Labor Parlamentaria

El señor CONCHA (de pie).-

Señor Presidente al son de los clarines de la Patria, el 18 de Septiembre, Luis Papic Ramos , quien fuera Vicepresidente de esta Cámara, partió al Más Allá buscando el reposo que su agitada estancia en la tierra no le dio. Es, pues, el momento de recordar quién fue y cómo fue este hombre de la pampa nortina, formado en la aridez del desierto, en sus soledades y distancias infinitas, recorridas en uno y otro sentido, ejerciendo variados oficios que disimulaban su alma de minero. Iluso y esperanzado perseguía descubrir la veta que lo llevara al yacimiento que colmaría sus inquietudes.

Sin embargo, no fue en el norte, sino allá en el sur, donde viviendo recuerdos de andanzas pampinas, acompañando a Radomiro Tomic , empujado por el viento, mojado por la lluvia, entre mieses y bosques, encontró la veta de su superación personal. Dejando atrás el comercio que ejercía promisoriamente, se adentró en la política para servir a los demás, a su comuna, a su provincia, al país y a la causa de sus amores de siempre: la Democracia Cristiana.

Sí, fue un hombre de nuestras filas, formado ideológicamente desde muy joven en el humanismo cristiano, que adhirió a su conciencia del mismo modo como la piel cubría su cuerpo. Se empapó en su savia y fue fiel a ella.

Entró en la política por la puerta chica, del mismo modo como la inmensa mayoría ha hecho sus primeras armas. En efecto, fue elegido Regidor en Río Bueno; demostró en labor tesonera, fuerza y capacidad que los vecinos comprendieron al ungirlo Diputado en 1961, al reelegirlo en 1965 y, después, al hacerlo Senador por la Novena Circunscripción, £n 1969, funciones que desempeñó hasta la clausura del Congreso, por el golpe de Estado, en 1973.

Por sus cualidades y condiciones relevantes fue Vicepresidente de ambas Cámaras, cargo que cumplió con brillo y decoro a plena satisfacción de todas las bancadas. Fue luchador infatigable por su zona, cuyo verdor y humedad penetraron sus poros, constituyendo su segunda personalidad tras su alma pampina, de la que no se desprendió jamás. Laborioso, impetuoso, vehemente, pero, sobre todo, solidario. Se entregó al servicio de los demás. Muchos hoy recuerdan el favor cumplido, la casita obtenida, el camino construido, la obra realizada. Otros, recordarán sus intervenciones fuertes, duras, francas como su personalidad, reclamando la aplicación de medidas en favor de la comunidad que representaba, asolada por el terremoto de 1960, cuyas secuelas directas estuvieron vigentes muchos años mientras que las indirectas aún persisten. Fue intransigente para obtener la solución de los problemas que afectaban al país y a su zona. Pero, aun cuando pareciera una paradoja, no fue sectario ni dogmático. No fue un ideólogo, ni tampoco un eximio orador; pero su voz tronante a menudo sonaba como latigazo, especialmente cuando denunciaba el incumplimiento de la ley o protestaba por las injusticias, o cuando con su tenacidad característica exigía que empresas como ENAP, las carboníferas u otras cumplieran sus fines en beneficio del país y no de intereses foráneos.

Era recio y batallador. Tal vez, por lo mismo, ocurrido el golpe de Estado, sus ideas democráticas libertarias sufren una tremenda decepción: el mundo del respeto de los derechos de los hombres, de la organización democrática del Estado, de la seguridad y libertad que era su mundo, había sido deshecho y destruido por quienes tenían la misión de asegurar y tutelar su normal y expedito funcionamiento.

Desilusionado, vuelve al norte, confiando en sus propias fuerzas y capacidades. Se dedica a la explotación del agua mineral "chusmiza", y, al mismo tiempo, organiza una empresa de transportes que luego traslada a Bolivia, debiendo regresar cuando allí, empezaba a tener éxito. Incursiona en la minería. "La Baritina" debiera llevar su nombre. La explotación la inició él. Hoy, otros recogen sus frutos, terminó su vida frente a su floreciente empresa, que continuarán sus hijos y su viuda.

Fuimos compañeros de muchas luchas y campañas. Juntos hicimos una etapa partidista, sazonada por el sacrificio y el esfuerzo, guiada por su optimismo inagotable, alimentada por su entrega constante, doblemente valiosa por provenir de un hombre que se formó a sí mismo.

Tuvo defectos, como todo ser humano; pero la comunidad los perdonó u olvidó. Hoy solamente valora sus hermosas cualidades, cuya huella imborrable queda allá en la pampa árida y en el sur lluvioso.

La Democracia Cristiana rinde homenaje a la memoria de este hombre de méritos, que alcanzó en la vida altas posiciones, que desempeñó con dignidad y muy honrosamente, para prestigio de sí mismo, de esta Cámara y de nuestro Partido. ,

Solicito al señor Presidente enviar a la familia las condolencias de la Cámara de Diputados.

He dicho.

La señora MALUENDA .-

Señor Presidente, hace 49 años nació el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, gracias a la pasión y al entusiasmo de un grupo de universitarios dirigidos por Pedro de la Barra.

Pedro de la Barra regresará mañana a Chile acompañado de una importante delegación venezolana que encabeza la Ministra de Cultura, señora María Teresa Castillo, gran mujer de la cultura venezolana, e integrada por un importante grupo de representantes de su ambiente teatral y artístico.

Quiero, esta tarde, traer un poco a la memoria de todos lo que fue Pedro de la Barra.

Pedro de la Barra murió en Caracas, el 7 de julio de 1977. Por eso, ahora, en las condiciones democráticas de nuestro país, regresa a su Patria como lo he mencionado.

Pero en aquel momento, cuando Pedro murió en Caracas, sus amigos decidimos hacer un acto que permitiera rendirle el homenaje que era posible efectuar en aquel año 1977. Este homenaje lo organizamos: Roberto Parada, César Cecchi, crítico de arte, y quien habla.

Esta tarde, en un escenario que nunca pudimos imaginar en nuestros sueños de juventud, quiero traer la presencia de Pedro a través de las palabras que yo escribiera en aquellos días, en que llorábamos su desaparición. Me voy a permitir leer esas palabras:

"Querido Pedro: debo escribir sobre usted y, francamente, no sé por dónde comenzar ni terminar. Usted me comprendería perfectamente.

"La vida y las personas son tremendamente complejas. Usted hizo muchas cosas importantes. Es difícil resumirlas. Fue capaz de mover, promover y organizar el entusiasmo y la vocación de un grupo de personas que, como usted, amábamos y amamos el teatro. Y con eso, recogiendo experiencias de aquí y de allá, plantó un árbol que ha crecido, que ha dado muchas ramas, flores y frutos. Aun cuando el otoño y el invierno pretendan dejarlo desnudo a veces, la primavera vuelve siempre.

"Es más claro si cuento, simplemente, que fundó usted el Teatro Experimental de La Universidad de Chile. El teatro que comenzó su vida sobre el escenario una mañana en que nos estremecían el frío, los nervios de enfrentar al público y los titulares de los diarios.

