Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La presente sesión tiene por objeto analizar el informe emitido por la Comisión Verdad y Reconciliación.

Recuerdo a los señores parlamentarios que en días pasados la Cámara adoptó un acuerdo unánime sobre la materia.

El debate se regirá por las normas de los Incidentes.

En primer lugar, ha solicitado hacer uso de la palaba el Comité del Partido Socialista y Partido por la Democracia.

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, estimados colegas:

Nos reunimos hoy como representantes del pueblo chileno, libremente electos, para debatir acerca de uno de los documentos más importantes del período de la transición a la democracia: el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación.

Entramos a este debate con emoción y respeto. El tema de los Derechos Humanos no es sólo uno de los más cruciales en la agenda de la transición a la democracia, también sintetiza, como pocos, los dolores y desgarramientos vividos por la sociedad chilena durante la dictadura. Y es, igualmente, una de las bases más seguras para alcanzar una nueva civilización y la nueva democracia que buscamos construir.

Tenemos ante nosotros numerosas y decisivas interrogantes. ¿Por qué Chile, que fue un país tan respetuoso de la vida, llegó a los abismos de horror y destrucción de que dan cuenta los 2.279 seres humanos asesinados sin juicio y en condiciones brutales, consignados en el Informe Rettig? ¿Cómo vamos i asegurar, frente a estas situaciones, la verdad y justicia básicas que hagan posible la convivencia política futura? ¿Qué pasos institucionales tenemos que dar para que nuestra patria no viva nunca más acontecimientos semejantes en el futuro?

Nuestro espíritu es de generosidad y grandeza. Esto nos impone a todos algunas exigencias fundamentales. En primer lugar, afianzar los contenidos de una verdad compartida, en los términos que se desprenden de las acuciosas investigaciones de la Comisión Verdad y Reconciliación. Para ello, debemos admitir que en Chile, antes de septiembre de 1973, vivimos una aguda crisis política, con la secuela de polarización y enfrentamiento que esto conlleva. Pero en nuestro país no hubo -como no ha habido a lo largo del siglo XX- un conflicto civil o una guerra interna. Al contrario, como se desprende de los propios documentos de la Junta Militar, los autores del golpe de Estado tomaron el control del país ese mismo día, luego de bombardear el Palacio de la Moneda, en donde murió el Presidente constitucional, Salvador Allende, sin encontrar resistencia en ningún lugar del territorio nacional.

Esta situación, claramente acreditada por el trabajo de la Comisión, pone término, además, al argumento muchas veces repetido por sectores próximos a la dictadura de que las violaciones a los derechos humanos fueron acontecimientos aislados, atribuibles a excesos o desatinos de quienes los cometieron; que no comprometen la responsabilidad política y moral de los conductores del pasado régimen.

No fue así. Cuando más de dos millares de chilenos son eliminados sin proceso; cuando decenas de miles más padecen formas aberrantes y brutales de tortura, y cuando a lo largo de 16 años y medio se asiste a la acción discrecional de los aparatos de seguridad, estamos frente al fenómeno conocido como terrorismo de Estado.

El el Siglo XVI, Nicolás Maquiavelo formuló la idea, compartida luego por todas las teorías políticas, de que al Estado le corresponde el monopolio de la fuerza y su uso legítimo. La contrapartida de este poder, que se confiere a la autoridad, es la obligación de usarlo con apego a la equidad y con efectivo respeto a la integridad de los seres humanos. Este principio es el fundamento de la civilización y la modernidad políticas. Cuando se desconoce, sólo queda la fuerza desnuda, la barbarie de los autoritarismos de todo signo, en contra de lo cual siempre hemos luchado los socialistas y los hombres y mujeres de conciencia humanista.

El más grave cargo del que deberá responder el régimen del General Pinochet ante la historia, es haber impuesto en Chile el terrorismo de Estado. En un país donde por más de un siglo y medio la vida humana tuvo un alto valor; en una sociedad donde existió por largo tiempo la tolerancia y el pluralismo políticos; en una nación rica en organizaciones sociales y culturales muy variadas, la dictadura de Pinochet impuso la lógica de la intolerancia y la exclusión.

Como hoy todos lo sabemos, y debemos tenerlo en cuenta cuando nos miremos a los ojos, aquí no sólo se dividió a los chilenos en amigos y enemigos, sino que se puso en marcha una maquinaria para eliminar físicamente a aquéllos a quienes la autoridad considera adversarios.

En los seis volúmenes entregados por la Comisión Verdad y Reconciliación están las pruebas abrumadoras que deben avergonzamos a todos. Un régimen que, al crear una policía secreta omnipotente como la Dina, situó a la actividad criminal como parte del quehacer cotidiano del Estado. Un Estado que organizó cárceles secretas donde se aplicaron los métodos más brutales de tortura, lejos de toda protección y humanitarismo; que estableció campos de concentración por los que pasaron miles de compatriotas; que falsificó más de 2.500 pasaportes, como hace poco se denunciara a través del Ministerio de Relaciones Exteriores al concluir una investigación sumaria; que adulteró cédulas de identidad e inventó chapas para dar carácter anónimo a sus agentes; que mantuvo flotas de vehículos no sujetos a registro y con patentes adulteradas y que cerró este trágico circuito con cementerios clandestinos, donde fueron sepultadas las víctimas de estos crímenes, sin que sus seres queridos pudieran siquiera rendirles un último homenaje y despedirlos como seres humanos.

Nadie puede sostener el carácter episódico o circunstancial de estos hechos. Estas masivas violaciones a los derechos humanos se iniciaron con el golpe mismo, mantuvieron una aterradora masividad hasta fines de 1978 y fueron reactivados luego de 1980, alcanzando implacable regularidad.

En el último tiempo, hemos advertido en nuestro país un clima de justificada inquietud ante el crecimiento de la delincuencia y la inseguridad de las personas. Se trata de un hecho importante que hay que enfrentar. Sin embargo, se impone una reflexión inescapable: ¿Cómo podemos asombramos de que aumente la delincuencia en un país en donde por largos años los órganos de seguridad del Gobierno realizaron una sistemática actividad criminal? Si cada uno de los 2.189 crímenes calificados por la Comisión Rettig como cometidos por agentes del Estado tuviera un solo responsable, la Dina, la CNI y similares tendrían en su seno 2.189 homicidas que hoy circulan libremente por las calles y a los que en virtud de la ley de amnistía de 1978, no resultaría posible sancionar.

La triste verdad es que si quienes gobiernan no se someten a la ley y usan la fuerza para realizar actividades criminales que permanecen impunes, las bases mismas de la legitimidad y la convivencia de un país se erosionan.

Por eso, los integrantes del Partido Socialista, del Partido por la Democracia y de la coalición Humanista Verde luchamos durante largos años, pensando en todos los chilenos, por poner término a la dictadura y por el retomo a la democracia. Hoy, al concluir el trabajo de la Comisión Verdad y Reconciliación, comenzamos a tener una verdad común sobre uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia inmediata. Es interés nuestro trabajar con ella y aprender de las desgarradoras enseñanzas que estos episodios dejan.

Agradecemos solemnemente a los hombres y mujeres, de variadas inspiraciones espirituales, que integraron la Comisión, el coraje moral, la dedicación y seriedad con que cumplieron su cometido.

Convocamos a quienes colaboraron con el régimen anterior a asumir su responsabilidad moral y ayudar al establecimiento de aquella parte de la verdad que todavía no ha sido lograda.

Expresamos, igualmente, nuestra firme decisión de trabajar por la plena vigencia de los derechos humanos en Chile, comprometiendo nuestros mejores esfuerzos en la aprobación de las leyes que refuercen nuestra institucionalidad en este terreno y contribuyan a la reparación moral y material de las víctimas de las violaciones que hoy analizamos.

Pensamos que el debate en la Honorable Cámara debe centrarse en cuatro aspectos fundamentales, sobre los cuales nos pronunciaremos como bancada: primero, el establecimiento de la verdad histórica sobre las violaciones producidas, porque ésta es condición esencial de la justicia; segundo, la reparación moral, que se deriva como consecuencia lógica de la verdad; tercero, el examen de las responsabilidades, indispensable para convivir en paz, y cuarto, las proposiciones de una estrategia nacional sobre derechos humanos, que nos permita recoger el gran consenso que, en tomo al pleno respeto de la dignidad del hombre, se ha producido en nuestra patria.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada doña María Maluenda.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, como lo señala el discurso del Presidente Aylwin al entregar a la opinión pública el informe de la Comisión Rettig, la justicia es la mayor de las virtudes sociales, base insustituible de la paz.

Para que haya paz, se requiere verdad y justicia. Si tenemos el coraje de no temer a la verdad, recibiremos todos el beneficio de aprender de los errores del pasado. Si no asumimos la verdad, no habrá justicia; y sin justicia, no habrá perdón.

El fundamento de toda relación entre los hombres es la verdad. Donde la verdad no es respetada, se quiebra la confianza y surgen los odios y la violencia.

Cuando se vive en la mentira y el delincuente no es juzgado, sino quien denuncia el hecho, debemos buscar la verdad. Una sociedad que no quiere conocer la verdad, no tendrá dignidad ni podrá vivir en paz.

Durante todo el régimen militar, éste trató de esconder y falsear la verdad. Lo que empezó como un murmullo, de oído en oído, respecto de las atrocidades que se cometían, fue tomando la fuerza de la verdad, hasta verla hoy como una lacerante realidad impresa en el informe Rettig

Esta verdad es hoy posible gracias al anónimo esfuerzo de miles de chilenos, que no aceptaron nunca la versión oficial y se opusieron a ella, recibiendo de las autoridades de la época y de los partidos de Derecha que las apoyaban diversas calificaciones, tales como agentes del comunismo internacional, vendepatria, tontos útiles, etcétera, siendo perseguidos, encarcelados o torturados por su compromiso por la verdad.

Nos inclinamos con respecto ante los familiares de las víctimas de la represión, ante los periodistas comprometidos con la verdad, ante las diversas iglesias, ante la: Vicaría de la Solidaridad, ante la solidaridad internacional, las agrupaciones de derechos humanos, así como ante tantos compatriotas que lucharon anónima e incansablemente por imponer la verdad. Si hemos conocido esta verdad, en gran medida se lo debemos a ellos, y en forma especial a la Vicaría de la Solidaridad y a los organismos de derechos humanos.

El Partido por la Democracia quiere subrayar que la Vicaría guardó y defendió el archivo de las infamias, registró los nombres de cada una de las víctimas; investigó, siguió las huellas de los asesinos, reconstruyó y excavó cada una de las terribles verdades conocidas. Lo hizo contra viento y marea, más allá de las amenazas, las persecuciones, los asaltos, los vanos intentos por sofocar sus denuncias. Cuando nació la Vicaría, su creador, el Cárdenal Raúl Silva Henríquez, dijo que sería la voz de los que no tenían voz. Ese cometido fue cumplido con una firmeza y generosidad que honra para siempre a sus voluntarios e incansables trabajadores. Ahora entendemos la obsesión del Fiscal Torres por querer incautar los archivos de la Vicaría de la Solidaridad. Sabía que en ellos estaba la base y fuente de la verdad y las pruebas de los crímenes de la dictadura. Pero aún no hemos completado la verdad, la que será posible sólo cuando se conozca dónde están los cuerpos de los ejecutados y de los detenidos desaparecidos; cuando se investiguen en profundidad otra diversidad de delitos y los culpables sean sancionados. Los diversos personeros del régimen anterior deben confesar la verdad, pues, como queda establecido en el Informe Rettig, en cada uno de los casos investigados, ésta se falseó para ocultar los crímenes. En el Informe se identifica como agentes del Estado a los que asesinaron al General Prats, a Orlando Letelier, quemaron a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas Denegri, y realizaron tantos otros innumerables crímenes que en su oportunidad trataron descaradamente de imputar a la Izquierda.

Me parece necesario traer a la memoria las palabras de quien fuera Secretario General de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, quien señaló, en relación con el asesinato de los tres profesionales comunistas -de los cuales uno de ellos era mi hijo José Manuel-: "Nosotros creemos -dijo- que se está jugando en este caso el procedimiento típico de purga dentro de los grupos marxistas".

De igual forma, quiero recordar una cita del entonces asesor político del Ministerio del Interior, Ambrosio Rodríguez, en relación con la muerte de Juan Muñoz Alarcón, asesinado de cuatro puñaladas el 25 de octubre de 1977, que nos muestra una vez más la inmoralidad del régimen anterior: "El Vicario Precht es el responsable moral del fallecimiento de este individuo -señaló-. Con ello podemos comprobar que más que interesarle la vida humana al sacerdote le importa desprestigiar al gobierno, tarea en la que está empeñado desde hace bastante tiempo". ¡Señores Cuadra y Rodríguez!, ¿Y quiénes han escondido la verdad durante este tiempo? ¡No se sigan escondiendo en el silencio; den cuenta de sus actos y afirmaciones! Es necesario que aquellos que conocen la verdad la den a conocer. Como lo señaló la Iglesia Católica: si alguien tiene información fidedigna, tiene la obligación moral de comunicarla.

Hacemos, una vez más, un llamado a las Fuerzas Armadas y de Orden a que no sigan escondiendo la verdad y que nos ayuden a completarla, entregando la información que poseen.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, la verdad no es sólo conocer qué sucedió, dónde están los cuerpos, quiénes son los culpables; la verdad implica también la reparación moral de las víctimas. Sus nombres deben dejar de estar proscritos o de ser símbolo de algo malo, nefasto, de traidores. Es seguro que habrá un fácil consenso en el establecimientos de pensiones, montepíos y solución de los problemas de seguridad social que afectan a los familiares de las víctimas de estas violaciones. Esto, sin embargo, no basta. Es necesario reivindicar la legitimidad de las motivaciones que originaron sus conductas. Hay que decir que se trató de líderes sociales, de dirigentes sindicales, de campesinos, de integrantes de organizaciones juveniles, de intelectuales, de artistas o de dirigentes políticos intermedios, y de oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas, que tuvieron ideales y que creyeron en un Chile mejor. No tiene importancia discutir si estaban o no equivocados, puesto que ningún error justifica la eliminación física del adversario.

Estamos convencidos, también, de que, de todas las respuestas que la sociedad chilena debe dar ante el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, ésta es una de las más importantes. Sin una plena reparación moral de la memoria de los caídos en Chile, difícilmente habrá paz, pues no habremos recuperado la sensación de que todos somos efectivamente iguales en esta sociedad y de que merecemos respeto en nuestra dignidad y memoria.

Los parlamentarios de la bancada de los PS, PPD y PH, asumimos el solemne compromiso de cumplir con esta tarea.

Con una mirada estrecha podríamos considerar que parte muy importante de las víctimas compartió nuestros ideales y militó en las filas del socialismo chileno; sin embargo, nuestra perspectiva es más amplia y tiene una dimensión nacional. Consideramos que la tragedia a la que el país hace frente, plantea un desafío de generosidad y reconocimiento a todos los chilenos, ante el cual nadie puede restarse. Nadie. Así como el Presidente Aylwin -a cuya entereza moral rendimos homenaje- pidió perdón en nombre de Chile a todas las víctimas, del mismo modo, la tarea de restablecer la dignidad moral y el buen nombre de quienes fueron asesinados es una responsabilidad del conjunto de los chilenos, que no admite distinciones de partidos de origen social o de credo religioso.

Nos dirigimos, de manera especial, a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden para solicitarles públicamente que acepten, como parte de su tarea, reparar moralmente a todos aquellos de sus filas que, por ser fieles a la doctrina Schneider, fueron degradados, perseguidos, torturados, y, en algunos casos, asesinados.

Queremos simbolizar este pedido en los casos del ex Comandante en Jefe y Vicepresidente de la República, General Carlos Prats, del soldado conscripto Michel Nash, fusilado en Pisagua y cuyo cuerpo aún no ha sido devuelto, y en forma muy especial, en el día de hoy, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, el nombre del General Alberto Bachelet, muerto en la Cárcel Pública como consecuencia de torturas.

De igual forma, solicitamos de todos los miembros de esta Honorable Cámara un compromiso especial para contribuir a reparar la memoria de tres representantes elegidos por el pueblo que se encontraban en ejercicio de la función parlamentaria en septiembre de 1973: los Diputados Carlos Lorca Tobar, de Valdivia; Vicencio Atencio, de Arica, y Gastón Lobos, de Temuco. Los dos primeros, detenidos desaparecidos y, el tercero, ejecutado. Además, en el caso del Diputado Carlos Lorca Tobar, solicitamos públicamente la cooperación del Ejército de Chile para conocer exactamente su destino.

El Diputado Lorca, médico y máximo dirigente de la Juventud Socialista, fue aprehendido por funcionarios de la DINA en junio de 1975, y su detención está perfectamente comprobada ante los Tribunales. Dicha situación afecta en lo más hondo la conciencia del Parlamento nacional y es una herida que debe cicatrizarse por el bien del país.

Creemos, finalmente, que como Nación también debemos una reparación a la comunidad internacional, la que expresó en la Asamblea de las Naciones Unidas y en otras tribunas internacionales, una justa y humanitaria preocupación frente a los hechos que hoy han sido fehacientemente comprobados, opiniones que el régimen militar pasado pretendió presentar, apelando al chauvinismo, como un ataque contra Chile.

Desde la Cámara de Diputados, queremos expresar nuestra gratitud a todos los hombres y mujeres que, desde cualquiera latitud del mundo, expresaron su solidaridad o su cálida preocupación por las víctimas de los derechos humanos en Chile.

He dicho.

El señor VIERA GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Jaime Naranjo.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

En el drama vivido en nuestro país, existen diversas responsabilidades: morales, políticas y penales. Pero de lo que no cabe duda es que los mayores responsables de las violaciones a los derechos humanos son aquellos que detentaron las máximas responsabilidades políticas en el régimen anterior; los que, en nombre de la seguridad nacional, de su supuesta guerra interna, de una cruzada contra el comunismo internacional, declararon la guerra a su propio pueblo, sembrando el terror y la muerte en todo Chile.

El principal responsable tiene un nombre, que no podemos obviar en aras de un cierto realismo político. Se llama Augusto Pinochet Ugarte, quien incluso llegó1 a afirmar: "Ninguna. ¿Qué responsabilidad moral puedo tener en un hecho que ni supe que estaba sucediendo? ¿Qué responsabilidad? Nada. No me consta que estas cosas hayan pasado.".

En el plano político, la Derecha y sus Partidos deben asumir la cuota de responsabilidad que les cabe en el quiebre institucional y en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen anterior, al que apoyaron irrestrictamente.

