Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde seguir conociendo el proyecto de ley que modifica el artículo 163 del Código de Minería.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 358-08 y figura en el número 28 de los documentos de la Cuenta de la sesión 8°, celebrada en 15 de octubre de 1981.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Estaba haciendo uso de la palabra el Diputado señor Latorre, quien no se encuentra en la Sala en este momento.

Puede hacer uso de ella el Diputado señor Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista, del Partido Por la Democracia y de la Alianza Humanista Verde, por mi intermedio, anuncia que dará su aprobación a este proyecto sobre patentes mineras, porque estima que, a su juicio, constituye el pago de la deuda social que el país tiene, ya no en función de una ideología de las personas, ni del nivel social o laboral de los grupos, sino en función del sector económico productivo geográfico que alimenta el desarrollo y el progreso de todo el país; esto es, con las zonas mineras que explotan recursos naturales de carácter no renovables.

No obstante nuestra voluntad de aprobar el proyecto, me permitiré hacer dos precisiones en relación con su alcance efectivo y real.

La primera se refiere al tiempo y monto efectivo del beneficio durante este Gobierno democrático.

Como se ha dicho reiteradamente, el proyecto tuvo su origen en la moción presentada en el mes de abril de 1990 por dos bancadas diferentes, pero fue declarada inconstitucional. Esta situación fue salvada al reproducirse la idea en el proyecto enviado por el Ejecutivo de 1991, cuya tramitación finalizará en 1992.

Sus beneficios sólo serán recibidos por las zonas mineras en 1993, pues las patentes serán pagadas en marzo, mes en el que aún no se habrá promulgado la ley. Luego, de los 320 millones que beneficiarán a la Cuarta Región, por ejemplo, habrá que considerar que sólo se habrán recibido 80 millones en cada uno de estos cuatro años de Gobierno democrático. Ello porque el proyecto no ha contado con las urgencias necesarias y que sí ha tenido el que permite a Codelco formar sociedades con terceros, iniciativa que originalmente contemplaba un artículo relativo a las patentes mineras transformadas y que fue desglosado del proyecto primitivo, curiosamente para acelerar su tramitación. Habría sido preferible haber otorgado la calificación de urgencia a este proyecto de patentes mineras, en lugar del relativo a Codelco. Seguramente, ya tendríamos el beneficio.

Segunda precisión. Respecto del carácter de ingresos municipales o fiscales derivados del pago de las patentes mineras, se ha tratado de sostener tanto en el proyecto como en anteriores intervenciones, la tesis a mi juicio equivocada de que al cambiar la naturaleza jurídica de ingresos municipales a fiscales y entregar el 70 por ciento de los recursos a las intendencias regionales en lugar del Fisco se va a propender y leo textualmente lo que dice el proyectos "abordar actividades económicas complementarias y, sobre todo, sustitutivas de la explotación minera, en la perspectiva de un desarrollo sustentable a largo plazo". Esto no es efectivo, porque nunca las patentes tuvieron esos fines cuando el pago era percibido íntegramente por las municipalidades en que se encontraban los yacimientos. Las patentes mineras beneficiaron hasta 1900 a las municipalidades de las zonas mineras para compensar la disminución de ingresos que percibían o dejaban de recibir por concepto de contribuciones de bienes raíces, como ocurría en las ciudades con densidad habitacional.

En democracia, las zonas mineras dispusieron para su desarrollo, dado el carácter no renovable de los recursos mineros, de un porcentaje de las utilidades que los yacimientos redituaban, las que fueron diez veces superiores a los fondos que producirán anualmente las patentes mineras.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado? Entiendo que el tiempo fue distribuido en cuatro minutos por cada intervención.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, me gusta saber las reglas del juego con anticipación. Ese acuerdo no se me ha comunicado en ningún momento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En la sesión anterior, cuando presidía el Diputado señor Coloma, se dijo que restaban 40 minutos, que serían repartidos entre todos los señores Diputados inscritos. Eso es lo que me ha informado el señor Secretario.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, puedo afirmar categóricamente que esa proposición no ha sido hecha por parte del Vicepresidente. Si así fuera, habría sido conveniente que ello se hubiera comunicado al comienzo del debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar con el uso de la palabra.

El señor VALENZUELA.-

En todo caso, termino de inmediato.

Quiero hacer presente, porque esto es lo medular de mi intervención, que las patentes mineras no solucionan el problema de las zonas mineras. Antofagasta, por ejemplo, recibirá en el año 700 millones de pesos, suma que no alcanza para pagar la mitad de lo que cuesta reparar un camino de ingreso a la ciudad, que significan 1.500 millones de pesos; ni para financiar la reparación del daño que se ocasiona en el agua potable.

Creer que las patentes mineras generarán fuentes alternativas de desarrollo a la actividad económica de las zonas mineras implica desconocer el cierre de las empresas salitreras en el norte, o ser insensible con las desgracias que en este momento ocurren en el carbón, y aceptar la soledad y desocupación de las zonas mineras que producen cobre en el país. La deuda social minera aún no está totalmente pagada con este beneficio que, a mi juicio, sólo representa un "mejorar" para paliar las dolencias de un enfermo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, sólo quiero agregar un par de ideas a mi anterior intervención, interrumpida durante la sesión del martes en cumplimiento de su horario.

Quiero agregar a lo entonces señalado que esta reivindicación que permite a las regiones tener acceso a los ingresos provenientes de las patentes mineras significa que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de las distintas zonas del país se incrementará en una cifra aproximada a los 3.500 millones de pesos, con una distribución que beneficiará mayormente a las regiones donde existe una actividad minera preponderante.

En este sentido, cabe destacar que estos recursos irán en beneficio directo de la zona norte y, en forma decreciente, hacia el sur, alcanzando también cifras importantes, incluso, en la Región Metropolitana.

Por ejemplo, la Sexta Región, por su principal yacimiento en explotación El Teniente, de Codelco, y algunas pertenencias menores que se encuentran en proceso de exploración o explotación, verá incrementado su Fondo de Desarrollo Regional en aproximadamente 10 por ciento, por efecto de las patentes mineras. Es decir, no cabe duda de que este proyecto de ley que hoy estamos aprobando conllevará un beneficio importante al proceso de regionalización, sobre todo en las zonas que tienen actividad minera, al generar un beneficio de importancia para su desarrollo.

Quiero anunciar no sólo el voto favorable de los Diputados democratacristianos, sino también destacar todo el proceso de discusión de la iniciativa en la Comisión de Minería, el cual permite valorar la capacidad de acuerdo que tuvieron todos los sectores políticos para acordar un porcentaje de asignación de estos recursos: el 70 por ciento será administrado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el 30 por ciento quedará en la comuna en la cual se encuentra la pertenencia minera a la que se está asignando este cargo por concepto de patentes.

Por último, es satisfactorio que el Ejecutivo haya tenido la voluntad política de acoger esta moción, de la cual fuimos patrocinadores algunos parlamentarios democratacristianos, proposición que también ha recogido la inquietud expresada en este sentido por otros colegas de la Concertación y de la Oposición.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Prokuriça.

El señor PROKURIÇA.-

Señor Presidente, seré muy breve.

El proyecto que tratamos hoy merece nuestra máxima preocupación. Lo digo, porque su objetivo es hacer justicia a las zonas mineras que tanto aportan al país y que, históricamente, se ven postergadas por el centralismo, que no les retorna los recursos necesarios y justos. En muchas zonas ni siquiera se encuentran satisfechas las necesidades mínimas de la persona humana. Todos conocemos las riquezas de la minería y lo que ha entregado al país: el salitre del norte, la plata de Chañarcillo, el hierro de Atacama, el oro del Indio y el cobre, que constituye una parte importante del presupuesto nacional. Sin embargo, si vemos cuánta de esa riqueza se ha plasmado en desarrollo y en mejor vida para la zona que la produce, podemos comprobar que son muchos los casos como Calama, Tierra Amarilla, Vallenar y otros lugares que sufren graves problemas sociales, con índices de pobreza que no se compadecen con sus riquezas naturales.

Como lo decía el Diputado señor Latorre, se trata de un proyecto que propusimos tanto los parlamentarios de Oposición Renovación Nacional y la UDI como de la Concertación. En un principio surgió como proyecto de acuerdo y hoy el Gobierno lo ha hecho suyo como iniciativa legal destinada a hacer justicia a las zonas mineras y su gente, pues ellas cuentan con recursos no renovables, de vida limitada. Además, la actividad extractiva es causa de gran contaminación del medio ambiente.

En definitiva, se trata de que un porcentaje equivalente al aporte por concepto de patentes mineras quede en beneficio de la región: en un 30 por ciento para las municipalidades y en un 70 por ciento para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

En virtud de lo anterior, anunciamos que Renovación Nacional votará a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Hernán Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, es necesario reflexionar sobre la forma en que estamos legislando.

Creo que proyectos de esta naturaleza, tan simples en su forma, atentan contra lo que debe ser una ley, norma general aplicable a todo un país.

Hoy, los señores parlamentarios representantes de zonas mineras presentan un proyecto que tiene como objetivo afectar los ingresos provenientes de patentes mineras a su zona de origen. Ayer, los señores parlamentarios relacionados o vinculados con el deporte afectaron los ingresos provenientes de la Polla Gol y otros juegos, en porcentajes determinados a instituciones también determinadas. Mañana, con legítimo derecho y siguiendo este mismo predicamento, los parlamentarios de Valparaíso podrán solicitar que se afecten los ingresos portuarios a esta comuna y, en igual forma, podrán hacerlo a futuro los parlamentarios de San Felipe o de Curicó para que los ingresos provenientes de la exportación frutícola afecten a dicha zona.

El ex Presidente Frei, en su último mensaje nos decía: "Otro factor íntimamente vinculado al anterior es el que llamaría un nuevo tipo de feudalismo. Cada grupo, de acuerdo con su capacidad de presión, pretende exigir del país más de lo que éste puede dar, sin importarle el bien común de toda la nación. Cada uno pretende obtener ventajas con desmedro de otros que no tienen la misma fuerza para negociar y siempre encuentran quienes apadrinen sus exigencias sectoriales en detrimento del bien colectivo. Si esta nueva conciencia feudalista continúa predominando sobre los intereses colectivos, el país será progresivamente desgarrado, y a los antiguos intereses de clases o de personas se sucederán los de grupos organizados que pueden estar en todas las categorías sociales y que muchas veces no miden hasta qué punto están hiriendo el interés del resto de los chilenos.".

Señor Presidente, el Estado de Chile es unitario. Este país es uno solo y no una suma de diversos países. Nosotros somos Diputados de la República y no concejales destinados a luchar por una comuna o un distrito. El centro, el objeto de toda acción es la persona, y a ella deben tender, en primer lugar, los recursos de la comunidad. Corresponde al Gobierno de la República administrar, distribuir y destinar los recursos fiscales; y aquellos que provienen de las patentes mineras pertenecen al patrimonio de la nación, y se requiere, antes que obras de adelanto local, una acción preferente en favor de los 5 millones de pobres.

Antiguamente, las patentes no eran un tributo. Eran una tasa insignificante para resguardar los derechos del titular de la pertenencia. Hoy constituyen un tributo y su recaudación representa una suma considerable. Basta ver el cuadro que el informe nos entrega respecto del rendimiento actual de las patentes.

Este proyecto, por lo demás, afectará y lesionará los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo, su captación y su forma de distribución. Es injusto en su planificación. Se da el caso, por ejemplo, que zonas o comunas que tienen una vinculación directa con la explotación cuprífera, como la comuna de Rancagua, quedarán privadas de los beneficios de las patentes de los yacimientos de cobre, porque éstas sólo favorecerán a la comuna donde está ubicada la pertenencia. Y una ley no puede ser injusta en su esencia.

Por esas razones, para restablecer el principio de lo que debe ser la ley, hemos presentado una indicación que oportunamente discutiremos y analizaremos.

Nada más, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Cantero.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, a propósito de las palabras del Honorable Diputado señor Rojo, quiero hacer algunas reflexiones.

Me parece que su análisis es equivocado, toda vez que le da un carácter muy instrumental a esta iniciativa.

La ley de patentes mineras surge por la inquietud de aquellas regiones y comunas que tienen actividad minera, pero es de aplicación general en el país. En el norte, con el cobre; o, en el sur, con el carbón; o, en la zona central, con el oro o lo que corresponda, según la geografía de nuestro país.

Esto deriva fundamentalmente de las externalidades que provoca la actividad minera: el impacto en el medio ambiente, el deterioro de las vías y rutas camineras, el carácter de polos de atracción, generando siempre expectativas que sobrepasan largamente la capacidad de respuesta respecto de absorción de mano de obra, lo que origina, consecuentemente, cordones de miseria.

El sector minero, por lo tanto, es de carácter nacional y esta iniciativa tiene ese alcance. Además, existe una motivación particular. La minería es una actividad económica que trabaja con recursos naturales no renovables. Por lo tanto, es perfectamente lógico que se retribuya a esa comuna que se va empobreciendo.

Por último, para cautelar que la comuna no sea la que se quede con todo el beneficio directamente de la recaudación de las patentes mineras, se establece que un 30 por ciento será para la comuna de que se trate y un 70 por ciento para la región. De esa manera se compensa, entonces, lo señalado por el Honorable Diputado señor Rojo. He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le queda un minuto, señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, la iniciativa que hoy discutimos fue presentada en esta Cámara como proyecto de acuerdo y como moción por dos bancadas: la Democracia Cristiana y Renovación Nacional; compartido, además, en su esencia, por parlamentarios del Comité PPD Socialista.

¿Qué razón originó este proyecto? La situación en que quedan las comunas mineras de Chile que le han dado riquezas a este país y que lo siguen haciendo cuando se agotan sus recursos y dejan de tener una fuente productiva. Su geografía queda destruida por la explotación minera y el ecosistema sufre enormemente.

Por ello, algunos Diputados plantearon la necesidad de entregarles recursos. Al respecto, hay que tener presente que, como país unitario, no se está haciendo otra cosa que devolver a esas comunas parte de lo que han entregado al erario, para que den trabajo a su gente y restituyan el ecosistema. Esto es lo que significa en espíritu, en esencia, el proyecto que espero aprobemos hoy.

Lamento mucho que aún exista en Chile gente que no vibre con lo que es la solidaridad. Acordémonos que tenemos que obtener los recursos a lo largo y a lo ancho del país; que Chile no sólo es la capital y que si Santiago hoy es una gran urbe lo logró gracias a los aportes de las actividades agraria y minera del resto de las provincias. En definitiva, es de justicia entregar a esas comunas que son las más pobres, parte de lo recaudado por concepto de patentes mineras.

Un ejemplo de lo que he expresado es la comuna de La Higuera. En el siglo pasado, fue floreciente y entregó una contribución enorme al erario. Hoy es la más pobre de Chile. Necesita en forma urgente recursos para solucionar su problema de agua potable. Sin embargo, el Estado no se los ha podido dar. Entonces, ¿es justo o no que lo obtenido con las patentes mineras que los interesados pagan durante el tiempo que lo deseen, pues no es un impuesto en una forma tradicional queden en esas comunas para que solucionen sus problemas?

El señor VTERAGALLO (Presidente).-

Concluyó su tiempo, señor Diputado.

El señor MUNIZAGA.-

Termino la idea, señor Presidente.

Ellos en el pasado dieron todo por Chile, por el resto del país. Démosle hoy lo que en justicia les corresponde.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.

El señor PIZARRO MACKAY (don Sergio).-

Señor Presidente, hago uso de la palabra para referirme al proyecto que modifica el artículo 163 del Código de Minería, informado por las Comisiones de Minería y Energía y Hacienda.

En primer lugar, hay que señalar que de acuerdo con la antigua ley N° 11.704, sobre Rentas Municipales, las cantidades recaudadas por el concepto referido eran percibidas por las municipalidades, en cuyas comunas estaban las pertenencias mineras. Después, y lamentablemente, la vigencia del decreto N° 3.063, de 1979, excluyó de los ingresos municipales el producto del pago de patentes mineras, que pasó a ser de exclusivo beneficio fiscal. Es decir, en 1979, a las comunas mineras se les quitaron recursos muy importantes para su desarrollo, implantándose una situación de evidente injusticia con nuestra zona.

Ahora bien, dado el carácter de no renovable que tienen los recursos mineros, resulta adecuado y aconsejable restablecer un sistema y un mecanismo jurídico-financiero que permita a las regiones donde ellos se ubican, abordar actividades económicas complementarias y, sobre todo, sustitutivas de la explotación minera, en la perspectiva de un desarrollo a largo plazo.

En este sentido, hay que destacar que en el Mensaje de este proyecto el Ejecutivo reconoce explícitamente y por una serie de razones los motivos que lo han llevado a acoger la idea y se dice textualmente de los Honorables Diputados señores Rubén Gajardo Chacón, Rodolfo Seguel Molina, Juan Carlos Latorre Carmona y de quien habla, en una moción presentada tiempo atrás, la cual acertadamente proponía que se dispusiera, de nuevo, que el producto de los beneficios obtenidos por el pago de patentes beneficiará a las municipalidades de las comunas donde se encuentran los yacimientos amparados.

El Gobierno, reconociendo el mérito de esta iniciativa, en cuanto a expresión de voluntad descentralizadora, consideró más conveniente canalizar recursos equivalentes a los generados por patentes mineras hacia las intendencias de las regiones respectivas.

Sin embargo, durante la tramitación la Comisión de Minería y el Ejecutivo llegaron a un entendimiento en virtud del cual el 70 por ciento recaudado por el pago de patentes mineras incrementará la asignación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente corresponda a la región donde estén situadas las pertenencias respectivas, y el 30 por ciento restante será administrado por las municipalidades de las comunas en que estén ubicadas las pertenencias, en proporción al ingreso generado por cada una de ellas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo, señor Diputado.

El señor PIZARRO MACKAY (don Sergio).-

Termino enseguida, señor Presidente.

Antes de finalizar, quiero felicitar y agradecer al Gobierno del Presidente Aylwin por haber hecho suya esta iniciativa, que no da Diputado señor Rojo “Ventajitas", sino que repone esta norma que ya existía en la época del Presidente Frei, a quien no se le pasó por la mente derogarla y, en definitiva, viene a hacer justicia a las regiones mineras.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, para señalar brevemente, algunas ideas.

En primer lugar, que este proyecto de ley recoge un principio fundamental e importante en una concepción moderna de desarrollo nacional: que los recursos naturales no renovables que son explotados y que generan beneficios y utilidades, deben, a su vez, cuando son extraídos dejar beneficios y utilidades a las localidades que los poseen.

Este es un principio moderno que potencia la descentralización. En este mismo espíritu el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional que, entre otras cosas, estableció la realización de elecciones municipales.

En esa reforma constitucional se planteó la posibilidad de que en las regiones existan impuestos de clara identificación local, para estimular la descentralización y el desarrollo regional. Este es un principio aprobado también por el colega Rojo, quien hoy señala un cuestionamiento que sería interesante debatir.

En segundo lugar, es muy importante destacar que este proyecto significa, en términos de recursos, menos de 10 millones de dólares producto de los ingresos de patentes mineras para ser invertidos en regiones o en comunas. Es una suma absolutamente insignificante de los ingresos fiscales por concepto de impuestos.

Cuando se hace un estudio detenido del impacto que generan estos ingresos, se concluye que no es tan grande como se desearía. Por ejemplo, para la comuna de Machalí, que históricamente tuvo enormes ingresos y ejecutó algunos adelantos importantes en su desarrollo comunal con la recaudación de las patentes mineras, la aprobación de este proyecto de ley le significará, en términos concretos, un ingreso adicional de 17 millones de pesos lo que le permitirá financiar en el año, no más de tres proyectos de electrificación rural. En verdad, no es un proyecto muy significativo para incentivar el desarrollo local.

Asimismo, en la Sexta Región, que tiene una gran tradición minera, los ingresos adicionales para el gobierno regional serán aproximadamente de 100 millones de pesos, cifra que en sí es relativamente insignificante con relación al presupuesto que se le destina a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que corresponde a la suma aproximada de 3 mil millones de pesos.

Por lo tanto, considero que lo fundamental es el principio y no los montos que van a las respectivas comunas, aun cuando habrá algunas que serán beneficiadas como las del norte. Esto lo considero positivo porque se trata de regiones sumamente desfavorecidas, por las distancias, por las condiciones geográficas difíciles y por las dificultades para proveerla de los servicios mínimos.

También quiero destacar que el proyecto indica que uno de los objetivos de la inversión de los recursos que percibirán las regiones y comunas es avanzar hacia la atenuación de la externalidad producida por la actividad minera, como la contaminación, o bien financiar preproyectos de sustitución productiva, dado que se prevé que esta fuente, la minería, puede agotarse.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo, señor Diputado.

El señor LETELIER.-

Para terminar, este supuesto es bastante falaz. En primer lugar, un proyecto de inversión para evitar o atenuar las externalidades de la contaminación que afecta a las regiones mineras tiene que ser asumido por las empresas y no por los recursos fiscales, porque quien contamina tiene que reparar el daño causado. En segundo lugar, aunque deban ser los recursos regionales los destinados a este fin, son mínimos e insignificantes.

En la discusión del proyecto, con el colega Cantero y otros propusimos, como una forma de aportar al desarrollo regional, que el 5 por ciento de las utilidades del cobre se redestine al desarrollo regional, quedando un 2,5 por ciento exclusivamente para las regiones mineras y el otro 2,5 para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Ello permitiría potenciar el desarrollo regional y reconocer la contribución que hacen las regiones mineras al desarrollo nacional. Sin embargo, esta proposición no fue recogida. Esperamos que a futuro lo sea.

En todo caso, nuestra bancada va a votar favorablemente este proyecto, porque fija un principio que consideramos fundamental.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, junto con reiterar nuestro apoyo a esta iniciativa, quiero referirme a la intervención del Diputado señor Rojo.

No veo en el proyecto ninguna disposición que se refiera concretamente al beneficio de una región o comuna del país: se trata de un subsidio a la patente minera.

Esta actividad o patente con que se beneficia al país está destinada a una zona en donde específicamente se ha hecho un esfuerzo nacional de gran envergadura. Pero de la misma manera se podría hacer en beneficio de otra, sin que esto signifique, como ha señalado el Diputado señor Rojo, un motivo de escándalo.

Es perfectamente justificable que esto ocurra para favorecer a zonas que han entregado al país un gran aporte en la historia nacional. De tal manera que no veo razón alguna para que esto sea un motivo de una explicación un tanto excepcional, como lo ha expresado el Diputado señor Rojo.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, trataré de ser muy breve, dado el tiempo que nos hemos fijado, en hacer algunas precisiones que me parecen importantes.

Considero que las aprensiones que ha expresado el colega Rojo han sido debidamente contestadas por los colegas Cantero y Molina. Sin embargo, vale la pena reiterar que este proyecto no es discriminatorio en favor de determinadas regiones, sino que es aplicable a todas las que se encuentren en la situación aquí establecida.

Por otra parte, los beneficiarios no son las comunas, como cree entenderlo el Diputado señor Rojo, sino fundamentalmente las regiones. Ello, porque de acuerdo con la distribución de los ingresos provenientes de las patentes mineras, el 70 por ciento pasa a incrementar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del lugar respectivo la región, y sólo el 30 por ciento beneficia a las municipalidades donde se encuentren ubicados los yacimientos que los originan.

En cuanto al rendimiento, quiero rectificar lo expresado por el Diputado señor Valenzuela, en el sentido de que para la Segunda Región habría un ingreso de 700 millones de pesos al año. En el informe de la Comisión se incluye una información proporcionada por el Sernagiomin, según la cual entre marzo y los primeros días de abril de 1991, el ingreso por patentes mineras correspondientes a los yacimientos ubicados en esa región totaliza 1.223 millones de pesos, en términos generales, lo que representa un 36,7 por ciento del producto nacional. Si bien ésta no es una suma que permita resolver todos sus problemas, constituye una inyección importante.

A mi juicio, los parlamentarios de regiones debemos recibir esta iniciativa con alegría, porque demuestra que se empieza a encontrar un camino para resolver los problemas regionales con criterios regionales, en lugar de pensar en que las necesidades son mayores y en que es necesario obtener mayores recursos. En eso estamos todos de acuerdo, pero es importante que nos alegremos por lo que se avanza, pero no que nos apenemos por lo que queda por avanzar.

Con respecto a los recursos que debe entregar el Fisco a las regiones y a los municipios respectivos durante 1992, creo importante precisar los efectos que tendrá la aplicación de esta ley.

Se ha planteado aquí que su aprobación en 1992 hará que las regiones cuenten con esos recursos sólo en 1993. Discrepo totalmente de esa apreciación. Considero de mucha gravedad hacer aseveraciones de este tipo en el Congreso, pues se entiende que estamos estableciendo la historia fidedigna de la ley. Hay que pasar esa responsabilidad al emitir opiniones. En mi opinión, cualquiera que sea el día de 1992 en que se apruebe este proyecto, la entrega de los recursos tiene que hacerse efectiva en el mismo año, por una razón muy sencilla: el producto de las patentes no llega directamente a las regiones, sino, como lo dice el proyecto, sólo un equivalente de la recaudación. De manera que en algún momento de 1992 el Ministerio de Hacienda tendrá que poner ese equivalente a disposición de las regiones respectivas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo, señor Diputado.

El señor GAJARDO.-

Finalmente, quiero expresar mis agradecimientos al Presidente de la República por haber acogido esta idea descentralizadora y regionalizadora que personalmente le planteé en varias oportunidades, como, asimismo, a los personales de los Ministerios de Hacienda, de Minería y del Interior, y muy particularmente a los de la Subsecretaría de Desarrollo Regional porque fueron importantísimos y efectivos para llevar adelante esta iniciativa.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Mekis.

El señor MEKIS.-

Señor Presidente, quiero remarcar que en la sesión 12a., de 25 de abril de 1990, se dio cuenta de una moción parlamentaria de los Diputados Vilches, Prokurica y del que habla, referente a un punto aludido por el Diputado señor Rojo.

Ocurre que, por ejemplo, la Municipalidad de Rancagua, no podría obtener todos los recursos que le corresponden si el proyecto incluye una disposición como la siguiente: "Asimismo, constituirán ingresos propios de cada municipalidad en cuyo territorio se encuentra la oficina principal más cercana a la concesión minera.".

Lo anterior es simplemente porque las personas no viven en la cordillera, sino que habitan en algún lugar, y este beneficio debe tener por objeto justamente las personas y no la cordillera. Ese era el sentido que se quería dar, y me parece muy adecuado intentar una indicación en el segundo trámite de este proyecto junto con el Diputado Rojo y tal cual él lo señalara.

Por otra parte, esto también arranca del principio necesario que siempre debe ser justo por sí mismo de mantener el Estado unitario, pero propender a la descentralización.

Diez millones, 12 millones ó 24 millones de dólares no son una bicoca para el Presupuesto del país. Por ejemplo, con 10 millones de dólares se pueden construir cinco mil viviendas sociales.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, no represento un distrito en el que existan minas de importancia, de manera que no tengo un interés parlamentario especial en la materia que se debate. Sin embargo, solicité la palabra para recalcar un aspecto que considero interesante.

El tema en debate estuvo presente en muchas discusiones que se suscitaron entre los parlamentarios, los dirigentes políticos y el Gobierno, en torno a la reforma municipal y regional. Sobre el particular, prácticamente se llegó a un compromiso que está implícito en el acuerdo político suscrito por los presidentes nacionales de nuestros partidos, en el sentido de buscar una fórmula que conciliara el interés nacional con el regional. Nadie ha pretendido desvirtuar o destruir el principio o el concepto de que Chile es una nación unitaria, que su desarrollo y progreso tienen que ser armónicos y que desde ese punto de vista, la tributación o los recursos que el Estado va obteniendo, por regla general tienen un carácter nacional.

Sin embargo, y en este propósito descentralizador, desconcentrador o regionalizador del país que, al menos en los discursos, decimos que a todos nos anima, en esta reforma municipal y regional a la que he hecho referencia se dijo que había que buscar algunas alternativas que permitieren acopiar recursos propios para las regiones y para las comunas. Y si hubo una materia en la que todos estuvimos de acuerdo por la vía del ejemplo, fue precisamente respecto de las patentes mineras.

Por estas razones, los parlamentarios radicales y socialdemócratas vamos a votar favorablemente esta iniciativa, ya que es interesante y se inspira en los principios y espíritu a los que me he referido. Además, sólo es la materialización, la expresión de acuerdos políticos que ya en el pasado hemos manifestado y suscrito y que hoy debemos respetar.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde, votar el proyecto en general.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado en general el proyecto.

Por lo tanto, el proyecto queda aprobado también en particular.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, mientras la Comisión de Hacienda termina su trabajo relativo al proyecto del carbón, se tratará el veto del Ejecutivo al proyecto de ley que otorga beneficios a los adquirentes de predios afectos a la Reforma Agraria.

Acordado.

Diputado informante de la Comisión de Agricultura es el señor Matta, y de la de Hacienda es el señor Ringeling.

Las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República se encuentran en el número 16 de los documentos de la Cuenta de la sesión 38°, celebrada en 7 de enero de 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Matta.

El señor MATTA.-

Señor Presidente, me corresponde informar a la Sala sobre las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que otorga beneficios a los adquirentes de predios afectos a la reforma agraria y modifica el decreto ley N° 3.262, de 1980, y las leyes N°s. 15.840, 18.377,18.658 y 18.768.

