Chaicas-Yerbas Buenas, Lenca interior, Metri Metri, Pichiquillaipe interior, San Antonio-Cumbre Cortada, Trapén interior, Isla Maillén, desde Panitao.
El único proyecto que se está ejecutando es el de El Gato Chaquihue.
En la comuna de Calbuco, los proyectos de San Agustín, Huito, Putenío, Rulo, Isla Guar, Isla Puluqui, Isla Quihua, en general; San José, San Antonio, Yaco Alto y Bajo, en particular; Chayahue interior, hacia el este.
En la comuna de Maullín, los proyectos de Chuyaquén, El Arrayán, Astillero interior, Carelmapu interior, Quenuin-Chaquihuan, Cadiquín interior, La Pasada costa, hacia el oeste.
En la comuna de Cochamó, los proyectos de interconexión de Cochamó a partir de Canutillar, hasta Río Puelo, considerando los lugares intermedios y la extensión a partir de Cochamó; El Bosque, Cayutúe y Puelo, aguas arriba y hacia Puelche Yates hasta Contao.
Gracias.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.
ANTECEDENTES SOBRE FONDO DE ESTABILIZACION DEL PRECIO DEL PETROLEO. OFICIO.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, en esta oportunidad, me referiré a la ley que creó el Fondo de estabilización del precio del petróleo.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Perdón, señor Diputado. Resta un minuto al Comité de Renovación Nacional.
El señor VILCHES.-
En honor al tiempo, sólo señalaré los puntos sobre los cuales quiero que se oficie al señor Ministro de Minería.
En virtud de la facultad que me otorgan el artículo 9° de la ley N“ 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y los artículos 301 y 302 del Reglamento de la Cámara, es necesario que informe respecto de los siguientes aspectos relacionados con el Fondo de estabilización del precio del petróleo.
1°.Criterios y antecedentes utilizados en la fijación de los precios de referencia. En particular, interesa conocer la serie de precios históricos y futuros considerados, la individualización de los mercados referidos para la determinación de dichos precios y de las fuentes consultadas sobre las perspectivas futuras del mercado.
2°.Recursos acumulados en el Fondo, a la fecha, montos y destinatarios de las transferencias que semanalmente se hubieran efectuado desde su creación.
3°.Monto de los recursos transferidos a la Enap, en virtud del artículo 1°, transitorio, de la ley N° 19.030.
4°.Estadística de precios de venta de la Enap para los distintos combustibles vigentes mensuales, desde enero de 1990 a la fecha.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Diputado don Teodoro Ribera presida la sesión, mientras hago uso del tiempo del Comifé del PPD, PS y Partido Humanista.
Acordado.
El señor RIBERA.-
Muchas gracias, colegas, por la confianza depositada en mí.
REPUDIO AL TERRORISMO. ANTECEDENTES.
El señor RIBERA (Presidente accidental).-
El tumo siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia, Partido Socialista y Partido Humanista.
Tiene la palabra el Diputado don José Antonio Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, quiero aprovechar esta ocasión para manifestar, una vez más, nuestro repudio más categórico al terrorismo que en este momento viene del sector de la ultraizquierda.
Hace ya varios meses, fui uno de los primeros que hizo presente en la Sala el problema del extremismo de izquierda, que está preparado para realizar acciones de carácter terrorista, y las realiza. Mencioné, especialmente, al grupo Lautaro y, con menor énfasis, al frente autónomo Manuel Rodríguez.
Hoy, la amenaza se ha hecho realidad y es importante manifestar que todas las fuerzas políticas condenan estos hechos, con excepción de la política ambigua del Partido Comunista, como ha indicado muy bien el Diputado don Eugenio Ortega
Sobre esto, deseo decir que es muy significativa la reciente aprobación de la Cámara al proyecto de ley que entrega nuevas facultades a Carabineros e Investigaciones, para reprimir no sólo la delincuencia sino también el terrorismo.
Es natural que algunos Diputados de la Concertación, por la experiencia vivida en el pasado, hayan planteado dudas respecto del uso que se pueda dar, en determinados casos, a las nuevas facultades. Pero, las votamos a favor en el convencimientos de que tanto Carabineros como Investigaciones harán uso adecuado de la confianza que el Presidente de la República y el Parlamento les han entregado.
Para concluir, manifiesto que nuestro combate al terrorismo tiene que apuntar a identificar con claridad el fenómeno, tanto en su naturaleza específica como en el número de personas involucradas.
Aunque no está claro, la prensa atribuye a fuentes de las Fuerzas Armadas un documento que alude a la existencia de 2.700 extremistas con instrucción y armamento.
El Comandante en Jefe del Ejército ha invitado a una reunión para el viernes a los integrantes de las Comisiones de Defensa de la Cámara y del Senado y a las Mesas de ambas Corporaciones, y en que se expondrá la visión que esa institución tiene sobre este fenómeno. Creo que esta reunión es de la más alta importancia para entender con precisión su actitud respecto del problema o su forma de enfocarlo.
