Labor Parlamentaria

El señor MOLINA .-

Señor Presidente, en primer lugar, informo que, cumpliendo el mandato que unánimemente me entregó la Honorable Cámara en el sentido de sostener las "leyes Cumplido" ante el Senado, participé en las reuniones de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en la Sala, en toda la discusión de las leyes que protegen en mejor forma los derechos de las personas y la ley sobre conductas terroristas.

Creo haber cumplido responsablemente ese encargo, aunque las "leyes Cumplido" que vuelven del Senado, después de un intenso debate, no son las mismas que nosotros enviamos. El Senado rechazó numerosos artículos del proyecto, modificó otros y eliminó disposiciones transitorias que esta Corporación aprobara, en unos casos por unanimidad y, en otros, por mayoría.

Si hacemos un balance objetivo, debemos concluir que se ha perdido una gran parte de los avances legislativos que aprobáramos para proteger mejor los derechos de las personas, asegurando las garantías del debido proceso y una penalidad proporcional a los delitos, fuertemente agravada durante el régimen autoritario.

Las ideas matrices que inspiraron los proyectos buscaban, además, adecuar nuestra legislación a los tratados internacionales vigentes, garantizando las reglas que permiten a las personas un justo y racional procesamiento en toda circunstancia.

Esta adecuación hacía indispensable restringir el ámbito de acción de la justicia militar sobre los civiles, -competencia que en los años pasados fue llevada a márgenes intolerables para un estado de derecho- y deslindar, con la máxima precisión, los delitos contra la seguridad del Estado de aquéllos tipificados por la ley de Control de Armas y de Conductas terroristas, puesto que la confusión creada deliberadamente en la legislación dictada por el régimen militar, hacía posible una mezcla de delitos y de acumulación de penalidades que tendían a desproteger hasta tal punto los derechos de los inculpados que éstos, por lo general, terminaban atrapados en procesos interminables o en sentencias aberrantes.

Desafortunadamente, el Senado rechazó las proposiciones más fundamentales del proyecto, tendientes a restablecer, en su plenitud, reglas de competencia que garantizan un debido proceso.

Respecto del Código de Justicia Militar, el Senado se pronuncia por la competencia impropia de la justicia castrense para juzgar a los civiles. La exagerada y abusiva tuición que éstos ejercen sobre la sociedad civil permanece, en gran parte, prácticamente incólume. El Senado no aceptó las reformas propuestas por esta Cámara, luego de un arduo debate, para adecuar el ámbito de la justicia militar a la nueva realidad democrática que vive el país.

El mismo retroceso se produce respecto de la Ley de Seguridad Interior del Estado cuando los delitos son cometidos por civiles, conjuntamente con militares.

En la Ley de Control de Armas, salvo excepciones, el Senado sigue el mismo criterio.

La mayoría de esta Cámara introdujo modificaciones a la penalidad de los delitos configurados en las leyes especiales sobre Seguridad Interior, Ley de Control de Armas y sobre Conductas Terroristas, tratando de restablecer criterios de proporcionalidad que se habían quebrantado gravemente en el pasado.

El Senado las mantiene en su mayoría, a pesar de ciertos absurdos que se producen en muchos casos, además de las descoordinaciones entre tales leyes, en cuanto a la penalidad.

El intento de reformar la composición de las Cortes Marciales también naufragó en las votaciones del Senado.

En este aspecto, señor Presidente, las "leyes Cumplido" han sido derrotadas. Los Senadores designados inclinaron la balanza en favor del sistema de competencias militares, el que, a mi juicio, es contradictorio con una sociedad democrática. Pero, en otros aspectos, también de gran trascendencia, el Senado ha coincidido con el criterio de la Cámara, sosteniendo las ideas matrices del proyecto e, incluso, perfeccionándolas. Así ocurre con el concepto de guerra y las agravantes consiguientes, restringiéndolas sólo a la guerra externa.

Se aprobó la eliminación de los desprestigiados fiscales ad hoc de la justicia militar y se aceptaron los perfeccionamientos procesales en favor de los enjuiciados por la justicia militar. Asimismo, el Senado aceptó en su totalidad, e incluso mejoró, algunas modificaciones introducidas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, en favor de las personas detenidas, garantizando, además, el derecho a la libertad provisional.

Este es un balance positivo y un adelanto, que saludamos como un paso importante, para desmontar instituciones autoritarias, a fin de reemplazarlas por otras democráticas.

Las disposiciones incluidas en el articulado transitorio, que tenían por objeto resolver la situación de los denominados presos políticos, y que, tras largos y meditados debates esta Honorable Corporación aprobó por mayoría, fueron literalmente "barridas" en el Senado. En este punto, vemos una grave discrepancia entre quienes, por mayoría, tratamos de solucionar este angustiante problema, que no es indiferente al proceso de reconciliación nacional en que estamos empeñados. Sin embargo, los partidos políticos de la Concertación y Renovación Nacional han salido al paso de esta "impasse", y, en un patriótico gesto que los enaltece, han logrado un acuerdo político que pondrá fin al encarcelamiento, a los largos procesos y a los abusos cometidos por una justicia militar que actuó como juez y parte, para mantenerlos bajo su control.

No es del caso entrar en detalles respecto de este acuerdo, pero vincula a nuestra bancada, y seremos leales a nuestro compromiso, llevándolo a la práctica legislativa, con el mayor esmero.

Habríamos deseado mantener nuestros criterios en la Sala de la Honorable Cámara y perseverar en aquellas reformas que nos parecen indispensables para desarticular un sistema gravemente represivo para las libertades ciudadanas; pero no podremos hacerlo, porque la libertad de los presos políticos nos parece un imperativo ético, más urgente que nuestro propósito de continuar este debate legislativo. Sin embargo, no abandonaremos nuestra voluntad de restablecer las instituciones jurídicas democráticas que garantizan la dignidad de las personas y sus derechos humanos. Seguiremos proponiendo reformas inspiradas en esos valores, los que, en forma incompleta, se han logrado imponer en las "leyes Cumplido".

No nos desanima el hecho de no haber logrado en plenitud todos nuestros objetivos. Es el precio de la democracia, pero tenemos la voluntad de seguir buscando acuerdos graduales, para conseguir la realización del Derecho y el logro de la justicia en nuestro país.

Saludamos a los Diputados que se comprometieron a fondo por mejorar y profundizar los derechos de las personas, y particularmente a los de Renovación Nacional, quienes, en una actitud patriótica, concordaron con nosotros para que, en una fórmula política que nos parece adecuada y eficiente, logremos la libertad de las personas que hoy están encarceladas.

He dicho.

El señor CHADWICK .-

Señor Presidente, creo que las llamadas "leyes Cumplido" han sufrido una serie de variaciones, durante su tramitación legislativa, desde el envío del proyecto por el Ejecutivo hasta hoy día, cuando nos vemos enfrentados a analizar y votar el proyecto con las modificaciones del Senado.

Considero necesario recordar cuáles eran los aspectos fundamentales que contemplaba el proyecto del Ejecutivo. Esencialmente, las llamadas "leyes Cumplido", cuando llegaron a la Cámara de Diputados, se centraban en tres aspectos. En primer lugar, en una importante rebaja a la penalidad de una serie de delitos establecidos en la ley antiterrorista, en la Ley de Seguridad Interior del Estado y en la Ley de Control de Armas. En segundo término, en un cambio sustancial de la justicia militar, tanto en lo que se refiere a la composición de los tribunales militares, como en cuanto a la competencia que le otorgan las leyes correspondientes.

Por último, el proyecto del Ejecutivo tenía como tercer pilar una serie de disposiciones transitorias, que apuntaban esencialmente a obtener la rápida libertad de los denominados "presos políticos" procesados o condenados. Ello, por una parte, con normas que agilizaban los procedimientos y, por otra, con una rebaja de la pena de los delitos que se les imputaban.

Ese fue el proyecto del Ejecutivo, lo que se llamó las "leyes Cumplido", lo que llegó a la Cámara de Diputados para su estudio.

Durante la tramitación de la iniciativa, señalamos, en forma muy enfática que teníamos una serie de reparos a estos tres elementos esenciales. Principalmente, manifestamos nuestro rechazo categórico a la rebaja de las penas establecidas en el proyecto del Ejecutivo. Expresamos que era altamente inconveniente, para el efecto de combatir la acción terrorista, delictual, que el Ejecutivo propusiera una rebaja de pena a determinados delitos e, incluso, a los más graves, como son las conductas antisociales que están configuradas en dicha ley.

Señalamos, con respecto a la justicia militar, que en principio, nos parecía que debíamos enfocar sus actuaciones con un criterio estrictamente profesional, buscando su especialización y no estudiarla con un criterio o un prejuicio de carácter político.

Pero así como manifestamos un rechazo muy categórico a la rebaja de pena, buscamos, al interior de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y posteriormente en esta Sala, posibilidades de acuerdo que nos permitieran establecer, tanto la organización y composición de los tribunales, como el ámbito de su competencia.

Finalmente, respecto de las normas transitorias, siempre expresamos nuestra más absoluta oposición a establecer fórmulas que implicaran, en forma unilateral o parcial, rebajar la pena de los denominados "presos políticos". Pero, sí, en cambio, fuimos partidarios de incorporar normas con el objeto de que todo ciudadano, cualquiera que fuera su sector u origen, pudiera sentirse plenamente confiado en la acción de la justicia, en que se agilizaran sus procesos, y que diera plena garantía en cuanto a la acción judicial que se estaba siguiendo.

Ese fue el espíritu con el cual concurrimos a aprobar ciertas normas de las "leyes Cumplido" en la Cámara de Diputados, y a rechazar, especialmente, lo relacionado con la rebaja de la penalidad.

Por último, respecto de este proyecto, en el Senado se logró un importante acuerdo, ratificado por la unanimidad de todos los Senadores, que a mi juicio, es más amplio, más perfecto y que ha estructurado en mejor forma las materias relacionadas con dichas leyes.

Hoy día en cuanto a las llamadas "leyes Cumplido", el proyecto del Ejecutivo, en su forma original, dista mucho de aquel que conocimos en la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional.

Las modificaciones del Senado han determinado, por unanimidad de los Senadores, que no hay tal rebaja de penas a los delitos originalmente contemplados; que la justicia militar cambia la composición de sus tribunales y la competencia de sus jueces, pero en una fórmula que tiende a perfeccionarla aún más, a especializarla, dejando de lado criterios o prejuicios políticos.

En las normas transitorias, se incluyeron disposiciones que agilizan los procesos, que dan mejor garantía en su tramitación, pero no se contempló, en ningún artículo, alguna fórmula que, unilateral o parcialmente, tienda a beneficiar a un sector de los procesados.

Dado que la unanimidad del Senado refleja un acuerdo amplio, profundo e importante y porque creemos que el proyecto original -como lo ha dicho el Diputado señor Molina- queda prácticamente en nada y hasta el propio señor Ministro quisiera que se les cambiara de nombre a las "leyes Cumplido", votaremos favorablemente las modificaciones aprobadas por el Senado, que perfeccionan la legislación, tanto en lo que se refiere a las normas permanentes como a las transitorias.

Reitero que votaremos favorablemente todas las modificaciones introducidas por el Senado. Además, concurriremos a la Comisión Mixta -si se llega a esa instancia- con el ánimo y el espíritu -como lo hicimos anteriormente- de superar las discrepancias para obtener, ojalá, unanimidad respecto de estas materias.

Esa será la posición de nuestra bancada en la votación de las modificaciones propuestas.

He dicho.

El señor AYLWIN (don Andrés) .-

Señor Presidente, nos corresponde votar este proyecto después de que, hoy en la mañana, los presidentes de un conjunto de partidos han llegado a un acuerdo político en muchos aspectos trascendentales. Tal acuerdo revela que nuestra institucionalidad democrática es capaz de funcionar para afrontar uno de los grandes conflictos que encara nuestra sociedad.

Lo obtenido está muy lejos de aquello a lo que nosotros aspirábamos. Pero, en todo caso, es un acuerdo político razonable, que nos permite enfrentar adecuadamente uno de los grandes problemas heredados del gobierno anterior, un conflicto, de carácter ético, que afecta a toda la sociedad chilena: el de los presos políticos.

Por ello, valorizamos enormemente la predisposición de los parlamentarios y del Partido Renovación Nacional para lograr este acuerdo.

La forma cómo se están despachando estas leyes nos permitirá, por un lado, agilizar los procesos, tanto los de significado político, como aquéllos relacionados con reos comunes y, por otro, extender el beneficio de la libertad provisional mediante las modificaciones del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, situación que ha significado tantos sufrimientos para muchos presos políticos y presos comunes. Asimismo, nos posibilitará humanizar los procedimientos, evitando incomunicaciones y aislamientos tremendamente prolongados, que, en los casos de presos políticos, han llegado hasta 304 días. Nos permitirá también modificar la competencia de la justicia militar, para terminar con el absurdo de que el 85 por ciento de los procesados por fiscalías militares, sean civiles, lo que, indudablemente, constituye una aberración. El hecho de que los procesos pasen de las fiscalías a los jueces y, en segunda instancia, de la Corte Marcial al Ministro de Corte de Apelaciones, a mi juicio, re-presenta un aspecto trascendental de los acuerdos a que estamos llegando.

