Labor Parlamentaria

RESTITUCION DEL DISTRITO 21 A LA PROVINCIA DE HUASCO, TERCERA REGION. OFICIO.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio solicitado.

PETICION CONSTITUCIONAL DE ANTECEDENTES SOBRE DISMINUCION DE RECURSOS EN EDUCACION.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

En conformidad con el reglamento, corresponde votar de inmediato el oficio de fiscalización indicado, según la descripción y lectura del Diputado señor García.

Recuerdo que, para su aprobación, en términos de que se oficie como fiscalización constitucional, basta un tercio de los votos de los señores Diputados.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 19 abstenciones.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Por lo tanto, se enviará el oficio de fiscalización, en conformidad con la norma del artículo 48 de la Constitución Política.

POLITICA GUBERNAMENTAL DE INVERSION MINERA EXTRANJERA.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Prosiguiendo con el tumo de Renovación

Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, Honorables colegas, el jueves 14 de marzo recién pasado, se inauguró La Escondida, la tercera mina de cobre más grande del mundo después de Chuquicamata y El Teniente.

La puesta en marcha de este yacimiento, hecha realidad tras largos años de estudios y negociaciones, representa la inversión privada más cuantiosa hecha en el país de una sola vez: 830 millones de dólares. Cabe señalar que, con ella, la producción chilena de cobre se incrementará en un 20 por ciento y que contribuirá con el 6 por ciento de nuestras exportaciones y con el 1 por ciento del producto geográfico bruto.

Se estima que, en el primer año, la producción de concentrado alcanzará a 600 mil toneladas, lo que significa entre 250 y 280 mil toneladas de cobre fino, con retornos de alrededor de 500 millones de dólares. Por otra parte, se crean mil fuentes directas de trabajo y la ocupación indirecta se prevé en más de 4 mil personas.

Todos los antecedentes expuestos hablan por sí solos de la magnitud e importancia para Chile de la mina inaugurada. No obstante ello, pareciera que S.E. el Presidente de la República, discrepa de los indicados, pues, a pesar de estar invitado, no asistió a dicha inauguración, prefiriendo asistir a la inauguración de una planta de productos lácteos cuya inversión alcanzó a los 8 millones de dólares. Tampoco asistió al acto oficial, realizado en Santiago, invitado por los inversionistas extranjeros de la mina La Escondida.

Conocido es que parte del actual Gobierno y de los partidos de la Concertación se opusieron desde un principio al proyecto, tanto por la resistencia ideológica a la legislación minera vigente y a la existencia de concesiones privadas en dicho sector, como por la reticencia a la inversión extranjera. El actual Ministro de Minería ha señalado que el Gobierno apoya la inversión extranjera en este campo. Sin embargo, ello se contradice con la actitud asumida por el Primer Mandatario, puesto que, al no asistir a ninguna de las dos recepciones organizadas por los inversionistas extranjeros de la mina La Escondida, pudiera entenderse, por parte de éstos, que no son bienvenidos en el país.

Por todo lo señalado, sería beneficioso para Chile que S.E. el Presidente de la República clarifique su posición frente al tema, pues la inversión extranjera requiere de políticas claras y permanentes. Estas dudas sólo perjudican la posibilidad de desarrollo de inversiones en Chile y la generación de nuevos empleos, dado que el país no cuenta con los recursos propios para emprender obras de esta magnitud.

He dicho.

INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA SOBRE PAGO DIFERENCIA DE ASIGNACION DE ZONA PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL.

Varios señores Diputados.-

¡No ha finalizado, señor Presidente!

El señor COLOMA (Vicepresidente) .-

El señor Secretario, que es el ministro de fe, me acaba de informar que se acabó el tiempo.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Pido la palabra por una cuestión reglamentaria.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente, puede existir algún problema de cómputo con el tiempo que yo empleé y que no estaba considerado dentro del de Renovación Nacional, porque correspondía a una solicitud que debiera haberla hecho el Presidente de la Cámara, luego de que me acerqué a la Mesa para que él propusiera lo que a mí me tocó presentar, por lo que no debe cargarse a mi tiempo.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

No se consideró su tiempo, señor Alessandri, ni de ningún Diputado que haya hablado anteriormente, sino sólo a partir de la intervención del Diputado señor Prokurica.

El señor Secretario, que es ministro de fe, certifica que ya se han cumplido los 17 minutos que le corresponde al Comité Renovación Nacional.

ALCANCE A OBSERVACIONES HECHAS EN ESTA SESION.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra al Comité Partido por la Democracia, Partido Socialista y Partido Humanista.

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, no comparto en absoluto las palabras del Diputado señor Munizaga. Tengo un gran respeto por el Honorable colega; pero, sin duda alguna, esta vez creo que ha perdido el sentido de las proporciones al referirse a la agenda del señor Presidente de la República y a lo que dice relación con una visita o no a una empresa minera.

