Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ocuparse del proyecto que prorroga el plazo para establecer las fórmulas tarifarias que deben aplicar las empresas distribuidoras de gas de la Duodécima Región, a que se refiere el artículo único transitorio de la ley N° 18.856.

Por acuerdo de la Cámara, se tratará en general y en particular, sin informe de Comisión.

El texto del proyecto de ley, impreso en el Boletín N° 228-03, figura en el N° 3 de los Documentos de la Cuenta de la sesión 20a., de 13 de diciembre de 1990.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, en diciembre de 1989 fue publicado en el "Diario Oficial" la ley N° 18.856, que modificó sustancialmente la ley de Servicios de Gas, decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931.

En ese cuerpo legal, en su artículo 34, se establece que en la Duodécima Región el Ministerio de Economía deberá fijar las tarifas del gas, condición que ya, con anterioridad, se había dado históricamente, de acuerdo con las normativas legales. La fijación deberá ser hecha, como reza el artículo 31, en un nivel de cinco puntos porcentuales sobre la tasa de costo de capital del servicio.

Ahora bien, el artículo único transitorio expresa que se dispondrá de un año para tal fijación.

El 1° de febrero de 1990, el Gobierno anterior dictó el decreto con fuerza de ley N° 2, en que estableció el mecanismo de cálculo del costo de capital con el cual se tendrá que fijar el precio, entre otras indicaciones. No obstante, la Contraloría General de la República ha devuelto dos veces dicho decreto con fuerza de ley, por encontrarle algunos defectos en su redacción y en su contenido.

La primera devolución la hizo en el mes de mayo, y, por segunda vez, lo devolvió el día 13 de este mes; o sea, con posterioridad al despacho de esta iniciativa legal.

En esta circunstancia, no existe en el momento un instrumento técnico que permita determinar el costo de capital, sobre cuya base deba fijarse el precio del gas en la Duodécima Región.

Es del máximo interés para cada uno de los habitantes de la región que represento, que se establezca una fijación racional del costo del gas, toda vez que en este momento parece ser exagerada, a través de la concesión que se entregó a Gaseo en forma no del todo clara, por más de diez años.

Aparte de los juicios de opinión que tengamos acerca del costo del gas, es indispensable que el Gobierno ejerza la atribución que la ley citada le entrega. Por este motivo, se presenta el proyecto para ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 1991, durante el cual el Gobierno ejercería su facultad de fijar los precios.

Al Diputado que habla, a los Diputado de la Democracia Cristiana, PAC y a los Diputados de Renovación Nacional nos parece que, dada la urgencia y el conocimiento que hemos tenido del problema "in si tu" durante viajes a la región, el plazo debería ser acortado, por lo cual presentamos indicación para que se restrinja a 6 meses a contar de la fecha; vale decir, el plazo de fijación de la tarifa sería el 30 de junio de 1991.

Con indicación sustitutiva, nosotros estamos por aprobar el proyecto.

He dicho.

El señor VILICIC.-

Señor Presidente, el artículo único transitorio de la ley N° 18.856, publicada el 2 de diciembre de 1989, modificó la ley de Servicio de Gas, decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, y otorgó a Su Excelencia el Presidente de la República facultades para normar diversas materias complementarias y relacionadas.

Con fecha 1° de febrero de 1990, se dictó el decreto con fuerza de ley N° 2

18.856, del Ministerio de Economía, el cual fue objetado por la Contraloría General de la República y devuelto a esa Secretaría de Estado. Una vez subsanados los reparos, se reingresó a trámite, pero hasta la fecha no se ha tomado razón de él.

El artículo 1° transitorio de la ley N° 18.856 dispone que la primera fijación de las fórmulas tarifarias que deben aplicar las empresas distribuidoras de gas de la Duodécima Región de Magallanes, deberá efectuarla el Ministerio de Economía antes del 3 de diciembre de 1990.

Como esto no se ha podido hacer, el proyecto de ley fija un nuevo plazo al Ministerio para establecer fórmulas tarifarias al expendio de gas en la Duodécima Región, de consumo habitual de la población de Magallanes.

Por lo tanto, propongo, en mi nombre y en el de la bancada democratacristiana, aprobar este proyecto de ley que estudiamos los parlamentarios de la región, con la siguiente modificación: "Reemplazase la fecha 1° de diciembre de 1991 por 30 de junio de 1991.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, el proyecto en comento prorroga la fórmula tarifaria del gas que consigna el decreto con fuerza del ley N° 323, de 1931, modificado en 1989 por la ley N° 18.856,se trata de una excepción en la fijación de tarifas respecto de la fórmula que establece la misma ley dentro del sistema de libre mercado.

Aparte de la prórroga en cuestión, el análisis, de estas leyes es bastante complejo. Si, además, se toma en consideración la situación de las enormes reservas de gas que tiene Magallanes en la Zona austral chilena, cabe señalar a esta Cámara, la necesidad de que el Gobierno busque una fórmula para una legislación más global en tomo al gas en Magallanes. En particular, revisar las tarifas de gas y las concesiones hechas en esa Zona en favor de industrias comprometidas en su desarrollo. También deben revisarse las tarifas especiales, por cuanto se trata de una zona con un clima bastante severo, debido a lo cual, para vivir con un nivel similar al del resto de los chilenos, el uso de esta energía es bastante mayor.

Se da también el caso de la ley N° 18.502, que aplica un impuesto anual al uso del gas por parte de los vehículos, pero independientemente del consumo que se haga.

También existe en Magallanes -y se nos hizo presente a los miembros de la Comisión de Obras Públicas, en nuestra reciente visita-, la posibilidad de licuar este gas natural, para proveer al resto del país.

Por último, deseo hacer resaltar ante esta Cámara la necesidad de estudiar la posibilidad de utilizar la red de gasoductos argentinos, pero inyectándole gas chileno, de manera que no quedemos con "una soga al cuello" con este proyecto de gas que, en este momento, se licita en Chile, utilizando sólo gas de Neuquén, que el día de mañana podría comprometemos, incluso, respecto de la seguridad del país.

Por todos estos aspectos, es urgente aprobar este proyecto. No obstante, los parlamentarios de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana, del PAC, del PPD, del Partido Socialista e Independiente, hemos propuesto una indicación, a fin de que esta prórroga se reduzca a seis meses, de manera que los afectados y los beneficiarios tengan el plazo suficiente para formular todas sus observaciones, antes de que las tarifas entren en vigencia.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor René García.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, la Comisión de Obras Públicas recientemente estuvo en Punta Arenas. A la gente que no conoce el problema de esa región austral, probablemente le parezca una utopía que todos los Diputados estén de acuerdo en apoyar este proyecto de ley; y, asimismo, en rechazar la fecha de prórroga haste el 31 de diciembre.