Al mismo tiempo, por los consensos logrados ahora y por las votaciones anteriores de la Cámara de Diputados, podremos suprimir delitos aberrantes, como el del ingreso clandestino al país, que podía significar penas hasta de muerte; y el concepto de ayudistas que ha representado tantos sufrimientos para muchas personas. Nos posibilitan, sobre todo, afrontar lo más adecuadamente posible, aunque muy lejos de nuestras aspiraciones, el problema de los presos políticos.

En definitiva, estos acuerdos han sido producto de largas conversaciones en nuestra Comisión. Las visitas a las cárceles, el conocimiento de los presos políticos y de su dramática realidad, las largas horas de conversaciones y de debate, hicieron posible este acuerdo, y basado en la modificación del artículo 9° de la Constitución Política, que establece una concepción absolutamente aberrante, que hiere las convenciones internacionales, y según el cual determinados delitos -concretamente las llamadas conductas terroristas- jamás serán objeto de amnistía, ni de indulto, ni de libertad provisional.

Hago presente que la derogación de este artículo fue planteada expresamente por la Concertación en 1989 y, más adelante, por nosotros, en forma reiterada, en nuestra Comisión, durante todo el presente año. Desgraciadamente, es una reforma que requiere la aprobación de las dos terceras partes de los Diputados y Senadores en ejercicio, quorum de difícil obtención en el Senado.

Hoy día nos alegramos de que hayamos alcanzado un acuerdo político que permita modificar, total o parcialmente, un aspecto de una disposición tan absolutamente aberrante.

En nuestra votación, seguiremos básicamente tres criterios centrales.

Según el primero, insistiremos en el planteamiento de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el segundo, votaremos con el Senado, haciendo presente que lo haremos, en algunos casos, porque su redacción mejora nuestro proyecto; y, en otros, única y exclusivamente por el acuerdo político logrado, el que estamos dispuestos a respetar íntegramente.

En conformidad con el tercero, votaremos por la Cámara de Diputados, con la idea de buscar soluciones intermedias, haciendo posible el funcionamiento de la Comisión Mixta, en la cual deben perfeccionarse definitivamente los importantes acuerdos políticos alcanzados hoy en la mañana.

Quiero dejar expresa constancia -porque lo estimo de una significación moral muy trascendente-, que ningún acuerdo político logrado implica, ni directa ni indirectamente, alguna forma de impunidad en materia de derechos humanos.

En otro punto, ratificamos nuestra creencia de que era mejor el texto del proyecto enviado por nuestro Gobierno, es decir, las llamadas "leyes Cumplido". Creemos que estábamos en lo justo, cuando pedíamos la modificación de otros tipos legales que no han sido derogados o modificados y cuando solicitábamos una efectiva racionalización de algunas penas. También estábamos en lo justo cuando luchábamos por establecer un recurso de revisión y otro conjunto de beneficios y garantías, especialmente relacionados con los presos políticos. A vía de ejemplo, en este último caso, señalo el 3 por 1, importante aspiración moral de los presos políticos que, en definitiva, ha debido ser abandonada.

Desde el punto de vista de los presos políticos, preferíamos la solución de las "leyes Cumplido", porque ellas hacían posible su libertad, sobre la base de hacerles justicia, es decir, de aplicarles leyes ecuánimes. Ahora se ha llegado a otro tipo de arreglo, que, en gran parte, implica la posibilidad del indulto presidencial, o sea, de hacer uso de una gracia.

Agradezco, naturalmente, en representación de mi partido, la posibilidad que se da al Presidente de la República -y lo hago muy sinceramente- pero, al mismo tiempo, habríamos preferido facilitar la libertad de los presos políticos sobre la base de leyes adecuadas y justas, más que de una gracia del Presidente de la República.

Finalmente, señor Presidente, quiero dejar expresa constancia de que durante los 10 meses en que tramitamos este proyecto de ley, en nuestra Comisión tuvimos muy duras discusiones; pero creo que en definitiva, hemos aprendido a conocemos mejor, a respetamos mutuamente, y los acuerdos a que hoy llegamos son productos del trabajo, insisto, de esa Comisión.

Dejo también expresa constancia de que estos diez meses me han permitido conocer más profundamente a los presos políticos que hay en las cárceles chilenas. Moralmente, no puedo dejar de rendirles en homenaje por la paciencia que han tenido para esperar tantos meses. Posiblemente, tuvieron momentos de tremenda desesperación; pero creo que cualquiera de los que estamos en estas bancadas podemos entender lo que significan estos meses de presidio, cuando algunos llevan ya seis, ocho, diez u once años de privación de libertad.

Con esa paciencia, ellos han expresado una profunda fe en las instituciones de nuestra democracia. Tengo la íntima convicción, y mego a Dios que así sea, de que esta ley, en los términos acordados hoy, permitirá solucionar un problema moral que tan gravemente afecta nuestra sociedad chilena, y que yo, a título personal, siento como mío -el problema de los presos políticos-; y de que, al mismo tiempo, será un instrumento de efectiva reconciliación y reencuentro entre los chilenos. Indudablemente que Renovación Nacional, al facilitamos sus votos, ha hecho posible, en gran medida, la reconciliación y reencuentro que, yo creo, esperan todos los chilenos.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, hace algunos meses, cuando se discutieron las denominadas "leyes Cumplido" en la Cámara de Diputados, sostuve, en representación de Renovación Nacional, que nosotros no podíamos delegar nuestra responsabilidad y, en definitiva, no materializar un acuerdo político en esta Cámara. En esa oportunidad, señalamos que se reunían todas y cada una de las condiciones que permitían, con voluntad y disposición, llegar a ese acuerdo. Afortunadamente, en el día de hoy -y luego de varios meses- en la oficina del señor Presidente de la Cámara de Diputados los partidos de la Concertación y Renovación Nacional suscribieron un acuerdo político y legislativo, que permitía el des-pacho y la aprobación de éstas leyes.

En los acuerdos políticos, nunca se alcanza el objetivo completo que cada uno pretende legítimamente; siempre implican obtener triunfos relativos. Pero, para que ello ocurra y para dar estabilidad a un sistema democrático, es necesaria la voluntad de todos los sectores políticos involucrados en el logro de ese acuerdo. Por ello, nuestro partido valora, en su justa dimensión, los esfuerzos realizados por Diputados y Senadores, especialmente de los parlamentarios de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, quienes, no obstante encontrarse el proyecto en el Senado, continuaron realizando gestiones para llegar a los puntos de acuerdo más importantes.

Asimismo, y con hidalguía, valoramos los esfuerzos y la contribución que ha hecho a esta materia el señor Ministro de Justicia, de cuyos planteamientos, durante el estudio del proyecto, discrepamos en reiteradas oportunidades. En cada una de ellas tuvo la capacidad y la altura de miras para ir construyendo lenta, pero consistentemente, un acuerdo político que hoy aquí aprobamos y que sólo apreciaremos en su justa dimensión, con el correr de los años.

Los grandes acuerdos nunca se valoran al momento que se suscriben. El tiempo comienza a darles fuerza y contenido. Los años son los que, en definitiva, demostrarán la utilidad que ellos tendrán para la consolidación de nuestro sistema y, además, para la reconciliación respecto de los hechos del pasado.

Básicamente, ¿en qué consiste este acuerdo? Es importante que los parlamentarios de esta Cámara lo conozcan.

En primer término, se perfecciona el texto de la ley sobre conductas terroristas con base en los acuerdos tomados en la Cámara de Diputados y que, fundamentalmente, consisten en introducir, como elemento novedoso en la legislación chilena, lo que se ha denominado "el terrorismo selectivo"; es decir, aquellas acciones terroristas que obedecen a un plan premeditado para atentar en contra de una categoría o grupo determinado de personas.

El otro gran elemento es que se modifica la forma de cómo se determina la penalidad de los delitos terroristas. Se aplica, quizás por primera vez en nuestro país, una escala de graduación, en la que los jueces podrán determinar sin estar sujetos a la rigurosidad de la pena única y exclusiva, que tradicionalmente contemplan nuestros códigos.

Dentro de una latitud de penas muy severas por la gravedad de los delitos, como son las que contempla la ley antiterrorista, el juez podrá determinar, valorando los hechos, si aplica el grado mayor o bien una pena en un grado menor.

En segundo término, y constituyendo otro de los elementos más valiosos, se separan nítidamente los hechos del pasado respecto de los del presente y del futuro.

En Senado, que votó por unanimidad estos proyectos, esto es, con los votos de la Concertación, de los partidos opositores y de los Senadores designados, marcó claramente, una diferencia respecto de hechos del pasado y hechos del presente y del futuro, acogiendo la tesis que se había planteado en la Cámara de Diputados.

Respecto de los hechos del presente y del futuro, la ciudadanía contará con una legislación que le va a garantizar con certeza que, en nuestro país, las acciones de violencia y terrorismo serán sancionadas con penas justas, pero drásticas.

En lo que dice relación con los hechos del pasado, se han establecido los instrumentos para que tanto el Presidente de la República como las normas que regulan esos hechos, permitan dar pasos efectivos de reconciliación.

Quisiera, puntualmente, destacar dos aspectos.

Esta Cámara aprobó, y el Senado ratificó, las normas que mejoran los derechos de las personas.

Se terminó, definitivamente, con las incomunicaciones por más de 10 días; se perfeccionó la legislación relativa a la libertad provisional; se estableció que para aumentar el plazo en que una persona debe ser puesta a disposición del tribunal por los organismos policiales, se requerirá de examen médico practicado por un facultativo que no pertenezca a la institución policial que lleva a cabo la detención.

En lo relativo a la competencia de los tribunales, se hizo también una distinción de los hechos del pasado respecto de los del presente y del futuro. Sobre estos últimos, se introduce un cambio sustantivo en la competencia de los tribunales militares: se establece que los delitos cometidos por civiles previstos en cualquiera de los textos de las leyes especiales, serán de conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia y, específicamente, de un ministro de Corte. Se exceptúan, exclusivamente, dos delitos: los que dicen relación con la formación de grupos de combate y con la internación de armas, los cuales, de acuerdo con la experiencia de países que han vivido el flagelo del terrorismo en democracia, se ha preferido mantenerlos en poder de tribunales especializados, en el entendido de que siempre deberá velarse por el cumplimiento de las normas del debido proceso.

Respecto de los hechos del pasado, todos aquellos delitos que dicen relación con leyes especiales y en los cuales el sumario haya durado más de un año, se establece que pasarán a ser de conocimiento de un ministro de Corte de Apelaciones. Si estos procesos se encuentran en estado de plenario, la persona que ha sido procesada tendrá derecho a prestar nueva declaración, y el juez, variando las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, tendrá la obligación de tomársela y estarse al mérito de aquella confesión que se encuentre más ajustada a los antecedentes del proceso.

Estas medidas concretas han permitido perfeccionar la legislación vigente y darle un tratamiento especial a los hechos del pasado. En este sentido, no se puede desligar la votación, que hoy se produce en esta Cámara, del acuerdo político suscrito, en orden a modificar el artículo 9° de la Constitución Política.

Este precepto ha sido modificado respecto del pasado y del presente. Sobre el presente, incorpora la libertad provisional, de acuerdo con lo que establecen los tratados internacionales suscritos y ratificados en el gobierno anterior, de que cualquier persona procesada tiene derecho a la libertad provisional, porque mientras rio esté condenada, puede ser inocente y, por lo tanto, esa libertad provisional, si bien está sujetas al cumplimiento de normas y requisitos especiales, es una garantía constitucional que se debe respetar. En relación con el pasado, junto con mantener esta regla, se le otorgan al Presidente de la República los instrumentos para que dé pasos concretos de reconciliación.

Renovación Nacional no ha hecho esta reforma como una concesión. La ha hecho responsablemente, porque llegó la hora de que en Chile no sólo se hable de reconciliación, sino de asumir la responsabilidad de lo que ello implica y se den pasos decisivos para materializarla. Confiamos en que Su Excelencia el Presidente de la República, como la autoridad más alta del país, con sabiduría, caso a caso, analizando cada situación, en uso del mandato que los chilenos le dieron, sabrá dar los pasos de reconciliación en los momentos oportunos, que nos permitan estar discutiendo, ojalá en el menor plazo posible, qué va a ocurrir en los próximos 10 años, y no qué ocurrió en los 10 ya transcurridos.

Por ello, y al concluir, señor Presidente, debo señalar que aquí no hay perdedores ni ganadores; no hay un proyecto inicial mejor ni un final peor o viceversa. Hay un acuerdo político responsable, que la historia sabrá juzgar en su justa dimensión. Quienes lo han firmado, han dado un paso certero y seguro para hacer definitivamente posible en este país la reconciliación que los chilenos reclaman, especialmente, a quienes estamos en esté Par-lamento.

He dicho.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente y Honorables colegas.

Si analizáramos los proyectos de ley en los términos en que han sido aprobados por el Honorable Senado, los estudiaremos aisladamente fuera de contexto y los comparáremos con los que, en su oportunidad, la Cámara aprobó en el primer trámite constitucional, es evidente que los parlamentarios de la Concertación y el Gobierno, motivados por similares sentimientos, debieran estar con una profunda desazón, puesto que es muy poco lo que queda de lo que, en su época, se denominaron "las leyes Cumplido".