La campaña desarrollada en varios periódicos nacionales relativa a que una empresa extranjera puede determinar cuál es la agenda del Presidente de la República de Chile, es comprensible quizás en algún tipo de medios, pero resulta completamente incomprensible en un Poder del Estado, como lo es la Cámara de Diputados, donde creo que debemos mantener siempre el sentido de las proporciones de una nación, de lo que representa su Presidente, de lo que son sus distintos Poderes. Un Presidente u otras autoridades podrán asistir a los distintos eventos de las empresas. Pero hacer de esto una campaña nacional destinada a ejercer una especie de presión sobre los Mandatarios del país respecto de cuáles deben ser sus actividades cotidianas, lo rechazamos por completo.

He dicho.

FUNDAMENTOS DE LA CANCELACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LA COLONIA DIGNIDAD.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, el l2 de febrero recién pasado, el Gobierno democrático del Presidente don Patricio Aylwin canceló la personalidad jurídica de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad.

Con esta medida finaliza la existencia legal de una institución que infringió sistemáticamente el ordenamiento jurídico chileno y que ha sido acusada en reiteradas ocasiones, tanto en nuestro país como en el extranjero, de graves violaciones a los derechos humanos.

Se termina así la existencia de un Estado dentro de otro Estado, lo que evidencia la firme decisión del Gobierno de hacer respetar la ley y esclarecer la verdad.

En esta acción, el gobierno ha contado con el amplio respaldo de la ciudadanía, a pesar de la campaña demagógica y propagandística que han tratado de levantar los jerarcas de la Colonia y sus voceros políticos. Esta medida también viene a demostrar la validez y la seriedad de las denuncias que hicimos llegar al Gobierno los miembros de la Concertación que pertenecemos a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, y que fueron rechazadas en aquella ocasión por los integrantes de la UDI y Renovación Nacional.

Señor Presidente, sin uno recorre la historia de Colonia Dignidad, podrá comprobar que, desde sus orígenes en Alemania en la década del 50, la agrupación ha actuado al margen de la ley, para eludir las investigaciones de la justicia alemana sobre aquellos colonos que huyeron a nuestro país en 1961.

Al poco tiempo de instalarse en las cercanías de Parral, las dudosas actuaciones de sus dirigentes comenzaron a dar que hablar.

Numerosas denuncias empezaron a hacerse públicas al conocerse los testimonios de colonos y dirigentes fugados de la Colonia, que decían relación con inmoralidades sexuales, falta de libertad personal y violación de los derechos humanos.

Ya en 1968, esta Cámara tomó cartas en el asunto, formando una Comisión Especial para investigar lo que ocurría en Colonia Dignidad. En aquella ocasión se llegó a las siguientes conclusiones:

Incumplimiento de las leyes chilenas;

Separación de los hijos de sus padres;

Ilegalidad de los títulos de propiedad de los predios de la citada Colonia;

Incumplimiento de su labor de beneficencia;

Abuso de los privilegios tributarios.

Pese a lo completo del informe presentado por la Comisión, formada en 1968, y de las irregularidades comprobadas, no se adoptó en esa oportunidad ninguna medida, ya que se consideraba que la citada Colonia llevaba muy poco tiempo en nuestro país.

Por otra parte, el entonces Senador Patricio Aylwin, haciendo uso de la palabra en la sesión del 28 de febrero de 1968, señaló que "los miembros de Colonia Dignidad" no se integran al medio social, sino, por el contrario, se aíslan en un grupo hermético y exclusivo, sin ninguna comunicación normal con el resto de la región"...; que "este grupo extranjero y hermético, que se niega a integrarse, no sólo cuida policialmente su aislamiento, sino que adopta una actitud provocadora, prepotente* y hasta vejatoria frente a los chilenos que no le parecen complacientes"...; que "todo el que los critica es tildado de "loco" o demandado judicialmente por injurias y calumnias"

Señor Presidente, 20 años después, el Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca señor Hernán Roberts, investigó nuevamente, por orden de la Corte Suprema, las actuaciones de la citada Colonia. Constató además de las irregularidades ya denunciadas en 1968 las cuales se había señalado a los colonos que debían ser corregidas nuevas infracciones a normas laborales, tributarias y aduaneras, debido a que la citada "sociedad benefactora" había abandonado sus objetivos, transformándose en una organización comercial cuyos beneficios iban a manos de unos pocos.

En esa ocasión, el Ministro recomendó la apertura de dos sumarios penales: uno, por estafa, debido al traspaso de los bienes de la Sociedad a algunos de sus miembros; y, otro, por ejercicio ilegal de la profesión médica. La Corte aprobó el informe y decidió que ambos procesos debían ser instruidos por la jueza de Parral, doña Lidia Villagrán. Ambos procesos duermen en algún armario hasta el día de hoy, debido a los lazos que unían a los jerarcas de la Colonia con el Gobierno militar.