El problema que vimos, como Comisión de Obras Públicas, en Magallanes, es el alto precio del combustible, que para esa gente es más que un producto de primera necesidad.

Por lo tanto, pedimos a Su Excelencia el Presidente de la República que, si bien es cierto, no es posible modificar este artículo hasta el 31 de diciembre, por lo menos tome en cuenta la situación que se vive allí y congele los precios del gas para esa provincia tan austral, como es Punta Arenas.

Señor presidente, no se trata de hacer demagogia en la Cámara. Sabemos que los sueldos de Magallanes están en las mismas condiciones que los del resto del país. La diferencia radica en que esta gente gasta entre 10 y 12 mil pesos de su salario solamente para calefaccionarse.

Existe conciencia en que ésta es una necesidad imperiosa. Así lo han entendido el Presidente de la República, la Cámara de Diputados y toda la gente que hemos visto este problema. Sería bueno que si no se puede modificar el artículo antes del 31 del actual, por lo menos se congelen los precios para esta región austral.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Para aclarar, ¿Su Señoría pide que se congelen los precios?

El señor GARCIA (Don René Manuel).-

Que se congelen los precios, si no se puede modificar el artículo para prorrogar hasta el 31 de diciembre, porque esta gente no está en condiciones de pasar otro invierno con las actuales tarifas fijadas por la ley.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alberto Pérez.

El señor PEREZ (don Juan Alberto).-

Señor Presidente, las bancadas de Renovación Nacional e Independiente contribuirán con sus votos a la aprobación de la prórroga de este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, con la indicación a que se ha hecho mención en la Sala, dada la importancia y la trascendencia que tiene el gas para la Duodécima Región, especialmente para los sectores poblacionales de menores ingresos.

Si analizamos las fechas de tramitación del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1990, en los distintos organismos, su devolución por la Contraloría General de la República y otros trámites anexos, concluiremos que el Gobierno ha tenido tiempo más que suficiente, y quizás demasiado prolongado -cuatro meses-, para haber presentado este proyecto a discusión en la Cámara.

Llamo la atención a fin de que, en el futuro, se tengan en consideración la fecha para que el plazo indicado, el 30 de junio, no se generen las mismas dificultades de ahora por los prolongados trámites, después de la aprobación del proyecto, en el Ministerio de Economía y en la Contraloría General de la República.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Recondo.

El señor RECONDO.-

Señor Presidente, dada la importancia que tiene para la Duodécima Región fijar las tarifas del gas, nos parece que por la prolongada tramitación del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1990, en la Contraloría General, no transcurrirá mucho tiempo antes de que ésta, efectivamente, tome razón o se pronuncie sobre él.

Por lo tanto, nos parece prudente disminuir el plazo que tiene el Ministerio de Economía para fijar está tarifa. De manera que la bancada de la UDI suscribe la indicación en cuanto a prorrogar sólo hasta el 30 de junio de 1991 el plazo de que se dispone para fijar las tarifas del gas en la Duodécima Región.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En consecuencia, corresponde votar la indicación, que fija como plazo máximo para el cambio de tarifa el 30 de junio del próximo año, en vez del 31 de diciembre del mismo.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobada.

Aprobado el proyecto en general y en particular.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Solicito autorización de la Sala para tratar de inmediato y sobre tabla, el proyecto de ley, informado por la Comisión de Defensa y votado por unanimidad, que autoriza al Subsecretario de Guerra para subrogar al Ministro de Defensa Nacional cuando esté impedido para hacer ejercicio del cargo.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

El texto del proyecto de ley que la Comisión de Defensa Nacional recomienda aprobar, figura en el N-11 de los Documentos de la Cuenta. (Boletín N° 221-02).

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Informante señor Bartolucci.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, Honorable Cámara: la Comisión de Defensa Nacional informa a la Sala del proyecto de ley que dicta normas sobre la subrogación del Ministro de Defensa Nacional.

Este proyecto de ley tiene su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, calificado de "suma urgencia", por lo cual, nos vemos en la necesidad de despacharlo en la sesión de hoy.

En la mañana, la Comisión de Defensa Nacional despachó el informe que obra en poder de los señores Diputados, para cuyo estudio se contó con la colaboración del señor Subsecretario de Guerra, don Marcos Sánchez Edwards.

Como es de conocimiento de los señores Diputados, el artículo 34 de la Constitución Política establece que, "en los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un Ministro o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, éste será reemplazado en la forma que establezca la ley".

El artículo 22 de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, regló esta materia y señaló la norma general para los ministerios del país, en el sentido de que un Ministro será subrogado por el respectivo Subsecretario. En caso de existir más de uno, por el de más antigua designación. Desde luego, en este artículo 22 queda presente la faculta- dad de Su Excelencia el Presidente de la República, para nombrar a otro Secretario de Estado.

También señala esta norma, que la ley puede establecer, para ministerios determinados, otra forma de subrogación. Precisamente, es la situación en que se encuentra el Ministerio de Defensa Nacional, que se rige en materia de subrogaciones por una norma especial: el decreto ley N° 1.486, del año 1976. ¿Qué establece este decreto ley en el caso del Ministerio de Defensa Nacional? Que "en caso de ausencia temporal o impedimento transitorio del Ministro de Defensa Nacional, que lo imposibilite para cumplir con las funciones de su cargo, será subrogado por el Oficial General más antiguo del Ejército, de la Armada o de la Fuerza Aérea que preste servicio en Santiago y que dependa de dicho Secretario de Estado".

Según el mensaje del Ejecutivo, lo que se pretende es cambiar la norma especial del decreto ley N° 1.486, a través del artículo único propuesto, de manera que, aprobado como ley, el Ministerio de Defensa Nacional tenga un sistema de subrogancia similar al de los demás ministerios; esto es, que en caso de ausencia o impedimento temporal, el Ministro de Defensa Nacional sea subrogado por el señor Subsecretario de Guerra. ¿Por qué específicamente por el Subsecretario de Guerra? Porque como el Ministerio de Defensa Nacional tiene cinco Subsecretarías, al Ejecutivo le ha parecido que la subrogancia debe recaer en el Subsecretario de Guerra, por las razones señaladas en el mensaje, y que se han consignado también en el informe que los señores Diputados tienen en su poder. En resumen, existen razones suficientes para que la subrogancia recaiga en el Subsecretario de Guerra, puesto que corresponde a éste desarrollar labores que engloban a la totalidad de la Defensa Nacional y que no corresponde a las demás Subsecretarías.

Según lo establece el Reglamento Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, a la Subsecretaría de Guerra corresponde, entre otras cosas, coordinar todo lo relacionado con las materias administrativas comunes a las Instituciones de la Defensa Nacional. Asimismo, el Reglamento Orgánico de Funciones de esta Subsecretaría le entrega precisamente al Subsecretario de Guerra, "la función de coordinar el estudio y trámite de las materias administrativas, legales, previsionales y presupuestarias comunes a las cinco Subsecretarías de Defensa que no sean de carácter operativo".

