Labor Parlamentaria

PETICION DE ANTECEDENTES POR FISCALIA MILITAR.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Dupré, quien desea referirse a un punto de la Cuenta.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, en la página 13 de la Cuenta figura un oficio de la Sexta Fiscalía Militar de Santiago, mediante el cual solicita que se remita copia de las sesiones 16° y 17° de la Corporación y copia autentificada de la censura formulada por la bancada del Partido Renovación Nacional en contra del Diputado que habla.

Me parece absolutamente improcedente parte de la petición de la Fiscalía Militar. La Mesa de la Corporación debiera contestar que las sesiones aparecen en la prensa y están consignadas en el Boletín de Sesiones, e incluso remitir los ejemplares pertinentes. Pero enviar copia de la censura formulada por la bancada de un partido en contra de un Vicepresidente de la Cámara y que, por lo demás, fue rechazada, en función de un proceso que se está siguiendo por presuntas ofensas a las Fuerzas Armadas, reitero, me parece absolutamente improcedente. Y quiero dejarlo planteado aquí, porque no corresponde. Una cosa es el envío del texto de las sesiones, y otra, la entrega de copia de antecedentes que nada tienen que ver con los documentos oficiales que sirven de base para el trabajo de esta Corporación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sobre el particular, debo señalar que las sesiones mencionadas figuran en el Boletín de Sesiones, cuya impresión no se halla al día; pero, como lo ha dicho el Diputado señor Dupré, han sido publicadas en el diario La Tercera. En consecuencia, se pueden remitir los ejemplares correspondientes.

Respecto a la petición de copia autentificada de la censura a la Mesa, me informa el señor Secretario que, como no hubo una larga exposición de fundamentos, éstos se entregaron en el debate. Por lo tanto, remitirá el texto publicado en el diario La Tercera.

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, creo que antes de remitir cualquier documento a la Fiscalía, corresponde responder que la petición debe formularse a través del conducto regular, que, en este caso, es el Presidente de la Corte Suprema.

Nada más.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así se tendrá presente.

ALCANCE SOBRE INFORME DE LA COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA POBREZA EN CHILE.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, sólo para hacer una observación al informe de la Comisión Especial Investigadora de la Pobreza en Chile.

Al respecto, deseo manifestar nuestro desacuerdo con la forma en que se presentaron las conclusiones, dado que todo el aporte hecho por las bancadas de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente en siete meses de trabajo, la entrega de innumerables informes, los aportes a las conclusiones y a los acuerdos adoptados por el Presidente de la Comisión, no han sido incluidos en el informe final. Creemos que esto es lamentable. Además, no se consideraron una serie de proposiciones en relación con la manera en que el desarrollo social, a nuestro juicio, debiera ser enfrentado por el Gobierno en el presente y en el futuro.

Nuestro aporte, después de 7 meses, realmente no ha sido considerado. Por eso, solicitamos que la Comisión reabra sus sesiones para que nuestros puntos de vista puedan ser evaluados e incluidos en un informe final, aunque sean de minoría y hayan sido rechazados por la mayoría de la Comisión.

El señor MONTES.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, no sé si ahora corresponde un debate sobre la materia. En todo caso, quiero aclarar a la Sala que algunos parlamentarios se retiraron de la última sesión de la Comisión y por lo tanto, no conocen los términos del informe.

Considero que las observaciones formuladas acá son injustas, porque en el informe, que podrá ser debatido en esta Sala, está incluido, como uno de sus anexos, el último documento que sometieron a la discusión de la Comisión los parlamentarios de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente. Allí se incorporó un conjunto de puntos de consenso, que ellos no conocieron, por cuanto no participaron en la última sesión.

Estimo que no corresponde discutir ahora esta materia y que sería importante hacerlo en una sesión especial a que se cite para estos efectos, donde se puedan exponer ampliamente los fundamentos, contenidos y método con el cual se trabajó.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pienso que un posible camino de solución sería que la Mesa se reuniera mañana con el Presidente de la Comisión y con los parlamentarios integrantes de ella que lo estimen conveniente, para ver cómo se puede enfrentar el problema.

ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

E1 señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Reunidos los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Viera-Gallo, y con la asistencia de los señores Dupré, Primer Vicepresidente; Carrasco, por el Comité Demócrata Cristiano; Prokurica, Alessandri Balmaceda, Sotomayor y Longton, por el Comité de Renovación Nacional; Estévez por el Comité del Partido por la Democracia y Partido Socialista, y Peña, por el Partido Radical, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

1°.Que el señor Presidente de la Honorable Cámara dé lectura a una declaración sobre la situación en el Golfo Pérsico, en nombre de la Corporación.

2°.Que el señor Primer Ministro de Rumania, don Petra Román, se dirija a la Corporación en la sesión del día 4 ó 5 de marzo, a definir.

3°.Que en la sesión de hoy se despache el proyecto que excluye al Servicio Nacional de Menores, de la aplicación del artículo 9° de la ley N° 18.834, siempre que se produzca acuerdo de los Comités en las conversaciones que sostendrán con esa finalidad.

4°.Que en las sesiones del día jueves 17 se traten los siguientes proyectos de ley.

El que otorga beneficios a los adquirentes de predios afectos a la reforma agraria y modifica diversos cuerpos legales.

El que modifica las plantas y cargos de los organismos que señala y dispone otras normas complementarias de administración financiera de incidencia presupuestaria, y

El que reforma la Constitución Política de la República sobre indultos, amnistías y libertad provisional.

5°.Que el martes 22 se considere el proyecto de acuerdo que aprueba el convenio entre la República de Chile y los Estados Unidos de América, suscrito en Santiago de Chile el 11 de junio de 1990, y el proyecto de ley que otorga facultad para dictar disposiciones con fuerza de ley para dar cumplimiento al referido acuerdo.

6°.Que en las sesiones del jueves 24 se trate el proyecto de ley sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales, y el que modifica la ley N° 18.483, sobre régimen legal para la industria automotriz, y

7°.Que, finalmente, en la sesión de hoy, se discuta y se vote el proyecto de acuerdo relativo a Lituania.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hago presente que en estos acuerdos habría que flexibilizar solamente la oportunidad de tratar el proyecto referente a la reforma constitucional sobre indultos, facultando a la Mesa para incluirlo en la Tabla de la sesión del martes o del jueves próximo, previa conversación con los Comités.

Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado.

DECLARACION DE LA CAMARA SOBRE SITUACION EN EL GOLFO PERSICO.

El señor VIERA-GALLO, Presidente (de pie).-

Corresponde dar lectura a la declaración de la Cámara sobre la situación en el Golfo Pérsico.

"Nuevamente, como si operara un designio ciego y fatal, el mundo se encuentra al borde de la guerra. Dentro de pocas horas vence el plazo para que Irak cumpla los acuerdos de las Naciones Unidas y retire sus tropas de Kuwait. Las fuerzas militares respaldadas por las Naciones Unidas están autorizadas para hacer uso de la fuerza, si ello no ocurre. A esta alturas, las vías del entendimiento parecen casi agotadas y la diplomacia ha pasado a un segundo plano.

Los dirigentes de los países industrializados, entre ellos el Presidente George Bush, de los Estados Unidos, a quien tuvimos el honor de recibir en el Congreso Nacional, y el Presidente de Irak, Saddam Hussein, están ante una disyuntiva histórica: ordenar el ataque o dar una última oportunidad a la paz.

"La distancia que separa a Chile del escenario del conflicto no nos excluye de las graves consecuencias morales, humanas, económicas, políticas y hasta ecológicas que posiblemente tendría la guerra. Nuestro país depende, en gran medida, del petróleo y del comercio exterior, y seguramente ambos se verían fuertemente afectados por las acciones bélicas.

"Por otra parte, en Chile habitan importantes comunidades que se sentirían directamente tocadas por los trágicos acontecimientos que presenciaríamos, lo que podría introducir nuevos factores de conflicto en nuestra convivencia nacional.

"Además, el uso de armas químicas, y quizás nucleares, traería consecuencias de corto y largo plazo, que resulta inútil dejar de advertir.

"Esta no sería una guerra entre Occidente y el mundo árabe. Por el contrario, la coalición formada entre otros, por la mayoría de los países árabes, Estados Unidos, Europa, Japón, China y la Unión Soviética busca restituir la soberanía de Kuwait, el imperio del derecho en las relaciones internacionales y un acceso seguro al petróleo.

"Por los protagonistas de conflicto y el escenario en que ocurre, son múltiples los problemas que se entrelazan con la invasión de Kuwait por parte de Irak. Entre ellos, cabe mencionar la suerte del pueblo palestino, la seguridad del Estado de Israel y de sus habitantes, así como la paz en el Líbano. Por eso, respaldamos la propuesta de convocar en un futuro próximo una vez resuelto el problema de Kuwaita una conferencia internacional para echar las bases de una paz duradera en el Medio Oriente.

"Los chilenos debemos enfrentar unidos esta dramáticos acontecimientos, cuyo desenlace no depende de nosotros, pero en cuyas consecuencias estamos inevitablemente comprometidos. Debemos hacerlo apelando a nuestra historia democrática, a nuestra experiencia de pueblo amante del derecho y la razón y sensible a los grandes ideales del derecho internacional que han inspirado nuestra política exterior.

"Siempre queda tiempo para la paz. Los chilenos somos partidarios de la paz, del respeto a la soberanía de las naciones y del derecho internacional. Si la guerra se desatara, nuestro país debiera continuar trabajando, aun con más fuerza, por la paz.

"En esta hora crucial, hacemos un llamado a todos los chilenos para que reflexionemos sobre la disyuntiva entre la guerra y la paz; entre el derecho y la fuerza, y sus consecuencias, para que, frente a su conciencia, cada ciudadano pueda reafirmar su adhesión a la dignidad de la vida, aún de aquellos que aparecen como adversarios o enemigos".

Invito a la Honorable Cámara de Diputados a guardar un minuto de reflexión sobre estos temas que tan dramáticamente golpean o pueden golpear la paz mundial.

Los señores Diputados y funcionarios, de pie, guardan un minuto de silencio.

PERMISO CONSTITUCIONAL.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Solicito el acuerdo de la Sala para conceder el permiso constitucional pedido por el Diputado señor Jorge Pizarro, para ausentarse del territorio nacional un período superior a treinta días, a contar de hoy.

Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.

Acordado

AUTORIZACION A DOS COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTANEAMENTE CON LA SALA.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, solicita autorización para sesionar en el día de hoy simultáneamente con la Sala, con el objeto de ocuparse en el proyecto que regula la actividad de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

También la Comisión Especial investigadora del giro de sumas de dinero por el Ejército solicita autorización para sesionar simultáneamente con la Sala, a fin de seguir escuchando algunos testimonios de personas citadas, las cuales están esperando que empiece a sesionar esa Comisión.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

OTORGAMIENTO DE MEDALLA DE HONOR DENOMINADA "CONGRESO NACIONAL". PROPOSICION DE LA COMISION MIXTA.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación el informe de la Comisión Mixta.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: Por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Aprobado el informe de la Comisión Mixta.

Despachado el proyecto.

PREFERENCIA PARA EL DESPACHO DE PROYECTO DE LEY.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Sobre los otros dos proyectos que figuran en el Orden del Día, el Presidente de la Comisión de Gobierno Interior ha solicitado alterar el orden de la tabla, con el objeto de tratar, de inmediato, el que confiere el carácter de ministros de fe a los funcionarios que allí se señalan, y, en segundo lugar, el que autoriza al Banco Central de Chile para ordenar la acuñación de monedas conmemorativas del quinto centenario del descubrimiento de América.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

Informe de la Comisión Especial Investigadora de la Pobreza en Chile.

"Honorable Cámara:

La Comisión Especial Investigadora de la Pobreza en Chile, pasa a dar cuenta de su cometido:

La Honorable Cámara, por acuerdo adoptado en su sesión 9°. ordinaria, de 17 de abril del año en curso, prestó su aprobación a un Proyecto de Acuerdo que proponía crear "una Comisión Especial que presente a la H. Cámara un informe sobre la situación de la pobreza en Chile; que contenga un análisis conceptual sobre el tema de la pobreza; que dimensione el problema de manera integral sobre la base de los antecedentes disponibles; que se pronuncie sobre políticas y estrategias.".

La Comisión quedó integrada por los siguientes señores Diputados:Alvarez-Salamanca Buchi, don Pedro Pablo; Concha Urbina, don Juan; Cristi Marfil, doña María Angélica; Faulbaum Mayorga, don Dionisio; Masferrer Pellizari, don Juan; Montes Cisternas, don Carlos; Navarrete Carvacho, don Luis; Ojeda Uribe, don Sergio; Orpis Bouchón, don Jaime; Ortega Riquelme, don Eugenio; Palma Irarrázaval, don Andrés; Sota Barros, don Vicente; Sotomayor Mardones, don Andrés; Tohá González, don Isidoro. Una vez constituida la Comisión, procedió a elegir Presidente al señor Carlos Montes Cisternas,

La Comisión celebró veintiuna sesiones entre los días 26 de abril y 5 de diciembre de 1990, con un total de 50 horas 29 minutos de duración.

Las primeras tres sesiones fueron dedicadas a formular una pauta de trabajo, a cuya preparación contribuyeron los señores Diputados integrantes de la Comisión, produciéndose un debate que concluyó con la necesidad de solicitar la contribución de diversos organismos o personas que entregaran antecedentes para la elaboración del informe que debía someterse a la consideración de la H. Cámara. Para centrar y organizar el trabajo se propuso y aprobó la siguiente pauta guía:

"La Comisión se alimentará de los estudios y fuentes de información existentes, y desarrollará una activa interlocución con grupos sociales afectados por situaciones de pobreza, y con especialistas en la materia.

Los temas centrales, que pueden corresponder a los capítulos de conclusiones del informe, son los siguientes:

1.- La Pobreza: Un problema nacional prioritario.

Contenido:

-determinar y fundamentar la importancia que se le atribuye al problema de la pobreza en la vida nacional.

-concepto de pobreza.

-consecuencias que ella tiene para el país y para los afectados.

Método:

-exposición de las distintas bancadas.

-invitación a especialistas sobre concepto de pobreza.

-reflexión de la Comisión.

2.- La envergadura del problema de la Pobreza en Chile.

Contenido.

-establecer la extensión, heterogeneidad y severidad de la pobreza.

-enfoque integral que intente analizar simultáneamente la situación desde distintos puntos de vista:

-regional.

-empleó de ingresos.

-disponibilidad de bienes y equipamiento.

-sectorial (acceso a salud, educación, alimentación, vivienda, previsión, etc.). Método:

-incentivar a especialistas.

-solicitar información precisa a entidades públicas.

-reunir y procesar información a través del equipo de apoyo técnico.

-reflexión de la Comisión.

3.- Las raíces de la pobreza.

Contenido:

-determinación de factores que generan y reproducen la pobreza.

Método:

-exposición de las distintas bancadas

-seminario con especialistas

-reflexión de la Comisión.

4.- El papel del Estado en la superación del problema de la pobreza.

Contenido:

-analizar las políticas públicas que impactan en las situaciones de pobreza (políticas macroeconómicas, de gasto social, de focalización).

Método:

-invitar a especialistas

-solicitar información precisa a entidades públicas

-reunir y procesar información a través del equipo de apoyo técnico.

-exposición de las bancadas.

-reflexión de la Comisión.

5.- El papel de otros actores frente al problema.

Contenido:

-los otros actores a considerar serían básicamente:

-instituciones no gubernamentales.

-los afectados, sus experiencias y propuestas.

-los trabajadores organizados.

-los Colegios Profesionales.

-conocer sus visiones e iniciativas y evaluar el papel que cumplen y pueden cumplir.

Método:

-visitas e invitaciones a pautas preestablecidas.

-reflexión de la Comisión.

6.- Proposiciones y recomendaciones.

Contenido:

-base para un compromiso nacional.

-propuestas de políticas, estrategias, instrumentos.

-recomendaciones para mejorar los sistemas de información (Censo 1992) y para evaluar los impactos de las políticas.

-y muchas otras materias diversas.

Método:

-indicaciones de los miembros de la Comisión.

-seminario con especialistas.

-reflexión de la Comisión.

-a esta parte podríamos destinarle el último mes de trabajos.

Del listado de invitados propuestos, asistieron al seno de la Comisión las siguientes personas: doña Patricia Matte Larraín, del Instituto Libertad y Desarrollo; don Alexis Guardia Basso, Director del Instituto Nacional de Estadísticas; don Arístides Torche; doña María Elena Cruz, del Grupo de Investigaciones Agrarias; don Hugo Ortega, Director del Instituto de Desarrollo Agropecuario; doña Joan Mac Donald, Subsecretaría de Vivienda; don Vitto Schiaraffia, Jefe Subrogante de la División Informática del Ministerio de Salud; don Juan Eduardo García-Huidobro, del Centro de Investigación de Desarrollo en Educación; doña Patricia Lewis, Jefe del Proyecto e Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE); don Luis Larraín, del Instituto Libertad y Desarrollo; don Erik Haindl, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile; don Alfredo Núñez Allendes, General de Carabineros, Director de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile; doña Oriana Sancy, Directora del Servicio Nacional de Menores; y el señor Álvaro García, Subsecretario del Ministerio de Planificación y Cooperación.

Por acuerdo de la Comisión se escuchó también a representantes de diversos sectores sociales, en una sesión que se llevó a cabo en la Sala de sesiones de la Honorable Cámara, el día 31 de octubre de 11.00 a 13.35 horas.

A esta sesión asistieron las siguientes personas:

Los señores Samuel Bermedo, Confederación Solidaridad y Trabajo; Sergio Guerra, Unión Comunal Junta de Vecinos Peñalolén, Alfredo Galdámez, Presidente Departamento Poblacional UDI; señora Claudina Núñez, Presidenta de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores; Julio Heraldo Meza, Poblador Campamento Chorrillos, Valdivia; Bernardo Panchilla, Representante Pequeños Comerciantes Distrito, 24 La Reina Peñalolén; señora María Elisa Ruiz, Campaña Compartiendo la Mesa; señora Gabriela Córdova; Junta de Vecinos Comuna de Lo Prado; Luis Orlando Cortés, Presidente Unión Comunal La Legua; señora Carolina Hucke, Coordinadora Ollas Comunes La Florida; Mario Lobos, Unión Comunal Junta de Vecinos de Paine; señora Rosa Meyer, Junta de Vecinos Comité de Allegados Peñalolén; Pablo Alfonso Muñoz, Campamento Nueva Esperanza Valdivia; señora María Quiroz, Junta de Vecinos San Luis Peñalolén; señora Filomena Rojas, Taller Artesanal de Subsistencia; Vicente Pérez Morales, Chillan; Enrique Barra, Departamento Poblacional Partido Radical; señor Juan Letelier, Asociación de Jubilados Lo Prado; Juan Parada, Unión Comunal de Allegados Florida; señora Hilda Gómez, Junta de Vecinos Población Santiago Quinta normal; señora Blanca Gutiérrez, Distrito 24 Unidades Vecinales Peñalolén y la Reina; Belisario Carrasco, Comité Sin Casas, Comuna Máfil Valdivia; señora Patricia Kaune, Unidad Vecinal N° 0-18; señora Patricia Ortiz, Coordinadora de Talleres Artesanales Villa O'Higgins; Fernando Olea, Estudiante Universitario Distrito 18, Renovación Nacional; Walterio Hichapan, San Juan de la Costa, Osorno; Hilario Valenzuela, Sindicato Comerciantes Mercado Persa, Chillan; Jorge Galdámez, Unión Vecinal Cerro Navia; señora Adriana Galleguillos, Unidad Vecinal 31 Peñalolén; Vladimir Valdivia, junta de Vecinos Lo Prado; señora Ana González, Coordinadora Ollas Comunes Villa O'Higgins, La Florida.

Con el objeto de poner a disposición de la Honorable Cámara los antecedentes que sirvieron de base a las conclusiones y propuestas que somete a su consideración esta Comisión Investigadora, aparte de lo dicho precedentemente, se hace a continuación una breve síntesis de las intervenciones y aportes de las personas invitadas como especialistas, que proporcionaron antecedentes y opiniones sobre el tema de la pobreza, sin perjuicio del Anexo de Documentos que complementa el presente informe, que fueron entregados en la Comisión.

En primer término, se escuchó a la señora Patricia Matte, miembro del Instituto de Libertad y Desarrollo, quien participó, durante dos horas en la sesión 4a. de 17 de mayo de 1990, y expresó que había preparado su intervención pensando en el destino de los fondos que se recaudarán por la vía de la reforma tributaria.

Plantea que es previo aclarar conceptos sobre el tema de la pobreza y que es necesario distinguir entre estrategia de desarrollo social para erradicar la Pobreza y estrategia para redistribuir el ingreso.

Chile tiene una larga tradición en materia social, con aspectos positivos, como la entrega de beneficios sociales para erradicar la pobreza y acortar distancia entre los grupos socioeconómicos, y aspectos negativos, como la creación de una gran burocracia para el manejo de los programas sociales.

Señala que para redistribuir ingresos no habría que preocuparse de cuáles serían los grupos específicos a quienes beneficiar; en cambio, para erradicar la pobreza, la estrategia hay que orientarla prioritariamente a grupos que deben ser identificados, manteniendo dicha identificación al día. Ambas estrategias pueden desarrollarse conjuntamente.

Es importante estar de acuerdo sobre una definición del concepto de la pobreza. Al respecto señala que hay diferencia entre aquellos que no cuentan con medios para cubrir sus necesidades básicas mínimas y aquellos que, además, tienen incapacidades personales para salir del estado de pobreza, como: desnutrición infantil, problemas educacionales, etc.

Se refiere al mapa de la extrema pobreza elaborado por la Universidad Católica y Odeplán, muy criticado; pero que no fue formulado para medir pobreza, sino sólo para tener una información aproximada y poder saber dónde estaban los pobres y qué características tenían, y que arrojó resultados impactantes, como que la mayoría de los pobres eran menores de 14 años, que el 43% de los niños en edad escolar no asistía a la escuela, que 70% de los jefes de hogar eran trabajadores por cuenta propia que no estaban incorporados a la legislación social, por las altas cotizaciones. Estos no accedían a leyes previsionales, ni asignaciones familiares.

También se detectó que relativamente había más pobres en los sectores rurales que en los urbanos.

En definitiva, el gasto social no favorecía a los más pobres.

En materia de salud, en 1974, Chile tenía el más alto porcentaje de mortalidad infantil, y Santiago tenía problema de sanidad por menor cobertura de agua potable y alcantarillado. El gasto en educación se orientaba en gran cantidad a la educación superior y lo que quedaba iba a la educación básica.

En vivienda, se beneficiaba con subsidios a los sectores medios y más altos.

La estrategia de desarrollo social, financiada con fondos generales de la Nación, favorecía a los sectores incorporados al proceso de desarrollo que eran los obreros y empleados y dejaba fuera a los más pobres.

Abordando el problema de la focalización señala que hay que preocuparse si efectivamente ésta produce mejores resultados para cubrir o no las necesidades de los más pobres, y que la experiencia indica que se mejora, a través de ella, la llegada de los programas a los más pobres. Se refiere al programa del medio litro de leche, lo analiza y hace la crítica al sistema y a su focalización.

Hace presente la importancia de los efectos del gasto social, que aunque compite con lo que se destina a inversión para generar riqueza, es una inversión en capital humano, que los países necesitan para incorporarse al proceso de desarrollo.

La otra gran pregunta es dónde establecer el límite, para no ser injusto y no cometer errores. El método usado ha sido la encuesta CASE, más los de las fichas CAS, priorizándolas con programas, como el "Programa Nacional de Alimentación Complementaria". A continuación desarrolla la forma de aplicación de este programa y otros relativos a alimentación, como el CADEL, el de alimentación escolar, el de atención preescolar, etc.

Se refiere, en seguida, al desafío de mejorar la calidad de la educación, a la cobertura en educación; a la contribución de*los padres; a los currículum y a los libros, señalando al respecto un típico caso de un programa no focalizado porque ciertos libros son inadecuados para los niños pobres. Hay un programa para las 900 escuelas de más bajo rendimiento, auspiciado por el Banco Mundial, que propone capacitar profesores y entregarles material didáctico de mejor calidad.

En el área de Salud, Chile ha pasado a tener un perfil de mortalidad de país desarrollado, en que las causas de muerte principales son relacionadas con problemas circulatorios, cáncer, accidentes.

Hay que mejorar la atención en el área secundaria y terciaria sin descuidar el área preventiva y de educación para la salud, la alimentación, etc.

Se refiere también a la juventud desempleada y a la necesidad de prepararlos para los desafíos de una sociedad moderna.

Señala que debe incorporarse a los pobres a la solución de sus propios problemas: en educación a los padres; en salud, cada persona tiene que preocuparse y tener soluciones imaginativas.

Por último, destaca que hay que generar consensos sobre el tema de la pobreza, sobre su cuantificación, sobre la búsqueda de soluciones para resolver los problemas de los pobres; sobre cómo poder llegar mejor a ellos, sobre cuánto más se puede gastar sin producir daño en el crecimiento económico.

Reitera que para solucionar los problemas de la pobreza es más adecuada la focalización, porque aproxima los programas a los más pobres y hace que el sistema de financiamiento sea más eficiente que el gasto en términos históricos, y que para el efecto, sólo habría que perfeccionar los instrumentos para avanzar en la tarea de erradicar la pobreza.

En qué medida el ingreso es un punto suficiente para analizar la situación de los pobres.

Concluye que es incompleto medir la pobreza por los ingresos y se inclina por una combinación de instrumentos, en que se incluya todo lo referente al capital físico de los pobres.

En respuesta a interrogantes señaladas por algunos miembros de la Comisión, indica que el Mapa de la Extrema Pobreza entregó el dato de que los más pobres no tienen empleo estable y sólo tienen ingresos esporádicos.

Estima que hay 2 tipos de pobreza: la estructural, de aquellos que no tienen la capacidad humana para salir de la pobreza, que son los extremadamente pobres; y otro grupo, que son los pobres de ingreso, pero que tienen una inversión hecha en sus personas, como educación relativamente buena o capacitación en sus empleos. Estos últimos necesitan que el país siga creciendo, generando puestos de trabajo. Calcula a los extremadamente pobres en un millón de personas y los otros, en el 40% de los habitantes del país.

La señora Matte estuvo por segunda vez en la Comisión, según se dirá más adelante.

El señor Alexis Guardia, Director del Instituto Nacional de Estadísticas, fue invitado a la sesión del 30 de mayo y se extendió en su intervención por una hora quince minutos.

Explicó que el INE, elabora indicadores e informaciones para medir distribución del ingreso, que podría aplicarse a los problemas de la pobreza.

Señala 3 fuentes fundamentales que el INE puede aportar a este estudio:

1) El censo de población y de la construcción que sirvió para elaborar el llamado Mapa de la Extrema Pobreza.

2) Las encuestas de presupuestos familiares que hace cada 10 años en el gran Santiago, orientadas a la elaboración de la canasta del IPC. Es el primer aporte al problema de la distribución del gasto.

3) Los datos de la encuesta ocupacional.

Explica el objetivo de los mapas de extrema pobreza, que tratan de ubicar geográficamente a familias de muy bajo nivel de bienestar, sobre la base de estimar que la extrema pobreza es permanente y no transitoria. Para medirla, se requiere información sobre carencia de bienes durables y sobre los servicios de cada hogar durante un largo período de tiempo.

Los indicadores del censo en el mapa de extrema pobreza son 4:

1) Tipo de viviendas;

2) Sistema de eliminación de excretas;

3) Hacinamiento o NQ de personas por habitación; y

4) Equipamiento.

Estos 4 indicadores del censo permiten establecer distintos grados de pobreza o riqueza y su distribución regional, y hacer la calificación y configurar el mapa de la extrema pobreza, el que en 1970 determinó un índice de 23% de las familias, índice que en 1982, habría bajado al 14,7% utilizando el mismo concepto y categorías.

Explica el objetivo de las encuestas de presupuestos familiares y señala que esos estudios se han hecho en 1958, 1969, 1978 y 1988, que son de alto costo porque examinan a las familias seleccionadas durante un año, alrededor de 5.100 familias.

Las de 1978 y 1988, se hicieron en períodos de expansión el ciclo de recuperación económica después de situaciones de recesión.

La canasta se determina por quintiles.

Las encuestas de ocupación, que el INE hace sobre 36.000 familias, son otra fuente de información. Miden también el ingreso de las personas en dinero y en especies en el mercado de trabajo y fuera de él, por jubilaciones, becas, asignaciones familiares, información que se obtiene de los ocupados y desocupados. Esta es fuente importante para percibir la distribución del ingreso en Chile. Esta información se entregó en 1988, por quintiles de hogares.

El Banco Mundial en un estudio de los años 70, clasifica a los países en 3 categorías de desigualdad en la distribución del ingreso, que son: alta, moderada o baja, respectivamente, según si el tramo el 40% inferior de la población capta menos del 12% del ingreso, o si capta entre un 12% y un 17%, o más de un 17%.

Con la información del Banco Mundial, Chile era considerado en 1968, como un país de desigualdad moderada, y lo mismo en 1978 y 1988, pero se encuentra en el límite de pasar a ser un país de alta desigualdad.

Respecto al censo que se hará en 1992, señala que el INE está preparando un precenso para 1991, y estudiando su logística, teniendo presente que los métodos siguen patrones internacionales que no pueden modificarse sustancialmente. Este permitirá hacer el mapa de la extrema pobreza en el año 1994.

El señor Guardia también contestó preguntas sobre el problema de la ocupación, la subocupación, el trabajo informal y su medición. Asimismo, se refirió a la posibilidad de adelantar el Censo y a los elementos que puede informar, haciendo presente que Odeplán maneja también datos de las encuestas familiares llamadas CASEN.

El señor Arístides Torche estuvo en la sesión de 6 de junio y en la sesión de 13 de junio del año en curso, su intervención duró alrededor de cuatro horas. Trataremos de resumir los conceptos e informaciones entregadas por este invitado:

Sobre noción de pobreza y definiciones, dice que la primera habla de dignidad y de carencias, cuya medición es relativa. Se refiere a lo que son las necesidades en términos genéricos y las denominadas necesidades básicas que se asocian con la pobreza y a la forma cómo se define ese mínimo, en relación con el concepto de igualdad.

Señala que las necesidades básicas son: educación, empleo, nutrición y salud, previsión social y vivienda. Sostiene que no es bueno hacer de la pobreza un concepto absoluto, dice que lo es, pero revitalizado. Además, en las mediciones, lo fundamental es la persona, no la contabilidad perfecta. También es necesario estar atento a la evolución de las necesidades básicas, como el envejecimiento de la población en el caso de Chile, la reducción de los hogares.

La medición de la población en situación de pobreza, tiene por finalidad evaluar la magnitud de los recursos que se necesitan; identificar características de familias pobres; determinar la cobertura e identificar a los potenciales beneficiarios.

Respecto a métodos para medir pobreza: la alimentación es una variable para el efecto. La persona que no tiene ingresos para cubrir el costo de alimentos básicos: es pobre. Este ha sido un método bastante usado y en base a él se han ideado las dietas óptimas y de mínimo costo. En Chile se podrían señalar 15 canastas.

También señala el método de la norma calórica y refiere sus dificultades de replicación.

Existe asimismo, el método de los indicadores sociales, que a través de medir elementos capaces de generar ingresos, como la educación, la actividad ocupacional y la vivienda, permite llegar a determinar la pobreza.

Recomienda como ideal usar ambos métodos, canasta e indicadores sociales, porque permiten el análisis de corto y de largo plazo y la determinación de la oportunidad de la ayuda.

El fenómeno de la pobreza debe estudiarse en una unidad de análisis, referida a los hogares o la familia nuclear, y no a personas individuales.

En cuanto a los recursos para satisfacer las necesidades básicas, deben considerarse los ingresos que la persona recibe automáticamente.

Los métodos que se han empleado en Chile:

El Mapa de la Extrema Pobreza; la ficha CAS (Comités de Acción Social) y la canasta alimentaria.

Al Mapa lo critica por haber enfatizado la vivienda como elemento principal, pero permitió saber dónde estaban los pobres y cuáles eran sus características y la identificación de sus problemas más dramáticos.

El Mapa señala que un 39% de la población sería pobre.

La ficha CAS parte en 1977, con la idea de tener una noción de la población pobre, e identificar los beneficios de los programas.

Critica la discriminación que se producía con este sistema. Y Odeplán las descalifica. No obstante se obtiene información que habla de un 33% de la población pobre en los índices 1, 2 y 3.

La ficha CAS- 2, trata de mejorar las deficiencias, pero adolece de fallas respecto de dónde y cómo se toma la encuesta y cómo se transcriben sus datos a computación. Todo esto requiere personal entrenado y mayores recursos.

En el método de la canasta, hay que considerar: requerimiento de calorías, contenido de la canasta que satisfaga ese requerimiento y comparación del valor de esa canasta y el valor de los ingresos.

La ingesta calórica para la población pobre en Chile se estima en 2.170 calorías promedio por día dependiendo de la edad, sexo y temperatura media.

Está cuota mínima se puede reducir de 1.720 a 1.830 calorías por persona por día. A esto hay que agregar los gustos y preferencias.

En encuestas, se ha llegado a una canasta de valor de $ 2.730 a $ 2.700, año 1985. Que considerando su incidencia en el presupuesto en un 50%, requeriría que las personas tengan un ingreso de $ 5.244 mensual.

El gasto social, es más que un esquema contable y puede considerarse como una forma de visualizar el problema de la pobreza. El crecimiento económico es un elemento básico para resolver el problema de la pobreza, pero como este crecimiento puede demorar su solución, se complementa con ciertas acciones específicas, funcionales, destinadas a satisfacer necesidades muy precisas. Además, estos programas o acciones deben estar focalizados o dirigidos a la población pobre y dentro de ella a ciertos grupos específicos.

Estos programas deben ser lo más objetivos y no discriminatorios y evaluados económicamente antes de ser implementados. Se pueden clasificar en: asistenciales, destinados a aumentar el poder de compra de los grupos pobres, y de inversión, cuyo objetivo es incrementar la dotación de capital humano para mejorar su capacidad de inserción en la economía.

Los subsidios deben ser:

Directos: que se sepa a quienes van y su monto;

Integrales: que varios subsidios lleguen a la misma familia;

Progresivos: que a mayor nivel de pobreza mayor sea el monto por familia y,

Descentralizados.

El gasto social supone dos aspectos:

1) crecimiento y

2) focalización, traducida en programas.

En Chile existen unos 20 programas de gasto social, monetarios, de educación, nutricionales, de salud, previsionales, habitacionales, de previsión social etc.

El gasto social se mide en relación al PGB. En 1988 representaba el 18% del PGB, o sea cada $ 100, $ 18 iban a gasto social, US$ 303,5 al año per cápita.

-En la perspectiva del gasto social, es necesario buscar los síntomas y atacarlos.

Tal es lo que ocurrió con la mortalidad infantil, y lo que se hace con la desnutrición de menores de 6 años y los allegados.

-En la metodología del gasto social lo esencial es la eficiencia económica, esto es, el mínimo costo y el máximo de beneficio.

El método de medir pobreza a través de la canasta pareciera ser más importante de lo que se creía.

Desgraciadamente la pobreza es mucho más que un conjunto de síntomas, hay que tener presente los cambios demográficos, la tasa de crecimiento de la población, el envejecimiento de ésta; hay que considerar el proceso de nuclearización de los hogares, o la familia nuclear que es, la pareja e hijos solteros; hay que atender a la salud, a la nutrición, a la vivienda y dentro de este rubro pensar en la nuclearización de la familia, la formación de grandes ciudades y la contaminación. Finalmente, no olvidar la educación, el lenguaje, para enfrentar una sociedad abierta como la actual.

En la medición de la pobreza, en función de los ingresos, hay que distinguir 3 conceptos: la pobreza crítica que representa un 8% de la población; la indigencia, un 12% y la pobreza, del orden de un 20%.

En el interior de estos grupos, a su vez se pueden subdistinguir grupos vulnerables y grupos de riesgo, y otros, el de los hogares que tienen una marginación geográfica.

Propone los siguientes esquemas para medir pobreza: la indigencia, controlarla cada 6 meses conforme lo hace el INE; la pobreza como perspectiva de más largo plazo, cada 3 años y elaborar programas específicos para los grupos vulnerables y de riesgo.

Para la medición del gasto social, estima que el tercer quintil serviría como referente para elevar el nivel de los de menor ingreso.

Habría que analizarlo en el nivel global, teniendo presente las siguientes limitantes: el crecimiento, las políticas macroeconómicas y la deuda externa.

En los programas de pobreza hay que cuidar los aspectos administrativos, sectorial, regional y otros. Señala que las críticas que se pueden hacer a la focalización son: que el beneficio sea superior al costo; que no presente un estigma de pobre; que no afecte la integración intersectorial, esto es, que haya conexión entre las políticas de los distintos ministerios; que exista continuidad o relación intertemporal; que haya integración espacial entre el servicio central y las localidades, que se debe privilegiar la cobertura sobre la calidad. El proceso de crecimiento, si bien mejora las posibilidades de empleo y de inversión, puede significar la elevación de los estándares y el aumento del número de pobres. El crecimiento es una solución lenta, por eso debe acudirse al gasto social. Pero eso no es todo, es necesaria la participación de los afectados. Propone diversas actividades de participación, como mejoramiento de las viviendas, vigilancia nutricional, organizaciones deportivas y de recreación, donde capten lo que ofrece la ciencia y la tecnología y aprendan a darle importancia a la familia y su vitalización.

Para hacer un análisis de la situación de pobreza rural, concurrieron a la sesión del 27 de junio de 1990, doña María Elena Cruz, investigadora del Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA), organismo no gubernamental vinculado a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y don Hugo Ortega, Director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

La señora Cruz dice que es difícil cuantificar la pobreza rural y que por ello se referirá a las causas de la misma. UNICEF publicará un documento que da una buena medición de pobreza rural basada en indicadores de salud; también existen mediciones apoyadas en niveles de educación o de otros servicios, todos los que denuncian "sesgos antirrurales" en la dotación de servicios públicos y de infraestructura básica, por lo que es necesario buscar, dentro de un proyecto de desarrollo nacional, un lugar para los pobres rurales, no en cuanto consumidores sino en cuanto productores, que proporcione empleo.

Destaca que los activos rurales representan un 18% del total de los activos del país; que alrededor de 760.000 trabajadores serían campesinos o asalariados del campo, involucrados en el universo de los pobres, sector al que puede dársele un rol importante en el desarrollo, pues contribuyen de manera importante a la oferta alimentaria, para lo cual necesitan del apoyo del Estado.

Señala que la diferenciación entre campesinos productores y campesinos asalariados es muy difusa, y que en la metodología para medir pobreza siempre se ha intentado establecer los límites mínimos para adquirir una canasta, cuando a su juicio, en el campo debería usarse un método para establecer la dotación de bienes y servicios mínimos que permiten que no sólo viva una familia, sino que pueda mantenerse la unidad productiva, lo que facilitaría estratificar la pobreza rural y establecer, por ejemplo: "Son pobres de solemnidad aquellos que no logran nunca juntar lo suficiente para comer; son menos pobres los que logran mantenerse a sí mismos, a sus familias y a sus predios, y son menos pobres aún, aquellos que pueden acumular, y así sucesivamente", y de esa manera determinar los recursos que puede aportar el Estado para que las unidades productivas puedan mantenerse.

Sobre factores que intervienen en la pobreza rural, indica en primer término, como determinantes de ella, las políticas macroeconómicas, que tienen efectos mucho más poderosos que los de políticas sectoriales, por lo que aquéllas deberían analizarse a la luz de los problemas de pobreza.

Otro factor determinante de pobreza de carácter microeconómico, es la propiedad y el acceso a los recursos productivos: tierra, capital, trabajo, animales, etc., así como el entorno del predio, las obras de riego, viales, etc.

También la posibilidad de acceso a empleo remunerado, ya sea permanente o temporal, es otro factor. Además, el acceso al crédito, a la comercialización, a la capacitación.

Destaca la importancia del factor de los servicios sociales y reitera el sesgo anti-rural que se advierte en salud, vivienda, educación.

Señala que aquellos a quienes se quiere rescatar de la pobreza, son los mismos que viabilizan el desarrollo agrario, reflejado en un nivel de exportaciones que supera los 1.600 millones de dólares.

Destaca que el sistema de medición del GIA acusa en la IX Región el problema étnico de los mapuches, con alto índice de analfabetismo, donde la homogeneidad de la educación los margina culturalmente. Menciona un cuadro comparativo que demuestra que mientras más hectáreas arables hay, peores son las condiciones, lo que indica que el tema de los recursos se matiza con la lejanía.

Analiza la distinción entre lo rural y lo urbano; expone que la definición de lo rural, como todo lugar con menos de 300 habitantes y menos de 60 viviendas o familias, es un concepto obsoleto, pues hoy las comunidades rurales son más grandes. Además, una proporción importante de asalariados agrícolas vive en lo urbano. Por eso cree necesario incorporar otros conceptos en la distinción, ya que los 2.100.000 de gente que indican las mediciones, no reflejan la realidad y Chile aparecería como un país superurbanizado, no siéndolo tanto.

Admite que el concepto de "áreas agrícolas por comunas" puede usarse, pero de todas maneras surgen dos opciones: saber cuánta gente rural existe y cuánta está vinculada a la agricultura,

Ante una consulta, aclara que el concepto de ruralidad incluye 300 habitantes o menos, pero no debe olvidarse que si prefieren vivir en su propio campo, cuando tienen dificultades de subsistencia, se trasladan a villorrios, y ese cambio es gran condicionante de pobreza. Frente a esta divergencia, recuerda que la perspectiva del desarrollo rural no es lo mismo que el desarrollo agrario, porque a veces estos dos conceptos se toman como sinónimos.

En el desarrollo rural hay dos enfoques en el tratamiento de la pobreza: el que apunta a resolver sus efectos y el que apunta a resolver sus causas. Manifiesta que últimamente se ha privilegiado el enfoque cortoplacista de resolver efectos.

Se refiere a que el ajuste estructural, al tener políticas macroeconómicas homogéneas, ha afectado los problemas de la pobreza al aumentar la heterogeneidad al interior del sector rural. Así, la fijación del dólar alto, propicio para las exportaciones, implica altos costos para los campesinos; la eliminación de los subsidios, del crédito, de los fertilizantes, ha afectado la propiedad campesina. También ha influido todo lo que se refiere a política salarial.

La pobreza no es igual en todo el país, las regiones tienen distinta calidad y cantidad de recursos naturales, de opciones productivas, de nivel de inversiones, de vinculación a los mercados, de dinamismo en el mercado de tierras y trabajo y de encadenamiento a otras ramas de la producción, aspecto este último que permite resolver los problemas del empleo de manera más integral.

Resume los tipos de cuantificaciones del campesinado y concluye que la cifra promedio sería de unas 250.000 unidades campesinas, que significa 1.200.000 personas.

Son zonas con problemas predominantemente campesinos, las regiones IV, parte de la VII, VIII, IX y X. En el plan de desarrollo rural, se estima en 104.270 los propietarios de difícil solución agrícola, es decir, el 40% de los campesinos. INDAP coincide con esa apreciación.

La atención que brinda el Estado, es baja. Alrededor de 150.000 unidades campesinas no tienen acceso a asistencia técnica ni crédito.

La vulnerabilidad frente al proceso de comercialización es otro elemento a considerar. Los campesinos pierden gran parte de su esfuerzo y el de su familia por la vía del mercado.

Señala que en el minifundio se concentran problemas de pobreza creciente; además porque sistemáticamente los campesinos tienen menores rendimientos que el promedio nacional, debido a que poseen tierras de más baja calidad y carecen de crédito y asistencia técnica.

A su juicio los campesinos han servido de "colchón de ajuste" a la readecuación de la agricultura.

Analiza la dificultad para determinar el número de asalariados del campo. En base a la encuesta de empleo, se estima 425.000 como obreros, aparte de 100.000 que son familiares no remunerados. Todo el mundo calcula, por diversos métodos, que el 75% de los asalariados son temporeros.

Se refiere a los problemas de la mujer campesina, que son jefas de hogar y que mantienen un grupo familiar.

Dice que el cambio poblacional también crea bolsones de pobreza. Hoy en día la gente vive fuera de los predios en que trabaja, por lo que crecen los pueblos, villorrios y pequeñas ciudades. La migración a las grandes ciudades se ha hecho más lenta.

Se ha perdido el reemplazo ocupacional de padre a hijo que existía antes; se ha producido un desarraigo cultural. Por otra parte los cesantes urbanos se han vuelto al campo y la agricultura se ha hecho cargo de ellos que, como sector productivo, no le corresponde.

Estudios de la Universidad Católica han establecido que la oferta de trabajo en el sector rural ha crecido a tasas superiores a las históricas.

Entre las regiones V y X, los salarios, en época norma se mueven en tomo al mínimo y suben en épocas de cosecha. Señala que las regalías no inciden porque son muy pocos los que gozan de ellas, no las tienen los temporeros. Se refiere al deterioro que han tenido la asignación familiar y el ingreso mínimo, en relación al precio de la canasta básica.

Advierte que como los campesinos no tienen organización, carecen de capacidad de negociación en el intercambio y en materia de salarios. Las leyes laborales impiden a los temporeros organizarse.

El sector campesino siempre aparece entre los grupos pobres, por las razones indicadas.

Concluye que para resolver la pobreza rural habría que diseñar políticas diferenciales que incorporen investigación, transferencia de tecnología, incremento de asistencia técnica, de crédito y capacitación, facilidades de comercialización y propiciar la organización productiva y social. Disponer, además, una reasignación de recursos de inversión social para corregir el sesgo anti-rural señalado. Por último establecer una estrategia de inversiones de corto plazo en servicios agrarios y de mediano y largo plazo, en mejoramiento de los suelos, del riego, de los caminos e infraestructura en general.

Don Hugo Ortega, Director de INDAP, en la misma sesión de 27 de junio, dice que como la señora Cruz trató puntos que él pensaba tocar, remitirá su intervención al concepto de desarrollo rural y el combate de la pobreza, así como las líneas de acción de INDAP.

El Gobierno asigna fundamental importancia a la pobreza rural, porque se puede transformar en un factor de riqueza con implementación de programas. Opina que es más viable, con el apoyo del Gobierno, la pobreza rural que la urbana, con posibilidades de transformarse en importante aporte al Producto Bruto y al control y protección del medio ambiente, Hay tres razones para ello: una económica, el aporte de la pequeña agricultura es sustancial; una socio cultural, la relación muy estrecha entre el hombre y la tierra que impone estilos de vida; y el tercer factor es político, la desigualdad de ingresos es una bomba de tiempo en un marco democrático.

El plan agrario del Gobierno comprende: el estímulo de la producción, el desarrollo campesino para incorporar modernización, un plan laboral fuerte que reivindique a este sector tan postergado, un plan forestal y un plan de control y protección del medio ambiente y de los recursos renovables.

INDAP es responsable del plan de modernización y ha puesto en marcha dos líneas de acción: la transferencia tecnológica y el crédito.

Convenios con empresas de transferencia tecnológica que atienden a 25.000 pequeños agricultores, el 10% del potencial atendible. Mediante un bono, que es lo que cuesta atender a un pequeño productor durante un año, se paga a una empresa que proporciona asistencia técnica. Estos convenios que operan hace 5 o 6 años en las 13 regiones del país, concentran el 90% entre la VI y la X. Se piensa que las 114 empresas que se han licitado son las más idóneas para prestar esta asistencia. La meta del Gobierno es llegar a atender a unos 100.000 campesinos al término de estos 4 años.

La colocación de créditos se está orientando hacia la organización campesina, porque se reducen los costos. INDAP, en todo caso, opera como una institución de apoyo social y no como una financiera, pues presta a un costo de casi la mitad del crédito tradicional de la banca.

La otra línea de acción es echar a andar programas de desarrollo rural integral. Se ha identificado a las 100 comunas más pobres del país, con las cuales se está haciendo un plan de acción multiministerial a través de una Comisión Nacional de Desarrollo Rural, que comprende: saneamiento de títulos, subsidio habitacional, subsidio de riego y capacitación de dirigentes campesinos, fundamentalmente en gestión.

También se están elaborando proyectos de solución a la comercialización de las leguminosas, de la leche, del sector vitivinícola, del secano de las regiones VII y VIII, y de los pequeños productores de lana.

El INDAP ha recibido un incremento de su presupuesto.

Se refiere a proyectos presentados a la comunidad internacional.

Termina diciendo que el gobierno tiene mucha conciencia del problema de la pobreza rural y que pretende reivindicar a este sector, darle la importancia que requiere por encontrar en él las causas del subdesarrollo y fortalecer un movimiento organizativo campesino que influya en las políticas fiscales.

En la sesión de 4 de julio, concurre la señora Joan MacDonald, Subsecretario de Vivienda, respecto de vivienda y pobreza señala que las fuentes de información que tiene el Ministerio para dimensional el problema de vivienda, son el Censo, que se hace cada 10 años y las encuesta CAS y CASEN.

Para determinar las necesidades de viviendas se deben medir las unidades sociales mínimas, hogares y/o familias. El censo mide grupos que cocinan juntos o administran un presupuesto común. Se calcula que en Chile hay sobre 3.000.000 de familias. Las casas, buenas o malas las habitan 2.300.000, por lo tanto existen alrededor de 800.000 familias que no tiene casa. Habitan casas malas, aproximadamente 1.300.000 y son 350.000 familias las que viven en casas realmente malas. Un 30% de las familias no tienen casa y de ellas, un 60% viven en viviendas adecuadas.

Las libretas de ahorro para la vivienda suman alrededor de 400.000.

Un 84% del parque habitacional, son viviendas buenas, los departamentos representan un 9% y un 2% son conventillos. En el rubro de las casas malas, más de la mitad son mediaguas.

Respecto sector informal, expreso que entre los años 60 y 70 este era un 44% del total de viviendas construidas.

Este porcentaje baja al 26% entre el 70 y el 82. El análisis del nivel alcanzado por las viviendas informales es sorprendente; son parecidas a las entregadas por programas públicos y tienen 60 metros cuadrados.

El problema de alcantarillado tiene cierta urgencia. Es importante favorecer la creatividad, dar ayuda a estas soluciones, porque los programas formales demoran, son muchos los aspectos en estudio, como los ingresos de las personas. No hay en el Ministerio una información cruzada sobre vivienda e ingreso.

El problema de los allegados es un problema de la situación de pobreza, que no se puede resolver sólo a través de vivienda, podemos contribuir pero no podemos arreglarlo, excede al Ministerio de la Vivienda.

Consultada por una cuantificación de lo que significa en inversión para el Estado buscar una solución al problema de la vivienda, contesta que no sería fácil buscar una solución, que el Ministerio ha heredado una concepción sectorialista que hace las cosas en el campo social de lo que es la vivienda, que si tiene una estructura descentralizada, sigue siendo un Ministerio armado para producir un producto-vivienda para la gente.

El señor Vitto Schiaraffia, Jefe Subrogante de la División de Programación del Ministerio de Salud, participó en la sesión del 18 de julio y expuso: que se ha preguntado cómo intervenir y colaborar con el Congreso en lo grupos de pobreza para mejorar sus niveles de salud.

Dice que los indicadores de salud que se vienen usando son bastante antiguos, se sigue hablando de mortalidad infantil, de lactante precoz, de tasa de mortalidad general. Cree que deben diseñarse nuevos indicadores cruzados con los de pobreza y niveles de ingreso para determinar sobre cuales se debe intervenir.

El sector salud no es indiferente a los niveles de ingreso. Señala que numerosos estudios demuestran que las enfermedades infectocontagiosas son más prevalentes y tienen peor pronóstico en las familias de escasos recursos.

La tuberculosis, por ejemplo, con todos los adelantos para controlarla y combatirla, causa en 1989, alrededor de mil muertes y la aparición de 7.000 a 8.000 casos por año. El 90% de los fallecidos y el 85% de los enfermos de TBC, corresponden a clases sociales bajas: un 23% son dueñas de casa; un 16% son cesantes; un 9% pequeños comerciantes, y el resto, asesoras del hogar, obreros, artesanos. El 8% son analfabetos según cifras del Servicio de Salud Oriente de Santiago. En cambio, el sector oriente de la Región Metropolitana presenta las tasas más bajas de morbilidad y mortalidad. Inversamente en los sectores de Concepción, Arauco, Nuble, Valparaíso, San Antonio y Atacama, por ejemplo, son los que tienen las tasas más altas, de alrededor del 15% y están bastante asociadas con el alcoholismo.

Ahí está la preocupación del Ministerio y del Grupo de Salud Mental, en la prevención y tratamiento de la gente que cae en drogadicción y abuso del alcohol, que ataca más a hombres mayores de 15 años que a mujeres y más a estratos bajos que altos.

No hay que olvidar que la enfermedad es la etapa final de otras condicionantes: lo genético, lo alimentario en la niñez, las condiciones de vivienda, el saneamiento ambiental, la contaminación, etc.

La relación existe y los test lo pesquisan sistemáticamente. Por eso los indicadores de salud no necesariamente están dados por los progresos de la medicina, sino por el progreso del país en sus condiciones generales de vida.

Las prioridades de salud se han definido en Chile durante decenios, enfocadas al grupo materno-infantil. Ahora existe la preocupación por las enfermedades del adulto para detectar precozmente enfermedades como hipertensión, diabetes, epilepsia, pero no se conoce su relación con niveles socioeconómicos.

Recomienda mantener las estrategias hacia el grupo materno-infantil y focalizar algunos esfuerzos en la población adulta.

El Ministerio está trabajando proyectos por comunas para saber dónde actuar, pero esto requiere financiamiento, apoyo administrativo; quiere fortalecer la atención primaria en salud, mejorando la accesibilidad y aumentando la responsabilidad de los servicios. Se ha decidido orientar el trabajo hacia los pobres rurales y los pobres de ciudades intermedias. Para el efecto, se eligieron las 104 comunas rurales y 23 urbanas pobres con indicadores más malos, con un programa de mejoramiento de infraestructura de consultorios, con un gasto de $ 1.300.000.000 que tendría que traducirse en mejoría de algunos indicadores.

También se ha emprendido una estrategia de fomento de la participación comunitaria, formando monitores.

Asimismo, se continúa con el programa nacional de alimentación complementaria, que beneficia a alrededor de 1.244.000 niños menores y a 117.366 mujeres embarazadas. Se gastan 28.320 toneladas de productos que significan un gasto de $16.000 millones de año.

Termina refiriéndose a la necesidad de ocuparse también de la salud mental del adulto.

La exposición de don Juan Eduardo García-Huidobro, integrante del Centro de Investigaciones de Desarrollo en Educación, se produjo en la sesión del 25 de julio.

Considera que la educación está muy relacionada con la pobreza, porque se la estima como un elemento de superación de la pobreza.

En Chile existe un enorme aprecio por la educación, no obstante que contrasta con los hechos en cuanto al provecho que de ella obtienen las mayorías. En encuestas, se ha detectado que los jóvenes se sienten integrados a la sociedad a través de la convicción del rol de la educación en el éxito de sus vidas.

En nuestro país no hay problemas con la cobertura en términos mayoritarios; el 100% de los niños están en escuelas. Aunque todavía falta expandir la educación pre-básica. Se discuten las cifras a nivel de enseñanza media. Se estima que el 60% de la población de 15 a 19 años está en la enseñanza media; y en la edad de 14 a 1 8 alcanza al 75%. Hace 25 años la cifra llegaba sólo al 17%.

El problema, más que en la instalación del sistema, incide en la adquisición real del aprendizaje. Una mayor escolaridad no asegura, como antaño, movilidad social ni empleo. En 1960, sólo en 1% de los jóvenes de 15 a 24 años que trabajaban en servicios personales, como jornaleros, domésticos, etc., tenían 10 o más años de escuela. En el año 1970, era el 3,8%; en 1980, era el 10%. En los desocupados esta progresión es más o menos la misma: en 1960, el 13% de ellos tenía 10 o más años de escuela; en 1970, el 35% y en 1980, era el 50,9%.

La educación entonces no asegura un valor de cambio y un valor individual, que entregue destrezas culturales que permitan una mejor calidad de vida o el poder seguir aprendiendo.

Es bastante serio el problema de la calidad y de la equidad de la educación nacional, por el hecho de no ser capaz de asegurar aprendizaje efectivo. Las mediciones muestran resultados alarmantemente malos y peores en las escuelas que atienden a sectores pobres. Así, por ejemplo, los promedios nacionales de rendimiento para 1988 en 49 básico eran 54% para castellano y 51% para matemáticas. Los colegios pagados tienen entre 25 y 30 puntos más que los gratuitos.

Por otra parte, indica, el mecanismo de asignación de recursos a la educación, lesiona muy fuertemente a los sectores y comunas más pobres. El sistema de mandamiento también es tremendamente inestable, porque está asociado a la asistencia media de alumnos. Esto ha hecho disminuir significativamente la educación de adultos.

Señala que hay crisis seria en educación especial y en educación rural. Más del 50% de las escuelas son rurales y atienden sólo un 20% de las matrículas; son escuelas chicas en que el mismo profesor hace clases a diferentes niveles. Necesitarían apoyo en textos de estudio y material.

Respecto del gasto público en educación, dice que debería existir un tipo de subvención que permita financiar gastos operativos fijos.

La baja calidad tiene mucho que ver con localizaciones geográficas, con poder económico de las comunas y de los padres.

Expresa que en política educacional, habría que cambiar de énfasis en la responsabilidad estatal, desde la construcción del sistema educativo hacia el énfasis en el aprendizaje. Esto implica poner énfasis en el resultado y en procedimientos distintos para lograr resultados parejos, sin discriminación.

En atención a los bajísimos niveles, nadie discute que castellano y matemáticas son los haberes relevantes que la escuela debe dar.

Plantea hasta qué punto tiene sentido seguir con una enseñanza media dirigida hacia la universidad, cuando hay consenso político que la universidad no va a ser para todos. Existen muchos jóvenes pobres que llegan a la enseñanza media, que no los habilita para una vida productiva.

Hace presente que la variable que más explica rendimiento, es la expectativa del profesor respecto del aprendizaje de sus alumnos, conjuntamente con el autoconcepto del niño y las aspiraciones de la familia.

Consultado sobre el programa de las 900 escuelas, señala que son 968; que representan el 11,2% de las escuelas de Chile y el 15,6% de las matrículas; que es un programa de emergencia que tiene por finalidad mejorar el aprendizaje, para proporcionar y obtener lenguaje y matemáticas, y se centra entre los le y 4° básico. Consulta entrega de material didáctico, tanto en textos, como bibliotecas, grabadoras, mimeógrafos, etc., talleres pedagógicos para los docentes; talleres de aprendizaje, con capacitación de monitores. Estos son elegidos por el Director a proposición de la escuela, de los profesores. Son jóvenes con experiencia con niños en labor pastoral de iglesias, secretaría de la juventud, scoutismo, etc.

Más adelante entrega mayor información a requerimiento de un señor Diputado.

Dice que es un plan mínimo en sus medidas y que se espera completarlo con un proyecto que se está negociando con el Banco Mundial, que tiende a introducir a la enseñanza en el mundo de la ciencia y la tecnología, especialmente en 2° ciclo básico.

Ha tenido un apoyo de US$ 5.000.000 del Gobierno de Suecia y comprometidos US$ 4.200.000 más con el de Dinamarca.

Analiza las funciones de los supervisores y las describe.

En la educación, tarea de todos, destaca el apoyo especial de DIGEDER y la necesidad de recibir el apoyo de la comunidad, los padres, hermanos mayores, ex alumnos, profesionales, etc.

Doña Patricio Lewis, Jefe del Proyecto Simce (Sistema de Medición de Calidad de Educación) complementó la información entregada a la Comisión por el señor García-Huidobro.

Explica que el SIMCE nació como consecuencia de la descentralización, al pasar las escuelas a los municipios, al dejar el Ministerio el rol de gerente de los establecimientos y asumir la normativa y la supervisión de los mismos. Su misión: saber lo que realmente están haciendo las escuelas y cuáles son los resultados. Se evalúan no sólo castellano y matemáticas, sino historia y geografía y ciencias naturales. Se trata de medir el autoconcepto o la autoestima de los profesores. Se planteó también una encuesta de opinión a los alumnos, a los padres y a los profesores para entregar información al propio colegio. Estas encuestas se hacen año por medio desde los 4° a los 8° básicos.

Una vez obtenidos los resultados, se entregan los porcentajes, las comparaciones y los promedios. La intención de estas anotaciones es el incentivo para mejorar.

Es importante saber el nivel de educación y económico de los padres, para saber el aporte que pueden hacer y ayudarles, en su caso.

Explica también que esta medición se hace en los colegios particulares y analiza el procedimiento.

La cobertura del SIMCE es bastante amplia, abarcó 6.700 cursos, con 200.000 alumnos. Los resultados más altos se dieron en las I, III y XII regiones, y los más bajos, en las regiones más pobres como la VII, IX y X.

Mantener la continuidad del sistema es beneficioso, porque el solo hecho de saber que se va a medir, incentiva un mayor aprendizaje de profesores y alumnos.

Consultada sobre la bondad de los exámenes para pasar de curso, contesta que éstos no están suprimidos y que no tiene respuesta sobre el particular, sólo que por efectos prácticos no se toman por la cantidad de alumnos y la falta de profesores para formar comisiones.

Cree que es mejor que haya diferentes profesores para las distintas asignaturas.

Estima que el programa de las 900 escuelas es un apoyo real y urgente del Gobierno a la calidad de la educación.

El señor Luis Larraín, del Instituto Libertad y Desarrollo ocupó la sesión del 1Q de agosto en su exposición.

Dijo que se referiría al gasto social y a su inserción en las políticas para reducir pobreza, señalando que hay 2 tipos de políticas, las que tienden a aumentar el crecimiento económico con lo que se generan empleo y se suben las remuneraciones, con lo que se integra a un grupo importante de trabajadores a los beneficios del progreso.

También existen las políticas que privilegian el gasto social.

Hay que reconocer que no es posible pensar solamente en el crecimiento; la interdependencia de las dos políticas es muy importante.

El gasto social está enfocado a las personas que por sus limitaciones no son capaces de alcanzar los beneficios del desarrollo.

Se habla de gasto fiscal social para referirse al aporte que el Presupuesto de la Nación asigna a los Ministerios para la ejecución de programas sociales.

Se habla de gasto público social, además del anterior, el referido al financiamiento de algunas instituciones descentralizadas y a otras formas, como el aporte de las personas para costear su previsión o su salud.

En el período 1970-1990 la evolución del gasto social tiene un crecimiento bastante sostenido, aumentando de $40.000.000.000 a $92.000.000.000 según cifras de ODEPLAN.

La tendencia al aumento deriva del gasto previsional y de asistencia social, tales como subsidios de cesantía, programas de empleo (PEM, POHJ). En salud ha disminuido. En vivienda, también, aunque ha mejorado en términos de soluciones. En educación ha bajado desde 1985.

La previsión representa un 35%.

En 1987 el Departamento de Economía de la Universidad de Chile y ODEPLAN hicieron una encuesta a 20.000 hogares que tienen las siguientes características.

Divide a las familias en deciles según sus ingresos; mide el ingreso autónomo derivado de un trabajo; el ingreso monetario, como pensiones, subsidios y asignación familiar; y el ingreso total, que incluye subsidios que no son en dinero.

Sus conclusiones: 44,8% del gasto social directo lo recibe en 30% de sectores de menores ingresos de la población.

La tasa de mortalidad infantil ha disminuido, por lo que señala que habría una mejor focalización del gasto social hacia aquellos grupos más permeables a morir antes de cumplir un año.

La desnutrición infantil se redujo entre 1975 y 1988 de un 15,5% a un 8,6% y prácticamente desaparece la desnutrición infantil grave.

En educación, el promedio de escolaridad sube de 4,5 años en 1970, a 8.7 años en 1987.

En vivienda y saneamiento básico, el 30% más pobre recibió en 1969 un 21% del subsidio estatal, en cambio en 1988 recibió un 46,7%.

La cobertura de agua potable urbana subió de un 66,5% en 1970, a un 98,5% en 1988 y el agua potable rural aumentó de 34,2% en 1970 a un 74% en el año 1988.

La cobertura de alcantarillado pasó de un 31,1% en 1970, a un 80,5% en el año 1988.

Hace notar que el mejoramiento en los indicadores de las condiciones de vida de los más pobres, en relación con la disminución del gasto social, se explica por la mayor eficacia de éste.

Menciona que estos resultados se deberían al énfasis en los programas de inversión en capital humano; al esfuerzo hecho en la focalización del gasto social y al carácter esencialmente transitorio de subsidios, como programas de empleo.

Dice que la forma de medir la pobreza se puede hacer: por la pobreza de ingresos o por las mediciones de stock, entre los que está el mapa de la extrema pobreza y los indicadores de resultado, ya mencionados. La gran discusión acerca del número de pobres deriva de estas dos mediciones. No obstante señala que sería bueno sacar conclusiones, al ver que el mayor problema es la pobreza de ingresos y que existe un porcentaje significativo de la población en condiciones de pobreza, y en base a eso, concluir que los niveles totales de gasto social debieran permanecer en valores parecidos a los actuales.

El gasto social ha fluctuado en los últimos años en torno al 15% de 1PGB.

Sostiene que el gasto fiscal social en salud ha bajado en forma importante, pero no ha bajado el gasto público social en este sector.

Señala que es más importante asegurar que, a través del crecimiento económico, se puede entregar mejores oportunidades de empleo y remuneraciones, sin descuidar la eficiencia en la focalización del gasto social.

Ante diversas consultas de los señores Diputados reitera los conceptos expresados precedentemente. Agrega que si se analizan los últimos 30 años, la economía chilena no ha sido capaz de generar empleos suficientes para quienes se incorporan a la fuerza de trabajo. En la década del 60, el empleo privado creció un 1 % y la fuerza de trabajo un 5%, lo que produjo gran tasa de desempleo. Entre 1977 y 1981 pese a las tasas de crecimiento el nivel de desempleo fue muy alto. A partir de 1985, hay un incremento.

Interrogado sobre la redistribución del ingreso, señala que la distribución en Chile es bastante parecida a la de Estados Unidos y que le preocupa que haya niveles de ingreso inaceptables, frente a los cuales se debe alterar la distribución del ingreso a través del gasto social y de la política tributaria.

El señor Erik Haind, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile hizo una exposición que ocupó toda la sesión del 8 de agosto, en que señaló que usaría como referencia el libro sobre gasto social preparado entre otros, por él, con apoyo del Gobierno de Chile y del Banco Mundial. Dice que está convencido que el gasto social es un instrumento para canalizar recursos para llegar a la gente más pobre.

Desde el punto de vista ideológico, hay dos enfoques para abordar el gasto social: el distributivo puro y el de necesidades básicas. De acuerdo con el primero, el objetivo de la política social es alterar la distribución de ingresos de la sociedad para hacerla más igualitaria.

El enfoque de necesidades básicas se orienta a satisfacer las necesidades mínimas de los sectores más pobres de la población. Aparentemente parece lo mismo, pero no lo es; postula que todas las familias posean un nivel mínimo básico en salud, educación, vivienda y alimentación.

El primero, sólo pone énfasis en el nivel distributivo, el de necesidades básicas, se preocupa exclusivamente de los sectores más pobres de la población. Quienes están sobre los niveles mínimos no son candidatos a ningún subsidio. El criterio distributivo acepta ciertos grados de distorsiones en la asignación de recursos. Desde el punto de vista presupuestario ambos enfoques difieren.

Para definir el concepto de gasto social habría que analizar qué enfoque se prefiere y si se escoge el de necesidades básicas, precisar cuál es el mínimo de esas necesidades.

Para medir el gasto social hay que distinguir si debe incluirse sólo el aporte fiscal o también el aporte del sector privado, y así se llega a cuatro definiciones:

1) La del gasto público social que considera todo gasto público con alguna connotación social. Incluye un importante componente de gastos administrativo sin beneficio social.

2) La del gasto social fiscal, que considera sólo los aportes fiscales en los programas sociales y una parte del financiamiento lo hacen los beneficiarios.

3) La del gasto social directo, que considera exclusivamente los aportes en dinero y en especies que se entregan directamente a las personas. Comprende los subsidios monetarios; de educación, incluidos los de alimentación a escolares; los aportes en salud; y en vivienda.

4) La del gasto social efectivo, si se acepta el criterio de necesidades básicas, es el que entrega bienes o dinero a la población objetivo.

Señala a continuación cómo estos conceptos están descritos en los cuadros insertos en el libro que conduce su intervención, indicando como conclusión que, en general, en la redistribución de ingreso, la red social es redistributiva.

También en ese libro se muestra que hay varias maneras de medir el bienestar social.

En Chile el ingreso autónomo es del orden del 12%, el monetario, del 12,8% y el corregido, del 16%. A nivel mundial se considera que una distribución entre el 10 y 12% es una distribución de alta desigualdad.

Señala que los sectores más pobres, por la vía de los subsidios monetarios, de educación, salud, y vivienda consumen casi 3 veces lo que ganan como ingreso autónomo; que entre los años 85 y 87, los hogares más pobres captaron el 55% de la subvención de empleo; que en subsidio de cesantía el quintil 1 recibe el 64%. A su juicio, mientras más se gasta en el 20% más pobre, mejor focalizado está el programa. Analiza la efectividad de diversos programas a la luz de las cifras anteriores.

Se refiere a cifras sobre analfabetismo y su incidencia en los sectores urbano y rural, en los tramos por edad y porcentajes de acceso a la educación. El gasto en educación, dice que tiene buenos niveles en la pre-escolar, básica y media y es regresivo en educación superior. El 20% de mayor ingreso recibía en 1985 el 52% de los recursos, el que se ha reducido al 43% y el quintil más alto estaría recibiendo el 8%.

Indica que el gasto fiscal en el programa de alimentación escolar es muy distributivo. El 20% más pobre recibe el 53% del gasto total.

En cuanto al acceso de la población a la salud, del 20% más pobre: el 77% consiguió atención, el 16% no consideró necesario atenderse, el 4% tuvo dificultades para ser a atendido y el 3% sin atención. En el sector de altos ingresos el 90% recibió atención. A su juicio el programa en salud es bueno, el 40% del gasto está llegando al 20% más pobre.

En vivienda, hay 5 programas:

1) el de lotes con servicio, 2) el de marginalidad habitacional, 3) el de subsidios para vivienda rural, 4) el de subsidio tradicional y 5) el de ahorro y financiamiento para la vivienda (SAF).

A su juicio el mejor programa es de lote con servicios, desde el punto de vista distributivo, el que peor, el subsidio tradicional y SAF.

Estima que hay ciertos tipos de subsidios que ayudan en dos sentidos: enseñan a superar el nivel de pobreza por sus propios medios y entregan elementos con el mismo fin.

Consultado sobre su visión del gasto social de hoy y si es razonable, responde, que hay directrices para focalizar el gasto a todos los pobres, entregándoles el total de requerimientos, lo que precisa de grandes recursos. Al gastar más se va a invertir menos. Hay sectores que privilegian el desarrollo, achicando gastos para aumentar el ahorro y la inversión para, de esa manera, acelerar el crecimiento. Sostiene que nosotros estamos forzados a crecer, es la única salida que da órdenes de magnitud para poder aumentar el nivel de ingresos y efectivamente resolver el problema de la pobreza.

En su opinión, de alguna manera se ha focalizado el gasto; con la misma plata se ha aliviado a los sectores más pobres, sin sacrificar los niveles de desarrollo.

El día 22 de agosto estuvo en la Comisión, reunida en Comité, el General de Carabineros don Alfredo Núñez Allendes, Director de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, por espacio de casi dos horas. Su intervención se resume en los siguientes términos.

Carabineros son parte de esta sociedad, su misión es policial, técnica, profesional y de carácter militar.

Dependiendo de las áreas que les corresponde cuidar, desempeñan labores educacionales, de atención de primeros auxilios, de control del cumplimiento de las leyes, rol preventivo delictual, acción de solidaridad social, labor de chilenización en las fronteras, etc.

La policía se divide en policía general y especial, como la del tránsito. Hay también policía especializada en drogas y delitos sexuales.

La Fundación Niño y Patria y el área de Cordam atienden alrededor de 3.000 niños.

La Dirección de Inteligencia ha sido orientada sólo a producir información.

También atiende 6 secciones de cárceles que no cuentan con infraestructura adecuada.

En cuanto a nivel de seguridad, señala que se ha progresado con algún éxito en la prevención. Expresa que la prostitución en prostíbulos, casas de masajes, saunas, topless, etc., hace necesario abordar el problema desde el punto de vista de dictar alguna legislación.

Entrega datos estadísticos sobre accidentes de tránsito y destaca el éxito tenido en su diminución.

En relación a cuánta seguridad de Carabineros, dice que el problema es complejo, porque cuando se habla de seguridad en un estudio costo beneficio, no se puede determinar cuánta seguridad se da, porque se ignora lo que tiene la población en sus haberes.

Sobre el particular, dice que la seguridad nace en el hogar, donde se desarrolla el ser humano y se le habilita física y moralmente.

Refiriéndose a variables de pobreza, señala que en 1988 hubo 5.510 detenciones de adultos por vagancia y en 1989, 6.534; por mendicidad, 1335 detenciones en 1988 y 904, en 1989. La mendicidad ha ido decreciendo, pero se ha disimulado a través del comercio ambulante, que es un fenómeno muy complejo.

Entrega cifras estadísticas sobre delitos y delincuentes de Santiago. Destaca que sobre 9.631 detenidos jóvenes, 4.470 son menores de 20 años. En niveles de instrucción 7.248 de 9.631 detenidos sólo tienen estudios básicos y 3.961 son obreros.

Dentro de la comuna de Santiago, está el mayor número de detenidos por ebriedad.

Consultado sobre la responsabilidad de Carabineros en materias no estrictamente policiales, dice el General Núñez que han pedido apoyo a especialistas; en drogadicción por ejemplo se ha creado el O.S.7 y otros servicios, pero que como son fenómenos policiales no pueden desprenderse de esas tareas.

Se le pregunta sobre la relación de la pobreza con la delincuencia, y responde que en términos generales, si una persona no tiene educación, ni los recursos adecuados, esa persona tiene un grado de pobreza que lo llevará a cometer delito.

Estima que tanto la pobreza como la riqueza necesitan de la seguridad; que Carabineros generalmente son requeridos por la población de menores ingresos.

En cuanto a la identificación de los factores que conllevan al delito, éstos están dentro de un contexto social, de un problema social, que está en función de crear una generación que acceda al trabajo. Esto puede disminuir, pero no terminar con la delincuencia.

Interrogado sobre aportes o políticas hacia los jóvenes, dice que los jóvenes son un capital que hay que defender y que es importante que conozcan sus derechos y sus deberes. En este momento se vive en una desconfianza y una inestabilidad recíproca, porque muchos de ellos han delinquido y nos identifican con los hechos traumáticos pasados.

Agrega que es necesario un entendimiento por ambas partes, abrirse y aquietar los espíritus a través de aprovechar grupos de recreación, centros de arte y desarrollo cultural.

En respuesta a una consulta sobre cómo superar la desconfianza de la población hacia Carabineros, sostiene que han pensado en esto, que la gente debe conocerlos más, pues considera que un cuartel es realmente un vínculo y las municipalidades podrían contribuir a esto.

Frente al hecho de que la gente no cree en la justicia y a la pregunta de si Carabineros ha tenido inconvenientes con los tribunales, el General Núñez se refirió al concepto de derecho de vecindad y manifestó que en vez de un nuevo derecho o nuevos tribunales, bastaba con mantener la actuación de los juzgados de Policía Local y producir una identificación entre los vecinos y la municipalidad, así como inculcar que se debe denunciar la comisión de delitos.

Opina que el sistema de atención de los menores no está rindiendo lo que se esperaba de él.

Estima que el régimen económico del personal de Carabineros es grave, incrementado con el riesgo de vida que supone el servicio, además que tienen poco descanso por la escasez de personal.

De todas maneras se da servicio y se cuida la integridad. Considera como ideal la proporción de un carabinero por cada 250 habitantes.

En la sesión del 29 de agosto participa la señora Oriana Sancy, Directora del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Su intervención ocupa 2 horas y dijo, más o menos, lo siguiente:

Los menores que atiende SENAME son los sujetos prioritarios dentro del contexto de la pobreza, provienen en su totalidad de sectores de extrema pobreza, con graves problemas en su tuición: carecen de familia o esas familias no pueden ejercer sus roles. Estas dos condiciones deben darse para que sean sujetos de atención del Servicio. Estas carencias se producen en la primera infancia y van evolucionando negativamente en su ciclo vital, derivando en alteraciones de conducta y comisión de delitos.

La sociedad ha abordado este problema con un conjunto de programas asistenciales, la mayoría coordinada y subvencionada por SENAME, que la tiene una cobertura de 47.000 menores, atendidos en 523 establecimientos, con un costo para el Estado de 8.500 millones de pesos.

Hay 4 líneas asistenciales:

La de observación y diagnóstico, la cumplen establecimientos que reciben menores por orden judicial, donde se les hace un diagnóstico de su situación individual y familiar para proponer al juez la medida de protección más adecuada a su realidad, que puede ser: devolución a sus padres, entrega a alguna persona o familiar, ingreso a un establecimiento asistencial, o la libertad vigilada con apoyo del Tribunal. Este sistema recibe menores de 0 a 21 años. Ciertos centros no pueden separar a menores con necesidad de protección de los que han cometido delito.

El sistema de protección abarca casi el 60% de la cobertura asistencial y casi todo es internado. Son 480, de los 523 internados.

El sistema de rehabilitación comprende la síquica y la conductual, según se trate de problemas mentales o de alteraciones de cierta gravedad en el comportamiento, hasta la comisión de delitos.

El 8% de los internados atiende observación y diagnóstico y el 3,7%, rehabilitación conductual. Hay grave insuficiencia para atender la demanda, pues no se cubre más del 10% de las necesidades de rehabilitación, observación y diagnóstico. Desde el año 1983, ha aumentado el ingreso de menores en un 80%.

A una pregunta sobre expansión de la demanda, responde que desde 1928, fecha de la primera Ley de Menores, el sistema de protección fue un poco marginal, porque las instituciones privadas y religiosas se dedicaron a atender menores con problemas sociogénicos. Cuando el Estado comienza a tener injerencia en esto, se crean establecimientos para tratamiento conductual, pero pocos. En 1978 había 3 casas de menores. La ley consulta una en cada territorio de Juzgado de Menores. Actualmente hay 38 juzgados y 13 casas de menores. Había gran cantidad de menores en lugares carcelarios de adultos.

A raíz de estas deficiencias, en 1978 se definieron éstas como sigue: 1) insuficiencia de cobertura, 2) alto número de menores recluidos en recintos penitenciarios, 3) falta de recursos, y 4) ineficiencia en el logro del objetivo de modificar los factores que motivan el ingreso de los menores a la red.

En 1979, se crea el SENAME por D.L. 2.475, que empieza a funcionar en enero de 1980, con atribuciones de conductor y supervisor de la asistencia otorgada a los menores. Paralelamente comienza a aplicarse en el sector justicia el principio de subsidiariedad. Se asimiló al SENAME a este criterio y se entregó todos los establecimientos a instituciones privadas. Se disminuyó su planta de 1.185 funcionarios, a 185, que es su planta actual. Además se estructuró un sistema presupuestario que le impedía hacer uso directo de los recursos y se reemplazó por el de transferencia al sector privado. Explica el sistema de subvenciones y sus alternativas en el tiempo. Al día de hoy la subvención se distribuye en: un 35% para sueldos; otro 35% para alimentación y con el 30% restante hay que financiar vestuario, consumos básicos, etc. No queda para educación ni capacitación. Por eso el sistema está en crisis.

Señala la forma cómo se fue deteriorando el sistema, a medida que lo fue el financiamiento.

Una evaluación hecha el año pasado demostró:

1) Que en cuanto a cobertura se aumentó un 55%, de 32.000 menores a 48.000. El sistema privilegia los internados, por ser mejor la subvención, en perjuicio de los centros de atención abierta en que puede trabajarse con las familias. Dificulta el problema que un 4Q% de los niños que están internos, no debería estarlo. Son los magistrados de menores los que podrían colaborar a la identificación de los niños que deben ingresar a la red asistencial, porque ellos incorporan el 80%.

La prolongación del internado perjudica a los niños, porque pierden habilidades y destreza para manejarse en el mundo social.

2) El número de menores en recintos carcelarios ha aumentado en un 26,5% entre 1985-1989.

Interrogada sobre el número de funcionarios que trabajan en las 523 casas que controla el SENAME, dice que son 8.000. Sus sueldos oscilan entre $ 26.000 y $ 38.000. Hay pocos profesionales.

Analiza el tiempo de internado y su resultado en el tratamiento. Dice que en 1988 el 30% egresó por solución de su problema y el resto por otras causales, como fuga, retiro voluntario, etc. La fuga se evitaría si el sistema fuera mejorado. Los menores con severo compromiso delictual no son muchos. Oscilan entre 300 y 500. Se necesita imperiosamente un programa de trabajo para esos menores, junto con un centro de diagnóstico. Los centros asistenciales no trabajan con las familias. Se observa que cuando el menor regresa a la familia, ella está igual que cuando el niño ingresó a la red, no hay allí una verdadera reinserción social.

En inversión, se han mejorado las instalaciones de las casas de menores, se ha aumentado cobertura, aunque faltan programas de tipo comunitario, sustitutivos de la familia. No se ha podido implementar centros de atención diurna o de programas abiertos.

La política de SENAME, que deriva de la política social de gobierno, pretende que se complementen los programas tradicionales con modalidades innovadoras que permitan una atención individualizada e integral situada en la comunidad, para esto se pretende privilegiar programas de prevención que contemplen la participación activa del menor, la familia y la comunidad. Incorporar clubes juveniles, programas de educación familiar, sistemas de diagnóstico comunitario para orientar a otras soluciones que no sean el internado; programas de atención diurna para niños cuyas madres trabajan; prevención del abandono de niños pequeños; apoyar a los sistemas que funcionan bien, a través de proyectos de capacitación laboral.

SENAME trabajará en un proyecto para 20.000 jóvenes, financiado por el BID, que entregará capacitación laboral asociada a un programa de formación individual.

Propenderá a una progresiva disminución de las plazas de internado, porque cree que los sistemas abiertos pueden tener un menor costo con una mayor cobertura.

SENAME ha tenido que asumir la administración directa de los centros que estaban en manos de instituciones privadas, porque éstas no se interesan o los están devolviendo. Hay un proyecto de ley en estudio para dar a SENAME el rol de coordinador, supervisor y fiscalizados Relata que al terminar algunos convenios, las instituciones administradoras se han quedado con toda la habilitación de muebles, talleres, maquinarias, etc.

Durante la intervención de la señora Sancy, se exhibe un video con un reportaje sobre maltrato que se da a los menores en algunos centros.

En respuesta a varias inquietudes de los miembros de la Comisión, señala estar de acuerdo con la importancia del trabajo con la familia. Admite que la doble jomada escolar podría disminuir la demanda de los servicios que ella dirige. Dice que hay 280.000 niños fuera del sistema escolar. Manifiesta tener claro que la reforma de la Ley de Menores tiene que ser completa, abordar todos los aspectos que inciden en los problemas de irregularidad, así también como influir en la Ley de Protección de Menores NQ 16.618. Hay estudios para una reforma a las normas sobre discernimiento, los penalistas han tenido muchas dificultades para establecer la edad de la responsabilidad penal.

Advierte que no ha sido posible determinar cuántos son los menores en situación irregular. Habría que determinar, dentro del universo de la extrema pobreza, qué familias presentan los problemas de ausencia del padre o de la madre durante el día, causales directas de niños vagos, abandono de hogar, drogadicción, etc. El mapa de la extrema pobreza señala para 1987, alrededor de 740.000 niños en esa situación. Los servicios policiales captan al año 13.000 a 15.000 niños.

Refiriéndose a las Aldeas S.O.S., colaboradoras del SENAME, que dice que es una organización austríaca, atienden niños sin recursos en total abandono. La Fundación Mi Casa, tiene internado masivo y de puertas abiertas entre 200 y 300 niños. Deberían verse posibilidades de unidades más pequeñas.

Por primera vez se aborda el problema como una política pública, el Estado es el promotor, coordinador y fiscalizador de lo que es el bien común. Anteriormente no se cubrieron los espacios carentes de atención y se dejaron al sector privado, el que generalmente no se interesa si no puede lucrar. Es necesaria la intervención del Estado con un rol activo y capacidad de respuesta a las políticas sociales. Ahora SENAME participa en el Subcomité Económico Social de Ministros.

En la sesión de 17 de octubre participó nuevamente la señora Patricia Matte, invitada para referirse a la magnitud de la pobreza y sus expresiones fundamentales. Sus opiniones, en síntesis son las siguientes:

Señaló que, pese a la dificultad del problema, las ciencias sociales han progresado mucho en el diseño de instrumentos de medición, aunque no existe unanimidad para preferir uno sobre otro.

Estima que el tema importante a plantearse es, por qué en Chile, a pesar de que ha habido cambios notables en la estructura económica y social, hay sectores sociales muy importantes de la población afectada de necesidades básicas y otros excluidos de ese proceso de cambios.

En Chile y Latinoamérica se han dado dos aproximaciones a la cuantificación.

Uno a través de lo que se ha llamado el ingreso permanente, esto es aquello que toma más tiempo a las familias lograr, que significa una acumulación de recursos, como la compra de una vivienda y otras cosas menos permanentes o los ingresos coyunturales. Este es el típico ejemplo de medición de la pobreza por la vía del ingreso.

El segundo método es el de los ingresos y la canasta, que consiste en ver cuántas familias o personas están sobre o bajo la línea de pobreza. Esta metodología tiene 3 problemas reconocidos universalmente: la subdeclaración; la dificultad de cuantificar lo que consumen las personas, y las fluctuaciones ligadas a problemas culturales, de precios y cambios tecnológicos. Estos problemas causan cambios muy bruscos en períodos muy cortos, pues el método es sensible a situaciones coyunturales. Así, en un informe de ODEPLAN es curioso observar que en 1985 los pobres eran 45,4% y en 1986 subieron a 50,9%, para bajar al año siguiente. Hoy con un 4,9% de inflación y un crecimiento casi cero, la fluctuación probablemente sería enorme con respecto al año pasado.

En Chile tenemos gran cantidad de datos que permiten aproximamos al tema por múltiples lados, no solamente con estas dos metodologías, sino por otros indicadores. Lo importante es que sabemos que hay gran cantidad de personas que no están incorporadas; que existen sistemas para llegar a incorporarlas y que sobre esto se llegue a consenso en esta Comisión.

Estima que ciertas reformas estructurales e indicadores demuestran que se ha ido por el camino correcto.

Chile ha logrado con mucha fuerza bases institucionales, económicas y sociales que permitirán en el futuro erradicar la pobreza. Tenemos un país equilibrado económicamente; hay programas sociales perfectibles e importantes cambios en los mecanismos de financiamiento. En los sistemas de entrega de subsidios y beneficios hubo descentralización de la salud y la educación y la incorporación del sector privado en la prestación de muchos servicios sociales. Gracias a estas reformas el país tiene un sistema moderno y eficaz.

Los ingresos son sólo una parte del nivel de vida de las personas. Los recursos generados por la vía del crecimiento se han destinado a proyectos que conllevan un desarrollo humano. Pero el crecimiento no lo es todo. Por otra parte, el gasto social es sólo un paliativo. Si no hay crecimiento, a la larga se neutralizan sus efectos. En síntesis, el problema de la pobreza no es sólo cuestión de ingreso.

La primera definición de pobreza deriva de constatar que muchas personas están afectadas por secuelas que los siguen desde niños, como desnutrición y analfabetismo que les impiden incorporarse a los cambios.

En nuestro país existen 2 tipos de pobreza.

-una estructural, que tiene una característica homogénea; a las familias que están en ella, les afectan casi todos los déficit de necesidades básicas mínimas. Creo que son menos de las que se habla, como lo hizo un informe de televisión.

-y los pobres relativos, afectados por brechas de pobreza en salud, educación, que disponen de una red social para que el capital humano de esas personas no se deteriore.

Para ambos grupos es importante que haya crecimiento en forma sostenida y para más adelante ponernos de acuerdo sobre el destino que se le dará al gasto social.

Opina que otra tarea del futuro es continuar avanzando en focalizar los programas sociales para erradicar definitivamente la extrema pobreza, mejorando la eficiencia y efectividad y entregando mayor participación al sector privado y a la comunidad.

En el área de nutrición, mantener el programa nacional de alimentación complementaria, privilegiando las comunas donde hay mayores déficit nutricionales con los datos que se tienen.

En salud, mantener el área preventiva y adecuar esta política a las causas de muerte, mejorar la atención hospitalaria, no descuidando el problema de administración.

En el segmento pre-escolar, preocuparse de las zonas rurales de la estimulación y la alimentación.

En educación es donde está el desafío más complejo, pues no obstante estar los niños en la escuela, es necesario mejorar la calidad de la educación. Podría ocurrir que no tengamos el elemento humano para seguir sosteniendo el proceso de crecimiento. También debe mejorar el sistema de subvención y decidir qué educación técnica se necesita.

Frente al problema de los 140.000 jóvenes que cada año no logran incorporarse a la fuerza de trabajo, cree que es necesario traspasar este problema a la empresa privada.

En resumen, opina que hay que mejorar la eficiencia de los programas sociales y para ahorrar recursos, las modalidades de la incorporación tienen que ser distintas que en el pasado, que las personas se incorporen donde realmente les interese. No se debe volver a politizar esta incorporación.

En la misma sesión del 17 de octubre, concurrió don Álvaro García Hurtado, Subsecretario de Planificación y Cooperación.

El resumen de su exposición es el siguiente:

Dice haber leído el borrador del proyecto de informe de la Comisión y lo estima serio y útil para la discusión que el país debe hacer sobre este tema.

Anuncia que se referirá a la medición de la pobreza y a los criterios que deben regir las políticas sociales.

Coincide con la señora Matte que hay una metodología que establece la situación más permanente de las familias. El mapa de la extrema pobreza se refiere a vivienda e infraestructura básica, nada dice de alimentación, salud, educación, de empleo; y plantea un problema difícil que es la fijación del estándar.

El otro método, $1 del ingreso y la nutrición, tiene algún nivel de objetividad, en el sentido que se puede científicamente precisar cuánto necesita una persona en ingesta calórica y proteica, dado cierto nivel de actividad. En cambio el hacinamiento es una valoración social.

¿Cuál de estas dos mediciones es la más adecuada para un cierto período histórico?

Chile en los últimos 10 años se ha caracterizado por un crecimiento lento: 3,2 promedio en 15 años; altamente concentrador: 80% de los chilenos vieron disminuir su ingreso. La variable del ingreso, entonces ha estado determinando la vida de los chilenos la década pasada.

Coincide con las críticas que se le hacen al método de la medición de ingresos. Señala que en un estudio de ODEPLAN-CEPAL, teniendo como origen la encuesta CASEN, se ha tratado de corregir en términos de la canasta, determinando qué cantidad de proteínas y calorías debe consumir en chileno de hoy y por esa vía, superar las deficiencias de ese método.

En materia de corrección de ingresos, se incluyen los subsidios, se hacen imputaciones por autoconsumo y por arrendamiento de vivienda y, por último, se ajustan los resultados a las estadísticas que dan las cuentas nacionales.

Corregidas las dificultades de las mediciones anteriores, llegamos a los mismos resultados: 38% de los hogares en Chile son pobres. Si de hogares pasamos a personas, el estudio nos indica que el 44,4% de las personas son pobres, esto es, 5.400.000, cifra, si no igual, muy parecida a la que detectaron el resto de los estudios. Encontramos coincidencias; estamos hablando más o menos de las mismas personas y de la misma cantidad en situación de extrema pobreza.

Estimamos que el problema no se acaba en la extrema pobreza, porque además hay pobres que pueden vivir menos hacinados, pero igualmente no logran alimentarse bien, no tienen un ingreso que satisfaga sus necesidades básicas. Ese otro grupo es la diferencia entre el 12,4% y el 40%.

Es importante que el país sepa cuántos pobres hay y que nos pongamos de acuerdo en un método de medición. Expertos de ministerios sociales latinoamericanos reunidos en Santiago, están llegando a la conclusión que hay que utilizar los dos métodos, porque expresan cuestiones distintas y que es posible cruzar ambas informaciones. Si de esta manera se establece un número o grupo de pobres de acuerdo a los dos métodos, y otro de acuerdo a un método y no al otro; pues, esta sola determinación permite diseñar políticas de atención integral para el primer grupo y políticas de inserción laboral, por ejemplo, para el otro. Este estudio permite afirmar que a fines de 1987, alrededor del 13%, esto es, 2.000.000 de chilenos se encontraban en extrema pobreza y tradicionalmente se estima que 3.000.000, no siendo extremadamente pobres, sí son pobres.

Se dice que hoy habría más pobres que antes. Si ampliamos nuestra visión a otros países, podemos comprobar que los cambios que se han introducido, con las modificaciones tributarias o en la legislación laboral, están a tono con los tiempos.

En el documento borrador de la Comisión se sugieren criterios que implican cambios bastante significativos respecto de lo que ha estado ocurriendo hasta el momento; que apuntan mucho más eficientemente a solucionar los problemas sociales y que no contradicen aquellos criterios.

Durante el régimen anterior predominó la focalización, que de ninguna manera es contradictorio con el criterio que plantea este documento.

El proyecto de informe de conclusiones de la Comisión incluye 3 perspectivas: la de la equidad, la de la integridad y la de la participación.

Refiriéndose a la integralidad señala que la señora Matte hacía ver la importancia de superar las causas y no tan solo las manifestaciones del problema. La población pobre tiene una precaria inserción en el mercado de trabajo. Solucionar esto, pasa por mejorar las condiciones de producción, productividad y empleo del 30% de la fuerza de trabajo, lo que significa superar el carácter asistencial de la política social del pasado y fortalecer el carácter de apoyo al esfuerzo productivo que hacen los grupos de menores recursos.

Requerido a señalar ejemplos sobre la pesadísima herencia del pasado a este respecto, menciona: Indap atendía al 20% de los campesinos: Funcap atendía a los pescadores artesanales y está prácticamente disuelta y su personal repartido; Enami que atendía a los pirquineros dejó de hacerlo; Sercotec además de su alto endeudamiento no cubre a la microempresa sino a medianos empresarios.

Por lo tanto, ese 30% de chilenos que representa un fuerte espíritu empresarial, no cuenta con apoyo de parte del Estado y no ha tenido acceso al proceso de modernización que ha vivido otro segmento de la economía.

Consultado sobre la manera en que beneficiaría al pequeño empresario, la reforma laboral, contesta: que al respecto hay una falta de visión integral del problema, pues si bien la focalización hacia ciertos grupos logró importantísimos resultados, se dejó de considerar a la población como un cuerpo social; lo eficiente es atacar el conjunto de situaciones qué determinan la pobreza y no una manifestación puntual.

En esta parte la señora Matte interviene y sostiene que no se descuidó totalmente al conjunto, sólo se cambió el énfasis. Lo que ocurre que ahora, en democracia, aparecen grupos de presión que no son los más pobres.

El señor García insiste en que es ineficiente atender sólo la situación del niño, sin considerar que ese niño es desnutrido por que el padre no tiene empleo, o la madre no tiene donde llevarlo para que adquiera estimulación preescolar, y más tarde Será un desertor escolar o un desempleado, como llegó a serlo el 50% de los jóvenes, que por eso caen en el alcoholismo, la drogadicción. De esa manera no se rompe la cadena de la pobreza.

Al referirse al criterio de la equidad, se pregunta, quién paga la priorización para que una política sea eficiente y responde que, el abrir oportunidades para los que tienen menos, se debe hacer a costa de los que tienen más. La focalización no era coherente con la equidad. Se aumentaron los beneficios para algunos pobres en desmedro de otros que eran igualmente pobres; pero los ingresos de los que tenían más, nunca se vieron afectados, sino aumentados. Eso es fuertemente inequitativo.

En el régimen anterior, aunque se diseñaron instrumentos que eran eficientes, porque llegaban efectivamente a los más pobres, representaban una proporción mínima del gasto total, había, entonces, inequidad global.

El actual Gobierno se encontró con un sector público ineficiente desde el punto de vista social. La compra de medicamentos, estaba mal manejada; se aumentaron las conexiones de agua potable en las viviendas, pero no se generó capacidad de aumentar la cantidad de agua potable; se generaron los subsidios de salud, pero no se construyó ningún hospital. Todo el cambio significa invertir más y no sólo subsidiar.

La señora Matte interviene nuevamente para decir que ella ha dado una visión positiva del futuro; cree que los dos millones de pobres ameritan un tratamiento distinto del resto; para estos últimos la solución de largo plazo es el crecimiento y la generación de riqueza, impedir que éstos caigan en el grupo de los dos millones.

El señor García, cree que se empieza a generar un consenso que ojalá surgiera como expresión de la Comisión. Hay coincidencia en que hay dos grupos de pobres, distintos y que requieren acciones distintas y que la política social tiene considerar ambos grupos con sus intereses.

El segundo consenso, se refiere a los criterios de participación y descentralización, de integralidad y de focalización con eficiencia, a los cuales, a su juicio, le sumaría el de la equidad, esto es, que reciban más los que tienen menos y paguen más los que tienen más. Por eso, dice coincidir con la idea que los SUF y los PASIS no disminuyan, porque son los instrumentos mejor focalizados con que cuenta el sector público en este momento. Y por esa razón la primera medida de este Gobierno fue aumentarlos. Dice compartir la idea de focalizar, poniendo atención en la equidad en la distribución global.

Por último señala que si en estos puntos hay consenso, se ha avanzado mucho y esta Comisión haría una gran contribución al problema de la pobreza.

En la sesión del 31 de octubre, la Comisión recibió la visita de los representantes de las organizaciones sociales, cuya nómina está transcrita al comienzo de este informe. En esa oportunidad la Comisión conoció las opiniones y propuestas, de esos sectores, cuyos textos se pueden encontrar en la versión taquigráfica incorporada a los anexos de este informe.

Durante el desarrollo del trabajo de la Comisión, se pusieron a disposición de los señores Diputados los siguientes documentos:

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)

"América Latina en los 80. Principales tendencias sociales".

18de diciembre de 1989.- 52 páginas.

CEPAL

"Recursos Humanos, pobreza y las estrategias del desarrollo".

19de octubre de 1989.- 19 páginas.

CEPAL

"Opciones y falsos dilemas para los años 90: lo nuevo y lo viejo en político social en América Latina".

26 de diciembre de 1989.- 26 páginas.

CEPAL - PNUD

"Magnitud de la pobreza en América Latina en los años 80".

31 de mayo de 1990.- 123 páginas.

Cristi, María Angélica.

"Principales desafíos y recomendaciones de políticas para la superación de la pobreza". 1990 - 6 páginas.

"Definiciones de Pobreza" 6 páginas.

Cristi, María Angélica; Álvarez-Salamanca, Pedro Masferrer, Juan Navarrete, Luis; Orpis, Jaime; Sotomayor, Andrés.

"Comisión Especial para el Estudio de la Pobreza en Chile". Informe. 6 de noviembre de 1990. 72 páginas.

Durán, Luis - Corporación de Promoción Universitaria.

"Antecedentes regionales de la situación habitacional en Chile".

Septiembre de 1989.- 33 páginas.

Cox, Cristian y Jara, Cecilia (CIDE y FLACSO)

"Datos básicos para la discusión de políticas en educación. (1970-1988)", agosto 1989.- 74 páginas.

García Huidobro, Juan Eduardo

"Calidad y equidad: dos metas de la educación nacional en democracia".

12 páginas.

Grupo Compartiendo la Mesa.

"Reflexión sobre el futuro de compartiendo la mesa" Haind, Erik, Bundinich, Erna e Irarrázaval, Ignacio.

"Gasto social efectivo".

Octubre 1989.- 286 páginas.

Instituto Libertad y Desarrollo

"Impacto redistributivo del gasto social en 1987".

1° de agosto de 1990.- 4 páginas.

"Desarrollo Humano: Chile en el contexto mundial y evolución".

"Medición de la Pobreza: Un análisis crítico del Informe de la CEPAL".

Instituto Nacional de Estadísticas.

"Cuadros estadísticos de la IV encuesta de Presupuestos Familiares".

Diciembre 1987 a noviembre 1988.- 10 páginas. Matte, Patricia

"Una visión de la política social en los 90".

Octubre 1990.- 28 páginas.

Ministerio de Educación

"Programa de mejoramiento de la calidad de las Escuelas Básicas de sectores pobres", elaborado por el Departamento de Informática de la División de Planificación y Presupuesto.

12 de junio de 1990.- 47 páginas.

Montes Carlos y Palma, Andrés:

"Informe: Pobreza en Chile". Documento de discusión interna de la Comisión Investigadora de la Pobreza en Chile de la Cámara de Diputados de Chile.

ODEPLAN

"Informe Social. Evaluación de Desafíos 1987-1989".

1989 - 228 páginas.

SENAME (Servicio Nacional de Menores)

"Evaluación del programa de atención a menores en situación irregular 1980-1989". Mayo de 1990.- 25 páginas.

SENAME

"Estudio: Menores egresados de la red asistencial. Seguimiento de egresados en el 2Q semestre de 1987". Santiago, 1990.- 25 páginas.

SENAME

"Política de atención de menores".

Mayo 1990.- 6 páginas.

SIMCE (Sistema de Medición de Calidad de la Educación)

"Folleto técnico para profesores y directores".

Año 1989.- 67 páginas.

Solidaridad y Trabajo

"Los pobres construyen su programa".

"Para superar la pobreza en Chile". Torche, Arístides "Noción de pobreza".

Borrador preliminar.- 26 páginas. Torche, Arístides

"Distribución del ingreso" Desarrollo Económico en Democracia.

45 páginas.

Unión Comunal Allegados de la Florida.

"Estratificación Social". Estadística.

Documentos sin Autor.

"Diagnósticos y antecedentes rurales por comuna".

"La situación de la pobreza en Chile".

"La pobreza, un problema nacional prioritario".

"Tasa de natalidad y mortalidad infantil en diferentes comunas".

De los antecedentes reseñados, del debate y del intercambio de informaciones producidos en la Comisión, dan cuenta las actas respectivas.

Las conclusiones y las recomendaciones que a continuación se transcriben fueron aprobadas por la unanimidad de los señores Diputados presentes en el momento de ser sometidas a votación, en la sesión citada para el efecto.

Principales Conclusiones de la Comisión Investigadora de la Pobreza en Chile.

I.- La Pobreza es un Problema Nacional Prioritario.

Enfrentar la pobreza es más que un asunto político o estrictamente técnico. Es más que decidir entre estrategias, políticas, programas y mecanismos más o menos adecuados. Se trata de un imperativo mayor: debemos asumir la realidad de que una gran parte de los chilenos viven en condiciones de marginalidad, en circunstancias que podrían ser parte de una sociedad desarrollada.

Nuestros compatriotas más desposeídos soportan un alto riesgo desde el punto de vista de su salud, sufren las secuelas materiales y sicológicas de la falta de oportunidades de trabajo digno, enfrentan múltiples formas de degradación social y de pérdida de identidad. En fin, son ampliamente conocidas las graves consecuencias de la pobreza para los afectados por ella.

La sociedad chilena en su conjunto se ve limitada en sus posibilidades de proyectarse hacia el futuro, por la falta de desarrollo del capital humano de los pobres. Es decir, el desarrollo del país se ve amenazado por este problema nacional.

Pero sobre todo, Chile enfrenta un grave problema humano y ético. Más allá de la cifras, la desesperanza invade a cientos de miles de compatriotas que viven en la pobreza. El país entero de asumir como suya esa realidad.

Asumir la pobreza y hace frente a ella exige caracterizar esa realidad. Cualquier definición será dificultosa, pero desde un punto de vista centrado en el ser humano, quienes sufren esta situación no logran o se ven impedidos de vivir dignamente y desplegar sus potencialidades.

Chile perdió durante los últimos años, una de las características propias de su historia. Los modelos económicos que se implementaron en décadas pasadas intentaban mantener un crecimiento equilibrado que fuera unido al mejoramiento de las condiciones de vida del grueso de la población y este proceso era evaluado periódicamente por el conjunto de los ciudadanos.

Si bien no se logró el objetivo de conseguir una sociedad igualitaria y se mantuvieron serias injusticias y profundas brechas sociales, existía la voluntad política de incorporar a los beneficios del desarrollo a las grandes mayorías, así como de otorgarle a la política social el sitial que le corresponde. De hecho se introdujeron una serie de reformas sociales que hicieron más equitativo el desarrollo del país, entre otras: se inició la educación pública obligatoria; se organizó un sistema de salud pública que cubrió la mayor parte del territorio para los trabajadores; se dictaron múltiples leyes laborales de protección a la mujer trabajadora y a los trabajadores en general; se regularon las condiciones de trabajo, las jomadas, vacaciones, etc., y se instituyó un ingreso mínimo cuyo objetivo era asegurar una subsistencia digna a los trabajadores.

La parcial modernización de algunos sectores de la economía y los avances que muestra el país en materia económica en la última década, contrastan la pobreza que, aún cuando más oculta, se ha extendido enormemente. Existen dos Chiles distintos: uno cuyos niveles de vida se asemejan a los de los países desarrollados, y otro, subdesarrollado y pobre hacia el cual, si bien hubo una focalización de la red social, no se le dio acceso a políticas sociales integrales, y eficientes en términos de la calidad de los servicios que se entregaban.

Durante las últimas dos décadas, en Chile, la pobreza en lugar de reducirse, se incrementa, al igual que en el resto e los países de América Latina. Ello significa que muchos hogares antes integrados al desarrollo, pasan a vivir situaciones de indigencia. En efecto, las sucesivas crisis económicas y las persistentes tasas de desocupación -que por más de diez años duplicaron y hasta triplicaron las tasas históricas- significaron la expulsión de un número considerable de trabajadores de sectores pobres y grupos medios, que gracias a su inserción laboral, habían tenido acceso a una serie de servicios y beneficios sociales. Son trabajadores que habían alcanzado un cierto nivel educacional y de calificación, que tenían altas expectativas educacionales para sus hijos, que habían adquirido una vivienda propia, y habían participado activamente en diversos mecanismos de integración y organización social.

La mayor parte de los pobres en el Chile de hoy, no son analfabetos, tienen incorporadas normas y hábitos de salubridad y nutrición, consumo, trabajo, y participación social y requieren de una solución rápida, antes de que su situación se tome endémica. La mayor parte de la población pobre cuenta hoy con el potencial necesario para integrarse rápidamente al desarrollo, y aportar con una mayor productividad a mejorar la competitividad del país.

Más aún, los sectores más postergados han demostrado tener un gran sentido de la organización, que se ha manifestado durante todos estos años en múltiples experiencias de organización popular, tales como talleres artesanales para superar las graves situaciones de cesantía, comedores populares y ollas comunes para enfrentar el problema del hambre, comisiones de derechos humanos para proteger a sus compañeros y defender sus derechos, etc. Es posible afirmar que durante los años de régimen militar, se produjo un fenómeno de gran auge de las organizaciones sociales a nivel popular, éstas sobrevivieron aún en las más difíciles condiciones.

Los pobres ya han demostrado que para ellos superar su estado social es una cuestión fundamental. A esta acción debe sumarse el conjunto de las iniciativas de la sociedad civil y el Estado para vencer la pobreza. De ahí resulta que debemos asumir la pobreza como un problema nacional prioritario a cuya solución están todos convocados.

II.- Envergadura de la Pobreza.

Desde el punto de vista socio-económico la pobreza admite por lo menos dos enfoques: pobreza relativa y pobreza absoluta.

El enfoque de pobreza relativa señala que una persona o familia es pobre, en la medida que exista otra u otras que posean más riqueza que ella. Según esta definición, la pobreza está asociada a la desigualdad.

Por pobreza absoluta, en cambio, se entiende aquella situación en la que se encuentran aquellas personas o familias, que no alcanzan a satisfacer sus necesidades más básicas en niveles mínimos. Ello con independencia del nivel de riqueza de los demás. Esta condición, tiene características adicionales, relacionadas con las limitaciones endógenas de una parte de las personas que sufren esta situación, enfrentando grandes restricciones para salir de ella por sus propios medios, lo cual hace que esta condición pase de padres a hijos y se transmita de una generación a otra.

Un somero diagnóstico de la situación social, heredada por el actual Gobierno, muestra, en los últimos diez años, una mayor concentración del ingreso y gasto. En efecto, entre 1978 y 1988, sólo los hogares del 20 por ciento de mayores ingresos incrementan su gasto real y su participación en el gasto total de las familias, en tanto el 80 por ciento restante de la población ve caer su gasto en bienes y servicios y su participación en el gasto total (1)

(1)Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares de 1978 y 1988.

La pobreza ha tenido un fuerte incremento durante los últimos 20 años en el Gran Santiago. Considerando como indigentes aquellos hogares cuyo ingreso no les permite satisfacer los requerimientos alimentarios y como pobres aquellos hogares que con su ingreso no pueden satisfacer las restantes necesidades (vivienda, salud, educación), tenemos que en 1969 había un 8.4 por ciento de hogares indigentes, porcentaje que sube a un 14.9 por ciento en 1989. Por otra parte, la pobreza alcanzaba un total de 28,5 por ciento de los hogares (incluyendo indigentes) y llega a un 41,2 por ciento de los hogares en 1989. (1)

A nivel nacional la situación era la siguiente: En 1970, había un total de 6.5 por ciento de hogares indigentes y un 17 por ciento de hogares pobres, y en 1987, se llegó a un 13.5 por ciento de hogares indigentes y a un 38.1 por ciento de hogares pobres. (2)

Ello significa que un 16.8 por ciento de los habitantes de este país estaban imposibilitados en 1987 de adquirir los alimentos necesarios para alimentarse satisfactoriamente y caían en la categoría de indigentes, y un 44.4 por ciento de la población total se encontraba en situación de no poder satisfacer el conjunto de necesidades básicas, siendo pobre. (3)

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(1)Fuente: Pollack y Uthoff "Pobreza en el Gran Santiago "1969 1987" PREALC y Schcolnik, M y Teiltelboim B. 2da., Encuesta de Empleo en el Gran Santiago" PET. 1989.

(2)Fuente: Altimir, O.: "La Dimensión de la Pobreza en A. Latina", Cuadernos CEPAL # 27, Stgo., 1979 y CEPAL: "Una Estimación de la Magnitud de la Pobreza en Chile", Doc. CEPAL 1990,

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Los porcentajes entregados anteriormente, significan que había en 1987 un total de 2.081.185 personas indigentes y 5.492.745 pobres a lo largo del país.

Esta situación se explica por la reducción de las remuneraciones reales en las sucesivas crisis económicas de las décadas pasadas, las altas tasas de desempleo que durante más de 10 años duplicaron y hasta triplicaron los niveles históricos y por la sistemática reducción del gasto social, tanto general (especialmente desde 1986) como percápita.

Allí se observa claramente la desmedrada situación del sector salud, asistencia social y educación.

Dados los incrementos en las remuneraciones reales, en el ingreso mínimo y en el empleo, es razonable suponer que la situación social ha tenido algún mejoramiento, entre 1987 y 1990.

Otro indicador que muestra el serio deterioro de la calidad de vida de la población, en el de consumo de calorías. A pesar de que el estándar de requerimientos de nutrientes que utiliza la FAO y la OMS se modifica entre 1978 y 1988, se observa un incremento del déficit de la ingesta calórica entre 1969 y 1978 y luego entre 1978 y 1988, para el 20 por ciento más pobre de la población. En 1988, el 60 por ciento de los hogares presenta un déficit en el consumo de las calorías necesarias para tener un buen desarrollo físico y mental, así como para un buen desempeño laboral. (Programa de Economía del Trabajo, PET).

Lo que se ha descrito con anterioridad, contrasta con el diagnóstico del gobierno pasado que se basaba en el Mapa de la Extrema Pobreza, que mide la pobreza en términos de insatisfacción de necesidades habitacionales y de infraestructura sanitaria.

Con esta metodología se observaba una continua y fuerte reducción del porcentaje de hogares que se consideraban de "extrema pobreza". En la práctica, el Mapa reflejaba la mayor incorporación a redes de agua potable y alcantarillado, el incremento de patrimonio familiar medido en el acceso a radios o televisores y la agudización del fenómeno de los allegados y del hacinamiento en viviendas consideradas sólidas y fuera de la extrema pobreza.

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(1)Id. Anterior.

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II.- Consecuencias de la pobreza.

La primera consecuencia de la pobreza es que ella crea pobreza. La pobreza se reproduce en las familias más pobres tanto en el nivel cuantitativo como cualitativo. En otras palabras, afirmamos que los hijos de los más pobres tienen menos posibilidades relativas de acceder a los bienes y servicios de que dispone y dispondrá la sociedad. Este es un hecho bien conocido y no quisiéramos ahondar aquí el punto. Este está estrechamente relacionado con lo que podríamos denominar cultura de la pobreza. Cuando hacemos referencia al término cultura nos estamos refiriendo a la construcción de sentidos sociales o más claramente a la explicación que él o los sujetos de pobreza dan de sí mismo y de su situación. Esta construcción simbólica está referida y se elabora en ámbitos muy concretos: la familia, el barrio o población, la escuela, el trabajo y la iglesia. Hay desde luego otros ámbitos posibles, pero para nuestros fines distinguimos éstos como los más importantes. Al enfatizar la pobreza desde la perspectiva de la cultura, queremos hacer notar que no basta con la solución de las carencias materiales para que podamos hablar de una superación de la pobreza. Para ello es necesario que nos dirijamos directamente a los pobres y su experiencia tanto positiva como negativa para participar en su superación de la pobreza cultural.

La pregunta que tratamos de responder es ¿Qué pasa con aquellas familias donde, sistemáticamente, los padre y los hijos carecen de empleo o están subempleados; donde los hijos desertan del colegio o se mantienen en los niveles de rendimientos más bajos; qué pasa cuando esta familia se inserta en una población que tiene problemas similares, qué pasa, en fin, cuando se es pobre? Podríamos problema tizar más la situación si uno agrega ¿Qué pasa si la sociedad eleva cada vez más las medidas de realización social a través de un propaganda moderna y efectiva cuyo objetivo es provocar la compra de objetos como un medio de comparar posiciones sociales y, en último término, de medir el éxito y el fracaso en la sociedad?.

La respuesta técnica, sociológica, es que se produce la anomia, esto es, la ausencia de normas. Este concepto de anomia puede operacionalizarse en cinco niveles: exclusión, incertidumbre, degradación, futilidad y extrañamiento (1).

Con la primera categoría indicamos que el pobre percibe indiferencia de las autoridades o de la comunidad respecto de las necesidades individuales. La incertidumbre significa que, valga la contradicción, el orden social se encuentra desordenado. Con la degradación apuntamos a un sentimiento de retroceso frente a objetivos anteriormente propuestos y considerados realizables. La futilidad consiste en la pérdida del sentido individual de la existencia y, por último, el extrañamiento alude a la percepción de que el entorno social se presenta agresivo y hostil.

La ausencia de normas, esto es, el vacío ante la vida se resuelve de muchas maneras según sea el sujeto concreto que elijamos: joven, adulto, hombre, mujer. Hay una gran cantidad de estudios acerca

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1.- Valenzuela, Eduardo. La Rebelión de los Jóvenes, Editorial Sur. 1984. Santiago, de los jóvenes, especialmente de los hombre, ya que se han transformado en un verdadero modelo de comprensión de la realidad social. La tesis es que los jóvenes constituirían la extrapolación de la crisis normativa a nivel general. Aquí retomaremos el sentido de la reproducción de la pobreza a nivel cultural resumido en la familia como unidad de análisis.

El modelo convencional de la familia (1) asigna a la mujer el papel y la responsabilidad por la reproducción social, esto es, por los temas propios del ámbito doméstico y privado, como la crianza y cuidado de los hijos y la organización y administración de los quehaceres domésticos. A estas actividades propiamente femeninas -estamos describiendo- se les asigna menos importancia menos recompensas y gratificaciones y menor prestigio social que a las actividades productivas y propias del mundo externo, en el cual se mueve preferentemente el hombre. Por otra parte, la mujer se encuentra subordinada al hombre, incluso en el ámbito doméstico. En este esquema el hombre es el proveedor de las necesidades del hogar y vincula a éste con el mundo.

¿Qué pasa cuando el hombre no está en condiciones de cumplir su rol en el esquema anterior que podríamos calificar de tradicional o machista? La respuesta es simple: la familia como globalidad entra en crisis. La mujer se transforma en una mejor proveedora a través de la entrega de diversos servicios domésticos. Pero esto produce dificultades, porque el hombre debe cumplir con los roles hogareños y la mujer se transforma en la sustentadora del hogar. Esto produce discusiones y tensiones que muchas veces terminan con la relación de pareja y de familia. A su vez, la madre que trabaja, deja los hijos al cuidado del hogar o de algún vecino, lo que supone una muy pronta independencia de los hijos respecto de los padres. Las variantes a este esquema son muchas. El marido no abandona el hogar, pero se entrega a la bebida, realiza trabajos esporádicos y aprende a vivir sin más ambición que la subsistencia. Los hijos, por otra parte, se incorporan tempranamente al mundo del trabajo informal. Según su éxito en él, pueden llegar a reemplazar la autoridad del padre, pero lo más probable es que se comprometa o adquiera obligaciones matrimoniales muy joven y vuelva a reproducir en su familia el mismo esquema anterior. Un subindicador de crisis familiar originado por la cultura de la pobreza, se aprecia en la categoría de "Menores en situación irregular". Entendemos por tales a aquellos niños y adolescentes que no cuentan con la protección física y moral que requiere su desarrollo y que pueden presentar distintos tipos de desprotección o de desajustes conductuales que pueden haber culminado en la comisión de delitos, En términos concretos hablamos de niños abandonados, vagos, mendigos, los que desertan de la escuela, los que sufren maltrato, los que son explotados sexualmente, los que abandonan el hogar, los que deben trabajar prematuramente, los que consumen drogas y los que cometen delitos diversos. La cobertura de atención a estos menores bordea los 50 mil niños. Esta cifra permanece más o menos estable desde 1980, pero no se debe a una estabilización del problema, sino sólo a limitaciones presupuestarias. En 1984, la División de Medicina Preventiva y Salud Materna Infantil de la Escuela de Salud Pública indicaba que el 19% de los menores de 18 años, esto es 600 mil menores, se encontrarían en algún grado significativo de desprotección o irregularidad.

(1)Raczynski D. y Serrano C. Vivir la Pobreza. CIEPLAN 1985.

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Decíamos, sin embargo, que este subindicador no es plenamente representativo del proceso de transferencia de pobreza. Nuestra conceptualización de los menores en situación irregular no comprende aquellas familias donde no existen modelos parentales adecuados. En estricto rigor, los modelos parentales negativos se pueden dar en cualquier nivel socio-económico, pero existen evidencias que su mayor impacto negativo se da en los sectores populares. En efecto, hay investigaciones (1), que demuestran la influencia de los modelos parentales negativos en la desnutrición infantil. El modelo parental se refiere a la conducta de los padres que percibe y recibe un individuo en la etapa de su crecimiento y desarrollo (Infancia y Adolescencia) que interviene en forma directa y/o indirecta en la conducta del hijo al ser internalizadas. Este modelo parental podría ser resumido como el ejemplo que dan los padres a los hijos con su actuación cotidiana. Por tanto, él implica vida y estilos de relación de los padres; la expresividad afectiva entre los miembros de la familia, el tipo de comunicación y apoyo que existe entre los mayores, el respeto y la confianza mutua y todas aquellas cualidades que constituyen una relación familiar armoniosa.

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(1) Alvarez, María Luz. Deprivación y Modelos Parentales. Editorial Universitaria 1986, Alvarez, María Luz. Deprivación y Familia. Editorial Universitaria. 1982.

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En síntesis, sustentamos la idea de que, sin una intervención externa decidida, la pobreza tiende a reproducirse cuantitativa y cualitativamente. Hemos explorado en detalle esta última situación y hemos encontrado que, en límite, la sociedad, es a veces incapaz de producir normatividad, vale decir orden. En tales situaciones las respuestas son variadas y pueden ir desde el aislamiento hasta la violencia, pasando por la evasión representada por las drogas y el alcohol. De igual manera, en la medida que la diferencia entre lo que se tiene y lo que se desea tener sea muy grande, se va a tratar de obtener a través de medio ilícitos, vale decir, a través del hurto, el robo o el asalto, con o sin violencia. Todo este proceso de anomia y/o de conducta desviada atraviesa a la familia y transforma a ésta en un medio de reproducción social de la pobreza y los disvalores que ellos pueden provocar. Por ello, podemos concluir que la pobreza no sólo se reproduce socialmente sino que, además, por este mismo hecho implica un gran costo para la sociedad. Buscar la superación de la pobreza es necesario no sólo por motivos humanitarios, sino también por una necesidad que tiene toda la sociedad para poder funcionar adecuadamente.

¿Cómo se pueden superar las consecuencias de la pobreza?

Una estrategia fundamental consiste en que las personas tengan la oportunidad de considerarse a sí mismas como un proyecto valedero dentro de la sociedad. Cualquiera que sea la forma siempre llegamos al mismo denominador común: la realización a través del trabajo. El trabajo equitativamente remunerado otorga sentido a la existencia. Permite prevenir, proyectar y realizar.

En este sentido, estimamos que la educación es un medio instrumental para acceder al mundo del trabajo con una mejor calificación. Sin embargo, hoy día, es sólo un factor de acreditación, un requisito formal y no funcional. Por esto, la orientación de la educación debe ser reordenada de acuerdo a las exigencias previsibles del futuro.

Un tercer factor que contribuiría a superar la pobreza, es el apoyo y reforzamiento de las iniciativas populares de acción laboral. Aquí estamos pensando en el pequeño empresario y en el microempresario que teniendo voluntad productiva carece de la capacidad técnica necesaria, no tienen la información adecuada o requieren de un cierto apoyo de capital. Si se desarrollara una estrategia en este sentido no sólo se generaría un cierto empleo directo, sino que además, la experiencia irradiaría positivamente a los sectores sociales cercanos que lo verían como un proyecto viable susceptible de ser imitado.

En un nivel distinto a nuestro concepto básico de trabajo en la estrategia contra la pobreza, hay que plantearse el problema de los modelos parentales negativos. Esto implica acciones muy amplias como el examinar los modelos de familia y de obtención de metas que se da a través de los medios de comunicación de masas hasta acciones tan concretas como educar a los pobres y los hijos en la afectividad y el desarrollo interior. En relación a la superación de los modelos parentales negativos que hoy tienen lugar, se requiere de una detección, por ejemplo, de los adultos y niños que sufren maltrato, son golpeados o abandonados. En esta misma área cabe plantearse programas sobre la constitución de una paternidad y maternidad responsables capaces de hacer frente a los desafíos que implica la constitución de una familia.

En términos de la coyuntura que vivimos, es necesario desarrollar un plan global contra las conductas sociales o antisociales expresadas en la ingesta de drogas, alcohol o en la comisión de delitos. Esto parte por hacer un diagnóstico social compartido que no consiste en cuantificar categóricamente la población juvenil en recta o desviada, sino en producir una interlocución de estos sectores con la sociedad que les permita superar la situación. Reconocer el problema no es sólo una tarea de los sectores anónimos o desviados sino que de toda la sociedad. Este es un problema de Derechos Humanos y debe ser abordado como tal. La juventud o los niños que comenzaron a serlo desde comienzos de la década actual, son los principales afectados por las crisis económicas. Este costo social y moral debe ser asumido y debe haber también aquí una política de reparación, tanto material como simbólica.

En términos concretos, esta juventud requiere de oportunidades de empleo y de capacitación para su desempeño. Pero también requieren de un horizonte atractivo que los recupere como un potencial de desarrollo del país. Por eso es que también debe considerarse el diseño de una política recreativa que indique el justo lugar y valor de la creación, la diversión y el deporte en la vida juvenil.

En síntesis, pensamos en una política sustantiva permanente que gire en torno al trabajo y políticas de coyuntura que deben responder a las necesidades más urgentes de hoy

IV.- Las Principales Carencias Sociales.

Los sectores más pobres de nuestro país enfrentan hoy serias carencias sociales, entre las cuales destacan las relativas a salud, educación y vivienda.

IV.l.- Salud

La acción del Estado en el Campo de la Salud se caracteriza por profundos déficit y problemas estructurales, lo que se manifiesta en dificultades para acceder a la atención -colas, rechazos, esperas de meses para someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos, cirugía u hospitalización, vacíos de cobertura en el nivel primario de atención en determinadas localidades urbanas densamente pobladas y en localidades rurales muy alejadas de los centros de atención, etc.- y en un deterioro en la calidad del servicio.

Los problemas anteriores responden en gran medida al fuerte déficit de inversión y mantención en infraestructura y equipos, al menor gasto en personal -a través del doble efecto de una menor disponibilidad de recursos humanos y disminución de los salarios reales- y a la escasez de insumos que ha afectado al sector como consecuencia de la restricción de recursos financieros disponibles para salud en el período posterior a las crisis económicas de 1975 y 1982, ajuste que fue especialmente dramático y prolongado en la década de los 80. Así es como el gasto público en salud en 1987 era, en términos reales, 8% inferior al de 1974 y 23% menor al de 1982. En los años posteriores a 1987, se observa un leve repunte, pero aún así en 1989, no se habían recuperado los niveles de 1982, a pesar que en 1989 el PGB supera al de 1982 en un 30%. (1). En términos per cápita, considerando solamente a la población beneficiaría del sistema público (2), el gasto se reduce de$13.280 en 1974 a $11.579 en 1987, es decir un 13%, y si se compara 1987 con 1982, la caída es de 19%. La tendencia en los años siguientes a 1987 es similar a la del Gasto Público en Salud total.

Por otra parte, el sector experimentó un cambio en la estructura del financiamiento como consecuencia del ajuste fiscal, y las reformas institucionales que lo acompañaron, lo que ha tenido un impacto negativo en la equidad del sistema de salud. Al mismo tiempo que se redujeron los beneficios en el sistema público, se aumentó sistemáticamente la carga financiera sobre los usuarios, especialmente los sectores medios, en favor de las familias de más altos ingresos que pudieron optar por un sistema de mejor calidad en el sector privado. En este sentido, la cantidad de recursos que el Fisco destina a esta función social se reduce sistemáticamente. En 1974, Salud obtenía el 7.2% del gasto fiscal total, excluidos el servicio de la deuda, en tanto.

(1)Fuentes: Serie de Gastos Públicos en Salud. Departamento de Recursos Financieros del Ministerio de Salud. Las cifras fueron convertidas a pesos de 1988, utilizando el IPC corregido (Cortázar y Marshall) promedio de cada año.

(2)Se utilizó la población beneficiaría del sistema público de salud estimada por el Ministerio y publicada en "Indicadores Financieros Sector Salud Público 1974-1988" Ministerio de Salud, mayo de 1989.

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Que en 1989 su participación alcanza sólo al 3.5%; la más baja del período 74-89 (1). La drástica caída del aporte fiscal a salud, así como la menor entrada de aportes previsionales como consecuencia del traslado de afiliados de mayores ingresos al sistema privado a partir de 1981, fue en parte compensado con aumentos en la tasa de cotización obligatoria. (2) Esto explica que la reducción del gasto público en salud haya sido menor que la del aporte fiscal. Así es como la participación de los aportes previsionales en el total de ingresos del sector ha aumentado de 14.2% a 45% en el período 74-89, en tanto que el aporte fiscal ha reducido su importancia de 61.3% a 35%, entre esos años.

A lo anterior se suman una serie de problemas estructurales, tales como una insuficiente capacidad de gestión; falta de articulación y desarrollo inorgánico de los distintos niveles de atención; falta de integración entre los subsistemas públicos y privados para un mejor aprovechamiento de la infraestructura disponible; insuficiente coordinación entre las instancias de salud descentralizadas y el Ministerio; rigideces administrativas; falta de capacidad para enfrentar problemas emergentes (enfermedades crónicas y contaminación ambiental); carencia de mecanismos para incentivar la participación de la comunidad; imperfecciones en el sistema privado de salud previsional (Ejs.: insuficiente transparencia del mercado, exclusión de los individuos de la tercera edad y falta de cobertura de enfermedades catastróficas); etc.

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(1)Fuentes: Departamento de Recursos Financieros:

Ministerio de Salud.

(2)En diciembre de 1982 la tasa de cotización se incrementó desde un 4% a 6% y en diciembre de 1985 se fijó en un 7%.

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Los indicadores de salud están lejos de mostrar una situación óptima a nivel nacional. Hay localidades del país que se encuentran muy por debajo de los promedios nacionales en lo que a indicadores tradicionales se refiere (mortalidad infantil, mortalidad materna, desnutrición, etc.). Las tasas de morbilidad de algunas enfermedades infecciosas y parasitarias como tifus y sarampión, se mantienen en niveles relativamente altos. Además, hay, grupos de la población que están insuficientemente incorporados a los programas de salud, como los adultos, adolescentes y ancianos.

Por otra parte, el país se encuentra en una etapa de transición epidemiológica caracterizada por una proporción creciente de enfermedades crónicas no transmisibles, pero coexistiendo con enfermedades típicas del subdesarrollo como sama, pediculosis, tuberculosis, desnutrición. El sistema de salud pública debe ocuparse de controlar y atender ambos tipos de problemas. Sin embargo, la organización y estado actual de éste es inadecuado para solucionar en forma oportuna y eficientemente las complicaciones del nuevo tipo de patologías y tampoco están suficientemente desarrollados los programas preventivos que pudieran evitarlas.

El desafío que enfrenta el país en la nueva etapa democrática, consiste en mejorar los niveles alcanzados en materia de salud. Esto exige mejorar el acceso de la población a la salud, especialmente en el nivel primario, resolver la crisis hospitalaria, impulsar la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, y modernizar y fortalecer el sistema público de salud.

Lo anterior implica, entre otras, las siguientes líneas de acción.

-aumentar el aporte fiscal al sector.

-fortalecer la capacidad resolutiva del nivel primario, a través de mecanismos que permitan superar el déficit de recursos humanos, de equipamiento y de insumos, especialmente fármacos. Asimismo, debe mejorarse la coordinación entre este nivel y los de mayor complejidad, velando por un desarrollo armónico del sistema de salud; deben establecerse incentivos adecuados para el personal y mejorar su capacitación, incluyendo aspectos de gestión, epidemiología y relaciones humanas.

-mejorar la atención ambulatoria de nivel secundario y la hospitalaria en todos sus aspectos: eliminando cuellos de botella que no permiten un uso eficiente de las camas y equipos; aumentando la disponibilidad de éstos cuando corresponda, mejorando los sistemas administrativos y la capacidad de gestión de los establecimientos; dotándolos de personal suficiente; readecuando la estructura interna de los establecimientos y las relaciones entre ellos hacia soluciones que sean costo-efectivas (por ej. implementación de centros regionales especializados, compra de servicios a terceros, etc.).

-diseñar un sistema de recuperación de costo racional y eficiente de manera que los beneficiarios accedan fluidamente al sistema y que sólo quienes tienen efectiva capacidad de pago hagan una contribución directa al financiamiento de las prestaciones. Asimismo, abrir la posibilidad de venta de servicios al sector privado a costo real, cuando exista capacidad instalada ociosa.

-fortalecer la capacidad de gestión, tanto a nivel central como regional y local, a través de programas de capacitación al personal directivo en los distintos niveles, de la implementación de sistemas de información y administrativos que sean eficientes, del establecimiento de mecanismos de incentivo gerenciales adecuados.

-perfeccionar el sistema de ISAPRES, estableciendo mecanismos que aseguren una mayor transparencia del mercado, incentivos para el desarrollo de actividades preventivas, mayor estabilidad contractual y cobertura de grupos y patologías que actualmente se encuentran excluidas.

-perfeccionar y aumentar la cobertura de los programas de salud tradicionales (maternal e infantil), para lo cual se debe estar en constante evaluación de los grupos de más alto riesgo, como del comportamiento de los indicadores a lo largo de todo el país. Además, se deben incluir mecanismos de participación social en la aplicación de los mismos.

-desarrollar programas innovadores para adultos, ancianos y adolescentes.

-implementar programas de prevención, atención y rehabilitación de daños sicosociales orientados a familias de alto riesgo: alcoholismo, drogadicción en niños y jóvenes, embarazo adolescente, violencia intrafamiliar, etc. Para esto se requiere fortalecer y ampliar la cobertura de los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar (Ex-Adolescencia), los que deben trabajar en coordinación estrecha con el consultorio, las corporaciones educacionales, organizaciones de la comunidad, etc. Adicionalmente, los consultorios deben contar con horas de especialistas en salud mental, para el diagnóstico y tratamiento ambulatorio de neurosis, esquizofrenias, etc.

IV.2. Educación.

Los grupos más pobres enfrentan serias carencias en el plano educacional, especialmente en términos de la insuficiente calidad de la enseñanza que reciben.

Ello se vincula a la fuerte reducción de los recursos que el Estado destina al sector. Mientras en 1970 se gastaba en educación el 4,2% del PGB, en 1988 se sector había reducido su participación al 2,7%. Esto se ha traducido en un deterioro de la función docente, lo cual ha afectado negativamente su desempeño. La administración municipal de los establecimientos presenta por su parte un grave déficit y el sistema de subvención por niño atendido ha mostrado ineficiencias.

En la educación pre-básica hay una insuficiente cobertura a nivel nacional: sólo uno de cada cinco niños recibió en 1989 atención pre-escolar. Hay un serio déficit en la atención a los pre-escolares más pobres.

En la educación básica, 200.807 niños de 6 a 14 años no asisten a la escuela, de los cuales 100.077 niños pertenecen al 30% más pobre de la población (Encuesta CASEN, 1987). En la educación básica hay graves problemas de calidad: según pruebas que miden la calidad de la educación de acuerdo al logro de objetivos pedagógicos, los alumnos provenientes de familias de bajos ingresos, inscritos en escuelas municipalizadas, aprenden sensiblemente menos que los inscritos en escuelas particulares.

En la educación media se presenta similares problemas de calidad e inequidad de la enseñanza. Además, la educación media no prepara adecuadamente para el trabajo a los estudiantes y no les otorga los instrumentos necesarios para actuar en la sociedad en que viven. Entre los jóvenes pertenecientes al 30% más pobre de la población, uno de cada cuatro jóvenes no asiste a establecimientos de educación media (Encuesta CASEN, 1987)

En la educación superior, se constata que la matrícula de jóvenes entre 20 y 24 años en las universidades era en 1989 inferior a la de 1973.

Por último, debe tenerse presente a que aún persiste en el país un 6% de analfabetismo.

En resumen, la situación educacional en todos los niveles presenta problemas de cobertura, calidad de la enseñanza, alta desigualdad y falta de coordinación entre los diversos tipos de establecimientos. Se observa que la mera disponibilidad de servicios no garantiza necesariamente que éstos sean aceptados y/o efectivamente utilizados.

Todo esto exige un esfuerzo orientado a mejorar la calidad de la educación y a una mayor equidad en el acceso a ésta, en todos sus niveles. Ello resulta una condición necesaria para la democratización y modernización del país.

En concreto algunas medidas a seguir podrían ser:

-Desarrollar un programa para elevar la calidad de las escuelas más pobres y simultáneamente, ofrecer a sus alumnos una mejoría en la alimentación escolar.

-Desarrollar un programa de educación de adultos que considere el analfabetismo en aquellos lugares donde existen déficit significativos en relación a los promedios nacionales.

-Corregir la regresividad del gasto en educación superior a través de un programa de subsidios y becas para alumnos de escasos recursos que se encuentren en el sistema.

-Estudiar la forma de ordenar y regular el sistema de educación superior.

-Considerar cambiar las orientaciones del sistema de enseñanza media para posibilitar a sus egresados un ingreso apto para el mundo del trabajo.

IV.3 Vivienda.

Existen en la actualidad alrededor de 800 mil familias que carecen de vivienda propia, a las cuales se suman otras 330 mil que aunque tienen casa, éstas presentan graves carencias o no están conectadas a las redes de agua potable, electricidad o alcantarillado. (1)

A este déficit ha contribuido la reducción de la inversión pública en esta área. El sector de vivienda redujo su participación en el PGB, desde valores superiores al 3% hasta 1973, a alrededor del 1% durante el régimen militar. (2). Durante dicho período, se construyó un promedio de 32.000 (3) soluciones habitacionales anuales, el que resultó insuficiente para atender las necesidades derivadas de la formación de nuevos hogares, estimadas en alrededor de 80 mil al año. El déficit, en consecuencia, continuó aumentando.

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(1)Luis Durán B. Antecedentes Regionales de la Situación Habitacional en Chile. Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1989.

(2)E. Haramoto. Políticas de Vivienda Social. Experiencia Chilena de las tres últimas décadas. En vivienda Social. Reflexiones y Experiencias. Ed. Joan Mac Donald. CPU, Santiago 1983.

(3)MINVU. Memoria 1988, Santiago 1989.

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El mecanismo de asignación de beneficios en materia de vivienda ha sido poco objetivo e ineficaz, afectando negativamente a los grupos más pobres. El sistema de puntajes utilizado ha considerado el tamaño de la familia, pero las soluciones habitacionales han sido rígidas en su diseño (con un máximo de 36 m2, en el caso de la "Vivienda Básica"), sin contemplar mecanismos para su posterior desarrollo y adaptación a los requerimientos de sus habitantes. Se ha comprobado que las casas de menos de 50 m2, deben ser ampliadas posteriormente, o de lo contrario se deterioran aceleradamente. La postulación individual, por otra parte, ha dificultado la formación de comunidades que solidariamente asumen la tarea de mantener y mejorar las viviendas y equipamiento vecinal, lo que ha provocado un rápido deterioro de la calidad de vida. La utilización de la Ficha CAS-1, para medir niveles de pobreza en la selección de postulantes, ha implicado una calificación manipulable y con grados de subjetividad. Por otro lado, el nivel e exigencias de ahorro previo para la vivienda ha dificultado el acceso de familias pobres a una solución habitacional.

Además de la falta de vivienda, se aprecian notorias diferencias en la calidad de vida, de los diferentes barrios de las ciudades. Los grupos más pobres están marginados, lejos del equipamiento de salud, de las escuelas, de fuentes de trabajo, de centros comerciales; carecen de áreas verdes, zonas de esparcimiento y recreación; cuentan con una insuficiente infraestructura de pavimentación y alumbrado público; viven en precarias condiciones de seguridad.

A esto se agregan los problemas de los 324 mil deudores hipotecarios del SERVIU y los 250 mil deudores morosos endeudados con la banca privada, que son mayoritariamente sectores pobres, los primeros, y de la clase media, los segundos, y que se han visto afectados por un sistema financiero excesivamente oneroso para este tipo de créditos.

Frente a la realidad actual en materia de vivienda, se requiere aumentar el número de soluciones habitacionales para atender el crecimiento anual de las necesidades de vivienda (80.000 nuevos hogares se constituyen cada año y 20.000 viviendas se destruyen anualmente) (1). y absorber las carencias acumuladas más agudas, de modo de avanzar a una solución en un plazo razonable. Ello plantea un esfuerzo considerable: duplicar al menos lo que se ha construido hasta la fecha.

Resulta necesario también avanzar hacia el desarrollo de barrios, ciudades y asentamiento humanos en general, más integrados y equilibrados, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Al mismo tiempo, se requiere atender problemas urgentes como los de los deudores habitacionales.

Algunas de las medidas concretas que se podrían adoptar son:

-Considerar en los proyectos para viviendas populares las necesidades de equipamiento comunitario.

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(1) Luis Durán B. Antecedentes Regionales Op. Cit.

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-Reemplazar la tendencia de construir grandes proyectos habitacionales en la periferia de la ciudad por proyectos dentro de la ciudad.

-Estudiar un programa de vivienda crecedora. Esto implica que a partir de una base, la familia puede ir haciendo y transformando su casa a través del tiempo, con la ayuda del Estado y la asistencia técnica de las instituciones privadas. En este caso el subsidio podría otorgarse en dos etapas, considerando su carácter crecedor.

V.- La situación de pobreza afecta con mayor agudeza a determinados sectores sociales. ,

La pobreza se distribuye de manera diferente entre diversos grupos de nuestra sociedad, afectando de modo más agudo a grupos vulnerables en las poblaciones urbanas y sectores rurales, como los niños, los jóvenes, las mujeres jefas de hogar y los adultos mayores.

V.1. Niños.

Los niños menores de 15 años alcanzan a 3.900.000 personas, representando el 30 por ciento de la población chilena. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos 25 años por el Estado chileno para proteger a la infancia, los niños menores de 15 años enfrentan graves problemas, especialmente en los sectores más pobres de la población.

Unos 200.807 niños entre 6 y 14 años están fuera del sistema escolar, otros 140 mil son repitentes escolares, unos 370 mil menores entre 10 y 19 años están incorporados a la población económicamente activa.

En los menores de 6 años, hay áreas deficitarias en el plano de la salud, como el sarampión, la tos ferina, la tuberculosis. Además, en los últimos años ha aumentado la hospitalización por enfermedades respiratorias, afecciones prenatales, fiebre tifoidea, paratifoidea y hepatitis. En 1987, las fuentes oficiales señalaban (apoyándose en el criterio SEMPE) que el 8% de los niños menores de 6 años tenía algún grado de desnutrición. Otras fuentes estimaban la desnutrición en un 17% (según el criterio NCH).

El número de niños de edad preescolar (2 a 6 años) es de 1.070.000, sin embargo la matrícula de este grupo es de solamente 228.000. En educación básica, además de los niños que no asisten a la escuela, entre aquellos que sí lo hacen, se han detectado serias deficiencias en el desempeño académico respecto del lenguaje verbal y numérico.

Esta dura realidad debe ser asumida definitivamente por la sociedad chilena y por el Estado.

Un párrafo especial merecen los menores en situación irregular. En la actualidad cerca de 50 mil menores están bajo la protección del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Sin embargo, la demanda por este servicio es mucho mayor. La cobertura de atención de los menores se mantiene estable desde 1980, por limitaciones presupuestarias. No obstante, los problemas van más allá de un aumento de recursos y se refieren más bien a la organización de ellos.

En el pasado, SENAME se ha caracterizado por el Rol Pasivo que le indicaba ser el asignador de la transferencia de recursos financieros al sector privado. Esto no ha dado los resultados esperados y los costos mayores los han pagado lo niños que aún no ven una asistencia concreta a su situación. En consecuencia se debería tender a cambiar las normas imperantes en la atención de menores.

SENAME debe asumir un rol más activo de promoción, orientación, investigación de formas de tratamiento, coordinación y fiscalización de los diferentes programas del sistema de servicios a los menores en situación irregular.

La política de internación de menores ha producido serios problemas en los últimos años, pues algunos sostenedores vieron allí la posibilidad de lucro y algunos otros simplemente, no estaban capacitados (o contrataban personal no calificado) para ejercer esta labor, que requiere no sólo de conocimiento específico para atender a menores sino que, además, un mínimo de vocación.

Diferentes estudios apuntan hacia la familia como causante, en algunos casos, de los problemas de los menores y en términos generales se ve a ésta como la solución más viable. En consecuencia, la política de internación debe ser cambiada por una atención en el medio más propio, vale decir la familia. Sólo en casos muy calificados, y por un tiempo breve, puede pensarse en la internación de los menores en situación irregular.

V.2. Mujeres Jefas de Hogar.

En Chile, 640.400 hogares tienen jefatura femenina, es decir, el 20,6% de los hogares (encuesta de empleo del INE), de los cuales se estima que un 40% corresponde a familias que viven en la pobreza (según la encuesta PET de 1989, en el Gran Santiago, el 43% de sus hogares son pobres)

Los hogares a cargo de una mujer tienden a concentrarse en áreas urbanas. Las mujeres jefas de hogar cuentan con un bajo nivel educacional: el 52% de ellas no completa la Educación Básica, A pesar de ello, su tasa de participación en el mercado de trabajo es mayor a la del resto de las mujeres.

La situación de estas mujeres es bastante deficitaria en cuanto a sus posibilidades de mejorar sus niveles de vida, ya que aún encontrando empleo, normalmente perciben remuneraciones inferiores a las de un hombre. A ello se agregan las mayores responsabilidades, exigencias y problemas propios de un jefe de hogar, como la mantención y educación de los hijos, lo cual implica un costo que repercute en una agudización de la situación de pobreza que afecta a la familia.

Las mujeres sufren con más fuerza el impacto de la pobreza y sus consecuencias. Muchas veces son abandonadas por su pareja, quedando sin resguardo económico y debiendo asumir el doble rol de madre-padre, y debiendo proveer el sustento y educación para su grupo familiar. Para ello, es común que deban dejar a sus hijos solos o a cargo de hermanos mayores que deben desertar en la escuela, todo ello con graves consecuencias y múltiples riesgos.

Los antecedentes disponibles indican que hay una relación directa entre jefatura femenina y pobreza de los hogares. La condición de mujer jefe de hogar agrava la situación de pobreza de su familia y dificulta la búsqueda de salidas a su situación. Por consiguiente, si se quiere eliminar la pobreza hay que beneficiar a estos hogares en forma específica.

Dirigir acciones hacia las mujeres jefas de hogar en sectores pobres, tiene como objeto contener y prevenir la feminización de la pobreza, es decir, el aumento de la proporción de mujeres entre los pobres, así como la trasmisión intergeneracional de la pobreza a través de estos hogares.

V.3. Los Jóvenes.

Los jóvenes entre 15 y 24 años alcanzan a 2.500.000 personas, representando el 19% de la población del país.

El problema básico consiste en que una cantidad importante de ellos vive una situación de pobreza y marginalización de la sociedad.

Algunos indicadores de la marginalidad y de las condiciones de vida son los siguientes:

-En materia de empleo, las estadísticas registradas por el INE demuestran que, el año pasado, la tasa de desempleo abierta era de 15,5%, mientras que a nivel de adultos era de un 5%. Por otra parte, es bien sabido que el desempleo en general y en particular en el caso de los sectores populares es mayor que las cifras de promedio nacional. De manera que los jóvenes de los estratos populares son golpeados con mayor fuerza por el fenómeno del desempleo. En términos concretos, el número de jóvenes desocupados según el INE era de 154.300, para 1989.

-En términos de educación, los jóvenes que viven en situación de pobreza se ven afectados por la insuficiente calidad de la educación que reciben. Diversas pruebas que miden la capacidad de aprendizaje demuestran que si, en general, los jóvenes aprenden poco, en el caso de los jóvenes populares, el problema se acentúa. Pero aún si esta

1 situación cambiara las limitaciones económicas impiden al joven de los sectores populares acceder a la educación superior. En realidad el principal problema de estos jóvenes es que carecen de la capacitación técnico-profesional que los habilitaría para ingresar al campo laboral con mayor facilidad.

-La situación de pobreza y falta de oportunidades, junto a otros factores culturales y socio-políticos, ha llevado a la extensión de daños psico-sociales en la juventud. Ellos se expresan de modo crítico en la drogadicción, el alcoholismo, el embarazo adolescente y la delincuencia juvenil.

V.4. Adultos Mayores.

La población de 60 años y más es actualmente 1.200.000 personas, lo que representa un 10% del total de la población del país, proporción que tiende a aumentar. Una parte significativa de estos adultos mayores vive en una situación de pobreza.

En 1987, 318.700 personas recibían pensiones asistenciales y 1.045.000 percibían pensiones generales. Las pensiones se mantienen en un nivel notoriamente bajo, situación que se agudizó al negarse en el año 1985 al sector pasivo el reajuste de 10,6% que le correspondía por efecto de la inflación.

Los adultos mayores enfrentan dificultades para acceder a la atención de salud, debido a problemas de cobertura en el nivel primario de atención, principalmente en centros urbanos densamente poblados y en localidades rurales alejadas de los centros de atención. Para acceder a la atención en los niveles secundario y terciario, los adultos mayores enfrentan dificultades entre las que se encuentran esperas prolongadas para diagnósticos, terapias, cirugías y hospitalizaciones, La atención de este grupo etáreo por el SNS forma parte del Programa de Atención del Adulto y Senescente en conjunto, lo que unido a las fallas organizativas generales de la salud pública, dificulta una política nacional referida específicamente al envejecimiento.

La esperanza de vida, al elevarse a 72 años, ha significado una nueva generación de personas, que teniendo importantes aportes que hacer a la sociedad, se encuentran relegadas y marginadas.

Todo esto exige que se defina una política pública orientada hacia el adulto mayor, orientada en especial hacia los más pobres. Es necesario una progresiva recuperación de los niveles de las pensiones (mínimas y asistenciales), o es preciso crear formas de integración al desarrollo comunal y vecinal, y fomentar actividades recreativas productivas y otros aportes que les permitan mantenerse integrados al desarrollo del país.

II.Rol del Estado en la superación de la pobreza.

A lo largo del último siglo el Estado ha jugado un importante rol en la superación de la pobreza en Chile. Este rol lo ha asumido en forma indirecta a través del fomento del desarrollo económico y en forma directa a través de la política social.

En los Estados modernos la política social es el mecanismo específico que tienen los gobiernos para incidir directamente sobre las situaciones de pobreza -actuando sobre los grupos pobres y vulnerables y sobre sus condiciones de vida-, en el cumplimiento de su responsabilidad moral de garantizar a todos los miembros de la sociedad el "mínimo vital" que la existencia humana necesita para mantenerse y reproducirse.

En Chile la intervención del Estado a través de la política social para la superación de la pobreza, dio origen a dos estilos de la política social.

A partir de la década de los 20 se constituyó en el país un moderno sistema de política social, que lo ubicó en posiciones de vanguardia respecto del resto de los países de América Latina.,

Frutos de este proceso fueron la creciente complejización y diversificación del aparato público, y el progresivo mejoramiento de la distribución del ingreso y del bienestar del país durante el siguiente medio siglo.

Durante este período el estilo de la política social se caracterizó por: (i) su carácter integrativo y redistributivo; (ii) el criterio de la universalidad de la política social; (iii) la creciente ampliación del tipo de beneficios que el desarrollo de tales políticas implicaba; y (iv) la definición de una estrategia centralizada para la decisión e implementación de la política social.

Estas características, que presentó el estilo de la política social en el período democrático de 1920-73, si bien permitieron que ésta cumpliera su función de integración de la mayoría de la población al bienestar del país, se mostraron insuficientes en el cumplimiento de esta función para los segmentos más pobres marginalizados de las estructuras económica y política. Los más pobres, que carecían de la voz y la organización, en definitiva del poder para presionar a las autoridades, fueron quedando marginados de parte importante de los beneficios de la política social.

La redefinición de la política social impuesta por el régimen militar implicó un importante retroceso en términos de política social, al traspasar al mercado la responsabilidad del bienestar social y limitar, por ende, el rol que en esta materia le asigna al poder político la concepción democrática del Estado.

En este período se experimentó una caída del gasto público en la política social y una disminución de la población cubierta por los distintos programas de la política social.

Así, como resultado de esta redefinición de la política social, la cobertura de la población a la que se dirigieron los programas de la política social, fue menor y fueron menores los beneficios a los que la población pudo postular y finalmente, acceder.

En términos de estilo, durante este período, la política social se caracterizó fundamentalmente por: (i) su carácter marginal, resultado de la reducción de los beneficios y beneficiarios potenciales y reales de la política social; (ii) el carácter atomizador y asistencialista de su acción; (iii) el criterio de la focalización como forma de responder a la necesidad de mejorar la selectividad de la política social; y (iv) la desconcentración administrativa del aparato público de la política social, que atomizó su implementación en instancias sin capacidad de decisión autónoma y de canalización de las necesidades y demandas de la población.

Como resultado de la experiencia acumulada en los logros, insuficientes y errores de la política social a lo largo de este siglo, el país cuenta hoy con una sólida base para pasar a una tercera etapa de la política social.

Hoy existen la voluntad nacional, los consensos políticos y sociales, la experiencia y conocimientos, y un aparato público que permiten encarar con confianza y responsabilidad el tránsito hacia una nueva concepción y desempeño de la política social, que permitan hacer de ella un instrumento eficiente y eficaz en la superación de la pobreza, promoviendo y respondiendo a los esfuerzos que hacen las personas, familias y grupos >ara salir de su situación de pobreza, promoviendo y encauzando el compromiso concreto de los distintos actores de la comunidad nacional en la tarea de la superación de la pobreza en el país.

VII.Criterios Básicos que deben orientar la acción del Estado.

Para enfrentar la pobreza se requiere de un cambio cualitativo del enfoque que se ha venido desarrollando, buscando iniciar una nueva etapa en la política social.

El enfoque del régimen anterior fue básicamente de tipo asistencialista y no integral. Se desincentivó la participación social organizada y no se tuvo confianza en la gente. El autoritarismo, por su propia definición, no aceptaba que los pobres se asumieran como sujetos de su desarrollo, y por eso buscó influir en su situación desde afuera y desde arriba. Esto tuvo su correlato en un cierto tecnocratismo social, que si bien generaba instrumentos técnicos de acción, no lograba asumir la pobreza como hecho social que constituye una totalidad indivisible. De ahí que no se percibió que la variación de indicadores aislados significa muy poco si no existe un respeto y una promoción de la persona humana desde ella misma.

Una estrategia para superar la pobreza debe tener ese sujeto central: el pobre, su familia y la comunidad en que vive. Para hacer realidad este principio básico reivindicamos 7 criterios fundamentales que están estrechamente interrelacionados y que son: equidad, participación, descentralización, focalización, integralidad, inversión social y eficiencia.

VII.1.Equidad

De acuerdo a nuestro primer principio, la equidad, el Estado debe actuar corrigiendo las desigualdades más aguda producidas por el mercado en términos de empleo o generación de ingresos. Estamos convencidos que la vía central de constitución de la sociedad es a través del trabajo justamente remunerado, no obstante es un hecho que en los procesos que hemos vivido en los últimos años se han generado desigualdades externas que agravan una situación histórica. Sustentamos la idea que el Estado debe intervenir en situaciones estructurales o coyunturales de injusticia social en el caso que se aprecie una incapacidad de la sociedad civil para enfrentar y solucionar los problemas.

El papel del Estado es primordial en hacer más justa y equitativa la estructura de financiamiento de los programas sociales, evitando que, como ocurre en muchos países estos sean financiados por los propios beneficiarios a través del impuesto inflación.

El Estado debe procurar las vías institucionales para que los diversos sectores sociales afronten de una manera debida la defensa de sus intereses. Por ello creemos que la sociedad debe ser dotada de la normativa propicia para su desarrollo en campos tan distintos como el laboral, local y regional. Con todo, el Estado siempre deberá estar atento para atender las demandas de justicia social en la lucha contra la pobreza.

VII.2 Participación.

En segundo lugar sustentamos la idea de la participación como un elemento básico en la estrategia contra la pobreza. En términos generales no creemos en el asistencialismo, aún cuando bajo determinadas condiciones, el Estado debe prestar su auxilio rápido y directo. Situaciones de catástrofe natural justifican muy claramente este enfoque de emergencia. Reivindicamos el criterio de participación desde dos perspectivas: una que podríamos denominar puramente valórica y una segunda de necesidad funcional. De acuerdo a la primera, sustentamos el valor moral de que los sectores pobres deben ser sujetos activos en el proceso de superación de la pobreza. Rechazamos el que ellos puedan ser vistos como objeto pasivo o, lo que es igual, los enfoques paternalistas de tipo asistencialista. Ellos desvirtúan y atenían contra la eminente dignidad humana y su expresión. Pero también nos mueve un criterio de eficiencia funcional. Los pobres albergan en sí mismos un enorme potencial de desarrollo que es imprescindible para cualquier estrategia contra la pobreza. Los sujetos pobres, sean estos personas o comunidades, deben ser vistos como una reserva de energías susceptibles de ser liberadas a través de la organización.

VII.3. Descentralización.

Siguiendo el criterio de la participación pensamos que un elemento clave en la acción del Estado es la descentralización. Sin perjuicio de las políticas nacionales que deben orientar el quehacer público, debe otorgárseles un rol protagónico a las regiones, localidades, así como a la organización concreta de los servicios públicos.

Las demandas por educación en una localidad rural aislada no son idénticas a las de un centro urbano altamente desarrollado. Es evidente que debe atenderse a la variedad de estas demandas manteniendo, el caso citado, una estructura básica común. Al igual que en la participación, la necesidad de terminar con el centralismo responde a una orientación valórica y a un requisito funcional. Las localidades, regiones y organismos de decisión deben traducir lo que su propia realidad y posibilidad de desarrollo. En este sentido hay una actitud de respuesta y reconocimiento a las posibilidades particulares de expresión. Por otra parte es un hecho que un modelo centralista es, a la larga, más caro, y políticamente más peligroso. Es más caro, porque la burocracia que la hace posible es más abundante y, en cualquier caso, desde el centro, tiene que pensar en las adecuaciones regionales y locales soportables. Decimos también que es más peligrosa, porque transforma al Estado en su organización central en un foco de tensión que repercute en todo el país. Por ello la descentralización es una estrategia de estabilidad política, porque limita las posibilidades de conflicto nacional y por lo tanto no distrae los recursos que son necesarios para enfrentar la pobreza.

VII.4. Focalización.

Creemos que se deben mantener las políticas focalizadas pero debe evitarse el engaño metodológico que ellas puedan entrañar. Es indispensable focalizar el gasto social en aquellos que efectivamente son más pobres y los aspectos en que lo son. En este sentido, la focalización es un criterio adecuado. Sin embargo, no debe olvidarse que el Estado debe mantener funcionando sus servicios a niveles mínimos para otros sectores postergados de la población y que en ocasiones se requieren inversiones en infraestructura y mantenimiento que de no hacerse, llevan al sistema, en el mediano plazo, a un punto crítico para todos. Por ello abogamos por una aplicación de la focalización en una perspectiva más matizada.

VII.5. Integralidad.

Nuestro quinto criterio de orientación de la acción contra la pobreza lo hemos denominado integralidad. Este concepto lo apreciamos tanto en el origen de la pobreza mismo como en la necesidad de operar con un criterio integralista para superarla. En términos del diagnóstico de la pobreza podemos decir que ella tiende a potenciarse negativamente.

Los sectores más pobres no lo son sólo en relación a una carencia sino a un conjunto relacionado de ellas. Así el niño desnutrido está unido a una situación de cesantía del jefe de hogar; dificultades familiares; malas condiciones de vivienda, tardanza en recurrir a los servicios de salud por falta de medios o por motivos culturales como baja escolaridad de los padres, etc. En definitiva, podríamos decir que la pobreza es un círculo que se cierra cada vez con más fuerza, exprimiendo a quienes se concentran dentro de él. La pobreza es una totalidad que requiere también de políticas globales para ser ejecutada. La pobreza debe ser atacada en todas sus dimensiones porque a veces basta un eslabón no tratado para que ella se reproduzca. Por eso es que abogamos por la confluencia e interrelación de la aplicación de las políticas para obtener un mejor resultado. Estimamos que, cuando en la formulación y ejecución de las políticas se conjuga el quehacer de los ministerios de acción social, se obtiene un resultado que es superior a la suma particular que aporta cada ministerio. Por ello creemos que la integralidad lleva inscrita en sí misma la idea de eficiencia. En síntesis, la integralidad constituye una superación del concepto de pobreza tradicional que ve ésta sólo desde la perspectiva del manejo de un conjunto de indicadores cuantitativos.

Para nosotros la pobreza es un concepto cualitativo que tiene un sujeto: la pobreza, que requiere de una respuesta completa.

VII.6. Inversión Social.

Un principio que para nosotros es básico consiste en la inversión social en la gente. Este criterio está relacionado con la participación pero va más allá. Creemos que el Estado debe apoyar a los pequeños empresarios y microempresarios pobre que carecen de un conocimiento más amplio de su actividad, que necesitan de asistencia técnica y de un cierto capital de riesgo. Creemos que se debe alentar la actividad productiva independiente de, por ejemplo, los pirquineros, los pescadores artesanales y los talleres productivos en general. Pensamos que a través de este medio se genera empleo y se logra establecer un polo de desarrollo en los límites de la marginalidad, por así decirlo, que puede servir de punto de referencia para otros sectores pobres. Esta es una política que busca desarrollar la iniciativa privada popular en el campo productivo donde ya existen muchas experiencias como las que acabamos de visualizar. El sustrato básico que reivindicaremos es el del valor educativo y formador del trabajo que genera ventajas que no se limitan a la economía.

VII.7. Eficiencia.

Finalmente creemos que, si bien todos los criterios que hemos indicado apunta a la eficiencia y la potencian, es necesario referirse a ella en términos específicos. Pensamos que, en general, es necesario extraer el máximo de posibilidades de los recursos humanos y materiales en la acción del Estado contra la pobreza. El papel del Estado es clave en la superación de la pobreza, lo cual no quiere decir que la expansión de la burocracia por sí misma llevará a mejores resultados, ni tampoco que sea el único que pueda prestar los servicios sociales. El Estado puede desplegar un rol protagónico a través de un eficiente desempeño de su función como ente normativo, contralor, supervisor, ejecutor, y financiador de los servicios sociales, buscando complementar y potenciar sus acciones con las que impulse el sector privado. Al mismo tiempo es imprescindible que mejoremos los instrumentos para determinar la cantidad de pobres, su ubicación y el tipo de carencias que experimentan. No obstante, como ya lo hemos indicado, la eficiencia debe ser social y no tecnocrática. En otras palabras requiere del asentimiento y participación activa de los beneficiarios tanto en la determinación de las necesidades y prioridades reales como en las políticas a realizar. Una política "técnicamente" correcta, pero elaborada desde los escritorios de una oficina alejada de la valoración que los pobres hacen de su pobreza, está -condenada al fracaso, incluso en el caso que se alcancen los objetivos definidos "técnicamente".

VIII.Los actores en la tarea de superar la pobreza.

La política de superación de la pobreza que el país requiere, y para la cual existen las condiciones necesarias para llevarla a cabo con decisión y creatividad, es una política basada en la acción concertada de todos los chilenos.

La integración de todos los grupos y personas al desarrollo y a los beneficios del desarrollo, es una tarea de todos: del Estado y de la comunidad nacional.

El camino de superación de la pobreza en Chile que se propone en esta etapa, es el camino de la participación activa de las propias personas, familias y comunidades pobres en la superación de sus situaciones de pobreza, y el camino de la acción comprometida y responsable de los demás actores sociales ante la pobreza. En este camino, el papel del Estado es el de crear las condiciones que hagan posible y eficaces los esfuerzos de la, población pobre por salir de su situación. Y para esto la acción de la política social debe ser tanto un factor de desarrollo, como una acción de concertación entre el sector público y el sector privado.

La pobreza no se supera con esquemas paternalistas y asistencialistas, tampoco entregando al mercado la responsabilidad del bienestar social. Se requiere de un diseño participativo de la política social, en la cual se plasme la solidaridad y la responsabilidad que le cabe a todos los actores de la vida nacional en la superación de la pobreza en Chile.

Cuando hablamos de actores sociales, nos referimos tanto a aquellos de carácter tradicional como: trabajadores, empresarios, estudiantes, pobladores y otros, y a los nuevos actores que irrumpen con más fuerza en el escenario social como: la mujer y los adultos mayores. Por otra parte, en los últimos años, en Chile y América Latina asistimos a la emergencia de ciertos actores concretos como aquellos ligados al empleo informal y la lucha por la subsistencia ejemplificados en las ollas comunes, "los comprando juntos", los talleres productivos, etc. En ambos casos hemos visto aparecer la acción de organismos no gubernamentales que han prestado su apoyo y capacidad a los actores emergentes. Se podría decir que el nudo se dará en tomo al trabajo y a lo que éste posibilita: una posición y un modo de vida. En este sentido al Estado le cabe no sólo un papel supletorio en relación a la desigualdades más agudas que pueda generar el mercado, sino también una acción de promoción de los actores más débiles para que éstos puedan mejorar su capacidad de negociación. Las políticas para promover la superación de la pobreza requieren, hoy día, que el Estado en el proceso de concertación social considere a aquellos trabajadores informales, subempleados, o cesantes que carecen de representación sindical.

En este esquema, deberá darse especial énfasis a la tarea de avanzar hacia una política social en la que las personas beneficiarías de ella tengan un rol responsable y activo en todo el proceso.

Se trata que las personas, familias y comunidades destinatarias de la política social puedan desarrollar su capacidad de demanda ante la política social; de proposición en la decisión de la jerarquización, priorización y en el diseño social; de gestión en la ejecución práctica de la política social; y de evaluación de la misma, en una relación coprotagonica con el Estado e instancias gubernamentales involucradas en la política social.

Pero no basta con abrir la política social a sus beneficios, también hay que llevar a ella la participación responsable del conjunto de la sociedad. Se requiere, así, perfeccionar instrumentos y mecanismos que fomenten el involucramiento de otros grupos y organizaciones sociales en la ejecución de la política social.

VII.- Consideraciones y Recomendaciones finales para enfrentar la pobreza.

En esta última parte haremos una recapitulación acerca de nuestras principales afirmaciones en torno a la pobreza y presentaremos algunas recomendaciones para superarla. En este sentido estimamos que es necesario que todos los sectores políticos y sociales asuman la pobreza como un problema nacional prioritario y adopten las medidas tendientes a su erradicación.

Consideraciones:

1- Está demostrado que la pobreza es un problema nacional dada su envergadura y permanencia en el tiempo. Si bien hay diferencias en el cálculo del número de pobres y extremadamente pobres, existe consenso que su magnitud lo ubica como el primer problema social nacional.

2.- El análisis histórico muestra que, con dificultades, el Estado siempre -hasta 1973- buscó desarrollar políticas que permitieron reducir la pobreza. La legislación social de la década del 20, el desarrollo del sindicalismo, el proceso de reforma agraria y la Ley de Sindicalización Campesina, así como la Ley de Juntas de Vecinos y organizaciones de base tales como los Centros Juveniles y Centros de Madres, fueron iniciativas destinadas a robustecer el tejido social y la capacidad de negociación de los más débiles. Esta tendencia se vio interrumpida por el régimen militar.

3.- En el pasado inmediato se aplicó un esquema tecnocrático en una estrategia contra la pobreza, que no contaba con la participación de éstos en la superación de su situación. Al mismo tiempo, si bien la focalización en los más pobres es una política acertada, ella se utilizó para disminuir el gasto social global, la que constituye un retroceso de la acción pública en materia social. Diversas cifras así lo demuestran.

4.- El país cuenta con claras prioridades en materia de lucha contra la pobreza, aunque en el pasado no ha existido un tratamiento intensivo de ellas. A ello contribuye decisivamente el hecho de que la extensión, y características de ella son hoy claramente visibles a quienes no la padecen y a la comunidad nacional en general, a través de procedimientos y diagnósticos diversos.

2.- En el pasado se han internado distintas políticas y programas sociales, lo que nos permite, hoy día, el diseñar e implementar una política que llegue efectivamente a los más pobres, sea en el área asistencial o de inversión social.

En síntesis, Chile tiene hoy día una economía sana y existe la decisión de mantener los macroequilibrios económicos y los equilibrios macrosociales. En el pasado éstos últimos no fueron considerados sino a través de una política de represión de las demandas sociales. Hoy día estamos en situación de impulsar la concertación social que supone una actitud realista tanto del mundo empresarial como de los trabajadores. En democracia no es posible ignorar los desiquilibrios macrosociales sin que se dañen, simultáneamente, los equilibrios macroeconómicos. En el balance necesario de estos macrosistemas, social y económico, se debe optar para una decidida lucha contra la pobreza.

Recomendaciones.

Adoptar el compromiso formal de suscribir un acuerdo que compromete a sus signatarios a apoyar todas y cada una de las políticas conducente a la erradicación de los sectores más pobres y que se expresan en los siguientes lineamientos:

a) Fomentar el crecimiento económico que permita una mayor generación de riqueza para ser distribuida con equidad. Sin perjuicio de lo anterior, tomar todas las medidas que la urgencia requiere para los sectores pobres que necesitan de ayuda inmediata.

b) Redistribuir el gasto público de manera que el gasto social aumente notoriamente, en especial en aquellas áreas de políticas más sensibles para los pobres.

c) Propiciar que la comunidad asuma como primera prioridad la erradicación de la extrema pobreza, Esta sensibilidad debiera traducirse en la adopción de medidas normativas que dieran curso a la solidaridad social.

d) Promover la propia capacidad de los sectores más pobres para salir de su pobreza. Para ello tendrán especial importancia la participación de los pobres en la solución de sus problemas. En este mismo sentido, propiciamos un plan de inversión social en los más pobres, de manera que éstos puedan superar su situación de informalidad y puedan llegar a convertirse en microempresarios o pequeños empresarios. Para ello planteamos que el Estado debe proveerles de la asistencia técnica, comercial y financiera que se requiera.

e) Conciliar el carácter técnico que requiere la superación de la pobreza sin olvidar jamás el carácter concreto y personalizado que representa el pobre. Esto significa perfeccionar la focalización de los programas sociales en los más pobres, procurando tener medios de control de estos procesos de focalización. Al mismo tiempo los recursos serán utilizados al máximo de su capacidad.

f) Estudiar los procedimientos que permitan llevar a cabo una mayor descentralización de los recursos, con el objeto que los más pobres dispongan de los medios indicados para atender la solución de sus necesidades.

g) Tomar en consideración las carencias sectoriales de las que hemos dado cuenta, así como de las necesidades de determinados grupos sociales. Como lo destacáramos, la pobreza afecta mayormente a los niños, los jóvenes, las mujeres jefas de hogar y los adultos mayores. En consecuencia éstos son los grupos prioritarios dentro de los más pobres.

Sala de la Comisión, a 6 de diciembre de 1990.

Tratado y acordado con asistencia de los señores Montes, don Carlos (Presidente); Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo; Concha, don Juan; Cristi, doña María Angélica; Elizalde, don Ramón; Faulbaum, don Dionisio; Masferrer, don Juan; Navarrete, don Luis; Ojeda, don Sergio; Orpis, don Jaime; Ortega, don Eugenio; Palma, don Andrés; Rodríguez, don Hugo; Sota, don Vicente; Sotomayor, don Andrés y Tohá, don Isidoro. Se designó Diputado informante al señor Palma, don Andrés.

(Fdo.): José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión".

—o—o—

INDICE DEL INFORME DE LA COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA POBREZA EN CHILE

Materia... Página

Acuerdo que aprueba su creación...1

Señores Diputados que la integran...1

Se elige Presidente a don Carlos Montes...2

Números de sesiones celebradas...2

Pauta de trabajo...2

Nómina de especialistas invitados...7

Nómina de invitados de sectores sociales...8

Síntesis de intervenciones de especialistas...9

De doña Patricia Matte...

De don Alexis Guardia...15

De don Arístides Torche...18

De doña María Elena Cruz...26

De don Hugo Ortega...32

De doña Joan Mac Donald...35

De don Vitto Schiaraffia...36

De don Juan Eduardo García-Huidobro...39

De doña Patricia Lewis...43

De don Luis Larraín...45

De don Erik Haindl...50

Del General de Carabineros don Alfredo Núñez A.54

De doña Oriana Sancy...58

De doña Patricia Matte (2a. intervención)...65

De don Alvaro García...69

Audiencia Pública para escuchar a los sectores sociales...76

Documentos entregados en la Comisión...76

Principales Conclusiones de la Comisión Investigadora de la pobreza en Chile. 83 La pobreza es un problema nacional prioritario...83

Envergadura de la pobreza...87

Consecuencias de la pobreza...91

Las principales carencias sociales...99

- Salud...99

- Educación...105

- Vivienda...108

La situación de pobreza afecta con mayor agudeza a determinados sectores sociales...111

- Niños...114

- Mujeres jefa de hogar...115

- Los jóvenes...117

- Adultos mayores...118

Rol del Estado en la superación de la pobreza...121

Criterios básicos que deben orientar la acción del Estado...118

Estado...121

- Equidad...122

- Participación...123

- Descentralización...124

- Focalización...125

- Integralidad...125

- Inversión social...126

- Eficiencia...127

- Los actores en la tarea de superar la pobreza...128

Consideraciones y recomendaciones finales para enfrentar la pobreza...130

INFORME POBREZA EN CHILE

ANEXO - 1

(Actas de la 17a. sesión (especial) de la Legislación Ordinaria 1990, de la Comisión Especial Investigadora de la Pobreza en Chile, celebrada en miércoles 31 de Octubre, de 11:00 a 13:35 horas)

- Audiencia de los Sectores Sociales.

Acta de la 17a. sesión (especial) de la Legislatura Ordinaria 1990, de la Comisión Especial Investigadora de la Pobreza en Chile, celebrada en miércoles 31 de Octubre, de 11.00 a 13.35 horas.

Versión Taquigráfica

Se abrió la sesión a las 11:00 horas.

El señor Montes (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

El señor Montes (Presidente). Se reanuda la sesión.

La Comisión Investigadora de la Pobreza, para la información de ustedes, viene trabajando hace aproximadamente cuatro meses. Surgió de un acuerdo de la Sala de la Cámara, y su propósito es entregarle al conjunto de la Cámara de Diputados, un informe sobre las condiciones en que está el país al respecto.

Nuestra Comisión ha hecho un largo recorrido revisando los distintos estudios que existen y conversando con profesionales, especialistas en la materia, recogiendo los puntos de vistas de los distintos sectores políticos, y ya estamos culminando el trabajo.

Antes de cerrarlo, hemos creído fundamental conocer la opinión de los actores directos en tomo a toda la problemática de la pobreza. En razón de eso, hemos convocado a esta audiencia pública abierta, que permita conocer la visión que se tiene hoy de la situación de pobreza del país, así como también, lo que ustedes creen que se debe hacer respecto a este problema, y la experiencia concreta que están desarrollando.

Nosotros sabemos de que para esto se requeriría de un largo tiempo de diálogo, de debate. Este no es un seminario, sino que más bien se trata de que cada uno de los presentes entregue su visión de una manera bastante sintética, que pueda acompañarlo con todos los documentos que les parezca pertinentes, pero que sea una visión sintética. Aquí hay un señor taquígrafo, que va a tomar nota exacta de lo que diga, que haya una intervención, por lo tanto, en los tiempos acordados. Lamentablemente vamos a tener que ser bastantes estrictos, porque, de lo contrario, no alcanzaríamos a hablar todos los presentes.

Para nosotros, esta audiencia es muy importante antes de culminar el trabajo de esta Comisión, ya que esperamos tener el informe en la Sala de la Cámara el día 13 de Noviembre.

No esperamos acá un debate entre las distintas posiciones, no se trata tampoco de que haya manifestaciones a favor o en contra de un planteamiento, sino que más bien, que cada organización se exprese en lo que piensa, en la experiencia que tiene, en lo que propone, dentro del marco restringido de tiempo que nos hemos dado.

Iniciaríamos la sesión con la intervención de la Confederación Solidaridad y Trabajo, que entiendo que la va hacer don Samuel Bermedo.

Tiene la palabra don Samuel Bermedo.

El señor Bermedo, don Samuel (Confederación Solidaridad y Trabajo). Buenos días. Quiero presentar a quienes me acompañan. Está con nosotros Griselda Núñez, "La Batucana", Secretaria General de la Confederación y Presidenta del Sindicato de Temporeros de Batuco; Norma Campos, Presidenta del Sindicato de Comercio Sin Permiso, de la ciudad de Rancagua, y Juan Gatica, Presidente del Sindicato de Recolectores de Papeles y Cartones, de la Comuna de Peñalolén.

La verdad que el nombre de nuestra Confederación no es una casualidad. Jareemos que Solidaridad y el Trabajo es la solución para el problema de la pobreza. Los pobres necesitamos solidaridad de aquellos que tienen más hacia los que tienen menos. La Solidaridad, particularmente, nos preocupa para dos sectores.

El primero, son los niños. Para ellos se debe asegurar alimentación en calidad y en cantidad, del Plan Nacional de Alimentación Complementario, del Servicio Nacional de Salud, para todos los niños que se encuentren en situación de extrema pobreza, como una forma de asegurarle la igualdad y la oportunidad ante la vida y la educación.

El segundo sector que nos preocupa son aquellos trabajadores mayores de 55 años, los que por muchos años han estado dentro de los índices de pobreza y sin un trabajo estable. Su posibilidad de lograr un trabajo estable es muy difícil, y, por consiguiente, sus posibilidades de ahorro previsional son muy pocas. Por lo tanto, mejorar sus condiciones de vida, también son muy escasas. Sus esperanzas de vida dependen de una actitud solidaria de parte de la sociedad, otorgándole una pensión a quienes se encuentran en dicha edad, 55 años.

Respecto al trabajo, creo que en el corto plazo, no es posibles la creación de una gran cantidad de industrias, pero, además, no todo se resuelve con la creación de industrias, porque para una gran cantidad de trabajadores, por su edad, por su falta de especialización, falta de estudio, o por la pérdida de su habilidad manual, se les reducen sus posibilidades de trabajo en la industria moderna, debiendo emigrar a trabajar en forma independiente en un trabajo subvalorado.

Es en esta etapa donde creemos que las Oficina de Colocaciones Municipales deben jugar un papel mucho más activo, en la relación laboral entre trabajador y empleador.

También existe una gran cantidad de trabajadores que, por muchas razones, no encuentran trabajo en la industria formal. Muchos de ellos son los que hoy recolectan papeles y cartones en la vía pública o en las colas de las ferias de las comunas, o también se dedican a reparaciones domésticas, conocidos como los “pololitos”, como también servicios domésticos, como el encerado, lavanderas, todos esos trabajos conocidos.

Por ello consideramos que se debería hacer un diagnóstico más preciso en la situación del empleo. Por lo tanto, proponemos, que se haga un catastro de todos los recolectores de papeles y cartones, de los vendedores ambulantes sin permiso en la vía pública, de los "pololeros", de las lavanderas, que incluya lugar de residencia, situación socio-económica y número de hijos. Esto permitiría aplicar soluciones a las comunas de las cuales provienen y mejorar las condiciones de trabajo de algunos de sus empleos.

Creemos que hoy no son precisas las encuestas que se realizan con respecto a este tema, porque basta que una persona trabaje una hora para ser considerado trabajador. Lo que nosotros queremos es que se estudie la situación socio-económica de estas personas.

También creemos que una solución sería entregar capacitación, orientada a que estos trabajadores desarrollen mejor sus oficios y puedan tener mayores ingresos, para salir de la pobreza.

Asimismo, creemos que debe haber un trato más digno para aquellas personas que ejercen el comercio en la vía pública, al igual que los recolectores de papeles y cartones. Creemos que la infracción que cometen al estar recolectando cartones y papeles, o haciendo comercio en vía pública, no es causal para usar violencia, que la infracción que comete es similar a los que cometen una infracción por la ley de Tránsito, o sea, quien pasa con luz roja, está cometiendo una infracción. Quién recoleta papeles, también una infracción, pero hoy día tenemos antecedentes que la violencia que se aplica por estar recolectando o estar vendiendo, es mucho mayor contra estos trabajadores.

Creemos que se debe legislar, como una solución, para incorporar la contratación de auxiliares en la locomoción colectiva urbana, que permita crear nuevas fuentes de trabajo.

El señor Montes (Presidente). Señor Bermedo, estamos en el tiempo, lamentablemente.

El señor Bermedo. Y como último punto, proponemos la creación de guarderías infantiles nocturnas para los hijos de los trabajadores recolectores de cartones, para que estos trabajadores no anden con sus hijos realizando ese trabajo en las noches por la vía pública, para que esos hijos no sigan el mismo destino, como es, en el que hoy trabajan sus padres.

Gracias.

El señor Montes (Presidente).

Gracias, señor Bermedo.

Interrupción en la Sala.

Una señora Asistente. A todos los presentes, un saludo honorable. La pobreza es evitable, lo reafirma la gente. Buscar algo urgente y no colocamos espinas. No reclamamos propinas, ni moneda regaladas. La solución está dadas. Nosotros aquí la planteamos, diciéndonos hoy en día, solucionar la cesantía no admite dilaciones.

El señor Montes (Presidente).

Gracias.

El señor Bernardo Panchillo tiene la palabra.

La señora Cristi. El señor Guerra primero, y el señor Panchillo, al final.

El señor Montes (Presidente), muy bien, el señor Guerra, entonces.

El señor Sergio Guerra. Muy buenos días, señor Presidente. En estos momentos represento a dirigentes de juntas de vecinos. Me encuentro con la señora Blanca Gutiérrez, dirigenta, y la señora Adriana Galleguillos, dirigenta también.

El problema de nosotros, en esta Comisión de la Pobreza, si más vale una denuncia, o qué pueden hacer ustedes, por lo que puedo decir yo. No vengo a ofrecer ni a prometer ni a dar idea de cómo se puede solucionar. Bien dicho, soy dirigente vecinal.

Nosotros tenemos un problema, de que toda la organización parte en base a un buen funcionamiento de las unidades vecinales y las juntas de vecinos.

¿Qué sucede en estos momentos? Eso es lo que quiero aclarar un poco, desgraciadamente, el tiempo es corto.

Nosotros, como representante de la junta de vecinos del distrito 24, La Reina, Peñalolén, queremos denunciar que a raíz de la democratización de la juntas vecinales, que a nuestro parecer, es lo correcto, se ha prestado, sobre todo en nuestra circunscripción, para una excesiva politización, en desmedro de los vecinos que realmente, en forma independiente de colores políticos, desean trabajar para su comunidad.

Por ejemplo, en las reuniones para nominar candidatos, eran tan concertadas con activistas políticos. Los cuales aplicaban el estatuto de la ley 16.880 eliminada, y parte de la nueva ley 18.893, realizando elecciones totalmente viciadas, con el objeto de ganar los cargos directivos por sobre las personas que querían ser dirigentes para todos los vecinos, sin distingos políticos.

El otro problema. Se atacan a las juntas de vecinos nuevas, las cuales se han creado solamente con el fin de resguardar los intereses de los pobladores que deseamos surgir con nuestro propio esfuerzo, y, por supuesto, con la ayuda del Gobierno.

Ahora, qué sucede con los dirigentes politizados, que aspiran sólo a ocupar los cargos para medir fuerzas políticas, y en ningún caso su objetivo es trabajar por sus juntas de vecinos, en favor de los adelantos que desea cada familia para vivir un poco mejor que antes.

¿Porqué?. Porque en todas las juntas de vecinos, esto, desgraciadamente, como dirigente antiguo, en este instante democratizado, duele de que sean puestas personas en forma política dentro de las directivas.

En nuestra circunscripción, se han hecho 24 elecciones, de las cuales le voy a decir que da pena, son totalmente viciadas, y lo peor, que casi ya no quedan, de los seis dirigentes que han salido, estarán trabajando tres, y eso que llevamos dos meses recién. ¿Por qué? Por la forma politizada.

Y gente que quería trabajar en forma independiente, gente que es buena, que quiere trabajar, no ha tenido oportunidad de llegar a ocupar un cargo, porque es tan politizado, que esa gente no quiere participar en desmedro de los vecinos. Entonces, ahí considero que nosotros pedimos, como sabemos que hay un proyecto de ley, que se hagan nuevas elecciones totales, donde realmente participen los vecinos, porque...

El señor Montes (Presidente). Se acabó el tiempo, señor Guerra. Si quiere redondea la idea.

El señor Guerra. Lo que sucede es que en este momento se han hecho elecciones, donde se quiere la participación. Se han hecho elecciones donde han votado 180 personas, donde deberían votar 2 mil. Donde votaban 6 mil, votan mil, o sea, la gente no participa por el exceso de politización. Nosotros queremos ver la forma de que se hagan nuevas elecciones, y ojalá participemos todos, porque esto da vida a toda la organización que existe dentro de una población.

Es lo que quería decir.

El señor Montes (Presidente)

Muchas gracias, don Guillermo.

El señor Alfredo Galdámez. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que tenemos para dar a conocer nuestras ideas respecto del tema a que se nos convoca. Quiero presentar a la señora Carmen Cifuentes, dirigente de la Población "La Legua"; a Luis Orlando Cortés, Presidente de la misma población y de la Unión Comunal de esa zona; a Raúl Ibazeta, dirigente vecinal de la población La Pincoya; a René Escobar, dirigente de Recoleta; a Ernesto Abarca, dirigente de Los Almendros y Presidente de la Junta de Vecinos de la zona, y al señor Adrián Luna, dirigente de la Unión Comunal de San Joaquín.

Indudablemente, quienes vivimos en sectores populares somos parte del mundo de la pobreza y por tanto tenemos una experiencia vivida y real que contar. Es evidente que la pobreza ha existido en Chile desde hace muchas décadas y es también muy claro que la forma en que los distintos sistemas de gobierno la abordaron fue indudablemente muy distinto. Quienes hemos vivido en estos sectores, hemos podido comprobar que antes de 1973, la forma en que se abordaba el tema de la pobreza era poco seria y la forma más adecuada de hacerlo fue por la vía de la demagogia, o sea, promete soluciones fáciles a las personas que vivían en esta situación. Evidentemente que la herencia recibida de aquella época fue bastante aguda. Podemos comprobar que los campamentos, fueron la herencia más notoria, forma en que se expresó la agudeza de la extrema pobreza: eran lugares insalubres, sin iluminación, sin agua potable ni alcantarillado, con un pilón de agua cada una cuadra y, en muchos casos, ni siquiera con una mediagua de madera mínima, donde la gente pudiera vivir. Eran las llamadas poblaciones callampas, con cartones y nailon. Es evidente que hoy también existe mucha pobreza y sigue existiendo, porque no podemos de conocer que somos una nación subdesarrollada, un país que está progresando y que para erradicar definitivamente la pobreza debe alcanzar estados de desarrollo más elevados. Esa será en definitiva la forma real y objetiva de abordarla.

Es claro también que después de 1973, por primera vez en Chile, se comenzó a abordar en forma técnica y profesional el tema de la pobreza. Se elaboró un mapa de extrema pobreza usando técnicos democratacristianos, precisamente quien hoy ocupa el Ministerio ODEPLAN fue quien elaboró la técnica para trazar el mapa de extrema pobreza y se pudo determinar que en Chile había un veinte por ciento de la población -casi tres millones de chilenos- que vivían en extrema pobreza.

Es poco serio sostener que un gobierno u otro ahondó o agudizó la pobreza, porque es indudable que ella se radica en Chile desde hace muchos años. Es evidente que el gobierno anterior comenzó a abordar en forma técnica este problema y, por primera vez, se elaboraron políticas integrales que buscaron acatar los males de raíz, con políticas a largo plazo, que no buscaban el voto fácil, como ocurría fundamentalmente en el pasado. Por eso me parece extraordinariamente importante perdurar en estas políticas técnicas y profesionales, que tuvieron como base la focalización del gasto social. ¿Qué significa eso?, Que los recursos que el Estado destinaba al gasto social comenzaron a entregarse a sectores que vivían en una pobreza aguda.

Nos parece fundamental mantener esa política y velar por la objetividad de los programas sociales, situación que visualizamos con temor que pudiera no seguir ocurriendo y comparto la apreciación que hacía el dirigente Guerra, en términos de que una de las fórmulas a través de las cuales asegurar que este tipo de políticas se siga aplicando en forma eficiente es precisamente por vía de asegurar la participación de todos los vecinos organizados para dar solución a los problemas. Nos parece que la única forma de asegurar esa participación es mediante la posibilidad de que los vecinos puedan formar todas las organizaciones vecinales que les parezca aconsejables. Hay que confiar en la libertad de los vecinos para elegir sus organizaciones, porque en la medida que sigamos abordando el tema de la participación a través de las políticas e ideas socialistas, necesariamente vamos a caer en que van a participar -como él muy bien describía- exclusivamente los grupos políticos interesados o más activos y que normalmente no representan a las grandes mayorías de vecinos que, a pesar de que puedan tener una diversidad de opiniones, e incluso como hoy ocurre a muchos de ellos, pueden ser partidarios del actual Gobierno, pero no están dispuestos a que su organización vecinal se politice y tengan que asistir a asambleas políticas, en circunstancias de que lo que realmente se necesita, es solucionar los problemas.

La señora Núñez (Presidenta de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores). Primero, saludo la iniciativa, porque nos parece importante escuchar la opinión de los propios afectados, en un tema que debe unir a todos los chilenos para buscar soluciones en conjunto.

Para nosotros la esencia de los derechos humanos consiste en asegurar a los individuos la posibilidad real de gozar de los bienes y valores de que dispone la sociedad. Este debe transformarse en el sentido central de todo estado civilizado y de quienes sean elegidos democráticamente para gobernar. Pero esto no ha sucedido y hay que decirlo. Un modelo económico que se ha impuesto a sangre y fuego durante estos últimos años en nuestro país, ha dejado la destrucción en las organizaciones sociales y el sistema que significa el trabajo, elemento principal para el desarrollo de cualquier familia o sociedad. Se implementó con el famoso sistema de la focalización, la marginación y segregación y hasta los "ghettos" poblacionales. Se debe definir y llevar a cabo una política económica al servicio de Chile y de los chilenos; propugnar una moratoria de la deuda externa y una justa renovación de devolver al Estado el papel de agente propulsor del desarrollo económico en beneficio de las grandes mayorías nacionales; realizar una drástica redistribución de los ingresos en favor de los trabajadores y, en especial, de los sectores que viven en extrema pobreza, terminando con la cesantía, el subempleo y la subexplotación, es decir, promover una política económica democrática, profundamente social y solidaria que vaya en beneficio directo del desarrollo del país y de la solución de los urgentes problemas del pueblo. En suma, decir que cada día que pasa, muchos hablan de la pobreza, pero lo hacen en cifras. Para vivir la pobreza y para sentirla, hay que visitar una familia cuando no tiene qué comer y se siente el dolor en el estómago vacío y cuando se está impedido de alimentar a sus hijos; cuando tiene que hacer cola a las seis de la mañana para el consultorio y juntar las monedas para que sus hijos que están en la enseñanza superior puedan asistir a sus clases. Entonces, lo que pedimos frente a esta situación extrema es más sensibilidad, pero también acciones concretas que permitan salir de esta situación que estamos viviendo.

También tenemos muy claro que este es un legado que nos ha dejado una dictadura que hemos tenido que soportar durante casi diecisiete años y, para eso, queremos que decir que, independientemente de los problemas que hoy tengamos en la actitud de este pueblo chileno damos soluciones reales. Creo que hoy día, a los honorables Diputados que están aquí, les corresponderá legislar, apoyar las múltiples iniciativas y experiencias que un pueblo, a pesar de todo esto y de lo dañino que ha sido esta dictadura, hemos sido capaces de sobrevivir y de avanzar con iniciativas propias también en esta múltiple experiencia. Decir simplemente de que en este proceso para nosotros es muy importante que se ataque a fondo el problema; y en eso consisten y coinciden varios elementos que nos interesa recalcar, sobre lo cual entregaremos un documento como en la situación de la salud, alimentación, educación, el empleo, la vivienda, la recreación y la cultura, porque creemos que también es derecho legítimo de los pobres acceder a niveles superiores de la cultura. Y en esto creemos que un aporte importante para exterminar la pobreza, para exterminar la dominación y la utilización que se ha hecho durante muchos años de la pobreza, creemos que debe ser urgentemente propugnada en este Parlamento, la ley para la elección de alcaldes y regidores democráticamente elegidos.

El señor Montes (Presidente).

Muchas gracias.

Le restan dos minutos, si desea intervenir después.

El señor Julio Heraldo. Vengo de Valdivia, campamento "Chorrillos", soy un poblador que represento a la ciudad. Una pobreza terrible tenemos allá; las casas son sumamente chicas; en el invierno, mucha gente que no tiene techo, le pone cubiertas de nailon a las casitas y con el temporal se pasan de agua y mucha gente ha despertado con sus camas mojadas. Tenemos el problema de la luz allá, que la mayor parte del tiempo se corta y demoran dos o tres días en darla. Estamos noches enteras sin luz. Otro problema es el agua, porque hay tres pilones para mil doscientos habitantes y acarreamos el agua como podemos y de a poco.

Eso sería todo

El señor Montes. Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Bernardo Panchilla.

El señor Panchilla. Honorable Cámara, pequeños comerciantes distrito 24, La Reina, Peñalolén. Los pequeños comerciantes del distrito 24, nos dirigimos a ustedes a la Honorable Cámara de Diputados para solicitarles un reestudio en cuanto a leyes se refiere sobre impuesto único y extensión de boletas, en relación a ellos concretamente quiero señalar que ustedes como legisladores los invito a pensar y detenerse en los alimentos y hortalizas de primera necesidad que a diario consumimos en nuestros hogares chilenos. En estos últimos meses del año los pequeños comerciante hemos estado pasando por grandes desagravios con los señores de Impuestos Internos en la feria de Lo Valledor y en la Vega Central de Mapocho. Ya que ellos multan a los pequeños indefensos comerciantes por transportar hortalizas sin su respectiva boleta. Quiero señalar que algunos señores, pequeños agricultores o productores, no poseen estos documentos.

Señores Legisladores, nosotros los pequeños comerciantes creemos que para ayudar a nuestros compatriotas, consumidores de escasos recursos de las poblaciones a las cuales pertenecemos, deben quedar exentas de boletas todas las hortalizas producidas en nuestros campos chilenos, pagando un impuesto anual, como solución al problema, ya que es complicado vender lechugas y hacer boletas a la vez, porque se atiende a gran cantidad de público al mismo tiempo. Estas son las zanahorias, las lechugas, las acelgas, el repollo, la coliflor, las espinacas, el cilantro, el perejil y otros.

Por encargo de nuestras bases, solicitamos a ustedes que se siga el camino de la importación de la ropa americana, ya que ello, por su calidad y costo, constituye un beneficio y está al alcance de nuestros bolsillos.

Los pequeños comerciantes solicitamos a ustedes que, dentro de las leyes que se discuten, se introduzca protección policial en las poblaciones o barrios populares. Esto significa un aumento de vehículos que recorran el interior de las poblaciones.

Señores Legisladores, ésta es la gran oportunidad para mí y no quiero dejarla pasar, y esta es la ocasión de hacerlo. En el nombre de los pequeños comerciantes y artesanos establecidos y ambulantes, le decimos que necesitamos plena libertad para trabajar y establecemos en lugares adecuados, con permiso municipal, en donde podamos vender nuestro producto sin obstáculos. Esta es la mejor forma de ayudar a los más necesitados, dando oportunidad de trabajo.

Finalmente, quiero decirles que en el año 1973 y 1974, yo era muy pobre, trabajaba en el empleo mínimo, pero gracias a Dios y a la plena libertad de trabajo que me ofrecieron como artesano en muebles de coligüe, instalándome en ferias artesanales, en distintos lugares de mi país, como fruto de mi trabajo me pude comprar una camioneta y un teléfono particular. Esta es la gran ayuda que recibimos del Gobierno anterior.

Hoy en día, los pequeños comerciantes y artesanos establecidos y ambulantes, pareciera que estuvieran recibiendo otra cosa.

Hay enamorados que prometen portarse bien, les ofrecen una y otra cosa y cuando ya han conquistado su presa, se olvidan y se hacen los desentendidos, como que no escuchan. Ojalá el Gobierno y ustedes no caigan en el error del enamorado. Mi lema es: mejor es trabajar que robar, no ser un vago ni un limosnero ni caer en los malditos vicios del vino y de la droga.

He dicho señores, muchas gracias y espero plantear muchos otros problemas en la próxima invitación, si así fuera, muchas gracias.

El señor Montes (Presidente). Muchas gracias señor Panchilla. Habló cuatro minutos.

Las personas que ofrecen documentos, puede hacerlos llegar al Secretario de la Comisión.

Tiene la palabra la organización Compartiendo la Mesa. Tiene 5 minutos.

Una representante de la Organización Compartiendo la Mesa. Vengo en nombre de una iniciativa que lleva ya en vida cinco años, del año 1986, y que ha querido de alguna manera trabajar con bastante profundidad el tema de la pobreza, pero sin duda, su punto de partida ha sido, muy especial, porque esta iniciativa ha contado con el alero del Instituto Apostólico Juan 23, y corresponde a un grupo privado de personas, que se han sentido profundamente tocadas por el problema de la extrema pobreza, y, específicamente, en su origen, por el tema del hambre. Esta instancia de campaña, “Compartiendo la Mesa", que hoy está alcanzando los caminos de transformarse en corporación privada, ha trabajado, básicamente, durante estos cinco años en dos ámbitos de acción.

El primero, se refiere, fundamentalmente, al ámbito de las comunicaciones y la información. Nosotros partimos de un convencimiento fundamental, creemos profundamente que el tema de la pobreza no se va a resolver, en verdad, sólo a partir de las cifras frías de la estadísticas, sino que creemos que el tema de la pobreza tiene un rostro educativo y tiene un desafío de encontrar a los dos mundos que han estado divididos por mucho tiempo en nuestro país. En esa perspectiva, esa es una de las principales funciones de nuestra campaña: educar la solidaridad. Creemos en el reencuentro de estos dos mundos y en el reencuentro de este país a partir de la solidaridad.

Lo otro, se ha referido, básicamente, al área de apoyo a las iniciativas populares de autoayuda, que ha sido otra característica, otro perfil que la campaña ha querido dar, en el sentido de no tener un enfoque paternalista con respecto al tema de la pobreza, sino que, básicamente, una iniciativa de apoyo a aquellas organizaciones que han tomado iniciativas propias de autogestión y de autoayuda. Nuestra campaña atiende en este minuto, básicamente, alrededor de las organizaciones de ollas comunes, pero no se restringe exclusivamente a eso. Reconocemos que la olla común ha sido una instancia importante, desde el punto de vista que ha sido un esfuerzo organizativo fundamental de los sectores populares. Creemos que es un motor importante, desde ese punto de vista, pero no es lo único. Hemos trabajado, básicamente, con un número de trescientas ollas comunes, es decir, cubrimos o aportamos iniciativas que corresponden a alrededor de treinta mil personas, además de comedores y jardines infantiles. En síntesis, aportamos alrededor del 12 o 15 por ciento de las raciones que pueden producir las ollas comunes. Ahora, tenemos algunos desafíos que queríamos compartirlos y de alguna manera hacerles parte. Nuestra campaña, en función de esta línea educativa, cree que el tema pasa por un cambio de actitud de población con respecto al tema de la pobreza y trabajamos en tomo a una red solidaria, una red adherente, que en este minuto cubre dos mil personas que aportan mensualmente parte de sus ingresos a apoyar iniciativas populares.

Lo otro, evidentemente, es que nos interesa lo educativo en tomo a los medio de comunicación. En eso, dos líneas: una, el trabajo hacia afuera. Estamos muy interesados y abocados en tocar los medios de comunicación masivo.

Lo otro, es que la campaña ofrece toda Su cobertura para hacer puente en torno a la capacitación de los sectores populares. No vamos a resolver nosotros cuáles son las necesidades, pero si nos ofrecemos como puente para ser canal en torno a la búsqueda de los recursos humanos que sirven para la función o la capacitación popular.

En términos concretos, queríamos hacer una invitación, que la queremos formular después, con los canales adecuados, a un encuentro de todos los parlamentarios que están sensibles al tema de la extrema pobreza, a compartir con el mundo de las ollas comunes y con el mundo popular. Ese encuentro, pensamos, debe ser en el mes de diciembre. Veremos la forma de hacerlo e implementarlo, pero creemos que tenemos que sentimos tocados humanamente por el tema de la extrema pobreza, más allá de los discursos el tema ya está suficientemente agotado.

Lo otro, de alguna manera sugerir que, dentro de la legislación que se pueda establecer en el tema de la extrema pobreza, ver la posibilidad, así como hemos tenido preocupaciones, porque los medios de comunicación destinen algunos minutos a difundir nuestro folclor, creo que es urgente, también, que los medios de comunicación se sientan con la prioridad hoy de dar un espacio sobre el tema de la extrema pobreza, es decir, una franja que se dedique especialmente a comunicar los problemas, de tal manera, que se dedique especialmente a comunicar los problemas, de tal manera, de generar un cambio de actitud en la población chilena con respecto a nuestro tema.

El señor Montes (Presidente), Tiene la palabra la señora Graciela Córdova, por cuatro minutos.

La Señora Córdova, doña Graciela. Soy representante de la junta de vecinos de la comuna de Lo Prado. Considero que el ahorro en este minuto es muy alto para una vivienda básica, sobre todo, en una familia que tiene un ingreso familiar muy bajo.

Para postular se puede hacer con tres o cuatro mil pesos, pero para la selección se necesita tener 8 U.F., que son, aproximadamente, cincuenta mil pesos. Y la gente que opta por una vivienda progresiva que, según el señor Ministro de la Vivienda, será una primera etapa, un pedazo de terreno, con una caseta sanitaria, tiene que tener 3 U.F., para entrar a la selección. Puede ser que la persona puede pasar dos años con un depósito de dos mil o tres mil pesos y no va a ser seleccionada. Son aproximadamente 20 mil pesos para obtener esa caseta y el pedazo del terreno ¿Esas personas, en qué condiciones van a vivir? No tienen casetas, tienen que hacer traslados, porque hay comunas que no tienen terrenos para ese subsidio para esta vivienda progresiva.

Le pediría a la Comisión de Vivienda, que debiera sacar al Gobierno un compromiso si realmente va a cumplir la segunda etapa de la vivienda progresiva ¿Qué pasa con los campamentos?, ¿Operaciones sitios donde se han construido casetas sanitarias? ¿Por qué no se le ha dado la oportunidad a esos pobladores para que postulen a la segunda etapa y terminen su casa?.

En los otros Gobiernos siempre se les dejaba el 5% de disponibilidad al señor Ministro de la Vivienda, para casos de emergencia y hoy, según el artículo 10 de este reglamento, podrá alcanzar hasta el 50%. O sea, que en un conjunto habitacional donde se construyan 2 mil viviendas, solamente, se entregarán mil viviendas y las otras serán entregadas en forma política o será indiscriminada, porque no tiene objeto postular a una vivienda si el 50% va a quedar para el Ministro de la Vivienda.

En el Gobierno pasado las personas que tenían sitio, que se llamaban "operación sitio", y pudieron cancelar el sitio, había un subsidio que se llamaba subsidio tradicional. Se unificó con el subsidio unificado y hoy estas personas no pueden optar a ese subsidio, porque siguen postulando y no salen llamadas, porque se ha dado preferencia más al subsidio unificado. Era una gran solución para las personas, porque se le construía en el mismo sitio y, sin bien era cierto que era una casa chica, de 33 metros cuadrados, que fue muy criticada, pero era una vivienda digna, donde las familias podían vivir en otra forma más decente, no como lo que se está ofreciendo ahora, un subsidio progresivo, que sería retroceder. Gracias, señor Presidente.

El señor Montes (Presidente). El señor Luis Cortés tiene la palabra por cinco minutos.

El señor Cortés. He escuchado con mucha atención los problemas de cada expositor hasta este momento.

Al usar mi tiempo quiero referirme a los problemas más contundentes. Felicito a la Comisión y ojalá y Dios quiera que esta Comisión de Pobreza también vea los problemas que en esta Sala se han comunicado. Me refiero a la extrema pobreza, en la que, más adelanté, podremos volver a caer. El sistema económico, creemos los pobladores, en representación de las poblaciones más marginales, creemos que no está muy adecuado al sistema económico que se está llevando a través de este país. Creemos, también, a la vez, que si bien es cierto, criticamos extremas pobrezas al pasado; creo que hoy día no hemos retrocedido en esta pobreza, que mucho se critican y volvemos con la misma canción del pasado. Automáticamente, les preguntaría a todos los parlamentarios, sean de la tendencia que sean, a los representantes poblacionales, si esta pobreza ha retrocedido o ha aumentado. Creo que con el sistema político, con el sistema económico, que se está llevando hoy día en el país, estamos aumentando más la pobreza y les digo que con estas condiciones en pocos meses más, si se critica, al pasado de cinco mil o más pobres, pienso que vamos a llegar a una cifra mucho más alta, porque lo estamos viendo bien claro, no hay bolsillo o presupuesto que esté ganando cada obrero hoy día, que resista estas alzas exorbitantes que se están produciendo en este país. Ahora, con respecto a lo que ha dicho mi antecesora, el problema habitacional, ¿Qué de los allegados críticos va a poder optar a una habitación, a una casa digna de un chileno? Ninguno. Por ejemplo, del sueldo mínimo, de los veintiséis mil pesos, con los descuentos, quedan ganando veintiún mil pesos?. No alcanza, puesto que todas las cosas han subido tres o cuatro veces más. Creemos que este problema no se ha tomado con seriedad, que es lo que dijeron algunos antecesores. Creo que es el momento que los señores legisladores, en conjunto, y dejémonos de estos "tirones de orejas" y de recordar de que tú tuviste la culpa, igual que los cabros chicos, que la tuviste tú, que tú fuiste el culpable. No señor, el pueblo de Chile ha votado por sus parlamentarios para que legislen en favor del pueblo, en favor de uno y de otro, que no hayan disparidades, que se favorezca a las situaciones de los allegados de las poblaciones más críticas, de las poblaciones más marginales. Hoy en día, estamos sufriendo a pasos agigantados, este fenómeno que está abrumándonos y que está pisando la pobreza y más pobreza el día de mañana, si nosotros se nos está allegando. Como dije, anteriormente, los problemas no se solucionan con criticarlos; tenemos que unimos como buenos chilenos, aceptar las buenas críticas y aportar lo mejor que tengamos de nuestros conocimientos. Tenemos confianza, por algo se votó por los parlamentarios. Tenemos confianza y está bueno que ya nos dejemos de este tira y encoge. Todos tenemos que aportar, para que este Chile no caiga y no llegue al socavamiento que tuvimos. Es triste, ya lo hemos sufrido, y no queremos que esto vuelva. Queremos colaborar, porque los dirigentes poblacionales ya estamos viendo la cesantía. Ayer o anteayer, en la televisión el dirigente, los máximos de Machasa, indudablemente, doscientos treinta obreros para la calle. La cesantía se viene agudizando día a día. Las industrias ya me parece que no tienen confianza en este pueblo para que se creen más industrias. Estamos pidiendo mil cosas, ¿pero qué pasa con lo laboral?. Si no tenemos más industrias, no vamos a tener trabajo; va a haber más cesantía y si no hay mejores salarios, es porque no van a haber más industrias. No hay mejores salarios, vamos a tener más pobreza. No vamos a tener viviendas, porque ya pasó, en aquella época, en que se criticaron mucho las cajitas de fósforos, pero, gracias a Dios, gracias, lo digo, en representación del sector en que yo vivo: La Legua, gracias a eso, más de trescientos allegados críticos se salieron con sus casitas propias, con mil, con quinientos pesos. Hoy en día, jamás, en esta situación, en estas circunstancias, así como va esta economía, mal llevada de este país, no vamos a poder acrecentar y no vamos a poder golpear ni vamos a poder terminar con esta pobreza, porque cada día esta pobreza está agrandándose mucho más.

Muchas gracias.

Aplausos en la Sala.

El señor Montes (Presidente).

Muchas gracias, señor Cortés.

Yo les pediría a los señores dirigentes que mantuviéramos los términos en que hemos planteado este diálogo. No queremos hacer aquí proclamaciones de otro tipo; queremos dialogar, oír la opinión de los dirigentes, a partir de la experiencia, la vivencia y creo que no corresponde un momento de aplausos.

Tiene la palabra Carolina, de la Coordinadora de Ollas Comunes.

La señora Hucke (doña Carolina). Mi nombre es Carolina Hucke, vengo de Isla de Pascua, represento a la comuna de La Florida.

El señor Montes (Presidente). Tiene cinco minutos.

La señora Hucke (doña Carolina). Me gustaría, primero que nada, presentar a las personas que vienen representando a la Comuna de la Florida y los trabajos que en ese sector realizamos.

Si hablo mal mi castellano, espero que me disculpen. Como yo le expliqué denantes, vengo de Isla de Pascua, así que voy a tratar, lo mejor posible, de hablar bien el castellano.

La señora Anita, ella es de la Coordinadora Villa O'Higgins y la que sigue, representa a la Coordinadora Villa O'Higgins, pero en Talleres Productivos. A continuación, las señoras también son de Talleres de Arpilleristas, de la Comuna de La Florida y, más, en la otra fila, más atrás, la señora Lucy, representa al Comando de Ollas Comunes a nivel nacional.

He escuchado muchas cosas. He escuchado muchas opiniones. Hablan de la pobreza.

Felicito a las personas que formaron esta Comisión, y si digo que estamos hablando de la pobreza, creo que la cosa tiene que tomar un valor muy profundo, humano. Si empezamos a decir quién es quién, creo que en nuestra tarea como dirigentes, no hemos aprendido. Pienso que la forma de aprender esta tarea, es juntar, mirar, enfocar con mucha atención, tal como el señor planteó hace un minuto, pero con bastante delicadeza. Cualquiera de las que están en esta Sala, sentadas, presentes, están representando a un tema tan importante, que se llama pobreza en Chile. A lo mejor algunas personas no toman muy en serio la palabra pobreza. Vengo de una isla y estoy viendo la situación muy distinta. Primero, voy a hablar en forma humana, chilena, como todos los que están aquí. La pobreza es una de las cosas que ninguno de nosotros que estamos acá puede decir, "usted es más pobre y yo soy el más rico". No, señores, el destino nos llevó a ser más pobres y a ser más rico y si hablamos de política, porque algunos hablaron denantes, hace un instante, creo que tampoco estamos tratando de llegar al tema que venimos a representar. Tenemos que ver en forma conjunta, como dirigentes, cómo podemos trabajar, cómo podemos ayudar a realizar nuestra misión como chilenos. Por eso, mis tres minutos, si no alcanzo a usar todas mis palabras, espero que me entiendan.

Voy a partir planteando la situación de la comuna, que represento, que es La Florida. Pedimos un hospital para La Florida, ya que el único que presta servicios es el Sótero del Río, que está en la Provincia Cordillera y nosotros en la Provincia de Santiago. Creación de industrias o empresas, ya que esta comuna es una con los más altos índices de cesantía en el país. Solución definitiva al problema educacional, ya que hay miles de niños estudiando en otras comunas. Si tenemos miles de niños estudiando en otras comunas, lo ideal es que nuestros hijos pudieran estudiar donde vivan, donde ellos habitan. Debido al alto índice, hay mucha gente que no tienen como satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Esto trajo como consecuencia, la creación de ollas comunes en la comuna; pero, algunos preguntarían ¿ollas comunes?. Esto significa atención a más de mil doscientas personas. Las madres, las personas, hombres, niños y mujeres, que trabajan en ollas comunes, los tiempos que he participado, que he estado con ellos, creo que son las personas que han podido vivir en un contacto directo con las necesidades básicas de los habitantes que viven a su alrededor. Han entregado las mujeres de ollas comunes, su vida, su horario de trabajo, sin sueldo, para poder atender la necesidad más pronta y éste es un trabajo al que las mujeres de ollas comunes se entregan por enteras. No significa decir: "señora, usted tiene un horario y un sueldo". No, han sido las mejores asistentes sociales, los mejores médicos, abogados, jueces, y todo. No esperan hacer trámites con papeles, sino entrar en acción inmediata.

En nombre de esa institución que represento, les pido, señores y señoras, si tocamos la palabra pobreza, tenemos que pensar como Dios Todopoderoso, nos enviaron a este mundo, cada chileno tiene una misión.

Gracias.

El señor Montes (Presidente).

Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Mario Lobos, de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Paine.

Tiene cinco minutos también.

El señor Lobos. Muchas gracias a los Honorables Diputados. Venimos de una Comuna netamente campesina, que es Paine. En Paine, tenemos dos clases de pobreza: una, la pobreza económica y la otra, la más terrible, la pobreza espiritual, con los detenidos desaparecidos. Paine es una zona campesina por excelencia, en la cual, en estos momentos, los campesinos deambulan de un lugar a otro buscando trabajo en los fundos frutícolas. ¿Por qué razón?. Porque a la mayoría de los campesinos al 30 por ciento prácticamente, de los parceleros, se les ha aplicado el decreto 208. El 10 por ciento de los campesinos han sido desaparecidos y al 40 por ciento de los campesinos se les ha asfixiado, en cuanto a los créditos, tanto de INDAP como del Banco del Estado. Han tenido que vender sus parcelas, prácticamente regalarlas, a las grandes empresas, incluso, transnacionales, para la exportación de fruta. Pues bien, como el problema en la comuna de Paine y en las demás comunas rurales, campesinas, está latentes, nos preguntamos qué hacen los campesinos. Tienen que deambular de un lado para otro, prácticamente, mendigando un trabajo como temporero, y, además, no salen solamente los campesinos, salen con sus mujeres. Yo pregunto una cosa, ¿dónde quedan los hijos menores de cuatro años, que no van al colegio?. Por eso, que en esta zona es una pobreza disfrazada, y para paliar en parte este asunto, hay que crear comedores abiertos, guarderías infantiles. ¿Por qué razón? Porque en todos los packing que hay en la comuna no existen salas cunas, no existen centros abiertos y, por eso tenemos que abocarnos a este difícil problema. ¿Por qué razón?. Porque allá todos dependemos del dueño del fundo, del dueño del packing, entonces, hay que pedirles por favor que nos cooperen, que nos ayuden y, en muchos casos, no lo hacen. ¿ Por qué motivo?. Porque dicen: "Bueno, nosotros le estamos dando trabajo al padre, a la mujer, a la madre". Entonces, y respecto a los hijos, ¡cómo lo hacemos!. No tenemos solución, y por eso que pido, en nombre de los campesinos de Paine, en nombre de las juntas de vecinos de la comuna de Paine, que veamos y estudiemos este problema, que nos afecta a todos los habitantes de la zona, porque, como dije, Paine ha sido muy azotada, tanto económica como espiritualmente.

Muchas gracias.

El señor Montes (Presidente). Tiene la palabra la señora Rosa Meyer.

Cuenta con tres minutos.

La señora Meyer. Buenas tardes, señores Diputados, señoras y señores.

Represento al Comité de Allegados. Voy a presentar a María Cristina Quiroz, de San Luis de Macul y a don Juan Salazar, de La Reina.

Soy una mujer que representa a un Comité de Allegados del distrito 24, de Peñalolén y La Reina.

Quizás, no por iniciativa propia, pero nos vimos en la obligación de formar dicho Comité, por la fuerte presión ejercida por algunos sectores de la Concertación, en las diferentes poblaciones de nuestras comunas. Todos éstos se han generado debido a que, si una persona pertenece a un Comité de Allegados, recibe un puntaje adicional de 50 puntos, equivalente, aproximadamente, a $ 300.000; un punto equivale, aproximadamente, a una U.F., obligándonos, presionándonos de una u otra forma, a pertenecer a estos grupos.

No se debería otorgar un puntaje adicional por pertenecer a un Comité de Allegados, porque así se cohíbe la posibilidad de elección para pertenecer a estos grupos o postular en forma individual.

Ahora, me pregunto, por qué el puntaje adicional es tan alto. Lo que pasa es que, generalmente, estos grupos de allegados son políticos y favorecen a sus afiliados, produciendo en la gente el que retire de sus ahorros y, en muchos casos, dejando de ahorrar. Todo esto, lo digo con conocimiento de las situaciones ocurridas, como, por ejemplo, en algunas partes, se mal aprovechó estos comités, puesto que sirvieron para que algunas personas engañaran en forma descarada a los pobladores, ya que los hacían sacar sus ahorros de la libreta del subsidio, con el objetivo de comparar sitios, sucediendo, muchas veces, que estas personas desaparecieran con la plata que las familias les habían entregado para la compra de los sitios prometidos.

Todo lo anteriormente expuesto, lleva a una enorme confusión generalizada de los Comités de Allegados. También, consideramos que la información no ha sido canalizada en forma seria y responsable por los organismos de Gobierno, ya que consideramos que tampoco ésta es una solución concreta para los allegados y esto, en muchas poblaciones, han llevado a las tomas ilegales de terrenos, exponiendo a los participantes a graves consecuencias.

Señores, ya estamos en octubre y, ¿dónde están las 90 mil casas que el Gobierno prometió construir este año?. Y no me digan que todavía falta para que termine el año, porque han demostrado que no son magos y las casas que se han entregado, son las que dejó terminadas el Gobierno anterior, de las cuales, el actual Gobierno, hace propia su entrega, pero, afortunadamente, la gente se está dando cuenta de esta situación.

Queremos volver al sistema del Subsidio Habitacional que había antes; no queremos el sistema de la vivienda progresiva, porque, a la larga, no será una solución definitiva, ya que la mayoría de los allegados no tiene una mediagua para trasladarla al sitio designado y la caseta sanitaria no les sirve para vivir. Muchos de ellos viven en la casa de los padres o en piezas arrendadas.

El señor Montes (Presidente). Se cumplió el tiempo, señora Meyer.

La señora Meyer. ¿Puedo terminar?.

El señor Montes (Presidente), termine.

La señora Meyer. Gracias.

Además, en la mitad del camino los van a dejar botados, como sucedió durante las operaciones Tison (fonético). Mientras necesitan de los votos prometen sin desmedro ni medida. Después, la gente queda en el camino hasta una próxima elección. Por eso, creemos en nuestra gente, porque nunca nos prometieron nada, pero sin embargo, hicieron mucho por nosotros.

Muchas gracias.

El señor Montes (Presidente).

Muchas gracias, señora Meyer.

Tiene la palabra don Pablo Alfonso Muñoz, por tres minutos.

El señor Alfonso, don Pablo, en primer lugar, quiero agradecer esta invitación que nos ha hecho nuestro Diputado de Valdivia, señor Juan Concha Urbina.

Vengo representando al campamento Nueva Esperanza, que está dividido en dos partes: Nueva Esperanza y Fuerza y Esperanza; son dos campamentos.

Ahí estamos viviendo, tenemos unas mediaguas, gracias a las autoridades que nos las han dado y hemos ido construyendo éstas. No tenemos luz, en las calles sí, en un pasadizo está la luz; no tenemos agua, por cierto, el agua de afuera. En los baños, por ejemplo -de esto se trata la pobreza-, muchas veces tiene que estar esperando uno para que salga el otro. Entonces, ojalá que esto se solucione y pensamos, los que vivimos ahí, que esto puede tener solución.

A lo mejor antes no teníamos la oportunidad de participar en esto, pero bueno, si nos han invitado, gracias por esta invitación. Entonces, como dice la escritura: "Si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores".

Bueno, ojalá que esto pueda ser como un esfuerzo para que nosotros podamos salir adelante. Eso es lo que esperamos. Pueden ser cortas mis palabras, a lo mejor, pero agradezco la oportunidad.

Gracias.

El señor Montes (Presidente). Muchas gracias, don Alfonso.

Un asistente. Quisiera hace algunas preguntas en tomo al tema.

El señor Montes (Presidente). Preferiría que no, porque podemos entrar, a hacer preguntas de uno a otro lado y hay muchas cosas que se han dicho acá. A todos nos gustaría hacer preguntas. Entonces, mejor lo dejamos para después.

Tiene la palabra la señora Cristina Quiroz, por tres minutos.

La señora Quiroz, Buenos días, señores de la Cámara de Diputados.

Soy una representante de San Luis y vengo a representar problemas de Salud.

Salud es un problema de consultorios en el sector de San Luis. En este sector existen 60.000 habitantes y tenemos un pequeño consultorio. El consultorio atiende a 13 niños en la mañana y a 13 adultos en la tarde. ¿Qué pasa con esto?. Que de las 60.000 personas que tienen que ser atendidas, no todas se enferman al mismo tiempo, pero la mayoría de los problemas son, sobre todo, con los viejitos, las mamás, maternales, es decir, un sinfín de problemas de salud.

El problema es éste, que vengo a plantear, y no lo traigo bien planificado, porque fue de improviso. El problema es que, si prometieron solucionar el problema de salud, en vez de hacerlo, ahora tenemos más problemas. Usted va al consultorio a las 6 de la mañana y se encuentra con unas tremendas colas de viejitos y se atiende a 15 personas. Las mamás, con otros tantos niños en brazo y se atiende a 13 niños, con pulmonía, etcétera.

¿Qué pasa con el problema de salud?. Prometieron solucionarlo y tenemos cada día más problemas. Tengo entendido que esta situación es a nivel de la Municipalidad y que ella tiene que abastecer a este consultorio, pero si la Municipalidad no recibe ayuda, entonces, ¿cómo puede solucionar el problema de salud?

Agradezco a mi Diputada la invitación, para decir el problema que nos afecta al sector de San Luis y, en muchos otros sectores, tiene que existir el mismo problema, porque he tenido reuniones con la persona que está a cargo de estos consultorios y, sencillamente, dicen, en vez de darme plata para médico, me la quitan, o sea, no me dan el dinero para poner otro médico. ¡Qué quiere que haga!.

El problema tiene que solucionarse arriba. Por eso les pido a ustedes que la salud, como la pobreza, incluso, la salud siempre afecta al más pobre.

Les pediría que le llevaran al Ministro de Salud estos conocimientos, que se dedique a visitar los consultorios, todos los tipos de consultorios de las calases medias, de las clases bajas, de los pobres. Ahí es donde está el problema.

Ahora, a una la mandan a una Posta, uno va y ¿qué pasa? Si no lleva su credencial de salud, tampoco es atendida en las Postas y, si es atendida, le dicen lo que uno tiene de enfermedad, pero no hay el medicamento, o sea, quedamos en las mismas.

No sé, pero se me pueden escapar muchas cosas, que debería haberlas traído escritas, pero como no se me avisó, no tuve el tiempo para hacerlo. Entonces, eso es lo que pediría, Les pediría que ojalá trataran de visitar, repetir, recalcar, los consultorios de los bajos recursos, de la gente pobre. Es ahí donde está el problema de salud, porque el que más se enferma es el pobre, porque el rico -una persona que tiene dinero va a un consultorio particular, paga, se ve y se medicina, pero el pobre no lo tiene. Por eso, hay mucha muerte infantil.

Muchas gracias.

El señor Montes (Presidente).

Muchas gracias, señora Quiroz.

Tiene la palabra la señora Filomena Rojas, de Chillán; tiene tres minutos.

La señora Rojas. Mi nombre es Filomena Rojas, vengo de la ciudad de Chillán, represento al Taller de Subsistencia, Vida y Esperanza, de la población Vicente Pérez Rosales, en la cual vivo, y puedo decir que éste es el sector más pobre de la ciudad, que cuenta con un número aproximado de 17.000 a 20.000 habitantes, con un 40% de cesantes, un 20% de allegados y un 15% de erradicados. Esta población tiene 20 años y cuenta con los siguientes problemas:

Salud. En cuanto a la salud, puedo decir que mi población carece de un consultorio que pueda atender día y noche, ya que las personas no cuentan con locomoción, sino, solamente, hasta las 21 horas y falta el dinero, pues, si no tenemos para comprar un remedio, menos vamos a tener para la locomoción en la noche, que cuesta mil pesos tomar un taxi.

Educación. Hay una masa muy grande niños que no asisten al colegio, por diversos motivos. Uno de ellos, sería la falta de colegios, a algunos padres no les alcanza para las matrículas de sus hijos ni para los útiles que necesita.

Cesantía. Falta de industrias y sueldos mal pagados.

Alcoholismo, drogadicción, prostitución infantil, delincuencia, allegados, erradicados, que viven en la extrema pobreza, cerca de un canal, en el cual hay ratas, pozos negros, donde desembocan los alcantarillados. Por lo tanto, trae muchas infecciones para la gente que vive alrededor.

Si analizamos los conceptos y acuerdos emanados del Acuerdo Internacional, que Chile suscribe, que habla sobre los derechos del hombre, podemos informar a ustedes que el lugar de donde vengo, la población Vicente Pérez Rosales, de la ciudad de Chillán, no cumple ninguno de esos requisitos.

Puedo dar soluciones de educación: crear organismos que permitan la educación técnica para los sectores que no alcanzan a financiar la educación de las universidades de los Institutos, que están, además, fuera de la ciudad.

Trabajo. Los espacios que se creen sean cubiertos por personas de la ciudad y no por afuerinos.

Salud. Crear Postas de salud, dentales, que no las hay; orientación para evitar la mortalidad infantil, educación sexual y prostitución precoz. Crear talleres que permitan un ingreso a la dueña de casa, sea financiados o dando partida a pequeños proyectos de habilidades morales de los grupos, orientación básica en lo que ellos no sepan en sus confecciones como en su comercialización; programas de rehabilitación, con psicólogos y orientadores, para drogadictos, alcohólicos y jóvenes víctimas de la prostitución infantil y, con respecto a la seguridad de la población, estimamos la conveniencia de contar con un Retén, pero cuyos funcionarios estén para servir a la seguridad de la ciudadanía y no para ser un órgano de represión. Eso sería todo.

Muchas gracias.

Tiene la palabra, por ocho minutos, el señor Enrique Barra.

El señor Barra, don Enrique. Gracias, yo vengo en representación del departamento poblacional del Partido Radical, donde se agrupa la mayor parte de los dirigentes poblacionales y vecinales, bajo la coordinación del que habla. En una reunión especial para el efecto y haciendo un esfuerzo, hemos llegado más o menos a algunas conclusiones generales que creemos que pueden ilustrar a esta Comisión. El Partido está muy preocupado por la existencia de más de 5 millones de pobres, entre los cuales, un alto porcentaje son indigentes y pobres de pobreza crítica. Estos últimos están inhabilitados para alcanzar los niveles de productividad exigidos en los mercados formales y tienen importantes carencias de bienes. Más del 50% de los hogares de allegados -tomamos los allegados como referencia, porque ese sector es el más representativo de la extrema pobreza-, por ejemplo, no tienen agua potable; un 65% no dispone de baño y, sólo el 2%, dispone de electrodomésticos, como cocina a gas, caléfont, refrigerador y lavadora, elementos que se considera asociados con el mejoramiento en las condiciones de vida. De éstos, un 66% tiene sólo uno de estos artefactos y, un 8%, no cuenta con ninguno. El 49% tuvo que vender, en el último tiempo, utensilios o ropa; el 37% ha vendido el televisor; el 26% el mobiliario; el 11%, los electrodomésticos, lo que indica que se han desprendido no sólo de objetos y elementos de ahorro., sino que también de útiles personales, como vestuario. Nos preocupan los sectores de indigentes y de pobreza crítica, especialmente, y por ello formulamos un llamado a todos los partidos políticos a realizar un esfuerzo conjunto con el Gobierno para que, en el menor tiempo posible, se pueda terminar con el flagelo de la extrema pobreza. Esto debe manifestarse en políticas claras y urgentes, especialmente, en el campo de la educación, la salud y la creación de fuentes de trabajo. Para ello, es necesario tener presente que la solución de la extrema pobreza no puede quedar entregada exclusivamente a la mano invisible y avara del mercado, sino que se requiere de una mayor intervención del sector público, especialmente, en la implementación de infraestructura. Se ha tomado como segmento indicativo, como ya señalé, el sector de los allegados, por ser altamente representativo de la verdadera situación de los extremadamente pobres en Chile. Sin perjuicio de ello, debemos señalar que los pobres están en actitud de desesperanza y no son capaces de superar ese estado por sí mismos. Los factores más importantes que determinan la extrema pobreza son la falta de trabajo, de educación y el retardo socio cultural, entendiéndose por este último el déficit intelectual que afecta a aquellos sectores poblacionales sumidos en grados de pobreza y que se encuentran incapacitados para integrarse a la vida tecnificada, derivada, especialmente, de factores de desnutrición y de privación psicosensorial. Además de esto, debe agregarse el poco crecimiento económico, la falta de una política educacional coherente y definida, la carencia de una red social adecuada y la falta de políticas de desarrollo sectoriales, especialmente, frente al caso de las minorías étnicas. Me refiero a las minorías étnicas, porque un alto porcentaje de ellas están azotadas por el flagelo de la extrema pobreza, llámense grupos de Mapuches, grupos de Pehuenches, etcétera, que componen un importante sector de la población del país. El problema de la falta de vivienda es uno de los fundamentales que afectan a los extremadamente pobres, entre otros. Así, por ejemplo, últimos estudios indican que sólo en la Región Metropolitana existen más de 250 mil familias allegadas y el déficit habitacional llegaría a unas 949.180 casas. Se ha concluido que el 71% de las familias allegadas sufre de algún grado de hacinamiento, como la cohabitación de tres o más personas en un mismo dormitorio. Estos males tienen su origen en la crisis económica, la mala distribución del ingreso y la ineficaz política habitacional del anterior Gobierno. Un importante sector, por no decir el más relevante de la extrema pobreza, está constituido por jóvenes que están excluidos, social y económicamente, y están segregados en el espacio urbano, porque las poblaciones son cada vez más lejanas en los barrios populares, lo que constituye una enorme demanda habitacional para los que son allegados, confluyendo en un enorme allegamiento. Consideramos que el Estado debe asumir su rol frente a este grave flagelo y, para ello, se hace indispensable legislar, en forma urgente, frente al tema y llevar a cabo acciones gubernativas destinadas a dar solución integral a esta materia. Nuestra colectividad y el departamento poblacional, en un esfuerzo de aproximación, propone algunos remedios para sanar este mal social, como son, por ejemplo, preparar profesorado especial para educar a los sectores extremadamente pobres, otorgándoles incentivos económicos para asumir este papel. Dentro de ello, habría que crear especialidades en educación comunitaria y familiar; habría que orientar, además, esta educación hacia el mundo adulto y los jóvenes, con especial aplicación hacia la familia y la educación técnico profesional. Planes de desarrollo campesino, para enseñarles a usar técnicas modernas, que hagan revalorizar su vida en el campo, para impedir su emigración hacia las ciudades. Plan de urbanización de terrenos aptos para construcción de viviendas sociales, donde el costo de urbanización sea objeto de pago a largo plazo y cuotas pequeñas para los más pobres, ya que, hoy por hoy, lo más caro en materia de viviendas es el costo de la urbanización, lo que impide que las agrupaciones allegadas avancen en sus programas de construcción autogestionaria. Prácticamente el 60% del costo de una vivienda está aplicado al costo de urbanización. Nos encontramos, muchas veces, que grupos que han comprado el casco del suelo, no tienen la posibilidad de encontrar una solución habitacional, expresamente, por este problema. Apoyo estatal a las organizaciones no gubernamentales que se ocupen de estudiar y solucionar los problemas de la extrema pobreza. Plan de educación y difusión de programas cooperativos y mutualidad, de modo que estas formas de organización solidaria puedan ser utilizadas como herramientas de desarrollo y progreso y participen en la formación de hábitos de ahorro popular; y, por último, plan de superación de la desnutrición y salud gratis para los que se clasifiquen en este sector; planes de cultura y recreación popular y de extensión universitaria enfocada al sector; formas de distribución y poderes compradores de productos elaborados en los talleres familiares, de manera que nosotros consideramos que con algunas de estas medidas podríamos, en una aproximación, enfrentar el problema de la extrema pobreza y solucionar, en forma más o menos genérica, los grandes problemas que ella crea.

Muchas gracias.

El señor Montes (Presidente).

Muchas gracias, señor Barra.

Tiene la palabra don Juan Letelier.

El señor Letelier, don Juan. Señor Presidente, agradezco esta oportunidad que nos han dado para estar aquí, en este Congreso, como también, a nuestro gran representante que tenemos en Lo Prado, Quinta normal, Cerro Navia, don Andrés Sotomayor, hombre trabajador y pujante, que jamás nos ha abandonado. Gracias a él estamos aquí; se ha hablado mucho de la pobreza, con lo cual concuerdo en todo, pero, dentro de la pobreza, ¿se han acordado de los jubilados?. ¿Qué no somos seres humanos, que no tenemos derecho a comer, a tener una vivienda donde vivir? El que habla no tiene donde vivir, vive en una pocilga; eso es lo que quiero que sepan los señores parlamentarios y que la Asamblea aquí presente me perdone todos mis errores. Estoy hablando lo que siente mi corazón, porque veo que las promesas de la Concertación se están haciendo humo, porque, en primer lugar, no nos están dando lo que nos dijeron. Se nos dijo que nos iban a aumentar las pensiones. Yo, por ganar 20.000 pesos, después de 40 años en el Agua Potable, gano 23.000 pesos. ¿Creen ustedes que yo con mí compañera puedo vivir? Como 10 días pan y té y, los demás días, puro caldo Witt. ¿Se puede vivir así?. Por lo tanto, estoy desconforme y, una vez más, critico al Gobierno y a los parlamentarios de la Concertación, porque ellos se dan la gran vida en el extranjero y nos tienen totalmente abandonados a nosotros aquí, como en estos momentos, si está aquí o no ha llegado don Carlos Dupré, que se hizo pasar por Presidente de la Empresa de Agua Potable, lo que nunca fue. Fue Presidente de la Junta Administrativa, donde hacía mayoría con Juan Saldías y Carlos Valencia, que murió en un accidente, y los otros dos representantes eran un empleado y un trabajador y, cuando le pedíamos aumento a don Carlos Dupré, era el que nos hacía tremendas "tapas" y se hace aparecer como defensor de los trabajadores. Señor Presidente, tome nota, porque es lo primordial. Hay que hablar con palabras y ser franco, no andar intimidado, con miedo. Dejen los paseos a un lado. Quién no ha recorrido el mundo entero. Ahí tienen al Ministro de Relaciones exteriores, dónde no ha estado en el mundo entero y ahora el Ministro de Relaciones está arreglando las maletas para partir al Japón y nuestro Presidente ya se va a ir a España nuevamente. Ha estado en Argentina, en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Estados Unidos, con cero nota, porque no ha traído nada positivo para nosotros.

El señor Montes (Presidente). Muchas gracias.

Tiene la palabra la Unión Comunal de Allegados de La Florida, durante 5 minutos.

Interviene el señor Juan Parada. Buenos días. Escuché con mucha atención al caballero que acaba de hacer uso de la palabra. El, como tiene sus años de edad, debe acordarse bien de las políticas pasadas, no echarle la culpa al Gobierno, porque entre todos juntos, los dirigentes que estamos aquí, tenemos que ayudar a construir este gobierno y no a criticarlo.

Yo represento a los allegados de la comuna de La Florida. En este momento, nosotros tenemos alrededor de 20 mil familias allegadas en la comuna. La unión comunal de allegados de La Florida representa en estos momentos, a más de 14 mil familias organizadas. Es la única unión comunal de allegados en el país que cuenta con personalidad jurídica. Tenemos más de 26 comités de allegados que cuentan hoy con personalidad jurídica, y todos estamos ayudando, en parte, a este Gobierno, a solucionar nuestro problema, porque si fuera por crítica, lo haríamos con el Gobierno pasado, ya que ésta es una herencia que nos dejó y ahora estamos aprovechando esta situación para organizamos. Agradezco que la Comisión nos invite a esta asamblea, porque en el gobierno pasado no nos escuchaban, no participábamos los pobladores ni los dirigentes. Hoy día así es y todos juntos podemos construir una democracia para nuestros hijos futuros.

Nosotros, como unión comunal de allegados de La Florida, pedimos a esta Comisión, y a los parlamentarios aquí presentes, que se derogue el 10% de las ganancias en bruto del cobre, destinado a las fuerzas armadas, y canalizarlo a la vivienda y ayudar a todas las familias pobres allegadas del país.

Nosotros los allegados de la comuna somos independientes, pluralistas y democráticos. No mezclamos la política con nuestro problema. Todos, en los comités de la comuna son allegados. No los utiliza ningún partido político. Luchamos a causa de nuestro sufrimiento diario y por nuestras mujeres que son las que sufren más que nosotros, y nuestros hijos.

En estos momentos, tenemos presentado en el Municipio de La Florida, un proyecto de un banco de mediaguas para todas las familias más pobres de nuestra comuna, para que cuando llegue la solución de la vivienda progresiva, nosotros vamos a ayudarlas con una mediagua, ya que son muchas familias que viven muchos años en una mediagua, y al desarmarlas, no va a quedar nada.

Ese banco de mediaguas, nosotros lo vamos a aportar a nuestros socios, a nuestras familias allegadas más pobre de la comuna. Hoy día, traemos un documento para la Comisión, en que viene abarcada la situación vivienda, educación, salud y trabajo de la comuna de La Florida. Tenemos un gran porcentaje de nuestros allegados en la comuna, que hoy están cesantes gracias al Gobierno pasado.

Estamos luchando junto con este Gobierno, y juntos vamos a contribuir a ayudar a solucionar muchas cosas más, no tan solo el problema nuestro de la vivienda.

El tiempo restante, me gustaría usarlo un rato más.

Muchas gracias.

El señor Montes (Presidente) gracias.

Tiene la palabras la señora Hilda Gómez, por 2 minutos y medio.

La señora Gómez, doña Hilda. Soy dirigente vecinal y pertenezco a la comuna de Quinta Normal el distrito 18.

He escuchado con bastante interés todos los planteamientos de todos los señores que han intervenido anteriormente a mí y veo que verdaderamente voy a quedar muy chica con lo que voy a decir.

En este distrito existen los problemas que tienen todos los pobres del mundo, y en especial, los de Chile, pero lo que más aqueja a nuestra sociedad, es la extrema pobreza. Esto lo estoy yiendo diariamente en mi junta vecinal. El hombre en esta sociedad no tiene los medios necesarios para vivir, y si los tiene, son muy escasos.

Los papeles más importantes en la extrema pobreza son; en primer lugar, educación. Tenemos un alto porcentaje de analfabetos que crían a sus hijos en iguales condiciones y así siguen de generación en generación.

En segundo término, la alimentación. Tenemos mucha falta de alimentación en nuestra poblaciones, sobre todo, en los consultorios, falta la leche para las madres embarazadas, los recién nacidos, para los lactantes. En los consultorios se ven grandes colas diariamente para conseguir una hora, para que el médico vea a sus hijos.

En tercer lugar, en la vivienda, una escasa construcción no da abasto al creciente número de allegados, los cuales viven en precarias condiciones. Viven gran número de personas en una pieza de tres por tres.

En cuarto término, en salud, hay un falta de recursos en consultorios y hospitales; a esto se suma la falta de medicamentos, mala atención, etcétera. Debido a esto, en oportunidades se producen casos fatales y de muerte.

Sexto. El alcoholismo y drogadicción provienen de la alta cesantía que tenemos en nuestros sectores obreros. La ociosidad acarrea drogadicción, muchos vicios, el alcoholismo en la juventud, y así muchas otras cosas.

En séptimo lugar, la delincuencia, Alta delincuencia juvenil, producto de las escasas posibilidades que poseen los jóvenes, en los medios de la sociedad.

Octavo. La cesantía. Hay una enorme falta de trabajo, muy bajos sueldos, a esto se suma la alta inflación en los recursos, en los alimentos de primera necesidad. Cada día la inflación está más alta.

Nosotros, los pobres, queremos que nos atiendan en nuestros problemas con la dignidad que nos merecemos, dándonos oportunidades para enfrentar el futuro y así mejorar nuestra calidad de vida.

Deseamos que el Estado nos otorgue facilidades a todos los sectores del país, para que generen trabajo para nuestro pueblo, para nuestros vecinos.

Por nuestros hijos, familiares y vecinos, pedimos fuentes de trabajo, estabilidad en el empleo, formas concretas para salir de esta situación, motivar mucha ayuda social, que es lo que menos tenemos en esta comuna, donde nosotros estamos dirigiendo una junta de vecinos.

Gracias.

El señor Montes (Presidente).-

Muchas gracias, señora Hilda.

Tiene la palabra la señora Blanca Gutiérrez por dos minutos.

La señora Gutiérrez, doña Blanca.- Señores Diputados, señores presentes, muy buenas tardes.

En representación del distrito 24, Peñalolén y La Reina, he visto como todas las elecciones que se han hecho en las juntas de vecinos ha sido muy apresuradas por partidos políticos, con el fin de confundir a las personas y así no poder dejar votar a la mayoría de los vecinos, con real interés en participar en el bien común de cada junta de vecinos.

Por eso pido a la Honorable Cámara de Diputados escuche nuestro pedido, para que así existan nuevas elecciones y juntas de vecinos democráticas, que sirvan a todos los que en ella habitan, y así sin color político, darles solución a lo tanto que se habla de la extrema pobreza que se arrastra en nuestro país, desde hace muchas décadas y otros problemas que son exclusivos de cada unidad vecinal.

Pedimos que las juntas de vecinos nuevas, cumplan con su misión de trabajar por los vecinos y que no ocupen su tiempo en hacer política, incluso llegando a mentir para conseguir sus fines.

Muchas gracias.

El señor Montes (Presidente).-

Muchas gracias.

Tiene la palabra don Belisario Carrasco, por tres minutos.

El señor Carrasco, don Belisario. Buenos días a todos los presentes en la Comisión de la Pobreza.

Yo represento a un comité de los sin casa de la comuna de Máfil, provincia de Valdivia, en la cual existe un campamento marginal denominado Pampa Muñoz, el cual alberga a 65 familias, que son campamentos de seis por tres, donde viven seis a siete familias en cada casa, que dichas familias viven en pésimas condiciones sanitarias, con sólo tres llaves de agua potable para toda la población, y sin luz eléctrica.

Viven allí 265 menores y el problema de cesantía es muy grave; que debido al cambio ordenado por la alcaldesa, las casa quedaron en peores condiciones de las que se encontraban desde donde fuimos sacados del lugar donde vivíamos, 32 familias, tiradas las mediaguas con camiones municipales, con lo cual hacemos cuenta que quedamos sin nada. Por lo tanto, las mediaguas se nos hicieron pedazos.

Al mismo tiempo, la señora alcaldesa de la comuna nos ofreció, cuando nos retirábamos de ese lugar las 32 familias, que nos iba a poner agua y luz, lo cual no lo hizo.

Por lo tanto, a los pobres la alcaldesa de Máfil no nos escucha, pero a los de corbata sí. Por eso, en el sector que se desocupó, que era de una hectárea, que pertenecía a Serviu y donde se van a construir 50 casas. Por lo tanto, el comité de los sin casa de ese sector, le pedimos a las autoridades que se nos considere a nosotros, los pobres, que somos del sector, se nos construya 50 casas, no a los de afuera, a los que tienen ya nominadas la alcaldesa de la comuna. Por lo tanto, son cómplices de ella, pero no los pobres.

Por lo anteriormente expuesto a ustedes, les solicitamos intercedan para lograr que las casas que sean construidas, sean asignadas a las familias del campamento ya que el problema de allegados es muy grave.

Y, por último, le solicitamos que intercedan, para que el trato de la autoridad municipal con los pobladores, sea más acorde con la condición de seres humanos.

Eso sería todo, gracias.

El señor Montes (Presidente).-

Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Patricia Kaune, dos minutos.

La señora Kaune, doña Patricia. Quiero constatar el drama de una familia y qué aporta el jefe de hogar, y cómo para la olla y subsiste medianamente esta familia, que privilegiadamente, tiene trabajo con un sueldo mínimo de 26 mil pesos, cuando en combustible, balón de gas de 11 kilos o parafina, un litro diario, alcanza a 2 mil cuatrocientos ochenta pesos; movilización, dos diarias para el jefe de hogar, suma 4 mil pesos. Allegados, no pagan dividendo, pero si ayuda con luz y agua, que sería la mitad, mil cuatrocientos pesos. Un kilo de pan diario suma que llega a cinco mil ochocientos cincuenta pesos; niños de tres a cinco años, que no toman leche todos los días y con lo que les dan en el consultorio no alcanza, tienen que comprar al lechero, leche que no es procesada, quince días, mil novecientos cincuenta pesos. Esto hace un total de quince mil seiscientos ochenta pesos; pero sí tiene un saldo de nueve mil trescientos veinte pesos y que debe comprar lo prioritario, considerando éstos como alimentos de segundad calidad, aceite, azúcar, fideos sueltos, arroz, té en bolsa, fósforos, rinso y jabón, aparte, verduras y frutas. Esta familia tiene para comer diariamente trescientos noventa y tres pesos, pero no tienen derecho a salir a pasear, tomar helados, acompañar el pan con mantequilla o dorina, jugos, carnes, pescados. Pueden sufrir enfermedades graves, compras de jarabe por sólo un resfrío, vestuario nuevo para los padres, zapatos una vez al año, para padres e hijos, artículos de tocador para la mujer. No faltan las calillas, tales como la línea blanca, ropa de cama, veraneos o viajes rápidos.

El señor Montes (Presidente).-

Muchas gracias.

Tiene la palabra la Coordinadora de Talleres de la Villa O'Higgins, por cuatro minutos.

La señora Patricia Ortiz (Presidenta de la Coordinadora). En primer lugar, agradecemos al Diputado Carlos Montes nuestra presencia acá. Quiero presentarles también a la señora María Vergara, Presidenta de la Coordinadora y a la Aída Marchant, Tesorera.

Pertenecemos a la Coordinadora de Talleres Artesanales de Villa O'Higgins, la cual agrupa a quince talleres que significa alrededor de cincuenta mujeres, aproximadamente en el área de subsistencia.

La historia de nuestra organización se remonta a 1975 y surge a raíz de la cesantía y del momento] de crisis social, política y económica que divide al país, donde las mujeres, principales afectadas, enfrentan con creatividad y decisión el momento, buscando fórmulas de sobrevivencia. Como ejemplo, baste la destacada participación de las arpilleristas, que con sus trabajos, arte del pueblo, mano de mujer, logran fama mundial. No queremos agotarles al respecto, ya que el tiempo sin duda ha ido haciendo justicia a esta activa participación de las mujeres. Frente al problema de la pobreza en el país y recogiendo nuestra experiencia, proponemos que la institucionalidad se haga parte de nuestra problemática, construyendo locales que estén al alcance de nuestros bolsillos, para comercializar directamente nuestros productos; replicar en las comunas con la participación de los artesanos, la experiencia del Centro Artesanal, Los Dominicos, por ejemplo. Fomentar mediante los medios de comunicación, cómo incluir en los planes de turismo, el recorrido por esos centros artesanales. Podríamos continuar, pero el tiempo es breve. No contamos con todos los elementos técnicos, como muchos de los acá presentes; pero si con la fuerza, la voluntad de trabajo. No pedimos limosna ni al anterior Gobierno ni a éste ni a ningún otro, pues si algo nos sobra en nuestra pobreza, es la dignidad. Crear fuentes laborales, políticas transparentes, leyes que protejan al trabajador, estrategias para ir superando la pobreza en nuestro país, con la participación de la ciudadanía, es vuestro desafío. El nuestro, es comprender que el actual Gobierno no tiene varitas mágicas para solucionar rápidamente todas las expresiones de esta pobreza, pero nuestro compromiso es responder a vuestro esfuerzo con lo que ha sido siempre nuestro aporte: sacrificio, sudor, trabajo.

Muchas gracias.

El señor Montes (Presidente).-

Muchas gracias.

Aplausos en la Sala. El señor Montes (Presidente). Tiene la palabra el señor Femando Olea, por cuatro minutos.

El señor Olea, don Femando (Estudiante universitario, dirigente de la juventud de Renovación Nacional de Quinta Normal y el distrito 18, Quinta Normal, Lo Prado Cerro Navia). El Partido Renovación Nacional se define como una agrupación partidaria de una sociedad de oportunidades. Por esto, la juventud de mi distrito considera que lo esencial es la educación. Lamentablemente, la enseñanza media se orienta hoy, preferentemente, a la preparación de los alumnos para entrar a la universidad. Lo digo por experiencia propia. Por el alto número de egresados y por los comparativamente escasos cupos que se ofrecen cada año, hay una gran cantidad de jóvenes chilenos que siente la frustración y la desesperación de no poder seguir haciendo aquello que es lo único para lo cual está preparado: estudiar. La existencia de instituciones privadas de educación superior, positivas para quien tiene los recursos económicos, no resuelve la falta de oportunidades para quienes no tienen esa suerte. Creemos que una buena forma de enfrentar el problema es incentivar la educación técnico profesional, primero, en los colegios, para que el joven pueda egresar conociendo ya cómo enfrentar el aspecto laboral de su vida adulta, con la opción de un sistema de perfeccionamiento, lo cual le permitiría dejar de ser una carga para su familia.

En segundo lugar, con una mayor difusión para los institutos profesionales y los centros de formación técnica, que ofrecen la posibilidad de estudiar carreras de dos o tres años en ámbitos en que suelen faltar personas preparadas. Estas instituciones deben dejar de ser vistas como instancias para quienes no pudieron llegar más arriba. Aquí debiera implementarse algún tipo de apoyo económico, ya fuera a crédito o beca, para quienes elijan esta opción. Respecto de las universidades tradicionales, sería conveniente que realizaran una mejor difusión de sus carreras en cuanto a lo programático y a las reales posibilidades laborales que existen para los titulados. Suelen darse, al respecto, situaciones dramáticas. He conocido muchas. Hay alumnos que, después de llevar varios años en la universidad, se dan cuenta de que no era eso, subrayado, lo que quería estudiar. Otros, luego de cinco, seis o siete años de gran esfuerzo intelectual y económico, se titulan, pero no pueden ejercer, porque no hay campo laboral o porque éste está absolutamente copado. Urge también mejorar el sistema de crédito universitario, que no puede seguir siendo una pesadilla al momento de pagarlo.

La juventud de Renovación Nacional del Distrito 18, considera que, con una educación centrada en el ser humano, tendiente a descubrir y perfeccionar las cualidades de cada uno, desprovistas de ideologismos y dogmatismos, lograremos dar a nuestro país ciudadanos preparados en lo profesional, en lo civil y en lo moral, aptos para enfrentar el mundo de hoy.

Muchas gracias.

El señor Montes (Presidente).-

Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Walterio Huichapán, de San Juan de la Costa, por cinco minutos.

El señor Huichapán. Quiero agradecer la invitación que hicieron a mi persona y a mi organización. Vengo de San Juan de la Costa, provincia de Osorno, X Región. Estoy aquí, invitado por nuestro diputado, Sergio Ojeda Uribe.

Quiero referirme también, antes de iniciar esta breve descripción, que pertenezco a una organización mapuche, que se llama Nehuelmapu (fuerza de la tierra). Quiero señalar, en esta ocasión, lo que muchos chilenos estamos viviendo, especialmente, en los sectores marginales de nuestra provincia, y, específicamente, de nuestra comuna, San Juan de la Costa, ubicada en el sector costero de la provincia de Osorno, donde hay una población de aproximadamente 8 mil 500 habitantes, en su mayoría, un 70 por ciento, mapuches huilliches, donde también, por mucho tiempo, por muchos años, hemos sufrido en carne propia la discriminación, por un lado, y por otro, el abandono y, lo más grave, el enajenamiento de nuestras tierras y arrinconamiento hacia sectores más costeros de mala calidad, donde tenemos que subsistir muchas familias de cinco a ocho personas en un espacio de tres a diez hectáreas de terreno.

Digo esto para poder "aterrizar" la intervención en el sentido de que esto ha traído una serie de problemas tanto de migración a los sectores urbanos de las ciudades de Osorno y también otras, como Santiago, donde nuestras hermanas han tenido que emplearse como empleadas domésticas, para servir en horarios demasiado extensos, sin remuneraciones acordes con su trabajo. Lo mismo con nuestros hermanos que han tenido que llegar a las ciudades a desempeñarse en diversos trabajos, que no son tan propios, y por otro lado por falta de preparación, no podemos realzar otro tipo de trabajos.

San Juan de la Costa por ser una de las comunas, una de las partes más olvidadas por los gobiernos anteriores y principalmente por el que acaba de salir. Se han hecho diferentes demandas y propuestas y ninguna ha sido escuchada. Sin embargo, no sólo quiero ver la parte negativa sino también nuestras aspiraciones de muchos años. Las distintas organizaciones de Chile han hecho llegar algunas propuestas y demandas al entonces candidato don Patricio Aylwin, y ahí también ha estado presente nuestra organización para levantar su voz, para buscar la liberación de nuestro pueblo, para tener mejor educación, mayor participación dentro de la sociedad; que no sigan mirándonos como inútiles; al contrario, somos personas capaces de superamos y contribuir al bienestar de nuestra Patria, porque somos parte de ella, porque fuimos nosotros, como mapuches, como indígenas de Chile, los primeros habitantes. Es así como el año pasado estuvimos viendo la propuesta que hacía la Concertación hacia los pueblos indígenas de Chile, y se llegó a firmar un convenio con el entonces candidato don

Patricio Aylwin; en Nueva Imperial, el 1 de diciembre. Este año, el 17 de mayo de 1990, se firmó un compromiso donde se creó, a través del decreto supremo NQ 30, la Comisión Especial del Pueblos Indígenas, que está abocada a elaborar un anteproyecto de ley, que quiero mencionar en este momento, porque sé que hay autoridades, hay hermanos dirigentes de distintas partes del país, que es bueno que lo sepan y apoyen este nuevo borrador de ley, que está en discusión y queremos que el Ejecutivo y los parlamentarios a futuro puedan aprobarlo por el bien de nuestro país, de nuestros hermanos, de nosotros, como indígenas nativos de esta tierra, para tener más acceso a la educación, nos reconozcan nuestra cultura, nuestra religiosidad, nuestro territorio, que tanto queremos, que es nuestra madre tierra.

Muchas gracias.

El señor Montes (Presidente).-

Muchas gracias.

Tiene la palabra don Hilario Valenzuela de Chillón.

El señor Valenzuela (Dirigente del Sindicato de Comerciantes del Mercado Persa de Chillón).Hablar de pobreza tiene varias caras. Algunas son visibles, como todo lo relacionado con la parte económica, la salud, la vivienda, la educación, la alimentación, etcétera. Pero hay otras caras que aparecen junto con la pobreza, por ejemplo, el hambre, y es distinto padecer hambre que hablar de ella. El que no la ha padecido, conoce solamente cifras y frías estadísticas, entonces, se habla de elecciones de junta de vecinos, por ejemplo, pero quienes la sufren o han padecido de ella tienen la dificultad de expresar con palabras lo que han padecido. Creo que en Chile se invierte mucho en rubros que los millones de pobres y de chilenos se mueren antes de alcanzar a conocer y menos alcanzan a disfrutar de ellos. Hace algunos años se nos condenó al empleo mínimo, por ejemplo, que fue la causa del aumento de los pobres y de la salida de la mujer chilena a la calle. Para sobrevivir, se recurre a soluciones de emergencia, tales como, recolectores de desecho, comercio callejero, trabajo de temporada y varios otros oficios que logran solamente disfrazar la pobreza, como la compra y venta, y vestirse con ropa de desuso en el extranjero. Como chilenos, a los comerciantes nos gustaría más vender ropa nacional, que es la que les da trabajo a nuestros hermanos.

Señores Diputados, así como hoy existe una ley que destina dineros de las ventas de cobre a una rama de las Fuerzas Armadas, ¿no habría la posibilidad de hacer ley para crear un fondo nacional de la pobreza, financiado también con un porcentaje de las ventas del cobre, y, quizás, para hacer realidad así eso "que ese mar que tranquilo te baña te promete futuro esplendor", y que esto deje de ser válido sólo para algunos pocos y sea extensivo para todos los chilenos, gracias.

El señor Montes (Presidente).Tiene la palabra el señor, Alfredo Galdámez, por diez minutos. ,

El señor Galdámez. Nosotros, como representantes de la U.D.I., hemos decidido trabajar desde hace muchos años en los sectores populares. Quisiéramos terminar con la pobreza. Para nosotros es el principal objetivo y quisiéramos, por tanto, que se terminaran las ollas comunes, los grupos de allegados, que se terminaran muchas de las organizaciones respecto a las cuales hemos escuchado sus planteamientos; quisiéramos que se terminaran todo ese tipo de actividades que, evidentemente, son reflejo de la pobreza. Quisiéramos que se terminara porque, además, creemos que la pobreza ha servido para que muchos grupos políticos en Chile profiten y puedan tener aún algún arraigo popular. Creemos, que el mejor reflejo en cuanto a que vamos por el camino correcto, es, precisamente, que los grupos que en el pasado profitaron de la pobreza, hoy tienen escaso arraigo popular y les ha costado mucho entrar a la vida democrática de este país. Creemos que íbamos por el camino correcto, pero hoy vemos con preocupación que, a pesar de que por la fuerza de los hechos, los grupos que hoy gobiernan v este país han debido asumir como suyo y propio el mismo sistema político, económico y social que crearon las Fuerzas Armadas, como no creen en él, evidentemente, vemos que se comienzan a debilitar las bases de este sistema y que corremos el peligro de nuevamente ver que, esos mismos grupos que en el pasado tuvieron algún éxito político, vuelvan a tenerlo dentro de los sectores poblacionales, porque la U.D.I., evidentemente, que con su mensaje ha ido penetrando los sectores populares y el resultado de eso está precisamente graficado en la elección pasada, donde nuestros Diputados salieron electos, justamente, como representantes de las comunas más populares del país. Entonces, vemos con preocupación que estos grupos pudieran nuevamente tener éxito. Aquí a algunos representantes de ellos los hemos visto plantear nuevamente esas ideas probadamente fracasadas en Chile y en el mundo, por ejemplo, la redistribución de la riqueza como la gran panacea para solucionar los problemas.

En cuanto a dejar de pagar la deuda externa, tenemos nuestro vecino Perú, que también lo hizo. Vean en las condiciones que quedaron; hubo reportajes por televisión, donde se mostraba el nivel de pobreza que se vivía en Perú, y ese país no pagó la deuda externa. Creemos que ése es un problema.

Vemos también que alguien más planteaba que no había que focalizar el gasto público, el gasto social. Nos parece que es, precisamente, ésa la gran forma de solucionar el problema, no sé si no se entendía o no se entiende lo que ello significa. El focalizar el gasto social significa que los recursos que el Estado destina para solucionar los problemas de la pobreza, vayan destinados exclusivamente a esos sectores y no sean desviados a sectores económicamente más acomodados. Eso significa focalizar el gato social. Cómo no vamos a estar de acuerdo en que se focalice el gasto social si es la única forma de tener más recursos para solucionar realmente el problema de la pobreza! Por eso, nuestra preocupación, porque grupos políticos que apoyan al actual Gobierno, plantean pública y permanentemente estas ideas que, evidentemente, fracasa| ron en el pasado y hoy lo vimos en la Unión Soviética, detrás de la cortina de hierro, que éstas fueron las políticas que se aplicaron durante 70 años y hemos visto también en la televisión como en Rusia, en Checoslovaquia, en Yugoslavia, los niveles de pobreza que se viven con estas ideas. Por tanto, nosotros creemos que el problema de la pobreza se termina asegurando el crecimiento económico y haciendo que los recursos que el Estado destine a los más pobres vayan, efectivamente, dirigidos hacia los sectores más necesitados del país. Creemos que también, a través del fortalecimiento de políticas, técnicas e integrales y objetivas se solucionan los problemas de la pobreza. Estimamos que no, a través de la demagogia de fortalecer o ayudar, como hoy uno ve a 4 través del problema de la vivienda a determinados grupos políticos y de algún dirigente lo ha planteado aquí, que se han implementado soluciones para la vivienda, donde se asegura un mayor porcentaje o mayor puntaje a los grupos de allegados y resulta que estos grupos, en su gran mayoría, son controlados por los Partidos Políticos que hoy gobiernan este país.

Y la gran preocupación que hoy se les convierte a las personas que tienen carencias de viviendas, es cómo conseguir una mediagua y hay grupos que plantean crear bancos para conseguir una mediagua, en circunstancias de que lo que aquí se necesita es entregar viviendas dignas. Se criticaba, y alguien, además, ha tenido la osadía de criticar el anterior sistema de solución de la vivienda, en circunstancia de que en el país se construyeron miles y miles de viviendas, donde realmente, si bien es cierto, no tenían el tamaño suficiente que todos hubiésemos querido que hubiesen tenido, era una solución integral y definitiva al tema. En circunstancia de que a través de esto, hoy día, la preocupación de las personas que carecen de vivienda es cómo conseguir una mejor mediagua. Esa es la mejor demostración del retraso a que estamos llegando. Antes, viviendas definitivas, hoy, mediagua. Esa es la preocupación de hoy de la gente que carece hoy de vivienda. Por lo tanto, a nosotros nos parece extraordinariamente preocupante todas estas señales y todas estas políticas que comienzan a implementarse que, evidentemente, vuelven al pasado, en términos de no ser objetivo en la solución. Creemos que todas las soluciones sociales que se den en este país deben estar guiadas por la objetividad; de tal manera, de no volver a retroceder y que no se politicen los problemas sociales, porque en la medida que las soluciones son vía grupos políticos, evidentemente, estamos retrocediendo y nuevamente los sectores más necesitados van a ser instrumentalizados, sus necesidades utilizadas, y, en definitiva, no se va a solucionar nada; de tal manera que nosotros queremos reiterar de la única forma de solucionar los problemas de la pobreza es vía el crecimiento económico y vía política técnicas e integrales. Lo demás, nos parece que es un canto de sirena, nos parecen voladores de luces, nos parece que no es la solución definitiva. También nos parece, importantísimo, como lo señalé en la primera intervención, que se asegure la participación de las personas, de los vecinos en las distintas organizaciones sociales que existen en los sectores más necesitados. Nosotros creemos que las organizaciones únicas son reflejo del socialismo, son reflejo de las ideas fracasadas, en materia de organización social. Creemos que debe existir la más amplia libertad, debemos creer en la persona. Tenemos plena confianza en cada uno de los habitantes y las personas que representamos. Creemos que ellos tienen la capacidad de organizarse y lograr, vía su organización y su participación, solución a muchos de los problemas que enfrentan, creo que, incluso, muchas de las organizaciones aquí presentes, no habrían podido existir, si ideas como la de organizaciones únicas y creadas por ley y que hubiese obligado a la existencia, repito de una organización única y creada desde arriba hacia abajo. Nosotros creemos que es un retraso extraordinario que no se permita la organización vecinal en forma libre, que todos los grupos que deseen organizarse y participar en la solución de un problema social de un problema de la comunidad, no tengan la posibilidad de hacerlo, porque hasta ahora la experiencia relatada por varios dirigentes es que, evidentemente, las juntas de vecinos hoy día han sido politizadas, se han dado verdaderos golpes de manos. Los grupos que hablan tanto de la democracia, se han tomado las juntas de vecinos y han obligado a las personas que no piensan como ellos a que abandonen sus cargos y los han obligado a que no participen como postulantes a los cargos de las juntas de vecinos; de tal forma que nosotros creemos que la única forma de garantizar la participación y que los vecinos puedan lograr tener un papel activo en la solución de sus problemas es, precisamente, que vía la próxima ley de juntas de vecinos, se permita la más amplia libertad de organización de estas organizaciones sociales, muchas gracias.

El señor Montes (Presidente).-

Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Claudina Núñez, por dos minutos.

La señora Núñez, doña Claudina.-

Bueno, nos resulta bastante extraño ver aquellos sectores que ayer negaron la existencia de la pobreza y que nos señalaban "Hoy vamos bien, mañana mejor", escucharlos hablar de progreso. Pero como es una palabra de la que hoy cualquiera se puede apropiar y utilizar quiero decir, simplemente, de que este es un problema que muchos la usaron y la siguen usando para profitar, para usurpar y para engañar a los pobladores. Y en esto quiero contarles una historia, que creo que es bueno que tengamos memoria. Se utilizaron las juntas de vecinos bajo el Gobierno anterior para la delación, para pedir más allanamientos. Creo que aquellos que la usaron, debieran sentir vergüenza hoy, del tremendo daño psicológico y moral que se le hizo a la mayoría de las poblaciones populares y, más encima, a nuestros hijos, que todavía sienten temor cuando ven el helicóptero que arrasa cerca de los techos o desprestigiar y utilizar a las Fuerzas Armadas, cuando cazaban con sus caras pintadas. En esto quiero, simplemente, decir que tenemos algunas propuestas, porque si los pobladores tenemos propuestas y la historia de este país ha estado compuesta y construida por los pobladores, el gran Santiago nos pertenece, como nos pertenecen los rascacielos, porque nuestros padres y nuestros abuelos ayudaron a construirlo. Ahí, queremos proponer algunas ideas que tienen que ver de dónde y cómo poder ayudar en esta situación.

Proponemos que se rechace el proyecto de ley que permitirá invertir fondos de las A.F.P., en el exterior; que se legisle para hacer uso de ellos en inversiones sociales, fijando un porcentaje anual de inversión. Rechazar la otorgación de dineros del Presupuesto de la Nación del año 91, para los ex agentes de la CNI; con los mil seiscientos millones de pesos, que se propone entregarles, se podría construir mil quinientas viviendas básicas adicionales para los allegados. Restablecer el impuesto patrimonial para atender las demandas sociales acumuladas; los recursos deben provenir de sectores favorecidos por la política económica seguida, en general, por los grandes intereses económicos existentes.

Solamente quiero agradecer por esta intervención.

El señor Montes (Presidente).-

Gracias.

Tiene la palabra la señora Adriana Galleguillos, por dos minutos.

La señora Galleguillos (doña Adriana).Soy de Peñalolén de la Villa El Parral. Dirigía la junta de vecinos Unidad Vecinal 31, veníamos erradicadas de San Joaquín, ex San Miguel. Formé la junta de vecinos y la organicé y la he entregado con su sede nueva a la Concertaron, pero que vino en forma grosera, insolente, a pedirme que entregara lo que había organizado. Gente, no digo que era de la Democracia Cristiana, gente de la Concertación, llámese Partido Comunista, Partido Socialista, con la insolencia que le entregara así, los libros y todo que me tenía que ir así para afuera, siendo que trabajé en el Campamento Aurora de Chile, de San Joaquín, exclusivamente con el fin de erradicar la pobreza y sacar a mi gente de la población en que estábamos metidos hasta el cuello, con lo que eso significaba. Nunca jamás les pregunté usted pertenece e éste u otro partido, o al otro, jamás. Sencillamente, veía la necesidad de la persona, que necesitaba algo y a esa persona la ayudaba. Pues, llegó el momento de que subió el señor Aylwin al Gobierno y se presentaron gente en esa forma estaba en un estado crítico, mi padre se me estaba muriendo de cáncer que les dije "les voy a sacar la personalidad jurídica y así lo hice. Pero qué señores, se han presentado candidatos, seis no más. De esos seis candidatos, son dos los que están arriba, que son allegados que no corresponde, porque los allegados son transitorios y que han llegado al puesto nada más que con el fin de obtener una casa. El que ocupa actualmente el cargo de Vicepresidente, sacó nueve votos. Díganme ustedes, ¿es democracia eso, siendo que mis pobladores somos ochocientos pobladores, asignatarios? Trajeron gente de afuera para inscribirlos, para que votara por ellos, para ellos quedarse con el puesto y le entregué limpia, honestamente la Junta de Vecinos con todas mis cuentas al día y claras, con sede nueva construida por el proyecto de la señora Diputada, que gracias a ella me trajo aquí, que se lo pedí que por favor me diera este lugar.

El señor Montes (Presidente).-

Muchas gracias.

La señora Galleguillos (doña Adriana). Gracias, señor, y, digo ¿Por qué a mí me dio tan pocos minutos y a otra gente le da tantos minutos?

El señor Montes (Presidente).Los minutos no los designo yo; vienen asignados a partir de los propios parlamentarios.

La señora Galleguillos (doña Adriana). ¡Qué pena!

El señor Montes (Presidente).Tiene la palabra el señor Vladimir Valdivia, por tres minutos.

El señor Valdivia (don Vladimir).Buenos días, señor Presidente. La intervención mía es bien simple.

Nosotros los mayores de treinta y cinco o cincuenta y cinco años, hemos sido poster-gados al trabajo durante varios años, hemos deambulado por varias empresas, sin que hayamos tenido solución. ¿Quién dará la solución? ¿Las dará el Estado, el Gobierno, quién las dará? ¿Qué haremos los mayores sin tener trabajo: matar, asesinar, ser extremistas o imitar a la mujer metralleta? Eso es lo que significa a los mayores; hay mayores que tienen poca educación, desde luego, pero los que tenemos educación no tenemos cabida en las empresas. Aprovecho la palabra que ustedes me han concedido, para pedirles a los empresarios que abran las puertas a los mayores, a los que tenemos conocimiento, a los que no nos tienen tan bien y que, por favor, en el futuro, nos consideren como chilenos y, ojalá, así sea.

Gracias señor Presidente.

El señor Montes (Presidente).-

Muchas gracias, señor Valdivia.

Tiene la palabra el señor Jorge Bardán no está en este momento acá.

Tiene la palabra la señora Ana González, de la Coordinadora Metropolitana Ollas Comunes. Tres minutos.

La señora González (doña Ana). Soy de la Coordinadora Metropolitana Consejera del Comando Regional de Ollas Comunes.

Gracias, les doy, por estar una vez aquí y me da, a veces, mucha pena escuchar a mis hermanos chilenos peleando por tan pequeñas cosas, que en vez de haber traído, en este momento, ideas para construir y para ayudar, para que salgamos adelante, ya que la mayoría quería esto, nos pongamos a discutir cosas que nosotros los pobres no discutimos. Considero que nosotros, con nuestra falta de cultura, poca educación y que no hemos tenido acceso a nada, discutamos; pero no considero que personas con una manera diferente, con estudios, con educación alta, discutan cosas que se podían poner en un acuerdo sobre la pobreza, cuando se sabe y sabemos, que siempre en este país y en el mundo ha habido pobreza y que siempre ha habido aprovechamientos demasiado altos y que ha habido una tremenda explotación, porque ustedes saben que el que no tiene dignidad y quiera ser más rico, lo va a ser, si no importa la sangre que tenga que morir. Me he dado cuenta, desde niña, que aquí el hombre es explotado y hoy me duele cuando dicen, cuando habla una persona que tiene una edad y quiere decir que ahora pide algo que no tuvo que pedir antes, porque nosotros por mucho tiempo tuvimos que callamos, tuvimos que ayudar a nuestro hermano que estaba caído, que tenía problemas y que hoy sólo venimos a poner ideas. Las ollas comunes fueron una necesidad y es una necesidad hoy y va a ser una necesidad mañana y siempre. Los talleres, las cosas que se formaron, no es en contra del Gobierno este o del pasado, fueron necesidades, que tuvimos que aprender a unimos juntos, como ustedes hoy se están uniendo para que este país, porque si mañana esto fracasa, les quiero decir, señores, como crítica, que aquí son culpables todos ustedes que están aquí, porque fueron elegidos por un pueblo, de derecha, izquierda, que diga, para mí, todos ustedes los que sean van a ser los culpables del fracaso en estos cuatro años, porque nosotros en las organizaciones hemos aprendido que desde la cabeza a los pies tiene responsabilidades y no discusiones, si no, hay que trabajar. Denante, una de las señoras atrás decía: "Nosotras traemos maneras de trabajar, queremos pedir unos carros que se está pidiendo para las ollas comunes, como un manera que la mujer empiece a trabajar y salir un poco de la olla común y ayudar"'. Tenemos nuestras hijas que se han educado y que no pueden tener, por así decirlo, acceso al trabajo tampoco, pero también se pueden hace jardines infantiles con ellas mismas, cuidar sus niños, sus guaguas, aprovecha en las mismas poblaciones casas que están botadas, gente que se enriqueció hasta tres, cuatro casas, que si ustedes vieran que nosotros lo hemos dado, porque estamos en un bajo nivel nos damos cuenta cómo surge la sinvergüenzura. Nos avergüenza que entre hermanos, a veces, nos quieren contar cuentos, pero en estos años hemos aprendido. Se dijo que había una guerra, no sé qué guerra ha habido aquí, una guerra entre nosotros, pero si entre nosotros no puede haber guerra, estamos en un solo país y eso, quizás, lo aprendimos y lo tenemos que aprender, de que no podemos estar guerreando y diciéndonos las cosas, tienen que salir adelante, para ayudar. Ahora pidiendo herramientas para salir adelante, para ayudar. Ahora, piensen, viene una Navidad, no leemos mucho el diario, pero sabemos cómo están afuera los problemas. Sabemos que nos podemos enfrentar en cualquier momento a una guerra y nosotros, pobres, sabemos que vamos a sufrir mucho más que el que tiene; porque a lo mejor va a tener para sobrevivir y nosotros no lo vamos a tener. Así que no es mucho lo que pedimos, no es demasiado lo que pedimos cuando le decimos a ustedes: "Únanse para que surjamos y salgamos adelante". Nosotros somos los que pisamos el barro, los que sufrimos el frío, los que tenemos el hambre, y los que no somos reconocidos. No recibimos sueldo, y, a veces, dejamos nuestros hijos botados, y, a veces, muchas veces, llegamos a la casa y las casas, a veces, está incendiada por dejar de luchar, y eso es nobleza, eso es dignidad y eso me gustaría que muchas personas las aprendieran, para que algún día supieran lo hermoso que es en la noche acostarse y haber completado una tarea bien hecha y no con odio y con amargura. Nada más.

El señor Montes (Presidente).-

Muchas gracias, señora Ana.

Tiene la palabra, por dos minutos, don Samuel Bermedo.

El señor Bermedo (don Samuel).La verdad es que me habría gustado haber dispuesto de diez minutos, para haber dado respuesta a muchas cosas que acá se plantean. Quiero aprovechar para hacer el desafío que este mismo debate lo hagamos frente a la población, frente a los pobres, frente a los pobladores para que justamente ahí nos demos cuenta qué es lo que opina la población.

Ahora, quiero volver al tema de la pobreza que es para el cual se me ha invitado a participar en esta Sala.

La verdad es que para mí es difícil encontrar un pobre, un allegado, con un buen trabajo. Por lo tanto, creo que la pobreza radica, entonces, en aquellos hogares donde los jefes de hogar no tienen un trabajo estable y bien remunerado. La verdad es que hay varias causas, y quiero enumerarlas muy rápido. Aquí hay un problema que hay una opción de un modelo económico, y ese modelo económico es la causa de la pobreza mayoritariamente, porque él trajo, por consiguiente, una legislación laboral y la verdad que esa legislación no es inocente en esta cosa. Hoy día los patrones pueden abusar, despedir a su antojo, sin que haya una legislación que efectivamente proteja al trabajador. Por lo tanto, no protege al pobre y creo que ahí, entonces, hay un debate que hacer y eso, la verdad, me gustaría tener mucho más minutos, para explicarla. Se dijeron muchas cosas, que hoy día se quieren dejar al olvido. Se dijo que el "chorreo'' solucionaba el problema y la verdad es que el "chorreo" no llegó y ahí tenemos a los pobres hoy día esperando. Se dijo hay que cuidar a los ricos; la verdad es que se hicieron ricos, pero no entregaron nada a los pobres y hoy día hay concursos de millones, donde se habla de "La Cutufa" y otras series de estafas, donde concursaban los millones. Qué hubiera pasado si esos millones se hubieran invertido en trabajo, se hubieran invertido en viviendas, se hubieran invertido en salud, y en muchos otros problemas que existen en este país; pero, como la forma de operar era reprimir a los pobres, reprimir a las organizaciones, para que no alegaran, no supieron dónde estaban los problemas, hoy día se alarman, porque los pobres se organizan, porque los pobladores se organizan se alarman porque llegan a pedir participación en la Junta de Vecinos. Bueno ¿querían seguir reprimiendo, querían seguir teniendo al pueblo atemorizado y sin que participara? Trabajé para que llegara la democracia, para participar, para debatir, y, hoy día, gracias a la democracia estoy en la sala, planteando lo que los pobres sienten y eso creo que es la forma de operar y esa es la gracia que podemos discutir, quién tiene la razón, con argumentos veamos quién, tiene la razón. Ayer, no había razón, sino que había balas, asesinatos, desaparecidos y, por supuesto, que en esas condiciones no podíamos hacer nada y, hoy día, exigimos participación, hemos elaborado como proposición. Nos gustaría que no fuera esta la última.

Tenemos varias proposiciones. Las hicimos llegar a los señores Diputados, en las cuales está todo lo que hemos elaborado por proposición.

Nos gustaría que no fuera ésta la última participación que tuviéramos; nos gustaría que siguiéramos teniendo este tipo de encuentros para ver cómo se va elaborando la propuesta de la solución, porque creo que con esto no es posible elaborar una propuesta acabada. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero creo que ésas, se tienen que hacer con la participación de los afectados y nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando en este debate.

Gracias, señor Diputado.

El señor Montes (Presidente).Hemos llegado al final de esta audiencia que para nosotros era un paso muy importante, en función del informe que tenemos que realizar. Este tiene propósitos limitados, queremos establecer la magnitud la diversidad, la severidad que la pobreza tiene en este país, así como, opinar sobre lo que han sido las políticas, históricamente, de los Estados, respecto a las situaciones de pobreza.

Creíamos que era fundamental conocer las distintas opiniones, pero esto no quiere decir que hasta ahora no las hayamos conocido; estamos constantemente en diálogo y conociendo distintas opiniones, experiencias y planteamientos que hay. Sin embargo, creíamos que era importante que se hiciera aquí, en la Cámara de Diputados, y a través de este procedimiento.

Una de las cosas que se aprende en democracia, es a convivir en pluralidad, a poder oírse entre personas que piensan distinto, que tienen aproximaciones diversas, poder intercambiar puntos de vistas y, en definitiva, buscar puntos de acuerdo y dejar en claro cuáles son las discrepancias, porque en un país en democracia no sacamos nada con estar permanentemente poniendo en el centro lo que nos separa; es necesario que veamos aquello que posibilita unirse.

En particular, creemos que la pobreza es un problema social de este país, que requiere un gran compromiso nacional, un gran compromiso de todo el país, que va más allá de un Gobierno, que va más allá de un sector político y requiere de un compromiso hoy día, urgente, pero también de mediano y largo plazo.

Creemos que ideologizar el tema, nos aleja de encontrar fórmulas que nos unan para enfrentarlo con mucho mayor fuerza. Esto tiene que ver con muchas materias legales, de muchos aspectos, pero, en definitiva, se supone que haya opciones, para que este Parlamento, el Gobierno y la sociedad entera ponga esto como uno de sus principales desafíos, porque no sacamos nada, con un país que crece y que tiene más pobres cada día, es capaz de ser cada vez más equitativo y, en eso, hemos coincidido al interior de la Comisión en que estamos trabajando.

Quiero, antes de cerrar, presentarles a los parlamentarios asistentes que forman parte de esta Comisión.

Están los Diputados Isidoro Tohá, Vicente Sota, Andrés Palma, Sergio Ojeda, Luis Navarrete, la Diputada María Angélica Cristi, los Diputados Andrés Sotomayor, Juan Concha, Jaime Orpis y quien habla, que preside esta Comisión, Carlos Montes.

Hemos estado trabajando muy seriamente en tomo a estos temas, creemos que con esto cerramos un cierto ciclo, tenemos que entregar, como decía antes, el informe el día 13 de noviembre.

Agradecemos la riqueza del contenido de lo que aquí se ha dicho; todo fue grabado y será escrito en papeles, para revisarlo y analizarlo más a fondo; hemos recibido varios documentos de distintas organizaciones acá presentes, esperamos que otras organizaciones que así lo deseen lo hagan llegar acá.

Creemos que es muy importante que hayan hablado 32 representantes de organizaciones, en, esta ocasión; los distintos elementos nos permiten profundizar. Agradecemos su presencia y como ha dicho el señor Bermedo, que no sea la última vez, en éste o en otros temas.

En esta Comisión hay gente que participa en muchas otras Comisiones, en Vivienda, Salud, Gobierno Interior, etcétera. Participamos en otras Comisiones y esta Comisión nos ha ayudado a tener una visión más global, sobre todo, en el problema de la pobreza, para las distintas Comisiones en que estamos.

Nuestro informe no pretende señalar programas de Gobierno, sino que son visiones globales, planteamientos gruesos; eso es lo que le corresponde a una Comisión Investigadora de este carácter.

Bueno, agradecemos, insisto la presencia de ustedes acá.

Muchas gracias y hasta otra ocasión.

Se levanta la Sesión.

Se levantó la sesión a las 13.35 horas.

Carlos Montes Cisternas, Presidente de la Comisión José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión.

Informe pobreza en chile

Anexo 2

(Documento de discusión interna de la Comisión Investigadora de la Pobreza en Chile de la Cámara de Diputados de Chile)

Carlos Montes, Andrés Palma.

Septiembre de 1990.

Presentación.

Este documento ha sido preparado para su discusión interna en la Comisión Investigadora de la Pobreza en Chile de la Cámara de Diputados, con el fin de aportar al cumplimiento de los objetivos que la Cámara de Diputados se ha propuesto alcanzar con la constitución de esta Comisión.

El documento presenta un análisis crítico del problema de la pobreza en Chile, en el cual ésta es abordada como un fenómeno multidimensional y, por tanto, como un fenómeno que no puede ser reducido sólo a una u otra de las dimensiones que lo constituyen. En él se analiza, también, el papel que históricamente ha asumido el Estado chileno en la superación del problema de la pobreza, y se presenta una revisión documentada de los distintos resultados que han arrojado los estudios oficiales y privados realizados en los últimos años tendientes a cuantificar la magnitud que alcanza la pobreza en el país. Finalmente se presentan algunos criterios de políticas elaborados sobre la base del análisis realizado y las orientaciones que guían a un nuevo discurso democrático de la política social.

INDICE

1. LA POBREZA UN PROBLEMA NACIONAL PRIORITARIO

1.1 La importancia de la pobreza en la vida nacional:

Fundamentación…1

a) la pobreza como problema moral…1

b) la pobreza como problema social…2

c) la pobreza como problema económico…2

d) la pobreza como problema cultural…2

e) la pobreza como problema de estabilidad del orden democrático…2

f) la pobreza como problema político…3

1.2 El concepto de pobreza…3

a) el concepto analítico de pobreza…4

b) la operacionalización de la pobreza…5

2. EL PAPEL DEL ESTADO EN LA SUPERACION DEL PROBLEMA DE LA POBREZA…8

2.1 Los modelos de la intervención social del Estado en Chile…8

a) el modelo de la integración…9

b) el modelo de la regulación…12

2.2 Las estrategias de políticas sociales…16

a) la estrategia de la centralización…16

b) la estrategia de la desconcentración…18

3. LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA DE LA POBREZA EN CHILE…20

3.1 Necesidades básicas y pobreza…20

a) ¿por qué se debe medir la pobreza?...21

b) medición de la pobreza…22

3.2 Procedimientos para medir la pobreza en Chile…22

a) métodos de bienes…22

b) métodos de ingresos…26

c) métodos de ocupación…32

3.3 La distribución espacial de la pobreza…34

a) ámbito regional…34

b) ámbito urbano rural…36

3.4 La distribución social de la pobreza…37

a) pobladores urbanos…37

b) pobladores rurales…49

c) tercera edad…49

d) población joven…50

e) mujeres jefes de hogar…52

4. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES…53

4.1 Bases para un compromiso nacional…53

4.2 Propuestas: criterios para una nueva política social…54

a) hacia una concepción de la política social integral y con equidad…54

b) hacia un modelo de la participación…55

c) hacia una estrategia descentralizada de la política social…55

BIBLIOGRAFIA…58

ANEXO 1…60

ANEXO 2…65

1. LA POBREZA UN PROBLEMA NACIONAL PRIORITARIO

1.1 La importancia de la pobreza en la vida nacional:

Fundamentación.

Hoy se podrá discutir la magnitud del problema de la pobreza en Chile, sus causas y consecuencias y cuáles son las mejores formas a emplear para ir a su solución, pero esto no contradice un hecho fundamental: el consenso existente en tomo de la valoración del fenómeno de la pobreza como un problema prioritario en la vida nacional.

Ahora bien, ¿Qué quiere decir que la pobreza sea un problema prioritario en la vida nacional?. Quiere decir que la pobreza es un problema para la nación y de la nación. Esto es, que se trata de un fenómeno que el país ha definido como problemático (como algo que no está bien y que se quiere mejorar) y que lo ha definido como problemático para el mismo (como algo que afecta la vida nacional del país).

Pero, ¿en qué y cómo afecta la pobreza a la vida nacional del país?. La pobreza es un problema complejo. Esto significa que tiene distintas dimensiones en su interior porque es un fenómeno en el que se sintetizan un conjunto amplio de procesos constitutivos de nuestra sociedad. Vale decir, procesos que son propios y sobre los cuales la sociedad chilena actual se sustenta.

Las dimensiones de la pobreza:

a) La pobreza como problema moral.

La pobreza es un problema moral porque allí donde hay pobreza es el principio moral de la Justicia Social el que es transgredido porque ella aparece, entonces, como la constatación de una situación de inequidad, en la cual las desigualdades sociales se han hecho moralmente insostenibles para la conciencia ciudadana que reconoce en todo hombre y mujer a un (a) igual en dignidad y libertad.

Una sociedad que consiente en que parte de sus hombres y mujeres vivan en condiciones inhumanas de pobreza es una sociedad que no quiere ver a cada uno de sus miembros como sujetos iguales en dignidad y libertad -que ha reproducido la odiosa división de los hombres en propietarios y esclavos- es, por tanto, una sociedad moralmente pobre.

b) La pobreza como problema social.

La pobreza es un problema social porque ella excluye a una parte de la comunidad nacional, de la participación en la distribución de los beneficios de lo que es socialmente producido.

La pobreza habla, entonces, de una sociedad en la cual las dinámicas del esfuerzo colectivo del desarrollo no han logrado revertir en un mayor bienestar en la vida cotidiana de todos los que la componen. Es la vida en sociedad la que, así, se empobrece.

c) La pobreza es problema económico porque no sólo excluye a los pobres en su acceso a los beneficios de lo que la sociedad produce, sino que también se resta a sí misma de contar con el aporte productivo de quienes viven en condiciones de pobreza.

Hay, entonces, una situación en la cual la sociedad no ha sido suficientemente capaz de integrar, en forma estable y regulada, a su propio esfuerzo de creación de riqueza, los esfuerzos productivos de sus miembros que viven bajo la pobreza. En esta incoherencia son el desarrollo y crecimiento económico de la sociedad los que se ven empobrecidos.

d) La pobreza como problema cultural.

La pobreza es un problema cultural porque la separación que hace la sociedad en la figura del pobre -como sujeto menor en dignidad, en bienestar y en responsabilidad en la tarea común del desarrollo conlleva el debilitamiento y, en el límite, la ausencia en ellos del sentimiento de pertenencia a un todo mayor que es la nación.

Es el principio sociológico de nación, fundado en el sentimiento comunitario de sujetos que comparten un destino común, el que como contraparte resulta contradicho por la existencia de la pobreza. Así, si los pobres no se sienten partícipes de ese todo mayor que es la nación, ésta tampoco los reconoce como miembros suyos. De este modo, la división que hace en sí misma la comunidad al segmentar a un grupo humano como pobres, empobrece el fundamento mismo sobre el cual ella descansa.

e) La pobreza como problema de estabilidad del orden democrático.

La pobreza es un problema de estabilidad del orden democrático porque quebrantando el sentimiento de nación, la legítima pretensión de la democracia de gobernar en nombre de la nación, resulta cuestionada en su legitimidad porque la apelación a la nación no es, entonces, una apelación a la comunidad nacional real sino a una abstracción de ella.

Si el principio sociológico de nación es el fundamento existencial de la democracia, cuando éste es devaluado la democracia aparece como un ordenamiento puramente formal y el ejercicio del poder democrático como algo arbitrario, que no suscita lealtad ni voluntad de obediencia entre quienes sobre ellos se ejerce, ni lealtad ni sentimiento de responsabilidad frente a ellos por parte de quienes lo ejercen

¿Cómo sentirse leal y obedecer consciente y voluntariamente a un poder que no es visto como propio sino ajeno y, por lo tanto impuesto? ¿Y cómo sentirse leal y responsable por un poder que no es visto por quien lo ejerce como depositado por otros en él sino, por el contrario, que es visto como propio y del cual no se tiene que responder ante los demás?.

Sin legitimidad ciudadana, el orden democrático se vuelve pobre y su estabilidad precaria, tensionada, por una parte, por la virtualidad de la rebelión de quienes ante los cuales no aparece como legítimos y, por otra parte, por la virtualidad de su degradación autoritaria.

f) La pobreza como problema político.

La pobreza es un problema político porque el fin de la política (aquello que constituye su objetivo y que le otorga su sentido pleno) es la construcción del buen orden.

Se trata de una noción de buen orden que, en la concepción democrática de la política, se corresponde con el bien común y que encuentra su fundamento último en la idea de la persona humana. Es la finalidad de la política, así entendida, la que resulta cuestionada por la existencia de la pobreza, en tanto ésta establece una oposición entre los principios de bien común y persona humana.

1.2 El concepto de pobreza.

¿Qué es la pobreza como concepto analítico específico? Esta pregunta sitúa el problema de la pobreza en un orden de reflexión distinto al anterior. Se trata de analizarla como concepto, vale decir, como construcción intelectual abstracta.

Para abordar la respuesta a la interrogante planteada hay que partir de un primer hecho evidente por sí mismo y evidente para todos. Este hecho no es otro que la ausencia de una definición del concepto de pobreza en la cual estén todos de acuerdo: los académicos, los políticos y los hombres y mujeres del país, y lo estén entre si quienes se ubican al interior de cada uno de estos tres grupos de personas.

a) El concepto analítico de pobreza.

Es sólo partiendo de la llamada de atención anterior que se puede entender que la dificultad que presenta el concepto de pobreza radica en algo que le es propio; lo que acá llamamos su naturaleza dual.

Por una parte, el concepto de pobreza refiere a una situación de privación y, en este sentido, significa que existe una carencia (algo que falta) en un sujeto, sea éste individual o colectivo. Y, por otra parte, se trata de un concepto que no responde al ¿qué falta y en cuánta cantidad falta aquello?, dejando esta respuesta bajo la responsabilidad de quienes en cada contexto especifico utilizan este concepto.

No es, por tanto, un concepto ambiguo -porque siempre está denotando la existencia de una carencia- sino relativo. En otras palabras, un concepto que completa su sentido específico al ponerse en relación con el contexto especifico en el cual se le reconoce como un elemento de ese contexto o situación concreta.

Es así como el contenido que particulariza cada vez el concepto de pobreza, entregando los criterios sustantivos que permiten establecer los límites entre la pobreza y la no pobreza, es un contenido que siempre es relativo a una situación o contexto determinado.