Lo anterior fue reconocido públicamente por Roberto Thieme, dirigente de "Patria y Libertad", Diario "La Epoca", 24 de febrero de 1991), al declarar que, en 1972, tomó contacto personal con los dirigentes de la Colonia para conseguir apoyo logístico el que fue logrado para el golpe de estado de septiembre de 1973.

Durante el régimen militar, los jerarcas de la Colonia colaboraron activamente en la represión ejercida en contra de dirigentes y campesinos de la zona, quienes no apoyaban al régimen militar.

Han sido innumerables los testimonios en Chile y en el extranjero, que dan cuenta de las torturas y detenciones arbitrarias realizadas al interior de la Colonia. Los testimonios también indican que numerosos chilenos, hoy detenidos desaparecidos, fueron vistos en ese lugar. Y aquéllos han sido ratificados por declaraciones de ex agentes de la DINA que cumplieron funciones en dicha Colonia.

Por lo anterior, los jerarcas de Colonia Dignidad sabían que sus días estaban contados y que la democracia reconquistada por los chilenos no seguiría permitiendo la impunidad con que habían actuado hasta entonces.

Una vez que las fuerzas del régimen autoritario fueron derrotadas en las elecciones parlamentarias y Presidenciales de 1989, los jerarcas de la Colonia iniciaron el traspaso sistemático de los bienes y propiedades tanto a particulares como a nuevas sociedades anónimas expresamente creadas para eludir la acción de la justicia.

Señor Presidente, la justicia tarda pero llega. 30 años después de sórdidos manejos y acontecimientos realizados en su interior, el Presidente don Patricio Aylwin, haciendo uso de la facultad que le confieren las normas legales pertinentes, procede a cancelar la personalidad jurídica de esta mal llamada "Sociedad Benefactora"

El principal fundamentó del decreto que cancela la personalidad jurídica es que Colonia Dignidad desvirtuó su condición de sociedad benefactora, debido a que los recursos que obtiene de sus explotaciones agrícolas, forestales, industriales y comerciales, todas actividades lucrativas, no se destinan al cumplimiento de fines benéficos. De los excedentes obtenidos, sólo un 9,18 por ciento se destinaban a la beneficencia.

Sus administradores han reducido el patrimonio de la sociedad al traspasarlo a particulares.

A lo anterior habría que sumar las acusaciones acerca del incumplimiento de la Ley de Enseñanza Primaria Obligatoria, del Código del Trabajo y de la Ley de Reclutamiento.

En el decreto también se mencionan las violaciones de los derechos humanos, las que deben ser investigadas por la justicia.

Sin embargo, un nuevo antecedente viene a ratificar la corrección de la medida tomada por el Gobierno democrático. El informe de la Comisión Rettig, entregado a la opinión pública el día 4 de marzo de 1991, señala en tomo a Colonia Dignidad: "Está comprobado que hubo diversas relaciones entre la DINA y Colonia Dignidad. Consta que una vez constituida la DINA como "Comisión DINA," a partir de noviembre de 1973, agentes de esa organización utilizaron predios como el fundo "El Lavadero", de Colonia Dignidad", y las hijuelas del antiguo fundo "San Miguel", al interior de Parral, para fines de la DINA sea para la instrucción de agentes o con otros fines institucionales. Consta también que una casa ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto, ex calle Unión N° 262, de Parral, y de la que se sabe que fue utilizada como recinto de la DINA, específicamente para una Brigada de Inteligencia Regional, fue adquirida por la Sociedad Benefactora "Dignidad" por escritura pública del 24 de mayo de 1974. Más adelante el informe expresa: "Un cierto número de personas detenidas por la DINA, efectivamente, fueron conducidas a Colonia Dignidad, mantenidas cautivas allí por algún tiempo y algunas sometidas a torturas, con la participación en estos hechos no sólo de agentes de la DINA, sino también de personas que vivían en ese predio. "En relación con casos de "detenidos desaparecidos", afirma el informe Rettig: "Sin perjuicio de que algunos casos la Comisión efectivamente los considere detenidos desaparecidos", y de existir indicios de que pudieron ser llevados a Colonia Dignidad luego de ser aprehendidos, sólo del detenido Álvaro Vallejos Villagrán puede afirmar, en conciencia, que desapareció definitivamente luego de su traslado a Colonia Dignidad".

Pienso que después de leer en el Informe Rettig la participación criminal de Colonia Dignidad en casos de violaciones de los derechos humanos, están de más las palabras.

Sólo espero que aquellos parlamentarios que tan ardorosamente la defendieron, reconozcan su error y apoyen públicamente la medida tomada por el Presidente Aylwin.

Por eso, no deja de llamar la aténción que, en el día de ayer, Senadores de la UDI y Renovación Nacional, en conjunto con Senadores designados, hayan presentado al Tribunal Constitucional una solicitud de revocación del decreto de cancelación de la personalidad jurídica de Colonia Dignidad.

Resulta insólita la interpretación de los Senadores de Derecha, quienes no pueden ignorar el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, saben que si bien en su artículo 19, la Constitución garantiza el derecho a la libre asociación, exige que tal derecho se constituya en función de la ley.