Sin embargo, como se ha recordado esta tarde, estos proyectos están insertos en un acuerdo político que ha sido suscrito hoy en la mañana, el que en definitiva, trata de solucionar el problema de los presos políticos y de recuperar los principios y las ideas de la reconciliación y de la justicia que habían inspirado esta iniciativa de Gobierno.

Más allá de las cuestiones técnicas que podríamos analizar y discutir a esta hora, y existiendo la voluntad de aprobar el acuerdo, lo trascendente para nosotros, a estas alturas, es recuperar la importancia que tiene para el futuro de nuestra convivencia democrática el que los actores y las fuerzas políticas en contingencia, sean capaces de alcanzar acuerdos de la envergadura del que ha sido suscrito esta mañana, ya que ello le da estabilidad al país y permite, en última instancia, avanzar en la solución de los grandes problemas nacionales.

Los radicales confiamos, señor Presidente, en que así como hoy hemos alcanzado acuerdo en relación con las denominadas "leyes Cumplido", facultando al Presidente de la República para indultarse recupera el principio, la idea, de que las personas procesadas por los delitos a que hacen referencia estas leyes, pueden ser beneficiadas con libertad provisional- y revisando también todo lo que se refiere a la competencia de los tribunales militares, incluso modificando algunas penalidades a ciertas incriminaciones que están contenidas en este proyecto, sería ideal, para el futuro del país, que en los próximos meses podamos alcanzar también acuerdos políticos sobre otras materias que, naturalmente, preocupan a la ciudadanía y motivan la grán discusión nacional.

Por eso, considerando estos proyectos de ley dentro del marco superior de los acuerdos alcanzados, vamos, naturalmente, a darles nuestra aprobación.

Sin embargo, no podemos terminar estas palabras sin hacer presente que estimamos que el tema no está definitivamente cerrado, porque hay aún ciertas tareas inconclusas y confiamos en que, en el futuro, podamos promover y discutir nuevas iniciativas tendientes a perfeccionar nuestra legislación en las materias que nos ocupan, con el objeto de dar una respuesta definitiva que alcance los niveles de justicia y de reconciliación en que está empeñada la Honorable Cámara.

Por tales razones, los Diputados radicales votaremos favorablemente el proyecto de ley, respetando el acuerdo político mencionado.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente coincido con lo expresado por el Diputado Señor Huepe y no creo haber dicho una cosa distinta. He pedido que se respete la forma de votación. Obviamente, no pretendo que los acuerdos de los Comités obliguen a los parlamentarios a votar en tal o cual sentido.

La ley sobre conductas terroristas vigente establece tipos que son delitos o conductas terroristas como tales. Así, se establece que cuando concurren las circunstancias señaladas en el artículo 1°, números 1 y 2, los delitos comunes o los de leyes especiales se transforman en delitos terroristas. Por lo tanto, la expresión está correctamente usada.

En la legislación actual existe el tipo penal que regula las conductas que califica de terroristas. En este proyecto, la diferencia radica en que, cuando concurren determinadas circunstancias, transforma en delitos terroristas, tantos delitos comunes como de leyes especiales. Por lo tanto, la expresión que utiliza es correcta. Este es un cambio sustantivo respecto de la ley actualmente en vigencia, que será modificada por ésta.

En consecuencia, esta explicación justifica por qué se cambia "conducta terrorista" por "constituyen delitos terroristas", en aquellos casos en los que, aun cuando son delitos comunes, concurren algunas de las circunstancias que los transforma en delitos terroristas.

El señor SCHAULSOHN .-

Señor Presidente, el Tribunal Constitucional acaba de declarar la inconstitucionalidad de lo obrado por esta Cámara en relación con algunas disposiciones de la Ley de Pesca, precisamente porque objetó el sistema utilizado por ésta, en el sentido de no dejar constancia del número de parlamentarios que votan a favor, debido a que la unanimidad de la Sala no necesariamente garantiza la obtención de los quorum establecidos en la Constitución, que se refieren a los Diputados en ejercicio.

Para evitar la repetición del suscitado con la Ley de Pesca, en cuyo caso probablemente tendremos que votar todo de nuevo, pido a la Mesa que tome la votación, porque debe dejarse constancia del número exacto de parlamentarios que votan en un sentido o en otro, cuando se requieren quorum especiales. La unanimidad puede ser la totalidad de los Diputados presentes en la Sala y éstos, aun cuando sean suficientes para el quorum de sesión, pueden constituir un número inferior al de los Diputados en ejercicio que se requiere para la aprobación de determinadas normas legales.

Por lo tanto, pido que se repita la votación de la manera que he indicado, para no volver a tener este problema, en razón del fallo reciente del Tribunal Constitucional.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sobre el fallo reciente del Tribunal Constitucional, que tengo a la mano, y sobre el cual estamos informados, la Cámara de Diputados no procedió equivocadamente, sino el Tribunal Constitucional.

El señor SCHAULSOHN .-

Es lo más probable.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Cuando se ha votado, y se ha dejado constancia de que concurre más del número necesario de parlamentarios. Sólo debe quedar establecido que la unanimidad está constituida por un número mayor que el requerido para el quorum constitucional.

El señor SCHAULSOHN .-

Señor Presidente, respeto el criterio de la Mesa y espero que sea el correcto. Sin embargo, sería bastante lamentable vemos expuestos después a un cuestionamiento respecto de la constitucionalidad de nuestra actuación, por haber procedido en esta forma. Pero, si la Mesa está convencida de que ese criterio es el correcto, retiro mi observación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Juventud.

El texto del proyecto de ley aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, impreso en el boletín N° 49-06, figura en el Ne 16 de los Documentos de la Cuenta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Diputado Informante de la Comisión de Gobierno Interior es el señor Juan Pablo Letelier. En el informe se den por aprobados los artículos 4°, 5°, 6°, 8°, 11, 12, 14, 16 y 1°, 4° y 5° transitorios.

Si le parece a la Sala, se aprobarán.

Aprobados.

Los artículos 15 y 18, que según el informe de la Comisión de Gobierno Interior debieran darse por aprobados, fueron objeto de indicaciones en la Comisión de Hacienda.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, en nombre de la Unión Demócrata Independiente, quiero destacar que, tal cual lo manifestamos durante la discusión general, nuestra bancada estima de verdad útil cualquier intento legislativo por producir instancias que efectivamente, tiendan a colaborar para que la juventud tenga un mejor nivel y pueda satisfacer sus aspiraciones y necesidades.

Desde ese punto de vista, tratamos el tema y le dimos, en términos generales, nuestra aprobación. Además, pudimos apreciar la buena disposición del Ejecutivo y de otros señores parlamentarios para introducirle las modificaciones necesarias con el fin conseguir que esta iniciativa pudiera convertirse en una realidad.

En consecuencia, sólo nos restaba conversar, sobre la dependencia de carácter administrativo que este nuevo servicio público tendría, en su relación con el Presidente de la República.

Por ello, nuestra bancada presentó, a través de quien habla, una indicación para cambiar el Ministerio del cual dependería. Y como el señor Ministro Secretario General de Gobierno, que analizó con nosotros este proyecto, manifestó su buena disposición para que ello ocurriera, se llegó a acuerdo y se aprobó la indicación para que este servicio público dependiera del Ministerio de Planificación y Cooperación, al igual que el Servicio Nacional de la Mujer.

En consecuencia, estimamos que con esta enmienda, el proyecto en general satisface en gran parte nuestras ideas y aspiraciones respecto de este tema.

Finalmente, sólo deseamos señalar que esperamos y aspiramos a que este servicio público, efectivamente, pueda ayudar a que los anhelos de los jóvenes se vean cada vez más satisfechos.

Sin perjuicio de lo anterior, estaremos siempre vigilantes y atentos a que no se haga la tan mentada instrumentalización político-partidista, la que muchas veces provoca escepticismos en las personas.

Con esas consideraciones, daremos nuestra aprobación a este artículo, y a los demás, en la forma que figuran en el proyecto.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, este es uno de los tres o cuatro artículos que sufrieron modificación en el segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior y respecto del cual no se llegó a consenso a lo largo del debate. En particular, sostuvimos lo hacemos aunque no corresponde cambiar la dependencia del Instituto Nacional de la Juventud. Percibimos que la indicación patrocinada por los colegas de la UDI y de Renovación Nacional, de una y otra forma, encierra un juicio político más que uno de carácter técnico. En nuestra percepción, corresponde a una falta de confianza, en especial de los parlamentarios de Renovación Nacional, que el Instituto dependa del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

En primer lugar, pensamos que su dependencia debe ser, por sobre todo, administrativa, pues se trata de un servicio público descentralizado. En segundo lugar, estimamos que por ser el sector de los jóvenes muy distinto al de las mujeres, los argumentos de fondo presentados por los Diputados de la UDI y de Renovación Nacional carecen de peso.

Sobre la materia, sentimos que por tratarse de un sector altamente vulnerable, con dinámicas y problemas muy particulares, corresponde que su dependencia se mantenga en el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

En verdad, a pesar de que dicha indicación fue acogida por mayoría de votos en la Comisión, quienes la presentaron en ningún momento hicieron valer argumentos técnicos que justificaran el cambio de su dependencia. Más aún, en cada argumentación se dejó entrever, por sobre todo, un juicio político sobre quienes ocupaban los cargos en los ministerios o respecto de una probable manipulación política del Instituto Nacional de la Juventud. No hay intención, de parte de las fuerzas que integramos la Concertación, de hacer con el Instituto Nacional de la Juventud lo que, en nuestra opinión, se hizo de forma tan errónea con la Secretaría Nacional de la Juventud. Al contrario, nos motiva la existencia de un instituto que no permita la manipulación de los jóvenes para fines proselitistas ni político- partidistas, sino que sea capaz de imple- mentar y de proponer al Presidente de la República una política nacional destinada a los jóvenes, quienes representan un gran porcentaje de la población de nuestro país.

He dicho.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, del debate sobre el proyecto del Instituto de la Juventud, ha quedado clara la importancia y trascendencia que tiene la creación de un organismo público, de carácter técnico, que tenga la responsabilidad de colaborar con el Presidente de la República en el desarrollo de los programas y acciones de los diferentes sectores del Estado, dirigidos a los problemas de la juventud.

Es la primera vez que en nuestro país existe una iniciativa de este tipo. Esto marca la diferencia con la situación que se produjo en el pasado, especialmente en tomo del funcionamiento de la Secretaría Nacional de la Juventud. Desde ese punto de vista, las aprensiones e inquietudes respecto de su utilización, son absolutamente infundadas.

Ahora, en cuanto a la necesidad de contar con este instrumento, y en función de la determinación de las autoridades para desarrollar un importante capítulo del Programa de Gobierno de la Concertación, estamos seguros de que la dependencia administrativa del instituto del Ministerio de Planificación y Cooperación no va a significar limitación alguna en términos de conseguir los objetivos y la aplicación de las atribuciones que en este proyecto se consagran. Lo importante –y lo queremos remarcar- radica en que, por primera vez, va a existir un instrumento que pueda elaborar y desarrollar una política nacional de juventud abierta, además, a la participación de los sectores interesados e involucrados en el proceso juvenil de este país.

Por lo anteriormente expuesto, los Diputados democratacristianos respaldaremos esta proposición.

He dicho.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que nos ocupa y que debatimos largamente hace algunas semanas, con ocasión de que esta Honorable Cámara se pronunciara sobre él, en general, Renovación Nacional sostuvo su oposición a este proyecto, para lo cual dio sus argumentos. Por lo tanto, no es del caso, en esta ocasión, repetir las múltiples razones y argumentos que dieron origen a nuestra votación, pues todos ellos se resumen en un asunto de principio sobre el cual no queremos transar.

En el segundo informe, presentamos diversas indicaciones, que fueron rechazadas en la Comisión y que reiteramos en esta sesión, de conformidad con el Reglamento.

Todas estas indicaciones apuntan a que, efectivamente, se cree un organismo técnico, que cuente con la capacidad y eficiencia que sólo profesionales puedan proporcionarle y que, lejos de ser una institución que corra el riesgo de desvirtuar la función que se le quiere encomendar, pueda realmente dar garantías de que se abocará a confeccionar un acertado diagnóstico de la realidad que vive la juventud, evaluando las diferentes circunstancias en que se enmarcan los problemas de trabajo, de educación, de pobreza y otras lacras sociales que sufren los jóvenes de nuestro país. Para ellos, nuestra primera indicación tenía por finalidad cambiar la dependencia al Ministerio de Planificación y Cooperación.

El hecho de que haya sido acogida en la Comisión no nos basta, pues, en definitiva, somos partidarios de una oficina o departamento que, al interior de ese Ministerio -como señalé- diagnostique y proponga a las distintas Secretarías de Estado programas destinados a resolver con eficiencia los problemas de la juventud. De manera especial, como lo señalaba también, los Ministerios del Trabajo, de Salud y de Educación, deben imple- mentar programas destinados a resolver de modo preferente los programas juveniles, creando planes de capacitación laboral, prevención y rehabilitación de la drogadicción, del alcoholismo, prevención del embarazo de adolescentes, estimular la continuidad de estudios y fortalecer el ámbito de las aptitudes y conocimientos que contribuyan a una acertada decisión en materia vocacional.