"Las hordas nazis invadían la Unión Soviética. Era el 22 de junio de 1941. Salimos adelante. Trabajamos muchos años juntos. De usted aprendimos las cosas más fundamentales para el trabajo teatral y, yo diría, para cualquier trabajo: la importancia del esfuerzo en común, el sentido riguroso de la disciplina, el respeto por la labor de los demás.

"¡Ay del que llegara atrasado, del que no hubiera estudiado oportunamente! ¡Ay del que conversara durante un ensayo!

"Después, usted creó y recreó otros teatros. Consiguió una ley para financiar el Departamento Artístico: teatro, escuela, orquesta, etcétera, de la Universidad de Chile en Antofagasta.

"Su nombre cruzó las fronteras de la Patria. Se le conoció dentro y fuera de Chile como director, como organizador, como dramaturgo.

"En muchas partes querían contar con su presencia; pero a usted se le hacía cuesta arriba alejarse de su país. Las pocas veces que acepto hacerlo, sólo quería regresar pronto. Ahora que usted está muerto, alguien decía el otro día: "Tengo la risa de Pedro en los oídos". Es cierto, usted sabía reírse y también supo lo que era llorar.

"En éste, su último viaje sin retomo, recibió el golpe más brutal. Ya era bastante duro el hecho de que la Universidad de Chile, para la que fue y será un honor haberlo contado entre sus colaboradores, le hubiera quitado su cargo. Pero llegar a otro país, por muy acogedor y hermano que sea, para recibir en ese mismo instante, la trágica noticia del asesinato de su hijo y de su nuera, cuando iban a dejar a su niño al colegio, era un golpe despiadado para su corazón. Fue su primer infarto.

"Ahora, todos reconocen sus méritos y su obra. Están seguros de que el tiempo la agrandará. Todo eso es más que justo.

"Quienes fuimos sus compañeros de trabajo y sus amigos, agradecemos que la Universidad Nacional de Caracas le rindiera los honores que debió recibir en su país y de su universidad.

"En esta hora de lágrimas seguimos viendo al compañero, exigente, vital, lleno de cordialidad y encanto, al hombre que sabía manejar esa sabiduría humana propia del campesino, porque usted era sobre todo un hombre de la tierra, de su tierra. Esa tierra que añoraba dolorosamente y que tan intensamente quería hacer vivir en su obra.

"Al despedirme me vienen a la memoria tantos ensayos, estrenos, funciones y horas compartidas al final de la jomada. Y aquélla canción, de la primera obra grande con que celebramos el centenario de la Universidad de Chile, en el Teatro Municipal: "que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo".

"Querido Pedro: a usted, como muchos que entregaron sus vidas para engrandecer a la Patria, no pueden matarlo. No ha muerto. Está de nuevo entre nosotros."

Agradecemos ahora no sólo a la Universidad de Caracas, sino que a Venezuela, al Gobierno de ese país, que nos traiga la presencia de Pedro de la Barra, quien supo cumplir, junto a quienes lo acompañamos en la creación del Teatro Experimental, con las metas que nos habíamos propuesto: crear un ambiente teatral, difundir el teatro universal y chileno, promover el desarrollo de chilenos que escribieran teatro, de dramaturgos, y crear una escuela de teatro.

Creamos la primera escuela de teatro universitaria en América Latina.

Por eso, Pedro, usted está presente y vivo entre nosotros.

Gracias por todo lo que hizo, gracias por todo lo que sembró y que sigue vivo y creciendo.

He dicho.

El señor ORTIZ (de pie).-

Señor Presidente de la Cámara de Diputados en ejercicio, estimados y Honorables colegas parlamentarios. En nombre de la bancada democratacristiana, tengo el alto honor de rendir un homenaje muy sincero al hombre del teatro chileno, don Pedro de la Barra (Q.E.P.D.), cuyos restos mortales, en el día de mañana, llegarán a Santiago de Chile, procedentes de Caracas.

El es el innovador del teatro contemporáneo. Lo hizo con las puras manos, con una voluntad de hierro, bajo el alero de la principal casa universitaria, en los buenos tiempos de don Juvenal Hernández y de otros patriarcas, aglutinando estudiantes, actrices, actores, público y, también, formando instructores, directores, escenógrafos, iluminadores, maquilladores, renovando repertorio, superando la crisis que, en forma conjunta y colectiva, vivió el teatro chileno cuando apareció el cine sonoro.

Pedro de la Barra funda, el 22 de junio de 1941 el Teatro Experimental de la Universidad de Chile que, al decir del insigne poeta, Andrés Sabella, "nació bajo dos lluvias de domingo, la de Santiago, que caía sin piedad sobre las calles, y la de los aplausos del público, asombrado, que de mañana colmaba el viejo teatro Imperio", que, entre paréntesis, fue cedido por Lucho Córdoba, otro gigante del teatro.

La labor que despliega antes, durante y después de esa fecha, constituye, sin discusión un hito en la historia de la dramaturgia chilena. Es reconocida por moros y cristianos, ya que revoluciona las antiguas técnicas teatrales. Se le da un nuevo sentido al arte escénico; se estudia a los clásicos españoles y, también, con entusiasmo y seriedad, a los clásicos chilenos; se organizan clases, foros y seminarios; se llama a concursos para dirimir, con transparencia y seriedad, lo méritos de la creación e imaginación de los postulantes a ingresar al Teatro Nacional; se programa la puesta en escena; se realizan giras; se estudia; se ensaya. En síntesis, colegas parlamentarios, se profesionaliza la expresión dramática en nuestro país; se crea, en definitiva, un nuevo concepto del espectáculo.

Su ejemplo prende en las juventudes de la época; aparecen émulos creadores. Por nombrar a algunos de los más destacados, mencionaré a Gabriela Roepke, María Asunción Requena, Isidora Aguirre, Fernando Debesa, Fernando Cuadra, Luis Alberto Heiremans, Sergio Vodanovic, Egon Wolff, Alejandro Sieveking, entre otros.

Empezaba, con esto, la primavera del teatro chileno. En esa época, florecieron los escenarios. Nació el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica de Chile, el Universitario de la Universidad de Concepción, el Bancario de Santiago, el ICTUS, los Feriantes, entre los más renombrados.

Pedro de la Barra, que había nacido en Santiago el 23 de octubre de 1912, estudió en el Liceo de Talca; en el Instituto Nacional; luego siguió castellano en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y arte dramático en Europa. Esparce la semilla por todo el territorio. Escribe piezas originales, como "La feria", "Viento de proa", "La Piojera", por mencionar algunas de ellas. Emprende giras por Perú y Argentina. Comienza a obtener una serie de premios y distinciones: Ilustre Municipalidad de Santiago, Compañía de Acero del Pacífico, ASIMET, del Sindicato de Actores, el Premio Caupolicán de los años 1951 y 1956, el Premio Nacional de Arte en 1952. Funda y dirige Chile Films, la Escuela de Arte Escénico, Actúa en la película "Hollywood es así". Fue profesor de actuación e interpretación teatral en las Universidades del Norte, de Arica y también de mi ciudad de Concepción. En esto, los penquistas tenemos que reconocer que, entre los años 1958 y 1960, es el director y fundador del teatro de la Universidad de Concepción, llamado por el Rector de la época, don David Stitchkin Branover.