Precisamente, la normativa concede al Ejecutivo la facultad de otorgar personalidad jurídica a corporaciones o fundaciones, de fiscalizar sus actuaciones y de disolverlas cuando sean contrarias a las leyes, disposiciones que fueron dictadas bajo el régimen militar.

Por eso, resulta sorprendente que aquellos que callaron y fueron cómplices de la cancelación de la personalidad jurídica de más de noventa corporaciones o fundaciones durante el régimen militar, hoy saquen la voz. Uno no puede dejar de preguntarse: ¿Qué hay verdaderamente detrás de esta operación? ¿Qué defienden?

El propio accionar de los representantes de Colonia "Dignidad" desde la dictación del decreto de cancelación de la personalidad jurídica, ha dado la razón a quienes luchamos por ponerle fin.

Su actuación prepotente y, en forma especial, el inventario que entregaron a las autoridades, muestran una vez más la calidad moral de sus dirigentes, que intentan burlar la justicia y cometer fraude en contra del Estado.

El Gobierno del Presidente Aylwin debe aplicar todo el rigor de la ley en contra de los responsables y, al mismo tiempo, generar las condiciones para que los habitantes de la Colonia puedan entregar libremente su opinión, lejos de la coerción de los dirigentes.

Finalmente, quiero declarar mi satisfacción por la medida tomada por el Presidente Aylwin. Ello demuestra que la lucha que dimos durante tanto tiempo, a veces en forma aislada, recibiendo amenazas, insultos y acusaciones gratuitas incluso de parte de algunos miembros de esta Cámara no fue en vano, pues se impusieron la verdad y la justicia. En este último punto, expreso un reconocimiento especial a Monseñor Carlos Camus, obispo de Linares, quien tuvo que soportar todo tipo de insultos y amenazas, por haber denunciado los excesos que se cometían en Colonia Dignidad.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Terminó el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia.

MODERNIZACION DEL PODER JUDICIAL.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

E1 tumo siguiente corresponde al Partido Unión Demócrata Independiente.

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, en el debate político, en el último tiempo, el Poder Judicial, sin duda, ha sido el centro de atención, especialmente a partir de la entrega del Informe Rettig por el Presidente de la República.

Después de reunirme con los vecinos en el distrito y con gente común, la sensación que ha quedado en la opinión pública es que los problemas de Poder Judicial se centran en la Corte Suprema. Con razón, la gente, especialmente la más pobre, ha quedado desconcertada, porque sabe que los problemas van mucho más allá, y se trata de una modernización pendiente.

Este primer elemento nos debe llevar a una primera reflexión. Fuimos elegidos para representar los intereses reales de las personas, y si ellas advierten que en el debate político no son recogidas sus legítimas aspiraciones o no son encauzadas en forma correcta, lo que, en definitiva, ocurrió, es que se producirá un abismo de diferencia entre un país real y quienes somos sus representantes, con el consecuente desprestigio de la actividad parlamentaria política.

Centrándome en el tema del Poder Judicial y la seguridad de las personas, quisiera entregar algunos elementos para la discusión que se iniciará próximamente en esta Cámara sobre la materia.

Desde nuestro punto de vista, la modernización del Poder Judicial debería centrarse en a lo menos 3 temas.

En primer lugar, el acceso a la justicia. En la actualidad vastos sectores de la ciudadanía no creen en la justicia, han perdido la confianza en ésta, básicamente, porque no pueden acceder a ella. Esta falta de acceso se debe, fundamentalmente, a dos razones. En primer término a la falta de tribunales. Ocurre, en muchas circunstancias, que las personas deben recorrer grandes distancias para proseguir los juicios, careciendo de situación económica para hacerlo. Cuando no es así, deben recurrir a tribunales atochados de causas por el exceso de población que atienden. En simples diligencias pierden una enorme cantidad de tiempo.

El acceso a la justicia también tiene que ver con la debida asesoría que debe prestarse en forma gratuita a personas de escasos recursos. Sabemos que la Corporación de Asistencia Judicial, hace un gran esfuerzo. Sin embargo, he podido constatar que los recursos profesionales y de difusión son absolutamente insuficientes. El grueso de esta institución está compuesta por alumnos en práctica, que desarrollan su labor sólo algunos meses, con lo cual, muchas veces, se pierde la continuidad de la causa al terminarse el plazo de la práctica y transferirse a otro alumno. La Corporación necesita contar con mayor cantidad de abogados a tiempo completo y extender su asistencia a todas las comunas del país, e incluso abrir oficinas satélites en aquellas poblaciones de más escasos recursos y con mayores problemas judiciales.

Un segundo elemento en la discusión se refiere a los procedimientos judiciales. Es urgente modificarlos para hacer expedita la justicia. En parte, la confianza se ha perdido por la lentitud de los procesos, especialmente en materia criminal, como es el caso de los delitos comunes. Es necesario asegurar el anonimato de quienes efectúan las denuncias, evitando diligencias tales como la ratificación de ellas.