Corresponde también privativamente a ese Subsecretario, "informar al Ministro sobre cualquier asunto de interés para las instituciones que se someten a su conocimiento y aprobación.

A mayor abundamiento, también corresponde a este Subsecretario "presidir las reuniones de coordinación que se realicen con participación de las demás Subsecretarías de la Defensa Nacional".

Hay, pues, una especie de preeminencia del Subsecretario de Guerra, que justifica que sea él quien asuma la subrogancia del Ministro de Defensa Nacional y no otro de los Subsecretarios con que cuenta este Ministerio.

Del análisis del proyecto se desprende que la idea fundamental consiste en establecer que la subrogación del Ministro de Defensa Nacional, en casos de ausencia o impedimento temporal, deberá recaer en el Subsecretario de Guerra.

Obviamente, esta idea como lo expliqué hace un instante- sólo puede concretarse por medio de una ley, en virtud de lo establecido en el artículo 60 y en el inciso segundo del artículo 34 de la Carta Fundamental. Por ello, el Ejecutivo nos envía un proyecto de ley.

La Comisión se reunió esta mañana, discutió el proyecto con la presencia del señor Subsecretario de Guerra y, dada la naturaleza de la urgencia hecha presente, lo discutió en general y en particular. Aprobó la iniciativa enviada por el Ejecutivo y la idea de que quien subrogue al Ministro de Defensa Nacional sea el Subsecretario de Guerra, en atención a los argumentos contenidos en el mensaje del Ejecutivo y, además, por parecemos que la nueva institucionalidad vigente en el país amerita cambiar la norma de subrogancia, de manera que recaiga en un subsecretario y no en un oficial de alta graduación de las Fuerzas Armadas.

En consecuencia, la Comisión aprobó la idea de legislar y el texto correspondiente al artículo único, en los mismos términos propuestos en el mensaje. Esta aprobación fue por unanimidad: 9 votos a favor, ninguno en contra, y la abstención del Diputado señor Navarrete.

La Comisión también discutió la naturaleza jurídica de este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para determinar si tiene o no carácter de ley orgánico constitucional, pues modifica o especifica otra del mismo rango, como es lo establecido en el artículo 22, de la ley sobre Bases de la Administración del Estado.

Respecto de esta materia, hubo una determinación dividida en la Comisión y, después de votar, se interpretó que, en definitiva, este artículo único no constituye ley orgánica constitucional, opinión - reitero- que no fue compartida por todos los miembros de ella, materia que puede debatirse en esta Sala, si los señores Diputados tienen interés en hacerlo, aun cuando presumo que, de existir unanimidad, este problema carecería de la trascendencia que tendrían en caso de que la votación fuese dividida.

Por lo tanto, por las razones expuestas, la Comisión recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley cuyo texto señala: "Artículo único.- En caso de ausencia o impedimento temporal del Ministro de Defensa Nacional, que lo imposibilite para cumplir con las obligaciones de su cargo, éste será subrogado por el Subsecretario de Guerra".

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.-

Señor presidente, en 1976 se dictó un decreto que establece que la subrogación del Ministro de Defensa recaerá en el oficial de las Fuerzas Armadas más antiguo que resida en Santiago. De hecho, el oficial más antiguo de la institución y quien reside normal y habitualmente en Santiago es el Comandante en Jefe del Ejército. Entonces, en la práctica, de mantenerse la ley, la subrogación del Ministro de Defensa recaerá normal y habitualmente en el Comandante en Jefe del Ejército.

Ahora bien, ¿por qué se dictó en 1976 esta norma? Históricamente, el Subsecretario es un oficial del grado de coronel. En un gobierno militar, como el anterior, no era bueno que un coronel fuera Ministro de Defensa y, de hecho, tuviera una jerarquía superior a la de los Comandantes en Jefe institucionales.

En consecuencia, al desaparecer las razones por las cuales se dictó esta disposición, es bueno y conveniente que el Subsecretario de Guerra, que de hecho también ha sido siempre el coordinador de los cinco Subsecretarios del Ministerio de Defensa Nacional, subrogue al Ministro del ramo.

Además, con esto se evita que el Presidente de la República -quien tiene la facultad de hacerlo- dicte un decreto especial en cada ocasión en que se ausente temporalmente el Ministro de Defensa, porque se enfermó, se ausentó dos días, etcétera. En cambio, esta norma permanente constituye una buena medida administrativa.

En consecuencia el proyecto del Ejecutivo tiene todas las ventajas y ningún inconveniente. Por eso, Renovación Nacional lo va a apoyar.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente en verdad, las palabras del Diputado señor Navarrete ahorran nuestra argumentación principal.

El decreto ley N° 1.486, de 1976, es propio del régimen militar. En consecuencia, en este período de restablecimiento de la democracia, de retorno de las Fuerzas Armadas a sus labores profesionales y normales, resulta completamente indispensable normalizar la situación del Ministerio de Defensa y establecer la subrogancia, de acuerdo con lo que es propio de un régimen bajo la soberanía popular y dirigido por autoridades civiles.

Por lo tanto, es absolutamente normal que demos nuestro completo respaldo a este proyecto de ley que tiende a normalizar tal situación.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, la bancada democratacristiana votará a favor de este proyecto de ley, por cuanto regulariza expresamente una situación de derogación orgánica que se había producido a raíz de la dictación de la ley N° 18.575.

El decreto ley N° 1.486, de 1976, que establece que en caso de ausencia temporal o impedimento transitorio del Ministro de Defensa Nacional, que lo imposibilite para cumplir con las funciones de su cargo, será subrogado por el oficial general más antiguo del Ejército, de la Armada o de la Fuerza Aérea, que preste servicios en Santiago y que dependa de dicho Secretario de Estado, fue derogado orgánicamente por la ley N° 18.575. Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado cuyo artículo 22 señala que el Ministro será subrogado por el respectivo Subsecretario y, en caso de existir más de uno, por el de más antigua designación.

De manera que este proyecto de ley sólo da expresión textual a una situación que, jurídicamente, ya había sido resuelta de acuerdo con las normas de la derogación.

Por otro lado, no cabe la menor duda de que es altamente conveniente que el Ministro de Defensa Nacional sea subrogado por el Subsecretario de Guerra y no por el oficial más antiguo del Ejército. Qué confusión se produciría en el país si el Ministro de Defensa Nacional fuere subrogado nada menos que por el Comandante en Jefe del Ejército. Es una cosa altamente contradictoria.

En consecuencia, la bancada democratacristiana le dará su aprobación a este proyecto de ley por razones jurídicas y, además, por la razón de incomodidad práctica que se podría presentar si alguien pretendiera hacer valer el decreto ley N° 1.486.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, para la historia fidedigna de esta ley, quiero dejar constancia de que el proyecto del Ejecutivo constituye una Ley Orgánica Constitucional.

