Labor Parlamentaria

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, en la editorial del diario "El Mercurio" del 5 de diciembre en curso, se pretende refutar afirmaciones mías, relacionadas con el precio de la remolacha y del azúcar, fijados por IANSA en los últimos años, situación que me llevó a anunciar que, con un grupo de técnicos, estamos estudiando un proyecto de ley, para que "frente a situaciones de monopolio o monopsonio, el Estado tenga un poder regulador que posea un carácter técnico y que, en el caso de que haya conflicto en la fijación de los precios de la remolacha, pueda existir una forma pactada de intervención que resuelva sobre el tema".

Por esta afirmación, dicho comentario editorial caricaturiza mi propuesta al señalar que lo que estoy proponiendo es una política de "fijación de precios por parte del Estado". Lo que "El Mercurio" interpreta como mi posición llevaría, según el diario, a situaciones como las vividas por Chile en los tiempos de la Unidad Popular.

Constituye una manera fácil de discutir, el desfigurar la posición ajena y lanzarla después contra el fantasma del pasado, que, de hecho, se insinúa que uno quisiera revivir. De esta manera, se elude la discusión de lo principal, levantando una nube de sospecha sobre las posiciones de los otros.

¿Cuál es el problema de fondo, en el caso de los precios del azúcar y de la remolacha? Según mi opinión, IANSA ha abusado de su posición en el mercado, que cualquier analista podría calificar de monopolio y monopsonio. En efecto, en el período 1985-1989, el precio del azúcar ha aumentado en el mercado interno en un 50 por ciento, en términos reales, siguiendo el precio internacional. En igual período, el precio de la remolacha ha disminuido, en términos reales, en un'21 por ciento. Como consecuencia de ello, las utilidades de IANSA han aumentado progresivamente, llegando, en 1989, al 38 por ciento del patrimonio. En este mismo año, se distribuyó el 71 por ciento de las utilidades generadas en el período. A este respecto, nada dice la nota editorial de "El Mercurio".

En la actualidad, el precio interno del azúcar vigente se ubica por sobre el techo de la banda. En este caso, se aplican rebajas arancelarias, lo que en la práctica es una subvención que no se traduce en los precios de venta. IANSA, a su vez, es la única compradora de remolacha y actúa en ese mercado fijando precios y estableciendo cupos de producción a agricultores seleccionados por ella. Más aún, ella determina la polarización o niveles de azúcar de la producción, sin que los productores tengan ninguna participación. Para los actuales dueños, sería relativo el carácter monopsónico de IANSA -argumento que el editorialista repite-, porque los agricultores tienen otras alternativas de cultivo.

Ese es un argumento simplista, porque olvida por completo los intereses de los productores y que el cultivo de la remolacha forma parte de un proceso de cierta especialización. En éste, el productor aprende a planificar la producción de un predio, lo cual le permite definir la dotación de capital, especialmente en maquinaria y equipo y el empleo de su mano de obra. Solamente se sustrae de este cultivo cuando ya las condiciones de precio son tan reiteradamente bajas, que lo obligan a salirse de ese rubro, situación a la cual se han visto abocados los productores. Pero nadie puede dejar de constatar que ello les provoca graves daños y perjuicios. Eso es lo que sucedió durante el curso de este año.

El señor PEREZ (don Víctor).-

¿Me permite una interrupción?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Pérez le solicita una interrupción.

El señor ORTEGA.-

Que se descuente de mi tiempo, señor Presidente.

El señor PEREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, solicito que el Diputado señor Ortega precise en qué momento el diario "El Mercurio" ha atentado contra su reputación o ha criticado los procedimientos que él ha ejercido, que son los dos elementos en virtud de los cuales el artículo respectivo del Reglamento permite hacer uso de estos cinco minutos. Por lo que el Diputado señor Ortega ha señalado hasta el momento, dicho diario no ha atentado contra su reputación ni ha criticado la corrección de sus procedimientos, sino que ha hecho una crítica política, que no da lugar a la actual intervención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar con la palabra el Diputado Señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, lo que ha dicho el diario "El Mercurio" es descalificatorio, porque yo no he planteado la fijación de precios del Estado ni menos volver al tiempo de la Unidad Popular.

Cuando los agricultores reclamaban este año por las reiteradas bajas de precios de la remolacha, fijados unilateralmente por IANSA, dijeron que bajarían las siembras. Los ejecutivos de la empresa los acusaron de alarmistas. Hoy se puede constatar que la cifra contratada por la presente temporada no superará las 38.000 hectáreas, es decir, un 30 por ciento menos de las requeridas para abastecer el mercado interno.

Hace pocos días, el presidente de la Asociación de Productores de Remolacha de Talca solicitaba al señor Ministro de Agricultura lo que yo anunciara en relación con el proyecto de ley que provocó el editorial de "El Mercurio": "Que, a futuro, la fijación del precio de la remolacha sea determinado por una comisión tripartita, formada por un representante de ese Ministerio, IANSA y los productores". En estos mismos días, después que yo asumiera una posición tan "estatista y socialista", el propio matutino "El Mercurio" debe informar que "IANSA buscará acordar el precio de la remolacha con los agricultores". La Sociedad Nacional de Agricultura anunció también que los precios de la remolacha -materia que ahora suscita la preocupación de todo el mundo- podrían ser fijados entre esa Sociedad y IANSA.

Aún más, son los propios productores agrícolas los que señalan hoy que IANSA, por su carácter monopólico, debió mantenerse como empresa del Estado o como empresa mixta y que no debió ser privatizada. Sobre el particular, nada se dice ni se editorializa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo, señor Diputado.

El señor ORTEGA.-

Como habrá una sesión especial de la Cámara para tratar el proceso de privatización y su costo para los chilenos, en esa oportunidad analizaré otros temas, como son los problemas en que se vio envuelta la privatización de IANSA. Los procedimientos empleados con ocasión de ese proceso han sido denunciados, en estos días, por las propias partes en pugna por la propiedad de la empresa.

Concluyo recordando que quienes tantas veces citan la economía social de mercado alemana como modelo, debieran decir que en ese país las intervenciones públicas son drásticas, no sólo para evitar monopolios, sino para impedir que una empresa controle una proporción del mercado considerada excesiva.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde entrar a conocer las modificaciones del Senado al proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

Las modificaciones del Senado figuran en el N°1 de los Documentos de la Cuenta de la sesión 18°., de 06 de diciembre de 1990. (Boletín N°195-08).

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, la modificación introducida por el Senado, concordante con otras que veremos con posterioridad, consiste en establecer un porcentaje de doce y medio por ciento de variación máxima entre los precios de referencia superior o inferior y el intermedio. Esta disposición tiende a hacer más rígida la operación del fondo de Estabilización de Precios del Petróleo; elimina la posibilidad de que pueda coincidir, en ciertas fases, el precio de referencia intermedio con el superior, como se previó originalmente, y fuerza a mantener una oscilación del precio dentro de esta banda, de 25 por ciento.

Desde el punto de vista teórico, sin duda alguna esta adición es respetable, porque corresponde, a mi juicio, a la adecuada concepción de que los precios deben oscilar dentro de esa banda. Desde el punto de vista práctico, su efecto es adverso. Todos sabemos que cuando hay factores estacionales que hacen subir el precio, por ejemplo, del petróleo diésel, ello repercute en el alza de los precios de muchos otros productos; pero que cuando bajan, eso no se traduce en reducciones de precios de los mismos. Por lo tanto, esto tiende a operar permanentemente como un impulso inflacionario y no posteriormente, con la misma intensidad, como un impulso deflacionario.

En estos días estamos asistiendo, precisamente, a una baja en el precio de la gasolina, motivada, entre otros factores, por un descenso en los precios internacionales y también por otro de carácter estacional. Todos hemos podido presenciar cómo no hay ninguna proporción entre la rapidez y celeridad con que los vendedores de gasolina subieron los precios hace algunas semanas, con la conducta observada en estos últimos días, de clara reticencia y demora para traspasar integralmente la baja al público y disminuir los costos de otros productos.

A pesar de introducirse un conjunto de cambios en lo que dice relación con la operatoria del Fondo, nuestra bancada aceptará este criterio sobre la banda de precios, dado que si lo rechazáramos, entraríamos en un conflicto bastante sustantivo con el Senado, respecto del grueso de sus modificaciones, con lo cual arriesgaríamos quedamos sin ley.

Distinta es la situación del artículo 9°, a la cual me referiré en su oportunidad, en el cual se propone reducir el plazo de vigencia de la ley, a lo que sí nos opondremos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, la modificación introducida por el Senado al artículo 22 del proyecto, fue discutida también en el seno de las Comisiones Unidas de Hacienda y Minería de la Cámara de Diputados, con el objeto de perfeccionar la proposición del Ejecutivo, relativa al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

Si bien dicha enmienda difiere de la fórmula aprobada por la Cámara de Diputados, ya que le introduce cambios relativamente sustantivos, ella no altera ni afecta el objetivo central del proyecto de ley, de contribuir a estabilizar los precios del petróleo.

En cambio, sí introduce algunas normas que habían sido recomendadas al Ejecutivo, para ser especificadas en la discusión del proyecto de ley, en términos de cómo debían fijarse los precios de referencia y las relaciones de éstos entre sí.

En ese sentido, los Diputados democratacristianos vamos a aprobar la modificación del Senado en los mismos términos consignados en el texto.

De igual manera, quiero anticipar para no intervenir nuevamente, que admitiremos las modificaciones introducidas por el Senado en el artículo 32, aunque nos parece que la versión de la Cámara de Diputados era mejor.

Nos opondremos a la modificación que ha introducido el Senado en el artículo 9°, porque estimamos que el Fondo de Estabilización debe ser algo permanente, por las razones que explicitaremos con mayor detalle en el momento de discutir dicho precepto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, si bien es cierto que los incisos introducidos por el Senado modifican el texto aprobado por la Cámara de Diputados, también lo es que éstos vienen a perfeccionar el proyecto en discusión.

Creemos que los precios de referencia intermedios deberán reflejar el valor esperado de mediano y largo plazo, tal como lo señala este inciso. Por esta razón, los Diputados de Renovación Nacional vamos a aprobar el texto propuesto por el Senado.

He dicho.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, la Cámara de Diputados propuso que el Fondo recibía aportes del Fisco cuando el precio de paridad sea menor que el de referencia intermedio. El Senado suprimió la existencia de aportes al Fondo en aquella fase de la banda en que está entre el intermedio y el inferior y sólo se otorgan cuando los precios son menores a los de referencia inferiores. Esto significa que la gradualidad de los cambios disminuye y que éstos tienden a ser más bruscos, pero no alteran -como se ha dicho acá- el mecanismo básico de funcionamiento.

Los cambios propuestos en el artículo 32 son los que, en forma concordante, se hacen también al artículo 62, por lo cual votándolos a favor -como lo haremos nosotros- deberá entenderse que se están aprobando las modificaciones formuladas al último de los preceptos mencionados.

La modificación del artículo, 4°, que consiste en agregar la expresión "o refinadores" después de la palabra "productores", es simplemente una aclaración muy positiva.

Por eso, propongo que la Mesa someta a votación, en conjunto, las modificaciones a los artículos 3°, 4° y 6°.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, la modificación del Senado introduce en el artículo 3°, el concepto de que, en lo posible, la estabilidad del precio sea mayor y el aporte al Fondo sólo se produzca cuando aquél sea inferior a la paridad internacional o al internacional del crudo.

Comparto plenamente la moción del Diputado señor Estévez de votar en conjunto las modificaciones a los artículos 3°, 4° y 6°, porque los Diputados de Renovación Nacional también vamos a concurrir con nuestros votos favorables a la que está en discusión.

Gracias, señor Presidente.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, ya anticipé el voto favorable de los Diputados democratacristianos a la modificación del artículo 3°.

Me parece procedente lo pedido por el Diputado señor Estévez , en términos de que votemos en conjunto las modificaciones a los artículos 3°, 4° y 6°, por estar estrechamente vinculadas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, se modifica la facultad que se entregaba al Presidente de la República en el texto anterior y se especifican las normativas a las cuales deben sujetarse los exportadores con derecho a reembolsos.

Por esta razón, la sustitución del artículo 7° cuenta con nuestra aprobación.

Del mismo modo, se modifica el artículo 8° agregando, a continuación de las palabras "gasolinas automotrices", la frase "nafta para uso en la fabricación de gas de cañería", lo cual es una precisión de redacción que compartimos.

Por ello, sugiero que votemos en conjunto y aprobemos las modificaciones del Senado a los artículos 7° y 8°.

He dicho.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, el artículo 7° sustitutivo ^establece claramente las normas de reexportación del petróleo y sus derivados, en caso de que fueran subvencionados. Nos parece que llena un vacío que dejaba el proyecto de ley y que, incluso, habíamos discutido en la Comisión.

En consecuencia, Renovación Nacional aprueba el reemplazo del artículo 7° propuesto por el Senado y, al mismo tiempo, coincide con la sugerencia del Diputado señor Estévez , de votarlo junto con la modificación introducida en el artículo 8°.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, el artículo 9° introducido por el Senado establece, en primer lugar, la vigencia de la ley por un plazo de 30 meses y, en virtud de ello, los destinos del Fondo.

Los Diputados democratacristianos vamos a rechazar este artículo, porque altera en lo fundamental el proyecto presentado por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados, no sólo en su estructura, sino también en su sentido propio.

El proyecto original establece el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, cuya permanencia es fundamental. Si se aprueba sólo por una coyuntura, se tratará de una solución transitoria y habrá que legislar sobre la materia cada vez que se presente una crisis internacional o que el mercado del petróleo se vea afectado por factores ajenos a nosotros.

La idea es contribuir a dar estabilidad a los precios internos del petróleo, para facilitar, de esa forma, las decisiones de largo plazo de la economía vinculada a la inversión de los agentes productivos. Y consignar que el largo plazo tiene una duración de sólo 30 meses parece, inclusive, ridículo.

Queremos que el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo sea permanente, así como en el pasado se estableció de esa manera, el vinculado con los recursos del cobre para estabilizar el efecto de la variación de su precio en la economía chilena. En el caso del petróleo, queremos un Fondo de carácter permanente para estabilizar los efectos de las variaciones de su precio en la economía chilena.

Por lo anterior, rechazaremos el artículo 9° propuesto por el Senado.

He dicho.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, los Diputados del Partido por la Democracia, Partido Socialista y Partido Humanista también vamos a rechazar el artículo 92 propuesto por el Senado.

Como lo expresó el Diputado don Andrés Palma , reduce la vigencia del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo a sólo 30 meses, y no comprendemos las razones que se tuvieron en cuenta para proponerlo. En todo caso, nos parece dañino para la economía.

No comprendemos esas razones porque se necesita el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. La experiencia al respecto es positiva, como lo ha demostrado el fondo del cobre.

Las normas que ayudan a evitar las bruscas oscilaciones de los precios de ciertas materias primas han sido aplicadas en muchos países del mundo. Son ejemplos útiles que han demostrado su eficacia en enfrentamientos de opciones económicas.

El petróleo, sin duda alguna, es un insumo de alta incidencia en la economía nacional y estamos sometidos a la "volatibilidad" de sus precios externos. Por esta razón se envió el proyecto de ley. No, obedece sólo al eventual conflicto del Medio Oriente, sino que tiene que ver con la experiencia de muchos años a propósito de los efectos dañinos de las bruscas oscilaciones transitorias de los precios.

Si el cambio de los precios del petróleo es definitivo, resulta evidente que el país tiene que adaptarse a él. Pero si es transitorio y accidental, el país puede compensarlo a través del Fondo de Estabilización, cuyos límites son precisos y están claramente determinados los recursos involucrados.

Por estas razones, la reducción del Fondo de Estabilización a 30 meses atenta contra la idea central del proyecto. Además, nosotros vamos a rechazar la modificación del Senado porque nos parece inadecuada la señal económica de 30 meses y también porque nos parece inconveniente establecer una serie de disposiciones transitorias en el funcionamiento de la economía. Los cambios tributarios que aprobó el Parlamento fueron limitados a la duración del presente Gobierno democrático. Sería impropio que en las sucesivas leyes, todo quedara amarrado al período de su duración, porque significaría dar la señal económica de que al término del mandato todo estaría en discusión. Esto generaría incertidumbre e inestabilidad en la economía.

Me parece muy importante que demos señales certeras hacia el futuro. Por cierto, en el momento en que haya cambio de criterio puede derogarse la ley. Pero no es bueno que, de modo reiterado, estemos entregando la señal económica de que todo es transitorio y que al término del gobierno del Presidente Aylwin todo se discutirá de nuevo. Si se procede de esta manera, vamos a tener menor inversión privada, no sólo en este sector, sino en el conjunto de los sectores y a entregar una señal inadecuada.

Nos parece necesario refrendar la estabilidad de las políticas económicas. Todos hemos hecho sacrificios respecto de determinadas posiciones o a intereses particulares, en pro de normas estables y permanentes en la economía. Es importante que el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo sea estable y no esté sometido a normas de alta transitoriedad.

He dicho.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, los Diputados de Renovación Nacional vamos a aprobar el artículo nuevo, propuesto por el Senado, porque es importante, dada la seriedad con que se está legislando, tener la oportunidad de fijar el plazo de vigencia de la ley. No creemos que el plazo de treinta meses constituya una señal equívoca, sino que será un antecedente fundamental para las fluctuaciones del precio internacional del petróleo. No va a afectar a la economía nacional el hecho de que podamos fijarlo, razón por la cual vamos a aprobar el artículo 9°.

Gracias, señor Presidente.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, nosotros vamos a rechazar el artículo en discusión, en primer lugar, porque no compartimos los destinos que se dan al Fondo, en la eventualidad de que se apruebe el plazo.

Si el fondo acumula 400 millones de dólares, significa que ha operado como impuesto durante los 30 meses. Por lo tanto, si eventualmente termina, lo justo es que el impuesto que se ha cobrado a todos los consumidores de combustibles sea traspasado directamente a quienes lo han pagado. No parece lógico, en consecuencia, que el destino sea determinado en la Ley de /Presupuestos, porque si aprobamos el artículo, obviamente aprobaremos un nuevo impuesto.

Por eso, si estamos legislando para constituir el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y le asignamos el plazo de 30 meses, es evidente que será transitorio y necesariamente, tendremos que legislar en el futuro para prorrogar su operación si nos enfrentamos a una nueva crisis como la vivida en los meses recientes.

Reitero que no parece lógico incorporar este nuevo artículo y que, por lo demás, no compartimos los destinos que se darían a los recursos en la eventualidad de que el Fondo desapareciera, porque estaríamos aprobando un nuevo impuesto para quienes consumen combustibles.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, como ya lo han expresado algunos Diputados de mi bancada, votaremos en contra del artículo 9°, incorporado por el Senado.

Además de las razones que aquí se han señalado, debo agregar que la principal es la situación estructural de desabastecimiento que el país tiene de este energético, altamente dependiente de su importación. De hecho, en la actualidad, el 85 por ciento del petróleo que se consume en el país es importado. Como no se divisa una perspectiva de que dicha situación sea revertida en el corto plazo, no se justifica que debido a una virtual prolongación de la situación de dependencia, se ponga un plazo breve al fondo, de estabilización.

A nuestro juicio, limitará los efectos que tiene el Fondo, de una manera bastante importante, y dará un sentido de estabilidad en la economía nacional al fijarle un mecanismo adecuado que evite las profundas fluctuaciones que puede tener el precio del petróleo.

Sin duda, en este momento se vive una situación de crisis. Nada nos garantiza que ella no se vaya a repetir. De ahí que un mecanismo permanente destinado a atenuar esta situación, es fundamental para la seguridad y la estabilidad de la economía del país.

Por estas razones, y por las agregadas por los parlamentarios de la Concertación, votaremos en contra del artículo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde discutir el informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deportes y Recreación, y el de Hacienda, sobre el proyecto de ley que establece nuevas normas sobre el Estatuto Docente.

Diputado Informante de la Comisión de Educación es el señor Muñoz Barra.

El texto del proyecto aprobado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación, y ratifica' do por la Comisión de Hacienda, figura en el N° 04 de los Documentos de la Cuenta. (Boletín N° 182-04).

Hago presente a la Sala, que los Comités acordaron que este proyecto sea votado en general a más tardar hoy día a las diez de la noche. Se llegó a ese acuerdo porque hay muchos parlamentarios que quieren ilustrar a la Sala con sus opiniones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Advierto a las personas que están en las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones.

Tiene la palabra el Diputado Informante.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, paso a informar el proyecto de ley que establece nuevas normas sobre Estatuto Docente, elaborado por el Gobierno que preside don Patricio Aylwin Azocar.

En este proyecto de ley se cumple con una posición programática planteada al país durante la campaña electoral, que hizo posible la recuperación de las tradiciones cívicas de nuestra Nación, conculcadas durante increíbles casi diecisiete años. Exactamente, casi a un año de tan fausto acontecimiento, 130 mil profesionales comienzan a caminar en pos de la recuperación de todo un proceso perdido, de conquistas queridas y de justicia...

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, un problema reglamentario.

El señor LONGUEIRA.-

¿Está informando o qué...?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si me permite señor Diputado, el Diputado señor Ribera le solicita una interrupción, para plantear un problema reglamentario.

Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, a mi juicio el Diputado señor Muñoz Barra debe informar e ilustrar a esta Cámara sobre la materia, por lo tanto, le pediría que realmente nos ilustrara y guardara sus juicios de valor para su participación posterior, como cualquier Diputado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado don Roberto Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Antes de la interrupción, decía que 130 mil profesionales comienzan a caminar en pos de la recuperación de todo un proceso en este Estatuto Docente, de conquistas queridas y de justicia, que fueron la expresión madura de un gremio, por cerca de más de 50 años de lucha.

Este debate que se inicia, es la respuesta concreta para este vasto sector, tanto particular como de la comunidad nacional, que comprende que el proceso de educación es el motor que impulsa a un desarrollo integral en todos los aspectos de la sociedad.

Por ello, se justifica la preocupación actual, la expectación recogida en todos los medios de comunicación y en los órganos nacionales.

En aras de iniciar un debate rico, maduro, responsable y desapasionado, como Diputado Informante y Presidente de la Comisión de Educación de esta Cámara, me hago un deber en señalar para la historia de la ley, que en su parte primera, este proyecto se debatió en una profunda y madura responsabilidad.

No se tejió un debate estéril, antagónico, de forcejeo sectario y dogmático en lo doctrinario. Con ello dejo en claro que los señores Diputados, tanto de Gobierno como de la oposición democrática, se comportaron a la- altura de los grandes intereses de este proyecto.

La gran mayoría de las indicaciones, de las correcciones y del enriquecimiento de la iniciativa, se aprobaron por la unanimidad de sus miembros. Otras, se matizaron con el apoyo y con el aporte de una parte de los Diputados de ambos sectores.

En los puntos en los que no hubo unanimidad, hubo disposición para buscar los consensos en este debate general.

Desde el primer instante de la operativa, el método de la discusión de la Comisión contó con la transparencia de incorporar a este debate a todos los representantes de los sectores que estaban y que se sentían interesados en él. Hubo numerosas, casi excesivas, audiencias públicas. Por ello, digo al país, a los maestros, a los padres, que en la discusión de la materia que nos preocupa se actuó con las puertas abiertas, de cara al país, como hoy día se hacen las leyes de la República.

Este proyecto es delicado, es sensible. Por eso me permitiré señalar sólo a algunos sectores que concurrieron a las sesiones del debate. Con ello, no pretendo otra cosa que subrayar dicha transparencia, para que nadie diga más tarde que no se escuchó lo que algunos querían decir.

A esta Comisión concurrieron el Ministro de Educación Pública, don Ricardo

Lagos; el Subsecretario de Educación Pública, el Asesor Jurídico del Ministerio de Educación; representantes de los directores de establecimientos educacionales dependientes de la Dirección de Educación Municipal de Santiago; don Waldemar Cortés Carabantes , en representación de la Unión Gremial de Educadores; don Miguel Ríos, Rector del Liceo Valentín Letelier ; don Gastón Cárcamo , Rector del Liceo de Aplicación; don Osvaldo Verdugo , Presidente del Colegio de Profesores; don Rodrigo González , Secretario Regional Ministerial de Educación de la Quinta Región; don Rubén Uribe y doña Berta Moneada , en representación de la comunidad de Educadores Cristianos; don Sergio Gajardo , en representación del Colegio de Profesores de la Novena Región; doña Sara Phillippi Izquierdo , Gerente de la Sociedad Protectora de la Infancia; doña Inés Aravena Báez ; don Sergio Cárdenas Miller , en representación de la Corporación Municipal de Rancagua; don Luis Eduardo Alarcón , en representación del Instituto Libertad y Desarrollo; don Orison Moya Díaz , en representación de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados; don Lautaro Ramos Guerra , en representación de la Comisión Nacional de Profesores Rurales; Monseñor Faustino Huidobro Martínez , Vicario Episcopal para la Educación y doña Teresa Valenzuela , Secretaria Ejecutiva del Episcopado y Presidenta de la Unión de Profesores Católicos, por nombrar sólo a algunos.

Estimados colegas, este proyecto, como toda obra humana, no es perfecto. A lo mejor -y seguramente es así- no recoge todas las aspiraciones y frustraciones de los maestros y de la educación como doctrina, pero también es una realidad, que nadie podría negar, la intención seria que representa, respecto de dar un paso importante de ir hacia el encuentro de soluciones más profundas para él docente y la Educación.

Quiero señalar en esta Sala, como asimismo a los maestros que, con la promulgación de esta ley que debatiremos, no se cierra, de manera alguna, el debate pendiente respecto del destino futuro de la dependencia del sistema. El país, en su nueva etapa, inicia en muchos aspectos un período de reanálisis que deberemos encarar con visión de futuro, con alto grado de creatividad, a fin de superar una crisis de valores y salir robustecidos de su discusión. Sin duda alguna, colegas parlamentarios, el nuevo enfoque de la Educación constituye el corazón central de nuestro posible desarrollo. Estamos conscientes de que la Educación -y para eso es este debate- debe recuperar, entre otras cosas, su capacidad para formar ciudadanos y para transmitir valores democráticos. Sin embargo -y así lo hemos percibido-, su mayor desafío es regenerar una educación democrática en su estructura, en su funcionamiento institucional y en su cobertura. Por lo tanto, debe constituirse en una educación que participe en la vida de la sociedad, y en este sentido, los cambios educativos deben tender a la democratización del ingreso, pero, principalmente, a la creación de mecanismos de retención escolar que hagan efectivo el principio de igualdad de oportunidades.

Esta responsabilidad a la que apunta el Estatuto, debe conducir a una diversificación de la estructura del sistema educacional, a la vez que debe redefinir el rol del Estado en la Educación.

En los diferentes artículos de este proyecto, se trató, por parte del Gobierno, y después por nuestra Comisión, de recoger toda la problemática actual que sacude y conmueve a los maestros y al sistema. No se puede negar que el proceso iniciado en 1980 -así se analizó por la Comisión en uno de sus debates- no resultó del todo feliz y ahí está el problema pendiente. El actual sistema municipal no alcanzó la calidad esperada; convirtió a la educación en elitista: muy buena para algunos, pero muy cara para la gran mayoría. Grandes sectores no tuvieron acceso a esta calidad.

En la Comisión de Educación se constató que en el aspecto básico público se lograron, meramente, alcances y niveles alfabetizadores, sumado ello a una dramática deserción motivada por la búsqueda vital de trabajos informales que contribuyan a la mantención familiar. La educación media, por su parte, en el aspecto público, a través de la medición de la prueba de aptitud académica, sólo llevó el 8 por ciento de los alumnos egresados a incorporarse a los niveles superiores; todo el resto proviene de la educación privada pagada, fundamentalmente de los grandes centros metropolitanos. Por el proyecto que informo se pretende, en este primer trámite, clasificar y definir roles del docente y del sistema. Tal vez, lo primero que llama la atención es el hecho de entregar un decidido apoyo a la educación, proporcionado en niveles de marginalidad y dificultad. Con esta intención se ofrecen, como prudentes y tibias expectativas, a los maestros que laboran en poblaciones periféricas e incluso, en donde peligran sus integridades físicas, algunas asignaciones de estímulo.

No podemos negar, entonces, que en el ambiente de este proyecto flotan muchas preguntas que tal vez no han podido ser respondidas; pero, no me cabe duda de que este Estatuto Docente, hasta ahora muy mejorado, irá siéndolo aún más con el debate y con el aporte de todos los señores parlamentarios.

Reitero, esta iniciativa constituye un esfuerzo real -parcial tal vez-, pero el actual Gobierno, su autor, ha heredado el sistema tal como está, regido por leyes y disposiciones que necesitan de una solución más avanzada de modificaciones constitucionales, que requerirán, a su vez, consensos de los actores políticos representados en este hemiciclo.

Subrayo que queda pendiente el anhelo, el deseo de los profesores de decidir respecto de la validez o no del sistema educacional actual. Veremos, más adelante, si es necesario modificarlo, readecuarlo o enriquecerlo.

La democracia es la voz del pueblo y a ella no podemos hacer oídos sordos.

Al iniciar este informe quiero señalar que el proyecto de Estatuto Docente se inscribe en una tradición de legislación especial destinada a recoger las características del trabajo docente del país. Ella se inició en 1951 con la dictación del decreto con fuerza de ley N° 227 que autorizó el Estatuto de la Carrera Docente, dependiente de las “Direcciones Generales de Educación. En 1953, el Gobierno del Presidente Ibáñez dictó un nuevo Estatuto que reforma al anterior. El Estatuto Administrativo, de 1960, decreto con fuerza de ley N° 338, contiene un Título VI que establece, normas especiales para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. En 1978 se legisló nuevamente sobre el tema.

Posteriormente, los profesores perdieron todo reconocimiento de su especialidad laboral al quedar sometidos al Plan Laboral del decreto ley N° 2.200. La función docente quedó reducida a una relación laboral común.

Frente a esta situación, las organizaciones de profesores reaccionaron convirtiendo la demanda de un estatuto de la profesión docente, que regulara su condición de trabajo en el mercado laboral, en una de sus banderas de lucha gremial más apreciadas.

La necesidad de que la profesión docente cuente con un estatuto jurídico especial ha sido también reconocida por las de organizaciones internacionales. En 1966, la UNESCO y la OIT recomendaban a sus países miembros, entre los que se encontraba Chile, la dictación de una normativa especial para los profesores. La recomendación incluía materiales, tales como: preparación para la formación docente; perfeccionamiento de ésta; contratación y carrera profesional; derechos y obligaciones del personal docente y condiciones para una enseñanza eficaz, como, también, remuneraciones del personal docente, seguridad social, etcétera. De esta manera, Honorables colegas, el proyecto de Estatuto Docente del Ejecutivo es parte de la tradición de nuestro país de legislar, en forma especial, para el Magisterio. En él se toman en consideración tanto las aspiraciones de las organizaciones de profesores como las recomen-daciones de organismos internacionales referentes al tema de la Educación. Es un intento de dar cuenta de la especificidad que posee la función docente, al otorgarle un tratamiento jurídico acorde con su naturaleza. El Estatuto Docente, entonces, es un pilar fundamental que la Educación, en este minuto, evidentemente, anhela y espera.

Estimados colegas, quisiera señalar, en esta oportunidad, especialmente al profesorado nacional, que la Comisión de Educación, integrada por parlamentarios de todas las bancadas políticas, ha recogido y corregido, con mucha lealtad, las indicaciones que motivaron a los profesores.

Señalaré solamente algunas de ellas que, evidentemente van a ser mejoradas en el debate en general y en particular de esta Sala.

En el artículo 1°, por ejemplo, la Comisión de Educación determinó que era importante dejar también, dentro de este Estatuto Docente y sus beneficios, a aquellos profesores que, siendo designados como tales, sin embargo, desempeñan labores administrativas en los departamentos de educación municipalizados.

Del mismo modo logramos modificar una disposición que a los directores de los establecimientos educacionales no sólo les asignaba responsabilidades de tipo educativa, de conducción de la administración, sino que asimismo les obligaba a preocuparse del financiamiento de las unidades educacionales. A la Comisión le pareció que no les competía esas funciones y enmendó el artículo en el sentido de que los directores de establecimientos educacionales tendrán solamente la responsabilidad de ocuparse de la administración de dichas unidades.

En lo que respecta a los profesionales de la Educación y a su perfeccionamiento, se indicó que dicho perfeccionamiento tendrá que ser de carácter obligatorio, en cuanto a que el Estado entregará los recursos económicos, que no será sólo una intención tentativa, supeditada a la disponibilidad o no de los recursos. Por consiguiente, de ahora en adelante, con la modificación de la Comisión, tanto los departamentos de Educación, como el propio Ministerio de Educación y el Estado, deberán proporcionar los recursos para posibilitar el perfeccionamiento de los docentes.

En lo que dice relación con los concursos, con los perfeccionamientos, la Comisión consideró importante subrayar, en el artículo 15, que deberá haber una información absolutamente garantizada, que haga posible que los profesionales que se interesen por cursos de perfeccionamiento puedan saber de éstos. Y en el supuesto de que esos cursos signifiquen un ascenso, o la posibilidad de alcanzar otros niveles, en cada caso que correspondiera se procederá mediante concursos públicos.

La Comisión de Educación, a través de su bancada, analizó también el artículo 18, que señala la estructura o la naturaleza de los consejos de profesores, en donde se destinaba sólo un nivel de carácter consultivo a la participación de los maestros.

La Comisión acordó determinar, entre otras particularidades, que las sesiones de los referidos consejos se efectuarán dentro de las horas correspondientes a las actividades curriculares no lectivas de los profesores y que el reglamento establecerá los asuntos que para el consejo de profesores de cada establecimiento educacional tendrá carácter resolutivo. En consecuencia, los consejos de profesores se harán en las horas de trabajo de los maestros y no fuera de éstas, como se acostumbraba, y, al mismo tiempo, en dichos consejos, los profesores tendrán una participación resolutiva.

Sobre esta materia, el Estatuto contemplaba también una disposición para citar a los centros generales de padres y apoderados, dos veces al año, a reuniones informativas de evaluación. La Comisión consideró que reuniones de evaluación, por parte de un consejo colaborador, que no es especializado ni técnico, podría constituir una distorsión del análisis del proceso educacional que daría lugar a injusticias. De tal manera que la Comisión, en el inciso tercero del artículo 18, estableció:

"La Dirección de los establecimientos educacionales deberán convocar, a lo menos dos veces al año, al Centro General de Padres y Apoderados a reuniones de carácter informativo".

El actual artículo 22 indica que el profesor tendrá derecho a ser asistido por su empleador en la defensa que deduzca, en el caso de que sea agraviado y su dignidad como profesional sea menoscabada o perjudicada. El proyecto original no disponía quién iba a defender a los profeso-res en esas situaciones. Por ello, la Comisión enriqueció y modificó el artículo 24, ahora 22 de esta iniciativa, señalando expresamente que el profesor deberá ser defendido por su empleador. En este momento por el Alcalde, por el DAEM, con sus abogados, para conseguir limpiar su imagen como profesional y como persona.

Un gran problema que convulsionó profundamente a los profesores del país se relacionaba con el ingreso a la carrera docente del sector municipal.

Se establecía que, para tener la titularidad en los cargos, era necesario que los profesores que se desempeñaran en el medio urbano, tuvieran una antigüedad de a lo menos tres años, y un año, en el caso que cumplieran funciones en el sector rural. Esto significaba que el profesor debía estar, año a año, recibiendo el contrato de parte del jefe educacional. En este caso, del Alcalde, con los consiguientes problemas que no es necesario señalar y que conocimos en su oportunidad.

Sobre esta materia, la Comisión de Educación acordó que el ingreso a la carrera docente del sector municipal, se realizará sólo por la incorporación a la dotación docente del Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva. De tal manera que los profesores no deberán cumplir tres años de antigüedad para tener la titularidad en sus cargos. En otras palabras, todos entran en calidad de titulares o de contratados a la dotación docente, previo concurso de antecedentes.

Respecto de los concursos, la Comisión determinó en el artículo 33 del proyecto, que deberán ser convocados "a lo menos dos veces en el año lectivo", vale decir, desde marzo hasta noviembre, prácticamente, y deberán ser de carácter "nacional y simultáneo".

Además, en el artículo 34 se establece la Constitución de Comisiones Calificadoras de concursos para cargos docentes directivos; de la enseñanza media, de la enseñanza básica y prebásica, que no estaban considerados en el Estatuto originalmente.

Se introdujeron profundas modificaciones en cuanto a la constitución de esas Comisiones, como una manera de demostrar la transparencia con que el nuevo sistema quiera proceder, avalando las postulaciones y las aspiraciones de los profesores. En la nueva redacción del artículo quedan integradas por un representante del Departamento de Administración de Educación Municipal; por dos directores de establecimientos de la comuna y nivel correspondiente a la vacante concursable, de los cuales uñó será el director del establecimiento materia del concurso y el otro elegido por sorteo entre los pares; por dos docentes elegidos por sorteo entre los pares de la especialidad de la vacante que se debe llenar. Actuará como ministro de fe, sin derecho a voto, un funcionario técnico designado por el jefe del Departamento Provincial de Educación que corresponda.

Es decir, se establece un procedimiento que garantiza total y absolutamente la transparencia de los concursos en los cuales participarán los señores profesores.

¿Cómo se determina quiénes los ganarán?

La Comisión Calificadora analizará el desempeño profesional, los años de servicio y el perfeccionamiento acumulado por los postulantes. Sólo sobre la base de dichos elementos, la Comisión fijará un puntaje a cada profesor, que determinará los lugares correspondientes. Además, se confeccionará una tema, así se hayan presentado al concurso cincuenta o sesenta profesores, y previa asignación de puntajes, tanto respecto del profesor que haya ocupado el primer lugar como de aquel que haya quedado en los quincuagésimo o sexagésimo lugares. La Comisión tiene la obligación de asignar un puntaje calificatorio a cada uno de los postulantes, cualquiera que haya sido el lugar que haya ocupado.

De la terna que se elabore, el alcalde solamente podrá designar al que ocupe el primer lugar. No podrá inclinarse por el segundo ni por el tercero. No obstante, podrá elegir entre estos últimos sólo en el caso de quien ocupe el primer lugar y que haya postulado en dos o tres concursos, renuncie y se defina por el que estime más conveniente. En este aspecto, también se garantiza la idoneidad de la forma en que los profesores podrán participar y ganar los concursos a través de su carrera funcionaría.

El actual artículo 38 de este proyecto es de gran importancia. Constituye un reconocimiento a los profesionales de la educación. En el proyecto enviado por el Ejecutivo se establecía que el jefe de educación debía ser preferentemente un profesional de la educación. La Comisión varió esa redacción, señalando, en forma taxativa, "La Dirección de los Departamentos de Administración Educacional Municipal, sea cual fuera su denominación, deberá ser ejercida por un profesional de la Educación, y con especialidad en administración educacional".

Así vamos cerrando el círculo y logrando que este Estatuto reconozca la calidad del profesional docente en todos sus aspectos.

En el artículo 42, 40 ahora, también estimamos importante introducir un cambio respecto de las remuneraciones de los profesores, lo que incidirá en sus imposiciones. Se considerarán como renta, para los efectos previsionales, los aguinaldos, las asignaciones familiares, la asignación de zona, la asignación de movilización y otros, "en conformidad con las normas que establezca la ley, y sin perjuicio de las asignaciones que se fijan en este Estatuto".