Las observaciones al texto aprobado por el Honorable Congreso Nacional tienden a cautelar el espíritu y la esencia de la norma enviada originalmente. Sobre esta base, se han propuesto cuatro vetos, que inciden en los artículos 3°, 8° y 13 permanentes y en el artículo transitorio. Voy a comentar cada uno.

En relación con el artículo 3°, el veto del Presidente de la República sustituye sus incisos segundo y quinto, que dice: "Tales deudores tendrán derecho, además, hasta por un máximo de dos parcelas a su elección, a un crédito fiscal no sujeto a devolución equivalente al 40% del total de la deuda, una vez excluidos los intereses penales, siempre que el saldo resultante se pague al contado a más tardar el 30 de junio de 1992."

"Para los efectos de esta ley, se entiende por predios derivados de la reforma agraria aquellos inmuebles transferidos, en cumplimiento a las leyes N°s. 15.020 y 16.640 y normas complementarias, por la ex Caja de Colonización Agrícola o por los organismos que la sucedieron o sustituyeron, y respecto de los cuales existe pendiente un saldo de precio calificado por ley como crédito fiscal, sean dichos predios propiedad de asignatarios originales o de posteriores adquirentes.".

La sustitución expresa: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los propietarios, hasta por un máximo de dos parcelas, a su elección, excluidos los predios enajenados por la ex Corporación de la Reforma Agraria, la ex Oficina de Normalización Agraria y el Servicio Agrícola y Ganadero, en virtud de lo dispuesto en la letra e) del artículo 67 de la ley N° 16.640 y en el artículo 2a del decreto ley N° 2.247, de 1970, sin distinguir si el actual propietario es adquirente directo de alguno de estos organismos estatales o adquirente posterior a cualquier título, tendrán derecho a un crédito fiscal, no sujeto a devolución, equivalente al 40% del total de la deuda, una vez excluidos los intereses penales, siempre que el saldo resultante se pague al contado a más tardar el 30 de junio de 1992".

El señor Ministro de Agricultura señaló que la observación del Ejecutivo tiene el sentido de aclarar que los beneficios para los segundos siguientes adquirentes se mantienen hasta dos parcelas y que la rebaja del crédito fiscal es del orden del 40 por ciento.

En definitiva, se precisa que se trata de dos parcelas derivadas del proceso de reforma agraria y no de dos predios adquiridos de la Corporación de la Reforma Agraria o de sus organismos sucesores.

El Ejecutivo estimó que la disposición aprobada por el Congreso Nacional permitía interpretar que la adquisición se refiere a una reserva Cora, lo cual no refleja el espíritu del proyecto.

La voluntad política del Gobierno es favorecer a los pequeños y medianos propietarios agricultores y no a quienes estén en una situación distinta.

En todo caso, es importante señalar que la letra e) del artículo 67 de la ley N° 16.640, dice relación con las transferencias que el Consejo de la Reforma Agraria hizo de terrenos declarados inaptos; y el artículo 2° del decreto ley N° 2.247 se refiere a las tierras de secano que el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria asignó de manera directa, mediante la venta de los predios en remate o licitación públicos.

Es importante destacar que en el debate de la Comisión algunos parlamentarios señalaron que el espíritu original del proyecto era otorgar una condonación del orden del 70 por ciento del valor del crédito fiscal, para el primero y segundo adquirentes, hasta dos parcelas, según lo aprobado en la última instancia constitucional, es decir, en el Senado, en la Comisión Mixta.

En relación con el artículo 8°, como se indica en el boletín comparativo, la observación dice lo siguiente: "Agréganse al artículo 27 de la ley N° 15.840, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas, los siguientes incisos segundo y tercero:

"Igualmente, la Municipalidad respectiva o la Dirección de Vialidad, a requerimiento de el o los propietarios de parcelas comprendidas en el mismo proceso de parcelación que tengan interés real y actual en ello, quienes acreditarán dicha calidad con la exhibición de los respectivos títulos de dominio vigentes, dispondrá la apertura o ensanche de caminos interiores...", etcétera.

En su Mensaje, el Supremo Gobierno expresa que "con el objeto de dar una mayor precisión al proyecto, evitando así un sentido demasiado restrictivo, por esta observación se suprime, en el inciso segundo de artículo 27 de la ley N° 15.840, que se agrega por el artículo 8° del proyecto de ley, la siguiente frase: "comprendidas en el mismo proceso de parcelación".

El Ministro señaló que el artículo aprobado por el Congreso Nacional dejaba la impresión de que la apertura de caminos se refería solamente a un mismo sistema o proceso de parcelación, en circunstancias de que hubo varios procesos a través del país.

Los caminos interiores fueron consecuencia de varios procesos de parcelación; incluso, muchos de ellos colindantes entre sí. Por lo tanto, la frase que se elimina tiene un sentido claramente restrictivo.

En relación con el artículo 13, el veto dispone la sustitución del artículo 10° de la ley N° 18.658, por el siguiente: "La tasación de los inmuebles que el Fisco remate para hacer efectivos los créditos a que hace mención el artículo anterior será igual al avalúo fiscal vigente a la fecha de subasta, incrementado en un 50%".

Asimismo, reemplaza el inciso cuarto del artículo, por el siguiente: "En caso de operar la medida señalada en la letra a) del presente artículo, el Fisco enajenará a título oneroso dichos bienes dentro del plazo máximo de un año".

En virtud de las observaciones que se formulan al artículo 13, queda estructurado como una norma sustitutiva del artículo 10° de la ley N° 18.658, lo que corresponde al propósito original del Ejecutivo.

Aparte de lo anterior, por la vía de la sustitución se salva la dificultad de orden constitucional que, en virtud de las normas sobre iniciativas exclusivas del Presidente de la República, afectaría al inciso cuarto del artículo 13 despachado por el Congreso Nacional.

Por otra parte, el Congreso Nacional agregó un artículo transitorio con el objeto de dar solución al problema relacionado con la contabilidad agrícola. La observación del Ejecutivo, vía veto supresivo, adecuó su redacción a la fecha de entrada en vigencia de la ley, esto es, el año 1992. De modo que no tiene Sentido referirse a los pagos provisionales mensuales que debieron pagarse en 1991. Reemplaza, en el mismo inciso segundo, la frase: "Los pagos provisionales mensuales ya efectuados", por la siguiente: "Los pagos provisionales mensuales efectuados en 1991".

Es cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, por el escaso tiempo de que dispuso la Comisión de Hacienda, el veto al proyecto no dispone de informe escrito; pero voy a tratar de resumir lo que se discutió en el día de ayer al respecto.

En general, el veto no recoge el acuerdo de las distintas bancadas para beneficiar a algunos terceros adquirentes con parte de las rebajas que establece el proyecto de ley. Por lo tanto, no se cumplió ese acuerdo.

Se discutió especialmente la modificación al artículo 3°, que se aprobó por mayoría, con votos de abstención y uno en contra.

El veto aditivo excluye a algunos predios que fueron enajenados por la Corporación de la Reforma Agraria en forma distinta de lo que fue la mayoría de las parcelas agrícolas. En la Comisión de Hacienda se planteó la duda de cuáles son.

No había ningún miembro del Ministerio de Agricultura que lo dijera con certeza; pero se trata de grandes predios de secano que no corresponden a parcelas. Si es así, no se ve el motivo del veto, porque el artículo habla de parcelas.

Sin embargo, si nos atenemos a los dos cuerpos legales mencionados en el veto aditivo, su objetivo no tiene que ver específicamente con grandes predios de secano.

En primer lugar, el veto menciona lo dispuesto en la letra e) del artículo 67 de la ley N° 16.640, que dice que las tierras adquiridas por la Corporación de la Reforma Agraria podrán destinarse según corresponda, y cita una serie de letras. La e): "A ser transferidas en las condiciones que determine el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria, cuando se trate de terrenos inaptos para el cumplimiento de los fines de la Corporación". Es decir, no se refiere a grandes predios de secano, sino a terrenos inaptos. Por lo tanto, no tenemos la seguridad de que efectivamente sean grandes predios de secano. Como normalmente fueron rematados en un plazo largo, pero de manera fundamental en el período de 1981, o poco antes, cuando fueron enajenadas o asignadas las parcelas también tuvieron un alto valor inicial debido a los intereses. Entonces, no se tiene la seguridad de por qué se hace esta discriminación.

En segundo término, el veto excluye a los predios enajenados de conformidad con el artículo 2° del decreto ley N° 2.247, de 1978. Dicho artículo establece: "En los casos en que los asentados no cumplan con el requisito señalado en el inciso primero del artículo precedente o no acepten la oferta de venta, la Corporación de la Reforma Agraria deberá vender esos predios en remate o licitación pública. Se entenderá que los asentados rechazan la oferta de venta si ninguno de ellos manifiesta su aceptación dentro del plazo de 30 días," etcétera. O sea, aquí tampoco se mencionan grandes predios de secano, sino parcelas que en algún momento se destinarían a asignatarios y que, sin embargo, por distintas causas, se vendieron directamente a través de licitación o remate público.

Por lo tanto, el argumento que se dio en la Comisión lamentablemente, ayer no tuvimos a la vista estos textos legales es equívoco. No se trata de grandes predios de secano. En realidad, no entendemos bien el porqué de la discriminación entre un adquirente por remate público y otro al cual se le asignó como ex asentado, en circunstancias de que los precios, los intereses y la forma de pago establecidos fueron igualmente altos para unos y otros.

El siguiente veto es sólo una adecuación formal del artículo 13 respecto del 8°. Significa un gran beneficio, es algo positivo, porque hay muchos proyectos de parcelación para un mismo lugar geográfico y, sin embargo, las facilidades para determinar la servidumbre sólo se establecieron en virtud del texto aprobado por la Comisión Mixta para "la parcelación" en sí misma, sin considerar que muchas veces se deben establecer servidumbres entre parcelas que quedan en uno u otro lugar.

Por último, la observación al artículo transitorio es una adecuación que obviamente mejora y completa el proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En discusión la primera observación al artículo 3°.

Sobre esta materia, tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Ramírez.

El señor RAMIREZ.-

Señor Presidente, hemos recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República por el cual formula observaciones al proyecto de ley que concede beneficios a los adquirentes de predios afectos a la reforma agraria.

Este proyecto fue despachado por la Comisión Mixta de Agricultura y el informe respectivo seguramente está a disposición de todos los señores parlamentarios. Por lo menos, yo lo tengo.

En su oportunidad, informé a la Honorable Cámara que concurrí a esa Comisión para plantear un problema que me parecía importante y que era necesario corregir. Consulté en ella acerca de si el beneficio de rebaja del 70 por ciento que otorga el artículo 1° del proyecto, era extensivo a todos quienes tuvieran una parcela. Se me contestó que no. Dejé constancia, entonces, de que el compromiso adquirido por la Comisión de Hacienda del Gobierno y por personeros del Ministerio de Agricultura era que toda persona que tuviera una parcela, a cualquier título, siendo deudora de la Tesorería, tenía derecho al subsidio del 70 por ciento.

Mi observación fue acogida por la mayoría de la Comisión Mixta, con excepción del Diputado señor Letelier, por lo cual se solicitó al titular de Agricultura que extendiera este derecho a toda persona que tuviera una parcela de la reforma agraria, y que en ese sentido fuera vetado el proyecto. Posteriormente, junto con el Diputado señor Eduardo Cerda, actual Vicepresidente de la Cámara, concurrimos a conversar con los personeros de Hacienda y conseguimos un acuerdo de la Comisión de Hacienda del Gobierno, con el visto bueno de Agricultura, para que se vetara el artículo 1° del proyecto en la forma indicada.

Por eso, en su oportunidad anuncié un veto en ese sentido. Pero hoy se nos da a conocer otro que no corresponde en absoluto a lo que habíamos conversado.

El compromiso contraído con los Diputados señores Cerda y el que habla no ha sido cumplido por los personeros del Gobierno. El veto que hoy se nos plantea es distinto; no modifica el artículo 1°. Las observaciones se hacen a los artículos 3°, 8° y 13 permanentes, y al transitorio. En el artículo 3° se reducen los beneficios del proyecto, otorgándolos sólo a asignatarios de la reforma agraria y a los adquirentes posteriores, a cualquier título, con exclusión de aquellos que adquirieron en virtud de lo dispuesto en la letra e) del artículo 67 de la ley N° 16.640, en el artículo 2° del decreto ley N° 2.247, de 1978. Este veto también es contradictorio con lo que se había afirmado en el Mensaje original del Ejecutivo, y por eso no lo comparto.

Las observaciones al artículo 8° extienden la facultad que se les da a las municipalidades para disponer la apertura o el ensanche de los caminos interiores resultantes de las parcelas o predios.

Se hacen observaciones al artículo 13, en el cual se plantean las normas para el remate de predios.

Por último, se ajusta la redacción del artículo transitorio a la fecha de entrada en vigencia de la ley, esto es, en 1992. Esa disposición no tiene otro objeto que dar solución al problema relacionado con la contabilidad agrícola.

Por tanto, en parte alguna este veto cumple con el compromiso contraído de extender el derecho a todos los que sean propietarios de una parcela.

¿Qué significa esto, señor Presidente? Una discriminación odiosa, una diferencia entre primeros, segundos y terceros adquirentes, con argumentos que no comparto en absoluto. Porque se ha dicho, por ejemplo, que no se les otorga a los terceros adquirentes porque en este país habría personas que compraron parcelas a los asignatarios originales con dolo o a muy bajos precios, con engaño o estafándolos.

¿A quién favorece este veto? A los segundos adquirentes, a los que le compraron al asignatario original; o sea, a aquellas personas que podrían haber cometido ese supuesto dolo. A ella, se les concede el 70 por ciento. Y a los terceros o cuartos adquirentes, que no tienen absolutamente nada que ver, porque no compraron a los asignatarios originales, sino que a personas que ya habían adquirido las parcelas, se les castiga. A ellas, simplemente, se les entrega una bonificación del 40 por ciento de prepago y deberán pagar la totalidad de su deuda el 30 de junio de 1992.

El veto, en esta condiciones y entiéndalo bien la Honorable Cámara significa el remate a corto plazo de no menos de 3 a 4 mil parcelas en este país.

¿Quiénes se las adjudicarán? Desde luego, no serán los campesinos. Ningún campesino podrá adquirir en remate una parcela que cueste 5, 6 ó 7 millones de pesos. Tampoco podrá ser el Estado, porque a esos precios las rematarán otras personas. Y quienes están pensando que en esta forma el Estado podrá hacerse cargo de esas parcelas para hacer justicia, por ejemplo, a las personas afectadas por el decreto N2 208, también están equivocados. Van a comprar las sociedades anónimas, las sociedades extranjeras, los grandes agricultores, industriales o comerciantes, que necesariamente ocuparán estas 3 mil ó 4 mil parcelas para plantarlas está bien que lo hagan y obtener de ellas un ingreso importante. Pero, en ningún caso, favorecerá al campesino.

Con este veto el Presidente de la República comete un grave error. Ratifica una discriminación muy odiosa, creo que una injusticia. Y lo lamento porque el señor Presidente de la República es un hombre justo.

El veto a este proyecto de ley, por otra parte, traerá consecuencias políticas graves en el sector de los pequeños agricultores. Sin quererlo, Su Excelencia el Presidente de la República le ha hecho un gran servicio político a la Derecha política de este país.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RAMIREZ.-

Lo he dicho y lo reitero; creo que así es.

Rechazo este veto, señor Presidente, porque es discriminatorio y castiga a quienes no corresponde, a los terceros adquirentes que no tienen ninguna culpa de esto. Afecta a trabajadores del agro, ex medieros, ex minifundistas, ex arrendatarios, ex empleados, ex mayordomos, ex capataces, ex administradores que, en verdad, en el proceso de reforma agraria que realizamos hace 25 años también fueron marginados, a pesar de las protestas que hicimos en esos años con el Diputado en ese entonces, por Curicó señor Carlos Garcés. Pero, desgraciadamente, tampoco fuimos escuchados.

Este proyecto llevaría a la ruina y al remate a esos propietarios, que no podrán pagar el 30 de junio de 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, terminó su primer discurso; puede continuar en el tiempo del segundo.

El señor RAMIREZ.-

Rechazo el veto, por cuanto no cumple con el compromiso contraído y porque no puedo prestarme para avalar este incumplimiento.

Lo rechazo porque demuestra un profundo desconocimiento de la realidad económica y social de los parceleros, quienes han tenido quince años de precios deteriorados y han debido pagar fuertes reajustes y altos intereses.

Lo rechazo porque hay personas que siguen cometiendo errores en el sector agrícola. Ellas han evolucionado muy poco y todavía continúan con ideologismos que han traído malas consecuencias para nuestro país.

Lo rechazo porque hemos perdido la gran oportunidad de dar a estos sectores campesinos una posibilidad de incorporarse definitivamente al crecimiento económico y social del país. Hoy los desestabilizamos; hoy los condenamos a ser de nuevo cesantes; hoy el régimen democrático los discrimina por haber corrido el riesgo de adquirir, con mucho esfuerzo, un pedazo de tierra.

Por todo esto, voto en contra del veto de Su Excelencia el Presidente de la República y dejo expresa constancia de mi protesta.

Antes de terminar, con su venia, señor Presidente, concedo una interrupción al Honorable colega Cerda.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CERDA.-

Señor Presidente, como el Diputado señor Ramírez manifestó que en conjunto habíamos planteado la necesidad de este veto respecto de los propietarios de hasta una parcela, deseo aclarar que aquí no ha habido incumplimiento de todos los sectores, sino que nuestra posición no ha sido bien comprendida.

La norma establece que quien adquirió una parcela a un asignatario de la reforma agraria, si sólo posee una tendrá derecho a un descuento de un 70 por ciento de la deuda fiscal, igual que los asignatarios, pero quien la hubiera adquirido de otro adquirente no asignatario, no lo tendrá.

Lo peor sería precisamente establecer una discriminación. Por lo tanto, mi posición es otorgar el beneficio a todos los que tuvieran una parcela o a ninguno.

Con la ley en estos términos habrá una fuerte presión para la compra de parcelas a los asignatarios de la Cora, pues tendrán un descuento de un 70 por ciento de la deuda, lo que no ocurrirá con la persona que fuese tercer adquirente. Esto es contraproducente, porque lo que necesitamos es precisamente el máximo desarrollo en el sector agrario, por lo cual todos deben ser medidos con la misma vara.

Las observaciones del Ejecutivo no son contrarias a ningún acuerdo, sino que mejoran el proyecto. Por lo tanto, en ese aspecto, las votaré a favor, porque lo que indicaba el Diputado señor Ramírez es que el Ejecutivo no consideró, además, un veto al artículo 1°, que contiene la materia recién comentada.

Agradezco la interrupción que me ha concedido el Diputado señor Ramírez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Ramírez.

El señor RAMIREZ.-

Efectivamente, el Honorable colega Cerda tiene razón. He dejado constancia de que estoy votando en contra del veto, porque no se ha cumplido un acuerdo. Es la única forma que tengo de protestar. De otra manera la gente no lo entendería.

Pero este proyecto, desgraciadamente, no recoge las aspiraciones que había planteado prácticamente casi todo el Congreso Nacional. Lamento que así haya sido, porque definitivamente éste es un problema que traerá consecuencias dentro de los próximos meses, lo que motivará a corto plazo, que mucha gente que hoy no comparte este criterio, se encuentre legislando en este Parlamento para salvar a miles de parceleros que serán rematados. Entonces se dirá: "Mire, resulta que el responsable de esto es Fulano o Zutano". Pero la verdad de las cosas es que el gran error es no haber entendido a tiempo cuál es la realidad económica y social que vive el campo chileno. Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Galilea.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, cuando este Congreso Nacional despachó el proyecto de ley que beneficia a deudores de parcelas provenientes del proceso de reforma agraria, todos los parlamentarios que representamos zonas agrícolas y que entendemos el problema que estos deudores enfrentan, nos alegramos de que se acogiera una inquietud que fue recurrente en la larga tramitación de este proyecto, tanto en la Cámara como en el Senado. Esta inquietud decía relación con lograr que todos los propietarios de una parcela Cora, ya fueran asignatarios originales o posteriores adquirentes, recibieran un beneficio consistente en un crédito no sujeto a devolución, equivalente al 70 por ciento del valor de las cuotas en mora.

Como tal disposición no fue incluida en el proyecto al ser despachado por el Honorable Congreso, se contrajo un compromiso con el Gobierno, en términos de que el Presidente de la República, a través de su facultad de veto, haría posible esta petición del Parlamento y aspiración de miles de deudores agrícolas que en posesión de sólo una parcela, se ven imposibilitados, por diversas razones, de cumplir sus compromisos.

Muchos de los Diputados aquí presentes y, seguramente, también la gran mayoría de los Senadores, comunicamos a los deudores de nuestros respectivos distritos y circunscripciones, que el veto presidencial ampliaría el beneficio y que el acuerdo contraído al menos así fue lo comprendido, permitiría que aquellos propietarios de hasta dos parcelas y que recibirían el beneficio de un crédito no reembolsable del 40 por ciento, verían ampliado el plazo del 30 de junio del presente año para pagar al contado los saldos morosos a la fecha, dada la cercanía del vencimiento y las dificultades del pago en ese momento.

Hoy deberemos volver a nuestras zonas a comunicarles a esos pequeños agricultores que el acuerdo que debió contener ambas modificaciones, no fue cumplido; que deberán atenerse a lo señalado en el proyecto original, con la consecuente frustración y desilusión de miles de propietarios.

El acuerdo a que me refiero está consignado y expresamente clarificado en el informe de la Comisión Mixta. Para mayor abundamiento, me referiré a algunos de los párrafos de ese informe, que inequívocamente abordan lo señalado.

Se consigna, en su página 17, que "el Honorable Diputado señor Ramírez pide se deje constancia que el compromiso adquirido por el Gobierno fue que toda persona que tuviera una parcela, a cualquier título, siendo deudora de Tesorería, tenía derecho al subsidio del 70 por ciento".

Posteriormente, el Ministro aclara "que si se tiene una parcela y características semejantes a las de los adquirentes, se les asimila al 70 por ciento.".

En la página 18 de dicho informe, se señala también que "el Honorable Diputado señor Ramírez deja constancia de que se había llegado a un acuerdo en el sentido de que toda persona que tiene una parcela, tendría un 70 por ciento. Reitera su constancia de que este problema no fue solucionado en este proyecto de ley, en circunstancias que los propietarios de una parcela son tan pobres como los demás, no van a poder pagar y van a ser objeto de remate de sus parcelas.".

Posteriormente se precisa que "la mayoría de los miembros de vuestra Comisión Mixta adhirieron a lo expresado por el Diputado señor Ramírez y solicitaron al señor Ministro extender al titular de una parcela los beneficios que hoy se conceden limitadamente en el artículo 1° del proyecto.".

Señor Presidente, me refiero exclusivamente a las modificaciones introducidas en el artículo 3°, dado que las demás son fundamentalmente de forma.

Siendo el veto una atribución exclusiva del Presidente de la República, ha sido él quien ha desautorizado el compromiso de los personeros, tanto del Ministerio de Hacienda como de Agricultura, consignado en el informe de la Comisión Mixta, al que acabo de dar lectura.

El Presidente de la República, al no incorporar la modificación acordada y solicitada por el Congreso en un acuerdo prácticamente unánime, discrimina a los pequeños agricultores, desconociendo que las dificultades económicas de asignatarios y adquirentes son de igual gravedad y urgencia.

Contradice el espíritu del proyecto, que no fue otro sino el de aliviar la situación de estos agricultores imposibilitados de cumplir sus compromisos, y, lo que es peor, demuestra que nada menos que el propio Primer Mandatario desconoce la realidad de un amplio sector de la agricultura, que es la que constituyen los deudores de tierras que provienen de la reforma agraria.

Lo que resulta más triste y preocupante es que tampoco se acogió la ampliación del plazo para aquellos adquirentes beneficiados con el crédito del 40 por ciento, a quienes les será prácticamente imposible pagar al contado los saldos morosos en una época del año el 30 de junio en que, en general, los agricultores no perciben ingresos.

Sin ánimo de presagiar desastres, puedo asegurar que con el incumplimiento de este compromiso, a mediados de año enfrentaremos los remates que terminarán despojando de sus tierras a estos deudores ya que el Servicio de Tesorerías, por mandato de la ley, se verá obligado a rematar a quienes no puedan cumplir. No debemos olvidar lo que ha indicado en esta Sala el Diputado señor Ramírez, en cuanto a que los pequeños agricultores que enfrentan esta situación son algo más de 3 mil.

Por tanto, para la llamada "agricultura campesina" por el actual Gobierno, sería de particular importancia que las autoridades del Ejecutivo explicaran las razones por las que no se dio cumplimiento al acuerdo que los respectivos Ministros contrajeron y también de la actitud que adoptarán cuando comiencen los remates.

Para estas explicaciones habría sido muy importante que en esta oportunidad hubiésemos podido contar con la presencia del señor Ministro de Agricultura.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, en la discusión del veto aditivo del artículo 3° se han mezclado dos temas distintos, por lo que considero importante separarlos para mejor comprensión de los colegas que no participan en la Comisión de Agricultura.

En relación con el veto aditivo específico al artículo 3°, puedo señalar que es aclaratorio. Se trata de un beneficio que se otorga a quienes tengan 2 ó más parcelas que fueran distribuidas o asignadas como producto de la reforma agraria. Puede tratarse de personas que tengan 10 parcelas o más, y que respecto de 2 parcelas de la reforma agraria podrán percibir un crédito fiscal en caso de que prepaguen el saldo de su deuda.

Este es un beneficio que se otorga a quienes no son asignatarios originales, y al respecto uno puede concluir que no se trata de una ayuda que se concede a un pobre y modesto trabajador agrícola. Debo informar que este beneficio se obtuvo en un proceso de negociación en el Senado, en donde la Concertación no tiene mayoría. Por lo tanto, nosotros, como bancada, no estábamos de acuerdo en otorgarlo a sectores que, en nuestra opinión, no son representativos de los más postergados de nuestro país, ni de los trabajadores agrícolas, ni de los parceleros más esforzados que están en situaciones más complicadas.

Sin perjuicio de lo anterior, la aclaración que ha presentado el Presidente de la República apunta a un elemento básico, que dice relación con 200 ó 234 personas o sociedades, que después del golpe militar de 1973, adquirieron, por subasta pública, grandes extensiones de tierra. No se trata de parcelas de la reforma agraria en el sector de rulo que pueden tener 10 hectáreas exactas, sino que pueden ser terrenos de rulo u otros que, en verdad, representan algo que no es explotado por un pequeño productor ni mucho menos por un trabajador agrícola. Nos estamos refiriendo a 200 y tantos casos de grandes propietarios, algunos de los cuales fueron dueños de fundos parcelados y que hoy han recuperado sus tierras. Al respecto no quiero emitir un juicio de valor; pero no son los sujetos a quienes queremos beneficiar con este proyecto de ley.

Por lo tanto, el veto aclaratorio es un elemento necesario, sin lugar a dudas. Y quiero llamar la atención del Diputado señor Ramírez y de todos en general, en cuanto a que si este veto aclaratorio no es aprobado, lo que va a ocurrir es que quedaremos sin norma y sin el beneficio del crédito fiscal consistente en el 40 por ciento para quienes pueden prepagar.

No podemos pensar que éste será un buen camino, pero la alternativa no es necesariamente la defendida por la mayoría de los colegas durante la tramitación de esta ley, en relación con el beneficio que otorga este artículo.

En segundo lugar, quiero entrar a un tema más de fondo que aquí se ha planteado, y que nada tiene que ver con el veto aditivo al artículo 3a, sino que apunta a los beneficios que se entregan a quienes poseen una parcela.

Aunque fuimos minoría, nosotros, como bancada, nos opusimos a que se beneficiara con el crédito del 70 por ciento a los propietarios de parcelas derivadas de la reforma agraria. Sostuvimos, tanto en la Sala como en la Comisión Mixta, y lo he enfatizado en reiteradas ocasiones, que hay un principio fundamental: no es lo mismo un asignatario de la reforma agraria que un adquirente posterior; no es lo mismo el campesino que fue incorporado a la propiedad agrícola, habiendo sido un peón o un trabajador agrícola, a quien no se le reconocían sus derechos como ciudadano, que el trabajador agrícola o el pequeño empresario que compró una parcela con posterioridad a la reforma agraria.

Este proyecto beneficia al asignatario original, pero adicionalmente se otorga un crédito del 70 por ciento a los segundos adquirentes de una parcela.

No compartimos ese criterio, por cuanto hubo dolo en la adquisición de muchas parcelas provenientes de la reforma agraria. Innumerables campesinos de mi provincia, de las comunas que yo represento, que no tuvieron derecho a acceder a la educación, porque en este país la sociedad ha discriminado contra ellos, fueron presionadas y estafadas por personas más letradas y educadas, quienes les quitaron sus parcelas.

No sabemos cuántas de estas parcelas de asignatorios originales fueron adquiridas con dolo y cuántas no lo fueron. Pero no cabe duda de que en mi zona, en la provincia de Cachapoal, antiguamente O'Higgins, en las comunas de Graneros, San Francisco de Mostazal, Rengo y otras hubo esa presión indebida.

Esta ley extiende también el beneficio, sin discriminar si los segundos adquirentes compraron en forma correcta o presionaron a los campesinos.