En la publicación que aparece en "El Mercurio" de hoy día, al menos, a mi juicio, hay una magnificación en lo que se refiere al número de extremistas. Si por tales se entiende, como dice este recorte de prensa, a personas que han tenido una preparación militar, particularmente en Cuba, y que han participado en acciones bélicas en Nicaragua, en El Salvador, en Angola, o en algunas otras partes, no cabe duda de que no podemos estar hablando de 2.700. Que dicho número de personas hubieran seguido el curso regular de oficiales en el ejército cubano, es algo que está fuera de toda proporción. No creo que ayude al combate del terrorismo magnificar el peligro que tenemos por delante; estimo que no se puede negar el fenómeno muy por el contrario; pero, al mismo tiempo, debemos decir qué es lo que realmente estamos enfrentando, porque si no, se produce desaliento. Si uno piensa que en Chile hay 2.700 personas con capacidad bélica y un armamento sofisticado, no hay duda de que estaríamos ante una situación de gravedad extrema. Creo que, siendo grave la situación, estamos enfrentados a grupos minoritarios de carácter extremo; particularmente, a algunas personas que, como indica el Informe Rettig, fueron formadas especialmente en el curso normal de los oficiales del ejército cubano; pero que, por lo menos, representan algo así como el 10 por ciento del número al cual se refiere el artículo de prensa.
Con esto, en ningún caso quiero restar importancia a la amenaza terrorista; al contrario, creo que saber de qué precisamente estamos hablando nos ayuda a enfrentarla con eficacia. Puede ser que haya muchas más personas que participen en organizaciones terroristas en un grado menor. Sería el caso de los ayudistas, o de aquel que pudo haber realizado un curso de instrucción militar hecho a la ligera en el barrio, de un nivel distinto; pero no es a lo que se refiere la información de prensa del día de hoy.
Por eso, será útil la sesión de mañana sobre el terrorismo, y será útil también la reunión del viernes en la Academia de Guerra del Ejército.
El señor RINGELING.-
¿Me permite una interrupción?
El señor VIERA-GALLO.-
Con su venia, señor Presidente, se la concedo.
El señor RIBERA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.
El señor RINGELING.-
Señor Presidente, creo que tampoco es conveniente minimizar ese tipo de informaciones, porque unas bastante fidedignas dan cuenta y usted lo puede saber; no en concreto, porque es muy difícil de que en Cuba se entrenó gran cantidad de chilenos en escuelas de guerrillas, en cifras que bordean entre quinientas y mil personas, según informaciones extraoficiales muy difíciles de comprobar. Ahora, si presumimos que esas personas, a su vez, llegaron a Chile con la misión de entrenar a otros chilenos que participaban en estos grupos extremistas, no podemos dejar de pensar que esa cifra puede ser aún superior; no tenemos por qué decir que esos terroristas preparados hayan sido oficiales o que hayan participado en determinadas acciones en el extranjero; pero no tenemos por qué descartar que exista gran cantidad de chilenos que estén en esos grupos extremistas y posean preparación militar y una cantidad de armas que los hagan peligrosos. Tampoco quiero como usted dice exagerar; pero no quisiera que quedara la sensación de que es simplemente una exageración sin base, porque no tenemos una base clara para sostener ninguna de las dos posiciones.
Muchas gracias.
El señor RIBERA (Presidente accidental).-
Retoma la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Concuerdo con eso, pero me parece que si no hay una base clara, ciertos titulares de prensa no ayudan a orientar a la ciudadanía, sobre todo por el tipo de información que se da. Por ejemplo, se dice que en Chile habría aproximadamente 1.700 miristas, de los cuales unos 700 contarían con instrucción paramilitar. Creo que cualquier persona que esté informada de la situación que ha vivido el MIR, de sus divisiones sucesivas, de la cantidad de gente que ha dejado de participar en esa organización, se da cuenta de que aquí al menos, a mi juicio se está hablando de una cifra muy superior a la realidad. Pero, más allá de eso, me parece importante tratar, además, de determinar cuáles son los instrumentos más eficaces para combatir el terrorismo; fuera de aquellos propiamente judiciales. Y hoy día, en esta Cámara, hemos dado un paso significativo al aprobar el proyecto al cual hacía referencia. Hay algunos otros que tienen que ver con reformas legales en materia de procedimiento judicial. El Gobierno ha preparado un proyecto que, a mi parecer, es de gran trascendencia, pero que, desgraciadamente, no pudo enviar junto con el que aprobamos no obstante, espero que llegue lo antes posible. En él se recogen los avances de la legislación italiana, alemana y española sobre la materia, en el sentido de otorgar una penalidad inferior al terrorismo que se arrepiente y que entrega información al Gobierno y a la policía para impedir que siga cometiéndose este tipo de acciones. La medida ha demostrado ser un elemento muy eficaz en todas las luchas contra el terrorismo, porque más allá de la brutalidad del hecho delictual que significa, detrás de él hay una causa política, respecto de la cual, por muy aberrante, por muy absurda, por muy criminal o antihumana que sea, como que puede traducirse después en acciones delictivas, lo fundamental es tratar de debilitar en el grupo terrorista esas convicciones políticas e inducirlo a la convicción de que ha fracasado. Y no hay duda de que se da en gran medida la pérdida de solidaridad del grupo cuando alguno de sus miembros, voluntariamente, se retira de la organización, delata a las personas que forman parte de ella, y colabora de esa forma con el Estado y con la policía a poner fin al terrorismo.