Pedro de la Barra y David Stitchkin, sin discusión, son los forjadores de la semilla que germinó, generosa y brillante, en toda la Octava Región. Allí se ha preservado la cuna de grandes valores de la cultura, más allá e independientemente de las lógicas perspectivas ideológicas.

Vivió por y para el teatro y también para su señora esposa y sus tres hijos oriundos de Antofagasta. Se acercó al Caribe profesionalmente. Cuando fue contratado por el Consejo Nacional de Cultura de Caracas, le afectaron el clima, los hábitos y, como a tantos seres sensibles, la nostalgia por Chile.

Y un día 6 de julio de 1977 se nos va de un ataque cardíaco. Empero, su presencia y coraje en una empresa como la descrita seguirán perennemente iluminando las tablas del teatro chileno.

Como escribiera un amigo común y personal, cuyo seudónimo es Santiago Manso, Pedro de la Barra, supo cómo nadie que la alegría y la tristeza son hermanas gemelas, y que ambas son hijas de la vida.

He dicho.

Moción de los Diputados señores Dionisio Faulbaum Mayorga, Jaime Rocha Manrique, Jaime Campos Quiroga y Mario Devaud Ojeda.

OTORGA RECUPERACION DE NACIONALIDAD A TODOS LOS CHILENOS QUE RENUNCIARON A ELLA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 Y 10 DE MARZO DE 1980.

(boletín N° 172-06)

“La migración forzosa de muchos chilenos en el período comprendido entre el 11 de Septiembre de 1973 y el año 1988, por motivos de orden político o económico, constituyó el caso más grave que conoce la historia del país de Exilio Político, cuya magnitud no ha sido posible establecer con precisión.

Las razones que motivaron el Exilio Político fueron de muy variada índole, entre las que se cuentan: aquellas que buscaron refugio en sedes diplomáticas; las que abandonaron el país por allanamientos, detenciones; los condenados a penas privativas de libertad, los que obtuvieron conmutación de la pena; las expulsadas del país; las que tuvieron prohibición de ingreso al país y aquellas personas a las cuales se les negó la posibilidad de trabajar en él. Todas ellas debieron abandonar el país para buscar mejores condiciones de vida, lejos de su Patria.

En razón de los expuesto anteriormente es un deber y una obligación ineludible de nuestro país crear las condiciones necesarias para la reinserción, en la Sociedad, de todos los chilenos que retornan a su patria de origen.

Las condiciones, de toda índole, que originaron el exilio han desaparecido, pero sin embargo, se mantienen aún algunas de sus atroces consecuencias.

En efecto, luego de abandonar el país, en extrema condiciones de necesidad, muchos de nuestros compatriotas se vieron en la imperiosa obligación de tener que adoptar una nacionalidad distinta a la de país que los vio nacer.

Esta situación de inhumanidad debe ser reparada por cuanto somos nosotros como país y como pueblo los que tenemos que hacer sentir no sólo, es el texto legal, como chilenos a quienes en definitiva jamás dejaron de serlo.

La Constitución Política del Estado de 1925 contemplaba en su artículo Sexto una excepción a las reglas de perdidas de nacionalidad; en el inciso final de este artículo se establecía "La causal de pérdida de nacionalidad chilena prevista en el N° 1° del presente artículo no rige en los casos en que, a virtud de disposiciones legales o constitucionales de otros países, los chilenos residentes en ellos deban adoptar la nacionalidad del país en que residan como condición de su permanencia."

Queda en evidencia al hacer un análisis de la situación que las personas que se hubieren nacionalizado por diversas razones de "igualdad jurídica" con los nacionales del respectivo país perdían su nacionalidad de origen y por lo tanto se producían situaciones que estaban al margen de las normas internacionales sobre derechos humanos.

Esta situación es la que en definitiva buscarnos reparar.

La Constitución de 1980, en su artículo 11, inciso segundo contempla en forma más amplia que en el artículo 6° inciso final de la Constitución Política de 1925 la hipótesis anteriormente planteada, por cuanto de acuerdo a la Constitución vigente ya que no sólo se puede adoptar la nacionalidad extranjera, sin pérdida de la nacionalidad chilena en razón de algún requisito establecido por las normas del respectivo país para la permanencia en él sino que, además, pueden hacerlo para obtener la "igualdad jurídica en el ejercicio de los derechos civiles con los nacionales del respectivo país".

Como una reparación moral y jurídica para con nuestros compatriotas se hace necesario que las personas que adoptaron una nacionalidad extranjera en razón del "cumplimiento de algún requisito de permanencia y de lograr la igualdad jurídica en el ejercicio en los derechos civiles con los habitantes" (del respectivo país) la recuperen y se entienda que no la han perdido jamás.

Sólo por esta vía y conforme a la normativa vigente estaremos devolviendo a nuestros compatriotas parte importante de sus vidas, por cuanto vuelven a tener la nacionalidad de sus antepasados que los vieron nacer.

Como consecuencia de la recuperación de la nacionalidad a que hemos hecho referencia en los párrafos anteriores, se hace necesario que los organismos administrativos del Estado otorguen para las personas a quienes beneficia el Proyecto de Ley de máximo de facilidades para logra su plena reinserción en el plano jurídico y administrativo.

Por eso es más evidente que se eliminen las cancelaciones de nacionalidad chilena y se expenda la documentación correspondiente esto es, Cédula Nacional de Identidad, Pasaporte, Partida de Registro Civil y todo aquel documento exigido para ejercitar los derechos que les correspondan.

Por las consideraciones antes señaladas venimos en someter a vuestra consideración esta Moción como:

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1° .- Los chilenos que se nacionalizaron en cualquier otro país durante el lapso comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1980, y que lo hubieren hecho con el objeto de permanecer en ese país y de lograr la igualdad jurídica en el ejercicio de los derechos civiles con sus habitantes, recuperen la nacionalidad chilena para todos los efectos legales y se entenderá que no la han perdido jamás.

Artículo 2° .- El Servicio del Registro Civil e Identificación procederá a eliminar las cancelaciones de nacionalidad chilena que se hubieren practicado respecto de las personas a la que se refiere esta ley, a requerimiento del interesado, y otorgará la documentación respectiva ésto es, Cédula de Identidad, Pasaporte, Partida de Registro Civil y todo instrumento que necesiten para acreditar su nacionalidad chilena. El procedimiento administrativo pertinente será determinado por un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia.

(Fdo.): Dionisio Faulbaum Mayorga, Autor".

Moción de los Diputados señores Hernán Bosselin Correa, Sergio Pizarro Mackay, Hernán Rojo Avendaño, Gutenberg Martínez Ocamica, Juan Concha Urbina, Ramón Elizalde Hevia, Sergio Ojeda Uribe, y de la Diputada señora Eliana Caraball Martínez.