A su vez, el concepto de pobreza depende también del contexto por una razón de carácter lógica o formal. Esto es, por su forma de concepto comparativo. Es por esto que no tendría sentido hablar de pobreza si la pobreza fuera la única realidad existente y posible de existir. Por el contrario, por ejemplo, tiene sentido hablar de pobres porque hay no pobres ("ricos") o porque puede haberlos.

Es precisamente porque es un concepto relativo, que un observador externo puede identificar situaciones de pobreza a lo largo de toda la historia de la humanidad, al constatar la coexistencia de unas satisfacciones diferenciales de las carencias de las distintas poblaciones observadas. No obstante que este uso del concepto no sea del todo exacto. Esto, porque junto con lo antes dicho sobre la naturaleza del concepto de pobreza, es necesario señalar que, en rigor teórico, tampoco tiene sentido hablar de pobres allí donde las situaciones de privación de grupos específicos dentro de una sociedad son significadas culturalmente en esa sociedad como un hecho natural, inmodificable por la acción humana y moralmente justo como es el caso de la sociedad estamental medioeval.

El concepto de pobreza refiere, entonces, a una situación de privación -individual y/o colectiva que aparece como tal en aquellas sociedades cuya cultura se basa en valores de carácter universales y en una concepción secular de la realidad social. Vale decir, que postula que todos los hombres y mujeres son iguales en dignidad moral y que es una posibilidad y, por tanto, una responsabilidad de la sociedad modificar las situaciones de privación que a su interior se producen.

Ahora bien, no es a la ciencia, en su sentido de ciencia positiva, a quien le cabe establecer un criterio de verdad científico respecto del contenido específico del concepto de pobreza, determinando de una vez y para siempre el qué de lo que falta y en cuánta cantidad. Este es un asunto moral y político. Moral porque el establecimiento de los criterios empíricos y cuantificables necesarios para determinar qué falta y cuánto, siempre pone en juego -y no puede ser de otra manera el problema de la concepción del Hombre, remitiendo a la ve? a la pregunta moral por el cómo queremos vivir. Y es político porque ella remite, por su parte, al problema de los históricamente posibles a la voluntad humana. Vale decir, el problema de la responsabilidad política.

b) La operacionalización de la pobreza.

Una segunda complejidad que entraña el concepto "pobreza" arranca de su historia en la teoría social y de los fines que se pretendía servir con su utilización.

El concepto de pobreza (y los conceptos de "extrema pobreza" y de "pobreza crítica" que se derivan de él) es recién utilizado en la teoría social desde la década del 70 en adelante, e introducido en ella por las formulaciones del Banco Mundial.

En su origen es un concepto que surge en el contexto del tema del desarrollo y, en particular, en el de la doble constatación de las dificultades que presentaban los países del Tercer Mundo para iniciar y sostener establemente procesos de industrialización o de modernización de sus economías y, por otra parte, de las dificultades de los países con economías semi modernas y de generar simultáneamente con el proceso de crecimiento, procesos más equitativos de distribución de los beneficios del crecimiento económico.

En ese contexto "pobreza" es un concepto que es utilizado como instrumento técnico para la implementación de las políticas sugeridas por las agencias internacionales, para ir a una corrección de los dos problemas que fueran constatados en ese momento.

El concepto surge, así, tensionado desde su origen por el requerimiento de ofrecer una operacionalización, en indicadores empíricos, cuantificables y comparables, tendientes a poner en práctica políticas correctoras de los estilos de desarrollo dominantes en ese período, a través de estrategias centradas en la dimensión de la distribución de la riqueza.

Probablemente sea por esas condiciones de origen que en la actualidad nos encontremos con un desarrollo desigual de las teorías de la pobreza, y de sus reformulaciones posteriores, en el cual priman los esfuerzos y logros alcanzados en el desarrollo de la dimensión técnica e instrumental del concepto de pobreza, y haya una elaboración menor de su dimensión propiamente teórica y conceptual.

Es a esta situación en la que nos encontramos, en la cual el conocimiento acumulado permite más saber cómo medir y cuantificar la pobreza con fines comparativos, que comprenderla y explicarla por sus causas, a la que nos referíamos al hablar de esa segunda complejidad que entraña el término "pobreza".

Al margen de los problemas teóricos pendientes involucrados a la hora de operacionalizar el concepto de pobreza en un conjunto de indicadores empíricamente observables y cuantificables, los mayores esfuerzos realizados en el país en esta línea en las últimas décadas cabe ubicarlos en dos grandes enfoques.

Por una parte en el enfoque articulado en tomo del concepto de pobreza -el enfoque de la pobreza propiamente tal y, por otra parte el enfoque articulado en tomo del concepto de "calidad de vida"

Respecto del enfoque de la pobreza hay que señalar que el conjunto de estudios e investigaciones empíricas realizadas en el país han operacionalizado a la "pobreza" en un conjunto relativamente amplio de indicadores, los que desde un punto de vista -que puede ser nombrado de formal o lógico se caracterizan por ser empíricamente observables, cuantificables y comparables, ya sea en secuencias temporales de cada uno de ellos o comparables unos con otros. Adicionalmente, desde un punto de vista -que puede ser nombrado de sustantivo estos indicadores pueden ser caracterizados, también, por pretender ser indicadores de "necesidades básicas".

En este enfoque la pobreza es, así, definida operacionalmente por la presencia o no presencia, el grado de presencia y la estabilidad de ésta, de un conjunto de cosas ("subindicadores") a través de las cuales se puede observar, científicamente, el comportamiento de los indicadores de las necesidades básicas en las que se operacionaliza la pobreza.

¿Qué significa todo ésto? Que la medición de la pobreza comprende, en primer lugar, una definición -explícita o implícita de lo que es entendido como "necesidades básicas"; en segundo lugar, una selección de los indicadores con los cuales se pueden operacionalizar esas necesidades; en tercer lugar, una selección de las cosas a través de las cuales se pueden observar y medir esos indicadores; en cuarto lugar, la definición de los mínimos de esas cosas que son entendidos como los que indican si con esas cantidades las necesidades están cubiertas o no lo están; y, en quinto lugar, una definición de las condiciones en las cuales se realiza esa observación y el conjunto de este proceso de medición de la pobreza. Con esto se hace referencia a que toda esta operación de medición se hace bajo la lógica y procedimientos de la ciencia positiva y con sus instrumentos propios.

Sin detenerse en lo último dicho, cabe señalar, a modo de ejemplo, que los estudios de pobreza se hicieron utilizando en los primeros años una definición de necesidades básicas caracterizadas como "materiales" (comida, abrigo, techo, etc.); seleccionando indicadores tales como mortalidad infantil, nutrición, educación, ingreso per cápita, etc.; y, seleccionando como elementos en los cuales se pueden observar y medir esos indicadores, cosas que son de dos tipos de órdenes analíticos. Unas que se refieren a características de sujetos individuales y que pueden ser observables (típicamente la salud medida como ausencia de determinadas enfermedades). Y las otras se refieren a los bienes y servicios que la sociedad moderna va produciendo y asignándoles la función específica de satisfacer cada uno de ellos las necesidades básicas respectivas de los individuos, a través de pautas de comportamiento y de consumo modernas (típicamente la salud medida como dotación de servicios de salud: Policlínicos, hospitales, personal de salud por número de habitantes, etc.; etc.).

Es a través de ese complejo procedimiento -toscamente esbozado acá cómo es posible medir la pobreza tomando como unidad de análisis ya sea a los individuos o a los países.

Respecto del enfoque de "calidad de vida" hay que señalar que este enfoque más que diferenciarse del anterior por usar una metodología, técnicas e instrumentos de carácter cualitativos, se diferencia, en lo medular, por ampliar el concepto de necesidades básicas -lo que también están haciendo las elaboraciones más actuales de la pobreza a aquellas que no sólo son propias de los hombres como seres vivientes (comer, abrigarse, cobijarse, etc.), sino que le son propias en tanto personas o sujetos sociales, políticos y morales.

Se abre espacio, así, a las necesidades propiamente humanas del reconocimiento social como parte de un orden social y político, al que se pertenece y en el que se participa ejerciendo los deberes y derechos que emanan de la condición de persona de los seres humanos. No obstante que esta necesaria ampliación de las necesidades básicas da pie para la realización de estudios más comprensivos del fenómeno de la pobreza, cabe señalar que la investigación empírica llevada a cabo bajo la orientación de este enfoque, está recién empezando, lo que impide emitir un juicio fundado sobre el mayor o menor grado de dificultad comparativa que ofrezca su operacionalización metodológica e implementación práctica. Los estudios existentes son de cobertura reducida y han sido impulsados en el campo de las organizaciones no gubernamentales (ONGS), sin que se haya constituido aún una línea de trabajo en este sentido a nivel gubernamental.

Vinculado a lo antes señalado hay que añadir, también, que este enfoque posibilita un segundo ampliación en relación a los estudios clásicos de la pobreza. Esta es, la incorporación de variables e indicadores "ambientales", introduciendo una mayor complejidad y, por tanto, una mayor riqueza al análisis de la pobreza.

Junto con medir los grado y la estabilidad de la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos, a través de la medición de sus carencias manifiesta y de la existencia y acceso a los bienes y servicios que la sociedad moderna reconoce necesarios para ello, el enfoque de la "calidad de vida" llama la atención sobre un conjunto de elementos que si bien no tiene una relación de "uno a uno" entre una necesidad y un bien o servicio, afectan provocando un deterioro o una mejor calidad global de vida (típicamente es el caso de la contaminación en el país: el consabido smog de Santiago, la contaminación de las playas del litoral central y Octava Región del Bío Bío, la erosión en el norte del país, etc.).

2. El papel del estado en la superación de la pobreza

2.1 Los modelos de la intervención social del Estado en Chile.

En el concierto de los países de la región, la historia chilena de este siglo muestra una rica experiencia en materia de acción social estatal. Ya desde las dos primeras décadas del siglo la intervención del Estado en materia social empieza a dejar de ser una acción esporádica y centrada en la mantención del orden público, para sumir la forma de una política social.

Para analizar esa experiencia chilena se puede optar por diversas aproximaciones metodológicas que privilegien o su descripción o su explicación; o que lo aborden desde un punto de vista histórico, jurídico institucional, económico, o desde el punto de vista del análisis, de los actores y movimientos sociales. Ahora bien, la perspectiva de este documento es la de la construcción de unos modelos analíticos o abstractos, tendiente a facilitar una interpretación político sociológica del fenómeno de la intervención social del listado en Chile. ,

a) El modelo de la integración.

En Chile el Estado empieza a diseñar una política social, en su sentido moderno, a partir del enfrentamiento de la "cuestión social" de principios de siglo, por la vía de una acción que partiendo del reconocimiento de los problemas y conflictos sociales (la £ "cuestión social"), buscaba regularlos para darles una salida dentro del orden social y político existente en ese momento.

Esto quiere decir, en principio, dos cosas: que se trataba de regularlos para evitar que se transformaran en factores destructivos del orden imperante, y que se trataba de regularlos tensionando al orden existente para darles cabida en cuanto problemas (se los. asume como problemas políticos y se responde con medidas de regulación, no de represión como antaño), y para generar a su interior las condiciones necesarias para la concreción de las salidas acordadas frente a esos problemas y conflictos sociales.

La sociedad, a través del Estado, al intervenir para regular los problemas y conflictos sociales, actuaba sobre ellos modificándolos (con la primeras leyes laborales el conflicto capital trabajo deja de resolver al interior de cada empresa y en una forma que deja de estar en manos de la voluntad, poder y arbitrio de cada patrón y grupo de trabajadores), modificándose a sí misma en esa acción (con las primeras leyes laborales el conflicto capital trabajo deja de ser resuelto al interior de cada empresa de una manera distinta).

El principal instrumento de esa acción de intervención social realizada por el Estado fue la Ley, y lo que la promulgación y vigencia de las distintas leyes sociales posibilita-ron fue la institucionalización de los problemas y conflictos sociales. Esta institucionalización permitió, por su parte, sacar del terreno de lo privado los conflictos sociales que atravesaban a la vida nacional en sus distintas fases y coyunturas, para llevarlos al terreno de lo público, y someterlos a su debate como asuntos que involucran el interés general de la nación, bajo las reglas y mecanismos democráticos institucionales, formales e impersonales legítimamente instituidos y reconocidos.

Por otra parte, esta institucionalización de los conflictos sociales a través de su regulación legal, permitió que la decisión alcanzada en el debate político en tomo a las alternativas de solución a los problemas y conflictos sociales acordada, fueran obligatorias para todos.

Finalmente -y probablemente a causa de las características políticas y administrativas que presentaba el Estado en esa época y de las características que asumía la Ley en su concepción abstracta y universal-, cabe hacer referencia al carácter universal de las políticas sociales. Desde el punto de vista de los beneficios que las políticas sociales otorgaban, el principio de la universalidad significa que los sujetos destinatarios e estos beneficios, eran todos los miembros de la comunidad nacional que estaban en las situaciones contempladas en esas políticas.

De este modo, las políticas sociales no sólo permitían reglamentariamente un acceso igualitario a los beneficios sino que además fueron una manera de concretar y ampliar, por la vía política administrativa, los derechos de las personas constitucionalmente establecidos. Paralelamente, fueron una forma de concretar en los sujetos la conciencia de sus derechos.

Otro aspecto que cabe mencionar aparte, porque sirve para tipificar la intervención social del Estado en este modelo, es la forma como, en el marco de la política social, el Estado entiende y asume el principio de su responsabilidad política frente a la sociedad y sus problemas y conflictos. Esta forma asume dos modalidades principales.

La primera se refiere a algo que ya se ha dicho: el Estado entiende su responsabilidad como una acción de reconocimiento de los problemas y conflictos sociales y de integración de éstos al orden social vigente, y asume su responsabilidad como una acción de creación de las condiciones políticas para que esa integración se realice.

La segunda modalidad se refiere al rol que se auto asigna el Estado en la resolución práctica de esos problemas y conflictos sociales a través de las políticas sociales. El Estado no sólo se hace cargo de generar las condiciones políticas para que la sociedad, a su vez, se haga cargo de sus propios problemas, sino que asume para sí (y con el consentimiento y beneplácito de la sociedad) el diseño e implementación práctica de las políticas sociales. Amén de su financiamiento.

Es por todos conocidos que el costo administrativo de las políticas sociales recayó en el Estado, presionando el crecimiento y diversificación del aparato estatal y burocracia administrativa, y que esto fue posible por la particular situación económica del país y del Estado en ese entonces.

Esta forma de generación de las políticas sociales (como respuesta política a problemas y conflictos sociales manifiestos) y de definición de la responsabilidad o rol del Estado (como sujeto de la creación de las condiciones políticas para la resolución en la sociedad de, esos problemas y conflictos y como sujeto del diseño e implementación de las políticas sociales) provocaba un conjunto de efectos que fueron funcionales al orden vigente. Estos pueden ser resumidos como:

i) un mayor bienestar relativo de las personas, familias y comunidad nacional;

ii) una legitimación del sistema de bienestar del Estado ante las personas y el país;

iii) una legitimación del sistema político en su función de gobierno de la sociedad y una legitimación de los principios y procedimientos sobre los que se sustenta ese ejercicio del Gobierno de la sociedad por parte del Estado; y

iv) una consolidación del sistema político y de la regularidad de su funcionamiento.

Los efectos disfuncionales, desde el punto de vista del bienestar de las personas, son también conocidos. Entre ellos sobresale la situación de marginalización relativa en que encontraron las personas y familias no integradas a las estructuras formales por las que se canalizan las prestaciones públicas sociales, y no integradas a las estructuras de influencia política. Se puede decir que las políticas participaron sólo marginalmente de los beneficios de las políticas sociales no llegaron a ese segmento de la población y que él no llegó a las instancias de decisión de esas políticas. Y aunque se trata de una verdad a medias, no es del todo falsa.

No es del todo falsa porque los grupos no integrados a las estructuras socioeconómicas formales ni incorporados a las redes de influencia políticas sociales, sean como beneficiarios directos o como generadores de las mismas.

Pero esto es una verdad a medias, porque no implicó en absoluto la ausencia de este segmento de la población en la participación en los procesos e instituciones regulares establecidas para el ejercicio de la participación y representación ciudadana (más aún, el derecho a voto se extiende a los analfabetos y se rebaja a 18 años el mínimo de edad exigido para ser ciudadano. A la vez, que hacia mediados de los años 60 se institucionaliza y fomenta la participación comunitaria vecinal). Tampoco implicó su no participación en los logros del desarrollo a través de las otras formas de intervención social estatales. La evolución de indicadores de bienestar social no integrados en la medición del impacto de las políticas sociales, es una constatación empírica de esto (los ejemplos más conocidos son los relacionados con el comportamiento de los ingresos -su distribución y la relación entre los ingresos más altos y más bajos-, y los referidos a las políticas de modernización urbana -los avances en equipamiento e infraestructura urbana y productiva -típicamente la reforma agraria).

b) El modelo de la regulación.

Expuesto en comparación con el modelo anterior, el modelo de la regulación se caracteriza, en lo medular, por articularse bajo la forma de un plan resultado de una decisión unilateral del Estado. Acá es el Estado quien se reserva para sí la determinación del ámbito de su intervención, las modalidades de éstas y el momento de su intervención, y también la determinación de las formas que asume la participación de los demás actores comprometidos en las políticas sociales estatales.

En el modelo anterior la generación de las políticas sociales como respuesta política a los conflictos sociales, abría espacio y suponía la negociación entre el Estado y la sociedad -suponía la existencia de procesos de articulación de intereses y de negociación entre intereses diversos o conflictos, y suponía la existencia de mecanismos institucionales formales o informales para la realización de dichos procesos de negociación. En este nuevo modelo, la negociación queda ausente y el principio generativo de la política social no es otro que la voluntad estatal expresada en la decisión del plan.

Un primer resultado directo de esto es que la política social se tecnifica. La definición, jerarquización y priorización de las carencias, son quitadas de la competencia de los sujetos que las padecen y pasa a manos de los técnicos. Esto lleva a lo que resulta ser el segundo efecto de este modelo: la despersonalización de los sujetos beneficiarios de las políticas sociales y su transformación en sujetos pasivos que participan sólo como receptores, y su consiguiente transformación en entes abstractos (no personas sino objetos de las políticas sociales). Un tercer efecto, provocado por esta tecnificación de la política social, es que la misma política social se vuelve abstracta ante los propios beneficiarios de ella.

Esto último significa que aun cuando la política social sea significada con un sentido de bienestar por los agentes estatales que la deciden, diseñan y ejecutan, ese sentido no logra llegar a los beneficiarios reales de las políticas (las poblaciones objetivos). La política social aparece, así, arbitraria en su generación, en su sentido y en su finalidad. O es resignificada como control o como caridad. En todos estos casos la puerta que se abre es la de una relación instrumental que establece el beneficiario con el bien recibido, que no se traduce en una legitimación de la acción estatal ni en un cambio actitudinal de la población, tendiente a asimilar las pautas de conductas que la sociedad propone para que las personas salgan de su situación de pobreza.

El otro punto de diferencia importante con el modelo anterior, es el cambio del principio de universalidad por el de focalización de las políticas sociales, en el que confluyen condiciones y consideraciones macro sociales o "externas" y otras de carácter internas al desarrollo de la política social estatal chilena.

De los condicionamientos macro sociales externos al fenómeno de la política social, dos aparecen como los más gravitantes. Por un lado una situación económica en la que el Estado dispone y destina menos recursos al Gasto Social y, por otro lado, una situación política en la que el Estado no condiciona sus decisiones de gasto a la existencia de una demanda social organizada.

Conjuntamente con esos condicionamientos macro sociales, se ubican aquellos que surgen como resultado de la evolución y experiencia hecha al interior del fenómeno de la política social. En esta línea la focalización aparece como una alternativa diseñada para superar ciertas deficiencias encontradas en el desempeño anterior de la política social.

Es así como, en lo fundamental, el principio de focalización intenta dar cuenta de la limitación que presentó la llegada de la política social a los individuos, familias y segmentos marginalizados de las estructuras sociales formales. La focalización es, entonces, la forma como desde la concepción de la política social como regulación articulada en la noción de plan, se enfrenta el problema de la exclusión que provocaba la política social anterior.

El juicio técnico en el que se sustenta el principio de la focalización es el que ella asegura la llegada de la prestación social respectiva a un sujeto beneficiario previamente individualizado por los diseñadores y ejecutores de la política social, evitando la "filtración" de la política. El argumento es, entonces, el de la mayor eficacia comparativa que presenta la estrategia de la focalización en relación a una no focalizada, en su propósito redistributivo para favorecer la lucha contra la pobreza.

Haciendo abstracción del conjunto de factores de carácter administrativo y operacionales que entran en juego en la ejecución de una política social focalizada, afectando los grados reales de filtración que en ella se provoquen -que pueden ser tales que terminen contraviniendo su mayor eficacia teóricamente proyectada-; en lo que la focalización, como criterio articulador de la política social, resulta cuestionada es en el sentido progresivo de la dinámica social que este tipo de intervención social estatal provoca.

La política de focalización requiere de la idea de plan, en particular, de un plan que deja la decisión de la selección de las poblaciones objetivo y de las necesidades a cubrir de esas poblaciones en manos de un actor externo: el planificador estatal. Además deja en sus manos, también, la decisión de la forma como se va a cubrir esa necesidad y llegar a los beneficiarios, estableciendo la relación entre éste y el beneficio.

Todo este proceso expropia, primero, la participación activa de los sujetos que requieren de la política social y, segundo, la responsabilidad de éstos en la solución del problema social de la pobreza, por cuanto los transforma en agentes pasivos (objeto receptor de la política social). La pobreza se socializa, estatalizándose de una extraña manera. Se olvida que, siendo un problema societal, la pobreza afecta a los pobres de una manera propia; es también su problema y su responsabilidad, y es también su espacio de decisión y de ejercicio de su creatividad en la búsqueda de la superación de la pobreza.

En esa extraña estatatización de la pobreza se crea una situación en la que el sujeto "pobre" vive la pobreza como problema propio en la vida cotidiana, pero en la que la sociedad le obstaculiza hacer la experiencia de la responsabilidad propia, puesto en juego entre los esfuerzos de los demás actores comprometidos en la superación del problema. Focalizado por otros, el sujeto espera lo que otros han decidido por él, para darle aquello decidido en la cantidad, calidad, forma y en el tiempo por ellos planificado.

En el caso específico de la focalización de las políticas sociales estatales hacia la Extrema Pobreza, se provoca además un segundo efecto de pasividad. Al entender a los sujetos en Extrema Pobreza como entes incapacitados -que no solo no tienen nada que hacer para salir de su problema de pobreza cotidiano, sino que tampoco nada que decir-, se incapacita a la propia sociedad de su capacidad de tensionarse para generar dinámicas de integración progresiva de unos problemas que le son propios y que debe asumir por sí misma de alguna manera.

Así, las otras caras de la Extrema Pobreza como estado permanente, son las de un Estado permanentemente en una acción paternal hacia los extremadamente pobres, y una sociedad permanentemente cómplice de las dinámicas excluyentes que hacen de ella una sociedad segregada. En este modelo el Estado efectivamente subsidia a la sociedad, para que se reproduzca a través de la reproducción de sus lastres de exclusión, no la gobierna ni la dirige en el desarrollo de sus potencialidades como comunidad nacional.

Desde una mirada global, hay que decir que una política social focalizada hacia la Extrema Pobreza provoca otros dos grandes efectos, en los cuales conviene detenerse al abordar su análisis. Se trata de dos efectos de distinta naturaleza. De una parte, un efecto que tiene el carácter de un fin en sí mismo. No obstante que una política de este tipo es extremadamente limitada para garantizar el desarrollo pleno de los sujetos, ella permite la protección de los pobres como seres vivos (o como vida animada).

De otra parte se ubica en efecto de carácter instrumental, que resulta al analizar sus consecuencias funcionales sistémicas. Este es, el evitar que la existencia de personas en Extrema Pobreza desencadene una deslegitimación de sistema, que lo desestabilice.

Este tipo de intervención social del Estado aparece neutralizando la amenaza que la existencia de la Extrema Pobreza pueda ser instrumentalizada por los sujetos sociales que cuentan con la capacidad y los recursos políticos disponibles, para realizar una acción política autónoma de resistencia y contestación al orden vigente.

Aparece neutralizado, también, la propensión a una acción autónoma de los sujetos en Extrema Pobreza, la que en una situación de crisis institucional de la política, encuentra su mayor eficacia, al generarse en espacio para la utilización de nuevos recursos de poder y de influencia política, o recursos //informales, o distintos a los socialmente establecidos y disponibles en las situaciones de normalidad política institucional.

Finalmente, aparece neutralizando la instrumentalización de los sujetos en Extrema Pobreza por sujetos que, en situaciones de crisis de los mecanismos institucionales de la política, puedan ser vistos como con capacidad de constituirse en alternativa de poder real, poniendo término a la inestabilidad, inseguridad y precariedad con la que se muestra la vida social en momentos de ausencia de normas conocidas y acordadas colectivamente para la regulación del conflicto político.

2.2 Las estrategias de políticas sociales.

Al hablar de estrategias interesa caracterizar la forma cómo en los modelos reseñados en el punto anterior, se resuelve la ejecución de las políticas sociales y la relación que se establece entre los actores estatales de las políticas sociales y los sujetos beneficiarios de ellas, al interior de esas formas de resolución práctica de la ejecución de la política social.

a) La estrategia de la centralización.

La centralización aparece como una característica común que, en los distintos contextos nacionales, pasó a adquirir la intervención social del Estado modelada bajo la forma de lo que acá se ha llamado el modelo de la integración.

Se trata de una centralización de la política social que es orgánica o dependiente y coherente con las formas centralizadas del Estado y de toda la vida nacional, a las cuales, por su parte, retroalimenta. Y se trata de una centralización compleja (no simple), porque conjuntamente con reservar la capacidad decisoria al nivel estatal central, la estrategia de la centralización de la política social se basó en el principio de la especialización, provocando, por este motivo, una importante diversificación de las estructuras estatales de la política social.

Esquemáticamente se puede decir que el principio de la especialización administrativa significó que cada vez que el Estado integraba una nueva demanda de política social, para satisfacer alguna necesidad socialmente constituida, la asumía generando una nueva estructura a cargo de la política social específicamente diseñada para satisfacer esa demanda.

Si desde el punto de vista del crecimiento burocrático del aparato estatal, esta forma de encarar la resolución administrativa de la política social se transformó en un factor gatillante de ese crecimiento burocrático estatal; desde el punto de vista de la relación Estado/Sociedad, ello se tradujo en la existencia de una red institucional compleja en la cual se realizaba dicha relación.

En términos figurativos se puede decir que la forma que adquiere el aparato estatal de la política social, es la de una pirámide, en cuya cúspide se ubica el nivel decisorio estatal central y que se ramifica hacia la base a través de Corporaciones y de Servicios específicamente creados para la implementación de las políticas sociales respectivas, favoreciendo la fluidez de a relación Estado/Sociedad.

Empero, este diseño institucional para la vehiculación de la estrategia centralizada de la política social, sienta las bases para el surgimiento de un efecto que resulta paradójico en relación al carácter y finalidad integrativa del modelo de política social que esta estrategia busca implementar en términos prácticos.

La lógica de las secuencia "necesidad —> política social particular —> organismo específico —> prestación concreta", si bien al simplificar las cosas puede aparecer eficiente desde un punto de vista técnico, administrativo o contable, no resulta igualmente eficiente si se la mira desde la pregunta por la resolución de los problemas sociales a los cuales busca responder.

Si se parte de la premisa que las personas y familias usuarias de las políticas sociales tienen necesidades o carencias acumulativas, el sistema segmentado de la política social, dificulta que ellas puedan utilizar eficientemente los productos de la política social en un esfuerzo por resolver sus problemas en forma integral.

Con la segmentación de la política social se tienen a producir problemas de descoordinación entre los distintos beneficios a los que pueden acceder las personas y de desencuentros en la temporalidad en la que son otorgados, los que atentan contra la eficacia de la política social y contra el uso productivo de ella por parte de las personas.

Por otra parte, la segmentación de la política social en el contexto de una estrategia centralizada dificulta el esfuerzo por hacer converger todos los elementos que están presentes en el tratamiento de un problema social. Esto, porque desliga la dimensión económica de los problemas sociales del soporte espacial (el territorio) en el que éstos se constituyen y, por ende, de la estructura de relaciones sociales (la comunidad) que hacen de ese espacio físico un espacio social, en el cual se establecen las relaciones entre los miembros y grupos de esa comunidad y con los demás actores sociales presentes en ese espacio. En el caso de la política social, con los agentes estatales de la política/social (funcionarios, técnicos o profesionales).

Así, la política social pierde eficacia social al descontextualizar los problemas y no facilita el necesario esfuerzo de sus usuarios por poner en tensión toda la dinámica social concreta involucrada en el tratamiento de un problema social.

De alguna manera el rol activo (la idea del sujeto demandante) de los sujetos sociales al momento de la generación de la política social, deviene en pasividad (la idea del sujeto receptor) a la hora de la ejecución práctica de la política social. Y es en ese proceso en el que la política social termina asumiendo un carácter asistencial que debilita su sentido participativo e integrador.

b) La estrategia de la desconcentración.

La estrategia de la desconcentración, como fue conocida en el país en la experiencia de la política social estatal hacia la Extrema Pobreza, reproduce una estructura de decisión centralizada y el principio de la especialización de los órganos o aparatos estatales de la política social, pero interrumpe la relación directa entre éstos y los sujetos beneficiarios de esas políticas, haciendo entrar en juego a la instancia municipal.

La participación de la Municipalidad en la política social realiza dos funciones, que alteran el diseño piramidal del diseño de la institucionalidad administrativa de la política social centralizada. La primera, una función de mediación entre los órganos o aparatos estatales especializados de la política social y los sujetos real o potencialmente beneficiarios de ellas; y, la segunda, una función de concentración de las distintas políticas sociales específicas que se canalizan a través de ellas.

Pasando a cumplir los roles de mediación y de concentración, en lo que podemos llamar el proceso "comunicativo" de la política social estatal, pasan también a recaer sobre la Municipalidad otras nuevas funciones.

Estas funciones son las de la identificación (periódicamente actualizada) de la población potencialmente beneficiaría; la asignación de los respectivos beneficios a los sujetos potencialmente beneficiarios; la selección de los sujetos beneficiarios; reales de entre el conjunto de población potencialmente beneficiara; y, la distribución de los beneficios de la política social a los sujetos seleccionados.

En lo primordial, estas cuatro nuevas funciones transforman a la Municipalidad en un poder protagónico fundamental de la política social. Sin intervenir en la decisión política de qué necesidad se va a cubrir, en quiénes y cómo se la va a cubrir, la Municipalidad sí decide sobre cuál es el sujeto particular que se va a beneficiar cada vez con la política social.

Sin instancias y mecanismos de regulación y de fiscalización supra municipales, el poder decisorio municipal sobre la política social es, también, un espacio para el ejercicio de la discrecionalidad de los agentes municipales. Esta posibilidad de un ejercicio discrecional sobre la política social abre las puertas a la mera arbitrariedad de la voluntad municipal, si a la inexistencia de instancias y mecanismos de regulación y de fiscalización supra municipales, se agrega la inexistencia de instancias y mecanismos institucionales reconocidos para el ejercicio de la participación de los usuarios de la política social en la decisión municipal.

Toda la responsabilidad de la corrección y, por tanto, de la eficacia social y de la legitimización política, de una política social resuelta administrativamente de esta manera, recae entonces en cada funcionario particular, quien no puede apoyarse en una institucionalidad que fomente el principio de la responsabilidad de la acción y decisión individual y colectiva de los agentes estatales de la política social.

Desde el punto de vista de los usuarios, esta capacidad de decisión de los agentes locales de la política social es un espacio para el ejercicio de la intervención de éstos sobre sus vidas. Se trata de una intervención tan compleja como problemática, y que aparece principalmente como resultado de la ampliación de la materia de la decisión de los agentes locales de la política social, provocada por la concentración de las diversas políticas sociales en una misma instancia y agentes.

Así, si esta concentración de políticas dirigidas a cubrir necesidades diversas de la población en una misma instancia, teóricamente permite resolver los problemas de descoordinación de los beneficios a los que pueden acceder las personas y de los plazos en que cada política opera, la mayor eficiencia social que esto pudiera acarrear tiene como contraparte la mayor indefensión y dependencia de los usuarios respecto de los funcionarios y agentes decisorios locales de la política social.

De ahí, por ejemplo, que los fenómenos de la burocratización y del clientelismo, en vez de desaparecer se reproducen, aunque de una nueva manera, al desplazarse desde los aparatos centralizados especializados de la política social, a los de carácter local.

La burocratización no tiene que ver tanto con el número de funcionarios de una organización, sino con la instalación en la acción de ella de la lógica del procedimiento administrativo y la supeditación a esta lógica de los objetivos de la organización. En esa lógica de acción el criterio de eficacia institucional deja de ser el logro del objetivo (a modo de ejemplo, la erradicación de la Extrema Pobreza en una determinada comunidad), en que pasa a ser reemplazado por el de la rigurosidad en el cumplimiento de unos procedimientos administrativos rutinizados.

Encontrado su explicación en el proceso de profesionalización de la política social estatal, este fenómeno genera indefensión en los usuarios, por cuanto el no acatamiento (voluntario o involuntario) de la regla procedimental administrativa, los deja incapacitados para concursar y acceder al conjunto de las políticas sociales concentradas en la instancia local.

Por ese mismo camino se llega al aumento de la dependencia y a la reproducción del clientelismo. Si la indefensión lleva a la dependencia; el clientelismo, por su parte, encuentra también su explicación en la profesionalización burocratizan te de la política social. Dicho en una frase, el funcionario depende tanto del procedimiento administrativo (que él conoce, administra y monopoliza), como de la existencia del usuario de ese procedimiento y de esa organización.

Mirada globalmente la estrategia de la desconcentración administrativa de la política social, ésta refuerza el carácter asistencial del modelo e la regulación (que operacionaliza en términos administrativos) y acerca a la relación política social estatal usuario, que en él se da, a una de tipo paternal autoritaria. En esta el componente autoritario aparece tanto en el momento inicial de la decisión central de la política social, como en el momento final de la distribución de los productos de la política social a las personas concretas (o al momento final de su consumo).

3. Las dimensiones del problema de la pobreza en Chile.

3.1 Necesidades básicas y pobreza.

Todas las personas tienen necesidades materiales y no materiales, esto sucede en todas las culturas y en todos los grupos sociales que las componen. Dentro de estas necesidades, hay una determinada jerarquización y urgencia para satisfacerlas. Está claro que las necesidades que mantienen con vida a las personas son las primeras que deben ser satisfechas y posteriormente las demás, en un determinado orden que varía según los estilos de vida que haya en cada cultura.

Sin embargo, no todas las personas tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades, ni siquiera las más elementales. En razón de esto es que se han generado diversos criterios para diferenciar a las poblaciones de acuerdo a sus capacidades de satisfacer sus necesidades. El más empleado es el de las necesidades básicas; concepto que considera una serie de elementos definidos como esenciales para tener una vida digna como ser humano. Estos se convierten, entonces, en parámetros de comparación para cada persona. Si alguien no es capaz de satisfacer estas necesidades básicas, se considera que de alguna manera sus condiciones de vida son deficitarias.

Antes de adentramos más en el tema, es preciso definir algunos términos. Por necesidad se entiende no sólo los bienes que son indispensables para la vida, sino que también cualquier cosa que si no se puede tener, resulte indigno o inhumano para la persona, según los patrones culturales del país en cuestión. Se entiende por necesidad básica los niveles de satisfacción mínimos aceptables para la vida humana.

De acuerdo a lo anterior, existen una serie de necesidades calificadas como básicas las que al no ser satisfechas convierten a las personas en pobres. Pero ¿qué son las necesidades básicas? Generalmente cuando se habla de estas necesidades piensa en significados enteramente relacionados con el consumo. Pero el concepto necesidad básica es bastante' más que eso. Aunque comprende elementos básicos de consumo privado (como alimentación, vivienda y vestuario) incluye, también, la existencia de servicios públicos esenciales como el agua potable, las instalaciones sanitarias, el transporte público, la salud pública y los establecimientos educacionales.

La satisfacción de estas necesidades no debe entenderse como una moderna forma de asistencia social por parte del estado, sino como un proceso necesario para aumentar el bienestar y los niveles de productividad de la población. Es evidente que una mejor satisfacción de las necesidades básicas tanto materiales como no materiales (sociales y culturales) de los pobres, conduce indirectamente a la estabilidad social y a un crecimiento de las capacidades laborales; aspecto fundamentales para un desarrollo socioeconómico sostenido.

a) ¿Por qué se debe medir la pobreza?

Existen varias razones para medir la pobreza, la primera es que sirve para evaluar el número de personas que deben ser consideradas como pobres y poder, así, asignar más eficientemente los recursos que se destinen al sector.

Otra razón la constituye el problema de la cobertura, es decir, se debe medir la pobreza para saber cuántos son los pobres que deben ser beneficiados por los diversos programas de subsidios u otros que van en su ayuda, y para saber cuál es la manera más óptima para incorporarlos a todos a este sistema de ayuda social.

Una tercera razón es porque saber cuántos y quiénes son los pobres, ayuda a la identificación de potenciales beneficiarios de programas.

Esencialmente por estas razones es necesario medir la pobreza.

b) Medición de la población.

Cuando se desea investigar acerca del problema de la pobreza en cualquier parte del mundo, surgen de inmediato dos grande áreas de interrogantes, La primer dice relación con las formas de medición que pueden señalar con mayor certeza la existencia del problema y, la segunda con el número absoluto o relativo de población que debe ser considerada dentro de cada categoría de pobreza. Esto es, quiénes serán considerados como extremadamente pobres, quiénes como pobres o en otras sub-clasificaciones de la pobreza que se usen para diferenciar a la población, según el grado de carencias que presenten en los indicadores pertinentes.

En el país se han efectuado una serie de investigaciones empíricas tendientes a lograr una cuantificación de la población cuyos recursos no son los suficientes para tener un nivel de vida que les permita un normal desarrollo como personas.

Los métodos empleados para determinar los niveles de pobreza han sido muy diversos, pero se pueden sintetizar en dos tipos; aquellos que emplean como criterio central las condiciones de vivienda y la posesión de bienes ("métodos bienes") y aquellos que prefieren la utilización de un indicador más directo, como es el ingreso familiar disponible por persona para la satisfacción de determinadas necesidades básicas ("método ingresos").

La que sigue a continuación es una resumida descripción de los diversos métodos que han sido empleados en Chile para medir y cuantificar los niveles de pobreza de su población.

3.2 Procedimientos para medir la pobreza en Chile.

Para la medición de la pobreza se han usado una serie de procedimientos los que, según la metodología empleada, han arrojado los más diversos resultados. No por esto la aplicación de estos métodos es menos importante, al contrario la información que se ha ido reuniendo con estos trabajos acerca del tema, nos ha ido acercando, cada vez más, a un diagnóstico más real y profundo de la pobreza en Chile.

a) Métodos de bienes.

Mapas de Extrema Pobreza.

Uno de los procedimientos que marcó un hito en la determinación de los niveles de pobreza fue el Mapa de la Extrema Pobreza (9), elaborado con la información del Censo de Población y Vivienda de abril de 1970. Este Mapa delimita el universo de los pobres haciendo uso de un índice que combina cuatro indicadores referidos a características de la vivienda y de equipamiento del hogar, y que son los que se describen a continuación:

1. Tipo de vivienda: casa, departamento, mejora y emergencia, conventillo, callampa, rancho o ruca, vivienda móvil (vagón, carpa) y la categoría otras.

2. Sistema de Eliminación de Excretas: con descarga de agua (alcantarillado o fosa séptica, con retrete de uso exclusivo o común) y sin descarga de agua (pozo negro, otro o ningún sistema).

3. Hacinamiento: hacinado (cuatro o más personas por pieza-habitación) y no hacinado (menos de cuatro personas por pieza-habitación).

4. Equipamiento: con equipamiento (población que reside en hogares que poseen al menos uno de los siguientes bienes: radio, radiocasette, tocadisco, máquina de coser o tejer, bicicleta, televisor, lavadora, teléfono, moto, automóvil, camioneta o furgón de uso exclusivo para el hogar) o sin equipamiento (no poseen ninguno de los bienes mencionados).

Según el comportamiento de estos indicadores en el índice, al efectuar un análisis comparativo entre el año 1974 (año del primer Mapa de Extrema Pobreza) y el año 1986, en que se da a conocer el segundo Mapa de Extrema Pobreza (basado en la información del censo de 1982), la pobreza en el transcurso de esos 12 años había disminuido en casi 370 mil personas. Es decir, la proporción de pobres en la población total había bajado desde un 21% en 1970, a un 14% en 1982.

Este es un hecho ampliamente conocido. Sin embargo, la realidad era bastante diferente, y esto era percibido a simple vista ya que el desempleo y la baja de los ingresos y salarios estaba afectando profundamente a los estratos socioeconómicos medios y bajos (13).

¿Por qué los indicadores provenientes de los censos de 1970 y 1982, señalaron una disminución de los niveles de pobreza?. Porque el componente "equipamiento" del índice fue determinante en este sentido. Esto puede ser explicado a través del cuadro 1.

En ese cuadro se pueden ver los valores absolutos de población pobre según los censos de población 1970 y 1982. Son pobres:

1. Todos los tipos de vivienda con hacinamiento, cualesquiera que sean las otras características (celdillas 1 a 14).

2. Las viviendas de conventillo, mejora, emergencia, callampas, rancho, ruca, choza, vivienda móvil y otra vivienda, si el sistema de eliminación de excretas es malo y no hay hacinamiento (celdillas 16 a 21).

3. Casa y departamento urbanos, si equipamiento, con mal sistema de eliminación de excretas y sin hacinamientos (celdilla 15-b).

4. Vivienda tipo callampa, rancho, ruca o choza y vivienda móvil, con buen sistema de eliminación de excretas y sin hacinamiento en la vivienda (celdillas 26 a 28).

Y las personas no pobres viven en:

1. Casa departamento, conventil, otra vivienda particular, mejora y emergencia, sin hacinamiento y con descarga de agua (celdillas 22 a 25).

2. Casa y departamento sin hacinamiento y sin descarga de agua, siempre que estén localizadas en áreas rurales o en áreas urbanas y que cuenten con equipamiento (celdilla 15-A).

Cuadro 1: Universo de los Pobres según mapas de extrema pobreza.

(Cuadro con cifras absolutas está en Anexo 2)

A pesar de que el indicador equipamiento interviene como criterio de pobreza sólo en el área de la celdilla 15-B, casa y departamento urbanos no hacinada, sin descarga y sin equipamiento, es allí en donde se produjo el cambio fundamental entre 1970 y 1982. En 1970, 357 mil personas pertenecían a esta celdilla, en tanto que en 1982 sólo lo hacían 54 mil personas. En otras palabras, en el año 1982, por el sólo, hecho de poseer uno de los bienes duraderos incluidos en la lista, hubo 303 mil pobres menos que en 1970, lo que equivale al 82% del total pobres menos detectados en 1982.

¿Es éste aumento de equipamiento clara señal de menor pobreza? Si tomamos en cuenta que entre los años límites del Mapa se produjo la apertura de la economía del país al exterior, la reducción de los aranceles, la fijación del dólar y un proceso de innovaciones provenientes del desarrollo tecnológico mundial y, simultáneamente, se idealizó el consumo de todo tipo de bienes (automotrices, electrodomésticos) y se crearon diversas facilidades para su adquisición (créditos a largo plazo); vemos que las posibilidades de mejor equipamiento hacia 1982, eran bastante mayores que en 1970. Pero esto ocurría sólo con un determinado tipo de bienes y que fueron los considerados en la lista de productos durables empleada para la generación del índice de' pobreza.

Otras deficiencias fundamentales que diversos analistas del tema observan en este instrumento son:

1. Los Mapas sólo cuantifican problemas de vivienda y de equipamiento y no incluyen la satisfacción de otras necesidades básicas, como alimentación, salud, educación, recreación y otras que son esenciales en la medición de las condiciones de vida de los hogares.

2. Los Mapas ignoran el problema de los allegados, los que según estudios de la Universidad de Chile, en 1983 llegaban a 150 mil familias sólo en el Gran Santiago. Estos allegados no aparecen formando parte de la pobreza.

3. Finalmente estos Mapas no incluyen dos factores determinantes en las condiciones de pobreza, como son la situación del empleo y de los ingresos familiares.

Las dos versiones del Mapa de Extrema Pobreza son la más clara expresión del método de bienes. Sin embargo, otros instrumentos captadores de información social de la población también pueden ser consideradas como herramientas válidas en este tipo de método. De hecho, variados análisis y diagnósticos, equivocados o no, han sido generados con información proveniente de la encuesta de los Comités de Asistencia Social (CAS), o la Encuesta de caracterización socioeconómica (CASEN). Para mayores detalles ver la información del Anexo 1.

b) Métodos de ingresos.

Las estimaciones de la magnitud de la pobreza basadas en el análisis de la estructura de ingresos (personales o familiares), tienen la ventaja de referirse a un aspecto decisivo para la vida de las personas; no olvidemos que el ingreso puede traducirse en bienes y servicios como alimento, vestuario, vivienda, salud, educación etc., cuyo consumo puede ser medido anual, mensual o diariamente.

El criterio más empleado para estudios de pobreza ha sido el costo de satisfacer la necesidad de alimentación. La definición de una canasta básica de alimentos que considere las normas calóricas y necesidades proteicas recomendadas por organismos internacionales (OMS), ha permitido determinar un ingreso mínimo bajo el cual una persona es considerada en situación de pobreza.

Esta frontera para cuantificar la pobreza es denominada "línea de pobreza", la que está relacionada con el ingreso de la familia que le permite que consuman las calorías justas según sus requerimientos. Existen en este aspecto parámetros de comparación confeccionados por la FAO que señalan cuánto es lo que debiera consumir como mínimo una persona para que no se deteriore físicamente. Sin embargo, este método también presenta problemas de aplicación. Primero, están los de carácter técnico como por ejemplo cuál sería la forma más adecuada para medir la cantidad de calorías necesarias que necesita una persona para sobrevivir. La FAO se reúne periódicamente y cambia las formas de medición de los estándares de vida generando patrones cada vez más objetivos, que van dejando absolutas las antiguas mediciones que se hayan efectuado.

Otro problema es la diversidad en las necesidades calóricas de las personas, lo que es natural porque lo que es suficiente para unos no lo es para otros y viceversa, dependiendo mucho de la actividad que se realice. Así, los requerimientos calóricos de una persona pueden ser también muy desiguales entre sí.

Considerando los aspectos señalados anteriormente, se ha calculado para un ingesta calórica per cápita promedio para la población pobre de 2.169 calorías día promedio. Sin embargo, los estudios señalan una variabilidad en cuanto a la asimilación de alimentos, llegándose a señalar que con una cuota mínima que oscile entre 1.720 y 1.830 calorías por persona promedio y por día, sería el requerimiento mínimo. El cuadro 2 muestra los requerimientos calóricos de los pobres FAO/OMS/ONU.

Cuadro 2: Requerimientos de energía (calorías) recomendados para niveles de actividad pobre (1985).

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Alimentación e ingreso.

Por el desarrollo de los conceptos de mínima alimentación señalados anteriormente la diversificación de canastas ha aumentado considerablemente. Es por esto que en Chile hoy se podrían señalar cerca de 15 variedades que difieren en el elemento optimizante señalado por los gustos de las personas. A pesar de esto, la determinación de una canasta óptima es otro método de medición de la pobreza.

El cálculo de la canasta consta de tres etapas. Primero se deben definir claramente los requerimientos de calorías mínimas para las personas. Segundo, se debe determinar una canasta que satisfaga estos requerimientos mínimos y que respete los gustos de las personas. Por último deben efectuarse comparaciones entre el valor de la canasta y el monto de los ingresos, de esta forma se identifica a la población que no tiene el ingreso necesario para adquirirlo.

Al analizar el comportamiento de los ingresos durante los últimos años, encontramos que las entradas de asalariados tanto activos como pasivos han experimentado un continuo deterioro. Como muestra el cuadro 3, los indicadores de ingreso han tenido una continua regresión. En el período 1974/1978 las remuneraciones reales alcanzaron a sólo los tres cuartos del nivel que tenían en 1970. Luego de un importante descenso en 1973-1974, las remuneraciones evidenciaron cierta recuperación en 1978 hasta llegar a un máximo en 1981 y posteriormente de nuevo entrar en una etapa de caída que se mantiene hasta 1985. Cabe destacar que durante todos estos años no se recuperaron nunca los niveles alcanzados en 1970. Esto mismo ocurre con las pensiones y con las asignaciones familiares. Estos retrocesos, sumados a los altos niveles de desempleo y a las políticas de contracción de la economía que aplicó el Gobierno pasado, han deteriorado profundamente a las economías familiares.

Cuadro 3: Evolución del Índice de Salario Real 1969-1988.

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Esta disminución de los salarios reales y del empleo y sus condiciones, se manifiesta en la distribución del consumo de la población. Si vemos el cuadro 4, el consumo en el Gran Santiago entre los años 1978 y 1988 disminuyó en un porcentaje bastante apreciable y esto es extensivo para el 80% de la población. El único sector que aumenta sus niveles de consumo es el quintil más alto. En otras palabras tenemos que según estadísticas oficiales el sector de mayor ingreso del país aumenta sus niveles de consumo en tanto que los sectores medios y bajos (donde están localizados los pobres), lo disminuyen.

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Dentro de este cuadro de deterioro encontramos algunas investigaciones acerca de los niveles de ingresos de las personas, entre éstas destacan la de Rodríguez (1985), ODEPLANU. de Chile (1985,1987), Pollack-Uthoff (1986) y Torche (1988), las que determinan con diversas metodologías, algunas muy semejantes, la situación de los ingresos a nivel nacional. Sobre la base de estos datos se trató de establecer la magnitud de la pobreza existente en el país, de acuerdo a la capacidad de consumo de una canasta básica de alimentos por persona (cuadro 5 y 6).

Cuadro 5: Valor de la canasta mínima y del ingreso de subsistencia en términos mensuales per cápita (pesos de 1985).

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Por otra parte, al usar la información que genera la encuesta de presupuestos familiares, se ha observado cual sería el costo mínimo de la canasta consumida por persona y que cumpla con la ingesta calórica necesaria, determinándose que la canasta tendría un valor de más o menos $ 2.730, en pesos de 1985. Para que una persona gaste $ 2.700 en alimentación debe tener un ingreso mayor que éste, porque la familia también gasta en vestuario, salud, vivienda, etc. Se llega, de esta forma, a un ingreso de subsistencia que es el doble, es decir, de $ 5.244 por persona y por mes, lo que implica que las personas que se encuentran en un nivel de pobreza destinan a lo menos el 50% de sus ingresos sólo a alimentación.

Una información más reciente proveniente de un estudio realizado por el PET (1990), señala los costos de la canasta mínima para Santiago. Según este cálculo (cuadro 7), el costo mínimo de la canasta de alimentos por persona es de 6.962,30 pesos y la canasta de subsistencia por persona llega a 13.924,60 pesos.

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c) Método de ocupación.

Si es cierto que es preciso actuar sobre las manifestaciones críticas de la pobreza y que ello requiere conocer las características de las potenciales personas beneficiarías de las políticas de asistencia, no lo es menos que existe una proporción importante de población que puede ser llevada a la pobreza rápidamente por efecto de situaciones de coyuntura.

El conocimiento de los sectores formal e informal, integrado y marginal, entre la participación y la exclusión, etc., que determina de mejor forma la frontera social, parece ser de mayor importancia para el diseño de una política efectiva contra la pobreza.

En estudios realizados recientemente (SUR, 1985 y CED-SUR, 1987) (6), se ha propuesto un criterio para la distinción de los segmentos de población "excluidos" que deriva de los aspectos ocupacionales más que de las dimensiones del ingreso o del consumo.

De acuerdo a este criterio, los excluidos, serían un conjunto formado por los titulares y dependientes de posiciones ocupacionales (jefe u otros miembros del hogar), caracterizadas por una elevada inestabilidad e ingresos muy bajos o nulos. Las posiciones ocupacionales descritas bajo estos criterios son las siguientes: desocupados, trabajadores en los programas PEM o POJH, empleados domésticos y trabajadores marginales ' en comercio y servicios (incluye comercio ambulante y prestatarios de servicios ocasionales a los hogares tales como jardineros, lavanderas etc.).

Este criterio tiene la ventaja de referirse al principal determinante del ingreso y que diferencia a las corrientes que corresponden al empleo formal de las que corresponden al empleo informal. Además, se desglosa el empleo informal habitualmente relacionado con la pobreza del empleo formal que es una forma típica de ocupación de la clase media.

En la actual generación de las estructuras ocupacionales tiene gran importancia los procesos económicos que han tenido lugar durante los últimos años. Es así que de acuerdo a cifras oficiales, durante el gobierno recién pasado, las tasas de desocupación abierta más que duplicó al porcentaje histórico. Esta situación de desempleo para cientos de miles de chilenos afectó seriamente a las economías nacionales y familiares de los hogares, originando como respuesta inmediata la disminución del consumo de una forma alarmante. Era tal la crisis del empleo que el gobierno militar se vio en la urgente obligación de ir en ayuda de los sectores de menores ingresos del país. En ese momento los sectores sociales que estaban siendo afectados por las políticas recesivas, no sólo estaba compuesto por los tradicionales sectores pobres sino que también lo componían sectores que pertenecían a la clase media.

La contracción de la economía había terminado con el llamado "boom" y el sostenido desarrollo que se pretendía, marginando a trabajadores industriales, agrícolas, de servicios públicos y a otros sectores del proceso económico.

La ayuda a esos sectores expulsados del modelo económico, vino en la forma de subsidios cuya manifestación en el empleo fueron los programas PEM y POJH, que significaban una pobre manera de reemplazo de un trabajo verdadero, tanto por las condiciones como por los ingresos. Los programas de empleo fueron ampliamente difundidos y a corto plazo comenzaron a absorber a los desempleados. Sin embargo, estos programas (por su estructura) se transformaron en una fuente inagotable de mano de obra barata, además de ser usados continuamente para encubrir las tasas de desempleo reales.

Si se suman las tasas de desempleo abiertas, más la población que fue absorbida por los programas de empleo PEN POJH (que eran una forma de subempleo), se obtienen cifras que superan el 30% a nivel nacional, lo que es un significativo valor para analizar la situación del país en el período.

Para superar este período de carencias la población más necesitada se vio en la obligación de generar sus propios ingresos, ya que la ayuda proveniente del aparato estatal no era suficiente para solucionar sus problemas más básicos. Los desocupados implementaron mil formas de sobrevivencia, proliferaron las ollas comunes, los talleres laborales, los vendedores ambulantes y otras formas de servicios que hasta hoy han permanecido.

Este proceso de descomposición de las tradicionales estructuras ocupacionales y sus efectos sobre la capacidad de consumo, no están tan lejanas en el tiempo. Por ejemplo, una encuesta del PET entregada en 1986, señalaba que en Santiago, el 50.5% de las familias percibían un ingreso inferior a los 8.715 pesos, situación que las definía como pobres y el 46% de las familias encuestadas recibía menos de 4.358 pesos por persona, lo que las colocaba en situación de indigencia.

3.3 Distribución espacial de la pobreza.

a) Ámbito regional.

Entre los indicadores comúnmente empleados para determinar niveles de desarrollo a nivel regional se encuentra el análisis del PGB, entre las décadas 70 (1974) y 80, la composición sectorial del producto mostró que hubo una serie de regiones que se deprimieron en beneficio de aquellas que poseían disponibilidad o potencialidad para la exportación de recursos naturales como minería, pesca y rubro silvícola y frutícola del sector agropecuario. Las regiones que destacaron en cuanto a su crecimiento fueron: Las regiones mineras de Antofagasta y Atacama; las regiones forestales en el centro-sur principalmente las de Maulé y Bío Bío: y las regiones Horto-frutícolas del valle del Aconcagua y el valle central de O'Higgins. Por su parte la producción de recursos marinos creció particularmente en Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Los Lagos.

El sector industrial se vio severamente afectado por dos procesos. Por una parte, el término del proceso de sustitución de importaciones por efecto de la política arancelaria y cambiaria, y por una fuerte caída de la demanda interna como consecuencia de las políticas económicas impulsadas por el modelo liberal. Las regiones que vieron caer más profundamente a este sector fueron las de Valparaíso, Bío Bío, Metropolitana y Tarapacá. A nivel nacional la caída del PGB per cápita se concentró en las regiones de Valparaíso, Bío Bío y Metropolitana.

La caída del PGB y los efectos del modelo económico en aplicación generaron un proceso de marginalización de la fuerza de trabajo. La tasa de desempleo más que duplicó las tasas históricas, se incrementó el empleo informal y las actividades por cuenta propia y, con los programas de empleo y de otras formas de autoempleo, existió una profunda tercerización o lo que es lo mismo, un crecimiento del sector de servicios personales.

Las funciones subsidiarias del Estado chileno que habían estado proporcionando permanentemente a la población nacional los servicios sociales básicos como educación, salud, asistencia social (previsión), vivienda etc., vivieron durante el pasado Gobierno una etapa de caída significativa en los gastos públicos sociales y en la labor directa del Estado en educación, salud, vivienda.

En este sentido existen claras señales que durante el período 1977-1982 la Región Metropolitana experimenta un retroceso significativo en la cobertura del sector educacional tanto a nivel básico como a nivel medio, y el sector vivienda presenta una caída del gasto público per cápita que alcanzó al 70%. En el aspecto territorial, la labor del Estado en ese sector tendió a beneficiar a las regiones extremas del norte y sur, a la Región Metropolitana y a la Región de Maulé principalmente.

Según la metodología del Mapa de la Extrema Pobreza la evolución regional de la población pobre ha sido la que muestra el cuadro 8. Aquí se observa que a pesar de que la evolución de los indicadores empleados tenía un gran efecto sobre las probalidades de disminución absoluta de esta población (especialmente por las facilidades de compra de bienes durables) esto no ocurre en su totalidad.

Cuadro 8: Porcentaje de Población en Extrema Pobreza por Región del País.

