Labor Parlamentaria

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley sobre mejoramiento de las pensiones de los empleados y otras disposiciones previsionales.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Araya, y de la de Hacienda el señor Andrés Palma.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 718-13 y se encuentra en el número 1 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión.

El señor ARAYA.-

Señor Presidente, el proyecto en estudio se inició en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y ha sido calificado de "simple" urgencia en todos sus trámites constitucionales.

A las sesiones de la Comisión de Trabajo asistieron diversas autoridades de Gobierno, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento, celebró audiencia pública el 18 agosto, oportunidad en que concurrieron a exponer sus planteamientos representantes de diferentes organizaciones. Todos ellos hicieron valiosos planteamientos que los Diputados integrantes de la Comisión tuvimos en cuenta en el momento de decidir sobre estas materias.

El sistema de seguridad social surgió en Chile a fines del siglo XIX, a resguardo del Estado, aunque la universalidad de sus prestaciones y su cobertura tomaron varias décadas en hacerse extensivas, proceso durante el cual se generaron diversas anomalías que fueron en perjuicio de importantes sectores de los trabajadores.

El resultado de este proceso fue la proliferación de instituciones de seguridad social independientes, la profundización de una desigualdad explosiva entre los fondos de pensiones de estas instituciones en relación al total de sus destinatarios, y una deformación creciente en la característica de los beneficios que entregaba el sistema.

Se elaboraron proyectos tendientes a la unificación del sistema y a la eliminación de sus beneficios más evidentes, entre los cuales se cuentan los propuestos durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, en 1972. Pero éstos fracasaron ante la presión de los grupos más favorecidos.

A partir del gobierno militar, entre 1974 y 1979, se inicia una serie de reformas tendientes a unificar las prestaciones del sistema de seguridad social.

Sin embargo, la discrecionalidad y la deformación de los incentivos que generaba este sistema aun así reformado, como consecuencia de la transferencia intergeneracional de recursos que sostenía su base financiera, motivaron la aprobación del decreto ley N° 3.500, en 1980, que estableció el nuevo sistema de pensiones, paralelo al antiguo sistema reformado parcialmente.

Desde entonces la situación previsional de los trabajadores del sector público, incluidos los del sector municipal, se ha caracterizado por grandes anomalías. Entre éstas se cuenta el pago de imposiciones previsionales sobre una renta inferior a la mitad de la remuneración hasta 1987; el otorgamiento de pensiones equivalentes a alrededor de un 40 por ciento de los ingresos de los trabajadores al finalizar su vida activa, y el tope del beneficio de pensión, que se ha distanciado del tope máximo imponible establecido, situación que afecta a los imponentes de los diversos regímenes de pensiones del antiguo sistema.

Así, los empleados públicos llegaron a ganar remuneraciones que sólo eran imponibles en un 40 por ciento, aproximadamente, lo que, evidentemente, constituyó una grave anormalidad en el sistema de seguridad social, puesto que el régimen de beneficios previstos en este sistema para dar cobertura a los estados de necesidad, se regula en función de la remuneración imponible.

A causa de lo anterior, los beneficios de la seguridad social se apartaban cada vez más, en cuanto a su monto, de las remuneraciones reales percibidas por estos servidores públicos. Esta situación afecta en la actualidad, entre otros, a más de 50 mil funcionarios afiliados a la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

Por su parte, la ley N° 18.675 dispuso que estos servidores públicos debían, empezar a cotizar por la totalidad de sus remuneraciones con las solas y justificadas excepciones que ella misma indicó a contar de enero de 1988. Sin embargo, para el cálculo del sueldo base de pensión, limitó los efectos de esta nueva imponibilidad, disponiendo que la mayor remuneración imponible se consideraría solamente a razón de un treinta o un treinta y cinco avo, según el caso, por cada año en que se efectuaran estas mayores cotizaciones.

Tal como lo señala el informe de la Comisión, el efecto práctico de la citada disposición se tradujo en la necesidad de que, por ejemplo, en el caso del empleado público imponente del régimen de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, completara treinta años cotizando sobre esta mayor remuneración para obtener que ésta se le computara totalmente en el cálculo de la base de pensión, lo que vino a alterar sustancialmente la norma general de cálculo de dicha base que, en el caso del régimen aludido, considera la remuneración por la cual se efectúan imposiciones en el lapso de los 36 meses que anteceden a la fecha de cesación de servicios.

Las ideas matrices o fundamentales del proyecto tienen por objeto introducir modificaciones a la ley N° 18.675 y a otras normas complementarias, con el fin de corregir las distorsiones que afectan a las pensiones del personal del sector público afiliado, al Instituto de Normalización Previsional; solucionar problemas de imponibilidad de las remuneraciones del personal traspasado a la Administración Municipal y del personal de la Dirección General de Deportes y Recreación, y elevar el límite máximo del monto inicial de las pensiones del antiguo régimen previsional.

Tales ideas matrices o fundamentales se encuentran desarrolladas en el proyecto de informe en nueve artículos permanentes que regulan las materias siguientes:

El artículo l° reemplaza el artículo 15 de la ley N° 18.675, por uno que establece que las remuneraciones computables para el cálculo de las pensiones serán las remuneraciones imponibles por las cuales efectivamente se cotizó para pensiones durante el período computable para el cálculo del sueldo base, descontándose el incremento del citado decreto ley N° 3.501 y las bonificaciones establecidas en la ley N° 18.566 y en el artículo 10 de la ley N° 18.675, por cuanto este incremento y bonificaciones tuvieron como objetivo mantener el monto líquido de las remuneraciones.

La votación particular de este artículo se efectuó en forma dividida, siendo aprobado el párrafo hasta la expresión "sueldo base", por 8 votos a favor y 1 abstención.

Luego, se votó el párrafo final del inciso, siendo rechazado por 2 votos a favor y 7 en contra. A continuación, se sometió a votación su inciso final, el cual fue aprobado por unanimidad.

El artículo 22 del proyecto deja expresamente establecido que lo dispuesto en el artículo 15 de la ley N° 18.675 será aplicable a los imponentes que indica, quienes en virtud de las disposiciones especiales que se citan quedan afectos a él. En la votación particular también se procedió a dividirlo. En primer lugar, se sometió a votación el inciso primero, que comprende las letras a), b), c) y d), que fue aprobado por unanimidad, y, a continuación, el segundo, que fue rechazado por 2 votos a favor y 7 en contra.

El artículo 3° dispone, en primer término, que a contar del primer día del mes subsiguiente al de la publicación de esta ley, los funcionarios traspasados al sector municipal cotizarán sobre la totalidad de sus remuneraciones, definidas en el artículo 40 del Código del Trabajo, manteniéndose los límites de imponibilidad contemplados en la legislación vigente. En segundo lugar, establece una bonificación. En tercer término, señala que lo dispuesto en el inciso segundo también beneficiará al personal que antes de su traspaso a la Administración Municipal se había afiliado al nuevo sistema previsional establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980.

En la votación particular, este artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 42 tiene por finalidad lograr que la mayor imponibilidad surta efecto inmediato en el cálculo de las pensiones, con el consiguiente beneficio para los trabajadores de que se trata, que quedan en condiciones similares a las de los trabajadores del sector público.

Sometido a votación, fue aprobado por unanimidad, sin debate.

El artículo 52 persigue solucionar la situación del referido personal, que en la actualidad no cotiza por la totalidad de sus remuneraciones.

Sometido a votación, se aprobó por unanimidad, también sin debate.

El artículo 6° agrega un inciso al artículo 57 del decreto ley Ne 3.500, de 1980, que contiene una norma similar a la establecida en 1988 para determinar el ingreso base de los empleados públicos afiliados al nuevo sistema de pensiones, considerando la mayor imponibilidad dispuesta por la ley N° 18.675. Ello tiene por objeto permitir que la mayor imponibilidad se refleje en forma más efectiva en el respectivo ingreso base, y tendrá un efecto positivo en el monto de las pensiones de invalidez y sobrevivencia causadas durante la afiliación activa de los funcionarios públicos traspasados a la Administración Municipal en virtud del decreto con fuerza de ley N° 13.063, de 1980, del Ministerio del Interior, que hubieren optado por conservar el régimen previsional de empleado público y que se encuentren afiliados al nuevo sistema de pensiones.