Lo anterior se resolvió de esa manera, porque nos encontramos con situaciones curiosas durante el debate habido en la Comisión. Por ejemplo, profesores con derecho a asignación de zona en determinados lugares del país, no se incluía en su contrato, al trasladarse del sector público al municipal. En muchas partes, lamentablemente, no se pagaron esas asignaciones de zona, en circunstancias de que las subvenciones entregadas por el Estado se aumentaron en el monto necesario para su cancelación. Las municipalidades tenían la obligación, debido al reajuste porcentual de las subvenciones, de pagarlas a los maestros que la percibían con antelación al traspaso de la educación pública a la municipal.

En el artículo 41, antes 43, la Comisión observó un detalle. Hasta este momento, los profesores no podían enfermar por un plazo inferior a 11 días. Desde el punto de vista previsional ninguna enfermedad con una duración de menos de 11 días, daba lugar a una licencia médica para los profesores.

Las AFP, los organismos de previsión, no cancelaban aquellas licencias médicas inferiores al tiempo que he señalado. Por eso, la Comisión agregó un inciso en el artículo 41, estableciendo: "Estos profesionales tendrán derecho a percibir remuneraciones o subsidios, según corresponda, por el total de los días que gocen de licencia médica".

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Señor Diputado, le restan 10 minutos de los 40 minutos de su tiempo.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Enseguida, quiero destacar lo dispuesto en el artículo 43, que es muy importante para los profesores. Sobre esa materia, hubo una norma que permitía a los alcaldes, en la comuna respectiva, destinar a los profesores al lugar que las necesidades del ser-vicio determinaran; señalaba sólo en forma genérica que, previa consulta al profesor, pero sin indicar si la reubicación no se produciría en el caso de que el profesor se negara.

Este artículo fue modificado por la Comisión, expresando que únicamente podrá haber traslado de profesores a establecimientos educacionales dependientes o relacionados con la Municipalidad con el consentimiento del profesional, debiendo tratarse, en todo caso, de un cargo o nivel similar al que ostentaban como titulares.

En la Comisión de Educación, además se quiso hacer justicia a los sacrificados profesores rurales que se desempeñan en lugares muy inhóspitos a lo largo de todo el país, que se van quedando enclaustrados en ellos, porque no existe interés por ser designados en esos pueblos, otorgándoles un puntaje adicional en las calificaciones para que puedan postular, ya sea al sector urbano o a otros lugares rurales que les convengan.

Con esta iniciativa, se terminar con el profesor prisionero de las comunas, la redacción dada por la Comisión al artículo pertinente, que refleja lo fructífera que fue su labor al permitir que los profesores hagan permutas, de común acuerdo, con los profesores de diferentes partes del país. Basta que ellos se pongan de acuerdo, que lo comuniquen a sus jefes y dichas permutas comenzarán a funcionar desde ese momento o de la fecha que señalen.

Finalmente, señores Diputados, en el aspecto de las remuneraciones, debo informar que un sector de la Comisión, en el que me incluyo, consideró que el sueldo piso es demasiado bajo para una función tan trascendental como la que realizan los profesores.

Una gran mayoría de los parlamentarios de la Comisión, observamos que no está satisfecho ni respondido el deseo integral de los maestros, eternamente postergados en sus aspiraciones.

Soy un convencido -y en eso quiero ser claro y definitorio- de que el país está en deuda con estos profesionales. Baja es la renta piso para un profesional que debe estudiar 16 años y, de esos, 4 en la Universidad. Sin embargo, tiene una renta igual o inferior a la de una sacrificada asesora del hogar del barrio alto de Santiago.

Termino este informe señalando que, evidentemente el Estatuto Docente no es quizás la respuesta definitiva a los anhelos de los profesores, pero sí es un paso serio y responsable que el Gobierno está dando a pesar de las dificultades que hay que enfrentar. Al respecto y para dar una respuesta integral a los profesores, cabe recordar que en el año 1982, el presupuesto para el sistema educacional fue de más de 301 mil millones de pesos; sin embargo, 8 años después, 1990, el presupuesto hecho en 1989 por el gobierno anterior, es de sólo 206 mil millones de pesos.

Señor Presidente, con esto termino el informe respecto del proyecto de ley que establece nuevas normas sobre Estatuto Docente, que preocupa a más de 130 mil profesores, destacando el espíritu elevado de todos los parlamentarios que integraron la Comisión, espíritu y actitud que se mantuvieron durante todo el debate y que, no me cabe duda alguna, se repetirá en la discusión general y particular que se producirá en esta Sala.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, en cumplimiento de lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, a la Comisión de Hacienda le correspondió estudiar las normas de incidencia presupuestaria del proyecto de ley sobre Estatuto Docente.

Durante el estudio de este proyecto, asistieron a dicha Comisión el señor Ministro de Educación, don Ricardo Lagos ; el señor Subsecretario de Educación, don Raúl Allard ; los señores Pedro Henríquez y Mauricio Morales, del Ministerio de Educación, y don José Espinoza , analista de educación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación consignó en su informe que los artículos 40,45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 permanentes, el l2 transitorio, del 5Q al 11 transitorios y el 14 transitorio debían ser de conocimiento de la Comisión de Hacienda.

La discusión general estuvo dedicada principalmente a debatir los alcances de la iniciativa, su incidencia en los ingresos futuros de los profesionales de la educación, la distribución de los recursos económicos involucrados y la concreción de las medidas o instrumentos que el proyecto conlleva. Al respecto, tanto los Diputados como el Ejecutivo sugirieron diversas indicaciones que recogen los planteamientos formulados en la Comisión, tendientes a perfeccionar las normas so-metidas a nuestro conocimiento.

En términos generales, el proyecto y las materias que nos correspondió conocer fueron aprobados por unanimidad.

Quiero destacar, señor Presidente, que la aplicación plena del Estatuto Docente representará un mayor gasto en el sector municipal y particular subvencionado con aporte fiscal, equivalente a 39 mil millones de pesos anuales, a partir de 1995. Por tratarse de una cifra considerable, el proyecto de ley establece una gra- dualidad en la aplicación de las normas presupuestarias de. este Estatuto, por lo que contempla un gasto adicional a lo actualmente previsto de 10.500 millones de pesos para 1991, gasto adicional que sube a 15.800 millones de pesos en 1992, a 24.900millones de pesos en 1993 y a 29.900millones de pesos en 1994; para alcanzar una cifra estimada en 38.700 millones de pesos, en 1995.

La gradualidad que reflejan estas cifras significa que las asignaciones que otorga el proyecto no entran a regir en plenitud a partir de 1991. Por ejemplo, en el articulado se establece que la asignación de antigüedad sólo tendrá un impacto del 50 por ciento en 1991 para subir -esto fue corregido por una indicación del Ejecutivo en el seno de la Comisión de Hacienda- a un 80 por ciento en 1992, a un 90 por ciento en 1993, a fin de entrar a regir en plenitud sólo a partir de 1994. Asimismo, la asignación de perfeccionamiento comienza a regir en un 50 por ciento en 1993 y en 100 por ciento desde 1995.

Por otra parte, se establece una norma transitoria por la cual se otorgan facilidades para el perfeccionamiento profesional en 1991 y 1992.

El ejecutivo también introdujo una modificación al valor de la hora básica contenida en este Estatuto. El valor de la hora en la educación básica será de 1.900 pesos y de $ 2.000 en la educación media, en lugar de los $ 1.700 y $ 1.800 que contemplaba el proyecto original.

Con estas cifras, y a manera de referencia, puedo mencionar que un docente de aula que ingrese al sistema en 1991 con 30 horas, tendrá una remuneración mínima mensual de 57 mil pesos en la educación básica, y de 60 mil pesos en la educación media. Esto puede ser incrementado en $ 17.100 ó en $ 18.000 por asignaciones de desempeño difícil. En el caso de aquellos docentes que desempeñen tareas directivas o que tengan años de experiencia, es decir, que no ingresen en 1991, sus remuneraciones aumentarán en montos significativos, los que en casos límites -considerando 44 horas de contrato, asignación de responsabilidad y de desempeño difícil que corresponde a aquellos que cumplen funciones directivas en los establecimientos, y tomando en cuenta sólo los valores mínimos -podrían llegar a 242 mil pesos en la educación básica y a 255 mil pesos en la educación media.

A continuación haré una reseña de la discusión y del impacto presupuestario de los distintos artículos que hemos conocido.

El artículo 40 define la remuneración básica mínima nacional. Si bien la norma que fija los $ 1.900 y $ 2.000 como remuneración base está contenida en un artículo transitorio, es preciso señalar que su aplicación, en conformidad con las disposiciones de este Estatuto, significa un costo anual superior a 3 mil millones de pesos adicionales, a partir de 1991, respecto de los gastos actualmente establecidos.

En la discusión de este artículo en la Comisión de Hacienda, se presentó un problema reglamentario que quiero someter al conocimiento de la Honorable Cámara y de la Mesa, por cuanto se consideró que algunas de las modificaciones introducidas por la Comisión de Educación eran improcedentes por no contar con el patrocinio del Ejecutivo. Esta situación se repitió en todos los artículos sometidos a la consideración de nuestra Comisión. Nos vimos limitados por una disposición reglamentaria, que también figura en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, la cual expresa que si se reclama la inadmisibilidad de una indicación presentada por algún parlamentario y el Presidente de la Comisión la declara admisible, no puede apelarse esa decisión. Basta con que juzgue que es admisible la indicación, aunque el resto de los Parlamentarios estimen lo contrario, para que no pueda reclamarse legalmente contra esa resolución o pedir que ella se someta a votación, puesto que los textos legales señalan que sólo se puede reclamar ante una declaración de inadmisibilidad hecha por el Presidente de la Comisión o por el Presidente de la Sala.

Esta es una limitante para el trabajo de las Comisiones. Hemos creído necesario hacerla presente porque algunas de las modificaciones introducidas por la Comisión de Educación involucran un mayor gasto fiscal, y, para aprobarlo, es preciso que el proyecto no sólo venga financiado, sino patrocinado por el Ejecutivo. Y estas indicaciones, según se nos explicó en el seno de la Comisión, no tenían tal patrocinio.

A raíz de ello, en relación con el artículo 40 y con varios artículos siguientes, lo señores parlamentarios formularon indicaciones para reponer el texto original, con el objeto de que la estimación presupuestaria fuera coincidente con la que hacía el Ejecutivo y no termináramos aprobando un gasto superior a aquél para el cual se habían previsto fondos.

El artículo 45 establece el derecho de los profesionales de la educación a que se les efectúen imposiciones previsionales sobre la totalidad de sus remuneraciones.

Respecto a este artículo -que viene a corregir una discriminación en contra de esos profesionales y de otros funcionarios públicos que habían sido traspasados al sistema municipal, a partir de 1981, y que aún son discriminados por el hecho de que se les impone por un monto inferior al total de sus remuneraciones- se produjo un largo debate en la Comisión. El artículo 45 fue aprobado por 7 votos a favor y 2 abstenciones. No obstante, se le introdujeron una serie de modificaciones. Además, se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo, en el sentido de que éste, en el transcurso de la segunda discusión del proyecto, ya sea en el seno de la Comisión de Educación o de la Comisión de Hacienda, sustituya los artículos 45 y l2 transitorio, con el objeto de subsanar varias dificultades que se presentan, porque todavía se mantienen ciertas normas discriminatorias respecto de algunos funcionarios beneficiados con estas discriminaciones, lo que es necesario corregir.

El artículo 46 define las diferentes asignaciones de que puede gozar un profesional, como asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento, de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica. En el informe que conoció la Comisión de Hacienda se consideraba la existencia de otras asignaciones de origen municipal; pero esa Comisión creyó conveniente suprimir esa posibilidad, puesto que, a su juicio, también eran asignaciones de incentivo profesional. Por lo anterior, por 6 votos a favor y 4 abstenciones, consideró procedente no introducir en el Estatuto Docente otras asignaciones de incentivo profesional que aquellas generales susceptibles de ser implementadas en todo e sistema, ya que éstas sólo podrían ser establecidas por municipalidades que contaban con abundancia de fondos, le que introduciría una distorsión en la selección de profesionales en favor de las corporaciones que dispusieran de mayores recursos.

El articulado siguiente define cada una de estas asignaciones. Así, el artículo 47 dice que la asignación de experiencia consistirá en un porcentaje bienal, que se aplicará sobre la remuneración básica mínima nacional, con un límite máximo del ciento por ciento de la remuneración señalada, para aquellos profesionales que totalicen 30 años de servicios. Esta asignación de antigüedad, cuya acreditación está reglamentada en el texto de la ley, representa, desde el punto de vista presupuestario, un mayor gasto de 3.400 millones de pesos para el año 1991; de 7.800 millones, en 1992; de 8.700 millones, en 1993; y, a partir del año 94, una cifra estimativa de 11.600 millones de pesos adicionales, dado que la vigencia de la asignación de antigüedad tiene la calendarización que señalé al comienzo de mi exposición.

El artículo 48, por su parte, establece que la asignación de perfeccionamiento buscará la superación técnico-profesional del educador y será de un monto máximo del 40 por ciento de la remuneración básica mínima nacional del personal que reúna los requisitos allí indicados.

Se introdujeron varias indicaciones tendientes a caracterizar aquellas normas que debían contemplarse en el reglamento, con el objeto de asegurar su objetividad en la calificación del perfeccionamiento profesional. Tal asignación podrá alcanzar el monto de 12 mil setecientos millones de pesos, hacia 1995.

El artículo 49 dispone la regulación de la asignación profesional por el desempeño en condiciones difíciles, la que podrá alcanzar hasta el 30 por ciento de la remuneración básica mínima nacional. Como se perfeccionó la norma a través de indicaciones introducidas en la Comisión, esta asignación no podrá beneficiar más allá del 25 por ciento de los establecimientos educacionales del país. Para calificar estos establecimientos, deberá considerarse tanto la opinión de los municipios, de las direcciones provinciales y regionales de educación, como la de los correspondientes consejos provinciales de la educación.

La asignación por desempeño en condiciones difíciles alcanzará a la suma de 5 mil millones de pesos hacia 1995, y entre 1991 y 1992 llegará a 1.240 millones de pesos, aproximadamente.

El artículo 50 establece, a su vez, la asignación de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica, con un tope máximo de 10 y 20 por ciento de la remuneración básica mínima nacional. Por el número de profesionales que pueden beneficiarse con dicha asignación, ésta tendrá, más o menos, un costo anual de 320 millones de pesos, a partir de 1991.

El artículo 51 contiene una norma genérica, mediante la cual los profesionales de la educación del sector municipal tendrán derecho a conservar los porcentajes de las asignaciones de experiencia y de perfeccionamiento cuando pasen a desempeñarse en otras localidades, situación no prevista, obviamente, para las asignaciones de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica, puesto que éstas no están asociadas al perfeccionamiento individual del docente, sino al cargo que desempeña.

En general, el articulado transitorio se refiere a la gradualidad con que comienzan a aplicarse las normas a las cuales he hecho referencia.

El artículo l2 transitorio, que será revisado en la segunda discusión, establece la gradualidad respecto de dos materias: la primera, sobre el pago, por parte del Estado, al Instituto de Normalización Previsional de los montos relativos a la mayor imponibilidad que corresponde a los profesores estatales que fueron traspasados al sistema municipal y que permanecen en ese Instituto. Al mismo tiempo, otro inciso facilita la jubilación anticipada de un número de docentes todavía indeterminado, a través de un aporte de fondos del Estado, en los próximos cinco años, con motivo de la entrada en pleno vigor de la ley del Estatuto Docente. Se pretende anticipar el pago de dinero para acelerar la jubilación de aquellos docentes que ya hayan cumplido 30 años de servicios. Esto significará un mayor gasto fiscal aproximado de 7 mil millones de pesos, en el lapso de cinco años.

Asimismo, el artículo 52 transitorio contiene una norma muy importante, le cual dispone que no podrán disminuirse las rentas de los profesionales del sector educacional por la entrada en vigor de Estatuto Docente. Y para que exista concordancia con el artículo 46 de esta iniciativa de ley, que suprimió el derecho de los municipios a conceder otras asignaciones de perfeccionamiento profesional, se introdujo una modificación por la cual, de manera transitoria y con el fin de que los profesionales no tengan uní disminución en sus remuneraciones, podrá establecer una asignación municipal con el solo objeto de que esos profesionales mantengan la renta que tenían antes de la entrada en vigencia del Estatuto.

El artículo 6° fija ciertas normas de transitoriedad, a las cuales ya hice referencia al analizar disposiciones permanentes.

El artículo 7° establece la remuneración básica mínima nacional para los sectores de la educación básica y media, norma que, como he señalado, ha sido modificada mediante una indicación del Ejecutivo que aumenta de 1.700 a 1.900 pese el valor hora en la educación básica, y de 1.800 a 2.000 pesos, en el caso de la educación media.

Los artículos 8°, 10° y 11, transitorios, establecen normas sobre la gradualidad en la aplicación de los gastos de este Estatuto.

Asimismo, tanto el artículo 9° como el 14, otorgan una asignación de perfeccionamiento y crean un bono de cargo fiscal, por valor de 10 mil pesos, para el pago de cursos y actividades de perfeccionamiento durante 1991 y 1992. El artículo 9e transitorio, contempla la asignación para los profesionales de la educación municipal y el artículo 14 transitorio para los profesionales de la educación particular subvencionada.

Quiero destacar que este bono no, se obtiene sólo por el hecho de ser profesor, sino que corresponde a una asignación de cargo fiscal, a la cual se tiene derecho cuando se incurre en gastos provenientes de actividades de perfeccionamiento; es decir, el Fisco está asumiendo un costo de 10 mil pesos por profesor de la educación municipal o de la particular subvencionada para 1991 y 1992, como forma de facilitar los cursos de perfeccionamiento de estos docentes.

Por último, señor Presidente, la Comisión formuló una petición al Ejecutivo, con el objetivo de concluir un artículo nuevo que, por una omisión involuntaria que todos entendemos, no fue propuesto en el proyecto original, el cual debería contemplar el financiamiento del proyecto de ley, cuestión en la que no se reparó en la Comisión de Hacienda, antes de su revisión. En virtud de ello, se introdujo el artículo 16 transitorio, que señala que el mayor gasto fiscal derivado de la aplicación de esta ley para 1991 se financiará con cargo a la partida de operaciones comprometidas del Tesoro Público en la Ley de Presupuestos. Esta partida ya había sido provista, y en la discusión de esa ley tuvimos conocimiento de los montos asignados para el financiamiento del Estatuto Docente, en 1991. Asimismo, ese artículo establece que, a partir de 1992, los gastos indicados, que ascienden a 15.800 millones de pesos, en el 92; a 25 mil millones, en 1993; a 30 mil millones, en 1994, y a casi 39 mil millones de pesos, en 1995, deben ser provistos por las respectivas leyes de presupuestos, una vez que sean sometidas a la consideración del Congreso Nacional.

Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Renovación Nacional es, Diputado Longton.

Señor Presidente, pedí la palabra para expresar que en el informe no me referí a dos materias contenidas en el Estatuto Docente y que sí fueron discutidas al interior de la Comisión. Se trata de glosas señaladas en la página 3), en el cuadro de "Asignaciones", y dicen relación con una modificación a la ley de subvenciones. Se contempla una asignación de mil millones de pesos cada año, a partir de éste, para financiar la referida modificación, si bien el Estatuto Docente significará un mejoramiento en las remuneraciones del personal docente, la situación del personal no docente se vería relativamente perjudicada. Por lo tanto en el mismo cuadro "Asignaciones", en la glosa "Indirectas no docentes" se contempla también una cantidad de recursos, para mejorar las remuneraciones de dicho personal.

Al respecto, en la Comisión de Hacienda, el Diputado Mario Devaud presentó asimismo como indicación un artículo nuevo, con el objeto de mejorar, mediante el Estatuto Docente, las remuneraciones del personal no docente: Sin embargo, hubo acuerdo en que era improcedente, puesto que no se relacionaba con los contenidos del Mensaje original del Ejecutivo.

Señor Presidente, es cuanto quería agregar a mi informe.

Muchas gracias.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, Honorables colegas Diputados:

El proyecto que hoy analizamos en general constituye, indudablemente, el primer paso importante para alcanzar la dignificación del Magisterio nacional. En virtud de esta información, nuestra bancada parlamentaria, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Humanista, lo votará favorablemente.

Este proyecto, tan esperado por el Magisterio, debe ser comparado, para su mejor comprensión, con las anteriores disposiciones legales, que regulaban las relaciones laborales del profesorado chileno.

Si lo comparamos con las normas o disposiciones especiales que para este sector contemplaba el Estatuto Administrativo en su Título VI, en la época anterior al Gobierno de Pinochet, constataremos que el profesorado mediante este proyecto aún no logra recuperar, en su totalidad, sus condiciones de vida y de trabajo. Pero si lo comparamos con las normas legales que se le aplico y que aún lo afectan, como consecuencia de la legislación laboral dictada durante el régimen autoritario, concluiremos que, indudablemente, esta iniciativa devuelve la tranquilidad al Magisterio, ya que desaparecerá para siempre el drama de la persecución ideológica y política, de la arbitrariedad y de la carencia de valores que afectó al profesorado, en particular, y a la educación, en general.

Ello se demuestra porque el proyecto de Estatuto Docente postula, fundamentalmente, seis grandes principios o ideas matrices que comentaré en general.

Señor Presidente, el primer principio que consagra este Estatuto es la estabilidad en el empleo.

En efecto, el Magisterio nacional sufrió, en los últimos cuatro años, la exoneración de más de 20 mil profesores, que afectó esencialmente a los dirigentes gremiales -hoy representados en nuestras tribunas por el PresidenteNacional del Colegio de Profesores- y a los docentes que tuvieron una actitud crítica hacia el régimen anterior o que defendieron el fin último de la educación: formar niños y jóvenes en forma integral para la vida democrática. Los principios de solidaridad, pluralismo y justicia social, fueron temas prohibidos y significaron la cesantía de todos aquellos maestros que se atrevieron a defenderlos o a tratarlos en sus clases.

Hoy, al asegurar la estabilidad en el empleo del profesor, se garantiza, indudablemente, la calidad de la enseñanza, pues cada educador podrá desarrollar libremente su currículo educacional.

El segundo principio que sostiene este Estatuto es el concepto de renta base mínima mensual.

La libertad contractual, que parte de la absurda ficción de que el empleador educacional puede pactar en iguales condiciones el contrato laboral con el trabajador, perjudicó enormemente a muchas generaciones de jóvenes maestros, demostrando que es imposible aplicar las leyes de mercado en el campo educacional, toda vez que muchos sostenedores de escuelas y de liceos pagaron sólo el ingreso mínimo a educadores con formación universitaria, lo que obligó a muchos de ellos a trabajar dos jomadas completas para lograr 36 mil pesos, cuando el mínimo era de 18 mil, y, ahora sólo 52 mil pesos, pues éste asciende a 26 mil pesos.

Estas arbitrariedades también se observaron en el lado opuesto, ya que el régimen militar favoreció económicamente a muchos de sus docentes adictos, quienes ganaban sueldos privilegiados, que no percibían ni siquiera los profesores con más antigüedad en el establecimiento. Por ejemplo, la cónyuge del Secretario Municipal de Antofagasta recibía sus sueldos en sobres cerrados y ocultos, para que el resto del profesorado no conociera los ingresos acomodados que la beneficiaban. La hija del Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, ingresó al sistema educacional con la renta de un profesor con 30 años de servicios. Estos casos no fueron aislados, porque la legislación los permitía.

Hoy, el establecimiento de una renta mínima mensual prohibirá los privilegios y permitirá que cualquier profesor que ingrese al servicio educacional lo haga con una renta base, sin consideración alguna a su origen, estirpe, sexo o condición familiar.

No obstante lo anterior, reconocemos que la renta fijada no satisface las necesidades mínimas del profesorado, aunque el Gobierno ha hecho los máximos esfuerzos para elevar a 1 mil 900 y 2 mil pesos el valor mínimo de la hora de clases. Estos valores exiguos obedecen a que el sector educacional cuenta con sólo el 2,7 por ciento del producto global bruto en lugar del 4,2 por ciento histórico, con que contó en la época de la República. En esta ocasión, hacemos votos para que acuerdos políticos posteriores dé los sectores que efectivamente están por mejorar las condiciones de vida del Magisterio, puedan determinar un impuesto futuro mediante el cual, anualmente, se consignan 6 mil millones de pesos para que los profesores tengan una renta base mínima mensual de 2 mil 300 y 2 mil 400 pesos el valor mínimo de hora de clases en educación básica y media, respectivamente, lo cual permitiría obtener para ellos un sueldo base de aproximadamente 70 mil pesos.

Invitamos, fundamentalmente, a las bancadas de Oposición a que se pronuncien, durante la tramitación del proyecto, respecto de este tema. Las utilidades bancarias, que ascienden a 60 mil millones de pesos anuales, bien podrían financiar este mejoramiento económico.

El tercer gran postulado que contempla este proyecto es el inicio de la carrera docente.

El Magisterio nacional no ha olvidado que la carrera docente se acabó definitivamente, en los primeros días de la dictadura, en septiembre de 1973, con la aplicación masiva de los decretos leyes N°s. 6 y 22, que pusieron término a toda la titularidad o propiedad de los empleos en la Administración Pública, dejando en calidad de interinos a todos los que desempeñábamos cargos en propiedad, ganados en concurso.

Ello sirvió para exonerar, destinar y rebajar de grado a miles de maestros, sin contar los 20 mil despedidos en 1986, para colocar en cargos directivos docentes sólo a aquellos que apoyaron la doctrina de la seguridad nacional, y también para designar en dichas funciones a los que se olvidaron de los principios democráticos que orientaron siempre a la educación chilena y que la distinguió por sobre los sistemas educativos de la región americana.

Se acabaron, en general, los concursos, y los nombramientos se efectuaban sobre la base de la confianza del régimen a per- soneros que iban rotando en dichos cargos, según el grado de apoyo que mostraban al sistema.

La delación, el egoísmo y la falta de lealtad surgieron, lamentablemente, dentro del profesorado nacional.

Hoy, en cambio, el Estatuto Docente restablece el principio de la titularidad; de los cargos, para lo cual se crea todo un mecanismo de concursos, el que ha ido perfeccionándose en la Comisión de Educación y que podrá, obviamente, seguir mejorándose en los trámites legislativos siguientes.

Habrá una comisión de concursos y de evaluación de los postulantes, debiéndose formar una tema, lo que obligará a la autoridad empleadora a nombrar sólo a quien obtenga el más alto puntaje.

Ello permitirá iniciar, entonces, la carrera docente en el Magisterio ya que nunca más se necesitará ser de la confianza del régimen de tumo para ocupar un cargo docente o directivo en la educación. Bastará, simplemente, tener un título, vocación y otros antecedentes para ello.

El cuarto principio que considera y restablece esta iniciativa es la participación, esencia de la democracia.

Se reconoce la participación del profesorado en el diagnóstico, realización y evaluación del sistema educacional, pasando ahora el educador a ser un actor y no un espectador de la educación.

Se reconoce por ley el consejo gremial de profesores con carácter consultivo y resolutivo en los casos que el reglamento determine.

Se valoriza, señor Presidente, la participación de los centros de padres y de los centros de alumnos, incorporando tácitamente el principio de que la educación es una función social, como lo han considerado siempre los grandes ideólogos de la docencia.

El quinto principio que consagra el proyecto es el perfeccionamiento.

El estatuto estimula y define el perfeccionamiento docente como un deber y un derecho, creando los medios mínimos para que el profesorado esté en una permanente renovación pedagógica y cultural, lo que también constituye parte de su carrera docente.

En el régimen anterior, el perfeccionamiento era oneroso y alcanzable sólo para aquellos privilegiados que recibieron la ayuda de su empleador.

El sexto principio es la recuperación de los derechos perdidos.

Entre tales derechos, podemos señalar los siguientes:

En primer lugar, la antigüedad.

La pérdida de los trienios y, luego, de los bienios significó por largos años un estancamiento de las remuneraciones del profesorado. Con el proyecto en estudio se recuperará ese beneficio, el que también contribuye al principio de la carrera docente.

En segundo término, se establece el derecho al traslado. El Estatuto Docente, al disponer que los profesores mantienen sus asignaciones de antigüedad y de perfeccionamiento al cambiarse de lugar de trabajo restablece el derecho al traslado, el que podrá ejercerse a través de los llamados a concursos y de las permutas, perdiendo la calidad de relegado profesional que mantuvo durante los 17 años anteriores.

No es válida la crítica que se hace al Estatuto, cuando se indica que no existe el derecho al traslado. En la lógica de la administración actual, es imposible concebir un derecho al traslado en la forma anterior, dado que ahora se deben concursar todos los cargos.

En tercer lugar, se recuperan las asignaciones de experiencia de perfeccionamiento, se crean las de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva, constituyendo garantías económicas importantes creadas por el Estatuto Docente.

En cuarto lugar, la imponibilidad total de las remuneraciones constituye también una conquista importante para el Magisterio, el que en la actualidad cotiza sólo por parte de ellas, lo que significa que obtenga pensiones de jubilaciones bajísimas o miserables.

En último lugar, en el campo de la enseñanza particular subvencionada, la fijación o el respeto a la renta mínima mensual, representa una garantía que evitará el atropello al Magisterio y el enriquecimiento ilegítimo o injustificado de muchos sostenedores.

Señor Presidente y Honorables colegas Diputados/ como ex presidente regional del Colegio de Profesores de Antofagasta y miembro de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores de Chile A.G./ en la época en que éste se democratizó, me siento orgulloso y contento, en nombre de miles de maestros, de dar la aprobación en general, hoy día en Democracia, a este proyecto de Estatuto Docente como primer paso para alcanzar la dignidad total de Magisterio, la que deberá complementarse posteriormente con leyes que permitan revisar el sistema previsional de los profesores, que lo lleven a recuperar el derecho a jubilar por años de servicios, el derecho a obtener la vivienda propia, a la salud y a la asistencialidad escolar de todos sus alumnos.

El Estatuto Docente algún día deberá atender en su integridad los problemas del Magisterio, como una forma segura de mejorar, en forma definitiva, la educación chilena.

Distinguidos colegas, un pueblo que invierte convenientemente en la educación, sin duda mejora y asegura el futuro de la Patria. La Cámara de Diputados, el Senado y el Gobierno deben comprometerse con ello.

Señores Diputados ayer, 10 de diciembre, mi generación, egresada en ese mismo día de 1960, cumplió 30 años desde que salimos de una Escuela Normal en el norte.

Es una generación como tantas otras, que sólo trabajó 13 años formando jóvenes para la vida democrática. Perdimos 17 años de ejercicio profesional, junto con perder la Escuela que nos formó. Este Estatuto Docente nos llevará seguramente a recuperar la senda perdida.

He dicho, señor Presidente.

El señor VELASCO.-

Señor Presidente, distinguidos señores Diputados, señor Ministro de Educación, estamos frente a un hecho histórico de gran trascendencia nacional.

El programa de la Concertación ofreció al país darle prioridad a la educación, reconociendo a ésta como la palanca fundamental del desarrollo y de la transición democrática. La educación está siendo asumida por el Gobierno del Presidente Aylwin como un efectivo derecho y no como un privilegio. En este contexto se inserta el proyecto de ley sobre el Estatuto Docente, que hoy estamos debatiendo.

Se trata, además, del cumplimiento de una promesa hecha al Magisterio por el entonces candidato, hoy Presidente de la República. Se trata de crear un efectivo mecanismo de participación para los actores principales del proceso educativo que, tanto el Gobierno como nosotros, justipreciamos y valoramos en su real dimensión.

Al entrar a este debate parlamentario, queremos comenzar recordando, sin pretender hacer una historia exhaustiva, que luego de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, promulgada el 26 de agosto de 1920, tras dos largos años de tramitación en el Parlamento de la época, es primera vez que en estos 70 años, como muy bien dijera el señor Ministro en esta Sala- un Gobierno democrático acepta el desafío de someter al Congreso Nacional un proyecto de ley de una extraordinaria complejidad, no sólo por los sectores que están involucrados, sino también por las limitantes de carácter legal, constitucional y económicas que presenta su tratamiento.

Es útil recordar que las últimas normas sobre la regulación de la función docente estaban contenidas en el Estatuto Administrativo, decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, en el cual se le dedicaba sólo un título especial. Luego, la mal llamada "carrera docente", impuesta por decreto ley en 1978, que, prácticamente,

no tuvo vigencia, pretendió -sin lograrlo- articular una compleja carrera docente para los profesionales de la educación, pero sólo el perteneciente al sector fiscal.

A raíz de la inconsulta medida "de la municipalización de la educación" -mejor dicho "de la alcaldización del sistema educacional fiscal"-, se dejó a todo el profesorado sometido a la regulación de las llamadas "leyes laborales", desconociendo de este modo las principales características de la función docente.

Pretendiendo reparar esta grave falta, el régimen autoritario, luego de las exoneraciones masivas de más de 15 mil profesores en 1987, dictó la ley N° 18.602, totalmente insuficiente para proteger la delicada función de los educadores, quienes quedaron expuestos a la arbitrariedad, a la humillación y al vejamen en su dignidad profesional.

Tal como Su Excelencia el Presidente de la República lo expresa en el mensaje con que envió este proyecto al Congreso Nacional, "es necesario enfrentar los desafíos de la realidad educacional de una manera diversa a como se hizo en el pasado", pensamiento que la bancada democratacristiana comparte plenamente.

Las ideas centrales de este proyecto corresponden a las demandas anheladas por el Magisterio, a través de su organización representativa y unitaria: el Colegio de Profesores de Chile. Ellas son: definición de una remuneración básica nacional, aplicable a la totalidad del Magisterio municipalizado, particular subvencionado y particular pagado; creación de una carrera profesional para el sector municipalizado de derecho público que estimule el perfeccionamiento docente; el reconocimiento fundamental de la tarea educativa de aula en los aspectos profesionales; el establecimiento de incentivos especiales para el profesorado que se desempeña en zonas rurales y de marginalidad social económica: disposiciones para regular y perfeccionar las relaciones contractuales del sector particular, subvencionado y pagado.

Aun así, estamos conscientes de que este proyecto no satisface todas las aspiraciones contenidas durante los 17 años de régimen autoritario.

No obstante, estamos seguros de que la inmensa mayoría del profesorado comprende que, en el proceso de reconstrucción democrática, no se puede lograr todo en 4 años.

Baso esta afirmación en mi conocimiento de cómo el profesorado se asoció a la democratización de la sociedad durante el autoritarismo. Si bien perdió la capacidad de presionar, no logró ser arrastrado a una inculcación activa de la ideología del régimen pasado y ha manifestado su adhesión, ampliamente mayoritaria, con el régimen democrático.

Durante aproximadamente, 4 semanas, este proyecto ha sido ampliamente debatido en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados: Como corresponde en democracia, se ha escuchado a todos los sectores involucrados, con la más amplia libertad.

No obstante, como era de suponer, han aparecido las críticas más variadas. Provienen de sectores tremendamente comprometidos con el régimen autoritario. Caen en profundas contradicciones Primero, señalaron que este proyecto generaba un privilegio social para el profesorado; que la existencia de una carrera profesional generaría una "rutinización" y un retraso en la modernización de la educación.

Quienes piensan así, sostienen que el sistema educacional debe regularse por las leyes del mercado y en consecuencia, que sólo bastaría con perfeccionar el mecanismo de la competitividad del mercado educacional para mejorar su calidad. La respuesta parece obvia, si consideramos, a la luz de los indicadores de las pruebas del SIMCE, cómo se ha deteriorado la calidad de la educación con la nefasta aplicación de las políticas de mercado en la educación.

Otros han pretendido reducir este Estatuto Docente a un proyecto de reajuste salarial y concentrado sus críticas en la insuficiencia del valor de la hora mínima, el cual, como ya lo ha anunciado el Ministerio de Educación, será reajustado a partir de marzo de 1991. Con ello se intenta descalificar la totalidad del proyecto, que contiene tantas otras sentidas aspiraciones que apuntan hacia la verdadera dignificación de la profesión docente.

Lo curioso, por decir lo menos, es que estos críticos carecen de autoridad moral para enjuiciar al Gobierno democrático. Pretenden exigir que este gobierno haga en tiempo "record" lo que ellos, cuando fueron mandamases y tuvieron la totalidad del poder, no quisieron realizar; lo que es peor, destruyen y destruyeron el sistema educacional chileno.

En democracia, las críticas constituyen un derecho que valoramos. Lo que resulta inaceptable es que se pretenda hacer demagogia con un sector tan respetable como es el de los educadores de este país.

Los parlamentarios de la Democracia Cristiana asumimos plenamente las expresiones del Presidente Aylwin , cuyo mensaje dice que este proyecto busca, "en primer lugar, incentivar la profesionalización en el ejercicio de la labor docente". Hasta ahora, señores Diputados, el profesor ha sido tratado como un funcionario, más que como un profesional. Es allí donde se encuentra una de las principales causas del deterioro de la calidad de la educación.

Durante su estudio en la Comisión de Educación, el proyecto fue objeto de numerosas indicaciones tendientes a mejorarlo. Se han acogido variadas observaciones formuladas por el Colegio de Profesores, que representa al Magisterio organizado y que ha luchado de manera incansable por obtener la dictación del Estatuto Docente.

En esta materia, justo es decir que, entre las principales indicaciones acogidas en la Comisión, vale la pena señalar la que suprime la letra c) del artículo 59 del proyecto, con lo cual se elimina la caducidad del contrato por supresión de horas, de cursos o de cargos.

Además, se establece la exigencia de que quienes dirijan la educación municipalizada sean profesores; se ha incorporado el derecho a permuta, y mejorado los mecanismos para hacer operativos los traslados.

Como integrante de la Comisión de Educación de esta Cámara de Diputados, deseo expresar que el profesorado espera, de todas las bancadas, que se logre el despacho oportuno de este proyecto, junto con salir perfeccionado con indicaciones realistas y posibles de todas las bancadas, con el fin de que entre en vigencia a partir de marzo de 1991.

Tal vez no será el Estatuto perfecto. La historia nos demuestra que la conquista de logros y metas está jalonada de luchas y esfuerzos, y que ella se logra a través del tiempo.

Sí, podemos estar seguros de algo: la aprobación de este proyecto constituirá un primer gran paso en la dignificación de la función docente.

Colegas Diputados, hoy se presenta a la consideración de la Honorable Cámara un Estatuto Docente, que, por primera vez, dicta normas relativas a todo el Magisterio nacional; establece un salario mínimo sin distinción; entrega estabilidad laboral para que éstos puedan desarrollar libremente y sin presiones sus aptitudes pedagógicas; establece concursos limpios y transparentes, donde primarán los antecedentes curriculares, la experiencia, el perfeccionamiento, el saber, la vocación; con comisiones integradas por sus mismos pares; con representantes de los mismos colegios a los cuales se postula; el acceso a una carrera funcionaría donde prevalecerán los méritos y el esfuerzo personal; el acceso a un perfeccionamiento acorde con los cambios de una sociedad en desarrollo permanente, libre y gratuito; un reconocimiento a la labor abnegada que desarrollan muchos maestros en medios difíciles, ya sea geográficos o de marginalidad social de los educandos, lo que se manifiesta en un sobresueldo válido para el maestro municipalizado o subvencionado; una reparación para tantos que, después de largos años de sacrificio, se encuentran en situación de acogerse a un merecido retiro y que, por culpa de una inicua ley que les privó de las imposiciones por el total de sus rentas, se han visto imposibilitados de hacerlo. A todos ellos se les considerará como si ellas hubiesen sido efectuadas en su totalidad durante los tres últimos años. Por último, señores Diputados, consagra la participación que les fue negada por espacio de casi 17 años, lo que se traduce no sólo en la elaboración del presente proyecto, sino también en las diversas instancias del proceso educativo.