En tercer lugar, y por último, se necesita reforzar, dotar de mayores recursos y autonomía a los organismos auxiliares de la administración de justicia, especialmente a Carabineros, para que puedan realizar eficazmente, no sólo las diligencias que el tribunal solicite, sino también una labor preventiva en estrecho contacto con la comunidad.

Señor Presidente, cuando las personas pierden la fe y la confianza en la justicia, terminan por hacerse justicia por sí mismas, colocando en grave peligro el Estado de Derecho al cual todos aspiramos.

He dicho, señor Presidente.

Le concedo una interrupción al Diputado Longton.

FALTA DE INFORMACION SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR LA MESA EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Con cargo al tiempo de la UDI, tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Gracias, Diputado Orpis.

Señor Presidente, el lunes 8 de marzo, me vi en la obligación de dar a conocer a la prensa la falta de información fidedigna después de agotadas todas las instancias internas para obtenerla en la Cámara de Diputados, respecto de la modalidad, forma y condiciones en que se ha contratado al personal de esta Cámara desde que, el 11 de marzo de 1990, comenzamos nuestras funciones.

Preocupa la falta de información, ya que ha sido contratado numeroso personal sin que se tenga una información oficial, lo que ha provocado inquietud y malestar entre los funcionarios antiguos, quienes, en muchos casos, han visto menoscabadas su antigüedad y experiencia, al ser sobrepasados por las nuevas contrataciones.

Después de más de un año de funcionamiento, tampoco se nos ha entregado información detallada de los ingresos y egresos de fondos de la Cámara, ni de la forma en que se han realizado las compras a qué proveedores y en qué condiciones de todos los elementos que sirven de apoyo a nuestra labor legislativa.

Hago presente que he planteado esto en forma absolutamente responsable y consciente; pero, dado que no he obtenido respuesta, me veo en la obligación de hacerlo públicamente, amparándome en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y en el Reglamento de la Cámara.

En efecto, el inciso segundo del artículo 2a de la citada ley orgánica dispone lo siguiente: "La ley fijará las plantas y las rentas del personal del Congreso Nacional. El nombramiento, las funciones y la promoción de dicho personal se regularán por los reglamentos internos de las Cámaras, aplicándose respecto de la remoción, y supletoriamente en lo demás, las normas laborales relativas al personal de la Administración Pública."

Pues bien, ninguno de los dos mandatos se ha cumplido. Ni la ley que fija las plantas ni el Reglamento Interno contemplan las funciones y promoción del personal, habiéndose sometido, el segundo, en el año pasado, a un serie de modificaciones.

El artículo 54 de dicha ley orgánica establece lo siguiente: "Las cuentas del Congreso Nacional serán públicas y una síntesis de ellas se publicará anualmente en el Diario Oficial."

Extraña que sólo en la mañana de hoy, con fecha 19 de marzo pareciera que a raíz de aquellas informaciones, se haya dado un casi detallado informe respecto de las contrataciones de personal, pero que sigue siendo insuficiente. ¡Parece que son las casualidades de la vida!

Quiero responsabilizar a los integrantes de la Mesa de la Cámara, porque ellos que, por derecho propio, en orden sucesivo, presiden la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento no han informado debidamente a esta Sala sobre materias tan trascendentales como las planteadas.

Eximo de responsabilidad a los miembros de la mencionada Comisión, porque la cabeza es el Presidente de la Cámara.

Creo que situaciones de este tipo no colaboran en nada a la imagen y el prestigio de nuestra Cámara; al contrario, atentan en contra de ellos.

He dicho.

RESTABLECIMIENTO DE SERVICIO DE BARCAZA A LA ISLA MOCHA. OFICIO.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.

CONDICIONES DE HIGIENE DEL MATADERO DE LA COMUNA DEL MAULE. OFICIO.

FISCALIZACION DEL USO DE AMBULANCIAS EN COMUNAS DE LA SEPTIMA REGION. OFICIO.

El señor CAMPOS.-

En segundo lugar, como producto de la cooperación internacional, el Gobierno ha entregado numerosas ambulancias en mi Región en los últimos meses.

REPLICA A OBSERVACIONES DE FALTA DE INFORMACION SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR LA MESA EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE LA CORPORACION.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, contestaré brevemente las sorprendentes afirmaciones hechas por el Diputado señor Longton hace algunos minutos.

Mi inclinación es pensar que aquí se han formulado declaraciones de mala fe, porque, de otra manera, no podrían explicarse los términos en que él ha planteado la situación en que cuestiona la actuación de la Mesa.

Al igual que él ha eximido a los parlamentarios miembros de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por las decisiones de la Mesa, yo quiero hacerlo con los miembros de esa Comisión integrantes del Comité de Renovación Nacional, porque estoy absolutamente seguro de que no pueden compartir opiniones tan descabelladas y desinformadas como las expresadas por el señor Longton.