La interpretación del Diputado Bosselin a mi juicio, es correcta. El decreto ley 1.486 se encuentra derogado en virtud de la disposición Quinta transitoria de la Constitución, que establece: "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicos constitucionales o aprobadas con quorum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales: la ley Sobre Bases de la Administración del Estado. Con ello, cómo muy bien ha señalado el Diputado señor Bosselin , se ha derogado orgánicamente el decreto ley 1.486, del año 1976.

Por tanto, lo que se pretende ahora es modificar o, si se quiere, adicionar el artículo 22 de la Ley Sobre Bases de la Administración del Estado, ley orgánica constitucional, razón por la cual el artículo único del proyecto de ley tiene también el mismo carácter. Creo que no tendremos problema, pues al parecer, se aprobará por unanimidad el Mensaje del Ejecutivo. En todo caso, es necesario dejar constancia de la real naturaleza jurídica de la norma enviada por el Ejecutivo: ley orgánica constitucional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde debatir el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

El informe de la Comisión Mixta figura en el N°10 de los Documentos de la Cuenta. (Boletín N° 195-08).

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, la creación del Fondo de estabilización del Petróleo tiene argumentos en pro y en contra que ya fueron debatidos ampliamente en esta Sala. En todo caso, frente al artículo 9a que propone el Senado, quiero hacer algunos reparos.

Durante las dos últimas décadas el precio del petróleo ha sufrido fuertes fluctuaciones, originadas por los más diversos motivos que no ameritan explicación en el día de hoy.

Por lo anterior, y por la necesidad de darle mayor estabilidad a la macroeconomía del país, consideramos oportuno apoyar la iniciativa del Ejecutivo, razón por la cual este Fondo no puede entenderse como una medida transitoria, como lo propone el Senado. Más aún, si así se entendiera, el resultado que sólo podríamos mostrar sería la generación de un nuevo impuesto, ajeno a la voluntad expuesta en el mensaje y opuesta a la idea de legislar aprobada por nuestro partido.

Más allá de la actual crisis del Golfo Pérsico, nada hace suponer que en el futuro el mundo tenga que afrontar nuevas crisis por alzas del precio del crudo, como lo ha sido en el pasado.

Consideramos importante la existencia del Fondo a un largo plazo. Si los precios del crudo son bajos, el Fondo no podrá superar los 400 millones de dolores. Una vez alcanzada esta cifra, las bajas del precio se traspasarían totalmente al mercado.

Por otro lado, si los precios suben en exceso tendremos un Fondo que, al menos, amortiguará la crisis en el país. A lo anterior hay que sumar el hecho de que Chile no es un productor de crudo. Nuestra producción no alcanza al 15 por ciento del consumo nacional y, en el futuro, nada hace suponer una mejoría sustantiva, lo que significa una plena dependencia de los precios internacionales.

Por ello, los parlamentarios de la UDI votaremos en contra de la proposición del artículo 9° propuesta por el Senado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, los Diputados de la Democracia Cristiana votaremos en favor del informe de la Comisión Mixta, constituida para resolver las diferencias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados, con motivo de este proyecto que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

Como es sabido, el diferendo se originó en el artículo 9a nuevo que incorporó el Senado, en virtud del cual se establece un plazo de duración para el Fondo de Estabilización, y se dispone que, al término de la vigencia de la ley, los destinos del Fondo se determinarán en la Ley de Presupuestos del año respectivo, previo reintegro de los recursos establecidos en el inciso primero del artículo 5°.

Sobre esta materia la opinión de la Cámara fue que en vista de que era una necesidad permanente de la economía del país, la que se satisfacía con la creación de este Fondo, no se justificaba que tuviera un plazo tan breve; sobre todo, porque -como aquí se ha señalado- el país es altamente dependiente de la importación de petróleo, y que para atender su consumo actual importa el 85 por ciento, situación que no se ve que pueda ser modificada en el corto plazo.

En consecuencia, la Cámara adoptó el acuerdo de rechazar el artículo del Senado, rechazo que también fue aprobado, por mayoría de votos, en la Comisión Mixta de Senadores y Diputados.

Por esta razón -manteniendo nuestro criterio- los Diputados de la Democracia Cristiana anunciamos que votaremos en favor del proyecto de la Comisión Mixta que rechazó el artículo 9° incorporado por el Senado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, hemos advertido de modo general, que hay consenso en cuanto a establecer un Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Ello quedó de manifiesto en la votación de la Sala.

Sin embargo, al analizar el proyecto de ley vimos que podría tener ventajas y desventajas. Es así como, dentro de estas últimas es posible que el Fondo, en algún momento, determine que el precio del petróleo, o de los combustibles en el país, sea superior al de los países vecinos; como también es posible que en otro instante sea ostensiblemente inferior. Sin duda que ese fenómeno tendrá una incidencia dentro de la producción nacional destinada a la exportación.

Por eso es conveniente poner en práctica un proyecto de esta naturaleza, pero también es bueno disponer un tiempo prudente para observar sus ventajas y desventajas.

Coincidimos con la proposición del Senado, en el sentido de que el proyecto permita, en un plazo prudente -30 meses- poner en práctica la iniciativa.

Sin lugar a dudas, un Fondo como éste significa una subvención a los combustibles, lo que, en alguna medida, será poco beneficioso para el país.

Pensamos, por otra parte, que, al quedar el proyecto en forma absolutamente indefinida, indudablemente que se transforma en un impuesto y, dado lo difícil que resulta suprimirlo -la experiencia así lo señala- queda la posibilidad de hacerlo si se observa que su desempeño es negativo.

Por tales razones, las bancadas de Renovación Nacional e Independiente, votarán en contra de la proposición entregada por la Comisión Mixta en el día de hoy.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Como ya se han pronunciado tres discursos sobre el informe de la Comisión Mixta, corresponde votarlo.

Si le parece a la Sala se aprobará por unanimidad.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto, informado por la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, que sustituye el artículo 43 de la Ley N° 18.290, Ley de Tránsito.

Hago presente que este proyecto para su aprobación requiere de quorum de ley orgánica constitucional.

El texto del proyecto de ley que la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recomienda aprobar figura en el N° 11 de los Documentos de la Cuenta de la sesión 20ª., de 13 de diciembre de 1.990. (Boletín N° 202-15).

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Informante, señor José María Hurtado.

El señor HURTADO.-

Señor Presidente, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, ha tenido a bien designarme como Diputado Informante del proyecto de ley que modifica el artículo 43 de la ley 18.290, Ley de Tránsito.