El Estatuto Docente es, en suma, no un compendio de buenas intenciones, sino un seguro camino hacia la dignidad, el profesionalismo, la participación y una luz de esperanza para el porvenir. Confiamos en Dios, porque la Historia nos dará la razón.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pero no hoy día, dada la materia. Sí, cuando se trate dé algo realmente trascendente en que esté en juego el destino del país.

Señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, Honorables colegas, volviendo a la discusión del proyecto de Estatuto Docente, inicio mi intervención recordando que no existe dentro de la vida de un pueblo un proceso más importante que el que guarda relación con la educación del mismo. Y no podría ser de otra forma, dado que el proceso educacional tiene implicancias individuales y sociales en términos tales, que no es aventurado afirmar que de la educación depende el destino del hombre y el futuro de la sociedad.

En efecto, el proceso de enseñanza- aprendizaje es la herramienta que tiene el hombre como persona para liberarse de las cadenas de la ignorancia y de la incultura. Es el medio que utilizan quienes nacen desprovistos de condición social c de fortuna para progresar en la vida y transformarse en seres útiles a sí mismos y a la sociedad. Es la forma cómo desarrollamos las potencialidades que emergen de nuestra racionalidad y que, al perfeccionar la inteligencia, nos permiten alcanzar nuevas alturas en el conocimiento y en el saber.

En el mismo sentido, siendo el objeto y el sujeto de la educación, en una primera etapa, la gente joven, es decir, mentes informes y en proceso de aprender sus propias convicciones, es evidente que dependerá del tipo de conocimiento que se le proporcionen, de la forma cómo se le transmitan y del sentido que le impriman, los juicios que ese joven adoptará cuando llegue a la madurez.

Una manipulación del proceso educacional, dirigida a formar prosélitos o feligreses, puede ocasionar dividendos políticos o religiosos. Al efecto, es, grande la tentación, existen múltiples ejemplos históricos que así lo demuestran.

Desde un ángulo social o colectivo, la educación determina la cultura de los pueblos, y ello es importante, puesto que las naciones no sólo son ricas por la cantidad de bienes materiales que producen sino también por los valores culturales) espirituales que laboran. Y tal cultura le determinan, tanto los conocimientos que se aprenden, como los valores y sensibilidades que se crean.

En el mismo orden de consideraciones el proceso de enseñanza-aprendizaje e: fundamental para el desarrollo económico de los pueblos. La riqueza de los países está dada por la adecuada conjunción entre materias primas, trabajo y conocí miento.

En un mundo tan sofisticado y complejo como el actual, no podemos vivir i desarrollamos al margen de los conocimientos que diariamente, aporta la ciencia y la tecnología.

Observad, Honorables colegas, el cas de la Unión Soviética, que es el drama de la Perestroika y de Gorbachov. Se dice, fundadamente, que gran parte de su crisis económica se debe a que, en materias fundamentales, tienen 10 años de atraso respecto de las grandes potencias occidentales. De allí que, más que por capitales, hoy claman por conocimientos y tecnologías modernas.

Para desarrollarse, entonces, los países necesitan de profesionales que conozcan y apliquen los conocimientos descubiertos por otros, o que creen o inventen nuevas fórmulas que satisfagan la problemática humana. Y por ello, los Estados velan por la seriedad e idoneidad de los títulos y grados que se imparten, ya que de la eficiencia de sus profesionales depende el desarrollo de su propio país.

Todo lo anterior tiene como punto de partida el proceso educacional.

Luego, el proceso de enseñanza-aprendizaje no es indiferente a la sociedad como conjunto, dado que su formulación e implementación determinará el tipo de ciudadanos que formemos y el grado de cultura y de conocimientos que un pueblo puede exhibir en un momento de su historia.

De esta forma, la gran interrogante que se plantea es: ¿y a quién le corresponde tan alta misión?

¿Es responsabilidad o deber del Estado el educar al pueblo? ¿O procede que permanezca indiferente?

¿Quién debe asegurar los grados de imparcialidad y de objetividad que requiere el proceso educacional?

¿Quién vela por la idoneidad y seriedad de los títulos y grados?

¿Quién resguarda que el tipo de educación que se imparte es el que el país requiere para solucionar sus grandes urgencias?

Las respuestas a estas preguntas han sido fuente de discusión permanente en la filosofía educacional. Por siglos, se sostuvo que la actividad educacional debía estar vinculada al quehacer individual y privado de los hombres, y, a lo más, se la relacionaba con las ocupaciones desplegadas por algunos credos religiosos.

Sin embargo, en el siglo pasado irrumpe el concepto de Estado-docente, según el cual, siendo el Estado la máxima expresión del bien común, a él le corresponde, preferentemente, impulsar la actividad educacional.

Es el Estado el único que nos puede asegurar un proceso educacional acromático, desprovisto de connotaciones políticas o religiosas, destinado a formar ciudadanos y no prosélitos o feligreses, comprometidos sólo con los grandes valores del hombre y con los intereses permanentes de la patria y de la sociedad.

Es el Estado quien, al estar comprometido con intereses sociales superiores, puede velar por la seriedad e idoneidad de los títulos y grados que se imparten, y asegurar una auténtica igualdad de oportunidades a todos los hijos de sus inteligencias.

Es el Estado quien, teniendo una visión global de la sociedad, de todos los factores e intereses que entran en juego puede diseñar una mejor política educacional, dirigida a enfrentar los grandes desafíos de la patria y a facilitar el pleno desarrollo del hombre como individualidad.

Este concepto de Estado-docente no se opone a la libertad de enseñanza.

Estado-docente no significa que el Estado sea el único agente educador, con prescindencia de la iniciativa particular. Estado-docente implica, simplemente, que el Estado es el gran agente educador, permitiendo el desarrollo de actividades particulares en tal sentido, como una manera de coayudar a la labor que despliega la nación toda. Estado-docente significa que el Estado tiene tuición sobre la educación particular, en orden a que él vela por la seriedad de los títulos y grados y por el tipo de conocimientos que se transmiten, debiendo guardar éstos una adecuada correspondencia con los planes y programas generales del país. Estado- docente importa, en última instancia, que el Estado asegura niveles educacionales idóneos a toda la juventud.

Luego, siendo el Estado el gran agente educador, surge, como efecto consiguiente, la función pública del profesor, ya que si pública es la función educacional,, pública es, obviamente, la labor que despliegan las personas que la desarrollan. Resulta difícil encontrar, dentro de la vida social, una labor más importante y trascendente que la realizada por ellos, dadas las características del proceso de enseñanza-aprendizaje que ya advertíamos en los inicios de este discurso. Son los maestros quienes, al transmitir los conocimientos y la sabiduría adquiridos, sientan las bases de la cultura y del desarrollo de un país. Son ellos, los que, al entregar valores y trabajar con el alma humana, reciben niños y devuelven ciudadanos capaces de construir su propio destino y dé forjar una Patria mejor.

De allí que, para que los profesores puedan cumplir satisfactoriamente con la función pública que la sociedad les encomienda, es menester que cuenten con una adecuada estabilidad y seguridad en su empleo; que no estén entregados a las veleidades de la política o a los arbitrios personales; que se les proporcionen los medios materiales necesarios para desplegar eficientemente y con tranquilidad su importante labor; que cuenten con sistemas que aseguren una adecuada formación y un permanente perfeccionamiento, y que el resto de la sociedad tenga conciencia y valore la labor que ellos desarrollan.

Pues bien, Honorables colegas, en más de 150 años de historia republicana, nuestra patria fue capaz de construir un sistema de educación pública que ha sido ejemplo en América, y que motivó la admiración del mundo entero. Al concepto de Estado-docente se agregó, luego, el principio de educación laica, o sea desprovista de connotaciones religiosas, y, más tarde, el sistema de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita.

Durante 150 años, Chile se sembró de escuelas y de liceos. Se levantaron escuelas técnicas, industriales, de minas y agrícolas. Se bajaron las tasas de analfabetismo a niveles de competición con las grandes naciones desarrolladas europeas. El grado de excelencia y de calidad de la educación fiscal no tenía parangón, y los mejores colegios particulares no disputaban la primacía a los grandes liceos o institutos fiscales. La universidad fue una realidad para los hijos de sus propios talentos, y la Casa de Bello era el ente rector de la educación superior, a la que no sólo ingresaban nuestros compatriotas, sino que alumnos de diversos rincones de esta América, deseosos de recibir los conocimientos que necesitaban para promover el progreso de sus naciones de origen. Los profesores nacían en las escuelas normales y en el Instituto Pedagógico, y su grado de idoneidad era reconocido más allá de nuestras fronteras.

La igualdad de oportunidades era una realidad en materia educacional. Un joven inteligente tenía la certeza de que el Estado le proporcionaba una educación igual o superior a la mejor de las pagadas. Y ello, lentamente, dio origen a la formación de esa gran clase media chilena que tanto ha contribuido al progreso de la patria. La cultura, entonces, no era un bien que estaba reservado a quienes poseían fortuna. Piensen, Honorables colegas, que las dos más grandes figuras culturales nacidas y formadas en tierra chilena, Gabriela Mistral y Pablo Neruda , son hijos de modestas escuelas y liceos provincianos, lo que nos demuestra la eficiencia del sistema y la eficacia en el logro de sus objetivos.

Y sin ir más lejos, ¿cuántos de nosotros, hoy Diputados de la Nación, no somos hijos también de la educación fiscal? Gracias a esa posibilidad que el Estado nos dio obtuvimos nuestros títulos profesionales, progresamos en la vida y hoy ocupamos un lugar en el Parlamento de la República. Posiblemente, si el Estado no nos hubiera brindado esa oportunidad, hoy no estaríamos donde estamos, y, por fuerte que hubiere sido nuestra voluntad, estaríamos inmersos en la opacidad de donde provenimos.

Con el advenimiento del Gobierno militar, y a partir de 1980, se comenzó a implementar en nuestro país un nuevo sistema educacional, fundado en el principio de la subsidiariedad del Estado frente a tal actividad, lo que se tradujo en que la educación dejó de ser una preocupación preferente del Estado.

En tal esquema, se incentivó el crecimiento de la educación particular en detrimento de la estatal, y las cifras así lo demuestran. En 1981 la educación fiscal comprendía el 77,9 por ciento de los alumnos de la enseñanza básica y media, mientras que la particular, y la particular subvencionada, sólo abarcaba el 21,9 por ciento de tales alumnos. En 1989, según cifras de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, la educación fiscal o municipalizada sólo comprende el 58,6 por ciento de los alumnos; o sea, un 193 por ciento menos que en 1981. Mientras que la educación particular, y particular subvencionada, subía a un 41,4 por ciento de tales alumnos, es decir, un 19,5 por ciento más.

Más de 160 establecimientos fiscales han sido traspasados en los últimos 10 años a corporaciones educacionales privadas. ¿Cuántas universidades o institutos profesionales estatales y particulares existían en Chile en la década de los 70? ¿Diez? ¿Doce establecimientos? Pues bien, a diciembre de 1989, había en Chile 34 universidades. Veinte con aporte estatal y catorce sin él. A su vez, había 53 institutos profesionales: dos con aporte estatal y 51 sin él. Por último, 133 centros de formación técnica sin aporte del Estado ¿Desean, Sus Señorías, que discutamos los niveles de excelencia y de calidad de la mayoría de esos centros de estudios superiores? Pues bien, este cambio del sistema educacional que tiende a la privatización de la enseñanza, ha importado un grave deterioro de la educación fiscal o municipalizada. ¿Cuántos alumnos provenientes de colegios fiscales o municipalizados están dentro de los primeros mil puntajes de la Prueba de Aptitud Académica?

Leía, no hace mucho, en un ranking de los mejores colegios de Chile, que el Instituto Nacional, hasta ayer el primer foco de luz de la Nación, ocupaba el lugar número 40, de manera que había 39 colegios particulares antes que él. Según cifras del Ministerio de Educación, en la enseñanza media, el porcentaje de alumnos que egresa de los colegios municipalizados es de un 61,42 por ciento, mientras que el (que lo hace) de los colegios particulares es de un 88,57 por ciento.

Todos los que tenemos alguna experiencia académica universitaria, sabemos que más allá de las cifras y de las estadísticas, los alumnos que hoy ingresan a nuestras universidades tienen, objetivamente, menos conocimientos que los de hace 15 ó 20 años.

¿En qué se traduce todo esto? En algo muy simple. Hoy en Chile existe educación de primera, de segunda y de tercera clase. Por cierto, la educación estatal se encuentra en el último nivel. Luego, estamos formando ciudadanos de primera, de segunda y de tercera clase. Con ello, estamos erradicando el principio de la igualdad de oportunidades en materia educacional, que tanto nos había costado alcanzar.

¿Cuántos de los Honorables colegas que se formaron en escuelas públicas y en liceos fiscales, hoy tienen a sus hijos en colegios municipalizados? ¿Y por qué no los envían a ellos? Porque están conscientes del grado de deterioro de la educación fiscal y aspiran para sus descendencias una mejor oportunidad formativa.

Pero eso podemos hacerlo nosotros y otros cientos de chilenos que pueden pagarlo. ¿Y qué ocurre con la inmensa mayoría de nuestros compatriotas que no están en condiciones de cancelar una enseñanza privada? Con el sistema actual, están condenados a que sus hijos y sus nietos sigan siendo ciudadanos de segunda y tercera clase. Este sistema, por principio, como radical, no lo puedo aceptar.

Sin embargo, la reforma al sistema educacional chileno también afectó directamente a los profesores, a los trabajadores de la educación, a quienes se les privó de la condición de servidores públicos, como si por mandato de la ley se pudiere negar que es pública la alta función que desarrollan.

En efecto, con motivo de la municipalización de la enseñanza, en 1989 existían 78.916 profesores municipalizados; 36.642 profesores particulares subvencionados; 15.768 profesores particulares pagados y 3.196 profesores de corporaciones privadas. O sea, un total de 134.342 profesores que no son funcionarios públicos, que no están regidos por el Estatuto Administrativo, cada uno de cuyos grupos tiene un sistema jurídico diverso y cuya estabilidad en el cargo depende de los caprichos de un alcalde, de un sostenedor que está motivado por el ánimo de lucro o de la voluntad de un simple particular.

El cambio de la condición jurídica de los maestros trajo consigo importantes modificaciones en las normas que regulan su sistema previsional, salarial y laboral, perdiendo el profesorado logros que había conquistado después de años de lucha, los que la Nación toda reconocía como actos de justicia por la trascendencia de la labor que ejecutaban.

Como consecuencia de lo anterior, desapareció la carrera docente o la carrera funcionaría; se instauró un sistema de remuneraciones en que la arbitrariedad y la injusticia fueron las reglas generales. La explotación de las necesidades ajenas y el ánimo de enriquecimiento de los sostenedores fueron semillas que cayeron en terreno fértil y el perfeccionamiento del magisterio no pasó de ser una declaración programática incumplida.

Los problemas causados al sistema educacional nacional por las políticas implementadas por el régimen militar alcanzaron también a otros ámbitos. Se cambió sustancialmente el proceso de génesis o de formación del profesor. Se cerraron las escuelas normales y se entregó esa misión a las universidades e institutos profesionales de cualquier signo, condición y pelaje. Francamente, no creo que nadie pueda afirmar con seriedad que los profesores que se forman hoy sean mejores que los de ayer.

Desde otro punto de vista, se modificaron los planes y programas de estudio y los sistemas de calificaciones y de aprobación de los alumnos, rebajando los niveles de conocimientos educativos, con el objeto de entregar porcentajes que las estadísticas recogen como positivos.

Esta es, Honorables colegas, la realidad de la educación pública chilena, tal como la recibió el Gobierno del Presidente Aylwin: una educación disminuida, empobrecida, "mediocratizada", opaca, muy distante de constituir un orgullo nacional, y que, al avanzar en su proceso de privatización, tiende a aumentar las distancias que separan a uno de otro sistema.

Una educación rebajada en sus grados de excelencia, que no asegura la igualdad de oportunidades a las nuevas generaciones y, lo que es más grave, que ha pisoteado a los profesores en su dignidad.

Frente a tan cruda y dramática realidad, el Gobierno ha enviado a este Congreso un proyecto de ley de Estatuto Docente, iniciativa legislativa que, básicamente, pretende establecer las normas por las cuales se regulará la función docente.

Trata de crear la carrera funcionaría, determina el sistema de contrataciones, salarios y beneficios económicos y, por último, procura el perfeccionamiento y la participación del Magisterio. Sin embargo, y por mucho que sea Diputado de Gobierno, no puedo ocultar esta tarde que estimo que el Ejecutivo ha errado de camino, razón por la que no puedo votar favorablemente la idea de legislar.

En efecto, en esta iniciativa no se enfrentan los problemas fundamentales que aquejan a la educación chilena y al Magisterio nacional, que son las causas de la crisis. Al adoptar tal actitud evasiva, no sólo no se resuelven satisfactoriamente las materias que trata de reglamentar, sino lo que es peor, persiste en mantener un sistema educacional, que en diez años ya se ha probado en su ineficacia.

Este proyecto viene a consolidar y a legitimar el sistema de enseñanza municipalizada y la privatización de una importante área de la actividad educacional. Y nosotros, los Radicales, somos absolutamente contrarios a esa fórmula, como que propugnamos el establecimiento de un sistema nacional de enseñanza descentralizado, dependiente del Ministerio del ramo.

No advertimos de parte del Gobierno la voluntad política de avanzar en tal sentido; incluso más, con estupor hemos escuchado decir que los problemas de la enseñanza municipalizada se corrigen con la democratización de los municipios. Ello no es efectivo, Honorables colegas, y quienes así lo afirman están profundamente equivocados. En el evento que ello ocurra, el sistema educacional será igualmente malo, con la agravante de que en tales circunstancias los profesores quedarán entregados a los caprichos del político de, tumo en cada una de nuestras comunas.

Luego, al no recoger este proyecto el principio de la función pública del docente, y al insistir en la odiosa distinción ya existente entre profesores municipaliza- dos, particulares subvencionados y, simplemente, particulares, asignándoles calidades jurídicas diversas, no lo puedo aceptar, puesto que se trata de un mero arreglo cosmético a una materia que requiere cirugía mayor.

Esto es lo mismo, Honorables colegas, que si el día de mañana el Gobierno presentare un proyecto de ley o de reforma constitucional tendiente a modificar algunas facultades accesorias de los Codecos o de los Coredes, manteniendo la participación que ellos tienen en la designación de los alcaldes; o que si el Gobierno presentare un proyecto de reforma constitucional tendiente a aumentar el número de Senadores designados. Si ello ocurre, obviamente que lo voy a rechazar, porque soy absolutamente contrario a los alcaldes designados y a los Senadores designados. Y al aprobar una iniciativa de tal naturaleza, estaría validando y legitimando los Codecos, los Coderes y los alcaldes designados y, por principio, eso no lo puedo aceptar.

Desde otro punto de vista, este proyecto intenta normar una carrera funcionaría, pero al continuar siendo los profesores funcionarios municipales, tal carrera docente será una ilusión y no una realidad, puesto que, difícilmente, tendrá una proyección nacional.

En efecto, como los concursos, se manejarán a nivel comunal, es evidente y lógico que se privilegiarán a los profesores de esa misma comuna, por lo que la carrera funcionaría distará de tener un alcance general.

En el mismo sentido, el perfeccionamiento del Magisterio, no está asegurado en términos concretos, y la participación de un modo exclusivamente consultiva, nos parece altamente insatisfactoria.

Reconocemos, eso sí, los esfuerzos que despliega el proyecto, en orden a tratar de fijar criterios y reglas objetivos en materia de remuneraciones, incentivos y beneficios económicos, procurando, de ese modo, poner término a la anarquía, a la injusticia y a la arbitrariedad que impera en este campo en muchas municipalidades del país.'

También valoramos la voluntad política del Gobierno de mejorar las rentas del Magisterio, ya que estamos conscientes de que sus niveles de ingreso no guardan relación con la importancia de las labores que desarrolla.

Empero, no nos engañemos, Honorables colegas. La problemática de la educación chilena y la dignificación del Magisterio no se reducen a una mera mejoría de rentas; el problema es mucho más profundo. Aun cuando el día de mañana el gobierno duplicare los sueldos a todos los profesores de Chile, el sistema educacional de la nación continuaría siendo igualmente malo y los maestros no recuperarían su dignidad, debido a que todavía no abordamos el fondo del problema.

En materia educacional -y con el profesorado, en particular-, el Congreso y el Gobierno tienen una tarea pendiente. Es urgente replantear el sistema de enseñanza nacional desde sus bases más profundas. Esto pasa por precisar el rol del Estado frente a la actividad educativa; por devolverle al profesorado la calidad de funcionarios públicos, porque públicas son las labores que ejecuta; por implementar un sistema nacional de enseñanza descentralizado, caracterizado por su excelencia y objetividad; por erradicar, de una vez por todas, el mercantilista concepto de la subsidiariedad en el ámbito educacional; por asignarle a los profesores un sistema previsional particular, acorde con las funciones que despliegan; por asegurar a estos profesionales verdaderos canales de perfeccionamiento y de participación; por revisar el proceso de génesis y dé formación del profesor; por crear una auténtica carrera funcionaría, de carácter nacional, en la que los maestros no sólo tengan la posibilidad de ascender, sino que gocen de una real estabilidad y tranquilidad en el cargo.

Estos son los grandes desafíos de la educación chilena, materias que se eluden, se soslayan o no se resuelven satisfactoriamente en el proyecto de ley que conocemos, o escapan a sus ideas matrices.

Como radical, anuncio que me abstendré en esta votación.

Sin embargo, los Diputados del partido, hoy, como ayer, retomamos con más fuerza que nunca las banderas de la educación pública en este debate e instamos al Gobierno y al Parlamento para que en los próximos meses demos una integral solución a la grave crisis que afecta a la enseñanza en nuestra Patria. Sabemos que ella es materia de iniciativas legales de variada índole, pero estamos convencidos de la urgente necesidad de abordarla.

Sólo cuando llegue ese momento podremos decir que hemos devuelto al Magisterio su dignidad y que hemos trabajado seriamente como parlamentarios, por brindar a nuestros compatriotas la igualdad de oportunidades educacionales que requieren para crecer como hombres y hacer progresar la Patria toda.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor Ministro de Educación solicita autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Educación, don Raúl Allard.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, en la mañana, lamentablemente, cuando se consultó con respecto a las disposiciones que en el Estatuto Docente tienen el carácter de normas de quorum calificado, me había ausentado por un instante de la Sala.

Ahora me permito señalar que el artículo 45 permanente, incisos primero y tercero, y el artículo l2 transitorio, tienen el carácter de normas de quorum calificado.

En consecuencia, según lo señalado en el artículo 83, inciso tercero, de la Carta Fundamental, se requiere para su aprobación del voto favorable de la mayoría absoluta de los Diputados y Senadores en ejercicio.

La consulta se hizo en la mañana y me permito entregar la respuesta a la Sala, para los efectos pertinentes.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, cuando hace aproximadamente dos meses ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Estatuto Docente, los parlamentarios de Renovación Nacional nos abocamos de inmediato a estudiarlo en forma responsable y seria y con gran dedicación. Y lo hicimos así, porque, a decir verdad, sabemos la importancia que reviste para el Magisterio nacional y conocemos sus expectativas y esperanzas. Tampoco desconocemos la relevancia que tiene para el sistema educacional chileno.

Sin embargo, en la Sala suelen decirse muchas cosas que quedan en el aire y no se responden. Por eso, en esta oportunidad, quiero puntualizar algo que podría desprenderse de lo que dijera el señor Ministro sobre la urgencia que requiere el trato del proyecto, para que el l2 de marzo esté vigente.

A decir verdad, se estuvo a la espera de este cuerpo normativo durante mucho tiempo y sólo hace dos meses, aproximadamente, llegó a la Cámara.

En todo caso, existe el compromiso de los parlamentarios de Renovación Nacional por seguir trabajando, con responsabilidad, seriedad y dedicación para que los profesores tengan, a la brevedad posible, el cuerpo normativo que anhelan.

Se ha dicho que los parlamentarios de Oposición queremos descalificar el proyecto. La realidad es muy contraria. Sólo hemos valorado lo que es dable valorar y criticado lo que es dable criticar.

Es bueno que todos los parlamentarios, especialmente de la Concertación, mediten sobre lo que dijo el señor Ministro. Señaló que en su estudio el proyecto no debe ser ideologizado. Yo agregaría que tampoco los distintos participantes del quehacer político deben seguir intentando politizar el sector educacional. Muchas veces se ha instrumentalizado y eso, de alguna manera, ha resultado negativo para las expectativas del Magisterio nacional.

Cuando conocimos el proyecto, evidentemente le encontramos un sinnúmero de deficiencias. Lo mismo hicieron los parlamentarios de Gobierno y, lo que es más decidor; los propios profesores, a lo largo y ancho del país.

Nos encontramos frente a tres posibilidades. Una de ellas, dada la serie de imperfecciones y deficiencias que le encontramos, significaba votar en contra del proyecto de Estatuto Docente, irremediablemente. Sin embargo, experiencias pasadas nos indicaban que nada de esto se entendería. Por el contrario, los medios de comunicación distorsionarían la posición y aparecería Renovación Nacional oponiéndose a un cuerpo normativo que beneficiará al profesorado. Lejos estaría eso de la realidad, porque lo único que pretendíamos era señalar la gran cantidad de deficiencias e imperfecciones del proyecto.

Otra de las posibilidades era presentar un proyecto alternativo. También las experiencias pasadas indicaban que, lamentablemente, ni siquiera seríamos escuchados en la Comisión, ni menos en la Sala, por parte de lo señores parlamentarios de la Concertación. Tiempo y esfuerzos quedarían perdidos y nada se conseguiría.

Decidimos optar por la tercera posibilidad que dice relación con el hecho de aprobar en general el proyecto y tratar de introducirle el máximo de indicaciones ' posibles con el objeto de mejorarlo. Así lo hicimos en la Comisión y lo estamos haciendo en la Sala Repondremos muchas de las indicaciones rechazadas en la Comisión.

Desde un principio hemos pensado que este cuerpo normativo debe estar sustentado en cinco pilares.

El primero, inevitablemente, es el de las remuneraciones. De allí que este proyecto alternativo establece una renta base mínima nacional y unas asignaciones que irán mejorando las remuneraciones o el nivel de ingreso de los profesores.

Reconocemos que hay asignaciones que recogen algunas aspiraciones y algunos derechos del Magisterio, pero las consideramos insuficientes. Valoramos la asignación de experiencia; la asignación de perfeccionamiento; la asignación de responsabilidad, la de difícil desempeño, porque, naturalmente, reconocen un quehacer profesional de los distintos profesores de Chile.

Reconocemos que lo que se propone es absolutamente insuficiente.

Me detendré un poco. Escuchaba al Diputado Informante de la Comisión de Hacienda, darnos unas cuentas que, a mi juicio, han resultado muy alegres; pero que, escapan de la realidad. Si hacemos el ejercicio de calcular un sueldo base-hora por 30 horas de trabajo, más la asignación de perfeccionamiento, más la asignación de desempeño difícil y la de responsabilidad directiva, más dos bienios, llegamos a una suma de $ 115.140. Pero esto, señor Presidente, a 1995 y no a 1991. Esa es la diferencia, teniendo en consideración que la persona del ejercicio que he propuesto recibe absolutamente todas las asignaciones, lo que, desde luego, está muy lejos de ser una realidad.

Por otro lado, me preocupa una cosa en particular. Si bien es cierto, hoy día se ha beneficiado, aproximadamente a un 20 por ciento de los profesores, que hasta hoy están bajo el piso que se ha establecido, aun cuando en el plazo inmediato se verán beneficiados, estoy seguro que en el plazo mediato se verán perjudicados, porque los profesionales que están sobre ese piso no serán beneficiados. Finalmente se concluye que los que hoy se benefician, en el mediano plazo no se verán favorecidos. Esto, por una razón muy simple, porque en el proyecto hay una norma que establece que la diferencia entre la renta base mínima nacional, más las asignaciones, menos el sueldo que hoy día ganan los profesores, se transformará en una asignación municipal. En mi opinión, a medida que salgan los profesionales de la educación que hayan sido beneficiados con esa asignación municipal, ésta se irá perdiendo. Por lo tanto, no serán beneficiarios quienes hoy día alcanzan esta renta base mínima nacional.

Por otro lado, la Comisión de Educación introdujo un sistema de reajustabilidad automático de las remuneraciones, que no contempla el Estatuto original.

Esto es esencial, por cuanto era una de las expectativas, una de las esperanzas del Magisterio, más aún, sabíamos que, con ello, el día de mañana se podrá llegar a una optimización de la calidad de la educación.

Hay algunas diferencias entre los colegios particulares, los colegios particulares subvencionados y los colegios municipalizados, especialmente en la calidad. Los colegios particulares pagados han alcanzado un 85 por ciento de la prueba del SIMCE, y los municipalizados, solamente un 35 por ciento.

Nuestro gran desafío está en no bajar a los que están en el 85 por ciento, sino que en subir a quienes están en el 35 por ciento del rendimiento. Esos son nuestros desafíos. Esas son las metas que debe tener el Gobierno porque, de esa manera, naturalmente, se beneficiará a los profesores y a la educación en general. Para lograrlo es necesario que el país y el Gobierno tomen conciencia y hagan un esfuerzo, en conjunto, para entregar una mayor cantidad de recursos al sistema educacional chileno.

Otros de los pilares fundamentales considerados por la Comisión, es el referente a la estabilidad. Nos llama la atención que el proyecto original del Ejecutivo haya mantenido el artículo 59, letra c), que introduce el factor de inestabilidad vigente a la fecha, que ha sido uno de los factores más rechazados por el sector educacional. Si de verdad deseamos mejorar la calidad de la educación, debemos introducir algunas variables que permitan obtener una mayor identidad de parte del profesional con el colegio donde tiene oportunidad de trabajar. Si se logra esa identidad, alcanzaremos el compromiso y, con ello, naturalmente, una gran mejoría.

Más aún, mantener la norma que daba inestabilidad al sistema, implicaba acrecentarla mucho más respecto de la que ya existía. Con la ley vigente, para poner término al contrato de un profesor por reducción de matrícula, se le debe comunicar 60 días antes de iniciarse el año escolar docente. La norma que se proponía permitía que se pudiera poner término al contrato del profesional en cualquier momento, especialmente en el mes de marzo, cuando se constatara una disminución de la matrícula en un curso o en un determinado establecimiento.

Otra de las normas que introducía inestabilidad al sistema era la que entregaba facultades a los centros de padres y apoderados para evaluar a los distintos profesores, a lo menos dos veces al año. Por acuerdo de la Comisión de Educación, se modificó la norma, y se permitió solamente que el director citara, a lo menos dos veces al año, a los centros de padres y apoderados, con el único objeto de informarles acerca de la marcha del establecimiento, y no para que se transformara en un verdadero juzgado frente a las acciones de los distintos profesores. Variadas experiencias revelan que, muchas veces, los padres y apoderados, lamentablemente, presentan acusaciones sin mayor argumento ni peso, que únicamente tienden a perjudicar a los profesores.

Nos preocupa que haya quedado en el proyecto del Estatuto Docente un inciso que permite que los padres y apoderados reclamen por escrito frente a alguna actitud de determinado profesor. De no hacerlo por escrito, podrá solicitar que el funcionario que reciba la acusación pueda escriturarla.

Esa norma constituye un arma peligrosísima que se entrega a los apoderados y a los padres, quienes la pueden transformar- en un derecho que hoy día existe, pero que, al estar escriturado, puede utilizarse perjudicialmente en contra de los profesionales de la educación.

Otro factor que introduce inestabilidad es el artículo 32 transitorio, referente a los concursos de directores de escuela.

Esta norma establece un plazo de 60 días para llamar a concurso de docentes directivos que hayan ingresado al sector por otra vía. Lo grave de esta situación es que no se busca excelencia académica ni idoneidad de las personas; básicamente, implica un problema político que, de hacerse definitivo, llevaría irremediablemente a que frente a cada cambio de gobierno, los directores fueran exonerados, lo que no daría continuidad, ni estabilidad, ni identidad, ni una mejor calidad de la educación.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Me concede una interrupción, señor Diputado?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Rodríguez , el señor Muñoz Barra le solicita una interrupción.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

A1 final se la concederé con todo gusto.

Otro aspecto que consideramos un pilar fundamental del sistema se refiere a la carrera docente.

En el proyecto sobre el Estatuto Docente no se ha introducido una auténtica carrera docente. Aún más, en él se contempla un sistema de calificación que sólo castiga y que no premia porque, en realidad, no hay posibilidad alguna de que los profesores puedan ascender en la medida en que sus méritos sean reconocidos.-

Valoramos que se haya establecido concurso público para ingresar al sistema educacional, incluso, en la Comisión de Educación se introdujeron algunas modificaciones al proyecto de ley sobre Estatuto Docente, básicamente, relacionadas con el concurso público, y con la Comisión Calificadora, que venía establecida de otra manera. Afortunadamente, por mayoría de votos, la Comisión de Educación logró asegurar transparencia absoluta en el sistema de ingreso a la carrera docente.

Lo mismo ocurrió con el sistema de ingreso, ya sea en calidad de titulares o de contratas. La Comisión estimó y los Parlamentarios de Renovación Nacional en particular, que el solo hecho de que los profesores sean profesionales e ingresen, además, por concurso público, les da el derecho suficiente para ingresar como titulares a esta carrera docente y no estar sujetas a los vaivenes o a la inseguridad de que el día de mañana se ponga término a su período de contrata, lo que de alguna manera, perseguía -creemos- el proyecto de ley sobre Estatuto Docente.

Otra de las normas de gran importancia introducida es la que establece que el alcalde nombre al que obtenga el primer lugar en el concurso. En él podrán participar los distintos profesionales que tengan interés en ingresar a la carrera docente.

Una situación importantísima, que también ha estado inserta en el proyecto de ley sobre Estatuto Docente dice relación con el atentado que se hace a la libertad de trabajo, porque se estableció que los profesores sólo podrán laborar durante 44 horas.

Pensamos que eso no puede ocurrir, porque atenta contra una norma esencial de la Constitución Política de Chile y, además, inhibe la libertad y la decisión personal que debe tener cada profesional de la educación.

Finalmente, se estableció que los profesionales no podrán ejercer por más de 44 horas en un mismo establecimiento; pero podrán hacerlo en otro, naturalmente, si su decisión así lo estima.

Establecer lo contrario significaría que muchos profesores de este país verán cercenado su nivel de ingresos, por cuanto muchos se desempeñan no sólo en colegios municipalizados, sino que también, en colegios particulares subvencionados y en colegios particulares pagados.

Un tema que ha resultado ser un pilar importante en este Estatuto Docente tiene relación con el perfeccionamiento, donde no sólo habría que reconocerlo como un derecho, como se estableció originalmente, sino que habría que establecerlo como una obligación del Estado, de entregar perfeccionamiento a los distintos profesionales. Si se habla de optimizar la calidad de la educación, habría que realizar los esfuerzos necesarios para que esta palabra no solamente sea un eslogan, sino que también se traduzca en realidad. Eso es lo que se persiguió al interior de la Comisión cuando se trató de establecer la obligatoriedad del Estado de entregar este recurso para el perfeccionamiento.

Interesante resulta que los profesionales puedan optar al perfeccionamiento a través de un concurso público, lo que, naturalmente le da transparencia al sistema.

También es importante no limitar las posibilidades que pudieran tener las Municipalidades y los sostenedores de colegios particulares, para entregar este perfeccionamiento.

El proyecto de ley original no contenía, precisamente, esta situación. Solamente estableció que el centro de perfeccionamiento sería el único que podría entregar esta posibilidad a los profesores.

Con ello, se limita a las municipalidades entregar motu propio a los distintos profesionales de la educación, un perfeccionamiento que permita mejorar y optimizar la calidad de la educación.

Por último, estaba la imponibilidad de las remuneraciones. Existe una intención en el proyecto, para dejar que las remuneraciones sean imponibles en el ciento por ciento; sin embargo, creemos que debe hacerse el esfuerzo para que esa idea se aplique una vez que el proyecto de Estatuto Docente esté vigente, y no se ejerza la gradualidad como se está aplicando en la actualidad. Hay conocimiento, experiencia y antecedentes suficientes, en el pasado, de otros servicios públicos que también tuvieron una base imponible menor y una asignación mayor no imponible, y cuando se decidió hacer imponible el ciento por ciento se efectuó por una sola vez, porque aquélla era la manera de beneficiar a esos funcionarios. Creemos, en verdad, que debe hacerse el mismo esfuerzo respecto de los profesionales de la educación.

Sin embargo, hay otras preocupaciones. Lo hemos señalado en múltiples ocasiones, no sólo con motivo de este proyecto de ley, sino de otros, como aquel que dice relación con el hecho de que exista una clara tendencia a dejar muchas materias entregadas a los reglamentos, lo que evade por decirlo así, el paso de éstas por el parlamento chileno. Nuestra aprensión no obedecía sólo al hecho de oponemos por oponemos, sino a un temor absolutamente fundado, puesto que pensábamos que mediante ese expediente podía eludirse el conocimiento por el Parlamento de determinados asuntos.

En reiteradas ocasiones, Renovación Nacional ha planteado diverso puntos discordantes en relación con el proyecto de Estatuto Docente, sometido por el Gobierno a la consideración del Poder Legislativo. El trabajo de los Diputados del partido, en la Comisión de Educación ha sido particularmente responsable y serio, rigiendo siempre su actuar por los principios y valores que orientan al partido, como asimismo por la auténtica necesidad de la educación chilena y los legítimos intereses del Magisterio nacional.

El 20 de noviembre pasado, Renovación Nacional, en declaración pública, manifestó su posición global respecto del proyecto del Gobierno. Este planteamiento reflejó, con total claridad, la posición auténtica de nuestro partido sobre esa iniciativa, por lo cual se integraron a su estudio los parlamentarios responsables del área, la agrupación de profesores de Renovación Nacional y los personeros correspondientes de su directiva central. En la ocasión se mencionó a las direcciones provinciales de educación, como uno de los asuntos que más nos preocupaba. Sostuvimos textualmente: "El proyecto contiene diversos aspectos que nos mueven a suponer que está inspirado en la idea de retomar a un anacrónico sistema de alta centralización. Nos preocupan, especialmente, las exageradas atribuciones que se entregan a los departamentos provinciales de educación. No debe olvidarse que las autoridades de estos departamentos son nombrados directamente por el Ministerio del ramo". Esa es la declaración que hicimos en esa fecha y fue uno de los puntos más debatidos en la Comisión de Educación de la Cámara, especialmente el artículo 20, anterior 22 del proyecto, por el cual se crean los consejos provinciales de educación. Los Diputados opositores argumentaron vigorosamente en contra de su creación, y los de Gobierno los respaldaron, aun cuando introdujeron una modificación en el sentido de incluir representantes del gobernador, en lugar del intendente, como se planteaba en el proyecto original.

Hoy, el proyecto está siendo tratado en la Sala, y lamentablemente, este trabajo comenzó tomándose conciencia de una actitud inadecuada, improcedente y extemporánea por parte del Ejecutivo. En efecto, el viernes 7 de diciembre, en el Diario Oficial, página 23, se publicó un decreto, con las firmas de los señores Enrique Krauss , en su calidad de Vicepresidente de la República, y Ricardo Lagos, Ministro de Educación, mediante el cual se crean los consejos provinciales de educación, organismos exactamente iguales a los que figuran en el proyecto de Estatuto Docente. Más aún, en este se dice que un reglamento establecerá las funciones específicas del consejo, el número de integrantes y forma de asignación. A su vez, en el decreto se dispone que una circular del Ministerio de Educación reglamentará los mecanismos de asignación. La dictación de dicho decreto, en esa forma, evidentemente constituye, a lo menos, una burla para el Poder Legislativo, puesto que, resulta inaceptable en una democracia sana.