Sometido a votación, también fue aprobado por unanimidad y sin debate.

El artículo 7° deroga, a contar del primer día del mes subsiguiente al de la publicación de esta ley, los artículos 40 y 12 transitorio de la ley N° 19.070, Estatuto Docente, lo cual es consecuente con las normas establecidas en el proyecto en análisis.

Sometido a votación, fue aprobado por unanimidad y sin debate.

El artículo 8° anticipa el efecto previsto sobre la materia en el artículo 18 de la ley N° 18.675, que establece un aumento gradual del límite máximo de las pensiones, el que, de mantenerse, permitiría alcanzar el monto propuesto en esta norma sólo en 1999.

Sometido a votación, fue aprobado por unanimidad.

Por último, el artículo 9e establece el financiamiento del mayor gasto que importe el proyecto en 1992. Al efecto, se preceptúa que éste se financiará con cargo al Tesoro Público. Sin embargo, tratándose de la aplicación del artículo 3°, respecto del personal de establecimientos educacionales del sector municipal, y del 5°, el mayor gasto será de cargo del Presupuesto del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Deportes y Recreación, respectivamente.

Sometido a votación, fue aprobado por unanimidad.

Debo informar que los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° revisten el carácter de normas de quorum calificado, en razón de que regulan el ejercicio del derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 19, N° 18, de la Constitución Política de la República de Chile.

Asimismo, debo hacer presente que en la discusión del proyecto en informe, la mayoría de los miembros de la Comisión formularon críticas por la insuficiencia de las modificaciones propuestas, al no incluir a los funcionarios públicos afiliados al nuevo sistema de pensiones; al no consultar normas que permitan recalcular el bono de reconocimiento de los funcionarios públicos que entre 1978 y 1979 optaron por el nuevo sistema; al excluir los incrementos previsionales del decreto ley N° 3.501 y de la ley N° 18.556 en el cálculo de la pensión, y al mantener la diferencia entre el tope máximo inicial de las pensiones 15 ingresos mínimos mensuales y el tope de la imponibilidad, equivalente a 60 unidades de fomento.

Respecto de estas observaciones, que por su naturaleza no pueden ser materias de iniciativa parlamentaria, sino que necesariamente requieren el patrocinio del Ejecutivo, el señor Subsecretario de Hacienda hizo presente a la Comisión la imposibilidad del Gobierno de acceder a ellas, en razón del alto costo que significaría implementarlas.

No obstante del análisis y votación del proyecto se desprende que los señores Diputados miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo con la conveniencia y necesidad de esta iniciativa para corregir las distorsiones existentes, y con la justicia de la propuesta del Ejecutivo para elevar el límite máximo del monto inicial de las pensiones del antiguo régimen previsional.

Es todo cuanto puedo informar.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar este proyecto de ley que beneficia a los actuales funcionarios públicos y municipales afectos al antiguo sistema de pensiones y a las normas enumeradas por el Diputado informante de la Comisión de Trabajo, que en alguna medida reiteraré en mi informe.

Durante su estudio en la Comisión de hacienda, participaron la señora Adriana Quiroga, asesora de la Superintendencia de Seguridad Social; el señor Mario Marcel, Subdirector de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y el señor Alberto Bravo, asesor de dicho Ministerio.

El proyecto se origina en el hecho de que, a lo largo de los años y en virtud de diversas disposiciones legales, se establecieron remuneraciones adicionales para el sector público, tales como asignaciones y bonificaciones especiales que al momento de otorgarse fueron declaradas no imponibles para los efectos previsionales. Así, los empleados del sector público llegaron a percibir remuneraciones que solamente eran imponibles en alrededor del 40 por ciento, lo que constituyó una grave anormalidad en el sistema de seguridad social, cuyos beneficios se apartaron, cada vez más, de las remuneraciones reales percibidas por estos trabajadores. En 1987, la ley N° 18.675 dispuso que estos trabajadores podrían cotizar por la totalidad de sus remuneraciones, a contar del l2 de enero de 1988. Sin embargo, para los efectos del cálculo de sus pensiones, se limitó el efecto de esta nueva imponibilidad mediante un esquema gradual, según el cual la diferencia entre el sueldo base y la nueva remuneración imponible se iría agregando a razón de 30 avos por cada año de mayores cotizaciones.

La disposición, obviamente, se tradujo en que los trabajadores afectos a la ley N° 18.675 estarían obligados a completar treinta años de cotizaciones sobre esta mayor remuneración para tener derecho a que se les computaran totalmente en el cálculo del monto base de sus pensiones, plazo que cumplirían en 2018.

Esta situación alteró sustancialmente la norma general del cálculo de pensiones, que en el caso de los empleados públicos afectos al régimen de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos considera la remuneración sobre la cual se efectuaron imposiciones durante los 36 meses anteriores a la fecha de cesación de servicios. Como desde la dictación de la ley N° 18,675 sólo han transcurrido cuatro años, significa que, en la actualidad, las pensiones a que pueden optar los funcionarios del sector público alcanzan a menos de la mitad de la última remuneración imponible.

Este hecho no sólo impide que los funcionarios de mayor edad puedan jubilar, sino que, de manera indirecta, también imposibilita los ascensos de los funcionarios más jóvenes, lo cual limita el desarrollo de una verdadera carrera funcionaría en la Administración Pública.

El proyecto de ley enviado al Congreso Nacional por el Gobierno del Presidente Aylwin representa una mayoría y un cambio importante para estos funcionarios.

La iniciativa establece lo siguiente:

En primer lugar, elimina el sistema de 30 avos para el cálculo de las pensiones, medida que permitirá que al personal del sector público afiliado al antiguo régimen previsional que se acoja a jubilación se le calcule su pensión sobre la base de la totalidad de la remuneración imponible, excluyendo las bonificaciones cuyo objetivo fue compensar aumentos de imponibilidades en el pasado, a lo cual me referiré luego. Esto posibilitará que los trabajadores obtengan una jubilación promedio equivalente al 80 por ciento de la última remuneración, lo que representa aumentos de entre 50 y 130 por ciento respecto de las pensiones que obtienen de acuerdo con las normas vigentes.

Ilustraré esta disposición tan importante con cuatro ejemplos:

Un auxiliar grado 23, con 5 bienios y 30 años de antigüedad, si jubilara hoy sin este proyecto, obtendría una pensión de 30.303 pesos. Con el proyecto alcanzaría a 50.433 pesos, es decir, tendría un mejoramiento de 66 por ciento y la pensión, respecto de su renta computable, se elevaría de 49 a 81 por ciento.

En el caso de un funcionario administrativo grado 14, con 30 años de servicios y 5 bienios, la pensión sin el proyecto sería de 56.380 pesos con él se elevaría a 87.576 pesos en este caso, el mejoramiento sería del 55 por ciento y la relación entre la pensión y la renta computable del 52 por ciento y del 81 por ciento.

Para un técnico grado 21, también con 5 bienios y 30 años de antigüedad, la pensión sin proyecto sería de 35.378 pesos y con proyecto de 61.857 pesos. De nuevo el porcentaje de la pensión, respecto de la renta computable, pasa del 46 al 81 por ciento y el incremento de la pensión al 75 por ciento.

Por último, para un profesional grado 12, con cinco bienios y 30 años de imposiciones, la pensión sin proyecto sería de 78.773 pesos y con proyecto de 180.215 pesos; es decir, tendría un incremento de 129 por ciento, con el 79 por ciento de la renta computable, en circunstancias de que el monto actual alcanzaría sólo al 35 por ciento de ella.

Estos casos concretos muestran cómo se van a beneficiar con el proyecto los trabajadores del sector público afectos a la Escala Única de Remuneraciones.

Además, el total de beneficiarios con la eliminación del sistema de 30 avos alcanzará aproximadamente a 44.500, de los cuales 19.400 pertenecen a la Escala Única de Sueldos; 1.900 a fiscalizadores; 672 al Poder Judicial; 2.800 son funcionarios municipales; 15.700 se incluyen en el sistema de educación municipal y 1.700 en la salud municipal, y el resto en diversas reparticiones públicas.