Del mismo modo, deben desarrollarse programas educativos especiales que alejen a los jóvenes de la delincuencia, que los rehabiliten efectivamente cuando han delinquido y que los adviertan de los peligros de la violencia y del terrorismo.

Señor Presidente, aun cuando nuestra indicación sea acogida en los mismos términos que la del Honorable Diputado Ulloa , en cuanto a cambiar la dependencia del Ministerio de Planificación y Cooperación, nosotros postulamos una idea distinta, que consiste en crear un organismo realmente técnico que cuente con un número limitado de profesionales abocados al estudio de soluciones y proposiciones a los diferentes Ministerios para enfrentar la problemática juvenil nacional.

Esa es la posición que tenemos al respecto, por lo cual votaremos en contra de este artículo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arturo Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, no obstante ser bastante clara la posición que ha asumido Renovación Nacional respecto del Instituto de la Juventud, quiero reiterar la postura de nuestro partido.

En verdad lo único que compartimos es el diagnóstico que a través del mensaje el Gobierno hace respecto de la juventud, lo cual, por lo demás, no es novedad.

Esta situación, especialmente en los últimos veinte o treinta años se ha venido agravando, pero lo que quisiéramos solicitar hoy día al Gobierno es que el Estado asuma realmente su responsabilidad. Me refiero a los distintos diagnósticos que se plantean en el mensaje, sobre la falta de posibilidad de trabajo para la juventud; en cuanto a que el Ministerio de Educación efectúe un cambio profundo en sus programas de estudio, con el objeto de no continuar formando jóvenes sólo para ingresar a las universidades, mediante planes adecuados para ese fin, con lo cual, año a año, gran cantidad de jóvenes ven frustradas sus aspiraciones.

El problema de las adolescentes embarazadas también es gravísimo, y sobre él el Ministerio de Salud debe necesariamente asumir su responsabilidad, así como lo hacen todos los gobiernos del mundo, donde cada Ministerio, año a año, hace una planificación global e incluso introduce planes por decenios.

Lo que hoy día hace el Gobierno no es más que eludir una responsabilidad y, de alguna manera, avalar cierta incapacidad que pudieran tener estos organismos para asumir responsabilidades tan importantes como la de preocuparse de nuestra juventud.

Es necesario, en primer lugar, seguir ampliando el aparato estatal. La mayoría de los mensajes ingresados a esta Cámara han sido para aumentar dotaciones de personal de algunos Ministerios y, en definitiva, el gasto público. Una vez más tenemos un proyecto de las mismas características, en el que, so pretexto de los problemas juveniles, se agranda el aparato estatal. Además, habrá utilización política. Quiero decirle al Diputado señor Letelier que, efectivamente, la mayoría de los argumentos que hemos dado son políticos porque el proyecto tiene ese carácter y esta Cámara es política. Por lo tanto, no podemos estar ajenos a dar respuestas o argumentaciones en ese sentido. Por lo demás, quisiera pedirles que nos permitieran discrepar y también desconfiar, por cuanto este proyecto no nos parece el más adecuado para enfrentar la problemática juvenil. Además, esta desconfianza no sólo proviene de nuestra bancada. La ha manifestado el mismo Diputado señor Letelier. En la Comisión, cuando tratamos el artículo le, se cambió la dependencia de este Instituto, de la Secretaría General de Gobierno al Ministerio de Planificación y Cooperación, y la bancada democratacristiana apoyó esa proposición. Por lo tanto, ¿Podríamos acusarlos también a ellos de tener desconfianza en este proyecto? Creo que es lícito, señores Diputados, discrepar en ese sentido.

Para finalizar, quisiera reiterar lo que ha dicho mi colega el Diputado Galilea , en cuanto a que, consideramos, dada la gravedad de la problemática juvenil, que debiéramos enfrentarla en forma global.

Existe un Ministerio de Planificación y Cooperación, que es el organismo técnico por excelencia; incluso, hace unos meses, se le elevó al rango de Ministerio. ¿Por qué seguir creando situaciones de este tipo y agrandando el aparato estatal? ¿Por qué continuar eludiendo las responsabilidades de cada Ministerio y, en especial, del Ministerio de Planificación y Cooperación?

Pensamos, que sólo 10 personas, 10 técnicos, que no tienen por qué ser jóvenes, en un departamento que para ser creado, ni siquiera se requiera de ley, deberían abocarse a un estudio global, para que los respectivos Ministerios asuman su tarea en la presentación de un plan al Gobierno que nos rige hoy día.

Por todas estas razones, y efectivamente, por la desconfianza en la utilización política que podrá hacerse de este Instituto, nos opondremos artículo por artículo a este proyecto, y no le daremos nuestra aprobación.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, quisiera referirme al artículo en discusión y también sustentar nuestra indicación, en el sentido de que la dependencia del Instituto Nacional de la Juventud sea del Ministerio de Planificación y Cooperación y no del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Básicamente, esa indicación apunta a lo que se desprende del propio mensaje del ejecutivo, en el cual se habla de un organismo técnico. Sobre esa base, y considerando el estudio de sus funciones, este Instituto puede convertirse en un buen instrumento para que el día de mañana, por iniciativa de nuestro Partido se cree el Consejo Nacional de la Juventud, que sería un organismo independiente del Estado, autónomo, pluralista y representativo, no sólo de los sectores y de los partidos políticos de nuestras juventudes, sino que también de todas aquellas instituciones que actualmente trabajan con la juventud.

En la sala se ha planteado un problema de desconfianza. Hemos apoyado este proyecto dentro de la perspectiva de la confianza. Creemos en el espíritu del mensaje, como también en que es necesario que sobre esta materia especial existan, por parte del Estado, algunos instrumentos que permitan canalizar las diversas inquietudes y conflictos políticos, sociales y económicos de la juventud chilena.

Pero quiero dejar en claro que esta indicación no tiene motivo de desconfianza, sino que busca ajustar lo que dice el mensaje del Ejecutivo con lo dispuesto en el proyecto. Por lo mismo, el propio Ejecutivo, en este caso, el Ministerio Secretaría General de Gobierno -encabezado por su Ministro-, ha accedido a esta petición, la cual ha sido aprobada casi unánimemente en la Comisión de Gobierno Interior.

Quería destacar esto porque, en nuestra opinión, esta indicación se compadece absolutamente con el mensaje y con los resultados que esperamos todos quienes apoyamos esta iniciativa, para que el día de mañana, el Instituto se convierta en un instrumento canalizador del Consejo Nacional de la Juventud -espero que el próximo año esté activo y al servicio de nuestras juventudes- no sólo del diagnóstico que éste pueda hacer, sino también de la evaluación, y de los programas que realice en beneficio de la juventud chilena.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Hamuy.

Para todos los sectores está claro que el Instituto Nacional de la Juventud es un organismo muy importante y un proyecto que, por primera vez, un Gobierno acomete para desarrollar programas en beneficio de las juventudes chilenas.

Efectivamente, al interior de la Comisión se planteó la dependencia de este Instituto y como se ha dicho, el señor Ministro accedió a que pasara del Ministerio Secretaría General de Gobierno al Ministerio de Planificación y Cooperación. Los Diputados de estas bancas aprobamos ese reemplazo, en el entendido de que se trata de un simple cambio administrativo. Por tanto, nuestro deber era facilitar el despacho de este importante y trascendental proyecto.

Además, quiero señalar un hecho que se repite en esta Sala con mucha frecuencia, cual es que organismos como Sernam, el Instituto Nacional de la Juventud, etc., significan mayor gasto público y más burocracia.

Nada más injusto que esa afirmación puesto que, como es sabido, en la Secretaría General de Gobierno de la Administración anterior hubo cientos de cargos servidos por funcionarios, en forma bastante irregular. Por el contrario, mediante este proyecto de ley se reduce la planta, el gasto público y se crea, de manera orgánica, lo que será el Instituto Nacional de la Juventud.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, esta indicación fue presentada en la Comisión, y ahora ha sido renovada en la Sala.

Sobre la materia, queremos manifestar que no sólo nos interesa la creación de las Direcciones Regionales, sino, más aún, llegar hasta el nivel comunal. Es absolutamente necesario que la Dirección del Instituto tenga capacidad para conocer las diferentes realidades existentes en el país, para lo cual son indispensables las Direcciones Regionales. Por este motivo, las defenderemos, considerando que Chile vive un proceso de regionalización que ha sido planteado tanto en la Cámara como por diferentes grupos y organizaciones.

Nos parece que Renovación Nacional incurre en una grave inconsecuencia, incluso con la proposición para modificar la Constitución, a fin de garantizar que las regiones tengan más autonomía, mayor poder económico y, en definitiva, poder de decisión.

Desde ese punto de vista, rechazamos la posición de Renovación Nacional, porque la consideramos ambigua, y manifestamos que la Democracia Cristiana respaldará el artículo en los términos en que viene propuesta por la Comisión.

He dicho.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, el precepto en discusión está vinculado con el título ni, prácticamente con el conjunto del proyecto de ley, en especial con los artículos 9° y 10°, y tiene que ver con el debate en tomo de si es imprescindible la constitución de Direcciones Regionales del Instituto Nacional de la Juventud.

A nuestro juicio, de aprobarse la indicación de Renovación Nacional, renovada en la Sala, se limitaría gravemente el desempeño del Instituto Nacional de la Juventud, al punto, incluso, de desnaturalizar su esencia y su propia constitución.

Por un lado, en el artículo 2° se indican las funciones del Instituto, entre ellas diagnosticar la realidad que vive hoy la juventud chilena; además, proponer al Presidente de la República planes, políticas y programas específicos orientados hacia la juventud. Adicionalmente, se considera como función primordial coordinar con los servicios públicos la ejecución de estos planes, políticas y programas específicos. Por último, también le corresponde realizar, como parte de sus deberes, el seguimiento de estos mismos planes y programas.

Señor Presidente, me pregunto ¿cómo sería posible diagnosticar la completa y variada realidad de la juventud chilena, si sólo concentráramos el quehacer del Instituto Nacional de la Juventud a nivel del Área Metropolitana? ¿Cómo podría este Instituto asumir la diversa y compleja realidad de la juventud chilena, que presenta multifacéticas expresiones a lo largo del territorio nacional, desde los puntos de vista cultural, de su historia, de su realidad socioeconómica, etcétera?

No hay ninguna duda de que la constitución de Direcciones Regionales es imprescindible para que el Instituto tenga un acabado, completo y certero diagnóstico del segmento de la población chilena en torno del cual intentará trabajar para resolver su problemas fundamentales.

Por otra parte, el hecho de proponer programas específicos, planes, políticas y coordinar su implementación con servicios públicos, supone, evidentemente, la constitución de dicho Instituto en todo el territorio nacional. En cuanto al seguimiento y a velar por el efectivo cumplimiento, día a día y paso a paso, de estos programas, políticas y planes, ¿cómo podrá hacerlo sólo desde la capital, de la Región Metropolitana?

No hay ninguna duda de que, para efectuar las funciones propuestas' y ya acordadas por unanimidad en el artículo 2°, resulta imprescindible que este Instituto cuente con Direcciones Regionales a lo largo de todo Chile.

Por otro lado, hay que aclarar si efectivamente estamos en favor de la regionalización o, una vez más volvemos a tener criterios centralistas en la discusión de proyectos de ley trascendentales para el país.

La iniciativa también establece, entre las funciones del Instituto, la necesidad de que se vincule con las organizaciones juveniles, con el objeto de incentivar la participación, el conocimiento de los jóvenes de su propia problemática y solución de la misma. Naturalmente, eso se puede hacer con un criterio centralista, impidiendo, por lo tanto, toda vinculación entre la estructura del Instituto y las organizaciones juveniles; o es posible efectuarlo desde una perspectiva que favorezca la vinculación del Instituto con las organizaciones juveniles de todo el país, para el efectivo conocimiento y participación de esas entidades. En este tema, reitero, está en discusión si realmente creemos en la reglamentación.

En virtud de estos argumentos, aprobaremos los artículos 3°, 9° y 10°, como fueron despachados por la Comisión. Es decir, apoyaremos la idea de que el Instituto Nacional de la Juventud cuente con Direcciones Regionales en todo el país.

El señor GALILEA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, esta indicación, en la que Renovación Nacional ha insistido, se enmarca dentro de lo que es nuestro proyecto alternativo referente a esta materia. No estamos favoreciendo al centralismo y, como el que más, nuestro partido está en favor de la regionalización. Así lo demuestra el tratamiento que le hemos dado al proyecto de reforma municipal.

MIDEPLAN tiene Secretarías Regionales en todo el país. Por eso, perfectamente, ellas pueden encargarse de realizar el diagnóstico y proponer los programas que solucionen los problemas propios de la juventud de cada región. No es necesario contar con funcionarios en cada una de las mismas para diagnosticar la problemática que vive nuestra juventud. Ya lo hicimos saber cuándo discutimos este proyecto en general.