La forma como se ha actuado en este terreno nos trae al recuerdo los tristes episodios de los resquicios legales que, al inicio de la década de los años 70, quebrantaron gravemente el estado de derecho del país.

Con los antecedentes anteriores, solicitaremos a Su Excelencia el Presidente de la República que deje sin efecto el mencionado decreto y que la tramitación de este tema vuelva a la instancia legislativa, en el contexto del Estatuto Docente, como legítimamente corresponde.

Señor Presidente, quiero hacerme cargo también de algunas apreciaciones que aquí se han hecho por parte de algunos señores parlamentarios.

Se habla de que la oposición al Gobierno, al interior de la Comisión, ha sostenido que la creación de un Estatuto Docente otorga un privilegio social para algunos. La verdad es que desconozco quiénes puedan haber hecho ese comentario, pero sí puedo dar fe de que los parlamentarios de Renovación Nacional no han sido; por el contrario, desde un principio hemos pensado que era bueno crear este cuerpo normativo.

Por otra parte, se nos ha dicho que intentamos descalificar el proyecto. Eso está lejos de la realidad, por cuanto lo único que hemos hecho es tratar de mejorarlo, introduciéndole indicaciones que, en su mayoría, han contado con las firmas y respaldo de los parlamentarios de la Concertación, lo que indica, entonces, que los Diputados de Renovación Nacional y de la UDI no estamos equivocados al plantear ciertas indicaciones que pretenden mejorar el proyecto de Estatuto Docente.

También se nos ha dicho que carecemos de autoridad moral para sostener lo que hoy día argumentamos. Al respecto, les digo que no estamos dispuestos a aceptar en esta Sala que se nos trate de inmorales, porque si algunos hicieron ui esfuerzo por mejorar el sistema actual, re conociendo las limitaciones y las deficiencias que tiene fueron precisamente quienes tuvieron la oportunidad de ejercer cargos de alcaldes y de administrar partí de la educación de este país. Muchos profesores podrán dar testimonio de los esfuerzos que numerosos alcaldes realizaron para entregar mejores expectativas al Magisterio.

Cuando este sistema se inició, en 1980; es evidente que su financiamiento era distinto del ahora vigente. Además, era realmente bueno y, como tal, fue reconocido por muchos^ Sin embargo, el sistema se fue deteriorando en la parte financiera y no tenemos complejos para aceptar y reconocer esta situación. Los alcaldes, en su oportunidad, hicieron grandes esfuerzos para convencer, muchas veces, a los consejos de desarrollo comunal, a fin de que entregaran mayores recursos al sistema educacional para, de alguna manera, satisfacer las distintas expectativas y aspiraciones del profesorado.

También se nos acusa, señor Presidente, de que destruimos el sistema educacional. Creo que, en verdad, se ha dado un paso importante en materia educacional, lo que no significa que estemos en un nivel óptimo. El país, cada vez, debe ir mejorando los distintos sistemas que se introducen. De allí, entonces, que el actual sistema de educación descentralizado es mejor que lo que había antes de implantarse; pero, naturalmente, es inferior al que los parlamentarios nos comprometemos a mejorar.

Por último, quiero señalar que, en razón de nuestros argumentos, Renovación Nacional dará su aprobación, en general, a este cuerpo normativo, sin perjuicio de reponer varias indicaciones que no contaron con el respaldo de los demás parlamentarios, aparte de introducir otras nuevas.

Otros parlamentarios de esta bancada se referirán más en detalle a las imperfecciones que nosotros consideramos que presenta el proyecto.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Masferrer.

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, nos enfrentamos a la discusión en general de un proyecto de trascendental importancia para el país, cual es el Estatuto Docente presentado por el Ejecutivo, cuyo objeto es incentivar la calidad y equidad de la educación y obtener un mejoramiento de la condición docente. Para el logro de estos propósitos, se establecen normas para incentivar la profesionalización en el ejercicio de la labor docente, el perfecciona-miento y la participación de los profesores y de los padres y apoderados de la comunidad nacional en la generación de una conciencia social sobre la importancia del quehacer educativo.

Se busca, también, estabilidad laboral compatible con una administración descentralizada de los establecimientos educacionales. Muchas son las expectativas que este Estatuto ha generado entre la opinión pública, especialmente entre los profesores. Lamentablemente, estas últimas no fueron escuchadas, ni mucho menos consultadas, en el momento de elaborar el proyecto. De esta realidad somos todos testigos en nuestros distritos. No desconocemos las dificultades que vive el sector educacional, pero también olvidamos los importantes avances que se obtuvieron, especialmente en la descentralización, para hacer más efectiva y eficiente la educación. Es importante destacar que el mensaje reconoce como un logro, fruto del esfuerzo del gobierno militar, la cobertura que se consiguió en educación, y agradecemos al señor Ministro el reconocimiento de ese logro en su intervención de la mañana.

Hoy nos abocamos a mejorar la calidad de la educación, y para ello es indispensable que, en primer lugar, los niños y los jóvenes tuvieran acceso a ella. A ese objetivo fueron dirigidos los esfuerzos. Para nuestra bancada, la Unión Demócrata Independiente, este sector es uno de los que mejor conoce, pues la mayoría de nosotros trabajamos como alcaldes por varios años. Debido a esta experiencia, y por el estrecho contacto que tuvimos con profesores, alumnos y apoderados, creemos que el presente proyecto de Estatuto es, en general, favorable, y por ello, aprobaremos la idea de legislar.

Además, consideramos que este Estatuto se ajusta plenamente a los principios constitucionales del artículo 19, números, 10 y 11, relativo a las libertades de educación y de enseñanza. Las aprensiones surgidas en el estudio de este Estatuto, que darán curso a indicaciones, las haremos presentes a esta Honorable Cámara durante el estudio en particular de la iniciativa.

Quisiéramos clarificar, en primer término, la imperiosa necesidad de que el Gobierno remita a la brevedad, el reglamento a que se hace mención en reiteradas oportunidades y que tiene relevancia en puntos de interés, como son el funcionamiento y mecanismos de designación del Consejo Asesor, del Jefe del Departamento Provincial de Educación, el grado de influencia de los profesores en las decisiones de la dirección del establecimiento, la fijación de la dotación docente por unidad educativa en las normas de constitución y funcionamiento de las comisiones calificadoras de concursos y en la constitución de la Comisión de Apelación de Calificaciones, entre muchos otros. Debemos ser claro en que si el Ejecutivo quiere que el Congreso Nacional vote favorablemente este Estatuto, sin dar a conocer su reglamento, ello equivale a la solicitud de un cheque en blanco. Ahora, si para la elaboración de este reglamento el Ejecutivo se basa en su potestad reglamentaria ordinaria, no necesita que figure en este Estatuto, puesto que es prerrogativa del Presidente de la República; pero, por otra parte, si desea que lo avale el Congreso, es indispensable conocerlo.

En otro orden de cosas, nos preocupa que el presente Estatuto no incluya a las parvularias que ejercen el primer nivel de "transición", conocido como prekinder. Si bien estas profesionales están acogidas al presente proyecto al trabajar en el nivel de prebásico, se ejerce una discriminación al no incluir a las del primer nivel de transición. Cada vez que hay un mayor número de niños que asisten a este nivel de la educación, se necesitan estas profesionales para que los atiendan. Por ello, creemos que deben ser incluidas en el presente Estatuto.

Nos preocupa, además, que el Estatuto obligue a renunciar a todos los directores de establecimientos para llamar, posteriormente, a un concurso público. ¿Es que para estos docentes no existe la dignidad de que tanto se habla? ¿Acaso se está cuestionando su idoneidad? Estimamos que el sistema propuesto para llenar el cargo debe utilizarse una vez que se produzca la vacante y no anticiparlo.

Somos fieles al principio de subsidiariedad del Estado y al fomento de la libre iniciativa particular; pero observamos, con preocupación, que se atenta contra ello en el caso de la educación particular subvencionada. Las disposiciones que rigen para ella, distintas de las que se aplican a la municipal, van invariablemente a coartar su permanencia. ¿Está la educación municipal en condiciones de recibir a este alumnado y a soportar la presión que ejerzan los profesores en busca de esa fuente laboral? Pese a algunas excepciones, que no son la norma, la educación particular subvencionada ha demostrado ser, efectivamente, un colaborador eficiente para el Estado en la administración de la educación.

Desde el punto de vista de las remuneraciones, mucho se ha especulado en relación con la mejoría que significará para el profesorado la promulgación del Estatuto. Esa no es más que una maniobra demagógica, pues, según las remuneraciones consignadas en el proyecto, y de acuerdo con las rentas actuales sólo se beneficia a tres de cada diez profesores. La real solución al problema de los sueldos pasa por un adecuado monto de la subvención escolar. Es sabido que con el actual valor de dicha asignación, no se logra cubrir la planilla de remuneraciones, por lo que las municipalidades deben distraer recursos destinados a inversiones para poder pagarlas, postergando por falta de recursos, infraestructuras o modernizaciones. Sobre el mismo tema, nos parece absolutamente insuficiente el valor asignado a la hora cronológica. Por lo tanto, solicitamos al Ejecutivo, una vez más, por ser materia de su competencia, que proponga un aumento de, por lo menos, un 30 por ciento, para así consolidar la dignificación del Magisterio, de la cual tanto se habla.

En el artículo 22 transitorio, se establece que las personas jurídicas de derecho privado constituidas en conformidad con el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, es decir, las corporaciones municipales, deberán entregar a las municipalidades correspondientes la administración de los establecimientos educacionales traspasados. Se formará, así, el Departamento de Administración Educacional del municipio. Los profesionales que trabajen en dicho Departamento serán funcionarios municipales y, por lo tanto, estarán regidos por el Estatuto Administrativo y no por el Estatuto Docente. En consecuencia, para ellos no regirán las asignaciones de perfeccionamiento, por desempeño en condiciones difíciles ni de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica.

Además, de acuerdo con lo estipulado en el presente Estatuto, el director del Departamento debe ser un profesor -en eso estamos totalmente de acuerdo-; pero como en muchas municipalidades no existe un funcionario que tenga este título, deberán contratarlo. Sin embargo, por estar congeladas las plantas funcionarías, es inaplicable la disposición.

El mundo de la educación trasciende a los profesionales del magisterio. Hay un sinnúmero de personas que contribuyen abnegadamente a mantener los establecimientos y a facilitar la labor docente. Me refiero, específicamente, a los paradocentes y auxiliares. Ellos se encontraban asignados a las corporaciones municipales o a los departamentos de administración educacional; pero no hay mención alguna de ellos en el proyecto. Tenemos una sincera preocupación por su situación, y esperamos que el Ejecutivo esté diseñando la forma de satisfacer sus necesidades.

No es de extrañar que, como consecuencia de la implementación del Estatuto Docente, exista una readecuación de los profesores, con un posible despido de aquellos que exceden el número requerido por las causales que el mismo Estatuto contempla. Esto se puede producir especialmente en el sector particular subvencionado. Al respecto, recuerdo lo mucho que se nos criticó en el pasado cuando nos vimos en la necesidad de racionalizar el desarrollo de la labor educacional.

Personalmente, durante mi gestión de siete años y medio como alcalde, tengo el orgullo de decir que no despedí a ningún profesor. Por el contrario, fijé sueldos muy superiores a los que actualmente se estipulan, dignificando su gestión, de acuerdo con las posibilidades de la comuna.

El señor PALESTRO.-

No todos fueron iguales.

El señor MASFERRER.-

A pesar de las aprensiones...

El señor PALESTRO.-

Le vamos a prender unas velitas a este Diputado.

El señor MASFERRER.- 

Muchas gracias.

A pesar de las aprensiones que en forma resumida he desarrollado, votaré en favor de la idea de legislar sobre el proyecto de Estatuto Docente, enviado por el Ejecutivo, esperando que, en la discusión en particular, esta Honorable Cámara acoja las indicaciones tendientes a perfeccionarlo, manteniendo la descentralización, el principio de subsidiariedad, la no discriminación y la autonomía municipal.

He dicho.

El señor RODRIGUEZ (don Hugo).-

Señor Presidente y estimados colegas, hoy legislamos sobre el Estatuto Docente, materia de suma importancia para la educación de nuestro país, ya que no sólo permitirá regular y garantizar la carrera del profesional de la educación, sino que, también, mejorar la calidad de la enseñanza y dignificar al maestro.

En tomo de esta materia, debe precisarse que el Estatuto Docente es el primer gran esfuerzo serio que realizan el Gobierno democrático y este Parlamento para sistematizar la normativa que trata sobre la carrera del educador.

En entrevistas sostenidas en el seno de la Comisión, pude apreciar varias opiniones con relación a este tema. Entre ellas destaco, por su valioso aporte y testimonio, las intervenciones del Colegio de Profesores de Chile, en dos oportunidades; de las Federaciones y Sindicatos de Colegios Subvencionados, de los representantes de colegios de iglesias, de la presidenta de la Asocición Gremial de Profesores de Iglesias, de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, de la directiva del Colegio de Profesores de las Provincias de Cachapoal y Colchagua.

También tuvimos reuniones en las bases, en las comunas, con los colegios de profesores de San Femando, de San Vicente, de Chimbarongo, de Peumo, de Pichidegua, de Las Cabras.

¿Cuáles son las opiniones más destacadas?

Primero, el Estatuto Docente respeta la libertad de enseñanza.

Segundo, la educación es considerada como una inversión social y no como un gasto.

Tercero, este Estatuto abarca todo el espectro educacional, es decir, a los profesores de colegios municipalizados, subvencionados y particulares.

Cuarto, es digno de destacar la participación del profesorado y de la sociedad en su conjunto: padres, apoderados y educandos en la gestión docente que contempla este Estatuto.

Quinto, los cargos de responsabilidad serán llenados mediante concursos públicos, a nivel nacional, lo que permitirá ocupar dichos cargos a los maestros más capaces y eficientes. Estos concursos estarán supervigilados por comisiones que darán las garantías necesarias a todos los participantes.

Pero esta normativa no sólo se queda en el reconocimiento y dignificación del profesorado, sino que entra de lleno a reivindicar las condiciones de trabajo, mejorando la estabilidad funcionaría y la situación económica. El profesor pasa a ser servidor público desde la entrada en vigencia de este Estatuto. Además, el profesor podrá permutar su cargo y trasladarse de un punto a otro del país, sin perder los derechos adquiridos.

Al entrar en vigencia esta normativa, a ningún profesor se le rebajarán sus remuneraciones, aunque pierda, por concurso, el cargo y la responsabilidad que tenía hasta ese momento.

En definitiva, el Estatuto mejora la calidad de la educación en Chile. Se establecen medidas concretas, tales como remuneración básica mínima nacional, asignación de experiencia por cada bienio, asignación de perfeccionamiento, asignación por desempeño en condiciones difíciles, como la ruralidad efectiva y la extrema pobreza urbana.

Sexto, se incorpora la asignación de responsabilidad.

Séptimo, se posibilita la jubilación de muchos profesores que cotizaban en la CANAEMPU, pagándose la diferencia de imposiciones a la caja respectiva, desde el l2 de enero de 1988 a la fecha, para que estos maestros puedan acogerse a una merecida y digna jubilación, ya que durante el gobierno anterior no se imponía por la totalidad de los sueldos, como debió haberse hecho. Esta situación ha sido superada gracias al gobierno democrático.

Las críticas que se formulan a este Estatuto son las siguientes:

Primero, que el sueldo base mínimo nacional es insuficiente y que la gradualidad de los beneficios es a muy largo plazo. Aunque comparto este planteamiento, no debemos olvidar las condiciones económicas que afectan al país, las cuales no permiten, por el momento, satisfacer todas las justas demandas.

En segundo lugar, hay críticas injustas. ¿Cuáles son?

Primero, que este Estatuto no contempla la jubilación a los 25 años de servició, en el caso de la mujer, y a los 30, respecto de los hombres. Esta materia corresponde a una ley previsional para todos los trabajadores del país.

Otra crítica: ¿Por qué no se vuelve a la centralización de la educación, pasando todo el profesorado a depender del Ministerio de Educación? Esta materia no está contemplada en las ideas centrales de este Estatuto.

Una tercera crítica dice relación con los concursos públicos para ocupar cargos de responsabilidad. ¿Quiénes critican? Los que ocuparon cargos de responsabilidad durante la dictadura. Al profesorado se le da el derecho -en esta democracia que estamos construyendo- de participar en igualdad de condiciones en los concursos.

Por último, señor Presidente, quiero hacer resaltar que éste es el primer y gran paso que da el Gobierno democrático para mejorar la calidad de la educación y dignificar la carrera del docente.

Mi voto será de aprobación a este cuerpo legal, porque hace justicia -después de tantos años de postergación de aspiraciones legítimas- a los maestros de nuestra Patria.

Todos los parlamentarios tenemos el desafío de obtener los recursos necesarios, ya que en tiempos de paz y de democracia no se justifican tantos gastos contemplados en el presupuesto para la Defensa Nacional, pero sí invertir en educación, dado que los pueblos más cultos son los que prosperan y permiten el desarrollo integral de la persona humana.

Antes de terminar mi intervención, concedo una interrupción a don Mario Devaud.

El señor ALAMOS.-

Señor Presidente, al participar en este debate, manifestaré la profunda preocupación que siento por la formación que se da a los profesores y cómo es necesario complementar parte de ella.

Es y será motivo de permanente debate su remuneración. La hora base podría ser de 1.800, 2.000 ó 2.500 pesos. Si fuera esta última, a un profesor con 40 horas semanales le significaría una renta de 90 mil pesos al mes. ¿Solucionará, realmente, esta cantidad las necesidades básicas de un grupo familiar? Naturalmente que no. ¿Es posible que un profesor, después de 3 años de trabajo, reciba un sueldo de 200 mil pesos, en el mejor de los casos? Es evidente que no. Tal vez, si estas cifras se doblaran, podríamos pensar que se trata de condiciones mínimas razonables.

Pero no vengo aquí a hacer demagogia barata, pues mucha se ha hecho ya con este sector, y se sigue haciendo todavía. Todo se encuentra poco y es poco. Aun siendo de oposición a este Gobierno, reconozco la seriedad y la responsabilidad con que los Ministros de Hacienda y de Educación han enfocado este tema. Es la misma actitud que asumieron los ministros del régimen anterior.

El control de la inflación debe ser permanente si se quiere mejorar el valor adquisitivo de los sueldos.

Para que existan los recursos necesarios, tiene que realizarse una mayor capitalización del país, lograr una plena ocupación y obtener, por esta vía, un aumento de los ingresos tributarios que permitan dar las rentas que se requieren.

Quiero hacer una observación de fondo a nuestro sistema educacional, la cual, saliéndome brevemente del tema mismo del Estatuto Docente, estimo que debe ser planteada, justamente, para ayudar al cumplimiento de este cuerpo legal. No es ¡ni intención hacer una crítica partidista, y ruego que no se la interprete así. Sólo quiero expresar lo que, a mi juicio, es una realidad.

Durante muchos decenios, y hasta hoy, la educación chilena ha sido controlada por la Izquierda. La mentalidad estatista-socialista es mayoritaria entre los profesores. Esto, inevitablemente, se traspasa a los educandos, hecho que, mi juicio, es negativo. Sé que la sociedad tiene que ser solidaria, que es bueno aunar voluntades, que es beneficioso formar instituciones para apoyarse mutualmente; pero cuando esto se exagera, como ha sucedido en Chile, se descansa en el Estado, más que por el convencimiento de que hará las cosas mejor, por indolencia, al permitir que otros hagan nuestra labor.

Mientras en nuestro país no se inculque una mentalidad ganadora, mientras no se incentive la iniciativa individual, mientras cada mujer y cada hombre no se convenza de que su éxito dependerá mucho más de él que de los demás, continuaremos marcando el paso. Se ha progresado en estos últimos años, pero queda mucho camino por andar.

En reuniones que he tenido con profesores durante mucho tiempo, en especial en estos últimos meses, he comprobado que en ellos no existe el convencimiento del valor de la persona sobre el grupo. Permanentemente, se manifiestan de modo mayoritario partidarios de depender absolutamente del Estado. Sé crítica la municipalización y la enseñanza particular sin argumentos de fondo, sólo en rechazo a acciones individuales que, con o sin razón, los han afectado.

Incluso he escuchado sustentar, en algunas asambleas la tesis de que la evaluación del profesor es indigna, pues basta con tener un título y años de profesión para ascender.

Se ha reiterado, por parte del magisterio, en la justicia de una jubilación anticipada. Pero, ¿qué pasa con los personales de la salud, de los tribunales, con los obreros del carbón o con los pescadores de los canales sureños? No he escuchado su opinión al respecto.

Tantas veces se ha dicho -y es cierto- que, después de la influencia de la familia, son los profesores quienes tiene la mayor responsabilidad en la formación de los niños y de los jóvenes.

Señor Presidente, este es un tema apasionante, cuyo debate ocuparía muchas horas, y naturalmente no es el momento de hacerlo; pero deseo, aprovechando la presencia del señor Ministro, enfatizar esta inquietud.

Al referirme a que la educación chilena ha sido guiada permanentemente por filosofías de Izquierda, quiero hacer resaltar, en el valor que ello tiene, el reconocimiento que se le ha dado en Chile y en el mundo entero, a los nuevos sistemas económicos que han permitido un mayor desarrollo de los pueblos. En la amplia formación académica que reciben los profesores, no se incluyen nociones suficientes sobre sistemas económicos modernos.

Aprecio muy bien lo tenue de la línea que separa el adoctrinamiento político de la exposición de políticas de desarrollo. Habría que hacerlo con sabiduría y extrema transparencia. El poder de irradiar conceptos positivos que tiene un profesor, no lo posee nadie, y el país debe beneficiarse de ello. Aquella profesora o profesor rural, que tantas veces, a pie, bajo la lluvia o el sol, llega a su escuela, o aquel rector del principal establecimiento de la ciudad, tienen que enseñar no sólo ciencia y humanismo sino que inculcar una mentalidad renovada, progresista y moderna.

Paralelo a esta acción el fomento de la enseñanza técnica es fundamental. Son cientos los jóvenes que se frustran al recibir todo el peso de la educación sobre su capacidad intelectual, en circunstancias de que la combinación de la mente y de sus manos le habrían permitido el éxito.

Esta educación incentiva el desarrollo personal a que nos referimos.

Los cursos de perfeccionamiento de los actuales maestros, como aquéllos en que se están formando los nuevos profesores, deben considerar temas económicos básicos. Uniendo el concepto de una economía exitosa, sin pretender dar clases sobre ello, pues jamás será su papel, la compleja educación que un profesor recibe le permitirá formarse una personalidad sólida, independiente, pragmáticamente progresista.

Los alumnos tienen que ver en su maestra o en su maestro a un triunfador y no una persona más, que sólo cumple con una rutina.

Al incorporar estas ideas, este gremio tan importante se sumará al aporte que el resto del país debe hacer a su modernización, y así promover un desarrollo tal que permita dar el bienestar que todos los chilenos requieren.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado José Miguel Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, Honorables colegas parlamentarios, señor Ministro de Educación, señor Subsecretario de Educación, estimados dirigentes nacionales del Colegio de Profesores, al iniciar mi intervención sobre Estatuto Docente, me parece necesario destacar dos hechos de especial significación. Por una parte, recordar que es la primera vez en la historia parlamentaria de este país, que un cuerpo legal de esta naturaleza es sometido a la aprobación del Congreso. Los anteriores estatutos fueron promulgados a través de decretos leyes, derivados de facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República. Y no es de extrañar que ello aconteciera porque se trataba en esas oportunidades de mejorar o modificar disposiciones existentes. Hoy día, la situación es muy diferente: se trata de construir un Estatuto a partir de la inexistencia de disposiciones que regulen la profesión docente.

Un segundo hecho destacable es el alto grado de participación de los sectores involucrados en el proyecto en estudio. Los profesores, a través del Colegio de su orden, han participado activamente y desde el primer momento en el proceso de elaboración del Estatuto por el Gobierno. Muchas de sus propuestas han sido acogidas por el Ejecutivo.

Al respecto, creo que es bueno, para que quede en la historia de la ley hacer el siguiente recuerdo: el 12 de marzo, apenas asumieron las autoridades que designó el señor Presidente de la República, don Patricio Aylwin, en el Ministerio de Educación, la primera organización llamada a dialogar y a conversar fue la de los auténticos representantes de los profesores, es decir, el Colegio de Profesores. En esa ocasión, se acordó, por unanimidad, Ministerio de Educación y Colegio de Profesores, que comenzara a funcionar una comisión técnica de trabajo, en la cual estuvieron dirigentes representativos de todos los partidos políticos existentes en el país; aún más, partidos que en este instante no tienen representación parlamentaria.

Por lo tanto, creo que ha habido consecuencia de este Gobierno en lo que respecta a la participación, a la integración y en escuchar la situación del Magisterio chileno.

Las organizaciones de sostenedores, la Iglesia, grupos académicos y técnicos, han hecho también llegar sus propuestas. Y, como corresponde en un régimen democrático, estos mismos actores han tenido abierta la oportunidad de hacerse oír en las Comisiones de la Cámara de Diputados.

Los dos hechos señalados significan, a mi juicio, un avance importante en la participación de la sociedad en la tarea educativa, y le dan a la futura ley de Estatuto Docente, una legitimidad incuestionable.

Los efectos de haber mantenido al Magisterio sin Estatuto Docente se ven reflejados en la crítica situación profesional, laboral y salarial que lo afecta. Además de ello se deriva una creciente pérdida de consideración social y una total marginación de las instancias que definen las políticas educacionales.

Desde el punto de vista profesional, desconoce al maestro su condición de nivel universitario y la especial naturaleza de su función y no contempla ni estimula su perfeccionamiento, tan indispensable por la creciente complejidad de su tarea. Además, no considera la participación que le corresponde por su compromiso vocacional y su competencia profesional.

Desde el punto de vista laboral, la adscripción al Código del Trabajo de todos los educadores ha significado, en la práctica, un serio deterioro a su identidad profesional, una permanente inestabilidad y la pérdida de, prácticamente, todos sus antiguos derechos y estímulos. Esto es especialmente visible en el sector público que, por su dependencia del poder político, requiere de un particular resguardo para evitar que, por consideraciones extraprofesionales, se vea afectada su permanencia o ascensos en el sistema. Las experiencias vividas durante el anterior régimen evidencian los extremos a que se puede llegar sin un estatuto que impida los atropellos y arbitrariedades.

Desde el punto de vista salarial, la ausencia de normas mínimas y nacionales en materia de remuneraciones ha derivado en una anarquía de rentas tal, que algunas oscilan desde niveles ampliamente satisfactorios hasta sueldos de franca y total explotación por similares funciones.

El proyecto de Estatuto Docente pretende resolver los reales problemas mencionados anteriormente. No descansa en disquisiciones teóricas ni en principios, ideologías o utopías. Es un intento de superar estos problemas concretos. El Estatuto Docente no resuelve los problemas de la educación chilena, pero -debo ser claro-, es un prerrequisito y un mecanismo eficaz para ir alcanzando mejor calidad, mejor equidad y más participación en el proceso educativo.

En cuanto al contenido mismo del articulado, Honorables colegas parlamentarios, deseo mencionar aquellos que, a mi juicio, son los más relevantes.

En el aspecto profesional, que se aplica a todos los profesores, independientes de su dependencia administrativa, resaltan los artículos sobre perfeccionamiento, que garantizan a todos los profesores del país un perfeccionamiento mínimo, gratuito anual, que promueve una capacitación ejecutada descentralizadamente y, lo que es muy importante, restituye al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, el rol rector que le correspondiera desde su fundación, ya sea para ejecutar o convenir programas de perfeccionamiento o para asumir la responsabilidad de certificar el progreso educativo del profesorado nacional.

Los artículos referentes a participación, sea al interior de la unidad educativa como a nivel provincial, constituyen un gran avance en la creación de la conciencia de que la educación es una tarea colectiva y que debe interesar a toda la comunidad.

Deseo destacar, en forma especial, los avances que el título III, relativo a la carrera docente, significa para el Magisterio que trabaja en el sector municipal. Podemos afirmar que este título recoge las más sentidas aspiraciones del sector. Se reconoce su condición de servidor público, se garantiza su estabilidad laboral mediante la titularidad en el cargo, se restituyen los concursos públicos, con la necesaria publicidad, a nivel nacional y con comisiones calificadoras, que garantizan objetividad y transparencia; se permite la movilidad geográfica, a través de un mecanismo de remuneraciones que le respeta las asignaciones adquiridas. Es decir, nuevamente se restituye al profesorado chileno el derecho a permutar y trasladarse con "su mochila", o sea, su remuneración.

Respecto de las remuneraciones, cabe señalar que ellas se estructuran con criterios educacionales y profesionales. Se establece una remuneración básica nacional, común a todos los profesores del mismo nivel. Se agregan asignaciones que reconocen y estimulan la experiencia, el perfeccionamiento, los niveles de responsabilidad y el desempeño difícil de los colegas profesores. De esta manera, cada profesor construye su propia carrera, puesto que las asignaciones de experiencia y perfeccionamiento constituyen un patrimonio personal, aplicable aun al trasladarse de comuna.

Deseo destacar que en este título, se incluyen disposiciones sobre aspectos previsionales del sector municipalizado, que junto con reparar la injusticia que los había marginado de normas de imponibilidad comunes a toda la Administración Pública, refuerzan el carácter de sector público de los profesores municipales.

Quiero hacer memoria sobre el tema, señores parlamentarios. La ley N° 18.675, fue promulgada en diciembre de 1987, y puesta en ejecución el 1 de enero de 1988. Por esas cosas del destino y de mala suerte para el Magisterio chileno, desde ese instante el gobierno anterior suspendió el aporte fiscal que permitía a los 12 mil profesores que continuaron afiliados a la ex CANAEMPU, actual INP, seguir imponiendo por el1 ciento por ciento de sus remuneraciones. Esa situación afecta a más de 7 mil profesores que, de aquí a dos años -las mujeres a los 60 años, los hombres a los 65 años y 30 años de servicio- estarán en condiciones de jubilar y que sin embargo quedarán en situación desmedrada porque el monto de su pensión será el promedio de las 36 últimas rentas.

En relación al sector particular, este Estatuto Docente los incluye por primera vez, y logra una fuerte integración, respetando la naturaleza jurídica de su dependencia. En efecto, se aplican a este sector la totalidad de las normas profesionales y gran parte de aspectos laborales del sector municipalizado, como jomadas, horarios, vacaciones, teniendo acceso al mismo perfeccionamiento.

Desde el punto de vista salarial, tienen la misma remuneración básica. La especificidad profesional se garantiza al profesor del sector particular, con la creación de un contrato docente especial, que difiere del contrato común del Código del Trabajo.

Saldar la- deuda histórica de las bajas remuneraciones de los docentes y su progresiva disminución durante los últimos años es condición necesaria, pero no suficiente, para las políticas que tienen como objetivo la calidad.

El piso salarial que establece el Estatuto Docente es de mil 900 pesos y de 2 mil pesos, hora semana mensual, para los niveles básicos y medios, respectivamente. Esto implica que un profesor con 30 horas tendrá un sueldo base de 57 mil ó 60 mil pesos según el nivel de enseñanza. En caso de tener 44 horas semanales, sus remuneraciones bases serían de 83 mil 600 a 88 mil pesos mensuales. Sobre estas remuneraciones bases se aplican las asignaciones establecidas. En 1991, se aplicarían parcialmente las asignaciones de experiencia; totalmente, la de responsabilidad y, en forma parcial, la de desempeño difícil.

Pero, creo conveniente que esta Cámara de Diputados tenga claro el porqué de la actual situación económica del Magisterio.

Actualmente el 57 por ciento de los docentes está bajo el promedio del valor hora nacional, a lo que se agrega una heterogeneidad en esos valores que fluctúa entre los 5 mil 806 pesos en la Unidad técnica Pedagógica de las dependencias particulares subvencionados, en la Comuna de Chimbarongo, y el mínimo valor de 572 pesos, en la comuna de Lago Raneo, de la misma dependencia.

En general, en lo relativo al porcentaje de subvenciones destinado a remuneraciones a nivel nacional, corresponde al 95,4 por ciento de las corporaciones municipales; el 90,5 por ciento de los departamentos de administración municipal; y al 67,2 por ciento de los establecimientos subvencionados. En esta última dependencia, se encuentran todos los valores mínimos nacionales por desempeño y, a su vez, las mayores diferenciales, máximo y mínimo, valor hora promedio.

El citado estudio ha demostrado que los profesores no solamente tienen bajas remuneraciones, sino que, al interior de ellas, se ha agregado una nueva situación; esto es, una gran diferenciación por dependencias administrativas que dirigen las escuelas.

De otra parte, es necesario señalar el decrecimiento de los recursos asignados al sector educación, a contar de 1982 a la fecha.

Ese año, en valores actuales, el Fisco invirtió en educación $ 301.669-133; este año 1990, sólo $ 206.176.259. Esto indica la baja que ha habido en el financiamiento de la educación. Por eso, en relación a los montos y gradualidad, como profesor no puedo menos que expresar que parecen insuficientes los primeros y muy extensa la segunda. Además, creo fervientemente que debe fijarse por ley un mecanismo de reajustabilidad del piso salarial.

Al respecto, es absolutamente cierto que en la Comisión de Educación de esta Cámara todos, unánimemente, planteamos esta petición. Me correspondió darla a conocer en aquel instante al Subsecretario de Educación presente, la cual se la reiteramos con una nota para que realizara las gestiones a nivel del Ejecutivo, en orden a que enviara una indicación o un artículo de proyecto de ley, para que el Magisterio chileno tenga claridad en qué forma se le va a reajustar anual y definitivamente el salario base.

Comprendo que la situación de los montos y la gradualidad obedecen a situaciones heredadas difíciles de atender de manera inmediata. Las remuneraciones ofrecidas en el Estatuto Docente son reflejo de la fuerte caída del gasto en educación que se produjo durante el gobierno anterior. Basta observar los porcentajes de gastos anuales en educación respecto del producto geográfico bruto: 1981, 4,64%; 1982, 5,30%; 1983, 4,37%; 1984, 4,29%; 1985, 4,18%; 1986, 3,77%; 1987, 3,24%; 1988, 2,95%, y 1989, 2,74%. Fuente: Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación.

Justifico y comparto la aspiración del profesorado que solicita un aumento del monto base o la disminución de la gradualidad. Esto es absolutamente justo, y a mí no me cabe la menor duda de que así como el Gobierno encabezado por el Presidente Patricio Aylwin está tratando de cumplir al máximo el compromiso que adquirió como candidato, naturalmente que nosotros debemos hacer un esfuerzo los años 1991 y 1992 para subir el sueldo mínimo y disminuir las gradualidades.

En síntesis, el proyecto de Estatuto Docente es un instrumento jurídico ordenador y dinamizador de un esfuerzo nacional, de un mejoramiento cualitativo de la enseñanza y, de hecho, sirve para elevar la profesionalización del cuerpo docente, contribuye a rearticular el sistema nacional de educación, respetando sus rasgos de pluralidad y de descentralización operativa. Simultáneamente regula el conjunto de la actividad educativa, tomando en cuenta la heterogeneidad propia de su quehacer en un marco jurídico, social y absolutamente legitimado frente a la sociedad chilena.

Actualmente, en el sistema nacional de educación existen 116 mil 469 profesores. El número y porcentaje de personas beneficiadas con la aplicación del Estatuto son los siguientes: 1991, habrá 44.714 profesores que tendrán beneficios económicos, principalmente los que tienen que ver con colegios particulares subvencionados. Al respecto, quisiera recordar una intervención que hubo en la Comisión de Educación de parte de los respectivos dirigentes de los colegios particulares subvencionados, quienes reconocían que, a lo menos 10 mil profesores van a subir un 70 por ciento sus rentas mínimas en ese sector. En 1992, esto aumentará a 62.863 profesores; en 1993, a 79.933; en 1994, a 84.024, terminando el año 1995, con 89.521 profesores que salen favorecidos en la parte económica.

Por lo demás, hemos escuchado en esta Cámara el informe de la Comisión de Hacienda, en la cual recuerda que el costo del Estatuto Docente para el año 1991 significa un mayor gasto del erario nacional de 10 mil 500 millones de pesos y que el total -cuando se complete dicho Estatuto- le va a significar al país 38 mil 700 millones de pesos.

¿Qué está indicando esto?

Que el Gobierno, encabezado por el Presidente Patricio Aylwin ha entendido que se debe hacer un gran esfuerzo para aumentar el presupuesto de Educación y que la mejor plata es la invertida para hacer posible que todo el pueblo se eduque y tenga acceso a todos los niveles.

Por ello estamos seguros de que el actual proyecto de Estatuto Docente enviado por el Ejecutivo y las indicaciones del Parlamento, tendientes a perfeccionarlo, permitirán iniciar un proceso de dignificación del Magisterio y un mejoramiento progresivo de su "status" profesional, laboral y salarial.

Por lo tanto, quiero anunciar, en nombre de los 40 Diputados democratacristianos, que daremos nuestra aprobación total a este proyecto en general, porque es un paso adelante para que realmente el Magisterio tenga un lugar en la sociedad chilena.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Correa.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, el proyecto que el ejecutivo ha presentado a consideración del Congreso en sus fundamentos iniciales, propone tres grandes objetivos: incentivar el profesionalismo de la labor docente, mejorar la calidad de la educación y proporcionar una estabilidad laboral a los profesores.

Antes de analizar la forma cómo se pretenden lograr estos objetivos, conviene pronunciarse sobre si éstos representan las necesidades más urgentes del sector educación.

Educar las siguientes generaciones es el proyecto más difícil y más ambicioso que debe abordar la sociedad en la hora actual, por lo que debemos agotar la forma de lograrlo. Se debe investigar a fondo, definiendo los objetivos y metas, relacionándolas con las instituciones educacionales, con su medio natural y con los recursos tanto humanos como materiales.

Muchas veces los objetivos y metas propuestos para el ámbito educativo no son percibidos con claridad por aquellos a quienes más afecta, lo que se traduce en desviaciones de las políticas hacia metas de interés particular, en lugar de dirigirse a metas de interés general.;

En educación hay problemas efectistas que no coinciden con los problemas importantes y urgentes, lo que presiona en favor de los primeros, postergando a los segundos. Ejemplo: la deserción escolar, que no produce ruidos; sin embargo, está presente, aunque no es debidamente atendida.

La primera prioridad de los objetivos es sin duda mejorar la calidad de la educación. Los otros dos, incentivar el profesionalismo de la labor docente y proporcionar estabilidad laboral, son los accesos, los caminos, que nos deben llevar a este gran objetivo nacional.

De paso, señor Presidente, se menciona un programa de emergencia, dirigido al mejoramiento de la calidad de la educación de 969 escuelas básicas, más conocido como el "Plan 90", que ya está en marcha, para mejorar el 10 por ciento de escuelas que presentaron los índices más bajos en la calidad de la educación. Conocemos la realidad de marginalidad urbana y rural donde se desarrolla este programa, dirigido a 160 mil niños de primero a cuarto año básico. En líneas gruesas, a través de "talleres de aprendizaje", el señor Ministro de Educación ha incorporado a miles de monitores, extraños al cuerpo docente. Si bien el reforzamiento es necesario por tratarse, en muchos casos, de escuelas con reales problemas de aprendizajes y donde el SIMCE, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, determinó grandes deficiencias, está claro que estos monitores han sido formados en centros de una marcada tendencia política y como ya lo señaló en una oportunidad un dirigente destacado de ese partido político, los educadores de esta tendencia deberán difundir su doctrina.