En el estudio del proyecto la Comisión contó con la colaboración del Subsecretario de Transportes, de personeros de dicho Ministerio, del Registro Nacional de Vehículos Motorizados y de los señores Fernando De Cácer Aninat y Rafael Rodríguez Iturriaga , Vicepresidente y Gerente General de la Asociación Gremial Chilena de Comerciantes Industriales en Automotores, respectivamente.

La disposición que hoy día rige esta materia dice así:

"Artículo 43. De la resolución del Director del Servicio de Registro Civil e Identificación que niegue lugar a una inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados o que no dé lugar a una rectificación o modificación solicitada, podrá reclamarse ante el Juez de Letras que ejerza jurisdicción en el territorio correspondiente a la Oficina de Registros Civil e Identificación donde fue efectuada la solicitud. Esta reclamación se tramitará sin forma de juicio y la sentencia será apelable.

"Si la resolución aceptase la reclamación, la fecha de la nueva inscripción será la de su anotación original en el Repertorio".

En relación con el precepto anterior, se establece, para los dueños de vehículos motorizados, la obligación de inscribirlos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. En ese acto, se consigna la información referente al vehículo y al propietario, así como a los gravámenes, prohibiciones, embargos y medidas precautorias que los afectan. Dicha inscripción ha permitido contar con un instrumento relativamente eficaz para acreditar la propiedad y para proteger las transacciones comerciales entre particulares.

El objetivo fundamental del proyecto es evitar que, mediante el procedimiento jurídico, previsto en el artículo 43 de la Ley de Tránsito, se proceda a la inscripción de un vehículo reacondicionado, hechizo, o que se reinscriba con una fecha de fabricación posterior a la real. Dicho procedimiento tiene lugar, o bien cuando el oficial del Registro Civil a cuyo cargo está el Registro de Vehículos Motorizados se niega a practicar una inscripción, o bien cuando un interesado lo solicita directamente al Juez de Letras.

La falta de regulación de este procedimiento permite que un propietario eluda la prohibición de prestar servicios de locomoción colectiva con vehículos anteriores a determinados años de fabricación, o la prohibición de importar vehículos usados, los que se internan desarmados y luego se arman e inscriben mediante el señalado procedimiento judicial.

Asimismo, debido a una deficiencia en los procedimientos establecidos por la ley, se han realizado inscripciones de vehículos sin la debida identificación técnica, como la referente al modelo, al año de fabricación, al número de chasis o de motor, etcétera.

Es difícil determinar las irregularidades que esto origina, puesto que se trata de vehículos armados o reacondicionados con partes y piezas de distintas marcas, de diversos modelos y años, o porque los números identificatorios de sus chasis o motores no corresponden a los asignados originalmente por los fabricantes.

Se puede citar, como ejemplo, el caso de los buses de modelos de 1966 y 1967, retirados de la circulación y respecto de los cuales existe la evidencia de que, en su mayoría, fueron reacondicionados para alterar su año de fabricación y así mantenerlos en servicio.

La situación de los vehículos reacondicionados con componentes que modifican su individualización, o que son armados con partes y piezas correspondientes a vehículos ya inscritos, presentan un serio problema, consecuencia del vacío legal que por este proyecto de ley se pretende solucionar, ya que aquel procedimiento permite alterar, por la vía administrativa, la identificación del vehículo, en especial, la de su año de fabricación.

Es conveniente señalar que cualquiera medida que se pretenda aplicar para reglamentar los tipos de vehículos, limitar su vida útil, por razones de seguridad vial y por la influencia de los niveles de contaminación, puede ser fácilmente evadida por los operadores involucrados si se mantiene la actual legislación.

El proyecto, como solución, establece, en síntesis, lo siguiente:

1°.- Que se acompañe a la solicitud una copia de la resolución fundada del Servicio de Registro Civil que hubiere rechazado la inscripción.

2°.- Que el juez recabe del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o de la Secretaría Regional Ministerial correspondiente, un informe técnico sobre el vehículo, en el que se determinen sus datos identificatorios, como número de chasis, de motor, año de fabricación; y otro informe del Servicio de Encargo y Búsqueda dependiente de Carabineros de Chile, ante la eventualidad de que el vehículo fuera robado.

3°.- Que el juez exija, en caso de importación, los documentos justificativos de la adquisición del chasis, del motor y de la carrocería.

4°.- Que, una vez obtenido los antecedentes antes indicados, el Servicio de Registro Civil emita un informe, para lo cual se le remitirá el expediente respectivo.

5°.- Que las sentencias que ordenen la inscripción de un vehículo deberán señalar la placa única, si la tuviere, y los demás datos que permitan su identificación, así como la individualización del propietario.

6°- Que la sentencia que acoja una reclamación haga constar, a solicitud del interesado, la fecha y hora en que se hubiere anotado en el libro del repertorio, para los efectos de determinar la antigüedad o precedencia de la inscripción, lo cual no obstará a que el Registro le dé una fecha posterior, pero, para los efectos legales, valdrá la que indique la sentencia.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Comisión acordó dirigir oficio a la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de que emita su opinión sobre el articulado del proyecto en informe.

En la discusión general habida en el seno de la Comisión, se reiteraron las consideraciones y los fundamentos contenidos en el mensaje, y hubo pleno acuerdo en la conveniencia de legislar sobre la materia.

El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.

Durante la discusión particular la Comisión le introdujo diversas enmiendas conceptuales y formales, tendientes a mejorar y precisar su articulado, las que fueron aprobadas, en su totalidad, por unanimidad. Entre ellas son importantes destacar las siguientes:

1.- La Resolución del Director del Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Indentificación, debe ser fundada. Fue incorporada en el inciso primero.

2.- La competencia del juez de Letras que debe conocer las reclamaciones, lo será el del domicilio del requirente. La norma anterior señalaba que era juez competente el del domicilio de la oficina del Registro Civil en que se hubiere presentado la solicitud de inscripción.

3.- En el inciso segundo, con el ánimo de explicitar la idea de regionalización, se determinó que los informes técnicos que recabe el juez podrán ser solicitados al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o a la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.

El proyecto es idóneo para el fin que se propone, esto es, evitar que se burlen los objetivos del Registro de Vehículos Motorizados, en cuanto a la individualización de los mismos, sus características o año de fabricación.

Es correcto consagrar, en normas legales, como lo hace el proyecto, procedimientos que, de hecho, ya tienen algún grado de vigencia, puesto que las diligencias que ahora se ordena practicar, en muchos casos ya han sido decretadas por los jueces, en virtud de sus facultades generales para disponer medidas conducentes a la mejor resolución de cada asunto. La iniciativa da un respaldo legal a tales medidas, haciéndolas obligatorias.

Estimo oportuno y justo destacar que la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones desarrolló su trabajo en este proyecto, al igual que en otros que le ha tocado considerar, con la más absoluta prescindencia de posiciones políticas partidistas, considerando solamente el interés social contenido en ello. Todos los debates se realizaron con altura de miras y en un ambiente de completa armonía.