Por ello, hemos insistido en la importancia de que esta Cámara investigue, de una vez por todas, qué porcentaje de segundos adquirentes compraron esas parcelas de buena forma y qué porcentaje lo hicieron empleando malas artes, porque ello ayudaría a establecer una convivencia nacional más sana.

Este es un artículo ya aprobado; pero, adicionalmente, en otros preceptos de este proyecto de ley, se otorgan beneficios a quienes tienen una parcela. Es necesario precisar este punto, porque las palabras de los Diputados señores Ramírez y Galilea se pueden prestar a mala interpretación.

De acuerdo con el artículo 7°, el parcelero excluido por el nefasto decreto ley N° 208 por haber sido dirigente sindical o dirigente político de los partidos populares que apoyaban el gobierno de Salvador Allende, será beneficiado con el crédito fiscal. Además, establece que también lo serán las personas que sean dueñas de una parcela y puedan asimilarse a los trabajadores agrícolas, sin importar si son segundos, terceros o cuartos adquirentes.

Pido a los colegas que lean bien el proyecto de ley, porque esto lo discutimos en la Comisión Mixta y en la de Agricultura. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, quienes hubieren adquirido parcelas, huertos o sitios de conformidad con el artículo 3° del decreto ley 3.262, de 1980, y acreditaren reunir alguna de las calidades señaladas en las letras a), b) o c) del artículo 5° de dicho cuerpo legal está explícitamente planteado que debe ser trabajador agrícola gozarán de los mismos beneficios que el asignatario original o el segundo adquirente.

Por lo tanto, el pequeño parcelero recibirá un beneficio significativo. Es falso que los propietarios que no recibirán beneficios asciendan a 3.500. Es más, del total de parcelas que existen producto de reforma agraria, que son aproximadamente 41 mil, 38 mil recibirán algún tipo de beneficios directos o indirectos de este proyecto de ley. Es una falacia sostener que se ha dejado fuera al pequeño propietario y, Honorable colega Galilea, si bien el Presidente Aylwin no está aquí, sí lo estuvo al momento de la dictación de la Ley de Reforma Agraria, ya que fue Senador por la Séptima Región; y tanto los colegas de su propio partido como yo podemos señalar que si existe alguien en este país que conozca la realidad del pequeño productor y del campesino, es el Presidente Aylwin.

Por lo tanto, las palabras de mi colega carecen de un real fundamento. Lo que desea el Gobierno del Presidente Aylwin y los Diputados de esta bancada es hacer justicia, a través de este proyecto de ley, a las personas directamente vinculadas al proceso de reforma agraria, a quienes se les dejó de lado durante el gobierno anterior, toda vez que fueron marginados y castigados por ser asentados, y es en ese espíritu que hemos aprobado y debatido este proyecto de ley. Es importante no desfigurar los beneficios que aquí se quieren otorgar.

Hay más de 140 mil pequeños propietarios agrícolas en Chile, por lo que es necesario garantizar su sobrevivencia, evitar que las grandes corporaciones transnacionales o grandes agroindustrias les quiten sus propiedades, como ocurre hoy día. Pero no se conseguirá ese objetivo por medio del presente proyecto de ley, pues éste tiene un fin claro, y sentimos que lo está cautelando con los artículos que ya hemos aprobado.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Terminó su primer discurso; Su Señoría puede continuar en el segundo.

El señor LETELIER.-

Es posible asegurar la tenencia de la tierra del pequeño y mediano propietario de nuestro país en otra iniciativa legal; el Gobierno lo está haciendo a través de otras normas, que permiten a miles de chilenos recondonar y repactar las deudas de Indap.

Creo que esa iniciativa es insuficiente, pero, sin duda, se encamina en una dirección correcta, independientemente de este proyecto de ley. En otra iniciativa tendremos que abordar las relaciones contractuales entre los productores agrícolas y las empresas exportadoras, porque debemos garantizar una relación transparente entre los productores y compradores, sobre todo si se trata de empresas monopólicas, como sucede en la Séptima Región con los productores de remolacha y Iansa, o/a en zonas frutícolas, en que las condiciones en que pactan los productores con las agroexportadoras son muy desfavorables; pero eso será materia de otro proyecto.

Los beneficios que otorga este proyecto al pequeño productor agrícola son claros. Uno podrá decir que al asignatario original se le debería dar un crédito del ciento por ciento; pero hemos sostenido, como Concertación, que el Estado está dispuesto a hacer un aporte, siempre que el productor también lo haga.

Señor Presidente, debo recordar que, por haberse tocado el tema del Fondo Nacional de Tierras en relación con el debate de este artículo, el colega Ramírez ha dicho que se va a iniciar un verdadero proceso de remates y que algunos ingenuamente quieren beneficiar a las personas excluidas del proceso de reforma agraria con estas parcelas que serían adquiridas por el Fisco.

La verdad es que el acuerdo de la Comisión Mixta es que el Estado no tenga propiedades, y si es que llegara a rematar una parcela, tendrá que deshacerse de ella en el plazo máximo de un año. No se va a constituir con este proyecto de ley un "Fondo Nacional de Tierras", a nuestro pesar, porque los socialistas, el Partido Por la Democracia y la Alianza Humanista Verde somos partidarios, tal como está en el programa de la Concertación, de que exista tal fondo, porque hay que garantizar el desarrollo nacional y para ello es preciso asegurar el autoabastecimiento de los productos de consumo interno. Esta no es una opinión compartida por todos, y lo entendemos así. Por eso hemos planteado buscar alternativas, formar un fondo nacional de créditos para la tierra, para que aquel chileno o chilena que quiera producir alimentos pueda acceder a su posesión o dominio. Este será un debate futuro. En todo caso, es un debate que nuestro país necesita abordar.

Por último, compartimos las ideas matrices y la intención de este proyecto, que son consolidar la tenencia de la tierra en nuestro país, y sentimos que, más que generar inestabilidad, como algunos han querido hacer creer aquí, garantizará la estabilidad de la tenencia de la tierra en Chile.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Advierto a las tribunas y galerías que está prohibido hacer manifestaciones.

Tiene la palabra el Diputado señor Acuña.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente, quiero recordarles a nuestros Honorables colegas que ésta es la cuarta vez que nos abocamos al estudio de un tema que no asiduamente conoce esta Sala, cual es el agrícola y lo que ocurre en el mundo rural de nuestro país.

Todos los discursos de los Honorables colegas de los distintos partidos políticos mencionan a los 5 millones de pobres...

El señor LEAY.-

Ya son 6 millones.

El señor ACUÑA.-

... que hoy día existen en nuestra patria. Pero nadie señala que, de esos millones de pobres, al menos dos millones o más son campesinos y gente que vive en el mundo rural. A esas personas, a esas familias, a esos jóvenes fundamentalmente, la dirigencia política de este país incluyendo a todos los partidos políticos, ha dejado de lado. No es posible tratar el tema de la pobreza rural, refiriéndose a un proyecto de ley que condona deudas. Hago esta aseveración, porque estimo necesario que esta Sala conozca muy pronto proyectos que benefician a esta gran cantidad de gente que vive en el campo y que necesita elevar su condición de vida.

Como Diputado de Gobierno y democratacristiano, no puedo dejar pasar en esta oportunidad afirmaciones como las del Diputado señor Galilea, respecto de la información que pudiera tener Su Excelencia el Presidente de la República en relación con el tema campesino y con la agricultura chilena. Le consta al Diputado señor Galilea las innumerables veces en que el Presidente de la República, en las zonas agrícolas de nuestro país, se ha referido, con una claridad impresionante, al tema de la pequeña, de la mediana y de la gran agricultura chilena.

No se puede aplaudir al Presidente de la República, cuando, por ejemplo, en este mismo proyecto de ley, recoge la idea del tema de la contabilidad agrícola, y no apoyarlo cuando no se comparte una posición, como legítimamente lo hace hoy respecto al veto de este proyecto.

Tampoco comparto, y quiero decirlo con claridad, el criterio de mi colega Gustavo Ramírez, sobre las consecuencias políticas e implicancias que pudiera tener el veto. Como bancada democratacristiano estimamos que el veto aclara enormemente la posición de beneficio que tendrán los adquirentes de los predios afectos al proceso de parcelación de la reforma agraria. Por eso, lo vamos a apoyar.

Tal como lo ha expresado en forma clara y categórica el Diputado informante, mi colega Manuel Matta, en los otros artículos hubo unanimidad en la Comisión de Agricultura, razón por la cual vamos a votar favorablemente el veto.

En beneficio del otro proyecto que nos compete tratar en esta oportunidad, hago un llamado a los colegas, en orden a que, dentro de los temas que hay por recrear en el país, el del desarrollo rural nos incentive a todos, para, así, sacar de la postración a millones de chilenos que se encuentran en el agro.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Melero.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, en el debate ha ido quedando de manifiesto que las diferencias están dadas fundamentalmente en razón de lo que el veto excluye más de lo que incluye; de lo que no contempla en lugar de lo que contempla, en razón del acuerdo de la Comisión Mixta y de la solicitud de distintos señores Diputados y Senadores, en cuanto a corregir la injusticia que se generaba al excluir del beneficio del 70 por ciento del crédito no sujeto a devolución a los agricultores propietarios de una parcela comprada a un segundo adquirente y no a un asignatario original.

No me voy a extender sobre esta falta al compromiso adquirido. Está claro que se han defraudado fuertemente las expectativas que esos agricultores se habían forjado, en el sentido de que por la vía de la observación o del veto esto se iba a corregir.

Aquí se ha echado por tierra el planteamiento mayoritario del Congreso Nacional, y ha quedado de manifiesto nuestra incapacidad para hacerle ver al Gobierno lo que una mayoría del Congreso en un momento dado estimó necesario corregir. Han quedado de manifiesto también posiciones distintas que, haciendo gala de la calidad de militantes del Partido Demócrata Cristiano y seguidores y correligionarios del Presidente Aylwin, han tenido posiciones muy distintas. ¡Qué contraste tan grande hay entre la intervención del Diputado señor Acuña y la del Diputado señor Ramírez! Aquí surge en toda su dimensión la verdad del problema. Cabe preguntarse por qué vamos a generar esta diferenciación tan odiosa entre propietarios de una sola parcela, por el hecho de que algunos la compraron al asignatario original y otros a un segundo adquirente.

¿Qué diferencia hay entre un agricultor propietario de una sola parcela, si se la compró a un asignatario o a un segundo adquirente? En ambos casos se trata de una parcela y de un agricultor. Aún más, si tal como señalaba el Diputado señor Letelier, hay dudas respecto de la forma cómo se adquirieron esas parcelas a los asignatarios originales; si hay dudas de engaño, de precios mal pagados, de subterfugios utilizados para lograr que esos asignatarios vendieran esas parcelas, ¿no hay acaso una contradicción tremenda en que, además, a esos potenciales engañadores les damos el beneficio de un crédito no sujeto a la devolución del 70 por ciento y al que compró a un segundo adquirente y, en consecuencia, no pudo generar situaciones como las señaladas, se le castiga y se le dé el 40 por ciento?

Estamos, entonces, frente a una contradicción gigantesca. Se beneficia al que pudo haber engañado y se desprotege al que no lo hizo. Discriminamos entre situaciones que no tienen diferencia alguna. El Gobierno ha perdido la capacidad de entender la situación de los agricultores del país. El Gobierno no ha comprendido en toda su dimensión la injusticia que se está cometiendo y ha condenado a un sector importante de la agricultura a la imposibilidad de salir de sus deudas.

Hace prácticamente 30 años que el país inició un proceso de reforma agraria, y aún seguimos discutiendo en el Congreso la forma de terminar con la deuda de este sector y de dar una solución definitiva a la propiedad privada de estos asignatarios o segundos adquirentes del proceso de la reforma agraria.

Celebro la independencia del Diputado señor Ramírez. Ojalá otros señores parlamentarios de la Concertación adoptaran una postura semejante, sin asumir que el compromiso o la lealtad a un Gobierno es sinónimo de incondicionalidad. El señor Diputado ha tenido la valentía de reconocer un error. Ojalá muchos otros señores parlamentarios tuvieran también esa actitud.

El señor SOTA.-

¡Cuidado con la palabra incondicional!

El señor MELERO.-

No nos hace un favor a la Derecha este mal veto. No nos ayuda. Aquí lo que hace es castigar a los agricultores, y ahí es donde está nuestra defensa. Por consiguiente, lo importante es meditar sobre los alcances que la medida tendrá y lo que el veto desgraciadamente no incluye.

Ahora quiero referirme al artículo 3° que también recoge el veto. Aparte de no haber contemplado la situación de los agricultores que compraron parcelas a segundos adquirentes, el proyecto disminuye los beneficios y excluye a quienes remataron propiedades, de acuerdo con lo que las leyes y decretos establecían. En concreto, la ley N° 16.640, de la Reforma Agraria y el decreto N° 2.247. Nuevamente entramos en odiosas diferenciaciones.

Se ha dicho que son grandes agricultores, con vastas extensiones de tierras. Pero es importante señalar que ellos adquirieron o remataron predios de muy bajo valor, que la Corporación de la Reforma Agraria, en virtud de la ley N° 16.640 y del decreto 2.247, consideró que no estaba entre sus objetivos asignar. Esos agricultores los remataron y los han convertido en terrenos productivos. ¿Qué razón hay para marginarlos? Si leemos el texto del Mensaje del Presidente Aylwin cuando envió este proyecto a la Cámara, veremos que Su Excelencia decía que en este segundo grupo de deudores había interés del Gobierno en beneficiar también a quienes adquirieron predios en remates efectuados por los organismos del Estado encargados de la regularización de la tenencia de la tierra, y que "En relación con este tema, debe señalarse que se ha detectado una morosidad importante en el pago de la deuda fiscal respecto de los deudores del primer grupo es decir, los asignatarios originales y que en el segundo grupo los que adquirieron vía remate o segundos adquirentes existen deudores que, dada su condición socioeconómica, en nada se diferencian de los primeros". Pone también como voluntad del Presidente de la República el propósito de contribuir a consolidar la propiedad agraria y, muy especialmente, la propiedad privada.

¿Consolidamos la propiedad privada excluyendo a los que compraron una parcela? Lo que estamos haciendo es "pelotear" hacia futuro una situación de deudores que, después de 30 años, habría sido bueno ponerle término.

Se ha manifestado aquí por parte de algunos oradores la necesidad de ir en ayuda de los más marginados y castigados, de los que fueron afectados por el decreto ley N° 208. No entraré en defensa de ese cuerpo legal, porque tiene cierta dosis de arbitrariedad. Pero digamos la verdad de las cosas, porque si de marginados y castigados se trata, hablemos también de los precios que los dueños de los predios recibieron por ellos, producto de la reforma agraria; de los viles precios que el Estado pagó por tierras productivas. Eso es cierto y también hay que decirlo. Si vamos a hablar de castigados y de marginados, hablemos también de las más de 1.100 tomas que se propiciaron durante el Gobierno de la Unidad Popular, usurpando la tierra a las personas y vulnerando el derecho a la propiedad privada.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALESTRO.-

¿Me permite una interrupción?

El señor MELERO.-

Entonces, no hagamos hincapié en algunos ni miremos la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio, señor Palestro. Su Señoría fue parte de ese Gobierno.

El señor PALESTRO.-

¡A mucha honra!

El señor MELERO.-

Entonces, si se trata de hacer justicia, de decir la verdad sobre la reforma agraria, hagamos un esfuerzo importante para poner término a este proceso, consolidar la propiedad privada, solucionar las deudas pendientes, y que los parlamentarios de la Concertación tengan la independencia necesaria para señalar lo bueno y lo malo del Gobierno, los errores que se pueden haber cometido. El Presidente es un ser humano y puede cometer errores, o haber sido mal asesorado en un momento dado. Hay parlamentarios que así lo han señalado.

Al aprobar este artículo perdemos la gran oportunidad de hacer justicia a un sector agrícola que se había forjado grandes expectativas con este veto y que hoy las ve tremendamente frustradas.

Termino señalando la agravante que sobre todo esto significa la fecha fijada para acogerse al beneficio: el 30 de junio de 1992. De aprobarse, en seis meses más, estos agricultores tendrían que pagar la deuda si quieren acogerse al beneficio.

Nuevamente hay insensibilidad para conocer el problema de la agricultura nacional; no hay ojos para darse cuenta de que venimos saliendo de un año agrícola difícil, sometido a sequías en un comienzo, a heladas a mitad de temporada, a lluvias extemporáneas, a deudas contraídas largamente, a insumos que han subido varias veces, a una inflación que ha generado costos mayores. Entonces, si queremos ayudar a los agricultores, démosles al menos la oportunidad de que puedan reunir los recursos para acogerse al beneficio.

Temo que por las condiciones establecidas, gran parte de esta buena iniciativa, que recreaba como lo dije anteriormente la ley que dictó el Gobierno de las Fuerzas Armadas sobre la materia, la N° 18.377, se transforme en letra muerta. Temo que muchos de los beneficios que los agricultores soñaron que se entregarían no serán tales.

En esta materia no quiero ser agorero de lo que puede venir a futuro. Ojalá esto se vaya solucionando; pero, por el camino escogido a través de este proyecto se están frustrando fuertemente las expectativas del sector.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, terminó el tiempo de su primer discurso.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, por su intermedio le concedo una interrupción al Diputado señor Galilea.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Galilea.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, sólo para clarificar algunas expresiones vertidas durante la discusión del proyecto.

Creo pertinente recordarles a algunos señores Diputados que quien afianzó la tenencia de la tierra, producto de la reforma agraria, fue precisamente el Gobierno anterior. El Gobierno de la Unidad Popular no regularizó ningún título de las tierras expropiadas, proceso que debió afrontar el Gobierno militar. Fue ese Gobierno y no otro el que hizo propietarios.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor GALILEA.-

Si el Presidente de la República conoce tanto la situación de estos deudores, significa que entiende que los asignatarios son personas modestas, con dificultades para pagar sus deudas, y que los posteriores adquirentes de una sola parcela, son acomodados y no han pagado porque no han tenido ganas. No es así colegas. Ambas son personas que practican una agricultura de subsistencia, que tienen el mismo grado de dificultad, que si no se les ayuda no podrán pagar, les rematarán sus tierras y con ello su subsistencia. Son pequeños agricultores de igual condición y aquí se les discrimina en forma odiosa.

Por último, ruego a los Diputados señores Letelier y Acuña que no me fuercen a señalar en esta Sala lo que el señor Ministro manifestó fuera de acta en la Comisión de Agricultura.

He dicho. 

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Carlos Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, el veto nos ha permitido entrar en una discusión que no tuvimos oportunidad de efectuar durante la tramitación de este proyecto, sobre el problema de fondo que aborda y el esfuerzo del Gobierno por darle un respaldo y una posibilidad de solución a la situación que ha afectado durante los últimos años a un sector importante de los pequeños propietarios agrícolas deudores de la ex Cora. Nos permite analizar más en detalle situaciones que no tuvimos oportunidad de debatir en extenso y que se relacionan con dos aspectos a los cuales me quiero referir.

El primero, es la discriminación planteada respecto de aquellos propietarios de una parcela o dos, a los cuales se les da un determinado trato, con aquellos dueños de un número mayor de parcelas ex Cora.

El segundo se refiere a si se trata de primero, segundo o tercer adquirente.

¿Cuál es el problema de fondo en este último caso? Este punto ha sido tocado por varios señores Diputados y no parece necesario hacerlo nuevamente, pero sí quiero dejar en claro que durante el régimen del General Pinochet se afectó la dignidad y la tenencia de la tierra de campesinos que fueron beneficiados por el proceso de reforma agraria. Quedaron en la más absoluta indefensión y muchos fueron burdamente engañados, al amparo del régimen, incluso, con la participación directa de funcionarios del sector público agrícola, que permitieron innumerables casos de virtuales despojos, mediante la venta, a vil precio, de sus parcelas, obtenidas en un proceso tendiente a dignificar al campesino chileno y del cual obviamente los democratacristianos nos sentimos orgullosos.

Me parece lamentable que en el transcurso de esta discusión algunos señores Diputados de la Derecha se atrevan a justificar o defender lo que significó para miles de familias campesinas que durante el régimen pasado se les despojara de sus tierras, sin consideración alguna ni respeto por los derechos legalmente adquiridos.

Otro problema de fondo que dice relación con el veto, y que ha sido tocado por el colega Ringeling y otros señores parlamentarios, se refiere al artículo 2° del decreto ley N° 2.247, de 1978, y al artículo 67 de la ley N° 16.640.

El artículo 2° del decreto ley N° 2247 pretendía que los asentados que no habían podido ser asignatarios de las tierras, pudieran acceder a ellas mediante la fórmula de actuar en sociedades para postular a su compra, en determinadas condiciones y en un plazo que el mismo decreto ley establecía. No les daba mayores facilidades. El mismo artículo contemplaba una excepción: "En los casos en que los asentados no cumplan con el requisito señalado en el inciso primero del artículo precedente o no acepten la oferta de venta, la Corporación de la Reforma Agraria deberá vender esos predios, en remate o licitación pública.".

Esta es la situación que preocupa al Presidente de la República y que se pretende enfrentar con el veto. Porque son innumerables los casos a lo largo del país. Y si los colegas de la Derecha lo desean, les puedo entregar los antecedentes de mi distrito, en el cual hay por lo menos ocho comunas que son de secano costero en las que queda en evidencia que fueron muy pocas las sociedades de asentados que pudieron acceder a este beneficio. En cambio, sí existen personajes muy conocidos de la vida nacional de ese entonces que compraron parcelas en remates, porque estaban en condiciones de cumplir con las exigencias planteadas en esta disposición.

Hay casos que si cualquiera de los colegas de la Derecha los analizan revelan la tremenda injusticia y el abuso que conllevaban para los asentados y el extraordinario beneficio que se entregaba a aquel que aprovechaba esta fórmula.

Con el veto el Presidente intenta, aunque sea parcialmente, corregir esta injusticia. La mayor parte de los juicios que los asentados entablaron por esos abusos ya están prescritos. En consecuencia, quienes hemos conocido de estos casos, sabemos que ni siquiera desde el punto de vista legal hemos podido entregar asesoría para reivindicar los derechos de los afectados.

Entonces, no vengan a decir que se está afectando a personas que son propietarios de pequeños o medianos predios agrícolas. En el secano costero se trata precisamente de grandes extensiones de tierras. No quiero señalar quiénes son, hoy, al menos en mi distrito, en las comunas de Litueche, Navidad, Pichilemu, Paredoneslos dueños de esas tierras. No son precisamente pequeños agricultores, sino algunos potentados o nuevos ricos que el régimen anterior generó a través de este tipo de abusos.

La segunda disposición es mucho más clara y tampoco afecta a personas.

La letra e) del artículo 67 de la ley N° 16.640 expresa: "A ser transferidas, en las condiciones que determine el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria, cuando se trate de terrenos inaptos para el cumplimiento de los fines de la Corporación.".

Se trata de una situación que no está en discusión, que no cabe y no cae dentro de los alcances que algunos de los Diputados de la Derecha han hecho.

Quiero llamar la atención de los colegas de la Derecha. Sus Señorías se sienten tocados cuando desde nuestras bancadas los hacemos responsables o les señalamos algún tipo de complicidad directa o indirecta con muchos de los abusos cometidos durante el régimen anterior. Y entonces nos recriminan y nos dicen: "Ustedes siguen pensando en el pasado.". ¡Cómo no lo vamos a hacer, si cada vez que discutimos un proyecto, Sus Señorías son los primeros en levantar el dedo para defender, aunque sea en forma indirecta, muchos de los abusos que se cometieron!

Consideramos que los parlamentarios de la Oposición deben posibilitar, a través de la aprobación de este veto, que, como lo ha dicho muy bien el Diputado señor Letelier, los 38 mil o más pequeños propietarios, que lo fueron gracias al proceso de reforma agraria, tengan este beneficio. No digan que se trata de un grupo pequeño en el que incluso puede haber alguno que no será beneficiado; yo conozco algunos casos, en mi distrito; pero cuando la norma es general, evidentemente es de justicia. En ese sentido, Sus Señorías son abogados de una causa que, en ningún caso, los debe enorgullecer. Muy por el contrario, constituye un nuevo ejemplo de cómo, una y otra vez, vuelven a ser solidarios con situaciones muy injustas ocurridas durante el régimen anterior.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, terminó el tiempo de su primer discurso.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, debemos posibilitar que haya ley sobre este tema, y la Derecha tendrá que asumir su responsabilidad política frente a los pequeños propietarios agrícolas de este país si se oponen a este veto.

Con su venia, concedo una interrupción a mi colega el Diputado señor Ramírez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Ringeling también le había solicitado una interrupción.

Tiene la palabra el Diputado señor Ramírez.

El señor RAMIREZ.-

Señor Presidente, aquí se han dado algunas cifras inexactas. Se ha dicho que este proyecto favorece a 40 mil pequeños propietarios. Eso no es cierto. Esta iniciativa aborda un problema que afecta a 9 mil parceleros, que son los que hoy tienen deudas, y 4 mil más que quedan marginados. No se trata de grandes propietarios ni de gente que haya comprado ocho o diez parcelas. Esa gente ya pagó sus parcelas hace mucho tiempo. O sea, no están afectas. No los estamos castigando ni premiando. Eso no tiene vuelta. Si cometieron abusos quienes adquirieron 10, 20, 30 ó 40 parcelas, ya las compraron y no hay nada que hacer. Eso no lo soluciona éste ni otro proyecto. Procesalmente, tampoco se resolverá, porque las acciones están prescritas.

Lo que sostengo es que son 4 mil propietarios que quedarán en condiciones precarias; que los términos en que está redactado el veto no facilita que esta gente pague sus parcelas. Estas 4 mil personas tienen dos caminos. O se consiguen la plata, cosa que es totalmente imposible para estos pequeños propietarios, o van a un banco para que les preste los 5 ó 6 millones de pesos que deberán pagar. Eso significa que si no pierden la parcela ahora, ello sucederá en dos años más, cuando el banco se las remate. Pero, de todas maneras la perderán, debido a que las condiciones en que hoy se consiguen estos créditos hace imposible que un pequeño parcelero, con la rentabilidad de sus tierras, pague la deuda. Además, les será difícil conseguir estos créditos, porque no tienen respaldo para los bancos ni quien los avale.

Por eso, después del 30 de julio, cuando ya no puedan pagar sus parcelas, la Tesorería se las rematará lo que creará un problema de marca mayor en este país: simplemente estamos condenando a 4 mil familias campesinas. ¡Qué digan lo que quieran! ¡Podrán ser segundos, terceros o cuartos adquirentes, pero son pequeños propietarios! ¡Son campesinos de este país! ¡No es cierto que son ricos! ¡No es efectivo que sean personeros de la industria, la agricultura, profesionales, porque esa gente cuando compró parcelas, las pagó! ¡Las pagaron hace mucho tiempo! ¡No se trata de médicos, ni de abogados, ni de ingenieros! ¡Esos compraron parcelas de agrado y las pagaron porque tenían plata! ¡Aquí estamos hablando de 4 mil propietarios pequeños! ¡De gente que vive en la miseria, de gente muy pobre en este país! ¡Se trata de campesinos que viven con su mujer y sus 10 chiquillos en la casa! ¡Se trata de gente que no tiene cómo pagar un salario! ¡Se trata de gente que ha vivido durante 15 años en la miseria más absoluta! ¡A ellos los estamos condenando!

No se venga a plantear los problemas de otra manera.

Se ha cometido un error y lo pagaremos caro. Los agricultores a quienes no les hemos solucionado el problema no son los ricos de este país. No.

Aquí no hay ningún rico. Son hombres que he conocido en mi zona, que fueron medieros, mayordomos, pequeños minifundistas, quienes con mucho esfuerzo han comprado parcelas, endeudándose, y que trabajan día a día, de la mañana a la noche, de sol a sol, porque no tiene horario. Son personas que deben acudir a Indap para que les den 80 ó 100 mil pesos, con lo cual no consiguen nada; que no pueden ir al Banco porque no disponen de medios para hacerlo. Además, les pagan sus productos a mal precio, porque tampoco cuentan con la posibilidad de organizarse en ese sentido. A esa gente se le rematarán sus predios y los expulsarán de sus tierras.

Aquí no estoy defendiendo a latifundistas, a ningún hombre del secano costero que ha comprado miles y miles de cuadras. Eso tampoco es cierto. Estoy defendiendo a gente que conozco en 40 años de vida política, porque soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de agricultores y estoy en una zona en la que mi familia lleva más de 400 años. Es esa gente la que defiendo. Es muy pobre. Cuando me inicié en la vida política, eran inquilinos, y con ellos había que reunirse a las tres de la mañana, porque los dueños de fundos de ese entonces, no nos dejaban entrar a conversar con ellos.

Esa gente ha ido progresando, y compró tierras. A esa gente el próximo 30 de julio le quitamos la posibilidad de poder pagar y ser dueños de sus tierras.

Vuelvo a repetir, y debo hacerlo porque soy leal con el Presidente de la República y le tengo aprecio; éste es un error de Su Excelencia, y sabiendo que él es un hombre justo, espero que después de leer las intervenciones que hemos tenido, con la bonhomía que tiene, por su forma de ser, cuando entienda que se ha cometido una equivocación, nos mandará un proyecto de ley para corregir este problema. Confío que así sea, pero por ahora no podría decir algo diferente. Yo no siento una cosa distinta. No he nacido a la vida política para halagar a nadie; no soy lacayo de nadie; tengo independencia política y quiero a mi Partido, en él llevo muchos años. Precisamente, como soy leal con el Presidente de la República, como quiero a este Gobierno y como deseo que la Concertación subsista, si advierto que se ha cometido una injusticia o un error, tengo el derecho y el deber de pedir que se corrijan, a fin de que el día de mañana no se eche en cara, como seguramente ocurrirá.