En lo sustancial, el enfoque que el proyecto representa en política educacional es un retomo a la dirección del Ministerio de Educación que, en lo fundamental, desincentiva la eficiencia y el mejora- amiento de la educación. Significa una vuelta atrás hacia una administración estatal, centralizada en su orientación y aparentemente descentralizada en su ejecución. Con este Estatuto Docente volverá a ser preocupación prioritaria del Ministerio de Educación el manejo y gestión de los educadores, en perjuicio de la preocupación directa de los educandos, responsabilidad prioritaria del Estado, que a través de definiciones, planes y programas de estudios, debe ejercer su función normativa.

Es efectivo que el profesorado demandaba en forma reiterada, a través de entidades gremiales, el restablecimiento de una carrera docente, que le otorgara un progresivo "status", situación que con el presente proyecto de ley nuevamente se posterga, dejándolas pendientes para que se cumplan a cabalidad el año 1995. En la entrega de las asignaciones se nota una marcada tendencia a producir un menoscabo de la labor de docencia directiva, al otorgar sólo entre un 10 y un 20 por ciento de incentivo profesional.

El artículo 32 transitorio deja en la indefensión a todos los directores o docentes directivos, que hayan ingresado "por otra vía", sin determinar cuál sería ésta, quedando de manifiesto la clara intencionalidad de promover la renovación obligada de todos los directivos docentes nombrados en los últimos años. Conviene recalcar en este punto, lo siguiente: con antelación a la dictación de la ley 18.602, de 1987, que fijaba normas especiales para el personal docente, no existía una legislación al respecto. Es decir, entre el l2 de diciembre de 1981 y el 12 de marzo de 1987, fecha en que fue promulgada dicha ley, los nombramientos del personal docente y docentes-directivos se realizaron en el marco de sus propios antecedentes académicos y, por lo tanto, este artículo 32 transitorio estaría vulnerando sus derechos, como asimismo de todos aquellos que, sometidos a los procedimientos señalados de la ley 18.602, de 1987, artículo 13, cumplieron esa disposición legal.

De aprobarse el proyecto en los términos propuestos, está claro que significaría el principio del fin de un sistema educacional en que coexisten entidades públicas y privadas entregando un aporte significativo al desarrollo y a la libertad de nuestra educación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hay principio de acuerdo en el sentido de que hagan uso de la palabra tres personas más por Comités, durante diez minutos cada una, e inscribir a las demás para la discusión particular, como se hizo con el proyecto de ley de pesca.

Un señor DIPUTADO.-

Respetando el orden de inscripción.

El señor MORALES ADRIASOLA (don Jorge).-

Señor Presidente, el proyecto de ley sobre Estatuto Docente, en algunos aspectos, es un real aporte, un avance y un progreso para el profesorado del sistema municipal.

Uno de los aspectos positivos, por ejemplo, es que da satisfacción a una sentida inquietud del profesorado, cual es radicarlos en el Estatuto Docente y, por tanto, desafectarlo de la normativa del Código del Trabajo.

Como segundo aspecto positivo, sin duda alguna, está la estabilidad que asegura al profesorado gracias al aporte de los parlamentarios que presentaron indicación en la Comisión de Educación, para suprimir, en el artículo 59, la letra c), referente a la causal de caducidad por supresión de horas, de cursos o cargos.

Sin embargo, hay también aspectos negativos que causan frustración y desilusión en el profesorado. Me refiero, concretamente, a la pérdida de la oportunidad histórica de contribuir de manera efectiva, real e importante, a remunerar en las condiciones que se merece el profesorado, cuyas rentas nunca han correspondido a su jerarquía y a su vocación pública.'

No obstante lo dicho por el señor Ministro, creemos que era perfectamente factible la creación de una carrera docente.

Estimamos que el proyecto centraliza el sistema y concede participación excesiva a las direcciones provinciales, al mismo tiempo, no contempla a un segmento de la educación fundamental e importante, como son los paradocentes, los administrativos e, inclusive, los auxiliares.

Pero en esta breve intervención quiero llamar la atención del Supremo Gobierno, a través del señor Ministro de Educación, sobre una disposición que realmente nos parece incomprensible y hasta inaceptable, que obedece a una clara decisión política, como quedó establecido en la Comisión de Educación, El artículo 32 transitorio pretende desconocer la titularidad de los docentes directivos actuales, al obligarlos a concursar nuevamente sus cargos. Es decir, con esta medida, el Gobierno está repitiendo errores que sus personeros con razón, criticaron en el pasado.

Hemos escuchado al señor Ministro de Educación hablar de consenso y de que el Estatuto no debe ser ideologizado; más aún, que no debe responder a banderías políticas.

Así como el Gobierno habla de reconciliación nacional, nosotros queremos solicitarle, a través del señor Ministro de Educación y de los señores parlamentarios oficialistas que haga suya la indicación que presentamos en la Comisión de Educación y que renovaremos en esta oportunidad, en orden a que el personal docente directivo y todo el profesorado mantengan la titularidad de sus cargos por el solo hecho de tener contratos indefinidos. Esto contribuirá, sin duda alguna, a mantener la armonía y a tranquilizar los espíritus.

Por lo tanto, termino reiterando la petición que hicimos en la Comisión de Educación, para que todo el personal que tiene contrato indefinido mantenga la titularidad de su cargo, con el objeto de contribuir a la tranquilidad del sector educacional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Bueno, sería el máximo. Si lo puede hacer en menos, toda la Cámara lo agradecerá.

Así se procederá.

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Gracias, señor Presidente.

Después de analizar las disposiciones y comprobar que el Estatuto dista bastante de lo que se esperaba, muchos parlamentarios de oposición, incluso de Gobierno, nos quedamos en la Comisión de Educación con la clara sensación de que el proyecto es el resultado de apretadas negociaciones políticas, más que el fruto de un estudio acabado que permita satisfacer las verdaderas necesidades del Magisterio nacional.

Desde la gestación del proyecto, incluidos los frustrados anuncios de su inminente envío al Parlamento -que fueron varios-, hasta su precipitada aparición en la Cámara, pudimos advertir que el Estatuto, en sus diversas etapas, sólo consultó la opinión de las cúpulas dirigentes del Magisterio, las que ignoraron -de eso tengo testimonios personales- el verdadero clamor de las bases, las cuales hasta ahora desconocen lo que estamos legislando. Esta es una característica que habría que señalar.

Hemos podido comprobar esto en un largo peregrinar por distintos establecimientos y, en mi caso personal, después de haber enviado una nota a todos los profesores de Santiago, cuyas respuestas, casi unánimes, fiaron desconocer el articulado.

Incluso, con manifestaciones frente a este edificio -realizadas las semanas pasadas- se nos ha conminado a que despachemos urgentemente este proyecto de ley, que, a mi juicio, en el mejor de los casos consagra una situación de bastante mediocridad para el Magisterio nacional.

Se habla mucho de una pretendida decisión histórica que habría adoptado el Ejecutivo al someter el Estatuto a la discusión parlamentaria; pero detrás de eso se esconde una penosa realidad, que seguirán, a mi juicio, soportando los maestros del país en el desempeño de su función docente.

Llegada la hora de pesar los elementos de fondo, que son las demandas periódicas y constantes del Magisterio, resultará demasiado liviano, aunque bastante aparatoso el contenido de este cuerpo legal. Desde luego, no contiene uno de los más importantes para el profesorado, como es el mejoramiento verdadero de las condiciones económicas, uno de los pilares fundamentales de la dignificación de la profesión docente.

Si los maestros, hoy día, se consideran profesionales de segunda, es porque perciben muy bajas remuneraciones y porque han sido, por décadas y décadas, postergados en la sociedad chilena.

Se ha adornado esta legislación con una serie de disposiciones que distan mucho de constituir las bases de la carrera docente que esperaba el propio Magisterio. Nada se habla de promociones y ascensos; da lo mismo ser un excelente funcionario que uno regular, mientras tenga la misma antigüedad y el perfeccionamiento; no importa cómo se apliquen los conocimientos.

Si bien contiene disposiciones aparentemente novedosas, los distintos párrafos del proyecto recogen un ordenamiento de diversas prácticas docentes que se venían haciendo en muchos establecimientos, casi en la mayoría de ellos.

Incluso, se ha hecho una mala sistematización de esas prácticas.

Pero más allá de lo normativo, el proyecto encierra un contenido de fondo que debe llamarnos la atención. A nuestro juicio, inicia un claro retomo hacia una preeminencia, cada vez mayor, del Estado centralizador en el manejo de los asuntos educacionales.

Se advierte claramente que la educación particular subvencionada, con el Estatuto, dependerá mucho más del nivel estatal, lo que representa una clara amenaza a la libertad de enseñanza que consagra la Constitución. No obstante, el Estatuto ha tratado de soslayar en varios de sus artículos el problema que advertimos.

Habrá que esperar el proyecto de ley de subvenciones, por otra parte, que se envió al Congreso el día de hoy, para comprobar si se discriminará o no entre la educación particular y la pública.

El Estatuto propuesto pretende quitar atribuciones administrativas a los municipios, entregándoselas a los departamentos provinciales de educación, que dejarán de ser organismos eminentemente técnicos, cuya única función es velar por la calidad de la educación a través de supervisiones y, además, por el cumplimiento de las normativas vigentes. Asimismo, además de sus responsabilidades técnicas, entrega a los profesores algunas administrativas.

El proyecto supone la modificación del sistema de subvenciones, que se pagarán por dotación de personal con rentas fijadas por el Ministerio. Las municipalidades, en este caso, sólo serán entes pagadores, intermediarios. Desconocerán la forma y los montos para absorber los gastos de administración, de funcionamiento, de reparaciones, de inversiones, con lo que perderán el incentivo para asegurar que los alumnos ingresen a las aulas. Sin duda la descentralización municipal ha constituido un gran avance en materia educacional.

En términos generales, en su espíritu y en su letra el proyecto contiene aspectos que significan un paso atrás en el manejo de los recursos humanos que laboran en la educación. Consagra un régimen laboral diferente para los establecimientos educacionales administrados por; las municipalidades directamente o a través de corporaciones creadas por éstas, y los administrados por el sector privado. Mientras estos últimos siguen regidos por el Código del Trabajo, con algunas normas especiales consagradas en el Estatuto, el sector municipal vuelve a la administración estatal centralizada en su orientación y en su diseño; descentralizada sí en su ejecución.

Lo anterior, reitero, representa un paso atrás.

La conducción de la gestión del personal del Magisterio, en la práctica, pasa al Ministerio de Educación.

Buscando lo que se ha llamado "la homogeneidad en el trato", comienza a dificultarse la motivación que existía para mejorar la eficiencia y la calidad en la educación.

Históricamente, cuando el Ministerio se preocupó mayoritariamente de la gestión de los educadores, descuidó la preocupación por los educandos. La responsabilidad del Estado en materia educacional debe estar orientada hacia la definición de políticas, de planes, de programas y de preparación curricular de materias; hacia una cuidadosa evaluación de los resultados, y a no inmiscuirse en todo el aparataje de la administración, que si corresponde a entes descentralizados, como son los municipios.

Lo anterior supone tanto un adecuado financiamiento como que el Estado asuma su rol en la educación; que armonice desarrollo, eficiencia y calidad de la educación que se imparte en el sector fiscal. Desde esta perspectiva, el proceso de centralización de la educación ofrecía gran-des perspectivas a este sector, para lo cual el Estado debía asegurarles el financiamiento adecuado, lo que, de hecho, no ocurrió a la par.

Por lo tanto, el esfuerzo debe concentrarse, a nuestro juicio, en allegar más recursos a la educación y no en frenar un proceso que, en todo el mundo, ha probado ser eficaz, para mejorar la calidad de la enseñanza, enalteciendo la función docente en todos sus aspectos.

Señor Presidente, en aras del tiempo, señalaré algunos casos en cuanto a que este Estatuto no resuelve la situación económica. Por ejemplo, un profesor básico que se inicia con 30 horas -como lo dijo el señor Ministro en la mañana- percibirá una renta bruta de 57 mil pesos, en 1991; un profesor básico, con 10 años de servicios y 30 horas, en 1991, con asignación bienal de perfeccionamiento y de desempeño difícil, percibirá 70.658 pesos de remuneración bruta; un profesor básico, con 20 años y 30 horas, en 1991, con todas esas asignaciones, recibirá 79.208 pesos, brutos mensuales; y en 1995, en la plenitud de todas las asignaciones recibirá 131.100 pesos; un profesor básico, con 30 años y 44 horas semanales, en 1991, incluso con responsabilidad de docente directivo, tendrá un sueldo bruto de $ 149.223 pesos, y con la plenitud de las asignaciones, en 1995, 240 mil pesos; un profesor de educación media, con 30 años de servicios y 44 horas de clases, percibirá en 1991, con todas las asignaciones -que sabemos, por lo demás, que no siempre las pueden percibir todas- recibirá 157 mil pesos.

Señor Presidente, esto habla claramente de que este Estatuto establece un gran "aparataje" de funciones. Señalemos, por ejemplo que aquí se habla de perfeccionamiento para elevar la calidad de la enseñanza. Pues bien, será de 883 pesos mensuales la asignación que recibirá por perfeccionamiento un maestro en los dos primeros años de la aplicación de este Estatuto. La gradualidad establecida, finalmente, significará una vez más, la postergación de los profesores, la cual en este caso, es mucho más grave, porque nadie esperaba -y menos nosotros, en particular- que este Gobierno, que había prometido hacer tanto por los profesores, llegada la hora de los "quiubos", haya decidido postergar nuevamente las aspiraciones del Magisterio. En esa materia, las cifras son elocuentes.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Peña.

El señor PEÑA.-

Gracias, señor Presidente.

Haré algunas consideraciones/generales acerca de la idea de legislar sobre el proyecto del Estatuto Docente.

I. SITUACION DE LA EDUCACION CHILENA

La educación chilena, al igual que el conjunto de la sociedad, al abrir la década de los años 70, mostraba rasgos concretos de ascenso tanto en relación con el individuo que formaba, de fuerte convicción libertaria y democrática, como de una calidad que se expandía cada vez con menores dificultades a amplios sectores de la sociedad.

Mostraba, también, como sistema, una unidad debidamente vertebrada entre sus diversos niveles, a través del territorio nacional.

Estas características globales del sistema definían claramente una orientación como país, que se lograba luego de recorrer un peregrinaje de más de un siglo, y que iniciaran ilustres hombres públicos y maestros, como Victorino Lastarria , Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento.

Todos los actores comprometidos en la educación jugaron un rol protagónico: profesores, estudiantes, personal paradocente; padres y apoderados. La historia registra jornadas memorables.

En los últimos años, el sistema educacional chileno se resiente, se resquebraja y se destruye, en cuanto a los rasgos que caracterizan históricamente.

l2 La educación, con excepción de la enseñanza superior, se entrega a la administración y control de la estructura municipal, decisión ésta que atenta contra el carácter nacional del sistema, contra la estabilidad funcionaría del profesor y contra su dignidad. Atenta también contra la movilidad y el ascenso dentro del sistema nacional de enseñanza.

Los profesores pierden la garantía del Estado en el resguardo de su dignidad personal, en su función y en el trato profesional y económico.

Lo anterior no sólo fue nefasto desde el punto de vista del docente, sino que influyó decisivamente en la calidad de la enseñanza, como lo demuestran pruebas que la opinión pública conoce en el presente y que por desgracia influirán en la calidad de vida que, en el futuro, abracen las generaciones destinatarias de una política educacional errada.

22 Se crean condiciones para generar un sistema educacional elitista y discriminatorio, atentando contra el derecho a la educación, universalmente reconocido y deseado por toda la comunidad internacional. En otros términos, se pretende construir, sobre la base de la discriminación, un sistema que procura garantizar una igualdad de oportunidades en la educación.

32 Los docentes fueron destruidos y atomizados en su organización. Como gremio, asistimos a una paulatina privación de derechos de beneficios y de conquistas. Así, enfrentan un campo laboral determinado por una autoridad política, no ajeno a odiosas persecuciones dentro de la estructura municipal, a traslados, a exoneraciones, etcétera.

II.ESTATUTO DOCENTE

En el contexto someramente esbozado, como representante, de la soberanía popular hemos sido convocados por el Ejecutivo para ocupamos de la discusión de un proyecto de ley sobre las normas básicas mínimas que deberán regir la función del profesional docente, con excepción de quienes ejercen la enseñanza superior.

Es incuestionable la importancia que para el profesorado nacional significa cualquier preocupación, en ese sentido, de nuestra parte y de parte del Supremo Gobierno. En definitiva cualquier paso será trascendental para recuperar la dignidad y la estabilidad funcionaría.

Sin embargo, quiero ser claro, señor Presidente. Habría sido más aconsejable abordar el complejo problema de la educación chilena en su conjunto, tratando de recomponer su perfil y su dirección histórica. En tal sentido, este Estatuto Docente sólo representa un esfuerzo de cirugía menor. Entendemos la esperanza del Magisterio. Como profesor normalista exonerado y como Diputado, soy solidario.

Hubiera preferido discutir el proyecto una vez que la democracia reconquistada haya devuelto a los maestros los derechos y las conquistas quitadas durante el régimen del gobierno anterior, hecho que habría permitido sentar las bases jurídicas aplicables a su respecto sobre elementos de mayor dignidad, de más estabilidad, de más justicia y soñar con un futuro mejor.

¡Cómo no habríamos deseado que el docente hubiese tenido el carácter de profesor del Estado chileno, y que éste sea quien resguarde y les garantice una función profesional digna y le asegure una jubilación justa!

Es probable que se nos diga que la legislación hoy aplicable a la educación -tales como la Ley Orgánica sobre Educación o la de Municipalidades- impide hacerlo; pero, precisamente, un cuerpo docente nacional y unido, sediento de justicia, movilizado en su lucha, de la mano con nosotros, habríamos generado las condiciones para cambiar la legislación heredada.

Por lo anterior, la idea de legislar resulta parcial, extemporánea e insuficiente, aunque se nos diga "en la nada es algo". Ese es un principio válido para luchar y para alcanzar pequeños espacios en regímenes dictatoriales; pero no es aplicable en democracia.

En lo personal, como profesor normalista y radical, persisto en la duda de si este esfuerzo representará en la práctica, de algún modo, legitimar ante el país el injusto sistema de sometimiento que hoy afecta al profesorado nacional. No ahondaré en los fundamentos ni en las razones que sobre el particular pudiera ser pertinente señalar ahora.' Me basta adherirme a lo dicho por el Honorable Diputado de mi bancada, señor Jaime Campos.

Por estas razones, y no encontrando en las expresiones que, esta mañana, vertiera el señor Ministro en nombre del Gobierno, la voluntad política manifiesta de abordar el estudio de las materias, que tienda a poner término al sistema de la administración y del control de la educación por parte de la municipalidad, es que me abstendré en la idea de legislar sobre este Estatuto Docente,, que, en definitiva, es la única forma de manifestar mi lealtad al Gobierno. De no mediar esta consideración, habría votado en contra de la idea de legislar.

Gracias, señor Presidente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Marina Prochelle.

La señora PROCHELLE.-

Señor Presidente, Renovación Nacional está absolutamente consciente de que el mejoramiento de la condición docente es uno de los requisitos previos para lograr elevar la calidad de la educación nacional.

Por ello la iniciativa del Ejecutivo, traducida en este cuerpo legal, la valoramos como tal, aun cuando no nos satisface plenamente. Así se lo hemos hecho saber a las autoridades pertinentes. Por eso, hemos presentado diversas indicaciones a este cuerpo legal.

Tanto la postura de Renovación Nacional para enfrentar este proyecto de ley, como las indicaciones y reparos planteados, se fundamentan en las inquietudes, en las aspiraciones y en las justas peticiones del profesorado de todo el país, independientemente de sus posiciones políticas, las que han sido recogidas por todo los parlamentarios de nuestro Partido. Nuestras observaciones y críticas no tienen otra finalidad que enriquecer y perfeccionar el proyecto, velando, junto con los derechos constitucionales, por la formación, por el ingreso, por el perfeccionamiento y por las mejores condiciones de desempeño de los profesionales de la educación.

No puedo dejar pasar la oportunidad de referirme a un punto que me llama la atención. Este Estatuto comprende también a la educación particular pagada. Históricamente, los profesores que ejercen sus funciones en este sector han estado regidos por normas distintas de las que se aplican en el sector estatal, fundamentalmente por la diferencia que existe entre un empleador que representa al Estado, en que priman intereses generales, y el sector privado, en que prevalecen, con mayor propiedad, los principios de autonomía, de la voluntad y de la liberad contractual. Ninguna legislación anterior había considerado a los colegios particulares pagados. Por lo demás, en reiteradas oportunidades, se les ha reconocido un funcionamiento eficiente y de alto rendimiento académico.

Por último nos hemos sumado, tanto en el trabajo de la Comisión y ahora en la Sala, a los justos anhelos del profesorado de lograr un aumento de sus remuneraciones y una reducción de la gradualidad de las asignaciones que contempla el proyecto, teniendo presente con objetividad, que es necesario para lograr aquello, un mayor y extraordinario esfuerzo de toda nuestra sociedad.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, el proyecto de ley en análisis busca incentivar la profesionalización en el ejercicio de la labor docente; mejorar la calidad de la educación mediante la creación de condiciones profesionales y laborales que faciliten un ejercicio más óptimo de la docencia, y proporcionar una estabilidad laboral mayor que la actual, compatible con una administración descentralizada, flexible, y responsable de los establecimientos educacionales; mejorar la situación de las remuneraciones más deterioradas de los profesionales de la educación, y disminuir las diferencias excesivas para acceder a una educación de calidad óptima.

Me referiré a algunos aspectos del proyecto que deberían ser considerados en la redacción definitiva de la ley.

Debiera dejarse constancia, en forma más categórica de que los profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares, desde que legalmente entran a ocupar su función pública, tienen derecho a la misma, a la necesaria estabilidad, para lo cual continuarán en ella, a menos que medie una causal legal de expiración de funciones. Es necesario, pues, decir, expresamente, que los profesionales de la educación cumplen una función pública y, como tal, debe ser estimada,- reglamentada, protegida y amparada.

Dicha función pública es clara e indiscutible tratándose del denominado sector municipal; esto es, de aquellos establecimientos educacionales que dependan directamente de los departamentos de educación municipal de cada municipalidad, o de las corporaciones educacionales creadas por éstas, o de los que, habiendo sido municipales, son administrados por corporaciones educacionales privadas.

Debe haber mucha claridad sobre el término de la relación laboral de los profesionales de la educación para cautelar tal función pública. En el encabezamiento el artículo 57 dice que "Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, pueden dejar de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: Y luego, "b) Por falta de probidad, conducta inmoral grave u otras causales que los hagan acreedores a una medida disciplinaria expulsiva, adoptada por medio de un sumario"; esta letra debiera quedar redactada de la siguiente manera: "Cuando el profesional se hiciere acreedor al término de la función pública, debido a que observa una conducta funcionaría reprochable y manifiestamente negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, con grave perjuicio del servicio a que pertenece, o del prestigio de éste, establecido debidamente en el correspondiente sumario administrativo". Proponemos esta redacción, porque ella deja en claro las características más relevantes de la conducta que podrá llevar al término de la vinculación laboral. Deja expresa constancia de que se trata de una función pública y de que es indispensable un sumario administrativo.

En este proyecto se echa de menos un desarrollo en profundidad de las normas que regularán el sumario administrativo. Es menester establecer en la ley las normas generales a las cuales éste se someterá, sometiendo al reglamento, o al Estatuto de los funcionarios municipales, la descripción de las situaciones particulares.

Entre estas normas generales se deberían consultar las siguientes:

"El sumario administrativo se incoará por resolución del jefe superior del profesional, el que designará al fiscal que debe instruirlo. El fiscal tendrá un plazo determinado para investigar los hechos y gozará de amplias facultades para realizar la investigación. Agotada ésta, declarará cerrado el sumario; formulará los cargos o solicitará el sobreseimiento".

"El sumariado deberá contestar los cargos dentro de un plazo determinado. En el escrito de contestación acompañará todos los antecedentes y documentos en que fundamente su defensa, y en él podrá solicitar las diligencias probatorias que estime conveniente.

"Contestados los cargos, o vencido al término de prueba que se hubiere abierto, el fiscal evacuará el informe, el cual contendrá la relación de los hechos investigados, la participación, la anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes, y la proposición a la autoridad correspondiente, de las sanciones que estimare procedente aplicar o la absolución.

"El informe se remitirá al jefe del inculpado, el cual deberá dictar la correspondiente resolución".

"La aplicación de las medidas disciplinarias será notificada al afectado, y en contra de la resolución respectiva deben contemplarse recursos de apelación y recursos de reposición".

Por otra parte, respecto de la causal de término de la relación laboral por calificación en la lista de mérito, contemplada en la letra f) del artículo 57, se echa de menos una descripción del proceso de calificación. A mi juicio, no basta con la referencia genérica que se hace al reglamento y a las normas que éste debería contener sobre la calificación; es en la ley donde deben estar estas normas madres.

Bien podría seguirse el criterio que otros cuerpos estatutarios han señalado sobre esta materia. En ese evento los profesionales de la educación deberán ser calificados en listas; como por ejemplo: Lista 1, de mérito; lista 2, buena; lista 3, regular; y lista 4, mala. Dicha calificación la hará una junta calificadora; comprenderá el período de un año calendario y, en todo caso deberá estar afinada al 31 de marzo. El profesional tendrá derecho a apelar de la resolución de la junta calificadora ante el alcalde o el jefe superior del servicio; la junta calificadora adoptará sus resoluciones con sujeción a los resultados de las calificaciones ejecutoriadas, se confeccionarán los escalafones de mérito correspondientes. Las demás normas quedarán entregadas al reglamento.

En materia de concurso de antecedentes, para ingresar como titular a una dotación, debieran introducirse las siguientes modificaciones:'

Dichos concursos deben ser "decididos" y no "definidos" como erróneamente se dice en el proyecto por la comisión calificadora. Las comisiones calificadoras, en mi concepto, deben adoptar una resolución y no limitarse a emitir un informe, ya que ello, de alguna manera, podría dejar mayor campo de acción al alcalde. Es decirles menester guardar armonía en la totalidad del articulado y otorgar facultades resolutivas a las señaladas comisiones calificadoras.

Finalmente, damos nuestra aprobación al artículo 3e transitorio, por cuanto en él se señala que los departamentos de educación municipal deberán llamar a concurso público para llenar las respectivas dotaciones directivas de docentes de los establecimientos de la comuna, que hayan ingresado por otra vía. Dicho concurso está regulado de forma tal que ofrece las adecuadas garantías de seriedad e idoneidad.

He dicho, señor Presidente.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, es indudable el sentido de modernización que la reforma educacional de 1981 planteó en Chile, en el contexto de una política general de desconcentración y de reorganización de las funciones económicas y sociales del Estado.

Los resultados, en términos de aumento de cobertura, han sido francamente positivos. Consecuentemente con ello, las modificaciones de las tasas de analfabetismo y el aumento en el promedio de la educación en el nivel medio, también son positivos.

No obstante lo anterior, la necesidad de preocuparse por la calidad del proceso educativo constituye un imperativo del presente que ha motivado, fundamentalmente, el mensaje que hoy analizamos y que compartimos plenamente.

En este sentido, no compartimos algunos criterios básicos orientados a enfrentar el problema. No podemos compartir criterios que tienden, con mucha discreción, a centralizar el manejo del recurso humano. No podemos compartir criterios que, en forma reiterada, otorgan igualdad de beneficios para los educadores, cualquiera que sea el grado de eficiencia o de eficacia de ese educador. Ello tiende a desincentivar el esfuerzo individual de muchos y a estimular el desempeño mediocre del profesional de la educación. No podemos compartir criterios que tienden a desincentivar la participación del sector privado en la tarea educacional. No creemos que las actuales diferencias entre la educación privada y la pública se puedan corregir sólo con el mejoramiento de remuneraciones o de las condiciones de trabajo de los profesores. Se omite, o se deja de considerar, la importante incidencia de la diferente calidad nutricional de los educandos, del diferente nivel económico de los mismos y del diferente medio ambiental en el cual se desarrollan.

Es indudable, señor Presidente, que la educación, al igual que la salud, tiene directa relación con el desarrollo del país. La calidad de la educación no se modificará sólo con un Estatuto Docente como del que se discute. Estimamos que si se desea tener una educación moderna, de alta calidad, con igualdad de oportunidades para todos, debe enfatizarse la existencia de un sistema educacional mixto con activa y creciente participación del sector privado, con estabilidad funcionaría, con condiciones profesionales y laborales que faciliten un óptimo ejercicio de la docencia en ambos sectores; todo ello, en un marco de descentralización acorde con las tendencias actuales en el mundo, hecho reconocido por el señor Ministro en la mañana de hoy, y que tanto molesta a algunos parlamentarios de la Concertación.

Para terminar, señor Presidente, deseo rendir un homenaje a los profesores normalistas de todo Chile, algunos de ellos presentes en este hemiciclo; a aquellos docentes del pasado y del presente que, al margen de sus problemas económicos, de sus remuneraciones insuficientes, de su desempeño en los sectores más apartados del país, entregaron una vida entera con mística, por sobre todas las cosas; con vocación indesmentible por su profesión; con amor permanente hacia los educandos y con remuneraciones que hoy necesitan ser reconocidas. Los cambios del mundo de hoy, que ubican en este Estatuto al profesor en el contexto de un profesional del más alto nivel, no deberían dejar en el olvido la necesidad de incorporar, en la formación de los educadores del mañana de nuestra Patria, los criterios enunciados, que constituyeron el alma mater de las escuelas normales del ayer.

He dichos señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, quiero decir unas cuantas palabras para dar a conocer, aunque ya lo han hecho otros compañeros de bancada, el pensamiento de los socialistas, del Partido por la Democracia y el Partido Humanista, acerca de este proyecto, que empieza a hacer justicia al esforzado y querido gremio del Magisterio.

Es la primera vez, después de esos 17 años de negra dictadura de Pinochet, que se toma en cuenta a estos trabajadores de la enseñanza; que se les trata de dignificar y de dar a conocer a la ciudadanía, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la honestidad, que despliegan estos nobles maestros y maestras.

Seguramente, este proyecto del Gobierno tiene fallas o falencias, pero también grandes méritos, porque empieza a situar al Magisterio en el lugar que le corresponde. Creo que este proyecto, ahora, pone en el lugar que les corresponde en la sociedad a estos hombres y mujeres que entregan sabiduría, que entregan cultura, que entregan amor a los niños, el cual, en muchas ocasiones se les niega en sus hogares.

¡Cómo será que hasta los Diputados de la UDI y de Renovación Nacional han reconocida los méritos del profesorado! Ellos que callaron durante esos 16 años de dictadura pinochetiana, ahora reconocen todos los méritos que siempre tuvieron estos nobles hombres y mujeres del Magisterio, de la enseñanza, que hoy día este Gobierno democrático empieza a reconocérselos. Para nosotros es motivo de orgullo apoyar este proyecto, porque siempre hemos estado con este gremio en las buenas y en las malas; en las grandes batallas que ha librado durante toda la historia, luchando por las cosas nobles a codo a codo con ellos, y esquivando el garrotazo, el balazo, la bomba lacrimógena o la cárcel. Ahora, este Gobierno democrático empieza a reconocerle sus méritos.

En este momento quiero expresar, solamente, nuestra satisfacción por entregar la votación favorable de esta bancada para apoyar el proyecto que se debate. Hemos estado desde las diez y media de la mañana escuchando discursos, algunos fogosos, otros más moderados y otros que han tenido la virtud de hacer dormitar a algunos parlamentarios. De todo hay en la viña del Señor, y yo he visto hoy "descabezar a algunos camarones", como dicen los venezolanos, durmiendo beatíficamente en sus asientos.

Termino expresando nuestra satisfacción por el despacho de este proyecto. No quiero extenderme, porque ya llevamos varias horas escuchando las mismas palabras; prácticamente todos hemos coincidido en lo que es este gremio y lo que significa esta iniciativa, aun discrepando en algún punto. He querido ser lo más breve posible, porque en la discusión de otro proyecto, hablaré más extensamente, para pasar a la historia, imitando a algunos que así lo piensan y para que las nuevas generaciones lean mi discurso en el futuro.

Nada más, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Gracias, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en primer término, quisiera levantar algunos cargos efectuados a este proyecto, lamentando que dos Diputados radicales, después de sus excelentes exposiciones sobre el Estado-docente en Chile, hayan resuelto abstenerse de legislar sobre el Estatuto Docente, argumentando, en el fondo, que no se aborda en él la reversión de liceos y colegios a la dependencia del

Ministerio de Educación y liquidando de paso la municipalización. Se olvidan, no obstante, de lo aceptado por el pueblo hace un año, y siendo justas las críticas a la municipalización, no fue ese el camino escogido. Un período de transición trabaja sobre lo existente, conforme al programa ofrecido, y me remito a lo expresado por el Presidente Aylwin en su Mensaje del 21 de mayo del presente año.

Una segunda razón es que tal propuesta supone, en el fondo, una reforma constitucional que' eleve al Estado a un papel principal en la educación, cuestión que ni siquiera los señores Diputados han planteado.

Un tercer aspecto es la afirmación del Ministro señor Ricardo Lagos , de que no se puede, a pretexto del Estatuto Docente -que pretende mejorar las condiciones del Magisterio- realizar una transformación completa de la educación, olvidándose que el rol del Estado y de la sociedad es velar por el bien común, y que tal cambio estructural no es el propósito del legislador en esta etapa de transición.

Diputados de Derecha estiman que este proyecto se estatista, porque la ley queda sometida a un reglamento, y con ello se burlarían las atribuciones del Parlamento. Sin embargo, como se ha recordado, es primera vez, en más de sesenta años, que se podrá legislar directamente sobre el personal docente. En 1929, varios decretos supremos rigieron la educación pública; el decreto supremo N° 4.129, del 12 de mayo de 1949; el decreto con fuerza de ley N° 227, de 17 de enero de 1951; el decreto con fuerza de ley N° 280, de 1953; el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, o Estatuto Administrativo, cuerpos legales dictados, en su mayoría, en virtud de facultades extraordinarias que el Congreso entregó al Presidente de la República. El decreto ley N° 2.327, de 1978; el decreto con fuerza de ley 1-3.063 sobre traspaso a las municipalidades; el Plan Laboral, y la ley N° 18.602, de 1987, son muestras de cómo se legisló en el régimen pasado.

Entonces, ¿puede verse como una limitación a las facultades del Congreso la dictación de un reglamento, cuando se ha discutido un proyecto de ley a la luz pública en democracia, con participación de sus agentes y actores?

En todo caso, los reglamentos deben ajustarse a la Constitución y a la ley, y la Contraloría General de la República debe tomar razón de ellos.

Por otra parte, el proyecto sólo ordena reglamentar ciertas materias: perfeccionamiento, artículo 16; Consejo Provincial de Educación, artículo 20; Consejo de Profesores, artículo 18; los Concursos, artículo 32; las Comisiones Calificadoras de Concursos, artículo 34; acreditación de bienios> artículo 47; asignación de perfeccionamiento, artículo 48; de trabajo en condiciones difíciles y en la evaluación, artículo 55. Es decir, sólo en 9 artículos de los 70 permanentes y 15 transitorios, se ordena dictar un reglamento.

En consecuencia ¿puede hablarse de burlar las decisiones legislativas del Congreso? ¿Es acaso estatismo todo ejercicio de la potestad reglamentaria que la Constitución Política otorga al Presidente de la República en el artículo 32, número 8°?

Ni siquiera don Andrés Bello tuvo la osadía de legislar sin contemplar un reglamento que regulara materias, en forma más explícita y con más detalle.

Diferentes declaraciones públicas e intervenciones objetan el proyecto, señalando que no recoge las aspiraciones económicas, que no hay carrera docente, que no existe estabilidad, que el perfeccionamiento no es tal, que tiene tal o cual vacío.

Dos señores Diputados de Derecha califican de mediocre este proyecto. Entonces, la pregunta que surge es ¿qué había antes? ¿Es preferible no tener Estatuto Docente?

Cuando se habla de mediocre, ¿no se recuerda a los miles de profesores despedidos? ¿A la aplicación de las leyes del mercado? ¿A los negocios lucrativos de la educación hasta convertirlos en una mercadería? ¿O la sumisión o el sometimiento de estos profesionales que forman el futuro de Chile al famoso Plan Laboral?

Otros manifiestan que no se ve eficiencia, porque todos quieren someterlo a la competencia. En el fondo, de lo único que están hablando es del lucro y del dinero.

Creo que Chile y nuestra sociedad no necesitan de un proyecto que se afinque únicamente en el lucro.

Las respuestas a estas interrogantes las da el propio proyecto. Nosotros decimos: "Ningún Ejército pone pie en la playa y da por conquistado un país y ganada la guerra".

Este es un primer gran paso en la dirección correcta, y no repetiré las virtudes de esta iniciativa que ya se han señalado desde la mañana.

En mi lejano distrito del sur, los profesores, al igual que nosotros, discutieron, plantearon sus dudas y expresaron sus anhelos, concordando en muchos de sus preceptos, expresando, asimismo, su confianza en cuanto a que las indicaciones lo mejorarán mucho más.

Aspiran a que exista un Consejo Asesor Municipal del Departamento de Educación en que participen los profesores, autoridades y la comunidad.

Desean que se sancionen legalmente las vacaciones de invierno, y de Fiestas Patrias, lo que sería un reconocimiento a una larguísima práctica.

Esperan que se examine y revise el sistema previsional para que se pueda jubilar dignamente y a una edad compatible con esta difícil y compleja labor. En este caso, rebajar la edad para que estos nobles servidores de Chile puedan descansar y tener una vejez que toda la Patria les dedica y que ellos merecen.

También aspiran a que se dé un trato especial a la profesora -que no se distingue en el Estatuto- y a las parvularias, cuyas características especiales de su trabajo deben ser incluidas en alguna de sus normas como un justo reconocimiento a su calidad de mujer, madre y esposa, que debe desempeñar esas difíciles funciones.

Seguramente, durante la tramitación del proyecto, se presentarán otras indicaciones que mejorarán el Estatuto Docente.

Esperamos confiados en que todos los Diputados, sin excepción, apoyen este proyecto, tal como lo hacemos los de la bancada Demócrata Cristiana.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Gracias, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, pocos temas podrían concitar con mayor preocupación la atención de esta Honorable Cámara, que el referido al Estatuto de la profesión docente.

El gran número de profesionales involucrados en esta materia nos hace pensar que es preciso actuar con el máximo de cautela y responsabilidad, para no causar daños que pueden ser irreparables.

Una observación primera: es lamentable que se haya perdido esta oportunidad, es decir, histórica, aquella que tienen los gobiernos cuando inician su mandato, cuando reúnen el mayor porcentaje de adhesión para hacer un cambio profundo, estructural, del sistema educacional chileno. Se ha optado, en cambio, por elaborar un conjunto de normas que, bastante mejoradas por la Comisión de Educación -debemos reconocerlo-, apenas rozan la solución de los graves problemas heredados de la dictadura, o los consolidan en una inexplicable y desilusionante posición.

Señores Diputados, para mejorar los sueldos del Magisterio chileno, no era necesario presentar un proyecto de Estatuto Docente; habría bastado con un conjunto de normas económicas.