Por ello, puedo asegurar a esta Sala que el proyecto que me honro en informar, es el resultado de una iniciativa del Ejecutivo, enriquecida por la inteligencia de todos los miembros de la Comisión.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Hernán Rojo.

El señor ROJO.-

Señor presidente, este proyecto tiene dos objetivos diferentes. Uno, evitar las inscripciones dolosas que a través de un procedimiento judicial permitían alterar el año de fabricación de un vehículo para destinarlo al transporte de pasajeros, como en el caso de los taxis, taxibuses y microbuses. Este objetivo es bastante claro y por ello se justifica que el Ministerio tomara medidas frente a esta situación de hecho.

El otro objetivo se refiere a una materia que es de estricta justicia.

En mi distrito existe una gran cantidad de vehículos motorizados de propiedad de feriantes que no han podido regularizar su situación, en atención a que, para poder hacerlo, las municipalidades les cobran el pago del permiso de circulación de los tres últimos años con sus intereses y reajustes, lo que, muchas veces, supera el valor del vehículo mismo.

Lamento profundamente que la Comisión que se abocó al conocimiento de este proyecto no hubiera reparado en una falla que tiene cierta importancia, cuando señala: "El juez, conociendo por vía de reclamación o de solicitud directa, antes de resolver deberá recabar del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o de la Secretaría Regional Ministerial correspondiente, un informe técnico..." Bien sabemos todos que dicho Ministerio carece del personal y de los elementos necesarios para informar sobre esta materia.

Lo que debió haberse colocado es que "El juez deberá recabar el informe técnico del Departamento de Tránsito de la respectiva municipalidad...", en atención a que los municipios están en condiciones, a través de sus secciones especializadas, de informar al respecto. En atención a esto he presentado una indicación, con el objeto de agregar un inciso para que las municipalidades procedan a girar el valor del permiso de circulación a contar de la fecha que quede ejecutoriada la sentencia respectiva. Con esta indicación, se podrá solucionar el problema de muchas personas propietarias de vehículos de poco valor, feriantes, gente de escasos recursos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Antonio Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, el proyecto de ley en debate tiene como objetivo ampliar la ley vigente que se refiere sólo a acreditar el dominio y no a identificar adecuadamente qué es lo que se inscribe.

De esta manera, se podrá regular mejor la importación de vehículos usados que se traen por partes, facilitar la identificación de vehículos robados, evitar la adulteración de características técnicas -como la capacidad de carga- y consignar mayores antecedentes en el Registro pertinente, lo que facilitará el pronunciamiento respecto de las reclamaciones que se presenten; fórmulas que además fueron perfeccionadas con indicaciones de los Diputados de la Comisión, entre las que me permito señalar algunas.

1.- Establecer que las resoluciones del Director General del Servicio de Registro Civil e Identificación sean fundadas, señalando expresión de causa, con el objeto de que éstas sirvan para la posible presentación ante el juez.

2.- Descentralizar explícitamente el procedimiento, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones. En este sentido creo que la indicación del Diputado señor Rojo no tendría efecto, ya que si los Ministros y las Secretarías Regionales llevan este Registro a nivel nacional y en forma computarizada, no es conveniente aumentar el número de trámites y papeleos que hoy se exige para conducir un vehículo en Chile.

3.- Dar la alternativa de que los informes técnicos sean solicitados al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o a la Secretaría Regional Ministerial correspondiente por el interesado, para presentarlos ante el juez, haciendo de este modo más expedita la tramitación de la gestión.

La indicación de dejar constancia de la inscripción del vehículo efectuada por orden judicial en el repertorio, a fin de no vulnerar las órdenes de prelación -además pueden decretarse embargos que lo afecten -si bien fue rechazada en la Comisión, estimamos que lo hará el Registro para evitar la falta del requisito de publicidad acerca de la fecha desde la cual producirá sus efectos la inscripción.

Sin embargo, en esta ocasión, también quiero señalar que nos preocupa la aplicación de esta ley en los futuros reglamentos y medidas que adopte el Ejecutivo. Estas preocupaciones son:

Primero, que se aprovechen los beneficios de diferencia de valor de hasta diez veces entre motores usados y nuevos.

Segundo, que se establezca la relación que tienen los vehículos hechizos con accidentes del tránsito.

Tercero, que se efectúen revisiones técnicas de vehículos y certificación estricta y profesional. Es el caso específico de las bombas inyectoras.

Cuarto, que se asegure que las regiones no paguen por la descontaminación de Santiago.

Quinto, que los reglamentos den igualdad de tratamiento a las empresas, a las agrupaciones gremiales y a los transportistas como individuos.

En todo caso, estimamos conveniente la aprobación en general y en particular de esta iniciativa.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, apoyaré este proyecto de ley, toda vez que viene a solucionar un problema generado por una falta de acotamiento o de circunscripción del artículo 43 de la ley N° 18.290.

La iniciativa parece interesante y señala determinados requisitos que la práctica judicial ya ha aplicado en la tramitación de la inscripción de vehículos motorizados; como por ejemplo, solicitar informes al Servicio de Encargo y Búsqueda de Carabineros, a Investigaciones y, en algunos casos, la publicación, en extracto, en diarios de circulación regional o comunal, para dar cumplimiento al requisito de publicidad.

El proyecto se enriquecerá con la indicación anunciada por el Diputado Hernán Rojo , ya que establecerá, con claridad, la forma y oportunidad del pago del permiso de circulación. Una de las malas prácticas municipales al respecto ha sido cobrar los permisos de circulación de los tres años anteriores en circunstancias de que no existe ningún antecedente que así lo establezca.

Por estas razones, nuestra bancada aprobará el proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, la sustitución del artículo 43 de la Ley de Tránsito, tiene por objeto principal impedir que un dueño de vehículo lo reinscriba, cambiando el año de su fabricación; y además, reglamentar la inscripción de vehículos usados, creando el concepto de vehículos "hechizos", que corresponde al armado por particulares, con partes y piezas usadas. La finalidad, en consecuencia, es impedir que se eludan las disposiciones sobre retiro de buses en la Región Metropolitana; que vehículos de años y modelos modificados participen en procesos de licitación, para realizar actividades de transportes en las mismas condiciones de otros vehículos, cuya antigüedad es la original; que vehículos con prenda puedan ser reinscritos como otro vehículo, "desapareciendo" legalmente el vehículo original y, por último, que vehículos armados por particulares, con partes y piezas usadas, puedan ser destinados al transporte de pasajeros y de carga.

Este proyecto es absolutamente necesario aprobarlo, con urgencia, pues en la actualidad se están reinscribiendo alrededor de diez a once vehículos diarios, sin que existan medios legales para impedirlo, con lo cual se producirán distorsiones que burlen las modificaciones legales ya aprobadas, en relación con la ley de libre recorrido.