He dicho.

Aplausos.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, solamente quiero agregar a mi intervención que si la lectura del decreto ley N° 2.247 se realiza in extenso, la situación que preocupa a mi querido colega, camarada y amigo Gustavo Ramírez, efectivamente no se produce a causa del veto aditivo.

Ese decreto ley establecía que el beneficio de la compra directa estaba destinado a los asentados que no tuvieran deudas pendientes en ese momento y podían regularizar situaciones en un plazo de 30 días y sólo en caso de que esos asentados o sociedades de asentados no pudieran cumplir con esta disposición, entonces entraba en vigencia la letra e) del decreto al que hace referencia el veto, es decir, los remates de estas tierras.

Además, deseo hacer presente a mi colega Ramírez que habría sido interesante que en este punto de discusión y en eso sí coincido con lo señalado por el Diputado señor Galilea hubiéramos tenido la presencia en la Sala del señor Ministro de Agricultura, de tal manera que respecto de algunas de estas materias hubiera podido existir, de parte del Ejecutivo, una información mucho más completa o tan completa como la que recibieron nuestros colegas en la respectiva Comisión.

En todo caso, nuestro respaldo al veto aditivo es con la clara convicción de que quienes pudieron acceder a estas compras o remates no compraron pequeñas propiedades, sino extensas propiedades de secano costero. En muchos de nuestros distritos sabemos en manos de quienes quedaron en definitiva.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

En este caso, corresponde que el Diputado señor Ortiz retire la petición de cierre del debate, para los efectos reglamentarios, y así poder continuar.

Después, si lo estima adecuado, puede volver a hacer esta presentación.

Tiene la palabra el Diputado señor Jara.

El señor JARA (don Sergio).-

Señor Presidente, trataré de ser lo más breve posible para los efectos de avanzar en el estudio de estas observaciones.

Hay dos problemas en este asunto. Uno, el veto aditivo, que evidentemente perfecciona el proyecto aprobado por las dos Cámaras, por lo cual nada puede impedir a la bancada de la Democracia Cristiana respaldarlo plenamente. En síntesis, particularmente su artículo 3°, tiene una finalidad aclaratoria respecto del pronto pago, que cuenta con un crédito fiscal no sujeto a devolución, equivalente al 40 por ciento del total de la deuda con relación a dos parcelas. Este beneficio expresamente excluye otro tipo de predios enajenados por organismos públicos a particulares, en otras condiciones.

Lo anterior tampoco impide que este beneficio se recupere para inmuebles adquiridos por socios de las ex Sara o también por trabajadores agrícolas, tal como lo indican los artículos 5°, 6° y 7° del proyecto de ley.

En consecuencia, el tema del veto aditivo no tiene más trascendencia que restringir los beneficios a que hace referencia este proyecto a poco más de 200 propiedades agrícolas de gran extensión, las cuales no están sujetas, ni deben estarlo, a beneficios respecto de parcelas productiva, Cora.

Además, en el debate se ha tratado de dejar en evidencia que este proyecto es perjudicial. Pero si revisamos las estadísticas pertinentes del Servicio de Tesorería, que constan en las actas de la Comisión de Agricultura, encontramos que hay 28.012 asignatarios originarios, de los cuales 7.341 se encuentran morosos. De acuerdo con el proyecto, estas personas recibirán el beneficio de un 70 por ciento, en forma permanente. Además, si están en mora, se les condonarán los intereses y las multas.

En consecuencia, este proyecto, desde ya, beneficia a 28.012 personas, cifra que considero bastante interesante, pensando hacia adelante respecto de cualquier plazo que estas personas puedan tener y que consten en los contratos pertinentes.

En cuanto a los segundos, terceros o cuartos adquirentes, según las estadísticas del Servicio de Tesorerías, en la actualidad son 13.313 personas, entre las cuales debemos distinguir aquellas que adquirieron las parcelas a su asignatario original, las cuales se hacen acreedoras al 70 por ciento del crédito fiscal, aquellas que compraron varias parcelas y que reciben el 40 por ciento del crédito fiscal, y las que por distintas razones no pueden pagar como dice el Diputado señor Ramírez.

Si bien la situación es delicada para los terceros adquirentes de una sola parcela Cora, aspecto que se ha planteado en las respectivas Comisiones y también en esta Sala, en números es mucho más relativa que la de quienes resultaron beneficiados con este proyecto, de tan lata tramitación.

El hecho de que esta iniciativa de ley haya estado prácticamente un año en trámite y de que en ella se haya considerado la condonación de la deuda de 1991, lo que permitió a los agricultores recuperar su capacidad de pago todos saben que tiene plazo hasta junio para hacer un pronto pago hace un poco relativo el perjuicio que se produciría al no hacer aceptado el Ejecutivo un plazo de pago hasta el 30 de diciembre de 1992.

En consecuencia, con números en manos, podemos decir, primero, que el proyecto es beneficioso, especialmente para los asignatarios originarios, y segundo, que si presenta dificultades para los propietarios de una sola parcela adquirida a un asignatario en segunda transferencia, esa situación podríamos analizarla en el futuro. Para eso existen las Cámaras y la función colegisladora del Presidente de la República, y si son varios miles las personas modestas involucradas en el asunto, no me cabe duda de que podría buscarse una solución.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, quiero anunciar los votos favorables de la bancada radical social demócrata a este veto y hacer unas breves reflexiones sobre la materia.

Después de escuchar la intervención de algunos señores Diputados de Oposición, quienes han demostrado una casi dramática sensibilidad por los beneficios que se entregarán a un grupo de chilenos que trabaja sacrificadamente la tierra, me siento obligado a hacer algunas digresiones respecto de la sinceridad de sus expresiones.

Hoy día estamos legislando sobre un proyecto que pretende solucionar graves problemas que afectan a modestas familias campesinas. Pero, frente a los planteamientos de las bancadas de la Oposición, me remitiré a una cifra que, más que un largo discurso, pienso que aclarará dónde está la intención de hacer justicia.

Al término de 1973, existían en Chile cerca de 50 mil parceleros. Al final de 1989, quedaban aproximadamente 22 mil. De ellos, al término del período del gobierno autoritario, como se reconoce en este proyecto, 13 mil se encuentran en una grave situación al no poder enfrentar el pago de las deudas acumuladas durante ese proceso.

En forma descarnada, podemos señalar que toda esta situación fue creada precisamente en el gobierno que apoyaron y sostuvieron quienes hoy rasgan vestiduras y dicen tener mayor sensibilidad frente al problema.

Cuántos partieron el año 73? Cincuenta mil. ¿Cuántos quedaron al término de los 17 años de gobierno autoritario? Veintidós mil, y de éstos, 13 mil absolutamente endeudados y desesperados.

Pero resulta alentadora la nueva actitud de los colegas que apoyaron el régimen pasado, porque significa una autocrítica que revela que, en alguna medida, permitieron el abandono total de los pequeños parceleros, al no darles acceso al crédito ni entregarles asistencia técnica. Nada hicieron entonces por impedir que cerca de 28 mil trabajadores de la tierra perdieran, de una u otra manera, los predios que les había entregado un Gobierno progresista y con sensibilidad social.

Un colega señaló esta mañana que hubo muchas ventas fraudulentas. Efectivamente, a vista y paciencia de muchas autoridades, la desvergüenza en este sentido llegó a extremos tan graves que muchos ex funcionarios de la Cora, del SAG y del Indap de la época adquirieron parcelas con presiones y chantajes. Sabían quienes no podían cancelar las cuotas y los presionaban sicológicamente. Por pocos pesos, obtuvieron cinco o seis parcelas que hoy les permiten disfrutar de una "jubilación anticipada".

La intervención del colega Longton respecto de veto demuestra su preocupación por los predios enajenados por la ex Corporación de la Reforma Agraria, la ex Oficina de Normalización Agraria y el Servicio Agrícola y Ganadero, que fueron excluidos. Se refiere puntualmente a los grandes fundos entregados en 1973 y 1974. A través de seudas subastas, de seudos remates se regalaron importantes extensiones de tierra.

Esto da para escribir muchas páginas. Es conocido el caso de un importante agricultor de la provincia de Malleco que regaló cierta cantidad de hectáreas a una unidad militar y recuperó un campo que le había sido expropiado por la reforma agraria. Por la vía de la presión del poder autoritario, decenas de personas fueron desalojadas de la tierra que les iba a pertenecer definitivamente.

Es justificada la inquietud del Diputado señor Ramírez respecto de 3 mil pequeños parceleros terceros adquirentes; pero ciertos sectores la aprovechan para ensombrecer la riqueza y sensibilidad social del proyecto del Gobierno.

Cuando un colega de la Derecha dijo que en el régimen pasado se hizo todo lo inteligentemente posible para afianzar las expectativas de la tierra, no sé si se refirió a aquel ministro que señaló a los pequeños y medianos agricultores que era preferible comerse las vacas, frente a una depreciación del ganado que hizo que miles quebraran y perdieran sus tierras.

Hubo grupos que manejaron la economía agraria a su arbitrio y amaño.

Los grandes agricultores no sufrieron en el Gobierno pasado. Tuvieron acceso al crédito, cuya cancelación dilataban, de una u otra manera. Por el contrario, los pequeños y medianos agricultores tuvieron que entregar su tierra a los grandes. Digamos la verdad: la sensibilidad de sectores de la Derecha no está avalada por las acciones que realizaron en el pasado.

Con la actual política, los esforzados agricultores encontrarán las reglas económicas que les permitirán desarrollar sus actividades, porque a través de los organismos de desarrollo y fomento y del banco, habrá créditos con tasas que, sin duda, impedirán que hombres de trabajo tengan que entregar sus tierras para pagar los préstamos.

Por estas razones, anuncio nuestros votos favorables al veto al proyecto de ley.

Concedo una interrupción al Diputado don Jaime Campos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, es equivocado el debate del proyecto de ley que nos ocupa, puesto que procedimentalmente corresponde abocarse a la discusión de los puntos que contiene el veto de Su Excelencia el Presidente de la República, y no replantear todo lo concerniente a los beneficios que pretende otorgar a los adquirentes de predios de la reforma agraria. Más que analizar el veto, en verdad se ha discutido en general el proyecto, como si se tratare del primer informe, del primer trámite legislativo.

Lo más grave es que se ha pretendido atribuir a las observaciones del Presidente de la República las deficiencias, los errores y los problemas que algunos señores Diputados han detectado, en circunstancias de que el problema no está en el veto. Supuestamente, estaría en el proyecto de ley aprobado por ambas ramas del Congreso Nacional hace algún tiempo. En cierto modo, se trata de una maniobra distractiva, tendiente a eludir las responsabilidades que tenemos como parlamentarios sobre la materia.

¿Por qué digo esto? El proyecto de ley que otorga beneficios a los adquirentes de predios afectos a la reforma agraria fue enviado al Congreso Nacional por Su Excelencia el Presidente de la República hace bastante tiempo. Ingresó a la Cámara de Diputados; fue discutido largamente por su Comisión de Agricultura y con posterioridad por la Sala. Aprobado en un sentido determinado por las mayorías que en esos momentos se expresaron, se envió al Senado. Tanto en Sala como en Comisión, lo discutió y lo aprobó. Como hubo diferencias entre lo aprobado por la Cámara y lo aprobado por el Senado, se constituyó una Comisión Mixta, en la que participaron casi todos los parlamentarios que en esta oportunidad se han manifestado tan contrarios al proyecto de ley. La Comisión Mixta emitió su informe. La proposición fue aprobada por el Congreso Nacional.

Hoy, algunos Honorables Diputados consideran prácticamente una injusticia o el establecimiento de situaciones arbitrarias y discriminatorias lo aprobado por la Cámara y el Senado. Tratan de reparar o de representar, en una oportunidad poco pertinente, lo que estiman y entonces no hicieron. Ahora que el Presidente de la República presenta observaciones que afectan a otras materias, replantean toda la discusión sobre el tema de la reforma agraria y pretenden atribuir a Su Excelencia negligencia por no incluir en el veto lo que a ellos interesa.

Esto es irresponsabilidad parlamentaria y una maniobra distractiva, que sólo confunde a la ciudadanía y en nada prestigia al Congreso Nacional. Debieron hacer las reservas a través de indicaciones, oportunamente. Si no fueron aprobadas en su tiempo, quiere decir que la mayoría parlamentaria se expresó en un sentido diverso. Pero no atribuyamos hoy al Presidente de la República vuelvo a repetirla ausencia de normas que en su momento el Parlamento no fue capaz de aprobar.

En esta oportunidad, sólo corresponde referirnos a las materias contenidas en el veto de Su Excelencia el Presidente de la República.

En lo que se refiere al artículo 3°, largamente discutido porque establece los beneficios a los adquirentes de predios de la reforma agraria, nada de lo dicho por los Honorables colegas que han anunciado su voto en contra ha sido tocado o afectado por el veto. Lo único que hace es excluir de los beneficios que aprobamos hace algunas semanas a los predios enajenados por la ex Corporación de la Reforma Agraria, la ex Oficina Nacional de Normalización Agraria y el Servicio Agrícola y Ganadero. La precisión, obviamente, es de toda justicia.

Algunos colegas han afirmado que esta observación es discriminatoria. Posiblemente, puesto que desde ningún punto de vista, jurídico, moral o político, la situación de los asignatarios o de los parceleros de la reforma agraria, que serán favorecidos con los beneficios que hoy estamos aprobando, puede equipararse con la de personas que compraron fundos que, en su época, fueron de la reforma agraria, por medio del procedimiento que se está excluyendo.

Luego, ¿es discriminatorio el veto? ¡Por supuesto! Está bien en los términos señalados, puesto que por ninguna consideración, ni jurídica, ni política, ni ética ni moral la situación de los parceleros o de los asignatarios de la reforma agraria puede ser comparada con la de quienes compraron fundos de la reforma agraria en 1974, 1975 ó 1976, como se recordó.

El debate de esta mañana, en cierto modo, confirmar algunos temores, aprensiones o juicios que varios parlamentarios hemos expresado, tanto en público como en privado. Digamos las cosas como son: el tema más sensible para la Derecha chilena se vincula con la tenencia de la tierra.

Cada vez que el Congreso Nacional discute un proyecto de ley que afecte, de uno u otro modo, dando o dejando de dar derechos o beneficios a quienes detentan el derecho de propiedad de terrenos agrícolas, la Derecha reacciona. Históricamente, siempre ha sido así. Los grandes agricultores y los grandes terratenientes siempre han tenido, como buenos abogados y grandes defensores, a los parlamentarios de Derecha. Los parlamentarios de Derecha de hoy no han hecho nada más que cumplir con su sino histórico. Han hecho lo mismo que hicieron sus abuelos, sus padres y posiblemente harán sus hijos.

Una vez más nos encontramos en posiciones distintas los que política, económica y éticamente tenemos concepciones diferentes. Luego, este debate no debería extrañarnos. Lo que extraña es que la Derecha no aprenda de sus errores, que no sea capaz de sacudirse de su pasado y enfrentar el porvenir en otras condiciones. Es el llamado que le hacemos, una vez más, los radicales.

Por último, término recordando a los parlamentarios de Derecha algo que mencioné en una oportunidad anterior: una norma del Reglamento inhabilita a los parlamentarios que tengan interés personal, a través de ellos o de parientes, en votar en este tipo de cuestiones.

De manera que a los parlamentarios que tienen parcelas de la reforma agraria, o que compraron fundos por sí o por intermedio de sus parientes, les ruego que se abstengan de votar.

He dicho.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alamos.

El señor ALAMOS.-

Señor Presidente, llaman la atención diversos aspectos que se han planteado hoy. Es así como el Diputado señor Campos manifiesta su extrañeza de que en esta Cámara se discuta el incumplimiento de un compromiso que acordó la Comisión Mixta. Naturalmente, el hecho de que no se cumpla un compromiso, sobre todo, por parte del Gobierno y del Presidente de la República, ha llamado la atención y ha sido la razón de este debate.

En la Comisión el Diputado señor Campos se mostró partidario de favorecer a mayor número de parceleros, en el caso de segundos, terceros y cuartos adquirentes; encontró que era justo hacerlo, pero hoy parece que se ha olvidado de ahí mi sorpresa de lo que expresó en esa oportunidad.

Hay otras situaciones que, asimismo, han llamado la atención.

El Diputado señor Latorre hablaba de la falta de compromiso del Gobierno; del atropello perpetrado por el Gobierno militar, en el sentido de quitarles las tierras a aquellos "propietarios". Entre comillas, porque no hubo ninguno antes del 11 de septiembre de 1973; de modo que mal pudo el campesino haber quedado sin tierra si nunca la tuvo. Lo que hizo el gobierno anterior fue tratar de dar, mediante las parcelas, la propiedad de la tierra, iniciativa que presentó algunos problemas, pero que, no obstante, fue un paso adelante. Ninguna bancada puede estar de acuerdo en que se hayan cometido atropellos y se haya robado a los parceleros; pero en mi zona conozco a abogados, de las diferentes tendencias de las bancadas aquí representadas, que hicieron posible que muchas parcelas fueran robadas a campesinos. La minoría, por suerte; pero hay de todo. Aquí siempre se trata de atribuir a un sector la comisión de hechos equivocados, en circunstancias de que los ha habido en todas las tendencias. Pero, en la generalidad de los casos, la gente y los funcionarios actuaron correctamente, y los parceleros ahora tienen legalmente sus parcelas, sean primeros, segundos, terceros o cuartos adquirentes.

De la argumentación que se dio, el señor Ministro de Agricultura que en un momento estuvo muy duro fue recogiendo las inquietudes de los distintos parlamentarios, porque le decíamos: "¿No es acaso más justo, tal vez, que el hombre que se arriesgó a comprar una parcela para trabajarla reciba una cooperación del Estado, que aquel otro que la recibió, a veces barata, a veces más cara, pero un poco como regalo del cielo al ser el primer adquirente? Creo que todos han tenido problemas, y todos debieran haber salido beneficiados con esta ley.

Cuando el Diputado señor Galilea, con mucha razón, hablaba de la insensibilidad del Presidente de la República, el Diputado señor Letelier le contestó diciendo que el Presidente, en sus tiempos de Senador, había sido un ferviente promotor de la ley de reforma agraria. Y así es. El entonces Senador Aylwin fue el principal impulsor, en el sentido de que posibilitó que los propietarios, los dueños anteriores de las tierras, fueran expulsados de sus casas antes de que se finiquitara el proceso de la reforma agraria; hecho indudablemente injusto, que causó perjuicios morales y económicos a muchos chilenos que tenían pleno derecho a sus propiedades.

En resumen, creo que el veto del Ejecutivo podría ser dañino en algunos casos que aquí se han mencionado. Así, por ejemplo, en el caso de remates de predios de la Cora, hubo agricultores y empresarios que se atrevieron a participar en ellos con bonos de la reforma agraria, que tenían muy bajo valor, y quienes los poseían perdieron la facultad de darles algún valor al cederlos a las personas que remataban esas tierras. Eso se vio contrarrestado porque los precios de los remates, en general no digo siempre, fueron alzados considerablemente por el hecho de que los subastadores eran poseedores de dichos bonos que imputaban al valor de la adjudicación.

Es cierto que las tierras que se adquirieron fueron, muchas veces, grandes extensiones, pero no de la reforma agraria. También hubo pequeñas extensiones. En reservas de la Cora hubo diversas extensiones y hoy existen propietarios que son empresas forestales; pero también hay pequeños propietarios que podrían haberse visto favorecidos de no haber sido elaborado este veto en la forma como se hizo.

Lamento que entre los agricultores, parceleros, en general, se haya producido una frustración tan grande, y, naturalmente, es el Presidente de la República quien ha permitido que ello suceda. Es más, en la Comisión se le preguntó al señor Ministro de Agricultura acerca del monto de los menores ingresos que tendría el Fisco a no permitir que todos los dueños de una parcela no sólo los primeros adquirentes se acojan a esta futura ley; pero no se obtuvo respuesta. De modo que no me extraña que en la Comisión de Hacienda tampoco haya habido la información necesaria para discutir este proyecto con la profundidad que merece.

Concedo una interrupción al Diputado señor Longueira.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, el Diputado señor Roberto Muñoz Barra planteó que en 1973 había 50 mil parceleros en Chile. Ese año no existía un solo parcelero en el país; sí había 50 mil estafados por el gobierno de la Unidad Popular que no les entregó sus tierras.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGUEIRA.-

Porque vamos a hablar de gente estafada, hablemos de los 50 mil parceleros que no recibieron títulos. Fue el gobierno del General Pinochet el que entregó títulos a los 50 mil parceleros que el Diputado señor Muñoz Barra reconoce que existían, pero a partir de 1974. Entonces, no armemos escándalo aquí por las compras que pudieron haberse hecho. Lamento que, a lo mejor, algunas hayan sido fraudulentas como varios colegas sostienen que se hicieron a lo largo del país; pero tengamos claro que en 1973 no había un solo parcelero, y si hoy quedan veintidós mil, por lo menos son bastante más de los que recibió el Gobierno militar, puesto que no había ninguno.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGUEIRA.-

Es muy importante que sigan la misma suerte los bienes de los partidos que los de la reforma agraria, señores Diputados.

El Diputado señor Campos empezó su intervención reclamando que nadie se había referido al veto; pero él abordó prácticamente, aspectos que no se relacionan con las observaciones y terminó narrando toda una historia de lo que hizo la Derecha en el pasado y pronosticó su futuro. Le deseo la misma suerte al Partido Radical que la que nos ha vaticinado a nosotros porque afirmó que nuestros hijos seguirán planteando lo que expresaron sus abuelos de la Derecha. Ojalá que los nietos del Partido Radical, que en el futuro lleguen aquí, continúen con las intervenciones brillantes que, a veces hacen sus actuales parlamentarios.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si algún señor parlamentario se siente inhibido de votar, lo dirá en su momento.

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, todo esto nace de la intervención del Diputado señor Campos, que fue muy insolente; pero ya quedaron inhabilitados en la oportunidad anterior, porque quedó muy claro quiénes son propietarios. Lo único que quiero decir es que se deben inhabilitar quienes están morosos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No es posible dividir cada una de ellas; pero debiera votarse cada observación por separado. El veto tiene distintas partes.

En votación, entonces, las observaciones del Presidente de la República, salvo el artículo 3°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobadas las observaciones del Presidente de la República.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor Secretario dejará constancia de esa anomalía.

En votación la observación al artículo 3°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 31 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Con lo cual queda aprobada la observación del Presidente de la República y despachado el veto.

Se suspende la sesión hasta las 15:15 horas.

Se suspendió a las 13:43 y se reanudó a las 15:15 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Se suspende por 10 minutos.

Se suspendió a las 15:15 y se reanudó a las 15:26 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede subsidio compensatorio a la industria del carbón.

Diputado informante de las Comisiones de Minería y Energía y de Hacienda es el Diputado señor Huepe.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 480-08 y se encuentra en el número 9 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Comunico a los señores Diputados que se encuentran presentes en la Sala tanto el señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, don Jaime Tohá, como el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don René Cortázar, quienes han pedido autorización para que ingrese a la Sala la señora María Isabel González, jefa del área del carbón de la Comisión Nacional de Energía.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, agradezco a los colegas la confianza de haberme designado Diputado informante de las Comisiones de Minería y Energía y de Hacienda.

Deseo recordar que este proyecto se discute en un momento en que la opinión pública todavía está impactada por el despido de 756 trabajadores en Schwager, manifestación de la crisis que vive el carbón. Sin duda esta industria estaba viviendo una situación extremadamente difícil, y este proyecto pretende solucionar parcialmente algunos de sus problemas.

Antes de entrar al texto del proyecto, daré algunas cifras que caracterizan a la industria del carbón, para que los colegas aprecien su magnitud y la influencia que ella tiene en determinadas zonas.

En nuestro país el carbón se produce, fundamentalmente, en tres regiones: en la Octava, donde está la explotación más tradicional; en la Décima, fundamentalmente en la zona de Valdivia, y en la Duodécima, con la nueva empresa Cocar.

La relación de producción de carbón entre estas regiones, si llevamos todo a una misma base porque obviamente son de calorías distintas, que es la que toma el sector eléctrico, de 6.350 kilocalorías por kilo, tenemos 1.520.000 toneladas de producción en la Octava región; 100.000 toneladas en la Décima; 720.000 en la Duodécima.

Se consideramos el número de trabajadores, comprobamos que la productividad en la Octava Región es mucho más baja que la de las otras regiones.

Ahora, en la misma Octava Región, podemos distinguir tres tipos de minería; la gran minería, con sus tres grandes empresas: Enacar, Carvile y Schwager; la mediana, con un conjunto de empresas con promedio entre 100 y 300 trabajadores, y la pequeña, donde están fundamentalmente los pirquineros. Hay distribuidos aproximadamente 8 mil trabajadores en la gran minería; 2 mil, en la mediana, y 4 mil, en la pequeña.

La producción en la gran minería es de 1.220 mil toneladas aproximadamente. En la mediana y pequeña alcanza 300 mil. Estas cifras nos permiten situar el contexto en que se desenvuelven las empresas del carbón, en la Octava Región donde la crisis ha tenido la más clara manifestación.

De las tres grandes empresas de la gran minería del carbón, podemos distinguir dos estatales y una privada: Enacar, con 5.200 trabajadores; Carvile, con 1.100, y Schwager, con 2.100, antes de los despidos; con una producción de 750 mil, 117 mil y 350 mil toneladas, respectivamente.

Ahora esta crisis afecta a toda una zona, porque su dependencia del carbón es mucho más significativa que la que tienen en otros lugares otras actividades importantes o predominantes.

Voy a dar algunas cifras para evaluar su impacto social. El porcentaje de jefes de hogar ligados a la industria del carbón o relacionados con ella en las comunas de la Octava Región, son los siguientes: en Coronel, 20 por ciento; en Lota, 55 por ciento; en Curanilahue, 73 por ciento; en Lebu, 30 por ciento.

Como pueden ver, aquí no se trata sólo de los 14 mil trabajadores que laboran en estas faenas, ya que afecta a toda la vida de las comunas. Todos saben en Chile, y las cifras así lo comprueban, que se trata de comunas con una situación social muy difícil, comunas que pueden ser calificadas de extrema pobreza e, incluso, de indigencia. En la zona de Curanilahue los censos que permiten establecer los niveles de vida demuestran que el 34 por ciento de la población vive en la pobreza y el 16 por ciento en la indigencia.

Por lo tanto, la crisis de la industria del carbón es una crisis de la zona, y la difícil situación económica y social que origina puede afectar a 150 mil personas que viven ligados a ella.

Por razones de tiempo, no haré una relación sobre los ciclos que ha tenido la industria del carbón, que ha pasado por períodos de alta producción y por otros de muy baja, pero, en general, con una variación enorme, lo que hace muy difícil programar a largo plazo.

Uno podría recordar ayer mostré en la Comisión estadísticas de 1984proyecciones de demanda del año 84, que planteaban un consumo muy superior al que efectivamente resultó. Eso provocó inversiones adicionales en la industria del carbón, como en el caso de Lota, donde se hizo una inversión fuerte para el Manto 3, lo que ha significado un aumento importante en su producción, en circunstancia de que la situación del mercado es muy inferior a la que se estimaba en las proyecciones iniciales.

Centrándonos en la situación de la Octava Región, ¿a qué se debe la crisis que vive el carbón? Allí hay factores adversos permanentes. Un primer factor es la compleja extracción del mineral, que se obtiene de yacimientos subterráneos, con características geológicas muy difíciles. Schwager es una de las minas más profundas del mundo, ya que tiene alrededor de mil metros de profundidad. Lota tiene galerías que se extienden por 8 ó 9 kilómetros. O sea, hay una situación geológica que hace muy difícil la extracción del carbón y con costos crecientes.

Un segundo factor se refiere a los pocos usos alternativos que tiene el carbón. Vale la pena señalar que Chile, país que tiene una alta producción, casi no se hace investigación sobre este mineral. En otras partes se le ha dado usos que perfectamente se podrían aplicar en Chile. Habría un desafío enorme para hacer investigaciones destinadas a promover usos alternativos, porque actualmente sólo se utiliza para generar calor, para la electricidad o para la industria.

Un tercer factor adverso es la disminución de los precios internacionales/debido a la explotación de grandes yacimientos de superficie. Han aparecido en el mercado mundial países como Colombia y Venezuela, que tienen características geológicas extremadamente favorables en relación con la situación chilena. Sus minas no son subterráneas, sino a tajo abierto, con potencias de 2 ó más metros. En Lota Schwager hay vetas que tienen potencias, que es el alto del manto, de 50 a 60 centímetros, lo que hace que las condiciones de trabajo sean absolutamente insalubres.

Un cuarto factor adverso es la existencia en otros países de una importante cantidad de proyectos de expansión, especialmente en Colombia, país que está haciendo planes para producir 30 ó 40 millones de toneladas en los próximos años. Venezuela también tiene importantes proyectos de expansión.