Ese proyecto de ley lo conocerá la Cámara dentro de poco y espero que pueda contar con la aprobación unánime, puesto que puede ser un arma muy eficaz en la lucha contra ese flagelo.
Tampoco quisiera terminar sin decir que en Chile, en el pasado, existió un terrorismo de Derecha. Ese terrorismo tuvo expresiones muy brutales en la época del Presidente Allende. Si uno hace una lista de las personas que sufrieron atentados a la vida durante el Gobierno de la Unidad Popular, la inmensa mayoría son personas de Izquierda. Esos terroristas de Derecha, que estuvieron principalmente vinculados, como lo reconoce hoy día el propio Informe del Ejército, con el atentado al General Schneider y con otros hechos criminales, fueron indultados durante el Gobierno anterior, y hoy día no aparecen organizados y activos. Eso es verdad. Hoy día la amenaza terrorista viene fundamentalmente de la ultraizquierda; pero existe una serie de síntomas entre ellos el ataqué de que fueron víctimas los dirigentes del Partido por la Democracia de Parral hace algunas noches atrás de que una cierta actividad de carácter violento, por parte de algunos grupos de extrema Derecha, también está cobrando nueva vida en el país. Por eso como lo demuestra la experiencia de otros países, no por poner hoy día nuestra atención en la amenaza que viene de la ultraizquierda, debemos dejar de tener cuidado de que puede provenir también de la extrema Derecha.
Estoy cierto de que la misma claridad con que nosotros hemos condenado al terrorismo del ultraizquierda, la tendrán los partidos de Derecha presentes en la Cámara para condenar categóricamente cualquier acción terrorista que pudiera provenir o que ya está proviniendo de parte de la ultraderecha.
En ese sentido, me hubiera gustado mucho escuchar palabras de solidaridad con los dirigentes del Partido por la Democracia, de Parral, que fueron víctimas de acciones de algunas personas vinculadas a Colonia Dignidad, una de las cuales, por lo menos, se encuentra detenida hoy día.
Muchas gracias.
Señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Alessandri.
El señor RIBERA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-
Señor Presidente, sumándonos a las palabras del Diputado Viera-Gallo, rechazamos absolutamente todas las situaciones de violencia de la extrema Derecha.'
En el caso particular del atentado al Presidente del Partido por la Democracia, en Parral, hay que señalar que, en ningún caso, es un atentado de extrema Derecha, ni tampoco un atentado terrorista. Son diferentes circunstancias el estado de ebriedad que el estado de terrorismo, en especial cuando, realmente, un grupo de personas se está preparando para partir a una cacería de conejos y han sido influenciadas por el alcohol. Es distinto. De allí que, en menos de 24 horas, ya están todas las personas confesas y entregadas a la policía. Ahora deben asumir las consecuencias. Pero los mismos atacantes de los dirigentes del Partido por la Democracia se han entregado a la justicia, y su actitud ha recibido un absoluto rechazo por parte de la Derecha. Tanto es así que, realmente, nosotros dudamos de que existan en este momento organizaciones de extrema Derecha, y haremos todo lo posible para que nunca, jamás existan. En caso de que así ocurra, tendremos fuentes propias de información para denunciarlas en el acto.
De manera que ésta es una lucha que estamos dando todos los partidos democráticamente elegidos, con representación parlamentaria, y que nosotros sustentamos. Y lamentamos la posición de algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana ya lo dijimos; no creo que esté de más repetirlo en relación con este problema en particular. Al mismo tiempo, nos complace también que, en este momento, el Ministro del Interior sea el señor Enrique Correa. Y nos alegramos realmente porque, en estos 20 días de ausencia de Su Excelencia el Presidente de la República, él tendrá una decidida posición o dirección frente al terrorismo. Esta misma idea nosotros la hemos adoptado para que, aunque él no esté, le demostremos que aquí en Chile, todos estamos luchando en contra del terrorismo. De modo que nos sumamos plenamente a sus palabras, Diputado Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Para terminar, quiero agradecer las palabras del Diputado señor Alessandri Balmaceda.
Todos los parlamentarios presentes en esta Cámara hemos condenado estas acciones y debemos buscar los métodos más eficaces para poderlas combatir sobre la base del pleno respeto de las libertades y los derechos humanos.
Muchas gracias.
El señor TALADRIZ.-
¡Tenga la seguridad!