El Diputado Informante ha detallado minuciosamente otros aspectos de esta iniciativa de ley, con los que han sido ilustrados los señores Diputados.

Por estas razones, los Diputados democratacristianos votaremos favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez.

El señor PEREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, Honorable Cámara, la Unión Demócrata Independiente dará su aprobación, en general y en particular, al proyecto de origen en un mensaje presidencial, que tiene por objeto modificar el artículo 43 de la ley N° 18.290, Ley de Tránsito.

Sin duda, todo estado de derecho y la legislación que lo sustenta están llamados a dar seguridad y certeza en las relaciones sociales, como también a proteger ciertos bienes jurídicos que la comunidad, en su conjunto, considera relevantes.

En este caso, existen algunos derechos y relaciones sociales que son importantes de proteger y de darles seguridad y certeza, como el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19, número 24, de la Constitución Política del Estado.

En relación con el artículo 43 de la Ley de Tránsito, cabe señalar que el problema se produce cuando se solicita la inscripción judicial de un vehículo que no es nuevo y de los reacondicionados, "hechizos" o robados. Por existir este vacío legal, se permite alterar, por la vía administrativa, la individualización del vehículo controlado por el Registro Nacional, en el cual se deja constancia de la propiedad, así como de los gravámenes, prohibiciones, embargos o medidas precautorias que lo afecten.

Tal vacío legal provoca graves alteraciones en el ámbito comercial. Efectivamente, el caso de los vehículos usados -desarmados en el extranjero e ingresados al país por partes, para luego ser armados en Chile-, permite eludir lo señalado en el Estatuto Automotor.

Por otra parte, la posibilidad de burlar la ley, reinscribiendo un vehículo con una fecha de fabricación posterior a la real, provoca graves distorsiones. En el mercado de compraventa de vehículos, eso constituye una seria discriminación con aquellas personas que se apegan a la legalidad vigente.

Cabe señalar que la falta de regulación de este procedimiento permite que un propietario eluda la prohibición que recae sobre la locomoción colectiva, de prestar servicios con vehículos anteriores a determinados años de fabricación.

En definitiva, nos parece oportuno perfeccionar el sistema de registro de vehículos motorizados. El proyecto en debate contribuye a este objetivo, sin perjuicio de otras medidas adicionales que será necesario adoptar y que nosotros esperamos discutir dentro de la mayor brevedad.'

Por estas razones, los parlamentarios de la UDI aprobaremos, en general y en particular, el mensaje presidencial que, en estos momentos, ocupa la atención de la Sala.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor

Presidente, en forma breve me referiré a este proyecto, que comparto plenamente.

En efecto, se trata de corregir y de lograr un mejor control respecto de la inscripción de vehículos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados lo que evitará que se prosiga con el subterfugio de la importación de vehículos usados, los cuales se compran completos en el extranjero, pero se desarman y se importan como partes y piezas. Luego, en el país, se rearman, como lo han explicado con anterioridad algunos Diputados. Esto vulnera completamente el espíritu y la reglamentación del Estatuto Automotor.

Lo más grave es que se están importando vehículos que, en su mayoría, se encuentran en desuso en otros países, por lo cual no se les han dado las autorizaciones técnicas para que puedan seguir funcionando.

Más grave aún es el hecho, comprobado, de que en algunos casos se ha importado verdadera chatarra. Esto, aparte de provocar problemas de contaminación y de seguridad, sobre todo en cuanto al transporte de pasajeros y de carga, produce también alteraciones en la normal competencia que debe existir en el mercado del transporte, porque es obvio que quien cumple con todos los requisitos y se adecúa a las normas del país, relativas al parque automotor o de vehículos de carga, debe incurrir en gastos infinitamente mayores y someterse a las reglas económicas normales sobre este tipo de vehículos; mientras que quienes importan partes, equipos y piezas usadas, lógicamente pagan no más allá de un tercio del valor normal de un vehículo. Esto produce una clara distorsión y una injusticia en el mercado del transporte.

Además, corregir o normar cierta excepción, en el caso de la inscripción de algunos vehículos, hace que se transforme en la regla general. Según entiendo, hay otro proyecto de ley, complementario de éste, que tiende, clara y definitivamente, a terminar con estos subterfugios y a evitar que se siga burlando la ley.

Por último, quiero manifestar mis dudas respecto de la indicación planteada por el colega Rojo, en el siguiente sentido. Se trata de una especie de condonación -por decirlo así- de las patentes, multas en algunos casos, o interésese de los últimos tres años, que no ha pagado el propietario de un vehículo que puede haber estado averiado, en desuso o con problemas de otro tipo.

A mi juicio, al dar las facilidades también se produce, obviamente, una situación de injusticia y de desigualdad con quienes han cumplido con todas estas normas y durante esos mismos años han tenido que absorber todos esos costos y gastos, con bastante esfuerzo y sacrificio; y después se encuentran en un nivel de competencia desfavorable con otros propietarios, por pocos que sean, que han contado con este tipo de facilidades.

De manera que, como el colega Rojo tiene interés en explicar mejor la indicación que él ha formulado, le concederé una interrupción para que nos dé más luces sobre el tema.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprovecho la ocasión para pedir al Diputado Rojo que se refiera también a la inadmisibilidad de la indicación que ha hecho presente el Diputado Horvath , por cuanto estaría alterando el cobro de patentes, tal como se hace en la actualidad.

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, no existe ningún problema, porque la indicación dice expresamente: "Las municipalidades procederán a girar los permisos de circulación, a contar de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada".

El permiso de circulación no tiene nada que ver con la inscripción. Es el que autoriza para efectuar los recorridos, trabajar o movilizar vehículo.

¿Qué sucede? Que las municipalidades, de hecho, sin que ninguna ley las autorice, cuando alguien obtiene las inscripción judicial del vehículo, le cobran tres años hacia atrás, de acuerdo con la norma de la prescripción general de los impuestos y contribuciones, en circunstancias de que, si no tenía inscrito el vehículo, mal podía haber estado circulando, porque, de lo contrario hubiera sido retirado por Carabineros.

En consecuencia, la norma tiene por objeto aclarar a lo municipios que el permiso de circulación -la patente- regirá a contar de la fecha en que el juez diga que queda inscrito el vehículo.

Esa es la explicación. Por eso, digo que no elude el problema, no provoca injusticias ni arbitrariedades, sino que aclara una situación de hecho, que se produce en todos los municipios.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra don Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Agradezco la aclaración del colega Rojo.