Sobre el problema de las contrataciones, los acuerdos han sido tomados por unanimidad en dicha Comisión y, además, por la unanimidad de la llamada "Subcomisión de Plantas", en la que han participado parlamentarios de todos los grupos políticos. En esta materia no ha existido discrepancia.

Para información del señor Longton, si él revisara las disposiciones legales, tendría que saber que las plantas de la Cámara están congeladas, de tal modo que mal podrían algunos funcionarios pasar a llevar a otros, puesto que no han podido hacerse modificaciones. Y es la Mesa la que redactó un proyecto de ley para descongelar las plantas, respecto del cual se solicitó el patrocinio del Ejecutivo, iniciativa que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Lo que se hizo y que era fundamental para el funcionamiento de la Corporación fue contratar personal a honorarios.

Sobre el problema de la falta de información sobre el uso de los fondos de la Cámara, puedo señalar que en el mes de septiembre del año pasado y lo tendría que saber el Diputado señor Longton si tuviera un mínimo de seriedad para informarse sobre los acuerdos de esta Cámara se tomó el acuerdo de constituir una Comisión Revisora de Cuentas, nombrándose a Diputados de todos los partidos políticos para este efecto.

En la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, nunca se ha tratado el tema de la revisión del uso de los fondos de la Cámara, ya que, por ley y Reglamento, debe hacerlo esta Comisión Revisora de Cuentas. Esta Comisión tendrá que entregar ese informe a la Corporación.

Lamento haber perdido estos minutos en responder una serie de afirmaciones que sólo han sido formuladas con afán publicitario.

PROBLEMAS DE SAN MIGUEL, LO ESPEJO Y PEDRO AGUIRRE CERDA, REGION METROPOLITANA.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rodolfo Seguel.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, hace aproximadamente un año inauguramos el Congreso Nacional. La labor ha sido ininterrumpida. El esfuerzo que se ha desplegado para legislar sobre los temas más difíciles ha rendido sus frutos. Sin embargo, la gente percibe que las dificultades que tenemos para desarrollar nuestra labor son enormes, no tanto en el tratamiento de los grandes temas nacionales, como las reformas laborales y tributarias, sino en la solución de sus problemas más urgentes y sentidos.

En este plano es donde algunos funcionarios, heredados de la anterior administración, van colocando problemas e indisponiendo a la gente que no ve soluciones a sus dificultades; problemas que deberían tener cauce vía municipios, no encuentran alternativas reales para ser enfrentados.

Esta es una de las razones por las que la sociedad organizada ha solicitado insistentemente que los municipios sean democratizados.

Nosotros, los Diputados de Gobierno, hemos hecho nuestra la urgencia de desencadenar el gobierno comunal. Sin embargo, otros actores se han negado a escuchar la voz de la gente, no han cumplido con sus promesas electorales y han creado múltiples dificultades para avanzar en este proceso.

Sin la democratización municipal, la gente seguirá pidiendo a sus representantes legítimos que hablen por ellos y actúen en la solución de sus problemas.

Durante el año de ejercicio de mi mandato, he recorrido en múltiples oportunidades el distrito que represento. He conversado con la gente. He escuchado sus anhelos y aspiraciones. Sus alegrías y tristezas las he hecho mías. He tratado de colaborar para elevar el nivel de vida de mi gente, pero molesta ver cómo algunos juegan con las personas; juegan con los sentimientos más profundos de estos pobladores.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SEGUEL.-

Hablar de San Miguel y Lo Espejo es adentramos en un mundo para muchos desconocido. Es hablar de sectores donde la violencia se enseñorea por las calles. Es creer que en La Victoria, la Santa Adriana, la José María Caro, la Santa Anita sólo viven personas que no tienen buena reputación. Pero no es así. Yo los conozco. Es gente buena, trabajadora. Son personas que han luchado toda su vida para tener más dignidad. Son seres humanos que en forma permanente desafían las condiciones en que otros los han colocado, y levantan su cara, mirando a los ojos, para enfrentar las dificultades de su diario vivir.

Yo me he comprometido con ellos. Por eso, en esta tribuna levanto mi voz para hablar de sus preocupaciones, y pido que se les dé respuesta.

No quiero ver titulares en los diarios y demás medios de comunicación que hablen de la violencia y destrucción.

Los habitantes del distrito 28 necesitan una oportunidad para ir dando respuesta a sus problemas. Por eso queremos que se dé una solución definitiva al inconcluso hospital que está ubicado en la comuna

Pedro Aguirre Cerda el cual está abandonado hace aproximadamente 20 años, para que éste deje de ser un escondite de delincuentes o pervertidos.

Por eso queremos que el pozo de basural ubicado en Avenida La Feria se transforme en un lugar donde el deporte y la recreación tengan espacio.

Por eso queremos que se pavimenten las calles que atraviesan las poblaciones La Victoria, Santa Adriana, Santa Anita y otras.