El golpe de Estado se puso en marcha aun antes que asumiera su cargo el Presidente Allende. El asesinato del General Schneider habla por sí solo. Independientemente del desarrollo que hubiera podido tener el gobierno de la Unidad Popular, el golpe ya estaba decidido. Había sido resuelto por las altas esferas del gobierno norteamericano, como lo señala la investigación del Congreso de Estados Unidos, a través del Informe Church. Como lo establece el Informe Rettig, hubo un temprano proceso insurreccional impulsado por la Derecha política.

Durante 16 años y medio existió complicidad por acción u omisión ante la evidente violación de los derechos humanos, de los cuales éramos víctimas la mayoría de los chilenos de este país.

Cuando se conculcó el derecho de información y se cerraban radioemisoras, diarios y revistas, la Derecha calló. Cuando se prohibió organizarse o reunirse y se cancelaba la personalidad jurídica de organizaciones sociales y políticas, la Derecha calló. Cuando se expropiaban los bienes de algunos partidos políticos, la gran defensora de la propiedad privada también calló; cuando miles de chilenos eran expulsados del país junto a sus familias, una vez más, la Derecha calló.

Por ello, resulta absurdo que hoy se declaren sorprendidos ante las brutales pruebas de los crímenes y otras violaciones en contra de los derechos humanos. Luego de haber descalificado en el pasado la autenticidad de las denuncias y haber hecho campañas de desprestigio en contra de quienes afirmábamos lo contrario, hoy ha llegado para ellos el tiempo de encarar sus contradicciones.

¿Cómo olvidar todo lo que dijeron?

Sergio Fernández, ex Ministro del Interior y actual Senador designado, afirmaba en cadena nacional el 15 de junio de 1978: "Las autoridades gubernativas han dado respuestas concreta y eficaz respecto de muchos casos, demostrando en incontables oportunidades que la supuesta desaparición no existía.".

El actual Senador Sergio Diez, siendo Embajador ante las Naciones Unidas, negó la existencia de los detenidos desaparecidos, y afirmó que los integrantes de la familia Maureira, cuyos restos fueron encontrados más tarde en Lonquén, "se encontraban de vacaciones en el extranjero".

El mismo Diez, sobre el caso Letelier declaró: "El caso Letelier se investigó, y las autoridades chilenas entregaron a Michael Townley. ¿O alguien puede pensar que las autoridades políticas mandaron a matar a Letelier? ¿Creen que son estúpidas?". ("Las Ultimas Noticias", 9 de febrero de 1986).

¡Senador Diez, Senador designado Fernández, el país espera a lo menos una explicación de vuestra parte!

Pero, además de lo anterior, existen también responsabilidades morales, y en este aspecto sobresale la labor desarrollada por el Poder Judicial.

Como lo señala la Comisión Rettig, "El Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía, lo que produjo en alguna importante o involuntaria medida un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales".

Compartimos totalmente estas candentes afirmaciones. El Poder Judicial faltó gravemente a sus deberes, dejando a los chilenos al arbitrio de la dictadura. En muchos casos de los detenidos desaparecidos, una actitud más diligente o una interpretación menos formalista de la ley, hubiera podido salvar muchas vidas, del mismo modo que se habrían evitado muchos excesos si él no hubiera aceptado la jurisdicción de los Tribunales Militares en tiempo de guerra, en sentencia del 21 de agosto de 1974.

El Poder Judicial no sólo faltó a sus deberes: también se comprometió ideológicamente con el régimen.

En 1974, el señor Hernán Cereceda, entonces Ministro de la Corte de Apelaciones y actual integrante de la Corte Suprema, luego de visitar el campo de detenidos de Chacabuco, señaló: "No tiene nada que ver con un campo de concentración que la propaganda antichilena se empeña en presentar en el extranjero, y lo que conciudadanos mal informados o antipatriotas dan crédito en nuestro país.".

Por su parte, el Presidente de la Corte Suprema de la época, Israel Bórquez, expresó el 1° de marzo de 1975: "En cuanto a torturas y otras atrocidades, puedo afirmar que aquí no existen paredones ni cortinas de hierro, y cualquiera afirmación contraria se debe a una prensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra Patria.".

Finalmente, hay una cita que marca la vergüenza del Poder Judicial. Es breve y pertenece al mismo señor Bórquez: "Los desaparecidos me tienen curco". Está de más cualquier comentario.

Es necesario señalar, también, la responsabilidad moral de algunos periódicos, ya sea por adhesión ideológica o por las presiones ejercidas por los organismos de seguridad.

Es así como encontramos titulares que señalan "Exterminan como ratas a miristas", "Purgas miristas en Argentina", "Miristas asesinan a 60 de sus compañeros". Tales titulares se refieren a la operación con que la DINA buscó esconder su responsabilidad, en relación con la detención de un número importante de miembros del MIR, a los cuales pretendía hacer desaparecer como muertos en el extranjero. El Informe Rettig aclara que ellos fueron detenidos y hechos desapacer por agentes del Estado.

Por último, existe una responsabilidad penal aplicable a los funcionarios que han cometido crímenes. En este punto no puede ser obstáculo, como lo señaló el Presidente Aylwin, la Ley de Amnistía de 1978. El artículo 5° de la Constitución obliga a nuestro país a promover y respetar "los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes". Diversos tratados internacionales prohíben la amnistía de los crímenes de lesa humanidad y de los delitos relacionados con la desaparición forzosa de personas.

Señores Diputados, para poder reconciliamos, no basta que la verdad sea gritada a los cuatro vientos: debe también se aceptada y asumida por todos, aplicándose las sanciones que corresponden a los culpables. La nueva democracia que estamos construyendo la queremos transparente, donde todos podamos mirarnos de frente, aportando las distintas ideas que enriquecen el juego democrático y dejando atrás las traumáticas experiencias del pasado.

Por eso es necesario que, junto con la verdad, exista justicia y no impunidad. No manchemos la búsqueda de la reconciliación con la impunidad

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Camilo Escalona. Le advierto que le quedan 3 minutos de su tiempo.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, el Informe de la Comisión Rettig debe originar en nosotros un aprendizaje colectivo en materia de derechos humanos. Su mayor valor debe consistir en que los chilenos, remecidos por estas revelaciones, demos los pasos conducentes a asegurar que estos hechos no se repitan nunca más. Para ello, formulamos las siguientes propuestas:

Aceptar y difundir la verdad. Apoyamos el conjunto de medidas promovidas por el Presidente de la República en su intervención del 4 de marzo, de aceptar la verdad y de ajustar las diversas conductas a ese reconocimiento. Los hechos revelados deben ser conocidos por la ciudadanía en su conjunto. És una obligación moral de los medios de comunicación prestar la máxima cooperación a este propósito.

Acogemos, en consecuencia, la solemne reivindicación que hiciera el Primer Mandatario, de la dignidad personal de las víctimas denigradas por delitos que nunca les fueron probados y por acusaciones de las que nunca tuvieron posibilidad de defenderse.

Respaldaremos todas las iniciativas de reparación promovidas desde el Gobierno u otras instituciones del Estado o del seno de la sociedad civil. Por ello, valorizamos profundamente y en toda su dimensión, las declaraciones que en representación de la Fuerza Aérea de Chile realizó su Comandante en Jefe, General Fernando Matthei, y de modo muy especial, la reivindicación que hiciera del General Alberto Bachelet, cuya memoria y honor pasan a ser ahora plenamente restablecidos. Esperamos que una actitud semejante sea asumida por el Ejército de Chile, en rescate de la personalidad de quien fuera su Comandante en Jefe, general Carlos Prats, que simboliza auténticamente el profesionalismo, el valor y el honor de los soldados de nuestra Patria.

También consideramos decisivo que esta verdad sea completada con el conocimiento, por el país, de la suerte que finalmente tuvieron los detenidos desaparecidos, y que se esclarezcan, asimismo, otras formas de tratos crueles y degradantes que llegaron a tener aplicación masiva, así como los atentados a la vida que no llegaron a tener resultado de muerte, como el criminal atentado a don Bernardo Leighton y su esposa, en Italia, en 1975.

Reformar y perfeccionar la justicia. Estremecido por el impacto de la verdad, el país espera del Poder Judicial la rectificación que mitigue, aunque sea en parte, la falta de coraje moral y la actitud cómplice de muchos de sus miembros, que cerraron sus oídos y conciencias ante el clamor de familias desesperadas que requerían con urgencia que cumpliera con sus obligaciones en defensa de los derechos de las personas. Eso es lo que el país espera y no que se intente levantar una cortina de humo, en una actitud carente de ética y de la mínima voluntad de asumir la verdad.

Consideramos que la Corte Suprema debe acoger la petición del Presidente de la República en orden a investigar todas las situaciones de derechos humanos, incluidas las anteriores a la ley del autoperdón de 1978; así como también tendrá que aceptar que la reforma constitucional del año 1989, incorporó a la Constitución Política los tratados internacionales sobre derechos humanos, estableciendo el carácter imprescriptible e inamnistiable de los delitos contra los derechos humanos.

Asimismo, somos partidarios de que Chile disponga cuanto antes de una administración de justicia moderna, autónoma, eficiente y respetada. Para esto es necesario que la comunidad nacional participe activamente en el estudio y debate de la reforma constitucional relativa al Poder Judicial, que -esperamos-el Parlamento ha de aprobar en su oportunidad.

Debe existir, también una institución pública dotada de alta autoridad y recursos, independiente de los otros poderes públicos y representativa de toda la sociedad, que recoja y estudie las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Al respecto, apoyamos la creación del Defensor del Pueblo.

Igualmente, debe existir una Fundación de los Derechos Humanos, que prosiga las tareas necesarias para completar la verdad, atender a las familias y guardar testimonio de los graves hechos acontecidos.

Se debe, asimismo, garantizar en el sistema educacional una sólida formación en materia de derechos humanos, convirtiendo la adhesión y el respeto a éstos en uno de los objetivos fundamentales de la educación chilena.

Tan atroz experiencia obliga a que todo el país restituya el valor universal de los derechos humanos, como también su integridad e inviolabilidad. Por ello, somos partidarios de su análisis, estudio e incorporación en la formación de las nuevas generaciones, sin distingo de ninguna especie, lo que significa su inserción curricular en todas las escuelas del país, incluidos los institutos militares.

Consubstancial al valor y respeto primordial de la condición del ser humano, consideramos que la doctrina de la seguridad del país necesita depurarse de la deformación monstruosa contenida en la teoría de la guerra interna, que hace que un chileno sienta como enemigo a otro chileno, al cual debe doblegarse a cualquier precio y por cualquier medio.

Se hace necesario que la sociedad y el Estado adopten todas las medidas que hagan que el ser humano esté por encima de cualquier valoración política, estratégica o ideológica, cuestión de principios que consideramos base de una convivencia, la que, cimentada en el ejercicio y pleno respeto de la soberanía popular, va a permitir desterrar la violencia y el terrorismo como métodos de acción política.

Finalmente, entonces, señor Presidente, queremos solicitar solemnemente un minuto de silencio en memoria de los Diputados del Congreso Nacional que cayeron víctimas de la represión ejercida por los agentes del Estado: Vicente Atencio, Diputado del Partido Comunista, cuyo cadáver fue encontrado recientemente; Gastón Lobos, Diputado por el Partido Radical, cuyo cadáver fue encontrado en Boca Budi, y Carlos Lorca Tobar, Diputado del Partido Socialista, hoy detenido desaparecido. En ellos queremos simbolizar el homenaje de esta Cámara a todas las víctimas de las represión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alberto Espina.

El señor SMOK.- Pero, señor Presidente,...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Al final de la sesión consideramos la petición formulada.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, en mi calidad de Jefe de la bancada de Renovación Nacional, intervendré para fijar la posición de nuestro Partido en relación con el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, exposición que será complementada por las intervenciones posteriores de otros parlamentarios de esta bancada.

El presidente de la República dio a conocer a la ciudadanía el informe elaborado por la Comisión Verdad y Reconciliación, relativo a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las últimas décadas.

Al constituirse la Comisión, Renovación Nacional formuló dos aprensiones sobre su trabajo. La primera se refería a que el decreto constitutivo de ella limitó; su labor a los derechos humanos posteriores al 11 de septiembre de 1973, sin aludir al contexto histórico que provocó la intervención militar de ese año. Pese a esa limitación, el Informe contiene, bajo el título "Marco Político", un extenso análisis de la situación que vivía el país con anterioridad al Gobierno de las Fuerzas Armadas.

La segunda consistía en el temor de que la Comisión invadiera la función jurisdiccional que, constitucionalmente, corresponde de manera exclusiva al Poder Judicial. Esto último no ocurrió, como lo demuestra el hecho de que en el Informe no se individualizan ni califican las responsabilidades de los autores de violaciones a los derechos humanos.

No obstante, siempre será posible cuestionar el rigor jurídico con que se llevó a efecto la investigación de cada caso. En directa relación con esta aprensión, el abogado señor José Luis Cea, integrante de la Comisión Rettig, en una reciente entrevista, precisó que "una verdad jurídica es más completa y más confiable, porque ha sido contrastada. Las normas que regulan el proceso tienen 2.500 años de antigüedad y permiten constatar empíricamente un hecho. Nosotros no teníamos la capacidad de reunir todos los antecedentes de los hechos y contrastarlos, porque, por el hecho de no ser un Tribunal, no teníamos imperio.".

El propósito de la investigación, según señala el mismo Informe, fue contribuir al esclarecimiento global y establecer un cuadro, lo más completo posible, sobre las graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte, cometidas en los últimos años, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos.

Luego de conocer el trabajo efectuado por la Comisión, Renovación Nacional estima conveniente destacar de él los siguientes aspectos:

En primer lugar, los miembros de la Comisión merecen el justo reconocimiento por haber realizado su trabajo con honradez, seriedad y responsabilidad, dejando de lado las legítimas diferencias políticas. Es justo hacer resaltar que todos ellos actuaron con prudencia, sin caer jamás en la tentación de formular declaraciones públicas que distorsionaran el contenido del Informe y su libre percepción e interpretación por parte de cada chileno.

En segundo lugar, el contenido del Informe, más allá de los errores que pueda tener como producto de las limitaciones que la Comisión enfrentó por no ser un tribunal de la República, evidencia un hecho incontrarrestable: en Chile, durante las últimas décadas, se violaron gravemente los derechos de las personas.

Esta es la primera y, por cierto, una de las más trascendentes conclusiones del Informe. Constata una verdad que resulta lamentable, pero auténtica y, por lo mismo, que todos los chilenos debemos asumir no sólo para conocer nuestro pasado, sino, fundamentalmente, para enfrentar el futuro con responsabilidad.

La historia y las futuras generaciones, luego de las experiencias vividas, jamás aceptarían que, a causa de nuestros errores futuros, se volviera a derrumbar la democracia y se repitieran los hechos que hoy motivan esta sesión especial.

En tercer lugar, el Informe zanja definitivamente una cuestión conceptual clave que motivó numerosas polémicas en el pasado. La Comisión establece clara e inequívocamente que las violaciones a los derechos humanos las cometen por igual los agentes de servicios de seguridad y los terroristas; los que reprimen y los que subvierten, apartándose de la legalidad y despreciando la vida humana.

En esta materia, no cabe un doble estándar. Los terroristas no son víctimas cuando recurren a la violencia bajo pretextos políticos, y los agentes del Estado no resguardan el orden público ni cautelan la seguridad ciudadana cuando abusan del poder y vulneran arbitrariamente los derechos de las personas.

Esta última reflexión nos conduce a plantear, ante esta Honorable Cámara, nuestro convencimiento absoluto de que, como expresa el Informe, la plenitud democrática y el estado de derecho son los únicos diques capaces de contener la violencia, de hacerla inútil y de proscribirla de manera permanente.

Consecuente con ello, cada vez que se debilita el sistema democrático, se aumenta el riesgo de que se violen los derechos de las personas. La experiencia del pasado así lo demuestra. Preservar la democracia, acatando lealmente sus reglas, es un deber irrenunciable de quienes actuamos en política.

En cuarto lugar, ¿quiénes fueron las víctimas de las violaciones a los derechos humanos? Formulo esta pregunta, porque sería un grave error suponer que el Informe fue un mero ejercicio intelectual, limitado a definiciones o conceptualizaciones. No, no es así. El Informe se refiere a seres humanos, miembros de una familia, compatriotas nuestros. Las víctimas fueron civiles; en un gran número, militantes o simpatizantes de partidos de izquierda y, asimismo, miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros e, incluso, personas que no tenían filiación partidista ni participación política. Todas ellas, sin distinción, merecen nuestro respeto, nuestro recuerdo y nuestro compromiso de reivindicar su honor y su dignidad como seres humanos.

Tampoco es aceptable un doble estándar en esta materia. La vida humana no es un problema cuantitativo, sino cualitativo.

Todos los sectores democráticos y los representantes de las instituciones relevantes de nuestra sociedad reconocen que cada vida humana tiene en sí misma un valor insustituible y que, por tanto, cada atentado en contra de la vida de las personas reviste igual gravedad.

Con el solo propósito de ilustrar lo anterior, creo oportuno mencionar algunos casos relatados en el Informe.

El 28 de diciembre de 1983, al descender de un microbús don Francisco Javier Pérez Brito, de 27 años de edad, fue atacado sorpresivamente por dos individuos, quienes le dispararon por la espalda, sin posibilidad de defensa, asesinándolo.

El 2 de septiembre de 1974, falleció don Gumercindo Alvarez Pizarro, quien fue secuestrado de su casa y cuyo cadáver apareció sin uñas en las manos ni en los pies.

El 13 de agosto de 1985, murió don César Ornar Chesta, de 26 años de edad, como consecuencia de un politraumatismo; con fractura de base de cráneo; contusión cerebral; traumatismo torácico; amputación traumática de ambas manos, producida por la explosión de un artefacto explosivo a muy corta distancia.

El ls de octubre del 1973, fueron muertos Miguel Angel Ríos, de 16 años de edad; Rogelio Ramírez, de 18 años, y Orlando Ríos, de 15 años, quienes fueron golpeados con dureza y obligados a correr, momento en que se les disparó.

El 21 de junio de 1989, murieron Jaime Parra, de 26 años de edad, y Ramón Salas, de 22 años, al ser atacados, sin tener posibilidad real de defensa, por un comando armado, que los remató en el suelo con 6 y 7 impactos de bala, respectivamente.

Finalmente, el 29 de diciembre de 1986, murió doña Rosa Riveros Fierro, de 37 años de edad, como consecuencia de graves quemaduras provocadas por bombas incendiarias que fueron lanzadas por encapuchados dentro de un microbús.

Las víctimas de los casos narrados corresponden a cuatro funcionarios de Carabineros: Francisco Pérez, César Chesta, Jaime Parra y Ramón Salas; a cuatro simpatizantes de partidos de izquierda: Gumercindo Álvarez, Angel Ríos, Rogelio Ramírez y Orlando Ríos y, además, a una mujer embarazada, sin filiación política, que viajaba en un microbús.

Todos estos casos tienen la misma gravedad, y deberán ser motivo de recuerdo en la tarea de alcanzar la unidad nacional. Sólo así, la dramática experiencia del pasado permanecerá en nuestras conciencias y nos permitirá construir una sociedad en donde cada cual respete, por sobre cualquier otra consideración, los derechos de los demás: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a crear y desarrollar su imaginación, el derecho a progresar, el derecho a tener oportunidades para potenciar sus capacidades, el derecho a convivir en paz en nuestra patria.

En quinto lugar, el capítulo del Informe denominado "Marco Político", analiza la situación imperante en Chile al 11 de septiembre de 1973.

Debo ser claro y categórico, desde ya, en que la referencia a este capítulo no pretende justificar las violaciones a los derechos de las personas ocurridas con posterioridad a 1973. No es posible justificar lo inexcusable.

Los abusos y excesos cometidos por agentes del Estado durante el gobierno militar y los actos de terrorismos perpetrados por grupos extremistas, no tienen justificación.

Tampoco es aceptable la hipótesis de que tales abusos a los derechos de las personas tendrían justificación en un supuesto o real período de guerra. Ello, por cuanto incluso la guerra envuelve límites éticos y jurídicos para los contendientes. Si bien hay muchos ejemplos en la historia en que tales límites no se han respetando, jamás su ocurrencia puede utilizarse como argumento para justificarlos. Estos malos ejemplos no deben imitarse, sino, por el contrario, se deben condenar.

Hecha la aclaración anterior, estimo imprescindible referirme a la situación existente en 1973, con el propósito de responder una pregunta que, estoy cierto, todos debemos formulamos: ¿Qué ocurrió en la sociedad chilena? ¿Qué factores influyeron para que un país como el nuestro, con una profunda tradición democrática, haya vivido un período en el cual se violaron gravemente los derechos de las personas?

El informe de la Comisión es claro y categórico al expresar: "El conocimiento de la crisis de 1973, se hace entonces indispensable, tanto para entender la gestación de las posteriores violaciones de esos derechos que hemos debido investigar como para prevenir que ellas se repitan.".

El Presidente Aylwin señaló, textualmente en una reciente entrevista:"...las condiciones de polarización de la sociedad chilena en la época que culminó el 11 de septiembre explica mucho de lo acontecido, pero no lo justifica.".

El abogado José Luis Cea, miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación, en una reciente entrevista, también apunta en el mismo sentido. Dice textualmente: "No cabe duda -y en eso yo sigo la tesis del Informe- que lo ocurrió en la Unidad Popular debilitó el sistema institucional chileno hasta destruirlo y que solamente en un régimen de plena eficacia del Estado de Derecho y de democracia es efectiva la protección de los derechos humanos. Para mí, existe una relación directa entre lo que ocurre en la Unidad Popular, el 11 de Septiembre y lo que sucede después. Cuando hay un régimen autoritario -concluye el abogado Cea-se corre un riesgo altísimo de que ocurran violaciones a los derechos humanos".

Estos testimonios son elocuentes para demostrar que no es posible sesgar nuestra historia, si realmente queremos y aspiramos a una verdadera reconciliación. No se puede cortar arbitrariamente la historia, pretendiendo que existe una relación directa entre lo ocurrido durante el gobierno de Salvador Allende, el clima que condujo a que las Fuerzas Armadas asumieran el poder y los hechos posteriores.

La reconciliación requiere asumir las responsabilidades en las causas y en los efectos de la crisis vivida de 1973. Si sólo nos quedamos en las causas e ignoramos los efectos, entonces tendremos una verdad a medias. Asimismo, si sólo nos quedamos con los efectos y nos ponemos una venda en los ojos respecto de las causas, tendremos otra verdad a medias.

Renovación Nacional aspira a que, entre todos, logremos una verdad global, y ello exige buscar una explicación de los hechos que han ocurrido en las últimas décadas.

La aguda crisis de 1973 tiene, entre otras, las siguientes características, todas ellas consignadas en el Informe:

Se destruyen los puntos de consenso entre los chilenos, relativos a instituciones, tradiciones, supuestos de convivencia social y política, que eran fundamentales para resguardar los derechos humanos.

Importantes sectores de la Izquierda asumen como propios los planteamientos de la Revolución Cubana y ponen, en primer plano, la vía armada para conquistar el poder, afirmando que el camino del enfrentamiento es el único real.

El profundo ideologismo, caracterizado por modelos cerrados e intransables, conduce a la exacerbación de los odios y el desprecio de la persona del adversario, hasta impulsar, incluso, su eliminación física.

El gobierno de la Unidad Popular intentó imponer un modelo de sociedad que fue rechazado por la inmensa mayoría de los chilenos, vulneró la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.

Todo ello lleva a la Comisión a expresar en su Informe, textualmente: "...el globo de los factores que hemos descrito, anteriores y posteriores a 1970, condujo hacia 1973 a un clima objetivamente propicio a la guerra civil.".

En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, el informe expresa que: "Hasta su decisiva intervención en septiembre de 1973,"..."se mantuvieron al margen de la crisis y en el papel de profesionalismo, disciplina, obediencia al poder civil y neutralidad política que la Constitución les asignaba".

Agrega el Informe de la Comisión que "la intensificación de la crisis, "el anuncio" de la extrema Izquierda de su propósito de destruir o transformar revolucionariamente a las Fuerzas Armadas, su jactancia en cuanto a querer infiltrarlas, o, incluso, haberlo hecho ya, y de llamados a la desobediencia de clases y tropas condujo a que éstas tenían que considerar la posibilidad de que su no actuar trajera un mal mayor: la guerra civil.".

De lo anterior se desprende que las Fuerzas Armadas no tuvieron responsabilidad alguna en la crisis que culminó con su acceso al poder.

En síntesis, si de verdad aspiramos al reencuentro entre los chilenos y a cerrar las heridas del pasado, no podemos justificar las violaciones a los derechos humanos; pero tampoco podemos ignorar las causas que generaron el clima de violencia que durante las últimas décadas afectó a nuestra sociedad.

Finalmente, quiero expresar que el camino de la reconciliación no es fácil, pero simultáneamente es irrenunciable. La reconciliación no se logra propiciando la impunidad, pero tampoco desencadenando un interminable círculo vicioso de represalias y contrarrepresalias, o reviviendo un clima de enfrentamiento político que el país ha superado.

Corresponde a los tribunales de justicia juzgar a los responsables de los delitos que se configuran con ocasión de las violaciones a los derechos humanos y sancionar a sus autores. Por lo mismo, no es lícito que autoridad alguna pretenda imponer su criterio al Poder Judicial de cómo interpretar la ley. De aceptarse esta tesis, se coloca a los tribunales en la inaceptable disyuntiva de aplicar la ley con independencia y sujeción a su propia convicción, o someterse a la opinión jurídica de la autoridad política -por legítima que ésta sea- a riesgo de recibir serios ataques que, incluso, pueden llegar a afectar la seguridad personal de sus miembros.

Por otra parte, la reconciliación nos plantea dos opciones. Una, es convivir aceptando que tenemos una visión opuesta del pasado y, por lo tanto, relativizando la verdad; la otra, es hacer un serio y honesto esfuerzo por construir una historia común respecto del pasado.

Por cierto esta historia tendrá matices, pero su columna vertebral será una verdad común que nos permita sacar lecciones de ella; tener en claro nuestras respectivas responsabilidades y fortalecer hacia el futuro los aspectos que nos unen y no aquellos que nos confrontan.

No se trata de renunciar a nuestros proyectos de sociedad, sino buscar los puntos que en ella se complementan resolviendo nuestras legítimas discrepancias a través de las reglas del juego democrático.

Tengo la convicción de que es posible construir una verdad común. Ello requiere precisar lo que estimamos son las responsabilidades de nuestros adversarios, pero también cuáles son nuestras responsabilidades.

¿Por qué es tan difícil que cada uno admita lo que nadie ignora?

¿Puede la Izquierda desconocer que introdujo y validó la violencia política en Chile desde mediados de la década de 1960?

¿Puede la Derecha y la Centro-Derecha desconocer que no protestamos con la energía y fuerza suficiente ante las violaciones a los derechos humanos?

¿Puede el Partido Demócrata Cristiano ignorar que en su anterior gobierno se erosionó el Estado de Derecho y que en 1973 apoyó la intervención militar?

¿Pueden los altos mandos de las Fuerzas Armadas negar que no sancionaron adecuadamente los graves atentados a los derechos humanos cometidos durante su Gobierno?

Cada uno debe contestar en conciencia estas preguntas y asumir sus respectivas responsabilidades con valentía y franqueza.

Hacerlo como lo hemos hecho hoy no atenta contra la propia dignidad; por el contrario, enaltece y constituye un gesto evidente para avanzar hacia la auténtica reconciliación.

Nuestro Partido comparte y respalda los criterios generales que en materia de reparaciones morales y materiales sugiere la Comisión Rettig, y que ha hecho suyas el Presidente de la República.

Tales reparaciones constituyen una tarea absolutamente necesaria y deben convocar a toda la sociedad chilena.

En especial, reconocemos el innegable derecho de los familiares de las víctimas a conocer el paradero de sus restos, para honrarlos y darles digna sepultura, y que deben agotarse los medios posibles que permitan hacerlo efectivo, lo que requiere de la real y efectiva colaboración de todas aquellas personas o instituciones que tengan antecedentes sobre ello.

Al concluir, señor Presidente, debo señalar que, hace algunos días, un alto dirigente socialista expresó que el símbolo de ese Partido era el puño en alto y que él extendía la mano fraternalmente en busca de la reconciliación.

Los miembros de Renovación Nacional miramos siempre de frente a nuestros simpatizantes y adversarios. Hoy, mirándoles de frente, extendemos la mano para construir junto a todos ustedes el futuro de Chile.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Baldemar Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, señores Diputados, hablo en nombre de la bancada democratacristiana para perfilar nuestro más íntimo sentimiento y nuestro más claro pensamiento en relación con el problema de los derechos humanos, que tiene tan herida el alma nacional, que ha dividido por tantos años a nuestras familias y que tan honda significación tiene para la consolidación de nuestro país como la patria común de todos los chilenos.

La trascendencia de esta materia en la vida nacional, cuyas secuelas repercuten con tanta fuerza en instituciones fundamentales de la República y en el sentimiento de miles de chilenos, de cuya solución pende -diría- la posibilidad de construir un país en paz, justo y solidario, nos obliga a abordar el tema con serenidad, con respeto, con profunda seriedad, pensando, en definitiva, señores Diputados -lo digo con mucho respeto por todos los dolores de Chile-sólo en el futuro de nuestro país.

Nadie tiene derecho hoy a usar el tema de los derechos humanos y el Informe de la Comisión Rettig para obtener mezquinas prebendas políticas, para orquestar campañas contra instituciones o personas, para perseguir venganzas, buscar víctimas expropiatorias, azuzar movimientos golpistas o justificar actitudes violentistas o terroristas.

Nadie tiene derecho hoy, frente a este Informe de la Comisión Rettig, a actuar en contra de la estabilidad del sistema democrático y del proceso de transición de los chilenos, que tanto ha costado a este país.

Señor Presidente, ¿qué dice el Informe Rettig, que ha golpeado tan fuertemente el alma nacional? Dice que ellos pudieron detectar 2.115 ciudadanos chilenos víctimas de violación de los derechos humanos. Es decir, chilenos que fueron detenidos, desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en cuyos casos aparece comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio; como asimismo los secuestros y atentados contra la vida de personas cometidas por particulares bajo pretexto político, en 90 casos.

Dice que conoció de otras 641 situaciones, respecto de las cuales no pudo formarse convicción, por lo que estima necesario una mayor investigación. También señala que el Poder Judicial no reaccionó con suficiente energía, lo que causó, en alguna importante o involuntaria medida, un agravamiento del proceso sistemático de violación de los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar protección a las personas detenidas en los casos denunciados, cuanto porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales.

El Informe señala también como responsables de estas violaciones a organismos represivos como la DINA y la CNI. En él se indican los procedimientos empleados, los lugares de detención, los métodos de tortura y la ejecución de las víctimas. Pero también, señores Diputados, el Informe se introduce en algo que nos concierne a todos. ¿Cuál fue, en ese entonces, la actitud que asumimos en esos hechos, como actores de esa sociedad tan ofendida en su dignidad? ¿Qué hicimos los políticos, los actores sociales y los espirituales? ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación?

Escuetamente, señores Diputados, estas son las ideas matrices que debemos analizar.

Hubo crímenes y torturas atroces cometidos por organismos del aparato represivo del Estado. Existen hoy cientos de desaparecidos cuyos cuerpos reclaman sus familiares. Alguien tiene que saber dónde están.

Las instituciones del Estado creadas para hacer justicia no funcionaron con la debida eficiencia y prontitud que se requería. La sociedad misma y sus instituciones respondieron a esta ofensa a la dignidad nacional de diversas maneras. No lo digo yo, señores Diputados. Los han dicho personas e instituciones del más alto valor moral del país; lo ha sostenido el Presidente de la República, y así fue planteado al pueblo de Chile en el proceso eleccionario pasado, y el pueblo de Chile entendió que para sanar esta herida profunda en el alma nacional, que para entregar siquiera una pizca de consuelo a los familiares de las víctimas, que para terminar con el odio y la violencia en nuestra Patria, entre unos y otros, y hacer posible un destino común como país, es fundamental, esencial, y un requisito sine qua non, conocer la verdad y hacer justicia, hacer un esfuerzo supremo para que haya justicia. Sólo así se tranquilizarán los espíritus y será posible el perdón, la reconciliación y la paz.

Por eso, esta mañana nos interesa decir con mucha serenidad: valoramos y asumimos todo lo que el Informe de la Comisión Rettig establece como aporte a la verdad que necesitaba conocer este país; verdad que han compartido con angustia y con dolor casi todos los chilenos; verdad que no era parte de nuestra historia, porque el miedo a la represión, a los mezquinos intereses de unos y a la autocensura de otros, la cubrió con su manto de mentiras. Hoy compartimos una verdad común frente a un episodio triste de nuestra historia. ¿Osaría alguien en esta Sala, señor Presidente, negarla?

Pero también, señores Diputados, compartimos otra realidad tan importante como la primera. No hay un antecedente, histórico ni moral, acción o móvil que legitime y justifique estas dolorosas situaciones que hoy conocemos. ¿Quién puede estar moralmente habilitado para justificar la tortura, la muerte violenta y...¡para qué seguir, aduciendo que estos hechos son consecuencia de circunstancias históricas acaecidas con anterioridad! ¿Quién pretende quitar fuerza a la verdad expresada en el Informe Rettig diciendo que es sesgada, porque no analiza períodos anteriores de la historia que, tal vez, podrían explicar actos tan desdeñables? No puedo hablar de acuerdo con los dictados de conciencia, porque yo juzgaría que nuestras conciencias nos dicen que estos actos, lisa y llanamente, no tienen justificación alguna y que son producto de desequilibrios síquicos que sufren los individuos por incontrolados sentimientos, movidos por principios pasionales.

Frente a esta verdad, señor Presidente, para la cual en su oportunidad no hubo justicia ¿cuál es nuestra deuda, como sociedad, con los ofendidos? ¿cuál es nuestro deber para con Chile si queremos construir un país unido y solidario? Tratar de hacer justicia. No hay otra respuesta. Hacer un gran esfuerzo nacional para que haya justicia dentro de nuestro Estado de derecho y en conformidad a nuestro ordenamiento jurídico, en base a un debido proceso. ¿A quién puede ofender que, en circunstancias tan graves para el país sean nuestros propios tribunales de justicia, de acuerdo a la ley, los que investiguen y señalen responsables, cuando los haya y sea posible detectarlos?

¿Afán de persecución, espíritu de venganza, caza de brujas, sentencia anticipada; acusación gratuita a instituciones respetables del país, como algunos pretenden interpretar, torcidamente, el ánimo sincero de hacer justicia; condenación moral a instituciones, como dicen otros? ¡No, señor Presidente! Con firmeza y con sinceridad profunda, esta bancada se pronuncia por la honda necesidad, necesidad como país, de que haya justicia y responsabilidades personales, jurídicas, morales y políticas para que sea posible en Chile la convivencia pacífica, el perdón y la reconciliación.

Con la misma fuerza con que proclamamos la necesidad de verdad y justicia, decimos también que rechazamos y no aceptamos chantajes ni actos de violencia ni venganzas, aduciendo a este Gobierno democrático y con este Presidente que, conmovido en sus fibras más íntimas, ha prometido que buscará la justicia por todos los medios que la Constitución y la ley le franqueen para hacerlo, consciente de los reparos que nuestro actual orden jurídico nos merece y que es necesario corregir a la brevedad, como una de las legítimas demandas que nos hace la Comisión Rettig, con la cual concuerda la mayoría del país.

No solamente hacemos justicia determinando responsabilidades personales. El Informe Rettig es sabio en esta materia y el Presidente Aylwin la asumió con grandeza de estadista y con hombría. Es la justicia que cada uno de nosotros puede hacer en la persona del ofendido, cuando nos sentimos responsables, por acción o por omisión, frente a estas víctimas de violaciones a los derechos humanos. ¿Quién se atrevería hoy a lanzar la primera piedra y decir: "yo no tengo nada que ver con la tortura o la muerte de éste, mi hermano" "¿Qué hice yo?" Es la primera pregunta que salta acusadora a nuestras conciencias cada vez que sabemos de un hecho tan grave. "¿Qué hice yo? Callé, grité, denuncié; por temor, no hablé; fui cómplice; pude actuar; tenía poder y no lo ejercí, debía investigar y no investigué; podía sancionar y no sancioné; podía denunciar y no lo hice. Me callé y, quizás interiormente, gocé, porque el ofendido era del bando enemigo". Ese es el llamado a nuestras conciencias y aquí, en este país, cada uno debe contestárselo. Como dice el Presidente Aylwin, es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas a las violaciones a los derechos humanos. Todos, unos más otros menos, tenemos que pagar esta deuda social. Reparemos, en parte, el dolor de nuestros semejantes.

Yo no puedo pedir perdón en nombre de todos mis colegas de bancadas, pero lo hago en el mío propio. Aunque fui uno de los primeros en denunciar al régimen dictatorial, junto a otros doce parlamentarios de nuestra bancada, yo, señor Presidente, pido perdón a todos los ofendidos, porque estoy seguro que pude hacer más por su defensa y no lo hice. Demos aún un paso más, posible de dar hoy por todos en el ánimo que nos embarga, por voluntad de hacer justicia. Pidámosles perdón a los familiares de cada uno de esos 2.115 chilenos y a los de aquellos cuyos cuerpos aún no aparecen, que eran personas dignas, que murieron como tales porque nunca la sociedad les probó delito alguno, que fueron víctimas y no victimarios.

Compartimos plenamente las decisiones del Presidente de la República entregadas en su mensaje al país, dando cuenta del Informe Rettig. Sabemos el valor de la reparación moral y el hondo significado que tiene para la familia del ofendido. Por eso, estamos por apoyar todas las iniciativas que perpetúen la memoria de las víctimas. Y lo más trascendente, señor Presidente: aquí hacemos, como bancada, un llamado generoso a todos nuestros colegas para que nunca más en Chile sea posible la tortura, la muerte, la violación tan atroz a los derechos humanos. No nos mueve otro ánimo, otro valor que conocer la verdad, para desde allí extraer las lecciones necesarias que eviten trágicas repercusiones en nuestro pasado histórico.

Cuando decimos que es necesario reformar el sistema judicial, es porque honestamente sentimos que fracasó en esta prueba de fuego y que no queremos que se vuelva a repetir un hecho semejante.

Cuando decimos que hubo miembros de instituciones queridas por nosotros, que las denigraron con su actuación, les estamos pidiendo que se depuren de ellos, que aquí hay responsabilidades personales y no institucionales; les estamos pidiendo por un sentido superior de justicia, por un requerimiento de la patria, que se haga un esfuerzo por hacer justicia y colaborar con ella.

Cuando hablamos de justicia, estamos rechazando la violencia y la venganza, y no fomentándola. Estamos rechazando el odio y la división entre los chilenos y buscando afanosamente la paz y la convivencia civilizada. No nos entiendan mal, chilenos y chilenas. Nos comprometimos con la paz y la justicia. Todos nuestros actos no tienen otro norte que ése. Por ello, les pedimos a todos generosidad y lealtad con la verdad y la justicia.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, resulta indispensable iniciar esta intervención a nombre de mi partido, la Unión Demócrata Independiente, expresando el sentimiento de dolor ante las víctimas civiles y militares que da cuenta el Informe Rettig, que hoy analizamos, y de todos quienes han sufrido en Chile durante las últimas décadas a causa de la violencia.

Más allá de las distintas interpretaciones sobre los hechos del pasado, así como a sus causas y responsables, lo cierto es que pensamos que ninguna violación a los derechos humanos es justificable, por lo que sólo podemos tener sentimientos de profunda tristeza y condena a todos los casos en que ellos se vulneraron.

Especial importancia tiene a este efecto el gravitante aporte que el citado Informe Rettig realiza, respecto a lo que se consideran violaciones a los derechos humanos, al desecharse la arbitraria teoría en cuanto que ello sólo atendía a los excesos que cometían agentes del Estado, ampliándose dicha concepción a cualquier atropello a la dignidad humana, independiente de quien la ejecuta, con lo que se incluyen, por cierto, los actos terroristas.

Definida adecuada y concluyentemente nuestra aproximación al tema de los derechos humanos, resulta a nuestro juicio indispensable vincular aquello a la secuencia con que el Informe Rettig analiza lo sucedido en Chile en el último período. Pensamos que sólo en la armonía de ambos enfoques podremos encontrar las luces que nos orienten para comprender lo sucedido en nuestro país, en términos de así intentar dar cauce constructivo a la compartida inquietud de que nunca más en Chile se violen los derechos humanos.

¿Por qué ocurrió todo aquello? Nos adelantamos a afirmar que, a nuestro juicio, el Informe Rettig resulta claramente insuficiente para responder a esta crucial interrogante; limitándose a consideraciones generales que no van a la médula de lo sucedido, ni mucho menos, explican la verdad completa. Todo lo cual nos parece de evidente gravedad.

Muestra irredargüible de lo anterior lo representa la afirmación contenida en el Informe de que "ello se debió, substancialmente, a la mera existencia de proyectos ideológicos globalizantes y excluyentes entre los chilenos", sin hacer debida mención a los muy diferentes contenidos de aquellos, ni menos al ánimo con que unos y otros enfrentaron la acción política en nuestro pasado.

No nos contentamos con esa explicación, y como tal aspecto de nuestra historia resulta fundamental para analizar lo sucedido durante estos años, creemos indispensable señalar que nada de lo contenido en el Informe Rettig habría ocurrido, si en Chile no hubiera existido una dirigencia que desatara una odiosidad irreconciliable y el caos moral, político y económico entre los chilenos, en los inicios de la década del setenta.

Creemos, en consecuencia, que los artífices de la destrucción de nuestra convivencia, asumen una responsabilidad fundamental en los efectos de tal derrumbe.

Consideramos, al igual como lo dijera el ex Presidente don Eduardo Frei a Mariano Rumor, sin eufemismo alguno, que "aquella responsabilidad, de derrumbar la democracia y armonía entre compatriotas, corresponde a quienes dirigieron el Gobierno de la Unidad Popular, merced a su implacable esfuerzo por dividir a los chilenos e imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el marxismo-leninismo, en un contexto de dictadura totalitaria y desapego al derecho y al orden".

Quienes ahora pretendan omitir esa constatación, o bien, disminuir la trascendencia de lo que antes denunciaron, incurren en graves distorsiones de la realidad, que nublan los hechos del pasado y sus inevitables consecuencias posteriores.

Indispensable resulta, entonces, comprender que el rompimiento de nuestro sistema institucional no obedece a simples proyectos globalizantes y excluyentes, sino que a aquel cuadro de enfrentamiento fratricida, al que se llevó forzadamente a los chilenos.

Testimonio irrefutable de lo anterior, al decir del propio ex Presidente Frei, lo constituía la convergencia hacia Chile de varios miles de representantes de la extrema izquierda, de la guerrilla, de los movimientos de extrema izquierda revolucionarios de América -especialmente cubanos-, la acelerada importación de armas para sus hombres que el propio Parlamento denunciara dramáticamente, el rompimiento del estado de derecho, el desacato a los Poderes del Estado y el clima de descomposición total.

Queda así claro, entonces, quiénes asumen en primera y esencial instancia, la calidad de responsables de este colapso, y queda así también esclarecida la dimensión de la tarea de quienes fueron llamados a restaurar la convivencia y el orden en nuestra nación.

Imposible nos parece analizar todo lo señalado en el Informe Rettig, sin anteponerle esta parte de la verdad esencial.

Es lo que mejor demuestra que las Fuerzas Armadas, el 11 de septiembre de 1973, no actuaron por ambiciones personales, ni mucho menos con ánimo destructivo, sino que como instituciones entrenadas para la guerra y en función de preservar nuestra sociedad soberana, debieron oír el clamor ciudadano y actuar con decisión para poner atajo al descalabro y a la agresión totalitaria de la cual nuestro país era víctima.

Muchos han querido situar, precisamente en esa fecha, el 11 de septiembre, lo que marca la diferencia entre las responsabilidades por el quiebre de la democracia, con lo que a continuación sucedió en materia de derechos humanos, haciéndolas aparecer como situaciones absolutamente inconexas.

Creemos que la simple relación de lo sucedido permite comprender la falsedad de tal tesis, pues resulta obvio que cuando una nación se enfrenta, profundamente dividida, en un clima de descalificación total, con guerrilleros extranjeros alineados a una opción, lo que ahí hay es una violencia generalizada, que es parte del proceso que, con posterioridad, se desata.

Persistir en la tesis inicial, supone desconocer la relación causa-efecto de toda acción humana; y más aún, pretender que el estado de caos a esa fecha, no había ya desatado una situación de violencia incontrolable.

A la luz de lo anterior, creemos que parece necesaria la reiteración de dos afirmaciones básicas vinculadas con el tema. Esto es, junto con reiterar que las violaciones de los derechos humanos jamás podrán ser justificables, y que los civiles y militares que hubieren cometido tales excesos, no puedan sentir falta de responsabilidad por aquello. Es oportuno, asimismo, constatar que la responsabilidad principal de lo sucedido corresponde a quienes generaron el cuadro de violencia y enfrentamiento fratricida entre los chilenos.

La misma convicción mostramos para sostener que ese cuadro de enfrentamiento asume, por naturaleza, su entorno y sus límites y que, aun cuando la delicada tarea de conjurar una situación de enfrentamiento total, no admite fechas mágicas para precisar cuando haya sido logrado, creemos que ello abarca hasta el año 1974. A partir de ahí constatamos que tal responsabilidad varía, encontrándose acentuada entre quienes, llamados a cautelar la seguridad en el país, se excedieron gravemente en los límites éticos y legales que tal misión comprendía, así como en aquellos otros que optaron por el terrorismo y la destrucción como método de acción política.

Queda, en todo caso, claro, que hacer una evaluación posterior de los hechos, resulta particularmente fácil, pues está exento de lo desconocido, de lo que pudo pasar o no, según se hubiese tomado una u otra decisión. De lo acotado y preciso que parece ahora el potencial de uno u otro bando, nada de lo cual pudo siquiera preverse con anterioridad.

¡Qué distinta sería la historia si cada cual supiera, previamente, lo que el otro va a hacer en una situación de enfrentamiento! Quizás qué cantidades de decisiones diferentes habrían tomado los gobernantes de naciones latinoamericanas, como Perú, si hubieran conocido la secuencia de graves violaciones a los derechos humanos que actitudes débiles y vacilantes, asumidas en el pasado, generarían hacia adelante.

Resultó, asimismo, importante, subrayar que todos los procesos humanos deben analizarse con una óptica de secuencias progresivas y no como momentos desvinculados unos de otros. Ello permite comprender que la situación de los derechos humanos en Chile -y tal como lo afirma el Informe Rettig- fue mejorando crecientemente gracias a un esfuerzo serio de variados chilenos, muchos de los cuales formaron parte del gobierno anterior, y que, más aún, existió la férrea voluntad de que el proceso de quiebre de la democracia y sus consecuencias, derivara, finalmente, en una recomposición de la cual, hoy, todos nos sentimos orgullosos.

Este elemento, tan comúnmente omitido, permite comprender la trascendencia de lo que constituye el proceso de institucionalización del país, reforzado a partir de 1980, y de la capacidad y voluntad de sus autores por recomponer el respeto y la convivencia en Chile. Ese mismo proceso dinámico es el que ahora nos hace pensar en el futuro, en las lecciones recibidas para saber qué debemos hacer como país para no errar nuevamente el rumbo democrático y caer en la espiral del caos y la violencia, así como las acciones que, como parlamentarios, podemos apoyar para mitigar el dolor de quienes hoy sufren por la violencia en Chile.

Respecto de lo último, manifestamos nuestra voluntad de actuar decididamente en la óptica de la reconciliación, procurando favorecer, con sensatez y seguridad, a aquellas familias de civiles o militares que, patrimonial o moralmente, se han visto afectadas por causa de atropellos a los derechos humanos; todo lo cual habrá que canalizar a través de los proyectos de ley pertinentes que nos envíe el Ejecutivo.

Fundamental resulta afirmar, a este efecto, que procuraremos que tal legislación abarque el período completo en que tales daños sucedieron a Chile; ampliando, por cierto, su ámbito de acción a los años previos a 1973, como asimismo, extendiéndolos hasta ahora mismo, pues resulta evidente que muchos derechos humanos están actualmente en peligro.

En tal sentido, creemos que los seis tomos, las dos mil páginas del Informe Rettig, resultan claramente insuficientes al no considerar lo sucedido antes de esta época, ni tampoco extenderse a las víctimas del terrorismo que, desde hace un año, nuestra Patria ha vivido.

En tomo a lo primero, a lo medular, a lo que encierra el llamado del "Nunca más", consideramos prioritario que nunca más Chile vuelva a ser conducido a un cuadro de enfrentamiento fratricida entre chilenos, en la convicción de que ello desemboca, inevitablemente, en la violencia favorecedora de violaciones a los derechos humanos, lo cual resulta siempre inaceptable. Así como también creemos que todos debemos reforzar nuestra capacidad para estar dispuestos, atentos y vigilantes a cautelar la dignidad humana y evitar su atropello.

A ese esfuerzo, señor Presidente, y a la constante tarea de reforzar los derechos de las personas, en un cuadro de orden social, seguridad y desarrollo espiritual nos comprometemos ahora y nos dedicaremos con honestidad y sacrificio en los años venideros.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Mario Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

He solicitado el acuerdo del Comité Radical para intervenir en el debate sobre el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación.

Me obliga mi condición de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara y, además, la de representante del Distrito 54, que corresponde a 7 comunas de la provincia de Valdivia, territorio de la nación golpeado hasta lo indecible por la represión, el abuso, las ejecuciones forzadas y las detenciones, seguidas de desaparecimientos.

Hubo campesinos ejecutados en Chihuío, en Sichahue, en Nilahue, en Liquiñe; fusilados en el puente Toltén; miembros de partidos de la Unidad Popular hechos desaparecer en el lago Raneo; fusilados en Molco, Choshuenco; detenidos en Entre Lagos y fusilados en el puente Pilmaiquén; desaparecidos en Mantilhue y en todos los puntos cardinales del distrito que represento.

A todos ellos, rindo el más merecido homenaje que se puede tributar a los valientes.

El Partido Radical no estuvo ajeno tampoco a la ejecución de sus militantes. En la actual Región de Los Lagos, en Bahía Mansa, de la provincia de Osorno, fue ejecutado Jorge Aguilar Cubillos; en la Isla Meulín, de la provincia de Chiloé, fue detenido Juan Lleucun, torturado hasta la muerte; en Santiago, fueron asesinados Jaime Alcázar Aguila, Augusto Alcayaga Aldunate, Eduardo Toro Vélez; en Tomé, fue muerto por torturas Héctor Femando Velásquez; en Chillan, fueron ejecutados Patricio Weitzel Pérez, Arturo Prat Martí y Sergio Fetis Valenzuela; en Temuco, fue ejecutado Gastón Lobos Barrientos, ex Intendente de Cautín y Diputado en ejercicio hasta el 11 de septiembre de 1973, y cuantos más que sufrieron la ignominia de la prisión, la tortura, la exclusión y el exilio.

También nuestros hombres vertieron su sangre, injustamente derramada en el suelo de la Patria, víctimas del terrorismo de Estado.

Otro de nuestros hombres, un gran hombre, ha presidido la Comisión Verdad y Reconciliación: don Raúl Rettig Guissen.

La historia nos reencuentra: los que dieron su vida por la libertad, hoy son vindicados por la Comisión Verdad y Reconciliación.

El dolor que ha ocasionado la sistemática violación de los derechos humanos no es patrimonio de un Partido o de un sector de la sociedad: es una herida abierta, causada a la Patria entera.

No es ni será fácil superar este trance; no ha sido fácil para los familiares de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos transitar con esta carga de dolor que conmueve el alma, que hiere, que lacera, y no será fácil tampoco la ruindad de alma de los torturadores y los violadores de los derechos de las personas, situación que avergüenza la condición humana.

El Informe Rettig, en el Capítulo “Propuestas de Reparaciones”, propone la reivindicación pública de la dignidad de las víctimas.

Nuestro Partido asume como condición sine qua non, que el Informe Rettig en sí constituye un principio de reivindicación histórica que la sociedad chilena entera debe a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos; pero que, a la vez, al quedar al descubierto las iniquidades de la vulneración sistemática de los derechos de las personas, recogidas con tanta exhaustividad por la Comisión, queremos que el Informe sea la base de una profunda reflexión de toda la sociedad y el antecedente del reconocimiento unánime del valor que como seres humanos tenían las víctimas, cuya sangre derramada los eleva más allá de toda consideración subordinada o secundaria en cualquier juicio sereno.

Sin perjuicio de aprobar lo obrado por la Comisión Verdad y Reconciliación, creo que es posible buscar justicia más allá de lo propuesto por la citada Comisión.

En junio de 1990, seis Diputados de distintas bancadas de la Concertación, propusimos una moción interpretativa del decreto ley 2.191, de 1978, sobre Amnistía, que en sus puntos principales, por razones de igualdad ante la ley y certeza jurídica pretendía evitar la aplicabilidad de dicho cuerpo legal a crímenes contra la humanidad y a hacer explícito que el artículo 5Q de la Constitución, modificado el 30 de julio de 1989, superponía las disposiciones de los tratados internacionales por sobre la legislación interna. Lo señalamos frente a las ambiguas interpretaciones que a este respecto se habían insinuado. Dijimos que, en ese caso, preferíamos una derogación parcial expresa del texto, a fin de que no exista la más mínima posibilidad de una interpretación injusta.

Lamentablemente, el 24 de agosto de 1990, el más alto Tribunal de Justicia de la República dio una interpretación que, “a nuestro juicio, es equivocada. Lo que temíamos dentro de las posibilidades de interpretación, se dio. Lo lamento, porque una vía para llegar a la verdadera justicia es, precisamente, una interpretación correcta, de justicia y equidad, principios contenidos en nuestra moción sobre la Ley de Amnistía en relación con el artículo 5° de la Constitución.

Esta propuesta fue declarada inadmisible por la Mesa de esta Corporación. Sin perjuicio de discrepar de esa interpretación, tal como lo señalé el 20 de junio de 1990, en la sesión 9a. de la Cámara, creo que es posible buscar una proposición de justicia más allá de lo informado por la Comisión que presidió el señor Rettig. Esa interpretación puede tener origen en el Senado de la República.

El Informe Rettig contiene, además, recomendaciones relativas a bienestar social, a previsión social, a salud, que nos parecen acertadas y factibles, y que vamos a apoyar.

Mérito aparte contienen las propuestas de prevención de las violaciones a los Derechos Humanos, como también la de adecuación del ordenamiento jurídico nacional al Derecho Internacional sobre Derechos Humanos.

La existencia de un Poder Judicial que cumpla efectivamente el papel de garante de los derechos esenciales de las personas nos parece indispensable. La propuesta del compromiso de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, de ejercer sus funciones acorde con la obligación de respetar los Derechos Humanos nos parece aceptable y justa. La creación de una institución protectora de los Derechos Humanos, como la sugerencia de orientar acciones para consolidar una cultura verdaderamente respetuosa de los mismos, constituyen propuestas que, como Partido, aceptamos y asumimos.

El propio Informe, en una parte significativa, reconoce las dificultades prácticas que pueden impedir u obstaculizar la plena realización del objetivo de hacer justicia. Lo dice al señalar que "gran parte de los casos se encuentran prescritos o amnistiados; sin investigación judicial o con investigación parcial; o la posición jurisdiccional adoptada por fallos firmes de la Corte Suprema, en orden a entender improcedente el esclarecimiento de los hechos en los casos amnistiados".

Creemos, Su Señoría, que la solución es la propuesta: una correcta interpretación de la Ley de Amnistía, que admita la investigación puede hacerse por decisión del propio Tribunal máximo de la República, o mediante una ley.

Chile necesita, como Nación, cerrar esta profunda herida. Para ello, es indispensable la justicia como antecedente necesario de la paz.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Aylwin.

El señor AYLWIN.-

Señor Presidente, el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación que hoy analizamos, constituye una dramática síntesis de la crueldad y barbarie vivida entre los años 1973 y 1990. Es un documento serio, profundo, conmovedor, que llama a reflexionar. En mi concepto, es el más impactante y profundo documento testimonial escrito en nuestros tiempos en materia de Derechos Humanos. Junto al dolor descrito está la reflexión necesaria. Junto al misterio de la crueldad está la posible explicación. El marco jurídico está correctamente señalado. La planificación del crimen surge como verdad inamovible.

En el informe está patente la crueldad, el dolor y la muerte. Nos ha parecido escuchar, al leerlo, el grito desgarrador de la tortura. La noche del silencio, los ojos siempre vendados de las víctimas y los oídos siempre sordos de los llamados a ampararlos. La ciudad duerme en calma cuando en un rincón oscuro la barbarie triunfa. La explicación fácil y el odio adormecen la conciencia colectiva. Hay hombres muertos que nunca aparecen porque existe una política sistemática de ocultamiento de ellos.

Con el tiempo muchas heridas de sangre van cicatrizando, pero quedan cicatrices más profundas en el alma humana. Lo dice el familiar de una víctima: "Cada vez que veo a un loco o a un vagabundo, pienso que puede ser mi esposo que en algún lugar podría estar en esas condiciones". Y dice otro: "Necesito sacar todo este dolor y también -por qué no decirlo- todo este odio que tengo adentro".

El informe establece así una verdad que nuestra sociedad debe asumir. Estamos frente a hechos de gravedad indiscutible, situaciones inverosímiles, sufrimientos soportados por criaturas humanas indefensas, maltratadas, torturadas, destruidas en sus vidas personales o en sus más próximos parientes o amigos.

Estamos frente a una tragedia desgarradora. Es difícil dimensionar la hondura de estos dolores.

Frente a toda esta problemática tan difícil y dolorosa, el informe se plantea como respuesta para las víctimas y la sociedad toda, visualizando alivios y soluciones para el hoy y proyectando grandes tareas para el mañana. Por eso, éste es un documento sobre el dolor, pero es también un documento sobre la esperanza.

Reflexionemos sobre algunos puntos. El informe establece en forma categórica que prácticamente a lo largo de todo el territorio nacional se practicó de modo sistemático la tortura; la describe. La "parrilla", esto es, la aplicación de electricidad mientras el preso político se encuentra amarrado a un catre eléctrico; el "colgamiento": colgada la víctima, además, recibe descargas eléctricas, golpes, heridas cortantes o vejámenes; el "hundimiento submarino": se sumerge la cabeza del detenido en un recipiente con líquido, generalmente agua sucia, hasta su asfixia, repitiendo luego la operación. Etcétera.

Leo el informe. "Eran métodos aplicados como rutina a prácticamente todos los prisioneros detenidos en los recintos secretos". Esta afirmación confirma lo que reiteradamente hemos dicho con relación a los presos políticos.

En otra parte del informe se dice: "Se ha comprobado que en este período los organismos de seguridad, en especial la Dina, persiguieron sistemáticamente a militantes del MIR, del Partido Socialista y del Partido Comunista, por medio de detenciones clandestinas, mantención de detenidos en recintos secretos, torturas, ejecución ilegal y desaparecimiento forzado de personas".

Del examen del conjunto de casos de detenidos-desaparecidos, se desprende que en el empleo de esta práctica hay un doble objetivo: matar y ocultar para destruir a un enemigo que hay que exterminar.

Se dice, también, que la Dina fue una organización ilícita que dependía directamente de la Junta de Gobierno, pero, en la práctica, de la Presidencia de la República. En esta forma, las responsabilidades políticas son ineludibles.

El resultado de esa política represiva significó la detención y desaparecimiento de 954 personas y la ejecución de 1.068, estando plenamente comprobada la actuación de agentes del Estado en el arresto, muerte y desaparecimiento de todas ellas.

También es hecho establecido en el informe que en Chile no hubo guerra interna ni menos "Plan Z".

Hemos estimado indispensable hacer este resumen de hechos, pues vemos con honda preocupación que además de lo aberrante que son el asesinato y la tortura de miles de personas previamente detenidas, es decir, el asesinato y flagelación de prisioneros, todo ello realizado por agentes del Estado, algunos insisten, sin embargo, en justificar o explicar estas conductas en el contexto político existente el 11 de septiembre de 1973.

Al efecto, el informe es categórico para señalar que nada permite excusar o justificar que se violen normas éticas de carácter absoluto, como son el respeto a la vida y a los derechos humanos.

Nos preocupa hondamente que, al parecer, no entienda que toda la problemática de los derechos humanos se plantea en las sociedades en períodos de conflictos, odiosidades, pasiones políticas desatadas. Es precisamente para esos momentos que la conciencia moral de la humanidad afirma en forma categórica que todo ser humano es hijo de Dios, es persona inviolable en su vida, integridad física y dignidad; y que como prisionero es, además, un ser humano indefenso que tiene derecho a un trato humanitario.

Un mundo ausente de tortura es el mínimo ético de la humanidad. Frente a las atrocidades que hemos vivido no pueden existir explicaciones que se transforman implícitamente en justificaciones.

Les digo a quienes tratan de buscar explicaciones: no empleemos hoy, en nuestra patria, los argumentos que escuché en mi niñez y juventud para explicar los grandes crímenes de Hitler o de Stalin.

En materia de derechos humanos, no puede haber éticamente relativismo. Confundirá la conciencia moral de nuestros hijos o de nuestros nietos. Otra cosa son las explicaciones que se puedan dar con respecto al 11 de septiembre de 1973. No hay razón ni justificación para que, por ejemplo, en octubre de 1973, civiles y uniformados hayan tomado presos a 70 campesinos y otras personas de Paine, hechas desaparecer y asesinadas con posterioridad.

Lo mismo se puede decir en todo Chile. Los asesinados fueron invariablemente personas arrestadas. ¡Por Dios, señor! Saquemos, por lo menos, alguna lección clara de tanto crimen y de tanto dolor. Entendamos también que cuando repudiamos todo relativismo en materia de derechos humanos, rechazamos categóricamente toda expresión de violencia.

La violencia es siempre condenable, venga de donde venga. En definitiva, el gran drama de quien la usa es que al ejecutar el primer acto de fuerza empieza a aparecerse dramáticamente a quien desprecia, justamente, por ser cruel y violento.

Rendimos homenaje a todas las víctimas de la violencia.

Señores Diputados, soy testigo de parte del dolor de estos tiempos. Como abogado me tocó ver huesos quebrados, hombres deshechos, duelos ignorados. No obstante todo, a veces pensé que vivía sólo dentro de una burbuja de sufrimiento, ajena a un buen pasar colectivo. Ahora, al leer el Informe Rettig, veo en todas partes la misma crueldad, la misma barbarie. Leo, por ejemplo: "Lo fusilaron en el camino, cerca de la casa. Sentí los disparos y encontré su cuerpo. Me gritaron que fuera a enterrar el perro que había muerto. Ese perro era mi único hijo. Me dieron tres horas para enterrarlo y salir del pueblo". Leo: "Nos prohibieron ponemos luto y decir misa" Leo: "Hemos escarbado la pampa entera buscándolos", etc.

El Informe nos habla también de decenas y decenas de centros de prisioneros, donde había un ambiente de degradación generalizada -lo dice el Informe-, de crueldad conmovedora. Nos preguntamos, ¿de dónde surgió tanta crueldad? Conocer la verdad de lo ocurrido a este respecto es no solamente un deber moral, sino también un paso ineludible en el esfuerzo para impedir que tales atrocidades vuelvan a cometerse. La doctrina de la Seguridad Nacional, o cualesquiera otras que supongan la existencia de enemigos dentro de la Patria, es el primer paso de una concepción paranoica que transforma inmoralmente al ser humano en cosa, en monstruo. Así, convertidos ya en monstruos, los ideólogos de la represión entregan irresponsablemente a los disidentes indefensos en manos, precisamente, del verdugo. Las responsabilidades morales y políticas de estos ideólogos son, en esta forma, insoslayables, ineludibles.

Por ello debemos crear toda una gran cultura de los derechos humanos; en la escuela, en las juntas de vecinos, en el cuartel. Debemos predicar con fuerza y dar siempre testimonio de que todo individuo es una persona que debemos respetar siempre en su dignidad y de acuerdo con su forma de ser.

Dice el familiar de una víctima: "Aunque no me sirva, aunque parezca inútil, necesito saber por qué lo mataron; cualquier cosa que haga, que mi cerebro descanse". Dice otro: "Quiero descansar y morir en paz; por eso necesito saber qué pasó". Y otro dice: "No queremos venganza; sólo pedimos verdad y justicia".

Lo dice el Informe: "En Chile la justicia no ha funcionado adecuadamente". Ahora, este Informe, ampliamente documentado y pluralista, proporciona un antecedente nuevo a los tribunales de justicia. Aquí en Chile se desarrolló nacionalmente una política sistemática de eliminación física de amplios sectores disidentes. Este antecedente configura un crimen de lesa humanidad o genocidio que impide aplicar la amnistía, según diversas Convenciones Internacionales suscritas por Chile.

Los familiares de las víctimas piden justicia; la Patria también la pide. Hacemos nuestra esa petición.

Todos, especialmente los jóvenes, tienen derecho a esperanza. Tienen derecho a creer en las instituciones. Repetimos con Solzhenitzyn: "Si la crueldad la escondemos dentro del cuerpo, será semilla de maldad que brotará una y mil veces en el futuro". Nosotros, porque amamos la paz, queremos la justicia y lucharemos siempre por encontrar a los detenidos desaparecidos.

Termino: En esta hora de verdad, vaya nuestro profundo homenaje a todas las víctimas de la violencia y a sus familiares; nuestro dolor; nuestra amistad; nuestra solidaridad; nuestra reivindicación moral de sus nombres y dignidad; nuestra petición de perdón; nuestro homenaje especial a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y a otras agrupaciones de derechos humanos, y, más que nada, nuestro compromiso profundo de hacer vivir a las víctimas en la realización de sus grandes sueños y esperanzas; convertir el dolor precisamente en esperanza; convertir la crueldad en justicia y solidaridad; convertir la muerte en luz y en vida.

Ese es nuestro compromiso y será nuestro gran homenaje a las víctimas de la barbarie.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Alessandri.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente, nuestro país, hace algunos días, ha conocido el Informe Rettig con esperanza y recogimiento. Esperanza, porque este Informe ha de servir para mostrarnos una parte de nosotros, como nación, y para abrimos puertas hacia el entendimiento, los acuerdos y el fortalecimiento del sistema democrático. Recogimiento, porque, en su interior, es posible leer mucha ternura, mucho sufrimiento, mucho dolor, lo que merece todo nuestro respeto.

Creo que es imposible restablecer nuestro sentimiento de comunidad, de nación, nuestros acuerdos centrales como país -los que fundan el sistema democrático- si no somos capaces de discutir a fondo y seriamente sobre las violaciones a los derechos humanos, sobre las responsabilidades, sobre los caminos de superación, etcétera, sin tratar de obtener mezquinas ventajas. Una discusión honesta sin "slogans".

Voy a exponer, brevemente, mi punto de vista.

El informe nos relata dos grandes etapas: la primera contiene las víctimas, entre militares y civiles, que se produjeron como resultado directo del 11 de septiembre de 1973, y de los tres meses siguientes. Hay aquí dolor, venganza, caídos en enfrentamientos, ajusticiados y otros casos.

El contexto histórico en que se produjo el pronunciamiento nos demuestra hasta qué punto los dirigentes no previeron ni anticiparon responsablemente las consecuencias que sus acciones podían traer. Las responsabilidades del gobierno de la época y de los partidos leales a éste, por cierto, primordiales, y las de la Oposición, en el debilitamiento y destrucción de nuestro sistema democrático, son incuestionables. No obstante, la historia demuestra que, cuando se liberan las fuerzas de las pasiones humanas, cuando se impulsa a la violencia entre compatriotas, cuando se destruye la tolerancia y el respeto, los procesos sociales se toman inmanejables. Nadie -y subrayo-, nadie quiso prestar oídos a esta verdad histórica. Las consecuencias de muerte y sufrimiento están ahí. Es de esperar que los partidos y agrupaciones que intervinieron decisivamente en este período crucial de nuestra historia, y los que no lo hicimos, seamos moralmente capaces de sacar las conclusiones que hay que extraer.

Una demostración concreta de esto último es la composición de la Comisión y sus abogados. No obstante, la magnitud humana de esta tragedia que nos aboca, personas de todas las tendencias pudieron alcanzar acuerdos sustantivos sobre nuestro pasado. Esto demuestra que donde hay voluntad de entendimiento es posible avanzar. Debemos seguir su ejemplo.

Pero, con la misma honestidad con que afirmo que el Gobierno de aquellos años y los partidos políticos leales al él fueron fundamentalmente responsables del quiebre de nuestra democracia, hay que decir claramente que en el régimen pasado se cometieron violaciones a los derechos humanos. No estoy dispuesto, bajo el pretexto de una lealtad mal entendida al Gobierno de las Fuerzas Armadas, a justificar la tortura, la represión y la muerte de chilenos. Es más, tengo el convencimiento de que quienes violaron los derechos humanos, traicionaron la gran causa del Gobierno de las Fuerzas Armadas, en cuanto a reimplantar el Estado de Derecho.

Pueden esgrimirse varios argumentos para mitigar tal responsabilidad: que algunos de los eliminados eran miembros de grupos armados; que el impacto de lo sucedido en el Gobierno de la Unidad Popular generó odios; que hubo excesos. Pero ninguna razón de este tipo puede excusar ni menos justificar las atrocidades que hemos conocido y leído. El método utilizado -fundamentalmente, el desaparecimiento- demuestra por sí solo la conciencia de lo que hacían sus ejecutores.

En esta etapa, el informe nos relata también el desquiciamiento del terrorismo: la perversión moral que significa que, en nombre de la moral y de la justicia, se cometan actos despreciables y reñidos con lo que se dice defender. Pero quiero advertir que no podemos dejar que un informe, hecho con el propósito de contribuir al acercamiento y a la unidad de todos los chilenos, sea utilizado por mentes insanas para desquiciar nuestra renaciente democracia.

Los recuerdos de dolor han sido muchos. Sabemos que nada repara la muerte o desaparición de un ser querido. Por lo tanto, quiero ofrecer a todos los familiares de las víctimas el sentir de mi Partido y el mío, en particular. Apoyaremos con fuerza y convicción las medidas de reparación propuestas en el Informe y a las cuales Renovación Nacional contribuyó oportunamente. Quiero, sin embargo, afirmar desde el corazón que los familiares de desaparecidos y muertos tienen derecho a saber dónde están sus cuerpos. Es de mínima humanidad tener un lugar donde dejar una flor.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Raúl Urrutia.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, hemos escuchado reiteradamente' esta mañana a algunos parlamentarios, como también lo hemos visto y escuchado en el último tiempo, en el país, una campaña sistemática de desprestigio del Poder Judicial de nuestro país.

Creemos que tal campaña puede llevar al peligro inminente de que el Estado de Derecho vigente no sea respetado, porque se exige de modo imperativo que el Poder Judicial se halle libre y al margen de toda amenaza, presión o coacción en el ejercicio de su deber constitucional, expresamente establecido en el artículo 73 y siguientes de la Constitución Política de 1980.

En el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación se señalan algunos antecedentes que afirman que este Poder del Estado no reaccionó con energía suficiente para buscar y hacer justicia a quienes fueron objeto de violación de los derechos humanos. Pero es necesario destacar sin ánimo de justificar los errores que haya cometido el Poder Judicial que es fundamental tener presente la situación que vivió el Poder Judicial a partir de 1973 y, lamentablemente, la dependencia de otros organismos no vinculados directamente al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo.

Esto se advierte y se arrastra, no solamente de 1973 en adelante; también se pudo comprobar en el período anterior a 1973, como en los dos ejemplos claros y precisos que relataré. Uno, personal, que me sucedió en 1972, momentos en los cuales el Poder Judicial de nuestro país, específicamente la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, no pudo cumplir con su función de prestarme amparo, porque fui detenido por los servicios policiales de esa época; fui torturado. Y cualquier señor parlamentario que quiera ver las huellas de las torturas que sufrí en esa oportunidad, puede hacerlo, ya que se me aplicó corriente eléctrica por el hecho de ser presidente de la Juventud del Partido Nacional en ese entonces. El Poder Judicial no pudo hacer justicia porque los servicios policiales negaban que yo me encontraba detenido y me cambiaban de una dependencia a otra. A quien me torturó en esa oportunidad -no voy a dar su nombre-, lo cobijé en mi hogar el 12 de septiembre de 1973.

La segunda situación, como ejemplo, apunta a que las resoluciones del Poder Judicial no pudieron ser cumplidas en esa época, por cuanto el Poder Ejecutivo no les entregó su apoyo suficiente. Lo mismo sucedió a partir de 1973, y la Comisión Verdad y Reconciliación expresamente señala de que un factor de gran importancia fue la falta de colaboración efectiva de los organismos policiales para investigar la suerte de los detenidos a cuyo favor se había recurrido.

Quiero también manifestar que en relación al recurso de amparo, indudablemente, hay dos interpretaciones: una, la aplicada por el más alto tribunal del país; y otra -que muchos abogados compartimos- que consiste en que el recurso de amparo, establecido en las normas permanentes de la Constitución, está por sobre las normas transitorias de este texto constitucional. Es materia de interpretación que, en la aplicación de justicia, le corresponde al alto tribunal del país, de acuerdo con lo que determina la Constitución Política de Chile.

En cuanto a la ley de amnistía es fundamental tener presente dos antecedentes, porque se ha dicho que los tribunales de justicia en nuestro país la aplicaron erróneamente.

¿Qué dice el profesor Eduardo Novoa Monreal en su Tratado de Derecho Penal, Tomo I, página 440? Señala: "Tan completos son los efectos de la amnistía, que pudiera equiparársela a una ficción de no haber existido la ley penal que debió ser aplicada a él o a los individuos que realizaron, con plena responsabilidad penal, los hechos tipificados legalmente". Y prosigue el profesor Novoa: "La amnistía puede ser dictada, por ello, en cualquier momento posterior a la comisión del delito, sea antes, durante o después del proceso que tenga por objeto declarar la responsabilidad penal y aplicar la pena".

"Por su raíz histórica y por razones de principio, la amnistía solamente debiera aplicarse a delitos políticos. Se trata de una institución que nació para resolver las dificultades que surgen en los casos de profundos cambios políticos y sociales, especialmente por situaciones revolucionarias o anormales". Y continúa: "También se acepta por extensión, que se aplique a delitos militares u otros hechos delictuosos que por su naturaleza no repugnan la conciencia moral de una sociedad".

¿Y qué dice el profesor Alfredo Etcheverry, en su Tratado de Derecho Penal, Tomo II, al referirse a la amnistía? Que "la amnistía es el perdón más amplio que reconoce nuestro derecho con respecto a la responsabilidad penal. Borra según el artículo 93 "la pena y todos sus efectos", esto es, no sólo pone término a la obligación de cumplir materialmente la pena, sino que elimina la calidad de condenado, incluso, pone término a la posibilidad de pronunciar una sentencia condenatoria con respecto a los hechos sobre los cuales ha recaído una amnistía".

"Como consecuencia basta que se hayan realizado determinados hechos para que pueda dictarse una ley de amnistía a su respecto, aunque no se haya pronunciado sentencia, o ni siquiera se haya iniciado procedimiento judicial.".

Y termina el profesor Etcheberry sobre esta materia: "Una ley posterior no podrá privar de tal derecho, por prohibirlo la Constitución Política.".

¿Qué hizo la Excelentísima Corte Suprema de Justicia? Aplicó el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, norma establecida con anterioridad al año 1973.

¿Qué dice el artículo 107? Establece que "Antes de proseguir la acción penal, cualquiera que sea la forma en que se hubiere iniciado el juicio, el juez examinará si los antecedentes o datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del inculpado. En este caso, pronunciará previamente sobre este punto un auto motivado, para negarse a dar curso al juicio".

Se ha presionado insistentemente a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, por la más alta autoridad de este país, porque la opinión del Presidente de la República, además de ser la más alta autoridad del país, de tener la calidad de abogado y haber sido profesor de Derecho, sitúan a los tribunales en la inaceptable disyuntiva de aplicar la ley con independencia, como lo establece expresamente el artículo 73 de la Constitución Política a la sujeción de su propia convicción, o debe someterse a la opinión jurídica del Presidente de la República contenida en su carta reservada enviada el día 4 de marzo recién pasado.

Renovación Nacional quiere modificar las normas y los procedimientos que hoy día regulan al Poder Judicial, pero en el intertanto debemos ser respetuosos del derecho vigente para que efectivamente podamos vivir en un estado de derecho y que a quien le corresponde dictar sentencia y hacer cumplir la ley, puede hacerlo bajo con su propia convicción, con las normas legales pertinentes y vigentes y no bajo el imperativo de la presión de la más alta autoridad del país ni de ningún Poder del Estado ni de persona alguna.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Ojeda.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, la Comisión Verdad y Reconciliación, constituida por destacadas personalidades, ha concluido su informe. Las reacciones han sido de estupor en el país y en el mundo. Para nosotros y quienes conocimos estos hechos a través del tiempo en nuestra lucha por los derechos humanos, sólo hemos reactualizado un dolor porque ya conocíamos muchos de esos hechos que se negaron ayer y que se conocen hoy día como una verdad oficial.

Se descalificaron a quienes denunciaron los crímenes y los más viles ataques a los derechos de la persona humana. El trabajo de la Comisión Verdad y Reconciliación no tiene otro objetivo que entregar y demostrar sobre lo que efectivamente sucedió, una verdad objetiva, para llegar a la justicia, porque no hay justicia sin verdad. Sobre la verdad, la justicia y el perdón se procurará llegar a la reconciliación. Juzgar, pero hacerlo de acuerdo con la ley vigente con tribunales preestablecidos con la ley, cumpliéndose todos los principios y garantías procesales como la presunción de inocencia, como el juzgamiento por un tribunal independiente e imparcial, el respeto a la defensa, el derecho a la libertad de los testimonios, etcétera.

Ya el acuerdo nacional de agosto del año 1985, nos decía que era imperativo atender las exigencias de la justicia de una manera congruente con el espíritu de reconciliación nacional. Para ello señalaba que los procesos a que hubiere lugar por violación de los derechos humanos requerirán de denuncias responsables por delitos específicos, formuladas con fundamento. Su conocimiento corresponderá exclusivamente a los tribunales existentes, asegurándose así entonces el debido proceso exento de humillaciones, venganzas y juicios colectivos ad hoc. Y así ha ocurrido hasta el día de hoy, y la Comisión ha tenido este carácter investigativo de hechos y no de determinación de culpables, porque no es un tribunal que está cumpliendo con su función. Y dijimos que no íbamos a crear comisiones especiales para juzgar. No queremos repetir lo ocurrido en el Gobierno pasado, donde los opositores y disidentes fueron juzgados en juicios sumarios vulnerando todas las leyes y normas protectoras en materia de derecho procesal. Muchos ni siquiera fueron juzgados, sino que sencillamente ejecutados y hoy damos el ejemplo al mundo, entregando la verdad sin humillar ni denigrar. De acuerdo con el mismo decreto que crea la Comisión, los hechos son transmitidos a los Tribunales de Justicia y denunciados para que ellos, en uso de sus atribuciones, tomen debido conocimiento de ellos y sustancien los procesos correspondientes.

Creemos que la Ley de Amnistía del año 1978, no puede impedir que se agote la investigación que trata de comprobar el cuerpo del delito y determinar la persona del responsable, tal cual lo preceptúa el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal. Es innegable que con esto el Gobierno actúa dentro de la legalidad y la Constitución. Existe un estado de derecho que asegura a todos los chilenos garantías evidentes de protección a sus derechos y prerrogativas. Quienes hoy día reprochan este Gobierno por la creación de esta Comisión y la entrega de su verdad, ignoran el verdadero valor que esto encierra. Quienes no la quieren es que no desean la verdad y persisten en ocultarla o justificarla.

Chile fue hecho trizas y hoy se reconstruye en lo material y en lo humano. En esto último, porque sólo la democracia permite conjugar los verdaderos valores y virtudes humanas y porque sólo en democracia se goza y se ejercen los derechos plenamente. En el autoritarismo y tiranía impera la fuerza y la mentira y el silencio y el ocultamiento de realidades, porque la dictadura y el autoritarismo son intrínsecamente contrarios a los derechos humanos. La libertad del hombre, hoy recuperada en Chile, se perdió y se restringió, como dice el informe de la Comisión. Un país sometido, encadenado; disueltos el Congreso Nacional, las municipalidades, los partidos políticos; intervenidas las universidades, los sindicatos y juntas de vecinos, y un desprecio soez a los derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad física y moral, sus libertades públicas, como la libertad de opinión y de asociación.

Señor Presidente, el deseo del Gobierno es que este informe sea el inicio de otra etapa de acercamiento y reconciliación, ya establecida y asegurada la justicia. No vendeta, no represalias ni venganzas. Ello no puede existir cuando hay democracia y cuando se asegura la justicia y los derechos a la persona. Hoy más que la reparación material interesa también al país la reparación moral de los miles de chilenos reprimidos y asesinados. Se debe reivindicar el nombre y la memoria de quienes padecieron u ofrendaron su vida por mantener y defender sus ideas. Quienes murieron, deben ser reivindicados, y en esta Sala señalar y reafirmar nuestra convicción de que las víctimas de la violencia y la muerte en el régimen anterior fueron hombres, mujeres y niños que la Patria debe recordar como mártires y no olvidarlos, sino recordarlos siempre.

Reivindico en esta Sala y rindo un homenaje a quienes fueron asesinados en mi provincia y en mi Región, especialmente a los caídos en Pilmaiquén. Mi reafirmación de apoyo para quienes fueron torturados, exiliados, relegados, reprimidos, exonerados y los miles de chilenos que por ser disidentes y opositores al régimen, sufren ahora las consecuencias del Gobierno anterior. Mi solidaridad con sus familias. Exigimos y pedimos hoy la materialización de las grandes y conmovedoras expresiones humanas, aceptación de la verdad, perdón, generosidad y desprendimiento para reconocer responsabilidades y respeto por parte de todos los chilenos.

Después, de este informe, creo que viene una tarea tan grande como la realizada por la Comisión: la tarea de todos nosotros, la de aprender a ser hermanos, que nada nos divida y aleje, pensar solamente que somos todos seres humanos, que tenemos aspiraciones, sentimientos, que sufrimos, que gozamos, que reímos y que lloramos; que somos todos hijos de esta tierra, para que lo que vivimos en el Gobierno anterior, no vuelva a ocurrir nunca más.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, no hay lugar a dudas: el dolor humano de que da cuenta el Informe de la Comisión, conmueve. Sin embargo, resulta imperativo para esta Cámara Superar la emoción y la congoja para dar paso a una reflexión responsable y serena.

Los chilenos han hecho fe en que la reconciliación a que el país aspira y que los dirigentes han proclamado, se alcanzará siguiendo el difícil camino de establecer la verdad.

El Gobierno del Presidente Aylwin asignó este objetivo a una Comisión especial.

En su oportunidad, dijimos no compartir esa opción. Sin embargo, nos sumamos a la esperanza de que se respetaría la verdad.

Al examinar el trabajo de la Comisión, reparo en hechos y juicios de valor. Sobre estos últimos, cada cual se formará su propia opinión. Sin embargo, respecto de los hechos, siento el deber inexcusable de restablecer verdades eludidas y corregir verdades tergiversadas.

Honorable Cámara, el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, al fijar el contexto histórico que sirve de antecedente y fundamento a los posteriores hechos que analiza, distorsiona profundamente la verdad.

En efecto, su enfoque busca encontrar las causas de la violencia política y explicar lo acontecido en Chile ente 1970 y 1973, en lo que nos presenta como el enfrentamiento de fuerzas polarizadas: unas, a las que se suele llamar "izquierda", y otras, a las que se acostumbra a calificar como "derecha"

Rechazo categórica y terminantemente esta afirmación. Todos sabemos que la verdad de lo ocurrido en Chile es que el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MIR y otras organizaciones de izquierda, inspirados en su doctrina marxista, plantearon y desarrollaron en nuestro país un camino de violencia como método político adecuado y necesario para destruir la democracia e imponer un sistema de vida y de Gobierno contrarios a la tradición y al sentir del pueblo de Chile. Esa es la verdad.

Todos sabemos que el 11 de septiembre de 1973, fue el resultado inevitable de la acción devastadora del Gobierno de la Unidad Popular, que intentó, por la fuerza y el amedrentamiento, implantar en Chile un régimen totalitario de corte marxista, que el país entero resistía en términos dramáticos.

Esa es la verdad que el Informe soslaya y esconde. Y como la verdad de ese Informe parece ser la oficial, yo, en esta Cámara, restablezco la verdad.

En otro acápite, el Informe señala que en el interior de la Unidad Popular hubo sectores que rechazaban la vía armada, entre los que cita, incluso, al propio Partido Comunista.

¿Qué busca la Comisión al entregar al país una verdad tan distorsionada?

En 1985, Luis Corvalán consignó lo siguiente en su informe al Congreso del Partido Comunista:

"En 1963, es decir, siete años antes de la victoria de Allende, habíamos empezado la preparación militar de algunos cuadros del Partido". Luego, el mismo Corvalán explica el aparato paramilitar, los grupos de combate y los entrenamientos para el manejo de armas con que cuenta el Partido Comunista.

En cuanto al Partido Socialista, son conocidas las afirmaciones de Carlos Altamirano a la periodista Patricia Politzer en que daba cuenta de que la fuerza militar de ese Partido "tiene suficiente para iniciar una guerra de guerrillas".

No es necesario referirme al MIR, a otros grupos armados o paramilitares, o a los diez mil extremistas extranjeros de que informaba el Presidente Aylwin en documentos de la época.

El informe que comentamos no da debida cuenta de esta realidad de lucha armada para tomar el control del poder por los partidos y grupos de la Unidad Popular. Y, en un yerro inaceptable, presenta una realidad distorsionada, la cual resulta determinante para la cabal compresión de lo ocurrido en Chile entre 1970 y 1973.

No menos sorprendentes son los juicios de hecho que la Comisión señala al referirse a la crisis económica por la que atravesaba el país. Resulta inaceptable, casi grotesca, la referencia y la responsabilidad que en esa crisis asigna al Gobierno de Estados Unidos, al que responsabiliza de un plan premeditado para producir la desestabilización económica del Gobierno de la Unidad Popular.

¿Qué pretende la Comisión al presentar al país hechos tan ajenos a la verdad?

Todos sabemos que la aguda crisis económica que vivió el país hacia fines de 1972 y en 1973, fue la consecuencia de una política deliberada del Gobierno de Salvador Allende, impartida desde los Ministerios respectivos por altos dirigentes del Partido Comunista, cuyo objetivo era destruir el aparato productivo, para así, en la crisis que ello provocara, asumir el Estado y tomar el control absoluto de la actividad económica, en especial de la comercialización y del .abastecimiento, lo que les permitiría someter definitivamente a la población.

Esa es la verdad que esconde el Informe Rettig.

Tampoco es fiel dicho Informe al establecer el papel y las razones que llevaron a las Fuerzas Armadas a intervenir el día 11 de septiembre de 1973. Sostiene la Comisión que, al interior de la Fuerzas Armadas, existía una corriente a la que le convenía profundizar la crisis institucional, con el objetivo de establecer un régimen autoritario al servicio de su propia ideología, y que esta corriente prevaleció sobre un sector mayoritario de las Fuerzas Armadas, que prefería continuar el "rol" tradicional y constitucional de los institutos militares.

Esto es absolutamente falso.

Todos sabemos que las Fuerzas Armadas se resistieron a intervenir hasta el último minuto, y sólo lo hicieron cuando la grave crisis institucional, económica y moral que vivía el país, lo hizo indispensable, y cuando así lo requirió insistente y dramáticamente la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas debieron intervenir para conjurar un estado de guerra civil y para evitar el establecimiento de un régimen totalitario que se imponía por la fuerza, mediante un importante aparataje paramilitar.

Honorable Cámara, el breve tiempo de que dispongo no me permite precisar muchas otras incongruencias fundamentales que la ciudadanía debe conocer respecto del Informe que esta mañana nos preocupa y que pretende darle al país una verdad oficial.

Protesto por la verdad tergiversada que la Comisión ha establecido como oficial, y que distorsiona el real sentido y las razones que hicieron necesario el pronunciamiento militar.

Para terminar, quiero entregar una reflexión final.

Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho un ferviente llamado a todos los chilenos para aceptar la verdad que se expone en el Informe y ajustar su conducta a ese reconocimiento.

Honorable Cámara, mientras no se restablezca la verdad aludida y se corrijan las tergiversaciones que contiene el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación respecto de hechos históricos trascendentales, el llamado de Su Excelencia el Presidente de la República no podrá ser acogido por millones de chilenos que no podemos aceptar que hoy se nos demande renunciar a una historia y a una verdad de la que fuimos protagonistas.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, deseo formular una breve precisión jurídica.

Mi Honorable colega Raúl Urrutia ha procurado hacer decir a los profesores señores Eduardo Novoa Monreal y Alfredo Etcheberry cosas que ellos jamás han expresado, puesto que ha dado un interpretación que no se compadece con el contenido en sus libros. Ambos han sido enfáticos al señalar, al igual que la mayoría de los tratadistas de Derecho Penal, que la amnistía supone la existencia de un delito; y para que pueda hablarse de la existencia de un delito, se requiere, en primer lugar, que estén acreditados los hechos constitutivos del tipo delictivo imputado, y, en segundo lugar, que esté comprobada la participación criminal del delincuente.

En consecuencia, sin hecho o sin delincuente, no puede haber delito; y si no hay delito, no podemos aplicar la Ley de Amnistía.

Por lo tanto, señor Presidente, creemos, al igual como lo ha sostenido Su Excelencia el Presidente de la República, que la Excelentísima Corte Suprema se ha equivocado cuando ha aplicado la Ley de Amnistía a situaciones en las que, o no han estado acreditados los hechos delictivos que lo constituían, o no estaba comprobada la participación criminal.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Con cargo al tiempo de Renovación

Nacional, puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Urrutia.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, sólo para puntualizar que he leído textualmente lo expresado por los profesores Eduardo Novoa Monreal y Alfredo Etcheberry. Para aclarar la situación, sería conveniente que el Diputado señor Campos citara el texto en el que se menciona lo que ha manifestado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.- Señor Presidente, quisiera abordar el tema que hoy nos ocupa, desde una perspectiva histórica y espiritual amplia, con el objetivo de contribuir a lo que la enorme mayoría de nosotros y del país anhela para el futuro: la paz, la prosperidad y la unión espiritual de los chilenos en tomo a ciertos conceptos básicos de nuestra cultura, de nuestra historia y de la identificación con nuestra tierra.

Las fuerzas elementales que impulsan al individuo en su vida son su propia supervivencia y la preservación de su especie. En el ser humano, la acumulación de experiencia y de conocimientos, transmitidos por milenios, de generación en generación, han permitido formar una civilización que no sólo significa más comodidad y menos sufrimiento, sino, también, el elevarse espiritualmente con valores morales que lo acercan al aún oscuro significado de su creación.

Sin embargo, cuando los individuos, sus organizaciones básicas o las propias naciones ven amenazada su existencia o supervivencia como tales, afloran esas fuerzas elementales latentes en los individuos que, expresadas masivamente, conducen a la violencia, al enfrentamiento y al descuido irracional de esos valores morales.

El modelo de sociedad que pretendió implantarse en Chile a contar de 1970, afectó la supervivencia de la Nación en su concepto más tradicional; incluso, más allá de la guerra de la Independencia o la guerra civil de 1891.

Una ideología universal, que parte del supuesto de un orden económico social y político injusto, interpreta la historia con una moral revolucionaria, que todo lo explica y justifica, pretendiendo imponer una utopía igualitaria, sin importar los medios para acelerar un proceso que se concibe como irreversible.

Para un amplio sector político en Chile, que, a contar de 1967, legitima la vía armada y violenta para llegar al Poder, no existe otra verdad, ni otra moral que la revolucionaria. La democracia chilena es la expresión opresora de un sistema capitalista y clasista que explota al proletariado; la justicia, una parodia burguesa; la propiedad, un derecho inexistente y desnaturalizado; la Patria, un concepto añejo, que no se concilia con la unión de los proletariados del mundo; la religión, salvo que sirva al ideal marxista, el opio del pueblo; por último, las instituciones armadas, son, para esa concepción, el instrumento de poder de la burguesía para mantener, por la fuerza, ese orden injusto.

En la década 19601970, dos modelos de sociedad contrapuestos se enfrentan, no sólo en Chile, sino en el mundo, Uno de ellos, en ese tiempo, gana terreno y se declara irreversible. La Revolución Cubana se idealiza en América, se exporta la vía armada. En Chile, los iluminados del marxismo sienten inminente el triunfo revolucionario y, a contar desde 1970, nada ya los detiene. El enfrentamiento, el odio entre chilenos se generaliza y el país se divide en bandos irreconciliables.

La reacción de las Fuerzas Armadas en 1973, es la expresión de una enorme mayoría de chilenos que vieron afectados sus derechos y su concepción de la vida; pero para nadie fue más claro que para las propias Fuerzas Armadas, que estaba en juego la supervivencia de la Nación.

Felizmente, para Chile, las Fuerzas Armadas y de Orden actuaron vertical y homogéneamente, y la milicia armada no había conformado aún un poder militar suficiente para enfrentarlas con posibilidades de éxito, pues, en caso contrario, una cruel y profunda guerra civil hubiera comprometido por decenios el futuro de Chile. Muchos ejemplos alrededor nuestro y en el mundo, confirman lo dicho.

La agravante de esos años es que había una amenaza exterior, que comprometía más gravemente nuestra supervivencia como Nación.

El apoyo mayoritario que tuvo en la opinión pública el pronunciamiento y sus consecuencias inmediatas, aún en sectores de centro, se explica por el grado de polarización a que había llegado el país.

La etapa posterior, que es asumida por un pequeño grupo como la prolongación de una guerra larvada contra la subversión, donde continuaba una correlación de fuerzas en el mundo favorable al marxismo, constituye aún una reacción contra la agresión inicial marxista. Pero olvida y transgrede la ética y los valores de la civilización, para caer en la barbarie y en la misma inaceptable moral revolucionaria que todo lo justifica.

Las responsabilidades personales, en estos casos, deben perseguirse. No nos debemos olvidar, si, que en todo este proceso muchos comparten culpas, y que la razón y la justicia no necesariamente es. tan de lado de quienes tuvieron, numéricamente, más víctimas, ni quienes sufrieron más vejámenes.

Podríamos hablar de la Revolución Rusa o de tantas otras agresiones del marxismo que condujeron a un enorme sufrimiento y a la muerte de millones de seres humanos en el mundo.

¿Por qué distinguir cuando un carabinero es fríamente asesinado, cuando un dirigente político muere torturado o ejecutado o cuando un niño inocente es destrozado horriblemente por una explosión?

El informe Rettig plantea una verdad que se acerca a la realidad, aunque en muchos casos representa sólo una versión de los hechos. La verdad es dolorosa para los que la sufrieron directamente y para los que se conduelen por el desgarramiento del país.

Pero quiero hacer un llamado de atención a los Honorables señores Diputados. Luego de la guerra civil de la emancipación, Chile requirió muchos años de esfuerzos para superar el período de anarquía, progresar y salir adelante. Después de la revolución de finales del siglo pasado, Chile sufrió también una honda postración, que se prolongó durante largos años del presente siglo.

Sin embargo, luego de 20 años de la crisis de supervivencia más grave que hemos tenido en toda nuestra historia, Chile -a pesar de eso- se encuentra en inmejorable posición para dar un salto adelante en pos de su mejor futuro.

En las manos, especialmente de los dirigentes y parlamentarios de Gobierno, está la clave de nuestro futuro.

El mayor peligro radica en hacer recaer en nuestras Fuerzas Armadas toda la culpa de lo sucedido. La culpa ha sido compatida, y el más peligroso error histórico sería dejarlas en una situación desmedrada frente al país.

Las Instituciones armadas y de orden forman parte de nuestra identidad nacional, y en su historia y en la de nuestro país, no han sido derrotadas.

Por el bien de Chile, no pretendamos romper esa tradición.

He dicho

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Morales.

El señor MORALES ADRIASOLA.-

Señor Presidente, el decreto que creó la Comisión Verdad y Reconciliación restringió en su artículo 1°, el ámbito de conocimiento de ese organismo a "las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos.".

En consecuencia, aunque éstas no son las únicas violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante las últimas décadas, las proposiciones de reparación de la muerte de civiles o militares por diversos motivos o bajo pretextos políticos, deben centrarse en estos casos.

De acuerdo con lo señalado, muchas de las víctimas de esos delitos ya han fallecido. Ante la desgraciada imposibilidad de devolverles la vida, toda reparación deberá ir encaminada a honrar su memoria y a satisfacer las necesidades de sus deudos, provocadas por los hechos mencionados. Algunas de ellas son de índole económica, pero debe velarse por que su satisfacción, a través de indemnizaciones o de otras medidas, no afecte la dignidad de los familiares ni oscurezca el hecho de que el principal propósito es restablecer el honor de quienes han muerto injustamente.

Es imposible entregar una contraprestación equivalente al daño causado, ya que la vida y el dolor de su privación no tienen precio, por lo que nada debe, siquiera remotamente, inducir a que los familiares de las víctimas abriguen la idea de que se les está compensando su sufrimiento, conformidad o silencio.

Los beneficiarios de las políticas de reparación deben ser las familias de las víctimas. Son ellas las que han recibido en forma más directa el impacto del dolor. En consecuencia, las políticas de deparación deben ir dirigidas a corregir y a mitigar el daño que ha afectado en diversos grados al grupo familiar, de acuerdo con su estructura y circunstancias particulares.

En principio, consideramos que los beneficios de carácter económico que se desee otorgar deben recaer en el cónyuge o en los hijos menores de la víctima y, si ellos no existieren, en los ascendientes más próximos por consanguinidad.

No nos corresponde definir una reglamentación exhaustiva de las medidas que se proponen, pero sí hacer una enunciación general de los medios de reparación que Renovación Nacional considera convenientes.

1.Estimamos necesario consagrar el derecho de los familiares de las víctimas, de saber qué ocurrió con ellas y conocer el paradero de sus restos, con el fin de darles adecuada sepultura. En consecuencia, debe exigirse que todos los organismos, instituciones o personas que cuenten con antecedentes que contribuyan a clarificar las situaciones pendientes, los proporcionen de inmediato.

Para tal efecto, deben dictarse normas que aseguren la confidencialidad de las informaciones que se recojan y aplicarse drásticas sanciones penales para quienes oculten información de esta índole.

2.Consideramos útil la construcción de un monumento a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos en la etapa vivida por el país en las últimas décadas. Esta medida habrá de constituir un recordatorio de estos hechos a fin de que jamás se repitan, y de contribuir a una verdadera reconciliación entre los chilenos.

Al respecto, debe imitarse el sentido nacional con que en otros países se han erigido monumentos similares, los cuales han buscado simbolizar el dolor de todos los sectores, evitando que se convierta en motivo de división respecto de algunos grupos nacionales.

3.Propiciamos la dictación de una ley que simplifique la tramitación de la muerte presunta de aquellas víctimas de violaciones de los derechos humanos, cuyo fallecimiento no haya podido ser acreditado. Propiciamos el establecimiento de un sistema simplificado que permita la legitimación o el reconocimiento de aquellos hijos de las víctimas nacidos en situación irregular. Asimismo, estimamos conveniente abordar situaciones en que la propiedad de ciertos bienes se ha perdido como consecuencia directa de las violaciones de los derechos humanos.

4.Consideramos que debe dictarse una ley que otorgue pensión de gracia a familiares de las víctimas cuya situación particular lo amerite. Es necesario hacer posible que los familiares tengan acceso a los fondos previsionales que las víctimas mantenían en cajas de previsión o en AFP, los cuales deben serles devueltos debidamente reajustados. Los costos respectivos deben ser asumidos por el Estado.

5.Es de justicia, asimismo, otorgar atención médica gratuita, incluido tratamiento psiquiátrico, a las víctimas o familiares de éstas que hayan sufrido graves daños físicos o perjuicios sicológicos, como consecuencia de tales violaciones de los derechos humanos.

6.Medidas de Prevención.- Los países que no aprenden de los hechos dolorosos que han ocurrido en su historia están condenados a repetirlos. En consecuencia, además de un conjunto de conductas que corresponde adoptar en el ámbito político, es indispensable tomar una serie de medidas de carácter normativo-institucional, para impedir que en Chile vuelvan a ocurrir situaciones como las descritas.

Renovación Nacional propone en este ámbito las siguientes iniciativas:

a)Otorgar a las Cortes facultades directivas, correccionales y económicas sobre los tribunales militares en tiempo de guerra interna, de acuerdo con lo propuesto por el Presidente de esa Corte en 1977.

b)Reforzar las facultades conservadoras de los tribunales de justicia, de manera que todos ellos sientan como deber principal de su misión la defensa de los derechos esenciales de las personas; el establecimiento de fuertes sanciones para quienes ilegítimamente priven de la libertad, torturen o hagan desaparecer personas, y la incorporación a la legislación penal de una norma que castigue drásticamente la sepultación clandestina.

c)Mantener drásticas penas para los delitos de naturaleza terrorista.

ch) Dotar a las instituciones judiciales y policiales de medios humanos y materiales suficientes para otorgar protección efectiva a todos los habitantes del país frente al terrorismo y demás manifestaciones de delincuencia.

d)Iniciar el estudio de una reforma del sistema judicial, de manera de asegurar una oportuna y eficaz solución de los conflictos que se susciten entre los particulares y entre éstos y las autoridades públicas, y de permitir que la justicia resulte más fácilmente accesible a toda la ciudadanía.

Las medidas de prevención referidas deben contribuir eficazmente a evitar que, en el futuro, se produzcan nuevos atentados contra los derechos de las personas. Sin embargo, esas iniciativas y otras similares que se pudieren plantear, resultarían totalmente ineficaces si no se logra lo más indispensable: restablecer en Chile un clima de concordia y de integración entre las diversas instituciones y grupos en los cuales se encuentra dividida la ciudadanía y, al mismo tiempo, difundir en ella los valores y virtudes que lleven a mantener hábitos de respeto hacia la persona humana y de aprecio por la convivencia en una atmósfera de unidad nacional.

Para que la sociedad chilena siga progresando, es necesario que aprenda, en conjunto, a mirar hacia el futuro, a fin de superar las profundas divisiones provocadas por causas pretéritas, por graves que ellas hayan sido. Por ello, atribuimos especial importancia al papel que corresponde a la juventud, la que no se encuentra maniatada por los resquemores y traumas del pasado ni mira con temor el porvenir.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Acordado en la forma indicada.

Tiene la palabra el Diputado Sergio Velasco.

El señor VELASCO.-

!Qué lástima y qué pena que haya un parlamentario de esta Región, de Valparaíso, que no haya entendido nada, no haya leído nada y no sepa lo acontecido en los últimos años en este país!

La Comisión Verdad y Reconciliación entregó a la nación su informe. Una verdad lacerante, dura, impactante, mantenida por años en la penumbra, es hoy oficial. En un lenguaje sobrio, claro y penetrante, deja de manifiesto la forma como operó el terrorismo de estado en Chile. De esta historia de horror, un personaje surge nítidamente como cerebro y gestor de una cadena de oprobios: el General Manuel Contreras Sepúlveda.

Pocas veces habló. No lo necesitaba. Pocas palabras y muchas acciones construyen el perfil de un actor que empieza a perderse en las sombras.

El Informe Rettig es categórico: debe caracterizarse a la DINA como un organismo con facultades prácticamente omnímodas, lo que le permitía afectar los derechos básicos de las personas e, incluso, emplear su poder para ocultar sus actuaciones y asegurar su impunidad. Se trataba de un organismo cuyo funcionamiento, en la práctica, fue secreto y se llevó a cabo al margen de la ley. Fue liberada de todo control, no sólo del que pudiera haber ejercido el Poder Judicial, sino también del de otras reparticiones del Poder Ejecutivo, del de altos oficiales de las Fuerzas Armadas e, incluso, del de la Junta de Gobierno. En efecto, aunque formalmente dependía de la Junta de Gobierno, en la práctica respondió solamente ante su Presidente y, más tarde, ante el Presidente de la República. No parece que valga la pena recordar que ambos cargos fueron ocupados por el General Augusto Pinochet Ugarte.

He pedido la palabra en esta oportunidad, porque represento a una provincia donde sistemáticamente se violaron los derechos humanos con una saña y crueldad sin parangón en la historia del mundo. En la provincia de San Antonio, a cargo del Ejército, se usaron principalmente dos recintos de detención: el Campamento N° 2 de Prisioneros de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes y la Cárcel Pública de San Antonio. El Primero de ellos, que llegó a tener más de 100 prisioneros en ciertas épocas, funcionó como tal desde el mismo 11 de septiembre de 1973 hasta mediados de 1974. En este Campamento, Honorables señores Diputados, se aplicó sistemáticamente la tortura, según se relata con mayores detalles en el primer capítulo del Informe en análisis.

En la Cárcel Pública de San Antonio, recinto a cargo de Gendarmería de Chile y sometido al mando militar de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, el Comité Internacional de la Cruz Roja señaló en el informe emitido luego de su visita efectuada el 12 de octubre de 1973, que las condiciones de alojamiento eran "apenas aceptables" y muy insuficientes desde el punto de vista higiénico. Respecto del informe acerca de la atención médica recibida en la cárcel por los prisioneros, que eran 100 en ese momento, reveló el alto número de consultas que allí se efectuaban.

El día 22 de septiembre de 1973, estimado colega de la Quinta Región, fueron ejecutados por personal del Ejército, en el sector de Atalaya, en el camino entre San Antonio y Bucalemu -lugar este último donde se encuentra la residencia de veraneo del Comandante en Jefe del Ejército- un sinnúmero de trabajadores portuarios.

Dos mil ciento quince chilenos, asesinados impunemente, no son una mera suma de personas. Padres, hermanos, hijos, compatriotas con sueños, con esperanza, con futuro, en la tierra que los vio nacer, Chile, murieron atrozmente. Por eso, me permito señalar esta mañana, en esta Honorable Cámara, el horror diario en que vivimos bajo el mando omnipotente del tristemente célebre Teniente Coronel, Gobernador de San Antonio y Comandante de la Escuela Ingenieros Militares de Tejas Verdes, Manuel Contreras. Y algunas muestras: Raúl Enrique Bacciarini, 49 años; Héctor Rojo Alfaro, 43 años; Samuel Núñez González, 49 años; Armando Jiménez Machuca, 38 años; Guillermo Álvarez Cañas, 49 años; Fidel Alonso Bravo Álvarez, 22 años. Todos estos hombres, trabajadores portuarios, fueron cruelmente asesinados.

Pero no es solamente eso. Resulta inverosímil que todos los afectados, sin excepción, hayan sido muertos para evitar un presunto intento de fuga, si se considera que iban desarmados y bajo fuerte vigilancia militar.

El día 5 de octubre de 1973 desparecen a manos de efectivos del Ejército las siguientes personas: Jorge Luis Ojeda Jara, 20 años; Jorge Cornejo Carvajal y Patricio Rojas González; Florindo Alex Vidal Hinojosa, 25 años; Víctor Femando Mesina Araya, 25 años; Luis Femando Norambuena Femandois, 31 años, regidor de San Antonio y secretario regional de la Central Única de Trabajadores; Ceferino del Carmen Santis Quijada, 31 años; Gustavo Manuel Farías Vargas, 23 años.

En esta mañana, podríamos relatar que una enorme cantidad de chilenos fueron muertos en el Campamento de Tejas Verdes y en otros lugares, pero quiero referirme, especialmente, a los casos de dos chilenos. El día 6 de agosto de 1986 asesinaron al dirigente universitario democratacristiano de la FEUSACH, Mario Martínez Rodríguez, en la playa de Santo Domingo. Fue un crimen atroz, de una clara connotación política, en contra de la juventud universitaria disidente que estaba luchando por la democracia y la libertad. Y también, Honorables colegas, porque el Informe no lo menciona, quiero referirme a otro caso. El día 7 de octubre de 1975, en Roma, fue baleado junto a su esposa un hombre que ocupó en el pasado uno de estos escaños, don Bernardo Leighton.

Para terminar, permítanme, por favor, hacer un reconocimiento a la Iglesia Católica, a la Vicaría de la Solidaridad, a la Comisión de Derechos Humanos y, particularmente, al Cardenal Raúl Silva Henríquez, por la defensa de tantos y tantos chilenos de nuestra patria.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

Del tiempo originalmente establecido para el Comité de la Unión Demócrata Independiente, resta un minuto, de manera que sería lógico que ahora Su Señoría pudiera usar los cinco minutos complementarios que se han concedido.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, la verdad hace a los hombres más hombres y sentirse más cercanos a Dios; pero no siempre la verdad, por ser oficial , es completa.

Nuestro partido, la Unión Demócrata Independiente, en este hemiciclo vuelve a decir que no justifica, repito, ninguna situación de violación de derechos humanos por personas, cuyos nombres incluso se han hecho públicos no sé con qué intención; si para castigarlas o para ser condenadas a muerte, sin juicios, cometieran en contra de otras.

Sin embargo, es justo hablar de asumir responsabilidades. Por eso, formulo un llamado a todas las fuerzas políticas, pero muy particularmente a las de Izquierda, que han mostrado abiertamente una intención, con actos políticos y de hechos, en especial al Partido Socialista, que en el año 1967, luego de asumir el ideario democrático, a partir de aquella fecha decidió que la vía armada también era una acción legítima. ¡No, señores! La opción por la lucha armada para solucionar los problemas no es legítima. Existe un principio que nadie puede desconocer: que cada acción tiene una reacción. ¡Sí, señores, la reacción, en muchos casos, fue cruel y dolorosa! Despertar la inhumanidad que habita en cada ser humano, en un determinado momento, no es propio de un país que busca el equilibrio y el desarrollo.

El Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, ratifica que no fueron cientos de miles los fallecidos; pero, en verdad, siento que necesitamos, urgentemente, que el país conozca la verdad y que ésta sea completa.

Para una familia, un ser querido nunca tiene culpa alguna, todos los que resultaron ser víctimas, de ambos bandos, merecen nuestro respeto; pero no debemos desconocer que cuando ideas desquiciadoras se hacen carne en actuaciones de personas, se olvida que, aunque no se piense igual, también ellas son parte de la comunidad nacional llamada Chile. Y sus autoridades son para nosotros y para todos.

Señor Presidente, el informe indica que hubo agentes de seguridad que violaron derechos humanos; pero el extremismo y el terrorismo también lo hicieron. Espero y confío en Dios que los chilenos fallecidos sean una clara señal para que nunca más las visiones excluyentes y fundacionales se adueñen del país.

Estoy dentro del grupo de parlamentarios más jóvenes de esta Cámara, de lo que me siento muy orgulloso. Ello me permite enrostrar a muchos líderes políticos, que hoy acusan o son acusados, y manifestarles que son consecuencia de sus propias irresponsabilidades todos y cada uno de los fallecidos en aquella época.

Señor Presidente, para nosotros, Simón Yevenes, dirigente poblacional de la UDI, es un claro ejemplo de un caído que, sin armas más que su razonamiento, significó un peligro tan grande para quienes pensaban distinto que fue necesaria su eliminación física. Por este dolor, que también vivimos, entendemos el dolor que provoca en cada familia la desaparición prematura de un familiar.

Finalmente, llamo a todos y a cada uno de los chilenos a que asumamos la responsabilidad que tantas veces se menciona y que tantas veces también se esquiva; pero sin olvidar que las Fuerzas Armadas de Chile llegaron a gobernar un país quebrado socialmente, con un grado de odio que hoy día somos incapaces de dimensionar; que ellas también tuvieron su cuota de responsabilidad, pero no mayor, pues ésta hay que buscarla no precisamente bajo el uniforme militar, sino en muchos que hoy día piden perdón. Y así como hoy se menciona al General Pinochet, ¿por qué no se han enumerado, uno a uno, los nombres de aquellos dirigentes políticos que, faltando a la responsabilidad moral y ética de su trabajo, tuvieron y tienen el deber de afrontar su propia responsabilidad?

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Guillermo Yunge.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, con la entrega pública del informe Rettig se ha dado cumplimiento a una parte fundamental de la palabra empeñada con el pueblo de Chile por parte del Presidente de la República, al asumir el Gobierno.

La Comisión ha realizado la dolorosa y triste tarea de recopilar todos los antecedentes necesarios para reconstruir algunos aspectos, los más graves, las páginas más negras de la historia patria. Este episodio histórico debe llamar a una profunda reflexión de todos los sectores de la vida nacional que son responsables, en mayor o menor medida, de haber generado las condiciones sociales y políticas, que permitieron el desplome de la institucionalidad en manos de quienes implementaron el golpe de estado de septiembre de 1973.

Dentro de uno de sus aspectos más significativos. El Informe clarifica que lo ocurrido en Chile durante los casi diecisiete años del régimen anterior es consecuencia de la existencia de un sistema dictatorial, de un régimen que no pudo establecerse sino en función de una acción que, en sí misma, violentó los derechos humanos y que tampoco pudo mantenerse sin la violación permanente, masiva, institucionalizada, de los derechos fundamentales de tantos chilenos.

Por eso, me preocupa profundamente que algunos honorables colegas de la Derecha justifiquen el golpe de estado de septiembre de 1973 y, necesariamente, la acción posterior del régimen militar, en términos de que uno podría concluir que justifican estas violaciones de los derechos humanos, a pesar de que, en el análisis global y general, aceptan la verdad como quedó, reflejado en el acuerdo unánime de la Cámara de Diputados en relación con el Informe Rettig.

Quiero decir aquí con mucha franqueza, y a título personal, que esa situación y esas opiniones constituyen un signo de interrogación muy fuerte respecto del compromiso democrático y del que tantas veces hemos escuchado esta mañana, en el sentido de realizar los esfuerzos tendientes a que en Chile nunca más vuelvan a suceder estas graves situaciones tan dolorosas para nuestro pueblo. Me parece que éste es un punto capital; porque si hablamos de reconciliación y de avanzar en la perspectiva de futuro en el desarrollo democrático de nuestro país, esa reconciliación tiene que darse necesariamente, para que sea real y sólida, sobre la base de la verdad, la aceptación de esa verdad y de nuestras culpas y responsabilidades.

En lo personal, como democratacristiano, asumo esa cuota de responsabilidad con dolor. En segundo lugar, tiene que darse en función de la justicia, porque, aún en el caso que pudiera aceptarse que en Chile hubo guerra interna situación que el Informe desmiente en términos absolutos, que en algún momento se produjo esa coyuntura, resulta injustificable el tratamiento dado a las víctimas de los derechos humanos, asesinándolas o haciéndolas desaparecer, en circunstancias de que, como se ha dicho aquí, la mayoría de las personas murieron con posterioridad a su detención.

Creo que es importante, imperativamente, reencontramos con los valores tradicionales de nuestro país. Chile tiene una historia democrática. Su conciencia y su alma nacional no pueden soportar que se pretenda eludir el tema de la justicia. Es imprescindible hacer todo lo que sea necesario y utilizar todos los recursos en los ámbitos judicial, legislativo e institucional, con el fin de perseguir la responsabilidad de aquellos individuos que fueron los responsables, los hechores de estas graves violaciones de los derechos humanos. También es necesario que en el tema de la justicia se entre a verificar lo que fue el triste y vergonzoso papel del Poder Judicial durante el régimen anterior, porque hoy día llama la atención que la Corte Suprema defienda con celo y brío lo que en el pasado ignoró y fue incapaz de hacer.

En esta sesión hemos escuchado argumentaciones jurídicas para la aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, entre 1973 y 1978, cuando no existía dicha ley, los tribunales de justicia no acogieron prácticamente ningún amparo, no decretaron ninguna declaratoria de reo en función de las miles de querellas y denuncias por torturas, muertes o por desaparecimientos; no acogieron ninguna petición de un ministro en visita; jamás, jamás, representaron ante el Gobierno militar de la época el hecho de que, como se dice ahora, no se contaba con la ayuda de los órganos policiales, colaboradores de la administración de justicia.

En consecuencia, sorprende que hoy día exista tanto celo para defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Las palabras del Presidente de la República nos interpretan plenamente, en el sentido de llamar la atención en cuanto a la inexistencia de un coraje moral que, en el pasado, pudo haber salvado muchas vidas y haber relativizado el impacto de las violaciones de los derechos humanos, en los términos entregados por el Informe Rettig.

Sin embargo, hoy día, el Poder Judicial tiene nuevamente en sus manos una gran responsabilidad: conocer los casos presentados ante los tribunales, derivados de la información recogida por la Comisión Verdad y Reconciliación.

Sobre el particular, debo ser franco: dudo de que muchos magistrados sean capaces de tener el coraje moral de realizar adecuadamente esas investigaciones. Me sentiría feliz de estar equivocado respecto de esta duda si esos magistrados se reivindican moral y. jurídicamente, asumiendo la responsabilidad que les corresponde.

En definitiva, en la reconciliación nacional, la verdad y la justicia constituyen las bases insustituibles para avanzar hacia el futuro y para enfrentar en esta Cámara el tema de la reforma a la administración de justicia sin aceptar presiones -que podríamos denominar de otra manera- en el sentido de condicionar el consenso sobre dicha reforma a la detención de la crítica al Poder Judicial. Respecto de este punto, creo que se trata de levantar una cortina de humo para impedir el análisis del tema de fondo. Por otra parte, hay un condicionamiento ilegítimo e inaceptable, desde el punto de vista de las consecuencias políticas de la Derecha, la que, en teoría, afirma que está disponible para trabajar sobre un consenso en la reforma del Poder Judicial.

Quiero terminar, señor Presidente, remarcando el impacto que en la comunidad Internacional ha tenido el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación. El parlamento europeo recientemente ha aprobado una resolución que valora el Informe y respalda la decisión del Gobierno y de las posiciones mayoritarias de nuestro Parlamento, en el sentido de adoptar medidas legislativas que aseguren la plena vigencia y el ejercicio de los derechos humanos fundamentales en la nueva democracia chilena.

Quiero rendir un homenaje a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y subrayar, en este recuerdo, la decisión de continuar en el camino democrático por el que hemos avanzado, con el fin de evitar, por una parte, aquel límite insoportable de la utilización de la violencia, de la venganza por propia mano, que le hace el juego a quiénes pretenderían una crisis institucional y ver desestabilizada nuestra democracia, como también nuestra decisión de impedir de que el otro límite, el olvido, la impunidad, deje las condiciones para que exista el peligro futuro de que las violaciones de los derechos humanos se repitan.

Ese es nuestro compromiso y nuestro homenaje a las víctimas de la violencia, de la incomprensión, de la intolerancia, actitudes que, sin duda, deben ser extirpadas de la vida nacional para que podamos vivir en paz, en justicia y en libertad, tratando de ser todos consecuentes con nuestros dichos.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, en esta oportunidad quiero ocupar algunos minutos de los que corresponden a nuestra bancada, con el fin de hacer un llamado a todos los honorables parlamentarios aquí presentes, un llamado sincero, ferviente, para que el informe de la Comisión Rettig sea analizado en esta Cámara con un superior objetivo: demostrarle a la ciudadanía que la racionalidad y la argumentación seria pueden conducir realmente a minimizar las diferencias y a maximizar los acuerdos entre nosotros y, a través de ellos, avanzar en lo que debe interesar e interesa a la mayor parte de los chilenos: alcanzar la reconciliación nacional.

Si en esta oportunidad logramos esto; si todos aquellos a quienes representamos en esta Cámara observan en nosotros una actitud de entendimiento, de comprensión y de altura de miras, es muy probable que asuman una conducta similar, una vez enfrentados a su propio análisis del informe. Contribuiremos así al aislamiento, cada vez mayor, de los que están instrumentalizando el Informe y profundizando heridas en quienes, de una u otra manera, han sufrido en la época analizada y que hoy se sienten reviviendo episodios que no debieron haber sucedido jamás.

Quiero destacar el valioso y delicado trabajo realizado en forma profesional, responsable y cuidadosa por la Comisión que preside el señor Rettig. Ha emitido un informe que constituye su verdad de los hechos, acorde con los antecedentes reunidos. Preferimos no llamarla "verdad oficial", pues para algunos esta verdad es más completa de lo esperado, porque incluye aspectos relativos a las causas de los hechos analizados existentes antes de septiembre de 1973. Precisa conceptos en relación con la violación de los derechos humanos y sanciona, incluso, el suicidio de un ex Presidente de la República, entre otras cosas. Pero, para otros, esta verdad es incompleta, pues no considera todos los casos de violaciones a los derechos humanos acaecidos en el período examinado.

Los fríos hechos demuestran que en 1973, producto de una polarización e ideologización extremas, con odio y con violencia, económicamente destruido y con un estado de derecho erosionado, el país se encontraba al borde de la guerra civil, alentada desde más allá de sus fronteras, en el contexto de una crisis latinoamericana.

El informe demuestra la existencia de desaparecidos por la acción de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y que durante el Gobierno militar existió, permanentemente, un sector armado de la Oposición que ejerció el terrorismo en sus diversas formas.

Esta verdad, completa o incompleta, es común para todos. Lo que no es común para todos y que hemos comprobado en forma fehaciente, es la interpretación que cada uno de los chilenos da a esta verdad.

Alejados del contexto histórico en que sucedieron los hechos, no es posible llegar a las mismas conclusiones de compatriotas que vivieron y sufrieron de cerca los resultados de la mayor crisis institucional del siglo. Compatriotas que la observaron de lejos, no pueden coincidir con las conclusiones de familiares y amigos de civiles víctimas de la represión o de la violación a los derechos humanos, con las de viudas, huérfanos, mutilados y mártires de las Fuerzas Armadas. No es coincidente la conclusión del que realmente desea la paz y la reconciliación con la de quienes buscan la confrontación y la revancha, como único camino de sobrevivencia en el teatro político nacional, posición derrotada y en retirada en todo el mundo.

En el análisis de estas conclusiones, todos los parlamentarios debemos actuar responsablemente. No usemos en el Parlamento el camino de la descalificación, del juicio fácil e irresponsable que algunos dirigentes políticos y autoridades de otros poderes han elegido en los días recientes.

Por ello, no daré respuesta a los epítetos dirigidos hacia mi bancada por el señor Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, porque si hay un ejemplo de inconsecuencia es, precisamente, el suyo.

Quizás es prematuro hacer un análisis en profundidad del informe a ocho o nueve días de conocido, informe que al Presidente de la República significó 30 días de dedicación responsable.

Demos un ejemplo de madurez; llamemos a la reflexión seria a todos los actores involucrados. Reparemos los daños ocasionados y construyamos juntos una democracia sólida, estable y moderna, que levantada con esfuerzo, dolor y sangre representará la manera más eficaz de evitar que en Chile vuelvan a suceder los hechos contenidos en el informe Rettig.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Jaime Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, la Honorable Cámara ha conocido una verdad amarga y dolorosa, contenida en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por don Raúl Rettig, que se tradujo en las expresiones formuladas por su Excelencia el Presidente de la República.

La aspiración nacional es que no sólo asumamos y reconozcamos esa verdad triste, amarga y dolorosa, sino que hagamos un esfuerzo sincero para reconciliarnos.

¿Qué ha hecho el Gobierno sobre la materia? Ha realizado lo que estaba a su alcance. En primer lugar, ha procurado esclarecer la verdad y, en segundo término, ha propuesto reparar moral y materialmente a las víctimas de los atentados en contra de los derechos humanos.

Pero el establecimiento de la verdad y la reparación moral y material de las víctimas no reconcilia necesariamente. Faltan todavía dos aspectos: que los autores de los atentados contra los derechos humanos se arrepientan, y que, en definitiva, se haga justicia.

Para ello, es importante la labor futura del Congreso Nacional y el trabajo de los tribunales de justicia en los próximos meses.

Los parlamentarios radicales nos comprometemos a entregar nuestro esfuerzo, con el objeto de que, a través de la actividad legislativa, se haga justicia respecto de todo lo ocurrido durante los 17 años pasados. Hacemos también un sincero llamado al Poder Judicial para que, dentro de las labores de su competencia, realice un esfuerzo similar.

Por último, hay algo que no se ha dicho, pero se ha insinuado en el análisis de esta mañana.

Dentro de las causas que ocasionaron los horrores que hemos comentado y lamentado, es necesario destacar una. Parte de esos horrores se debió a la aplicación práctica de la denominada "doctrina de seguridad nacional"; doctrina confrontacional que, partiendo del concepto de la guerra interna, pretende eliminar, material y físicamente, a quienes piensen de modo distinto.

Además de desear que nunca más en nuestra patria vuelvan a ocurrir atentados a los derechos humanos, hacemos también un llamado a quienes se encandilaron con la doctrina de seguridad nacional, que violenta nuestra conciencia democrática y nuestra adhesión al respeto de los derechos humanos, para que nunca más la apliquen y ni siquiera la insinúen.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

E1 Comité Radical ha cedido el minuto que le queda al Diputado don Claudio Huepe.

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, casi al término del análisis del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación podemos expresar que existe un considerable progreso. Desde luego, hay una aceptación unánime de la verdad de los hechos establecidos. Ni siquiera las lamentables intervenciones de algunos Diputados pretenden cuestionar la primera parte del documento; o rechazar o negar los innumerables atropellos a los derechos humanos. Es considerable, porque en el año 1978 el General Pinochet y sectores de Derecha protestaron porque Naciones Unidas afirmaba que en Chile se violaban los derechos humanos.

Sin embargo, quiero agregar algunas precisiones. En las preguntas del Diputado señor Espina faltó una, y central: ¿Pueden los Tribunales de Justicia, en conciencia, decir que protegieron los derechos humanos durante el período que analiza el informe? Nadie puede asegurarlo. Indudablemente, ese poder del Estado no cumplió el papel de garante de los derechos humanos que la sociedad le reclama. Indudablemente que no cumplió con ese papel.

No puede argumentarse tampoco sobre la base de la responsabilidad colectiva. Chile, señores Diputados, no es "Fuenteovejuna". Aquí hay responsabilidades concretas; hay responsabilidades de destacados personeros que, por desgracia, vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas, ya lo mencionaba el Diputado Velasco: ¿Hay o no hay responsabilidades concretas del general Contreras en el camino sembrado de víctimas que trazó cuando dirigía la DINA? ¿Hay o no hay responsabilidades concretas de la autoridad suprema de este país en ese período, cual es el General Pinochet? El General Pinochet debe responder políticamente por la decisión de endurecer la acción de los militares en octubre del 73, y permitir las muertes injustas provocadas en ese período. Debe responder por haber creado la DINA; por haberla dotado de los medios suficientes para ejercer su política de exterminio; por haber mantenido un estrecho contacto con el Director de ese organismo, siendo inexcusable alegar ignorancia sobre el exterminio en curso. Debe responder por no haber disuelto antes la DINA y permitir la acción del terrorismo de agentes del Estado en América del Norte, América del Sur y Europa. Debe responder, en fin en su calidad de Comandante en Jefe y ex Presidente de la República, por haber promovido una doctrina de guerra y dictado normas jurídicas que atentaron sensiblemente contra la defensa de los derechos de las personas. Esa responsabilidad nace de convicciones. Por más fuertes que sean las leyes que impiden la fiscalización, el daño ya esta hecho.

Por último, señor Presidente, aquí se ha confundido un debate. Los Diputados de la UDI, señores Ulloa y Bartolucci, han pretendido justificar lo sucedido por la situación política existente en 1973 y cuestionan la opinión de la Comisión sobre ese período. Ese es otro debate que podemos tener en cualquier momento: sobre las responsabilidades de los distintos sectores que condujeron a esos hechos. Pero el debate de hoy es conocer la opinión de la Cámara sobre las violaciones concretas denunciadas en el Informe. Ni una palabra de condena escuchamos de algunos Diputados por los hechos sucedidos; e, incluso, algunos sostuvieron que las víctimas fueron responsables de sus propias acciones, y escuchamos una frase de antología expresada por el Diputado Ulloa: "Todas y cada una de las víctimas son responsables de lo que les sucedió".

De ahí que podemos decir que hay dos versiones en la Derecha sobre el informe: la que reconoce la gravedad de lo acontecido y no trata de justificar lo injustificable, y la que insiste en esconder la verdad y trata de desviar el debate sobre aquellos hechos incontrovertibles denunciados en el Informe.

Por eso, hacemos un llamado para que la opinión de aquellos sectores recalcitrantes que no desean aceptar en plenitud esta dolorosa verdad, modifiquen su actitud y sean consecuentes con el proyecto de acuerdo que aprobamos en la Cámara el 7 de marzo, que expresaba su reconocimiento a los miembros de la Comisión Verdad y Reconciliación, por la seriedad, acuciosidad, eficiencia y profundidad en el trabajo que realizaron en pro de la verdad y de la reconciliación entre los chilenos.

He dicho.