No era necesario consolidar legalmente la municipalización, la que implica dejar a los maestros, como siempre, dependiendo de un' alcalde, la más de las veces ignorante en materias educacionales; o dificultar las posibilidades de desplazamiento, o persistir en su inestabilidad funcionaría, o haber omitido una cuestión tan fundamental y anhelada por los profesores, como es la asignación de zona, materia de insoslayable importancia para los profesores de zonas apartadas, como la que me honro en representar. No olvidemos, sobre esta materia, que si bien este beneficio se señala en el artículo 40 del proyecto sobre Estatuto Docente, luego es inexplicablemente olvidado en los artículos 46 y siguientes.

Otra omisión importante se relaciona con los funcionarios administrativos y los auxiliares, cuyo importante aporte al proceso educativo nadie puede desconocer, y quienes, si bien no aspiran a un ordenamiento legal privativo de los maestros, merecían, por lo menos, una mención que los protegiera después de haber soportado la postergación y el menosprecio en que vivieron sometidos durante la dictadura.

Este proyecto, entonces, aparece no sólo como insuficiente y frustrado, sino como un propósito de traducir en ley un estilo de política educacional absolutamente contrario a lo que habíamos predicado durante tantos años.

Debo pedir excusas a los profesores de Chile y de mi distrito, ya que, no obstante lo expuesto, mi condición de Diputado de Gobierno me obliga a conservar un grado de credibilidad importante en las autoridades de hoy, y mantenemos la esperanza de lograr las correcciones que sea menester.

Anuncio, señor Presidente, que me abstendré en la votación general de este proyecto.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Gracias, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, muchas gracias.

El motivo que hoy ocupa a esta Honorable Cámara es un proyecto que realmente interesa a nuestra comunidad nacional, por cuanto, señor Presidente, somos los profesores los que hacemos y permitimos que los principios y valores de nuestra sociedad, de inspiración cristiana occidental, puedan ser transmitidos generación tras generación. Sin embargo, todos aquí han coincidido en que el proyecto es altamente insuficiente y es menester que las cosas se digan por su nombre. La pregunta que dejaré flotando en el ambiente es qué hubiera ocurrido si este proyecto se hubiera presentado durante el Gobierno anterior. Habría sido un escándalo nacional.

Hablan varios señores Diputados.

El señor ULLOA.-

Repito, habría sido un escándalo nacional, porque efectivamente es un proyecto mediocre. ¿Dónde está el proyecto alternativo presentado por el Colegio de Profesores? Este no contiene ni siquiera un porcentaje mínimo del presentado hace 3 años. ¿Esto es o no es negociación de carácter popular? ¿Dónde está la consulta a las bases? El propio señor Presidente de esta Honorable Cámara podrá desmentirme si no es efectivo que en mi región, el Consejo Regional del Colegio de Profesores rechazó este proyecto.

Es necesario que estas cosas se digan, y que se digan con la fuerza de la representación popular que tenemos. Nuestra bancada no se opondrá a la idea de legislar, pero dejará claramente establecido lo que se ha dicho y con palabras que se ajusten a la verdad: que el proyecto no satisface las necesidades de los profesores. El proyecto, en sí, no es suficiente. El Estatuto, definitivamente, les consagraría una condición de profesionales de segunda categoría.

Aquí se ha hablado solamente de un período de la historia. Los antiguos Diputados podrán recordar que los profesores en Chile nunca han visto satisfechas sus aspiraciones, porque no son ni constituyen un grupo de presión inmediato. La mejor prueba es lo sucedido a fines de la década de los 60. Más de dos meses duró la huelga de profesores y nada se consiguió.

No hablemos de cosas que no son reales. Si queremos contar la verdad, digámosla completa.

Hemos escuchado muchas intervenciones; algunas de enorme extensión. Es necesario que se reconozca la necesidad de legislar sobre esta materia, respecto de la cual, los profesores siempre han querido tener una normativa legal que los rija.

En 1978, se hizo una carrera docente. Nadie lo ha dicho. Puede haber sido imperfecta. Se terminó en 1981.

Los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente votaremos en términos generales para legislar sobre la materia. Pero es importante, vuelvo a repetirlo, señor Presidente, porque Su Señoría estuvo allí, dejar constancia de que, en Concepción, el Colegio de Profesores Regional rechazó este proyecto. Todos los parlamentarios que allí estuvimos, de Oposición y de Gobierno, hicimos presente que era necesario mejorarlo y no rechazarlo. Es importante que estas cosas las sepa el país y también la Honorable Cámara.

Señor Presidente, queremos mejorar el proyecto, junto con todos los parlamentarios de la Cámara. Para eso es preciso dar a conocer aquí, en forma mínima, cuáles son los argumentos que califican el proyecto de insuficiente. Como se encuentra presente el Ministro del ramo en representación del Ejecutivo, aprovecho para preguntarle ¿qué solidez tendrá una acusación contra un docente sin respaldo suficiente, salvo el de un anónimo? Está claro para la Honorable Cámara lo que ocurre con los anónimos. ¿Es o no es una forma encubierta de exoneración la idea del proyecto de llamar a concurso a todos los directivos docentes? ¿No sería, entonces, de justicia llamar a todos los cargos de planta a concurso público? Francamente, me parece una forma eficaz de entorpecer la calidad educativa, toda vez que una norma seria consistiría en llamar a concurso cuando se produce la vacante.

Hay otras preguntas que surgen de inmediato: ¿Qué ocurrirá en los casos en que no se gane el concurso?

Es cierto que este proyecto, como lo dijo el señor Ministro, no supera el problema de regionalización, pero es necesario que definamos claramente si estamos por un sistema descentralizado, el que, con un mejoramiento sustancial en la subvención, sería realmente mucho más eficaz que un viejo, deteriorado y anquilosado estado docente, como más de alguno trata de revivir. La dinámica social muestra que en la mayoría de los países desarrollados el concepto de nación docente es a un nivel de relaciones que permite que la toma de decisiones esté estrechamente vinculada al problema.

Es posible que algunos deseen volver a la época en que para proveer un cargo de profesor había que esperar seis, ocho o más meses.

Es absolutamente necesario que se entienda que el profesorado no verá mejorada su situación, en tanto el Ejecutivo no. eleve el subsidio que corresponde recibir en cada municipio por los niños en edad escolar.,

Por ello, nuestra bancada insistirá cuántas veces sea necesario en este planteamiento.

Finalmente, deseo sumar el apoyo de la UDI a este proyecto, como idea de legislar, sin perjuicio de las indicaciones que haremos llegar para la discusión en particular.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, Su Señoría ha hecho una afirmación que quiero precisar.

El señor ULLOA.-

Encantado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señores Diputados, varios parlamentarios de la Octava Región asistimos a un consejo de profesores donde se formularon críticas muy duras al Estatuto Docente, principalmente de parte de los profesores comunistas y de la UDI. No sola-mente de ellos, pero sí principalmente.

En esa reunión, no se tomó ninguna decisión al respecto. Sólo se formularon críticas. Hubo muchas intervenciones, y soy testigo de que el Diputado señor Ulloa no se sumó a esas críticas con el fervor que lo hicieron en cambio, algunos profesores de su propia bancada, junto con los del Partido Comunista.

El señor ESCALONA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, quiero recordar que ayer, por iniciativa del Gobierno de la República, se conmemoró el día de los derechos humanos. Traigo a recuerdo este hecho, porque el proyecto que estamos discutiendo ahora no es solamente de modernización de la educación y de recuperación de la dignidad del Magisterio, sino que es una acción de reparación de derechos humanos conculcados durante el gobierno anterior, que es lo que el Diputado señor Ulloa no ha recordado en su intervención. Durante todo este período no existió Parlamento, ni Cámara, ni Senado que pudieran analizar un proyecto de estas características. Lo que en realidad hubo fue una acción sistemática de desarticulación del sistema nacional de educación, fruto del esfuerzo nacional de varias décadas.

No se puede "tapar el sol con un dedo". Aquí estamos efectivamente ante una iniciativa legal del Gobierno democrático, que representa un sustantivo avance respecto del sistema de educación vigente y de la situación actual del Magisterio.

Sin lugar a dudas, no se resolverán todos los problemas materiales y económicos del Magisterio, con el Estatuto Docente, pero sí se dará un gran paso adelante en comparación con la situación actual de privatización de la educación, que no corresponde al concepto de nación docente -como dijo el Diputado Ulloa -, sino que de "negocio docente", lo que es completamente distinto, porque la ideología ultraliberal ha tratado de transformar la formación de las nuevas y jóvenes generaciones en un afán de lucro. Y si existe algún hecho que refleje la aplicación a ultranza de esa ideología neoliberal en la vida del país, es, precisamente, la conversión de la educación chilena en un simple negocio. Y es aquí donde se refleja realmente lo que se trató de hacer con Chile: simplemente, llevar el afán de lucro hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que se comienza a dejar atrás con esta iniciativa legal. Aquí se inicia la reconstrucción de derechos que fueron arrancados de raíz; se empiezan a rehacer conquistas que fueron pisoteadas durante largos años; se comienza a recomponer la responsabilidad de la nación en el sistema educacional; y se empieza a dejar atrás la "cultura del afán de lucro", la ideología del "negocio docente".

Por eso es un grave error el que cometen algunos parlamentarios del propio gobierno democrático, al abstenerse en esta votación, porque, en realidad, aquí iniciamos un largo proceso de reconstrucción de la educación del país, y los que confiamos en la democracia, que hemos luchado por ella y queremos reconstruirla en este país, debemos concurrir a este esfuerzo de reconstrucción de la educación nacional, en cuanto ésta forma parte del gran proceso de reconstrucción de la democracia en Chile.

En consecuencia, es valorable en esto que "no se puede tapar con un dedo", reconocer la propia votación de Renovación Nacional y de la UDI, en cuanto también suscriben la idea de legislar, porque no se puede omitir esta realidad, que es la desarticulación del sistema educacional del país; y con ese paso, con esa votación positiva, con la concordancia con la idea de legislar, también se está diciendo aquí que debe rehacerse la educación del país, que es la gran tarea que se comienza con esta iniciativa del gobierno democrático.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Horvath.

El señor HORVATH.- 

Señor Presidente, el Estatuto Docente se puede considerar como un aporte al mejoramiento del profesorado y de los mecanismos para el desarrollo de la calidad educacional. Por eso es bueno que nos encontremos debatiendo esta materia en el Congreso Nacional.

Sin duda, se trata de un cuerpo legal que deberá ser perfeccionado en el corto plazo, incluso, considerando la labor que ha efectuado la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en conjunto con el propio Ejecutivo.

No deseo agregar antecedentes similares a los ya señalados, acerca de la condición sacrificada y de la evidente vocación de servicio de los docentes chilenos, que requiere ser dignificada y considerada no sólo en los aspectos materiales que, sin duda, son apremiantes.

Los objetivos específicos de una sociedad deben ser, sin duda, múltiples y coherentes. En Latinoamérica tenemos el ejemplo de un sistema que ha privilegiado los objetos sociales de la educación y de la salud por sobre los otros, logrando un nivel por sobre el promedio de estos países, pero con un resultado global muy negativo e indeseable por los propios afectados.

En el mundo actual, prácticamente ninguna corriente ideológica política vigente niega la necesidad de una sociedad libre; sin embargo, entre las declaraciones, los hechos y las actitudes, a veces, existen notables diferencias. Es el caso, por ejemplo, de un discurso del presidente del Partido Socialista, señor Jorge Arrate, ante el profesorado afín a su partido, en el sentido de que "los profesores debían convertirse en activistas de la causa socialista". Señalo esto, a sabiendas de que, en su propio sector, no todos comparten este planteamiento. Y lo hago también con el propósito de resaltar que la esencia de una sociedad está en su libertad responsable, organizada en su diversidad, en el respeto mutuo y en el de sus valores, por sobre los consensos coyunturales.

En este sentido, es importante que el cuerpo legal del Estatuto Docente, de garantías de libertad, respeto y dignidad.

Por ello, nuestras indicaciones apuntan lo siguiente:

Primero, a minimizar la excesiva injerencia del Ministerio, a través de facultades discrecionales, que no tengan criterios objetivos y procedimientos transparentes.

Segundo, a asegurar la libertad de acceso a la educación en términos equitativos, según talentos, capacidad y voluntad de superación, por sobre otros factores de calificación social.

Tercero, a asegurar una carrera docente y un sistema de perfeccionamiento que considere la eficiencia, los aportes, la iniciativa, el esfuerzo individual y la vocación de servicio.

Cuarto, a obtener un mejoramiento efectivo de remuneraciones y una imponibilidad del 100 por ciento de los ingresos, en forma inmediata y no gradualmente como señala el proyecto.

Quinto, a definir un sistema jerárquico de los profesores, sobre la base de criterios estrictamente gremiales, profesionales y académicos. Las jefaturas de los departamentos de administración municipal deberán ser ejercidas por personal que reúna requisitos profesionales y académicos claramente aceptados por los docentes de la comuna y que no queden al arbitrio de una autoridad comunal de tumo.

Respecto de las direcciones provinciales de educación, debidamente descentralizadas, también se da el caso, ahora, de que muchos de los profesores son los "parientes pobres" de las municipalidades y el Ministerio los margina, mientras no se dé la parábola del hijo pródigo.

Específicamente, algunas de nuestras indicaciones de detalle apuntarán a perfeccionar las comisiones de ingreso a la carrera docente, como efectuar el sorteo entre quienes reúnan algunos requisitos mínimos, por sobre los que exige la vacante; definir en la ley las vacaciones de invierno y las del mes de la Patria; respetar a las personas que cumplan con los requisitos de los cargos que ocupan y sirven; garantizar la movilidad geográfica del profesorado, sin perder sus derechos, más allá de la exclusiva vía de las permutas.

Es conveniente, además, elaborar un estatuto o incluir también al personal paradocente, administrativo y auxiliar, en términos equitativos. Del mismo modo, será necesario estudiar un mecanismo legal y financiado, para que muchos docentes puedan optar por una jubilación digna, basada en años de servicios y no en la edad. Desde luego, estas materias son de iniciativa del Ejecutivo.

En resumen, se requiere de un estatuto más amplio, mejor definido y financiado; que no sólo se trate de obtener un mayor financiamiento sino que de utilizar, eficiente y equitativamente, estos recursos, y ello, justamente, se-garantiza con la libertad, el respeto y la creatividad de todos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Concha.

El señor CONCHA.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, es manifiesto que el sistema educacional chilenos presenta deficiencias muy graves que, justamente, trata de solucionar este Estatuto Docente, que, sin duda, no es perfecto, porque no hay obra humana que lo sea. Incluso, algunos pueden considerarlo excelente, pero otros -discrepando de aquella opinión- lo encontrarán pésimo.

Nos sentimos obligados a recordar que, durante 17 años, el sistema educacional chileno ha pasado por una serie de vicisitudes. Así, el presupuesto del Ministro de Educación, después de haber representado el 5,3 por ciento del producto geográfico bruto de la nación, en 1982, ha llegado a ser, solamente del 2,74 por ciento en 1990; es decir, en menos de ocho años, el financiamiento del Ministerio se redujo en un 50 por ciento. Esto, lógicamente, significó aumentar las deficiencias que recordaba.

El Estatuto Docente pretende solucionar eficientemente ese problema, porque empieza por dignificar la labor del docente. Esto es lo más importante que puede existir, porque la educación es, fundamentalmente, una obligación, no sólo del Estado, sino que de todos los chilenos. La comunidad requiere del esfuerzo común para solucionar sus problemas.

Muchos parlamentarios han dado su apoyo a esta idea, pero tienen muchas observaciones y han señalado que harán indicaciones para mejorarlo. Si así fuere, en buena hora.

El país agradecerá los esfuerzos por mejorar esta obra, que nos parece buena, pero, reconocemos, que no es perfecta.

La finalidad básica del estatuto en discusión es mejorar la condición del docente, lo que es sumamente importante, porque el maestro es el alma de cualquier sistema educacional.

El éxito de un sistema docente está precisamente en el profesor. Si éste no tiene las garantías ni los derechos necesarios para ejercer su labor con vocación, con sinceridad, indudablemente que ese sistema sería, simplemente, malo.

El proyecto dignifica al maestro y le exige capacidad y responsabilidad y le confiere autonomía. Pero también el maestro requiere retribución. Y ésta funciona según la capacidad y la medida con que el Estado es capaz de darla, y la otorga conforme a un parámetro adecuado a las posibilidades del momento.

No podemos olvidar que durante todos estos años ha sido menospreciado, tal vez -puede ser- como consecuencia del régimen autoritario que nos rigió, que veía en el desarrollo de la educación un peligro para el sistema, porque, lógicamente, una buena educación produce el desarrollo de la inteligencia y la búsqueda de nuevos y más amplios horizontes de libertad, sobre todas las cosas.

La libertad es un vicio intolerable para un régimen autoritario. Tal vez esté allí la deficiencia que hoy queremos subsanar, y que estamos logrando gracias al Estatuto, que permite la formación y el perfeccionamiento del profesor, como elemento fundamental; que señala sus derechos: reconoce el feriado, la estabilidad en el cargo, sobre todo; y le permite algo que ya he mencionado: la carrera docente. Y ésta no es la que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de servicios, pero establece y otorga aquí de un modo muy claro y preciso, seguridad y estabilidad en el empleo a todos los docentes, y una justa remuneración que va acrecentándose, año a año, mediante asignaciones de antigüedad, de perfeccionamiento, las que, conjuntamente, van a llegar a ser del 140 por ciento, al cabo de 30 años.

Un sistema de esta naturaleza es el que nos permite mirar con tranquilidad hacia el futuro.

Sin duda alguna, como decía al principio, esto no es perfecto. La experiencia nos irá señalando sus deficiencias y nos irá indicando cuáles y de qué manera modificarlas, haciendo las correcciones necesarias o elementales, para que la dignidad del maestro sea básicamente la causa y el motor del sistema educacional chileno.

Ojalá volviéramos a encontramos con hombres como don Eliodoro Cereceda , rector del Internado Barros Arana, o don Rubén Galecio , rector del Liceo Valentín Letelier, que ocuparon esos cargos hasta edad avanzada, sacrificando su vida por esta vocación.

El Estatuto permite llegar a eso porque, como decía, el docente es el alma del sistema educacional chileno.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Recondo.

El señor RECONDO.-

Señor Presidente, nos enfrentamos hoy al estudio, en general, del Estatuto Docente. El tema de la educación en un país es de tal trascendencia que nos obliga a abordarlo con la mayor seriedad y a despojamos de cerrados ideologismos, que sólo distorsionan el debate enriquecedor.En concordancia con esta actitud es que debemos abordar este tema. Para nadie es un misterio, y así lo han apreciado recientes e ilustres visitantes extranjeros, que el Chile de hoy, no es el Chile de ayer.

No hay sector del país en que no se manifiesten importantes cambios, surgidos de las políticas implementadas en el Gobierno anterior, que nos han permitido dar el primer paso para salir del subdesarrollo.

Uno de los más importantes es el área relativa a la educación. Ella ha sido una tarea prioritaria de la nación, a lo largo de su historia. Desde los inicios de la Independencia, los gobernantes le dieron a la educación un gran impulso; quizás esto explica un desarrollo cultural ventajoso: la formación en Chile de prominentes intelectuales y científicos americanos, y las misiones de educadores que participaron en la organización de sistemas escolares de países hermanos.

Pero esta realidad, que tanto nos enorgullecía, se vio también alterada hace ya varias décadas. Un primer golpe fue el movimiento de reforma universitaria, iniciado en 1967, el cual se transformó, más que en un camino para perfeccionar su quehacer académico y alcanzar los más altos niveles de excelencia, en un instrumento para fines políticos.

En 1965, por ley de la República, se estableció que la instrucción obligatoria debía alcanzar a ocho años de estudios. Esta meta, sin duda beneficiosa y posible de lograr con el tiempo, mejorando así el nivel cultural de los chilenos, fue aplicada de inmediato, sin medir las consecuencias que ello traería, al no disponer ni del profesorado suficiente e idóneo, ni del número de establecimientos educacionales necesarios por la mayor cantidad de alumnos que continuarían el ciclo básico, como asimismo, los recursos financieros requeridos. El resultado de esta iniciativa, de por sí positiva, lamentablemente no produjo los objetivos esperados. Esta masificación repentina de la educación básica se tradujo en una disminución de la calidad educativa, que, a su vez, se proyectó en la educación media por la menor preparación del estudiante para continuar su aprendizaje a ese nivel.

Luego, con el advenimiento del Gobierno de la Unidad Popular, se trató de introducir la demagogia y la burocracia, inspiradas en una orientación marxista, en todos los sectores y niveles del sistema educacional, para transformarlo en un instrumento de poder hacia una determinada ideología política y, luego, utilizarla como plataforma en la lucha por el poder gubernativo.

La implantación del sistema de la Educación Nacional Unificada, la tristemente recordada ENU, que felizmente no prosperó gracias a la oposición de la gran mayoría ciudadana, especialmente de los sectores vinculados a la educación, como la Iglesia Católica y otras instituciones, tenía por objeto desnaturalizar la esencia misma de la libertad de enseñanza que garantizaba la Constitución Política y, por ende, la libertad integral del chileno.

Acentuando lo anterior, y como consecuencia lógica del exacerbado estatismo al que nos estaba llevando el sistema imperante, el Ministerio de Educación se transformó en una instancia hipertrofiada e ineficiente para sus objetivos primordiales, llegando a ser un ente administrativo con un sinnúmero de órganos carentes de coordinación entre sí, al mismo tiempo que cada uno de ellos dictaba normas sin que se visualizara un sistema coherente que se tradujera en una acción continuada de educación permanente, con metas alternativas para los diferentes niveles de enseñanza.

Es así como la educación formal tendía, principalmente, a que el estudiante, al término de su ciclo de enseñanza- aprendizaje, tuviera como fin su ingreso a la universidad, sin considerar su capacitación para la vida del trabajo al finalizar los niveles básicos y medios, según las capacidades y condiciones socioeconómicas del alumnado.

Por otra parte, la rigidez afectaba fundamentalmente los planes y programas de estudio. No existía mayor consideración con las características de los alumnos, con sus intereses ni con el lugar o la región donde estaban ubicados los establecimientos.

Del Ministerio de Educación dependían más de 7.000 establecimientos educacionales y cerca de 140.000 funcionarios, considerando docentes y administrativos. Esta centralización también afectaba a las Universidades, especialmente a las estatales.

El aspecto financiero presentaba una carencia importante de recursos. El crecimiento cuantitativo del sistema educacional durante la década deU60 no tuvo un incremento de medios financieros adecuados. Esto explica -en parte- las bajas remuneraciones que históricamente han tenido los profesores y el mal acondicionamiento que presentaba la mayoría de nuestros establecimientos educacionales.

En 1970, un 93 por ciento de la población, entre 6 y 11 años, estaba matriculada en la enseñanza básica. Pero más del 40 por ciento no terminaba la educación. La deserción escolar es fuente de graves problemas sociales, ya que afecta la igualdad de oportunidades. Una persona que egresa sólo sabiendo leer y escribir, o en situación de semianalfabetismo, tendrá muchas puertas cerradas en el futuro. Sus posibilidades de integración al desarrollo cultural y económico del país, serán limitadas. Se constituye en un posible candidato a la marginalidad y a seguir alimentando el círculo de la pobreza.

Por eso, el problema de la deserción escolar es el más grave que puede afectar al sistema educacional. Su solución siempre requiere de algún tiempo y de la participación de diversos sectores en forma simultánea. A esta tarea se abocó el Gobierno anterior.

La primera prioridad se orientó a combatir la situación más grave: la deserción escolar. Este problema se atacó desde varios frentes. Una fórmula fue mediante la extensión de la atención preescolar, especialmente a los niños pertenecientes a sectores de extrema pobreza, otorgando atención integral. Esto es, educación, alimentación y salud.

Otra en el sector salud, para abordar la atención prioritaria de los recién nacidos, ha implicado una enorme disminución de la mortalidad infantil, y ha contribuido a que el niño que entra a la educación básica no traiga las carencias que le disminuyan su capacidad de aprendizaje. Se trata de eliminar a los potenciales desertores por causas ajenas al sistema educacional.

El efecto de esta política se nota hoy, claramente, con el mejoramiento de la retención en los primeros años de la educación básica.

La cobertura de matrículas en el nivel básico aumentó al 100 por ciento, especialmente con la construcción de escuelas e internados en sectores rurales alejados. Había que alcanzar estas metas indispensables para conseguir la tan anhelada igualdad de oportunidades.

Otro de los cambios fundamentales que implicó la modernización educacional, es la prestación del servicio educativo. El antiguo sistema centralizador y estatizante, que reprimió la libertad personal y la iniciativa individual, fue reemplazado por un nuevo y moderno esquema, basado en la persona humana y sus ilimitadas capacidades para crear, crecer y avanzar.

El Ministerio de Educación administraba un 80 por ciento del sistema. Un 12 por ciento del servicio era otorgado por establecimientos particulares subvencionados, y el 8 por ciento restante, por colegios particulares pagados.

Lo anterior transformó al Ministerio en un ente burocrático, dedicado exclusivamente a la administración de los establecimientos y de su numeroso personal, dejando un poco de lado la tarea técnico-pedagógica que le corresponde como órgano normativo de la educación nacional. Digamos que los problemas propios de la administración no dejaban tiempo para los relativos a la calidad de la educación.

Uno de los pilares en que se sustenta la nueva institucionalidad alcanzada en el Gobierno anterior, es la mayor participación que le corresponde a la comunidad, especialmente en todo aquello que le afecta en forma más directa.

A pocos campos le afectan tanto como al de la educación.

Hoy, cuando tanto se habla de la participación, parecen olvidarse estos grandes avances que poco se reconocen. Como la institución más adecuada para que la comunidad pueda participar es el municipio, se procedió a traspasar la administración educacional a las municipalidades. Es necesario tener presente la estrecha relación que existe entre el sistema de educación municipal y la posibilidad de un plan variable en la enseñanza, el que puede renovarse o sustituirse de acuerdo con los intereses de la comunidad, con la planificación local y con los recursos humanos, materiales y de infraestructura factibles de obtener.

Esta posibilidad abrió enormes perspectivas a la educación en las diferentes regiones del país. La cercanía del municipio al establecimiento educacional permite la solución rápida y práctica de un sinnúmero de problemas que, tradicionalmente, afectaba a los establecimientos y que antes requería de meses para ser solucionados.

La agilidad del sistema, comparada con la burocracia anterior, es sin duda, una de las primeras virtudes que se han comprobado. En el convencimiento del rol subsidiario del Estado, se favoreció la creación de escuelas particulares subvencionadas. Este impulso está en armonía con las normas aprobadas en la Constitución, especialmente las relativas a la libertad de enseñanza y al derecho a la educación.

Se estableció un sistema expedito para la creación de establecimientos. Como se dirigió la educación más hacia el mundo del trabajo, mediante la formación técnico-profesional, se relacionó en forma estrecha con las actividades productivas afines, a través de la participación de dichos sectores en la administración de los establecimientos. Este rumbo abre enormes perspectivas de desarrollo. Su consolidación debe ser prioritaria, pues queda mucho por hacer en este campo. Estamos seguros de que es una eficiente vía para que los alumnos salgan capacitados en distintas áreas de la producción y para que accedan al trabajo con mayor calificación y mejores posibilidades de contratación.

Estos son avances innegables en el campo de la educación. A través de ellos se ha logrado el primer paso: el ciento por ciento de cobertura en la educación básica. Así, Estado y particulares, abordando ambos sus campos específicos y colaborando en conjunto, pudieron llegar a ese resultado.

Para que los países avancen sólidamente, las etapas deben abordarse con cuidado y secuencialmente. El primer paso está dado, ahora hay que dar el siguiente: el profesorado, al que estamos hoy abocados. Mejorar sus remuneraciones, darles el justo sitial en la sociedad y cautelar sus intereses es ahora la meta.

Pero no debemos olvidar lo ya conseguido. No podemos, ni debemos ni aceptaremos que la descentralización ni la iniciativa privada se vean disminuidas, ya que han demostrado, salvo fracasos excepcionales, susceptibles de corregir, que son eficientes para entregar educación a nuestros hijos y para liberar al Ministerio de Educación de tareas que sólo le distraen recursos de sus responsabilidades indelegables, cuales son la función ñor- mativa y supervisora de la educación nacional.

Surge, entonces, la necesidad, que entendemos, favorecemos y patrocinamos, de hacer un Estatuto Docente. Este ha sido un gran anhelo de los profesores del país. También fue una bandera de lucha en las últimas elecciones. Todos fuimos testigos de la demagogia utilizada y aquí está el resultado. Inmediatamente brotan algunas preguntas al respecto. ¿Fueron consultadas las bases con relación a la proposición del Gobierno? ¿O estamos viendo, una vez más, aquella añeja y nefasta política de las decisiones cupulares? Decididamente, no.

Todos los aquí presentes hemos tomado contacto con los profesores de nuestros distritos y ha sido generalizado el malestar demostrado, pues ellos no tuvieron conocimiento alguno del proyecto presentado por el Gobierno en esta Cámara.

Si se cree en la iniciativa privada y en el rol subsidiario del Estado, como tanto han repetido en el extranjero los propios funcionarios del Gobierno. ¿Qué sucede con los establecimientos particulares subvencionados? ¿Por qué normas distintas si el financiamiento es igualmente esta-tal? ¿Es que se cuestiona la idoneidad de los actuales directores de establecimientos educacionales, a tal punto de requerir su renuncia para llamar a concurso público?

¿No sería mejor que, una vez producida la vacante, por el motivo que fuere, en ese momento procediera a seguir el sistema propuesto? ¿Es eso dignificar a los profesores? ¿O los actuales directores no merecen tal consideración? ¿Qué mente tan equivocada puede siquiera pensar que todos los directores actuales fueron políticamente seleccionados o no tienen idoneidad para ejercer el cargo? ¿Se cree realmente en la descentralización y en el poder de la base social que se da en los municipios? ¿O es sólo declaración de buenas intenciones? Si es así, ¿por qué tantas atribuciones al Consejo Provincial?

La educación del país y, en forma especial, los involucrados directamente en ella, como son los alumnos y docentes, nos exigen el máximo de creatividad para no retroceder, sino avanzar en búsqueda de una igualdad de oportunidades para todos.

Hago un llamado a los Honorables colegas de la Concertación, para que valoren lo ya realizado y cuenten con nosotros, los Diputados de la UDI, con nuestro voto favorable a la idea de legislar y así profundizar y buscar soluciones reales, sin demagogia ni alejados de las disponibilidades del país, ni a espaldas de los signos de los tiempos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, nos vamos a pronunciar derechamente por aprobar, en general, el Estatuto Docente, no porque nos satisfaga plenamente, sino porque simplemente significa un paso fundamental en este largo proceso de reconstruir la dignidad de los profesores de Chile.

Qué lejos estamos de aquellos largos años en que los profesores fueron la carne de cañón del gobierno autoritario. Lo que voy a decir, señor Presidente, no es para molestar ni ofender a nadie, sino para señalar los pasos que ha ido conquistando el profesorado chileno, en su lucha por su justa reivindicación.

Qué lejos estamos, por ejemplo, de aquellas directivas que el Señor Presidente de la República de aquel entonces, daba al Ministro de Educación un día 6 de marzo de 1979, en que establecía que en la carrera docente los profesores gozarían de un premio nacional de educación, becas en el extranjero, cursos de perfeccionamiento, facilidades de turismo y viajes de estudio, ingreso a la carrera diplomática como agregados culturales. Se decía: la carrera docente será perfeccionada a través del Colegio de Profesores, para lo cual hay plazos hasta el mes de junio. La dictadura manejó a su amaño a ese Colegio de Profesores hasta el año 1986.

Qué lejos estamos dé cuando las directivas presidenciales decían, por ejemplo, que abrimos el camino para el enaltecimiento social del Magisterio con la creación del Colegio de Profesores; sentamos la base para una tarea concertada de progreso educacional, como la que hoy iniciamos estableciendo la carrera docente, la cual fue pan para hoy y hambre para mañana.

Qué lejos estamos de cuando en las directrices se hablaba de que la planificación nacional en educación, respetaría la libertad religiosa, de pensamiento y técnico-pedagógica; pero, escúchese bien, en el solo, pero estricto marco de la declaración de principios del Gobierno de Chile y del objetivo nacional.

Qué lejos estamos cuando se decía que todo el sistema educacional estaría guiado por el humanismo cristiano, que se expresa en la declaración de principios de la Junta de Gobierno de Chile y en los objetivos nacionales.

Hoy existe consenso nacional sobre el deterioro de la educación, imposición autoritaria de las políticas educativas durante el régimen de fuerza, menoscabo de la dignidad del profesor, bajos salarios, inseguridad profesional, arbitrariedad de los alcaldes y funcionarios sin ningún control social; fracaso de la alcaldización en lo técnico, en lo pedagógico, en lo financiero y en lo administrativo; repliegue del Estado en el campo educativo, hasta no cumplir este deber fundamental de ser responsable del proceso educativo; procesos de exoneración que no han tenido parangón en las historia de Chile, campaña de desincentivación de la actividad pedagógica, denuncia de exceso de profesores, cosa que no había conocido la historia de profesorado chileno; carencia absoluta de participación, Colegio de Profesores manipulado, bajo nivel de implementación tecnológica, falta de recursos humanos.

El SIMCE, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, y el PEV, Programa de Evaluación del Rendimiento Escolar, fueron desnudando la realidad de nuestra propia educación. De nada valieron las directivas presidenciales, las cuales hoy no son otra cosa que palabras que se lanzaron al viento desde la fortaleza del poder.

Lo anterior produjo, como dijo el propio Presidente del Colegio de Profesores: "Una sequía cultural abismante para buscar nuevos contenidos, nuevas metodologías, nuevos objetivos para el sistema educacional. La depreciación del trabajo docente ha contribuido al deterioro de nuestra educación".

Frente a esta realidad que se heredó, hoy no nos queda otra cosa que valorar el significado del Estatuto Docente en la carrera de dignificación del Magisterio nacional. Por eso, nadie se ha opuesto al Estatuto Docente, porque estamos convencidos de que es un paso fundamental en el camino que tenemos que seguir construyendo junto con los actores de la educación que son los profesores.

Estos actores del desarrollo de la educación son los verdaderos participantes que debe considerar hoy día el Estatuto Docente que estamos estudiando, para encontrar una real dignificación de la profesión docente y un mejoramiento cualitativo del servicio educacional.

Por eso, decimos que hoy la primera tarea es la promulgación del estatuto nacional de la carrera docente. El sentido de un estatuto es el reconocimiento del carácter profesional de la docencia, normativa legal que proteja y regule la función del educador.

Requerimos el Estatuto Docente para cautelar el principio de la estabilidad laboral, que cubra a todos los profesionales de la docencia en todos los niveles que integran el sistema escolar. Se trata de organizar la vida profesional del Magisterio desde su ingreso hasta su jubilación, cautelando la existencia de una carrera docente-profesional, cuya movilidad y promoción esté ligada al mérito académico, al perfeccionamiento docente que reconozca la excelencia profesional y, a partir de ella, se estructure un sistema nacional de remuneraciones que termine con la anarquía del deterioro de los salarios.

Algunos han dicho que este importante avance en la vida y desarrollo del Magisterio nacional, no significaría una verdadera carrera, un paso significativo en las materias que estamos abordando.

Quiero recoger los aspectos fundamentales que el Estatuto entrega a los profesores de hoy día.

Fija el ámbito de aplicación del Estatuto Docente, establece quienes son profesionales de la educación y quienes pueden ejercer la docencia; contiene las materias que el mismo Estatuto norma; determina las funciones de los profesores, de los profesionales de la educación; define las diversas funciones docentes, precisa como requisito la educación superior para ejercer la docencia; fija las áreas fundamentales que debe involucrar el sistema de formación de profesores; enumera los requisitos para ejercer la docencia; crea el derecho a acceder al perfeccionamiento profesional; asegura la calidad del perfeccionamiento profesional a través del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor Diputado.

El señor CARRASCO.-

En definitiva, establece las condiciones fundamentales para que los profesores puedan seguir avanzando en la dignificación de su propia carrera y en el proceso de construir una nueva educación para Chile. Por eso, sin perjuicio de que continuemos buscando la dignidad de los profesores, apoyamos el Estatuto Docente porque creemos que es la única forma seria de consolidar un sistema educacional responsable.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dionisio Faulbaunú.

El señor FAULBAUM.-

Señor Presidente, sin duda, el hecho de que se promueva un estatuto regulador de la función docente constituye un atesorado anhelo de los maestros chilenos.

Sí, señor Presidente. Después de muchos años de luchas e incomprensiones, y hasta ignorancia de los sectores que ostentaban el poder, hoy, junto a la democracia, se vislumbra la posibilidad de contar con un cuerpo legal que deberá favorecer la dignificación social, profesional y económica del Magisterio, con una preocupación final, que no es otra que una educación adecuada para los jóvenes que en su momento construirán el futuro de nuestra Nación.

Sabida es la preocupación de nosotros, los radicales, por este tema. Y no puede ser de otra manera, porque hemos aprendido que la educación, como hecho social que es, derivada de la existencia misma de la sociedad, se identifica con el esfuerzo de todo organismo social por perseverar en su esencia mediante la renovación de su propia vida.

En efecto, la educación es la que permite que el tipo de existencia y la fisonomía cultural de la comunidad, un sistema de principios, una imagen del hombre y una escala de valores, se reproduzcan y prolonguen en la materia plástica de las generaciones nuevas, como señalara el preclaro educador don Roberto Munizaga.

Así, entonces, nuestra particular preocupación por el tema de la educación, en ningún caso se podría relacionar con provechos pasajeros que pudiesen lograrse, al defender una actividad relevante de quehacer nacional en vista de respuestas electorales.

Nuestra preocupación se relaciona con la convicción del deber de reconocer la educación como el más alto de los intereses sociales, en tanto en ella va el destino y la existencia de la Nación toda.

Con estas cortas consideraciones, quisiera aprovechar la oportunidad para apuntar al fondo del problema de la educación.,

En primer lugar, se puede convenir que hay educación cada vez que hay recepción de experiencia, sin perjuicio de la elaboración y creación del receptor.

Se conviene también que la educación puede ser dividida en dos grandes campos o ámbitos, llamados de la educación formal y de la educación refleja.

El ámbito de la educación refleja es enorme y extraordinariamente señero en sus primeras experiencias. El primer núcleo de la formación es la familia, a la que se suman las amistades, el club, el sindicato, el taller, la asociación, el partido político, la iglesia, los medios de comunicación social y muchos más.

En cambio, la educación formal tiene su expresión en la escuela; es- decir, en toda forma sistemática y organizada de enseñanza.

La realidad demuestra que la educación refleja tiende a la disgregación de la sociedad, por cuanto las experiencias en la familia, el club, el partido político, etcétera, tienden a ser marcadamente diferentes para los distintos sectores de la sociedad, y frente a esta realidad, es indispensable encontrar elementos aglutinantes que quiebren las fuerzas de la disgregación y permitan la indispensable cohesión nacional. Creemos que la posibilidad de crear esta cohesión nacional será a través de una educación formal, común y nacional. Aceptando esto, se hace necesario que un ente posibilite, impulse y cultive este tipo de educación común; un organismo al cual la Nación toda está sometida, un organismo que está para servir a la Nación y que se integra por todos y cada uno de sus componentes, cuya razón última de ser y su finalidad es el bien común. Creemos que el único ente de la sociedad que posee estas características es el Esta-do. Ni un partido político, clase o estrato socioeconómico, ni una iglesia, pueden asumir la responsabilidad de la educación nacional.