El señor RIBERA (Presidente accidental).-
Señores parlamentarios, habiéndose cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
Se levantó a las 23:43 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los Diputados señores Sergio Ojeda, Gustavo Ramírez y Eduardo Cerda. DISPONEE CANCELACION DE ANOTACIONES EN EL BOLETIN COMERCIAL, EN LOS CASOS QUE INDICA, (boletín N° 324-05)
“Considerando la grave situación económica que vivió el país en el pasado régimen de gobierno, especialmente entre los años 1978 y 1982.
Que estas condiciones difíciles que afectaron a una mayoría de chilenos fueron originadas por una política económica incongruente. Como también, provocada por los efectos de la recesión mundial, en que no se tomaron las precauciones suficientes para evitar el grave colapso económico. Todo ello sumió en la quiebra y en la insolvencia a miles de chilenos afectando con ello a la producción, la industria, el comercio y la agricultura. No escaparon a ello los profesionales y trabajadores en general. También se resintieron fuertemente las instituciones financieras.
Que las instituciones financieras fueron claramente favorecidas por cuanto el Banco Central compró a aquellas su cartera vencida quienes podían recomprarla en condiciones muy favorables, aparte de otros beneficios, ninguno de los cuales fue traspasado a sus deudores.
Que para los deudores se dieron sucesivas reprogramaciones de deuda las que poco o nada les ayudaron, por cuanto todas ellas significaron trasladar el problema a futuro.
Que el problema adquirió tal gravedad que llevó a la dictación de la Ley 18.324 que establecía una norma especial de excarcelación por delitos contemplados en el Art. 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancadas y Cheques.
Que la insolvencia implicó el incumplimiento del pago de obligaciones, especialmente de operaciones de crédito y bancarias, que conforme a las normas legales vigentes, automáticamente eran anotadas en el Boletín Comercial y registros internos de los organismos acreedores.
Que a muchos deudores se les remataron sus bienes, los que muchas veces se adjudicaron las propias instituciones de crédito a precios muy inferiores a su valor comercial y a veces por los dos tercios o menos del valor dado para el pago de las contribuciones de bienes raíces. Posteriormente se vendieron a terceros a un valor muy superior, pero al deudor se le abonaba a su crédito el valor obtenido en el remate, con deducción de las costas.
Que como consecuencia de ello existen muchos deudores que quedaron con saldos de créditos insolutos, ya sean estos deudores directos o indirectos, siendo dichas deudas incobrables por haber prescrito, por haber operado a su respecto el abandono del procedimiento, o simplemente, porque el deudor directo o indirecto no tiene bienes.
Que dichos créditos, han sido castigados por las instituciones financieras y contable-mente los reflejan con un valor X, normalmente $ 1= Pero la deuda actualizada permanece en la Superintendencia de Bancos y cada vez que se solicita un crédito éste es normalmente rechazado por aparecer en cartera vencida, ya sea, como deudor directo o indirecto.
Que también existe el caso de muchos deudores que con el tiempo pagaron, ya sea por vía de reprogramación, dación en pago u otros medios de solucionar la deuda y que continúan inscritos en los registros internos de los organismos acreedores o Boletín Comercial, siendo consideradas estas anotaciones para rechazar cualquier petición de un nuevo crédito.
Que ello constituye un entorpecimiento y un entrabamiento para que el deudor, ya sea directo o indirecto, continúe o comience un nuevo giro, perdiéndose así una importante capacidad empresarial.
Que lo ocurrido en el período indicado en el primer considerando de esta moción parlamentaria, ha sido excepcional en la historia política y económica de nuestro país, y que afectó a todos por igual, del que casi nadie escapó, incluyendo al más honesto y solvente adquirente de créditos.
Que por estos motivos debe legislarse para regular y solucionar este problema que es excepcional y exclusivo en esta parte de la historia económica chilena. Situaciones como ésta, requieren de una legislación que también debe ser especial y excepcional.
Se trata ahora de comenzar un nuevo período normal con la participación de aquellos que por los impedimentos anotados se encuentran impedidos de toda operación financiera y económica.
Que si bien existen normas para la eliminación de las anotaciones en los prontuarios penales y más aún la eliminación de los prontuarios mismos, no se divisa razón lógica alguna para que no ocurra lo mismo con las anotaciones en el Boletín Comercial, Registros de la Superintendencia de Bancos y Registros internos de las instituciones financieras.
Es por ello, que en virtud de las consideraciones mencionadas, es que se propone el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo uno: Cumplida una obligación por parte del deudor y que haya significado una anotación en el Boletín Comercial y en los registros internos de la institución financiera, su pago significará automáticamente la cancelación de las anotaciones que correspondan al documento respectivo.
Artículo dos: Ninguna institución acreedora podrá hace uso ni considerar piara cualquier efecto las anotaciones ya canceladas.
Artículo tres: Las anotaciones existentes en las instituciones financieras. Boletín Comercial y Superintendencia de Bancos, anteriores al 31 de diciembre de 1986, serán canceladas de pleno derecho. Lo mismo ocurrirá con aquellas anotaciones que cumplan 5 años de antigüedad a contar de la respectiva anotación.
Se entienden canceladas las anotaciones mencionadas cuando éstas hayan sido borradas totalmente de los registros respectivos y Boletín Comercial, no debiendo quedar evidencias de ellas en ningún documento.
Se presumirá que ellas no han existido.
Artículo cuarto: También regirá el beneficio de la cancelación, para los deudores hipotecarios, cuyas viviendas hubieren sido efectivamente rematadas. El no p>ago por el deudor y el remate, no será obstáculo para que puedan postular a un nuevo crédito hipotecario par* *a vivienda según las condiciones generales del mercado.
Artículo cinco: Quienes, ante la imposibilidad de pagar su crédito en los términos fijados con la entidad financiera, hubieren incurrido en mora, y por ello admitidos a reprogramar y renegociar su deuda, se encontraren cancelando, serán beneficiados con la cancelación automática.
Los que hubieren reprogramado o renegociado su deuda y no hubieren cumplido, serán beneficiados desde el momento en que hubieren concretado una nueva reprogramación y renegociación.
Artículo seis: Sin perjuicio de la cancelación automática y de oficio que debe realizar la entidad financiera y Boletín Comercial, la parte deudora podrá recurrir a la respectiva entidad y Boletín a verificar la efectividad de la respectiva cancelación.
Artículo siete: El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos precedentes hará incurrir a la institución acreedora y demás en una multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales, multa que se aplicará por la Superintendencia de Ban-cos.
La infracción a estas normas sobre cancelación, hará incurrir al empleado, agente o persona encargada de la custodia, secreto o cancelación en la pena señalada en los artí-culos 246 y 247 del Código Penal.
Si quien incurriere en esta infracción fuere la propia Superintendencia de Bancos, la sanción, aparte de la que proceda aplicar vía administrativa por la Contraloría General de la República, será la indicada en el inciso precedente en los términos que ahí se indican.
Artículo ocho: Para todos .los efectos legales de esta cancelación se entenderán por deudores, y como consecuencia beneficiarios de esta Ley, todos aquellos que estén relacionados jurídica y financieramente con la institución dueña del crédito, como los deudores directos y los deudores indirectos, como avales y codeudores solidarios.
Artículo nueve: la sola tendencia o mantención de las anotaciones en los respectivos registros que deban ser canceladas en virtud de esta Ley, serán consideradas como incumplimiento de la entidad financiera o Boletín y sancionada de acuerdo con lo que dispone el artículo siete de este cuerpo legal.
(Fdo): Sergio Ojeda Uribe".
Moción de los Diputados señores José García, René García, Francisco Huenchumilla, José Peña, José Antonio Galilea, Teodoro Ribera, señora Marina Prochelle, señores Sergio Aguiló y Carlos Bombal
DISPONE ERIGIR UN MONUMENTO A CAUPOLICAN EN LA OUDAD DE TEMUCO. (Boletín N° 325-04)
“Al acercarse la fecha en que se cumplen 500 años de la llegada del español a América y el encuentro de dos culturas, el continente Americano y en especial el suelo patrio ofrecen a la historia el formidable modelo del aborigen y del guerrero español enfrentados ante la grandiosidad de sus propias causas.
Nuestro país vive a partir de ese momento, la gran epopeya de Arauco, que se constituye en el hito fundacional de nuestra nacionalidad. En ella tiene relevancia el guerrero araucano, símbolo de una raza indómita, cuyo valor y bravura se funden con la naturaleza agreste de los bosques, lagos y ríos del sur de nuestra Patria.
Muchos fueron los grandes guerreros araucanos, pero los espacios de la Región de la Araucanía y tierras de Temuco, tuvieron en Caupolicán, gran Toqui, la síntesis de los grandes valores del pueblo mapuche, trascendiendo en el tiempo como un verdadero héroe.
Elegido Toqui en 1553 y muerto en 1558, estamos a una década de recordar los 450 años de sus días de mayor gloria y por los que conquistó la inmortalidad.
Aún cuando, importantes cultores artísticos han tomado la figura de Caupolicán como su motivo de inspiración, se hace necesario revitalizar su figura histórica a través de nuevas concepciones estéticas, en lo que sus rasgos físicos se identifiquen en plenitud con la esencia de la imagen del pueblo Mapuche y la fuerza de la tierra que le conoció, para plasmarlo en una representación escultórica como símbolo de su valor, ante las generaciones venideras.
Sin deteriorar los grandes méritos que le asisten al escultor, don Nicanc Plaza, autor de la obra que todos reconocemos como monumento a Caupolicán, es necesario ser claros, en cuanto a que originalmente la estatua se llamó "El último mohicano" y fue producto de su postulación a un concurso en la Exposición Internacional de Filadelfia en el año 1871, con la que obtuvo el primer premio, pero que de manera alguna se trató de un concurso expreso para representar la figura de Caupolicán. De allí entonces que esa estatua en nada representa los rasgos propios de nuestros mapuches.
En consideración a lo señalado y en virtud a lo dispuesto en el Art. 60 número 5 de la Constitución Política de la República, es que someto a aprobación de la Cámara de Diputados del siguiente
PROYECTO DE LEY.
Artículo 1°: Dispónese la erección de un monumento por suscripción popular, a Caupolicán, gran Toqui Mapuche.
Artículo 2°: El monumento se erigirá en la ciudad de Temuco, capital de la Región de la Araucanía.
Artículo 3fl: Las obras se financiarán mediante una colecta pública, la que se realizará en todo el país en fecha que la Comisión especial determine en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 4°: Créase un fondo con el mismo objeto, que estará constituido por erogaciones, donaciones y aportes privados.
Artículo 5°: Créase una Comisión especial de 11 integrantes ad honorem, encargados de ejecutar los objetivos de esta Ley la que estará constituida por 3 Senadores, 3 Diputados, el Sr. Intendente de la IX Región de la Araucanía, el Sr. Alcalde de Temuco, dos representantes del pueblo Mapuche y el Director 'el Museo Araucano de Temuco.
Los Senadores y Diputados serán nominados perspectivas Cámaras y los re-presentantes del pueblo Mapuche, de común acuerdo por los parlamentarios integrantes, el Sr. Intendente de la IX Región y el Sr. Alcalde de Temuco.
La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a los 30 días de la promulgación de la presente Ley, sus acuerdos serán válidos por simple mayoría de votos, y deberán adoptarse con la presencia de no menos de 6 integrantes.
Artículo 6°: La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Preparar las bases y el llamado a concurso público.
b) Determinar, dentro de la ciudad de Temuco, la ubicación del monumento.
c) Realizar la colecta pública dispuesta en el Art. 3tt, en coordinación con los Ministerios del Interior y Educación.
d) Administrar el fondo creado para este efecto.
e) Resolver el concurso público.
f) Gestionar la aprobación de la obra escogida ante el Consejo de Monumentos Nacionales.
(Fdo): José García Ruminot.- René García García.* Francisco Huenchumilla Jaramillo.- José Peña Meza.- José A. Galilea Vidaurre.- Teodoro Ribera Neumann.- Sergio Aguiló.- Marina Prochelle A.- Carlos Bombal".
Moción de los Diputados Señores Jaime Naranjo, Sergio Aguiló, señora María Maluenda, señores Vladislav Kuzmicic, Mario Devaud, Juan Martínez, Andrés Aylwin, Sergio Velasco, Juan Pablo Letelier y Gustavo Alessandri. DISPONE ERIGIR UN MONUMENTO MEMORIAL EN HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.
Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, señores Diputados:
Vengo en someter a consideración de esta Honorable Cámara, la Moción que tiene como objetivo, aprobar como ley de la República una norma que dispone, la erección de un monumento nacional en memoria de las víctimas de las graves violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Planteamos que este monumento se levante en la Ciudad de Santiago, por constituir ésta, la capital del país.
Los fundamentos de esta Moción legislativa, los constituyen la necesidad que los chilenos conmemoremos que nuestro país vivió en esos años una tragedia desgarradora. Según lo señala el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación." Hemos conocido hechos de gravedad Indiscutible. Situaciones inverosímiles, sufrimientos soportados por criaturas humanas indefensas, maltratadas, torturadas, destruidas, en sus vidas personales o en las de sus más próximos parientes o amigos. La hondura de estos dolores debe ser conocida. No se puede ocultarlos o abandonarlos al comentario impreciso, a la disminución o incluso a la exageración. Hay que tomar conciencia colectiva de que ello fue así".
En este monumento deben consignarse la memoria de cada una de las 2.279 víctimas que consigna el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Cuyo objetivo es "reivindicar públicamente el buen nombre de las víctimas", como asimismo, los nombres de aquellas víctimas que se conozcan con posterioridad a la entrega del Informe Rettig, que sean reconocidas como tales, por la Fundación de Derechos Humanos.
Como lo indica el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación " La reparación de convocar a toda la sociedad chilena. Ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas". Ellos también tendrán la satisfacción acción de saber que u e la nación copio tal ha reconocido y devuelto a su prójimo perdido la plena dignidad de seres humanos, de ciudadanos que la patria a nunca debió perder del modo injusto en que, lo fue".
Recordar estos hechos a través de la materialización de este monumento a las víctimas, debe contribuir a generar una mayor conciencia respecto al respeto a los Derechos Humanos, ya que una de las conclusiones que nos entrega el Informe ya mencionado, es que "no existió en Chile, en la época en que estas violaciones se cometieron, una conciencia nacional suficientemente firme respecto del deber imperioso de respetar los Derechos Humanos". Las nuevas generaciones deben ser educadas en el imperio de la verdad como fundamento de toda convivencia y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.
Este monumento debe ser el símbolo del i NUNCA MAS ! para que nunca más en Chile vuelva a pasar algo parecido, siendo capaces de sacar de esta verdad las lecciones que la historia a nos ha entregado. Esta es una tarea de todos los chilenos. "...el orden democrático, reconocido hoy por la comunidad de las naciones, reposa como base sustancial y no como relativa a otros objetivos en la vigencia efectiva de los Derechos Humanos. Eso es sostener la dignidad natural de hombre".
Visto lo dispuesto en la Constitución Política Artículo 60 N° 5 y en virtud de las consideraciones expuestas, sírvase Señor Presidente, y por su intermedio todos los señores Diputados de esta Honorable Cámara, tener por presentada la presente Moción, en orden a dictar como ley de la República, una norma que dispone la erección de un Monumento Memorial, en homenaje a las víctimas de las graves violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas en Chile entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 11 de Marzo del 1990, cuyo texto es el siguiente:
PROYECT0 DE LEY
Artículo 1° :Dispónese la de un monumento, por suscripción popular, a la memoria de todas las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 11. de marzo de 1999, cuyos nombres se encuentran consignados, en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación; y los nombres de aquellas víctimas conocidos con posterioridad a la entrega del Informe Rettig, y que sean reconocidas como tales por la Fundación de Derechos Humanos.
Artículo 2°: El monumento se erigirá en la ciudad de Santiago.
Artículo 3°: Las obras se financiarán mediante la realización de una colecta pública en todo el país el día 10 de Diciembre de 1991, día en que se conmemora aprobación y proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Artículo 4°: Creáse un fondo con el objeto, que estará constituido por donaciones públicas y aportes privados.
Artículo 5° : Creáse una Comisión Especial de 8 integrantes ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por: 2 Diputados, representantes de las Agrupaciones de familiares víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, el Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Vicario de la Solidaridad y e Presidente de la Comisión Verdad y Reconciliación.
Los 2 diputados serán miembros de la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara y serán elegidos la misma Comisión. Los representantes de las Agrupaciones de familiares, serán elegidos por éstas.
Artículo 6°: La comisión tendrá siguientes funciones:
a) Preparar las bases y el 1 llamado a concurso público de proyectos;
b) Determinar la ubicación del monumento;
c) Organizar la realización de la colecta pública según lo dispone el Artículo 3°, y
d) Solicitar y administrar la cuenta especial correspondiente a los fondos recaudados de acuerdo al Artículo 3° y 4°.
Artículo 7°: La ubicación del monumento se coordinará con el Consejo de Monumentos Nacionales y la Ilustre Municipalidad de Santiago.
Dios guarde a V. E.
Diputados Patrocinantes
JAIME NARANJO ORTIZ SERGIO AGUILO MELO
Moción de los Diputados señores Jaime Naranjo, Sergio Aguiló, señora María Maluenda, señores Juan Martínez, Vladislav Kuzmicic, Mario Devaud, Andrés Aylwin, Sergio Velasco y Juan Pablo Letelier. INSTITUYE COMO FERIADO LEGAL EL DIA 4 DE MARZO DE CADA AÑO. (Boletín N° 327-06)
"Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, señores Diputados:
Vengo en someter a consideración de esta Honorable Cámara, la Moción que tiene por objeto, desde luego discutir y en su oportunidad, aprobar, como ley de la República una norma que ordena como feriado legal el día 4 de marzo de cada año.
Las razones que fundamentan someramente esta idea legislativa, se sustentan en que el día 4 de marzo ha constituido una fecha trascendental para todos los chilenos, que hace que ella sea conmemorada año a año. Este día el país conoció la verdad de las graves violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, a través del conocimiento público del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
Debe ser el día en que la sociedad chilena le rinda homenaje a las víctimas de las graves violaciones a los Derechos Humanos, a su dignificación moral y reivindicar públicamente el buen nombre de ellas.
Este debe ser el día de reafirmación nacional en tomo "al principio fundamental: el respeto a la persona humana por el hecho de serlo y de considerarla amparada por derechos inalienables que ninguna circunstancia adjetiva, nacionalidad, credo, raza o ideología puede válidamente autorizar que se conculquen. Derechos son éstos que ningún poder, sea cuales sean sus alcances, puede atropellar", según lo señala el Informe de la Comisión.
Este día debe ser símbolo del ¡NUNCA MAS!, del recuerdo de la tragedia que vivió Chile y que no se puede volver a repetir. Como lo indica el informe antes mencionado "Nunca más equivale en términos jurídicos y políticos a decir que ha de ponerse en acción, como fundamento de la convivencia, el respeto a los derechos de todo ser humano". Esta es una tarea de toda la sociedad chilena.
El reconocimiento de la verdad es la base de la convivencia social.