MODIFICA EL CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES DEROGANDO LAS NORMAS QUE MANTIENEN EN SECRETO O RESERVA RESPECTO DE LA CALIFICACION DE MINISTROS, JUECES Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL, RESTABLECIENDO LA PARTICIPACION DEL COLEGIO DE ABOGADOS.

(boletín N° 173-07)

"Honorable Cámara:

Condición necesaria para el correcto funcionamiento del Poder Judicial, es la existencia de un sistema de Calificación de Ministros, jueces y funcionarios públicos adecuado.

Las actuaciones judiciales son por norma general, salvo el secreto del sumario, públicas.

No se divisa razón para mantener en materia de calificación funcionaria, reglas que consagran el secreto o la reserva de las audiencias en que ellas se efectúan o disponen que los informes de las Cortes son confidenciales.

La normativa vigente preceptúa que los acuerdos sobre calificación de las Cortes de Apelaciones se mantienen reservadas, en un libro especial; y para efectuar la misma la Corte Suprema se reunirá en audiencia secreta.

No nos parece que tal secreto se condiga con un procedimiento administrativo que ofrezca garantías de completa ecuanimidad.

En la antigua Legislación se contemplaba la participación del Colegio de Abogados.

Más aún, su Presidente integraba la Corte Suprema en el proceso de Calificación General.

Dicha norma, por el prestigio de la orden de los abogados, debe restablecerse.

No parece atendible la norma que señala: La Corte Suprema, cuando lo estime conveniente para el buen servicio, podrá calificar, por sí misma a los empleados de cualquier tribunal del país. En efecto, esa es una permanente espada que pende sobre cada funcionario, no sujeta a control directo alguno.

Igualmente, no nos resulta aceptable el artículo 278 bis del Código Orgánico de Tribunales, que confiere facultad a la Corte Suprema para pedir la renuncia a los funcionarios y empleados del poder judicial, esto es, de la Judicatura Ordinaria, de menores del Trabajo, de la Oficina de Presupuesto y de la Junta de Servicios Judiciales, que por dos años consecutivos, hayan sido incluidos en lista tres. En efecto, tal lista, por definición contempla a funcionarios de moralidad intachable.

Hay que terminar, pues, con el secreto en actuaciones que nos es recomendable mantener en reserva, única forma de garantizar una completa justicia en la calificación, impedir los temores de los funcionarios.

PROYECTO DE LEY:

Artículo Único: Modifícase el Código Orgánico de Tribunales en la forma que pasa a disponerse:

1.- Suprímese en el inciso segundo del artículo 273 la palabra "Confidencial";

2.- Suprímese en el inciso sexto del artículo 273 las palabras "serán igualmente confidenciales";

3.- Suprímese en el inciso primero del artículo 274 la palabra "secreta" y la coma (,) que haya continuación de ella;

4.- Suprímese en el inciso tercero del artículo 274 las palabras "que se mantendrá reservado", y sustitúyese la coma (,) por un punto (.).

5.- AgrégAse al artículo 274 el siguiente inciso cuarto:

"El Presidente del Directorio Nacional del Colegio de Abogados de Chile AG. y los Presidentes Provinciales o Regionales de los Colegios de Abogados AG. residentes en los asientos de las diversas Cortes de Apelaciones, concurrirán, sin derecho a voto, a las deliberaciones que efectúen las respectivas Cortes de Apelaciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo".

6.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 275 por siguiente:

"La Corte Suprema, integrada por el Presidente del Directorio Nacional del Colegio de Abogados de Chile AG. y por mayoría del total de los miembros que, para este efecto, la componen, una vez recibida los informes a que se refiere el artículo 273, hará en el mes de Enero de cada año, una calificación general de los ministros y fiscales de las Cortes de Apelaciones, de los relatores y secretario de la Corte Suprema y de los funcionarios indicados en el inciso segundo de dicho artículo, con el objeto de formar cuatro listas de los funcionarios del orden judicial".

7.- Agrégase al artículo 275 el siguiente inciso final:

"Para los efectos de lo dispuesto en el inciso cuarto de este artículo tendrá plena aplicación la norma del inciso cuarto del artículo 274.

8.- Suprímese en el inciso primero del artículo 276 la palabra "secreta".

9.- Derógase el inciso undécimo del artículo 278.

10.- Suprímese en el inciso décimo sexto del artículo 278 la frase "serán secretas".

11.- Derógase el inciso 278 bis.

12.- Suprímese en el inciso sexto del artículo 278 las palabras "en la lista número cuatro".

13.- Suprímese en el inciso octavo del artículo 278 las palabras "en la lista número cuatro".

14.- Agrégase el siguiente nuevo artículo 278 bis.

"Los funcionarios respecto de quienes existan informes desfavorables de las Cortes de Apelaciones, podrán producir ante la Corte Suprema los descargos que estimen convenientes, debiendo ser oídos.

Los funcionarios afectados por una calificación de la Corte Suprema podrán dentro del plazo de cinco anteponer recursos de reposición, el cual será fundado.

(Fdo.): Hernán Bosselin Correa, Diputado".

Moción de los Diputados señores Hernán Bosselin Correa, Ramón Elizalde Hevia, Sergio Elgueta Barrientos, Hernán Rojo Avendaño, Sergio Pizarro Mackay, Gutenberg Martínez Ocamica, Juan Concha Urbina, Hosain Sabag Castillo, Sergio Ojeda Uribe, y de la Diputada señora Eliana Caraball Martínez.

MODIFICA EL CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES EN LO RELATIVO A DESIGNACION DE ABOGADOS INTEGRANTES, ESTABLECE OBLIGACION QUE CORTES FUNCIONEN CON MAYORIA DE MINISTROS Y SEÑALA INHABILIDADES.

(boletín N° 147-07)

"Honorable Cámara:

Pensamos que debe modificarse el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo al funcionamiento y designación de los abogados integrantes.

Para fundar el proyecto haremos una referencia a la integración de las Cortes de Apelaciones, tomado de la obra tramitaciones en las cortes de señaladas de Alberto Chaigneau; y dejaremos constancia de la posición del Colegio de Abogados de Chile.A.G., sobre las modificaciones que es necesario introducir, según oficio número 317 al señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, del 11-XII-85.-

La explicación referente a las Cortes de Apelación también, en parte, se aplica a la Corte Suprema.

De la Instalación del Tribunal.

El Presidente de la Corte instalará diariamente la sala o salas, según el caso, para su funcionamiento.

El hará llamar, si fuere necesario, a los funcionarios que deben integrarlas.

Se levantará acta de la instalación, autorizada por el secretario, indicándose en ella los nombres de los ministros asistentes, y de los que no hubieren concurrido, con expresión de la causa que motivare su inasistencia.

Una copia de esta acta se fijará en la tabla de la sala correspondiente.

De la Integración en las Cortes de Apelaciones.

1.- Forma en que se realiza.