Existen dos grandes tipos de problemas relacionados con la juventud chilena.

Uno de ellos, no sólo afecta a la juventud, sino que se enmarca en la realidad nacional. El desempleo tiene una significación superior dentro de los jóvenes, y las políticas para resolver su problema de trabajo corresponden, sin duda, a una iniciativa que debe venir del Ministerio del Trabajo. Con la educación y la salud, sucede lo mismo.

Esa es la razón por la cual hemos formulado esta indicación, además de ser consecuentes con el proyecto alternativo que hemos presentado y que, por cierto, contempla muchísimos menos funcionarios que la iniciativa original.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, Honorables colegas, la indicación que han revivido los colegas de Renovación Nacional es plenamente consistente con su sentido de aproximación a este proyecto, en particular de acuerdo con lo seña- lao en forma previa por los Diputados señores Galilea y Longton , respecto de la concepción que tienen del Instituto Nacional de la Juventud.'

Por lo tanto, propongo, en primer lugar, que consideremos esta indicación, junto con los artículos 9°, 10° y 13°, todos los cuales apuntan en un mismo sentido: eliminar la presencia regional del Instituto Nacional de la Juventud. Entonces podríamos discutir globalmente este punto.

El señor LEAY.-

De acuerdo.

El señor LETELIER.-

Sobre el contenido particular de la proposición, el punto fundamental de discrepancia es si el Instituto Nacional de la Juventud debe ser un servicio público descentralizado. Ese es el meollo del debate.

En nuestra opinión, para lograr imple- mentar una política coherente respecto de los problemas de los jóvenes, es fundamental contar con un servicio regionalizado, tal como lo indicó el Diputado señor Aguiló , para tomar en cuenta la diversidad y heterogeneidad de la realidad de los jóvenes a lo largo del país.

Por lo tanto, reitero la proposición de tratar y votar la indicación revivida al artículo 3°, junto con los artículos 9°, 10° y 13°.

He dicho.

El señor CAMPOS.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, francamente me extraña que cuando se presenta un proyecto de ley como éste, que asume y recoge los principios regionalizadores y descentralizadores, una colectividad política plantee una indicación tendiente a suprimir las Direcciones Regionales del Instituto de la Juventud. Debemos recordar que todos los partidos políticos representados en la Cámara, en repetidos discursos hacemos referencia a nuestra adhesión a los principios de regionalización y descentralización del país, planteamientos incorporados en nuestros programas partidarios y argumentaciones de las cuales hicimos gala en las campañas electorales pasadas.

Por lo tanto, esa inconsecuencia debe ser destacada en la historia de la generación de este cuerpo legal.

Ya se han dado fundamentalmente las argumentaciones sobre la importancia de que el Instituto Nacional de la Juventud cuente con oficinas regionales. Es sabido que los problemas que aquejan a la juventud varían según la zona geográfica de nuestro país. Los problemas que afectan a la juventud nortina no son los mismos que preocupan a la de la zona central o sur, ya que, las realidades sociológicas, económicas, e incluso culturales, son distintas. Y esto obliga, naturalmente, a tener un conocimiento acabado de cada una de estas regiones si queremos elaborar propuestas específicas y constructivas que tiendan a solucionar ese tipo de inquietudes.

Por tales razones, los Diputados radicales rechazamos la indicación y prestaremos nuestra aprobación al artículo 3° y al Título III, en los términos propuestos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, cuando Renovación Nacional presentó esta indicación en la Comisión de Gobierno Interior, tuvimos un largo debate y allí expresamos, con mucha fuerza, la necesidad de que las Direcciones Regionales de la Juventud tuvieran presencia en el país.

En esa oportunidad, dijimos que considerábamos una falta de respeto para esos jóvenes pretender implementar políticas y programas desde la capital, como si ellos no tuvieran la sensibilidad necesaria para percibir sus problemas y la capacidad suficiente para poderlos solucionar, a través de programas adecuados que ellos mismos implementen y ejecuten.

Expresamos también que era un atentado al proceso de regionalización que todos estamos sosteniendo y al cual, a veces, adherimos en forma teórica, pero que, en la práctica, no somos consecuentes con él. por eso, concordamos con este artículo en la forma como viene redacta-do, y esperamos que la Cámara apoye la posibilidad de que haya una Dirección de la Juventud en cada región, para que sean los propios jóvenes quienes puedan solucionar sus problemas, con su esfuerzo, trabajo y sabiduría.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, llama la atención la lógica de los Diputados de Renovación Nacional en este punto porque, a partir del reconocimiento del diagnóstico de la situación juvenil y de su deseo de beneficiar la temática de los jóvenes se oponen a la creación de un organismo especializado en los problemas de la juventud chilena. Y también, como partidarios de la regionalización, se oponen a la existencia de oficinas regionales, que no son más que antenas y elementos de coordinación con las autoridades en torno de programas comunes.

En consecuencia, también es coherente que el día de mañana se opongan a la existencia de otras fórmulas de organización y participación que, tanto a nivel nacional como a nivel regional, las propias organizaciones juveniles están promoviendo.

Desde ese punto de vista, considero totalmente inconsecuente la postura planteada. Quiero expresar, además, que lamento profundamente que en el artículo 92, en discusión, se haya exceptuado la Región Metropolitana, en términos de la existencia de una Dirección Regional de este Instituto.

Compartiendo los elementos vinculados a la necesidad de descentralización y regionalización del país, me parece que en la Región Metropolitana se está incurriendo en situaciones que perjudican a los sectores que cometen el delito de vivir en la capital, especialmente aquellos que han sufrido las consecuencias de las políticas regresivas del anterior régimen.

Esta tendencia me parece peligrosa, negativa y perjudicial para un importante sector popular, y en particular, de jóvenes que viven en la Región Metropolitana.

Finalmente, quiero destacar que, desde el punto de vista de la práctica legislativa, esta indicación de Renovación Nacional tiene un elemento negativo, cual es que, sin reconocer la existencia de mayorías para aprobar un proyecto que necesita de una estructura y de mecanismos de operación, se pretende recortar otros elementos para hacerlo totalmente inoperante. Me parece que, desde el punto de vista legislativo, es una mala técnica.

He dicho.

El señor LONGTON.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, solicitamos la supresión de los artículos 7°, 9° y 10°, siguiendo la misma línea y siendo coherentes con nuestro planteamiento inicial.

Pensamos que una Comisión de las características de la indicada en el artículo 7°, realmente no limita o no impedirá el uso proselitista de la juventud por parte de este Instituto.

Y quisiera reiterar los argumentos dados anteriormente, porque pareciera que el Diputado Radical señor Campos, está viviendo lo ocurrido hace 30 ó 40 años. Creo que las concepciones socialistas ya han terminado: pruebas como las de Europa del Este han sido suficientes.

Se nos acusa de no querer la regionalización, pero precisamente hemos dado muestras contrarias de ello en este hemiciclo. Tanto es así que, hoy día, se está discutiendo al interior del Gobierno la inclusión de la regionalización en las reformas constitucionales.

Quisiéramos que no se llame a engaño a la comunidad del país entero, que no se confunda el rechazo de un organismo proselitista, como éste, con oponerse a una regionalización, porque precisamente ésta ha sido nuestra bandera de lucha y la seguiremos manteniendo en alto.

Creo que la coherencia de nuestro planteamiento ha quedado demostrada: nos oponemos a las oficinas regionales, porque el Ministerio de Planificación y Desarrollo ya las tiene en todas las regiones. Por lo tanto, su aceptación sería colaborar con el aumento de dotación del personal de la Administración Pública.

Esas son nuestras razones, y las exponemos hoy día claramente en esta Cámara.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, nuevamente nos encontramos frente a una situación que refleja una inconsecuencia extrema de los representantes de Renovación Nacional en esta Cámara, porque parte importante de su argumentación contraria al proyecto está dirigida a estructurar un instrumento de control y de acción política contingente, en circunstancias de que el artículo en discusión plantea la conformación de una Comisión asesora y colaboradora con la Dirección Nacional del Instituto de la Juventud, destinada exactamente a abrir cauces de participación y de representación a diversos sectores sociales y políticos, para reafirmar el carácter nacional técnico, y no político-contingente del Instituto.

Por lo tanto, Renovación Nacional, en una postura favorable a la participación abierta y pluralista, se opone a la fórmula planteada, justamente ratificando el criterio del Gobierno, en el sentido de evitar que se caiga en la instrumentalización de este organismo.

La verdad es que la posición, planteada por los opositores al proyecto es, en términos generales, bastante primitiva. En distintos países, a través de técnicas modernas se hacen esfuerzos por crear organismos especializados en la temática juvenil con participación abierta, que asegure el nivel y la calidad de la acción. De esta forma, evidentemente, el reparo que se le hace al artículo 7° es totalmente extemporáneo y rechazable.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputados señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

He escuchado, por una parte, impugnar al artículo 7° y, por otra, apoyarlo, sosteniendo que otorga una mayor transparencia y evita cualquier sesgo de carácter político-partidista que, se le quiera dar a este servicio público. Lo cierto es que cuando lo propuse mediante una indicación, luego de haber sido conversado el tema al interior de la Comisión, se concluyó en que precisamente ayudaba a evitar lo que en este momento más de alguno ha denunciado como un intento velado por manipular políticamente este servicio.

Y, precisamente, cuando se objeta la composición de esta Comisión asesora, que tiene atribuciones absolutamente claras en dos aspectos muy importantes, como son la revisión y participación en los convenios que se celebren con organismos internacionales y en la elaboración del proyecto anual, me da la impresión de que el precepto ha sido impugnado sin previo conocimiento de sus exactos alcances.

La bancada de la Unión Demócrata Independiente estima necesaria, y más que eso, indispensable, la existencia de un artículo 7° como el propuesto, por lo tanto, lo votará favorablemente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, el artículo 7° fue objeto de dos indicaciones y ésta es una de ellas.

Es sumamente importante señalar, en forma muy breve, el sentido de la creación de esta Comisión asesora, pluralista, que aquí se propone. Una Comisión que, en el fondo, fue conversada largamente en esferas informales con las juventudes de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, incluso la de Renovación Nacional, pensando que su existencia permitiría, por un lado, garantizar que el Instituto -para aquellos que tienen desconfianza, sospechas- no sería manipulado políticamente como, en nuestra opinión, sí lo fue la Secretaría Nacional de la Juventud y, por otro, adicionalmente, generar un espacio, a través del cual, se recojan las opiniones de jóvenes de diferentes sectores y se confronten las realidades juveniles, desde el mundo político, por un lado, y desde el mundo estudiantil, social y de los profesionales dedicados a la problemática juvenil, por otro.

Durante su estudio en Comisión, escuchamos la opinión de representantes de varias organizaciones, entre ellas, la del Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Guías y Scouts, don Gerardo González , que nos honró con su presencia en esta Cámara, la semana pasada, junto al presidente mundial de la Asociación de Guías y Scouts, en un acto que coordinó muy hábil y positivamente el colega Sotomayor. En esa oportunidad dicho personero señaló en la Comisión que era muy importante la existencia de una instancia como la debatida, pues permite recoger la diversidad de realidades de jóvenes que no sólo pertenecen al mundo político. Consideramos fundamental, entonces, no sólo la existencia de esta Comisión, sino también asegurar su composición pluralista.

Por lo expuesto, vamos a aprobar el artículo tal cual viene de la Comisión y, por tanto, a rechazar la indicación de Renovación Nacional.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, hemos recibido en la Sala un documento inexplicable: un segundo informe de la Comisión de Hacienda, en circunstancias que dicha Comisión no vio este proyecto en segundo informe. Lo que ocurrió es que durante la discusión del primer informe, en la Comisión de Hacienda se presentaron indicaciones, las cuales se dieron a conocer en la Sala, pero no se entregaron a la Comisión de Gobierno Interior cuando se discutió el segundo informe.

Solicitaría a la Mesa, que con posterioridad, investigara por qué se produjo esta irregularidad y quién es el responsable. En la tramitación de otros proyectos esta situación podría haber producido un conflicto de mayor gravedad, dado que las indicaciones que formuló, en este caso, la Comisión de Hacienda, son todas muy razonables y concordantes con el espíritu que inspiró a las de Gobierno Interior.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGTON.-

Deseo hacer presente dos cosas. El Diputado señor Campos dijo que yo confundía manzanas con peras. Ello puede parecerle así al colega, porque hemos tenido que ir de atrás respondiendo y haciendo valer argumentos con respecto a artículos ya votados, ya que cuando nos toca defender nuestra posición, se pide la clausura del debate y se aprueba en forma hegemónica.

En segundo lugar aquí se advierten una serie de irregularidades con respecto al informe de la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, no correspondería seguir votando este proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, dado que la ley entrará en vigencia en 1991, debe suprimirse el inciso primero del artículo 2° transitorio recién aprobado. Y si así se procede, habría que suprimir el primer inciso del artículo 3°, y asumir que la ley regirá a partir del año 1991 y no de 1990.

En cuanto al inciso segundo, la dotación máxima del Ministerio Secretaría General de Gobierno se reducirá en 51 cargos. Hay 30 cargos que son a contrata. Como tales, expiran el 31 de diciembre y no serán renovados. Por eso, la Comisión de Hacienda ha precisado que, para 1991, la dotación máxima se reducirá en 21 cargos.