De estos 44.500, 3.700 están esperando la ley para acogerse a jubilación. Es muy importante considerar esto en el momento de la votación, por cuanto 3.700 funcionarios públicos no se jubilan porque sus pensiones son la tercera parte de su remuneración. Con la normativa propuesta obtendrán un real beneficio.

El segundo aspecto que contempla el proyecto es la imponibilidad completa de las remuneraciones a todos los trabajadores no considerados en la ley N° 18.675, que beneficia principalmente a los traspasados a las municipalidades que optaron por el régimen previsional de empleado público, incluyendo a los profesores y al personal de la salud municipal afiliados tanto al antiguo como al nuevo sistema previsional. La medida permitirá corregir una grave anormalidad previsional y hará que estos trabajadores puedan acogerse de inmediato a la totalidad de los beneficios de la eliminación del sistema de 30 avos.

También se establece una bonificación, con el objeto de mantener el monto líquido de su remuneración,

¿Cuántas personas se benefician? Entre profesores, funcionarios auxiliares de los servicios de educación y de los sistemas de salud traspasados a las municipalidades, no considerados en los números que señalaré antes hablé de 18 mil funcionarios municipales afiliados al antiguo sistema: aproximadamente 25 mil, a los que ahora se les comenzará a imponer por la totalidad de la renta computable, y alrededor de 200 funcionarios más de otras reparticiones públicas, con lo cual el total de beneficiados con el proyecto de ley alcanza a cerca de 70 mil personas.

Setenta mil servidores públicos se beneficiarán directamente con el proyecto de ley. Cuando terminen sus servicios, tendrán la posibilidad de una jubilación razonable, digna, en relación directa con la remuneración que reciben hoy.

Por último, un tercer elemento del proyecto de ley es el aumento del tope máximo de las pensiones iniciales de los imponentes, a partir del próximo reajuste de pensiones.

Mediante esta norma se suprime el esquema gradual de aumento que establece la ley N° 18.675 hasta 1999. Fija el equivalente a 15 ingresos mínimos no remuneracionales, es decir, 430.605 pesos como tope a partir del próximo reajuste de pensiones. Este monto se incrementará conformé a los respectivos reajustes futuros.

Esto permitirá mayor concordancia entre el tope de disponibilidad, que hoy alcanza a 60 unidades de fomento, y el monto máximo de la pensión; la acercará al tope de disponibilidad.

También adelantará el tope que alcanzarán las pensiones en 1999, lo que posibilitará el retiro de muchos funcionarios que lo han postergado por uno, dos o tres años.

El proyecto beneficia directamente a dos grupos importantes de trabajadores: del sector público y de municipalidades afiliados al antiguo régimen previsional. A partir de su aprobación, en el momento de jubilar serán beneficiados con el mejoramiento de las pensiones, al aumentar la base de cálculos por eliminación del sistema de 30 avos y por aplicación de la imponibilidad completa. Al mismo tiempo, beneficia a los trabajadores de los servicios traspasados a las municipalidades, afiliados al nuevo régimen previsional.

De modo indirecto, el proyecto beneficia a todos los empleados de la Administración Pública y de las municipalidades que no cumplan con los requisitos para jubilar, independientemente de su régimen previsional, ya que por el retiro de los funcionarios de mayor edad, que se van a pensionar por la mejoría que se otorga, se generará el ascenso y promoción de los trabajadores más jóvenes, con los consecuentes aumentos de remuneraciones.

El costo del proyecto involucra cifras significativas. Para el presente año, de conseguirse la pronta aplicación de la ley, se estima en 1.600 millones de pesos, fundamentalmente por imponibilidad, porque no habrá mayor gasto en pensiones, y si hay sería mínimo. Hasta 1999 se considera un costo total no actualizado de 83.000 millones de pesos, resultado de la mayor imponibilidad, es decir, de imponer por la totalidad de las remuneraciones, cuestión que beneficia en forma exclusiva a los funcionarios que son parte del nuevo sistema de pensiones. Un total de 11.500 millones de pesos para lo que resta del siglo, con un promedio aproximado de 1.500 millones anuales. El mayor gasto en pensiones, que es lo fundamental, en lo que resta del siglo alcanza a 70.100 millones de pesos. Se incrementa anualmente, alcanza en 1999 los 14.500 millones de pesos y comienza a descender de manera lenta hasta el año 2018, en que los costos se igualarían.

En este sentido, los costos económicos se refieren sólo a la diferencia entre la aplicación del proyecto y la no aplicación. El costo total de las pensiones, por lo tanto, es muy superior. Sin embargo, con la aplicación del proyecto se produce este incremento en los costos.

En relación con la Comisión de Trabajo, quisimos dejar constancia de la apreciación nuestra en orden a que tuvo un obrar inconstitucional en la tramitación de dos de los artículos del proyecto de ley.

La Comisión de Hacienda tuvo presente la indicación del Ejecutivo, suprimida por la Comisión técnica, que modifica la norma propuesta en el mensaje respecto del descuento de las bonificaciones para los efectos del cálculo de las pensiones.

La determinación de las pensiones con las bonificaciones significaría un incremento líquido aproximado de 18 por ciento en el sistema antiguo de pensiones, que, sin lugar a dudas, representaría un mayor costo fiscal no considerado en el proyecto del Ejecutivo. Según se informó en la Comisión, esto crearía diferencias entre sectores de pensiones y no hay fundamento lógico para aprobarlo.

A pesar de ser de origen parlamentario la indicación que propuso la modificación en comento declarada inadmisible en la Comisión técnica en conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley orgánica del Congreso Nacional, se obtuvo su propósito mediante un recurso reglamentario. En opinión de la Comisión de Hacienda, dadas las disposiciones constitucionales y legales que establecen la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materias previsionales y de gastos, la separación de la votación realizada en la Comisión de Trabajo es inconstitucional, por cuanto se repuso una indicación declarada inadmisible porque aumenta los beneficios del proyecto e incrementa los gastos, cuestión que sólo es de iniciativa del Ejecutivo.

En este sentido, la Comisión de Hacienda estima que la Cámara de Diputados debe reponer la proposición del Ejecutivo al inciso primero del artículo 15 y al inciso segundo del artículo 22. Es una sola a idea y no puede ser dividida en el momento de su votación.

Por este motivo, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar este proyecto de ley que, con las indicaciones del Ejecutivo ya comentadas, favorece también a un número de trabajadores, beneficiarios e imponentes, regidos por la ley N° 15.076, de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, que habían sido excluidos involuntariamente del proyecto. Mediante la indicación al artículo 52, se pretende que sean considerados como la totalidad de los trabajadores del sector público.

Finalmente, agradezco al Gobierno que haya enviado este proyecto de ley, con el cual hace un esfuerzo por otorgar ahora un beneficio tan significativo para tantos trabajadores del sector público centralizado y descentralizado del país.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Antes de entregar el apoyo de la bancada radical socialdemócrata a este proyecto, quiero felicitar al señor Presidente de la Cámara por la forma en que logró manejar la situación creada hace algunos minutos, como igualmente a Carabineros, que actuó en forma ejemplar, ya que no siempre reconocemos su acción en la difícil labor de resguardar la seguridad y normalidad del debate en el Parlamento.

Señor Presidente, la bancada radical socialdemócrata aprueba el proyecto en estudio, que pretende legislar de manera mucho más justa respecto de un sistema que comenzó a tener distorsiones entre los años 1974 y 1979, época en que se unificaron las prestaciones del sistema de seguridad social.

Como lo señalaron los señores Diputados informantes, todos sabemos que se estableció un monto mínimo uniforme para las pensiones, que en algunos casos llegó a fracciones absolutamente exiguas, en especial en el sector civil.

También sabemos que durante ese período se fijó en 65 años la edad de retiro para todos los beneficiarios, lo que terminó con el sistema de los 30 años de trabajo, sin que los interesados tuvieran participación directa en esta iniciativa. Se eliminó, entonces, el retiro por antigüedad y también la pensión perseguidora, beneficios que evidentemente eran de justicia por las pensiones que recibía la gran mayoría de los trabajadores del país. Además, todos sabemos que desde esa época se produjo una distorsión en el sistema previsional, fundamentalmente del sector público y municipalizado, por cuanto el pago de las jubilaciones se hada sobre rentas inferiores a la mitad de lo que percibían los trabajadores, situación que aconteció hasta 1987.

Nos alegramos de que el Gobierno de la Concertación, a través del Ejecutivo, haya patrocinado un proyecto tan esperado por tantos trabajadores. Asimismo, reconozco la participación de los parlamentarios de Oposición en el debate en las Comisiones, lo cual seguramente también acontecerá en la Sala.

Esta iniciativa significa comenzar a revisar el sistema previsional chileno, el que aún está distante de ser lo que realmente desean los trabajadores de este país.

Es la segunda puerta que se abre en tal orientación.

Ayer los gendarmes tuvieron la posibilidad de retirarse de las AFP lo cual sienta un precedente e ingresar a una caja donde podrán tener mejores condiciones para jubilar.

Hoy, se abre una puerta que permite a los empleados públicos y municipales tener acceso a una jubilación digna, terminando lentamente ojalá fuera en forma más acelerada con lo que algunos hemos denominado la "jubilación de la muerte".

Creemos que en Chile, más temprano que tarde, se llegará a un sistema de jubilación igualitario, porque si bien es cierto que en el sistema anterior existen vicios y preferencias, consideramos que hoy se debe terminar con algunas jubilaciones absolutamente preferenciales, como las de ciertas instituciones que todos conocemos, cuyos personales tienen derecho a jubilar a los 20 años de servicio, en circunstancias de que el resto de los trabajadores debe hacerlo a los 65 años de edad.

Señor Presidente, repito que hoy estamos cumpliendo con un compromiso que planteamos en el Programa de la Concertación, que permitió llevar democráticamente hasta el sillón de O'Higgins al actual mandatario, don Patricio Aylwin.

Debemos señalar, aunque sea brevemente, que muchas veces se trató de desorientar las peticiones de los trabajadores manifestando que el sistema ofrece hoy día, por intermedio de las AFP, las llamadas jubilaciones anticipadas.

Al respecto, tuve oportunidad de conversar amistosamente con un alto ejecutivo de la AFP Santa María, quien reconoció que las jubilaciones anticipadas tienen muchos vacíos y problemas y que, en la práctica, era muy bajo el porcentaje de trabajadores que pueden acogerse a ellas.

Como parlamentario de la Concertación, me alegro del envío de este proyecto de ley, que permitirá jubilar a muchos cansados funcionarios de la Administración Pública. Se habla de 20 mil y tantos trabajadores que están esperando, con ilusión, la promulgación de la ley.

La bancada radical socialdemócrata entrega su apoyo a esta iniciativa del Ejecutivo.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, sin duda, este proyecto reviste enorme trascendencia para los funcionarios del sector público y de los servicios traspasados. Mediante él se pretende obtener un mejoramiento sustancial de las pensiones, por la vía de adelantar el mecanismo consagrado en el artículo 15 de la ley N° 18.675, con el objeto de establecer la total imponibilidad en forma inmediata y no de manera progresiva.

El espíritu de la ley N° 18.675, de hacer progresiva está más alta imponibilidad, apunta a que la pensión final debería corresponder a las mayores cotizaciones que efectúe el afiliado, es decir, la pensión se financia por el propio trabajador.

El proyecto cambia ese criterio. Al adelantar el calendario, esta diferencia que se traduce en una mayor pensión final, en términos inmediatos, para los trabajadores del sector público que se encuentran en el antiguo sistema, pasaría a ser financiada por el Estado hasta el año 2018, lo que significa la entrega de mayores recursos por el Fisco, en especial en los primeros años.

Esta modificación no tiene mayor trascendencia para los trabajadores que optaron por el nuevo sistema y que desean jubilar en forma inmediata, por cuanto la mayor imponibilidad no produce efecto decisivo en el saldo acumulado en la cuenta individual ni un aumento significativo de su pensión final. Ellos no jubilan sobre la base del promedio de remuneraciones en los últimos años, sino del capital acumulado en su cuenta individual.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ejecutivo a la Comisión, el proyecto representa un gasto aproximado de 40 millones de dólares. Aun cuando signifique un alto costo para el país, me parece razonable aprobarlo porque los funcionarios públicos perciben bajas rentas, situación que se ve tremendamente agravada y que muchas veces, llega a ser crítica al momento de jubilar, pues reciben como pensión final sólo el 40 por ciento de sus actuales ingresos.

No obstante lo positivo del proyecto, la gran pregunta que deberíamos hacernos es si, en el hecho, establece o no la total imponibilidad. Desde mi punto de vista, la respuesta es negativa, porque se acentúan los factores de discriminación entre los imponentes del antiguo sistema y del nuevo y se introduce, por vía legal, un gravamen que afecta no sólo a los funcionarios públicos, sino a todos los imponentes del antiguo sistema, que comprende aproximadamente 18 ex cajas. Por lo tanto, no sólo se está legislando para los funcionarios públicos o de los servicios traspasados que cotizan en el antiguo sistema, sino que, por vía indirecta, también se están introduciendo modificaciones legales que afectan a un amplio sector de trabajadores que cotizan en las ex cajas.

El proyecto no establece la total imponibilidad, pues produce una doble distorsión. La primera afecta a quienes están en el nuevo sistema, y la segunda, a los que se encuentran en el antiguo sistema. Respecto de estos últimos trabajadores, debo señalar que no existe total imponibilidad desde el momento en que el proyecto elimina expresamente el incremento consagrado en el decreto ley N° 3.501 como elemento que se debe considerar para determinar la base de cálculo en la fijación de la pensión final.

Desde nuestro punto de vista, el criterio del Ejecutivo no se aviene con la naturaleza y el espíritu del legislador de la época, con la interpretación de las normas del decreto ley N° 3.501, la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia ni con el doble estándar con que se aplica el incremento.

La finalidad inmediata del incremento era mantener la renta líquida del trabajador al momento en que se producía el cambio de sistema de cotizaciones y, al mismo tiempo, evitar que el empleador pudiese discriminar en favor de los trabajadores adscritos al nuevo sistema por ser éste más barato, ya que las cotizaciones son menores.

De esta manera, el incremento tenía una primera consecuencia, denominada "efecto laboral" que perseguía mantener la renta líquida del trabajador. Sin embargo, tuvo otro, llamado "efecto previsional ", el cual se traduce en que la mayor parte de las cotizaciones que antes pagaba el empleador se ha convertido en una más alta remuneración imponible del trabajador. Este segundo efecto, el previsional, es el que hoy día quiere desconocer el Ejecutivo a todos los trabajadores del antiguo sistema, y no sólo a los funcionarios públicos y de los servicios traspasados.

Este desconocimiento les puede significar a los trabajadores una disminución en su pensión final que oscila entre 14 y 20 por ciento, dependiendo de la Caja a que estén afiliados. Es decir, lo que se quiere dar acelerando el mecanismo de la ley N° 18.675, se financia eliminando el incremento a los trabajadores del sector público y al resto de los trabajadores de las ex cajas de previsión.

Desde mi punto de vista, y después de analizar las actas de la comisión que estudió el decreto ley 3.501 y las declaraciones públicas de sus personeros, queda de manifiesto que el legislador diferenció claramente entre el efecto laboral y el efecto previsional del incremento.

Basta mencionar en esta oportunidad lo que señala el comunicado oficial de prensa N° 7, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado el 16 de noviembre de 1980, el cual textualmente expresa:

"Es por esta razón que, a partir del 1 de marzo de 1981, las cotizaciones previsionales serán de cargo del trabajador. Sin embargo, al mismo tiempo, todas las remuneraciones brutas imponibles serán reajustadas con el solo objeto de mantener constante la renta líquida del trabajador." Es decir, el efecto laboral.

Continúa el comunicado de prensa: "Esto significa que la mayor parte de las cotizaciones que antes pagaba el empleador se han convertido en una mayor remuneración imponible del trabajador". O sea, el efecto previsional.