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Durante el período 1970-1982, la población en Extrema Pobreza se reduce en todas las regiones, pero la información CASEN usada en 1987, señala que aunque existe una disminución nacional, en algunas regiones como la II, VI, VII y IX se produce un aumento.

b) Ámbito urbano-rural.

Las diferencias entre la pobreza urbano rural son bastante clarificadoras para señalamos los tipos de pobreza que pueden darse en los diversos espacios habitados por el hombre.

No es lo mismo ser pobre en un espacio rural que en uno urbano. En el espacio rural la pobreza se manifiesta, aparte de la falta de ingresos monetarios, en la carencia de servicios básicos de diverso tipo como alcantarillado, luz eléctrica, locales hospitalarios, que son tan necesarios para una mejor vida. Muchas veces estos elementos son accesibles para el pobre urbano, pero su condición no cambia por ello ya que su pobreza es diferente. Esta se debe a la falta de ingresos por la falta de trabajo o por ejercer en un subempleo que muchas veces no le da para vivir.

Estas diferencias entre ambos ámbitos pueden ser vistas desde muchos puntos de vista, pero como señalan algunos estudios en el Gran Santiago, gran centro urbano, los niveles de pobreza varían entre 1982 y 1984 en 31.2 y 48.5% respectivamente (17). En el año 1983 Rodríguez (14), señalaba que en las áreas rurales la cantidad de pobres abarcaba al 55% de los hogares, en tanto que en las áreas urbanas llegaba a un 27%.

3.5 La distribución social de la pobreza.

a) Pobladores urbanos.

Lo poblacional está estrechamente relacionado con el desarrollo urbano industrial de Santiago. En 1920, la ciudad de Santiago albergaba el 13.6% de la población urbana y en 1982 el 40.2% (10). La dimensión que hoy presenta Santiago esconde la existencia de las llamadas poblaciones marginales. En ellas viven los pobres urbanos.

En cuanto a la pobreza urbana destaca el trabajo que ha realizado Molly Polack en el Gran Santiago (12). Y del que hemos extraído los siguientes párrafos:

El concepto de pobreza.

"Definir la pobreza es muy complejo, implica hacer juicios de valor. La noción de pobreza se basa, en última instancia, en un juicio de valor sobre cuáles son los niveles de bienestar mínimos adecuados, cuales son las necesidades básicas cuya satisfacción es indispensable, qué grado de privación resulta intolerable. Por lo tanto, las políticas elegidas para combatirlas y los juicios sobre su viabilidad forman parte de una misma valoración. Sin embargo, se puede considerar la existencia de dos formas de referirse a la pobreza: el enfoque de ingresos percibidos y el enfoque de ingreso permanente".

"El enfoque del ingreso permanente mide la pobreza de acuerdo a factores concomitantes con pobreza: bajo nivel educacional, escaso equipamiento del hogar, malas condiciones habitacionales y de saneamiento, hacinamiento, etc., y a través de métodos estadísticos se construye un índice socioeconómico. Además, por observación directa, se determinan situaciones consideradas paupérrimas y otras de menor pobreza, y así se define el umbral de pobreza de dicho índice".

"El enfoque de ingresos percibidos usa estadísticas de distribución de ingresos y la pobreza se define como relativa o absoluta".

"La pobreza es relativa en la medida en que la norma que sirve para definirla se relaciona con un contexto social determinado y se refiere a una determinada escala de valores, asociada a un estilo de vida. La dimensión absoluta de la pobreza, en cambio, está relacionada directamente con el concepto de dignidad humana, y a dimensiones relativas a los niveles medios de bienestar locales".

"Para los efectos de esta investigación se utiliza el concepto de pobreza absoluta en su enfoque biológico. Según esta definición se consideran como indigentes o en pobreza primaria (Rowntree, 1901) aquellos individuos cuyos ingresos totales son insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas. De acuerdo con SEN (1978) "hay un núcleo irreductible de privación absoluta en nuestra idea de pobreza, que traduce manifestaciones de indigencia, desnutrición y penuria visible en un diagnóstico de pobreza sin tener que indagar primero la escena relativa. El enfoque de la privación relativa suplementa más que compite con esta preocupación como la desposesión absoluta".

"El criterio de necesidades básicas utilizado en este estudio para definir quiénes son los pobres, se refiere a los mínimos nutricionales por persona, según lo ha definido la CEPAL (Altimir, 1979). Los productos de la canasta básica definida se valoran a precios del índice de precios al consumidor de mayo de cada año del estudio, obteniéndose así el valor de la canasta básica para cada uno de esos períodos".

"La pobreza se define comparando el costo de la canasta mínima de consumo de alimentos por persona con el ingreso familiar per cápita obtenido de la encuesta de ocupación y desocupación de la Universidad de Chile. No se utilizan elasticidades gasto en alimentos con respecto al tamaño familiar, lo que significa que no se consideran economías a escala en el conjunto familiar. El costo de la canasta se compara directamente con el ingreso familiar per cápita, donde el número de personas del hogar considera a niños y adultos con igual ponderación".

"El ingreso total del hogar incluye el ingreso, percibido por todos los miembros del hogar, incluyendo tanto el proveniente del trabajo (monetario y/o en especies) como el proveniente de otras fuentes donde se incluyen jubilaciones y otros ingresos".

"Una crítica que se hace a la información sobre ingresos proveniente de las encuestas de ocupación y desocupación es la subdeclaración de los ingresos distintos a ingresos y salarios, la cual, según un estudio de Cortazar (1980) evolucionaría en forma errática. No obstante, considerando que el interés central de esta investigación es la pobreza, la omisión mencionada no es muy significativa, por cuanto el análisis se centra en la parte más baja de la distribución (los pobres), donde la subdeclaración es menor. Sin embargo, al no ser la fuente de información una encuesta de ingresos y gastos, es posible que se excluyan fuentes de ingreso, especialmente aquéllas provenientes de transferencias".

"Con el fin de estimar la magnitud de la pobreza, siguiendo los criterios explicados, se identifican tres tipos de familias u hogares. Aquellas cuyo ingreso familiar total per cápita es inferior al costo de la canasta, aquéllas cuyo ingreso familiar percápita es igual a un valor entre uno y dos veces el costo de la canasta y aquellas cuyo ingreso familiar total per cápita supera el valor equivalente a dos veces el valor de la canasta básica. Las primeras familias se califican como indigentes, las segundas como pobres no indigentes, y las terceras como no pobres (cuadro 9)".

b) Magnitud y evolución de la pobreza.

"En el cuadro 9 (Gráfico 1) se observa la magnitud de la pobreza en el Gran Santiago en el período 1969-1987".

"El porcentaje de hogares indigentes fluctúa entre 8.4 por ciento y 24.7 por ciento. Las fluctuaciones responden en forma directa a las variables macroeconómicas, aumentando la indigencia durante las crisis económicas y disminuyendo en los años de recuperación. Sin embargo, durante los últimos años el porcentaje de hogares indigentes permanece en niveles altos cercanos al 23 por ciento. Una explicación es que, a pesar de la reducción de las tasas de desempleo, los salarios reales se han mantenido rezagados, y el salario mínimo ha caído en términos reales en un 40 por ciento entre 1982 y 1987. Además, el desempleo no ha afectado en forma homogénea a todos los estratos de ingreso, por lo que la recuperación es más lenta en los estratos bajos".

"Respecto de la pobreza no indigente se observa que sus fluctuaciones son más leves manteniéndose en los últimos años en niveles cercanos al 25 por ciento".

"El porcentaje total de hogares pobres, incluyendo indigentes y no indigentes, se mantiene en un nivel cercano al 50 por ciento de los hogares a partir de 1984, y hasta 1987, último año para el cual se dispone de información".

"Las anteriores tendencias se pueden corroborar al observar los resultados provenientes de la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), según los cuales el consumo de los sectores más pobres se redujo en un 15 por ciento en el¡ período 1978 1988 (cuadro 10).

"En la medición anterior, la pobreza se mide según el ingreso declarado por los miembros de los hogares. No se incluye el gasto social que se ha focalizado en los más pobres durante los últimos años. Sin embargo, si bien la situación de pobreza se atenúa si se ajusta el ingreso por las transferencias estatales, también es cierto que para focalizar el gasto, es decir, para definir la población objetivo, es preciso previamente definir quiénes son los pobres. Además resulta de interés analizar la evolución y las características de los más pobres, con fines de políticas para combatir la pobreza, y no sólo con fines asistenciales.

c) Magnitud de la pobreza según los distintos conceptos.

"Dependiendo el concepto de pobreza utilizado, se obtienen distintos porcentajes de personas u hogares afectados por la pobreza. En el cuadro 11, se presentan algunos indicadores de pobreza y otros indicadores sociales para el período 1970-1988. Se observa que la evolución de los indicadores del PREALC de porcentajes de hogares indigentes y pobres coincide con la evolución de los indicadores socioeconómicos: desempleo, remuneraciones, consumo por persona, incluso distribución del ingreso. También estos indicadores coinciden con la evolución del índice del gasto social estimado por CIEPLAN (Arellano, 1987)".

"Con respecto a la evolución de la pobreza en Chile ha habido una gran polémica durante los últimos años. Las autoridades públicas de la administración pasada, señalaban que bajo su gestión la pobreza había disminuido. Su definición de pobreza era la del porcentaje de familias que vivían bajo ciertos estándares mínimos en cuanto a disponibilidad de agua potable, habitaciones por hogar, radio receptores por familia, etc., siguiendo esta definición, utilizada en los llamados mapas de extrema pobreza, entre los censos nacionales de 1970 y 1982, las familias en extrema pobreza habían disminuido de un 21 a un 14 por ciento del total de las familias de Chile".

"Esta definición de pobreza, sin embargo, tiene importantes limitaciones. Ella proviene de una metodología destinada a localizar la pobreza. Por lo tanto, no considera el grado de insatisfacción de las principales necesidades de una persona o familia, sino apenas de su disponibilidad de algunos bienes escogidos arbitrariamente, como es el caso de una radio. Si se considera a una familia como pobre cuando no puede cubrir sus necesidades básicas de alimentación, como también de salud, educación y vivienda, el mejor indicador de la pobreza estaría constituido por los ingresos de que una familia dispone para cobrar una canasta de alimentos que la provea de una dieta que cubra sus mínimos requerimientos nutricionales y sus restantes necesidades básicas. Este es el criterio de medición recomendado por organismos internacionales como la CEPAL, OIT, y ha sido utilizado por la oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), en 1983".

"Tal como se observa en el cuadro 11, las cifras del estudio de PREALC muestra que la pobreza en el Gran Santiago, lejos de disminuir, como lo señala la metodología del "mapa", subió en el período 1969-1988”.

"Las estimaciones de PREALC resultan coherentes con la evolución de los demás indicadores. Aun cuando estas estimaciones se refieren solamente al Gran Santiago, un estudio realizado para la totalidad del país muestra que por lo menos hasta 1985-1986, la pobreza era proporcionalmente mayor en las regiones y en el sector rural que en Santiago (Rodríguez, 1985)".

"Si las estimaciones para Santiago se proyectan al total del país, se estiman que hay un millón 200.000 familias (seis millones de personas aproximadamente) en condiciones de pobreza, y seiscientos mil familias (tres millones y medio de chilenos) en situación de indigencia o pobreza extrema".

Por otro lado, si analizamos el comportamiento de la distribución del ingreso a nivel de Santiago y del país (cuadros 5 y 6 del anexo 2) nos encontramos con una inmensa concentración de éstos en los decíles de los estratos económicos más altos que es la situación que nos muestran los Gráficos 3 y 4. Esta concentración de los ingresos, acentúa las diferencias económicas sociales y económicas entre las personas generando un continuo foco de tensiones que es necesario eliminar.

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Las poblaciones que es como se denomina comúnmente a las barriadas urbanas, generalmente están constituidas por: campamentos y tomas de terrenos, operaciones sitio, conjuntos habitacionales construidos por el Estado y otras unidades habitacionales agregadas en el tiempo (2).

Las llamadas poblaciones que rodean el centro administrativo y las comunas residenciales, acogen a no menos del 33% de los habitantes de Santiago.

Por otra parte, los trabajos de algunas investigaciones consideran que alrededor del 50% de la población del Gran Santiago podría ser considerada como "pobladores".

El concepto de pobladores, comprende a las personas que "viven en zonas urbanas, tienen una situación de vivienda precaria, éstas se encuentran reunidas en conjuntos identificables para sus habitantes y para quienes son de afuera. Estos conjuntos son el resultado "espontáneo" (toma de terrenos o callampas) o la consecuencia de una solución más definitiva realizada por el Estado, los cuales se ubican en zonas periféricas de la ciudad" (2).

Los problemas que caracterizan la vida de los pobladores son comunes a todos ellos. Muchos estudios dan cuenta de carencias como: habitaciones pequeñas, hacinamiento, cesantía, inestabilidad laboral, bajas remuneraciones, falta de alimentos, problemas de salud, educación, seguridad y recreación. Pero estas condiciones de pobreza puertas adentro de cada hogar poblacional, también se reproducen en el entorno poblacional o comunal.

La "población" es un lugar donde se segrega la pobreza, agrupada en comunas "poblacionales" que se caracterizan por índices de deterioro generalizado: "contaminación atmosférica, localización de industrias, inadecuado manejo de la basura, falta o mala distribución de áreas verdes, escasa arborización en las calles, hacinamiento y promiscuidad, escasez de vivienda, falta de servicios básicos en las viviendas (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica), exceso de asentamientos provisionales, insuficiente y mala localización de establecimientos de salud, insuficiencia y deterioro de los locales escolares" (4).

Esta situación de carencias a nivel poblacional, tanto urbanas como rurales, ha sido centro de atención y de aplicación de múltiples políticas de subsidio u otras alternativas de ayuda a la población, pero a pesar de que este sistema de ayuda tuvo un continuo crecimiento durante los últimos años del gobierno pasado fue disminuyendo como lo muestra el Gráfico 4 confeccionado con la información del Cuadro 7, del Anexo 2.

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b) Pobladores rurales.

Diversos estudios han dado como resultado que los indicadores de pobreza tienen su máxima expresión entre la población rural, y que porcentajes importantes de población catalogada como en situación de Extrema Pobreza se localiza en áreas de alta ruralidad. El analfabetismo y la deserción escolar, la mortalidad general e infantil, la desnutrición, la carencia de servicios como agua potable, electricidad, caminos y comunicaciones son notoriamente más altos en las áreas rurales que en las urbanas (15).

Para 1970, CEPAL estimaba que un 12% de los hogares urbanos y un 25% de los rurales no alcanzaba a disponer de ingresos suficientes para alimentarse adecuadamente, en tanto que el 3% de sus familias urbanas y el 11% de las rurales no contaba con los ingresos para solventar los costos de una canasta de alimentos mínima.

En 1983, Rodríguez reveló que los hogares en situación de indigencia, cuyos ingresos totales eran inferiores al costo de la canasta mínima, alcanzaba a un 27% de los hogares urbanos y a un 55% de los rurales (7).

Por su parte la investigación de Pilar Vergara (18), que buscaba localizar a la pobreza rural, demostró que los menores niveles de bienestar aparecían correlacionados al predominio del minifundio. En una escala de 0 a 100, se valoraron diversos indicadores del bienestar. Las comunas rurales en donde predominaba el minifundio, tenían promedio en salud equivalentes a 43.7 y en educación a 56.9. Mientras que el valor bruto de la producción por activo agrícola era de 9.0. Las comunas menos minifundistas, señalaban promedio para salud 61.6, para educación 66.1 y valor bruto de la producción por activo agrícola ,35.0.

La exigua potencialidad de recursos naturales en las áreas minifundistas se reduce por la carencia de tecnología. Además, la tendencia a la subdivisión sucesiva por la sucesión disminuye el tamaño de las explotaciones, las que al ser cultivadas intensivamente se "agotan".

De esta forma se deteriora la producción, merman los ingresos y se produce la escasez de recursos económicos para acceder a bienes y servicios esenciales para una mejor vida.

b) Población en la tercera edad.

El porcentaje de ancianos definidos como la población de 65 años y más es relativamente pequeña y ha evolucionado desde un 4.8% en 1970, a 5.8% en 1982. Se estima por proyecciones que hacia el año 2000, será de 6.7% y que en el 2.025, llegará a ser el 10% de la población chilena.

La vejez generalmente implica el retiro de la fuerza de trabajo porque así lo establece la ley.

A pesar de esto, en 1970, un 21% de la población de 65 años y más era económicamente activa, es decir, trabajaba, buscaba trabajo o estaba cesante (Censo 1970). En 1982, en plena crisis económica, esta cifra baja a 14% (Censo 1982). Los que trabajan lo hacen generalmente por cuenta propia (60% en 1970; 38% en 1982) y como empleadores (9% 1970; 11% 1982).

Los que se retiran del trabajo y son jubilados y pensionados eran el 30% de los mayores de 65 años en 1970 y el 49%, en 1982. Entre las consecuencias que tiene el retiro de las personas del trabajo se encuentran las siguientes: empobrece a los ancianos ya que las jubilaciones son equivalentes a aproximadamente un tercio de los sueldos y pensiones y los montepíos a un sexto.

Si sumamos a lo anterior la información que contiene el cuadro 3 del anexo 2 donde se, observa lo disminuido de las pensiones de vejez y las pensiones civiles, podremos darnos cuenta que uno de los sectores más afectados por la pobreza son los ancianos.

c) Población joven.

La población joven es uno de los grupos que más ha sido afectado por el proceso de transformación implementado por el pasado Gobierno.

Las tasas de desempleo, el problema de allegados, la drogadicción, el alcoholismo tienen como uno sus principales protagonistas a la población joven de Chile.

Generalmente los jóvenes de población carecen de privacidad en sus domicilios, también han visto frustradas sus expectativas educacionales. Tampoco encuentran trabajo, y si lo encuentran a menudo se encuentran con alguno que está por debajo de sus calificaciones.

La falta de recursos los ha recluido en las poblaciones. Además han enfrentado desde muy niños la desintegración familiar y social: cesantía conflictos conyugales entre sus padres, inestabilidad económica.

A pesar de esto los jóvenes buscan la estabilidad que muchas veces no pueden encontrar por problemas de índole material: no pueden organizar una familia pues no tienen trabajo ni vivienda y generalmente deben vivir de allegados en cada de algún pariente.

La situación de desmedro en que se encuentran los jóvenes se observa en los cuadros 12, 13 y 14 que corresponde a información oficial y en donde puede constatarse que los estratos de edad más jóvenes, realmente presentan los porcentajes de desempleo más altos.

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d) Mujeres jefes de hogar.

Las mujeres en este país son el 50.6% de la población. A pesar de esto, las mujeres que trabajan ganan menos que los hombres que trabajan en los mismos cargos. Esto señala una profunda discriminación en contra de ellas.

La población económicamente activa femenina se ha duplicado desde 1972, pasando de 776 mil a un millón 395 mil mujeres activas ,1o que representa al 31.2% de la fuerza laboral. Sin embargo, esta importancia estadística no se refleja en las condiciones laborales. En base a registros oficiales se estima que el promedio de ingreso salarial de los trabajadores industriales es un 87% del promedio de ingresos de los varones.

Algunas cifras por rama de actividad apoyan lo anterior, por ejemplo en las ramas de: alimentos, bebidas, tabaco, las mujeres ganan el 86.2% de lo que ganan los varones; en textiles, vestuario, cuero el 98.5%; en maderas, muebles el 96,7%; en papel, imprentas, editoriales el 97.1%; en química 103.8%; en minerales no metálicos el 95%; en metálicos básicos el 99.2% y en productos metálicos, maquinarias y equipos 87.1% Es decir, en casi todas las ramas de actividades las mujeres están ganando menos que los hombres con la sola excepción de químicos.

Si a lo anterior sumamos que en los niveles socioeconómicos más bajos el promedio de mujeres jefas de hogar es aproximadamente de dos de cada diez hogares (21%), situación que se extiende a todo el país, y que varía porcentualmente entre un 24.8% en la cuarta región a un 16.2% en la sexta región, y que la inmensa mayoría de estas mujeres no tiene pareja (88.3)

Encontramos que la situación de estas mujeres, es bastante deficitaria en cuanto a las posibilidades de tener mejores niveles de vida ya que, aunque encontrara trabajo, en este nunca se le daría un trato económico como a un hombre. Esto unido a los problemas propios de jefe de hogar, como mantención y educación de los hijos le convierte en una potencial persona en situación de pobreza.

4. Proposiciones y recomendaciones.

Desde la perspectiva en la que se ha venido argumentando, pensar el futuro tiene un sentido muy preciso: es un llamado a concitar la voluntad de todos para detenerse a mirar la realidad de la pobreza en Chile, en punto a desplegar una acción de transformación que acerque al país a ser la sociedad justa a la que todos anhelan. Por lo mismo, no puede ser un pensar a-histórico del futuro, sino un pensarlo en el presente, desde la historia y desde lo históricamente realizable. Se trata, así, de instalar la pregunta por el futuro deseable (la sociedad justa) y posible (esa que es creada en una acción política responsable).

Asumiendo el futuro como una tarea colectiva, las proposiciones que acá se vuelcan son en rigor eso; conclusiones de un análisis expuestas para su puesta en común y debate colectivo.

4.1 Bases para un compromiso nacional.

Asumiendo la pobreza desde sus dimensiones moral y política, la cuestión principal que plantea un compromiso nacional para superar este problema, es encarar abiertamente la pregunta por cuál es la magnitud de la pobreza con la que el país está dispuesto a convivir en la actual etapa de reencuentro con la democracia.

Más allá de las precisiones técnicas sobre las diversas cifras que han arrojado los distintos esfuerzos de medición de la pobreza, no se puede desconocer el diagnóstico fundado de que el país sale de la década de los 80, con alrededor de cinco millones de pobres. La pregunta es, entonces, la de ¿cuántos millones de chilenos estamos responsablemente dispuestos a captar que sigan viviendo en condiciones de pobreza?.

Esto lleva a una segunda cuestión, que es la de encarar el problema de cuáles son las medidas que estamos responsablemente dispuestos a impulsar, para sacar de la pobreza a aquellos segmentos de la población que se definan como posibles de reintegrar plenamente a la vida nacional en el curso de los próximos años.

Entendemos que un compromiso nacional frente a la pobreza no puede dejar de pronunciarse sobre estas dos cuestiones esenciales. Y, entendemos, que es en el intercambio y debate colectivo en el cual ambas deben ser resueltas, entregando los criterios políticos que permitan orientar la elaboración técnica de las futuras políticas gubernamentales que se diseñen para enfrentar en la problema de la pobreza en Chile, en el marco de una política de crecimiento económico y de desarrollo con justicia social.

4.2 Propuestas: criterios para una nueva política social.

Partiendo de la premisa de la necesidad del país de pasar a una nueva y tercera fase en la historia de la política social estatal chilena, se proponen como elementos fundantes de ella los conceptos de una "concepción de la política social integral y con equidad", de un "modelo de participación" y de una "estrategia de descentralización".

a) Hacia una concepción de la política social integral y con equidad.

La proposición de una política social integral y con equidad busca hacer resaltar dos criterios que se postulan como claves en la nueva concepción de la política social que se quiere impulsar. Por una parte su carácter integral y, por otra parte, su sentido de equidad.

La integralidad propone que no basta con la necesaria acción asistencial que deben realizar los gobiernos para proteger la vida de los pobres (como vida animada y como sujetos sociales). Propone que esta acción debe combinarse con una intervención estatal en el plano del empleo y de la educación y salud, de modo de integrar al esfuerzo colectivo del desarrollo del país a las actuales y futuras generaciones de chilenos.

Por su parte, la equidad de la política social busca llamar la atención en la necesaria interrelación con la que deben ser asumidos los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los más pobres (subiendo el límite inferior de la pobreza) y de acortar las distancias entre los segmentos de mayor riqueza y de mayor pobreza respectivamente.

La equidad propone, así, priorizar el Gasto Social hacia la pobreza, a la vez que un aumento de este gasto. Se trata, por tanto, de transformar en hechos la responsabilidad del Gobierno y de la ciudadanía ante el problema de la pobreza.

b) Hacia un modelo de la participación.

Lo central acá es avanzar hacia una política social en la que las personas beneficiarías de ellas tengan un rol responsable y activo en todo el proceso de la política social.

Se trata que las personas, familias y comunidades destinatarias de la política social puedan desarrollar su capacidad de demanda ante la política social; de proposición en la decisión de la jerarquización, priorización y en el diseño de la política social; de gestión en la ejecución práctica de la política social; y, de evaluación de la misma, en una relación coprotagónica con el Estado e instancias gubernamentales involucradas en la política social.

Pero no basta con abrir la política social a sus beneficiarios, también hay que llevar a ella la participación responsable del conjunto de la sociedad. Se requiere, así, diseñar instrumentos y mecanismos que fomenten el involucramiento de otros grupos y organizaciones sociales en la ejecución de la política social.

Así, por ejemplo, hoy el país cuenta con una red de organizaciones no gubernamentales (ONGS) que realizan programas y proyectos de desarrollo y de investigación y de acción social, que pueden ser convocadas en diseños participativos de la política social.

Lo mismo ocurre con la red organizativa de la población a nivel local y el mundo aún no suficientemente conocido de las micro experiencias productivas y de consumo, formales o informales. Sistemas de concesiones responsables también son un medio a través del cual se puede canalizar la participación y el aporte de otros sectores sociales en la política social. Universidades y Colegios Profesionales son igualmente actores posibles de convocar en un modelo participativo de la política social.

c) Hacia una estrategia descentralizada de la política social.

Se propone avanzar desde la desconcentración "vertical" de la política social, hacia la descentralización de la políticas social estatal.

La pobreza es un fenómeno situado, no sólo temporal sino también espacialmente. Es en el territorio donde la pobreza es experimentada como fenómeno concreto en la vida de las personas, y donde encuentra el sostén material para su reproducción. Es en el territorio, también, donde se encuentran en la vida cotidiana los distintos actores involucrados en la resolución de este problema social, y donde es posible religar los problemas sociales con los económicos, con la organización social del espacio y con la estructura de participación de la población.

Descentralizar la política social en el contexto de un modelo de participación, aunque la requiere, no se agota en la dispersión del poder de decisión, de los recursos y de las atribuciones de la política social desde las instancias centrales a los locales, sino implica un segundo movimiento simultáneo ("ascendente"). Este es el de abrir el campo de la decisión de las instancias locales de la política social a la participación de los sujetos de los problemas sociales que ella busca resolver, y a los grupos de la comunidad convocados para la implementación de ésta.

Es con la participación de los usuarios como se fomenta su responsabilidad en la resolución del problema de la pobreza, y como la concentración de las distintas políticas sociales en una misma instancia, puede desarrollar plenamente su potencialidad de mayor eficacia social, sin devenir en una acción reaccionaria y retardataria del desarrollo social, encubierta en el mal entendido asistencialismo estatal de tipo paternal autoritario.

Sin embargo, la descentralización no es suficiente por sí misma como mecanismo para desarrollar una estrategia progresiva de la política social, en una perspectiva de integración participativa de los sujetos y de la comunidad.

Una estrategia de descentralización precisa combinarse en una acción concertada de 4 las instancias estatales centrales:

I) Se requiere preservar o crear mecanismos centrales para redistribuir recursos (financieros, técnicos, etc.) que permitan superar las desigualdades territoriales.

II) Se requiere mantener a nivel central la definición de los derechos sociales como derechos jurídicos de las personas, para neutralizar el clientelismo político y/o administrativo y proteger a las personas.

III) Se requiere mantener el derecho de intervención de las instancias centrales en relación a los locales, para evitar la segregación de las minorías rechazadas (por motivos culturales, económicas, políticos, sexistas, clasistas, generacionales, raciales, "morales", etc.) por parte de las autoridades políticas o administrativas locales y de la comunidad local organizada. De este modo, las personas excluidas pueden contar con la protección del Estado para preservar sus derechos sociales y políticos jurídicamente instituidos.

Encarar la pobreza en sus contextos concretos permite tratar con el fenómeno real y con sus actores reales, condición obvia de una acción eficaz. Y es en ellos donde los pobres se pueden encontrar con su pobreza (no con la pobreza) y los no pobres pueden hacerlo con la pobreza de los demás (nuevamente no con la pobreza), reconociendo a los pobres en su calidad de personas. Es así como la pobreza puede dejar de aparecer como algo abstracto y se puede superar la percepción tecnocrática e ideológica de la pobreza.

Bibliografía.

1.- Altimir, O. (1979), "La Dimensión de la pobreza en América Latina"; en: Cuadernos de la CEPAL N9 27, Santiago de Chile.

2.- Chateau, J. (1987), Espacio y poder Los pobladores, FLACSO, Santiago.

3.- Cortazar, R. (1977), "Necesidades Básicas y Extrema Pobreza", en: Serie estudios CIEPLAN N9 17, Santiago.

4.- Hardy, C. (1985), Estrategias organizadas de subsistencia. Los sectores populares frente a sus necesidades en Chile, PET, Santiago.

5.- Haindl, Erick y otros (1989) Gasto Social efectivo, ODEPLAN-U de Chile, Santiago-

6.- Martínez, J. y León, A. (1984), "Clases y clasificaciones sociales: Investigaciones sobre la Estructura social chilena 1970-1983", Documento de Trabajo, CED-SUR, Santiago.

7.- Martner, G. (1989), El Hambre en Chile, GIA-UNRJSD, Santiago.

8.- ODEPLAN (1989), Informe social, Presidencia de la República.

9.- ODEPLAN-IEUC (1975-1986), Mapa de la extrema pobreza, Trabajo conjunto de la oficina de planificación nacional y el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, Santiago.

10.- Ortega, E. y Tironi, E. (1988), Pobreza en Chile, CED, Santiago.

11.- PET (1990), "Indicadores del PET", agosto 1990, Santiago.

12.- Pollack, M. (1989), "Notas sobre la pobreza en el Gran Santiago", Documento de Trabajo, PREALC, Santiago.

13.- Raczinski, D. (1986), "¿Disminuyó la "Extrema Pobreza" entre 1970 1982?"; en: Notas técnicas N° 90, dic. 1986, CIEPLAN, Santiago.

14.- Rodríguez, J. (1985), La distribución del ingreso y el gasto social en Chile 1983, ILADES, Santiago.

15.- Rojas, A. (1984), "Campesinado y mercado de alimentos en un modelo de economía abierta"; en: Estudios e Informes de la CEPAL, 35, Santiago.

16.- Torche, A. (1986), "Distribuir el Ingreso para satisfacer las necesidades Básicas"; en: Desarrollo Económico y Democracia, editado por F. Larraín, Ediciones U. Católica, Santiago.

17.- Uthoff, A. y Pollack, M. (1986), "El mercado del trabajo y la pobreza en Chile, 1969-1984", Mimeo, Santiago.

18.- Vergara, P. (1977), "Naturaleza, localización geográfica y condicionantes de la pobreza rural", Documento de Trabajo, CIEPLAN., Santiago.

Anexo 1

Ficha CAS

La focalización de la pobreza para la aplicación de las políticas sociales, necesitó de un instrumento adecuado de selección de la población a beneficiar por las políticas de Gasto Social.

Para generar el sistema de información social requerido, se diseñó un instrumento que permitiera captar los antecedentes necesarios de los "hogares objeto", y catalogarlos de acuerdo a diferentes niveles de pobreza. El instrumento fue llamado Ficha de Estratificación Social (CAS). Se pretendía con esto estratificar a la población de menores recursos y jerarquizar a la población potencialmente beneficiaria de la red social, utilizando criterios homogéneos a todo el país.

Esta ficha también debía proporcionar detalles acerca de las características específicas de los grupos afectados por la pobreza y sobre la magnitud de sus carencias.

La ficha CAS fue aplicada masivamente en el país desde 1980. Con ella se busca encuestar a hogares en situación de pobreza al interior de cada comuna del país. Esta ficha consta de dos secciones. Una está destinada al registro de los principales antecedentes socioeconómicos del grupo familiar (como son las características de la vivienda, la localización urbano-rural, el hacinamiento, la infraestructura sanitaria y el combustible usado para cocinar), asignándole a cada variable una determinada ponderación. La otra sección recoge información sobre cada uno de los miembros del núcleo familiar en aspectos como parentesco, edad, sexo, alfabetismo, nivel de escolaridad y actividad laboral.

El resultado de este conjunto de antecedentes se expresa en un puntaje global (Índice CAS) que estratifica según valores de 1 a 5, correspondiendo el 1 a la situación más crítica y el 5 a la de mayor bienestar relativo. Son candidatos potenciales a ser beneficiados (población objetivo) por los programas orientados a combatir la Extrema Pobreza, los hogares y personas que queden estratificados en los índices 1, 2 y 3, de la ficha.

En palabras de Torche (1986), según este instrumento, alrededor de un 40% de las familias chilenas estaban en 1982, en condiciones de pobreza.

A pesar de que este instrumento permitió un significativo avance en la focalización de la pobreza, presentó una serie de problemas entre los que destacan:

a) Las variables consideradas no diferenciaban entre pobreza urbana y rural.

1 b) No identificaba familias allegadas.

c) Los puntajes asignados a algunas variables tendían a sobreestimar el peso relativo de éstas.

d) No poseía un sistema administrativo que permitiera el funcionamiento normal del proceso de estratificación en el tiempo.

e) Fue utilizada según objetivos que no fueron considerados al momento de su diseño.

f) Y, finalmente, tampoco incluía la obtención de información de ingresos familiares.

A pesar de todas estas falencias, se utilizó la encuesta para realizar diagnósticos de la situación social, especialmente en las comunas, no tomando en cuenta que si bien este instrumento constituía un avance en el conocimiento empírico de las realidades geográficas, tenía importantes limitaciones. Por esto es que los diagnósticos generados con esta herramienta siempre tuvieron problemas metodológicos.

Considerando esta situación, en 1982, se estimó conveniente rediseñar la ficha, para lo que se definió una ficha alternativa. Para esto se sometieron a un estudio estadístico los indicadores originalmente seleccionados y, a través de un análisis de componentes principales, se determinó cuál de ellos era más discriminante. Finalmente los factores escogidos para la ficha CAS II fueron los siguientes: vivienda; educación; ocupación; ingreso y patrimonio.

Esta nueva ficha se planteó como principal objetivo, el focalizar a la población que sería beneficiada por los distintos programas sociales vigentes hasta su aplicación. Sin embargo, debido a la diversidad de objetivos que poseían esto programas, finalmente sólo se definió como instrumento válido para los siguientes subsidios: subsidio único familiar (SUF), pensiones asistenciales y subsidio de marginalidad habitacional.

En esta ficha el método de selección de las personas beneficiadas se basa en un sistema de puntaje que incluye una ponderación según área geográfica en que se viva. El cálculo definitivo se realiza computacionalmente evitando de esta forma errores de manipulación.

Al igual que la ficha CAS I, ésta tampoco tiene como objetivo el servir como base de datos para diagnósticos sociales, ya que sus fundamentos metodológicos no son censales ni muéstrales, por lo que los resultados que se extraen de ella no pueden ser empleados con ese fin.

Esta nueva ficha comenzó a ser aplicada desde junio de 1987 y, no obstante lo señalado, además de ser usada para asignar los beneficios de los programas nombrados también se ha constituido en información para seleccionar beneficiarios de la JUNJI, del subsidio de agua potable, bicicletas y otros subsidios, perdiendo de esta manera su sentido original.

La encuesta de caracterización socioeconómica (CASEN).

Para llevar a efecto los objetivos de racionalización y modernización de la acción social del Estado, se planteó en un momento determinado perfeccionar los procedimientos de recolección de información social. Hasta 1985, no se disponía de información territorial y sectorial homogeneizada a nivel familiar, que incluyera un número importante de variables relevantes para caracterizar socioeconómicamente a la población, de tal forma que se pudieran realizar inferencias estadísticas válidas para la población chilena.

El instrumento que se diseñó para la obtención de la información descrita se denominó encuesta CASEN. Esta encuesta tiene como objetivos centrales proporcionar un diagnóstico de la situación socioeconómica de las familias chilenas a nivel regional, nacional, sectorial y por áreas urbana rural para determinar perfiles de estratificación que apoyen la acción social del Estado. La encuesta fue aplicada por primera vez en noviembre de 1985 y posteriormente en noviembre de 1987.

En base a los datos de la encuesta CASEN 1987, ODEPLAN (3) efectuó una estimación de la población en extrema pobreza basada en la canasta utilizada por Torche en 1987 (?). En esta canasta se consideran las calorías y proteínas necesarias según disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la mínima alimentación. La canasta es, además, una aproximación hecha en base a estudios del comportamiento del consumidor chileno y sus hábitos alimenticios.

Para efecto de este análisis se tomaron los ingresos autónomos de los hogares, corregidos según subdeclaraciones del nivel de ingreso y se comparó con el costo de la canasta para ese grupo familiar.

De acuerdo a esto se estimó, por cálculos oficiales, que un 26.81% (3.291.768 personas) de la población no satisfacía sus necesidades alimentarias. Al efectuarse esta misma forma de análisis para el año 1985 (también con datos CASEN), se obtuvo que había un 45% (cerca de 5 millones de personas) de población pobre. De esto, concluía la información oficial que, según esta metodología, en dos años la pobreza había disminuido desde un 45% a un 27%.

Por su parte, basado en el estudio de Haindl-Weber (4), Torche (5), ha calculado también la incidencia del ingreso sobre la población chilena llegando a definir tres niveles de pobreza: "el de pobreza crítica constituido por el sector más desposeído, tanto desde una perspectiva de corto como de largo plazo y que, por no tener acceso a los mercados formales de trabajo, requiere de baterías de programas especiales. Este grupo representa alrededor de un 10 por ciento de los hogares. Un segundo sector llamado de indigencia, al que pertenecen quienes, gastando todo su ingreso en alimentación, no alcanzan a satisfacer sus necesidades nutricionales. Este sector representa un 25 por ciento de los hogares. El tercer grupo es el de pobreza y abarca el 45 por ciento de los hogares" En resumen, tenemos que según estas cifras, habría un 10 por ciento de hogares en situación de pobreza crítica, un 15 por ciento de población en estado de indigencia y un 20 por ciento de pobres no indigentes, lo que significa una cifra total de 45% de pobres en general. Esto reflejaría la situación a 1985, cuando la Universidad de Chile y ODEPLAN aplicaron la encuesta CASEN.

Al efectuar un análisis de la evolución de la población en extrema pobreza según la metodología de Torche, tenemos los siguientes resultados:

Cuadro 1: Evolución de la canasta de consumo mínimo y del ingreso de subsistencia por área urbano rural 1985-1990 (*)

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Según esta metodología, la cantidad de pobres que existen en el país a 1985, es del 45% y a 1987 es del 42% de su población. A 1990,no es posible obtener una cifra porque la inexistencia de información acerca de ingreso familiar lo impide.

Cabe señalar que aunque se ha empleado la metodología de Arístides Torche para determinar los niveles de pobreza para 1987, cuando éste la utilizó para cuantificar la pobreza con la información de la encuesta CASEN 1985, no aclaró en su estudio si las líneas de valor de la canasta mínima y del ingreso de subsistencia están expresadas en moneda promedio 1985, o en pesos de noviembre de 1985 (fecha en que fue aplicada la encuesta CASEN), ni tampoco si ajustó los ingresos a cuentas nacionales. Este último aspecto es muy importante de considerar ya que de acuerdo a esa investigación, los ingresos medidos en la encuesta CASEN, alcanzan a un 83.5% del ingreso personal disponible de Cuentas Nacionales. Si se agrega que el autor no aclara si consideró en sus cálculos la subdeclaración de los ingresos autónomos (típica de las encuestas que intentan medir los ingresos), se tiene que, aunque la investigación es de suma importancia para el conocimiento de los niveles de pobreza nacionales, presenta algunos vacíos que necesariamente deben ser llenados para que tengan una validez completa.

Con la información de la encuesta CASEN de 1987, ODEPLAN (6), aplicó la misma metodología del Mapa de la Extrema Pobreza y se obtuvo lo que muestra el cuadro 2, es decir, se observa una disminución de la población en extrema pobreza que alcanza, al 12.40% de la población nacional. En términos absolutos esto equivale a 1.524.423 personas que se encontraban en alguna condición de pobreza. Se trata de una cifra que puede ser puesta en duda, por las mismas fallas metodológicas del Mapa de Extrema Pobreza señaladas anteriormente.

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MOCIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS DON ANTONIO HORVATH, DON FRANCISCO BAYO Y DON ANDRÉS SOTOMAYOR BOLETÍN N° 261-11.

PROYECTO DE LEY

Considerando la necesidad de:

1. Garantizar lo que dispone la Constitución Política de la República de Chile en su artículo 19, en sus N° 8 y 9. 

2. Asegurar una mayor eficiencia de los sistemas de alcantarillado y de sus procesos de tratamiento en conjunto con la capacidad natural de autodepuración de los medios de recepción de aguas servidas.

3. Evitar la contaminación de los desechos de los establecimientos hospitalarios que son altamente peligrosos por contener microorganismos patógenos y en especial con resistencia a antibióticos.

Es que se propone lo siguiente:

MOCIÓN DE LEY.

Artículo único.-

1°.- Los establecimientos Hospitalarios del sector Privado, deberán tratar sus aguas servidas previamente a sus disposición en los sistemas de alcantarillado o en otros medios.

2°.- Estos establecimientos tendrán un plazo de 210 días para presentar un programa al Ministerio de Salud que asegure lo que señala el inciso anterior. El programa deberá señalar las obras e inversiones a fin de asegurar la eliminación de microorganismos patógenos o de otras sustancias tóxicas en un plazo no superior a 1 año.

3°.- El incumplimiento de esta disposición significará que el establecimiento deberá pagar una multa de beneficio fiscal de 200 a 1000 UTM sin perjuicio de las responsabilidades administrativas correspondientes".

Fdo.). Antonio Horvath; Francisco Bayo; Andrés Sotomayor.

MOCIÓN DEL SEÑOR DIPUTADO DON EUGENIO MUNIZAGA, QUE EXTIENDE JURISDICCIÓN DEL JUZGADO DEL TRABAJO DE LA SERENA, A LAS COMUNAS QUE INDICA. (BOLETÍN N°262-07).

El Juzgado del Trabajo de la Serena, que fue suprimido el año 1982, después de más de sesenta años de existencia, tenía competencia en todo el antiguo departamento de la Serena y además en todo el Departamento de Coquimbo, incluido Andacollo, esto es, las actuales comunas de Coquimbo, La Serena, Higuera y Andacollo.

Inexplicablemente, la ley que lo reestableció, sólo le dio competencia en el departamento de la Serena.

Posteriormente, y mediante la ley N° 18.776, que dispuso la adecuación del Poder Judicial a la regionalización del país, fijó su territorio jurisdiccional sobre las comunas de la Serena y La Higuera.

Considerando la situación anteriormente descrita, todo el trabajo de orden laboral correspondiente a Coquimbo debe acumularse en los Juzgados de Letras de Coquimbo, en que, atendidas todas las causas civiles y criminales que debe conocer, hace que las causas del trabajo se vean inevitablemente demoradas con perjuicio de los trabajadores que buscan una solución rápida a sus causas.

Cabe hacer presente que el barrio industrial de Peñuelas y las despachadoras de fruta más importantes de IV Región se encuentran en Coquimbo, lo que confirma el absurdo de la situación legal existente. Asimismo, las comunas de la Serena y Coquimbo forman un solo conglomerado humano y la zona industrial de Peñuelas está físicamente más cerca de la primera.

Considerando lo anteriormente expuesto resulta necesario extender la competencia del Juzgado de Letras del Trabajo de la Serena a las comunas de Coquimbo y Anda-collo, como lo fue históricamente.

Es necesario tener presenté que el proyecto de la ley que prolongo es de carácter orgánico constitucional y, además, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74a de la Constitución Política de la República debe oírse a la Corte Suprema.

Por las razones antes expuestas someto a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente.

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°.- Sustituyese el N° 3 del artículo 9a de la ley N° 18.776, de 1989, que dispone la adecuación del Poder Judicial a la regionalización del país, fija territorios jurisdiccionales y modifica los códigos orgánicos de tribunales de Procedimiento Civil, de Procedimiento Penal, del Trabajo y Civil, por el siguiente.

“3°.- El juzgado de letras del trabajo de La Serena tendrá jurisdicción sobre la comuna de La Serena, La Higuera, Coquimbo y Andacollo”.

Artículo 2°.- Las causas que por aplicación de lo dispuesto en la presente ley sean de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo y que a la fecha de su vigencia estuvieren sometidas al conocimiento de los juzgados de letras de Coquimbo y Andacollo deberán radicarse ante el juzgado de letras del trabajo de La Serena.

MOCIÓN DEL SEÑOR DIPUTADO DON JUAN MARTÍNEZ QUE MODIFICA LA LEY N° 18.223, SOBRE NORMAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. (BOLETÍN N° 263-03)

Visto: Lo establecido en el artículo 60 N° 1 de la Constitución Política del Estado;

Considerando:

1.- La necesidad de proteger al consumidor ante la excesiva publicidad de bienes y servicios, que lo inducen al consumo de los mismos, sin adecuadas pautas objetivas de discernimiento.

2.- Que la adquisición de los bienes y servicios bajo falsas expectativas de obtener a través e ellos determinados beneficios, muchas veces inexistentes, constituye un engaño al consumidor e incluso un riesgo a su salud.

3.- Que es necesario sancionar en forma efectiva a quienes engañan intencionalmente a los consumidores de bienes y servicios.

Por lo anterior, el Diputado que suscribe viene en presentar el siguiente;

PROYECTO DE LEY.

Artículo 1°.- Agrégase en el artículo 7° de la ley N° 18.223 después de la expresión "cualidades" la frase siguiente: "o efectos".

Reemplázase en el mismo artículo, la expresión "de una a veinte unidades tributarias mensuales" por la expresión "de diez a treinta unidades tributarias mensuales". Y la expresión "de veinte a cien unidades tributarias mensuales" por la expresión "de cuarenta a ciento veinte unidades tributarias mensuales".

Artículo 2°.- Agrégase en el artículo 7° de la ley N° 18.223 el inciso segundo siguiente:

"Corresponderá al productor o comerciante que contravenga el inciso anterior, probar, en caso de denuncia en su contra, que el bien o servicio posee las cualidades o efectos que le ha atribuido. La prueba la realizará a través de informe de peritos calificados". '

Artículo 3°.- Agrégase en la ley N° 18.223 un artículo 8° bis. que señale lo siguientes.

"Cualquier persona natural o jurídica podrá denunciar, ante las autoridades pertinentes, la infracción a ésta ley".

(Fdo.) Juan Martínez Sepúlveda; Diputado".

MOCIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS DON HERNÁN BOSSELIN, DON MARIO ACUÑA, DON HOSAIN SABAG, DON SERGIO OJEDA, DON RAMÓN ELIZALDE, DON HUGO RODRIGUEZ Y DON EDMUNDO SALAS, QUE MODIFICA EL CODIGO CIVIL Y LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, A FIN DE INTRODUCIR LA FIGURA DEL FRAUDE CIVIL Y MODIFICAR LAS CAUSALES DE NULIDAD DE MATRIMONIO.

BOLETIN Nº 264-07

Honorable Cámara

Toda sociedad debidamente organizada descansa sobre la familia, célula básica, fundamento del humanismo, cuya existencia, progreso, protección y amparo debe ser la preocupación permanente de las autoridades, y muy especialmente del parlamento.

No cabe la menor duda que hoy diversos factores y causas conspiran contra la estabilidad de la misma. El matrimonio institución que representa su pilar esencial, sufre los ataques de distintas prácticas y concepciones que tienden a debilitarlo. Sin embargo, resulta una impropiedad sostener que el mismo, en su integridad se halle sometido a una crisis total, que debería llevar a su revisión.

Es sabido que algunos sectores esgrimiendo los más variados argumentos, sostienen la necesidad de legislar, consagrando derechamente el divorcio con disolución de vínculo, como una manera de contribuir a corregir las evidentes desavenencias entre los cónyuges; expresan los sostenedores de tal posición que estos tendrían el derecho a rehacer sus vidas, frente a conflictos que rompen definitivamente la convivencia conyugal. Esta vía sería más beneficiosa para los hijos.

La verdad que a nadie se oculta, es que, de todos los argumentos o razones que se esgrimen en apoyo del divorcio vincular siempre resulta que, por sobre todo, el divorcio constituye esencialmente un medio de satisfacer posiciones o anhelos individuales, con prescindencia y aún con evidente perjuicio de consideraciones de orden social, relativas a la educación y formación de los hijos y con menosprecio de los daños materiales y morales que puede causarse al otro cónyuge. Frente a la comprobación del “dinamismo del divorcio”, aún nos parece peligroso la idea de mantenerlo o establecerlo como una excepción, como un mal necesario, indispensable para solucionar situaciones irremediables. Desde el momento que la posibilidad del divorcio vincular multiplica y agrava las desavenencias conyugales y lleva en sí un germen de aumento progresivo de los casos de disolución de matrimonio, lo prudente es no establecerlo ni aún con el indicado caso de excepción (Lorenzo de la Masa).

En Chile, en la realidad de los hechos, existe el divorcio por consentimiento mutuo. Para llegar a este se recurre a la causal de nulidad del matrimonio del Artículo 31 de la Ley de Matrimonio Civil; es igualmente nulo el matrimonio que no se celebre ante el Oficial del Registro Civil correspondiente. Como certeramente expresa un autor “Anualmente se logran en Chile miles de sentencias judiciales que declaran el divorcio vincular –que no existe legalmente en Chile- bajo el subterfugio de la nulidad de matrimonio. La Ley defraudada es el art. 102 del Código Civil, que dispone que el matrimonio es “indisoluble” y por toda la vida”, norma que está reiterada por el art. 19 de la Ley de Matrimonio Civil, que aclara expresamente que el “divorcio no disuelve el matrimonio” sino que tan sólo “suspende la vida común de los cónyuges. A mayor abundamiento la ley respectiva señala causales taxativas de disolución del matrimonio y entre ellas no se menciona el divorcio vincular, como lo hacen infaltablemente aquellas legislaciones que consagran esta forma de disolución (Fernando Fueyo Laneri). Para lograr tal nulidad, divorcio encubierto, se utilizan en los juicios, con plena aceptación de jueces y ministros, testigos que faltan con todo desenfado a la verdad.

El Código Civil Chile, en su artículo 10 contiene una disposición que declara: “Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor salvo en cuanto expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. Esta prohibición, siguiendo al autor citado, bajo pena de ineficacia, con todo, no satisface los extremos de la figura del fraude a la ley, aunque en algunos países la doctrina y la jurisprudencia han hecho el consiguiente esfuerzo para alcanzar dicho fin, aplicando para tal efecto el método de la interpretación extensiva (Autor Citado, Instituciones de Derecho Civil Moderno, pág. 364).

El Nuevo derecho canónico en el Capítulo relacionado con el consentimiento matrimonial, canon 1095 expresa:

“Son incapaces de contraer matrimonio:

1º.- quienes carecen de suficiente uso de razón;

2º.- quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar;

3º.- quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica.

Al comentarse el número 2º los autores expresan: “La gravedad del defecto se estima a la luz de un criterio objetivo que el propio código suministra, a saber "los derechos y deberes matrimoniales esenciales que mutuamente se han de entregar y aceptar. Así pues, hay grave defecto cuando se prueba que el contrayente carece de la madurez intelectiva y voluntaria necesaria para discernir, en orden a comprometer con carácter irrevocable los derechos y deberes esenciales del matrimonio que han de ser objeto de mutua entrega y aceptación. La discreción de juicio alude a aquel grado de madurez del entendimiento y de la voluntad de los contrayentes que los hace capaces de darse y recibirse, a título de vínculo jurídico, en una única comunidad de vida y amor, indisolublemente fiel, ordenada al bien de los cónyuges y a la formación y educación de los hijos. Salvo prueba en contra, a partir de la pubertad se presume el grado suficiente de discreción de juicios para el consentimiento válido. Para invalidar el matrimonio, el defecto grave de la discreción de juicio ha de padecerse al menos y en todo caso en el momento de prestar el consentimiento. Su aprobación es de competencia judicial en cada caso concreto.

En relación a la imposibilidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica, han escrito “ : “el legislador acoge, como incapacidad consensual y causa de nulidad, una serie compleja de anomalías psíquicas (entre las que destacan los trastornos psicosexuales, si bien los supuestos fácticos no se agotan en ellos) que afectan a la estructura personal del sujeto, quizás sin privarle del suficiente uso de razón, ni impedirle directa y claramente su discreción de juicio o discernimiento acerca del objeto del consentimiento, aunque sí produciendo en él una imposibilidad psicopatológica de asumir, haciéndose cargo en forma realmente comprometida y responsable, las obligaciones esenciales del matrimonio. Mientras en las anteriores incapacidades el legislador parece atender al defecto del acto psicológico del consentimiento, en esta causa de nulidad, se contempla la imposibilidad de disponer, a título de deuda u obligación, del objeto del consentimiento por parte del contrayente, compatible con un suficiente uso de razón o, incluso, discreción de juicio. Es decisiva una correcta interpretación de la expresión” por causas de naturaleza psíquica". Por medio de ella, el legislador impide sostener que una incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio pueda derivarse de un estado específico, aunque normal, del ser espiritual o de la estructura psíquica del individuo humano (Código de Derecho Canónico, Universidad de Navarra, Facultad de Derecho Canónico, Pamplona 1987).

El art. 102 del Código Civil define la institución matrimonial en estos términos: “El matrimonio es un Contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente”.

La Ley de matrimonio Civil prescribe en su artículo 29 que: “El matrimonio celebrado con cualquiera de los impedimentos designados en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º es nulo.

Más adelante agrega que “el impedimento que, según las prescripciones de esta ley, anula el matrimonio, ha de haber existido al tiempo de la celebración.

Es igualmente nulo, como ya se dijo, el matrimonio que no se celebre ante el Oficial del Registro Civil, correspondiente, y ante el número de testigos hábiles determinados en el artículo 16.

Es también nulo el matrimonio para cuya celebración no ha habido, por parte de alguno de los contrayentes, libres y espontáneos consentimientos.

Falta el consentimiento libre, espontáneo en los casos siguientes:

1º.- Si ha habido error en cuanto a la identidad de la persona del otro contrayente:

2º.- Si ha habido fuerza, según los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil;

3º.- Si ha habido rapto, y al tiempo de celebrarse el matrimonio, no ha recobrado la mujer su libertad.

En este proyecto de ley proponemos derechamente poner término a la farsa que hoy representen las nulidades de matrimonio por incompetencia del Oficial del Registro Civil, otorgándoles competencia a todos ellos.

Estimamos perfeccionar las causales de nulidad del matrimonio siguiendo las avanzadas orientaciones que nos otorga el derecho canónico. Para ello agregamos dos nuevos números del artículo 4º de la Ley de Matrimonio Civil:

“6º Los que no tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar.

“7º Los que no pueden asumir las obligaciones esenciales del Matrimonio por causas de naturaleza psíquica.

Tratándose del número siete que se sugiere, y que es la reproducción del texto del código de Derecho Canónico se ha dicho: “En primer lugar, no pueden observar la fidelidad conyugal las personas aquejadas de ninfomanía o satiriasis, a quienes les es imposible dominar su instinto sexual. Esta misma obligación no puede ser satisfecha por los homosexuales de carácter constitucional, a los que tampoco les es posible, al igual que a los anteriores y a los: afectados por otros perversiones sexuales, como asimismo, masoquismo, exhibicionismo, etc, la observancia del bien de la prole, es decir, el derecho - deber al acto sexual realizado de una manera digna y humana. Además de los que padecen estas enfermedades o perversiones de carácter sexual, no pueden tampoco contraer matrimonio los aquejado de una “grave inmadurez afectiva, o por graves psicopatías o anomalías de la personalidad, egotismo, narcisismo, etc, que los incapacita para cumplir el fin personal del matrimonio o bien de los cónyuges, es decir, el mutuo derecho deber de instaurar el consorcio o comunión de vida, ya que los resulta imposible establecer las relaciones esenciales interpersonales que tal derecho- deben- implicar La propia jurisprudencia nos advierte, asimismo, que es difícil demostrar la incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, a menos que exista una grave enfermedad psíquica propiamente tal o que tal incapacidad proceda de una grave perversión del instinto sexual. Es preciso distingue la verdadera imposibilidad de asumir las obligaciones esenciales de la mera dificultad, lo que no es nada fácil (pág. 244, Antonio Mostaza Rodríguez, Nuevo Derecho Canónico).

En la ley de matrimonio Civil se considera que falta el consentimiento libre y espontáneo si ha habido error en cuanto a la identidad de la persona del otro contrayente.

Es sabido que el propio Código Civil atribuye como característica esencial del matrimonio su indisolubilidad. Si sobre este trascendental aspecto se llegare a producir error, el consentimiento matrimonial ciertamente se vería afectado.

Debe contemplarse una norma expresa en tal sentido: el error acerca de la indisolubilidad del matrimonio vicio el consentimiento cuando determina la voluntad.

El matrimonio merece la protección del ordenamiento jurídico, por lo cual es conveniente consagrar el favor, iuris, esto es la propensión general del Derecho a proteger, de un modo especial y preferente, el matrimonio, y sobre todo su estabilidad: “El matrimonio goza del favor del derecho, por lo que, en la duda se ha de estar por la validez del matrimonio, mientras no se pruebe lo contrario (Canon 1060)

El Código Civil define el matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida con el de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente.

Más certero es el Código Canónico cuando dice así: “La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ornado por la misma índole natural al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de la prole.

La expresión consorcio en redacciones anteriores estaba representada por “unión” y por “comunión”. Todo ellos nos dicen que la idea del legislador es insistir en que el matrimonio es, ante todo, unión, comunidad, participación común.

El matrimonio significa que cada una de las personas da y recibe no solamente un valor particular, algo de la otra, sino su persona toda entera. Esta reciprocidad y comunidad de posesión y pertenencia, este don total hecho y este don total recibido entre dos seres humanos, es el matrimonio. (Pág. 119 y Nuevo Derecho Canónico, Biblioteca de autores cristianos)

PROYECTO DE LEY

Artículo primero: Agrégase el artículo 10 del Código Civil el siguiente.