1.1.- Si por falta o inhabilidad de alguno de sus miembros quedare una Corte de Apelaciones o cualquiera de sus salas sin el número de jueces necesarios para el conocimiento y resolución de las causas que les estuvieren sometidas, se integrarán:

1.1.1.- Con los miembros no inhabilitados del mismo tribunal.

1.1.1.1.- En la Corte de Santiago las salas se integrarán preferentemente con los miembros de aquellas que se compongan de cuatro, según el orden de antigüedad.

1.1.2. - Con sus fiscales.

1.1.3.- Con los abogados que se designen anualmente con este objeto.

1.2.- El llamamiento de los integrantes se hará en el orden indicado antes.

1.2.1.- Los abogados integrantes se llamarán por el orden de su designación en la lista de su nombramiento.

1.3.- La sala de una Corte o la Corte, en su caso, no podrá funcionar sin que al menos uno de sus jueces sea un ministro titular.

1.4.- Los secretarios llevarán un libro público de integraciones y de asistencia al tribunal, debiendo anotar en él, diariamente, los nombres de los miembros que no hayan asistido, con expresión de la causa de esta inasistencia, y de los funcionarios o abogados que hayan sido llamados a integrar.

1.5.- De la integración deberá dejarse testimonio en el respectivo proceso.

1.5.1.- Antes de comenzar la vista se pondrá por conducto del relator o secretario en conocimiento de las partes o de sus abogados, el nombre de los integrantes.

1.5.2.- Se procederá a ver la causa inmediatamente.

1.5.2.1.- Que en el acto de poner en conocimiento la integración, se reclame de palabra o por escritorio, implicancia o recusación contra alguno de ellos, o que el integrante se declare inhabilitado o pida se haga esta declaración por el tribunal de que forma parte.

1.5.2.2.- Sin embargo en este caso, cuando la recusación afectare a un abogado integrante, el Presidente de la respectiva Corte procederá a formar sala de inmediato, salvo que ello no fuere posible por causa justificada.

2.- Del nombramiento de los abogados integrantes.

2.1.- El Presidente de la República designará, de entre las ternas que le envíe la Corte Suprema:

2.1.1.- Quince abogados integrantes para la Corte de Santiago.

2.1.2.- Siete abogados integrantes para las Cortes de Valparaíso y San Miguel y cinco para la Corte de Concepción.

2.1.3.- Tres abogados integrantes para cada una de las demás Cortes de Apelaciones.

2.1.4.- La designación de ellos se hará en el mes de enero de cada año.

2.2.- Las temas se formarán por la Corte Suprema de una lista de nombres que en el mes de diciembre de cada año le enviará cada Corte de Apelaciones, conteniendo ellas:

2.2.1.- Sesenta nombres la de la Corte de Santiago.

2.2.2.- Treinta y cinco nombres la de las Cortes de Valparaíso y San Miguel y veinticinco la de la Corte de Concepción.

2.2.3.- Quince nombres las de las demás.

2.2.4.- En las temas no se podrán repetir nombres.

2.3.- En las listas figurarán:

2.3.1. Abogados que tengan su residencia en la ciudad que sirve de asiento al tribunal respectivo.

2.3.2.- Que reúnan las condiciones requeridas para ejercer los cargos de ministros.

SALVO:

2.3.2.1.- El límite de edad establecido en el artículo 77 de la Constitución de la República.

2.3.3.- Que se hayan destacado en la actividad profesional o universitaria.

2.4.- En las listas no podrán incluirse profesionales que hayan sido separados de sus cargos como funcionarios judiciales, sea en la calificación anual o en cualquiera otra oportunidad.

3.- De la integración extraordinaria.

3.1.- Es la que tiene lugar por la inhabilidad de uno de los miembros con que se encuentra instalada una sala, y para el conocimiento de una causa determinada de la tabla. '

3.2.- Se realiza en la misma forma en que se ha analizado antes.

3.3.- En la Corte de Apelaciones de Santiago, por acuerdo de 1 de septiembre de 1956, se hará de la siguiente manera:

3.3.1.- Si el inhabilitado es un ministro:

3.3.1.1.- Se subroga por el ministro no inhabilitado que le siga en el orden de precedencia, debiendo el último del orden numérico ser subrogado por el primero.

3.3.1.2.- Si una sala estuviere funcionando con cuatro ministros, se llamará preferentemente a integrar al ministro menos antiguo de esa sala, y si fueren dos o más las salas que se encuentran en ese caso, se llamará al ministro respectivo de la sala que precede el orden numérico.

3.3.1.3.- Se excluirá de esta subrogación a los presidentes titulares de sala y al ministro de turno.

3.3.1.4.- Aun cuando el subrogado sea el propio ministro de turno, el miembro que integre en estas circunstancias extraordinarias quedará exento de la obligación del turno semanal.

3.3.1.4.1.- En tal caso desempeñará esas funciones el miembro de la sala presente que hubiere precedido en el turno o que 10 reemplace en la instalación.

3.3.2.- Si el inhabilitado es un fiscal:

3.3.2.1.- Se llamará al abogado integrante que tenga la prioridad en su nombramiento y que se encuentre ese día instalado en alguna de las salas del tribunal.

3.3.2.2.- Si esto no puede llevarse a efecto por no encontrarse abogados integrantes instalados en sala o porque éstos están inhabilitados, se llamará al ministro que siga en orden numérico el ministro que estaba reemplazando al fiscal.

3.3.3.- Si el inhabilitado es un abogado integrante:

3.3.3.1.- La subrogación se hará por otro integrante no inhabilitado y que se encuentre instalado ese día en alguna de las salas y que le siga en el orden de nombramiento, debiendo el último ser subrogado por el primero.

3.3.3.2.- Si esto no puede llevarse a efecto por no encontrarse abogados integrantes instalados en sala o porque éstos están inhabilitados, se llamará al ministro que siga en el orden numérico al ministro que estaba reemplazando el abogado integrante.

OFICIO N° 317 AL SR.

PRESIDENTE DE LA E. CORTE SUPREMA (11.XII.85).

"Es motivo de grave preocupación para este Colegio y, en general, para los abogados, la forma como está funcionando el sistema de integración de los Tribunales Colegiados, especialmente en las Cortes de Apelaciones.

La circunstancia de que el desempeño de los abogados integrantes sea temporal y su nombramiento deba renovarse periódicamente por el Poder Ejecutivo, los priva de la inamovilidad que, dentro del régimen constitucional chileno, es una de las principales garantías para asegurar la independencia de los jueces.

Cualquiera que sea la honorabilidad personal de los colegas que sirven esas funciones, lo dicho suele dar origen a situaciones que afectan a la imagen de imparcialidad propia de los tribunales de justicia. Ello sucede, especialmente, cuando los abogados integrantes son a la vez funcionarios públicos o prestan servicios remunerados a la Administración del Estado, los casos en que intervienen en causas en que es parte o tiene interés el propio Gobierno que los nombra.