Si el legislador de la época no hubiese querido hacer imponible el incremento para los efectos previsionales, habría establecido un bono no imponible, como ha ocurrido en otras leyes. Pero no fue así. Por el contrario, señala expresamente que, a partir de esa fecha, las cotizaciones del trabajador aumentan su renta imponible.

Sin embargo, hoy se da la siguiente paradoja respecto de los trabajadores a los cuales se pretende beneficiar con el incremento:

1.- A quienes están adscritos al antiguo sistema, el Ejecutivo no les quiere reconocer, sino desconocer en este proyecto de ley, el derecho a que el incremento se incorpore al cálculo de la pensión final. El INP se ha negado sistemáticamente a pagarlo por vía administrativa; pero se ha visto forzado a hacerlo judicialmente, y ya hay una amplia jurisprudencia respecto de los efectos previsionales del incremento.

2.- En cambio, a quienes cotizan en el nuevo sistema, siempre se les ha considerado el incremento y se les ha incorporado dicha cantidad a la cuenta individual. Por lo tanto, está incluido en su pensión final.

Me parece muy extraño que en un sistema sea imponible y en el otro, no, sobre todo cuando la ley no hace distingos.

Jurisprudencia de los Tribunales de Justicia.

Según consta en la página 24 de las actas de la sesión N° 76 de la Comisión de Trabajo, el Subsecretario de Previsión Social, don Luis Orlandini, señaló textualmente, ante una pregunta del suscrito en el sentido de si se tenía conocimiento respecto de la tendencia de los fallos sobre este punto:

"Expresa no tener conocimiento de algún proceso que el INP haya perdido sobre esta materia. Agrega que el artículo 2Q del decreto ley 3.501 es claro en el sentido de que el incremento tenía el solo objeto de mantener la renta líquida."

Realicé una investigación y pude constatar que existían muchos fallos, incluso del máximo tribunal de la República, la Corte Suprema, en contra del INP, es decir, que acogen el incremento como base de cálculo para la pensión final. Estos fallos surgen a raíz de la negativa del Instituto de Normalización Previsional de pagar el incremento por no considerarlo renta.

Sólo a manera de ejemplo me gustaría hacer referencia a uno de los fallos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, ratificado por la Corte Suprema, recaído en la causa rol 1891, de 26 de septiembre de 1991, pronunciado por los ministros señores Arturo Zavala Rojas y Hugo Fuenzalida Serpa y el abogado integrante señor Enrique Aimone Gibson, publicado en la "Revista Laboral y de Seguridad Social", de diciembre de 1991. En él se reafirma que para los efectos de determinar el monto de las pensiones y beneficios previsionales debe aplicarse el inciso cuarto del artículo 42 del decreto ley N° 3.501, esto es, considerando el incremento del artículo 2e del decreto ley citado.

Llama la atención lo manifestado por don Oscar Gorigoytía Gacitúa, juez titular del Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso, que informó de esta causa:

"Si la norma transitoria del artículo 3° de la ley N° 19.010 es una norma excepcional, ya que sólo su ámbito de aplicación rige respecto del cálculo de las indemnizaciones de los trabajadores con contrato de trabajo vigente a la fecha en que entra en vigor y que hubieren sido contratados también con posterioridad a la fecha determinada, como el 1 de marzo de 1981, en cuyo caso no se considera el incremento o factor previsional establecido para las remuneraciones por el decreto ley N° 3.501, de 1980, esto significa, por interpretación a contrario sensu, que no puede extenderse a otras situaciones no contempladas en la normativa legal. O sea, su interpretación es restrictiva y no extensiva.

"Ahora bien, el inciso cuarto del artículo 42 del decreto ley N° 3.501 prescribe lo siguiente: "Lo dispuesto en este artículo se aplicará a la determinación del monto de las pensiones y otros beneficios previsionales establecidos en disposiciones actualmente aplicables a trabajadores a que se refiere el artículo l2.".

"El sentido literal de la norma legal transcrita es perfectamente claro y, de acuerdo con la regla de oro de interpretación de la ley que contempla el Código Civil en el artículo 19, no se puede desatender su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. O sea, en la especie, la norma legal en estudio dispone en forma perentoria que el incremento, o sea, el aumento creado por el artículo 22 del decreto de ley N° 3.501, se aplicará voz imperativa a la determinación del monto de las pensiones y otros beneficios previsionales establecidos en disposiciones actualmente vigentes."

Similar pronunciamiento se hace en la causa rol 1784, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 20 de junio de 1991; en "Yuvero con INP", resuelta el 15 de octubre de 1992; en "Diazlors con INP", recurso de queja, Corte de Apelaciones de Valparaíso, también del 15 de octubre de 1882.

En síntesis, existe mucha jurisprudencia que acoge las demandas de quienes estimaron que el incremento debía considerarse para el cálculo de la pensión final, y que las diferencias de interpretación se zanjaron en forma definitiva con lo que dispuso el artículo 32 transitorio de la ley N° 19.010.

El Ejecutivo, en vez de incluir en este proyecto ese criterio, sencillamente niega tal posibilidad, incluso la de recurrir a los tribunales.

Lamento que en esta oportunidad no mantenga la posición que ha tenido en otros proyectos de ley, en que, a raíz de resultados judiciales desfavorables, no sólo dejó abierta la posibilidad para que los afectados recurrieran a los tribunales de justicia, sino que la amplió y autorizó al INP para transar extrajudicialmente, como ocurrió en el caso de los exonerados políticos.

Interpretación de las disposiciones del decreto ley N° 3.501.

Básicamente, los argumentos del Instituto de Normalización Previsional para no incorporar el incremento en la base del cálculo de la pensión final en el antiguo sistema apuntan a que éste no constituye renta.

Desde mi punto de vista, se trata de un criterio errado, por las siguientes razones:

El artículo l2 del decreto ley N° 3.501 comienza expresando: "Las remuneraciones imponibles de los trabajadores dependientes, afiliados a instituciones que a continuación se indican, sólo estarán afectas a las siguientes cotizaciones, las que serán dé cargo de aquéllas;".

Esta norma específica cuál es la base de cálculo de los beneficios provisionales que otorgan las instituciones a que se refiero, que no es otra que la remuneración imponible.

El artículo 22 dispone:

"Los trabajadores dependientes afiliados a las instituciones de previsión en el artículo precedente, mantendrán el monto líquido de sus remuneraciones.".

En esta parte, el Ejecutivo centra su argumentación respecto del descuento del incremento. Si no existiera otra norma, tendría razón. Sin embargo, el inciso segundo de este artículo señala: "Sólo para este efecto es decir, mantener la renta líquida y para la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, increméntanse las remuneraciones de estos trabajadores,...".

Como se expresó, la introducción del incremento que instituye el inciso segundo del artículo 22 tuvo dos efectos: el laboral, que mantiene la renta líquida, y el provisional, que consiste en que sobre las remuneraciones incrementadas debían aplicarse, en lo sucesivo, las cotizaciones señaladas en el artículo l2.

Este fue el espíritu del legislador. Más aún, el propio comunicado oficial del Ministerio no habla de un aumento de salarios, sino de "remuneraciones imponibles". Por lo tanto, esta remuneración imponible incrementada es la que se grava con el nuevo régimen de cotizaciones que incorpora el artículo l2.

Más todavía, cuando el legislador de 1980 dice en su inciso segundo, al instituir el incremento provisional, que éste se crea "sólo para el efecto de mantener la renta líquida de las remuneraciones y para la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, esto es, aplicar las nuevas tasas que prevé esta última disposición.

Si existiera alguna duda sobre la remisión que se hace en el inciso segundo del artículo 22, se despeja con la lectura del inciso segundo del artículo 4° del decreto ley 3.501, que dice: "En todo caso, los aumentos indicados se incorporarán a la parte afecta a imposiciones provisionales de las remuneraciones y servirán de base a reajustes que deban aplicarse con posterioridad a la vigencia de esta ley". Confirma el carácter de renta que tiene el incremento, la modificación que el legislador efectúa, un año después, al inciso segundo final del decreto ley 3.501 mediante el decreto ley 3.625, que estableció: "El incremento se pagará en dinero"; esto significa que es parte del sueldo. No obstante lo anterior, el INP descuenta el referido incremento, es decir, lo rebaja de cualquier beneficio provisional.