Inciso segundo: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.

Artículo segundo: Sustitúyese el artículo 102 del Código Civil por el siguiente: “102 El Matrimonio es una institución fundamental de la sociedad por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente. Cada uno de los contrayentes da y recibe no solamente un valor particular, algo de la otra, sino su persona toda entera.

Artículo Tercero: Sustitúyese el artículo 31 de la ley de matrimonio civil por el siguiente.

“31. El Matrimonio goza del favor del derecho, por lo que, en la duda se ha de estar por la validez del matrimonio, mientras no se pruebe lo contrario.

Artículo Cuarto: Agrégase al artículo 4º de la ley de matrimonio civil del 10 de enero de 1884, los siguientes números seis y siete:

“Art. 4º no podrán contraer matrimonio:

6º Los que tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar;

7º Los que no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica”.

Artículo quinto: Agrégase al artículo 33 de la ley de matrimonio Civil, el siguiente párrafo, a continuación del número 1º.

“Art. 33 falta el consentimiento libre y espontáneo en los casos siguientes: 1º Si ha habido error en cuanto a la identidad de las persona del otro contrayente. El error acerca de la indisolubilidad del matrimonio vicia el consentimiento cuando determina la voluntad”

Artículo sexto: sustitúyese el inciso final del artículo 34 de la ley de matrimonio Civil, por el siguiente.

En el interés de la sociedad le corresponderá al Ministerio Público, en todos los juicios de nulidad de matrimonio, defender la validez del vínculo matrimonial, ejerciendo todos los derechos que sean necesarios, entablando los correspondientes recursos, para cuyos efectos se le deberá notificar la demanda.

Artículo séptimo: En los juicios de nulidad de matrimonio el juez de la causa actuará de oficio, disponiendo en cualquier estado del proceso las diligencias y pruebas que considere necesarias.

En estos juicios se obligatorio oír a peritos calificados para que informe a la luz de sus clientes o artes sobre los hechos y antecedentes que sirven de fundamento a la acción deducida.

Artículo octavo: El tribunal al conocer un juicio de nulidad de matrimonio podrá ordenar de oficio o a petición de parte que el proceso se mantenga en secreto e igualmente estará autorizado para ordenar una vez dictada la sentencia de término se destruyan las actas de comparendos, declaraciones de testigos y demás informes y antecedentes que estime conveniente no divulgar.

Artículo noveno: Si existieran conflictos o desavenencias entre cónyuges, sin que concurran los presupuestos legales y derecho para demandar la nulidad del matrimonio, cualquiera de ellos o ambos a la vez podrán acudir al juez de letras del domicilio del requirente, para que breve y sumariamente, citando a ambos a una audiencia sean alentados a continuar con su vida en común. Será obligatorio oír el dictamen de períodos calificados. El Juez actuará únicamente como mediador, adoptado un rol activo para proteger a los hijos, si los hubiere.

Artículo Décimo: Para agregar el siguiente segundo el artículo 29 de la Ley de matrimonio Civil:

Es también nulo el matrimonio que no se celebre ante el número de testigos hábiles determinados en el artículo 16.

Artículo transitorio primero: A los juicios de nulidad de matrimonio, en los cuales a la fecha de la publicación de esta ley, no se hubiere dictado sentencia de término y se hubiere invocado como causal de nulidad el hecho que el matrimonio no se celebró ante el oficial del Registro Civil correspondiente, se aplicará la nueva legislación.

Artículo transitorio segundo: Los abogados, procuradores, receptores y testigos que a sabiendas, en sus respectivas calidades y funciones, intervengan en juicio de nulidad de matrimonio con el propósito de contravenir las normas que regulan la materia a través de maniobras dolosas o procedimientos torcidos, se entenderá que actúan en fraude procesal que los hace acreedores a la pena de presidio menor en su grado medio o máximo, sin perjuicio de que en dicho evento será obligación de oficio anular todo lo obrado.

(Fdo.). Hernán Bosselin Correa, Diputado.

MOCIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS DON HERNÁN BOSSELIN, DON SERGIO OJEDA, DOÑA ELIANA CARABALL, DON SERGIO PIZARRO, DON HERNÁN ROJO, DON HOSAIN SABAG, DON RAMÓN ELIZALDE Y DON MARIO HAMUY, QUE MODIFICA LA LEY N° 18.918, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. (BOLETÍN N° 265-07).

"Honorable Cámara:

De acuerdo con lo señalado en los artículos 67 y 68 de la Constitución Política del Estado, las dificultades o divergencias que se produzcan entre las dos Cámaras con ocasión de un proyecto de ley, deben ser sometidas a la consideración de una Comisión Mixta, integrada por Diputados y Senadores.

El artículo 20 de la ley Orgánica del Congreso Nacional, se limita a precisar en su artículo 20 que estas Comisiones se integrarán por igual número de miembros de cada una de las Cámaras, en conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias que acuerden éstas, las que señalarán las mismas atribuciones y deberes para los Senadores y Diputados; serán presididas por el Senador que elija la mayoría de la Comisión, y formarán quorum para sesionar con la mayoría de los miembros de cada Corporación que las integren.

La Cámara de Diputados ha estado conociendo diversos informes de las Comisiones Mixtas, los cuales no son suficientemente claros, por cuanto no hacen el análisis comparado de las discrepancias. Ello obliga a reestudiar la totalidad de los antecedentes del proyecto de ley de que se trata y los primitivos informes.

En el fondo, los informes de estas Comisiones no son adecuados en su redacción y dificultan la votación de la Cámara de Diputados.

En otro orden de consideraciones, no se observa la razón para que esas Comisiones sean presididas siempre por un Senador y menos que ello obedezca a una imposición legal que resulta contradictoria con el mismo texto de la disposición que la contiene, en manto reconoce que los Diputados y Senadores deben tener las mismas atribuciones y deberes. La presidencia de esas Comisiones debe quedar entregada, por lo mismo, a la decisión libre y voluntaria de sus integrantes.

Por las consideraciones anteriores, venimos en proponer el siguiente.

PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 20 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional:

a) Suprímase en su inciso primero la frase "serán presididas por el Senador que elija la mayoría de la Comisión", así como el punto y coma (;) que le antecede.

b) Agregase el siguiente inciso:

"Los informes de las Comisiones Mixtas deberán contener, a lo menos, el texto inicial del proyecto de ley, el análisis comparado de las divergencias existentes entre ambas Cámaras y, si se llegare a acuerdo en ella, la forma y modo de resolver las dificultades producidas".

(Fdo.). Hernán Bosselin, Sergio Ojeda, Eliana Caraball, Sergio Pizarro, Hernán Rojo, Hosain Sabag, Ramón Elizalde y Mario Hamuy.

MOCIÓN DEL SEÑOR DIPUTADO DON JAIME ORPIS, QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO RELATIVO A LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO. (BOLETÍN N° 266-13).

El concepto de "jomada de trabajo" está establecido en el artículo 22 de la ley 18.620. La idea de "jornada" nos está indicando que el legislador ha querido establecer un período de tiempo dentro del cual deba desarrollarse el trabajo; que debe ser conocido por ambas partes al momento de suscribir el contrato de acuerdo al art. 10 número 5; y al cual el propio legislador le ha colocado ciertas limitaciones para así evitar abusos.

En el inciso segundo del art. 22 se reafirma el precepto de "jomada de trabajo" al independizarlo de otro concepto que es el de "cantidad o intensidad de los servicios que debe prestar el trabajador". La disposición legal aludida incluso se coloca en el extremo que el trabajador no realice labor alguna; pero si está a disposición del empleador y estas labores no se efectúan por razones que no le son imputable; se considera que es una jomada de trabajo con todas sus consecuencias legales. En definitiva el artículo 22 nos señala que la jomada de trabajo es el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador de acuerdo a lo que establezca el contrato; independiente de la cantidad o intensidad de los servicios que deban prestarse dentro de la jomada.

El artículo 23 inciso primero establece la regla general sobre duración de la jomada ordinaria de trabajo; limitándola a cuarenta y ocho horas semanales. Se establecen genéricamente dos excepciones. Las señaladas en el artículo 23 incisos 2-3 y las establecidas en el artículo 26. Ambas tienen razones distintas.

La norma del artículo 26 es claramente discriminatoria y contradictoria con el concepto sobre jomada de trabajo establecida en el artículo 22 inc. 2. Esta disposición (art. 26) amplía la jomada ordinaria hasta por doce horas para los trabajadores que desempeñan funciones que requieren de su sola presencia; que prestan servicios discontinuos, que laboran en algunas empresas de suministros o en ciertas dependencias de hoteles, restaurantes y clubes, es decir el legislador en este caso está graduando la jornada de trabajo en función de la cantidad o intensidad de los servidos.

En los casos establecidos en este artículo no están claras las razones por las cuales se permite una ampliación de la jomada ordinaria; debido a que son personas que normalmente ejercen su actividad en el local del establecimiento y cuentan con una fiscalización superior inmediata. Es decir tienen todas las características de aquellos sometidos a la regla general, sobre todo considerando que existe flexibilidad en la propia ley para acordar la distribución de ella y así adecuarla a la naturaleza de los servicios que deba prestar el trabajador.

Por esta vía los trabajadores contemplados en el artículo 26 podrían llegar a tener dieciocho horas adicionales semanales o setenta y dos horas mensuales también adicionales; en muchas situaciones en desmedro de sus horas de descanso o remuneración (horas extraordinarias) en comparación con la inmensa mayoría de los trabajadores sujetos a la regla general de las cuarenta y ocho horas semanales como tope de la jomada ordinaria. Por esta razón vengo en proponer a esta Honorable Cámara la eliminación del artículo 26; asimilando de esta forma a la regla general establecida en el artículo 23 inc. primero a los trabajadores contemplados en la disposición del artículo 26.

La excepción contemplada en el artículo 23 inciso segundo es diferente. Si se analizan con detención los casos allí contemplados se llega a la conclusión que se justifica plenamente esta disposición. Se trata en primer lugar de trabajadores bajo cuya responsabilidad en gran medida está comprometido el futuro de la empresa o actividad, y en segundo lugar aquellos que por la naturaleza de los servicios no tienen una fiscalización superior inmediata siendo ellos mismos los que deben fijar su propia jomada de trabajo.

Sin embargo, desde mi punto de vista existe un vacío legal en la frase final del artículo inc. 23 inc.2 (“y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento”) que ha servido en algunos casos como pretexto para ampliar indebidamente la regla general establecida en el artículo 23 inciso primero sobre la duración de la jornada ordinaria de trabajo burlando el espíritu del legislador.

Existen actividades que por su naturaleza no se realizan en el local del establecimiento, pero que sí tienen una fiscalización superior inmediata, pero no se establece que ese trabajo necesariamente deba realizarse en el local del establecimiento

Por lo tanto para evitar que se burle el espíritu el legislador ampliando indebidamente la regla general sobre la jomada ordinaria de trabajo establecida en el artículo 23 inciso primero "vengo en proponer a esta Honorable Cámara se elimine el punto, a continuación de la palabra establecimiento y se agregue la frase y no esté sujetos a una fiscalización superior inmediata".

PROYECTO DE LEY:

Introducense las siguientes modificaciones al Código Libro I Título I; Capítulo IV; Parrafo I Artículos 23 y 26 del Código del Trabajo aprobado por la ley N° 18.620.

Jornada de trabajo

En el artículo 23 inc. segundo elimínense el punto continuación de la palabra “establecimiento” y agréguense la siguiente frase: “y no esté sujeto a fiscalización superior inmediata”

-Derógase el artículo 26

MOCIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS DON HERNÁN BOSSELIN, DON SERGIO PIZARRO, DON HUGO RODRÍGUEZ, DON RAMÓN ELIZALDE, DON SERGIO OJEDA, DON HOSAIN SABAG, DON LUÍS LEBLANC, DON MARIO HAMUY Y DON HERNÁN ROJO, QUE MODIFICA LA LEY N° 18.403, SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES, SANCIONA EL LAVADO DE DINERO Y LEVANTA EL SECRETO O RESERVA BANCARIA. (BOLETÍN N° 267-11).

"Honorable Cámara:

La ley 18.403 que sanciona el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes necesita ser modificada, para incorporar nuevas figuras delictivas, especialmente los que se refieren al lavado de dinero. Esta operación, que puede revestir múltiples formas, permite hacer pasar, convertir transformar o transferir dineros, cosas o ganancias provenientes del narcotráfico a empresas, negocios, depósitos o cuentas corrientes aparentemente

^Particular mención merecen los traslados de fondos o dineros ilícitos desde Chile hacia el extranjero y viceversa; Las empresas fachadas, los negocios financieros en parte con dineros limpios y en parte con dineros provenientes del tráfico ilícito.

Al amparo del libre comercio, del secreto bancario o tributario se forman grandes fortunas, que sólo representan el reciclaje del dinero o las ganancias que el narcotráfico ha producido.

Este negocio de la mafia comienza a desarrollarse en Chile

La promulgación de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, publicada en el Diario Oficial del 20 de agosto de 1990, obliga a definir delitos, cuya tipificación permita sancionar el lavado de dinero y desarticular las redes delictivas que, bajo las apariencias de negocios o empresas legales, estructuran las sociedades del crimen organizado.

Los distribuidores de drogas, el pequeño traficante, los que abastecen a los consumidores o narcodependientes, son simples apéndices de maquinarias dirigidas por "señores del delito", que conviven, desarrollando roles sociales legales, en los más altos círculos del poder mundial.

Diversos medios de comunicación se han preocupado del tema. A continuación reproducimos algunos de sus comentarios:

"El Mercurio"

Valparaíso.- El Jefe de la II zona de la Policía de Investigaciones, prefecto inspector Oscar Ortiz Veloso, planteó que no obstante existir conciencia sobre el problema del lavado de dinero proveniente del narcotráfico y de las posibilidades que para este fin ofrecen Valparaíso y Viña del Mar, no se cuenta en Chile con la legislación que tipifique el delito en sí.

Manifestó que frente a esto "se está amarrando de manos", porque se pueden realizar diligencias policiales para detectarlo, pero no existen las normas que ayuden a combatirlo y a penarlo. Graficó lo anterior señalando que "es como tener un detenido, pero no disponer de cárcel donde remitirlo".

El máximo jefe policial de la V. Región indicó que Valparaíso y Viña del Mar están en condiciones de ser caldo de cultivo para el lavado de dinero. Hizo notar que a raíz de las necesidades derivadas del funcionamiento del Congreso Nacional en el puerto hay un incremento de la actividad de la construcción y que existen presunciones que por esa vía se pudiera canalizar tales recursos.

Señaló que "es un tema muy delicado, sobre el cual no puede explayarse mucho porque podría tocar piezas claves que en este momento no resultan convenientes. Es un trabajo que va a tener que verse con mucha calma en el futuro”.

Dijo que se dispone de dos brigadas relacionadas con este tipo de investigación, la Brigada de Narcóticos y Drogas Peligrosas, que tiene atingencia con el tráfico, y la Brigada de Delitos Económicos, que analiza los aspectos legales de las materias relacionadas con moneda extranjera. Sostuvo que “se cuenta con el material para trabajar, pero no se puede hacer porque cualquier diligencia que se realice tiene que tener con qué ser comprobado”.

El jefe de la zona policial indicó que sobre el particular se ha informado al secretario regional de Justicia, al intendente y a organismos como el Consejo de Defensa del Estado, normó que existen comisiones que están dedicadas a analizar el problema, para disponer a futuro de las herramientas legales que permitan castigar la falta.

El prefecto inspector Oscar Ortiz Veloso formuló declaraciones al término de la ceremonia que se efectuó en el edificio Esmeralda, donde se constituyó el consejo Provincial para el control de estupefacientes.

El jefe policial señaló que se ha observado un leve aumento en el tráfico y cortísimo de drogas en la V. Región, pero negó que sus niveles pudieran provocar alarma Manifestó que se ha dispuesto adoptar ciertas precauciones, teniendo en cuenta que con el inicio de la temporada de verano se registra un incremento de la población potencialmente afecta al consumo, preferentemente de marihuana, a lo que suman eventos, como el Festival de la Canción de Viña del Mar, que hacen aumentar el riesgo

Señaló que la creación de una unidad del OS-7 en la zona, por parte de Carabineros, llevará a la Policía de Investigaciones a una coordinación adecuada para un mejor trabajo conjunto.

Drogas en clubes deportivos.

El gobernador de la provincia de Valparaíso, Luciano Valle Acevedo, junto con sostener que en la zona ha habido un aumento del tráfico y consumo de drogas, en especial clorhidrato de cocaína, denunció que se ha detectado que los clubes y recintos deportivos y sus entornos están siendo utilizados por los traficantes para su comercialización y distribución.

Señalo que la creación del consejo provincial para el control de estupefaciente permitirá realizar acciones de prevención, rehabilitación y fiscalización con la participación de distintos organismos y entidades. Dio a conocer que la V. Región ocupa el segundo lugar en el tráfico y consumo de drogas, siendo porcentualmente mayor a la Región Metropolitana en relación al número de habitantes. Recordó que entre 1985 y 1989 en la V. Región fueron aprendidos como infractores a la ley de drogas 4.688 personas, mientras que en Santiago, en similar período, tal cifra fue de 13.204 personas.

Señalo que en los últimos 3 años, mientras se observa en la V. Región una disminución en el decomiso de marihuana, que fue de 94 kilos en 1988, de 30 kilos en 1989 y de 41 kilos en 1990, ha habido un aumento en el de cocaína con 1.093 gramos en 1988, 2531 gramos en 1989 y 3.555 gramos en 1990.

La Nación.

Así funciona la Lavadora.

En Chile todavía no existen cifras que puedan considerarse fidedignas, pero crecen los síntomas, especialmente en el mercado paralelo del dólar, donde, según los entendidos, su precio promedio-unos 300 pesos-se ha mantenido bajo, precisamente, debido a la abundancia de dinero proveniente de los negocios de los narcotraficantes.

¿Cómo opera el lavado de dinero?

Un alto personero del sector diplomático lo explico así: el "Money-laundering" o avado de dinero es el cambio del dinero de fuentes criminales a fuentes legales, generalmente en países cuyo sistema bancario acepta depósitos sin preguntar el origen. Esto permite hacer inversiones, comprar industrias o bienes de cualquier índole, venderlos y reinvertir el dinero, hasta que su fuente inicial sea prácticamente imposible de rastrear.

¿Cómo se puede castigar después a un narcotraficante, si el dinero obtenido en sus negocios- una de las pruebas del delito- ha "desaparecido", adoptando el rostro de actividades "más decentes"? Ese es el punto.

El problema para los narcotraficantes es que sus paraísos financieros han comenzado a esfumarse.

Durante la reunión cumbre efectuada en París el año pasado, los gobernantes de las siete democracias más industrializadas del mundo - Estados Unidos, Alemania Federal, Francia, Inglaterra, Japón, Italia y Canadá- dieron instrucciones a un grupo especial de medidas financieras contra el lavado de dinero.

En ellas se recomienda a las instituciones financieras "llevar un registro cuidadoso de todos sus clientes y de toda las transacciones nacionales e internacionales por espacio de cinco años, y poner estos registros a disposición de autoridades competentes en caso de investigación o proceso judicial".

Suiza después de sonados escándalos que incluso han involucrado a las autoridades, también dictó normas más estrictas. Y Panamá, tras la invasión norteamericana y la caída del general Manuel Noriega, ha perdido su encanto. Quedan, en el extremo sur e continente, países que aparecen tentadores por sus sistemas económicos abiertos, Uruguay y Chile, especialmente.

Chile incluye entre sus ventajas al capítulo XIX de la ley de cambios internacionales. Este mecanismo, creado por los Chicago boys, durante el gobierno militar, apunta a impulsar la inversión extranjera al permitir la adquisición de títulos o pagarés de la deuda externa chilena en el mercado financiero internacional, para luego usarlos en compras de activos en condiciones favorables en nuestro territorio. Cinco años después de las utilidades pueden ser remesadas a los países de origen. Y está el decreto ley 600 también inspirado en el modelo neoliberal. Por último, existe el secreto bancario-protegido por el artículo 20 de la ley de Bancos-que obliga a las instituciones financieras a mantener la reserva sobre los fondos de sus clientes Más controles. Más rigidez.

Estas condiciones, que pueden resultar ideales para los narcotraficantes, han llevado a gremios como la Federación Nacional de Cámaras de Turismos a encender sus luces de alerta.

Arturo Castillo, presidente de esta organización que agrupa a 18 cámaras de turismo de diez regiones, manifiesto La Nación que, en su último congreso, el gremio acordó pedir a las autoridades una mayor rigidez en la entrega de autorizaciones a inversionistas extranjeros que utilicen el capítulo XIX. Esto, porque la actividad turística y hotelera es una de las más permeables a este tipo de manejos.

El ministro de Economía, Carlos Ominami, confesó a La Nación que el gobierno está preocupado desde hace varios meses, prácticamente desde que asumió el mando.

“Estamos buscando definir medidas que permitan, en el campo particular financiero, evitar que nuestro país pueda convertirse en un punto de lavado de divisas. Tengo la impresión de que tenemos instrumentos como para evitar que una situación así pueda producirse”, explica Ominami.

Todavía no se atreve a tocar el tema de eventuales modificaciones a la legislación vigente en materia de inversiones extranjeras o en lo relacionado con el secreto bancario: "No estoy en condiciones de decir si habría que introducir mixtificaciones a la legislación. Pienso que una aplicación bien estricta de la legislación disponible podría ser, en principio, suficiente. No estoy en condiciones de comprometer una opinión perentoria respecto a eso", dijo.

En todo caso, ya se pasó a la acción. Se busca, decididamente, evitar el lavado de dinero. El ministro de Economía sostiene que "estamos siendo bastante vigilantes en este campo, de manera de evitar a cualquier costo que por la vía del DL 600 puedan producirse operaciones de este tipo. Creo que otro tanto están haciendo las autoridades del Banco Central en lo relativo al capítulo XIX".

La coordinación ha sido establecida entre el Banco Central, que opera el capítulo XIX, el Ministerio de Hacienda, de) cual depende directamente la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y el Ministro de Economía, del cual depende el comité de Inversiones Extranjeras. Las solicitudes de ingreso de capitales que llegan a las autoridades son revisadas ahora "con bastante atención" para evitar en uso "abusivo" de los mecanismos disponibles.

Zona Franca en peligro.

Pero la preocupación frente al narcotráfico va más allá y obliga a replantearse otros hechos. "Creo que un tema como la privatización de la Zona Franca-dice el ministro Ominami- hay que discutirlo también a la luz de esta situación". ¿Por qué? La respuesta es inquietante:

"Debemos evitar a cualquier precio que instrumentos como la "Zona Franca pudieran caer en manos de narco traficantes"

Los empresarios del sector turístico, que ha experimentado un crecimiento de más de un 40 por ciento de un año a otro fundamentalmente a través de inversiones vía capítulo XIX, tienen una sugerencia adicional; que se revisen todas las autorizaciones concedidas anteriormente. Valdría la pena, argumenta el dirigente Arturo Castillo, revisar el origen del dinero, la procedencia de la inversión y cuáles son las empresas que están detrás. Lo que se descubra ayudaría a prevenir que el mercado hotelero se malogre o quede desequilibrado debido al subsidio de un 30 por ciento que, comparativamente, entrega el Estado chileno a los inversionistas extranjeros, en desmedro de los nacionales, según critican los empresarios.

Las modificaciones a la legislación vigente siguen siendo más sensibles, especialmente para el sector bancario. Tras la confirmación, por parte de la policía de Investigaciones, de la existencia de "síntomas" de lavado de dinero en el país, el superintendente de bancos, José Florencio Guzmán, ha guardado un constante hermetismo. En el Ministerio de Justicia el tema se considera, hasta ahora, sólo como una posibilidad.

Martita Woerner, Subsecretaría de Justicia, reconoce que "es una de las preocupaciones que existe y una de las posibilidades que se están estudiando. Y en las comisiones interministeriales que están, en este momento, haciendo un diagnóstico de la situación y reuniendo antecedentes, tendrá que haber también propuesta de solución. Y si éstas dicen relación con una modificación de la legislación vigente o con la dictación de nuevas disposiciones legales, el Ministerio de Justicia tendrá allí una participación activa a través de sus departamentos de estudios".

En el sector bancario, algunas fuentes han considerado públicamente que el control que existe en la actualidad ya es bastante riguroso. Los depósitos en dólares en Arica también son vigilados por el Banco Central. Y aunque el secreto bancario les prohíbe entregar informaciones, reconocen que en el caso de clientes que aparezcan involucrados en delitos, el tribunal podría pedir antecedentes sobre depósitos y cuentas corrientes.-

Desconectar la Lavadora.

Un economista extranjero cree que los bancos no deberían tener miedo a nuevas reglas. En Estados Unidos, por ejemplo, las instituciones financieras están obligadas a explicar aquellas sumas superiores a diez mil dólares (más de tres millones de pesos). Es una alternativa -cuenta aunque-ya han aparecido audaces empresas en la zona de Florida que, curiosamente, venden lotes de artículos de construcción en paquetes de hasta nueve mil dólares.

Fuentes diplomáticas opinan que la aparición de nuevas normas no debería deprimir la inversión extranjera. La economía chilena aparece sana y el país, argumentan, ofrece tantas fuentes de inversión que, perfectamente, puede prescindir de los recursos de los narcotraficantes.

Además, este dinero "sucio", lavado artificialmente, puede deformar las tasas de cambio y los índices económicos reales, según manifestaron esas fuentes foráneas, y generar "redes de corrupción" como las que han aparecido en otros países de América Latina, según reconoció el ministro de Economía, Carlos Ominami.

El Mercurio.

Equipos especiales del OS-7 de Carabineros se encuentran investigando la legitimidad de los capitales de un número superior a cincuenta empresas de diversos rubros instaladas en los últimos meses en el norte de nuestro país y en Concepción por ciudadanos, colombianos, sobre quienes recaen sospechas de participar en el lavado de dinero producto del narcotráfico.

Así lo informó ayer a este diario el grupo encargado de la diligencia, formado por los oficiales jefes de la división narcóticos, que precisó que la mayoría de las industrias bajo sospecha son pesqueras o de fabricación de productos manufacturados.

"Chile, por sus características, es un potencia" paraíso tributario" para la red del narcotráfico. No queremos que el poder de la droga, que el año pasado entregó en el mundo ganancias calculadas en 500 mil millones de dólares, instale nuevas colonias privadas en nuestros campos, sembrando pequeños carteles disimulados con "empresas de fachada", indicaron.

Agregaron que el consumo de cocaína en Chile ya alcanza niveles alarmantes y expresaron el temor de que pueda dar paso, como ha ocurrido en Europa, al uso de la heroína y la inhalación de pasta de estupefacientes.

"La preocupación de la eventual invasión del narcotráfico en el territorio nacional constituye una prioridad", dijeron y admitieron que la misión que les fue encomendada tiene el carácter de urgencia.

Legislación sin trabas.

Los máximos jefe del Departamento 0S-7 de Carabineros señalaron que la legislación nacional no contemplan normas que impongan declarar el ingreso o egreso de moneda nacional o extranjero, quedando supeditado solamente a la intencionalidad de su propietario. Es lo que se denomina el principio de la buena fe, pero se trata de algo muy poco respetado por los delincuentes", dijeron.

Con respecto a las obligaciones y facultades que competen a las instituciones comerciales y organismos afines, llámense Interpol, Aduana o Carabineros-agregaron no tienen atribuciones legales para decomisar dinero que ingrese o egrese del territorio nacional por el solo hecho de transportarlo o transferirlo. Es decir, dichas instituciones no tienen la capacidad legal para requisar a un Individuo que lleva una determinada cantidad de dinero en moneda chilena o extranjera. En cuanto a las entidades bancarias o financieras, tampoco tienen la obligación, ni es de su competencia, verificarla la procedencia o el origen de los depósitos".

"Cuando se trata de extranjeros, el servicio de Impuestos Internos no verifica su origen y se supone que el dinero viene de actividades comen la le* realizadas en forma lícita. Se procede a aplicar el impuesto y el dinero queda lavado y transformado en circulante legítimo, facultado para iniciar todo tipo de transferencias comerciales. Los traficantes se valen de todas las circunstancias legales y reglamentarlas ron el mundial está compuesto por los países que son "refugios tributarios, cuyas leyes Imponen poco o ningún pago de impuesto en ciertas fuentes de ingresos, A la vez que proporcionan ciertas cantidad de siglo comercial o bancario".

"Por eso- dijeron -el traficante de drogas se siente atraído hacia estos refugios tributarios, porque puede discretamente introducir grandes cantidades de dinero y moverlo dentro del sistema, encontrando una manera de legitimizar y limpiarlo".

Citaron luego, a modo de ejemplo, a naciones como Suiza, Isla Caimán y las Bahamas y señalaron que en la actualidad, en el mundo hay 48 lugares considerados refugios tributarios.

Revista Uno.

Que tienen otros aspectos derivados del narcotráfico, un negocio que moviliza US$ 300.000 millones por año para saciar el vicio de 48 millones de consumidores.

Esas estadísticas, divulgadas recientemente por Interpol, parecen excesivamente optimistas. El instituto Saint Cali, de Suiza, estimó que el comercio mundial de estupefacientes movilizó 900.000 millones de dólares en 1988 y crece a un ritmo de US$

100.0 millones por año. Ese organismo especializado en el estudio del tráfico de narcóticos sospecha que un tercio de esas cifras (USS 300.000 millones), corresponde a los beneficios obtenidos por los barones de la droga de América Latina con sus exportaciones clandestinas de cocaína al mercado norteamericano.

Las dificultades para determinar con precisión las dimensiones de ese comercio obedecen, como es lógico, a la naturaleza clandestina del negocio.

De todos modos, estas estadísticas presentan características alucinantes; aunque sólo fuera de US$ 300.000 millones por año comos sostiene Interpol, el volumen económico del narcotráfico representa 9% del comercio mundial y ocupa el segundo lugar, detrás de la industria bélica.

Esto significa - en un plano más general que el mundo destina más de 20% de la riqueza que produce a financiar diferentes formas de suicidarse.

Pero el drama más importante derivado de las asombrosas dimensiones que alcanzó el narcotráfico reside, sin duda, en el impacto político y social que comienza a producir en América Latina: el comercio de cocaína se transformó en la principal amenaza para la seguridad nacional de los países productores y se convirtió en un enorme factor de distorsión que erosiona y destruye sus sistemas jurídicos, transforma sus economías, corrompe sus estructuras institucionales y amenaza las democracias, modifica las costumbres de la sociedad, y crea un irritante punto de fricción en sus relaciones exteriores, particularmente con Estados Unidos.

Las consecuencias invisibles de la droga llegaron a un límite inquietante en ciertos países de América Latina, donde las mafias del narcotráfico instauraron una política de terror que paraliza a la opinión pública y se convirtieron en un verdadero poder paralelo que mantiene verdaderos ejércitos, controla regiones enteras y reemplaza al Estado en ciertos sectores de la sociedad. En algunos casos, incluso, los tentáculos de la droga llegaron hasta la cúspide del gobierno.

La gravedad de la situación se advierte particularmente en Colombia, donde los enfrentamientos entre los Carteles de Medellín y Calí –en guerra abierta desde hace un año- han provocado más de 5000 muertes. Los grandes padrinos colombianos de la droga.- Pablo Escobar, los tres hermanos Ochoa, Carlos Lehder y Pablo Gaviria, entre otros no se ruborizaron en 1985, cuando propusieron pagar los US$ 14.700 millones de la deuda externa colombiana si el gobierno anulaba los tratados de extradición con Estados Unidos y decretaba una amnistía general. Esas cifras ni siquiera hubieran hecho pestañear a personajes como Ochoa o Escobar que, según la revista Forbes figuran entre las principales fortunas del mundo con US$ 3.000 millones de dólares cada uno. Al frente de un imperio que moviliza más de 50 millones de dólares, esas mafias ocupan progresivamente los espacios que deja vacío el Estado: Ochoa hizo construir un barrio de viviendas “sociales” y financia el funcionamiento de esa comunidad.

Como puede observarse es necesario legislar sobre la materia, motivo por el cual sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados el presente proyecto de Ley.

PROYECTO DE LEY:

Artículo Primero.-

Agréganse a la ley 18.403, que sanciona el tráfico ilícito de substancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas los siguientes nuevos artículos:

a) "Artículo 27.-

El que invierta, coloque, deposite, ceda, venda o transfiera los bienes, dinero, frutos, rentas, ganancias, productos o utilidades originadas o causadas en algunos o algunos de los hechos previstos en esta ley, conociendo tal circunstancia, o sospechando la misma o no pudiendo menos que saberla atendido su cargo, función, profesión, oficio o trabajo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado medio.

Se aplicará la pena señalada aun cuando el o los hechos originantes o causantes de los bienes, cosas, dineros, rentas, ganancias, productos, frutos o utilidades se hayan producido en el extranjero.

b) Artículo 28.-

El que oculta o encubra la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de los bienes, dineros, frutos, rentas, ganancias, productos o utilidades, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los hechos previstos en esta ley, aunque su origen se haya causado en el extranjero, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado medio.

c) Artículo 29.-

El que adquiera, posea, utilice, mantenga como mero tenedor, o acepte en depósito, bienes, dineros, rentas, ganancias, productos, o utilidades, a sabiendas, en el momento de recibirlos que ellos provienen de alguno o algunos de los hechos previstos en esta ley, aunque los mismos se hayan originado en el extranjero, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado medio.

d) Artículo 30.-

Hay objeto ilícito, contraviniendo el orden público económico, en los actos, contratos, convenciones u operaciones, cualquiera que sea su naturaleza fuente o denominación, que tengan por finalidad principal o accesoria convertir, transformar, ceder o transferir a título, depósitos, cuentas corrientes, inversiones, negocios, empresas, corporaciones, explotaciones o sociedades, los dineros, bienes, recursos, ganancias, rentas o utilidades cuyos hechos originantes se encuentren en conductas previstas en esta ley o definidos en el artículo 3, delitos y sanciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, publicado en el Diario Oficial del 20 de agosto de 1990.

Igualmente hay objeto ilícito en todos los actos, contratos, u operaciones, no comprendidos en el inciso anterior, u operaciones, no comprendidos en el inciso anterior que tengan por finalidad principal o accesoria el traslado de fondos desde Chile hacia el extranjero o viceversa originados en hechos previstos en ésta ley, en normas de otras naciones que protejan los mismos bienes jurídicos o en conductas definidas en la Convención de las Naciones Unidas referidas en el inciso precedente.

El que por negligencia inexcusables, violando el deber de cuidado o vigilancia que impone el orden público económico y las normas establecidas en este artículo, intervenga, facilite, apruebe, coopere, recomiende o tome arte en las conductas descritas en los incisos primero y segundo precedentes, serán sancionados por cuasidelito con 1a pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.

e) Artículo 31.-

En todos los casos en que el autor de un delito previsto en esta ley lo cometa como agente, mandatario, ejecutivo, gerente, director, presidente o administrador de una persona jurídica y la característica requerida para el autor no la presente éste sino la persona jurídica, será sancionado como si el autor presentare esa característica.

Las personas jurídicas que sean utilizadas como instrumento o medios para la comisión de alguno o algunos de los delitos o cuasidelitos penados en esta ley y que tengan como función lavar dinero adquirido ilegalmente, esto es transformarlo o convertirlo en bienes, títulos, depósitos, valores o cuentas corrientes legítimas, ocultando o contribuyendo a ocultar su verdadero origen, serán disueltas y en la proporción que corresponda a la fuente delictiva, dispondrá el juez el comiso de sus bienes. El juez que conozca del juicio penal dispondrá en la sentencia condenatoria estas sanciones.

f) Artículo 32.-

Cuando el producto de los delitos o cuasidelitos contemplados en esta ley se haya transformado convertido en otros bienes, estos caerán en comiso.

Cuando el producto de los hechos previstos en esta ley aunque su fuente originante se halle en el extranjero, se hayan mezclado o confundido con bienes adquiridos de fuentes lícitas, se decomisarán dichos bienes hasta el valor estimado del producto mezclado.

g) Artículo 33.-

Todos los bienes, rentas, utilidades, productos, frutos, ganancias que provengan de los delitos consagrados en los artículos 27,28, 29, 30, caerán en comiso.

h) Artículo 34.-

Para los efectos de investigar los delitos de esta ley no existirá secreto o reserva bancaria, tributaria o cambiaría de ninguna naturaleza. El levantamiento del secreto o reserva sólo podrá ser ordenado por el juez de la causa.

La información obtenida sólo podrá ser utilizada en relación a la investigación de los hechos previstos en esta ley y en modo alguno podrá ser divulgada a través de los medios de comunicación, mientras, el proceso se encuentre en estado de sumario.

Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y los Ministros del Interior, o de Justicia cuando tengan fundadas sospechas que se están cometiendo o se proyectan cometer alguno de los delitos o cuasidelitos previstos en esta lev podrán solicitar directamente al Juez competente el Inmediato levantamiento del secreto o reserva bancaria, tributaria o cambiaría a fin de detectar a los autores, cómplices o encubridores y poder, en su oportunidad, desarticular las redes, instrumentos, contactos, y comunicaciones de los responsables nacionales o residentes en el extranjero de estos ilícitos penales.

i) Artículo 35.-

Durante la tramitación de estos procesos el juez de la causa podrá, actuando de oficio, o a petición de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones adoptar todas medidas precautorias necesarias para asegurar los bienes, ganancias, rentas, utilidades, frutos, productos, resultados o efectos de los delitos investigados, o de los bienes en que estos se hayan convertido o transformado.

Si los afectados prueban el legítimo origen de tales bienes, el tribuna ordenará devolución de los mismos.

Artículo 36.-

La sentencia condenatoria decidirá definitivamente respecto de los bienes que hubieren caído en comiso conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 32.

En todos los establecimientos educacionales, profesionales y universitarios se considerarán en sus programas los diversos aspectos del uso indebido de drogas o substancias estupefacientes o sicotrópicas, teniendo en consideración las orientaciones de los tratados internacionales suscritos por el país, las políticas y estrategias de los organismos internacionales especializados en la materia, los avances de la investigación especializados en la materia, los avances de la investigación científica relativa a los estupefacientes y los informes específicos de la Organización Mundial de la Salud.

Todos los canales de Televisión mantendrán semanalmente, a lo menos tres programas educativos de cinco minutos de duración, en las horas de mayor audiencia destinados a combatir el tráfico y consumo de las drogas y estupefacientes a que se refiere esta ley.

Los bienes o el producido de la venta de los comisos señalados en los artículos 33 y 32 se destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo.

Artículo segundo.-

Sustituyese el siguiente artículo de la ley 18.403 por el que se indican:

El artículo 8° por este:

El propietario, arrendatario, administrador o tenedor o cualquier título de un bien raíz que lo proporcione a otra persona a sabiendas o sospechando que lo está usando a lo usará para elaborar, almacenar, expender, o permitir el consumo de las substancias señaladas en el artículo 1°, o para sembrar o plantar especies vegetales productoras de las referidas substancias en contravención a las prohibiciones o restricciones legales será penado con presidio menor en su grado medio a máximo más multa de cinco a cincuenta ingresos mínimos mensuales. Los muebles, útiles y enseres que guarnecen el inmueble caerán en comiso.

En pena inferior en un grado incurrirá el propietario, administrador, arrendatario, gerente, jefe o director de un local comercial que constituya un negocio de diversión, baile, música o consumo de bebidas, en el cual se haya hecho habitual el tráfico ilegal o consumo de substancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas y que lo use o facilite, aunque sea a título gratuito sin adoptar las providencias tendientes a impedir tales actividades, ilegales. Quedará liberado de toda responsabilidad por este cuasidelito si cuenta oportuna a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones y ello permite detener a los consumidores o traficantes de dichas substancias.

Artículo Transitorio.-

El Presidente de la República dentro del plazo de sesenta días dictará el reglamento para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 36, quedando autorizado para establecer multas destinadas a sanciones a quienes infrinjan sus normas.

Por el término de un año, contado desde la fecha de la publicación de esta ley, queda prohibido efectuar toda especie de propaganda destinada a incentivar el consumo de drogas, o estupefacientes referidos en esta ley, considerándose como tal las senes o telenovelas cuyos protagonistas trafiquen o consuman los mismos, careciendo de un carácter preventivo o educacional".

(Fdo.) Hernán Bosselin Correa; Diputado".

MOCIÓN DEL DIPUTADO CARLOS DUPRE, MODIFICA LA LEY Nº 18.700, ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS.

BOLETIN Nº 268-07

Honorable Cámara

En nuestro sistema electoral se ha mantenido la marginalidad del uso del derecho a sufragio de los chilenos residentes que están fuera del territorio nacional.

Hay un creciente número de países que han incorporado la posibilidad de hacer uso del derecho a sufragio de todos los connacionales sean estos estén viviendo o residiendo en el territorio nacional, como aquellos que se encuentras en el exterior.

Todo indica que los chilenos también debemos avanzar en este tipo de extensión de este derecho a sufragio para los chilenos residentes en el extranjero, reglamentándolo para que el uso de esta facultad se pueda concretar para las elecciones de Presidente de la República.

Por estas razones vengo en presentar a la honorable Cámara el siguiente Proyecto de Ley.

CARLOS DUPRE, DIPUTADO

Proyecto de ley

Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional, sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

1.- Sustitúyese en su actual “Título Final” el vocablo “final” por el guarismo “XI”.

2.- Créase el siguiente Título XII.

“Título XII”.

Del sufragio de chilenos residentes fuera del país en las elecciones para Presidente de la República.

Párrafo 1º de la Inscripción.

Artículo 182: En las Elecciones para Presidente de la República podrán ejercer el derecho a sufragio los ciudadanos chilenos que residan fuera del territorio nacional y que se encuentren inscritos en los registros especiales formados al efecto.

Artículo 183: En cada misión diplomática y en los consulados servidos por cónsules de nacionalidad chilena situados en localidades en que no existan sedes de misiones diplomáticas, se abrirán Registros Electorales especiales durante el período comprendido entre el centésimo día anterior a una elección de presidente de la república. Cada Registro se formará en un solo ejemplar, contendrá un máximo de trescientos cincuenta inscripciones y sus características serán determinadas por el Director del Servicio Electoral mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial con a lo menos diez meses de anticipación a la fecha de la elección.

El Servicio Electoral proveerá los registros y materiales necesarios para la inscripción, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Corresponderá al Jefe de la Misión o Cónsul adoptar las medidas necesarias para el resguardo de los Registros y útiles.

Artículo 184: La inscripción electoral será gratuita y se realizará ante una Junta Inscriptora que integrarán el jefe de La Misión Diplomática o el Cónsul en su caso, o el miembro chileno de la Misión o Consulado en quien aquellos delegaren la función, quien la presidirá, y otro funcionario chileno que designará el Jefe de la Misión o el Cónsul, en su caso.

La junta funcionará exclusivamente en la sede de la Misión o Consulado, a lo menos durante dos horas en el horario que establezca su presidente, todos los días hábiles del período.

Artículo 185: La inscripción requerirá necesariamente la presencia del ciudadano quién acreditará su identidad sólo con su Cédula Nacional de Identidad chilena o pasaporte, vigente, se perfeccionará al estampar su firma e impresión digital del pulgar derecho en el Registro. Si fuere analfabeto o no pudiera firmar sólo estampará su huella digital, dejando constancia la junta del hecho de no poder firmar.

Además de los ciudadanos, podrán inscribirse los chilenos que cumplan dieciocho años a más tardar el día de la elección.

No podrán inscribirse las personas señaladas en el artículo 39 de la Ley Nº 18.556.

Artículo 186: Al terminar cada jornada de funcionamiento, la junta estampará en las hojas foliadas y numeradas que tendrá el Registro, al efecto, un acta en que en forma resumida se indicará la fecha, la cantidad de inscritos y los números que les haya correspondido y los nombres de las personas a los que se hubiere negado la inscripción y su causal. El acta será firmada por los miembros de la Junta.

Artículo 187: Cuando se completen las inscripciones de un Registro, la Junta lo cerrará estampando un acta final, y enviará copia del Registro autentificada en cada hoja por el jefe de la Misión o Cónsul, al Director del Servicio Electoral, dentro de tercero día de cerrado el Registro.

Igual procedimiento se seguirá al término del período de inscripción respecto de los registros que no se hubieren completado.

Artículo 189: El Director del Servicio Electoral dispondrá la cancelación de las inscripciones en los casos contemplados en el artículo 53 de la Ley Nº 18.556, que fueren pertinentes, y las comunicará a las respectivas misiones diplomáticas y consulados.

Es obligación de los jefes de Misiones y Cónsules mantener actualizados los Registros especiales, de modo que figuren en ellos sólo las personas que se encuentren legalmente habilitadas para ejercer el sufragio. La infracción de ésta obligación constituirá falta grave para todos los efectos legales.

Párrafo 2º de la Votación

Artículo 190: El voto de los ciudadanos será emitido en la misma fecha que corresponda efectuarlas en el territorio de la República.

La votación se efectuará preferentemente en la sede de la Misión diplomática o Consulado salvo que por insuficiencia del recinto el jefe de la Misión o Cónsul señalare otro lugar.

Artículo 191: Para recibir la votación de cada Registro Especial se designará una Mesa Receptora compuesta por a lo menos tres y no más de cinco ciudadanos alfabetos y videntes inscritos en el mismo Registro.

La designación la hará el Jefe de Misión o Cónsul mediante sorteo público que realizará el vigésimo día anterior a la elección a las diez horas en la sede de la Misión o Consulado.

La designación se comunicará por carta certificada o mediante notificación personal que hará el Ministro de Fe que designe el Jefe de la Misión o Cónsul, al efecto.

Artículo 192.- La votación se regirá en todo cuanto fuere aplicable por las disposiciones del párrafo 11 del Título II, y del Título III de la Ley Nº 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios con las siguientes modificaciones:

a) El Servicio Electoral pondrá los útiles destinados a cada Mesa por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores con a lo menos diez días de anticipación a la elección.

b) Las funciones que corresponden a la Oficina Electoral serán ejercidas por el Jefe de Misión o Cónsul o por el funcionario chileno de la Misión o Consulado, que aquel designare.

c) El elector podrá acreditar su identidad sólo con su Cédula Nacional de Identidad o pasaporte vigente. Ningún certificado u otro documento podrá reemplazarlos.

d) Los sobres a que se refiere el inciso penúltimo del artículo 73 se entregarán por el Secretario y por el Presidente, respectivamente, al Jefe de Misión o Cónsul, quien estampará en sus cubiertas la hora en que les fueren entregados y dará recibo de la entrega con la misma designación de hora.

El sobre que entregue el Secretario será remitido por el Jefe de Misión o Cónsul de Elecciones, y del Presidente, junto con los útiles a que se refiere el artículo 77, al Director del Servicio Electoral.

Artículo 193.- Para practicar el escrutinio general, el Tribunal Calificador utilizará las actas de las Mesas Receptoras que funcionaron fuera del territorio nacional que obraren en su poder y requerirá del Servicio Electoral la remisión de las que faltaren.

Si ni el Tribunal ni el Director hubieren recibido los documentos expresados o si hubiere disconformidad entre los ejemplares de un acta, el Tribunal podrá solicitar por la vía de comunicación más expedita al jefe de Misión o Cónsul, que corresponda, la remisión de una copia autorizada del acta de Mesa estampada en el Registro que obra en su poder.

MOCIÓN DEL SEÑOR DIPUTADO DON CARLOS DUPRÉ, QUE PROHÍBE EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN RECINTOS O LUGARES DESTINADOS A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS. BOLETÍN N° 269-04.

Honorable Cámara:

En los últimos meses, el país ha sido testigo de diferentes hechos de violencia en recintos deportivos, que en gran medida se deben a la proliferación de circulación de bebidas alcohólicas producto del expendio en dichos recintos. Como es necesario velar por el prestigio del deporte, garantizar el normal desarrollo de los espectáculos deportivos y posibilitar la tranquilidad de los deportistas y de la ciudadanía, vengo en presentar a la Honorable Cámara el siguiente Proyecto de ley:

Artículo único: Agréguese el siguiente inciso segundo al artículo 142“, de la ley N° 17.105: "Tampoco podrá autorizarse el expendio de bebidas alcohólicas en recintos o lugares destinados a espectáculos deportivos".

Artículo Transitorio: Los negocios establecidos que resultaren afectados por esta prohibición, sólo podrán funcionar, en lo que a ella respecta, hasta el vencimiento de la correspondiente patente semestral que hayan cancelado.

(Fdo.) Carlos Dupré; Diputado".

MOCIÓN DEL SEÑOR DIPUTADO DON JUAN PABLO LETELIER, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTOS ADMINISTRATIVOS. (BOLETÍN N° 271-06).

Visto el artículo 60 número 20 de la Constitución Política del Estado; La ley 18.834 que establece el estatuto Administrativo;

Considerando:

1.- Que el Estatuto Administrativo aprobado por la ley 18.834 derogó la incompatibilidad que se establecía en el artículo 172 para el nombramiento en empleos regidos por el estatuto con pensiones de jubilación, retiro y montepío de que disfruten por razones otorgadas en cualquiera institución del Estado.

2.- Que la pensión ha de ser concebida como el reconocimiento de una situación en la cual la persona ha cumplido un período suficiente en el proceso productivo' o su salud no permite que así se siga dando; y que, al mismo tiempo, resulta necesaria la renovación de la fuerza de trabajo, es decir para permitir la adecuada incorporación de los jóvenes en el mundo laboral;

4.- Que actualmente se produce la reincorporación de personas debido a que el Esta-do no asume su responsabilidad de otorgar el digno descanso a quienes han realizado la función productiva y, a la vez, el aumento de la cesantía basada en la imposibilidad de incorporar a los jóvenes al mundo del trabajo;

5.- Que el criterio de impedir el reintegro y goce simultáneo de pensión ha sido aplicado y aprobado para algunas actividades, como es el caso de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas para el caso de reincorporación al servicio;

6.- Que resulta injusto que determinadas personas perciban un doble aporte del Estado tanto por la vía de la pensión por jubilación o retiro como por la nueva remuneración que le significa el nombramiento en el cargo.

Por lo anterior, los Parlamentarios que suscriben vienen en presentar el siguiente.

PROYECTO DE LEY:

Artículo único: Intercalarse en siguiente inciso entre el primero y el segundo del artículo 80 del Estatuto Administrativo:

"Será siempre incompatible el goce de pensiones de jubilación, de retiro o montepío otorgadas en razón de servidos prestados al Fisco, las Municipalidades o a cualquier otra institución del Estado, superiores a un ingreso mínimo mensual, con el nombramiento en cualquier cargo regido por el presente Estatuto".

(Fdo.) Juan Pablo Letelier Morel; Diputado".

MOCIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS DON RAMÓN ELIZALDE, DON HERNÁN BOSSELIN, DON EDMUNDO SALAS, DON MARIO HAMUY, DON SERGIO OJEDA, DON HOSAIN SABAG, DON HERNÁN ROJO, DON SERGIO VELASCO Y DON GUTENBERG MARTÍNEZ, QUE AUTORIZA LA SUBDIVISIÓN DE BIENES RAÍCES. (BOLETÍN N° 272-14).

"Considerando la gravísima situación de viviendas que aqueja a miles de familias chilenas, la necesidad de buscar soluciones coherentes a las dificultades existentes.

La carencia de terrenos disponibles dentro del radio urbano o de la expansión, en la gran mayoría de las ciudades.

La necesidad de densificar el área urbana utilizando la infraestructura de agua, alcantarillado, luz eléctrica, pavimentación, equipamiento comunitario, etc. que implica un ahorro real al gasto destinado a vivienda y en el afán de colaborar en una solución rápida, eficiente y económica del problema de la vivienda, me permito presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Artículo único:

Autorizarse la subdivisión de bienes raíces de más de 300 M2, en lotes de 150 mts2 como mínimo, en la que el propietario venda o ceda gratuitamente a uno de sus hijos, que tenga familia constituida, cargas familiares, que no posea bien raíz no él, no su cónyuge y que estén postulando a cualquier sistema de solución habitacional a través del Ministerio de Vivienda, uno de los lotes, lo que permite al postulante optar con sitio propio a su solución habitacional.

Para estas subdivisiones no será exigible la construcción de un pasaje de acceso, utilizándose un ingreso común a ambos predios.

En Bienes Raíces de dimensión superior podrán considerarse tantos sitios, como el mínimo autorizado lo permita y que cumpla con la obligatoriedad que sea venta o cesión de padre a hijo."

(Fdo.) Ramón Elizalde Hevia, Diputado; Hernán Bosselin; Hosain Sabag; Edmundo Salas; Hernán Rojo; Mario Hamuy Berr; Sergio Velasco; Sergio Ojeda U.; Gutenberg Martínez O."

Valparaíso, diciembre 18 de 1990.

MOCIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS DON ANTONIO HORVATH, DON ANDRÉS SOTOMAYOR Y DON JOSÉ MARÍA HURTADO, QUE OTORGA FACILIDADES A EXTRANJEROS RESIDENTES.

(BOLETÍN N° 273-06).

La actual ley de extranjería, DL 1094, modificada por la ley 18.252 establece algunas exigencias a los extranjeros residentes que desean o deben salir y reingresar al país que les producen problemas como demoras, o trámites que pueden ser aliviados.

Considerando:

1°.- Que se cuenta con mayores facilidades de control debido a adelantos tecnológicos como es el de los medios de comunicación y de transmisión de información.

2°.- Que es conveniente otorgar facilidades a los extranjeros residentes para que puedan mantener sus vínculos con el exterior y de este modo también poder arraigarlos positivamente en Chile.

3°.- Que es necesario evitarles problemas a los extranjeros residentes como los que se les presentan por viajes urgentes e imprevistos y que no son compatibles con la exigencia de obtener un salvoconducto con 48 horas de anticipación. Casos de este tipo, frecuentemente señalados, corresponden a fallecimientos de un familiar.

4°.- Que es conveniente facilitar el turismo a los extranjeros residentes en zonas fronterizas, y

5°.- De que resulta positivo dar facilidades expeditas en el caso que la persona en calidad de extranjero, sea cónyuge de una persona de nacionalidad chilena.

Por estos motivos, es que se presenta la siguiente:

MOCIÓN DE LEY.

Artículo 1°.- Sustituyase el artículo 54 del DL 1094, modificado por la ley 18252 por el siguiente:

"Artículo 54.- Para salir del país, los extranjeros deberán estar premunidos de un salvoconducto otorgado por el Servicio de Investigaciones. Quedan exceptuados de esta obligación los residentes oficiales, los que tengan permanencia definitiva, los turistas que salgan dentro del plazo de vigencia consignado en la tarjeta de turismo, los que sean obligados a abandonar el territorio nacional por la autoridad competente y los expulsados":

Artículo 2°.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 58, del DL 1094 modificado por la ley 18.252:

"La condición de residencia en Chile se probará en forma expedita mediante copia legalizada ante notario del Decreto ley correspondiente, del carné vigente, u otro mecanismo que estipule el reglamento correspondiente".

(Fdo.) Antonio Horvath Kiss.

MOCIÓN DE LOS SEÑORES DIUTADOS DON VLADISLAV KUZMICIC, DON JUAN MARTÍNEZ, DON VÍCTOR JEAME BARRUETO Y DON ANTONIO HORVATH, QUE PROHÍBE EL USO DE HORMONAS SEXUALES, NATURALES O SINTÉTICAS, EN LA CRIANZA DE AVES Y GANADO. (BOLETÍN N° 274-01).

Visto: Lo establecido en el artículo 19 N° 9 de la Constitución Política del Estado; 

Lo dispuesto por el artículo 60 N°2 de la Constitución Política del Estado;

Considerando:

1.- Que entre los problemas ambientales más importantes señalados por diversos estudiosos y expertos, en la Comisión de Bienes Nacionales, reclusos Naturales y Medio Ambiente, de la Cámara de Diputados, se encuentra el uso promoción de hormonas especialmente sexuales en la promoción del crecimiento en ganado bovino y avícola;

2.- Que hormonas sexuales naturales o sintéticas como el dietilstilbestrol (DES) y diversos andrógenos causan en las personas que consumen los alimentos contaminados con ésos, consecuencia mórbida en el corto como en el mediano y largo plazo. Especialmente estos efectos se pueden radicar en niños y mujeres embarazadas;

3.- Que el uso de estos elementos se encuentra prohibido en la mayoría de los países desarrollados precisamente por las consecuencias ocasionadas en los consumidores, como por ejemplo en diversos países de la Comunidad Económica Europea, Canadá y Japón;

4.- Que la presencia de niveles anormales de determinadas hormonas o la ausencia de ellos, así como de otras de origen sintético, determina cambios permanentes en la diferenciación celular afectada durante el desarrollo intrauterino o postnatal precoz; y también pueden ser detectadas en patologías, alteraciones en el funcionamiento de dichos órganos.

5.- Que en Chile no existe un mecanismo de control efectivo de la distribución y uso de estos elementos contaminantes y, al no encontrarse expresamente prohibido su uso en la crianza de ganados y aves, es susceptible de ser empleado generando consecuencias graves en la población. -

6.- Que, de conformidad a las declaraciones de los industriales nacionales en el sentido que no se encuentran haciendo uso de estos elementos contaminantes en la crianza de aves y ganados, demuestra que no se daña en absoluto esta actividad comercial;

Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en proponer el siguiente.

PROYECTO DE LEY:

Artículo primero: Prohíbase el uso de hormonas sexuales, naturales o sintéticas en la crianza de aves y ganado.

Artículo segundo: Prohíbase la importación de aves o ganado en cuyo país de origen no se encontrare prohibido el uso de las hormonas señaladas en el artículo primero.

Artículo tercero: Facultase al Ministerio de Salud, al Servicio Agrícola y Ganadero, a la Dirección Nacional de Aduanas y a la Comisión Nacional de Medio Ambiente para retirar del comercio los productos cárneos que hubieren recibido en su crianza hormonas sexuales naturales o sintéticas.

Artículo cuarto: El Ministerio de Salud certificara, a solicitud de interesado, el hecho que el producto cárneo no ha recibido en su crianza hormonas sexuales o agentes con actividad hormonal".

(Fdo.) Vladislav Kuzmicic, Diputado".