En términos efectivos, es lo mismo que existía en el año 1990. La diferencia está en que las 30 contrataciones que no quedan autorizadas no serán mantenidas. El efecto concreto es el mismo. Sólo es necesario precisar en la redacción, su vigencia para el año 1991.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Estévez está en lo cierto. Por eso, la Comisión de Hacienda sustituyó todo el artículo 3° y eliminó el inciso primero, manteniendo sólo la redacción de la dotación máxima del personal para 1991.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre el sistema simplificado de reintegro a exportadores.

Este proyecto fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.

Diputado Informante es el Diputado señor Juan Martínez.

El texto del proyecto de ley aprobado por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo y ratificado por la Comisión de Hacienda en los artículos de su competencia, impreso en el boletín N° 200-03, figura en el N° 14 de los Documentos de la Cuenta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Martínez.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo informa, por mi intermedio, el proyecto de ley, originado en un Mensaje, con urgencia calificada de "simple", que modifica la ley N° 18.480,sobre sistema simplificado de reintegro a los exportadores.

En su estudio se contó con la participación del señor Jorge Marshall , Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, y de representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio, de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados no Tradicionales y de la Asociación de Ganaderos de Magallanes A.G., quienes hicieron presente sus observaciones respecto de sus intereses gremiales.

La ley N° 18.480, del 19 de diciembre de 1985, estableció un sistema de reintegro simplificado de aranceles y gravámenes de 10 por ciento y de 5 por ciento a las exportaciones no tradicionales. Definió a éstas como "aquellas mercancías que se hubieran exportado, por partidas arancelarias (NAB), en el bienio 19831984, por montos iguales o inferiores a 2,5 millones de dólares".

De acuerdo con la mecánica establecida en la ley, los productos por partidas arancelarias que ingresaron al sistema de reintegro, permanecerán en él hasta que sus exportaciones superen, en un año calendario, ciertos montos topes, los que se reajustarán anualmente. Por ejemplo, para perder el 10 por ciento en 1990, el tope fue de 9 millones 999 mil dólares; para quedar marginado del 5 por ciento, el tope fue de 14.998.500 dólares.

La ley dispone, además, que anualmente debe dictarse una lista de mercancías excluidas del beneficio, la cual estará conformada, básicamente, por los productos que, por partida arancelaria, fueron considerados como tradicionales en su oportunidad, más aquellos que anualmente han superado los topes límites para quedar fuera del sistema. Las listas de exclusiones son acumulativas. Hasta la fecha, se han dictado 5 decretos.

En enero de 1990, comenzó a regir el arancel armonizado, para los efectos de la clasificación arancelaria de las mercancías que se importen o que se exporten a través de las aduanas del país. La aplicación de este nuevo sistema arancelario tiene un efecto importante en los diversos mecanismos de fomento a las exportaciones, como es el caso del reintegro del 10 por ciento y del 5 por ciento a las exportaciones no tradicionales.

En el año 1988, en virtud del artículo 5° de la Ley N° 18.687 y de la letra b) de la ley N° 18.768, se incorporaron dos modificaciones a esta ley, con vigencia a contar del 1° de enero de 1991, las cuales tenían como finalidad adecuar la operatoria de este beneficio a la nueva nomenclatura vigente al momento de entrar en funcionamiento estas disposiciones e incorporar una adecuación de la tasa de reintegro, reduciéndola de 10 a 8 por ciento. Se redefine el concepto de producto no tradicional, tomando como base las estadísticas de exportación del año 1990.

Accederán al sistema de reintegro todas aquellas mercancías clasificadas según el sistema armonizado que, en el año 1990, se hayan exportado por montos iguales o inferiores a 2,5 millones de dólares.

Las modificaciones antes señaladas, si bien permiten incorporar nuevos productos a los beneficios de esta ley -aquellos que se encontraban marginados, por estar clasificados antiguamente en una partida NAB, junto a productos tradicionales, y que con el cambio de clasificación han quedado con partida propia- producen un efecto no deseado en aquellas mercancías que actualmente gozan de esta ley y que, con esta nueva definición de producto no tradicional, quedarían marginadas por haberse exportado en el año 1990, en montos superiores a 2,5 millones de dólares. Antes de esta modificación, quedaban fuera de todo beneficio cuando superaban los 14,9 millones de dólares.

De mantenerse la ley tal como se ha definido, más de la mitad de los productos perdería el beneficio del reintegro. De este modo, no se cumpliría el objetivo de favorecer las exportaciones no tradicionales y, además constituiría un cambio en las reglas del juego establecidas para este tipo de exportaciones.

Las ideas matrices del proyecto de ley son las siguientes:

1.- No perjudicar en sus beneficios de reintegro a aquellos productos que, a la fecha, se encuentran gozando de los mismos.

Para ello, se establece que dichas mercancías continuarán beneficiándose del sistema de reintegro en la medida en que sus exportaciones durante el año 1990 se mantengan dentro de los rangos de un máximo de 10 y de 15 millones de dólares, correspondientes a las tasas de 10 y de 5 por ciento, respectivamente.

2.- Posibilitar el acceso al sistema de reintegro de aquellas mercancías que, por diversas circunstancias, fueron marginadas del mismo, a pesar de ser productos no tradicionales.

A fin de precisar lo anterior, se establece para estas mercancías un límite de 5 millones de dólares en exportaciones durante el año 1990. En la medida en que las exportaciones por partida arancelaria sean iguales o inferiores al monto definido, podrán acceder a esta ley en el año 1991.

3.- Dar gradualidad a la pérdida del beneficio. Para ello, se crea un nuevo tramo de reintegro, que se suma a los anteriores, con una tasa de tres por ciento.

De este modo, los tramos quedarían de la siguiente forma:

a)Diez por ciento para aquellas mercancías que, durante el año 1990 se hayan exportado, por partida arancelaria, por montos iguales o inferiores a 10 millones de dólares, valor FOB en moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, según lo certifique el Servicio Nacional de Aduanas.

b)Cinco por ciento para aquellas mercancías que, durante el año 1990 se hayan exportado, por partida arancelaria, por montos superiores a 10 millones de dólares, pero iguales o inferiores a 15 millones de dólares, valores FOB, en moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, según lo certifique el Servicio Nacional de Aduanas.

c)Tres por ciento para aquellas mercancías que, durante el año 1990, se hayan exportado, por partida arancelaria, por montos superiores a 15 millones de dólares, pero iguales o inferiores a 18 millones de dólares, valores FOB, en moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, según lo certifique el Servicio Nacional de Aduanas.

4.- Dejar sin efecto la rebaja de la tasa de 10 a 8 por ciento, con el propósito de otorgar un beneficio permanente al sector exportador.

5.- Fijar un plazo para que el exportador pueda ejercer el derecho a invocar el beneficio de reintegro. En este sentido, se establece un plazo de 120 días, contados desde el vencimiento del plazo de retomo de la exportación por la cual se pide el beneficio.

Financiamiento de la propuesta: La creación de un nuevo tramo de reintegro de 3 por ciento más la incorporación de nuevos productos, tiene un costo aproximado de 11,14 millones de dólares, el que se financia con los ahorros naturales que deja el sistema cuando los productos sobrepasan los topes superiores. Se estima que en el año 1991 el ahorro probable por este concepto sería de aproximadamente 11,6 millones de dólares.

De haber continuado aplicándose el sistema de reintegro en las mismas condiciones que se ha hecho desde el año 1985, los pagos por este concepto habrían ascendido a una cifra cercana a los 79,52 millones de dólares durante 1991. Si a este valor se le descuenta el ahorro probable que se producirá con la modificación de ley propuesta, -11,6 millones de dólares- se llega a un monto aproximado de 67,92 millones de dólares. Si a este resultado se le agrega el mayor costo de 11,14 millones de dólares por los nuevos beneficios que se incorporen a esta ley, se llega a un valor final aproximado de 79,06 millones de dólares. La Ley de Presupuestos de la Nación, considera como desembolso, por el sistema de reintegros del año 1991, un monto de 80 millones de dólares para la partida de reintegro simplificado de gravámenes a exportaciones no tradicionales.

Las enmiendas, que introduce el proyecto de ley, se encuentran contenidas en tres artículos. Por el primero, se modifican los artículos Ia, 4° , 4° bis, 5° y 6° de la Ley N° 18.480. Ello, para agregar el nuevo tramo de tres por ciento; el acceso de nuevos productos, con la medición de los cinco millones de dólares, y la fijación del plazo para invocar el reintegro.

El artículo 2° deroga la letra b) del artículo 17 de la Ley N° 18.768, por medio de la cual se estableció que el reintegro procede para aquellas exportaciones que en el año 1990 no excedían los 2,5 millones de dólares, norma que, al entrar en vigencia, causaría los problemas que ya se han analizado.

El artículo 3°, deroga el artículo 5° y el inciso final del artículo 7° de la Ley N° 18.687.El artículo 5° dispone la rebaja de la tasa de reintegro de 10 a 8 por ciento, y el inciso mencionado fija el 1° de enero de 1991 como fecha de entrada en vigencia de la rebaja.

Finalmente, se establece un artículo único transitorio que fija la entrada en vigencia del artículo 1° a contar de la publicación de la lista de las exclusiones.

También hay otros elementos que es necesario destacar.

1)Se trata de una ley cuya finalidad consiste en ayudar a fomentar la exportación de productos que están en la fase de ganar mercados internacionales y beneficia a las mercancías que el país tiene menos experiencia en vender en el exterior; es decir, se persigue captar mercados y ampliar y diversificar la exportaciones.

2)El mayor porcentaje del monto pagado por reintegro lo capta el sector industrial, con lo cual se está cumpliendo el objetivo de exportar mayor valor agregado.

3)Como resultado de la aplicación de la ley, se ha incrementado notablemente la cantidad de exportadores, así como la de sus nuevos productos.

4)El mecanismo ha resultado ser el más simple en su tramitación.

5)Cabe hacer presente que, según lo señalado por el señor Jorge Marshall , Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, durante el debate habido en la Comisión, la nueva tasa del tres por ciento se incorporó en el proyecto a solicitud del sector exportador, para dar gradualidad a la pérdida del beneficio.

6)Con esta ley se busca, también, que los beneficios otorgados al sector exportador sean estables y permanentes.

Por último, cabe destacar que el proyecto de ley en análisis fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, tanto en general como en particular.

Es cuanto puedo informar a la Honorable Cámara.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Gracias, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado Informante de la Comisión de Hacienda, don Eugenio Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

En esta oportunidad me corresponde entregar el informe de la Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara, en relación con el proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.480, sobre Sistema Simplificado de Reintegro a Exportadores.

Trataré de referirme en forma especial a los artículos estudiados por nuestra Comisión, pues los antecedentes generales e ideas fundamentales fueron dados a conocer por el Diputado Informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.

Sin embargo, es importante señalar que la Ley N° 18.480, de diciembre de 1985, surge ante la necesidad de imple- mentar un mecanismo simple y ágil para que los pequeños exportadores pudieran recuperar los aranceles pagados por insumos importados, incorporados a sus productos. Este mecanismo debería transformarse en un incentivo que los motivara, ante la agilidad del sistema, a incrementar la oferta de artículos no tradicionales en el mercado internacional.

Para los efectos de establecer los productos considerados no tradicionales y, en consecuencia, afectos a esta ley, se señaló que se entendían por tales aquellas mercaderías, clasificadas por partidas arancelarias, que en el bienio 1983-1984 se hubieran exportado, en promedio, por montos iguales o inferiores a 2,5 millones de dólares, los que gozarán de un reintegro de 10 por ciento. Una vez dentro del sistema podrán seguir beneficiándose de éste hasta superar los topes establecidos por la misma ley en un año calendario, los que, para el reintegro del 10 por ciento, corresponden a 7 millones 500 mil dólares de la época, o 10 millones de dólares al valor actual. Superado este tope, siguen gozando de un reintegro del 5 por ciento, hasta sobrepasar en un año calendario, los 11 mil 250 millones de dólares correspondientes a la fecha de la ley; esto es, de 1985, lo que en valor actual significa 15 millones de dólares, cantidades que se consideran debidamente reajustadas. Superadas estas cifras, las mercaderías pierden todo beneficio.

La ley N° 18.480 fue modificada posteriormente por las leyes N°s. 18.653,18.687 y 18.970, para mejorar el sistema e incorporar en el beneficio a una gran cantidad de productos que estaban excluidos. Sin embargo, la aplicación de las disposiciones que comenzaron a regir el 1° de enero de 1990, dejó fuera del sistema a los productos que superan los 2 millones 500 mil dólares de venta en 1990. Además, disminuye el reintegro de 10 a 8 por ciento, en virtud de los artículos 5o y 7° de la ley N° 18.687.

Asimismo, la ley en cuestión no estableció un plazo dentro del cual el exportador puede ejercer su derecho de solicitar el reintegro, vacío que produjo varios trastornos administrativos.

Ante los problemas suscitados a partir de la aplicación de la ley N° 18.480 y sus modificaciones se ha propuesto el proyecto de ley en análisis, que pretende mantener el espíritu de fomento y de agilidad administrativa del texto original, sin significar un mayor costo al Erario.