A esto debiéramos agregar algunos factores ocasionales que han agravado la situación. La disminución del precio del petróleo pesado, del fuel oil número 6, que es un competidor claro del carbón; la situación pluviométrica, que ha significado el fin de la sequía, hecho que es muy favorable en otros aspectos de la vida nacional, pero que ha significado un problema bastante grave para el uso del carbón, y, por último, está el problema del carbón importado que tiene mejor calidad y menor precio, lo que constituye una competencia bastante complicada para el producto nacional. En la intervención que tuvo el gerente de Chilgener, en la Comisión de Minería, nos dio cifras bastante impactantes. Por ejemplo, explicó que había tipos de carbón con menos porcentaje de azufre, y ceniza, con más alto nivel calorífico y a precios 20 a 30 por ciento inferior al nacional.

¿Qué podemos hacer y qué pasos se han dado frente a esta crisis?

De acuerdo con lo que nos informó el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía en la Comisión, el Presidente de la República creó una comisión interministerial hace unos seis meses para analizar la situación del carbón. Desde comienzos del Gobierno se han planteado algunas proposiciones y se han adoptado varias medidas, entre ellas, la nivelación de aranceles para el producto importado con respecto a los países de la ALALC, lo que significó un pequeño aumento de 13,5, a 15 por ciento. Desafortunadamente, a los pocos meses después se dispuso una disminución de aranceles. Esto tiene una serie de justificaciones dentro de la política macroeconómica del país, por diversas razones, pero afectó negativamente al carbón, ya que el arancel bajó a un 11 por ciento.

Después hubo un trabajo de persuasión para que Chilgener no comercializara carbón importado. Se pidió que se limitara a comprar carbón importado para su consumo, pero que no lo vendiera a terceros. Ello se hizo debido a que aparecieron avisos en revistas especializadas donde Chilgener anunciaba que iba a vender carbón importado a terceros, y ofrecía servicios para proceder a su venta. Afortunadamente, se logró paralizar.

Después se firmó un convenio de cooperación técnica con el Departamento de Energía de Estados Unidos y, además, un programa de capacitación en seguridad para los pirqueneros.

Junto con eso, se han anunciado tres proyectos. Uno es el que vamos a estudiar más en detalle en esta ocasión, y que concede subsidio compensatorio a la industria del carbón; otro es un proyecto de asociación entre Enacar y, eventualmente, Carvile con el sector privado para desarrollar otro tipo de actividades en la zona del carbón y, el último, un proyecto, que será una ley general, de jubilación anticipada por trabajos pesados, la que obviamente beneficiará a los trabajadores del sector.

Frente a este panorama, ¿qué pretende este proyecto de ley? Está claro que la solución de fondo, de largo plazo, es disminuir la dependencia del carbón de la zona. Ello significa adoptar medidas de fomento para otros sectores productivos. Incluso, nuestra gran aspiración es que la provincia de Arauco, y en especial las comunas de Lota y Coronel, además de representar a la zona del carbón desde el punto de vista histórico, sea centro de desarrollo industrial, con otro tipo de actividades.

Hacia allá tenemos que movernos. Es lo que se ha llamado "proceso de reconversión industrial". Eso significa dos cosas: el desarrollo de otras actividades productivas en la zona y una readecuación de la producción en las empresas del carbón, concentrando sus esfuerzos en los potencialmente mejores frentes y mantos. Pero esas medidas de reconversión industrial en cualquiera parte del mundo son de un largo plazo de concreción y, como dicen en el campo, "mientras el pasto crece, el burro perece". O sea, no se pueden esperar los resultados de la reconversión sin hacer nada en la zona del carbón.

Esto es lo que pretende esta ley: tratar que las empresas subsistan y puedan competir frente al carbón importado y al fuel oil, o petróleo N° 6. Esta es la esencia del proyecto y así está planteado en el Mensaje. Aquí se concibe un mecanismo que concede un beneficio directo, temporal y decreciente, que permite acceder en condiciones competitivas a mercados que podrían perderse por el menor precio de los sustitutos. Este es el objetivo central del proyecto de ley: conceder un subsidio que permita que el productor pueda vender al consumidor final a un precio menor, más competitivo con los sustitutos, ya sea el fuel oil o el carbón importado. Para que el productor pueda cobrar ese menor precio, el Estado le da un subsidio. Ese es el fondo del proyecto, al que después se le adicionó, en la Comisión de Hacienda, como pasaré a explicar, una serie de disposiciones de beneficio laboral.

Reitero que el proyecto tiene como objetivo central otorgar un subsidio destinado a la readecuación de la industria del carbón, de carácter compensatorio y decreciente, a las empresas que exploten y vendan o procesen y vendan carbón a consumidores finales. Se coloca esta expresión, porque no es sólo para los que producen, sino para las empresas que poseen un planta de lavado, que compran a terceros y que venden al consumidor final, las que también tendrán acceso al subsidio.

Vale la pena despejar un error. Se ha planteado que el beneficio no llega al pequeño productor ni al pirquinero. En realidad llega, porque aquellas empresas que venden al consumidor final están obligadas a mantener las mismas cuotas históricas de compra que hicieron a pirquineros y a pequeños propietarios, es decir, a aquellos que no venden directamente al consumidor final.

Junto con tomar como texto guía el aprobado por la Comisión de Minería, señalaré cuáles fueron las modificaciones que se hicieron en la Comisión de Hacienda. Las primeras son casi todas formales.

El artículo 1° establece la duración del subsidio. Para recibirlo, las empresas deben acreditar a lo menos dos años continuos de faenas al momento de impetrar el beneficio.

El artículo 2° es muy técnico, y establece como se calcula el subsidio. Hay un ejemplo de cálculo anexo al informe.

Se calcula sobre un carbón de 6 mil kilocalorías. Se establece un precio de referencia y, además, un monto de subsidio máximo por cada tonelada. El problema radica en que un productor vende carbón de distinto poder calorífico, que puede ser de más o de menos 6 mil kilocalorías. Normalmente es más. Entonces, para el cálculo del subsidio no me voy a detener para explicar un asunto muy técnico, pues aparece en el anexo que Sus Señorías tiene en su poder hay que hacer dos conversiones: el cálculo de las toneladas equivalentes y el del precio equivalente.

El cálculo de la tonelada equivalente el productor no vende toneladas de carbón, sino calorías se determina preguntándose cuántas toneladas de 6 mil kilocalorías por kilo, que es el poder calorífero base que se ha estimado, deben quemarse para obtener las mismas calorías que se obtienen quemando, por ejemplo, 8.500 toneladas de 6.800 kilocalorías. Se aplica una regla de tres y, en este caso, se calculan primero las toneladas equivalentes. Es decir, hay que traducir las toneladas de carbón real que vende el productor en toneladas de 6 mil kilocalorías. Lo mismo se hace con el precio, porque el comprador tampoco adquiere toneladas de carbón sino calorías. Entonces, se calcula a qué precio se está comprando la caloría y se hace la conversión de precio, según las características del carbón. Por ejemplo, uno de 6.800 kilocalorías que se vende a 65 dólares la tonelada, equivale a vender otro de 6 mil kilocalorías a 57,35 dólares la tonelada. Así se hace el cálculo y se obtienen las toneladas equivalentes y el precio ponderado de todas las ventas que realiza un productor. Para el precio ponderado, se calcula la diferencia entre el precio de referencia que es de 66,2 dólares la tonelada para el primer año, pues en los otros artículos se señala cómo cambia el segundo y el tercer año, y esa diferencia se multiplica por un factor de 0,7, lo que determina el monto del subsidio. Si el resultado obtenido es inferior a 7,6, que es el subsidio máximo por tonelada, se paga la cifra que resulte. Si el resultado es superior a 7,6, se paga como máximo 7,6 dólares por toneladas de subsidio.

Estos factores no corresponden a cifras mágicas ni están tomadas al azar, sino que corresponden al cálculo del subsidio de 7,6 dólares por toneladas. Se da esa cifra y no otra, porque se han tomado en cuenta los promedios de diferenciales de precios con los que habría que ayudar a los productores nacionales para competir en mejor forma con el carbón importado. Por ejemplo, se trabaja sobre la base el cálculo se ha hecho aquí en Chile de que el consumo para plantas térmicas es del orden del 40 por ciento; para plantas de cemento del orden del 8 por ciento, y para la industria que no es cemento, del 52 por ciento. Se estimó que el diferencial que necesitan las plantas de carbón térmico para competir mejor, es de 12 dólares la tonelada; el diferencial que necesita el carbón destinado a las plantas de cemento es de 10 dólares la tonelada, y el diferencial que necesita el carbón industrial es de 4 dólares la tonelada. Se calcula un promedio ponderado y se llega a la cifra de 7,6.

El factor de 0,7, también obedece a un detalle técnico, pero vale la pena señalar que el objetivo central se debe a la situación especial de Carvile, que tiene costos más altos. Por eso, fue necesario reajustar el precio de referencia y multiplicar por un factor 0,7. Este es el método de cálculo, que es complejo, pero aparece explicado en el ejemplo definido en el artículo 2°.

El artículo 3° es muy simple. Establece que el pago del subsidio se efectuará en su equivalente en moneda nacional.

El artículo 4° indica los documentos que deben presentarse para optar al subsidio.

El artículo 5° señala la forma en que va a variar para el segundo y el tercer año de vigencia del subsidio el precio de referencia. Hago presente que se han establecido maneras distintas para el carbón bituminoso y para el subituminoso. Hay dos precios de referencia: uno, para el carbón bituminoso, el de la Octava Región, y otro, para el carbón subituminoso de la Región de Magallanes y de la Décima Región.

El precio de referencia para el segundo año se modifica dándole mayor ponderación, mayor influencia al precio de paridad de importación; o sea, al precio al que puedan llegar los sustitutos.

Con esto se apunta a que los productores nacionales tengan claro que su competencia está en determinados sustitutos que pueden venir del extranjero y que, por lo tanto, deben ir mejorando su nivel de eficiencia para competir en mejor forma. Por eso, el precio de referencia también corresponde al cálculo de un precio ponderado, en que se considera el de referencia del año anterior con el promedio anual de los de paridad de importación. Dicho precio va variando de año en año, como lo recordó el Diputado señor Devaud.

Al respecto, la Comisión de Hacienda aprobó una indicación muy simple, mediante la cual en el inciso final se sustituye la frase "la cotización promedio mensual observada en los mercados internacionales relevantes de estos productos", porque podía prestarse para discusión qué se entiende por "mercado internacional relevante", por "el precio promedio ponderado mensual de las importaciones efectivamente realizadas". Entonces, hay un indicador mucho más claro sobre cuál debe ser el criterio para determinar el precio de paridad de importación.

El artículo 6° establece los requisitos que deben cumplir las empresas para postular al subsidio: tener la situación contractual y previsional de sus trabajadores al día, y tener permiso vigente para operar, certificado por el Sernageomin.

El artículo 7° contiene un punto donde hubo diferencias. Tal como se aprobó en la Comisión de Minería, establecía que las empresas acreedoras al subsidio no podrán aumentar su dotación, en cualquiera de sus formas, ni contratar personal de reemplazo mientras lo estén percibiendo.

Esto fue modificado por una indicación del Ejecutivo, que llegó a la Comisión de Hacienda, y que establece no sólo la limitación de las contrataciones, sino que las empresas que postulan al subsidio tienen que presentar un plan de readecuación de su empresa, que signifique acompañar un plan de producción, una declaración jurada notarial de no aumentar su dotación de personal y un programa de incentivos para retiro voluntario de trabajadores, compatible con los requerimientos de recursos humanos del plan de producción.

También se presentó una indicación que fue rechazada en las Comisiones de Minería y de Hacienda, pero anuncio que con algunos señores Diputados de la zona si me permiten apartarme un poco de mi calidad de Diputado informanteestamos decididos a reponerla posteriormente. Consagra la posibilidad de que no sea tan absoluta la prohibición de recontratar, sino que establece excepciones autorizadas por la Comisión de Energía, para casos de trabajadores especializados. Por ejemplo, tal como está el proyecto, si renuncia el médico o un supervisor de seguridad de Enacar, no podrán cambiarse. Este problema quedó pendiente y lo veremos en la discusión en particular.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

¿Me permite, señor Diputado? Recuerdo a la Sala que debemos despachar este proyecto en general y en particular en la sesión de hoy, porque está calificado de suma urgencia.

El señor ULLOA.-

No, señor Presidente.

El señor LEAY.-

No es así, señor Presidente.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, ayer lo consultamos en la Comisión y nos dijeron que hay diferencia entre la "discusión inmediata" y la "suma urgencia". Según el cálculo que efectuamos en la propia Comisión, con el objeto de no retrasar su trámite, la idea era de despacharlo hoy en general, verlo en la Comisión el martes, y tratarlo en particular la próxima semana a fin de que llegue al Senado la próxima semana. En todo caso, me gustaría aclarar el punto.

El señor ULLOA.-

Tiene razón.

El señor ROCHA.-

Aclaremos eso.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

La Cámara puede acordar no despacharlo hoy en particular, pero de acuerdo con el Reglamento si figura en el Orden del Día con suma urgencia, debe despacharse en general y en particular.

Posteriormente, podemos adoptar acuerdos distintos por la unanimidad de los señores parlamentarios.

Puede continuar el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Cada bancada o cada Diputado verá cuál será su actitud frente a esta situación. En verdad, teníamos una información reglamentaria distinta el día viernes. Me habían dicho que sólo en el caso de discusión inmediata era necesario despacharlo en general y en particular a la vez. Dejémoslo como tema pendiente, para continuar con el informe.

El artículo 8° establece el concepto de cuota subsidiable. Aquí hay un problema de sobreproducción, de falta de mercado.

Para otorgar el subsidio, las empresas de alguna manera tienen que limitar su producción, porque no se puede empezar a generar mayor oferta cuando no existe la demanda correspondiente. Entonces, se plantea el concepto de cuota subsidiable que, por lo demás, es similar y tiene una cierta flexibilidad con lo que ha sido la venta histórica. Se consagra una cuota subsidiable que no sea inferior al 80 por ciento ni superior al 100 por ciento del promedio de las ventas de cada una de las empresas, efectuadas entre los años

1987 y 1990. Se toman cuatro años para evitar ciclos, y se establece que las empresas no pueden superar, dentro del mismo año calendario, el 110 por ciento de su cuota subsidiable. Si lo hace, pierde el derecho al beneficio.

La Comisión de Hacienda aprobó una indicación del Ejecutivo, que dice: "Con todo, la cuota subsidiable se disminuirá cuando la empresa beneficiaría reduzca su dotación de personal por causas no originadas en el plan de readecuación ni imputables a los trabajadores. La disminución será equivalente al porcentaje de variación experimentado por las referidas dotaciones y se determinará conforme al procedimiento y modalidades que señale el Reglamento.".

Con esto se pretende que si la empresa ha planteado un plan de producción, un plan de personal para los años siguientes no puede, como sucedió desgraciadamente en el caso de Schwager, despedir una cantidad enorme de personas. Si lo hace, se producirá un efecto concreto sobre el subsidio.

Esa indicación fue aprobada en la Comisión de Hacienda, punto en el cual difieren ambos informes.

Este era el contenido del proyecto original aprobado por la Comisión de Minería. Después, en los artículos 9a, 10, 11 y 12 se señalan las sanciones que se aplican a las empresas que falsifican sus documentos o que pretenden impetrar el beneficio sin corresponderles. Se establece que debe dictarse el reglamento; que las empresas afectas al subsidio no pueden importar carbón, para evitar que hayan negocios por ambos lados, creando o importando carbón y creándoles problemas a aquellas empresas que operan a nivel nacional.

El artículo 11, que corresponde a una indicación presentada por los parlamentarios de la Comisión de Minería, dice: "Asimismo, los accionistas, ejecutivos y personas relacionadas con ellas, no podrán participar en empresas que efectúen importaciones de carbón.

"En caso de contravención a esta norma, las empresas afectadas perderán el subsidio".

Después se plantea el mayor gasto fiscal.

Ese era el proyecto primitivo. Los artículos 9°, 10, 11 y 12 pasaron a ser las disposiciones finales del proyecto, porque ayer, en la Comisión de Hacienda, después de que el Gobierno analizó el caso creado puntualmente por Schwager y los despidos, y porque además se trata de una situación que puede afectar desde el punto de vista social a enorme cantidad de trabajadores en la zona carbonífera, envió varias indicaciones, que las voy a explicar a continuación.

Estas indicaciones tienen por objeto preparar de alguna manera, a las industrias para la reconversión industrial, y pretenden que si no se les puede mantener el empleo a los trabajadores, por lo menos se les conserve un nivel de ingresos que les permita vivir en condiciones dignas y subsistir un tiempo, por la posible pérdida de su trabajo y de ingresos que puede provocar un daño familiar enorme. Por eso, es importante señalar que la filosofía del proyecto radica en reconocer que éste es un aporte de toda la sociedad chilena a una región que ha vivido situaciones difíciles, como la zona del carbón. Esto es similar a lo que ocurre en un familia que tiene un minusválido, ejemplo dado en la Comisión. Obviamente, todo el resto del grupo familiar deberá hacer sacrificios en beneficio del incapacitado.

Algunos colegas han consultado por qué se conceden estos beneficios únicamente a la zona del carbón. A ellos les recuerdo que la zona ha debido enfrentar reitero situaciones extremadamente difíciles.

Esta iniciativa no sólo establece una posible indemnización para los afectados; sino que como lo disponen algunos artículos considera un programa de reconversión industrial, que se hace en todo los países del mundo el caso de España está patente; aunque allí no se ha podido realizar este proceso con éxito, pero se requieren medidas de estímulo para que el trabajador salga del sector y se le mantenga un cierto nivel de ingreso. O sea, no se trata sólo de solucionar el problema personal, sino el de una reorientación productiva de la zona. En esa perspectiva, el Ejecutivo ha formulado indicaciones a las que me referiré a continuación.

El Ejecutivo plantea dos temas. En los artículos 9° y 10° se introduce el concepto de programas de reconversión laboral, que puede concretarse mediante cuatro modalidades.

En primer lugar, un programa de capacitación, más una beca de mantención y transporte; o sea, a los trabajadores se les financiará la reconversión laboral: su capacitación y subsistencia en ese período.

Una segunda alternativa es el traslado a otra ciudad, en el caso de que una persona tenga posibilidades de trabajo en determinado lugar y no esté en condiciones de destinar el escaso ingreso familiar a ese fin.

En tercer término, se puede contribuir a que el obrero se entrene en un nuevo oficio. Por ejemplo, otra empresa podría contratar a un ex trabajador del carbón, el que llegaría con una marraqueta bajo el brazo, ya que el Estado colaboraría en su preparación para que se desempeñe en las nuevas labores.

Finalmente, se considera la entrega de implementos y herramientas de trabajo a los beneficiarios, para el caso de un trabajador que quiera instalarse con un taller, por ejemplo, de soldadura o de reparación de bicicletas.

Eso es lo que pretende el artículo 9°, el que también señala a quiénes beneficiarán y los requisitos que deberán cumplir los trabajadores para ser admitidos en estos programas de reconversión laboral.

Por otra parte si bien la idea estaba en el espíritu de la indicación enviada por el Ejecutivo, aparentemente no se encontraba muy clara su redacción, se aprobó una indicación que establece que los pirquineros que al 1° de diciembre de 1991 se desempeñaren como tales, "podrán optar a los programas de reconversión laboral en los términos señalados en el inciso primero de este artículo". Es decir, queda claro de que este programa está abierto no sólo para los trabajadores que han sido despedidos por las empresas más formales o grandes, sino también para los pirquineros.

El artículo 10° que forman un solo paquete con el 9°abunda en detalles sobre qué se entiende por cada uno de estos cuatro programas; qué se puede imputar al gasto de traslado y de entrenamiento y cómo se deben entregar los implementos y herramientas de trabajo. En definitiva, de las indicaciones más de fondo presentadas ayer por el Ejecutivo, los artículos 9° y 10° están orientados a este programa de reconversión laboral que da la posibilidad efectiva a muchos trabajadores del carbón de optar a otro tipo de trabajo, con la capacitación adecuada o con los recursos necesarios para desempeñarse en otra labor en el mercado del trabajo.

La segunda materia planteada por el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda se establece en los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16, nuevos, que aparecen en el informe de Hacienda, están orientados fundamentalmente a proporcionar una indemnización compensatoria, lo que no es una mera afirmación semántica. Está claro que no implica un cambio del sistema previsional, sino un subsidio que entrega el Estado, que les permita subsistir a los trabajadores desde que pierden su trabajo hasta que accedan a los planes de jubilación normal.

Es decir, las disposiciones no están establecidas con criterio previsional, sino sobre la base de la situación de la industria del carbón. Apuntan, también, a un proceso de reconversión industrial, porque, como lo señaló el Ministro del Trabajo en la Comisión, la política del Gobierno no es incorporar excepciones en los esquemas previsionales, sino otorgar un subsidio fiscal que constituya un puente entre el momento en que los trabajadores del carbón cesen de trabajar y hasta que puedan obtener los beneficios del sistema previsional normal.

Paralelamente, hoy llegó a la Cámara un proyecto que consagra un mecanismo de jubilación anticipada para los trabajadores que laboren en faenas pesadas, donde no hay disposiciones específicas para los trabajadores del carbón, pero a las cuales pueden acceder normalmente una vez que se apruebe la iniciativa. Se trata, entonces es un concepto en el cual es necesario insistir, de un subsidio fiscal que sirve de puente entre una situación y otra.

El artículo 11 establece que todo trabajador que al 1° de diciembre de 1991 estuviera prestando servicios en cualquier empresa carbonífera del país, y cuyo contrato termine, por cualquier causa, entre el 1° de diciembre de 1991 y la fecha en que expira el subsidio, y adicionalmente son dos condiciones copulativas hubiese tenido, al menos, veinticinco años de trabajos pesados en actividades mineras subterráneas, aunque hubiesen sido prestados en distintas entidades empleadoras, tendrá derecho a una indemnización compensatoria especial mensual y de cargo fiscal. Este artículo indica que el monto de la indemnización será equivalente al 55 por ciento del promedio de las remuneraciones imponibles.

En la mañana, se preguntó en la Comisión de Hacienda el Ejecutivo quedó de estudiarlo, porque debe ser de su iniciativa por qué razón se fija el 1° de diciembre de 1991 como fecha tope. En realidad, cualquiera fecha es arbitraria y siempre habrá trabajadores que quedarán al margen; a lo mejor, por un día pierde un beneficio determinado. Pero se fijó esa fecha pensando en la situación específica del Schwager. Varios Diputados integrantes de la Comisión pensamos que en la zona de Curanilahue la crisis de presentó un poco antes y pedimos al Ejecutivo que considere la posibilidad de que en los próximos trámites del proyecto se adelante la fecha, en no más de dos o tres meses; a lo mejor, serán muy pocos trabajadores adicionales los que obtendrán el beneficio. Pero sería de toda justicia, porque algunos perdieron su trabajo antes del 1° de diciembre de 1991. El Ejecutivo quedó de analizar dicha situación.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

¿Me permite, señor Diputado?

Deseo aclarar algunos aspectos que indicó denante respecto de la discusión general y particular, porque tiene incidencia en el informe. Ya estaría cumplido el tiempo para el informe en general, pero en general y en particular tiene tiempo libre para informar.

El artículo 190 del Reglamento de la Cámara indica con toda claridad: "Cuando un proyecto sea declarado de "suma urgencia", se procederá a su discusión en la siguiente forma:

"No habrá segundo informe de Comisión y el proyecto deberá ser despachado por la Cámara en diez días, que se distribuirán así:

1°.- Cinco días para el informe de Comisión.

2°.- Tres días para el informe de la Comisión de Hacienda, en el caso de que éste proceda en conformidad con los números 2° y 3° del artículo 219 (materias de competencia de la Comisión de Hacienda).

3°.- Dos días para la discusión y votación en la Sala.".

"La discusión se hará en general y particular a la vez. Sólo se admitirán a discusión y votación las indicaciones o disposiciones que, rechazadas por la Comisiones informantes, sean renovadas con las firmas de un Ministro de Estado, o de treinta Diputados que incluyan, a lo menos, a tres Jefes de Comités.".

Por lo tanto, la Mesa está aplicando estrictamente el Reglamento.

He señalado lo anterior, sin perjuicio de que, por unanimidad de los señores Diputados, para lo cual más tarde serán consultados los Comités, analicemos el procedimiento que permita despacharlo en particular la próxima semana y que la Comisión emita un segundo informe.

Por lo tanto, mientras esto no suceda, el Diputado señor Huepe tiene la palabra por todo el tiempo que necesite para entregar su informe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, trataré de redondear mi exposición. En realidad, he tomado más tiempo del que pensaba.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene todo el tiempo necesario, mientras los Comités no tomen el acuerdo pertinente.

El señor HUEPE.-

Los artículos 11 al 16 forman un paquete donde el beneficio principal, la indemnización compensatoria, está planteada en el artículo 11; en el 12, se traslada la carga del pago de las imposiciones. El decreto ley N° 3.501 estableció que el pago de las imposiciones era de cargo del trabajador e incrementó la remuneración en el mismo valor de aquellas para mantener el ingreso líquido. Para los dos sistemas de pensiones, el antiguo y el nuevo, dispone la duración del beneficio y en su inciso segundo expresa que será reajustable.

El inciso tercero indica que la cotización de salud para ambos sistemas de pensiones será financiado por el beneficiario.

En el inciso cuarto se señala que la cotización en el Fondo de Pensiones para el nuevo sistema será financiado por el Fisco. O sea, el artículo 12 regula, en parte, la manera cómo se otorga el beneficio.

El artículo 13 fija la forma de calcular el sueldo base de las pensiones en el antiguo sistema, ya que se toma un sueldo de hoy, que permitirá jubilar varios años después.

El artículo 14 establece que el financiamiento del beneficio será de cargo fiscal, pero que las empresas que perciban el subsidio deberán contribuir a este beneficio en la proporción en que lo reciban.

El artículo 15 mantiene el derecho a la asignación familiar.

El artículo 16 indica las incompatibilidades. Por ejemplo, será incompatible con el subsidio de cesantía y con toda actividad remunerada en empresas carboníferas. Esto provocó una discusión en la Comisión pero se aprobó así y se establece que será compatible con las indemnizaciones por término de contrato de origen legal o contractual que pueda corresponder a los trabajadores.

Señor Presidente, ése es el objetivo central del proyecto que, reitero, en un comienzo estaba orientado fundamentalmente al tipo de subsidio que se iba a entregar, a la modalidad, al monto, a la duración, etcétera. En la Comisión de Hacienda tuvo modificaciones menores en esta parte, salvo dos que establecen beneficios importantes: la indemnización compensatoria y la readecuación laboral.

Este proyecto fue discutido largamente, sobre todo en la Comisión de Minería. La Comisión de Hacienda tuvo que estudiarlo ayer rápidamente y debería haberlo hecho al principio, en el debate de la primera parte, en lo relativo al subsidio.

La Comisión de Minería dispuso de alrededor de ocho sesiones, en los cuales se escuchó a todos los sectores interesados en este tema: gerentes de las empresas, dirigentes sindicales, compradores de carbón, técnicos, sector público, etcétera.

Es cuanto quería informar.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Perfectamente. Acerca de lo propuesto por el señor Huepe tenemos mayores antecedentes; pero la Mesa recuerda a los señores Diputados que la Sala, en último término, determina si corresponde quórum calificado.

Mientras los Comités se ponen de acuerdo para la hora de votación, tiene la palabra el Diputado señor Palestra.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, voy a ser lo más breve posible, dentro del espíritu que reina en estos instantes en la Cámara, con el objeto de despachar este proyecto ojalá antes de la hora de votación que se ha planteado. Se trata de una iniciativa sumamente importante para el progreso de una región muy aporreada, dado que tiende a solucionar un dramático problema de orden social y económcio que afecta a centenares de trabajadores.

Sólo deseo hacer un alcance al movimiento ejemplar que se hizo hace pocos días, que prácticamente estremeció a la zona del carbón. En él quedó en claro, en primer lugar, la responsabilidad de los trabajadores y de los dirigentes que organizaron la marcha hacia Concepción. En segundo lugar, el apoyo masivo y solidario de toda la región, de todo el pueblo a los mineros arbitrariamente despedidos y lanzados a la cesantía.

Después de tantos años de luchar junto a los trabajadores del país, jamás había visto tantas y tan ricas fases de fondo en la organización sindical que los agrupa. Muchos, entre ellos yo, nos sentimos gratificados por participar y marchar junto con los trabajadores, en la muy dura jornada que significó trasladarse desde Coronel y Lota hasta Concepción. En la es forzada y sacrificada caminata, afloró el espíritu que estimula a seguir luchando, seguir combatiendo por las cosas que uno considera y siempre considerará nobles, como es la lucha por cambiar alguna vez la situación económica, social y humana de la clase trabajadora del país.

Todo Chile tiene un profundo respeto por las condiciones en que se trabaja en la zona del carbón. Todos sabemos que los pueblos de la cuenca del carbón han sido acosados, ignorados y olvidados. ¡Cuántas veces han sido reprimidos! ¡Cuántas veces perseguidos! ¡Cuántas veces han sido ignorados en la solución de sus problemas más acuciantes y más elementales de la vida del ser humano!

Allí yo vi cómo un pueblo entero marginaba el camino que lleva de la zona del carbón a Concepción. Cómo la mujer, el hombre, el niño, los comerciantes, los industriales y toda la comunidad entregaba su aporte, su simpatía, su adhesión, su solidaridad con la gente que marchaba y, sobre todo, con los despedidos por esa empresa, que ahora va a recibir, en cierta manera, un beneficio, producto precisamente, del sacrificio del despido de más de 700 compañeros.

Para mí es un motivo de enorme satisfacción haber participado y conocido, una vez más, ese movimiento encabezado por jóvenes dirigentes, pero de gran capacidad organizadora, conscientes de la responsabilidad de hacer que los trabajadores que marchaban entendieran el minuto que se estaba viviendo en esos instantes en la zona y que tendía a buscar solución a ese problema dramático del despido de setecientos y tantos trabajadores, lo que, en el fondo, significaba casi paralizar la zona del carbón. Y eso lo pude comprobar con mucha alegría y con mucho orgullo al encontrarme, una vez más, con ese viejo luchador de las minas, con ese viejo trabajador explotado inmisericordemente durante toda la historia de la extracción del carbón. Allí estaban enhiestos, firmes, decididos, decididos a dar su combate, su lucha en defensa de la estabilidad de sus compañeros y de la tranquilidad de sus familias, porque estaban yendo a la cesantía.

Fue emocionante ver mujeres y hombres llorando en la vera del camino, con la emoción de poder decir que estaban aún, a través de las lágrimas, entregando su simpatía a ese movimiento que se estaba realizando en esa zona cabonífera de nuestro país, tan explotada históricamente.

Como digo, para mí fue una gran experiencia participar en esa marcha, y ver cómo la gente, el trabajador, con sacrificio en ese clima inhóspito en que ella se realizó, con el apoyo irrestricto de toda la ciudadanía de la zona, se sentía apoyado por sus amigos, por sus vecinos, por mucha gente que ni siquiera pertenecía o tenía alguna relación con las actividades del carbón o con los sindicatos que organizaban la marcha. Para los que participamos personalmente, ha sido algo realmente estimulante. La verdad es que impulsa, afirma, reafirma y confirma la decisión de lucha de clases, en cuanto a seguir luchando junto a los trabajadores, a seguir combatiendo por hacer de Chile un país justo y humano para todos los chilenos, para que no olviden nunca más que no son parias de una sociedad que los ha olvidado en un trabajo tremendamente duro, como es el de las minas de carbón, en las peores condiciones humanas y de salubridad y expuestos a todo tipo de enfermedades.

Para mí repito fue una experiencia más que me alentó y me alienta a seguir en la lucha, a seguir combatiendo por lograr que la sociedad chilena entienda que los pobres tienen también la mala ocurrencia de sentir hambre, de querer vestirse, de desear vivir en una casa limpia y decente, de mandar a sus chiquillos a una escuela y de poder tener la salud a disposición; es decir, eso que constituye la parte más elemental del ser humano. Por esas cosas estaban luchando estos trabajadores, y por esas cosas también estuvimos presentes entregando esta modesta, seguramente pequeña, adhesión, esta solidaridad. Yo no soy Diputado de la zona, pero soy Diputado nacional y de otra zona de Santiago, pero me he sentido siempre ligado a todo el movimiento popular y sindical de nuestra Patria, y no podía restarme a este movimiento que está estremeciendo hasta sus últimas entrañas a la sociedad, al Gobierno y a todos los estratos del país, para que se entienda que en ese rincón de nuestro país existe un trabajador explotado hasta la inhumanidad, mal pagado, en las peores condiciones de trabajo, y que tenía todavía la decisión de salir a la calle, de paralizar una región entera, para defender su interés más elemental, cual es el derecho al trabajo.

Por eso, yo, como socialista y seguramente así lo hará toda la Cámara entregaré mi voto favorable a este proyecto que hace justicia a esa zona carbonífera, y también agradezco públicamente a los dirigentes y a los trabajadores del carbón por esa lección de decisión, de lucha, de combate, que hasta el momento están ganando, y ahí, en el triunfo, también estaremos contentos y satisfechos de haber participado modestamente en ese acto tan hermoso de solidaridad humana, como fue el de la marcha del carbón a Concepción.

A los compañeros del carbón, públicamente, desde esta tribuna parlamentaria, les doy mis agradecimientos.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, sin duda el proyecto que discutimos es de gran importancia.

La realidad social y cultural de la zona del carbón reviste una particularidad en nuestra geografía que no puede dejar de marcar a todos los chilenos. El esfuerzo que se ha realizado por más de cien años en Lota, en Curanilahue, en Coronel, para extraer el carbón y utilizarlo como fuente de energía, y durante mucho tiempo también en el pasado para exportarlo a otros países, como fuente de energía, no sólo ha sido importante para Chile, sino que ha marcado de una u otra manera a cada uno de nuestros compatriotas. Sin duda que ese hecho constituye un elemento que se ha de considerar en el estudio de una política de reconversión industrial en el sector.

Entiendo que el proyecto enviado por el Ejecutivo constituye uno de los pasos para una política de esas características. El diagnóstico presentado por el Gobierno, contenido en el informe de las Comisiones, señala que el actual estado de la industria del carbón es insostenible, que es necesario realizar reducciones en la contratación, en los niveles del gasto y, al mismo tiempo, invertir para hacer más productivo alguno de los yacimientos. Esto es particularmente dramático en la Octava Región, zona en la cual, en especial durante los últimos diez años, se realizaron numerosos programas destinados a reconvertir esta actividad o capacitar o trasladar a los trabajadores que en ella se desempeñaban, los que, en general, resultaron defectuosos o fracasaron.

Por esa razón, señor Presidente, nosotros, como Cámara de Diputados, como representantes del pueblo de Chile, electos para legislar para todo el país y cuando lo hacemos legislamos también para las situaciones especiales, como ésta de la industria del carbón y su necesaria reconversión, que afecta a un vasto sector, a un número importante de nuestros conciudadanos responsablemente, no podemos actuar bajo una presión de tiempo ni de desinformación. Lamentablemente, estamos legislando, inclusive, cronológica y físicamente, de una manera trasnochada. En el hecho, hemos recibido ayer en la tarde un proyecto de ley enteramente nuevo, sobre el cual hoy tenemos que pronunciarnos, y, sin duda, no disponemos de todos los antecedentes que se requieren para un eficaz pronunciamiento.

Me felicito de que, como Cámara de Diputados, hayamos resuelto hace algún momento no tramitar este proyecto de acuerdo con el Reglamento y darnos una semana más para revisar las diferentes materias en él contenidas. Pero, al mismo tiempo, señalo, señor Presidente, por su intermedio, a los señores Ministros que representan aquí al Presidente de la República, que en otras oportunidades en esta Cámara hemos cometido graves errores legislativos como consecuencia de la urgencia con que el Ejecutivo ha calificado determinados proyectos y que ha impedido su estudio detenido. Muestra de ello ha sido el veto que hemos discutido durante toda la mañana de hoy, que era obvio y que podría haber sido subsanado si hubiésemos dispuesto de todo el tiempo necesario. Con esto no quiero negar el hecho de que el proyecto ha ingresado a la Cámara como una iniciativa de subsidio compensatorio a la industria del carbón hace varios meses; pero, sin duda, el examen de sus disposiciones revela, justamente, el proyecto remitido a nuestra consideración tiempo atrás es más defectuoso que aquel que ha ingresado en el día de ayer.

Sin duda, si se examina este proyecto advertimos que contiene diferentes elementos. Constituye, por lo tanto, un paquete de medidas. Y los artículos ingresados en el día de ayer apuntan a posibilitar la recalificación de los trabajadores del carbón que deban cesar en su empleo, a conceder, de una manera indirecta pero, para tratar las cosas por su nombre, creo que hay que señalarlo así una jubilación anticipada para los trabajadores que se desempeñan en el pique durante un período de 25 años. Y esas medidas de jubilación anticipada, de recalificación, de establecimiento de mecanismos para que los trabajadores del carbón puedan incorporarse a otras actividades productivas, o trasladarse de la zona del carbón hacia otras regiones, en las cuales pueda haber fuentes de trabajo, apuntan en el sentido correcto para provocar un proceso de reconversión en la industria.

Pero, no tengo igualmente claro que el subsidio que se va a entregar a las empresas del carbón apunte en esa misma dirección. De hecho, las empresas van a querer establecerse en el límite superior de producción y de empleo, de acuerdo con las condiciones establecidas por el subsidio, y si bien éste es decreciente en el tiempo, es concordante con las medidas realizadas con anterioridad, por el gobierno anterior, por ejemplo, que no lograron estimular a las empresas a que realizaran las reconversiones en los sentidos adecuados. Es así como algunas intervenciones que he leído de dirigentes sindicales del carbón y de otros especialistas en la materia, probablemente serían más adecuadas para el proceso de reconversión, en la búsqueda de un subsidio efectivamente compensatorio para quienes quedaran desempleados. Necesariamente sería un subsidio transitorio, y no uno destinado a sostener niveles de producción antieconómicos, antieficientes y contradictorios con el objetivo deseado de reconversión del sector por parte de la industria del carbón.

Con esa política no sólo vamos a estar subsidiando el empleo, sino también los gastos de administración y las utilidades, si es que podría haberlas en algunas de estas empresas.

De esa manera, señor Presidente, señor Ministro, creo que hay una contradicción en el proyecto del Ejecutivo.

Lamentablemente, el Ministro señor Tohá señaló que no tenía el tiempo suficiente ni pretendía quitarnos el nuestro para exponer ante la Honorable Cámara la totalidad del proyecto de reconversión que impulsa el Ejecutivo. Por intermedio de Su Señoría, quiero pedir al señor Ministro que se tome el tiempo y nos exponga dicho programa en su totalidad, porque ello revelará un sentido no considerado en el proyecto salvo en los artículos 8° y 9° mucho mayor que el contenido en la iniciativa, que apunta en una dirección, que en la discusión realizada en la Comisión de Hacienda todos sus integrantes coincidimos que era necesaria y adecuada: la creación en la zona de polos alternativos al carbón mediante la concesión de créditos para el establecimiento de empresas, para que los trabajadores del carbón no sólo se puedan recapacitar, sino crear también por ellos mismos fuentes de trabajo. En definitiva, una cantidad de iniciativas que no requieren aprobación legislativa, porque van por otros importantes canales de la acción del Estado y que diría son, en importancia y en monto, probablemente superiores a la magnitud del proyecto en discusión.

No cabe duda de la necesidad de legislar sobre el proceso de reconversión de la industria del carbón. Como decía el señor Diputado informante de las Comisiones de Minería y de Hacienda, es un área del país que requiere medidas urgentes. Pero, por muy urgentes que ellas sean, es necesario que no sólo se adopten con celeridad, sino también con eficiencia. En esa perspectiva, muchas veces la celeridad no es buena consejera. Es necesario que estudiemos con profundidad cada una de las medidas contenidas en el proyecto y que sugiramos al Ejecutivo la inclusión de nuevas disposiciones. En mi opinión, ello no será posible si se mantiene la calificación de "suma urgencia" para el despacho del actual proyecto.

Señor Presidente, por su intermedio, pido a los señores Ministros que retiren dicha calificación con el objeto de que tengamos el tiempo suficiente para estudiar detalladamente la iniciativa. Ello no retrasará su tramitación total y, probablemente, permitirá su perfeccionamiento y su mejoría, escuchando las opiniones de sectores interesados respecto de los nuevos artículos introducidos ayer por el Ejecutivo. Contrariamente a lo manifestado ayer por sus representantes en la Comisión de Hacienda, en lugar dar señales de que no existe prisa o interés en despachar el proyecto, dará una señal a los dirigentes sindicales del carbón de que, tanto el Ejecutivo como la Cámara tienen interés en despachar una legislación que resuelva en el fondo, de manera definitiva y en el sentido correcto, la situación que hoy enfrenta la industria del carbón en el país, para que no tengamos que volver a estudiar esta materia dos o tres veces en este período legislativo. Se trata de entregar un conjunto de leyes que orienten en forma definitiva la reconversión de este sector para crear polos de desarrollo alternativos al carbón en dicha zona, y dar indicaciones a las empresas en el sentido adecuado, que estimulen su reconversión, incentiven su inversión en otras áreas, mantengan sus niveles de empleo y mejoren su eficiencia para resolver el problema de la industria del carbón, solucionando el problema de fondo, cual es el de los trabajadores que hoy se desempeñan allí y que inevitablemente algunos van a tener que dejar sus ocupaciones.

Quiero insistir en la importancia de este proyecto enviado por el Ejecutivo y en la posibilidad de analizarlo con tranquilidad para corroborar que las contradicciones que aparecen en una visión realizada sin el tiempo necesario, son efectivamente tales o son aspectos que pueden ser superados en la discusión de esta Honorable Cámara.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Martínez.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, ya se ha hablado de lo importante que es la industria carbonífera para la Octava Región y de la contribución que ha hecho al país para su desarrollo económico y social.

También, en forma relativa, se ha hablado de lo sacrificado que resultan estas faenas para los mineros, que en algunos casos deben realizarse a más de mil metros bajo el nivel del mar y muchas veces los frentes de trabajo están a cinco o seis kilómetros de los accesos a éstos.

Estamos ante una situación muy especial y particular, que debería tomarse en cuenta en el análisis completo, tanto desde el punto de vista de la reconversión industrial como del proyecto en sí mismo.

La industria del carbón de la Octava Región pasa por una crisis muy importante que no es nueva, sino que se arrastra por décadas y a la cual no se le ha encontrado una solución satisfactoria. Gobiernos pasados, entre ellos el anterior, trataron de readecuar esta situación a las nuevas formas en que se orientaba la economía nacional. Se recurrió a la doble indemnización por el cese de servicios o a la recapacitación, expedientes que no fueron realmente un éxito ni para reconvertir ni para resolver la situación de los trabajadores a los que se les había terminado su contrato de trabajo. Miles de ellos terminaron por emigrar a la provincia de Arauco y hoy constituyen la masa de trabajadores pirquineros, de la cual conocemos cada cierto tiempo por las infaustas desgracias que terminan por, a veces, provocar cientos de muertos en estas extremadamente peligrosas faenas.

Esta es la minería del carbón y sus trabajadores; los que se expresaron hace pocos días en una movilización que llamó la atención de Chile entero, en la cual reclamaron por justicia, porque 756 de sus hermanos habían sido lanzados abruptamente a la cesantía. Pidieron que el Gobierno, que no podía o no tenía en sus manos el instrumental jurídico para resolver el reintegro de esos trabajadores a sus labores en una empresa como la de Schwager, que es privada, por lo menos pudiera resolver la situación en la cual se encontraban aquejados.

Esto, como se ha dicho, es un síntoma de la profundidad de la crisis que afecta a la zona, producto básicamente de la baja demanda del carbón en el mercado; de la competencia de los sustitutos, llámese carbón importado o petróleo pesado; que ha llevado a una situación de sobreoferta, de stock abundante en las canchas de las empresas, que no tiene salida.

Se ha expuesto también y en la Comisión se analizó largamente, la posición de aquellos que plantean un tratamiento de shock sobre este tema. Básicamente se refiere a que aquí debería cerrarse la industria del carbón y que a cada uno de los trabajadores se les pudiera entregar un determinado subsidio o indemnización compensatoria única, y que cada cual resolviera sus problemas en forma particular.

La verdad de las cosas es que el camino seguido por el Gobierno es el más adecuado porque tiene un fondo ético y porque los trabajadores del carbón no buscan limosnas, sino que se pueda mantener una actividad laboral en forma digna y que puedan ganarse realmente, con su esfuerzo, el sustento para ellos y su familia.

Por lo tanto, el compromiso fundamental que debe asumir un gobierno democrático, debe ser precisamente el resolver la reinserción laboral de la inmensa mayoría de trabajadores. Salvo, obviamente, el de las personas que ya, desgastadas por el inmenso esfuerzo que significa trabajar en esas condiciones tremendas de la minería subterránea, tengan que ser compensadas, de acuerdo con lo que plantea la indicación del Ejecutivo entregada ayer en la Comisión de Hacienda, de forma tal que puedan tener un puente entre su actual situación y la posibilidad de acogerse a las normas generales de jubilación anticipada.

Por tanto, el propósito básico de todas las medidas, además de resolver los problemas de orden social que se podrían generar, sin grandes traumas, sin costos sociales enormes que podríamos lamentar y de los cuales no creo que esta Cámara y el Poder Legislativo quieran hacerse responsables, es efectivamente solucionar el problema de fondo, pero también solucionar la situación de incertidumbre que hoy vive gran parte de los trabajadores mineros por la situación que ocurre en estos momentos en la zona del carbón.

Desde ese punto de vista, me parece fundamental y lo digo aquí claramente para el éxito de los propósitos del Gobierno, reconvertir la industria del carbón, que en definitiva se pueda resolver el problema de los 756 trabajadores despedidos por Schwager.

Obviamente, eso le da credibilidad a la reconversión industrial de la zona del carbón. No hay que olvidar que a esos trabajadores ya se les prometió una reconversión en alguna oportunidad; ya se le prometió cambiarle la vida a la zona minera, y la verdad es que todavía se exhiben en las comunas de Coronel y Lota entre otras cosas altos niveles de desempleo, que bordean o superan el 13 por ciento de la población activa, además de las condiciones sociales de pobreza o de extrema pobreza que la mayoría de esas comunidades vive. Es decir, no se han resuelto ni los problemas laborales ni el problema de las condiciones de vida en esa zona, que se han arrastrado por años y que podrían verse agravados muy sustantivamente si, en definitiva, se planteara una política de shock sobre esta situación.

Desde este punto de vista, estimo que el camino que se ha seguido es el correcto. Este proyecto de subsidio pretende dar un tiempo para que las empresas carboníferas se puedan readecuar a las nuevas situaciones del mercado y concentrarse en los frentes más productivos y rentables. Esto, obviamente, significa una reducción de personal. Todo el mundo está consciente de que eso es así. Por eso es importante desarrollar, con mucha fuerza, dinamismo y oportunidad la reconversión industrial, con el objeto de que se generen muchos nuevos empleos para, en definitiva, producir este traspaso de la actividad carbonífera a las otras sin grandes problemas. Hoy existe retraso y retardo en esta materia.

Estimo que aquí hay una premura, por lo menos, en un sentido: que si bien es cierto estos esfuerzos de reconversión son a largo o mediano plazo y demoran años en hacerse realidad, es importante que los trabajadores de la zona tengan señales claras de la voluntad de avanzar decididamente en este proceso, no sólo por parte del Ejecutivo, sino también del Legislativo.

Desde ese punto de vista, me parece absolutamente innecesario postergar el análisis y debate sobre este proyecto, aduciendo cuestiones que perfectamente pueden ser resueltas en lo que queda de la discusión, aun con la suma urgencia que tiene la iniciativa, con lo que podríamos estar en condiciones de despacharlo la próxima semana. No hay que olvidar que este proyecto estuvo en la Comisión de Minería y Energía un largo tiempo, pues cada vez se pidió mayores plazos para su estudio, con el fin de tener una opinión más fundada sobre la materia.

Esto ha significado, entre otras cosas, que en la zona del carbón, hoy sumida en la incertidumbre, no se mire bien la acción del Parlamento por esta actitud un tanto dilatoria en relación con un proyecto que requiere urgencia, que si bien necesita ser estudiado a fondo, con acopio de antecedentes, tampoco puede justificarse que se retrase indefinidamente, entregándose señales equívocas.

Sobre esta materia se ha planteado una serie de soluciones, a veces de carácter alternativo al camino seguido por el Gobierno. Por ejemplo, se ha manifestado que habría que asegurar el mercado en forma artificial. Ya el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, don Jaime Tohá, decía que no valía la pena provocar distorsiones en otros sectores de la economía nacional, porque si se trata de entregar un subsidio a la industria carbonífera, es mejor hacerlo directamente, como lo establece este proyecto.

Más aún, aquí existe una posibilidad concreta de asegurar un determinado mercado para el carbón de la Octava Región, en la medida en que este producto pueda competir en mejores condiciones, debido al subsidio que se le entrega. Obviamente, no se puede asegurar ciento por ciento, ni por más estudios que se hagan, que el mercado del carbón se mantendrá dentro de los parámetros que han proyectado los estudios realizados en la Comisión Nacional de Energía.

Esta afirmación produce cierta inquietud; pero, obviamente, ningún estudio o análisis posterior de carácter legislativo, podrá damos un margen mayor de seguridad con respecto a esta materia.

Por otro lado, me parecen adecuadas las indicaciones introducidas por el Ejecutivo, que ya se habían visto y aprobado en general en la Comisión de Minería y también por mayoría en la Comisión de Hacienda, pues impiden despidos masivos en las empresas carboníferas que accedan al subsidio, aspiración de la zona del carbón, que se vio abocada a esta situación y que trajo gran inquietud al sector.

La verdad es que si las empresas carboníferas adoptaran este mecanismo...

El señor CERDA (Vicepresidente).-

¿Me permite, señor Diputado? Han terminado sus 15 minutos.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

No sabía que disponía sólo de 15 minutos.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Se adoptó el acuerdo de conceder solamente 15 minutos a todos los señores Diputados.

¿Cuántos minutos le faltan para redondear la idea?

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Dos o tres minutos.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, le concedo dos minutos.

El señor CERDA (Vicepresidente).

-Con la venia del Diputado señor Ringeling, puede continuar con el uso de la palabra por dos minutos.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Agradezco al Diputado señor Ringeling que me haya concedido más tiempo para redondear mi intervención.

Decía que para mí es muy importante que se ponga esa condición, porque el propósito básico del proyecto de subsidio, cual es mantener la estabilidad laboral de las empresas y permitir que la readecuación de personal se realice sin grandes costos sociales y traumas, se desvirtuaba completamente con los despidos.

Por otra parte, no me parece aconsejable que se entreguen subsidios estatales, es decir, dinero que es de todos los chilenos, para que los empresarios paguen las indemnizaciones a los trabajadores que despiden. Desde este punto de vista, me parece altamente conveniente que las empresas, que opten a este subsidio, tengan que asumir un compromiso más formal, en el sentido de no seguir produciendo una situación social realmente grave.

Ya me he pronunciado favorablemente respecto de otro punto que me parece muy importante, cual es la indemnización compensatoria, que satisface completamente las demandas e inquietudes que se habían planteado a todos los Diputados de la región y, en especial, a los de los distritos carboníferos. Uno puede concluir que el Gobierno no ha abandonado a los trabajadores ni a la zona del carbón.

Señor Presidente, quiero reafirmar mi absoluto propósito de apoyar todo tipo de acciones que tienda a resolver completamente el problema de los 756 despedidos, para quienes el Gobierno ha dispuesto en este proyecto distintas formas de ayuda y cooperación para su reinserción laboral. Además, apoyaré todos los esfuerzos que se hagan para producir una reconversión efectiva de la industria carbonífera en la zona, con el objeto de que ésta pueda tener alguna vez un futuro real, para que la vida de esta gente cambie sustantivamente, como no ha ocurrido en muchos años.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leay; a continuación, el señor Rocha, y, después el señor Salas.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, haré una intervención muy general respecto de este proyecto, que es bastante complejo, pues contiene una variedad de artículos que dicen relación tanto con la propia industria minera del carbón, como también con sistemas previsionales y otros.

La verdad es que el sector de la minería del carbón de la Octava Región enfrenta una grave crisis, provocada como bien decía el Diputado informante, principalmente, por la falta de competitividad del carbón nacional frente al importado, como resultado de altos costos de producción de las empresas, de los bajos rendimientos de la mano de obra en los yacimientos y de la poca modernización de las operaciones de extracción.

La falta de mercados, proyecciones pesimistas de demanda futura y eventuales alternativas energéticas, nos indican que la demanda futura del carbón de esta Región no será favorable.

A lo anterior se deben sumar las escasas alternativas de empleos que existen para los mineros del carbón, lo que implicaría una alta tasa de desempleo.

Esto deja en evidencia que el problema va más allá de consideraciones técnicas, porque va acompañado de un aspecto social muy importante.

Dada esta situación, el Gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que consiste en otorgar un subsidio para el carbón, además de un programa de racionalización y reconversión industrial para la zona. La iniciativa de otorgar el subsidio está destinada a cubrir parte de la diferencia que se produce con el carbón importado y con el petróleo. Las empresas que postulan a este subsidio tendrán restricciones, como no aumentar ni reemplazar personal, congelar gastos generales y adecuar las cuotas de ventas que se fijarán año a año, entre otras. Para este primer año recibirán un subsidio equivalente a 7,6 dólares por tonelada como tope para el carbón bituminoso que es el carbón de la Octava Región y de 5,3 dólares para el carbón subituminoso. Este subsidio será decreciente para el segundo y tercer año, lo que significa que en el plazo de 3 años, que es el lapso durante el cual se otorgará este subsidio, la industria del carbón debe adecuarse a la competitividad de los combustibles alternativos.

Sin lugar a dudas, existían diversas posibilidades para enfrentar este problema. Por ejemplo, mantener aranceles del 15 por ciento para el carbón importado y establecer aranceles diferenciados para el petróleo o subproductos de éste, lo que hubiese sido altamente negativo para la economía de nuestro país.

Otra alternativa podría haber sido la creación de un poder de compra, lo que significaba establecer un ente paternalista, generador de una gran distorsión del mercado con un alto costo para el Estado.

Algunos sectores empresariales y laborales del carbón indicaban que el problema se podía solucionar si el 10 por ciento de la generación eléctrica se produjera con carbón. Pero el informe entregado por el señor Ministro en nuestra Comisión nos indicaba que esto significaría un costo aproximado de 49 millones de dólares para el Estado, un aumento de las tarifas eléctricas caseras en un 5 por ciento y de las industriales en un 10 por ciento, y sólo se aumentaría la venta de carbón en 268 mil toneladas en 3 años, lo que no solucionaría el problema.

La alternativa más sana, a nuestro juicio, era subsidiar la mano de obra, junto con la creación de un programa de capacitación laboral, jubilación anticipada y reconversión industrial, no sólo mirando la zona afectada, sino que la Región completa.

El Gobierno optó por el camino de otorgar un subsidio, que da un plazo gradual para realizar la readecuación de la industria del carbón, iniciativa que apoyaremos, ya que si votáramos en contra, no habría solución alguna para el problema del carbón.

Desde una perspectiva absolutamente económica, y haciendo abstracción del problema asociado a la crisis del carbón, no existe justificación teórica para la intervención estatal en un mercado competitivo, mediante el otorgamiento de subsidios a la producción o venta de un bien.

Si una empresa produce un bien a costos muy por sobre sus competidores, claramente no podría sobrevivir en este tipo de mercado. Además, la intervención del Estado complicaría aún más el panorama, al agregar una nueva distorsión a la ya existente, puesto que los precios de mercado no reflejarán correctamente los verdaderos costos de producción y, por lo tanto, serían una señal inadecuada para la asignación eficiente de los recursos.

Sin embargo, y como es bastante claro en esta situación, no se puede hacer abstracción del trasfondo social y distributivo que involucra la crisis, si consideramos que dependen del sector más de 14 mil trabajadores, quienes, junto a sus familias, alcanzarán a una cifra superior a las 100 mil personas, este último argumento justifica la intervención estatal y representa la principal distorsión por considerar en un correcto análisis social de la crisis.

No obstante lo anterior, es importante hacer algunos comentarios. No nos explicamos cómo la Empresa Nacional del Carbón, Enacar, ha tenido una política tan equívoca a partir de 1990. En ese año, reanudo con gran pompa la compra de carbón a través de su denominada División de Pirquenes. Prometió volúmenes y ofreció precios superiores a los que se pagaban en aquella época en el mercado. Los productores que operaban en pertenencias de Enacar y que no entregaban su producción a la empresa fueron fuertemente presionados.

En 1991, las compras ya comenzaron a disminuir, seguramente al comprobarse los malos resultados económicos, que eran evidentes. Hace unos pocos meses, Enacar cerró la División de Pirquenes, lo cual provocó que los productores y procesadores perdieran el mercado, generando una cesantía mayor que la producida en Schwager, en Curanilahue, la cual afecta a más de 1.500 trabajadores dependientes del carbón.

¿Cómo se explica que esta misma empresa haya utilizado tácticas depredatorias, vendiendo sistemáticamente a precios inferiores a sus costos, en una clara acción monopólica de esta empresa del Estado, lo cual el año pasado le costó más de 3.500 millones de pesos?

No resultan lógicas tales actitudes. Los estudios técnicos daban claras señales de la situación que se iba a producir con el carbón de la Octava Región. Es claro que el otorgamiento de este subsidio no tendría justificación si no fuera acompañado de un plan de capacitación laboral, reconversión industrial y jubilación anticipada, entre otros.

A nuestro juicio, el Gobierno ha actuado tardíamente frente a esta situación. Es cierto que el proyecto de subsidio ingresó a la Cámara a fines del mes de septiembre, pero no es menos efectivo que sólo ayer, en la Comisión de Hacienda, pudimos conocer en forma concreta algunas medidas relacionadas con la capacitación laboral, el otorgamiento de indemnizaciones compensatorias y algunos planes de reconversión industrial.

Si el proyecto hubiese sido aprobado en el mes de noviembre por esta Cámara, los trabajadores que perdieron su fuente de trabajo por la crisis no tendrían hoy día beneficio alguno, pues no existía ningún programa serio ni de capacitación, ni de indemnizaciones, ni tampoco de reconversión industrial.

No estoy solicitando que los planes de reconversión industrial den resultados inmediatos, pero sí considero que al menos muchos de ellos ya debieran estar en marcha. Lamentablemente, pareciera ser que este Gobierno actúa cuando los problemas llegan a su grado máximo, sin prevenir sus consecuencias. Ejemplos hay muchos. Por mencionar los actuales, el del carbón y el relativo a la seguridad ciudadana.

En resumen, el subsidio no representa una solución permanente ni tampoco busca remediar el problema de fondo, sino que permite un período de alivio durante el cual deben buscarse otros mecanismos para solucionar la crisis, con caracteres de largo plazo y estructurales que permitan remediar los problemas de empleo y salarios, lo que significa efectuar grandes inversiones.

Por otra parte, el análisis anterior implica necesariamente reconocer que la actividad de explotación de minerales del carbón en la Octava Región tenderá a decrecer en el tiempo como fuente generadora de empleo. Es de vital importancia que el Gobierno realice un estudio completísimo, no sólo de la zona afectada sino de la región, de tal forma de detectar las áreas de mayor potencial futuro, para luego elaborar un plan de desarrollo orientado hacia dichos sectores, con el objeto de evitar recurrir a medidas de carácter transitorio que no solucionan la cuestión de fondo y provocan problemas de gran magnitud social.

La UDI votará favorablemente la idea de legislar, aunque tiene serios reparos al articulado. No votamos en contra, como ya lo dije, porque en tal caso no habría solución alguna al problema del carbón, y en especial del de los mineros.

Creo que necesitamos realizar una discusión en particular a fondo, conocer en profundidad los planes de reconversión y eliminar las discriminaciones arbitrarias en las indemnizaciones compensatorias entre trabajadores de distintos sectores del país.

Además, nuestro Partido aportará en este segundo informe iniciativas concretas que permitan mejorar el proyecto y orientarlo correctamente a la solución global del problema, como hoy día lo esperan los trabajadores del carbón.

Señor Presidente, por su intermedio le concedo una interrupción al Diputado señor Orpis.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, en este breve tiempo que resta, sólo quiero colocar en el tapete de esta Cámara un tema que no se ha señalado, pero que creo importante abordar en este momento.

La Cámara ha conocido dos situaciones de excepción producidas durante estos dos años, en dos sectores en que se ha presentado la crisis y en los que se quieren aminorar los costos sociales: la de Ferrocarriles del Estado, a través de un programa de modernización y rehabilitación, con un costo de 98 millones de dólares, y el de reconversión en el área del carbón. No quiero entrar en detalles sobre lo que significan tanto el plan de modernización como el de reconversión, sino que me gustaría apuntar directamente al tema de la jubilación anticipada.

Creo que hay que reflexionar al respecto, porque ante igualdad de situaciones, como es el caso de la jubilación anticipada, se plantean dos criterios distintos. Aproximadamente, se trata de la misma cantidad de trabajadores. En el caso de Ferrocarriles, se plantea una jubilación anticipada del 90 por ciento de la remuneración promedio, y en el del carbón, solamente de alrededor del 55 por ciento. Ambas jubilaciones anticipadas son de costo fiscal. Si existen situaciones de excepción, lo lógico es que se traten en forma igualitaria y que tanto el Gobierno como este Parlamento vayan estableciendo un criterio común, y no que en un sector la jubilación anticipada para los que llevan 25 años de trabajo sea distinta a la de Ferrocarriles, sobre todo cuando se trata de los trabajadores del carbón, donde existen trabajos pesados.

En el curso de la discusión, este problema hay que tocarlo muy a fondo, evitando producir odiosas diferencias entre trabajadores que se encuentran en una misma situación.

Aquí se trata de sectores en crisis, respecto de los cuales se pretende establecer una jubilación anticipada. Creo que ambos deben tener un mismo tratamiento. Por eso, lo lógico es que ambos proyectos, el de Ferrocarriles y el del carbón, se analicen en conjunto, y que tanto el Gobierno como los sectores políticos adoptemos criterios comunes para abordar situaciones de excepción, cuando se plantean en términos generales.

He dicho.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Advierto a las personas que se encuentran en las tribunas que está prohibido manifestar.

Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, entiendo que algunos señores Diputados deseen discutir esta materia en un ambiente tranquilo y desapasionado. En este sentido, proponen que el proyecto vuelva a la Comisión y que lo sigamos analizando. Lamentablemente, la actitud irracional y despiadada de una empresa del carbón, que el mismo día de Navidad despidió a 756 trabajadores, nos obliga a legislar con la carga emocional que significa conocer la real situación de esos hombres y de sus familias.

La zona del carbón y el país se han conmovido durante estos últimos días por las movilizaciones que han encabezado estos trabajadores. Este proyecto fue presentado hace ya cerca de cuatro meses, y si se ha dilatado su tramitación se ha debido al especial interés de los parlamentarios, especialmente los de la zona, por escuchar a los trabajadores, a los empresarios y a todas las autoridades, como al señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, que ha estado permanentemente en nuestras reuniones. Esto ha causado la dilación; no ha sido otro el motivo. Pero ya la situación es insostenible y es urgente que la Cámara de Diputados emita hoy un veredicto definitivo sobre esta materia tan importante y apruebe la idea de legislar.

Este proyecto es uno de los que el Gobierno ha estudiado para enfrentar la crisis del carbón. Pero sabemos que, de acuerdo con su propia filosofía, como no pretende salvar, sino readecuar esta industria, deberá complementarse con otro que constituye una vieja y sentida aspiración de los trabajadores del carbón, cual es el de la jubilación anticipada que, según nos ha informado el señor Ministro del Trabajo, hoy ha ingresado a esta Honorable Cámara.

Se agrega a lo anterior un importante plan de reconversión, porque, como lo ha dicho el señor Ministro de la Comisión de Energía criterio que comparto, ya no deberemos hablar en el futuro de la zona del carbón, sino de aquellas donde hay carbón, porque también existen otras industrias que dan trabajo a toda la fuerza laboral de esa región. Sería una irresponsabilidad dejar que sus hijos sigan siendo mineros del carbón, si consideramos las difíciles e inhumanas condiciones en que laboran, incluso con grave riesgo para su integridad personal y sus vidas.

Tengo a la vista un informe confeccionado por una comisión designada por los sindicatos de trabajadores de Enacar, compuesta por Rubén Bizama, Roberto Cuevas, Justo Espinoza, Sigisfredo Mena, Luis Neira y otros, que señala en forma muy clara el resultado de una encuesta a trabajadores de Lota y ColicoTrongol y destaca que el 35 por ciento de los mismos han fallecido con un promedio de edad de 66,7 años. "Cabe hacer notar dice el informe que los que aún permanecen vivos se encuentran enfermos de silicosis, artrosis, enfermedades lumbares, sordera, etcétera, lo que no hace suponer sigue la cita que sus expectativas de vida no serán notoriamente superiores a la edad promedio actual de las personas encuestadas.".

Nunca olvidaré la profunda impresión que causó a los señores Diputados de la Comisión de Minería y Energía la visita, que siempre agradeceré, a los frentes de trabajo donde desarrollan sus labores los mineros del carbón.

En relación con el subsidio, debo reconocer que fui un crítico de él, del que dije, incluso, que constituía la eutanasia de esta industria, ya que sólo veía en sus fundamentos una manera de ayudar a la muerte más dulce del carbón. Con la misma franqueza, hoy debo decir que, aparte de los 25 millones de dólares que se invertirán por el Estado durante tres años específicamente para este subsidio, el Gobierno ha atendido con prontitud las demandas formuladas por los parlamentarios y también por los trabajadores. Hoy tenemos un proyecto integral, que no sólo subsidia a los productores del carbón, sino que contempla una serie de iniciativas destinadas a proteger al minero que pierde su fuente laboral en condiciones que, si bien son excepcionales y no constituyen precedentes, significan el reconocimiento del país a estos trabajadores que, por generaciones, han aportado la fuente de energía que el país necesitó durante muchos años, y que, incluso, tuvo un breve momento de esplendor hace tan poco tiempo.

Debe considerarse, asimismo, que la zona del carbón de la Octava Región es una de las que hacen mayor aporte a la economía nacional. No es un lugar inhóspito, desde el punto de vista económico, sin posibilidades de surgir. Muy por el contrario, la provincia de Arauco y la comuna de Lota se han constituido en los lugares más atractivos del país que han hallado los consorcios económicos más importantes para desarrollar la industria maderera. Pero, lamentablemente, ello no ha significado un mejoramiento de la situación de la fuerza laboral e, incluso, ha deteriorado la calidad de vida de muchos de sus habitantes, como consecuencia de la destrucción de los caminos y de la explotación de la fuerza laboral, además de la contaminación que ha producido.

Por eso, en esta oportunidad hago un llamado al Supremo Gobierno para que, en concordancia con la modificación constitucional aprobada ya hace algún tiempo, envíe un proyecto de ley destinado a que parte de los tributos recaudados por el Fisco y provenientes de la industria forestal se inviertan en la zona donde se generan, para lo cual, desde ya, anuncio que, junto con los Diputados de la zona, presentaremos un proyecto de acuerdo.

La iniciativa que debatimos, como ya lo dije, ha sido sustancialmente modificada en el proceso de formación de la ley. Por intervención del propio Ejecutivo, hoy vemos un proyecto más humano, que permitirá recoger las aspiraciones de los trabajadores.

Por una parte, se sanciona a la empresa que está percibiendo el subsidio con su disminución, si reduce su dotación de personal por causas no originadas en el plan de readecuación ni imputables a los trabajadores. Por otra me refiero sólo a disposiciones más importantes, contempla una indemnización compensatoria especial para los trabajadores que hubieren desempeñado sus funciones en cualquier empresa carbonífera del país, y cuyo contrato termine por cualquier causa, entre el 1° de diciembre de 1991 y la fecha en que expire el subsidio a la actividad carbonífera, cuando el trabajador hubiere tenido, al menos, 25 años de trabajos pesados en actividades mineras subterráneas, aun cuando hubieren sido prestados dice expresamente el proyecto de ley dichos servicios a distintas entidades empleadoras. Este es un acto de justicia que valoramos y reconocemos al Ejecutivo.

Estimo, no obstante, que hay un vacío importante en el proyecto, que también deberá ser reparado. Y desde ya anuncio que los Diputados de la zona presentaremos una indicación, en la Comisión respectiva, para que se incluya en el artículo 7° la posibilidad de que la empresa contrate personal en condiciones especiales. No es posible, por las particularidades de la industria minera, que no haya un reemplazo adecuado a una actividad específica, en el interior de la mina o fuera de ella. Se citó el caso de los expertos en seguridad y el de los médicos y paramédicos. Este personal deberá ser reemplazado y espero que, juntamente con el Ejecutivo, de acuerdo con lo que oportunamente conversamos y acordamos, esta indicación se apruebe a la brevedad posible.

Concuerdo con las apreciaciones formuladas por el Diputado informante, quien, con mayor autoridad que el que habla, ha explicado en forma técnica el proyecto. Destaco públicamente su labor.

Las Comisiones de Minería y la de Hacienda, que recogieron las indicaciones destinadas a humanizar el proyecto, han entregado un trabajo importante y trascendente para esta industria que el país debe mantener, no por razones históricas o sentimentales, sino porque ya es un hecho que, con los actuales ritmos de consumo de petróleo, éste no tiene una vida que se prolongue más allá de 40 años. No sería extraño, entonces, que el mundo de nuevo mirara el carbón. En ese momento tendremos presentes a muchos trabajadores que lucharon por mantener su fuente laboral y a un Gobierno y a un Parlamento que tuvo la capacidad para escucharlos y acoger, en buena medida, sus aspiraciones.

Será un mal recuerdo la torpe actitud empresarial de despedir en la Navidad de 1991, a pocos días de aprobarse este proyecto, a 756 trabajadores. También la indolencia del parlamentario que sostuvo que si la empresa estaba en malas condiciones económicas, sencillamente debería quebrar. En ese entonces, cuando el mundo y el país miren a la industria del carbón, ella será una más de las que el país habrá creado para esos años; esperamos sea moderna, eficiente y entregue la energía que Chile necesitará. Nos alegraremos de haber escuchado y entendido la realidad de los trabajadores del carbón.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Salas.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, hoy los mineros escriben una nueva página en la historia de Chile. No es primera vez que la industria del carbón está en crisis.

Me parece injusto sostener hoy que el culpable de lo que ocurre en esta agobiada zona minera es el Gobierno que rige los destinos del país. Sé que ha habido preocupación por los mineros del carbón desde que asumió el Presidente Aylwin.

Quiero recordar que en el mes de agosto de 1977, el diario "El Mercurio" decía: "Darán feriado a 15 mil mineros del carbón", y eso a raíz de la crisis existente. En 1975: "Sin salida 250 mil toneladas de carbón". En 1981: "Gobierno estudia cierre de las minas del carbón", sobre todo la mina de Schwager. Y la revista "Hoy", de 15 de enero de 1988, decía: "Cesantía en Lota y Coronel. Hay un PEM con 5 mil personas. El temor, la necesidad de hacer jornadas de doce horas en el pique, aunque está prohibido, para tener un ingreso de unos 4 mil pesos, se manifiesta en inconformidad, pero también en apatía".

Podría citar otras publicaciones aparecidas estos últimos años, que demuestran que es injusto culpar al Gobierno del Presidente Aylwin de la crisis que vive el carbón. Injusto es lo que hicieron los dueños de las minas de Schwager: despedir sin ninguna consideración a 756 mineros en vísperas del día en que todo el mundo recuerda con recogimiento el nacimiento de Jesús, en que llamamos a la paz, a la alegría, a la reconciliación, para que haya libertad y justicia en el mundo.

A lo mejor, hoy está de más dar cifras, se han dado muchas. Los mineros del carbón no quieren más discursos, no quieren saber cifras, no quieren que se rasguen vestiduras porque se da un peso más para paliar su aflictiva situación; todo lo que se les dé a estos trabajadores es poco.

La industria del carbón, señera de la industrialización de Chile, nace en 1850, cuando aún el petróleo casi no existía y la energía del país y del mundo para mover las máquinas provenía del carbón, al que todos llamaban en esos años "oro negro". Es posible que dentro de algunos años nadie compre carbón, pero es responsabilidad del Gobierno, del Parlamento y de todos los chilenos velar por el destino de 17 mil trabajadores que conforman más de 200 mil personas, incluidos sus mujeres e hijos.

Haber pasado en forma tan rápida de una economía que si bien es cierto era protegida por el Estado para librar a los trabajadores de la cesantía y la miseria, a una economía abierta y de libre mercado, ha producido un gran descalabro en nuestro país. No puede ser que esta economía de libre mercado, basada en el dinero mercantil, no tome en consideración el esfuerzo y el trabajo, no sólo de los mineros del carbón, sino de todos los chilenos que hoy laboran, que son más de cuatro mil, que están creando riqueza con sus propias manos.

Hoy debemos mirar al trabajador como un ser humano, no como un eslabón más para llevar adelante la economía de libre mercado, que cuando el empresario está en problemas entonces existe el Estado y debe apoyarlo. En 1981, tuvo que ayudar a los empresarios bancarios con más de 8 mil millones de dólares, patrimonio de todos los chilenos. Y dos uvas envenenadas casi tiran de espaldas el negocio tan boyante de exportación de uvas y a los trigueros, en fin. Aquellos que proclaman esta economía, sin tener ningún parámetro, acuden al Gobierno cada vez que un industrial tiene problemas. Sin embargo, en este caso ellos despidieron a 756 trabajadores que han vivido toda una vida en el carbón, lo que acarreará miseria a sus hijos y a sus mujeres. Pero si los afectados son los empresarios, tocan las puertas del Gobierno y dicen: "El Estado tiene que subvencionarnos, entregarnos dinero". Pero cuando compraron la empresa Schwager a precio de huevo, entonces no dijeron nada; sabían el destino que darían a la mina, porque el carbón no era un negocio tan bueno como los otros que tienen en el terreno que compraron.

Algunos dicen que esto no puede ser. ¿Podrá este país seguir creando riqueza? ¿Podrá haber reconciliación? ¿Podrá haber paz si los empresarios no empiezan hoy debiera haber sido ayer tratar mejor al trabajador para que tenga buenas viviendas, mayores salarios y sus hijos se puedan educar?

¡Qué paradoja más grande de la vida! Nosotros hablamos de reconversión. En 1977 también el gobierno de Pinochet les habló de ella a los mineros del carbón y no se hizo absolutamente nada. Hoy día veo una señal seria para que este país comience una verdadera reconversión industrial, creando nuevas riquezas en la Octava Región y en la cuenca del carbón para que los mineros tengan no solamente un trabajo estable, sino también un mejor sistema de vida.

No basta con la voluntad que muchos quieran expresar por los diarios. Aquellos que tienen más deben dar a los trabajadores hasta que el bolsillo duela; no como decía el otro día con ocasión del tema de Ferrocarriles, para que los trabajadores se coman las migajas, como Lázaro lo que los ricos botaban de la mesa. Hay que crear un país donde realmente haya justicia social, no atendiendo sólo al capital, muchas veces tan frío. No me refiero a todos los empresarios, porque sé que también los hay buenos que estudian y buscan cómo poder producir mejor con trabajadores mejor pagados.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SALAS.-

Pido a los colegas de la Derecha que respeten lo que estoy diciendo. Yo nací en el carbón y sé lo que hoy día están viviendo los mineros. Si queremos ser serios, tenemos que escuchar con respeto.

Creo que este tema no es de un partido político, sino de todos.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Debe dirigirse a la Mesa, señor Diputado.

El señor SALAS.-

También tenemos que reconocer que en este tema del carbón hubo negligencia en el Gobierno pasado. Los millones de dólares adeudados por Enacar eran más que los que hoy día se deben porque, cuando asumió este Gobierno, los perros que tenían en dicha empresa para cuidar a los trabajadores gastaban en comida mucho más de lo que ganaba un minero que bajaba al fondo de la mina, y los "sapos" percibían todavía mucho más. Eso es lo que ocurrió en el pasado. Recibimos una industria deprimida.

Cuando uno sabe que la Octava Región es rica, con sus bosques, mucha madera, carbón, mar y muchas industrias pesqueras, ¿cómo es posible que en esta industria exista un 40 por ciento de cesantía? que no se ha generado en este año y ocho meses del Gobierno del Presidente Aylwin: es producto de muchos años de gestión. Ni siquiera culparé al Gobierno inmediatamente anterior, porque es un problema de extrema pobreza en Lota, en Coronel, en la provincia completa de Arauco, al que habría que buscarle una solución.

Por eso, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo claro. A lo mejor podemos mejorar mucho más esta iniciativa, porque el proyecto de reconversión parte no sólo por los mineros que han sido despedidos en Schwager, porque ellos han sido las primeras víctimas de Coronel. A lo mejor, el daño infligido a tantas personas ha hecho despertar no solamente al Gobierno y a este Parlamento, sino a todos los chilenos. De nuevo los mineros marcan una etapa histórica en nuestro país porque Chile hoy día, a través de muchas páginas que se han escrito en estos días, ha vuelto a recordar que en esa zona negra y oscura existen hombres que bajan al fondo de la mina a buscar esa riqueza que hoy día no vale nada, pero que ayer hizo patria y que ahí también hay niños, jóvenes y mujeres que sufren. Por eso, es necesario que esta reconversión cree nuevas industrias.

Mejoremos este proyecto y, sobre todo, busquemos voluntad y una conciliación entre el capital y el trabajo, porque nada sacaría el rico con su dinero si no estuviera el trabajador, ni nada obtendría éste si no hubiera capitalistas que invirtieran. Debemos buscar un punto de equilibrio para que en el problema del carbón se encuentre una solución integral y deje de ser el drama de familias, de seres humanos que viven y sufren.

El proyecto sobre subsidio del carbón que ha presentado el Gobierno, por lo menos, es un camino claro. No tomemos en cuenta que sean 25, 30 ó 40 millones de dólares. La vida de los seres humanos, el hambre, la miseria, la incertidumbre, no tienen precio en la vida. Vivimos una sola vez, y, aquellos que no quisieron tender la mano a su hermano después tendrán que dar cuenta.

La vida de estas personas pende de lo que los señores parlamentarios acuerden en esta Cámara, de lo que imaginemos y de lo que pensemos. La reconversión debe ser pensada con todas estas mentes que por algo han llegado a este Parlamento, para dar una solución integral al problema del carbón, que, a lo mejor, por la iniciativa que ha tomado el Gobierno, aunque claro en sus objetivos, será un camino pedregoso, y difícil. Pero creo que para el chileno no hay nada imposible.

Si tomamos esta bandera de lucha de los mineros del carbón que no es de ningún partido político, sino de su trabajo, de la estabilidad en su hogar, de la alegría de su mujer y de la educación y del destino de sus hijos, podremos hacer de esta zona que es la cuenca del carbón comunas alegres, con hombres que puedan laborar, sobre todo los jóvenes, a lo mejor en otras actividades y no tener sólo el destino de sus padres, que es bajar al fondo de la mina.

La bancada democratacristiana dará su aprobación a este proyecto, que trataremos de mejorarlo en la Comisión. Asimismo, apoyaremos e incentivaremos todas las medidas que tiendan a favorecer a los mineros del carbón, especialmente con la creación de nuevas industrias, de empresas que quieran instalarse, basadas en una exención tributaria; con la construcción del puerto del Coronel, con una ley que permita que la madera pueda quedar también en la Octava Región y no, como ocurre hoy día, que el ciento por ciento de ella se exporte, por lo cual están cerrando las barracas y no hay un tablón para construir un mueble.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Señor Diputado, terminó su tiempo.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SALAS.-

Quiero finalizar diciendo a los colegas de la Derecha que les agradezco la "deferencia" que han tenido y que realmente hoy día me siento avergonzado de su conducta, porque quieren hacer una chacota del problema serio de hombres que están angustiados y amargados. Yo quisiera que miraran un poquito su pasado; ahí tendrían que pensar y pedir perdón a Dios.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, creo que es evidente para todos los parlamentarios presentes en esta Sala que existe una grave crisis en el carbón.

También es indudable que para la economía nacional y para el Gobierno actual resulta difícil poder enfrentar la crisis en toda su magnitud. Asimismo, es evidente que se trata de una zona abandonada por décadas, por muchos gobiernos, por más que hubo, a veces, buenas intenciones y buenas palabras.

A mí me interesaría en esta tarde simplemente referirme a tres cosas específicas. El Gobierno ha enfrentado la crisis del carbón, básicamente dialogando con los trabajadores para llegar a una solución sobre tres puntos.

En primer lugar, ayuda para los despedidos.

Quiero que quede claro que se ha hecho un esfuerzo importante, muy significativo, sobre todo teniendo en cuenta que hay despedidos, en otras partes del país que no van a tener los mismos beneficios, que ahora se justifican plenamente porque la magnitud de la crisis de la zona es muy grave. La conciencia de esa crisis en el Gobierno y en las fuerzas de la Concertación es profunda. Creemos que debemos hacer un esfuerzo especial. Pero se trata de medidas excepcionales.

En segundo lugar, este proyecto de subsidio tendrá que prolongarse por todo el tiempo necesario hasta que se produzca la reconversión. Tiene un alto costo de sacrificio para el Gobierno y, sobre todo, para el país.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero referirme, aprovechando que están presentes los señores Ministros de la Comisión Nacional de Energía y del Trabajo y Previsión Social, a lo que me parece ser la medida que debiera llevar a un renacer real dé la zona de Arauco.

La reconversión sólo se puede lograr si el Gobierno decide implementar un plan de inversiones públicas de gran envergadura, lo que de alguna manera ya se ha hecho y se está definiendo; pero también es necesario que el Gobierno entregue incentivos claros para que la inversión privada cree trabajo en la zona. Por eso, varios parlamentarios hemos planteado la posibilidad de estudiar la creación de exenciones tributarias para la inversión privada en la zona de Arauco bajo ciertas características, que básicamente comprenderían la instalación, por cierto, de empresas nuevas que absorbieran un número significativo de trabajadores.

Señor Presidente, por su intermedio, deseo pedirles a los señores Ministros que esta propuesta sea estudiada por el Gobierno con toda la seriedad que merece, de tal manera que si se toma una decisión favorable, sepamos cuáles son sus beneficios y sus costos. Si, por el contrario, la decisión es negativa, que tengamos todos los antecedentes que justifiquen esa decisión, porque estimo que no puede suceder que pasen los años, los gobiernos, los parlamentarios, y se repita, en esta sede, una discusión como ésta, siempre acicateados por la emergencia, sin ir a una solución de fondo del problema de la creación de riqueza y de trabajo en la zona de Arauco. En los diálogos con los trabajadores percibo un cierto cansancio y desencanto frente a las sucesivas promesas que se han hecho.

Por ello, como estoy bastante convencido de que la exención tributaria podría ser un estímulo importante para que vayan recursos a la zona, para crear trabajo que, hoy ni la industria forestal ni la pesquera, tal como están, pueden originar, solicito, por su intermedio, una vez más, como lo hemos hecho en reuniones privadas esta vez en público que el Gobierno estudie la posibilidad de estas exenciones y, a lo mejor, llegue a la creación de una zona económica libre en la provincia de Arauco.

Pido que la decisión al respecto sea lo más pronto posible, para no crear falsas expectativas. Si la decisión es negativa, que se den las razones, por duras que esas sean; y si es favorable, que sea rápida, con la suficiente publicidad para que pronto se puedan crear nuevas industrias en dicha zona.

Con su venia, señor Presidente, le doy una interrupción al Diputado señor Jeame Barrueto.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jeame Barrueto.

El señor JEAME BARRUETO.-

Muchas gracias.

Señor Presidente, quiero profundizar en la última proposición hecha por el Diputado señor Viera-Gallo, que compartimos con otros parlamentarios, en el sentido de que es claro que la medida en discusión es necesaria, buena e indispensable, aunque no una solución de fondo al problema no del carbón, sino de la zona del carbón, porque todos sabemos que esto se arrastra desde hace muchos años. Aquí tenemos una buena idea: el Gobierno ha dicho que todo esto va ligado a una reconversión productiva. Sin embargo, no queda claro cómo se producirá realmente esa reconversión.

Desde este punto de vista, hace falta un compromiso nacional con la zona, una especie de "Plan Marshall" de Chile para la zona del carbón, donde el punto fundamental sea una exención tributaria importante por un plazo de 10 años, por lo menos, que se transforme en un poderoso factor de atracción para inversiones privadas nacionales y extranjeras.

La zona posee grandes riquezas forestales, pesqueras, mineras; el parque industrial de la Octava Región es muy grande. Por lo tanto, las posibilidades de economía de escala son un incentivo real para que el sector privado invierta y produzca una transformación muy grande, muy importante, de manera que la zona del carbón no sea una especie de carga permanente para Chile y siempre el Estado tenga que subsidiar su pobreza.

Todos sabemos que la pobreza se supera a través de la explotación de las riquezas propias de cada región.

Una medida de este tipo posibilita que la zona vuelva a pararse sobre sus propios pies, pueda dar trabajo a los mineros del carbón y producir efectivamente la reconversión; puede ser el eje de una especie de "Plan Marshall", donde el Estado juegue un papel complementario en construcción de caminos, y capacitación, por ejemplo, medidas orientadas, específicamente, a facilitar las inversiones.

Más que salirse de la ortodoxia del modelo económico, la medida es de excepción; pero todo lo que discutimos son medidas de excepción. Entonces, corresponde hacer una evaluación seria como dijo el Diputado don José Antonio Viera-Gallo de los beneficios y costos que ella tendría.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Puede continuar el Diputado señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, como la idea es compartida por parlamentarios de distintas bancadas, solicito que se permita discutir y votar hoy un proyecto de acuerdo sobre el envío de un oficio al Presidente de la República, que contenga lo dicho y debatido ahora.

Por lo tanto, pido que solicite el asentimiento de la Sala para votar el proyecto de acuerdo sobre este punto específico, después de la votación del proyecto de ley.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, el proyecto de subsidio a la industria del carbón ha sido cuidadosamente estudiado por Renovación Nacional, cuyas conclusiones son las siguientes.

En primer lugar, el proyecto de ley no resuelve el problema de la industria del carbón como fuente laboral debemos decirlo muy claro, ni el de sus trabajadores.

En segundo lugar, el proyecto es insuficiente porque no resuelve la diferencia que existe entre el precio del carbón nacional y el importado. Además, porque no resuelve el problema del despido de los 756 mineros de Schwager ni de los 1.400 trabajadores cesantes de Lota, Lebu y Curanilahue.

En tercer lugar, el proyecto es discriminatorio por dos razones fundamentales. Una, porque el subsidio al carbón de alta kilocaloría como son los carbones bituminosos de 6 mil kilocalorías es de 7,6 dólares por tonelada como máximo; en cambio, para los carbones subituminosos, los de 4.200 kilocalorías y de esto no se informó en la Sala, es de 5,3 dólares por tonelada. La diferencia perjudica a todos los productores nacionales, estatales y privados, que producen carbón subituminoso.

La segunda razón que avala el carácter discriminatorio del proyecto radica en que el subsidio pretende ayudar a la industria del carbón de la Octava Región, con serio perjuicio para productores de la Décima y Duodécima Regiones. ¿Por qué los perjudica? En el mercado nacional limitado competirá un productor cuyos costos son sanos y competitivos y una industria ineficiente, retrasada tecnológicamente, con serios problemas geológicos en su manto de carbón. Es importante analizar la competencia dentro de un mercado limitado, tema que no ha sido tocado en la Sala, pues nos hemos referido sólo a la parte del proyecto de subsidio que pretende resolver el problema.

No se ha adoptado ninguna medida y la reclamamos públicamente que tienda a mejorar el mercado interno nacional y permita que las empresas que accedan al subsidio tengan a quien venderle el carbón. Puede ocurrir que en 1992 ayudemos a las empresas y protejamos la fuente laboral, pero los industriales no tengan a quien venderle el carbón y esta situación es una realidad conocida por todos.

Sin lugar a dudas, el Gobierno ha improvisado una solución para la industria del carbón. Sin embargo, no ha propuesto otras de fondo, que no inducen a engaño a los trabajadores y que permiten a la gran mayoría mantener su fuente laboral. Son las que vamos a señalar a continuación.

El subsidio directo a la mano de obra es la medida más apropiada. Si una industria está al borde del colapso, sin duda, despedirá trabajadores, racionalizará sus costos y, para competir, reducirá sus faenas a una mínima expresión.

Las medidas que proponemos buscan una solución integral. El análisis hecho define la primera parte del problema: el alto costo de la extracción del carbón de la Octava Región, en comparación con el importado. El otro gran problema es el consumo en el mercado interno, a través de dos fuentes principales: una, la industria de la minería, y la otra, las plantas generadoras de energía termoeléctrica.

En este sentido, en los últimos años la prolongada sequía significó poca agua en todos los embalses y que las plantas que generan energía hidroeléctrica trabajan a su mínima capacidad. La situación favoreció a la industria del carbón, porque hubo gran demanda de las plantas termoeléctricas, y las minas trabajaron todas. Me refiero, específicamente, a las plantas termoeléctricas del sistema interconectado, que tuvieron que absorber la diferencia de energía que no podían generar las plantas hidroeléctricas.

Esto, distinguidos Diputados y señores dirigentes de los trabajadores del carbón, es una realidad incontrolable. No podemos, en ninguna circunstancia, manejar las condiciones climáticas. La sequía puede repetirse y afectar seriamente el desarrollo del país.

Por eso, es válido decir que en Chile existen dos escenarios: la Primera y la Segunda Regiones generan toda su energía con plantas termoeléctricas, y el sistema interconectado del país tiene ambas posibilidades. ¿Por qué, entonces, sería pecado fijar un piso en el plan macro para las plantas termoeléctricas, de manera de asegurar el consumo de carbón en el mercado interno durante los próximos años?

Formulo la consulta por intermedio de la Mesa y me gustaría que la contestara el señor Ministro, don Jaime Tohá.

El problema de fondo, básicamente, se refiere a la urgente necesidad de contar con una adecuada política de energía y de diseñar un plan en que parte de la que produce el sistema interconectado se genere por plantas termoeléctricas, de tal manera que el mercado interno asegure un consumo de carbón del orden de las 500 mil toneladas al año.

Los chilenos pagarán un mayor costo si se aplican estas medidas; pero deberán entender que el pequeño esfuerzo significa proteger la única reserva energética del país. Es sabido que sólo el 15 por ciento de nuestro mercado está abastecido con petróleo nacional y que el 85 por ciento debe ser importado.

Si es realidad que sólo el carbón constituye nuestra reserva energética para las próximas décadas, debemos tomar las medidas necesarias para proteger, modernizar y hacer eficiente esta minería. Siempre va a existir el fantasma del carbón importado; pero la industria nacional debe ser protegida. En muchas oportunidades, ha tenido situaciones coyunturales y se ha debido proteger, al igual que a otros sectores productivos. Lo hacen todos los países que tienen economía social de mercado. En Chile, existe la protección de la banda de precios para el trigo, el azúcar y la leche. ¿Quién podría negarle el futuro al carbón chileno?

Las medidas están en el límite del sistema de economía social de mercado; pero el Gobierno debe aplicar el rol subsidiario del Estado para mantener las fuentes laborales y posibilitar que la Octava Región tenga mejores.

Los Diputados de Renovación Nacional siempre hemos estado atentos a apoyar este tipo de acciones y no vamos a crucificarlo por tomar medidas proteccionistas, más aún si no existen alternativas. Es necesario tomar medidas de fondo, más completas que las que proponen el proyecto de subsidio.

En Lota, frentes mecanizados han permitido mayor productividad por hombre turno; pero aún existen otros que utilizan antiguos sistemas de explotación.

Con los integrantes de la Comisión de Minería, tuvimos el privilegio de estar en los frentes junto a los trabajadores del carbón. Recuerdo muy bien que en 1990 les dijimos que buscaríamos soluciones para ellos. Pero las limitaciones que tenemos como parlamentarios nos imposibilitan presentar ese tipo de proyectos. Por eso, pasó el tiempo y sólo en septiembre de 1991 llegó un proyecto para ayudar a la industria carbonífera.

Tenemos conciencia de que el problema se arrastra por muchos años; pero nada justifica seguir diciendo que es herencia del pasado y no tomar decisiones adecuadas en el día de hoy. Sé que el señor Ministro tiene la mejor disposición para buscar soluciones; pero tiene que ser apoyado por el resto del Gabinete del Presidente Aylwin. Ningún sector ni nadie en forma independiente puede resolver los problemas de fondo de esta industria. Se necesita la voluntad de todas las partes involucradas para encontrar las soluciones, sin engañar ni abusar de la paciencia de los trabajadores del carbón.

Estamos ante una coyuntura de la mayor gravedad, ante un enfermo de cáncer crónico. No pretendamos sanar la situación de la industria del carbón con este proyecto de subsidio que es sólo un "mejoral".

Espero que no tengamos nuevamente que reunimos en esta Sala para criticar y lamentarnos por no haber tomado medidas oportunas en defensa de este sector y de sus trabajadores.

Vamos a aprobar la idea de legislar con el único afán de que el Gobierno se vea en la obligación de mandar los proyectos que resuelvan con medidas de fondo lo extensamente analizado, sin pretender hacer demagogia aprovechándonos de una coyuntura política. Tenemos que apoyar esos proyectos, que deben ser ingresados con urgencia a esta Cámara para que se inicie un camino distinto de soluciones y que no tengamos que lamentar que los trabajadores salgan a la calle para ser escuchados, para proclamar su hambre, para difundir su tragedia. Pero, en este proyecto de subsidio, en que sólo ayer en la Comisión de Hacienda recibimos dos ideas que analizamos en el día y que estamos dispuestos a apoyar, ha sido necesaria la presión de 10.000 trabajadores y sus familiares mediante una marcha, para hacer entender y sensibilizar al Gobierno. Por eso es necesario que nos aboquemos con la mayor urgencia a resolver este problema, porque los trabajadores lo merecen, porque la Octava Región lo merece y porque el país lo merece.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, voy a ser muy breve porque, como Diputado informante pude referirme extensamente al proyecto. Ahora sólo quiero señalar algunos aspectos muy puntuales.

En primer lugar, advierto una omisión importante en el informe en cuanto al costo total del proyecto. Si consideramos el subsidio a la comercialización del carbón, su costo es del orden de los $ 6.200 millones y la indemnización compensatoria, de $ 6.140 millones. El fondo de relocalización de los trabajadores que, si bien será cargado al presupuesto del Sence, de todas maneras se invertirá en la zona alcanza a una suma de $ 700 millones. En resumen, estamos hablando de una cantidad cercana a los $ 13 mil millones que equivale a 35 millones de dólares.

O sea, el proyecto significa recursos significativos que el Estado chileno invierte en la zona del carbón. Por eso reitero ya no en mi papel de Diputado informante, que se está haciendo justicia a una zona que mucho lo merece por su aporte en el pasado al desarrollo del país y por lo que ha significado en la historia de los trabajadores del carbón.

En segundo lugar, en relación con lo que expresó el Diputado señor Vilches, es cierto que este proyecto es parcial. Nadie ha pretendido, y mucho menos el Gobierno, que sea la solución para el problema de la zona del carbón. Es parcial, pero apunta en la dirección correcta porque contiene un conjunto de medidas que representan una inversión significativa del Estado, que la mencionó el Diputado señor Viera-Gallo: programas de emergencia para enfrentar la cesantía; poder comprador para pirquineros y pequeños mineros, especialmente de la zona de Curanilahue, durante el período en que entra en vigencia el proyecto; programa extraordinario de obras públicas en la zona, que significa, incluso, adelantar algunas; inversión o gasto muy fuerte en las empresas del Estado para evitar despidos de personal por causales no imputables al trabajador. Al respecto, ha habido una decisión que implica recursos para mantener una dotación de trabajadores excedentes, necesaria para no agravar la situación social en la zona. Están, además, los programas de capacitación laboral, las medidas de estímulo para inversiones del sector privado, que serán anunciadas en detalle por el Ministro de Energía durante el curso de este mes; jubilación anticipada en aquellos aspectos que digan relación con los trabajadores del carbón, y la modificación legal que permita a las empresas estatales asociarse con capitales privados, medida que si bien no constituye un gasto directo, representa la posibilidad de que la capacidad profesional de las actividades del carbón pueda colocarse al desarrollo de otras que la reemplacen.

Todo lo anterior es difícil de cuantificar a estas alturas; reitero ya lo anunciará en detalle el Ministro de Energía. Va a ser una inversión del orden de los 80 a 100 millones de dólares. O sea, hay aquí un esfuerzo significativo que el país está realizando para apoyar a esta zona.

Por último, tengamos presente que éste no es sólo un beneficio para los trabajadores que han laborado en las grandes empresas, sino también un beneficio para mantener la actividad de la mediana y pequeña empresa y de los pirquineros. En ese sentido, la comuna tal vez más afectada es la de Curanilahue, donde la situación se agrava por el hecho de que se está agotando la veta de la mina Colico que allí se explota. Hay un manto que está terminándose y, por lo tanto, se requiere de una acción especial. Ese es el llamado que hago a las autoridades de Gobierno para que se preocupen de esa comuna que debe mantener su actividad. La situación de la mina Colico, en términos geológicos, es mucho más difícil que la de otros sectores de la zona del carbón. Señor Presidente, el Diputado señor Ringeling, me ha pedido una interrupción, como asimismo el Diputado señor Latorre. No sé si Su Señoría puede dar ambas, pero yo me comprometí con el Diputado señor Ringeling.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

También la ha solicitado el Diputado señor Escalona.

Tiene la palabra, en primer lugar el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, por su intermedio, le doy las gracias al Diputado señor Huepe.

Respeto el ardor y el apasionamiento con que se han expresado en esta discusión los parlamentarios de la zona del carbón, y los que han estado vinculados a su actividad, porque, lógicamente, están defendiendo su zona que conocen muy bien y que les toca representar.

Comprendo también el interés y la presencia de los dirigentes de los sindicatos del carbón, que han seguido con toda atención este debate; pero los Diputados aquí presentes somos Diputados nacionales y, de alguna forma, debemos tratar de velar por el interés de todos los chilenos. Por eso haré una argumentación con visión general, un poco desde fuera, que debemos tener en cuenta tanto nosotros como los dirigentes del carbón.

En primer lugar, todos estamos de acuerdo en que el proyecto otorga un subsidio, de cargo de todos los chilenos, de 6 mil millones de pesos directamente para las industrias y los trabajadores. En la parte que va directamente a las empresas, el subsidio no tiene por objeto nadie aquí lo ha dichopotenciar una actividad que pueda tener un destino en el futuro, porque todos los argumentos que se han dado en la Comisión y en la Sala, dejan en claro que los costos de esta actividad en la Octava Región, o en la gran mayoría de las empresas, no es posible que perduren en el tiempo. Así que, simplemente, lo que estamos haciendo es "perder" entrecomillas6 mil millones de pesos para provocar una muerte lenta y no traumática a este sector, en la parte del subsidio a las empresas. Pero, ¡qué absurdo fluye de esta situación! Estamos dando un subsidio insuficiente como señaló el Diputado señor Vilches a empresas nacionales que están compitiendo con otras en diversos sectores del país. Y a esas empresas de otros sectores del país las estamos condenando a no poder contratar más personal, a no poder invertir más, porque, simplemente, en Chile hay un mercado limitado copado.

Y ésa no es una sensación, es una realidad que debemos tener presente, ya que no tiene un fin práctico la mantención de este subsidio en una actividad que se va acabando en el tiempo, y que al tercer año no permitirá que siga existiendo la que actualmente es deficitaria.

En segundo lugar, con todo el respeto que me merecen los señores Diputados que han hablado antes y los representantes del carbón, sabemos que esa labor, que por años se practica en la zona, es muy difícil, muy sacrificada y origina una sensación de injusticia. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con los 150 trabajadores de la mina "El Bronce" que hace muy poco fueron despedidos, y hace meses otros, porque bajó la ley del mineral de oro que ahí se elabora? ¿Ha ido el Estado a socorrerlos? Algunos trabajaban por largos años y sólo han obtenido los beneficios que otorga la ley laboral. ¿Qué pasa con las más de 2 mil personas del sector pesquero que quedaron sin trabajo en la zona norte porque se redujeron las capturas de pescado? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con un gran sector de pirquineros de esa misma zona en la que estuvimos hace poco con ellos que por motivos de las altas tarifas de Enami y por la incapacidad de procesar el mineral, han debido, simplemente, cerrar las minas por causas exógenas también, como es la baja del precio del cobre? ¿Qué pasa con ellos? ¿Y qué pasa, por último, con más de 140 mil personas que se encuentran cesantes en Chile? Comprendo que tratemos de ayudar a un sector, es lógico, pero debemos tener una visión de conjunto.

Estamos otorgando otros 6 mil millones de pesos para ayudar a sectores que van a quedar sin trabajo. No podría estar en contra de una medida así; estamos ayudando a un sector y por eso vamos a votar favorablemente la idea de legislar. Pero cuando discutamos el articulado, en primer lugar, tendremos que averiguar hacia qué nos conduce. ¿Tenemos derecho a perder esos 6 mil millones de pesos como en otras circunstancias? En el estatuto automotor discutimos acerca de más de 80 millones de dólares, ¿y qué se ha logrado? Que apenas 1.500 ó 2.000 personas tengan una actividad, por subsidiar a empresas transnacionales. Es mucho peor el caso del estatuto automotor. Pero, no tenemos derecho a entregar los actuales recursos sin tener una visión de conjunto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, termino mi intervención recordando una vieja frase: "Las crisis pueden convertirse en oportunidades". Estoy seguro de que esta oportunidad con motivo de la crisis de Arauco, de la zona del carbón, será especialmente aprovechada por la provincia y, especialmente, por sus trabajadores.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, el tema que se ha estado discutiendo durante toda la tarde ha tenido la característica, a través de diferentes pensamientos, de hacer presente la necesidad de otorgar un subsidio a las empresas carboníferas.

Y si bien es cierto las consideraciones son siempre distintas, es de vital importancia recordar algunos aspectos que son absolutamente necesarios para el establecimiento de la historia fidedigna de la ley.

En primer lugar, da la impresión de que estuviéramos discutiendo una crisis terminal del carbón y que el Gobierno nos intenta convencer de eso, cuestión que no me parece, porque como lo sabe el Diputado señor Salas, pues nació en el pueblo minero de Lota, estas situaciones han sido cíclicas. Cuando los mismos mineros previendo esta situación, hicieron constantes planteamientos tanto a los candidatos presidenciales como a los candidatos a parlamentarios, acerca de la necesidad de poner el acento en la solución de la nueva crisis que se avecinaba, las promesas llovieron. Esa es, simplemente, una realidad.

Insisto en que, a mi juicio, la crisis que ha sobrevenido a la industria del carbón no es terminal, sino que es una más que tenemos que enfrentar aplicando las mejores estrategias. Sin duda, el subsidio es, una estrategia; no la mejor, opinión que todos comparten en esta Sala.

Por intermedio de Su Señoría, me voy a dirigir al Honorable colega Salas, quien ha hablado de "esta economía de mercado tan fría". Pero esta economía de mercado es la única que ha permitido al Gobierno encontrarse con un país medianamente estabilizado, con posibilidades reales de desarrollo, como lo ha reconocido el mismo Presidente de la República en todos los foros del mundo donde ha concurrido. Entonces no digamos las cosas en forma parcelada, sino que hablemos con la verdad.

Es cierto que aquí se exigió seriedad a la bancada de la Derecha, según el decir del colega señor Salas. ¡Qué más seriedad que la presencia de la casi totalidad de los parlamentarios de mi partido, porque de éste respondo, a diferencia de la del Diputado que enrostró esta situación, que en su gran mayoría ha estado ausente de la Sala! En consecuencia, la exigencia de la seriedad hagámosla de manera justa y en forma equilibrada.

También se ha planteado en esta Sala que el Gobierno anterior nada había hecho con respecto a la reconversión. Quiero reiterar que estas afirmaciones han sido totalmente contradichas por un señor Ministro hace un par de horas en la Comisión de Hacienda. En efecto, dijo: "Pero si el Gobierno anterior hizo un plan de reconversión. Lo que ocurre es que, a nuestro juicio, no dio todos los resultados esperados". Entonces tenemos que ir interiorizándonos si efectivamente se han hecho o no las cosas.

Luego, es importante también destacar en esta Sala que en estos dos años no se han adoptado ni arbitrado las medidas necesarias para paliar un problema que se venía encima. Y esto lo demuestra el hecho de que hasta ayer no había llegado ni un solo proyecto distinto de éste que había ingresado al Parlamento hace un tiempo. Ahora se vienen a mostrar soluciones parciales, sin duda saludables, ¡pero sólo en el día de ayer! Es importante que esto se sepa también en esta Sala.

Ahora bien, todo el mundo ha estado preocupado del repentino despido de poco más de 750 trabajadores efectuado en Schwager, pero nadie ha hecho mención de los despidos, uno a uno, o de varias decenas ocurridos en la ciudad de Curanilahue, situación totalmente distinta a la de Coronel, toda vez que allí el 72 por ciento de la población depende directamente del carbón, cosa que no ocurre en otras ciudades.

También es importante destacar esta materia; no debemos preocuparnos sólo por un efecto publicitario, sino por efectos reales, verdaderos. En el caso de Curanilahue ya hay más de 1.200 personas despedidas, y cosa curiosahace un rato, en la Comisión de Hacienda, el Honorable Diputado Cristian Leay y el que habla sustentamos la tesis de solicitar al Gobierno que en este proyecto, mediante el cual se permite la jubilación anticipada a quienes hayan estado trabajando al 1° de diciembre de 1991, se adelante al menos en tres meses dicha fecha, en atención a que los trabajadores de otras minas no de Schwager sufrieron este flagelo algunos meses antes.

También quiero decir que en la Comisión presentamos varias indicaciones que, lamentablemente fueron rechazadas, y al decir "presentamos", incluyo a los parlamentarios de la región.

Quiero hacer presente que junto con la aprobación del proyecto por parte de nuestra bancada, queremos exigir igualdad frente a un tema planteado hace un rato por el colega Jaime Orpis; igualdad frente a situaciones similares. Pero la del carbón es mucho más grave que la de Ferrocarriles, toda vez que afecta a concentraciones poblacionales urbanas completas. No es justo que algunos trabajadores obtengan como jubilación el 90 por ciento de sus remuneraciones de los últimos años, y los mineros del carbón sólo cerca del 55 por ciento.

Frente a problemas como éstos, es importante buscar una situación de homogeneidad; frente a situaciones mucho más importantes, que afectan a áreas urbanas completas, es indispensable que la dedicación del Gobierno, que tiene que velar por el bien común al igual que nosotros, se haga en atención al daño que recibe esta importante población, representada en este caso por los trabajadores del carbón.

Por otro lado, he dicho en forma insistente que creo firmemente en una economía social de mercado. Pero también debo reconocer que una economía social de mercado exige una competencia leal. Así como se lo planteé al Ministro señor Tohá, sigo pensando que en la importación de carbón no hay una competencia leal; sigo creyendo que, aunque sea por vía indirecta, hay un subsidio al carbón extranjero, lo cual no ha sido aprobado en forma clara.

En realidad, es fácil deducir que el carbón que se extrae a tajo abierto es más barato, pero existe el problema de fletes y una serie de inconvenientes que, sin duda, significan mayor costo. Si de verdad pensamos que ésta es una crisis de carácter cíclico y no terminal, debemos buscar los ajustes necesarios.

La economía de libre mercado exige competencia leal, y cuando ello no es así, tenemos el legítimo derecho de otorgar subsidios, tal como pensamos que debe ser. Desde esta perspectiva recién lo acaba de mencionar un señor Diputado, existe una banda de precios en el área agrícola, y si existe es porque se va en defensa de una materia importante.

Tampoco debemos olvidar que si hoy circunstancialmente el carbón y el petróleo tienen un bajo precio, tal situación vaya a ser permanente. Es importante, en consecuencia, ir pensando en que no sé trata de una crisis terminal estoy íntimamente convencido de eso y que deben existir los necesarios ajustes para pensar en una alternativa real de energía, como sigue siendo el carbón, con dificultades propias todavía.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Escalona.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, estaba anotado para intervenir, pero desgraciadamente el próximo cierre del debate me iba a imposibilitar hacerlo, de modo que agradezco la gran gentileza del Diputado señor Ulloa, que me permite hacer esta brevísima intervención.

Quisiera llamar la atención respecto de un punto que no se ha tocado en el debate.

El hecho de que los trabajadores del carbón hayan podido hacer sus asambleas sindicales una marcha, que fue imponente y que demostró la fuerza del movimiento obrero en la zona del carbón; de que hayan sido recibidos por el Presidente de la República ayer, y que hoy el Parlamento discuta un proyecto relacionado con ellos, refleja lo mucho que ha avanzado el país en estos últimos dos años. Es innegable de que si este conflicto se hubiese producido poco tiempo atrás, otra habría sido la respuesta que hubiesen recibido los trabajadores del carbón.

Ha habido un avance evidente y propio de la democracia, la cual los propios trabajadores del carbón contribuyeron a conquistar. Es evidente que aquí está la enorme diferencia entre el régimen político que estamos reconstruyendo y el que hemos dejado atrás. La respuesta ha sido, frente a este conflicto y despido irracional de una empresa, el diálogo y la búsqueda de una solución.

Hace brevísimo tiempo la respuesta habría sido una represión, de la cual el movimiento obrero chileno tiene muchísimos tristes recuerdos. Movimientos de este tipo eran simplemente enfrentados por medio de la fuerza, por medio de la represión policial y también con el despliegue militar.

En consecuencia, aquí hay un mérito y una conquista de la democracia, que permite que los problemas de los trabajadores y del movimiento popular puedan ser resueltos en el marco de la resolución de un sistema político profundamente democrático, como el que se está reconstruyendo.

La segunda cuestión que quería subrayar es que la aprensión del señor Ringeling es por cierto saludable y positiva, en la medida en que hoy Renovación Nacional va a aprobar este proyecto, el mismo que hasta ayer rechazaba en la Comisión en la cual fue discutido. Eso prueba también las virtudes del régimen democrático, porque en la medida en que se puede discutir de cara al país y al pueblo, incluso las propias fuerzas de la Derecha tienen que, a veces, sopesar medidas a favor de los intereses de los trabajadores.

Muchas gracias, Diputado señor Ulloa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera la palabra el Diputado señor

Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, al terminar quisiera decir que le encuentro razón al colega Escalona con una salvedad: ningún trabajador come democracia. Esta es útil sólo en la medida en que nos permite vivir mejor y resolver de verdad los problemas. No sólo discutirlos.

Ahora sólo quiero pedir que en la discusión particular logremos finalmente consolidar y solicitar al Gobierno que se cumplan aquellos compromisos que se tomaron en la Comisión de Minería, como lo dijera el Diputado señor Rocha con ocasión del debate del artículo 7a, que dice relación con la no contratación alguna de personal. Esta es una norma peligrosa precisamente para la seguridad y permanencia de la empresa en el tiempo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, ha sido importante que hoy en la tarde los parlamentarios hayamos escuchado los diferentes planteamientos en relación con la profunda crisis que afecta a uno de los sectores que producen energía para Chile.

Al respecto, debo recordar que el motor que mueve todos los estratos de un país es la energía.

Los que pertenecemos a la Octava Región vivimos horas muy amargas hace algunos días. Quiero recordar y reconocer la valentía de nuestras autoridades: el Intendente Regional y tres Secretarios Regionales Ministeriales, quienes tuvieron que dar, con transparencia y claridad, la terrible noticia del despido de 756 trabajadores de Schwager a todos los medios de comunicación de la Octava Región. Cuando sucedió eso, la opinión pública creyó que la filial Schwager era un organismo estatal o fiscal, olvidándose de que algunos años atrás ésta se había privatizado en un precio que tal como plantearon algunos parlamentarios, ha provocado una de las grandes dudas que tenemos en el país.

Nunca, como Diputado de Concepción, escuché que los ejecutivos de la filial Schwager hubieran hecho ese anuncio, tan triste y lamentable, en esa forma. Aún más, los dirigentes sindicales expresaron y denunciaron que habían sido traicionados por cuanto existía un compromiso, de hecho y de palabra, en el sentido de que ellos iban a ser los primeros informados de cualquier situación de esta naturaleza.

¿Por qué expreso esto? Porque es bueno recordar que de el mismo instante en que fuimos elegidos parlamentarios, prácticamente todos los electos bajamos a las minas de Schwager y de Lota. Lo hicimos con el convencimiento de que debíamos vivir esa situación para experimentar en carne propia lo que describe la novela "Sub Terra", que dio a conocer la vida del minero del carbón.

El 2 de julio de 1990, se acordó, por la unanimidad de los presentes en esta Sala, oficiar al Presidente de la República para que comenzaran los estudios destinados a conceder a los mineros del carbón la jubilación a los 25 años de trabajo. No obstante, hemos visto con un poco de tristeza, pero entendiendo la impotencia de estos trabajadores, que un sector de los mineros del carbón no quiere nada con los parlamentarios, porque se han formado la imagen de que sólo fueron a hacer promesas que no han cumplido.

Al escuchar al Diputado Jorge Ulloa, veo que se ratifica el pensamiento, la exposición y el planteamiento de esos mineros. Sin embargo, es bueno, para una discusión seria y responsable, analizar en profundidad la crisis del carbón en el país y recordar algunos hechos puntuales.

La situación del carbón en Chile incide en una situación técnica, social y también política.

Todos sabemos que el carbón es el recurso energético más importante a nivel mundial y nacional; pero también es cierto que existen reservas casi ilimitadas. Sin embargo, está geográficamente bien distribuido, por lo que no crea fuentes de poder político económico ni bélico. Además, no produce dependencia energética.

Lamentablemente, siempre las determinaciones políticas afectan al recurso humano, en lo referente al aspecto social.

También, debemos recordar que uno de los orígenes de la crisis que estamos viviendo fue permitir el acceso de capitales privados al recurso energético del carbón, el cual era considerado estratégico, concepto que cambió hace varios años. Con esto y no estoy en contra de la empresa privadase benefició al particular o a los capitales privados, ya que se adjudicaron empresas con pocos trabajadores, señalo en forma responsable el caso de Cocar, que no tiene más de 300 trabajadores, en desmedro de la empresa estatal, como Enacar, que cuenta con miles de trabajadores, sin considerar los grupos familiares ni las personas que brindan servicios a la empresa, como es el caso de los contratistas, y el comercio en general.

Esa es una realidad que ha traído estas consecuencias. Ocho o más años atrás había en el país sólo dos o tres empresas productoras comercializadoras del carbón. En la actualidad, señor Presidente, existen más de veinticinco de estas empresas, con las consecuencias correspondientes en el aspecto social.

Estimo que las medidas políticas que han afectado al carbón son las siguientes:

Hubo cambios en el régimen aduanero que establecieron demasiadas facilidades para importar. Hubo una política fiscal, crediticia y tributaria que dio excesivas facilidades para créditos en el extranjero destinados a importaciones y, lo que es más grave, se liberó de algunos pagos de impuesto. Coloco como ejemplo a Chilgener y a Huachipato, empresas que importan carbón directamente. Me hago una pregunta en voz alta: ¿Quién controla la cantidad de carbón que se trae? Hasta junio de 1978, el Estado fijaba los precios del carbón; posteriormente, existió libertad de precio. Se cambió el régimen de la propiedad minera. Antes sólo el Estado explotaba el recurso energético; ahora también lo hacen los particulares, por lo que se produce una competencia absolutamente desleal con las empresas estatales, en lo referente a la gestión empresarial.

¿Por qué expreso esto? Sabemos que todas las empresas estatales tienen que cumplir religiosamente con la tributación. Además, deben respetar las garantías y los derechos adquiridos que han conseguido los trabajadores a través del tiempo, obligación que normalmente no tienen quienes tributan en segunda categoría.

Quiero hacer una defensa de la actual ejecución de Enacar. Se expresa con mucha liviandad que, poco menos, ha habido una campaña de despidos masivos de trabajadores en Curanilahue. Enacar ha cumplido con toda la parte legal de los mineros despedidos. Nadie puede decir lo contrario. Por ello, estoy convencido de que los parlamentarios debemos aprobar sin discusión la idea de legislar; pero debemos tener clara conciencia de que este proyecto de ley es un paliativo, que cuesta 35 millones de dólares, para reactivar la cuenca del carbón.

El gran compromiso de los parlamentarios es aprobar este proyecto de ley y también, con carácter de ""suma urgencia", la iniciativa que otorga jubilación a los mineros a los 25 años de trabajo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación en general el proyecto.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado en general el proyecto.

A continuación, corresponde votar la idea contenida en el artículo 13 y, por las dudas, la del artículo 12, aunque es discutible, porque requieren quórum calificado, es decir, 60 votos a favor. En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobados.

Aplausos.