Desde nuestro punto de vista, es una tesis errónea, por cuanto el INP confunde el efecto laboral del incremento, que dio lugar a una variada jurisprudencia, zanjado en forma definitiva por el artículo 3° de la ley 19.010, lo cual originó una serie de fallos que resolvieron que el descuento es improcedente. Lo anterior refuerza el doble estándar del incremento.

En efecto, si se examina cualquier liquidación de sueldo de un funcionario público, se aprecia que ésta comprende varios ítem, entre ellos, sueldo base, asignación profesional y decreto ley 3.500. Esto significa que el incremento lo percibe el trabajador e incide en la determinación de la renta imponible y de los ingresos líquidos a percibir. Sin embargo, si ese trabajador o funcionario público además percibe otra renta, por ejemplo, honorarios derivados del ejercicio privado de la profesión lo cual lo convierte en sujeto pasivo del impuesto global complementario, quiere decir que la suma de estos ingresos o remuneraciones fijas en la cual se incluye el incremento, determina el encasillamiento en cierto tramo del impuesto a la renta, lo que a lo mejor no habría ocurrido de haberse rebajado, como se hace, para efectos previsionales.

El error más de fondo y así entiendo la preocupación del Ejecutivo, al margen de los 2,5 millones de dólares que costaría entregar este incremento en un proyecto de 40 millones de dólares, si se considera el incremento para los efectos de determinar la pensión, implica que un porcentaje de trabajadores recibiría una pensión final superior a sus actuales remuneraciones.

Desde nuestro punto de vista, este problema se termina al prescribir la total imponibilidad en forma inmediata. Por lo tanto, la verdadera solución no es quitar el incremento, sino establecer para el cálculo de la pensión final un promedio de remuneraciones que vaya más allá en un promedio de años y sea similar en la mayoría de las cajas, o en todas ellas.

Aquí simplemente se ha optado por el camino más fácil, el de quitar. Por ello, tengo serias dudas sobre la legalidad del proyecto en esta parte, ya que es una verdadera expropiación de la remuneración que ganó un trabajador durante toda su vida activa.

Por esa razón, respecto de esta materia, no descarto la posibilidad de hacer la presentación correspondiente al Tribunal Constitucional para que no se expropie al trabajador este porcentaje que va del 14 al 20 por ciento.

En cuanto al tema tributario, se da la paradoja de que, cuando el Fisco tiene que cobrar, se exige el incremento y se considera, pero cuando debe pagar, se descuenta ese 14 ó 20 por ciento para el efecto de la pensión final.

Hay una segunda distorsión que se produce en relación con los imponentes del nuevo sistema. Este proyecto incorpora el concepto de remuneración total para los trabajadores del sector pública del antiguo sistema, pero no respecto de los incorporados al nuevo. La pensión de un trabajador que se cambió al nuevo sistema se compone de las imposiciones que ha hecho a partir de esa fecha en su cuenta individual, más el bono de reconocimiento al momento de jubilar. Como el cálculo del bono era sobre la base de la renta imponible y desde 1979, las remuneraciones no eran totalmente imponibles. Entonces, aquellos trabajadores que optaron por el nuevo sistema y no pueden cambiarse al antiguo, no jubilarán bajo el concepto de remuneración total imponible, lo que a todas luces parece una discriminación.

Sólo para los efectos de dejar constancia, cabe señalar que actualmente los funcionarios públicos adscritos al nuevo sistema son 150 mil; los del antiguo sistema alcanzan a 40 mil.

En resumen, la distorsión afecta a los funcionarios públicos del antiguo sistema respecto del incremento e indirectamente a todos los trabajadores de las ex cajas. En cuanto al nuevo sistema, afecta sobre todo a quienes se cambiaron, puesto que el bono de reconocimiento no es totalmente imponible.

Sin perjuicio de lo señalado, daremos nuestra aprobación al proyecto; pero debemos seguir insistiendo sobre estos dos temas, por cuanto hay que arreglar de manera progresiva y definitiva el sistema previsional. Aquí, claramente se establecen disposiciones permanentes que perjudicarán la pensión final de los trabajadores.

El Diputado señor Araya me ha solicitado una interrupción y con su venia se la otorgo.

El señor ARAYA.-

Señor Presidente, sólo quiero hacerle una consulta al colega señor Orpis en relación con el comunicado de prensa que acaba de leer, referente a esta materia.

Hasta este momento no tenía conocimiento sobre desde cuándo se aplicó la ley de esta posible expropiación que se hizo a los trabajadores. Pero en este caso no sólo se trataría de funcionarios de la Administración Pública o de las municipalidades, sino de todos los sujetos al decreto ley N° 3.500.

Tampoco sabía que se hubiera perdido algún juicio; sé que desde 1986 existe uno que afecta a un gremio, pero todavía no ha sido fallado. Se trata de una empresa que pagó el incremento y posteriormente pidió la devolución de ese pago.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, daré respuesta al Diputado señor Araya.

Es grave que derechamente, por la vía legal, se desconozca la posibilidad de optar. Este es un patrimonio al que tiene derecho el trabajador. Hasta ahora la puerta estaba abierta respecto de los tribunales, pero ahora la cerramos porque hay fallos que reconocen el incremento para los efectos del cálculo de la pensión final.

Ahí está la inconstitucionalidad.

En relación con la segunda pregunta, le informo que estos fallos son relativamente recientes, desde 1990.

La duda de interpretación se zanjó mediante el artículo transitorio de la ley N° 19.010, que se refería al incremento para el efecto de considerarlo en la indemnización por despido. Los tribunales han estimado ésa es la jurisprudencia que el incremento debe considerarse en términos restrictivos: sólo su efecto laboral, no el previsional. Acerca de esta parte del proyecto, estoy estudiando una presentación al Tribunal Constitucional, por cuanto el artículo 3Q transitorio de la ley N° 19.010 despejó este problema de interpretación, y aquí estamos cerrando la puerta para que las personas puedan recurrir a los tribunales de justicia.

He dicho.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, anuncio el voto favorable de los Diputados de la Democracia Cristiana a este proyecto por ser una de las iniciativas previsionales más importantes generadas en los últimos años.

Sus beneficios esenciales se desprenden de las intervenciones de los distintos señores Diputados. Se trata de mejorar las condiciones de jubilación de los funcionarios públicos acogidos al antiguo sistema previsional, lo cual significa que sus pensiones se incrementarán, según los casos, entre el 80 y el 90 por ciento.

Sobre la materia, me remito a los ejemplos bastante ilustrativos que dio el señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda para apreciar y ponderar la exacta significación del proyecto.

Quiero hacerme cargo de algunas observaciones planteadas por mi colega Jaime Orpis. Para centrar el debate es preciso señalar con toda justeza en qué consiste el proyecto y cuáles son las modifica dones que introduce a la legislación vigente.

Respecto de los funcionarios públicos, en general, el cambio sustancial es hacer operable, en el acto, un mecanismo de cálculo de la pensión sobre la base de la total imponibilidad establecida a través de la ley N° 18.675. Por el proyecto se adelanta un calendario que fija dicha ley para recuperar el derecho a calcular las pensiones en conformidad con la total imponibilidad. En consecuencia, los mecanismos de cálculo están allí consagrados. Por eso, cuando se plantea que este proyecto excluye el incremento previsional se incurre en un grueso error, porque esa exclusión se determinó en esa ley. La normativa que se propone en esta oportunidad no tiene por objeto modificar el régimen previsional, sino sólo adelantar la aplicación de un mecanismo para la recuperación del beneficio del cálculo de la pensión sobre la base de la imponibilidad total.

Si bien en esta iniciativa se sustituye en su integridad el artículo 15 de la ley N° 18.675, en el fondo el único cambio que plantea es adelantar ese cálculo. El citado artículo 15 establece: “El monto de las pensiones determinadas de acuerdo con las normas generales aplicables conforme a la legislación vigente, con exclusión de la ley N° 18.263, se incrementará en la cantidad que resulte de efectuar las siguientes operaciones:".

La primera de ellas es la indicada en la letra a), que señala: "A las remuneraciones imponibles por las cuales efectivamente se cotizó para pensionarse durante el período considerado en el cálculo del sueldo base, se les descontarán el incremento del decreto ley N° 3.501, de 1980 (es decir, el incremento previsional de 1980), las bonificaciones establecidas en la ley N° 18.566 y en el artículo 10 de la presente ley."

El artículo l2 del proyecto en discusión, al sustituir el artículo 15 de la referida ley N° 18.675, no hace sino reproducir la forma de cálculo de las pensiones. Incluso las frases son idénticas. En el proyecto se habla de que debe descontarse "el incremento del citado decreto ley N° 3.501 y las bonificaciones establecidas en la Ley N° 18.566 y en el artículo 10 de la presente ley." Es decir, perfectamente se podría haber hecho la modificación sin alterar el texto. Si se sustituye el artículo en su integridad, ello se hace por una sana práctica de técnica legislativa, a fin de que se pueda entender la ley y no se tengan que consultar permanentemente textos antiguos para hacer el cotejo y la comparación correspondiente.

Ahora, se plantea que el hecho de excluir el bono de reconocimiento del cálculo de la pensión constituye una expropiación. Pero ello no se desprende de este proyecto. Si fuera una expropiación, habría sido establecido por la ley N° 18.675. En consecuencia, la inconstitucionalidad radicaría en esa ley y no en esta iniciativa, la cual no incorpora innovaciones en esta materia, sino, simplemente, adelanta el calendario para el pago.

Además, el Diputado señor Orpis planteó que se daría una situación bastante absurda si se tuviera que considerar el incremento. Si bien el hecho de descontarlo implica una pensión inferior a la que resultaría de considerarlo, del orden del 16 por ciento, ello se compensa con la menor cotización previsional del jubilado en relación con el funcionario activo. Por ejemplo, si consideramos la situación hipotética de un funcionario en servicio activo cuyo ingreso es 100, y se les descuenta por cotizaciones 30,91, su sueldo líquido es de 69,09. Pero, ¿qué pasa con la persona que se va a pensionar? Al no considerarse el incremento previsional, la base de cálculo será 84 de 100, descontando más o menos el 16 por ciento del incremento previsional. Entonces, sus cotizaciones no alcanzarán a 30,91, sino que sólo cotizará para salud el 9,24, lo cual significa, en definitiva, que dicha persona, al jubilar, obtendrá un ingreso de 74,76. Es decir, se ve ampliamente compensada la circunstancia de no tomar en cuenta el bono de reconocimiento con la menor cotización correspondiente a su calidad de pensionada.

Otro aspecto que el Diputado señor Orpis plantea como objeción al proyecto se refiere a que la medida no es aplicable para quienes se afiliaron al nuevo sistema.

Aquí tenemos que partir de la base salvo que se pruebe lo contrario de que el traspaso al nuevo sistema fue voluntario. Y si fue voluntario es porque conoció y estuvo de acuerdo con el mecanismo de cálculo previsional contenido en el decreto ley N° 3.500.

Por otra parte, el bono de reconocimiento tiene un interés del 4 por ciento anual, superior al aumento de las remuneraciones experimentadas en el período. De tal manera que esa situación genera una compensación a las personas que se afiliaron al nuevo sistema.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Señor Diputado, ha terminado el tiempo de la Democracia Cristiana. Le ruego redondear su idea.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, éste es un tema excepcionalmente importante. Lo discutimos con mucha profundidad en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Habría sido conveniente que en la Sala también se profundizara sobre éste y otros temas, porque se trata de un proyecto de extraordinaria significación.

Nosotros rescatamos la voluntad del Gobierno de ir corrigiendo distorsiones generadas por la aplicación de normas que han creado situaciones que perjudican a los funcionarios y los desincentivan para jubilar.

Esta norma producirá los efectos esperados y una enorme cantidad de funcionarios, que está esperando esta ley, se acogerá a jubilación en las nuevas condiciones, lo que, al mismo tiempo, descomprimirá la Administración Pública y, por ende, permitirá la generación de los ascensos necesarios. Uno de los problemas que hay en la actualidad es precisamente ése: la gente no jubila porque su situación económica se deteriora de modo muy significativo.

Por esas razones, votaremos favorablemente este proyecto.

Le doy una interrupción al Diputado señor Huepe.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, en primer lugar, queremos destacar que nos parece realmente positivo este proyecto de ley.

Lo cierto es que el monto de las pensiones con que se retiran los funcionarios públicos después de muchos años de servicio en la Administración del Estado no guarda relación con el tiempo entregado a dicha labor.

Este proyecto tiende a corregir sustancialmente el cálculo de las pensiones. Por supuesto, desde ese punto de vista recogemos esta iniciativa, la celebramos y anunciamos que la votaremos favorablemente.

Sin embargo, tres aspectos de este proyecto que nos interesa sobremanera perfeccionar durante su tramitación.

El primero de ellos es que deja afuera a los académicos y funcionarios de las universidades estatales, quienes también son imponentes del actual Instituto de Normalización Previsional, de la ex Caja de Previsión de Empleados Públicos y Periodistas. No hay razón que justifique esa discriminación.

Hemos escuchado las explicaciones dadas por el señor Subdirector de Presupuestos en la Comisión de Hacienda, en el sentido de que los académicos y funcionarios de las universidades están regidos por el decreto con fuerza de ley Ne 3, y que muchas universidades procedieron oportunamente a corregir la situación de imponibilidad. Sin embargo, también conocemos muchísimas otras que no han enmendado esa distorsión. En consecuencia, esos funcionarios y académicos se encuentran efectuando imposiciones por un monto muy por debajo de sus actuales remuneraciones. Nos parece de toda justicia incorporarlos. En aquella oportunidad, el señor Subdirector expresó la voluntad del Gobierno de incluirlos, a través de una indicación, durante el segundo trámite de este proyecto de ley.

Un segundo aspecto que nos parece realmente importante es que no compartimos la forma en que el Ministerio de Educación hará entrega de los recursos a las municipalidades para cubrir el mayor costo que significará para el sistema de educación municipal el caso de los docentes y personal traspasado a las municipalidades.

La experiencia que se tiene con el Estatuto Docente es que las municipalidades no reciben la totalidad de los recursos correspondientes a su aplicación. Por lo tanto, ellas están aumentando sus déficit por el sistema de educación municipal. Queremos establecer en esta iniciativa de ley una norma que garantice a las municipalidades que recibirán efectivamente los mayores costos que esta normativa les impondrá, ya que de lo contrario, se incrementarán aún más los déficit actuales.

En tercer lugar, junto con el Diputado señor Pablo Longueira hemos hecho llegar a la Mesa una indicación que incorpora un artículo 10 a este proyecto, destinado a garantizar que el Ministerio de Salud entregará a las municipalidades fondos para cubrir el mayor costo que significará la aplicación de esta ley respecto de los funcionarios de salud traspasados al sistema municipal.

Reitero el ejemplo del Estatuto Docente. No queremos que con este proyecto ocurra lo mismo: que a los funcionarios de la salud no se les asignen los recursos necesarios para implementar esta ley.

Además, estamos reponiendo una indicación presentada en la Comisión de Hacienda, tendiente a establecer que sean los gobiernos regionales los que diriman las discrepancias que se susciten entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y las municipalidades, sobre el mayor costo que representa esta iniciativa. No podemos, por vía de la ley, imponer a las municipalidades una carga financiera mayor sin proporcionarles los fondos pertinentes. Nuestras indicaciones apuntan precisamente a resguardar esos aspectos.

Finalmente, votaremos favorablemente este proyecto; pero esperamos que la situación de los académicos y funcionarios de las universidades estatales sea resuelta en forma eficiente; que el Ministerio de Educación entregue a las municipalidades los recursos suficientes para cubrir el mayor costo, y que una norma les asegure que el financiamiento para los funcionarios de salud también lo recibirán oportunamente.

He dicho.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a las observaciones del Diputado don Andrés Palma, en relación con la modalidad de trabajo de la Comisión para tratar este proyecto y a la forma como realizamos la votación de algunos artículos.