Esta situación resulta especialmente inconveniente tratándose de los abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones, tanto porque su nombramiento se renueva todos los años cuanto porque respecto de ellos no existe una norma como el inciso segundo del artículo 218 del Código Orgánico de Tribunales según la cual las salas de la Corte Suprema no pueden funcionar con mayoría de abogados integrantes.

La adopción de recientes decisiones que han tenido trascendencia pública, acordadas por mayoría de abogados integrantes contra el parecer de los Ministros titulares del Tribunal, suelen poner de manifiesto la grave inconveniencia de este sistema.

El Directorio Nacional del Colegio de Abogados A.G. piensa que esta anomalía daña seriamente el prestigio de los Tribunales y afecta a la correcta administración de Justicia, por lo que considera indispensable y urgente adoptar medidas para evitar que continúe produciéndose.

Con este fin, ha acordado representar a los Poderes Públicos la conveniencia de dictar una ley que introduzca al Código Orgánico de Tribunales las siguientes modificaciones:

a).- agregar al artículo 215 un inciso final que disponga: “Las salas de las Cortes de Apelaciones no podrán funcionar en caso alguno con mayoría de abogados integrantes";

b).- agregar al artículo 198 un inciso segundo que diga: "Será también causal de implicancia de los abogados integrantes de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, el hecho de ser parte o tener interés en el pleito el Presidente de la República o el Gobierno";

c).- restablecer la vigencia del antiguo artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales, que contemplaba la intervención del Colegio de Abogados en la designación de los abogados integrantes, mediante la presentación de listas a la Cortes Suprema, a fin de que ésta confeccione las ternas respectivas de entre los nombres que figuren en esas listas.

Para esos efectos, debe derogarse la reforma introducida a ese precepto por el Decreto Ley 3.637 de 10 de marzo de 1981, sustituyéndola por la norma anterior que ese decreto ley reemplazó; y

d).- agregar a dicho artículo 219 así restablecido, un inciso final que diga: "Las funciones de abogados integrantes de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones serán incompatibles con el desempeño de todo cargo, función o comisión remunerada con fondos fiscales o de personas jurídicas de Derecho Público, salvo las funciones docentes de la enseñanza superior".

El Directorio Nacional del Colegio de Abogados A.G. acordó unánimemente hacer llegar estos planteamientos a V.E., a fin de que, si lo tiene a bien, haga uso de sus facultades para representar a los Poderes Públicos colegisladores la necesidad y conveniencia de legislar sobre la materia en los términos que se sugieren u otros análogos".

A los argumentos anteriores debemos agregar, que por una última modificación, los abogados integrantes de la Corte Suprema duran 3 años en sus funciones.

Planteamos una reforma que permita que el Colegio de Abogado recupere sus atribuciones, proponiendo las listas de Abogados, sobre la base de las cuales se confeccionan, por la Corte Suprema, las ternas que se proponen al Presidente de la República.

Al mismo tiempo, se establece la obligación que las Cortes de Apelaciones funcionen, siempre, con una mayoría de ministros.

Se agrega como fundamento de una implicancia tener el presidente de la República o el gobierno interés en el pleito.

Y, finalmente, se declara que el cargo de abogado integrante es incompatible con todo empleo, cargo o comisión remunerada con fondos fiscales o de personas jurídicas de Derecho Público, salvo las funciones docentes de la enseñanza superior.

Estas son reformas largamente esperadas por los abogados de Chile, y por cierto, por la Comunidad toda.

PROYECTO DE LEY

Artículo único:

Modificase el Código Orgánico de Tribunales en la forma que se señala en los números siguiente:

1.- Sustitúyese el artículo 219 por el siguiente:

"Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 215 y 217 de este Código, el Presidente de la República designará, en el mes de Enero de cada año, quince otorgados para la Corte Suprema; quince para la Corte de Apelaciones de Santiago; ocho para la Corte de Apelaciones de Valparaíso; siete para la Corte de Apelaciones de San Miguel y de Concepción; cinco para la Corte de Apelaciones de Talca, Temuco y Valdivia; y cuatro para cada una de las demás Cortes, previa formación por la Corte Suprema, de las respectivas temas".

"Las temas serán formadas tomando los nombres de una lista que, en el mes de Diciembre de cada año, enviarán a la Corte Suprema los directorios de los Colegios de abogados que tengan su residencia en la ciudad que sirve de asiento al tribunal respectivo y que reúnan las condiciones requeridas para ejercer los cargos de ministros".

"Si no hubiere colegio de abogados, las listas serán formadas por las Cortes de Apelaciones respectivas".

Estas listas se compondrán para Santiago, de 80 nombres; para Valparaíso de 50; para San Miguel, y Concepción de 40; para Talca y Valdivia de 30; y de 20 para las demás Cortes.

Para la formación de las tema de los abogados integrantes de la Corte Suprema, este tribunal tomará sus nombres de una lista de 50 abogados, que reúnan las condiciones exigidas en el inciso segundo, y que será enviada por el Directorio Nacional del Colegio de Abogados de Chile A.G., en el mes de Diciembre de cada año".

En las temas no se podrán repetir nombres, no podrá incluirse en las listas a que se refiere este artículo a profesionales que hayan sido separados de sus cargos como funcionarios judiciales, sea en la calificación anual o en cualquier otra oportunidad.

Si por cualquier causa alguna de los abogados designados no pudiere continuar en las funciones, el Presidente de la República podrá nombrar en su reemplazo para el resto del período a uno de los componentes de las temas que formó la Corte Suprema en su oportunidad, o requerir de dicho tribunal la formación de una nueva tema, en conformidad con lo previsto en los incisos anteriores.

Las funciones de Abogados integrantes de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones serán incompatibles con el desempeño de todo cargo, función o comisión remunerada con fondos fiscales o de personas jurídicas de Derecho Público, salvo las funciones docentes de las enseñanza superior".

2.- Agrégase al artículo 215 el siguiente inciso final:

"Las salas de las Cortes de Apelaciones no podrán funcionar en caso alguno con mayoría de abogados integrantes".

3.- Agrégase al artículo 198, en su inciso primero a continuación del punto seguido, la siguiente frase:

"Será también causal de implicancia de los abogados integrantes de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, el hecho de ser partes o tener interés en el pleito el Presidente de la República o el Gobierno".

(Fdo.): Hernán Bosselín Correa, Diputado".

Moción de los Diputados señores Hernán Bosselin Correa, Ramón Elizalde Hevia, Sergio Elgueta Barrientos, Hernán Rojo Avendaño, Sergio Pizarro Mackay, Hosain Sabag Castillo, Sergio Ojeda Uribe, y de la Diputada señora Eliana Caraball Martínez.

MODIFICA EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL EN LO RELATIVO A LAS RELACIONES DE LAS CAUSAS Y ORDENA LOS ALEGATOS DE LAS MISMAS

(boletín N° 175-07)

"Honorable Cámara:

La modernización de la administración de Justicia reclama una modificación del sistema de las vistas de las causas.

En la actualidad las relaciones de las mismas se practican en forma reservada, no conociendo los abogados de las partes el contenido de las mismas, lo que incuestionablemente perjudica las defensas.

Más aún, los abogados, habitualmente, deben permanecer largas horas y durante múltiples semanas esperando la oportunidad para alegar.

Es una antigua aspiración del gremio de Abogados introducir modificaciones, que concedan racionalidad a tan importante actuación judicial.

Siguiendo las orientaciones y textos del Colegio de Abogados de Chile, se proponen las siguientes modificaciones:

a).-las relaciones de las causas, salvo la que se encuentren bajo el secreto del sumario, serán públicas;

b).- se debe por parte de los relatores, antes de la audiencia propiamente tal, conversar con los abogados que van a alegar, para hacer un cálculo aproximado de la extensión de los alegatos, a fin de poder determinar el tiempo que ocuparán.

c).- al iniciarse las audiencias se indicará por el relator, con acuerdo de la sala, las causas que se verán y cuyos alegatos serán escuchados.

d).- se establece la posibilidad de dejar una minuta con el resumen de los alegatos, a fin de facilitar el acuerdo de los ministros.

PROYECTO DE LEY:

Artículo Primero: Modifícase el Código de Procedimiento Civil en la forma que se dispone a continuación:

1.- Sustitúyese el artículo 223 por el siguiente:

“La vista de la causa constituirá un solo acto, que empezará con la relación, que obligatoriamente se hará en presencia de los abogados.

Concluida la relación, los Ministros harán las consultas al relator para aclarar o precisar los hechos y punto de derecho sometidos a su conocimiento y los abogados podrán hacer las observaciones para completar o aclarar dichos aspecto. En el momento de hacerlo, el Presidente podrá señalar los puntos que el tribunal juzga de interés que los abogados profundicen y solicitan, durante el alegato, las aclaraciones o precisiones que estime conveniente.

Los alegatos se verificarán hablando primero el abogado defensor del apelante y en seguida el del apelado. A ambos será permitido rectificar errores de hecho, pero sin replicar en lo concurrente a puntos de derecho, a menos que el tribunal lo autorice así expresamente.

Se aplicará dicha disposición aún en el caso de haber apelado las dos partes.

Si son varios los apelantes, hablarán los abogados en el orden en que se hayan interpuesto las apelaciones.

La duración de las alegaciones de cada abogado se limitará a una hora en la apelación de sentencia definitiva y media hora en lo demás. El tribunal podrá prorrogar el plazo por el tiempo que estime conveniente.

2.- Agrégase al artículo 226 el siguiente inciso:

Los abogados al terminar sus alegatos podrán dejar en poder del Tribunal minutas escritas que contengan los puntos más relevantes de los mismos.

3.- Agregar el siguiente artículo 223 bis: 

"antes de iniciarse las audiencias los relatores se reunirán con los abogados que alegarán las causas, a fin de que éstos informen sobre el tiempo probable que durarán sus alegatos.

Con el mérito de dicha información, y en la misma oportunidad señalada, el tribunal comunicará a los abogados las causas que se verán y las que quedarán para la próxima audiencia.

Artículo segundo: En los recursos que conozcan las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, en materia criminal, se aplicará lo dispuesto en el artículo 223 el Código de Procedimiento Civil. Si la causa se hallare en sumario y se encontrare vigente el secreto del mismo, la relación será privada, no pudiendo asistir los Abogados.

(Fdo.): Hernán Bosselin Correa, Diputado".

Moción de los Diputados señores Hernán Bosselin Correa, Sergio Ojeda Uribe, Sergio Elgueta Barrientos, Hernán Rojo Avendaño, Sergio Pizarro Mackay, Ramón Elizalde Hevia, Juan Concha Urbina, Hosain Sabag Castillo, y de la Diputada señora Eliana Caraball Martínez.

MODIFICA LA LEY Nº 18.703, EN LO RELATIVO A LA SALIDA DE MENORES PARA SU ADOPCION EN EL EXTRANJERO.

(boletín N° 176-07)

"Honorable Cámara:

La situación de los niños abandonados es un problema muy grave, que reclama una política integral.

Atendida la extraordinaria facilidad para sacar niños del país y conducirlos al extranjero, para ser supuestamente adoptados, es necesario dictar normas que cautelen los derechos de los menores.

Se propone modificar la legislación existente, estableciendo mecanismos de control, y haciendo obligatorio privilegiar al Chileno por sobre el extranjero, -en materia de adopciones.

Como fundamento de este proyecto nos permitimos reproducir partes del libro "El niño abandonado en Chile", de Osvaldo Torres, cuyas argumentaciones hacemos nuestras en todas sus partes

LA ADOPCION INTERNACIONAL, ¿ALTERNATIVA O NEGOCIO?

Punto importante en torno a los sistemas alternativos como colocación familiar y adopciones, son las adopciones internacionales, las que van en fuerte ascenso.

Al respecto cabe señalar que la legislación Chilena, el Código Civil y la Ley de Menores 16.618 no prohíben que una persona de distinta nacionalidad no domiciliada en Chile obtenga la tuición de un menor chileno.

El Juez de menores puede autorizar la salida del menor, pero no dice que para adopción, a través del art. 50 de la ley 16.618, que establece que “en aquellos casos en que el menor careciere de representante legal o no se hubiere encomendado a su tuición por el juez determinada persona, el tribunal podrá autorizar su salida del país por el tiempo que juzgue y tomando en consideración el beneficio que ella pudiera reportar al menor".

Debemos señalar que, si bien la salida de menores del país por la vía judicial es legal y correcta, ya que se hace a través de la aplicación de las normas sobre tuición, este es un resquicio legal, dado que la única norma existente es el artículo 50 ya citado, que no fue dictado para estos casos, sino para resolver situaciones excepcionales. Es por ello que se consideró necesario elaborar una legislación específica sobre este tema ya que la demanda por este tipo de adopción es cada vez mayor, lo que pone de manifiesto los vacíos legales y la necesidad de suplimos. Surgió así en la nueva ley de adopción N° 18.703 de Mayo de 1988, el Título IV que regula la “salida de menores para su adopción en el extranjero".

Con este capítulo se pretendió regular el vacío legal que tiene como consecuencia, que la salida de un menor dependa, en gran medida, de los diferentes criterios que tienen sobre el particular los jueces de menores. Sin embargo, no se logró de manera plena.

Nos hemos referido en otros capítulos al creciente desarrollo de un comercio de niños chilenos al exterior, que está haciendo estragos en la ley y que viola lo derechos del niño.

Debemos señalar que los menores que pueden ser adoptados por extranjeros provienen de la Casa Nacional del Niño, del Hogar de lactantes de Concepción, del Servicio de asistencia social de los tribunales, de maternidades y de centros de Protección Simple.

Veremos el procedimiento utilizado por la. Casa Nacional del Niño, que es el más regular y verificable en tanto tiene convenios con Centro de Adopción (Suecos, por ej.).

Como en Chile no existen normas que regulen la adopción internacional, el Servicio Nacional de Menores ha elaborado algunas a este respecto, a través de las cuales se tramitan las adopciones al extranjero en la mencionada institución. Los requisitos exigidos son:

1.- Que los solicitantes sean matrimonio.