También, al principio, había entendido que se podía producir un problema respecto del pago de las patentes, lo cual podría haber causado la inadmisibilidad de la indicación. Pero, con la explicación proporcionada, se tiende a corregir la situación de muchos propietarios de vehículos que, por razones de desperfectos, de falta de financiamiento, etcétera, no pueden mantener una regularidad en cuanto a sus permisos de circulación. De manera que retiro mis dudas sobre la indicación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, en primer lugar, concuerdo plenamente con la indicación formulada por el Diputado señor Rojo , como quiera que se trate de un efecto propio de la sentencia que se dictará, que será de cosa juzgada, es decir, de una verdad inamovible e inconmovible, a partir de la fecha de su dictación y notificación, la cual, obviamente, tendrá que incidir en la fecha del permiso de circulación. De lo contrario, se produciría una contradicción con el fallo dictado por el tribunal.

Respecto del artículo que se propone tengo algunas observaciones.

No cabe la menor duda de que ésta es una disposición legal, cuya finalidad es impedir un conjunto de maniobras arteras y dolosas que defraudan la fe pública y el bienestar de la colectividad. Desgraciadamente, el ingenio humano siempre es más poderoso que las normas administrativas, e incluso que las normas civiles que se puedan dictar en lo cuerpos legales para impedir las irregularidades.

En consecuencia, echo de menos una sanción penal rigurosa para aquellos que realicen actividades o conductas tendientes a inscribir un vehículo motorizado, con una fecha de fabricación o un número de motor o de chasis distintos de los verdaderos, con la finalidad de alterar la realidad de las cosas. Las sanción penal, en estos casos, cuando uno ve consorcios organizados tras de todas estas maniobras, se traduce en un vehículo verdaderamente eficaz.

Por otro lado, esta disposición legal que otorga facultades a un tribunal y dice "sin forma de juicio", en la práctica cuando entrega la resolución de las materias sin forma de juicio, hace que el manejo del procedimiento quede entregado al solicitante o al reclamante. Y serán la astucia y la habilidad de dicho solicitante las que superarán, eventualmente, las barreras que la propia disposición establece, dado que, como principio general, en nuestra legislación, los tribunales actúan a petición de parte, no de oficio. Por lo tanto, no tienen facultades para investigar más allá del cuadro que le estén presentando los propios requirentes.

Esto hace que este tipo de disposiciones, como otras que existen en el Derecho chileno, se tomen absolutamente ineficaces y sean fácilmente burladas.

Por esa razón, propongo una indicación para otorgar facultades al juez, en este evento, con el objeto de que, de oficio, pueda disponer las diligencias y pruebas que estime necesarias a fin de proteger la buena fe respecto del verdadero año de fabricación.

También estimo conveniente suprimir la frase del inciso primero del artículo, que dice: "sin forma de juicio". Hay una tendencia en nuestra legislación a dictar normas y a colocar esa famosa frase, como si tuviera la virtud de darle mayor calidad y eficiencia a la justicia. Pero resulta ser todo lo contrario. Disposiciones legales que dicen que los procesos se tramitarán "sin forma de juicio", se traducen sencillamente en procedimientos risibles y en burlas para los intereses que se tratan de cautelar.

Propongo, entonces, una indicación que diga que la reclamación se tramitará breve y sumariamente, para que exista un mínimo de formalidad que obligue al-tribunal, por la vía de actuar, a tomar resoluciones.

También formulo indicación en la parte relacionada con la intervención de Carabineros de Chile, porque la redacción de la norma es vaga e imprecisa. Dice: "Del mismo modo, el juez deberá oficiar a la Sección Encargo y Búsqueda de Carabineros de Chile, para que informe sobre el particular". Obviamente, el tenor literal del precepto no induce ni señala cuál es la materia precisa y exacta sobre la que Carabineros de Chile deberá evacuar su informe: si versará sobre el vehículo, el chasis o los motores que han sido hurtados o robados. La disposición legal debe contener la referencia expresa del punto en que se está requiriendo a Carabineros de Chile porque, de otra manera, la disposición no será respetada y sencillamente constituirá un simple formulismo.

En consecuencia, mi opinión es aprobar este texto legal e incorporar cuatro indicaciones -ya que el Diputado Rojo agregó una- que tienden, en realidad, a corregir el texto legal y a amparar efectivamente el bien jurídico que se busca proteger.

Desgraciadamente, existen verdaderas mafias con recursos económicos que trabajan tras estos objetivos ilícitos. Incluso llegan en determinadas oportunidades -lo digo con bastante responsabilidad-, a crear procedimientos que comprometen a funcionarios públicos que se prestan, precisamente, para realizar estas arteras maniobras. Y cuando hay organizaciones mañosas tras esto, debemos dictar una legislación condigna, drástica, que movilice a los tribunales de justicia.

Sé que existe interés por parte del Ministerio de Transportes por acelerar la tramitación del proyecto; pero una semana no va a comprometer en demasía sus objetivos y sí nos va a brindar la oportunidad de introducirle algunos elementos correctores de los propósitos perseguidos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le solicito al señor Diputado que haga llegar las indicaciones a la Mesa. Vamos a suspender la sesión por cinco minutos para que pueden llegar a votar el proyecto todos los señores parlamentarios que están en las Comisiones.

Se suspende la sesión.

Se suspendió a las 18.17 y se reanudó a las 18.21.

Las indicaciones propuestas al proyecto de ley son las siguientes:

1.- Del Diputado señor Bosselin, para reemplazar, en el inciso primero del artículo 43, la frase: "Esta reclamación se tramitará sin forma de juicio y la sentencia será apelable", por la siguiente: "Esta reclamación se tramitará breve y sumariamente y la sentencia será apelable".

2.- Del Diputado señor Bosselin , para sustituir, en el inciso tercero del artículo 43, la frase mismo modo, el juez deberá oficiar a la sección encargo y búsqueda de Carabineros de Chile para que informe sobre el particular;" por la siguiente: "Del mismo modo, el juez deberá oficiar a la sección encargo y búsqueda de Carabineros de Chile para que informe acerca de si el vehículo sobre que versa la reclamación ha sido hurtado o robado o si se ha dispuesto su búsqueda".

3.- Del Diputado señor Elgueta , para suprimir, en el inciso tercero del artículo 43, el punto final, reemplazándolo por una coma, agregando a continuación la siguiente frase: "oficiándose al efecto a la Dirección Nacional de Aduanas.".

4.- Del Diputado señor Bosselin "El que inscriba un vehículo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados a sabiendas que se le está colocando un año de fabricación distinto del verdadero, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. En igual sanción incurrirá el que dolosamente altere el modelo, el número de chasis o de motor en la inscripción correspondiente.".

5.- Del Diputado señor Rojo "Las Municipalidades procederán a girar los permisos de circulación, de los vehículos a que se refiere este artículo, a contar de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia.".

6.- Del Diputado señor Bosselin "El juez de oficio podrá disponer las diligencias y pruebas que estime necesarias para proteger la buena fe respecto del año de verdadera fabricación.".