Al respecto, nos hemos ajustado en la Comisión sólo a las atribuciones que nos entregan la Constitución y el Reglamento de la Cámara. En este sentido, si mal no recuerdo, el inciso final del artículo 62 de la Carta otorga al Congreso la facultad de rechazar los beneficios, gastos y demás iniciativas sobre seguridad social que proponga el Ejecutivo. La Comisión de Trabajo rechazó parte de la iniciativa.

Por otro lado, como Presidenta de la Comisión, tengo facultades para fijar las proposiciones que se discutirán en la Comisión; es decir, puedo dividir la votación. Esta atribución me la otorga el número 6 del artículo 236 del Reglamento.

Por otra parte, el artículo 280 del Reglamento permite a cualquier Diputado solicitar la división de una propuesta del Ejecutivo antes del cierre del debate, salvo en las situaciones en que hay una proposición de veto que el Ejecutivo haya formulado a algún proyecto de ley.

En segundo lugar, me referiré al contenido del proyecto, expuesto largamente por los Diputados de la Comisión de Trabajo.

Se ha señalado la notable valoración que hemos dado a esta iniciativa por los inmensos beneficios que concede a cientos de miles de trabajadores del sector público que hoy, de acuerdo con la legislación vigente, jubilan con verdaderas pensiones de miseria.

Sin embargo, en la Comisión discutimos latamente los temas que los colegas Gajardo, Araya y Orpis han traído al debate de esta Sala.

Pese a los argumentos entregados por el colega Gajardo, pensamos que es importante abundar en la discusión del tema del incremento, porque parece altamente incongruente con la idea matriz del proyecto que esta iniciativa, por la cual se intenta fijar una nueva forma del cálculo de las pensiones considerando toda la renta imponible del trabajador para determinar el monto de la pensión, elimine de este cálculo el incremento del decreto N° 3.501 y de la ley N° 18.566, que lo hace imponible.

En aras de hacer consistente este proyecto, es importante que discutamos una vez más las posibilidades de revisar esta proposición.

Señor Presidente, por su intermedio quiero consultar al señor Ministro Foxley si Hacienda tiene algún cálculo de cuánto aumentaría el costo de este proyecto si consideráramos el incremento que hemos estado debatiendo.

Estimo importante, por otro lado, que la Cámara agilice el debate de este proyecto porque cientos de miles de funcionarios públicos están esperando que se convierta en ley para poder jubilar.

Debo señalar al colega García que, respecto de los profesores universitarios, la Comisión de Trabajo, en su audiencia pública, recibió en varias oportunidades a profesores de la Universidad de Santiago y de otras. Sin embargo, ésa no es materia de este proyecto. Así lo establecimos con los funcionarios de Hacienda y del Ministerio del Trabajo, por cuanto estos trabajadores se rigen por otras normativas. Se produciría una incompatibilidad de disposiciones legales si tratáramos en este proyecto asuntos que no corresponden a sus ideas matrices, pues las disposiciones para los trabajadores y los funcionarios de las universidades están contenidas en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1981.

En el debate de la Comisión nos interesamos muchísimo por el tema de estos trabajadores, que están viviendo situaciones bastantes conflictivas. No los pudimos incluir en este proyecto, pero están bastante avanzadas las conversaciones con el Ministerio de Hacienda para hacerles justicia.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, seré muy breve, porque coincido con lo que acaba de decir la Diputada señora Muñoz, en el sentido de que muchos empleados están esperando esta reparación justa que se hace en cuanto a sus pensiones en el proyecto enviado por el Ejecutivo. Estoy de acuerdo en que todo lo que se haga en favor de este grupo de pensionados de distintos niveles es poco. Todo lo que signifique mejorar la condición económica de las personas que entregaron una vida al servicio público debe ser considerado en este proyecto, para poner al día sus remuneraciones que fueron mermando a través del tiempo.

Por último, anuncio mi voto favorable al proyecto, incluidas las indicaciones que el Ejecutivo hizo llegar recientemente a la Sala.

He dicho.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

Señor Presidente, la única indicación que conocemos es la que presentó el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda; también deberíamos conocer la de la Comisión de Trabajo. Además, hay discrepancia bastante notoria entre ambos informes, respecto de temas que no son menores.

Por otro lado, considero que el Ministro señor Foxley, en su intervención, no ha cambiado la posición del Ejecutivo frente a las proposiciones y observaciones, que hemos hecho.

Entonces, hay una situación bastante complicada. Por un lado, la urgencia en despachar el proyecto, solicitada por el señor Ministro, entendible por la premura de los trabajadores en contar con la ley; por otro, hay discrepancia entre los informes de dos Comisiones y desconocimiento de las indicaciones.

Discrepo de la indicación del Ejecutivo, y he presentado una para derogar el inciso final del artículo 52.

Es necesario que el proyecto vuelva a Comisiones y que, pese a las urgencias, se despache en orden y con bastante claridad.

He dicho.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, me sumo a las voces que se han levantado para que vuelva a Comisiones; pero quiero señalar que el proyecto no tiene ninguna urgencia, porque ninguno de los funcionarios que se benefician ha iniciado los trámites de jubilación desde el momento en que ingresó o se supo de él. Ellos estarán felices de que las Comisiones y la Cámara lo estudien nuevamente, con el tiempo suficiente para resolver los puntos discrepantes, que son muy importantes para todos.

Por un principio de seriedad, la Corporación debería discutir el proyecto con más profundidad, porque es de la mayor importancia. Nos sumamos a la proposición de que vuelva a Comisiones.

Artículo 5° De la Diputada señora Adriana Muñoz

De la Comisión de Hacienda para agregar el siguiente inciso final:

"Lo dispuesto en este artículo será también aplicable a los funcionarios de las entidades regidas por los sistemas de remuneraciones de la ley N° 15.076 ó de aquellos mencionados en el artículo 9° de la ley N° 18.675, que sean imponentes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional o de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.".

De los Diputados señores Longueira, René García y José García "En caso de discrepancias entre los montos señalados por los sostenedores o representantes legales de los establecimientos educacionales y los recursos dispuestos por el Ministerio de Educación, éstos serán resueltos por el Gobierno Regional de la respectiva región, quedando obligadas las partes a acatar su resolución.".

Artículos nuevos De los Diputados señores Longueira y José García "Artículo 10.-El mayor gasto que represente durante 1992 y siguientes la aplicación del artículo 32 de la presente ley respecto del personal de los establecimientos de salud del sector municipal, se financiará con cargo a los recursos del Ministerio de Salud, organismo que fijará los procedimientos internos de entrega de los recursos a las municipalidades.".

Del Diputado señor Víctor Pérez "Artículo.-Los funcionarios de la Administración Pública que hubieren jubilado en el régimen de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y que actualmente desempeñen un cargo de planta, por haberse reincorporado, en el mismo Servicio en el cual jubilaron, podrán acogerse en la oportunidad que jubilen nuevamente, a los beneficios del aumento de las pensiones de jubilación que concede la presente ley, para lo cual se les deberá reliquidar sus actuales pensiones de manera que éstas sean de monto similar a las que obtendrán aquellos funcionarios de igual grado |o jerarquía favorecidos en sus beneficios previsionales por esta ley. Lo anterior es sin perjuicio de la pensión que puedan obtener por encontrarse acogidos al nuevo sistema de pensiones creado por el decreto ley N° 3.500, de 1980.".

Del Diputado señor Recondo "Artículo.-Autorízase a los funcionarios de la Administración Pública que habiendo jubilado bajo el régimen de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y actualmente desempeñen un cargo de planta en el mismo servicio en que jubilaron por haberse reincorporado a él y que por su nuevo empleo se encuentren afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones, para solicitar el traspaso de sus fondos desde la Administradora de Fondos de Pensiones en que efectúan sus cotizaciones para financiar su sistema de pensiones, al Instituto de Normalización Previsional, sucesor y continuador de la citada ex Caja de Previsión de Empleados Públicos y Periodistas, con el objeto de que pueda concedérseles los beneficios en cuanto al monto de las pensiones que se otorga a los funcionarios públicos por la presente ley.".