La característica de cada uno de estos entes es ser parciales, de sector; representan un interés específico que puede ser legítimo, pero no pueden asumir ni aspirar a una educación globalizante. De esta suerte, la educación nacional es una función propia, necesaria e indelegable del Estado. Siendo estos conceptos tan antiguos y permanentes como el pensamiento humano sistemático, y estando incluso, integrados a los pensamientos libertarios e independentistas, que fueron la base cultural de nuestra formación nacional, lo que explica que por 150 años fue consagrado en los textos constitucionales, sin embargo, desaparecen bajo el alero del Gobierno de la dictadura. Revivir la cuestión no es una remembranza anacrónica, ^ino recoger un principio que ha estado siempre presente y ligado al ser mismo de la república. Creemos en una educación nacional, donde se encuentren los hijos de todos los miembros de la sociedad, y en donde este encuentro sirva para que estos hijos se conozcan, intercambien experiencias y reciban una educación común. ¿Por qué educar haciendo separaciones odiosas, desde los primeros pasos de los hijos de nuestra Nación? ¿Por qué ahondamos las diferencias sociales, políticas e incluso religiosas, promoviendo la desintegración de nuestra Nación? Hoy día, el panorama es triste. La educación pública, la educación para todos, está siendo la educación empobrecida, mientras paralelamente se desarrolla una educación de élite, sólo para algunos. Y lo que es más curioso, esta última educación, financiada con el esfuerzo de toda la Nación. En otras palabras, la Nación toda está entregando, a mi juicio, su aporte económico para mantener y cultivar la desintegración paulatina de nuestra sociedad. Por estas razones, los radicales enarbolamos hoy nuevamente las banderas del estado docente, porque sólo de esta forma haremos una educación que permitirá construir una sociedad solidaria, que se abra espacio al desarrollo en forma integral.

Hoy día, que se está discutiendo en la Cámara el estatuto regulador de la función docente, no podría dejar pasar la oportunidad para referirme al amplio tema de la educación, de modo de sustentar mi voto en el hemiciclo. A partir de lo anterior, siento la obligación de señalar que el problema de fondo, que se relaciona directamente con la dependencia de la educación, continúa pendiente. Mantener esta situación de incerteza, a mi juicio, es peligroso, y sumo a lo anterior que considero prioritario su tratamiento y debate como intento previo para mejorar la educación chilena. Por lo mismo, que se analice la cuestión específica del Estatuto Docente sin ver el problema de fondo, lo graficaría como intentar construir un edificio a partir de los pisos superiores. En todo caso, mantengo la esperanza de que el edificio deteriorado de la educación aún tenga fuerzas suficientes para sostenerse. Por las razones antes descritas y dado que el Estatuto Docente no está llamado a resolver el problema de fondo -a mi juicio, consolida el sistema de educación municipalizada que nos llevará a tener escuelas y liceos donde, de acuerdo al criterio edificio, se siembren en forma prematura ideologismos que coartarán el ejercicio oportuno de la libertad de elegir-, no creo que estén dadas las condiciones para votar favorablemente el proyecto y, por lo tanto, me sumaré al voto de abstención de los demás Diputados radicales.

Sin embargo, como última consideración, debo decir, en honor a la verdad, que uno de los Diputados del Partido Radical, el señor Devaud , que no tuvo oportunidad de hacer uso de la palabra para fundamentar su votación, votará favorablemente esté Estatuto Docente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.

El señor TOHA.-

Señor Presidente, al discutir hoy el Estatuto Docente en el Congreso Nacional, palpamos otro signo del nuevo tiempo que vive nuestra Nación.

Fueron muchos los años en que los profesores y profesoras de nuestro país esperaban y demandaban un Estatuto que se generara democráticamente, que dignificara su profesión y que, a la vez, permitiera mejorar la calidad de la educación. Hoy, después de muchos años, este Parlamento debate las normas que regulan la labor de los profesores. Durante el Gobierno anterior, no hubo participación de los profesores en la generación de sus propias normas. El solo hecho de que estemos discutiendo hoy este cuerpo legal, constituye una circunstancia que dignifica la labor del profesorado y pone esa profesión en el nivel que le corresponde: en el centro del debate nacional.

Son muchos los homenajes que se le han rendido al profesorado, y muchos los discursos y alabanzas. Sin embargo, ellos esperan una respuesta a sus necesidades profesionales, como personas que necesitan un sustento económico digno, como maestros que tienen una función que va más allá del repetir y transmitir conocimientos, como grupo social que tiene un papel que jugar en el desarrollo económico, social y cultural del país.

No aspiramos a que esta intervención sea un homenaje, el que sin duda sería muy merecido, sino una declaración de compromiso, en este * debate legislativo, con el conjunto del profesorado, para buscar las formas más adecuadas en respuesta a sus demandas. Valoramos positivamente los contenidos del Estatuto Docente que nos propone el señor Presidente de la República, el que encierra varias ideas centrales que tienden a lograr una educación de calidad y equitativa, al propender a hacer desaparecer las grandes diferencias actuales que perjudican a los sectores más modestos.

Esta iniciativa también persigue consolidar un sistema educacional que valorice la descentralización, al permitir cauces de participación real y efectiva. En este sentido, nos parece especialmente relevante el párrafo tercero del título II que se refiere a este importante aspecto y que junto con otras disposiciones, tiende a mejorar las condiciones de trabajo, las remuneraciones y la dignificación de la profesión docente.

Es así como permite considerar al profesor como un profesional que debe hacer aportes al proceso educativo, a quien debe respetársele su autonomía en el ejercicio de su alta función.

En el ámbito laboral, es de gran importancia el establecimiento de la carrera docente, en virtud de la cual los profesores, salvo los del sector particular, salen del ámbito del Código del Trabajo y tienen su propia regulación de ingresos, de egresos, de derechos, de obligaciones y de condiciones de trabajo.

Especialmente relevante nos parece la serie de asignaciones que se establecen, las que permiten no sólo mejorar el ingreso de estos profesionales, sino que reconocer su experiencia y promover su perfeccionamiento.

Para los distritos en que hay un gran número de comunas rurales y altos índices de pobreza, es muy trascendente la asignación por el desempeño en condiciones difíciles, ya que permitirá mejorar la calidad de la enseñanza y motivar a que muchos profesores opten por servir en estas localidades marginadas.

Entendemos que vivimos un proceso en el cual es necesario cumplir etapas.

Por esto, apoyamos tan importante proyecto para el país y para los profesores.

Si se han formulado algunas críticas, ellas podrán ser consideradas y discutidas con posterioridad, para así ir perfeccionando esta legislación en las sucesivas etapas del desarrollo social y económico del país y de nuestra institucionalidad democrática.

El Ejecutivo, al enviar este proyecto al Parlamento, busca hacer justicia a este sector tan importante como postergado de nuestra sociedad. Nuestra bancada, al darle su aprobación, busca retribuir al aporte valioso y abnegado de los profesores en la educación y en la formación de los niños y de los jóvenes de nuestra patria.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Caminondo.

El señor CAMINONDO.-

Los parlamentarios de Renovación Nacional, deseamos lograr a la mayor brevedad la dictación de un Estatuto regulador de la función docente, que constituye un anhelo y legítima aspiración del profesorado chileno. Por ello votaremos favorablemente la idea de legislar sobre el proyecto de Estatuto Docente. Sin embargo, el proyecto no satisface las aspiraciones del profesorado y es negativo en varios aspectos, por lo que hemos presentado di-versas indicaciones orientadas a perfeccionarlo.

Consideramos necesario, en el inicio del trámite legislativo de este proyecto, dar a conocer a esta Honorable Cámara, y particularmente al Magisterio Nacional, la posición nuestra sobre algunos aspectos relevantes.

1°. Nos opondremos a diversos artículos en los cuales a través del proyecto se le da una excesiva injerencia al Ministerio de Educación en diversas materias, especialmente, a través de los departamentos provinciales de Educación.

22. Estamos convencidos de que es de suma importancia que al interior del sistema educacional chileno exista una carrera docente, que reconozca los méritos de los profesionales de la educación y que a la vez los motive a un mayor perfeccionamiento.

En el proyecto del Gobierno no se contempla una auténtica carrera docente, especialmente en el caso de los profesores del sector municipal. No se considera adecuadamente la eficiencia, los aportes, la iniciativa y el esfuerzo individual. Más aún, se establece un piso de remuneraciones que limitará seriamente el desarrollo y las posibilidades de optar a mejores remuneraciones.

El mejoramiento de remuneraciones del proyecto induce a engaño, pues parece recoger el anhelo del profesorado al fijar una remuneración básica mínima nacional a la que tendrán derecho los profesionales de la educación, pero ésta no alcanza a cubrir el valor promedio mensual que hoy existe. En efecto, dicho proyecto propone un valor hora de $ 1.900 y $ 2.000 para la educación básica y media, respectivamente, en circunstancias de que el valor promedio actual es mayor que el propuesto.

Lo anterior motivó a los Diputados de Renovación Nacional a solicitar al Ministerio de Educación el reestudio de estos valores con el fin de aumentarlos.

Agregado a lo anterior, consideramos que el valor mínimo de la hora cronológica debe fijarse en un porcentaje de la Unidad de Subvención Educacional, a fin de asegurar un sistema de reajustabilidad para todos los profesores, tanto municipales como de educación particular subvencionada.

Los recursos que el Gobierno ha dispuesto para financiar el mayor gasto que implica el Estatuto, se entregarán por vía de las subvenciones. Nos preocupa que hasta la fecha el Gobierno no haya presentado el proyecto de aumento de las subvenciones qué prometió después de dar a conocer el proyecto del Estatuto Docente. En la Ley de Presupuestos sólo se contemplan los reajustes normales de las subvenciones como consecuencia del aumento del I.P.C.; lo que actualmente es insuficiente, aun sin considerar los mayores gastos contemplados en el Estatuto Docente.

Con respecto a la situación previsional, nos parece adecuado que el proyecto recoja la inquietud planteada, tanto por la Cámara de Diputados como por el profesorado, respecto a establecerla imponibilidad del 100% de la remuneración. Sin embargo, creemos con igual fuerza que el Gobierno debe realizar el esfuerzo económico necesario para que dicha medida se aplique en forma inmediata, una vez que tenga vigencia la ley, en forma gradual hasta 1995, como lo expresa el proyecto.

Si bien es cierto que el Gobierno contempla en su normativa el derecho a perfeccionamiento que tienen los profesores, éste, lamentablemente, no pasa de ser una hermosa declaración romántica, que no se hará efectiva mientras no existan recursos disponibles. En gobiernos anteriores existieron iguales declaraciones de buenas intenciones, las que nunca se concretaron precisamente por falta de recursos. Por esto, estimamos que este derecho debe quedar reflejado en un porcentaje de la unidad de subvención, con el objeto de asegurar a los maestros su perfeccionamiento y actualización permanentes.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Rodríguez, don Alfonso.

El señor RODRIGUEZ (don Alfonso).-

E1 Estatuto Docente, de acuerdo con lo señalado en el mensaje, busca incentivar la equidad en la educación mediante la normativa de diferentes requisitos, deberes, obligaciones y derechos de carácter profesional de los docentes que presten servicios en los establecimientos de carácter municipal o particular reconocida.

Sin embargo, el proyecto no establece una carrera docente con escalafones y ascensos. El aumento de las rentas es a través de asignaciones especiales, que incrementa la renta mínima nacional, de experiencia, perfeccionamiento, desempeño difícil y de responsabilidad.

El proyecto no incentiva la creatividad ni tampoco el desempeño funcionario.

Con este Estatuto Docente se favorecerán los docentes recién ingresados al sistema educacional municipalizado o particular reconocido, dejando fraguadas las expectativas económicas a los profesores con más años de servicios, debido a que cualquier diferencia producida de la operación aritmética, al multiplicar las 44 horas, cronológicas por el valor asignado en dicho Estatuto, le garantiza un sueldo base por la suma de $ 88.000 mensuales, y el resto de sus actuales sueldos será imputable a las asignaciones anteriormente descritas.

Además, como si esto fuese poco, en el artículo 32 transitorio se pretende hacer una gran barrida nacional de los actuales Directores de Escuelas, llamando a concurso de todos los cargos directivos docentes.

Esta disposición va a perjudicar a los actuales Directores designados por los respectivos municipios después "y antes" del traspaso, dejando de manifiesto que ésta será la primera etapa para ubicar en los cargos a personas políticamente comprometidas con el actual régimen.

Renovación Nacional, rechaza esta maniobra de persecución política. Por lo tanto, votaremos en contra de este artículo, cuando corresponda la discusión particular del proyecto.

Finalmente, hecho este alcance, reconocemos la importancia de la existencia de este Estatuto para la educación nacional, que, aun siendo perfectible, viene a responder un sentido anhelo del profesorado chileno y a perfeccionar el sistema de educación descentralizado instaurado por el régimen anterior. Tengo confianza en que las distintas bancadas parlamentarias, como asimismo el gobierno, reestudiará, en un futuro próximo, nuevas medidas que mejoren sustancialmente los alcances anteriormente planteados.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, deseo agregar a lo expresado por los Diputados de Renovación Nacional, el antecedente de que para el próximo año la Ley de Presupuestos no le entrega ninguna prioridad a la enseñanza prebásica, básica y media, beneficiándose, eso sí, en una proporción relativa muy importante a la educación universitaria.

Queremos que en el futuro, la enseñanza prebásica, básica y media se considere desde el Gobierno en igual o superior medida que la profesional y universitaria.

Por ahora, en términos generales, el costo total estimado del Estatuto Docente es de $ 10.525; $ 15.776; $ 24.850; $ 29.920 y $ 38.740 (en miles de millones) para los años 1991 a 1995, inclusive. Estos montos en proporción al presupuesto nacional son mezquinos y no guardan ninguna relación con el esfuerzo que Chile tiene que realizar obligatoriamente en el mundo nuevo en que caen los socialismos estafetas y centralistas y que desencadenan las fuerzas de la libertad en todos los ámbitos.

En América Latina, todos los países, a excepción de Cuba por ahora, están tomando, especialmente nuestros vecinos, el camino por el que Chile ya ha avanzado en estos años. Esta realidad nos obliga a actuar en lo concreto, en los hechos y no en discursos y documentos que pretenden normar, a toda carrera, temas de la mayor importancia para nuestro futuro.

En mi distrito, el profesorado espera aún todos los aportes y perfeccionamientos que son evidentes para este proyecto de Estatuto Docente del Gobierno.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Alvarez-Salamanca.

El señor ALVAREZ-SALAMANCA.-

Señor Presidente, como profesor no puedo dejar pasar la oportunidad de referirme a una materia tan importante como es la legislación acerca del Estatuto Docente, que pretende regular la vida de trabajo de los profesores desde sus inicios hasta su merecido descanso, después de largos y sacrificados años dedicados a formar a la juventud, que en definitiva es la que tiene la responsabilidad de hacer más grande cada día la Nación.

Deseo hacer algunos alcances que creo convenientes tener en cuenta en la próxima discusión, en particular del proyecto que vamos a aprobar en general esta tarde.

En primer lugar, considero esencial que la mujer profesora deba jubilar a los 25 años de trabajo, y el hombre, a los 30. Esto es necesario porque toda la vida del profesor se desenvuelve a través de un trabajo intelectual muy grande, que indudablemente con el tiempo agota a la persona.

En segundo lugar, el proyecto debe velar por la estabilidad del profesorado, ya sea municipal o particular. En tercer lugar, aunque sé que no tenemos iniciativa sobre el tema presupuestario, me gustaría dejar planteado en esta Sala, el hecho de que es necesario que el mejoramiento de los ingresos no se haga en los plazos que establece el Estatuto, sino que el 100 por ciento del mejoramiento de las rentas se establezca de inmediato y que el sueldo mínimo promedio que el Ejecutivo ha mejorado a 2 mil pesos, sea no inferior a 2 mil 500 pesos. Digo esto porque sé que el país está en condiciones de solucionar definitivamente el sueldo de los maestros. Las exportaciones siguen aumentando, la Reforma Tributaria entregará fuertes aportes al Estado este año que viene, la inversión extranjera crece en Chile, de manera que, responsablemente, puedo afirmar que el Gobierno tiene los elementos para solucionar de una vez por todas el sueldo del profesorado.

En cuarto lugar, el Estatuto Docente debe regular, además de las vacaciones de verano, las vacaciones de Fiestas Patrias y de invierno, de manera que ellas queden establecidas dentro de los contratos de los profesores.

En quinto lugar, aquellos profesores que ocupan cargos directivos que lo han hecho por muchos años y que han trabajado en forma responsable y tesonera, no tienen por qué perder su cargo una vez que se ponga en vigencia el nuevo Estatuto Docente. Esos cargos directivos deben ser llenados por concurso y así lo debe contemplar el Estatuto, sólo una vez que se produzca la vacante.

En sexto lugar, el Estatuto Docente debe contemplar, en algún acápite, al personal administrativo y paradocente de los distintos establecimientos educacionales. Ellos son parte vital en el trabajo escolar, por lo que también deben ver protegido su trabajo y notar que sus expectativas de vida mejorarán con el tiempo.

En séptimo lugar, la educación especial debe tener en el Estatuto un trato claro. Son muchos los niños que padecen de algún tipo de enfermedad que altera su educación normal. Para ello, los profesores que se dedican a trabajar con estos alumnos, trabajo que requiere una alta especialización, deben estar claramente sindicados en el Estatuto Docente.

En octavo lugar, deseo manifestar que los profesores se encuentran muy renuentes al sistema de calificaciones que establece el Estatuto. Es sumamente necesario que la Comisión de Educación llegue a un consenso sobre esta materia, escuchando al máximo de profesores posible. Este es un tema muy sensible.

Señor Presidente, en esta primera oportunidad he querido hacer sólo estas pocas precisiones, que me parecen muy importantes, y que están dirigidas con la mejor intención a que la Comisión estudie estas materias para que el Estatuto Docente realmente represente el anhelo de todo el profesorado nacional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, se han emitido aquí diversas opiniones y conceptos sobre el proyecto de Estatuto Docente. La gran mayoría expresa su respaldo, aunque dejando constancia de observaciones sobre las insuficiencias que este instrumento legal tendrá para satisfacer las expectativas y anhelos de los profesores chilenos. No me cabe duda entonces de que, mayoritariamente, se aprobará finalmente la idea de legislar sobre la materia.

Estoy seguro de que todos los integrantes de esta Honorable Cámara y también los Honorables Senadores, coincidimos en la justicia de entregar a los maestros de Chile, secularmente postergados, una compensación económica en sus rentas, acorde con la tan valiosa y a la vez hermosa función que desarrollan. La ciudadanía y el Presidente Aylwin , también lo quieren así. Sin embargo nos encontramos siempre con el grave inconveniente de la insuficiencia de recursos del Estado para colmar esas expectativas. Yo, desde esta alta tribuna, les pido comprensión a los abnegados profesores de todo el país, por esta imposibilidad de Chile de entregarles todo lo que se merecen.

El Estatuto Docente establece normas generales para ejercer la profesión magisterial, restituyendo especialmente la dignidad en sus cargos y su inamovilidad. A su vez, estatuye la obligatoriedad del perfeccionamiento del maestro, y su gratuidad. Nos parecen aspectos sobresalientes del proyecto, porque apuntan, por una parte, a la idea básica que la Iglesia Católica siempre ha sostenido como un derecho natural del hombre, y que la Democracia Cristiana asume con decisión: el derecho de los trabajadores a ser dueños, propietarios de su trabajo, con la única limitante de su idoneidad y responsabilidad en el desempeño del cargo. Y, por la otra, también como un derecho del profesor para acceder a su perfeccionamiento y superación profesional, a ampliar sus conocimientos y adquirir mayor cultura.

Ambos derechos incidirán consecuencialmente y con seguridad en la mejoría de la calidad de la enseñanza, tan deteriorada en los últimos años, según las mediciones del rendimiento escolar.

Algunos Honorables colegas de las bancas opositoras han tenido expresiones muy acerbas sobre este proyecto, especialmente por sus insuficiencias. Me hago un deber en expresarles, con toda buena fe y sin afán de zaherirlos porque los sé hombres de bien, que aun reconociendo su legítimo y democrático derecho a discrepar, han hecho manifestación de la más absoluta inconsecuencia.

Porque eran hombres de gobierno durante el régimen anterior no se opusieron a la exoneración de tantos miles de maestros; no se opusieron a la rebaja substancial, cercana al 50%, de los recursos que históricamente el Estado disponía para la Educación; no se opusieron a que se quitaran tantos derechos adquiridos por los profesores y que se rebajaran tan drásticamente sus rentas.

Llamo a los estimados colegas a la reflexión para que sumen sus voluntades e indicaciones positivas y alcancemos con este Estatuto Docente lo mejor que sea posible para los profesores chilenos.

Ciertamente no soy un entendido en la técnica pedagógica; pero en las tantas conversaciones con los maestros del distrito que represento, me han hecho manifestación de sus inquietudes y aspiraciones. Quiero recoger aquí una de ellas y la concreto presentando ahora la siguiente indicación al proyecto: "Que se contemple en el Estatuto la creación del cargo de paradocente en todas las escuelas del país, que sirva al- trabajo auxiliar en estadística, en llevar al día libros de clases, etc., que implican al maestro mucho esfuerzo, tiempo y, por ende, mayor dedicación frente al alumno".

Honorable Cámara:

Quiero, por último, aprovechar esta propicia ocasión para saludar y rendir homenaje a los profesores de Chile, y muy especialmente a los tan abnegados de las comunas de mi distrito: a los de Yumbel, Cabrero , Bulnes , Quillón , Coelemu , Ranquil , Trehuaco , Portezuelo , Cobquecura , San Nicolás , Ninhue , Quirihue , San Carlos , Ñiquén , y San Fabián de Alico. A todos ellos, desde este templo de la democracia chilena les digo: ¡Gracias, maestros, por formar y educar a los niños y jóvenes de la Patria!

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Yunge.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, y por ello, es una tarea nacional y de carácter prioritario en democracia.

Corresponde al conjunto de la sociedad hacerse cargo de la educación y concebirla como una gran tarea nacional que interesa a educadores y estudiantes, a las familias, al Estado, a las instituciones religiosas y a los distintos sectores sociales; en particular, a los actores de los campos intelectual y cultural.

No obstante, al Estado le corresponde asegurar el derecho a la educación, explicitar sus fines y objetivos, y crear las condiciones para una creciente igualdad de oportunidades. Con esto, el Estado se convierte en el garante de una educación universal y equitativa, que promueve el mejoramiento de su calidad y el aumento gradual de su cobertura, así como de la libertad de enseñanza para la gestión, administración y mantención de establecimientos educacionales.

Sin embargo, el mejoramiento de la calidad de la educación tiene como factor necesario, el pleno reconocimiento de la dignidad de la función docente, así como el apoyo y respeto de la sociedad para el óptimo cumplimiento de sus importantes tareas.

El profesorado nacional tiene la especial responsabilidad en la formación de los niños y jóvenes chilenos, y por ello requiere que su función sea reconocida por la sociedad.

Señor Presidente, durante el gobierno militar la educación fue un instrumento al servicio de la construcción de un orden social, en que primaron la atomización social, el temor ciudadano y la competencia individual, como mecanismos de regulación de la vida social.

El control absoluto de la educación y su adaptación al proyecto socio-político autoritario se convirtieron en los principales objetivos de las políticas, públicas implementadas en materia educativa en los últimos 16 años.

Estas reformas-autoritarias están cruzadas por los siguientes elementos comunes:

a)Un deterioro de la calidad de la educación impartida, particularmente en lo que se refiere a los sectores medios y populares, la que presenta innumerables atrasos con respecto a la evolución científica y tecnológica de la sociedad actual.

b)Un funcionamiento vertical y autoritario de la administración educacional, acentuado mediante la "alcaldización" (municipalización gestionada políticamente por los alcaldes) de la educación, que significó el traspaso de la gestión de las unidades educativas a funcionarios gubernamentales, los que han actuado impositivamente sin ningún tipo de control ciudadano.

c)La difusión de un modelo cultural centrado en la atomización de la vida social, en la que las escuelas preparan para el éxito individual en la sociedad, transformando el espacio educativo en una zona de competencia que prepare para el mercado.

d)Un repliegue del Estado respecto de su rol educativo. Por una parte, abandona la responsabilidad de los servicios educacionales y, por la otra, se reduce drásticamente el gasto público en este aspecto.

En este cuadro desolador, no resulta extraño que un alto número de jóvenes deserten anualmente del sistema educacional, ya sea en el tránsito de la enseñanza media o en el transcurso de esta última. Estos jóvenes tienen en teoría un nivel de escolarización alto, pero sus habilidades son insuficientes para integrarse al mercado laboral.

Asimismo, el menoscabo de la dignidad profesional de los educadores chilenos, quienes trabajan rodeados de una atmósfera de inseguridad y bajos salarios, repercute negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En síntesis, es imprescindible que el sistema educativo vuelva a ser un mecanismo de integración social de carácter democrático, en el que las familias chilenas vean en el campo educativo un vehículo de mejoramiento de la calidad de vida y de ascenso social, merced a la creatividad intelectual de sus hijos.

Entre las propuestas planteadas por las bases programáticas de la Concertación, como necesarias para la reorganización democrática del sistema educativo, sobresale aquella que plantea el "mejoramiento y dignificación de la función docente", como la manera de restablecer la motivación, la confianza y la autonomía profesional de los maestros, quebrantadas brutalmente por el régimen autoritario.

La sociedad chilena tiene una deuda con el Magisterio nacional, y ha llegado el momento de establecer las bases adecuadas de profesionalización y la reglamentación de una vida académica del docente, que propenda a su dignificación social.

Producto de las políticas educativas impuestas por el gobierno militar, el profesorado chileno (125.000 profesionales de la educación) han vivido en la más absoluta indefensión y desprotección legal. La aplicación de las reglas del mercado al campo educativo significaron el imperio del Código del Trabajo como mecanismo de regulación legal; es decir, el profesorado ha sufrido una fuerte inestabilidad laboral, dependiente de alcaldes, que no poseen legitimidad democrática, que intentaron manipular ideológicamente la educación, lo que Significó, en los años 80, la exoneración de más de 15.000 profesores en el sector municipal.

También, con bajos salarios, sin posibilidades de mejoramiento, ante la drástica reducción del gasto público en educación, ocurrido en la década pasada; sin mecanismo que fijara su reajustabilidad, ello significó una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del profesorado del orden del 35%.

Sin estímulo al perfeccionamiento, sin acceso a los mínimos derechos funcionarios; en suma, el profesorado -producto del gobierno militar- vivió una atmósfera de inseguridades, de incertidumbres y de falta de reconocimiento social a la función docente.

Por eso, en el marco de este debate parlamentario, parece un oportunismo político, que los alcaldes de ayer levanten su voz para defender al profesorado; cuando ayer, como funcionarios de confianza del gobierno militar, ejecutaron las políticas educativas que significaron profesores exonerados, deterioro salarial y profesional del Magisterio chileno. Hoy levantan su voz, cuando ayer callaron.

Pero lo más grave, para nuestra sociedad, es que la educación chilena debe superar su crisis cualitativa. Debe remediar este grave "dualismo educacional", de que haya una educación de buena calidad para una minoría y una educación de mala calidad para la mayoría de los niños y jóvenes de clases medias y populares.

Por ello, un Estatuto Docente debe apuntar a crear una atmósfera de tranquilidad laboral y de estímulos profesionales, que ayuden al profesorado a recobrar su dignidad profesional.

Este Estatuto Docente crea una carrera profesional para el profesorado municipal (65.000 profesores) que ordenarán y mejorarán su acción profesional.

Este Estatuto Docente establece una remuneración básica nacional de $ 57.000 para profesores de enseñanza básica y $ 60.000 para profesores de enseñanza media, que, ciertamente, es bajo frente al necesario reconocimiento económico que reclama el profesorado; pero que, en marzo de 1991, significará mejorar salarialmente a 22.000 profesores del área particular subvencionada y a 17.000 profesores en el área municipal. Ello revela la dramática situación salarial en que vive el profesorado.

Por ello, este Estatuto Docente es un paso real, significativo en referencia a la realidad actual, pero insuficiente frente a las necesidades ideales. Como lo ha señalado el Colegio de Profesores, este proyecto es "un avance, un salto hacia adelante en el camino de redignificar la profesión docente".

Señor Presidente, el Estatuto Docente apunta al pleno reconocimiento de la función docente y, por ello, establece aspectos profesionales relevantes para el mejoramiento de la educación, a saber:

a)La restitución del carácter universitario de las carreras de pedagogía;

b)El derecho al perfeccionamiento profesional, en cuanto la formación del profesor coadyuva al proceso de mejoría educativa;'

c)El derecho á la participación de los educadores en organismos técnicos en los que se expresará su opinión profesional;

d)La autonomía de la función docente, en cuanto expresión de la libertad de enseñanza, y

e)La necesaria evaluación del desempeño profesional.

En los aspectos laborales se distingue entre los profesores del sector municipal que tendrán carrera de derecho público, y el sector privado, donde se amplían las especificidades del trabajo docente de la Ley NQ18.602.

De esta manera, se garantiza a los educadores del sector municipal una carrera profesional a la que se ingresa por con curso público, y en la que se gozará de las siguientes prerrogativas:

a)Derecho a una remuneración básica para cada nivel del sistema educativo;

b)Derecho a asistencia médica, feriados, licencias y permisos de acuerdo con el Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales;

c)Feriados legales en los meses de enero y febrero;

d)Estabilidad laboral en su cargo;

e)Establecimiento de una carrera profesional, con asignaciones especiales.

A su vez, los profesores del sector particular-subvencionado y privado tendrán un contrato docente específico, que primará por sobre las disposiciones del Código del Trabajo.

En síntesis, el Estatuto de la Profesión Docente, en sus aspectos profesionales y contractuales, es un importante aporte en la tarea nacional de reorganizar democráticamente al alicaído sistema educacional chileno, herencia triste de un gobierno autoritario, insensible y fracasado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ojeda.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, no puedo dejar de expresar mi satisfacción por el proyecto que el Ejecutivo ha enviado a esta Cámara y que se refiere a la estructuración del Estatuto Docente.

Por primera vez un Congreso Nacional en Chile se pronuncia sobre esta materia.

Si bien contempla un régimen jurídico que regula derechos de los profesores que asegura expectativas lógicas y justas, no satisface plenamente los deseos de los miles de profesores del país. Pero es un gran paso el que se ha dado.

Sobre la base de este Estatuto de un perfeccionamiento futuro, de las modificaciones que de acuerdo con las nuevas necesidades puedan hacerse, podrá darse plena satisfacción a los anhelos de los profesores.

La aprobación de este Estatuto constituye una garantía y un resguardo de los derechos de los profesores del país. Si este Estatuto hubiese existido, no se habrían cometido las injusticias, derivadas de atropellos y arbitrariedades del anterior régimen, y se habrían evitado las miles de exoneraciones. La dignidad del profesor no habría sido pisoteada en la forma en que lo fue.

Un gremio como el de los profesores, no podría haber quedado al margen de una regulación propia, adecuada y conforme a sus propias características y necesidades. Todas las demás profesiones tienen un resguardo y reglamentaciones propias.

Los profesores del país ven hoy cumplidas las promesas que el Presidente Aylwin y la Concertación hicieron en torno al Estatuto Docente. Aylwin cumplió, y a pocos meses de haber asumido.

Este Gobierno desea dar a los docentes del país el tratamiento que merecen. Son los educadores y formadores de los hombres de esta Patria. Estos retribuyen hoy con este Estatuto la entrega, esfiierzo y sacrificio que los profesores hacen por Chile.

Apoyo totalmente este proyecto y me siento honrado de aprobarlo con mi voto, y más aún, me siento honrado de integrar un Parlamento que está dando grandes pasos en procura de darles a los chilenos lo que ellos verdaderamente quieren.

La democracia está dando a los profesores lo que durante años se les negó.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, deseo manifestar mi adhesión a todo lo expresado por los Diputados de Renovación Nacional que me han antecedido en el uso de la palabra, y en especial referirme a algunos aspectos puntuales no tocados hasta ahora.

Una de las grandes aspiraciones del Magisterio es que se defina su calidad jurídica.

A partir de este Estatuto están peor que nunca.

En efecto, el señor Ministro de Educación, y esto lo han repetido los Diputados democratacristianos en esta Sala, ha aseverado en carta personal a cada uno de los profesores municipalizados, que a partir de este Estatuto se restablece su condición de funcionarios públicos y se les reconoce los derechos y deberes propios de estos servidores.

Nada más ajeno a la realidad. En ninguna parte del Estatuto se hace mención siquiera a esta norma.

Los profesores municipales seguirán vinculados a la Municipalidad por un contrato de trabajo acorde con el código laboral, registrado por la Contraloría, pero sus apelaciones por injusticias seguirán siendo conocidas por los tribunales de justicia y por la inspección del trabajo.

Se mantiene así su condición híbrida de servidores públicos bajo el régimen de empleado particular y, lo que resulta más grotesco, a partir de este Estatuto tendrán 3 textos legales en vez de 2, como hasta ahora.

En efecto, el artículo 41 establece que con respecto a accidentes en actos de servicio, enfermedades y licencias, se regirán por el Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales.

En consecuencia, se les mantiene esta área rara de la legislación laboral, en que no son ni funcionarios públicos, ni empleados particulares, ni menos empleados municipales. Con respecto a remuneraciones, existe una gran falacia. Es falso que el Estatuto establezca un salario mínimo. Lo que establece es un "salario único".

En efecto, el artículo 46 sólo tiene un valor romántico, y es una forma de escabullir el bulto a lá obligación contraída de premiar la eficiencia.

Es de público conocimiento que las municipalidades no tienen posibilidad económica alguna de establecer asignaciones especiales, con cargo a sus propios recursos, para premiar a aquellos docentes que se destacan por su aporte, eficiencia y compromiso con la educación.

Esta remuneración única nivela al indiferente y mero cumplidor con el abnegado y cumplidor. Con respecto a la estabilidad laboral, se introduce un factor negativo al establecer dos categorías de profesionales: los titulares y los contratados.

Para los contratados no hay normas de ingreso, ni concurso público y así se consagra su condición de profesionales de segunda clase. Para ellos no rigen las normas sobre término de contrato de trabajo; quedan sujetos a la discrecionalidad del empleador, es decir, el alcalde.

Los funcionarios de las corporaciones creadas por las municipalidades, que no sean encasillados o contratados por los D.E.M., al regresar estas entidades al municipio, quedarán en calidad de cesantes absolutos y en la más completa indefensión.

La carrera docente, no lo será nunca si no se consideran normas de permanencia mínima en grados inferiores. De no hacerlo se permiten los saltos espectaculares y el atropello a docentes que, con esfuerzo paulatino, han escalado, peldaño a peldaño, todos los escalones de una carrera docente.

Además, no se considera cláusula de beneficio económico alguno para los directores que no sean confirmados en sus cargos, al final de la fase de concurso público que se abre en este Estatuto. Tampoco se considera la ubicación garantizada en una nueva destinación.

El acceso al perfeccionamiento, al no considerar normas precisas, y quedar afecto a un reglamento discrecional de la autoridad administrativa, introduce un factor de discrecionalidad.

Los profesores no olvidan que la militancia política y adhesión al gobierno de tumo fueron siempre determinantes en la elección de los beneficiados con el perfeccionamiento, máximo aun, cuando es sobradamente conocida la politización que caracteriza al Ministerio de Educación.

Por lo dicho en esta Sala por los parlamentarios de Renovación Nacional, comprendo la frustración y amargura de los profesionales de la educación, que mayoritariamente lo han calificado como una oferta mezquina y frustrante.

La sociedad sigue en deuda con el Magisterio y más aún, con los paradocentes, administrativos y auxiliares, para quienes no se tienen ni la más mínima mención, ni siquiera por gentileza.

Es éste, entonces, un proyecto mediocre. Cabría preguntarse ¿qué tiene de bueno este Estatuto? En verdad algo tiene de bueno.

1° Constituye un buen esfuerzo inicial para tener un texto refundido de la extensa legislación vigente esparcida en diferentes textos legales.

2° Es bueno que se establezcan normas mínimas del contrato de trabajo de los profesionales de la educación particular.

3° Son meritorias las disposiciones transitorias sobre la imponibilidad de las remuneraciones.

Digno de elogio son las habilidades verbalistas de los parlamentarios democratacristianos y socialistas para vender un mal proyecto, con declaraciones líricas de adhesión a estos "nobles servidores", y lograr que la directiva nacional del Colegio de Profesores, acepte defender y avalar este mal proyecto, asumiendo la responsabilidad de volver la espalda a tantos miles de profesores que confiaron en sus promesas de actuar al margen de toda bandería política.

Esta directiva nacional debe una explicación a los profesores de Chile.

Destacamos también la actitud de algunos parlamentarios radicales que están derechamente por el término de la educación municipal, en vez de hacerlo por el camino indirecto, como es la intención de algunos concertados, de ahogar financieramente, a los municipios, para hacer fracasar el sistema y luego, como consecuencia natural, terminar con la municipalización.

Esta actitud maquiavélica debe ser advertida por la ciudadanía, porque las consecuencias las sufrirán los inocentes niños y jóvenes adscritos a los sistemas municipales de educación.

Por último, deseó hacerme cargo' de la majadera repetición a la cual recurren los Diputados gobiernistas cuando se le terminan los argumentos: que el gobierno anterior, que los últimos 16 años, que la dictadura, que los derechos humanos, que la Derecha sin respaldo moral.

No tenemos ningún cargo de conciencia respecto al Gobierno de las Fuerzas Armadas. Por eso, en lo personal, deseo dejar constancia de mi legítimo orgullo por haber contribuido a reconstruir mi país, el cual lo destrozaron los que ahora nos critican y nos acusan de demagogos por mostrar las fallas de este mal proyecto.

Los demagogos están en la Democracia Cristiana y en la Izquierda, y los profesores ya le están pasando la cuenta por las promesas incumplidas y que demagógicamente ofertaron durante la campaña parlamentaria.

Si los concertados realmente quieren la estabilidad política, si realmente buscan el consenso nacional, si es cierto que están por la unidad nacional y la reconciliación, es hora de que terminen con la descalificación a todo lo que diga o haga Renovación Nacional, cuando de criticar lo malo se trata.

Basta de estas descalificaciones a Renovación Nacional, porque al menos a mí se me está terminando la paciencia.

Pero como aún nos queda una pequeña cuota de paciencia, votaremos a favor de la idea de legislar en esta materia y procuraremos introducir las indicaciones necesarias para corregir sus manifiestas imperfecciones.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Rojo.

El señor ROJO.-

En esta Sala se han expresado diversas consideraciones en relación al Estatuto Docente, instrumento legal que normará la función del maestro y que entregará, paulatinamente, por la limitación de los recursos, justicia y dignidad.

Nos interesa sobremanera esta materia, no sólo como parlamentario y ciudadano, sino también porque en el pasado ejercimos la docencia y conocimos en la práctica las dificultades que tiene el profesor en el desempeño de tan delicado trabajo.

Sin duda que la principal preocupación y aspiración de los maestros chilenos es lograr, a través de esta ley, mejorar la calidad de la educación; dar a sus actores, entre los cuales el profesor es el principal, una condición digna, proporcionando una estabilidad laboral, una carrera docente y una remuneración digna. Además, disminuir las diferencias excesivas existentes entre los diversos sectores del país para permitir el acceso a una educación de buena calidad.

La situación socioeconómica del Magisterio es sólo una variable del proceso educativo, y las rentas del maestro son un problema ético que la sociedad debe asumir como un valor propio de la dignidad humana y profesional del profesor. Es decir, el maestro es una persona, es un técnico especializado y preparado para formar, educar e instruir a personas. Cumple una función tan fundamental que debería recibir en todos los aspectos un trato acorde a su linaje; en igual forma debe considerarse la situación de los otros actores de este proceso, como son los paradocentes, los administrativos y los auxiliares.

A la par de un justo trato económico, los docentes deben recobrar de la comunidad nacional, especialmente de padres y apoderados, incluso de los alumnos, el aprecio, la consideración y el respeto que otrora tuvieron. Para ello, es indispensable que desde la propia autoridad educacional, se propicie y estimule una verdadera campaña para una cultura de respeto, consideración y afecto hacia el profesor, y ese profesor, por su autoestima, por su dignidad humana y profesional, actuará naturalmente con responsabilidad, dedicación e idoneidad en el cumplimiento de su noble tarea.

La calidad de la enseñanza, tan deteriorada en los últimos años, vendrá entonces por añadidura y como resultado de un proceso educativo normal, lógico, integral y consensual, en que cada actor asuma su rol con la certeza de que él es pieza vital del engranaje para optimizar el proceso.

Complementario a lo anterior, y tal vez prioritario, pensamos que hay otras variantes fundamentales que inciden en la problemática general de la educación chilena. Como la generación de los docentes, su formación, preparación y profesionalismo entraña un problema de vocación, de verdadera vocación y no de resignación ante la imposibilidad de otros horizontes.

Se agrega a lo anterior la escasa opción que siempre han tenido los profesores para acceder a su perfeccionamiento educativo, que debe ser obligatorio y gratuito, y sus escasas posibilidades de acrecentar su acervo cultural.

Por ello, consideramos que el bono de 10 mil pesos, señalado en el proyecto para contribuir al costo de formación y que se otorgará en los años 1991 y 1992, debe ser establecido en unidades tributarias, para que cumpla sus objetivos y no sea afectado por un natural proceso de desvalorización de la moneda.

Por otra parte, afectan también al problema educacional algunas situaciones de la estructura técnico-pedagógica, reñidas con los propósitos de alcanzar excelencia académica, lo que es indispensable corregir, como lo son el exceso de alumnos por cursos y las horas de permanencia del profesor en el establecimiento.

Uno de los hechos más controvertidos ha sido la municipalización de la educación, formulándose en contra de ella diversas críticas, olvidando que no ha sido tal; sino sólo una alcaldización.

Para los que creemos en la auténtica democracia, en la democracia humanista, cristiana y libertaria, cuyo fundamento radica en el reconocimiento y fortalecimiento de las comunidades intermedias, el hecho de su reconocimiento por el Estatuto Docente es un paso importante en la construcción del mundo futuro.

Las personas tendrán reales posibilidades cuando son sujetos activos, cuando forman parte de una comunidad en la que tienen acceso y participación; cuando la familia interviene directamente en la formación de sus hijos, cuando es el municipio el que tiene la tuición de los establecimientos educacionales; cuando los padres de familia, a través de los centros de padres, de las juntas de vecinos, de los talleres, de los clubes deportivos, de todas las expresiones de una comunidad organizada, tienen acceso al municipio.

Pero existen dentro de este proyecto omisiones que será necesario corregir. Así, el artículo 2e señala quiénes son profesionales de la educación, e indica a los profesores titulados y a los habilitados por el Ministerio de Educación, viejo resabio, esto último, del sistema socializante, y no precisa quiénes son estos habilitados; y olvida considerar, en forma expresa, a los profesores colegiados, al viejo maestro a quien su corporación reconoció como tal. Ai Colegio de Profesores y no al Ministerio de Educación debe corresponder la función de habilitar o reconocer la calidad del profesor."

El mensaje señala, como propósito de la idea de legislar, la de mejorar la calidad de la educación mediante la creación de condiciones profesionales y laborales que faciliten un ejercicio más óptimo de la docencia. A pesar de estos principios, no consideró a todos los actores que intervienen en el proceso educativo.

La función educativa descansa en los profesores, los padres de familia, los administrativos, los paradocentes y los auxiliares. Es una comunidad que debe ser considerada en un todo, y no se puede legislar por tramos, aisladamente. Ni una palabra, ni una sola disposición y menos un párrafo o un capítulo existe para todas aquellas personas que son parte del proceso educativo, como el inspector que va impartiendo una enseñanza diaria, formando hábitos, disciplinando al educando; el auxiliar que a través del orden y de la limpieza da al joven el medio apto para su formación; el administrativo, que permite el funcionamiento del establecimiento educacional. Dirán que mañana se presentará un proyecto para dichas personas, para considerar sus pretensiones; pero debió este Estatuto legislar en favor de los paradocentes, los administrativos, los auxiliares, porque son parte y elementos indispensables para mejorar la calidad de la educación.

Debe también este Estatuto reivindicar para el profesorado y para el resto del personal, la vieja costumbre de las vacaciones, en los meses de enero y febrero, única manera de compensar el trabajo realizado durante el año. No es el funcionario que cumplió una labor determinada; es el profesor que va guiando, que va formando en un proceso gradual y que requiere del descanso formativo, para regresar con nuevos impulsos a modelar al ciudadano de mañana.

Este Estatuto Docente es el primer paso corrector de los males que afectan al sistema educacional chileno, el cual constituye, como ya se ha dicho, un hecho histórico y trascendente que va a repercutir en la educación de los jóvenes del siglo XXI

Por ello, es tan delicada nuestra responsabilidad en la legislación de una ley que trascienda los tiempos y se proyecte y permanezca inconmovible por su excelencia y perfección.

Por tal razón, me permití presentar a esta Honorable Cámara de Diputados algunas indicaciones que considero necesario introducir en este proyecto, con el afán de que sean verdaderos aportes.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, tal cual lo expresa el mensaje presidencial que acompaña al proyecto de ley que establece normas sobre Estatuto Docente, si bien se ha logrado una gran cobertura educacional, cercana al 96 por ciento durante el Gobierno anterior, es necesario, oportuno y urgente velar por una buena calidad de la enseñanza, la cual no sólo es de responsabilidad del profesor, sino que también, y de manera muy importante, de la infraestructura con que se cuente, los medios educativos disponibles y la participación de los padres y la comunidad. Este proceso parte necesariamente de una estabilidad laboral que otorgue tranquilidad al ejercicio de la profesión docente, así como la generación de un clima organizacional adecuado, el cual permita ejercer en forma óptima la docencia, es decir, condiciones laborales y profesionales acordes con la importante y trascendente misión del profesor, aspectos que Renovación Nacional sostendrá a través de indicaciones que haremos oportunamente a este proyecto de ley.

Tomando conceptos del distinguido catedrático español don Víctor García Hoz , de la Universidad de Madrid, la "Calidad de la Educación", que si bien es cierto es una expresión nueva, responde a una "antigua preocupación", la cual se puede definir como "el modo de ser de la educación que reúna las características de integridad, coherencia y eficacia". En otras palabras, una educación tiene calidad en la medida en que es completa, coherente y eficaz. Continuando con esta definición, se plantea que "la primera exigencia de la calidad en la educación está en que el proceso educativo se manifieste como algo completo, en el cual no falte ningún elemento del ser humano. Si alguna manifestación de la vida no fuera atendida por la educación, el proceso educativo será algo defectuoso, incompleto y sin calidad suficiente". Tras este concepto de integridad, se habla de la eficacia, cuya palabra no se debe tomar en el sentido puramente pragmatista "de producción abundante de algo material", sino, más bien, como indicación de que una actividad ha alcanzado el fin que persigue.

Finalmente, se puede hablar del orden y de la coherencia en la educación, como la necesidad de que cada uno de sus elementos tenga la importancia correspondiente a su papel en la vida humana, y asimismo se hallen relacionados de tal manera que la situación de unos venga a consolidar y reforzar la actividad de los otros, evitando que el aislamiento y el desorden destruyan la unidad de la educación.

En consecuencia, es importante destacar que al analizar la calidad de la educación, confluyen una interminable serie de conceptos y exigencias integradas a la educación esencial existencial y personalizada, así como la definición de objetivos, disponibilidad de recursos humanos, técnicos y económicos con su correspondiente evaluación, y, finalmente, la coherencia que debe existir entre los fines generales de la educación y los objetivos inmediatos, entre los objetivos y las actividades que se deben realizar, entre la evaluación, los objetivos y los fines, etc.

En relación a los alcances de este proyecto de ley y cuyo objetivo, entre otros, es mejorar la calidad de la educación, y considerando que la evaluación sistemática del sistema servirá siempre de base para mejorar permanentemente este Estatuto propuesto por el Ejecutivo, o para fijar políticas educacionales nacionales o regionales, he creído conveniente, además, referirme a lo que se debiera hacer, para, según mi particular criterio, sacar un adecuado provecho de los resultados del SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) y mejorar la calidad de la docencia. El SIMCE, como sistema de evaluar los logros de los objetivos propuestos en los programas oficiales, tiende a establecer una correlación entre calidad de la educación y rendimiento escolar. Si bien es cierto que la prueba se preocupa de los dominios cognoscitivos, psicomotrices y afectivos, no es suficiente para evaluar la "calidad de la educación". Esta debe evaluarse como un proceso integral referido a la formación del sujeto como persona. La educación debe considerar definitivamente las capacidades reales del alumno, destacar sus potencialidades y estimular actualización de ellas. La educación, como proceso formador, es mucho más compleja y profunda que la transmisión de "contenido". El profesor requiere en la actualidad, próximo a vivir en el último decenio del siglo, una formación profesional que le permita captar la naturaleza del niño y del joven de hoy, muy distinto del de 10 años atrás. Debe tener en claro que el control de la calidad de la enseñanza, no solamente se mide por los conocimientos adquiridos por los alumnos. Habría que complementar los programas en este campo con proyecto de cada unidad educativa en diferentes áreas. En muchos establecimientos educacionales se está, cayendo en el "grave error" de estar preparando a los alumnos "exclusivamente" para las pruebas del SIMCE. Finalmente, hay que tener presente que una buena calidad de la enseñanza no se va a lograr con "45-alumnos" por curso, pues de ninguna manera se puede llevar a cabo un programa técnico-pedagógico serio. En gran medida, el aumento de alumnos por curso ha contribuido a deteriorar seriamente el rendimiento escolar, ya que el número ideal es de "30 a 35" alumnos por curso; Renovación Nacional hará presente esta situación para que quede establecido en el proyecto de ley no tan sólo como un derecho de los profesores, quienes, desde luego, en justicia lo merecen, sino que también como uno de los elementos necesarios para mejorar la calidad de la docencia.

También es de mayor importancia referirse a uno de los aspectos más relevantes del Estatuto Docente. Me refiero al título referido a la carrera docente. Si bien el Estatuto la norma en parte, habría que especificarla bastante más. El ascenso a cargos superiores debiera ser gradual; es decir: profesor, inspector general, jefe U.T.P., subdirector, director. Por otra parte, y en el nivel comunal, el cargo de director de educación comunal debiera llenarse por concurso, con directores de establecimientos educacionales.

Otra falencia del Estatuto Docente radica en que no se hace mención alguna a los cargos de supervisores y personal técnico del MINEDUC. ¿Cómo se accede a dichos cargos? El Estatuto Docente no contempla una carrera académica total.

Si bien se señala su ingreso y egreso, se contemplan bienios por antigüedad y se consagra el perfeccionamiento; pero no se toma en cuenta, no se privilegia, premia, ni valora la contribución del profesor al sistema educativo, es decir: "publicación de textos, materiales didácticos, experiencias innovativas, experiencias pedagógicas, etc". De ahí que habría que complementarla, en esta área, a través de una carrera académica "propiamente tal" y una "paralela" docente administrativa. No todos los educadores desean llegar a puestos directivos. No debemos olvidar que hay muy buenos profesores a los cuales no les interesa acceder a dichos cargos, y en muchos casos, por obligación debido a sus bajas remuneraciones, deben postular a ellos, llegando en ocasiones a ser malos administrativos.

En esta parte de mi exposición, creo pertinente referirme al Consejo Provincial de Educación, el cual se crea en el artículo 20 del anteproyecto de ley. Aun cuando el reglamento establecerá las funciones, el número y forma de designaciones o elección y sus normas de funcionamiento, considero que con el fin de hacer más expedita la participación de la comunidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de tener en cuenta la realidad de cada comuna y el compromiso de las autoridades comunales, no se justifican los consejos provinciales. Su misión sería muy engorrosa y lenta; en cambio, se justifican plenamente los consejos a nivel comunal, en los cuales sólo intervengan los principales actores del proceso.

Un acápite adicional, y en ningún caso menos importante, tiene relación con los contratos de trabajo de los educadores que se desempeñan en el sector particular. Es conveniente agregar al Estatuto Docente que "los sostenedores" de establecimientos educacionales reconocidos como cooperadores de la función docente del Estado, deberán contratar directamente al personal docente-directivo y al personal docente propiamente tal, no pudiendo delegar dicha obligación en terceros, tales como corporaciones, sociedades limitadas o personas jurídicas o naturales. Tampoco se podrá delegar la administración de los establecimientos educacionales.

Señores Diputados, podemos damos cuenta de que en el proceso de "mejorar" la calidad en la educación, las variables que intervienen son numerosas y de difícil cuantificación. La promulgación de un Estatuto Docente, si bien es un elemento significativo, en ningún caso constituye, la "panacea" como para pensar que el problema está resuelto. Falta aún mucho más. Es necesario crear y perfeccionar los instrumentos necesarios. Es necesario incentivar la participación de la comunidad, a través de los padres y de las organizaciones relacionadas con la educación. Es necesario dotar a los docentes de nuestro país de todos los elementos que les permiten ejercer la docencia en forma óptima, tanto en cuanto a equipamiento e infraestructura física, como respecto a niveles de renta adecuados y condiciones de trabajo estables. Es necesario, tal como lo planteara al comienzo de mi exposición, que exista una coherencia entre los fines y objetivos con los diferentes medios de que se disponen. Podría extenderme mucho más sobre el Estatuto Docente, pero mis colegas de Renovación Nacional se referirán a otros puntos de importancia que es necesario hacer notar.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, antes que nada, deseo señalar la importancia que tiene para Chile, para su democracia y para la comunidad educacional del país, la discusión en esta Cámara del proyecto de ley del Estatuto Docente. Con el se logra la revalorización social de la profesión docente. Se reconstruye así la dignidad del profesorado, tan gravemente afectada en el Gobierno anterior.

Hoy deseamos mirar la tarea educativa como un problema nacional que compromete a todos, Gobierno y Oposición, profesores y padres de familia, jóvenes, administrativos, paradocentes.

Este objetivo nacional es aumentar, no sólo la cobertura de la educación, sino también, y muy prioritariamente, la calidad de la educación, con el objeto de poner a nuestro país al nivel de la modernidad que debe comprometer a todos y no sólo a un sector o estrato o grupo de chilenos. El gran cambio cualitativo es invertir en los chilenos, invertir en las personas para que se logre una excelencia profesional, técnica, laboral y, en general, ciudadana de la gran mayoría nacional. Queremos un país de excelencia, de chilenos con calidad para el trabajo bien hecho, para convivir en armonía, para participar en la democracia; en fin, para que cada persona llegue a desarrollar todo el potencial de su ser.

Hoy, la educación es un factor creador de desigualdad social, cambiando así lo que ayer fue el camino de la clase media, de los trabajadores y de los campesinos, para ir logrando un verdadero proceso de movilidad social.

El Gobierno del Presidente Frei tuvo como uno de sus grandes proyectos nacionales la extensión de la cobertura educacional. Al mismo tiempo, creó el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, con el fin de ayudar a mejorar la calidad educacional. El Gobierno del General Pinochet buscó modificar la estructura educacional y de hecho lo que logró fue desarticular la educación chilena.

En la Séptima Región, así como en el resto del país, esta desarticulación llevó a generar verdaderamente dos categorías de chilenos: los que pueden pagar la educación de sus hijos, y los que deben enviarlos a liceos municipalizados o a establecimientos particulares subvencionados.

El SIMCE, en la Séptima Región, al medir los rendimientos en términos de porcentaje de los logros en los objetivos educacionales, entregó para esta región, en 1989, los siguientes resultados:

Imagen-1

Se puede apreciar que la Séptima Región está levemente por debajo del promedio nacional, particularmente en el sector municipalizado.

Imagen-2

Por lo anterior, es de enorme trascendencia que el Gobierno haya puesto todo el énfasis en la calidad de la educación en el sector municipalizado. Esta es una de las más graves herencias del gobierno pasado.

¿Cuáles son los aportes o cambios más significativos del Estatuto Docente?

En primer término, este Estatuto trae tranquilidad y seguridad laboral, frente a cualquier intento de arbitrariedad de alcaldes o de cualquier otra autoridad.

Seguridad significa establecer los derechos de los funcionarios y garantizarlos, eliminando así la incertidumbre.

Seguridad significa el acceso al cargo docente por la vía del concurso y no de la influencia del poder de tumo.

Seguridad significa la titularidad del cargo docente, que en el caso del despido debe tramitarse a través de sumario administrativo.

El segundo gran cambio que genera este Estatuto es que entrega un horizonte profesional y de incentivos económicos a todos los profesores del país, ya que se establece un sistema de perfeccionamiento docente. En efecto, el proyecto estipula que el Estado debe garantizar un perfeccionamiento mínimo para todos los profesores de Chile.

El proyecto premia la experiencia de los profesores. De esta manera, el docente de aula puede tener incentivo para permanecer en esa función y tener, al mismo tiempo, aumento de remuneraciones, las que, con asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento, de niveles de responsabilidad y de desempeño difícil, se suman a las remuneraciones básicas. Así se logran incentivos para mejorar la calidad y la dedicación de la función educacional.

El tercer aporte significativo del Estatuto es que genera una creciente participación de los profesores y de la comunidad escolar al establecerse el Consejo de Profesores para debatir y contribuir a la mejoría de la calidad de la educación en cada establecimiento. Lo mismo, al establecerse en el proyecto los Consejos Provinciales de Educación. Faltaría un consejo comunal, que ayude a crear mejores condiciones a ese nivel.

Por último, desearía entregar una opinión en el tema de la municipalización de la educación, la que deberemos discutir cuando se envíe la reforma a la Ley Orgánica Educacional. Pero, como ha sido un elemento del debate, deseo adelantar mi reflexión sobre el tema.

Es necesario pensar en una articulación sistemática de la educación nacional. Con esto se debe lograr el objetivo de que exista una verdadera coherencia nacional en la carrera docente, en la tarea y función educacional. Debe existir una verdadera descentralización; pero ella no puede circunscribirse al ámbito comunal. Dentro de esta concepción de un sistema nacional de educación se puede obtener una verdadera descentralización a nivel regional y provincial (subsistemas) de funciones educacionales.

Por último, deseo expresar una palabra de reconocimiento a la tarea del Colegio de Profesores, el cual luchó incansablemente por un Estatuto Docente. Aunque en él no se contemplan todas las reivindicaciones necesarias, este Estatuto es un gran paso en la enorme tarea de la democracia y de la educación nacional.

He dicho.

Artículo 1°

1.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce , para agregar después de la palabra "particular" la expresión "subvencionada".

2.- De los Diputados señores Jara, don Octavio y Valenzuela , para intercalar entre las expresiones "pre-básica, básica" y la expresión "media" lo siguiente: ", especial o diferencial".

3.- De los Diputados señores Ulloa , Masferrer , Melero , Bombal , Coloma y Recondo , para intercalar entre las frases "en los establecimientos de" y "pre-básica" lo siguiente: "primer nivel de transición".

Artículo 2°

4.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Muñoz , Valcarce y Rodríguez, don Claudio , para eliminar después de la frase "Institutos Profesionales" la frase "u otros establecimientos legalmente habilitados para este propósito".

5.- De los Diputados señores Sabag y Salas, para eliminar la frase final del artículo.

Artículo 4°

6.- De los Diputados señores Devaud y Peña Artículos 5°, 6°, 7° y 8° 7.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal  , Masferrer , Valcarce y Rodríguez, don Claudio "Artículo 5°.- Son funciones de los profesionales de la educación las siguientes: función docente, docente directiva y técnico-pedagógicas de apoyo. Función docente, es aquella que se ocupa del diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y educación y de las actividades educativas en general. Función docente directiva, es aquella que se ocupa de la dirección, administración, supervisión, coordinación y orientación del proceso educativo. Será ejercida por un profesional de la educación que acredite formación específica y experiencia docente. Función técnico-pedagógica de apoyo, es aquella que se ocupa de la orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica y de coordinación del perfeccionamiento docente. Será ejercida por un profesional de la educación que acredite formación específica y experiencia docente. Todas estas funciones se entienden ejecutadas en las unidades educacionales de nivel pre-básico, básico y medio.".

Artículo 9°

8.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce , para que pase a ser artículo 62.

Artículo 109.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce "Artículo 7°.- La formación de los profesionales de la educación corresponderá a las instituciones de educación superior, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.".

Artículo 11

10.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce , para eliminarlo.

Artículo 1211.- De los Diputados señores Elizalde y Sabag "Todo profesional de la educación podrá iniciar el ejercicio de su actividad docente, en alguna escuela rural, a lo menos durante dos años laborales. Las municipalidades priorizarán en sus concursos a estos profesionales. Para efecto de concursos posteriores, esta ruralidad contará con puntaje adicional.

12.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce , para eliminar este artículo.

Artículo 13

13.- De los Diputadores señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez don Claudio y Valcarce , para que pase a  ser artículo 10.

14.- De los Diputados señores Devaud y Peña, para suprimir la expresión "mínimo" consignada entre las expresiones "perfeccionamiento" y "vinculado".

Artículo 1415.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez don Claudio y Valcarce "Artículo 11.- El perfeccionamiento profesional ofrecido por el Ministerio de Educación será programado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.956, de 1990, el que deberá considerar las necesidades de todos los sectores de la educación pública en materia de perfeccionamiento. Podrán contribuir también al perfeccionamiento de los profesionales de la educación, otras entidades del sector público como del sector privado, tales como municipalidades, corporaciones, instituciones de educación superior, los propios sostenedores de Colegios Particulares en general, siempre que sus planes y programas de perfeccionamiento estén en concordancia con las políticas establecidas para este efecto por el Ministerio de Educación. 16.- De los Diputados señores Jara, don Octavio y Valenzuela "El Ministerio de Educación propiciará un sistema de perfeccionamiento descentralizado. 17.- De los Diputados señores Devaud y Peña Artículo 15

18.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce , para suprimir este artículo.

Artículo 1619.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce "Asimismo, se deberá garantizar mediante concursos públicos, el acceso a los profesionales de la educación al perfeccionamiento.".

Artículo 17

20.- De los Diputados señores Devaud y Peña, para agregar entre las expresiones "consultivo" y "en", la frase "o resolutivo, según lo establezca el Reglamento".

21.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 13, eliminándose la palabra "el deber".

Artículo 1822.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce "Artículo 14.- En cada establecimiento educacional habrá un Consejo de Profesores integrado por docentes directivos, técnico-pedagógicos y docentes, el que tendrá un carácter consultivo y será el encargado de encauzar la participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales de carácter nacional y comunal y en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento. Asimismo, el Consejo se ocupará de las materias técnico-pedagógicas, de estudio, de asesoría en evaluación, planificación y perfeccionamiento que señala el reglamento, sin perjuicio de la libertad de gestión de los sostenedores de establecimientos educativos privados, y de las facultades de los directores de los establecimientos. El Consejo de Profesores sólo podrá sesionar en horas correspondientes a las actividades curriculares no lectivas.".

Artículo 19.23.- De los Diputados señores Ulloa , Bombal , Prochelle , Rodríguez , Masferrer y Valcarce "Artículo 15.- La Dirección de los establecimientos educacionales deberá convocar, a lo menos, dos veces al año, al Centro General de Padres y Apoderados, a reuniones de carácter informativo.".

Artículo 20

24.- De los Diputados señores Sabag y Salas, para agregar en el inciso segundo, después de la palabra "organizaciones" la expresión "de docentes y".

25.- De los Diputados señores Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para suprimir este artículo. 26.- a) De los Diputados señores Devaud y Peña b)Para agregar en el inciso segundo, sustituyendo el punto final por una coma, la siguiente frase: "y por representantes del Colegio de Profesores u otra forma de organización gremial". c)Para intercalar en el inciso tercero, entre las expresiones "reglamento" y "establecerá" la frase "dictada por el Ministerio de Educación".

27.- De los Diputados señores Devaud y Peña, para sustituir el artículo por el siguiente:

"Artículo 20.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a participar en los procesos de consulta, o a través de sus representantes en los órganos de consulta o asesoría que se establezcan legal o reglamentariamente, para proponer políticas educacionales o de administración del sistema educacional en los niveles comunal, provincial, regional o nacional.".

Artículo 21.

28.- De los Diputados señores Bombal , Masferrer , Prochelle , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa y Valcarce , para que pase a ser artículo 16. 29.- De los señores Devaud y Peña "Los profesionales de la educación, a través del Colegio de Profesores u otra forma de organización gremial, tendrán derecho a participar, representar y ser oídos por las autoridades educacionales, tanto en asuntos de políticas y gestión del sistema educativo en sus diversos niveles, como en los aspectos que afecten directamente el desempeño profesional de sus miembros".

Artículo 2230.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa Para modificar el inciso segundo que pasa a ser primero, con la siguiente redacción: "La evaluación del desempeño profesional de un docente deberá ser puesta en su conocimiento y gozará del derecho a recurrir ante la Dirección del Establecimiento cuando se sienta agraviado por dicha evaluación.". 31.- De los señores Devaud y Peña. Inciso segundo: Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser coma (,), la frase: "ante el Consejo Provincial de Educación".32.- Inciso tercero: Sustitúyese la frase: "o en su defecto, escrituradas por el funcionario que las reciba", por "o en su defecto, escrituradas por el Subdirector o Inspector General del Establecimiento, o por los funcionarios a quienes estos hh- yan delegado tal responsabilidad", y sustitúyese la expresión "las autoridades y" por "los".

Artículo 23

33.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa , para que sea artículo 18.34.- a) De los señores Devaud y Peña "Asimismo, tendrán derecho a participar a través de sus representantes, en la planificación y diseño de las evaluaciones generales de rendimiento del sistema educativo en los niveles prebásico, básico y de enseñanza media, respectivamente". 35.- b) Para agregar un tercer inciso, cuyo texto es el siguiente: "Podrán recurrir de apelación, ante el Consejo Provincial de Educación, quien resolverá sin forma de juicio, conforme las reglas de la sana crítica, y sin ulterior recurso, en la forma y plazos que determine el Reglamento".

Artículo 24

36.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa , para que sea artículo 19.

Artículo 25

37.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa , para que pase a ser artículo 20 y para agregar, en el inciso primero, después de donde dice: "Departamento de Administración Educacional de la municipalidad respectiva", la frase: "o de aquellos que sean administrados por Corporaciones Educacionales privadas creadas por las municipalidades".

Artículo 2638.- De los señores Elizalde , Sabag y Salas "El número de alumnos por curso no podrá exceder de 30 estudiantes".

39.- De los señores Devaud y Peña, para agregar, entre las expresiones "respectiva" y "de", la frase "con el acuerdo del Consejo Provincial de Educación", y sustitúyese la expresión "de acuerdo" por "en conformidad a".

40.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa , para que sea artículo 21 y agregar al inciso primero, después de donde dice "Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva", la frase: "o de las Corporaciones Educacionales privadas creadas por las Municipalidades".

Artículo 27

41.- De los señores Devaud y Peña, para sustituir, en el inciso primero, la frase: "El mismo organismo que fija la dotación docente de un establecimiento deberá..." por "los mismos organismos que fijan la dotación docente de un establecimiento deberán...".

42.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa , para que pase a ser artículo 22. 43.- De los señores Valenzuela y Arancibia "En los casos que la adopción de esta medida determine una reducción en el número de profesores de una comuna, ella regirá a contar del año siguiente".

Artículo 28

44.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Ulloa y Masferrer , para eliminarlo.

Artículo 29

45.- De los Diputados señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que pase a ser artículo 23, eliminando su inciso final.

Artículo 30

46.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Ulloa , y Masferrer para que pase a ser artículo 24.

Artículo 31

47.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Ulloa y Masferrer , para que pase a ser artículo 25.

Artículo 32

48.- De los señores Devaud y Peña, para eliminar la frase final del artículo, que señala "...y en subsidio a lo dispuesto en la ley N° 18.883.", sustituyendo la coma que la antecede por un punto aparte.

49.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que pase a ser artículo 26, agregando después de la palabra "municipalidad'!, la expresión "o por la Corporación Educacional privada respectiva".

Artículo 33

50.- De los señores Ulloa , Melero , Bombal , Masferrer y Recondo , para sustituir la frase "deben convocarse a lo menos dos veces en el año lectivo", por la siguiente: "deben convocarse en los meses de marzo y diciembre del respectivo año lectivo".

51.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que pase a ser artículo 27.

Artículo 34

52.- De los señores Jara, don Octavio y Valenzuela , para agregar la siguiente letra d), pasando a ser la actual letra d), letra e): 

"d) Para cargos docentes de la enseñanza especial y diferencial".

53.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa , para que pase a ser artículo 28.

Artículo 35

54.- De los señores Melero , Masferrer , Coloma , Bombal y Recondo , para sustituir en el inciso tercero la palabra "idóneos" por "postulantes".

55.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio , Ulloa , Masferrer , Prochelle y Valcarce , para que pase a ser artículo 29, agregándose en la letra a) lo siguiente: después del punto, "o un representante de la Corporación Educacional privada designado por su administrador, según sea el caso. 56.- De los señores Sabag y Salas "d) Un representante comunal del Colegio de Profesores.".

Artículo 36

57.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que sea artículo 30.

58.- De los señores Sabag y Salas, para agregar, después de la palabra "administración", "experiencia".

Artículo 37

59.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que pase a ser artículo 31, y para agregar que después de la expresión Departamento de Administración de Educación Municipal" la frase: "o las Corporaciones Educacionales Privadas creadas por las Municipalidades, organismos que podrán...".

Artículo 38

60.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Prochelle , Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 32.

Artículo 39

61.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Prochelle , Masferrer , y Valcarce , para que pase a ser artículo 33.

Artículo 40

62.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Prochelle , Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 34.

Artículo 41

63.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Prochelle , Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 35.

Artículo 42

64.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Prochelle , Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 36.

Artículo 43

65.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Prochelle , Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 37.

66.- De los señores Devaud y Peña, para sustituir el punto final del artículo, por una coma (,) y agregar a continuación la frase: "según las normas que fije el Reglamento".

Artículo 44

67.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que pase a ser artículo 38, sustituyendo el inciso segundo, reemplazándolo por el siguiente: "La permuta deberá ser aprobada por la Dirección de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva o por las Corporaciones Educacionales privadas según corresponda, y regirá desde la fecha en que ésta hubiere sido aprobada".

Artículo 45

68.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que pase " ser artículo 39.

Artículo 46

69.- Para que pase a ser artículo 40, agregando, después de la palabra "Municipalidades", "o Corporaciones Educacionales privadas respectivas".

70.- De los señores Arancibia y Valenzuela, para intercalar en el inciso primero, después de los dos puntos; las palabras: "de zona".

71.- De los señores Devaud y Peña, para sustituir la conjunción "y", entre las expresiones "directiva" y "técnico-pedagógica" por "y/o".

Artículo 47.

72.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 41.

Artículo 48

73.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 42, sustituyendo el guarismo "40%" por "60%".

74.- De los señores Diputados Valenzuela y Arancibia , para intercalar como inciso segundo el siguiente: "También dará derecho a percibir esta asignación, la realización de un trabajo de investigación académicamente reconocido y las publicaciones basadas en una investigación y, o experimentación educacional formalmente desarrollada".

Artículo 4975.- a) De los señores Diputados Ulloa , Bombal , Prochelle , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce b) Para agregar una letra e), que diga: Tipo de enseñanza especial que se imparta en el establecimiento". c) Para agregar al inciso cuarto, después de la expresión "corresponderá a cada Municipalidad", la frase "o Corporación Educacional Privada".

Artículo 50

76.- De los señores Diputados, Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer , Valcarce , para que sea artículo 44, y para agregar en el inciso segundo, después de la frase "cada administración municipal", la frase "o de la Corporación Educacional Privada respectiva".

Artículo 5177.- De los señores Diputados, Valenzuela y Arancibia. En el inciso 22, después de "difíciles", intercalar una coma, seguida de las expresiones: "de zona". 78.- De los señores Diputados, Ulloa , Bombal , Prochelle , Rodríguez , Masferrer y Valcarce Inciso l2 Para agregar después de la frase "cualquier establecimiento municipal", la frase "o de aquellos que sean administrados por las Corporaciones Educacionales creadas por las Municipalidades".

Artículo 52

79.- De los señores Diputados, Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez , Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 46.

Artículo 53

80.- De los señores Diputados, Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer , y Valcarce , para que sea artículo 47.

81.- De los señores Diputados, Sabag y Salas, para cambiar en el inciso 52 el guarismo "30" por "25".

Artículo 54

82.- De los señores Diputados, Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez , Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 48.

Artículo 55

83.- De los señores Diputados, Bombal , Prochelle , Ulloa , Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 49, y para agregar en el inciso tercero después de la expresión "el reglamento", la frase "de cada Establecimiento" quedando: "El Reglamento de cada Establecimiento...".

84.- De los señores Diputados Sabag y Salas, para suprimir el artículo 55.

Artículo 56

85.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez , Masferrer y Valcarce , para eliminarlo y pase a ser 50.

86.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 51. 87.- De los señores Diputados Arancibia y Valenzuela "En estos casos, el profesional afectado tendrá derecho a ser contratado, sin concurso, en otro cargo de igual categoría que se encuentre vacante en la misma Región en que se desempeñaba".

Artículo 58

88.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio , Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 53.

Artículo 59

89.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer , Valcarce , para que sea artículo 53.

Artículo 6090.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce "El personal docente hará uso de su feriado legal de acuerdo a las normas establecidas en el artículo 42 de la presente ley.".

Artículo 61

91.- De los señores Diputados, Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer , y Valcarce , para que sea eliminado.

Artículo 62

92.- De los señores Diputados, Valenzuela y Arancibia , para agregar como inciso final: "Este reglamento será puesto en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación, en un plazo no mayor a sesenta días". 93.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce "d) Normas sobre calificación de los profesionales de la educación".

Artículo 63

94.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 56.

Artículo 64.

95.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 57.

Artículo 65

96.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 58.

Artículo 66

97.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 59.

Artículo 67

98.- De los señores Diputados Prochelle , Rodríguez, don Claudio ; Valcarce , Bombal y Munizaga , para que sea artículo 60.

Artículo 68

99.- De los señores Diputados Prochelle , Rodríguez, don Claudio ; Valcarce , Bombal y Munizaga , para que sea artículo 61.

100.- De los señores Diputados Devaud y Peña, para sustituir la expresión final "sector privado" por "Código del Trabajo".

Artículo 69

101.- De los señores Diputados Prochelle , Rodríguez, don Claudio ; Valcarce , Bombal y Munizaga , para que sea artículo 62. 102.- De los señores Diputados Correa de la Cerda, Guzmán , Masferrer , Recondo , Longueira , Ulloa y Coloma "Artículo 69.- Las remuneraciones y otros beneficios establecidos por esta ley para los profesionales de la educación, deberán ser financiados a través de incrementos de la Unidad de Subvención Educacional".

Artículo 70

103.- De los señores Diputados Prochelle , Rodríguez, don Claudio ; Valcarce , Bombal y Munizaga , para que sea artículo 63. 104.- Del señor Diputado Martínez, don Juan "En aquellas materias no reguladas por la presente ley, se aplicará el Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos.

Artículo 1° transitorio105.- Del Diputado señor Valenzuela "No obstante lo estipulado en el artículo 45 de esta ley, a los profesionales de la educación que se acogieron a la opción establecida en el artículo 42, del decreto con fuerza de ley N° 1-3063, de 1980, del Ministerio del Interior, sustituido por el artículo 15, de la ley N° 18.196 y que por efecto de lo establecido en el inciso tercero del artículo 22 transitorio de la mencionada ley N° 18.196, como también los profesionales que están afiliados al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, aunque se hubieren traspasado de la previsión fiscal, tienen como remuneración imponible la que disfrutaban en el momento del traspaso, la mayor imponibilidad que represente, para ellos la aplicación de este artículo, se les efectuará gradualmente de acuerdo con la siguiente escala...".

Artículo 2° transitorio

106.- De los Diputados señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Masferrer , Prochelle , y Valcarce para eliminar este artículo. 107.- De los Diputados señores Kuzmicic , Faulbaum , Rocha , Peña, Campos, Muñoz, don Roberto ; Devaud y Carrasco "Sin perjuicio de lo anterior y una vez traspasada la Administración Educacional desde las personas jurídicas de Derecho Privado antes señaladas, los Fondos que las Municipalidades reciben por concepto de bonificación a la mano de obra de acuerdo al decreto ley 889, de 1975 y sus modificaciones posteriores, serán canalizados directamente por el Ministerio de Educación a los citados Municipios.

108.- De los Diputados señores Bombal , Ulloa , Prochelle , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce , para eliminar el inciso tercero de este artículo.

Artículo 3° transitorio

109.- De los Diputados señores Devaud y Peña, para agregar entre las expresiones "Municipal" y "deberán" la frase "con el acuerdo del Consejo Provincial de Educación". 110.- De los Diputados señores Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Morales , Rodríguez, don Alfonso y Prokurica Para suprimir el inciso tercero.

Artículo 10 transitorio111.- De los Diputados señores Ulloa , Elizalde y Sabag "La asignación por desempeño en condiciones difíciles, establecida en el artículo 49 de la presente ley, podrá alcanzar hasta un 60%, calculada sobre la remuneración básica mínima nacional correspondiente en zonas de extrema ruralidad, entendidas éstas, como aquellas zonas en que existan escuelas ubicadas a más de 100 kilómetros de alguna ciudad o pueblo que cuente con 10.000 habitantes como mínimo".

Artículo 15 transitorio

112.- De los Diputados señores Melero , Masferrer , Recondo y Bombal , para sustituir el guarismo "180" por "90". 113.- De los Diputados señores Correa de la Cerda, Guzmán , Masferrer , Recondo Longueira , Ulloa y Coloma "Artículo 162.- En todo caso, las normas de gradualidad dispuestas en los artículos octavo transitorio y siguientes sobre los incrementos de remuneraciones y todos los beneficios y asignaciones establecidos por esta ley para los profesionales de la educación, deberán financiarse en mensualidades iguales a través de sendos reajustes de la Unidad de Subvención Educacional". 114.- De los Diputados señores Tohá , Escalona y Rodríguez , doña Laura Se consideran profesores exonerados por razones políticas a todos aquellos miembros del personal docente que se les hubiese cancelado el contrato de trabajo, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, aduciendo razones de índole políticas. Su calificación de tales provendrá de ser incorporados a un Catastro Nacional de Exonerados del Magisterio que para dichos efectos elabore el Ministerio de Educación Pública.".

115.- De los Diputados señores Faulbaum , Muñoz, don Roberto ; Peña , Devaud y Rocha "Artículo transitorio.- "Los profesores que ocupaban cargos Directivos Docentes, en el Sistema Educacional hasta antes de 1980 y que hubieren sido exonerados o rebajados en sus cargos, tendrán derecho a postular y gozarán de preferencia para proveer las vacantes que se produzcan en lo sucesivo, en cargo de igual naturaleza; debiendo, en todo caso, cumplir con las condiciones exigidas por la presente ley y el respectivo Reglamento".