Por eso queremos que se coloquen semáforos en algunas poblaciones, especialmente en Departamental con Tercera Transversal, sitio donde en forma permanente mueren personas.

Estos problemas son sólo una muestra de las enormes dificultades que existen en este distrito.

Sé que existen muchos más, pero estamos convencidos...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Solicito a los señores Diputados respeto por el señor Seguel que está interviniendo y no puede estar permanentemente sujeto a este tipo de interrupciones.

El señor SEGUEL.-

Gracias, señor Presidente.

Sé que existen muchos más, pero estamos convencidos de que enfrentando éstos, podremos dar confianza a esos miles de chilenos que creen en nosotros.

Señor Presidente, solicito que se envíen los siguientes oficios para que, de esta forma, podamos transcribirlos a la comunidad.

Al señor Ministro de Salud, doctor Jorge Jiménez, para que informe sobre los trámites que está haciendo con el fin de resolver los problemas derivados del hospital ubicado en la comuna Pedro Aguirre Cerda.

Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, don Alberto Etchegaray, para que informe sobre las soluciones que se comenzarán a implementar en el pozo La Feria, las fechas dentro de las cuales se contempla iniciar los trabajos, y sobre proyectos de pavimentación en las poblaciones La Victoria y Santa Adriana, de la comuna Pedro Aguirre Cerda, y población Santa Anita, de la comuna de Lo Espejo.

Al señor Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, don Germán Correa, para que dé respuesta a la viabilidad de instalar, en forma urgente, un semáforo en Avenida Departamental con Tercera Transversal.

Sé que esto pudiera parecer insignificante dentro de las preocupaciones que debiéramos tener, pero no es menos cierto que los problemas de la gente son las dificultades cotidianas que viven en los lugares donde transcurre su existencia.

Señor Presidente, Honorable Cámara, muchos chilenos esperan que nosotros seamos capaces de dar respuesta a situaciones que por años han permanecido en lista de espera. Los problemas de la gente no tienen ideología política. Sus sufrimientos no pueden separarnos; menos nos deben dejar pasivos o callados.

El compromiso que asumí cuando me presenté como candidato, fue el de escuchar y actuar por la gente. Por eso hoy reclamo el derecho de pedir por ellos un poco de esperanza.

Aquí, con ustedes y frente a Dios, convencido de que mi voz es la de muchos más, espero que los habitantes de San Miguel, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda vean abiertas las puestas a un mejor porvenir.

He dicho.

Aplausos en la Sala.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Se enviarán los oficios solicitados.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Renovación Nacional se adhiere a los oficios.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¿Se adhiere a los oficios? Me parece muy bien.

Tiene la palabra el Diputado señor Hernán Rojo.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

¿Me permite una interrupción?

El señor ROJO.-

Concedo una interrupción al señor René García.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la interrupción el señor García, con cargo al tiempo de la Democracia Cristiana.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Queremos saber si en los "funcionarios heredados" a que se refirió el señor Seguel también incluye los del P.P.D. que están renunciando al Ministerio de Salud y a todos los hospitales.

No nos quedó claro esa parte.

MODERNIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, me interesa en esta ocasión referirme al rol que hoy corresponde al parlamentario. Cuando uno ve que la ciudadanía, la comunidad, se está organizando; cuando uno presencia la forma en que el país ha recibido la acción del Presidente Aylwin; cuando uno conoce los proyectos que existen para reformar el Poder Judicial, uno piensa que estamos caminando bien. Pero este optimismo se transforma en crítica, pesimismo y juicio negativo en relación con el Poder Legislativo. Se nos critica por la dieta parlamentaria y se nos imputa responsabilidad en la lenta tramitación de las leyes. La crítica no es nueva. Sucede que nuestro Parlamento se ha mantenido con la mentalidad, estructuras y concepción jurídica del siglo XIX, destinado a dictar una ley cuyo proyecto viene redactado y pactado consensualmente desde el Ejecutivo y, salvo pequeñas correcciones, sólo corresponde aprobarlo o rechazarlo. Su otro objetivo, el de fiscalizar, lo efectúa en forma genérica, formando comisiones investigadoras que carecen de imperio.

El parlamentario llega a su cargo en virtud de una elección democrática, auténtica expresión de la sociedad civil; pero al llegar al Parlamento carece de experiencia, de conocimientos especializados, de técnica legislativa. Para enfrentar esta realidad tiene dos caminos: o aprende de tanto escuchar otras intervenciones, o bien recurre a asesorías particulares de partidos o de conglomerados comprometidos ideológicamente.

Por otra parte, al Parlamento generalmente se llega en representación y en virtud de la fuerza de un partido político. Los independientes son una excepción. En el desempeño de su cargo, el parlamentario se encontrará con la presión indebida de las directivas partidistas, en circunstancias de que él es el representante del pueblo. Así, las órdenes de partido, negadas públicamente y prohibidas por la Constitución, son las que en definitiva resuelven las formas de votación de un representante auténtico de la soberanía popular.