Entre sus principales disposiciones y con el fin de obviar la situación producida como resultado de la aplicación del nuevo sistema armonizado de clasificación de mercancías y de la modificación legal antes comentada, que entraría a regir a contar del 1° de enero de 1991, se propone lo siguiente:

a)Los productos que actualmente gozan del reintegro, por no haber superado los topes de 10 y 15 millones de dólares, deben continuar en el sistema mientras se mantengan dentro de esos tramos de exportaciones.

b)El ingreso de nuevos productos no tradicionales que se encontraban excluidos del reintegro, a los beneficios de éste, en la medida en que durante el año 1990 sus exportaciones, por partida arancelaria del sistema armonizado, sean iguales o inferiores a 5 millones de dólares.

c)La creación de un nuevo tramo de exportaciones entre 15 y 18 millones de dólares con una tasa de reintegro del 3 por ciento, a fin de dar mayor gradualidad a la pérdida del beneficio.

Asimismo, se propone mantener la tasa de reintegro en un nivel del 10 por ciento y no rebajarla al 8 por ciento, como está contemplado en la disposición pertinente de la ley N° 18.687; y ante el vacío legal de no establecer un plazo dentro del cual se pueda ejercer el derecho de solicitar el reintegro, se fija uno de 120 días, desde la fecha en que vence el plazo de retomo de la exportación, para que el exportador acuda al Servicio de Tesorerías a solicitar este beneficio.

En cuanto al financiamiento, el costo de la aplicación de la ley N° 18.480, de acuerdo con datos de exportaciones proyectadas a diciembre de 1990, más el crecimiento anual de las exportaciones no tradicionales, que se calcula en un 12 por ciento, alcanza un valor aproximado de 79 millones 520 mil dólares.

Por su parte, la aplicación de la ley, con las nuevas disposiciones contempladas en el proyecto en informe significa un valor, también aproximado, de 79 millones 60 mil dólares.

Ahora bien, el mayor costo del pago del 3 por ciento para el tramo de 15 a 18 millones de dólares, de los productos que acceden por primera vez al beneficio y de aquellos que lo mejoran, es del orden de los 11 millones 140 mil dólares, cantidad que se compensa con el ahorro que se produce con los menores desembolsos que deberá efectuar el Fisco a raíz de la salida natural de algunos productos del sistema que superarán los topes establecidos, ahorro que se ha estimado, aproximadamente, en 11 millones 600 mil dólares.

La Ley de Presupuestos de la Nación para 1991 contempla, en la Partida 5.00.103, Operaciones Complementarias del Tesoro Público, ítem 253.1008, la cantidad de 80 millones de dólares, por lo que existe el financiamiento adecuado para el funcionamiento del sistema de reintegro que establece el cuerpo legal en estudio.

Durante el período de aplicación de la ley que se propone modificar, se ha producido un real fomento a las exportaciones no tradicionales, habiendo aumentado éstas, en dicho período, en un 47,7 por ciento. El número de exportadores, por su parte, se elevó de 2.345 exportadores en 1985 a 3.463 en 1989, incremento que se estima indispensable seguir impulsando.

Finalmente, debo indicar que, para el estudio de este proyecto, la Comisión de Hacienda contó con la participación del señor Lee Ward C, Jefe del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y de la señora Lucía Cangas , asesora en comercio exterior del mismo Ministerio. Luego de un detenido análisis, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad, el presente proyecto de ley.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, colegas parlamentarios: es indudable que la ley N° 18.480, de 19 de diciembre de 1985, sobre reintegro a exportadores, ha tenido un positivo efecto sobre las exportaciones de productos no tradicionales y que se ha constituido, junto con otras políticas, como la de un dólar alto, de aranceles bajos y la acción de Pro-Chile, en uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de desarrollo de esta clase de exportaciones.

Es más, hay numerosos sectores que, hasta ahora, han podido exportar y permanecer compitiendo, en gran medida, gracias al reintegro.

La citada ley establece un mecanismo simplificado de devolución del impuestos y gravámenes para los productos no tradicionales que se exportan. Se debe destacar que estos productos son elaborados, principalmente, por la pequeña y la mediana empresa, en donde se inicia el desarrollo empresarial, las que, al mismo tiempo, son las más intensivas en cuanto a contratación de mano de obra. De tal forma que cuando incentivamos la exportación de productos no tradicionales, fomentamos, al mismo tiempo, la creación de nuevas empresas, generando más empleo y dando de esta forma, un mayor valor agregado a nuestras exportaciones.

La ley actual contiene un sistema rápido, efectivo y de bajo costo administrativo para las empresas, lo que es de gran beneficio para aquéllas que se inician en este difícil camino de la exportación; sin embargo, en la ley vigente se introdujeron modificaciones que deben regir a contar del l2 de enero de 1991, y que provocarán, de inmediato, efectos altamente negativos para las exportaciones no tradicionales. Estos cambios, básicamente, consisten en la rebaja del 10 por ciento al 8 por ciento de reintegro, y en la producción de un tope máximo para los montos exportados por glosas, el cual se fija en 2,5 millones de dólares al año.

Las modificaciones mencionadas contituyen un virtual cambio en las reglas del juego para los exportadores no tradicionales, y pueden tener un alto costo para el país por el perjuicio que acarrearían para el empleo, las remuneraciones, la generación de divisas, la solvencia de las empresas, y muy particularmente, para el desarrollo futuro de la pequeña y la mediana empresa exportadora e, indirectamente, para el resto de las empresas y de las personas que se relacionan con ellas.

Conscientes de esta situación, el Presidente de la República, don Patricio Aylwin , impartió las indicaciones respectivas para que se iniciara el estudio de la modificación de la ley vigente, invitando a participar en este proceso a todos los sectores involucrados, tanto del sector público como del sector privado. Así surgió este proyecto de ley, que no sólo corrige los cambios negativos que entrarían en vigencia a partir del próximo 1° de enero, sino que perfecciona la antigua ley en beneficio de las exportaciones no tradicionales en nuestro país.

Sobre el particular, en la Comisión de Economía escuchamos las opiniones de destacados industriales, los cuales reconocieron que el proyecto del Ejecutivo es mejor que el que pensaban presentarle.

En primer lugar, a fin de dar una mayor gradualidad a la pérdida del beneficio, se crea un nuevo tramo, de 3 por ciento, para aquellas exportaciones que sobrepasan el límite de 15 millones de dólares y hasta un tope de 18 millones de dólares al año. De esta forma, los dos tramos que antes existían se convierten en tres: 10 por ciento, 5 por ciento y 3 por ciento de reintegro, para las exportaciones de hasta 10,15 y 18 millones de dólares al año, respectivamente.

En segundo lugar, se da la posibilidad de acceder al sistema de reintegro a aquellas mercaderías marginadas del mismo, a pesar de ser productos no tradicionales que aportan valor agregado.

Según cálculos técnicos, podrían beneficiarse más de 180 partidas arancelarias. Incluso, se dará el caso de rubros que actualmente reciben un 5 por ciento de reintegro y que podrán recuperar el 10 por ciento que habían perdido. La medida beneficiará aproximadamente a otras 30 partidas arancelarias.

En tercer lugar, se pone un tope de 120 días al plazo para solicitar el reintegro a contar desde el retomo de la divisa, lo que es compatible con todos los demás mecanismos de fomento y favorece la administración de la ley.

Por todas estas razones, estimados colegas, y dada la importancia de este proyecto de ley, que debe necesariamente entrar en vigencia antes del 1° de enero próximo, a fin de evitar problemas a los exportadores no tradicionales, expreso, en nombre de los Diputados democratacristianos, que daremos nuestro apoyo, en general y en particular, a este proyecto de ley, destacando el hecho de que todos los artículos del mensaje del Ejecutivo fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, estimados colegas, seré muy breve por tratarse de un proyecto sobre el cual existe unanimidad en esta Cámara, lograda, indudablemente, gracias a la sana y correcta actitud del Ejecutivo de consultar la opinión de los sectores exportadores involucrados.

Este trabajo mancomunado entre el. Ejecutivo y el sector privado ha logrado perfeccionar la ley vigente hasta la fecha, la cual permitió un crecimiento importante de las exportaciones de productos manufacturados.

Por lo tanto, mi intervención se orientará a destacar la importancia de leyes como la que hoy día tratamos, y que es una de tantas que pueden implementarse y que están destinadas, fundamentalmente, a fomentar las exportaciones de productos manufacturados, que integran activamente en este campo a medianos y a pequeños empresarios.

Existen muchos e importantes motivos para promover la exportación de productos manufacturados. Algunos de ellos son: mejorar los términos de intercambio; un menor riesgo en nuestro comercio exterior al diversificar las exportaciones; mejores posibilidades de trabajo y de remuneraciones; un mayor desarrollo tecnológico; ocupación de la capacidad ociosa. Indudablemente, para lograr estos objetivos y algunos otros habría que imple- mentar medidas legislativas y algunas otras de carácter administrativo, como, por ejemplo, política de financiamiento a través de líneas de crédito de pre y postembarque y líneas de crédito para financiar gastos de conquistas de mercados, para lograr estas dos primeras medidas, habría que crear un fondo de garantía destinado a hacer posibles estos créditos, junto con la instauración de un seguro de riesgo de pago a las exportaciones y exigencias de control y certificación de calidad. Además, el Gobierno no sólo debe manifestar su deseo de exportar a través de la dictación y promulgación de leyes que fomenten esta actividad, sino también asumir una actitud exportadora en su totalidad; porque, en definitiva, quien exporta es Chile, bajo la marca "Made in Chile".

Si logramos, mediante esta ley, y algunas otras, exportar más productos manufacturados, tendremos asegurado un desarrollo económico más estable, y como consecuencia de éste, la solución de múltiples problemas sociales que aún aquejan a la población.

Por ello, Renovación Nacional votará favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Alberto Pérez.

El señor PEREZ (don Juan Alberto).-

Señor Presidente, Honorable Cámara, bajo el principio de que ningún país del mundo exporta tributos, el Gobierno anterior, y en consideración al verdadero y real apoyo que deben tener los pequeños productores exportadores, implemento con éxito probado un mecanismo que ha permitido a quienes se incorporan al comercio internacional con productos no tradicionales, disponer de una devolución ágil y expedita de aquellos gravámenes en que incurren en sus gestiones para concretar su operación, reintegro que ha sido variable, dependiendo del monto exportado anualmente y según las normas clasificatorias de los regímenes aduaneros aceptados internacionalmente.

Este éxito probado ha permitido, entre otros factores, que Chile haya logrado obtener en 1989, por ejemplo, un volumen de casi 9 mil millones de dólares en exportaciones en un medio donde es difícil alcanzar ese monto, hecho notable también dentro de los países de América Latina y que de paso, ha afianzado el esquema económico de libre mercado.

En ese orden de ideas, los Diputados de Renovación Nacional valoramos la actitud del actual Gobierno, tan crítico ayer, de incorporar en esta legislatura extraordinaria, antes de que finalice el año y de que se produzcan los cambios en las reglas originales, de acuerdo con lo planteado en la Ley N° 18.480, una modificación mediante el proyecto de ley en discusión. Su aprobación no sólo permitirá consolidar el actual sistema de reintegro y, como consecuencia, uno de los acápites de la política económica exportadora, sino también obtener mejorías notables que posibilitarán la incorporación de nuevos productos de exportación no tradicionales, al aumentarse el rango del beneficio de devolución, tanto por la reclasificación arancelaria establecida en Bruselas como por la agregación de un nuevo tramo de devolución de entre 15 a 18 millones de dólares, fijándose un 3 por ciento sobre el valor FOB. Eso permitirá una gradualidad en la salida natural, por crecimiento del beneficio, para aquellos exportadores que superen los 18 millones de dólares.

Los Diputados de Renovación Nacional apreciamos, de igual forma, la actitud del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hecha presente en las sesiones de la Comisión por el Subsecretario de esa cartera, don Jorge Marshall, de abrir posteriormente la discusión sobre el problema planteado, en la Comisión, por la Asociación de Ganaderos de Magallanes, Asogama , de incorporar en el actual proyecto a los productos descritos en las clasificaciones 41-01-01-00, 41-01-02-00 y 41-01-03-00, de arancel aduanero, es decir, cuero sin curtir de bovinos, caprinos y ovinos que, en la actualidad, se encuentran exentos de reintegros, de acuerdo con lo dispuesto en la letra f) del artículo 5e bis de la ley actual.

Su incorporación inmediata, por un lado traería aparejado desconocer acuerdos internacionales firmados por Chile, en los cuales se ha definido un listado de productos o subproductos, como en este caso, que no es posible exportar y, por otro lado, discutir con los consumidores nacionales la incidencia sobre los precios de estas materias primas, con los que se verían involucrados los fabricantes nacionales que, tal vez, ya con el valor agregado, pudieran realizar una expedición exportadora favoreciendo indirectamente al sector en cuestión.

Finalmente, los Diputados de Renovación Nacional valoramos que, en la modificación propuesta por el Ejecutivo, se proponga la suspensión definitiva de la rebaja de la tasa, de 10 a 5 por ciento que el proyecto original proponía para 1991.

Por ello, nuestro Partido votará favorablemente las modificaciones propuestas a la Ley N° 18.480, sobre sistema simplificado de reintegro a exportadores.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Joaquín Palma.

El señor PALMA (don Joaquín).-

Señor Presidente, estimados colegas, no cabe duda de que de las obras del gobierno anterior, uno de los mayores logros fue el de aumentar fuertemente las exportaciones de todo tipo de productos. Para tal objeto creó una serie de instrumentos legales y administrativos que se demostraron eficaces para incentivar la formación de una mentalidad exportadora en muchos empresarios y para diversificar las exportaciones hacia una gama de productos que antes no se exportaban y que hoy denominamos no tradicionales.

Es así como, durante la década del 80, según datos de la Cepal, Chile fue el país que creció en mayor porcentaje en cuanto a exportaciones, después de Paraguay y Brasil, es decir, en un buen tercer lugar en el "ranking" latinoamericano.

Entre estos instrumentos legales, uno bastante relevante es la Ley N° 18.480, que estableció el sistema simplificado de reintegro a las exportaciones, cuyos grandes beneficiados han sido los exportadores menores al facilitárseles las devoluciones de impuestos por los insumos incorporados en sus productos.

El actual Gobierno reconoce la utilidad de este mecanismo y, naturalmente desea que se utilice y se perfeccione, porque coincidimos en la idea de que la economía chilena deba aumentar su capacidad exportadora.

El proyecto de ley que estamos aprobando perfecciona y amplía el sistema simplificado de reintegro, de modo que, a partir de 1991, aprovechando también que entra en vigencia un nuevo sistema de partidas arancelarias, sea una gran gama de productos los que quedan afectos a este sistema. Esta mejoría ha sido reconocida por todos los usuarios y expertos en el sistema.

Señor Presidente, como los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, se han referido a detalles técnicos de la ley, deseo hacer algunas reflexiones de carácter más general.

El Gobierno del Presidente Aylwin, al entregar a los empresarios exportadores este instrumento, tan bueno o mejor que lo que ellos esperaban, no hace sino continuar con una política económica clara y definida en la que el sector privado y los empresarios creativos y dinámicos son los protagonistas del quehacer económico.

Con esta ley y con otras anteriores, se están recalcando las reglas del juego que debieran hacer que los empresarios, responsablemente, se pongan a la tarea de producir con más energía que nunca.

Desgraciadamente, a veces parece que muchos empresarios -o tal vez sus directivas gremiales- no entienden el momento económico y político que vive nuestro país desde el 11 de marzo, lo que los hace creer en falsas expectativas o tomar malas decisiones, lo que es grave para el país y para el bienestar de su gente, porque éste pasa en gran parte por el buen desempeño de la clase empresarial.

Creo, señor Presidente, que el Gobierno y el Parlamento han emitido claramente las señales políticas y económicas sobre las reglas del juego: hay respeto por el sistema institucional que nos legó el gobierno pasado, aunque tengamos públicas reservas sobre su origen, y los empresarios, menos que nadie, pues tienen mejor información, pueden pensar que no se respetará el sistema institucional hasta el último detalle.

Hay respeto entre cada uno de los Poderes del Estado y también hacia las Fuerzas Armadas, cuyo papel y prerrogativas se han ido definiendo al entrar en rodaje la Constitución Política y las Leyes Orgánicas.

Hay respeto hacia los sectores sociales y económicos. Nadie cuestiona la propiedad privada ni la libertad para emprender. Hay orden social y económico, y las variables macroeconómicas se manejan con tecnicismo y prudencia. Los resultados de esto los vemos en el cada día más evidente control de la inflación, en los índices de exportaciones e importaciones, o en el monto de las inversiones extranjeras, o en el valor del dólar.

Por otra parte, no cabe duda de que nuestras relaciones externas son mejores que antes. Por supuesto -y esto, señor Presidente, lo entienden los empresarios-, el gobierno pasado nos dejó una pesada carga social, cuyo síntoma más evidente son los bajos salarios del sector público y de gran parte del sector privado. En este tema hemos trabajado gran parte del año. Ahí están la reforma tributaria, la reforma laboral, el estatuto docente, los cambios en asignaciones y reajustes de pensiones y tantos otros proyectos rédistributivos cuya justicia es evidente.

En definitiva, señor Presidente, las señales que da el Gobierno y el Parlamento a los chilenos y, en particular a los empresarios, son de estabilidad y respeto.

Una nueva señal, nítida y clara, es esta ley de reintegros simplificados que facilita el accionar del exportador. Sin embargo, echo de menos -repito- por parte de los dirigentes empresariales, una actitud correspondiente, que entregue también señales adecuadas, de manera que jueguen en plenitud su propio papel. Es necesario que tengan plena participación en

el proceso económico de gran fuerza creativa que ya se vislumbra para los próximos años.

Comprendo que a los dirigentes empresariales que se jugaron a fondo por Büchi y Pinochet y por la mantención del sistema autoritario, y que pronosticaron el caos y el desorden si ganaba el actual Gobierno, les cueste aceptar que estaban equivocados. Pero han pasado ocho meses y el desenlace es claro: el régimen pasado no es alternativa de poder y no hay vuelta atrás. Menos aún se darán las condiciones de desorientación y desconcierto, en el país, para que irrumpa, en un momento, alguien como Fujimori en el Perú. En este sentido, el panorama político e institucional de Chile es claro.

En la medida en que los empresarios entiendan esto y encuentren a los líderes apropiados para la hora actual; en la medida en que al renovar a sus dirigentes elijan a quienes miren hacia adelante y no hacia atrás; en la medida en que los empresarios planifiquen su trabajo de corto y largo plazo sobre la base de esta realidad, se creará un ambiente de expectativas de trabajo adecuado para ingresar de pleno en una verdadera economía social de mercado.

Esta modificación de la ley de reintegro es otro gesto del Gobierno. Espero que los gremios empresariales comprendan su profundidad y trascendencia, y aprovechen lealmente este esquema de mayor justicia y solidaridad que tienen, creo por mucho tiempo.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado Víctor Pérez.

El señor PEREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, Honorable Cámara, sin duda que tanto en el país como en el mundo ya existe un adecuado consenso en que los países progresan y se desarrollan cuando son capaces de salir a conquistar el mundo con sus productos, con sus bienes y servicios, mediante empresarios capaces de enfrentar ese gran desafío. Creo que hoy todos los chilenos y los empresarios miramos hacia el futuro. Todos los sectores de nuestro país están anhelantes de seguir progresando y desarrollándose, porque es a través de este camino, de esta vía, como podremos entregar verdaderamente mayor bienestar a todos y a cada uno de los chilenos.

Por lo tanto, la obra que se inició en estos últimos años en nuestro país, hay que perfeccionarla y hacerla avanzar, para que muchos más empresarios de verdad participen del compromiso de diversificar la economía y asuman el gran desafío de exportar. En esa perspectiva, los instrumentos que el Estado y el Parlamento generen y creen, juegan, a juicio de la UDI, un papel fundamental. Los instrumentos legales sobre política económica deben ser claros, nítidos y objetivos, y tender a fomentar las exportaciones, a generar la posibilidad clara de su diversificación; en definitiva, a premiar a todos aquellos hombres y mujeres que se atreven verdaderamente a enfrentar ese gran desafío de llenar el mundo con nuestros productos. Eso genera empleo, desarrollo y progreso.

Ya hemos caminado una larga ruta, lo suficiente para demostrar que los chilenos somos capaces de exportar. Atrás han quedado visiones estrechas en que se generaba una economía mediocre, en que el mercado chileno no era capaz ni de exportar, ni tampoco de importar.

En ese contexto este proyecto de ley que hoy discutimos, cumple la finalidad de generar un instrumento adecuado para aumentar las exportaciones y diversificarlas, y, además, para incorporar realmente a más chilenos en esta gran tarea.

Por las razones expuestas, la UDI apoyará con sus votos este proyecto, porque creemos que sus normas son acertadas en la medida en que no perjudican a los beneficiarios del reintegro de aquellos productos que, a la fecha, se encuentran gozando de los mismos. Creemos que también es adecuado, porque posibilita el acceso al sistema de reintegro de aquellas mercancías que, por diversos motivos, fueron marginadas del mismo, a pesar de mantener la calidad de productos no tradicionales.

Es válido porque deja sin efecto la rebaja de tasa del 10 al 8 por ciento, con el propósito de otorgar un beneficio permanente al sector exportador, y es acertado, porque fija un plazo para que el exportador pueda ejercer el derecho de invocar el beneficio de reintegro.

Además, es un paso muy atinado crear un nuevo tramo de reintegro -con una tasa del 3 por ciento- ubicado entre los 15 y 18 millones de dólares, lo que da gradualidad a la pérdida del beneficio.

En fin, esta iniciativa constituye un instrumento adecuado y, técnicamente, bien concebido para mantener el proceso de exportación, perseverar en las políticas de desarrollo y posibilitar que los empresarios chilenos sigan contribuyendo, efectiva y realmente, al empleo y, en definitiva, al progreso y desarrollo del país.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, es evidente que el desarrollo económico de los países depende, en gran medida, de los niveles y políticas de exportaciones que se lleven a cabo. El progreso económico, como todos sabemos, es la base de un sólido desarrollo social. Son conceptos o ámbitos íntima y naturalmente vinculados, que se relacionan como vasos comunicantes.

En la misma medida en que pretendemos que el país progrese y se desarrolle económicamente, podemos pretender que nuestra Patria alcance mejores condiciones sociales para el resto de nuestros conciudadanos.

En lo que se refiere a la política de exportaciones, los parlamentarios de la Concertación siempre hemos reconocido los aciertos del régimen pasado. De allí que hemos celebrado la diversificación y la apertura de nuestra economía hacia otros mercados, toda vez que estamos muy conscientes de que ello ha significado e importado que nuestro país vaya adquiriendo las condiciones de solidez económica requeridas para promover, posteriormente, el desarrollo social al que todos aspiramos.

El Gobierno del Presidente Aylwin nos ha enviado un proyecto de ley que, manteniendo las reglas que en materia de exportaciones se configuraron en los últimos años, tiende a mejorar el sistema legal que reglamenta su reintegro. Consideramos importante esta iniciativa presidencial, por cuanto es una clara señal política del Gobierno sobre nuestra voluntad de mantener las reglas del juego en este orden de consideraciones.

Esta es una demostración gubernamental clara y concreta de que nuestro propósito es perseverar en los climas de confianza, de seguridad y de estabilidad que la actividad económica necesita y requiere para desarrollarse, en los términos que todo el país desea.

Este proyecto de ley, inserto en toda la política económica general del Gobierno ya que no es una excepción-, viene a constituir un claro mentís a esos agoreros que siembran el desconcierto, la incertidumbre y la inestabilidad económica.

Por ello, valoramos, reconocemos y apreciamos en todo cuando vale esta iniciativa de Gobierno, la que naturalmente apoyamos, como también destacamos el procedimiento seguido por el Gobierno para conformar la propuesta sometida hoy al conocimiento y aprobación de esta Honorable Cámara.

En temas tan sensibles e importantes como éste, es oportuno y conveniente consultar a todos los agentes y actores económicos involucrados.

En la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de esta Honorable Cámara, escuchamos las opiniones de los dirigentes empresariales que representan al sector exportador y, obviamente, son ellos quienes, en definitiva, se verán favorecidos por esta modificación del sistema simplificado de reintegro, habiendo dado su consentimiento, y voluntad aprobatoria.

Confiamos que en temas tan trascendentes como éste y con tanta incidencia en el desarrollo económico nacional, el Gobierno persevere en su política de consenso, para mantener y asegurar los climas de confianza y de seguridad, que la actividad económica del país necesita.

Por tales razones, los Diputados Radicales votaremos favorablemente el proyecto del Ejecutivo; hoy, en general, y, mañana, en particular.

He dicho.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, seré muy breve, puesto que este proyecto de ley ya ha sido informado latamente, en cuanto a su alcance y contenido técnico.

En general, quiero recalcar solamente, la importancia de esta iniciativa en la mantención del auge de las exportaciones no tradicionales en el país. Aún más, asumiendo las características que hoy tiene la economía nacional en términos de ser absolutamente abierta al mercado internacional, le cabe solamente competir en las mejores condiciones posibles. Para ello debe crear, en general, los mecanismos institucionales adecuados en el orden económico, para competir efectivamente en buenas condiciones, incorporarse a nuevos mercados y diversificar sus exportaciones, generando, cada vez, mayor valor agregado.

Por lo que ya se ha dicho aquí en términos generales, este es un proyecto absolutamente beneficioso, que prolonga en el tiempo las franquicias de la ley N° 18.480 y corrige claramente algunas modificaciones que mostraban efectos indeseados y que se iban a producir a partir de 1991.

Por estas razones, señalo la aprobación de este proyecto de ley por parte de la bancada socialista -PPD. Además, como esta iniciativa ha contado en Comisión, con el apoyo unánime, quizás pudiéramos también aprobarlo inmediatamente en general y en particular, para dejarlo despachado en el día de hoy.

He dicho.