Sírvase Señor Presidente, y por su intermedio todos los señores Diputados de esta Honorable Cámara, tener por presentada la presente Moción legislativa en orden a dictar una norma con rango de ley de la República en cuya virtud se ordene como feriado legal el día 4 de marzo de cada año, visto lo dispuesto en la Constitución, artículo 60 N° 20, cuyo texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Se instituye como feriado legal en todo el territorio de la República el día 4 de marzo de cada año, en conmemoración de todas las víctimas de las graves violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas en Chile, entre el 11 de septiembre de 1973 y 11 de marzo de 1990.
Dios guarde a US.,
Diputados patrocinantes:
(Fdo): Jaime Naranjo Ortiz.- Sergio Aguiló Meló.- María Maluenda.- Juan Martínez.- Vladislav Kuzmicic.- Mario Devaud.- Andrés Aylwin.- Sergio Velasco.- Juan Pablo Letelier".
Moción de los Diputados señores Jorge Morales, Hugo Alamos y Carlos Caminondo. DICTA NORMAS SOBRE FERIADOS. (boletín N° 328-06) "Antecedentes:
Desde hace mucho tiempo, diversas organizaciones de la vida nacional, han expresado la necesidad de hacer de la celebración de los días feriados una ocasión que no intervenga negativamente en el ejercicio de las diversas actividades que se desarrollan en el país.
La existencia de días feriados en medio de la semana afectan los niveles de productividad y a la actividad comercial, interrumpen la semana escolar e impiden un efectivo desarrollo de la actividad turística interna.
En base a las consideraciones anteriores, y por ser socialmente más adecuado, se propone trasladar la celebración de algunos días feriados a los días lunes. De esta forma no se alterará el normal desenvolvimiento de las actividades mencionadas precedentemente. Se permite una mayor eficiencia y se contribuye al desarrollo del país.
Debe tenerse presente que la proposición no afecta la existencia de los días feriados; sólo traslada, adelantando o postergando, el día de su celebración.
De esta forma, no se hace necesario modificar la legislación que declara feriados y que está contenida en las leyes N1°s. 2.977, de 1915; la ley N° 18.432, de 1985; la ley N° 18.697, de 1987, y el inciso segundo del artículo 34 del Código del Trabajo.
Por las razones expuestas someto a consideración de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Los feriados correspondientes al 1° de mayo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1° de noviembre, 8 de diciembre y al día de la fiesta de Corpus Christi se harán efectivos los días lunes de la semana en que ocurren, en caso de corresponder a día martes, miércoles o jueves, o los días lunes de la semana siguiente, en caso de corresponder a día viernes.
(Fdo): Jorge Morales Adriasola, Diputado".
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Los feriados correspondientes al112 de mayo, 29 de junio, 15 de corresponder a día martes, miércoles o jueves, o los días lunes de la semana siguiente, en caso de corresponder a día viernes.
(Fdo): Jorge Morales Adriasola, Diputado".
Moción de los Diputados señores
Moción de los Diputados señores Juan Martínez Sepúlveda,Carlos Montes, Nicanor Araya, Jaime Naranjo, Sergio Aguiló, Isidoro Tohá, Armando Arancibia, Adriana Muñoz, Héctor Olivares, que MODIFICA EL CODIGO DEL TRABAJO EN LO RELATIVO A LAS NORMAS SOBRE TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO, (boletín N° 329-13)
“Considerando:
1. Que en la práctica la vigencia de las reformas laborales en relación a la estabilidad en el empleo ha demostrado que en lo relativo a la causal contemplado en el artículo 3, inciso 1° de la L 19.010, ha dejado una puerta de escape para que los empleadores puedan cesar en sus funciones a los trabajadores sin causas justificadas.
2. Que la necesidad de establecer normas legales equitativas que perfeccionen lo relativo a la estabilidad en el empleo, hacen indispensable reponer algunas de las indicaciones que fueron rechazadas en su oportunidad en otro contexto por la Cámara de Diputados.
3. La necesidad de hacer concordante las diferentes disposiciones que regulan la materia señalada.
Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1: Reemplázase el inciso 1° del artículo 3 de la Ley 19 010, por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. Se entenderán por tales las derivadas de racionalización o modernización tecnológica de los mismos, bajas en la productividad física, cambios significativos y no circunstanciales en las condiciones del mercado o de la economía que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores, y la imposibilidad de adecuación laboral o técnica del trabajador."
Artículo 2: Intercálese al inciso 4o del artículo 4 de la Ley 19.010, después de la frase: "en dinero efectivo," la siguiente frase: "aceptada por el trabajador/'.
Artículo 3: Suprímase en el inciso 5° del artículo 4 de la ley 19.010, las palabras "o su omisión".
(Fdo): Juan Martínez Sepúlveda.- Carlos Montes.- Nicanor Araya.- Jaime Naranjo.- Sergio Aguiló.- Isidoro Tohá.- Armando Arancibia.- Adriana Muñoz.- Héctor Oliva-