Para evitar suspicacias, erradas interpretaciones o acusaciones de rebeldía, me permito hacer presente que estos conceptos no son míos, sino del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Tenemos que definir el rol de los parlamentarios, y modificar la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y los reglamentos internos para adecuarlos a los tiempos presentes y con proyección futura.

El Parlamentario es la expresión real, verdadera y democrática de la sociedad actual. Es el que recoge las inquietudes, las demandas, las pretensiones del pueblo, manifestadas a través de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, comunitarias y funcionales, las que luego canaliza y transforma en proyectos y en normas jurídicas.

Debe influir en términos generales, y nunca particulares, en la estructura del gasto público. Al Parlamento corresponde aprobar y definir los programas; al Ejecutivo, su realización. Debe tener facultades para fiscalizar, investigar y sancionar el incumplimiento de las leyes. Debe ser capaz de representar y resguardar la justicia objetiva en las remuneraciones y en la previsión de los trabajadores.

Al Parlamento corresponde dictar leyes y normas generales aplicables a todo el país, eliminando toda norma reglamentaria. Un Parlamento debe representar las tendencias de la opinión pública manifestadas a través de sus debates libres.

Para adecuar a los tiempos actuales el funcionamiento del Congreso Nacional, y en especial de la Cámara de Diputados, es necesario:

1.Darse una organización interna seria, eficiente y responsable, donde exista una carrera funcionaría; mantener plantas racionales e interrelacionadas, y dictar el Estatuto del Personal; mostrar transparencia absoluta y sobriedad en el gasto y en la inversión; modernizar sus instalaciones y organizar la asesoría parlamentaria. Para ello se cuenta con todos los medios necesarios, desde el Banco de Datos hasta la Biblioteca, los informativos y el personal especializado. Sólo falta su organización y racionalización.

2.Ampliar el período ordinario de sesiones desde el 21 de mayo hasta el 31 de diciembre de cada año, limitando el período extraordinario desde enero hasta el 21 de mayo. Al Parlamento corresponde legislar y no al Ejecutivo.

3.Ampliar el período ordinario de sesiones a tres días en la semana: martes, miércoles y jueves en la tarde, lo que permitirá un trabajo más en profundidad de los proyectos en discusión; y en esos tres días establecer sesiones de comisiones, no sólo para despachar proyectos, sino también para estudiar, analizar y preparar soluciones a los problemas nacionales, regionales y locales que los parlamentarios van planteando de acuerdo con las inquietudes y demandas de sus distritos. Del análisis de dichos proyectos, emergerán leyes debidamente estudiadas, ponderadas y necesarias.

4.Modificar toda norma que limite la intervención del parlamentario en el campo político, social y económico, restringiendo las inhabilidades sólo a aquellas que efectivamente causan incompatibilidades.

5.Establecer que las urgencias las determina el Parlamento, auténtico representante del sentir nacional, el que las calificará de acuerdo con la transcendencia e importancia prioritaria del asunto.

6.Reglamentar y establecer Comisiones Mixtas tanto para los proyectos de ley como para las reformas constitucionales, dictándose un reglamento que permita que efectivamente se solucionen las discrepancias, estableciéndose los mismos quorum exigidos para la aprobación de la ley, y

7.Establecer normas permanentes para la fijación y reajustabilidad de la dieta y las remuneraciones del personal del Congreso Nacional.

Creemos que la dieta parlamentaria, que ha sido objeto de toda clase de críticas, justas o injustas, debe ser materia de una reglamentación permanente y transparente.

Para que la fijación de la dieta sea justa, creo que se debe contar con dos elementos: una remuneración fija igual a los sueldos que perciben el Presidente de la República y el Presidente de la Corte Suprema, y una asignación fija por cada sesión a que asista el parlamentario, en las Comisiones y en las sesiones ordinarias, no considerándose las sesiones especiales o extraordinarias, para evitar manipulaciones non sanctas.

La suma de ambos ingresos debería representar un emolumento digno de las altas y exclusivas funciones que desempeña todo parlamentario.

La dieta así establecida sería reajustada automáticamente, de acuerdo con las mejoras y beneficios que se concedan al personal de la Administración del Estado.

Muchas otras reformas podrían ser propuestas. Sólo he querido en esta tarde llamar la atención sobre la necesidad de abordar este problema que afecta al prestigio de uno de los Poderes del Estado.

El Parlamento, los partidos políticos y los medios de comunicación se han preocupado de los Derechos Humanos, de los graves problemas que afectan a la nación, como la vivienda, la salud, la educación, y se han dictado leyes destinadas a modernizar la estructura del Estado. El Parlamento no puede quedar excluido de estas reformas. Es urgente y necesario que hoy, nosotros, nos aboquemos a estos problemas y no esperemos a que sea la presión de la opinión pública la que nos obligue a reaccionar.

Tenemos que dar al Parlamento su verdadera dimensión, dignidad y un arraigado y sólido prestigio en la conciencia ciudadana.

He dicho.

Aplausos en la Sala.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano