Labor Parlamentaria

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Corresponde rendir homenaje a la ciudad de Curepto, con motivo del bicentenario de su fundación.

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos.

El señor CAMPOS (de pie).-

Señor Presidente y Honorables colegas, la historia de los pueblos está constituida por la sumatoria de pequeños y grandes acontecimientos. Es la conjunción de hechos que marcan y encauzan rumbos en el devenir de un país, junto a aquéllos menudos que sólo inciden en un reducido territorio de la República, los que, en definitiva, dan vida a la historia patria y constituyen la esencia de nuestra nacionalidad. Sin embargo, el tráfago de la vida moderna, cual remolino de aguas, absorbe nuestra actividad diaria, alejándonos de las costumbres y tradiciones de antaño y de la simplicidad del saber vivir. La vida de las grandes urbes parece que necesitara alimentarse del olvido del pasado, porque la complejidad de nuestras existencias nos aparta de lo que hicieron nuestros mayores.

Por ello, es muy sabia la tradición de esta Honorable Cámara de Diputados cuando permite a sus integrantes rendir un homenaje a los hechos, instituciones o personas que conforman la historia chilena, ya que al practicarla incorporamos a los anales de esta Corporación parte del Chile que representamos con sus anhelos, recuerdos, glorias, porfías y flaquezas, y posibilitamos la continuidad que permite proyectamos en el porvenir.

Esta mañana rindo un homenaje a la ciudad de Curepto. Alojada en la hermosa zona costera de la provincia de Talca, bañada en parte por los ríos Mataquito y Huenchullamí , el próximo sábado 17 de noviembre celebrará el bicentenario de su fundación.

Sin embargo, su historia se remonta más allá de año 1790. Antes de la llegada de los españoles acoge caseríos y poblados picunches o promaucaes en los sectores de Huenchullamí, Huaquén , Tonlemo , Lora y Llongocura. Es tierra de en conmenderos en 1552, con dos capitanes de don Pedro de Valdivia. Su valle escucha los últimos gritos de libertad del Toqui Lautaro, al que ve morir en 1557. Conoce la fe de Cristo y levanta sus primeras capillas en 1585. Aporta su oro desde los lavaderos de Coipué en los inicios de la Colonia.

Entrega riquezas en mercedes de tierras y contribuye al progreso de nuestra nación en el siglo XVII. Y todo ello, con esa sencillez y señorío que perdura en los cureptanos de hoy.

En el Chile republicano conoce mejores tiempos. Campos de lentejas, legumbres, trigos y viñas, como lo son gran parte del secano costero de la zona central, se transforma en ciudad, y por decreto del año 1882 alcanza la calidad de Departamento, en los vastos territorios comprendidos entre el Maulé y el Mataquito.

A fines del siglo pasado y a comienzos del presente, sus apetecidos productos viajan a California y al viejo continente, promoviendo el auge económico de todo el país. Levanta escuelas, liceos, hospitales, edificios públicos. Construye puentes y caminos. Edita periódicos. Funda instituciones sociales y conoce la luz eléctrica. Pero, por sobre todo, aporta hombres y mujeres que han hecho grande a la patria y que han dado prestigio a nuestra Región del Maulé.

De estas tierras pobres, como diría el poeta maulino Jorge González Bastías , llenas de tradiciones y de recuerdos, en las que sus habitantes constituyen verdaderas familias, y en las que sus vidas son ricas porque cuentan con el agrado que significa disfrutarlas, proviene el poeta romántico Pedro Antonio González , ídolo de la juventud universitaria de su época, de trágico sino, y Fray Pedro Armengol Valenzuela , obispo de Ancud y jefe mundial de la Orden de los Mercenarios.

En esos suelos cureptanos han nacido también Matías Rafide , poeta y actual agregado cultural de Chile en Egipto; don Hugo Gálvez Gajardo , dos veces Ministro de Estado y rector de la Universidad Central, y nuestro distinguido colega y amigo Gustavo Ramírez Vergara , cuatro veces Diputado de la República.

Hoy, el pino insigne ha desplazado al roble, al canelo, al arrayán, al boldo, al peumo y al litre, y aun cuando no abandonan su empobrecida agricultura, pareciera que es en la actividad forestal en donde se cifran sus sueños de futuro.

Mas recorrer sus calles, admirar sus viejas casas de sombreados corredores, conversar con sus gentes, es volver a nuestras raíces y constatar que en la sencillez de lo simple y en la calidad de una amistad desinteresada, encontramos fuerzas para darle sentido a nuestras existencias.

Quienes hoy tenemos el honor de representar a Curepto en este Parlamento, nos sentimos orgullosos de su historia y de su pueblo. Calpún , Docamávida , Limávida , Rodeo, Hornillos , Huaquén , Gualleco , Estancilla , El Queñe, Pulmunul , Tabunco , Tomulgo , Rapilermo , Huelón , La Orilla, La Trinchera, Liem y Coipué, son nombres que a ustedes nada les dicen. Sin embargo, en ellos hay cientos de compatriotas que día a día entregan su aporte a la patria y a la Región del Maulé; y que, al decir de Neruda, aman hasta las raíces de este pequeño país frío. Y si tuvieren que nacer mil veces, ahí quieren nacer. Y si tuvieren que morir mil veces, ahí quieren morir.

Por ello, al rendir hoy un cálido homenaje a Curepto en el bicentenario de su fundación, tierra en la que siempre ha florecido el ideario de mi Partido, el Radical, entrego mi reconocimiento a sus hombres y mujeres, y los insto a que, nutriéndose de su historia y orgullosos de sus tradiciones, sigan siendo tal cual como son.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca.

El señor ALVAREZ SALAMANCA.

Señor Presidente, a quienes vivimos de la tierra y, por supuesto, conocemos la manera de ser de los hombres del campo, nos cuesta transmitir, pero no imaginar, lo que era la encomienda de Huenchulla mí, allá por el año 1552.

En la ruta obligada de los españoles se fueron asentando hombres y mujeres de distintas condiciones, con el solo fin de criar a sus familias en esos lomajes y valles de la Cordillera de la Costa, entre los ríos Huenchullamí y Mata quito.

Por esos años, sin duda, los roblares poblaban los cerros de su entorno con gran majestuosidad. En cambio, los valles, luego de ser limpiados y drenados dejaron a la vista suelos de gran fertilidad que hasta hoy producen leguminosas de gran valer y de reconocida calidad.

Así surge Curepto , de esa encomienda, gracias al esfuerzo, en su mayoría, de incógnitos personajes que ya, en 1680, estructuran un pequeño poblado que la tradición histórica lo fecha mucho más tarde, allá por el año 1790.

El departamento de Curepto se crea por ley el 17 de noviembre de 1882, con la Villa de Curepto. Después surge lo que es hoy la comuna de Curepto. Esta tiene todos los elementos para desarrollarse. Sus hombres y mujeres son gente de esfuerzo y sacrificio, que tienen posibilidades en los distintos ámbitos del desarrollo nacional o empresarial.

Ahí está la playa de La Trinchera, extensa, majestuosa, una de las pocas en el litoral central donde casi no hay viviendas, a pesar de su extensión de más de 10 kilómetros.

Ahí están la esperanza y el anhelo de regadío del valle de Curepto y de Limávida. El primero, a partir del río Mataquito y, el segundo, soportado por la acumulación de aguas invernales.

Ahí está Gualleco, tratando de mejorar la disponibilidad de aguas de regadío para convertir a este pequeño, tradicional y hermoso villorrio en un vergel que abastece de primores y de hortalizas a la ciudad de Talca.

Ahí están los inmensos bosques, a la espera de una futura actividad industrial que entregue trabajo permanente y estable a los cureptanos.

Ahí está la añoranza histórica de Calpún, Docamávida , Paraguay y Curepto , de ver pavimentada su ruta de acceso desde Pencahue y aquella que los une hacia la provincia de Curicó.

Estoy seguro que el tiempo y el progreso de la nación, en el que estamos todos empeñados y comprometidos, permitirá, en un futuro no lejano, que Curepto y su gente vayan viendo cumplidos sus anhelos.

Hoy nos interesa incorporar al desarrollo de la nación a la gente más modesta. Esa es la tarea inmediata, sumamente necesaria para crear la estabilidad democrática y política que el país requiere para seguir creciendo.

No puedo terminar mis palabras sin dejar de referirme a un hombre visionario, profundamente democrático, antiguo regidor liberal y hoy alcalde de Curepto, don Juan Eduardo Valdés , quien con habilidad e inteligente ha sabido invertir los recursos del municipio, precisamente, en la solución de los problemas de la gente más modesta.

Este hombre de Huaquén enorgullece a Curepto en la celebración de su bicen tenario.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ramírez.

El señor RAMIREZ.-

Señor Presidente, sólo para adherir al homenaje de mis distinguidos colegas por el bicentenario del pueblo de Curepto.

Lo hago, en primer lugar, por ser cu reptano. Agradezco sinceramente el homenaje rendido al pueblo donde yo nací. En segundo lugar, porque estamos en esa tierra desde que llegó el primer encomendero, don Juan Jofré Maltesa , del cual desciendo. De manera que tengo razones muy grandes como para estar feliz con este homenaje.

En nombre no sólo mío, sino también en el de los parlamentarios de la Democracia Cristiana, que adhieren también a este homenaje, formulo votos porque este bicentenario constituya la posibilidad de que Curepto logre algunos éxitos, a los cuales tiene derecho. Muchas cosas que allí se están haciendo permitirán, necesariamente, sacarlo de la postración en que se encuentra sumido muchos años.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señores Diputados, el Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley , solicita autorización para que ingrese a la Sala el Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano.

Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.

Acordado.

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para suspender, por esta vez, la aplicación de los artículos 175 y 180 del Reglamento, que se refieren a plazos, ya vencidos, dentro de los cuales la Comisión Mixta de Presupuestos debió informar a la Sala.

De no suspenderse su aplicación, la Sala no podría tratar el proyecto de Ley de Presupuestos.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Hago presente que habrá discusión general y particular de cada una de las partidas correspondientes a los Ministerios.

Los señores parlamentarios tienen en su poder copia del informe general de la Comisión Mixta de Presupuestos y los Comités de todos los partidos tienen copia de los informes de las Subcomisiones. En el caso de la UDI, 2 copias; en el de Renovación Nacional, 3; en el del Partido Radical, 2; en el de la Democracia Cristiana, 3, y en el del Partido Socialista, 3.

Corresponde tener presente que las indicaciones encaminadas a corregir imperfecciones del proyecto de Ley de Presupuestos, según el artículo 177 del Reglamento, deberán ser presentadas antes de clausurarse su discusión general y ser votadas previamente a su aprobación general.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el primer lugar del Orden del Día, corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley sobre propiedad industrial.

Las proposiciones de la Comisión Mixta, impresas en el boletín N° 95-03, son las siguientes:

Artículo 17.-

Sustituir las palabras "La Comisión" por "el Tribunal", todas las veces que figura en el proyecto.

Rechazar la modificación del Senado que intercaló en el inciso tercero -que ha pasado a ser quinto el vocablo "abogados".

Artículo 18.-

1) En los incisos primero, segundo, tercero y sexto, poner con minúsculas las letras iniciales de las expresiones "Unidad Tributaria Mensual" y "Unidad Tributaria Mensual".

2) En el inciso quinto, sustituir las palabras "la Comisión" por "el Tribunal".

3) En el inciso sexto, mencionar al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante, sólo como "el Departamento".

Artículo 28.-

Escribir con minúsculas las letras iniciales de "Unidades Tributarias Mensuales".

Artículo 29.-

En el inciso segundo, rechazar la modificación del Senado en cuanto a suprimir la expresión "serán destruidos".

Artículo 52.-

Suprimir la norma.

Artículo 71.-

Rechazar la modificación del Senado que consistía en la supresión de la expresión "al empleador o".

Artículo 72 y 73.-

Aprobar las modificaciones del Senado a estos preceptos.

Artículo 75.-

Aprobar la modificación del Senado, reemplazando la expresión "de la Corte" por "del Tribunal".

Artículo 73, nuevo

Aprobar la agregación de este artículo 73, nuevo, propuesto por el Senado, sustituyendo la frase "de la Corte" por "del Tribunal".

El señor LONGUEIRA.-

En este proyecto de ley hubo, básicamente, cuatro tipos de diferencias con el Senado.

La primera de ellas se refiere a una Comisión que se establece a fin de resolver reclamos sobre las patentes. Hubo acuerdo unánime en la Comisión Mixta para denominarla "tribunal", en lugar de "corte" o "comisión".

En este tribunal, de acuerdo con el criterio de la Cámara, uno de sus integrantes -nombrado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción- no es necesariamente abogado. La Comisión aceptó el parecer de que estuviese integrado por dos abogados de otro origen, y de que su representante, nombrado por el señor Ministro, pueda tener una profesión que no sea, obviamente, la de abogado. Esto último, dado el carácter del tribunal, en el sentido de que los fallos que debe emitir, en su gran mayoría, tienen algún grado de especialización y tecnicismo.

En cuanto a la segunda, hubo una serie de modificaciones o correcciones formales, respecto de las cuales existió unanimidad. En el proyecto que aprobó el Senado, la unidad tributaria mensual aparecía con letras mayúsculas, lo cual no corresponde. Por lo tanto, se hicieron las correcciones de orden formal al texto.

Una tercera modificación se introdujo al artículo 52 del proyecto. Se entregaba al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, facultad para expropiar aquellas patentes que afectaran los números 8° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política, es decir, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la protección de la salud.,

El Senado acordó rechazar el artículo 52 y así también lo hizo la Comisión porque existe una normativa bastante clara y precisa sobre expropiaciones. En ese sentido, se prefirió dejar la norma general. Por cierto, existe facultad para expropiar cuando así lo determine la autoridad; pero ello, necesariamente debe hacerse mediante un proyecto de ley y no por una atribución que otorgue la Cámara para que el Ministro de Economía la ejerza cuando lo estime conveniente.

Por último, una cuarta modificación se llevó a efecto sobre tres artículos referidos a la participación sobre invenciones que hagan personas contratadas para esos efectos o que se beneficien con ellas.

El Senado había redactado esos tres artículos -pasaron a ser dos- en forma distinta, sin alterar sustancialmente el fondo de lo aprobado por la Cámara.

Eso es lo que puedo informar, señor Presidente. No sé si se me ha olvidado algún punto; pero, en términos generales, ese es el proyecto aprobado por la Comisión Mixta.

El señor PEREZ (don Juan Alberto).-

Señor Presidente, Honorables colegas, la información entregada por el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, refleja lo que realmente se discutió en la Comisión Mixta de Diputados y Senadores.

Los temas de discusión fueron más de forma que de fondo, exceptuando el del artículo 52, respecto del cual, por acuerdo de la Comisión, se optó por su rechazo, debido fundamentalmente a que los antecedentes que se entregaron permitieron evaluar que en nuestra legislación hay disposiciones que permiten expropiar cuando la autoridad así lo determine.

En el artículo 17, se acordó sustituir las palabras "la Comisión" por una denominación más genérica y más efectiva, como es "el Tribunal".

En cuanto a la integración de la Comisión que resolverá acerca de las discrepancias que se plantearán en tomo a las copias de las patentes industriales, se llegó a la conclusión de que en lugar de incorporar a tres abogados integrantes y permanentes de ella, era preferible que una de estas personas, la tercera, tuviera un carácter más técnico. De manera que la redacción de este artículo no será impositiva y se incorporará la expresión "de preferencia abogado".

Otro artículo, que también sufrió modificaciones, dice relación con un aspecto de forma, en el sentido que la unidad tributaria mensual efectivamente corresponde a palabras que deben escribirse con minúsculas y no con mayúsculas.

También, como lo informaba el Diputado señor Longueira , en el caso de los artículos 72 y 73 se aprobaron por unanimidad las modificaciones propuestas por el Senado, es decir, optamos por el criterio de la Cámara Alta.

De esta forma, señor Presidente, la Comisión Mixta ha dado término a la discusión de este proyecto de ley sobre propiedad industrial y que favorecerá a un sector importante de trabajadores y de empresarios de la actividad nacional. Además, desde que se publique la ley, existirá la posibilidad efectiva de que los productos farmacéuticos tengan patente y sean resguardados a través del mecanismo establecido.

Es cuanto puedo informar.

Gracias, Presidente.

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Efectivamente, independientemente de que la palabra que se use sea "Comisión" "Corte" o 'Tribunal", como usted dice bien, afecta la existencia de tribunales o cortes en el país. Por eso, en su oportunidad, se hizo la consulta a la Corte Suprema. En este momento, entraríamos en el mismo tema que hemos discutido ya varias veces: si se requiere de nuevo el quorum calificado o no. Ese es un asunto que hemos debatido en diversas oportunidades. Reconozco que hay un matiz diferente por el hecho de que se cambie el nombre. Esa es la respuesta.

En todo caso, adicionalmente a lo que he expresado en relación con su consulta, quiero agregar a lo que ya se ha dicho, que en la Comisión Mixta se hizo un esfuerzo para llegar a una recomendación unánime.

Este texto ha sido producto del esfuerzo hecho por los Diputados y Senadores integrantes de la Comisión Mixta, con el objeto de asegurar que la recomendación que se enviara a la Cámara y al Senado fuera unánime para el pronto despacho de este proyecto de ley. Por esa razón declinamos insistir en la mantención del artículo 52, que disponía la expropiación de algunas patentes, cuando fuere necesario, para asegurar las garantías constitucionales sobre el medio ambiente y la salud. Tal como estaba redactado en verdad, permitía hacer expropiaciones por decreto. Ese no es el ánimo de ninguno de nosotros, sino que, en casos extremos, relacionados con el medio ambiente y salud pública, eventualmente pudieran hacerse algunas expropiaciones por ley. Considerando que la facultad de enviar una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública está considerada en la actual normativa constitucional, no se estimó necesario redundar en la materia en este proyecto.

Por eso, no insistimos en este punto, contribuyendo a lograr acuerdo unánime en la recomendación de la Comisión Mixta, para que ella se apruebe por unanimidad aquí en la Sala.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley en primer trámite constitucional, que dicta normas sobre administración tributaria y condona recargos por impuestos morosos.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Gustavo Ramírez.

El proyecto, impreso en el boletín N° 165-05 aparece en el informe de la Comisión de Hacienda que figura en el N°8 de los Documentos de la Cuenta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor RAMIREZ.-

Honorable Cámara, me corresponde informar el proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo, que dicta normas sobre administración tributaria y condona recargos por impuestos morosos.

Este proyecto puede dividirse en tres partes, para su mejor comprensión.

Los artículos 1°, 2° y 3° condonan reajustes, intereses y multas de contribuciones de bienes raíces e impuestos fiscales, y el 4° declara prescritos todos los impuestos adeudados al 31 de diciembre de 1986.

Los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° y 15° del proyecto, reorganizan los servicios fiscalizadores de impuestos internos, Tesorería y Aduana y modifican diferentes facultades de ese orden correspondientes a esos servicios, otorga al personal de planta o a contrata de la Dirección de Presupuestos, una asignación asimilatoria, y fija también diferentes funciones de la Tesorería General de la República.

Analizaremos, después, cada artículo del proyecto de ley.

El artículo 16° modifica el inciso segundo del artículo 66° de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile.

En el artículo 14° se establece un sistema de incentivos destinados a estimular a los funcionarios encargados de la administración, fiscalización y recaudación de los impuestos internos y de los derechos y tributos aduaneros, beneficiando a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio de Tesorerías, de la Dirección de Presupuesto, del Consejo de Defensa del Estado y de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, con excepción de los funcionarios de los grados B y C, de la escala única de sueldos.

La Comisión de Hacienda contó con la asesoría de distintos funcionarios de Gobierno: el Subsecretario de Hacienda, don Pablo Piñera ; el Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano ; el Director y el Subdirector de Impuestos Internos, señores Etcheverry y García ; el Director de Aduanas, don Benjamín Prado y el Tesorero General de la República, don Humberto Vega , quienes concurrieron acompañados de calificados funcionarios de esas reparticiones.

Además, escuchamos a la Asociación Nacional de Empleados del Servicio de Impuestos Internos, a la Asociación de Fiscalizadores del mismo Servicio a la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Presupuestos, a la Asociaciones de Aduanas, de Tesorerías, al Comando de Exonerados del Servicio de Impuestos Internos y a varios sectores gremiales invitados entre otros, la Confederación del Comercio Detallista y la Sociedad de Fomento Fabril. Se excusaron de asistir otros gremios, aunque hicieron llegar sus observaciones por escrito.

La Comisión recibió antecedentes, y además tuvo la posibilidad de consultar a todos los sectores. De manera que esta iniciativa fue bien estudiada por ella. Asimismo, introdujo modificaciones fundamentales al proyecto de condonación enviado por el Ejecutivo, el que posteriormente acordó patrocinar las enmiendas formuladas por la totalidad de sus miembros, de lo cual se dejó constancia en esta Honorable Cámara.

Señores Diputados, ¿de qué tratan las condonaciones propuestas y cuál es su incidencia en el endeudamiento tributario?

Respecto de la composición de la deuda, por tipo de impuesto al día de hoy cabe informar lo siguiente: Por concepto de impuestos de retención y recargo, se deben 58 mil 988 millones de pesos; de bienes y raíces 22 mil 1 millones de pesos; de renta, 20 mil 611,9 millones de pesos; de giros por declaración errónea, 1.421 millones de pesos; de convenios, 794 millones de pesos; de impuestos por cheques protestados 112,9 millones de pesos; de espectro radioeléctrico, 48,4 millones de pesos; de impuestos varios, 3,8 millones de pesos.

El total de la deuda neta, calculada al 30 de diciembre de 1989, es de 103 mil 981,7 millones de pesos, o sea 320 millones de dólares.

La deuda actualizada al 31 de diciembre de 1989, es de 202 mil 347,7 millones de pesos, alrededor de 650 millones de dólares, es decir, más que el rendimiento de la reforma tributaria en un año. Calculada al día de hoy, alcanza a 260 mil millones de pesos, o sea, 813 millones de dólares. Si no hubiera condonación, esta deuda resultaría impagable.

En el proyecto en estudio se propone condonar el ciento por ciento de reajustes e intereses de las contribuciones de bienes raíces e impuestos fiscales que no sean de retención. Al mismo tiempo, tratándose de estos últimos, se condona el ciento por ciento de intereses y multas, debiéndose, en este caso, pagar el capital más los reajustes consolidados al 31 de diciembre de 1989.

Propone también la prescripción de todos los impuestos y contribuciones de bienes raíces adeudados al 31 de diciembre de 1986, con la única excepción de los que estén afectos a delito tributario. Sin embargo, se consideraron casos especiales en los cuales también se podrán acoger algunos contribuyentes, cuando el valor del tributo que motivó la querella no exceda las 200 UTM, cumpla determinados requisitos de tiempo y se hubiera efectuado oportunamente la consignación.

Dejo constancia de que los beneficiados por este proyecto de ley son 630 mil personas, las que deben 2 millones 661 mil cuotas de bienes raíces. Más 150 mil que deben impuestos fiscales y de retención, o sea, afecta a 780 mil contribuyentes.

La condonación es de 100 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 1989, calculada al día de hoy, es de 160 mil millones de pesos, es decir, de alrededor de 500 millones de dólares. Beneficia a comerciantes, agricultores, pequeños industriales y fuertes sectores habitacionales y campesinos. Esta es una ley que favorece ciento por ciento, a la clase media de este país.

En estos artículos, se determina la forma de pago de los impuestos, lo que se hará en dos cuotas: el 30 por ciento se pagará noventa días después de promulgada la ley, y el 70 por ciento restante, al 30 de septiembre de 1991. Sin embargo, aquellos contribuyentes que paguen el total del impuesto adeudado, dentro de los primeros 90 días, tendrán además, un descuento adicional del 10 por ciento. Asimismo, quienes paguen el 70 por ciento al 30 de septiembre de 1991, tendrán un recargo del 10 por ciento.

Se establece, también, que a aquellos contribuyentes que no se acojan a esta condonación en los plazos establecidos, no les serán aplicables los beneficios de esta ley. A quienes no cumplan con el total del pago, se les imputará lo pagado en forma parcial a la deuda original, considerando reajustes, intereses y multas, si correspondiere, perdiendo, en esta forma, los beneficios de esta ley.

Se trata, por tanto, de otorgar las máximas posibilidades para obtener un efectivo saneamiento tributario.

Esta, señores Diputados, es la más amplia ley de condonaciones tributarias dictada en la historia de este país, y una respuesta afortunada del Gobierno a la petición reiterada de los parlamentarios, a la cual han adherido todos los sectores políticos del país, representados en esta Honorable Cámara de Diputados, hecho que debo destacar, como Diputado informante. También es una clara demostración de la importancia que tiene la existencia del Parlamento democrático para los sectores sociales de este país.

Me referiré ahora a la segunda parte del proyecto.

El artículo 5° introduce modificaciones al Código Tributario, contenido en el articulo 1° del Decreto Ley N° 830 de 1974. Hay distintas enmiendas que analizaremos, con toda seguridad, en la discusión particular del proyecto. Por ahora, diremos que este artículo mejora las posibilidades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos; incorpora el Servicio de Carabineros para que junto al Departamento de Policía Internacional de Investigaciones de Chile, impidan la salida del país de los contribuyentes investigados por presuntas infracciones a las leyes tributarias sancionadas con pena corporal; y precisa el domicilio del contribuyente para fijar la competencia del director regional del Servicio de Impuestos Internos, que deba conocer de los reclamos y otras materias que examinaremos más adelante.

El artículo 6° introduce modificaciones al artículo único de la Ley N° 18.320, que señala, en su número 1, que los exámenes y revisiones del Servicio están limitados, en el caso de los impuestos contemplados ' en el decreto Ley N° 825, de 1974, a los últimos doce períodos mensuales anteriores a la fecha de notificación al contribuyente. Se trata de fijar plazos para que el contribuyente entregue la información requerida por el Servicio de Impuestos Internos, otorgando el plazo fatal de un mes. Al mismo tiempo, concede tres meses al Servicio para citar, liquidar o girar, estimándose conveniente disponer que se cuenten desde que venza el plazo del contribuyente para presentar los antecedentes.

Tres artículos del proyecto se refieren a materias de índole aduanera: el artículo 7° introduce modificaciones a la Ordenanza de Aduanas; el artículo 8° modifica la Ley N° 18.480 y el artículo 9° sustituye el inciso noveno del artículo 43 bis y también el inciso tercero del artículo 46 del decreto ley N°825, de 1974.

En el caso del artículo 7°, la enmienda tiene por objeto refundir en una sola norma las disposiciones actualmente contenidas en los artículos 115, 120 y 126, de ese cuerpo legal.

En el artículo 8°, la ley N°18.480, establece un sistema simplificado de reintegro de gravámenes que inciden en el costo de los insumos utilizados para producir bienes calificados como "exportaciones menores no tradicionales".

En el artículo 7°, se establecen sanciones para quienes perciban indebidamente este beneficio, pero sin fijar un procedimiento para ello. Con el objeto de salvar esta omisión, se propone reemplazar el actual inciso segundo del artículo 7°, de la ley 18.480, estableciendo que el cobro de las sumas indebidamente percibidas se efectuará a través de la formulación de un cargo, el cual podrá ser sujeto de reclamo por parte del interesado, utilizando la vía procesal que determinan los artículos 132 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas.

En el artículo 9°, se introducen modificaciones al decreto ley N° 825, de 1974, las letras a) y b) sustituyen los incisos noveno y tercero de los artículos 43 bis y 46 del citado decreto ley, respectivamente.

El inciso noveno del artículo 43 dispone que los vehículos de años anteriores, nuevos o usados pagarán el impuesto que se establece, considerando el valor aduanero correspondiente al último modelo nuevo o su similar, rebajado en un 10 por ciento por cada año de antigüedad, no pudiendo exceder esta rebaja del 50 por ciento de dicho valor.

Por su parte, el inciso tercero del artículo 46 establece una norma similar de valorización para los efectos de aplicar el impuesto consagrado por tal precepto.

Esta modificación innova en cuanto permitirá hacer rebajas no sólo por año de antigüedad, sino también por uso y/o año, de acuerdo con las normas que determine el Servicio Nacional de Aduanas.

El artículo 10° pretende restablecer la preferencia de pago que siempre tuvo el Fisco en nuestra legislación, en la ley de Prelación de Créditos.

Una vez analizado el artículo 11, la Comisión de Hacienda compartió el criterio del Ejecutivo, en cuanto a reestructurar y modernizar los servicios de Administración Tributaria. No obstante lo anterior, estimo necesario de esta facultad, el Presidente de la República no podrá fusionar servicios ni suprimir funciones, por lo cual se acordó eliminar las expresiones "fusiones" y "organismos"; y a continuación del punto aparte del inciso primero se acogió la inclusión de la frase: "En el ejercicio de esta facultad, no podrá fusionar los servicios, ni suprimir sus funciones esenciales".

El fundamento de esta indicación, aprobada por unanimidad, tiene por finalidad obtener que los servicios de la Administración Tributaria continúen cumpliendo las funciones específicas para las cuales fueron creados y que se encuentran consignadas en sus actuales estatutos orgánicos.

Por otra parte, y para asegurar la estabilidad de los empleados se acordó, por unanimidad, incluir la siguiente frase: "Asimismo, este proceso de reorganización no podrá significar la cesación de funciones del personal de planta de los servicios involucrados".

En el artículo 12 hay una indicación formulada por varios señores Diputados de la Concertación, que tiende a favorecer a los funcionarios exonerados de estos servicios, la cual fue aprobada por mayoría.

El artículo 13 otorga al personal de planta o a contrata de la Dirección de Presupuestos una asignación asimilatoria de los porcentajes allí señalados de la asignación de fiscalización del artículo 6°, del decreto ley N° 3551, de 1981, con un porcentaje de 25 por ciento para directivos, 30 por ciento para profesionales, 35 por ciento para administrativos, y 35 por ciento para auxiliares.

El artículo 6° del decreto ley N° 3551 expresa lo siguiente: "Establécese para el personal de la Contraloría General de la República y de las instituciones fiscaliza doras una asignación no imponible que se denominará asignación de fiscalización, de los montos mensuales que se indican, según el escalafón y grado correspondiente al cargo respectivo".

Sobre la base de esta asignación, se fija, entonces aquella de que hablamos en el artículo 13.

El artículo 14 contiene una facultad al Presidente de la República para establecer un sistema de incentivos económicos a los Servicios de la Administración Tributaria Fiscal, basados en las recaudaciones de tributos del año 1990 y siguientes.

Al respecto, cabe hacer presente que un sistema de incentivos similar al propuesto se aplicó desde 1967 y hasta 1973, de acuerdo con la facultad otorgada al Presidente de la República por el artículo 64 de la ley N° 16.617. Esta modalidad de remuneración dio buen resultado en la recaudación de los tributos, estimulando al mismo tiempo la iniciativa y esfuerzo individuales de los funcionarios. Se incluyen, dentro del incentivo, al personal de la Subsecretaría de Hacienda de la Dirección de Presupuestos y del Consejo de Defensa del Estado. Estas dos últimas instituciones también participaban del incentivo establecido en la ley N° 16.617.

Este artículo fue aprobado en la Comisión por siete votos a favor, dos votos en contra de Renovación Nacional y la abstención del Presidente de la Comisión, Diputado señor Pablo Longueira.

En la Comisión de Hacienda se introdujo un cambio en el inciso séptimo, que incluía las multas provenientes de la recaudación tributaria a considerar para el fondo de incentivo. En la Comisión fueron excluidas, al estimarse que ellas son las que inquietan a ciertos sectores de contribuyentes respecto del excesivo celo de los funcionarios, ya que las liquidaciones de impuestos, en general, se sujetan a un procedimiento que contempla todas las instancias jurisdiccionales que dan el debido amparo al contribuyente.

El artículo 15 sustituye al artículo 13 original. Fue propuesto por el Ejecutivo y acogido por la unanimidad de la Comisión, en el sentido de incorporar una enumeración no taxativa de los egresos de carácter no tributario que deben ser objeto de la función fiscalizadora de la Tesorería, con el propósito de reconocer a este organismo la importancia prioritaria del debido control de egresos no tributarios.

Respecto de los egresos de carácter tributario, cuyo pago efectúe la Tesorería, se estimó de toda conveniencia establecer que su acción fiscalizadora tendrá por objeto dar cuenta de cualquier anomalía al servicio correspondiente, para que éste actúe, en consecuencia, de acuerdo con sus facultades privativas.

En este artículo se reconoce a la Tesorería sus facultades fiscalizadoras respecto de los egresos que le corresponde efectuar.

El artículo 16 reemplaza al artículo 8° original, letra a), del proyecto del Ejecutivo, que exigía a los exportadores efectuar una declaración jurada en el Servicio de Impuestos Internos, entregando algunos antecedentes relativos a la exportación, a lo menos 15 días antes de la fecha del informe de exportación. Aunque esto no era difícil, se consideró que sería un nuevo trámite que podría introducir algún grado de complejidad al sistema. Por ello, se prefirió optar por esta nueva indicación al artículo 16. Como el ánimo del Ejecutivo no es otro que posibilitar el adecuado control de la devolución de impuestos, sin nuevas exigencias para el contribuyente, se optó, en definitiva, por modificar el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, para que éste pueda entregar a los servicios fiscalizadores los antecedentes relacionados con solicitudes de franquicias aduaneras tributarias o de fomento a las exportaciones.

La Comisión declaró que esta modificación es de quorum calificado, y el Banco Central ha manifestado estar de acuerdo con el texto y contenido de la presente indicación.

Señores Diputados, es todo cuanto puedo informar. La Comisión aprobó este proyecto y, por tanto, procede que la Honorable Cámara se pronuncie, en general, respecto de esta iniciativa de ley.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Gracias, señor Diputado.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Salas.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, hoy día los parlamentarios debemos sentir satisfacción por este proyecto de ley, porque normalmente en Chile, desde hace mucho tiempo, se habla de buscar la paz y la reconciliación. Pero esta paz y esta reconciliación no pueden buscarse cuando hay tanta gente que lleva una carga de impuestos que no puede pagar

No debemos olvidar que entre los años 1981 y 1982 mucha gente quebró, perdió sus pertenencias, e incluso algunos quedaron prácticamente en la calle. Hay personas de la clase media, de escasos recursos, que desde entonces adeudan impuestos de contribuciones, de aduana, del IVA por la importación de vehículos que en esa época adquirieron. Y estas personas -son muchas en Chile- han debido soportar durante todos estos años la amargura de arrastrar deudas que, si no las pudieron pagar cuando perdieron sus pertenencias su monto era mucho más pequeño que el de hoy, es evidente que ahora tampoco lo podrán hacer, toda vez que están recargados con multas, intereses y distintas penas. Por eso estimo que debemos considerar este proyecto con la mayor seriedad posible.

Felicito al Ministro de Hacienda y sus colaboradores, especialmente al señor Foxley , presente en esta Sala, por esta iniciativa, que en verdad hace justicia. Muchas veces se piensa que sólo quienes poseen grandes cantidades de dinero tienen deudas; pero en la práctica no es así, porque hay mucha gente pobre que debe las contribuciones de su casa durante muchos años y que no pueden ponerse al día en el pago de sus deudas.

De esta manera colabora considerablemente en la consecución de la paz de este país, ya que con tanta carga tributaria, deudas, intereses y multas, además de la angustia en que vive la persona que posee estas deudas, es imposible que haya tranquilidad y verdadera reconciliación.

Por eso, me felicito y felicito a los señores Diputados que han trabajado arduamente en el estudio del proyecto y espero que, esta tarde, él sea aprobado por la unanimidad de los señores parlamentarios. Nosotros, como democratacristianos, le damos nuestro apoyo con mucha complacencia.

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-

Señor Presidente, me parece vital importancia el proyecto que estamos tratando en este momento.

En efecto, hay muchísimos agricultores, de distinta condición que han visto realmente recargada su deuda por el incremento de los intereses y reajustes derivados del pago de contribuciones del IVA, etcétera. De manera, que, como Diputado de Renovación Nacional, debo decir que este proyecto de ley es realmente un acierto. Estoy seguro de que, en los años que vienen los comerciantes y los pequeños y medianos agricultores, a quienes esa situación los tenía en condiciones difíciles, podrán salir adelante a incrementar sus ingresos, a fin de poder cumplir con sus compromisos.

Gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Aunque reglamentariamente no procede señor Diputado, la Mesa accederá a su deseo.

Tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez, don Alfonso.

El señor RODRIGUEZ (don Alfonso).-

Señor Presidente deseo formular indicación al inciso séptimo del artículo l°, para sustituir la expresión: "de primera instancia", por "segunda instancia".

Como bien se señala en el mensaje del Ejecutivo, de fecha 28 de septiembre de 1990, este proyecto de ley no representa solamente un interés fiscal de orden financiero, sino que, además, tiene decisiva relevancia en el desarrollo económico del país, y en la preservación de la justicia social, conjugando, para ello, medidas económicas entre sí, que, al decir y sentir del Ejecutivo, no buscan mejorar el cumplimiento de las normas mediante el aumento de las sanciones, sino mediante la modernización y readecuación de la estructura orgánica de todos los servicios involucrados en la materia.

Dicha indicación está firmada por los Diputados señores Armando Arancibia , Hosain Sabag , Federico Ringeling , señora Evelyn Matthei , Pablo Longueira , Gustavo Ramírez , y el que habla.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Ruego al señor Diputado hacer llegar la indicación a la Mesa.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, en la discusión general del proyecto, es importante tener presente que se trata de una iniciativa que podemos resumir en tres grandes grupos de artículos.

El primero, permite la condonación de los compromisos de las personas que mantienen deudas, sean éstas por bienes raíces, deudas fiscales. Hubo acuerdo en la Comisión, firmado por todos los parlamentarios, para que el Ejecutivo se hiciera parte en la indicación, porque se modifica sustancialmente el proyecto que él había enviado a la Cámara. También formularemos indicaciones para mantener dos artículos según ese acuerdo que firmamos todos los parlamentarios, que no fueron incluidos en la discusión, y que otorgan, básicamente, facultades para que los alcaldes y los municipios, cuando lo estimen conveniente, establezcan algún tipo de condonaciones en materia de patentes, derechos o tasas que ellos cobren en sus respectivas comunas.

Ese fue el ánimo con que suscribimos todos estos artículos que compartimos y que, finalmente, dieron origen a las condonaciones que establece el proyecto de ley, en examen.

En la discusión en particular, haremos presente la incorporación de estos dos artículos que facultan a los municipios o CODECOS del país, para condonar también multas, intereses y reajustes en favor de los contribuyentes morosos.

El segundo grupo, consiste en adecuaciones de facultades de organismos que dependen del Ministerio de Hacienda, que han sido, si mal no recuerdo, en su gran mayoría o prácticamente todas, acordadas por unanimidad. Básicamente, son adecuaciones que permiten hacer más expedita no sólo la cobranza de impuestos, sino también los subsidios que entregan estas dependencias, y, por cierto, corregir algunos eventuales abusos en la aplicación de la ley anterior.

Por último, hay una serie de artículos, respecto de los cuales también formularemos indicaciones oportunamente, que se refieren a la facultad de reorganizar las distintas dependencias del Ministerio de Hacienda, principalmente los servicios de Impuestos Internos, Aduanas y Tesorería.

Señor Presidente, deseo solicitarle en esta oportunidad que se pronuncie respecto de la admisibilidad del artículo 14, que crea un fondo de incentivos para ciertos funcionarios de la Administración Pública, el cual se estructuraría en función de futuras recaudaciones de distintos impuestos, en circunstancias de que la Constitución Política, en el artículo 19, N° 20, inciso tercero, establece claramente: "Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado".

En su oportunidad y con arreglo a mi facultad de Presidente de la Comisión de Hacienda, expresé que este artículo era absolutamente inadmisible, porque no se pueden asignar las recaudaciones del Fisco a un fin determinado, como lo establece el proyecto de ley en debate.

Reiterando lo que manifesté en la Comisión de Hacienda, es evidente que para que exista eficiencia en estos servicios se requiere que estos funcionarios tengan una mejor remuneración o que ésta sea acorde con el mercado.

Agregué que si el Ejecutivo estimaba conveniente establecer asignaciones para que los funcionarios fiscalizadores tuviesen una mejoría significativa de sus remuneraciones, evidentemente nuestro Partido lo respaldaría. Pero creo que, independientemente de la opinión que tengamos, respecto de si es positivo o negativo que se cree este fondo de incentivos, hay un problema de inadmisibilidad de este artículo, sobre lo cual pido que la Mesa se pronuncie cuando lo estime conveniente.

Termino señalando que haremos llegar a la Mesa una serie de indicaciones formuladas a este proyecto, el cual, por condonar una serie de deudas, la UDI votará, en general, en forma positiva.

Gracias, señor Presidente.

El señor RINGELING.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, deseo referirme al artículo 14, que crea un fondo de incentivos.

En la Comisión de Hacienda, fui uno de los Diputados que planteó la inconstitucional de este fondo, por vulnerar lo dispuesto en el artículo 19, N° 20, inciso tercero, de la Constitución Política, dado que, claramente, los tributos o una parte de los mayores tributos que se recauden en virtud de la aplicación del artículo 14, están siendo destinados a un fin determinado, cual es formar este fondo de incentivos.

Solicito a la Mesa que se pronuncie sobre esta inadmisibilidad.

En todo caso, reconocemos que dicho fondo tiene algunos aspectos positivos.

En primer lugar, nos parece muy correcto que se pretenda aumentar la recaudación tributaria.

En segundo lugar, estimamos atendible la preocupación por el nivel de ingresos de los funcionarios de la Administración Pública.

Postulamos una Administración Pública más eficiente y técnica, para lo cual es necesario tener presente lo siguiente:

No nos parece conveniente, y sí una injusticia, buscar el mejoramiento de sólo algunos funcionarios de la Administración Pública. Este fondo de incentivos beneficiará a funcionarios públicos de seis servicios diferentes. Sin embargo, hay muchos Ministerios, especialmente los del área social, que cumplen importantes funciones, respecto de cuyos personales también podría buscarse una forma de incentivo; no obstante, este proyecto no les otorga ningún beneficio.

Además, creemos que, en la forma en que está concebido no favorece los méritos particulares de un funcionario público, sino que, simplemente, es un beneficio establecido "al barrer". Lo que sí se dispone es que no tendrán derecho los que sean mal calificados; pero todos sabemos que esto no es normal en la Administración Pública. Prácticamente, una persona es mal calificada cuando no hay otra forma de poner término a su prestación de servicios.

Una indicación, introducida por la misma Comisión, establece que para la formación de la base de recaudación no se estimarán las multas. Esto nos parece de extraordinaria importancia, porque algunos sectores productivos tenían la preocupación muy legítima todavía la tienen de que los funcionarios, fundamentalmente fiscalizadores, actuaran con celo excesivo para acrecentar la posibilidad de percibir un mejor sueldo. Al no considerarse las multas, esta circunstancia se encuentra morigerada en gran parte, porque nadie podrá alegar que, porque estén buscando mayor recaudación de impuestos existe celo excesivo en perjudicar a algún sector productivo, especialmente a los del comercio y de la agricultura.

Señor Presidente, por las razones expuestas, encontramos elementos positivos; pero, fundamentalmente, por la discriminación con otros servidores públicos muy idóneos votaremos en contra de este artículo esperando, eso sí, la decisión sobre la inadmisibilidad de este fondo.

He dicho.

El señor SABAG.-

Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, felicito al Ejecutivo por esta iniciativa de generar un saneamiento respecto de los deudores tributarios que están morosos desde hace mucho tiempo.

La exposición del Diputado informante señor Gustavo Ramírez , ha sido bastante amplia, clara y muy objetiva; nos ha dejado debidamente ilustrados.

Sin embargo, a lo manifestado por él, agrego que esta condonación beneficia a un gran número de contribuyentes del país, sin lo cual no sería posible que ellos se pusieran al día en sus deudas tributarias.

Conocemos casos dramáticos de personas que, originalmente, adeudaban cuatrocientos mil pesos de impuesto y hoy está en 12 millones de pesos, deuda absolutamente impagable.

Hay muchos contribuyentes que adeudan enormes cantidades, a los cuales, debido a la escasez de abogados en los Servicios, no se puede apremiar, de modo que el cobro de las deudas es prácticamente imposible. Vale la pena recordar que Tesorería dispone tan sólo de 26 abogados en todo Chile para más de 800 mil deudores morosos.

Este proyecto tiende a solucionar, definitivamente, este problema tributario, por lo que se espera que, en lo sucesivo, todo el mundo se ponga al día en el pago de sus impuestos.

No es buena práctica la condonación, se castiga al contribuyente cumplidor y, en cambio, se premia al que no lo ha sido. Sin embargo, hoy la aprobaremos gustosos, considerando que el país ha pasado por momentos económicos muy difíciles que han impedido que todos los contribuyentes estén al día.

Este proyecto faculta al Ejecutivo para regular y coordinar las funciones de los Servicios de Impuestos Internos, de Tesorerías y de Aduanas, para evitar que sigan actuando independientemente uno de otro en perjuicio de los intereses del Fisco. El caso más evidente de esta descoordinación es el de Lozapenco, en que por aduanas aparecía exportándose una determinada cantidad de cosas, de lo cual no tenía conocimiento Tesorerías y mucho menos Impuestos Internos.

Al facultarse al Ejecutivo para coordinar las medidas de fiscalización que puedan adoptar estos Servicios, esperamos que estos cuantiosos fraudes en contra del Fisco no se sigan cometiendo.

Es necesario destacar que en el proyecto también se contempla un estímulo para los fiscalizadores, como, asimismo, se les da el carácter de tales a los funcionarios de Tesorerías, quienes en la práctica son los que giran los cheques por miles de millones de pesos sin tener la facultad para retener y ni siquiera auscultar lo que ellos están haciendo aunque, "a las claras", perciban que no hay relación entre la capacidad tributaria de algunas personas con las devoluciones que están reclamando al Fisco. Al otorgárseles la calidad de fiscalizadores a los funcionarios de Tesorerías, evidentemente que va a mejorar la obtención de los recursos del Erario.

Es bueno y sano que estos fiscalizadores tengan un estímulo para desarrollar con mayor ahínco sus funciones. Ante el temor de que pudieran excederse en su trabajo con el ánimo de incrementar, por esa vía, sus ingresos, cabe recordar que este incentivo tiene un límite que es el 20 por ciento de sus ingresos mensuales.

En consecuencia, señor Presidente, estimo que ésta es una buena iniciativa, porque beneficiará y dará tranquilidad a muchos sectores del país y, evidentemente también, ingresos importantes para el Fisco.

Muchas gracias.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, desde el punto de vista del contribuyente, los artículos de mayor interés son el 1° y 4°.

El artículo 1°, que tiene un ámbito de aplicación muy amplio, condona el 100 por ciento de los reajustes e intereses por atraso en el pago de contribuciones de bienes raíces y los intereses y multas por atraso en la declaración y, o pago de los impuestos fiscales adeudados al 31 de diciembre de 1989. El artículo 4°, por su parte, declara la prescripción, por el solo ministerio de la ley, de los tributos adeudados hasta el 31 de diciembre de 1986.

En lo fundamental este proyecto no contempla un "perdonazo", en el sentido conocido de término, si no que más bien facilita, desde el punto de vista del interés fiscal una mayor recaudación tributaria acotada al capital adeudado, puesto que la condonación comprende sólo los reajustes e intereses, y, en algunos casos específicos, las multas, como en el caso de los impuestos de retención y recargo.

En cuanto a la inadmisibilidad, por inconstitucional, del artículo 14, planteada por algunos diputados de la Derecha, quisiera señalar que no comparto este criterio, toda vez que no se trata de una disposición que afecte a un tipo de determinado impuesto, como sería el caso si dijera que el 20 por ciento de la recaudación del impuesto a la renta será destinado a formación de este incentivo. Por el contrario, el mecanismo de este incentivo, pasa por la recaudación de la caja fiscal y por una reasignación de tipo presupuestario del respectivo servicio. En definitiva no hay tal infracción al N° 20, del artículo 19 de la Constitución.

En relación con este incentivo, también se ha señalado que podría significar una discriminación en favor de los funcionarios que lo recibirán. No hay forma de calificar indistintamente a un fiscalizador a un procurador o a un abogado que persigue la percepción del impuesto, porque es todo un engranaje fiscal que se pone en acción para la mayor recaudación tributaria. De tal manera que, en ese sentido, el artículo que establece el incentivo, recoge una realidad y una aspiración del sector involucrado.

Me parece absolutamente indispensable el artículo 15, pues entrega una mayor cantidad de normas de fiscalización, al servicio de Tesorerías, para permitir una adecuada coordinación de la administración tributaria. Es importante para una mayor percepción tributaria que los servicios fiscalizadores funcionen en forma coordinada.

En definitiva, señor Presidente, este proyecto de ley beneficia a un importante sector de la población; crea un sistema de fiscalización, que permite tener activa la caja fiscal; permite una mayor percepción tributaria y, definitivamente, establece claridad respecto de los proyectos fiscales a desarrollar en este período.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Joaquín Palma.

El señor PALMA (don Joaquín).-

Señor Presidente, una iniciativa de este tipo es realmente importante y me alegro estar legislando en tal sentido.

Pienso que estamos resolviendo el problema hacia atrás, pero me gustaría, también, que las autoridades tomaran algunas medidas para que, en el futuro, no sea necesario repetir esta, condonaciones, que en el fondo son bastante injustas, ya que discriminan entre los que pagan y los que no lo hacen.

Muchas veces los empresarios por diversas razones, algunas ajenas, otras propias y, a veces, por error incurren en deudas con el Fisco por el o pago de contribuciones o de otros impuestos. Ahí comienza un verdadero calvario, porque los intereses y reajustes son de tal monto, que al poco tiempo las transforman en impagables. Por tal razón, cada cierto tiempo los gobiernos deben necesariamente hacer condonaciones. Históricamente, en Chile hemos visto que se lleva a cabo alguna cuando asume una nueva administración.

Este es un problema que, sobre todo, se debe enfrentar buscando las causas que lo provocan. Ahora que se inicia una nueva etapa económica en Chile, es necesario revisar el sistema de recargos, multas e intereses, que aumentan a tal nivel las deudas, que las van transformando en impagables.

Otra de las causas que obligan a plantear condonaciones se encuentra en la rigidez con que Impuestos Internos, mediante el incentivo propuesto, no resolveremos el problema de fondo, que lo constituye el nivel extremadamente bajo de los sueldos fiscales.

Es necesario revisar los sueldos de estos funcionarios, porque de ellos depende, precisamente, la eficiencia en la percepción de los impuestos. En muchos servicios, los bajos sueldos impiden la contratación de abogados con horario completo.

Formulo estas tres peticiones al señor Ministro, por cuanto las soluciones propuestas podrían resolver a futuro la situación deuda tributaria en el país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, desde luego, brindo mi apoyo a este proyecto, pero me referiré especialmente al Fondo Especial de Incentivo.

Desde el punto de vista constitucional, el artículo 14 es una disposición perfectamente admisible, por cuanto existen, otros fondos que se han creado también en base a los ingresos tributarios. Por ejemplo, durante el Gobierno anterior se dictó el decreto ley 575, que en su artículo 24 creó el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, al cual se destinará –dice- a lo menos un 5 por ciento del volumen total de los ingresos calculados para los sistemas tributarios y arancelarios. Si siguiéramos el razonamiento de los colegas Diputados de Derecha, llegaríamos a la conclusión de que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional sería inconstitucional, lo cual –creo- no comparte ninguno de los presentes en el Hemiciclo.

En consecuencia, la proposición establecida en el artículo 14 es perfectamente admisible. Por lo demás, no se trata de dar a estos ingresos tributarios que exceden los montos de los ingresos de la recaudación tributaria, neta un destino determinado; esa expresión está referida, generalmente, a algún lugar, a alguna obra, a algún puente o camino, como se distribuía antes de 1973. El propio Presupuesto Nacional sería el mejor ejemplo de distribución con un destino determinado. Sin embargo, nadie piensa que un proyecto de ley de esa naturaleza es inadmisible constitucionalmente.

Señor Presidente, el incentivo tributario estuvo incorporado en nuestra legislación en el artículo 64 de la Ley 16.617, de 1967, y se reglamentó, posteriormente, por dos decretos supremos: el N° 477, de 1967, y el N° 1.393, de 1970, del Ministerio de Hacienda, y fue destinado a estimular la labor de los funcionarios encargados de la administración, fiscalización y recaudación de Impuesto Internos.

Mediante el artículo 14 se repone este estímulo a los funcionarios que trabajan en las reparticiones enumeradas en él el cual fue suprimido por el Decreto Ley 249, de 1973, durante el Gobierno anterior. En consecuencia, se restablece algo que los funcionarios perdieron durante el régimen militar.

En todo caso, para la historia de la ley, quiero señalar que la disposición favorece a todos los funcionarios, sin distinguir los de planta, en propiedad o a contrata.

Me queda una duda respecto de la última frase: "con excepción de los funcionarios de los grados B) y C) de la escala única de sueldos". ¿Se refiere a todos los funcionarios de los servicios aludidos o dependientes del Ministerio respectivo, o sólo a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda?

Solicito que responda esta interrogante el señor Diputado Informante o el señor Ministro de Hacienda, presente en la Sala.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Reyes.

El señor REYES.-

Señor Presidente, del análisis del proyecto que estamos debatiendo surge implícito el sentido de justicia que lo inspira, que es precisamente uno de los signos con que el Presidente Aylwin quiere caracterizar este período de transición hacia la democracia.

En efecto, el propósito del Gobierno, expresado en el mensaje y en el informe que se nos entregó denantes: condonar el ciento por ciento de los reajustes e intereses por atraso en el pago de contribuciones de bienes raíces en la declaración o pago de impuestos fiscales, en ambos casos, adeudados al 31 de diciembre del año pasado, beneficiará a miles de contribuyentes que, por una u otra razón, no pudieron dar oportuno cumplimiento a sus obligaciones tributarias.

Sin embargo, para que ese objetivo se cumpla cabalmente, como señaló recién un Honorable colega, es conveniente considerar a los deudores de patentes, arrendamientos, derechos o tasas municipales, que también constituyen un conglomerado muy importante. Para este efecto, en ejercicio de sus atribuciones, el Gobierno debe incluir a los deudores municipales.

El otro aspecto que quiero mencionar dice relación con la facultad que otorga el artículo 11 del proyecto al señor Presidente de la República, para reorganizar los servicios encargados de la fiscalización y recaudación, tales como Impuestos Internos, Tesorerías, Aduanas, etcétera.

En la implementación física de los servicios debe actuarse con criterio descentralizador, ya que reiteradamente se nos solicita que gestionemos ante el Gobierno la reinstalación en las comunas de las oficinas del Servicio de Impuestos Internos que fueron eliminadas durante el régimen anterior.

Hoy día, los servicios de fiscalización están radicados en las capitales regionales. En las regiones de gran extensión geográfica y con población diseminada en muchas comunas y localidades. Realmente se provoca un daño grande al contribuyente y, de alguna manera, se fomenta la evasión tributaria cuando el servicio de fiscalización no está radicado en el territorio que le corresponde controlar.

En consecuencia, cuando el señor Presidente de la República haga efectiva la facultad que se le otorgará, ojalá disponga la reinstalación de las oficinas del Servicio de Impuestos Internos en las comunas más importantes de las respectivas regiones.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Armando Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, las intervenciones de los Honorables colegas que me han precedido en el uso de la palabra, han dejado en claro los objetivos y la importancia de esta iniciativa del Poder Ejecutivo.

Nosotros, por cierto, nos sumamos a ella y la apoyamos en la medida que recoge algunas demandas y problemas de distintos sectores, con obligaciones tributarias pendientes, particularmente por el cuadro complejo que vivió el país desde comienzos de la presente década.

Sólo quiero destacar dos o tres cuestiones particulares. La primera se refiere a la procedencia o constitucionalidad del artículo 14.

No impone ningún tributo nuevo ni establece contribución alguna. Plantea que de los recursos generales que recibe la Nación, de los que se incorporan al patrimonio fiscal, una parte se destine a pagar un incentivo a los trabajadores que tienen que ver con la recaudación tributaria. No hay vinculación de causa a efecto entre un tributo determinado y el pago de incentivos o remuneraciones a los trabajadores. Son dos operaciones distintas.

Además, por los criterios de seriedad del caso, la disposición propuesta está destinada a elevar la eficacia de la fiscalización del sistema tributario.

La mayoría de los sujetos pasivos de los tributos no tiene problemas con esta disposición, porque no teme a la fiscalización en la medida que es fiel cumplidora de sus compromisos tributarios.

En este sentido, creo que el criterio para formar el Fondo refuerza la idea de que no hay afán persecutorio por la vía de la fiscalización excesiva o excesivo celo, como aquí se ha dicho.

El Fondo es necesario y constitucionalmente aceptable. No olvidemos, además, que existieron anteriormente otros servicios que gozaron en el pasado de medidas de estímulo al trabajo para sus funcionarios. En el Servicio de Aduanas, el galardón se estableció sobre los contrabandos y las infracciones a la ordenanza, y los resultados de la legislación en esta materia fueron positivos y revelan que la medida es eficaz y útil para el cumplimiento del objetivo general.

Hay limitaciones, por cierto. En su momento, planteamos la supresión del 20 por ciento que contempla el artículo 14. Fue declarada inadmisible; pero podría considerarse en el futuro.

Por lo tanto, además de útil, eficiente y eficaz, el sistema de incentivos no persigue a nadie, porque la mayoría de los contribuyentes y sujetos pasivos de los tributos son cumplidores de sus obligaciones, y si no cumplen es porque están impedidos por circunstancias ajenas a su voluntad.

Además, reitero que es enteramente admisible, porque una cosa es usar ciertos criterios para calcular una especie de medida de cuenta o de unidad para estimular su valor, y otra distinta es que ese valor se aplique a objetivos específicos. Lo concreto es que los ingresos son bienes fungibles y no se puede saber de qué tributos se va a pagar la remuneración, en definitiva.

Quiero agregar dos cosas más, muy brevemente.

Una, relativa a la extensión de la franquicia del artículo l° a quienes pagaron sus impuestos con cheques que fueron protestados o devueltos sin pagar por lo bancos, a la cual se refirió el Honorable Diputado señor Rodríguez.

Esa disposición contenida en el artículo 2°, es de entera justicia, particularmente porque un número significativo de deudores tributarios, pequeños o medianos, está expuesto a procesos penales interminables, que se arrastran por siete, diez o más años y les impiden continuar desenvolviendo normalmente su giro de actividad.

De lo contrario, significaría incentivar el pago de los impuestos con cheques sin fondo, como una forma de acogerse a esta disposición. Sería un mal precedente.

La Diputada señora Matthei me ha pedido una interrupción. Se la concederé gustoso una vez que termine.

La Comisión aprobó una indicación para hacer justicia a los trabajadores exonerados, sin motivos fundados, en los años pasados.

El artículo 12 establece que los servicios de administración hacendaría, como Aduanas, Tesorerías, Dirección General de Presupuestos, Impuestos Internos, para proveer los cargos que se creen y las vacantes que se produzcan por la aplicación de la ley, considerarán a los funcionarios de carrera que cumplan los requisitos de eficiencia, de conocimientos, de idoneidad, de experiencia y de capacidad personal.

Con el fin de evitar referencias ajenas al espíritu que anima la indicación, no haré alusión a bandos ni a decretos leyes, sino a dos situaciones: la de quienes fueron privados de sus funciones por razones no imputables a sumarios administrativos o a procesos judiciales y la de los funcionarios que están en condiciones de volver a cumplir responsabilidades dentro del servicio en que se desempeñaron en el pasado.

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción a la Diputada señora Evelyn Matthei.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Evelyn Matthei.

La señora MATTHEI.-

Gracias, señor Presidente.

Por su intermedio, también agradezco al Diputado señor Arancibia la interrupción concedida.

Me referiré al artículo 14 del proyecto de ley, pues presenta uno de los problemas más interesantes que hemos tratado hasta ahora en la Cámara. Básicamente, persigue mejorar la remuneración de los funcionarios públicos, cosa de interés general.

En primer lugar, aplaudo la iniciativa de tratar de aumentar la recaudación tributaria del país. Todos sabemos que aún existe una evasión bastante grande.

Si bien es cierto que la iniciativa despertó temor en algunos sectores, en especial del comercio, por creer que en el futuro se les podría perseguir injustamente, después de su estudio por parte de la Comisión de Hacienda, estos temores no se justifican, por cuanto las multas no se incluirán en el fondo de incentivos.

Lo que provocó inquietud es que se incluyeron las multas en este Fondo, por cuanto ellas son de resorte del Servicio de Impuestos Internos.

Excluidas las multas del Fondo de Incentivos, nadie podrá alegar ser perseguido por el hecho de que se le solicite que pague lo que en justicia corresponde.

En segundo lugar, me parece atendible la preocupación por los sueldos de los funcionarios públicos. Si realmente queremos una Administración Pública eficiente y técnica, tenemos que pagar lo que cuesta contratar funcionarios idóneos y bien preparados.

Actualmente no se les paga bien. Ello es aún más patente respecto de los funcionarios de Impuestos Internos, quienes, muchas veces, con sueldos sumamente exiguos tienen que fiscalizar grandes evasiones.

En tercer lugar, el diseño del mecanismo del Fondo de Incentivos está bien hecho, al menos teóricamente, pues excluye de este beneficio a los funcionarios mal calificados. Además, establece normas objetivas para estimar la recaudación de cada año sobre la base de criterios técnicos, y bien pensados.

Este punto resulta de mucha importancia, pues, muchas veces, en el pasado, se subestimó la recaudación tributaria en la Ley de Presupuestos para aumentar el Fondo de Incentivos, y así mejorar las remuneraciones de los funcionarios fiscalizadores. Esto es aún más importante ahora en que el Congreso Nacional no puede cuestionar las partidas de ingresos tributarios en la Ley de Presupuestos.

Los Diputados de Renovación Nacional nos opondremos a este artículo, a pesar de sus aspectos positivos señalados, porque adolece de un problema de constitucionalidad. Daré lectura a la disposición de la Carta Fundamental que, en mi concepto, amerita ese juicio.

El artículo 19, número 20, señala: "Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado".

En cuanto a la intervención del Diputado señor Elgueta , no es efectivo que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional haya creado un precedente en tal sentido, puesto que el artículo 104 de la misma Constitución dispone: "Sin perjuicio de los recursos que se destinen a las regiones en la Ley de Presupuestos de la Nación ésta contemplará, con la denominación de Fondo Nacional de Desarrollo Regional, un porcentaje del total de los ingresos de dicho presupuesto para la distribución entre las regiones del país. La ley establecerá la forma de distribución de este Fondo". En consecuencia, ese Fondo, no es inconstitucional, desde el momento que está previsto en la propia Constitución, y sólo delega en la ley la forma de hacer el cálculo.

En segundo lugar, nosotros queremos una Administración Pública eficiente e idónea, pero la queremos así en todos los servicios, no sólo en los contemplados en el artículo 14. Para ello, necesariamente la solución debe buscarse a través de un sistema de aplicación general para todos los ministerios y servicios, y no sectorial, en beneficio únicamente de los servicios señalados en el mencionado precepto.

En mi opinión este Fondo de Incentivos atenta indirectamente contra los funcionarios de los ministerios y de los organismos sociales que, no obstante afrontar los mismos problemas que los fiscaliza dores, no tiene el mismo tratamiento.

En tal sentido, estamos dispuestos a buscar un sistema que permita una Administración Pública no gubernamental, sino que, básicamente, estatal, técnica, eficiente y bien remunerada, con una dotación de personal más pequeña y mejor pagada en todas las reparticiones.

Para encontrar una solución general, se debe corregir la extrema rigidez que existe hoy en la Administración Pública, la que produce ineficiencia, pero que tiene su base en la lógica preocupación de su manejo excesivamente político, como ha sido hasta ahora.

En la medida en que exista este factor político, es lógico, por ejemplo, que la norma debe establecer, un ascenso por antigüedad. Sin embargo, toda persona que haya trabajado en una empresa sabe que lo lógico, sería que dicho ascenso se determine por mérito y no por antigüedad. Esta es la verdadera forma de premiar el buen desempeño. Si bien su artículo 14 excluye a los funcionarios mal calificados, nunca he visto en la Administración Pública -o por lo menos deben ser muy pocos los casos- que a alguien se le califique en lista tres ni en lista cuatro, a menos que sea un caso muy especial,... ladrón, por ejemplo.

A pesar de que teóricamente estaba bien diseñado este Fondo, en la práctica, premiará a todos los funcionarios y no solamente a los eficientes, pues el proceso de calificaciones no cumple con su objetivo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Arancibia le concedió una interrupción. Estas generalmente son breves. El solicita recuperar el uso de la palabra.

La señora MATTHEI.-

Se lo daré inmediatamente. Ha sido una interrupción bastante larga, porque se ha solicitado el cierre del debate.

Nos opondremos a este artículo. Pero estamos dispuestos a buscar una solución general, que permita tecnificar y mejorar las remuneraciones de toda la Administración Pública.

Muchas gracias, Diputado señor Arancibia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, la interrupción de la señora Diputada excedió un poco lo habitual. Entiendo los motivos que tuvo. Ello nos ha dado material para argumentar más extensamente durante este debate.

En todo caso, no quisiera dejar pasar el hecho de pensar que en las listas tres y cuatro se califica sólo a los...no sé el término que se ha usado...

Un señor DIPUTADO.-

Ladrones.

El señor ARANCIBIA.-

Ladrones, o una cosa similar. En el pasado, ese mecanismo se usó para sacar de la Administración Pública a gente que no tuvo la confianza del gobierno de aquel entonces.

Señor Presidente, me parece equitativo concederle una interrupción, por su intermedio, al diputado señor Jaime Estévez , con lo cual, me imagino, terminará este debate.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, el Diputado Informante ha confirmado, hasta con cierto orgullo, que éste es el proyecto de ley con las más amplias condonaciones tributarias en la historia de este país. Es así, señor Presidente.

Al respecto, debo manifestar que compartimos la intencionalidad del mensaje y lo votaremos favorablemente; pero no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por lo que ello significa frente a la situación de los contribuyentes que, en la mayoría de los casos, con esfuerzo y sacrificio han cumplido con sus obligaciones tributarias. Cuántos sueños y esperanzas han debido ser postergados, en aras del cumplimiento de una obligación legal. Ellos observan -y sé que lo hacen con mucho malestar- que no existe en este proyecto un reconocimiento mínimo a su esfuerzo y sacrificio.

Señor Presidente, los montos que se recauden como resultado de la aplicación de este proyecto de ley en trámite, adeudados a la fecha y que se transformarán en ingresos importantes para la caja fiscal, podrían constituir un fondo, un porcentaje de él, que podría ser distribuido entre aquellos contribuyentes que han cumplido con sus compromisos tributarios.

De acuerdo con lo expresado anteriormente, formularemos la indicación pertinente para ser considerada en la discusión particular y así dar satisfacción a las esperanzas de aquellos contribuyentes que reitero, han cumplido con esfuerzo, sacrificio y muchas veces con dolor, con sus obligaciones legales, lo cual, hasta el momento, no se les ha reconocido.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente quiero hacer referencia a un punto que estimo muy importante, relacionado con el personal de los organismos fiscalizadores.

De acuerdo con el artículo 14 del proyecto, se les concede un beneficio sobre la base de un incentivo por la mayor tributación que podrían captar durante un período determinado.

Al respecto, deseo señalar que la mayor parte del personal fiscalizador que labora en los distintos servicios, como Aduanas, Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, está constituido por profesionales del más alto nivel en cuanto a preparación y capacitación. Esto es realmente preocupante, porque ellos tienen muy buena aceptación en el mercado laboral privado, y de mantenerse sus sueldos en las condiciones actuales, probablemente en los próximos años habrá un éxodo muy fuerte desde el sector público al privado, lo que se reflejará en ineficiencia de los servicios en el largo plazo. Por eso, deben asignarse mayores fondos para aumentar las remuneraciones de este personal. Pero no creo que el sistema de asignación por incentivo sea el más adecuado.

Estimo que estas personas deben percibir un sueldo que les permita ejercer con tranquilidad sus altas funciones fiscalizadoras, y no uno sobre la base de conseguir objetivos que, si bien pueden ser alcanzables, provocan cierta incertidumbre en cuanto a lograrlos sin tener una actividad severa respecto del contribuyente.

Esperamos que en la discusión particular del proyecto se cambie el sistema de asignación por incentivo, que aparece en el artículo 14, pues en virtud del artículo 11, se faculta al Presidente de la República para reorganizar dentro del plazo de 180 días todos estos servicios. Esperamos que en ese lapso se proponga a la Cámara un nuevo sistema de remuneraciones para los fiscalizadores de estas dependen das, basado en el nivel profesional y en la libertad de la economía estatal, en cuanto a los ingresos que estas personas puedan lograr para el Erario.

Además, sería conveniente, en el análisis particular del artículo 14, tratar un punto que está claro en lo que se refiere al estatuto orgánico de cada uno de los servicios. Es el hecho de que podríamos discriminar respecto de algunas personas en cuanto al incentivo, pues algunos profesionales de estas áreas tienen dedicación exclusiva, lo que no sucede en otros de estos tres servicios, en los cuales esos funcionarios pueden de una u otra manera, con asesoría, obtener otro tipo de remuneraciones.

Hago hincapié en cuanto a considerar este punto, porque como profesor de muchos de los fiscalizadores que se encuentran en estos servicios -contadores e ingenieros comerciales- creo necesario legislar para ellos en la forma más adecuada posible.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, aunque no he enseñado a ninguno de los fiscalizadores, lo cierto es que en la mañana se ha planteado un tema de mucho interés, que no envuelve una cuestión de principios en cuanto a que determinados partidos deban adoptar una posición y otros, una diferente.

Este es uno de los clásicos ejemplos en donde está en juego la prudencia y en donde es perfectamente legítimo tener una interpretación jurídica en uno u otro sentido. Básicamente, el artículo 14 nos llama a reflexionar respecto de nuestra labor como legisladores y de lo que realmente conviene al país y al buen funcionamiento de la sociedad.

En tal sentido, brevemente quiero referirme a los dos puntos que se han planteado al artículo 14. Primero, a la eventual inconstitucionalidad manifestada por el Diputado señor Longueira y, luego, al fondo del asunto; es decir a si la norma es buena para la sociedad o, en cierto modo perjudicial para una sana convivencia.

Reiterando que, al respecto, puede haber interpretaciones distintas, quiero hacer hincapié en que, efectivamente el artículo 14 de este proyecto adolece de una inconstitucionalidad manifiesta.

El número 20° del artículo 19 de la Constitución -citado por varios parlamentarios- en el que se funda la inconstitucionalidad del artículo 14, ha sido analizado parcialmente. A mi juicio, la médula por lo que dicho artículo es inconstitucional radica en que la disposición constitucional señala que los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza "...no podrán estar afectos a un destino determinado". Ahí está el punto específico. Desgraciadamente, del tenor del proyecto bueno o malo queda claro que estos fondos van a un fin específico. Por ejemplo, si el Ministro de Hacienda o alguna otra autoridad quisiera asignar esos fondos a un objetivo distinto, dado que pertenecen al patrimonio de la Nación, sencillamente no podrían hacerlo, porque habría una ley que les obligaría a dedicarlos a este efecto.

Sin embargo, no se ha dicho, y también es importante, que el inciso siguiente, el cuarto, de la mencionada norma constitucional, establece las excepciones. Lo anterior es la norma general, pero hay excepciones, pues la disposición señala: "Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan esta afectados a fines propios...", cuando se refieran a la defensa nacional o a determinados bienes que tengan una clara identificación local, o que claramente no es, en la especie, lo que estamos discutiendo.

De ahí entonces que, de aprobarse una norma de este tipo y de proyectarse la misma idea a otra legislación, podríamos esta vulnerando, inconscientemente, un principio que ha sido elevado a rango constitucional, porque se supone que es de buen funcionamiento público, especialmente en una materia tan delicada como es la de Hacienda.

Desde otra perspectiva, respecto del fondo del asunto, creemos que aquí está envuelto el concepto de "servidor público". De eso debemos preocuparnos realmente: sin contraponer un contribuyente a un fiscalizador, eso no es una sana forma de entender el trabajo que debe realizar un servidor público.

Nos preocupa en particular la expresión, perfectamente legítima, usada por el Diputado señor Arancibia en cuanto a que esto era justo, pues emanaba del concepto de justicia. Al hablar de justicia o de injusticia se refirió básicamente a la remuneración de los fiscalizadores de Impuestos Internos, la cual, por cierto, debemos procurar mejorar y estamos dispuestos a realizar los esfuerzos legislativos del caso. A mi juicio, no se refirió a que sea justo premiar económicamente a un servidor público, porque cumple con su deber.

La ley debe preocuparse permanentemente de establecer los derechos y obligaciones objetivos de todos los funcionarios públicos y no discriminar del buen o mal funcionario público, respecto de una mayor o menor remuneración, que se produce, sobre todo, "eventualmente" en perjuicio de un contribuyente, lo que puede acarrear una serie de situaciones indeseadas, que el día de mañana podríamos lamentar.

Señor Presidente, dado que se ha pedido la declaración de inconstitucionalidad, creemos procedente verla desde ya. En cuanto al fondo, también tenemos serias aprensiones respecto de lo que se nos está pidiendo que hagamos como legisladores, para efecto de defender un adecuado concepto de servidor público en Chile.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista, Partido Por la Democracia, Izquierda Cristiana y Partido Humanista votará a favor del proyecto de ley sobre condonación de recargos por impuestos morosos y reestructuración de los Servicios de Impuestos Internos, de Aduanas y de Tesorería.

A nuestro juicio, el proyecto contiene tres aspectos muy importantes; uno, se refiere a los impuestos adeudados, otro dice relación con la modernización de ciertos servicios públicos, y, un tercero que es el que aquí ha provocado mayor debate, busca lograr una equidad en el pago de los impuestos por la vía de reducir la evasión tributaria.

Con relación al primero, la condonación de deudas de impuestos completa la tarea emprendida por el Gobierno democrático en el sentido de saldar las graves deudas acumuladas en distintos sectores y rubros, durante los años pasados.

Es así como esta Cámara ha sido informada de los acuerdos adoptados respecto de los deudores del SERVIU, y hemos debatido un proyecto de ley sobre los deudores hipotecarios en juicio, y cómo se han tomado medidas respecto de las deudas de agua y de luz.

En este caso, nos referimos a la situación de 630 mil deudores de contribuciones de bienes raíces comprendidas en 2 millones 661 mil roles, y de otros 150 mil deudores de impuestos fiscales.

Estas deudas acumuladas, por casi 800 mil contribuyentes de impuestos, no responden a un hecho normal o de funcionamiento lógico de la economía, y por tanto, no comparto el criterio de otros parlamentarios que han dicho que aquí se está ayudando al que no desea pagar, en perjuicio del que paga.

En verdad, estamos frente a un problema de arrastre generado a partir de la crisis económica de 1982 y 1983, con la acumulación progresiva de deudas y dificultades de pago que hace muchas veces, que personas que desean pagar tienen ante sí deudas tan grandes que se ven imposibilitadas, incluso, para cubrir una parte de ellas.

Nos parece que esta situación debe ser saneada para que en el futuro, efectivamente, todos los chilenos paguen sus impuestos oportunamente. Debemos buscar, si fuere necesario, las modificaciones legales que establezcan la dificultad de nuevas condonaciones, salvo que estén asociadas a procesos críticos en la marcha general de la economía.

El proyecto que aprobaremos en general permite una solución total y absoluta para todas las deudas de impuestos que se generaron hasta el 31 de diciembre de 1986. Todos esos chilenos deudores podrán, una vez que el Congreso la apruebe, estar tranquilos; se acabará la amenaza de perder sus propiedades, puesto que el gobierno habrá dado solución a ese problema.

Y para quienes tengan deudas de impuestos de los años 1987,1988 y 1989, hay importantes ventajas que estimula su pago, en la medida -claro está- en que se cumplan ciertas condiciones, como el haber pagado, a lo menos, un tercio de los impuestos adeudados.

Se suprimen intereses y multas y también los reajustes se limitan hasta diciembre de 1989, lo cual significa que no sufrirán el recargo de la inflación de este año. Es decir, hay un beneficio adicional cercano al 30 por ciento de las cantidades adeudadas.

Y para los deudores de bienes raíces, en especial pequeños propietarios y comerciantes, las facilidades, son mayores todavía.

Nos alegramos que el Gobierno escuchara este clamor y dé una respuesta rápida y eficiente para tantos chilenos, y esperamos que las normas establezcan, para la evolución económica futura, un estímulo real al pago de los impuestos.

En segundo lugar, por este proyecto se reorganizan los Servicios de Impuestos Internos, Nacional de Aduanas y la Tesorería General; tarea necesaria para elevar su eficacia, como ha quedado demostrado, entre otras cosas, por la existencia de fraudes de la magnitud del caso de Loza penco, de todos conocidos.

Entre otros aspectos deben modernizarse los servicios de computación de estos entes públicos.

El Servicio Nacional de Aduanas fue creado, principalmente, como un organismo fiscalizador de las importaciones, de control de aquello que se importaba al país; en circunstancias de que hoy lo principal es la dinámica exportadora, y ésta requiere de una reestructuración del Servicio orientada a una función diferente.

La devolución de impuestos, tan importante en el país como el fomento efectivo al exportador que no es doblemente recargado, también requiere de un servicio eficaz. Dentro de este terreno se plantean fórmulas para reducir la evasión tributaria y entre ellas el incentivo a quienes son fiscalizadores.

El debate producido no deja de sorprendemos, porque, en verdad, cuando se discutió la reforma tributaria, parlamentarios de la Derecha hicieron presente que ella no era necesaria por cuanto había una altísima evasión en el país y que lo que el Gobierno debía hacer era enfrentarla. Y resulta que ahora cuando se enfrenta a ella salen con nuevos argumentos para obstaculizan la medida con la cual se busca solucionar un problema que ellos mismos crearon. Es decir, aquí hay "palos porque bogas y palos porque no bogas", lo que demuestra, a mi juicio, una actitud poco comprensiva y realmente, poco rigurosa en relación con los problemas que afrontamos.

El problema de la evasión tributaria es un atentado al funcionamiento normal de una economía de mercado, porque no puede ser que un empresario honesto, tenga un recargo o un impuesto por serlo, respecto de aquél que evade impuestos. Y cuando aquí se plantea el problema de que los funcionarios de aduanas pueden ser demasiado celosos para impedir que se exporten locos en tarros cuyas etiquetas señalan "caracoles", me parece que no es aceptable que se busque proteger a quienes han cometido tantos fraudes en este país. Me interesa que quien está al cuidado de que al recinto de aduanas entre o salga un camión, no gane apenas 30 mil pesos, como ocurre en el día de hoy. Me interesa que los funcionarios tengan un incentivo para terminar con el hecho de que en este país, en forma encubierta, se exporta cocaína o productos como el loco y otros; y no hay ni la planta suficiente ni la estructura adecuada para impedirlo. Y no me parece que porque un funcionario tenga un incentivo para descubrir un delito se alteren las bases de la economía o se transforme anómala la situación. Por el contrario, creo que todo estímulo para enfrentar a quienes son delincuentes son muy bienvenidos. Como muy bien lo dijo la Diputada Matthei , no se trata de que los funcionarios vayan "a comisión de las multas", porque, evidentemente, las multas que se cobren no ingresan al fondo especial de incentivo. Por lo tanto, es una distorsión y un engaño a la opinión pública intentar señalar que los funcionarios tendrán un estímulo para cobrar multas, por cuanto no se suman a lo que se plantea.

La verdadera realidad es que durante años estos servicios públicos fueron abandonados a su suerte; entraron en declivio; sus funcionarios fueron mal pagados porque se consideró que fiscalizar el cobro de impuestos no era realmente una prioridad de parte del Estado. Nos parece sin perseguir a nadie que una condición de sana competencia económica es que exista un sistema adecuado para el de pago de impuestos y para el control de la evasión, y que, especialmente, los delitos aduaneros, que se expresan en la exportación de productos que no deben exportarse, sean fuertemente controlados.

Naturalmente, es discutible la operación misma del mecanismo de incentivo. Por eso, si hay ideas concretas que busquen mejorarlo, con mucho gusto las atenderemos y estudiaremos en la Comisión, en el debate en particular del proyecto.

Señor Presidente, no es posible reclamar de inconstitucional este artículo, por cuanto, en primer lugar, no crea ningún nuevo, tributo no se está creando impuesto de naturaleza alguna, y, en segundo lugar, porque el texto legal solamente señala que la formación del fondo especial de incentivo considerará los montos en que la recaudación tributaria neta, en moneda nacional, creada para ese fin, se adecúe. En ninguna parte establece la ley que se financiará con el producto de los impuestos. Varios señores parlamentarios han cometido un error de lectura sobre el texto. Lo que se plantea, como criterio, es que el Gobierno va a crear, en el Presupuesto, una partida que considerará el monto que exceda la recaudación real esperada, sin que operara el incentivo.

Naturalmente, mi opinión -y quiero dajarla aquí, también, muy claramente- es que si la reducción de la evasión tributaria es suficientemente eficaz, y si el Gobierno logra con esto una captación importante de nuevos recursos adicionales, soy partidario de una rebaja en las tasas de impuestos, a fin de mantener la carga tributaria hoy día existente en términos relativamente parejos y estables. Esto es, podríamos seguir mejorando el mecanismo para que el incentivo por el correcto pago de impuestos no sea sólo para los funcionarios sino que también opere en favor del comerciante honesto, en el sentido de que si se pagan bien los impuestos, disminuyan las tasas que se aplican.

Por último, quiero destacar que el artículo 12 del proyecto introduce por primera vez una reparación moral, que espero sea efectiva para miles de funcionarios de carrera, que han sido exonerados arbitrariamente de sus servicios. Por eso, hemos planteado que en el caso de que existan plantas vacantes o que las haya que proveer, se considere a aquellos funcionarios de carrera que entraron mediante concurso a la Administración Pública, que tuvieron calificaciones correctas y de primer grado, y altamente positivas en todo su desempeño, con una determinada preferencia; que se les reconozca su capacidad personal y experiencia ya demostrada en estos servicios.

Han transcurridos años desde cuando fueron echados miles de funcionarios sin explicación alguna, tronchándoles una carrera funcionaría leal y abnegada, sólo por el motivo de haber sido militantes del Partido Socialista o de alguna otra colectividad opositora al régimen militar. En modo alguno puede ser aceptable que, sólo por ese motivo, como una manera de discriminar en la Administración Pública, fueran echados repito miles de funcionarios.

Es cierto que no es posible recontratarlos a todos porque no hay recursos para ello; pero, al menos, este proyecto les hace justicia, en cuanto va a considerar experiencia y capacidad cuando haya que proveer nuevas vacantes.

Esto no constituye una solución al problema de los exonerados, que requiere más bien una atención previsional, dado los años que han pasado, pero al menos, el hecho de que en este proyecto quede esta disposición, representa una reparación que, aunque moral, espero que sea efectiva, para miles de estas personas que sufrieron este problema.

Quiero añadir que ojalá la redacción de este artículo sea mejorada, en el sentido de eliminar la referencia expresa a los bandos que pudieran provocar, a lo mejor, un sentimiento contrario en la votación, y destacar que si bien no fue aprobado por mayoría, por decisión unánime, al menos, en la Comisión de Hacienda ha habido comprensión sobre la existencia de un problema pendiente con los funcionarios exonerados, y que habrá que buscar el modo de enfrentarlo. Lo que ofrecemos puede ser un paliativo; y si no, estamos dispuestos a buscar, con los otros señores parlamentarios, la mejor fórmula que dé satisfacción a una necesidad moral, ética y funcionaría.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, la intervención del Diputado señor Estévez , que comparto en plenitud, me ahorrará muchas palabras que iba a decir en beneficio de nuestro trabajo.

Sólo quiero agregar dos cuestiones que me parecen importantes de ser consideradas en el debate y que no se han dicho.

En primer lugar, la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 14.

En mi opinión, lo que se establece en el artículo 14 es un sistema de cálculo de las remuneraciones, de los ingresos que los trabajadores de los servicios allí considerados recibirán en retribución al desempeño de sus funciones. De acuerdo con la Constitución, ésta es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y este proyecto fue enviado por el Ejecutivo. Por lo tanto, es perfectamente admisible su tratamiento, considerando que fue planteado a la Cámara por el Presidente de la República, conforme a lo dispuesto por la Constitución.

Está claramente establecido en el proyecto que lo que cambiará será la composición de los ingresos. No hay ningún tributo asociado a dicha base de cálculo, tampoco se fijan nuevos impuestos, lo que variará serán los ingresos de los empleados de los servicios fiscalizadores, porque se calcularán de una manera distinta. Así como en la Ley de Presupuestos se consideran diferentes materias, y en otras disposiciones se contemplan diversos factores de remuneración en estos mismos servicios hay una asignación de fiscalización, aquí se propone una nueva fórmula de cálculo de las remuneraciones de estos trabajadores, lo que es perfectamente constitucional.

En segundo lugar, quiero señalar mi extrañeza por algunas intervenciones habidas hoy en esta Sala en relación con el tema de fondo de este artículo: establecer incentivos a los trabajadores del sector público. Esas intervenciones provienen de personas que, por participar en partidos que defienden determinada filosofía y modelos económicos, pública y reiteradamente, ha manifestado la inconveniencia de que en las materias económicas los estímulos sean morales y han defendido, también públicamente, la vigencia del mercado y de los estímulos materiales para el mejor desempeño de los agentes económicos. Pero ocurre que, en este caso, sostienen exactamente lo contrario.

Hace pocos minutos, un señor Diputado dijo que para los empleados públicos bastaba con el estímulo moral de ser servidores de la Patria. La verdad es que a lo largo de todo el mundo, el cambio de hoy es reconocer que, si bien el estímulo moral de ser servidores de la Patria es importante, éste deber ir aparejado de incentivos materiales que retribuyan un buen desempeño. Por lo tanto, reitero me extraña mucho que, justamente, en esta materia, aquellos parlamentarios que una y otra vez usan este hemiciclo para referirse a las ventajas de los estímulos materiales frente a los morales en otros lugares de la tierra, no apoyen este proyecto muy concreto, para que estos incentivos sean aplicados en nuestra patria.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Alfonso Rodríguez. Sin considerar las interrupciones, señor diputado, será el número catorce que interviene en el debate.

El señor RODRIGUEZ (don Alfonso).-

Señor Presidente, los Diputados de Renovación Nacional que participamos en la discusión de este proyecto, presentamos una indicación para eliminar el artículo 10° del proyecto original, por el cual se faculta al Presidente de la República para reorganizar los Servicios de Impuestos Internos, Tesorería y Aduanas, con amplias atribuciones.

Nuestra indicación se debe a que, durante el actual período legislativo, los parlamentarios hemos expresado permanente y públicamente nuestro malestar ante el exceso de atribuciones del Ejecutivo. Incluso, algunos Diputados ven que es necesario cambiar, con urgencia, el actual régimen político parlamentario.

Nos parece inconsecuente que se continúen otorgando, más atribuciones al Ejecutivo.

Además, deseo señalar que en la Comisión fue modificado el artículo 10° del proyecto original y se determinó garantizar, en el proceso de reorganización, la estabilidad funcionaría del personal de planta de los servicios públicos involucrados. Por eso votamos favorablemente la introducción de dichas indicaciones.

Finalmente, a pesar de que entendemos que el artículo tiene una redacción distinta de la original, de todas maneras votaremos en contra de la aprobación del artículo 11, por estimar necesario conocer previamente el proyecto del Ejecutivo en relación con la futura reorganización de los servicios públicos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente y Honorable Cámara, el mensaje que somete a consideración de esta Sala el proyecto sobre administración tributaria y que condona los recargos por impuestos morosos, señala en uno de sus acápites: "Resulta indispensable optimizar el funcionamiento de la administración tributaria".

Señor Presidente, no sé si Su Señoría concuerda conmigo, pero optimizar la administración tributaria no sólo significa buscar mayores recursos para el Erario, sino que implica establecer normas que permitan el desarrollo del país, y, al mismo tiempo, que se conserve la justicia social y tributaria.

Una que pretenda optimizar la administración tributaria no puede dar señales erróneas. Me parece que eso ocurre con este proyecto por cuanto, su artículo 14, como se ha señalado reiteradamente en el hemiciclo, propone formar un Fondo Especial de Incentivo que, sin lugar a dudas, motivará a los funcionarios públicos a buscar una mayor recaudación y lo harán en la medida en que tengan a los contribuyentes más a la mano o con mayor posibilidad de lograrlo.

En consecuencia, estaremos frente a un problema de discriminación entre los contribuyentes.

Pienso que formar un fondo de incentivos para los funcionarios que están es cargados de la fiscalización es un enorme riesgo; por cuanto se pueden estar vulnerando las normas que permiten el desarrollo orgánico del país.

Además, en alguna forma, crear incentivos es transformar en juez y parte a los funcionarios públicos.

Quiero señalar, en forma categórica, que soy un resuelto partidario de hacer justicia social en lo que se refiere a los sueldos fiscales.

Hoy en Chile tenemos una Administración Pública muchísimo mejor que en años anteriores. Sin embargo, nuestra meta debe ser lograr que sea responsable, recta y proceda con absoluta transparencia.

Como ejemplo de la mejoría de nuestra Administración Pública, podemos mencionar al personal de Aduanas, que 1973 tenía que controlar un movimiento de alrededor de 2 mil 700 millones de dólares; hoy, siendo no más de 900 funcionarios -es decir, menos de 500 de los del año 1973-, están controlando un comercio exterior chileno, tanto de importaciones como de exportaciones, superior a los 15 mil millones de dólares. Eso no sólo refleja el florecimiento del país, sino que hay funcionarios públicos que cumplen con su labor y que es conveniente premiarlos; pero debe hacerse elevando sus remuneraciones en forma justa y no inventando sistemas que, en definitiva, atenten contra el desarrollo nacional y la justicia social. Por consiguiente, manifiesto mi oposición al artículo 14 en comento.

El artículo 12 del proyecto señala que "para proveer los cargos que se creen por la aplicación de la presente ley y habida cuenta de la calificación anterior, se considera que cumplen los requisitos de idoneidad, capacidad personal y experiencia, los funcionarios de carrera que fueron exonerados de los Servicios de Impuestos Internos, Aduanas, Tesorería y Dirección de Presupuestos...",

Sobre esa materia me parece que es legítimo que cualquier chileno que tenga las condiciones y la idoneidad suficiente para optar a un cargo, postule y si cumple con los requisitos exigidos, se le adjudique.

Pero el artículo 12 es evidentemente inconstitucional. Así se desprende del análisis del N° 16 del artículo 19, de la Constitución, que sostiene: "Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos".

En consecuencia, resulta abiertamente inconstitucional pretender que, por aplicación de la presente ley, determinados funcionarios cumplen los requisitos de idoneidad, capacidad personal y experiencia que se exijan.

Otro artículo que me preocupa es el 11, que faculta "al Presidente de la República para que dentro del plazo de los 180 días siguientes a la publicación de esta ley, reorganice los Servicios de Impuestos Internos, Tesorería, Aduanas; suprima, cree y modifique sus dependencias; establezca, redistribuya, modifique y elimine funciones y atribuciones; disponga la fusión de unidades y el traspaso de funciones, de personal y de recursos de los Servicios mencionados; amplíe las atribuciones de los jefes superiores, para los efectos administrativos; fije las plantas y dicte los correspondientes estatutos orgánicos...". Señor Presidente, en virtud de este proyecto, las pocas facultades que tiene el Parlamento están siendo delegadas.

En consecuencia, también me opongo y votaré en contra de este artículo.

Concedo una interrupción al Diputado señor Horvath.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Seré muy breve, señor Presidente. En términos generales, estamos ante una ley de tipo misceláneo, puesto que parte, por así decirlo, con un postre muy bueno: fijar las deudas en un monto razonable, hacerlas justas y pagaderas; sin embargo, suscribo la indicación de premiar a los que, con sacrificio, están al día en el cumplimiento de sus obligaciones, como lo ha señalado el Diputado señor Bayo.

Considero que esta ley miscelánea tiene algunos artículos que merecen ser perfeccionados, como aquí se ha señalado, y quiero precisarlo.

El artículo 11, que da las facultades para reorganizar y encasillar al personal de los Servicios de Impuestos Internos, Tesorería y Aduana, debe fundarse en criterios objetivos, como que se establezcan organigramas, dotaciones regionales, funciones, atribuciones, mejor definidas, y procedimientos claros de encasillamiento por planta y contrata.

En cuanto al artículo 12, entiendo el fondo del planteamiento. Sin embargo, creo que merece una mejor redacción, ya que, de su lectura, podría consagrarse por ley que todas las personas que fueron exonerados reúnen los requisitos de idoneidad, capacidad y experiencia. Y eso, obviamente, no tiene sentido. La idea es considerarlas sistemáticamente para que puedan optar a esos cargos en forma transparente y, desde luego, a los que reúnen la idoneidad, capacidad personal y experiencia.

Finalmente, respecto del artículo 14, más que un incentivo, lo que corresponde es mejorar derechamente las rentas y concederles una asignación de fiscalización.

En resumen, estamos de acuerdo en lograr un Administración Pública eficiente, mejor remunerada, con criterios objetivos y técnicos de selección, encasilla miento y promoción. Y, también, en reconocer la difícil, ingrata y nos consta peligrosa labor que realizan estos funcionarios de los servicios de Hacienda.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Comité Socialista, Partido Por la Democracia, Izquierda Cristiana y Partido Humanista ha pedido la clausura del debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra por cinco minutos a un señor Diputado que quiera argumentar en contra de la Mesa.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, está absolutamente claro que este artículo es inadmisible. De lo contrario, dejo planteado que el Congreso pueda disponer de todos los fondos que excedan del 20 por ciento, que será entregado para remuneraciones de los empleados de estos servicios. Aquí estamos sentando el precedente de que, lo que exceda de los impuestos que serán recaudados sean de libre disponibilidad. Por lo tanto, no me disgusta tampoco que gane la otra tesis, porque reitero estamos sentando el precedente de que efectivamente nosotros podremos destinar para fines propios, ingresos establecidos en la Constitución que, según el artículo 14, está absolutamente claro que se trata de impuestos. Porque este fondo se formará con impuestos a la renta, el valor agregado, a los actos jurídicos, de los derechos y tributos aduaneros, y, en general, de ingresos tributarios de beneficio fiscal; y la Comisión incorporó excluir las multas.

Por lo tanto, el precedente es que podremos destinar futuros ingresos por cualquiera de estos ítemes de impuestos, con fines muy específicos, como es en este caso, un fin para mejores remuneraciones porque, evidentemente, no se podrán gastar en otra cosa.

En consecuencia, es absolutamente claro y nítido que estos fondos tiene un destino muy preciso y que irán a remuneraciones de algunos funcionarios del sector público.

Si no es considerado inadmisible, estimo que estamos sentando un precedente que nos permitirá obviamente que cualquier parlamentario pueda, en el futuro, destinar ingresos provenientes de este tipo de recaudaciones para fines propios.

Por consiguiente, como la argumentación de la Mesa no tiene ningún fundamento, pido que se someta la inadmisibilidad a votación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Restan dos minutos.

Tiene la palabra el Diputado señor Hernán Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, este no es un problema de Gobierno ni de Oposición, sino que es constitucional.

Pienso que, de acuerdo al tenor literal del artículo 19, N° 20, inciso tercero, la norma del artículo 14 es absolutamente inconstitucional. Y lo sostengo, porque allí dice claramente que "no podrá estar afecto a un destino determinado"; y sucede que el propio artículo 14 señala que tiene por finalidad favorecer a funciona ríos determinados, con impuestos determinados y por un porcentaje determinado. Y la norma del artículo 64 citada por la Mesa se está refiriendo a otra materia muy diferente. No existe una colusión de normas, sino que debe aplicarse exclusivamente la del artículo 19, inciso tercero, N° 20.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Todavía queda tiempo.

Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que apoye la posición de la Mesa.

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, comparto plenamente la tesis de la Mesa, aun cuando por razones distintas.

Deseo representar lo grave que sería sentar como precedente la tesis de la inadmisibilidad, porque ello significaría dejar a las municipalidades del país prácticamente sin recursos.

Si leemos el artículo 19 N° 20, de la Constitución Política, los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado".

El señor LONGUEIRA.-

Siga leyendo.

El señor GAJARDO.-

Yo no lo interrumpí, señor Diputado.

El decreto ley 3.063, establece en su artículo 12, que "los vehículos que transiten por las calles, caminos y vías públicas, en general estarán grabados con un impuesto anual por permiso de circulación, a beneficio exclusivo de la municipalidad respectiva". Esta norma sería inconstitucional.

El señor LONGUEIRA.-

Está salvado.

El señor GAJARDO.-

Por favor, señor Longueira.

El artículo 23 señala que el ejercicio de "toda profesión, oficio, industria, comercio, etcétera, estará sujeta a una contribución de patente municipal con arreglo a las disposiciones de la presente ley".

El artículo 37, las municipalidades percibirán un 80 por ciento del rendimiento total del impuesto territorial, que es el establecido en la Ley de Impuesto a la Renta.

El artículo 40 establece un impuesto del 5 por ciento sobre el valor de las facturas, boletas o recibos correspondientes a consumos de energía eléctrica, gas licuado, etcétera, a beneficio exclusivo de la municipalidad de la comuna respectiva.

Todo eso es mucho más claro, en cuanto a su destino, que lo establecido en el artículo 14 del proyecto de ley que estamos discutiendo.

Ahora bien, se hace cuestión de lo que la Constitución Política, en el artículo 19, número 20, en su inciso final, preceptúa: "Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional" -que no es el caso- "o autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación local, puedan ser establecidos dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades comunales....".

Se trata de impuestos que puede aplicar la autoridad comunal, si ésta así lo dispone, no de impuestos que establece la ley. Y a esas disposiciones, que pueden ser objeto de una tarea impositiva por parte de la autoridad local, se refiere el artículo 42 de la Ley de la Renta, que consigna, entre otros servicios, concesiones o permisos, respecto de los cuales las municipalidades están facultadas para cobrar de hecho. A eso se refiere el N° 20, y no a la Ley de Impuesto a la Renta ni a ninguna de las otras partidas que señala el decreto ley N° 3.063, sobre rentas municipales.

En concreto, es necesario dar un correcto sentido a la norma constitucional, que, en primer lugar, es una disposición limitativa, porque está indicando una imposibilidad de un acto que, antes de la existencia de esa ley, era legítimo por parte de las autoridades públicas. Y toda ley se dicta en una realidad determinada, en un contexto histórico determinado y para un período determinado de la historia; las leyes no nacen solas, no son abstractas; tienen un fin, un sentido. De tal manera que, ¿cuál es el sentido de esta ley? El sentido fue reaccionar contra la práctica contraria, es decir, afectar determinados impuestos a determinadas regiones del país. Es el caso de la Ley del Cobre, en virtud de la cual parte de los impuestos provenientes de la explotación de los recursos del cobre por la Gran Minería, estaban afectos a destinos determinados que decían con regiones preestablecidas.

En ese tipo de situaciones se pone el N° 20; pero no en situaciones como ésta, porque, repito, si así fuera, todo el financiamiento municipal sería prácticamente inconstitucional.

He dicho, señor Presidente.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, es tan claro el hecho de que aquí no hay una vinculación entre tributos específicos y una destinación de los mismos, que, como lo haremos en la Comisión de Hacienda, en el segundo trámite reglamentario, bastará con cambiar una oración en el inciso cuarto del artículo 14 para que toda esta discusión se dé automáticamente por superada. Con redactar nuevamente la oración que dice "para la formación del Fondo Especial de Incentivo y con dejar establecido que esto es sólo una base de cálculo, desaparece todo vínculo, inclusive hipotético, entre la recaudación de los tributos y el monto de premio que se entregará a los fiscalizadores.

Por lo tanto, a mí me parece que es absolutamente admisible la tesis de la Mesa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En mi opinión, no existe ningún vicio de inconstitucionalidad.

Si alguien piensa lo contrario, se puede debatir nuevamente.

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, como estaba primitivamente planteada la indicación, era evidente su inconstitucionalidad, y así fue reconocido por unanimidad en la Comisión.

Personalmente, estoy por la tesis de enmendar este artículo, pero dando cierta posibilidad a los funcionarios de carrera exonerados sin una base cierta, en el sentido de que se les ponderen los años de servicios. Pero en este artículo aunque se cambió la palabra, de todas maneras se establece una preferencia inadmisible, según lo prescribe el N° 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al hablar claramente de una "idoneidad personal".

Por lo tanto, si por ley presumimos que una persona, al haber completado años de servicios en una repartición pública, tiene esa idoneidad, no se está cumpliendo con el hecho de que, precisamente, sea referido a la persona y no a una circunstancia ajena a ella, dado que es una circunstancia objetiva el cumplir con las condiciones que aquí se señalan.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No me queda claro si usted plantea que se vote, o bastaría con que, cuando entremos a la discusión en particular del proyecto se enmiende la redacción.

¿Usted plantea que se someta a votación el criterio de la Mesa de declarar admisible el artículo 12?

El señor ELIZALDE.-

Veámoslo cuando se estudie en particular.

El señor RINGELING.-

Prefiero que ahora se vote la inadmisibilidad.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Había dudas sobre el artículo 12, pero la Mesa ha considerado que no se requiere ningún quorum especial.

Las indicaciones propuestas al proyecto de ley son las siguientes:

a) Artículo 1°

1.- Del Diputado señor Guzmán, don Pedro , para agregar en el inciso segundo después de la frase "y el saldo", eliminándose la frase "recargado en un 10%, al 30 de septiembre de 1991.", lo siguiente: "en dos cuotas una equivalente al 30% de la deuda más un 10% de recargo al 30 de septiembre de 1991 y el 40% restante más un 15% de recargo al 30 de marzo de 1992.".

2.- De los Diputados señora Matthei y señores Rodríguez, don Alfonso , Arancibia , Sabag , Ramírez , Longueira y Ringeling , para sustituir, en el inciso séptimo la expresión "de primera instancia" por "segunda instancia".

3.- De los Diputados señores Rojos, Salas, Rojo , Matta y Velasco , para agregar los siguientes incisos, intercalándose entre el noveno y último, quedando como el décimo, undécimo y duodécimo de los mismos:

"Los contribuyentes que hubieren iniciado alguna actividad susceptible de producir rentas gravadas en la primera categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta, registrada en el Servicio de Impuestos Internos, y que en los últimos veinticuatro meses anteriores al de la fecha de publicación de la presente ley no tuvieron compras o ventas ni prestaciones o utilización de servicios u otros ingresos, podrán solicitar a dicho Servicio, dentro del plazo de seis meses a contar de esa fecha, se declare el término de giro de sus actividades a que se refiere el artículo 69 del Código Tributario, con la sola presentación que requiera el mencionado Servicio, y que implementará a más tardar a los treinta días siguientes de la publicación de esta ley, y de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado sin movimiento por los meses calendarios señalados. Con la revisión de dichos antecedentes, el Servicio de Impuestos Internos procederá a otorgar el certificado de término de giro.

Los contribuyentes que a la fecha de publicación de esta ley no hayan presentado alguna o todas las declaraciones respectivas del Impuesto al Valor Agregado, y las respectivas declaraciones anuales de impuesto a la renta de los años a que corresponden sus omisiones, exigidas por el inciso anterior, podrán dar cumplimiento a esta obligación dentro del plazo de ciento cincuenta días contados desde la fecha referida, aplicándoseles como única sanción una multa correspondiente a una unidad tributaria mensual por el conjunto de dichas declaraciones.

No podrán acogerse a lo dispuesto en el inciso décimo los contribuyentes que hayan registrado y timbrado en el Servicio de Impuestos Internos las facturas y otros documento que, con nuevas características, éste hizo exigible mediante resolución exenta número 1661, de 8 de julio de 1985, salvo que se devuelvan los documentos respectivos, sin uso, para su destrucción, como tampoco podrán acogerse los que a la fecha de publicación de esta ley se encuentren en proceso de revisión por el Servicio de Impuestos Internos o investigados por hechos que puedan constituir infracciones sancionadas con pena corporal."

b) Artículo 4°

Del señor Diputado Concha, para sustituir el comienzo del artículo desde "Se declaran prescritos por el solo ministerio de la ley los tributos fiscales y sus recargos, adeudados al 31 de diciembre de 1986, que se encuentren a la fecha de publicación de esta ley declarados o girados" por "Se declaran prescritos por el solo ministerio de la ley los impuestos, contribuciones, patentes mineras y cualquier otro tributo fiscal, y sus recargos, adeudados al 31 de diciembre de 1986 que se encuentren a la fecha de la publicación de esta ley declarados o girados o en cobro administrativo o judicial."

c) Artículo 12

1°.- De los Diputados señores Arancibia , Estévez , Sota y Palma, don Andrés , para reemplazar la frase "en virtud de decretos leyes y, o bandos dictados en 1973, por hechos que no les son imputables" por "en virtud de haber sido declarados interinos en sus cargos de planta o sin haber mediado sumario administrativo u otro procedimiento regular que impusiese tal medida.".

2.- De los Diputados señores Longueira , Vilches , Sotomayor , Rodríguez, don Alfonso , Caminondo , Taladriz , Hurtado, Horvath , Bayo y Prokurica , para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 12.- Para proveer los cargos que se creen y las vacantes que se produzcan por la aplicación de la presente ley y habida cuenta de la calificación anterior se considerará también en los concursos respectivos a los funcionarios que hubiesen sido exonerados de los Servicios de Impuestos Internos, Aduanas, Tesorerías y Dirección de Presupuestos en virtud de decretos leyes o bandos y que cumplan con los requisitos de idoneidad, capacidad personal y experiencia.".

c) De los Diputados señores Recondo , Correa, Longueira y Leay , para agregar el siguiente artículo 17:

"Artículo 17.- Las normas de la presente ley se harán extensivas a los deudores de las Municipalidades respecto de los intereses y multas por el atraso en la declaración y/o pago de toda clase de patentes, derechos y tasas, así como por la mora en el pago de rentas de arrendamiento de bienes municipales y nacionales de uso público que administre el municipio.".

d) De los Diputados señores Recondo , Correa, Longueira y Leay , para agregar el siguiente artículo 18:

"Artículo 18.- Facúltase a los alcaldes para prorrogar el plazo de pago de las deudas que se hayan contraído con motivo de los programas "Lotes con Servicios" y "Mejoramiento de Barrios", en la misma cantidad de meses en que se extienda la mora del respectivo deudor, condonándoseles las multas e intereses en que hayan incurrido.

Asimismo, el alcalde podrá prorrogar el plazo del pago de las deudas, a aquellos deudores que se encuentren al día, hasta un máximo de doce meses.

Para los efectos de la obtención del beneficio establecido en los incisos anteriores, las municipalidades deberán ajustar los dividendos mensuales de la deuda, a los nuevos plazos de pago concedidos.

En caso que estos deudores paguen oportunamente las cuotas adeudadas, serán bonificados con una cuota mensual por cada tres que paguen en los períodos prefijados."

e) De los Diputados señores Hamuy , Bosselin , Sabag , Salas , Elizalde y Rojo, para agregar el siguiente artículo:

"Artículo ....- Ninguna institución pública o privada, personal, natural o jurídica, podrá llevar o publicar o suministrar registros, cualesquiera que sea su especie, destinados a anotar, individualizar a deudores transcurridos que sean 5 años desde que las respectivas obligaciones se hicieron exigibles.

De esta forma, los bancos, instituciones financieras, empresas del Estado o en que éste tenga participación, boletines comerciales u otros organismos, vinculados a la actividad financiera o comercial deberán modificar sus registros dentro del plazo de sesenta días de publicada esta ley, efectuando las correspondientes supresiones de los nombres de los deudores.

En ningún caso, los bancos e instituciones financieras podrán mantener registros privados de deudores comprendidos en el inciso primero.

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras deberá dentro del plazo de sesenta días, dictar el reglamento de este artículo.

Los deudores afectados podrán reclamar el cumplimiento de esta norma ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Las infracciones de las normas dispuestas en este artículo serán sancionados con multa de 100 unidades tributarias anuales; en caso de reincidencia, se podrá imponer la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio a quienes resulten ser autores de la misma.

f) De los Diputados señores Bayo , Longueira , Horvath , Estévez y Espina, para agregar el siguiente artículo final:

"Artículo final.- Con el 1% del incremento de la recaudación que se produzca debido a la condonación de las obligaciones a que se refiere el artículo 1°, fórmese un fondo destinado a favorecer a quienes han cumplido oportunamente sus compromisos, descontándoseles el porcentaje que permita dicho fondo, de futuros pagos."

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Juventud.

El proyecto, impreso en el boletín N° 49-06, aparece en el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social que figura en el N° 7 de los Documentos de la Cuenta de la sesión 11., de 5 de noviembre de 1990.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Diputado Informante es el señor Letelier, don Juan Pablo.

Está presente en la Sala el señor Ministro Secretario General de Gobierno, don Enrique Correa.

Tiene la palabra el Diputado Informante.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, Honorables colegas, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social me ha encomendado informar a la Corporación acerca del proyecto de ley, originado en un mensaje, que crea el Instituto Nacional de la Juventud.

En el estudio de esta iniciativa, se contó con la participación del señor Ministro Secretario General de Gobierno, don Enrique Correa, y de los señores Sergio García y Felipe Ortega , Director y Subdirector, respectivamente, de la Comisión Preparatoria del Instituto Nacional de la Juventud.

Además, en conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Reglamento de la Cámara, se escucharon los planteamientos de los señores Sergio Micco , Ernesto Aguila , Francisco Eguiguren y Jorge Martínez , Presidentes de las Juventudes Demócrata Cristiana, Socialista, de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, respectivamente.

Asimismo, escuchamos a don Felipe Salabarri , Presidente de la Región Metropolitana de las Juventudes de la Unión Demócrata Independiente; Sixto Carrasco , dirigente de Organizaciones Juveniles de Conchalí; Manuel Inostroza , Presidente de la Federación de Estudiantes de Chile; Miguel Angel Herrera , representante de la Vicaría Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica; Osvaldo Godoy y Alamiro Farías , Director Regional Ejecutivo y Tesorero de la Casa del Estudiante Americano, respectivamente; Héctor Hernández , Director de la Corporación de Educación y Salud de Conchalí, y Gerardo González , Comisionado de la Asociación de Guías y Scouts de Chile.

En la discusión de la Comisión se entregó una serie de estadísticas, que permiten allegarnos a una descripción del mundo de los jóvenes de hoy en nuestro país. Me gustaría citar algunos de esos datos, para entregar antecedentes que nos permitan una ilustración en la discusión de este proyecto.

El universo de jóvenes de nuestro país entre 15 y 29 años, representa aproximadamente al 29 por ciento de la población.

Los últimos informes del trimestre junio septiembre de 1990 señalan que la población total entre 15 y 29 años, representa a 3.459.000 jóvenes, de los cuales 1,5 millón se encuentran incorporados a la fuerza de trabajo, es decir, aproximadamente el 53 por ciento de los jóvenes. De este universo, cerca del 80 por ciento vive en zonas urbanas o semiurbanas, y el otro 20 por ciento, en zonas rurales.

En materia educacional, 50 mil jóvenes abandonan cada año la enseñanza media sin terminarla; 75 mil la terminan, pero no pueden continuar sus estudios superiores.

En materia de salud, aproximadamente 40 mil niños nacen de madres adolescentes. En 1988 se produjo un total de 38 mil embarazos de mujeres menores de 20 años y más de 8.800 hombres adolescentes se convirtieron en padres antes de los 20 años. A mayor abundamiento, existen 22.800 mujeres adolescentes embarazadas que corresponden a relaciones extramatrimoniales, es decir, aproximadamente el 60 por ciento de estos casos.

En materia de salud, se estima que se realizan cerca de 6 mil abortos anuales en mujeres menores de 19 años.

En materia de comportamiento, que a veces se llaman "anormales", se puede señalar que el 12 por ciento de la población estudiantil es considerado bebedor excesivo de alcoholes; el que aumenta al 28 por ciento, en el caso de jóvenes de sectores urbanos populares. Entre el 3 y el 8 por ciento de la población menor de 15 años, en condición de pobreza, consume solventes, en particular neoprén, en forma habitual.

Entre 1988 y 1989, casi se cuadruplicó el número de hospitalizaciones en el Hospital General de Iquique, por consumo de cocaína y su pasta.

En materia de violencia y delincuencia, tema que hemos debatido en esta Cámara, se puede señalar que, según Carabineros de Chile, se detienen al año, aproximadamente, 130 mil jóvenes. Más de 4 mil de los detenidos corresponde a prostitución de adolescentes.

En materia de empleo, anualmente cerca de 120 mil jóvenes se incorporan en condiciones desfavorables al mundo laboral, por no terminar sus estudios o no estar capacitados para ingresar en mejor nivel a la fuerza de trabajo.

El desempleo juvenil alcanza al 16 por ciento en nuestro país. Los niveles de desocupación ascienden a cerca del 30 por ciento en los sectores urbanos populares, aunque estos porcentajes no contemplan a quienes se encuentran en situación de subempleo. Termino con esta parte de los datos señalando que, según algunos estudios, de cada 18 empleos generados en los últimos años, sólo uno de ellos es ocupado por un joven.

Algunos antecedentes históricos que fueron conocidos en la Comisión, son los siguientes:

Durante los Gobiernos de don Eduardo Frei y de don Salvador Allende, existió en Chile la Oficina Nacional de la Juventud y la Secretaría General de la Juventud, respectivamente, regidas por decretos supremos.

En octubre de 1973, el Gobierno militar creó, por decreto, la Secretaría Nacional de la Juventud, con el objeto de procurar la unidad de la juventud chilena en tomo a las tareas y actividades en bien de la nación y de la comunidad.

En 1976, al otorgarse la calidad de Ministerio a la Secretaría General de Gobierno, se facultó al Presidente de la República para dictar el respectivo reglamento orgánico, lo que materializó por decreto supremo N2 11, de ese mismo año, cuyo artículo 92 reguló la existencia, entre otros organismos, de la Secretaría Nacional de la Juventud.

Finalmente, en materia de antecedentes, cabe señalar que la creación de este instrumento ha sido largamente discutida entre las organizaciones juveniles de nuestro país. La Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles, CODEJU; las federaciones de estudiantes, en particular la CONFECH; movimientos juveniles por la democracia, y varias organizaciones juveniles poblacionales, debatieron estos temas.

También es necesario informar que, a instancias de la Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica, ya en 1988 existía una mesa política de las diversas juventudes, en la cual participaron personas como Alejandro Alvarez , de Renovación Nacional; Alejandro Goic , Felipe Sandoval , Ricardo Herrera , María Eliana Arns , Osvaldo Aguiló , Mauricio Salinas , Cristián Fuentes , Luigi Ciocca , Mario Marcel , Pepe Auth , Liliana Urrutia y Ornar Jara , entre otros, para discutir propuestas sobre cómo superar las insuficiencias de los organismos que se hagan cargo de políticas juveniles y, a la vez, crear algo como el Instituto Nacional de la Juventud.

El proyecto consta de 18 artículos permanentes, agrupados en seis títulos, y de 5 artículos transitorios.

El título I trata de la naturaleza, objeto, funciones y sede del Instituto Nacional de la Juventud. En este título debemos destacar el carácter de organismo funcionalmente descentralizado que se otorga a dicho Instituto a través del artículo 1°.

Tal característica se fundamenta en los siguientes puntos:

Primero, para abordar los problemas juveniles, es necesario el trabajo mancomunado, tanto del sector público como del privado, de tal forma que el Instituto no aborde solamente las políticas estatales, sino que posea una ubicación institucional que impida sesgarlas, como hasta hoy ha ocurrido.

En segundo lugar, la mayor autonomía del Instituto permitirá también una mayor participación de los destinatarios, al facilitar una relación directa y clara de los jóvenes con el Instituto Nacional de la Juventud.

En tercer lugar, la descentralización en el nivel funcional ha demostrado eficiencia en las instituciones más modernas, garantizando, en estos casos, una mayor capacidad técnica y profesional que las instancias centralizadas o dependientes de Ministerios específicos.

Asimismo, es destacable el artículo 2° del proyecto de ley, el que reitera el carácter de Instituto técnico del Instituto y establece sus funciones.

En el mensaje se detallan cuatro áreas de acción, cada una de las cuales contempla una serie de programas iniciales que, en su conjunto, tienen por objetivo abrir posibilidades a los jóvenes para superar la situación descrita anteriormente.

La primera es el área socioeconómica, cuya línea de acción dice relación con el aumento de la calidad de vida de la población joven, fundamentalmente en lo relativo al empleo.

En esta área se concentrará la capacitación. Se informa que habrá un programa en tal sentido a nivel nacional, para más de cien mil jóvenes, en el transcurso de los próximos cuatro años; un programa de capacitación y empleo para jóvenes rurales, y un programa de promoción de empresas juveniles con carácter asociativo.

La segunda es el área de desarrollo integral, cuya línea fundamental irá dirigida a enfocar la edad de la juventud y la adolescencia, como un período crucial en el desarrollo de la personalidad, por lo cual la sociedad deberá proporcionar los medios para que este desarrollo se realice en el medio ambiente más adecuando y con las mejores condiciones posibles.

Los programas que contempla esta área son: la conversión de los actuales centros de adolescencia en centros de desarrollo integral juvenil. Estos serán espacios de encuentro y formación, incorporando actividades terapéuticas, recreativas y capacitadoras.

En segundo lugar, esta área de desarrollo integral contempla un programa nacional de educación sexual, con lo que se busca ampliar los conocimientos y preparar a los jóvenes para una sexualidad sana, multiplicando los medios y espacios para ello y animando el diálogo público sobre el tema.

En tercer lugar, se plantea la implementación de un programa de atención y prevención de embarazos en adolescentes.

Una tercera área señalada en el mensaje y recogida en el proyecto de ley, es aquella dedicada a la cultura y al tiempo libre, la que busca potenciar los mecanismos propios y creativos de los jóvenes, la apropiación del espacio y de su territorio. Para esto se establecen cuatro programas: Programa Nacional de Apoyo a Iniciativas Culturales; las Casas de la Juventud; la Promoción del Turismo Juvenil, y Campañas de la Ciudadanía, Ecología, etcétera, cuyo objetivo es la rearticulación del potencial juvenil para ser parte de nuestro país.

Finalmente, se contempla un área de educación en coordinación con el Ministerio respectivo, que comprenderá un programa nacional de becas para la educación media y superior y otro de información y orientación vocacional.

Además de las cuatro áreas señaladas anteriormente, el proyecto establece la creación de una Unidad de Difusión y Comunicaciones al interior del Instituto Nacional de la Juventud, que tiene por objeto abrir espacios a la realidad juvenil en los medios de comunicación.

Luego de esta descripción, es interesante señalar que el Instituto no será una institución ejecutora de programas, salvo aquellos que no sean responsabilidad de ningún ministerio. Específicamente, se trata de accionar en tres niveles: en primer lugar, con instancias de Gobierno; en segundo lugar, con organizaciones no gubernamentales, corporaciones privadas, etcétera, y en tercer lugar, con las organizaciones juveniles propiamente tales, que serán beneficiadas y partícipes de los programas, actuando con un criterio de pluralismo y no discriminación política.

En el Título II del proyecto, destaco el artículo 7° nuevo, fruto de una indicación presentada en la Comisión. Se crea a través de este precepto una Comisión de Asesoría y Colaboración, integrada por 16 personas designadas por el Presidente de la República, de acuerdo con los criterios que se señalan en el proyecto de ley.

Entre los componentes de dicha Comisión se busca mantener el principio de pluralidad política que anteriormente mencionaba. Así, la Comisión contará con cuatro representantes de los partidos políticos legalizados, con representación en el Congreso. Cabe hacer notar que respecto de este punto, en la Comisión se suscitó duda en cuanto a la constitucionalidad de la expresión "con representación en el Congreso", toda vez que se establece un beneficio extraño a los objetivos que tiene la elección de parlamentarios, de conformidad con la Constitución, para aquellos partidos legalizados que obtuvieren representantes.

Otra opinión sobre este punto, sin embargo, señala que la ley puede establecer requisitos previos a la constitución de un estamento, por lo cual, no existe tal discriminación, sino que es un requisito para que el Presidente designe a algún representante de cualquiera de los partidos legalizados que existen en el país.

Por lo demás, ni aun el hecho de contar con representación parlamentaria asegura la designación de un representante en el Instituto, toda vez que si más de cuatro partidos obtuvieren Diputados o Senadores, como en el caso actual, es el Presidente de la República el que realiza la designación.

A esta Comisión, que además cuenta con estamentos estudiantiles, profesionales y técnicos de organizaciones sociales juveniles con personalidad jurídica, le corresponderá analizar las acciones, planes y programas propuestos; hacer las sugerencias, observaciones y proposiciones que estime convenientes y, en general, dar su opinión acerca de las materias en que se solicite su colaboración.

En todo caso, esta Comisión deberá ser consultada respecto de las materias que se refieren a las relaciones con organismos nacionales, internacionales o extranjeros, con los cuales se establezca convenio, y con agencias de cooperación que tengan relación con el estudio del proyecto de presupuesto anual del Instituto.

En el Título III es necesario destacar los artículos 9° y 11°. El primero se refiere a las direcciones regionales que se establecen en cada región del país, excepto en la Región Metropolitana. La Comisión discutió la excepción de la Región Metropolitana y la mayoría llegó a la conclusión de que el Instituto no es un organismo ejecutor del proyecto. Para potenciar la regionalización y descentralización tantas veces aludida, y no producir aumentos en la planta e impedir de este modo la burocratización, bastará con la Dirección Nacional.

El artículo 11°, por su parte, fue aprobado con una indicación para explicitar la vinculación del Instituto Nacional de la Juventud con las municipalidades y los organismos que atiendan asuntos juveniles.

Así, en este artículo se establece que la relación con las municipalidades será permanente y preferente, con el objeto de prestarles el apoyo técnico que requieran y evaluar su gestión, particularmente en lo que se refiere al cumplimiento de los programas y de los proyectos financiados por el Instituto.

En el Título IV del proyecto, con su artículo 12°, se hacer referencia al patrimonio. A esta materia se referirá el Honorable colega Informante de la Comisión de Hacienda.

En el Título V, cabe destacar que la planta del Instituto se compondrá de 51 cargos. Equivale a la planta de la actual Secretaría Nacional de la Juventud: 21 y 30 a contrata.

Finalmente, en el Título VI, de las disposiciones generales, cabe destacar la supresión de cargos y funciones en la planta del Ministerio Secretaría General de Gobierno, relacionados con la Secretaría Nacional de la Juventud.

Las disposiciones transitorias son cinco y se refieren a la transición de la Secretaría Nacional de la Juventud hacia el Instituto Nacional de la Juventud que se crea en el proyecto, y a la provisión de fondos para los gastos del año que está terminando.

Cabe hacer presente que los cargos, las funciones, las referencias legales o reglamentarias y las disposiciones de la Secretaría General de la Juventud se traspasan de derecho al Instituto Nacional de la Juventud.

Al terminar, quiero destacar la predisposición en el debate de los colegas Patricio Melero y Jorge Ulloa , en particular del primero, que conoce el funcionamiento de la Secretaría Nacional de la Juventud y tiene una visión crítica de las experiencias de institutos relacionados con la juventud. Esto posibilitó los consensos necesarios y permitió aprobar por mayoría el proyecto.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Diputado Informante de la Comisión de Hacienda, don Pablo Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, paso a informar el trabajo desarrollado por la Comisión de Hacienda, que contó con la presencia del Ministro señor Correa y de representantes del futuro Instituto Nacional de la Juventud.

La Comisión estudió el artículo 12° que fija el patrimonio del Instituto Nacional de la Juventud y una exención; el artículo 13, que fija la planta del Instituto, y el artículo 18, que suprime la planta del Ministerio Secretaría General de Gobierno y los beneficios del personal que no sea asignado a la planta del Instituto Nacional de la Juventud.

De igual forma, estudió tres artículos transitorios. El primero señala el patrimonio inicial del Instituto; el segundo, el financiamiento del servicio para el año 1990, y el tercero dispone la reducción que debe hacerse en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, producto de la formación del Instituto.

El costo del proyecto asciende a 259 millones de pesos, que se enterarán así: 53 millones con una asignación prevista para la actual Secretaría de la Juventud, y 206 millones de recursos adicionales, provenientes de reasignaciones presupuestarias.

El artículo 12°, el primero visto por la Comisión, señala el patrimonio que tendrá el Instituto Nacional de la Juventud: primero, los recursos que se le asignen anualmente en la Ley de Presupuestos del sector público y en otras leyes; en segundo lugar, los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se transfieren o adquieran a cualquier título, y, por último, los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios.

El artículo 12° del proyecto, en su inciso final, también dice que las donaciones a favor del Instituto no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas de toda contribución o impuestos.

Este artículo fue aprobado por mayoría en la Comisión.

El artículo 13 fija la planta del Instituto Nacional de la Juventud, que no especificaré, porque en el informe está bastante detallado el número de cargos y los grados respectivos.

Sin embargo, existe un error en la planta de Directivos. Donde menciona a dos "jefes de subdepartamento", grado 7, y dos "jefes de subdepartamento", grado 8, debe decir dos "subjefes de departamento", grado 7, y dos "subjefes de departamento", grado 8.

El artículo que fija la planta también fue aprobado por mayoría en la Comisión.

El artículo 18 señala las plantas que se suprimen en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, producto de la creación del Instituto. En el informe se detallan con exactitud los cargos que se eliminan, son 21, con sus grados respectivos.

El artículo primero transitorio establece el patrimonio inicial del Instituto, que se formará con los bienes raíces y muebles fiscales actualmente destinados al funcionamiento de la Secretaría Nacional de la Juventud. Según informaciones entregadas por el señor Ministro, está constituido por un vehículo y una casa habitación asignada en comodato a esta institución.

El artículo segundo transitorio dispone el financiamiento del servicio para 1990, y en su inciso segundo señala que el Presidente de la República creará el capítulo correspondiente de ingresos y gastos del presupuesto del Instituto, entre otras facultades que se le otorgan.

Se aprobó en forma unánime una indicación de varios parlamentarios para adecuar la redacción y así nació la propuesta.

Por último, el artículo tercero transitorio señala la dotación máxima del Instituto Nacional de la Juventud para el año 1990 y reduce la del Ministerio Secretaría General de Gobierno, tal como lo indiqué.

El Ejecutivo presentó indicación para reemplazar el artículo tercero transitorio. Aprobada quedó así: " Redúcese en 21 la dotación máxima del personal para 1991 del Ministerio Secretaría General de Gobierno".

Es cuanto puedo informar sobre el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Juventud.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Caraball.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, existe consenso nacional sobre el tema relacionado con la juventud y su problemática. Todos los días escuchamos o leemos declaraciones, entrevistas y opiniones de diversas personas, de dirigentes políticos, de profesionales y de gente de la calle de todos los colores políticos, que manifiestan su preocupación por las lacras que afectan a muchos jóvenes de nuestro país, tales como la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el embarazo precoz, el abandono de los estudios, la cesantía y otros. En menor número, otras opiniones se refieren a problemas más complejos, tales como la falta de orientación, la pérdida de ideales, la confusión sobre su destino la sensación de abandono, la pérdida de su razón de ser y el desprecio o la indiferencia del resto de la sociedad, sobre la necesaria inserción del joven en la sociedad y sus instituciones.

Sin embargo, cuando se trata de buscar soluciones y de ser consecuente con lo que se plantea públicamente sobre lo que la juventud significa para Chile en términos de futuro y de esperanza, muchas veces todo queda en lo meramente discursivo y no se traduce en hechos concretos.

El Gobierno que encabeza don Patricio Aylwin ha demostrado su decidida voluntad de afrontar el tema de la juventud de una manera integral. Es decir, no sólo impulsando medidas para enfrentar los problemas que afectan a la juventud, sino creando las condiciones para integrar al joven en el desarrollo cultural, social y económico del país, a través de su actividad organizada y voluntaria.

El proyecto de ley que hoy analiza esta Honorable Cámara, recoge los principios básicos de una estructura democrática, y establece la participación que le cabe al Estado y a las organizaciones juveniles en la elaboración de políticas, de planes, de programas y de proyectos que aborden la problemática juvenil en un quehacer integrado de muy diferentes organismos y entidades, tanto públicas como privadas, para lograr la integración del joven al desarrollo social, cultural y económico del país.

El Instituto de la Juventud que el Gobierno propone crear por medio de esta ley responde a los mencionados objetivos, y la dota de la suficiente autonomía, por la vía de la descentralización, para que cumpla satisfactoriamente con la función de coordinación que se le encomienda en su tarea fundamental de colaborador del Presidente de la República respecto del diseño, de la planificación y de la coordinación de las políticas juveniles.

La propuesta del Ejecutivo, junto con preservar su derecho a impulsar políticas y medidas relativas a la juventud, desea lograr para ello la colaboración de los propios jóvenes y de sus organizaciones, en un nivel tal que asegure que las propuestas que haga el Instituto sean consideradas e implementadas por los organismos de Gobierno en su conjunto, con las debidas prioridades y recursos.

Este proyecto de ley responde a un anhelo largamente manifestado por los jóvenes y a una obligación de toda la sociedad, de intentar incorporar este vasto sector a la vida cívica, y de abrirle oportunidades para su desarrollo integral y para una participación activa en la vida del país.

Por las razones señaladas, con mucha satisfacción los Diputados democratacristianos daremos nuestra aprobación a este proyecto de ley, que abre posibilidades reales a los jóvenes tan injustamente discriminados y postergados.

He dicho.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, en nombre de la bancada de mi Partido, la Unión Demócrata Independiente, haré algunas precisiones y reflexiones en tomo del tema en debate.

Efectivamente, aun cuando mi bancada no comparte los términos del Mensaje, como partido nuevo, integrado por una cantidad importante de juventud, que estima indispensable todo intento destinado a mejorar, a ayudar y a apoyar a los jóvenes de nuestro país, considera importante el proyecto, aun cuando adolece de fallas que pueden y deben ser corregidas.

Durante el trabajo de la Comisión, gracias a la buena disposición de cada uno de sus miembros, se llegó a un entendimiento tal que hizo posible aprobarlo. Nosotros contribuimos a ese entendimiento, con el objeto de hacer realidad un proyecto destinado a la juventud y a su participación en la vida nacional.

Sin embargo, es necesario decir también que nos preocupa el manejo político de la misma organización. Por lo tanto, con el apoyo y el concurso de los miembros de la Comisión y del señor Ministro, se han introducido las modificaciones que atenúan nuestra aprensión como partido.

Consideramos importante el artículo 7° nuevo, que permite que esta institución cuente con la asesoría y con la colaboración de una comisión integrada por 16 personas, que representarían el sentir y el quehacer juvenil nacional, no sólo participando de él sectores afines a un gobierno en este caso, la actual Administración sino otros órganos y estamentos juveniles que, efectivamente, propician que este nuevo servicio, esta nueva entidad descentralizada, no tenga carácter ejecutor, sino planificador y organizador de las políticas que el Gobierno pueda adoptar por considerarlas beneficiosas para la juventud, con la participación, precisamente, de los jóvenes.

Ahora bien, quiero destacar que para nuestro partido resulta interesante comprobar que, desde hace ya varios años, los distintos gobiernos han estado trabajando en la forma de ayudar o interpretar de mejor manera los anhelos y sentires juveniles. Creemos que este es un nuevo intento, pero es importante también dejar claramente establecido que esta organización no va a satisfacer todas las demandas juveniles. Por el contrario, será un intento mejorado, pues se llegará con una entidad u organización de más alto nivel dentro del Gobierno, en la cual se considerarán las aspiraciones y los deseos de la juventud.

Señor Presidente, quiero recoger también las palabras del señor Ministro Secretario General de Gobierno, quien mencionó la importancia de valorar lo que hasta aquí se ha hecho. Efectivamente, desde hace algunos años se ha ampliado el abanico de posibilidades a la juventud. Desde 1981, para ser exacto, en nuestro país se han ido entregando mayores oportunidades al modificar la Ley de Educación Superior, la que hoy día hace posible contar con más técnicos y profesionales, que son los que estamos necesitando.

Por lo tanto, sobre la base de que nada parte de cero en este país, sino que debe haber una continuidad, resulta importante decirle al país y a la comunidad nacional que efectivamente, apoyamos este proyecto. Creemos necesario que el trabajo que se realice sea absolutamente transparente, tal como se ha planteado por las autoridades que concurrieron al trabajo de la Comisión. Reitero que seguiremos interesados en que este trabajo sea transparente y tienda a mejorar las posibilidades de la juventud. Desde el Parlamento estaremos vigilando porque así ocurra.

Señor Presidente, antes de terminar quiero señalar que hice llegar una indicación al artículo 1°, igual como se propuso en el proyecto que creaba el Servicio Nacional de la Mujer, con el fin de cambiar la dependencia del Instituto Nacional de la Juventud al Ministerio de Planificación y Cooperación.

En todo caso, nuestra bancada dará su aprobación al proyecto en estudio.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE

Señor Presidente, estimados colegas:Los jóvenes chilenos se encuentran entre los grupos más afectados por una creciente exclusión económica, social y política, la que resulta particularmente grave si se considera que este sector de la población ha elevado sustancialmente su potencial para contribuir al desarrollo del país, tanto por el aumento de su peso relativo en la población -el 30 por ciento tiene entre 15 y 29 años- como sus mayores niveles de escolaridad, la cual supera con creces la de las generaciones precedentes.Los jóvenes constituyen un sector crucial para el éxito de la transición a la democracia. Por un lado, como acreedores de la deuda social y, por otro, como sector determinante del progreso y la estabilidad política. Por estas razones, los jóvenes deben recibir una atención prioritaria por parte no sólo del Gobierno, sino de la sociedad en su conjunto.Algunos elementos centrales de la marginación juvenil se expresan en lo económico, por el fenómeno del desempleo juvenil, cuyas cifras superiores al 15 por ciento casi triplican los índices de desempleo adulto. En lo social, por la carencia de medios para el uso creativo del tiempo libre y la multiplicación de los daños sicosociales como la drogadicción, el alcoholismo y el embarazo precoz. En lo educativo, por la diferenciación creciente en la calidad de la enseñanza media. La aplicación de políticas poco satisfactorias en materia educacional ha derivado en la existencia de una alta tasa de jóvenes con buen nivel educacional y preparación suficientes para optar a la educación superior, pero que se ven frustrados al no poder acceder a esta última debiendo. Y así entonces deben postular al mundo laboral en condiciones desventajosas, por carecer de una mediana calificación, provocando en un alto porcentaje frustración juvenil. En lo jurídico, por la persistencia de la abundante legislación que discrimina a la juventud y desconfía de su integración social.Todo este proceso se ha desarrollado sin que se haya creado un espacio significativo para los jóvenes en las políticas sociales de los últimos gobiernos.El gobierno de don Patricio Aylwin, dentro de sus prioridades y mayores preocupaciones, ha señalado el tema juvenil. Esto se ha expresado en que, por primera vez en la historia política del país, se ha formulado un programa de gobierno dirigido especialmente a los jóvenes que debe dar cuenta no sólo de los graves problemas que los afectan, sino también de producir un proceso de plena incorporación en el devenir social, político y económico del país.Uno de los puntos centrales de este compromiso es la creación del Instituto Nacional de la Juventud.

Este organismo gubernamental tendrá como objeto el coordinar, planificar, dirigir y evaluar las políticas del Gobierno orientadas hacia la población juvenil. Será un órgano de carácter eminentemente técnico, que permitirá aunar esfuerzos y maximizar recursos, de forma de ir creando oportunidades para los jóvenes en el mundo del trabajo, del desarrollo personal, de la recreación, la educación y la cultura; así como de abrir oportunidades de ser jóvenes a quienes se han visto afectados en su desarrollo personal como consecuencia de la marginalidad, la exclusión y la frustración de los últimos años.

Resulta insostenible pensar que un organismo de estas características reproducirá los errores que se cometieron en los gobiernos anteriores, desde donde se pretendió manipular, coartar y organizar a la juventud. Por el contrario, no se quiere repetir prácticas que fracasaron y que los propios jóvenes rechazan.

Esta experiencia, si bien es novedosa en nuestro país, no lo es en el mundo moderno, donde han tenido pleno éxito instituciones gubernamentales que introdujeron lo específicamente juvenil en las políticas estatales, coordinando los diferentes esfuerzos en forma ágil y eficiente, lo que ha permitido contar con un instrumento permanente e independiente de los gobiernos une se suceden.

La participación de los jóvenes resulta clave en la consolidación de nuestro sistema democrático. En este sentido, implica un desafío de carácter nacional, donde no caben cálculos políticos ni intereses mezquinos, Se trata del futuro de nuestro país, el que no podrá existir si no tiene presente. Es hoy cuando debemos comprometernos. La aprobación de este proyecto es un paso importante, del cual ningún sector político-social del país puede restarse.

La Democracia Cristiana, partido de juventudes desde su creación como Falange Nacional, pasando por la generación de una Patria Joven, de la cual hoy muchos de sus miembros están en este Parlamento hasta la fecha una juventud inserta en todos los sectores sociales se hace un deber responder a la juventud chilena dando su aprobación al proyecto que el Instituto de la Juventud, con el fin de permitir, a través de la medidas que desde allí se generan, hacer realidad el grito siempre esperanzado de ¡juventud chilena, adelante!

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Galilea.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, señores Diputados: "Los problemas de la juventud" es una frase demasiado utilizada demagógicamente. Cada vez que el país enfrenta elecciones, entonces, convenientemente, nos acordamos de ella. Cuando tocamos el tema, pareciera que estamos hablando de un grupo de ciudadanos ajenos al resto del país como si constituyeran una nación distinta, como si vivieran una realidad diferente al común de los chilenos. Generalmente, cuando analizamos sus problemas no pasamos del diagnóstico. Y, comúnmente, acertamos en él, porque al hacer un listado de los problemas juveniles, resulta difícil que éstos no se ajusten a la realidad de vida de la juventud de un país en subdesarrollo.

Sin embargo, cuando el diagnóstico es parcialmente completo, sucede que la solución también es parcialmente completa. Entonces, no avanzamos en lo concerniente a las políticas juveniles. Y así pasa y sigue pasando el tiempo. Cada nuevo Gobierno cree descubrir algo novedoso cuando en forma casi simultánea con asumir el poder, da vida a instituciones destinadas, primero, a realizar un nuevo diagnóstico y, segundo, a crear programas que con un sesgo tremendo de ideologismo terminan en el más absoluto de los fracasos.

Seamos claros. Hablemos en serio de un tema que debe importamos mucho más que una pasajera y banal conveniencia política. Lo que señalo es lo ocurrido en los últimos gobiernos: la Secretaría General de la Juventud, en el Gobierno de Salvador Allende; la Secretaría Nacional de la Juventud, en el Gobierno Militar y, ahora, un nuevo intento del Gobierno de la Concertación con el Instituto Nacional de la Juventud.

Ignoro si en los regímenes anteriores a los mencionados existieron organismos parecidos a éstos. Pero sí, estoy seguro que todos se plantearon con buenísimas intenciones. Sus objetivos no fueron diferentes unos de otros, pero sus gestores se equivocaron. Y el Presidente Aylwin se equivoca con su Instituto, porque caerá en los mismos vicios que tuvieron sus antecesores.

Cómo no hacerle caso a la historia si en cada una de estas instituciones sólo se sintieron incorporados a participar los jóvenes adeptos al régimen de tumo. Se creó la imagen de que los gobiernos estaban preocupados de los jóvenes y, por cierto, éstos terminaron como partido político juvenil, ocupados de engrosar las filas de los gobiernos que les dieron vida. Lo que hace infalible que esto ocurra es el hecho de que sus dirigentes son dirigentes políticos y, por cierto, están muy lejos de representar ideológicamente a toda la juventud.

Pero estas instituciones tuvieron algo más en común: fracasaron en su gestión y no cumplieron ni medianamente las metas que en su origen se trazaron. Aún más; terminaron siendo rechazadas y desprestigiadas por los propios jóvenes.

Francamente, no queremos que se pierda más tiempo sin enfrentar resueltamente la difícil situación que viven muchos jóvenes. La creación del Instituto Nacional de la Juventud constituye una forma poco original de seguir perdiendo el tiempo. Probablemente, comenzará siendo técnico, pero terminará ideologizado, politizado, y eso decidirá su fracaso.

Los jóvenes de este país están cansados de que se les utilice políticamente. Llevan demasiado tiempo esperando que algún gobiernante acierte en su estrategia y se comiencen a ver soluciones a problemas propios y concretos de la juventud.

Señor Presidente, nuestro Partido, como al que más le preocupa este tema. Somos un Partido de gente joven, cuyo presidente nacional tiene 34 años y los parlamentarios que lo integramos también somos jóvenes. Lo digo esencialmente, porque, al salir de esta Sala, más de alguien dirá que a Renovación Nacional no le interesa la juventud y con ello se intentará tergiversar nuestra acción.

Votamos en contra de la creación del Instituto Nacional de la Juventud, porque no creemos en él: seccionar a la sociedad conforme a su edad, sexo o actividad no es la solución y está muy lejos de serla; porque lo que necesita la juventud es sentirse incorporada al mundo de los adultos; porque lo que necesita la juventud es creer que cuando el Ministro del Trabajo aborda el tema del desempleo lo está haciendo también para el desempleo juvenil; que cuando el Ministro de Salud enfrenta la problemática de su sector, lo está haciendo también en materia de alcoholismo, drogadicción, embarazo de adolescentes, en fin. Como dije al principio, no es posible que el nuevo Gobierno, a los 8 meses de asumir, reconozca que sus ministerios no serán capaces de resolver los problemas que les son propios a los chilenos de diferentes edades y deba crear un organismo especial para ello.

Señor Presidente, los problemas de la juventud deben dividirse en dos grupos, de acuerdo con sus características. Es probable que la falla del Mensaje del Ejecutivo consista en que los agrupa como un todo. El primer grupo, lo conforman aquellos que afectan a toda la sociedad, independientemente del grupo etario. Son los que dicen relación al desarrollo económico y social de todo el país y que afectan en mayor magnitud a los jóvenes, como sucede, por ejemplo, con el desempleo. En general, se enmarca en los problemas de Chile, y si no somos capaces de generar solución para ellos, entonces tampoco lo habrá para la juventud.

En cambio hay otros problemas que sí son propios de la juventud, como la deserción escolar y la necesidad de impulsar programas de educación que apunte a prevenirlos acerca de los peligros que encierra el alcoholismo, la drogadicción y otras lacras sociales.

Del mismo modo, no discutimos la necesidad de una juventud educada y orientada en principios y valores cristianos para enfrentar su desarrollo sexual.

Por ello, nuestra propuesta es que, frente a los graves y urgentes problemas de la juventud, la creación de un Instituto significa desviar recursos y esfuerzos que deben ser empleados en planes y programas concretos orientados a resolverlos con efectividad y oportunidad: programas de recuperación de años de estudio; programas de capacitación para la vida laboral; programas de educación frente a los riesgos sociales; programas de descubrimiento vocacional; programas de salud juvenil y prevención de enfermedades y embarazos precoces; creación de más escuelas agrícolas, industriales, comerciales, que permitan la pronta incorporación a la vida laboral; programas de continuación de estudios para jóvenes trabajadores; programas de recreación y de deportes; en fin, miles de iniciativas que, focalizadas hacia los jóvenes de sectores sociales más postergados, promueven el verdadero impulso hacia su plena realización personal.

El Instituto que se pretende crear con sus 51 funcionarios, muchos de ellos sin la formación profesional que el tratamiento de estas materias tan delicadas requiere, no podrá jamás cumplir con efectividad una materia tan trascendental para el desarrollo nacional.

Cada uno de los programas mencionados, y todas las demás iniciativas que se puedan impulsar, deben concretarse a través de los órganos públicos correspondientes y o de instituciones privadas que garanticen su seriedad, su eficiencia y amplio dominio profesional sobre las materias; además de su pluralidad en el campo ideológico, e incluso, religioso, y no a través de organismos con un claro concepto socializante, que lejos de buscar el pleno desarrollo de las potencialidades de la juventud, sólo pretenden instrumentalizarla con claros fines políticos, partidistas y electorales.

Señor Presidente, Honorables colegas, no dudamos de la preocupación del Gobierno en materia juvenil. El mensaje del proyecto es, en buena parte, compartido por nosotros; pero, quiero decir, sin ánimo de ofender, que si lo que se pretende es crear una institución en la que sólo participe, y a la que sólo apunte a cierto sector político de jóvenes, entonces, digámoslo claro y creemos el Instituto de la Juventud. Pero, si, por el contrario, la preocupación es de todos los jóvenes de Chile, y no es una imagen la que se quiere construir, entonces, demostrémosle a la juventud de este país que aquí hay un gobierno y un Congreso Nacional preocupado, y no sólo eso, en acción, para conocer qué les pasa y con la seguridad de saber qué hacer con ellos.

No cometamos el mismo error de los gobiernos anteriores en materia juvenil. No cabe duda de que la juventud de Chile pide y se merece mucho más.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Faulbaum.

El señor FAULBAUM.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, es un hecho conocido que la sociedad mundial y, en particular, la nuestra, ha sido afectada por profundos cambios sociales, culturales y políticos, lo cual ha traído como consecuencia lo que constituye parte de nuestros errores: el consumismo, la pobreza, la carencia de una efectiva participación, la exclusión social, etcétera. Esta última, que afecta la estructura social misma y, con ello, al conjunto de las categorías de sectores sociales, probablemente afecte de modo más profundo y vasto a la juventud.

La situación es que nos encontramos con un componente de la sociedad que es más hábil que otra. La juventud, por su naturaleza, absorbe los cambios, avanza con los cambios; pero no se consolida en ellos, sino después cuando sobreviene la madurez y la experiencia.

No obstante, si echamos un vistazo al pasado, podemos evidenciar el contraste que hay, por ejemplo, con la notable influencia política y cultural que llegaron a ejercer las organizaciones juveniles hacia fines de los años 60. Hoy día pareciera que la situación no es la misma. La juventud, que es, aproximadamente, un 30 por ciento de la población total del país, está inmersa en una sociedad que la margina ocupacionalmente, como consecuencia de una educación orientada para continuar estudios superiores, lo que no es una alternativa para quienes necesitan incorporarse a la vida laboral, que son, anualmente, alrededor de 120 mil jóvenes.

Por otro lado, esta misma juventud está siendo afectada por el alcoholismo, la drogadicción, la violencia juvenil y, muchas jóvenes, por el embarazo adolescente y sus crudas consecuencias.

Para resolver estos problemas, sin duda, se hace necesario y urgente preparar y ejecutar programas dirigidos a los jóvenes, como por ejemplo, de capacitación para el empleo, de mejor utilización del tiempo libre, culturales, de educación sexual, etcétera.

Entiendo que el Gobierno de la Concertación, del cual formamos parte, tiene la voluntad de apoyar programas con estas finalidades y atendiendo a que el Gobierno requiere de un organismo que asuma esta responsabilidad es que los Diputados de la bancada Radical Social Demócrata apoyaremos la creación del Instituto de la Juventud y, además, porque nos parece legítimo que un ente juvenil se preocupe de dar soluciones a los problemas de la juventud.

Nos parece positivo -como se señala en el proyecto- que este organismo con suficiente autonomía, agilidad y capacidad técnica, diseñe, planifique y coordine la política juvenil del Gobierno. En otras palabras, que sea una entidad lo menos ejecutora posible, porque creemos que con ello contribuimos a salvaguardar la libertad de conciencia de quienes serán los sujetos de los programas que se elaboren a partir de este instituto gubernamental. Del mismo modo, y paralelamente, porqué de esta forma se favorece la confianza necesaria que los jóvenes debieran tener para acceder a los beneficios de los referidos programas.

Entendemos, pero no compartimos los temores y las críticas de la derecha, manifestada por Diputados de Renovación Nacional, respecto del proyecto, quienes han señalado "que consideran al Instituto de la Juventud sólo como un instrumento de politización y proselitismo", y han agregado que éste "no resuelve los problemas de la juventud, sino que sólo utiliza a ésta". Seguramente dichos temores se fundamentan en lo que ocurrió con la Secretaría de la Juventud durante el gobierno de Pinochet. Pero, la verdad es que hoy la situación es distinta: existe un Congreso Nacional con facultades fiscalizadoras y, además, un deseo vehemente del cuerpo social por encauzar su destino en el ámbito de los principios democráticos.

No es consecuente que quienes utilizan a la juventud para estructurar sus discursos, ensalzando sus virtudes y acogiendo la manida frase de que "la juventud es el futuro de la Patria" hoy día no quieran ofrecerle el espacio que esta juventud reclama.

El Instituto de la Juventud es un organismo técnico, que dependerá del gobierno de tumo y que se dedicará a entregar propuestas con este mismo carácter técnico. Otra cosa es constituir un organismo que agrupe a los jóvenes y que hoy día también se hace necesario y urgente, pero que no es el Instituto de la Juventud. Este organismo alternativo no debe estar ligado al gobierno de tumo, sino que debe permanecer más allá de esto: que esté formado por todas las juventudes organizadas de nuestro país, de modo que se traduzca en un espacio de diálogo y de encuentro nacional entre los jóvenes, para lo cual perfectamente podría aplicarse y adaptarse una experiencia que en la actualidad se vive en muchos países europeos, como son los consejos nacionales de la juventud.

Este es un espacio efectivo que los jóvenes requieren para encontrarse y para construir su destino, su futuro, democráticamente, es decir, sobre la base del diálogo y el entendimiento.

A este organismo podrían aportan tanto organizaciones no gubernamentales internacionales o gubernamentales, como lo será el Instituto de la Juventud, que a esta hora ocupa nuestra atención.

Por último, señor Presidente, sólo nos queda la esperanza de que, con altura de miras y sentido de futuro, los Honorables Diputados de la República que se encuentran en el hemiciclo apoyen esta noble iniciativa. Esta es la misma esperanza, señor Presidente, que tiene la juventud de siempre.

He dicho, señor Presidente.

El señor AGUILO.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, el proyecto en debate, enviado por el Ejecutivo, que crea el Instituto Nacional de la Juventud, tal como lo señala el mensaje del Presidente Aylwin , y como lo ha reiterado el señor Ministro, responde a la exigencia de asumir globalmente la situación de exclusión económica, social y cultural y la falta de participación de los jóvenes de nuestro país.

El impacto que presenta esta situación de exclusión de los jóvenes se agudiza por el diario contraste que perciben entre los modelos juveniles exitosos, difundidos por los medios de comunicación, y la absoluta falta de éxito de su experiencia vital.

Surge entonces, inevitablemente, la autocalificación de fracaso, la pérdida de autoconfianza y de valorización de sí mismos, y un sentimiento de frustración.

Lo anterior ha llevado a muchos jóvenes a construir un modelo de respuesta en el cual el futuro aparece lejano y sin conexión directa con el presente. En definitiva, carecen de un proyecto de vida que dé sentido a su etapa juvenil y que organice medianamente su futuro. Porque los problemas de los jóvenes son diversos y, a la vez, múltiples sus causas, y porque de no ser enfrentados, el país corre el serio riesgo de limitar, e incluso, de cancelar su desarrollo como nación. Se hace necesario e impostergable que el Estado tenga un instrumento que colabore con el Gobierno en el diseño y promoción de políticas globales, que incidan en las distintas áreas y sectores del quehacer nacional para la resolución, a lo menos gradual, de los problemas de este estamento social.

Es tan evidente la necesidad de crear una instancia gubernamental para desarrollar una política global en el ámbito juvenil, que sectores de la oposición, como la Unión Democrática Independiente, UDI, ha expresado en esta discusión su aprobación a la iniciativa legal.

Nosotros, como bancada de los Partidos Por la Democracia, Partido Socialista, Izquierda Cristiana y Partido Humanista en consideración al grave problema que afecta al sector juvenil, y a la enorme importancia de contar con una instancia gubernamental que enfrente globalmente sus soluciones, aprobaremos entusiastamente este proyecto.

No obstante, señor Presidente, Renovación Nacional ha planteado públicamente su rechazo a la creación del Instituto Nacional de la Juventud y hoy lo ha reiterado el Honorable colega señor Galilea , esgrimiente como fundamentos del mismo tres consideraciones centrales: no es positivo, porque no recogería las inquietudes de la juventud; se ha concebido como un mero instrumento de proselitismo político de parte de este Gobierno o de otros de tumo, y por último, implica se ha señalado, a lo menos, públicamente aumentar el aparato estatal.

Respecto de estas objeciones de Renovación Nacional, me parece pertinente hacer las siguientes precisiones:

En primer lugar, a diferencia de lo que se afirma, todas las organizaciones sociales juveniles más relevantes del país han manifestado su entusiasta apoyo a esta iniciativa del Presidente Aylwin. Igual respaldo han expresado las juventudes políticas de todo espectro, incluida la directiva de la juventud de Renovación Nacional.

En su oportunidad, se invitó a las juventudes políticas a los debates de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social. También se invitó a organizaciones importantes, como boy scouts poblacionales, federaciones estudiantiles, y otras. En ese debate, quedó de manifiesto el apoyo general, sin perjuicio de los reparos particulares que todas ellas hicieron al proyecto en cuestión.

De igual manera, la objeción referida a que el Instituto Nacional de la Juventud será un instrumento de proselitismo político, carece de todo fundamento, dado que, por una parte, el proyecto de ley en debate le asigna claramente una función técnica: no de organizador o de conductor de la participación de los jóvenes y, por otra parte, la instancia gubernamental que propone el Ejecutivo, como toda instancia del Estado dentro de un sistema democrático, podrá ser fiscalizada por el Congreso Nacional, por la Contraloría General de la República y por las demás estructuras de fiscalización, cosa que naturalmente no ocurrió en años pasados con la Secretaría General de la Juventud.

En esta materia, cabe recalcar, adicionalmente, que el proyecto de ley contempla la constitución de un Consejo amplio, donde participen diversos sectores sociales y representaciones políticas. Me parece francamente inconsistente que Renovación Nacional haya presentado una indicación con el objeto de suprimir el artículo que lo establece. Por otra parte, se nos dice que existe el claro peligro de que el Instituto Nacional de la Juventud sea integrado sólo por personas y jóvenes de una determinada corriente política y, por otro lado, se hacen esfuerzos como lo revela esta indicación, para eliminar las instancias de participación plural y diversa que el propio Instituto y proyecto contemplan.

En relación con la última objeción planteada, es necesario tener presente que el Instituto Nacional de la Juventud no significa aumento de planta con respecto a la Secretaría General de Gobierno. Insisto una vez más, en la idea de que no todas las soluciones son posibles de encontrar en el mercado y que la actuación del Estado tiene gran importancia y muy justificada en la vida de una sociedad, precisamente por su capacidad de asumir y promocionar el desarrollo general del país: sin duda, mejorar las condiciones de vida de nuestros jóvenes por parte de estas tareas del Estado.

Señor Presidente, la posición de Renovación Nacional sobre esta iniciativa revela una actitud poco consistente, ya que por una parte, con gran publicidad hace responsable al Gobierno de la situación de violencia y delincuencia juveniles; y por otra, cuando se propone un proyecto que busca asumir globalmente la superación de las causas que originan esta situación de violencia, lo rechaza.

Renovación Nacional deberá responder de esta actitud, no sólo ante los jóvenes de nuestro país y sus organizaciones sociales y políticas, sino ante sus propios jóvenes militantes.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, el Diputado señor Guillermo Yunge tuvo un inconveniente insalvable que le impidió estar presente en esta sesión. Juntos, en el día de ayer, hilvanamos algunas ideas para participar en este debate. El, en su condición de ex dirigente juvenil y joven de hoy; yo en mi condición de maestro y miembro de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización.

Por primera vez en la historia de nuestro país se plantea la creación de un servicio estatal que se preocupe, de manera integral dé la problemática juvenil. En efecto, más allá de políticas sectoriales de los diferentes ministerios, en su ámbito de competencia o de organismos que reflejaban las posturas políticas imperantes en los gobiernos, no se había producido la decisión de conformar una entidad gubernamental que trabajara en el diseño, planificación y coordinación de las políticas sobre los problemas de la juventud, que afectan prácticamente a un tercio de nuestra población.

Uno de los sectores más afectados por la aplicación de los modelos impuestos durante el anterior régimen fue el estamento juvenil. Si hablamos de los sectores marginados de la vida económica y social, de la falta de oportunidades de trabajo y educación, de la concentración de la pobreza y extrema pobreza en las ciudades y campos, de la represión y violación masiva de los derechos humanos, de los altos niveles de secuelas sociales, expresadas en delincuencia, prostitución, drogadicción, alcoholismo y otros, veremos que la juventud sufre las consecuencias del pretendido éxito económico, que fue a parar a manos de una minoría, en desmedro de las mayorías nacionales.

Las cosas han llegado a un nivel tal que existe una tendencia en algunos medios de comunicación a identificar la situación del joven de sectores populares con delincuencia, en un análisis frívolo e irresponsable, que desconoce los esfuerzos de miles de jóvenes que, organizada y esforzadamente, trabajan, por participar en la construcción de un destino mejor. Para algunos, ser joven es caer bajo sospecha.

Lo que está claro es la necesidad de un esfuerzo integral para atender los distintos aspectos de la realidad juvenil, compleja y diversa. En este sentido, el Instituto de la Juventud, al trabajar coordinadamente con todos los ministerios, y estimular la participación de los jóvenes y sus organizaciones, posibilitará que se avance en el plano socioeconómico, en términos de la integración, en el ámbito del desarrollo personal, en lo cultural y en lo educacional.

El Instituto de la Juventud no será un instrumento de proselitismo político, como dijo el señor Diputado, de los que hoy se oponen al proyecto, ni menos será "un Instituto altamente pernicioso", como dijera este mismo parlamentario en forma casi irrespetuosa con la juventud. Será un instrumento de trabajo, puesto en las manos de los propios jóvenes para que ellos resuelvan los problemas que aquí hemos señalado.

No se pretende caer en el paternalismo o en el dirigismo; por el contrario, el estímulo del conocimiento y la participación de los jóvenes en la satisfacción de sus necesidades constituye un objetivo clave en esta iniciativa. La integración de la Comisión asesora de la Dirección Nacional del Instituto, conformada con amplio criterio de representatividad social, política y técnica, asegura el cumplimiento del objetivo anunciado.

En suma, por primera vez existe la voluntad y decisión de llevar adelante una política nacional de la juventud, con la participación de los sectores interesados y con mecanismos transparentes y eficaces.

Podremos tener diferencia en alguno que otro artículo, pero de allí a negarse a legislar sobre esta materia, que beneficiará a un sector tan importante de nuestra sociedad, no es justo y revela insensibilidad de parte de quienes así proceden.

Señor Presidente, si bien lo expuesto refleja un paso fundamental en tomo a la preocupación por la juventud chilena, queda pendiente lo referido a abrir canales de participación a los jóvenes en todos los niveles de nuestra sociedad.

Las principales organizaciones juveniles están adelantando un proceso de elaboración del proyecto de asociaciones juveniles, que posibilite la formalización, con los derechos y obligaciones que implique la ley, de las organizaciones de jóvenes que actualmente operan de hecho en la mayoría de los casos. Desde ya, postulamos nuestro interés en poder avanzar en esta otra etapa del camino de participación de la juventud chilena, expresada en la creación de un Consejo Nacional de la Juventud.

Por otro lado, existe un proyecto de ley que rebaja la mayoría de edad, a fin de que los jóvenes ejerzan plenamente sus derechos legales. En consecuencia, promover un ordenamiento jurídico en esta materia resulta de plena justicia. A los jóvenes se les carga con todas las obligaciones desde temprano, pero no se les reconocen sus derechos.

Apreciamos la importancia de materializar esa iniciativa, elaborada por jóvenes parlamentarios lo más pronto posible y confiamos en que el Ejecutivo le dé su patrocinio.

A pesar de quienes pretenden poner obstáculos, muchas veces de manera encubierta y solapada, nuestra democracia avanza en la consolidación de las nuevas instituciones democráticas y en la expansión de los mecanismos de participación social y ejercicio de los derechos fundamentales de la persona humana.

Ayer, el Presidente de la República decía a los jóvenes de Iquique: "Encuentro preocupante que, habiendo sido los jóvenes quienes levantaron con mayor entusiasmo la bandera de la libertad, de la democracia, la dignidad de la persona, en épocas pasadas, ahora que estamos construyendo la democracia se vuelquen hacia la consideración personal y hacia conductas egoístas o hedonistas". Agrega: "Yo hago un llamado a todos, a viejos y jóvenes, y esto vale especialmente para la universidad, a catedráticos, autoridades, a estudiantes, a profesores, a dirigentes estudiantiles para preocuparse de esta especie de apatía que se manifiesta en ellos".

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Señor Carrasco , el señor Alessandri le solicita una interrupción.

El señor CARRASCO.-

Estoy por terminar, señor Presidente. A continuación se la concedo.

A esta especie de apatía, otro joven se refiere en los siguientes términos en la prensa de hoy: "La apatía de los jóvenes se debe a que sus ideales y sueños no se pueden concretar en estos momentos y tras participar activamente en la derrota del régimen militar, hoy están desencantados".

Este es el tema que nos corresponde solucionar a quienes hoy estamos legislando.

La juventud es una etapa de tránsito entre la niñez y la edad adulta. El drama es que muchas veces los niños pasan directamente a ser adultos, por las condiciones que la sociedad les niega. Nos parece que el Instituto de la Juventud será un instrumento mediante el cual el país posibilitará el ejercicio del derecho a ser joven a las nuevas generaciones que, sin duda, se lo merecen y se lo han ganado. No hay ningún motivo para negar, en el día de hoy, que este Instituto de la Juventud sea la herramienta eficaz puesta en manos de los propios jóvenes para que ellos descubran y salgan del anonimato y encuentren la dignidad que en justicia les pertenece.

He dicho.

Concedo una interrupción al Diputado señor Alessandri.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la interrupción, el señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente, comparto gran parte de lo que dijo el señor Carrasco en su extensa intervención.

Sin embargo, llama la atención que el señor Diputado, de larga experiencia parlamentaria, entrando ya a la tercer edad no se haya preocupado antes de este problema cuando tuvo tiempo de hacerlo ha sido Diputado en cuatro períodos en especial en sus inicios, cuando era un joven parlamentario. En todo caso me alegro mucho que piense así.

Gracias.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CARRASCO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Puede continuar el Diputado señor Carrasco.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar silencio.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, he sido solo parlamentario durante tres períodos: uno completo, el segundo me lo quitó la dictadura y el tercero lo estamos empezando.

Nada más.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Jara.

El señor JARA (don Sergio).-

Gracias, señor Presidente.

Sin perjuicio de hacer presente que, como miembro de la bancada de la Democracia Cristiana apoyaré con mi voto, el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Juventud, considero que merece algunos reparos.

a) A mi juicio no es coherente lo señalado en el artículo 2°, cuando indica que el Instituto de la Juventud es un organismo técnico, en relación con lo prescrito en el artículo 7°, cuando a propósito de la Comisión Nacional, asesora de la Dirección Nacional, dice que, entre otros, la componen, letra a) cuatro representantes de los partidos políticos legalizados representados en el Congreso.

La norma es constitucional creo; pero claramente discriminatoria, porque:

1°.- Deja sin representación a movimientos políticos con gran respaldo, como, por ejemplo, los partidarios juveniles del señor Errázuriz ;

2°.- Deja sin participación al Partido Comunista que, estando legalizado, carece de representación parlamentaria;

3°.- No considera a los trabajadores jóvenes, hombres o mujeres.

En mi caso, que represento a Aconcagua, es un grave error; pues, seguramente los jóvenes temporeros son, por lo menos, dos quintas partes del total de la población de comunas, como Santa María o Rinconada de Los Andes. Esto es ofensivo, por cuanto sí aparecen representados los estudiantes y los profesionales jóvenes;

4° En vez de políticos, deberían figurar movimientos culturales, de ecología o religiosos que, como en el caso de la Iglesia Católica y otras confesiones, tienen una gran capacidad de convocatoria y de organización.

b) El Instituto Nacional de la Juventud como servicio público, funcionalmente descentralizado, no cumple cabalmente con sus delicadas funciones: con la existencia de direcciones regionales; ni con sedes en ciudades capitales de la respectivas regiones, porque las hay muy amplias y con provincias muy diversas, como es el caso de la V Región y sus numerosas provincias, entre otras, San Felipe y Los Andes. Poco tiene que relacionar, en la actualidad el joven universitario de Viña del Mar, por ejemplo, con los jóvenes temporeros de San Esteban o Llay-Llay.

Acepto, por ahora, la estructura propuesta, aunque es insuficiente; pero representa un paso importante de la política juvenil del país. Como parlamentario de la Democracia Cristiana, espero que pueda ampliarse, efectivamente, a todo el territorio de la República, en el futuro.

c) Como a todo Chile le consta, este servicio será coordinador, pero no ejecutor de políticas juveniles.

Luego, no será el instrumento de un gobierno, sino de un servicio a los jóvenes que, con esperanza, creen que tienen derecho a que el Gobierno del Presidente Aylwin les abra puertas para su propio desarrollo.

Por eso, considero que Renovación Nacional carece de perspectiva de país, al oponerse al proyecto. Más aún , cuando hasta hace muy poco tiempo, machos de sus militantes participaban en estructuras burocráticas del gobierno anterior en el cual, sin duda, no eran elegidos, sino designados.

Si, efectivamente, esos parlamentarios se preocupan de los jóvenes en los hechos y no en las palabras, deben corregir esta propuesta y no oponerse a ella.

En democracia, el Parlamento, la Contraloría General de la República, los tribunales, los partidos políticos y los medios de comunicación social, pueden y deben velar por el correcto quehacer del Instituto Nacional de la juventud, sin necesidad de oponerse a la iniciativa.

Porque Chile está primero, señor Presidente, respaldo en general el proyecto de ley, materia de este debate.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Diputado

Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.

Está inscrito también el diputado señor Ortega.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, Honorables colegas, he procurado escuchar detenidamente las intervenciones anteriores y debo ser honesto al decir que algunas opiniones me han sorprendido.

Quiero señalar, porque quizás algunos no conocen la situación actual, cuáles son las facultades de la Secretaría Nacional de la Juventud que, legalmente, hoy existe en nuestro país y en que muchos participaron o coordinaron actividades, cuando fueron alcaldes.

Este instrumento, que fue formalmente reconocido por el artículo 11 del decreto supremo N° 11, de 1976, plantea que la Secretaría Nacional dé la juventud puede proponer planes y programas destinados al fomento de la educación, al deporte la cultura, la recreación, al bienestar juvenil; promover la creación de organismos juveniles lo que no se contempla en el Instituto, que tienda a completar la formación de sus integrantes, desarrollar sus aptitudes, orientarlos y cultivar hábitos de servicio público.

Proponía y propone la ley actual que esa Secretaría puede apoyar, coordinar asesorar, capacitar y orientar las organizaciones referidas en la letra anterior los organismos juveniles; puede recoger las inquietudes y necesidades de los jóvenes y las organizaciones juveniles.

Continúo diciendo que lo que hoy existe, es un instrumento que puede ser utilizado, si existiese la voluntad política, para el prosentismo, la utilización y la manipulación de las organizaciones juveniles. Lo que se propone, después de una experiencia de tres gobiernos, porque aquí...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados tomar asiento, guardar silencio y respetar al orador.

El señor LETELIER.-

Lo que hoy existe, señor Presidente y Honorables colegas, es la evaluación de una experiencia durante tres gobiernos: lo que fueron la Oficina Nacional de la Juventud, la Secretaría General de la Juventud y la Secretaría Nacional de la Juventud. Tres organismos que, por su ubicación burocrática y por la orientación que se les dio, -y reitero-, son instrumentos que, legalmente, aún existen, pueden prestarse y se prestaron para la manipulación política y proselitista. Lo que ahora se ha evaluado es que necesitamos dar un salto cualitivo para corregir, sin duda, los errores cometidos en el pasado.

Y no solamente es un interés de este Gobierno o de los parlamentarios de la Concertación, sino también de los dirigentes juveniles de las más diversas organizaciones.

A mí -y debo decirlo- me sorprende mucho la discrepancia tan fuerte que existe entre los parlamentarios de Renovación Nacional y los dirigentes de la juventud de ese partido. Porque desde antes, cuando pertenecían a otras orgánicas partidarias, hemos venido discutiendo la necesidad de dar un salto cualitativo, de evitar que exista un organismo estatal que se preste para la manipulación política. Evidentemente, en esta ocasión, la juventud y los dirigentes de Renovación Nacional no han sido escuchados por su Partido o por sus parlamentarios.

Lo que ahora se propone es un servicio público descentralizado, que no caiga en las experiencias erradas del pasado, que no sea un instrumento utilizado por el gobierno de turno, sino un organismo capaz de enfrentar la dramática realidad, la exclusión y la marginación, a la cual están sometidos hoy los jóvenes, que son un porcentaje masivo de país.

Y al no existir un instrumento público capaz de enfrentar este desafío, y comparto lo que dice el colega Ulloa no se trata de que el Instituto Nacional de la Juventud resolverá todos los problemas de los jóvenes; nadie tampoco lo ha propuesto. Lo que se propone es un instrumento a nivel de Gobierno, capaz de proponer políticas gubernamentales porque es problema de todo el país, de toda la sociedad, asegurar un futuro a los jóvenes.

Me gustaría referirme a algunas expresiones que se han vertido aquí.

Colega Galilea , está equivocado.

Señor Presidente, el colega Galilea decía que "cuando saliéramos de la Sala, íbamos a decir que la actitud de Renovación Nacional es contraria a los jóvenes". Es falso. Yo lo digo aquí. Esta actitud de oponerse a la idea de legislar sobre la creación de un organismo estatal es, sin duda, contraria a las necesidades de enfrentar los problemas de la juventud. Es una actitud, incluso, mezquina, en tanto que el colega Galilea y Renovación Nacional, prejuzgaron todo el debate. No participaron activamente en las reuniones de la Comisión. A él nunca lo vi allí. Solamente mandaban a un colega, para oponerse sistemáticamente, sin entregar ninguna argumentación de fondo.

Pero es más. Proponen como indicación la eliminación del Consejo Asesor, un Consejo Asesor que va a conocer los planes y programas del Instituto Nacional de la Juventud, que conocerá del presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud, que deberá ser consultado respecto de convenios con agentes y organismos internacionales, un Consejo Asesor plural y, al respecto corrijo algunas aprensiones del colega Jara, que no sólo contará, si es aprobado el proyecto de ley, con delegados de juventudes con representación parlamentaria, sino también de estamentos estudiantiles, de organizaciones sociales con personalidad jurídica. Y allí, sí caben representantes de la Iglesia Católica, o del sindicato de temporeros, o, de cualquier organismo juvenil que el Presidente de la República de tumo Patricio Aylwin , hoy, mañana, otro, podrá elegir a jóvenes de los diferentes estamentos para asegurar un Consejo que examine la problemática de la juventud con ojos plurales.

Y la indicación de Renovación Nacional de eliminar este Consejo, no hace sino demostrar que no quiere que el Estado chileno tenga un instrumento capaz de enfrentar la dramática realidad de los jóvenes, en forma ecuánime y plural.

El Diputado señor Aguiló ha señalado aquí el doble estándar de Renovación Nacional. Palos, incluso críticas, a veces desmedidas, por las situaciones de violencia que nos preocupan a todos, que afectan en particular y en las cuales participan jóvenes, jóvenes que han visto cerrados los canales de inserción social, sea en el mundo laboral, en el mundo de la educación y critican esa situación, e incluso, han asistido a reuniones para analizar en conjunto el problema de la violencia y cómo afecta a los jóvenes. Pero hoy, dicen no; el Estado no tiene por qué meterse ni implementar políticas centrales hacia los jóvenes. Lo encuentro contradictorio, por decir lo menos.

Y, encima, al escuchar a un colega de regiones como el Diputado Galilea , y saber que, simultáneamente, Renovación Nacional propone una indicación para eliminar las Direcciones Regionales, para que no exista presencia de este Servicio Público descentralizado en cada una de las regiones de nuestro país, una indicación para que, incluso, el Instituto Nacional de la Juventud no pueda coordinar programas y políticas que los jóvenes apoyan, con la Municipalidad en cuya comuna ellos viven; demuestra que, muchas veces, sus discursos de descentralización y la regionalización, parecen ser puras banderas o cortinas de humo.

Los jóvenes representan la mayoría de la población de nuestro país. Cerca del 60 por ciento de la población tiene menos de 30 años. Son más de 3 millones los jóvenes de entre 15 y 25 años.

Y se necesita un instrumento para enfrentar la complejidad de la realidad que viven, un instrumento capaz de coordinar las políticas de los ministerios, un instrumento con presencia en las regiones, porque estamos contra la centralización de los servicios públicos en Santiago de Chile, porque Santiago, no es Chile. Hay regiones que requieren tener allí la presencia de los servicios públicos. Incluso, debería irse más allá de las regiones y debiera hacerlo a nivel de las provincias.

Y siento que la actitud de Renovación Nacional es contradictoria, señor Presidente.

Por último, deseo hacer una reflexión.

Respecto de la idea de oponerse a legislar sobre esta materia, quizás más comprensible podría ser la alternativa de que se abstuvieran. Pero, la idea de oponerse, ¿debemos entenderla que están por la mantención de la Secretaría Nacional de la Juventud? ¿qué quieren que operemos con ese instrumento, para impulsar políticas juveniles?, ¿un instrumento capaz de actuar con proselitismo hacia el mundo de los jóvenes? Yo creo que no. Pero la oposición a la idea de crear algo distinto tiene eso como resultado: que se mantenga la Secretaría Nacional de la Juventud, lo cual puede hacerse a través de un decreto supremo.

Hoy tenemos la posibilidad de dar un salto institucional en nuestro país, creando un Instituto que perdure mucho más allá de este Gobierno. Y lo hacemos después de reflexionar sobre la experiencia en otros países; y, a la vez, conociendo que existen en el mundo juvenil iniciativas para crear sus propias organizaciones y coordinaciones; como es el Consejo Nacional de los Jóvenes. Allí participan activamente instituciones, como las Asociaciones de Guías y Scouts, organización que nadie podrá acusarla de proselitista o partidista, institución que ha dado su pleno apoyo a la creación del Instituto Nacional de la Juventud.

Otra iniciativa en curso se complementará con el Instituto que se crea. Ahí, nuevamente, en el ámbito del Consejo Nacional de la Juventud hay consenso en todo el espectro político que participará hoy, de lo que es el foro de las juventudes políticas, en las cuales participan todas las fuerzas políticas presentes en esta Corporación.

Espero, sinceramente, que al interior de Renovación Nacional y de quienes hoy se oponen a la idea de legislar o que así lo han anunciado lo piensen de nuevo. Si es necesario, incluso pueden abstenerse, si no quieren darle su apoyo pleno, para dejar abierta la puerta a la posibilidad de que profundicemos el debate y perfeccionemos el proyecto.

Concedo una interrupción al Diputado señor Ortega.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, deseo complementar con dos o tres ideas las excelentes argumentaciones de los Diputados señores Juan Pablo Letelier y Sergio Aguiló.

La aprensión sobre la politización de la Administración Pública, a mi entender, es justa; pero juzgar la necesidad de que el Estado tenga una organización preocupada de una categoría social, como es la juventud, debe tener algún tipo de argumentación técnica y sólida para sostener que en Chile no se necesita un Instituto Nacional de la Juventud.

Toda la lógica de la exposición del señor Galilea consistió nada más que en prejuzgar sobre el tema de la partidización y lo politización. Pero el problema de fondo en el cual está centrado este debate, radica en si realidad juvenil por su número, por sus problemas, por la manera como los jóvenes se relacionan con la economía, con la sociedad, con la política, con el trabajo, con el estudio, cómo viven y cómo sufren sus problemas, requiere de la existencia de un instituto que estudie, analice, programe, asesore y coordine.

Frente a esa argumentación, que constituye el problema de fondo, no hubo en la exposición de Renovación Nacional ninguna base sólida. Solamente un prejuzgar sobre el problema de la ideologización y de la partidización.

Y, precisamente se nos acusa de que estamos repitiendo lo que se hizo en gobiernos pasados y especialmente imagino durante el Gobierno militar, como señaló el señor Galilea.

Pero, curiosamente, lo que se ha buscado y busca al analizar en el Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Juventud, es elaborar una normativa que garantice a los Partidos la asepsia de ese Instituto. Para lograrlo, buscamos legislar sobre una forma de acuerdo, de entendimiento. No estamos buscando hacer un manejo burocrático del Gobierno para imponer una ideología o instrumentalizar políticamente a los jóvenes.

Por ello, me parece curioso que en una discusión en serio sobre un sector de la sociedad tan importante como éste, que ha sufrido y está sufriendo problemas tan graves, y cuya situación muchas veces ha fundamentado un debate, la argumentación, hoy día sea sólo el prejuicio de que lo vamos a instrumentalizar, en circunstancias de que, con nuestra conducta, estamos demostrando que deseamos que el Estado procure su asepsia y garantice a todos que el Instituto sea un servicio público honesto, que trabaje por el bien de todos y que no sea instrumento de un Partido, como el propio señor Galilea afirmó que ocurrió en el pasado, y muy especialmente en el reciente.

Hay inconsistencia en lo argumentado por Renovación Nacional. Además un esfuerzo político serio conduce a que, en definitiva todos los partidos políticos nos pongamos de acuerdo en que crear una administración del Estado que como tal, pertenece a todos los chilenos debe hacerse sobre la base de un raciocinio frente a una realidad determinada y no de un prejuicio, como lo fue toda la argumentación que aquí se ha entregado.

Muchas gracias, señor Letelier.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, tiene la palabra el Diputado señor Jeame Barrueto.

El señor JEAME BARRUETO.-

Señor Presidente, como muy bien lo ha dicho el Ministro, éste no es un problema de Gobierno, sino del país. Nunca en Chile ha habido tantos jóvenes como hoy. Este, en términos relativos, es el período más joven de la historia de Chile, si así se puede decir. En efecto, no sólo el 30 por ciento de la población tiene entre 15 y 29 años, sino que, si tomamos a la población adulta y excluimos a los niños, el 42 por ciento es joven.

El 14 de diciembre de 1989, el 60 por ciento de los ciudadanos electores eligieron por primera vez al Presidente de Chile. Esta realidad contrasta de manera radical con el hecho que nos muestran las cifras y con la realidad de las poblaciones populares, especialmente de exclusión económica, social, cultural y política de la juventud chilena. Hay por un lado falta de concordancia entre la cantidad de jóvenes y el hecho de que, por los medios de comunicación, además, hoy se reconoce como jóvenes a esta gran mayoría; y, por otro, la ausencia total de prioridad de la problemática de la juventud.

El país, ante este hecho, enfrenta un desafío, que es la integración del mundo juvenil y de la juventud a la nación. Este desafío, que lo es de la reconstrucción democrática de Chile, supone dar empleo, enfrentar los problemas de educación, recreación, del daño sicológico que han sufrido muchos jóvenes estos años; supone sobre todo, abrir las puertas de la participación a la juventud, sin proteccionismo, sin paternalismo, sin tutelaje; supone abrir las anchas puertas para que la juventud participe y comience a sentirse integrada.

La violencia, por ejemplo, que sorprende tanto a algunos este último tiempo, es uno de los grandes males del país. Sin duda es una reminiscencia, un efecto, una consecuencia, de largos años en que predominó la fuerza en el gobierno, la agresividad en la cultura y la exclusión en el terreno económico y social de los más pobres y de la juventud especialmente; la violencia, digo, ha hecho víctima preferentemente a este sector de la población. Hoy es necesario realizar un esfuerzo especial, un esfuerzo particular, por integrar a este tremendo potencial, a esta tremenda energía con que cuenta nuestro país, a su proceso de reconstrucción en democracia.

Sin embargo, es muy importante tener presente que la propuesta aquí formulada no busca resolver el problema de la juventud como se hace en España, o como se hace en Europa, en general, y como hay que hacerlo siempre. Es fundamental entender que aquí estamos frente al desafío del Chile de hoy; no el de 30 años atrás. Quizás ni siquiera del Chile de 20 años más, si es que nos va bien. Es el desafío de Chile que nos queda de los últimos 20 años, que si la reconstrucción democrática no resuelve, va a ser un problema para el país y para todos los sectores políticos, por ejemplo, representados aquí en la Cámara.

Desde ese punto de vista, es fundamental establecer una política para la juventud. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones que siempre han existido sobre la materia, muchas veces falta un espacio real donde se formule y se lleve adelante esa política. Ese espacio real, justamente, es el que se busca crear con el Instituto de la Juventud. Un agente que coordine, y dinamice una política nacional, y ojalá integral, hacia la juventud.

Espero que el conjunto de las bancadas de esta Cámara de Diputados tengan la generosidad y altura de miras para dar absoluto respaldo ojalá unánime a esta propuesta de grandes proyecciones para el país, que es un paso, una señal, antes que nada, una expresión de la voluntad del país para que nunca más los jóvenes sobren en nuestra Patria.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Mekis.

El señor MEKIS.-

Agradezco la interrupción que me ha concedido el Diputado señor Jeame Barrueto.

En mi intervención voy a abordar algunas de las inquietudes de los parlamentarios de la Concertación y, en particular, aquella división o categoría que intentaba establecer entre nosotros el señor Letelier , en el sentido de que los Diputados que no apoyen este proyecto del Gobierno tal como está, en definitiva, no serían partidarios de la juventud. Esta es una caracterización falsa, por cuanto supone que el monopolio del interés por los problemas de la juventud está radicado exclusivamente en los parlamentarios de la Concertación y en el proyecto del Gobierno.

Me parece que dicho enfoque está errado, y quisiera que el señor Diputado me escuchara para poder continuar dando las explicaciones de por qué creemos que este proyecto no es conveniente en su estructura, para nuestro país.

No es conveniente para los jóvenes chilenos que el Estado, buscando desarrollar sus esferas, invada aquellas otras que son propias de la libertad. Las acciones del Estado, por ejemplo, como establece el proyecto en materia de valores, no es producto de la visión de algunas personas que ejercen el Gobierno, sino que ella es más bien propia de la libertad de cada una de las personas. Los jóvenes, no por ser tales, son menos libres. Lo son igual que los adultos.

Es cierto que tenemos preocupación por la politización que pueda hacerse de este instrumento al servicio del Gobierno. Es labor de los legisladores prever las consecuencias que puede tener para la juventud y también para nuestra sociedad el establecimiento de una institución que, en definitiva, sirva a propósitos proselitistas e ideológicos.

¿Por qué vamos a ser tan ingenuos y no pensar que este instrumento también pueda servir, como lo hizo en el pasado esta Secretaría de la cual hablaba el Diputado señor Galilea , para los intereses políticos de turno?

Nadie respalda, en mi Partido, por lo menos así se desprende de lo que he conversado con los parlamentarios de Renovación Nacional, la acción de la Secretaría Nacional de la Juventud del gobierno pasado. Principalmente, por una razón, me lo decía hace poco el Diputado señor Urrutia : porque fue del todo ineficiente y sus resultados hasta hoy no los conocemos.

Siento como si estuviéramos en la Cámara de Diputados de los años 60. Estos proyectos de institutos de la juventud fueron largamente debatidos en los años 50 y 60 en Europa, Estados Unidos y Canadá. ¿Y cuál es su resultado práctico? En definitiva, considero el proyecto como un símbolo de antimodernidad. No se trata de un instituto técnico, como quiere hacemos pensar el mensaje. No dudo de las buenas intenciones del Ministro señor Correa, que estará a cargo de este proyecto. ¡Claro, no dudo de él! Pero, sin embargo, tengo el derecho a dudar de quienes puedan ser sus sucesores y de cuáles pueden ser las mutaciones de las conductas de las autoridades de turno.

Me parece necesario buscar qué hay detrás del proyecto; en qué se puede transformar. Creo que en definitiva, será un órgano de difusión ideológica. Confirma esta aprensión el mismo hecho de que se diga que habrá un programa de "rearticulación" -francamente no sé mucho que es- "del potencial juvenil de ser parte del país", lo que se logra a través de diferentes campañas. ¿Cómo no puedo pensar que éstas se transformarán en campañas preselitistas y de concientización política, con el financiamiento y esto lo encuentro sorprendente de los contribuyentes? Es decir, aquí se da la idea señalada por el pensador Bell , en el sentido de que las estructuras capitalistas muchas veces terminan por financiar las estructuras socialistas, que combaten las ideas propiamente de un orden social, económico y políticamente libre.

Existe, en mi opinión, después de haber oído las palabras de diversos señores Diputados, el intento por monopolizar el interés de la juventud. Pero veamos, precisamente, en esta Cámara quiénes han presentado proyectos concretamente en favor de ellas. Comentaba con el Diputado señor Vilches un proyecto pragmático, concreto, que satisface a la juventud, cual es la posibilidad de poder trabajar por horas, cuestión que es difícil de acuerdo con las actuales leyes laborales.

Presentó también el Diputado señor Fantuzzi , con el patrocinio de Renovación Nacional, un proyecto que tiene por objeto hacer una mejor utilización de los fondos descontables para los fines de educación técnica que es básica para el desarrollo de nuestra juventud.

El Diputado Letelier presentó un proyecto para establecer la mayoría de edad a los 18 años. Esa también es una preocupación por temas de la juventud, más allá de si uno está o no de acuerdo con el proyecto.

Por último, nosotros, los parlamentarios, estamos obligados, por la elección de que fuimos objeto, a recibir y procesar las demandas de la juventud y no ser meros recepcionistas para transferir la opinión de ella. Para eso fuimos elegidos y no para estar creando estructuras estatales que, en definitiva, tienen por objeto únicamente agrandar el aparato del Estado, reducir los fondos con que, efectivamente, se puede hacer una redistribución y, por último, delegar las facultades que debemos ejercer como parlamentarios.

El Diputado Letelier nos hacía algunas imputaciones respecto de la violencia juvenil. Yo no culpo a este Gobierno de este problema. La violencia juvenil se arrastra por décadas en nuestro país, y tienen que responder también de ella quienes la generaron con sus exacerbados ideologismos. La violencia, en el ámbito de la actual juventud del país, sigue teniendo como origen ideologías que propician la violencia como método de acción política.

Esas son las declaraciones que hemos escuchado.

Por último, ¡cómo no vamos a estar preocupados de lo que significa este proyecto, cuando vemos que hay posición muy clara para el enfrentamiento de los problemas de los jóvenes de quien pretende ser su Director Nacional! No comparto las visiones del señor García acerca de lo que debe ser el futuro de los jóvenes de nuestra patria y, por lo tanto, no tengo por qué apoyar un proyecto que lo entronice, para que él establezca cuál es la verdad oficial que le conviene a la juventud.

Renovación Nacional ha impulsado muchas instancias para el desarrollo de la juventud y hemos realizado muchos encuentros, también con parlamentarios de la Concertación. Pero no nos equivoquemos, en el sentido que ellos puedan transformarse en una adhesión a un proyecto que dadas sus características, lo consideramos contrario a nuestra sociedad; que revela, más bien, una visión socialista del mundo, y que también tiene características de regímenes autoritarios, que utilizan estos instrumentos en forma de politización de la sociedad.

Estas son las razones que me mueven, señor Presidente, como al resto de los miembros de nuestra bancada, a rechazar este proyecto, sin perjuicio de auspiciar dado que podemos auscultar cuál será el desarrollo y votación de él algunas indicaciones, entre ellas, las preparadas por el Diputado Alessandri y la Diputada Matthei , que tienen por objeto restringir los ámbitos y las esferas impropias en las cuales la iniciativa en debate pretende incursionar.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señores Diputados, si cada uno expresa sus ideas en forma breve y sintética, sobre todo si son contundentes, claras y precisas, ganaremos más tiempo.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, agradezco al Diputado señor Barrueto la interrupción que me ha concedido.

Reconozco que tenemos un problema con el uso de las interrupciones y con el orden del debate. Me parece útil que se saque experiencia de esto, para reglamentarlo de otro modo. Se concedió la palabra a un Diputado de la oposición, que la había solicitado, a fin de que el cierre del debate no fuera arbitrario. Sin embargo, la intervención del Diputado señor Mekis obliga a nuestra bancada a señalar que da la impresión de que nuestro Honorable colega se equivocó de discurso, entre los muchos de que dispone, porque se refirió a otro tiempo, o a otro instituto o a otro ente.

Por más que revisamos el proyecto, no logramos percibir la filosofía socialista que lo impregna. Con mucho gusto, esperamos que después de la sesión nos indique en qué consiste la filosofía socialista del proyecto, que por ahora no es otra que la gran preocupación por el futuro y por la juventud, que siempre ha caracterizado a nuestro partido.

El Diputado señor Mekis tiene un error serio en la intervención que preparó. Se trata de cambiar algo que existe por algo mejor. Ha perdido de vista que no estamos legislando en el vacío. Existe un ente que se llama Secretaría General de la Juventud; no partimos de cero.

El ha dicho que nadie de su bancada respalda a esta Secretaría, afirmación que me parece muy interesante. La opinión pública debe considerar que Renovación Nacional no respalda lo obrado por la Secretaría de la Juventud en el gobierno pasado. Lamentablemente, agregó la frase "porque fue ineficiente".

Ese no es el fondo del problema, que tiene que ver con la orientación de la Secretaría de la Juventud durante el gobierno autoritario, dictatorial, que fue contraria a los intereses de la juventud chilena. La situación de la democracia es absolutamente distinta. Si el temor es que sea ineficiente y nos conduzca a la derrota como a ellos en el pasado, no veo razón para oponerse a la creación del Instituto.

Lo fundamental y de rigor es que damos un paso importante al normar instituciones que fueron usadas en el pasado en forma arbitraria y establecer la función que están llamadas a cumplir.

El Estado tiene la obligación de preocuparse de los sectores de la sociedad que, por distintas razones, sufren desmedros o desequilibrios. Uno de ellos lo constituye la mujer. Es significativo que la Cámara haya aprobado hace poco la creación del Servicio Nacional de la Mujer en reemplazo de la antigua Secretaría.

Hoy día reemplazaremos la Secretaría de la Juventud por el Instituto Nacional de la Juventud, que cumplirá, con toda seguridad, un papel notable.

Se puede discrepar de las opiniones del hoy día Secretario y luego Director del Instituto. Pero ese hecho no puede conducir a los parlamentarios de Renovación Nacional a votar en contra de una institución permanente de la República. Me parece que es perder de vista el sentido de la democracia y de la capacidad de discrepar de quienes ejercen cargos directivos. La crítica es parte de la democracia y no puede castigarse de esta manera a una institución permanente de la República.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Recondo.

El señor RECONDO.-

Señor Presidente, quienes representamos en la Cámara a los sectores rurales hemos comprobado y analizado con profundidad la actual realidad que viven los jóvenes de los sectores rurales.

Como cada uno ha evidenciado en todas las materias discutidas en el Parlamento una marcada y preferente dedicación a los problemas de los sectores urbanos, el análisis de la situación juvenil debe referirse a los jóvenes de los sectores urbanos.

La juventud rural requiere urgentemente de dedicación. El destino de esos jóvenes es de frustración, puesto que son mínimas sus posibilidades de realización personal. Luego de la educación que logran, que en muchas localidades alcanza apenas a algunos cursos básicos, deben enfrentar la vida de trabajo sin ninguna calificación y no aportan nada o muy poco al desarrollo rural. La otra alternativa que tienen es emigrar a las ciudades en busca de mejores horizontes, que tampoco encuentran.

Tal como lo expresara mi colega Ulloa , brindamos nuestro apoyo a la creación del Instituto de la Juventud. Esperamos que su vinculación con Ministerios encargados de la capacitación de los jóvenes del campo les permita un futuro mejor y mayores alternativas para su realización personal.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, deseo hacerme cargo de algunas imputaciones que se han formulado en la Sala, con respecto a lo que fue la Secretaría Nacional de la Juventud. Sin lugar a dudas, el balance que puede hacerse es bastante positivo, independientemente de la época en que ejecutó su acción. Podemos citar innumerables programas que hoy día, incluso, el propio Instituto Nacional de la Juventud tiene en su programación.

Se realizaron grandes acciones en materias educacionales y de capacitación laboral; se hizo una gran labor en la alfabetización de la ciudadanía; se desarrollaron innumerables cursos de orientación vocacional, en términos profesionales, y en otras materias importantes sobre la formación de los jóvenes. Se realizó una capacitación laboral, fundamentalmente en los sectores más marginados de la sociedad, a fin de prepararlos, a través del SENCE en materias que les permitieran el acceso a fuentes laborales importantes. Se desarrollaron innumerables campañas de solidaridad social en numerosas poblaciones, con motivo de situaciones que Chile sufrió, tales como terremotos e inundaciones.

Durante el gobierno militar se hicieron múltiples acciones en beneficio de la juventud chilena, fundamentalmente en la educación. En 1973, Chile tenía una escolaridad promedio de tercer año básico, y en 1989 llegó a. una superior al octavo básico. Eso es hacer por la juventud chilena.

Quienes han declarado ineficaz a la Secretaría de la Juventud, desconocen la verdadera labor que realizó. Me gustaría mucho entregarles los informes de esas acciones, para que Sus Señorías hablaran con algún grado de conocimiento.

Hay problemas con la juventud: económicos, sociales, culturales; pero también los hay de valores. El Instituto Nacional de la Juventud puede ser un buen aporte, no sólo para hacer un diagnóstico en estas materias, sino para orientar las acciones de Ejecutivo, de los distintos ministerios, de las diferentes reparticiones públicas, en beneficio de programas en provecho de los jóvenes.

Sin lugar a dudas, existe una tentación por instrumentalizar el Instituto, pero no es motivo para que nos neguemos a su creación.

Fui testigo de la declaración de jóvenes que concurrieron a la Comisión. Ven con buenos ojos la creación del Instituto. Más aún, han pedido la instauración del Consejo Nacional de la Juventud, que impulsa nuestro partido.

Un consejo autónomo, no dependiente, ni del Estado ni del Gobierno; pluralista, donde verdaderamente participen todas las entidades políticas, las instituciones y las distintas reparticiones de jóvenes. El Consejo Nacional de la Juventud tendrá como tarea la elaboración y ejecución de muchos programas.

El Instituto de la Juventud puede ser un buen instrumento para que ese Consejo y los propios jóvenes se desarrollen en el ámbito de la sociedad, logren valores morales, educacionales y culturales y hagan un aporte significativo a nuestra querida patria.

Eso ha hecho la UDI. Creemos en el Instituto de la Juventud, como en su época creímos en la Secretaría Nacional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alberto Espina.

El señor Espina .-

Señor Presidente, agradezco muy sinceramente a la bancada del Partido Socialista por haber retirado la petición de clausura del debate y permitirme hacer algunas puntualizaciones respecto de la materia.

Desde mi perspectiva, el debate se ha planteado en forma equívoca. Desde luego, no tengo duda de la buena fe, de las buenas intenciones, y de los buenos propósitos que inspiran al Ministro señor Correa. Ha estado siempre es justo decirlo abierto a buscar acuerdos y consensos. Esto es muy importante en quien ocupa un alto cargo de Gobierno en un período de afianzamiento del sistema democrático.

Tampoco dudo de la buena fe y de los buenos propósitos que inspiran al equipo de jóvenes que encabeza don Sergio García. Quienes hemos tenido la suerte de trabajar en el mundo de la juventud sabemos de la voluntad, el desinterés y la ilusión con que abordan las materias que la sociedad posterga año tras año.

Me preocupa, sí, y profundamente, que se crea que existe un mecanismo o una forma de responsabilizarse de los temas de la juventud. Es el error conceptual de fondo del Diputado señor Letelier. Cree que los problemas de la juventud sólo se resuelven con la existencia de un organismo dependiente del Estado, que se denomina Instituto de la Juventud.

Eso no es efectivo. Es legítimo no concordar con una institución de esa naturaleza y creer que los problemas de la juventud se pueden resolver por otras vías. No es razonable ni democrático pensar que se tiene el monopolio de la solución de problemas tan importantes, como son los que afectan a los jóvenes.

No temo a la politización de estos organismos, porque como dirigentes abordamos el tema de la política en su justa dimensión y en la estatura que corresponde y en cada actividad que desarrollamos ella está siempre presente. Lo importante es no poner instituciones ni organismos de esta naturaleza al servicio de determinados intereses partidistas. En cambio, es legítimo que las políticas que se implementan sean de interés de todo el arco democrático que exista en el país.

El Diputado señor Estévez ha dicho que si bien es cierto existe la Secretaría Nacional de la Juventud, sin embargo, hay que cambiarla por algo mejor. Concuerdo con la segunda parte de la afirmación. Personalmente, no dudo de que el Instituto Nacional de la Juventud pueda ser mejor que lo que fue la Secretaría Nacional de la Juventud. Desde ya permitirá, objetivamente, una participación de los distintos actores políticos y sociales.

Pero, así como discrepo de lo que fue la Secretaría Nacional de la Juventud a pesar de que ha mejorado estas diferencias también lo hago respecto del Instituto Nacional de la Juventud. En consecuencia, le pido que patrocine un proyecto de ley para que se ponga término a la Sécretaría Nacional de la Juventud, si es que el punto de discrepancia está en que lo que existe es peor que lo que se propone.

Quiero agregar dos aspectos más, relacionados con opiniones que se han vertido respecto de nuestro partido político.

Se ha dicho que cargaremos en nuestras conciencias el no querer preocuparnos de los temas de los jóvenes, y el no querer enfrentar estos temas de cara al país. Ambas afirmaciones son falsas.

Hoy día la principal preocupación de, los jóvenes es la reconciliación, sobre todo, cuando en el Senado se discute un proyecto de ley que apunta a ella, que se logra con la participación activa de nuestro partido, y que repercute a fondo en lo que la juventud quiere para el futuro.

Se ha expresado que tampoco aspiramos a afianzar, a través de estas instituciones, lo que es la participación de los jóvenes en el mundo social. Quiero recordar -y aquí hay distinguidos parlamentarios que fueron dirigentes de la juventud- que por allá por los años 84 y 85, cuando se democratizaban las federaciones de estudiantes, era nuestro partido y muchos de los dirigentes que hoy somos parlamentarios, quienes impulsábamos medidas concretas y de fondo, tendientes a democratizar y a apoyar las gestiones de las federaciones de estudiantes.

De manera que nadie puede cuestionar nuestros títulos para hablar de juventud, de democratización o de reconciliación nacional. La circunstancia de que discrepemos de un proyecto en los términos en que está no les otorga a nuestros adversarios políticos el derecho a creer que tienen el monopolio respecto del interés de estos problemas.

Confiamos, como lo dijimos en la discusión de proyectos mucho más candentes que éste, en términos de las discrepancias que han producido, en que llegará el momento en que nos pondremos de acuerdo para que en definitiva, los jóvenes muchos de los cuales hoy observan este debate se den cuenta de que el Parlamento es capaz de fortalecer su libertad y de permitir que ellos estén a la vanguardia de los cambios.

He dicho.

1) Al artículo 1°

De los Diputados señores: Ulloa , Alessandri Balmaceda , Espina, Kuschel , señora Matthei , Morales y Vilches para establecer que el Instituto Nacional de la Juventud se relacionará con el Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Planificación y Cooperación, y no a través del Ministerio General de Gobierno.

2) Al artículo 2°

a) De los Diputados señores: Galilea , García ruminot(don José)  y Longton para suprimir la letra e).

b) Del Diputado señor Leay para eliminar en su letra e) la frase "y otras iniciativas".

3) Al artículo 3°

De los Diputados señores: Alessandri Balmaceda , Espina, Kuschel , señora Matthei , Morales y Vilches para sustituir la coma (,) que figura a continuación de la palabra "Santiago", por un punto final (.), eliminándose la frase que le sigue.

4) A los artículos 7°, 9°, 10°.

De los Diputados señores: Alessandri Balmaceda , Espina, Kuschel , señora Matthei , Morales y Vilches para suprimirlos.

5) Al artículo 13

De los Diputados señores: Alessandri Balmaceda , Espina, Kuschel , señora Matthei , Morales y Vilches para suprimir todos los cargos descritos bajo el título "Direcciones Regionales", y los cinco cargos de Jefe de Departamento en el título "Dirección Nacional".

6) Al artículo 17

De los Diputados señores: Alessandri Balmaceda , Espina, Kuschel , señora Matthei , Morales y Vilches para adecuarlo a la modificación introducida al artículo 1°, sustituyendo la referencia que se hace en él al "Ministerio Secretaría General de Gobierno" por la de "Ministerio de Planificación y Cooperación".

7) Al artículo 2° Transitorio

De los Diputados señores: Alessandri Balmaceda , Espina, Kuschel , señora Matthei , Morales y Vilches para adecuarlo a la modificación introducida al artículo 1°, sustituyendo la referencia que se hacer en él al "Ministerio Secretaria General de Gobierno" por la de "Ministerio de Planificación y Cooperación".

8) Al artículo 3° Transitorio

De los Diputados señores: Alessandri Balmaceda , Espina, Kuschel , señora Matthei , Morales y Vilches para sustituir el inciso 1° el guarismo "51" por "10".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la sala para tramitar sobre Tabla, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional que prorroga la entrada en vigencia de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Es un proyecto originado en el Ejecutivo y que fue aprobado unánimemente en el Senado.

Si le parece a los señores Diputados, así se hará.

Acordado

El proyecto, impreso en el boletín N° 205-03 (S), es el siguiente:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, modificada por las leyes N° 18.977 y N° 18.999.

I.- Reemplázase en el artículo 126° la expresión "30 de noviembre de 1990" por "31 de enero de 1991".

II.- a) Derógase el inciso primero del artículo 4° transitorio.

b) Sustitúyese en el inciso segundo al expresión "las letras e), f), g), h), i) y j) “del”, por la voz "el".

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, en virtud de lo aconsejado, sólo quisiera hacer presente que varios de los parlamentarios de nuestro Partido Unión Demócrata Independiente, daremos nuestra votación favorable a la prórroga solicitada.

Sin embargo, es poco prudente seguir dejando que transcurra el tiempo, frente a un proyecto de ley que es realmente prioritario. Es importante que este proyecto salga, ya que se necesita para que haya un verdadero desarrollo de la actividad pesquera nacional.

En consecuencia, en el caso particular y por esta única vez otorgaremos una nueva, pero última prórroga.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, en relación con el artículo único de este proyecto de ley, es de justicia hacer algunas consideraciones.

Desde luego, sólo hay plazo hasta el 27 de noviembre para presentar indicaciones.

Como la ley está prorrogada hasta el 30 de noviembre, y como hay algunas modificaciones aprobadas por el Senado, que cambian lo aprobado por esta Cámara, de mantener esta última su posición, tendremos que ir a la formación de una Comisión Mixta, lo que claramente implica que el tiempo que resta no alcanzará para tratarlo.

En seguida está pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ante el requerimiento presentado por 14 senadores, quienes argumentaron que algunos artículos serían inconstitucionales, según antecedentes, este pronunciamiento demorará 20 días, aproximadamente, por lo que el Ejecutivo estimó conveniente esperar esa resolución, ya que como lo sostuvo el Subsecretario de Pesca, don Andrés Couve , el Gobierno acatará el dictamen y si es necesario, introducirá las modificaciones que se requieran.

En el artículo único, las letras a) y b) dicen relación con la adecuación de los textos a la nueva realidad, porque al derogar el inciso primero del artículo 4° transitorio, éste planteaba la asignación de los permisos de pesca, dentro del segundo semestre de 1990. Aquí se trata de dejar establecido que la asignación de los permisos de pesca, de todas las pesquerías declaradas en plena explotación, se asignen en el segundo semestre de 1991.

La Democracia Cristiana aprobará el proyecto de ley, porque consideramos que no lograremos cumplir los plazos de despacho, que vencían el 30 de este mes; pero queremos dejar constancia de nuestra molestia por las constantes prórrogas que ha sufrido en la Cámara Alta el proyecto de Ley General de Pesca y Acuicultura. No parece ser su disposición la misma que se tuvo con nuestros pares, al momento del estudio del mensaje, en las Comisiones y en la discusión del proyecto en la Sala.

Por eso, señor Presidente, no puede dejar de destacar el esfuerzo y el sacrificio realizado en las Comisiones Unidas de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, para cumplir con los plazos establecidos en la tramitación de esta ley, porque creemos en la importancia que tiene para el país su rápido despacho.

A nivel personal, hago presente las dudas que me asisten frente a la consulta presentada por un grupo de senadores, al filo del vencimiento de una fecha de conclusión de un trámite, lo cual perfectamente pudo haberse hecho con antelación. A mi juicio los Honorables Senadores están en todo su derecho. Pero sí quiero destacar que con este artículo único, se gana un año más en la aplicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, toda vez que las modificaciones alterarán sus disposiciones, al punto que la normativa tendrá efectivo cumplimiento solamente en enero de 1992.

A pesar de nuestras aprensiones, daremos la aprobación a este proyecto de ley.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palma, don Andrés.

El señor PALMA (don Andrés).-

Presidente, hace un momento señalé que me iba a oponer a este proyecto de ley. Fundamento mi oposición en el hecho de que, en mi opinión el Senado realmente le está tomando el pelo al país, al Gobierno, a esta Cámara de Diputados, a los industriales, a los trabajadores y a las personas vinculadas al sector pesquero, por la poca seriedad con que ha tratado este proyecto de ley.

Es la tercera prórroga que el Senado pide para tramitar un proyecto de ley que estaba anunciado en el mes de marzo, y que fue enviado al Congreso Nacional, poco tiempo después de su despacho por esta Cámara de Diputados, después de un debate serio y completo. No hay razón para que el Senado no haya tenido ese mismo debate serio y completo que tuvo esta Cámara de Diputados.

Por lo tanto, junto con oponerme pediré que se oficie al Ejecutivo en mi nombre, para que envíe un mensaje que derogue la ley 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, modificada por las leyes 18.977 y 18.999. Si no existe ese mensaje, simplemente, el Honorable Senado, por la mayoría no democrática que hay en su seno, que no representa la voluntad del país, ni la soberanía popular, continuará tramitando esto, y tendremos, dentro de tres meses más, probablemente otra solicitud del Senado para prorrogar una y otra vez la entrada en vigencia de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No es necesario indicarlo, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado señor Jeame Barrueto.

El señor JEAME BARRUETO.-

Señor Presidente, nuestra bancada va a dar su aprobación a esta nueva prórroga, por una razón práctica: porque en el plazo que queda resulta imposible terminar la tramitación del proyecto de Ley de Pesca. Es decir, no tenemos otra alternativa.

Sin embargo, también quiero agregar algunas consideraciones antes de aprobar este proyecto.

Me parece que la lentitud del Senado y las sucesivas prórrogas de la vigencia de esta ley revisten una tremenda gravedad. Esto afecta, ni más ni menos, al corazón de la Ley de Pesca, y significa que el establecimiento de cuotas de regulación de las capturas ya no será posible aplicarlo el próximo año, sino sólo determinarlo, y aplicarlo en 1992. En esa forma, aquellos sectores que en este país se oponen a la existencia de cualquier ley de pesca han logrado un importante objetivo. No se trata de que les gusten puntos más o puntos menos de esa iniciativa de ley, sino que se oponen a ella, para lo cual han expuesto distintas razones, incluso constitucionales.

Se agrega a esto un daño a la economía del país, porque la incertidumbre o la expectativa de una ley cuyo contenido se ignora, tiene efectos negativos en la actividad pesquera, en la inversión y en el comportamiento de los agentes más importantes del sector.

Quiero hacer notar que en la Cámara, 25 Diputados tuvimos 45 días para trabajar intensamente y sacar adelante esta iniciativa. En el Senado si no me equivoco se formaron Comisiones de 5 miembros cada una, y la tramitación del proyecto de ley lleva ya tres meses. Esto me hace pensar que hay un problema de falta de voluntad política en orden a sacar adelante una ley de mucha importancia para la economía del país y para los distintos sectores que laboran en esa actividad.

Por lo tanto, solicito a la Sala que, junto con aprobar la prórroga no nos queda otra alternativa se tome el acuerdo de oficiar al Senado en el sentido de que esta Cámara no dará nuevas prórrogas. En segundo lugar, sería conveniente que, en lo posible, sólo se dispusiera del mes de diciembre para despachar este proyecto, y no hasta el 31 de enero, fecha en que vence la prórroga, de modo que cumplirse ese plazo, se pueda tratar de nuevo esa iniciativa en la Cámara, o seguramente en Comisión Mixta.

Ignoro si es posible que, junto con aprobar la prórroga, se tome el acuerdo de oficiar al Senado.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, el primer proyecto de ley que debatió la Cámara de Diputados fue, justamente, la prórroga de la Ley de Pesca. Ha pasado suficiente tiempo y creemos necesario con más fundamentos que nunca, que exista una ley de pesca a la brevedad.

Pienso que ésta es la oportunidad de hacer presente la fórmula de trabajo que utilizaron las Comisiones Unidas de Pesca de la Cámara, las cuales dedicaron todo su tiempo para despachar dentro del plazo; visitaron las regiones del país, incluso, las Subcomisiones integradas por parlamentarios que no pertenecían a esas regiones; escucharon a todos los agentes pesqueros vinculados al tema, sin aceptar presiones de ningún tipo. De manera que, en el fondo, rechazamos que se siga postergando la aprobación de una ley que ya está suficientemente madura y es fundamentalmente para el país.

Como bien se ha dicho, en este momento no nos queda otra posibilidad que aceptar esta prórroga; lo haremos por última vez.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputados señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, siendo a nuestro modo de ver, pésima la Ley de Pesca promulgada durante el Gobierno militar, como oportunamente lo hicimos presente, y dado que el Congreso Nacional aún no despacha el proyecto de Ley de Pesca que oportunamente el Gobierno de don Patricio Aylwin sometió a nuestro conocimiento y aprobación, los Diputados radicales vamos a aprobar el proyecto de prórroga sometido a nuestro pronunciamiento en esta sesión, con las mismas reservas y prevenciones planteadas por los distinguidos colegas que me precedieron en el uso de la palabra.

Consideramos que esta prórroga debe concederse por última vez, y nos sumamos a las críticas y reservas sobre el comportamiento dilatorio que el Senado de la República ha tenido para abordar esta materia, lo cual ha llevado a que, en la práctica, la actividad pesquera sea tierra de nadie, lo que naturalmente favorece a ciertos sectores interesados en que esta situación se prolongue en el tiempo. Desde el punto de vista del interés nacional, ésta nos parece inaceptable.

He dicho señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Recondo.

El señor RECONDO.-

Señor Presidente, nuestro Partido, como lo señaló el Diputado señor Ulloa , dará su aprobación al proyecto que prorroga la puesta en vigencia de la Ley de Pesca.

También compartimos el criterio enunciado por varios señores parlamentarios, por cuanto nos parece inadecuada la conducta del Senado respecto de esta ley. Su demora en la tramitación no se concilia con la actitud de la Cámara de Diputados cuando discutió el proyecto en su primer trámite. Los esfuerzos desplegados por esta Corporación, con el fin de despacharlo en el menor tiempo posible, no han tenido eco en el Senado.

Pero también queremos decir que compartimos la actitud de algunos señores Senadores, en el sentido de enviar en consulta el proyecto al Tribunal Constitucional, fundamentalmente respecto del título El. En la discusión habida en esta Cámara sostuvimos que existían algunas dudas constitucionales o, al menos, manifestaciones que se trataba de una materia discutible u opinable. La Carta Fundamental establece la vía del Tribunal Constitucional para dilucidar esas dudas.

Desde esa perspectiva, es bueno para el Parlamento que las leyes que se aprueben no tengan vicios o dudas constitucionales.

Asimismo, queremos señalar que es absolutamente necesario para el país y para el sector pesquero nacional contar, a la brevedad, con una ley de pesca que permita regular esa actividad y asegurar su estabilidad y su desarrollo futuro.

Deseo, además, discrepar de lo manifestado por el Diputado señor Campos, en cuanto a que la ley promulgada durante el gobierno militar era pésima. Después del análisis y estudio del proyecto en trámite en el Senado y de la extensa discusión en la Cámara de Diputados, todos nos dimos cuenta al menos los parlamentarios que participamos en esa Comisión, en la cual, sin duda no participó el Diputado señor Campos de que la ley anterior no era pésima, sino que, por el contrario, constituía una legislación mucho mejor de lo que se imaginaban incluso las propias autoridades de la Subsecretaría de Pesca del actual Gobierno, quienes han reconocido en esa ley muchas virtudes que han sido recogidas en el actual proyecto, las cuales, sin duda, se adecúan bastante a la realidad pesquera nacional.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Seré muy breve, señor Presidente.

Sólo quiero decir que entendemos los conceptos expresados por el Diputado señor Palma, a quien le encontramos razón, en contra del Honorable Senado, por no agilizar el despacho de un proyecto de tanta importancia para el país y que favorece a un sector que está produciendo para la economía nacional un alto porcentaje de divisas.

Los Diputados democratacristianos, dada la relevancia que esa ley tiene para el sector mencionado, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley, expresando, eso sí, nuestro malestar por esta postergación, lo que perjudica los intereses de las regiones. Esperamos que el Senado se haga eco de lo que aquí se ha dicho y no vuelva, en el transcurso del tiempo, a solicitar una nueva prórroga, porque en esa eventualidad tendríamos que adoptar una decisión distinta.

He dicho, señor Presidente.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, me sumo a la preocupación por la falta de diligencia del Senado y anuncio que votaré en contra del proyecto, no sólo porque la Cámara de Diputados trabajó arduamente, sino porque creo que la entrada en vigencia de la ley actual es preferible a la situación que hoy día afecta al sector pesquero.

Existen problemas, urgentísimos, relacionados, por ejemplo, con la reserva que se otorga a los pescadores artesanales, la que en este momento no se está respetando. Hay barcos industriales pescando a menos de dos millas de la costa, con lo cual se perjudica a ese sector, e incluso se encarece el producto a toda la población. Quiero hacer notar que también hay flotas de barcos extranjeros pescando frente a nuestras costas. Más aún, se están abasteciendo en nuestros puertos, en circunstancias de que el proyecto de ley, mejorado en la Cámara de Diputados, establece la posibilidad de que el Subsecretario de Pesca no permita esa operación cuando se vean afectados los recursos, como es el caso de la merluza tanto en la Octava Región, como en otras regiones de nuestro país. También se encuentran operando los barcos japoneses, en circunstancias de que saben que en pocos meses más deberán salir de algunos sectores. Esto hace presumir que están operando a plena capacidad para tratar de explotar el máximo de recursos en lugares donde después no tendrán acceso.

Por lo tanto, considero irresponsable la falta de diligencia del Senado, aun cuando no comparto el criterio de que se trata de un sector del Parlamento, sino del cuerpo, en general, pues la responsabilidad es de todos.

En consecuencia, anuncio que votaré en contra de este proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de hoy, en tercer trámite constitucional, relativo a la pena de muerte.

Las modificaciones del Senado, impresas en el boletín N° 1-07, son las siguientes:

Artículo 1°.- Ha rechazado los números 1), 2), 3), 4), 5) y 6).

Número 7), Ha pasado a ser 1) y ha intercalado las palabras "encabezamiento del ", entre los términos "en el" y "artículo 245".

Ha agregado los siguientes números 2) y 3), nuevos:

"2) Reemplázanse en el número 1 del artículo 245 las palabras "que pueda favorecer" por "que favorezca", y el término "perjudicar" por "perjudique", respectivamente.

3) Agrégase al artículo 245 el siguiente inciso final:

"Sin embargo, si quien cometiere los delitos de los números 6° y 8° del inciso primero fuere militar profesional, el máximo de la pena aplicable será la de muerte".".

Número 8).- Ha pasado a ser 4), sin modificaciones.

Número 9).- Ha pasado a ser 5), reemplazado por el siguiente:

"Refúndense el encabezamiento del artículo 248 con su número 1°, reemplazado en los siguientes términos:

"Artículo 248.- Incurrirá en la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo el que pusiere en libertad a prisioneros de guerra con el objeto de que regresen a las filas enemigas".

Ha agregado los siguientes números 6) y 7) nuevos:

"6) Derógase el número 2° del artículo 248.

7) Agrégase al artículo 248 el siguiente inciso final:

"Sin embargo si quien cometiere el delito del inciso anterior fuere militar, el máximo de la pena aplicable será la de muerte"."

Número 10).- Ha pasado a ser número 8, sin modificaciones.

Ha agregado los siguientes números 9) y 10), nuevos:

"9) Reemplázanse el número 2° del artículo 252 por el siguiente inciso nuevo, que pasa a ser inciso segundo:

"El que conduzca comunicaciones, partes o pliegos del enemigo no siendo obligado a ello; o, en caso de serlo, no los entregare a las autoridades nacionales o jefes del Ejército al encontrarse en lugar seguro, será condenado a la pena de presidio perpetuo a muerte.".

10) Los números 3° y 4° del artículo 252 pasan a ser números 2° y 3°, respectivamente.".

Número 11).- Ha sido rechazado.

Número 12).- Ha pasado a ser 11), sin modificaciones.

Números 13) y 14).- Han sido rechazados.

Número 15).- Ha pasado a ser 12) reemplazado por el siguiente:

"12) Derógase el inciso final del artículo 287.".

Número 16).- Ha sido rechazado.

Número 17).- Ha pasado a ser 13), sin modificaciones.

Número 18).- Ha pasado a ser 14) reemplazando la abreviatura "N°" por la palabra "número".

Números 19) y 20).- Han sido rechazados.

Números 21) y 22).- Han pasado a ser 15) y 16), respectivamente, sin modificaciones.

Número 23.- Ha pasado a ser 17), reemplazando la abreviatura "N°" por la palabra "número".

Número 24).- Ha sido rechazado.

Número 25).- Ha pasado a ser N° 18), reemplazando la abreviatura "N°" por la palabra "número".

Números 26), 27) y 28).- Los ha rechazado.

Número 29).- Ha pasado a ser 19, sin modificaciones.

Ha agregado el siguiente número 20) nuevo:

"20) Agrégase al artículo 346 el siguiente inciso final:

"El militar que a sabiendas autorice el suministro a las tropas de víveres averiados o adulterados, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte si por consecuencia del hecho resultare alguna muerte.".

Número 30.- Ha pasado a ser 21) sustituido por el siguiente:

Intercálanse en el inciso tercero del artículo 347, entre las expresiones "el Ejército o parte de él," y "la pena podrá ser elevada", las siguientes palabras: "y el autor fuere militar.".

Número 31).- Ha pasado a ser 22), sustituida por el siguiente;

"22) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 348 la frase "presidio mayor en su grado máximo a muerte" por la frase "presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo.".

Ha agregado el siguiente número 23), nuevo:

"23) Agrégase al final del inciso segundo del artículo 348 la siguiente frase en punto seguido: "Sin embargo, si quien cometiere el delito fuere militar, el máximo de la pena aplicable será la de muerte.".".

Número 32).- Ha pasado a ser 24), sustituido por el siguiente:

"24) Reemplázase en el inciso primero del artículo 350 la frase "presidio perpetuo a muerte" por "presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo". En su inciso segundo, reemplázase la frase "presidio perpetuo" por "presidio mayor en su grado máximo".".

Ha agregado el siguiente número 25), nuevo: "25) Agrégase al artículo 350 el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero: "Sin embargo, si quien cometiere el delito del inciso anterior fuere militar, el máximo de la pena aplicable será la de muerte.".".

Número 33).- Ha pasado a ser número 26), sustituido por el siguiente: "26) Reemplázase en el inciso primero del artículo 351 la frase "presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo", por la frase "presidio mayor en su grado medio a máximo".".

Ha agregado el siguiente número 27), nuevo: "29) Agrégase al inciso segundo del artículo 351 la siguiente frase, en punto seguido: "Sin embargo, si quien cometiere el delito fuere militar, el máximo de la pena aplicable será la de muerte.".".

Número 34).- Ha pasado a ser 28), sin modificaciones.

Número 35).- Ha pasado a ser 29), agregando un punto final (.) al artículo 375 que se reemplaza por este número.

Número 36).- Ha sido rechazado.

Número 37).- Ha pasado a ser 30), sin modificaciones.

Número 38).- Ha sido reemplazado por los siguientes:

"31) Elimínase en el inciso primero del artículo 385 la frase final "o en situación peligrosa para su seguridad".

32) Reemplázase el número 1° del artículo 391, por el siguiente: "1° Con la pena de presidio militar mayor en su grado máximo a muerte, si el hecho ha tenido lugar a la vista del enemigo, y con reclusión militar mayor en su grado medio a reclusión militar perpetua si ha tendió lugar al frente de rebeldes o sediciosos;".".

Número 39) y 40).- Han sido rechazados.

Artículo 2°.- Números 1) al 11). Han sido rechazados.

Números 12) y 13).- Han pasado a ser 1) y 2) respectivamente, sin modificaciones.

Número 14).- ha sido rechazado.

Número 15).- ha pasado a ser número 3), sustituido por el siguiente:

"3) Reemplázase el artículo 142 por el siguiente:

"Artículo 142.- La sustracción de un menor de 10 años será castigada:

1.- Con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, si se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones.

2.- Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si durante la sustracción se cometieron actos deshonestos con el menor, y con presidio mayor en su grado máximo a muerte, si a consecuencia de la sustracción resultare homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1°, en la persona del ofendido.

3.- Con presidio mayor en cualquiera de sus grados, en los demás casos.

La sustracción de un menor de 10 años y menor de 18, será castigada:

1.- Con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo si se ejecutare para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones o si resultare un grave daño en la persona del menor.

2.- Con presidio mayor en su grado máximo a muerte, al que además cometiere homicidio, violación o alguna de las lesiones en los artículos 395, 396 y 397 N°1, en la persona del ofendido, y

3. Con presidio menor en su grado máximo en los demás casos.

Si los partícipes voluntariamente y sin que se haya pagado rescate devolvieren al menor sustraído libre de todo daño a sus padres, guardadores, encargados de su persona o a la autoridad, podrá imponérseles una pena inferior en dos grados a las señaladas en este artículo.".".

Número 16).- Ha pasado a ser 4), sin otra modificación.

Números 17) y 18).- Han sido rechazados.

Número 19).- Ha pasado a ser 5), sustituido por el siguiente:

"5) Reemplázase en el número 2° del artículo 433 la frase "presidio mayor en su grado mínimo a presidio perpetuo", por la frase "presidio mayor en su grado medio a máximo".".

Números 20) y 21).- Han pasado a ser 6) y 7), respectivamente, sin modificaciones.

Artículos 3°, 4° y 5°.

Han sido rechazados.

Artículo 6°.- Ha pasado a ser artículo 3°, con las enmiendas que se especifican enseguida:

Número 1).- Lo ha sustituido por el siguiente:

"1) Elimíname en el inciso primero del artículo 5° a) las palabras "o intimidar a la población".".

Ha agregado el siguiente número 2), nuevo:

"2) Agrégase al mismo inciso del artículo 5a a), antes de la frase que comienza "Si se diere muerte a la víctima", la siguiente: "Si el propósito fuere intimidar a la población, la pena será presidio mayor en su grado mínimo a muerte.".".

Números 2) y 3).- Han sido rechazados.

Número 4).- Ha pasado a ser 3), sin modificaciones.

Artículo 7°.- Ha pasado a ser artículo 4a, con las siguientes enmiendas:

Los literales a), b), c), han pasado a ser números 1), 2) y 3), respectivamente.

Letra d).- Ha pasado a ser número 4) y ha sustituido la palabra "final" por "tercero".

Letra e).- Ha pasado a ser número 5) y ha suprimido las palabras "inciso tercero del".

Artículo 8°.- Ha sido rechazado.

Ha agregado a continuación el siguiente artículo 5°, nuevo:

"Artículo 5°.- La pena de muerte sólo podrá aplicarse por la unanimidad de los miembros de la Corte Marcial o del Consejo de Guerra.".

El señor REBOLLEDO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor REBOLLEDO.-

Señor Presidente, cuando aprobamos en la Cámara, hace algunas semanas, un conjunto de disposiciones que suprimían la pena de muerte en nuestra legislación penal, consagrada como pena máxima en textos legales, nos congratulamos y quisimos interpretar este hecho como un proceso mediante el cual el derecho a la vida ganaba nuevos espacios en nuestra sociedad, después de un prolongado período en que la violencia, con resultado de homicidio de muchos chilenos, se había entronizado en el país.

Por esa razón, lamentamos que el Senado de la República haya rechazado numerosas indicaciones aprobadas, en su oportunidad en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y por unanimidad en esta Sala con posterioridad a fin de reponer la pena de muerte en diversas disposiciones sobre todo en el Código de Justicia Militar.

Para nosotros esta es una cuestión de principios. Por consiguiente, rechazaremos aquellas modificaciones del Senado que reponen la pena capital en diversos textos legales, sobre todo, en el Código de Justicia Militar. No entraremos a discutir artículo por artículo, o caso por caso, porque el fundamento que esgrimimos en la Cámara de Diputados para terminar con la pena capital en Chile, y que mantenemos, dice relación con una cuestión de principios. Seguimos pensando que el derecho a la vida es un valor supremo en una sociedad civilizada y que por lo tanto, el Estado, en circunstancia alguna, no tiene ni puede ejercer el derecho de privar de la vida a un ciudadano.

Rechazamos, en consecuencia, todas las indicaciones del Senado que reponen la pena de muerte para diversos delitos, sobre todo de naturaleza militar.

Reiteramos que ninguno de los argumentos dados para otorgar al Estado el derecho a aplicar la pena de muerte de un ciudadano, es consistente ni válido y así lo señalamos cuando abordamos este tema en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y durante el debate en la Sala. En cuanto al fundamento talional de "ojo por ojo, diente por diente" y, por ende, de que quien mata debe ser muerto, como pena impuesta por el Estado, argumentamos, en su oportunidad, su inaplicabilidad en materia penal y los graves inconvenientes que esta pena provocaría en relación con delitos contra la propiedad y con otros tipos de delitos.

Hemos dicho y reiteramos que la pena de muerte no permite salvar el error judicial, y son conocidos numerosos casos en que se ha ejecutado a personas inocentes, hecho que ha quedado demostrado con posterioridad.

No puede invocarse, por razones obvias, tratándose de la pena capital, uno de los fundamentos básicos en materia penal, cual es la rehabilitación del delincuente.

Finalmente, está probado, hasta la saciedad, que la pena capital no tiene fuerza intimidatoria o disuasoria en la comisión de delitos graves. Ello ha quedado demostrado, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, por cuanto en los Estados donde se aplica la pena no ha habido una disminución de la delincuencia o de delitos graves, en relación con aquellos Estados en los cuales no se aplica esa legislación.

Señor Presidente, nosotros, repito, por consideraciones de principios, porque creemos que la eliminación de la pena capital es una respuesta ético-jurídica adecuada de nuestra sociedad, después de un prolongado período en que la violencia se entronizó a costa de la vida de muchos chilenos, rechazaremos todas las modificaciones del Senado, que restablecen la pena máxima, la pena de muerte.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recuerdo a los señores parlamentarios que estamos en la discusión particular del proyecto y que, por tanto, hay que referirse al artículo l°, que modifica los números antes indicados; o sea, los artículos precisos del Código de Justicia Militar.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, este tema se resolverá en la Comisión Mixta, porque es obvio que en esta oportunidad se rechazarán algunas de las modificaciones introducidas por el Senado.

En relación con este artículo -y esta reflexión es extensiva a los demás que reponen la pena de muerte- soy contrario a ella y voté por su abolición. Sobre este tema, me preocupa el hecho de que al no haber pena de muerte en Chile y en ningún caso esta es una razón para restablecerla, la pena máxima es el presidio perpetuo, la cual de acuerdo con las normas de la libertad condicional, es de 15 años de cárcel, porque lo habitual es que después de cierto tiempo el condenado haga uso de este beneficio. En realidad la pena de muerte no se ha aplicado en Chile en los últimos años, desde el punto de vista judicial, es decir, decretada por un tribunal ordinario, para no entrar en un debate político.

El señor CARRASCO.-

El caso Letelier...

El señor SCHAULSOHN.-

Perdón, ¿desea una interrupción, señor Diputado?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Advierto que en este momento contamos con la asistencia de 39 ó 40 señores Diputados; o sea, en caso de que se retire cualquiera de ellos de la Sala, este proyecto no podrá votarse.

Puede continuar el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Quería agregar, señor Presidente, que en este momento existe un vacío en el Derecho Penal, porque es absolutamente insuficiente que el presidio perpetuo sea la pena máxima que pueda aplicarse a cualquier tipo de crimen, lo cual indefectiblemente se traduce en una libertad condicional, situación que oportunamente planteé en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y que tal vez la Comisión Mixta podría considerar.

Hay cierto tipo de delitos pueden ser de carácter militar, pero no exclusivamente que son atroces, en los cuales, en mi opinión, el juez que dicta la sentencia debería tener la prerrogativa de condenar a presidio perpetuo, sin derecho a libertad condicional, es decir, un presidio perpetuo que se cumpla. Naturalmente, dada la gravedad de esta sanción, debe aplicarse el mismo procedimiento vigente para la ratificación de las sentencias que imponen la pena de muerte, o sea, por la unanimidad de los miembros de la Corte Suprema. Esta es una herramienta que debemos entregar a nuestros jueces, especificando claramente el tipo de delitos de que se trata. Hay asesinatos con violación, con mutilación, que pueden afectar a menores y a mí, personalmente, no me satisface una pena que finalmente se traduce en 10 ó 15 años de prisión, y por lo general en menos.

Esta herramienta con la cual muchos países cuentan, en el sentido de condenar a presidio perpetuo sin derecho a libertad condicional, cuando se dan circunstancias que establece la ley deben ser numeradas taxativamente, es una modificación que nuestro ordenamiento penal necesita, puesto que no debemos dejar el vacío que se ha producido con pena de muerte o sin ella, porque como la pena capital es extrema, por razones obvias, rara vez se aplica.

Este planteamiento lo haré llegar en su oportunidad, a la Comisión Mixta que se forme para este efecto.

He dicho.

El señor CHADWICK.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CHADWICK.-

Creo innecesario repetir el largo e importante debate que sobre este tema tuvimos hace poco tiempo. Por lo tanto, seré muy breve en fijar mi posición.

Reitero mi planteamiento en cuanto a la legitimidad de la pena de muerte, fundado en el origen y atribuciones, que por su propia naturaleza, tiene la autoridad, como conductora y encargada del bien común.

Creo que el tema no está expuesto en relación a la legitimidad, sino en cuanto a las atribuciones o características de las penas, en conformidad con la técnica penal. En esa perspectiva, en lo relativo a la eficacia o característica de la pena, se hace una distinción acerca del tipo de delitos en que puede ser aplicable la pena de muerte y en cuáles no.

En razón de las características de la pena, de su retribución, de su rehabilitación, de su carácter de ejemplarizadora, soy partidario de mantener la pena de muerte en aquellos delitos que se cometen en situaciones de carácter bélico, fundamentalmente porque en el efecto retributivo es donde es más necesario, en razón de que, en esos delitos, la situación que se produce es que se afecta, por las condiciones y situaciones en que se efectúa, la vida de muchas personas, y por lo tanto, el efecto retributivo me parece proporcional a la pena de muerte para esos delitos; también, en cuanto al efecto ejemplificador, porque es difícil garantizar y asegurar, por parte de las Fuerzas Armadas, la seguridad de las personas que se ven enfrentadas a una situación bélica, de no existir una pena tan fuerte, como la de muerte, para aquellas personas que pongan en situación de inseguridad a la población.

Por eso, mi criterio, desde la perspectiva de la característica de la pena, es establecerla y mantenerla, de acuerdo con las modificaciones del Senado, en los delitos que se producen en situaciones bélicas; pero no aplico dicho criterio a aquellos delitos cometidos en situación de paz porque están dentro de nuestro ordenamiento común, como son los delitos contemplados en el Código Penal o en el Código de Justicia Militar, que no dicen relación con situaciones bélicas, como tampoco en la Ley de Seguridad Interior del Estado, ni en la Ley Antiterrorista. Creo que ahí no se da la situación del efecto retributivo y tampoco, a mi modo de ver, efecto ejemplificador que debe tener la pena.

Por lo tanto, orientaré mi votación, distinguiendo entre los delitos contemplados en el Código Penal y en las leyes especiales, cometidos en tiempo de guerra, y aquellos que se producen en tiempo de paz o en situación de normalidad.

Gracias, señor Presidente.

El señor ULLOA.-

Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, tendremos que hacer algunas consideraciones de orden general, para no hablar del mismo tema en cada artículo.

Lo cierto es que, finalmente, una de las dos ramas del Congreso ha actuado cuerdamente frente a esta materia. Hay antecedentes que nos indican que un asunto tan trascendente con éste se estaba tratando muy mal.

Curiosamente, el sentimiento mayoritario de nuestras poblaciones y distritos no es el que se reflejó en la votación de la Cámara de Diputados cuando se aprobó, en general, y en particular, el proyecto enviado por el Ejecutivo, sino otro muy diferente.

Considero necesario -como lo manifestó el Honorable colega señor Chadwick- hacer la diferencia entre los delitos tipificados en el Código de Justicia Militar y los que están contemplados en el Código de Procedimiento Penal, con sus penas respectivas.

Tengo la más clara convicción de que el Senado ha actuado correctamente. Las demostraciones diarias que estamos viviendo nos hacen concluir que esta medida es aconsejable.

Por otro lado, en este mismo texto comparado, existen varias normas en las que el Senado determinó la eliminación de la pena de muerte respecto de algunos delitos. Sin embargo, la mantiene en muchos.

Es curioso que alguien recién haya usado el argumento de que en los Estados Unidos ocurría así. Hace escasas tres o cuatro semanas, nos llegó la información de que la Cámara de Representantes de dicho país decidió aumentar el número de delitos por los cuales se aplicará la pena de muerte.

Yo insistí -cuando tratamos este tema en general- en que se estaba legislando de manera emocional. Vuelvo a decir lo mismo. También manifesté que estábamos legislando en forma muy atrasada. Este tema se discutió en los Estados Unidos en los años 60. Efectivamente, la pena capital se derogó en muchos estados. Hoy día, cuando nosotros estamos discutiendo el derogarla, en los Estados Unidos vienen de vuelta. Es lamentable que en vez de estar siempre en la vanguardia de estos temas, nos encontramos en la retaguardia de ellos.

Quiero insistir no sólo en la validez y legitimidad, sino también en la importancia real de que nuestra sociedad mantenga la pena de muerte en estos dos Códigos, porque ella cumple con los objetivos que efectivamente se pretenden. Por eso anuncio que en todos y cada uno de los artículos, votaré favorablemente las modificaciones introducidas por el Senado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, los Diputados radicales rechazaremos todas las modificaciones del Senado que significan el restablecimiento de la pena de muerte, que esta Cámara ya había abolido en el primer trámite constitucional de la iniciativa en estudio.

Oportunamente, hace meses, sostuve que éramos abolicionistas, partidarios de eliminar la pena de muerte de nuestro ordenamiento jurídico respecto de cualquier delito, sin distinguir si la incriminación estaba consagrada en el Código de Justicia Militar o en el Penal, si era delito militar o común.

No creemos que la pena de muerte cumpla una función de prevención general, y tampoco especial. También estimamos que no satisface las características y condiciones de las restantes sanciones penales. No tiene fundamentos de legitimidad y los esfuerzos dialécticos que han desplegado algunos colegas para justificarla, francamente no nos ha convencido.

Por último, estimamos que la resolución del Senado, que cambia sustancialmente el criterio que ya había aprobado esta Cámara, una vez más nos hace reflexionar sobre la legitimidad de su representación, y es bueno que la ciudadanía lo sepa.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, el Senado ha mantenido la reforma del artículo 245, en la parte general, que expresa: "Será castigado con la pena de presidio militar mayor, en su grado máximo a presidio perpetuo:". Pero le ha agregado a este artículo el siguiente inciso final: "Sin embargo, si quien cometiere los delitos de los números 6) y 8)..."; o sea, "El que con ocasión de combate o para impedirlo, arriare, mandare arriar o forzare a arriar la bandera nacional, sin orden del jefe superior, que pueda legítimamente mandarlo y "El que estando en acción de guerra o dispuesto a entrar en ella, se fugare en dirección al enemigo".

Si uno analiza los otros números, no se explica por qué razón no se suprime también la pena de muerte. El hecho de que la legislación militar contemple un Consejo de Guerra, donde no existen el debido proceso, las garantías mínimas y donde el afectado no podrá plantear su defensa, hacen necesario rechazar este agregado y mantener el artículo 245) en la forma despachada por esta Cámara, es decir, suprimir la pena de muerte del N° 1) al N° 8) del artículo 1° del proyecto.

Nada más, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Salas.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, quisiera pedir un minuto de atención a los señores Diputados, porque esta tarde no podría dejar de exponer un hecho ocurrido en Coronel, desde donde me han llamado para comunicármelo.

No soy abogado ni jurista, pero el Diputado Schaulsohn ha dicho algo que podría corregir, en parte, la modificación que estamos aprobando sobre la abolición de la pena de muerte, porque cuando establecemos una ley tan profunda y de tanto significado como ésta, afectamos el destino de todos los chilenos. Por lo tanto pienso que debemos actuar con mucha responsabilidad y seriedad.

Hoy en la tarde he recibido el llamado de una persona amiga, del distrito de Coronel, una comuna de la provincia de Concepción. A las ocho de la mañana, un individuo raptó a la niña Nadia Espinoza Jiménez , de 13 años, estudiante, que vestía su uniforme e iba a la Escuela D673, de Coronel, Villa Mora. Este hombre llevó a la niña hacia una población que se llama "La Colonia"; la ultrajó, la mató y la descuartizó con un cuchillo. Y es reincidente.

Quiero decirlo para quedar tranquilo con mi conciencia. A veces legislamos creyendo representar la expresión y la opinión de todos los chilenos, y a lo mejor, no es así, porque la población de Coronel salió en busca de este tipo, lo agarraron, sino llega Carabineros, sencillamente lo habrían colgado o matado en ese momento. Y para poder quitárselo a la poblada, que quería ultimarlo por este hecho tan triste y tan tremendo, tuvieron incluso que pedir refuerzos.

En la cárcel de Coronel, donde llevaron a este hombre después de trasladarlo del hospital -quedó herido porque los pobladores querían matarlo- hay mucha gente afuera en estos instantes, la que pide sencillamente que lo fusilen, por cuanto la indignación del pueblo llega hasta ese extremo.

Coronel es un pueblo de mineros, de gente pobre; allí no vive gente rica. Por lo tanto, esto me hace mucho peso y me produce cargo de conciencia. Y discúlpeme los señores Diputados, pero no habría quedado tranquilo si no hubiera dicho estas cosas.

Es posible que, de abolirse la pena de muerte, haya alguna solución para que las personas que cometen estos actos nunca más salgan de la cárcel. Porque el que mata dos veces, el que viola dos veces, es un enfermo, y no puede salir de su lugar de reclusión. Son personas que, a lo mejor, nacieron para matar, para hacer daño, y no merecen misericordia si ellas no la tienen con los demás.

Nada más, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quiero indicarle, señor Diputado, que, en todo caso, la figura delictiva a la cual usted se refiere viene más adelante en este proyecto de ley. Por tanto, ese será el momento de discutirlo, ya que hay una reforma específica del Senado sobre el caso de secuestro de menores con causa de muerte. En esa ocasión usted y todos nosotros podremos fundamentar nuestra votación.

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Gracias señor Presidente.

Quiero referirme específicamente al artículo 245, y entiendo perfectamente bien que más adelante trataremos el caso del rapto de menores seguido de homicidio, de violación o de cualquiera de las otras situaciones descritas.

Por tal razón, manifiesto mi acuerdo con una parte del artículo 245, en la cual el Senado mantiene la propuesta de la Cámara, en cuanto a la penalidad de los delitos señalados en este artículo, con excepción, obviamente, de lo dispuesto en los números 6 y 8 del mismo, ya que, por principio, estoy en desacuerdo con la aplicación de la pena de muerte.

Siguiendo el razonamiento del Senado sobre el reemplazo, en el número 1, de la expresión "que pueda favorecer" por "que favorezca", y del término "perjudicar" por "perjudique", tal vez sería conveniente acotar, en este momento, que el mismo principio debería seguirse en relación con el número 5 del artículo 245, en cuanto "sanciona a quien propalare especies o ejecutare actos que puedan producir la dispersión de las tropas o impedir la reunión de las que se encuentren dispersas o rezagadas".

Sería conveniente, quizás que esta disposición se revisara respecto de efecto posible, o eventual, que significa la expresión "puedan", la cual podría reemplazarse por "producida". Esa es mi proposición y aporte a la discusión de esta norma.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, como me había inscrito al comienzo de lo que fue una especie de discusión general, referida a todos los artículos, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer unas breves consideraciones sobre el punto principal en debate que fue planteado por el colega Chadwick y por otros Diputados de la UDI o de Oposición, punto central formulado en la discusión del proyecto en el Senado. Es el problema de que subsista la pena de muerte, tratándose de los delitos cometidos en caso de existir guerra externa.

Deseo hacer, en este aspecto, algunas muy breves consideraciones. En primer término, ya expusimos, en la discusión general, todas las razones en virtud de las cuales, en nuestro concepto y en el de esta Honorable Cámara, debe haber una derogación general de la pena de muerte. Lógicamente, esas razones tienen plena vigencia, tratándose también de los casos de guerra extema. Pero en el caso de guerra externa, existen aún mayores razones para abolir la pena de muerte.

Tales razones son las siguientes: En primer término, en caso de guerra externa, los delitos necesariamente, deben ser conocidos por un tribunal no especializado, no letrado; por consiguiente, carente de la idoneidad suficiente para resolver la situación planteada. Concretamente, según el Código de Justicia Militar, los delitos, en ese caso, son conocidos por los Consejos de Guerra, que están integrados por siete personas, de las cuales seis no son letrados. Esto posibilita mucho más la situación del error judicial, que, como ya lo habíamos visto al tratar en general el proyecto, en el caso de la pena de muerte tiene la situación tan especial de ser irreparable. También tratándose del juzgamiento de los delitos cometidos durante guerra externa, existen procedimientos que, indudablemente, no dan ninguna garantía de un adecuado proceso. Efectiva y prácticamente, según los artículos 180 y siguientes del Código de Justicia Militar, se establece un procedimiento muy breve: una sola audiencia, en que debe hacerse la defensa, rendirse las pruebas y dictarse inmediatamente la sentencia. Incluso, los jueces no pueden abandonar el lugar en que se está juzgando a la persona, sin antes haber dictado sentencia. No procede en este caso la apelación, es decir, hay una instancia única. Y es uno de los pocos casos en nuestra legislación en que, por disposición expresa del artículo 79 de la Constitución Política, la Corte Suprema no tiene jurisdicción, es decir, carece de competencia para revisar el asunto. También, en este caso, el inculpado no tiene absolutamente ninguna posibilidad de adecuada defensa. En el frente no puede pensar en un abogado; es un uniformado quien lo defiende, vale decir, una persona subordinada jerárquicamente a los integrantes de tribunal. Tan claro es esto, que el Código de Justicia Militar establece expresamente que quien defienda al reo deberá comparecer uniformado.

En cuanto a la prueba, se aprecia en conciencia, lo cual significa, señor Presidente, que no rige ninguna de las normas reguladoras de aquélla.

Todo esto hace, en síntesis, que, en este caso, el inculpado carezca de las garantías mínimas para un adecuado proceso, lo que es sumamente grave, tratándose de hechos que pueden terminar con una pena tan grave como es la pena de muerte.

Nosotros, aquí en Chile, hemos tenido una experiencia de lo que fueron los consejos de guerra, y, aunque yo pudiera relatar muchas experiencias de tipo personal y citar muchos casos de jurisprudencia muy dramática, es preferible hacer una referencia a lo expresado por el ex Presidente de la Corte Suprema don José María Eyzaguirre , quien, al discutirse la reforma a la Constitución Política y refiriéndose precisamente a los consejos de guerra, expresó textualmente: "No pretendo en forma alguna ofender a los Tribunales Militares, pero algunas de las sentencias de esos Tribunales en tiempo de guerra fueron pavorosas. Carecían de considerandos, no apreciaban pruebas. Sencillamente, se condenó a personas por un solo hecho a dos penas distintas que, en ciertos casos, llegaron a 30 años cada una".

En síntesis, señor Presidente, los Diputados de la Democracia Cristiana, al menos personalmente yo y entiendo que la mayoría de los Diputados de nuestra bancada, votaremos en contra del predicamento del Senado, aun en el caso extremo de procesos relacionados con posibles penas de muerte en situación de guerra externa.

He dicho.

El señor ROJO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, la situación explicada por el Diputado señor Salas no nos puede hacer cambiar el concepto general de supresión de la pena de muerte, porque si bien una ejecución es muy lamentable, no puede, a su vez, justificar otra medida igual. Estoy por mantener lo aprobado por la Cámara, basado en el principio de que la pena de muerte, en todas las circunstancias, no debe ser aceptada. Lógicamente que frente a situaciones como ésta, donde no son normales lo seres que ejecutan los hechos, debería la sociedad tomar las medidas suficientes como para poder sancionarlos en forma ejemplar.

Nada más, señor Presidente.