2.- Que lleven 5 o más años de casados.

3.- Las solicitantes al extranjero sólo se aceptarán para niños mayores de 2 años, ya que los lactantes que se encuentran en la institución son entregados a familias chilenas.

Por excepción, se aceptan solicitudes al extranjero respecto de lactantes.

4.- Las solicitudes deben 'dirigirse a la Unidad de Adopción de la Casa Nacional del Niño, la que, al recibir la solicitud les remitirá un formulario de solicitud y toda la información pertinente acerca de los procedimientos legales. Los solicitantes deben mandar dicho formulario, junto con varios documentos traducidos al Español.

Tales documentos son:

a).- Certificado de nacimiento de ambos cónyuges, legalizados ante el Consulado Chileno o en misión diplomática chilena del país de origen de los solicitantes.

b).- Certificado de matrimonio, legalizado ante el Consulado Chileno o en la misión diplomática chilena del país de origen de los solicitantes.

c).- Certificado de salud de ambos cónyuges, otorgado por un servicio médico estatal del país que reside. Con ello se pretende acreditar un buen estado de salud, que sea compatible con la responsabilidad paterna que desea asumir.

d).- Un informe social otorgado por un servicio estatal de menores, con el objeto que patrocine la adopción y se haga responsable del control posterior y obligándolo a informar a la Casa Nacional del Niño, por lo menos dos veces al año, acerca del menor y su familia adoptiva.

e).- Una autobiografía de los solicitantes en que incluya una descripción física y una fotografía de ambos.

El menor saldrá del país con tuición otorgada por el Juez de Menores durante 2 años si el menor tiene menos de 7 años o 4 años si el menor tiene más de 7 años, período durante el cual será controlado por el Servicio Social patrocinante. Esta normativa establece que será preferible que los adoptantes o al menos uno viaje a retirar al niño. Si es uno de los solicitantes el que viene, debe traer un poder especial del otro cónyuge, con el objeto de representarlo. Este documento debe estar legalizado en el Consulado Chileno. En caso de que ninguno de los solicitantes puedan viajar a Chile, éstos deben designar a una persona que los represente. Dicha persona deberá viajar con el niño para reunirse con ellos y deberá previamente ser aceptada por la Casa Nacional del Niño y, además deberá tener un poder especial otorgado ante notario y legalizado en el Consulado chileno.

El adoptante cancela una pequeña suma a la Casa del Niño por efecto de gastos trámites, no siendo un monto relevante como para obstaculizar la adopción.

En Chile la adopción internacional, teniendo una reglamentación jurídica, no contempla una norma referente al origen étnico, cultural y social dentro de los requisitos que se exigen a los solicitantes. Cuestión que también perjudica a los niños mapuches que por lo general son enviados a países contrastantes como Suecia, Dinamarca, Estados Unidos.

También existen obligaciones legales referentes a que se dé prioridad a los solicitantes nacionales por sobre los extranjeros; sin embargo, esto se hace en la práctica sólo en las adopciones que usan el canal regular y cuando el adoptado es lactante, en cuyo caso, se prefiere a adoptantes chilenos. Esta prioridad está referida a la Casa Nacional del Niño y no necesariamente al Juez cuando ante éste recurren a solicitarlo directamente.

En relación a los requisitos exigidos por la Casa del Niño está un informe social otorgado por un servicio estatal de menores del país receptor del niño el cual patrocina la adopción y se hace responsable del control posterior y se obliga a informar a la Casa del Niño por lo menos dos veces al año acerca del menor y de la familia que lo adopta.

La nueva ley le entregó la tarea, a los Cónsules chilenos en los países donde los niños son adoptados, de tener un seguimiento de casos, cuestión casi totalmente impracticable.

Por lo tanto, el único control existente después que el menor abandona el país y, como se ha visto, precario es cuando el servicio social patrocinan te informa dos veces al año. Este control es esporádico y se encuentra supeditado a que dicho servicio social tenga a bien informar, ya que si no lo hace, no existe forma de obligarlo. Este seguimiento como ya dijimos, es bastante precario y lo realiza la Casa Nacional del Niño, no siendo obligatorio para las demás instituciones vinculadas a los menores, por lo que se concluye que, respecto de los otros organismos, se observa una carencia absoluta de forma o sistema de seguimiento que permitan averiguar y evaluar la situación del menor.

El procedimiento descrito anteriormente es, como ya se dijo, el que se hace en forma legal. Paralelamente a este existe el llamado "Mercado de Menores" que tiene, como es de suponer, un "modus operandi" distinto. En esta situación, se puede obtener un menor a través de distintas alternativas, las que básicamente serían las siguientes:

1.- A través del contacto que se logra por intermedio de personas que se relacionan con servicios de maternidad, las poblaciones en extrema pobreza y los centros de atención de niños menores de dos años. Estas personas se dedican a ubicar madres que estén dispuestas a ceder sus hijos (normalmente se trata de madres solteras). Así, es suficiente que la madre consienta y concurra a una notaría a firmar un documento mediante el cual autoriza la salida del país del menor. Con esta autorización el registro civil procede a otorgar pasaporte al menor, habilitándolo para salir del país.

2.- Otra forma consiste en ponerse en contacto con una mujer embarazada que no desee a su futuro hijo. Se llega con ella a un acuerdo en virtud del cual la futura madre viaja al extranjero donde tiene a su hijo y lo deja a cargo de las personas interesadas.

3.- Una tercera alternativa consiste en que, una vez hecho el contacto con la futura madre que "desea" a su hijo, la interesada en adoptar se interna en una clínica donde se simularía un parto. Con ello se obtiene el certificado correspondiente que la habilite para inscribir al menor (que le fue cedido) como su hijo biológico. Esta situación está sancionada expresamente en el artículo 353 del Código Penal.

4.- El que parece extenderse más es el contactar embarazadas, generalmente jóvenes, que están dispuestas a entregar a su bebé y se les interna en casas donde reciben alimentación balanceada y un parto en clínicas privadas, luego el cual debe dar su niño a los comerciantes del menor, que tienen instaladas casas-cuna, con sus propias cuidadoras.

Estos comunican a los postulantes seleccionados, los que viajan a Chile, se hospedan en hoteles especiales, donde conocen y conviven con su futuro hijo, previo a los trámites en los tribunales.

Todo esto implica un costo para la familia adoptante de unos US$15.000 y una ganancia neta para la red operante de más de US$8.000. Los requisitos en cuanto a tramitación judicial en casos de adopciones internacionales, están sujetos al juicio exclusivo del Juez de Menores, el que no cuenta con una asesoría de profesionales adecuados para resolver, producto de la falta de recursos. Tampoco existe uniformidad de criterios, existiendo por lo tanto jueces proclives a una rápida tramitación y otros tienden a demorar su resolución. Como hemos dicho, lamentablemente los informes de SENAME no son obligatorios para el Juez, con lo que esa capacidad profesional instalada se desperdicia. Finalmente, si no se toma una postura de fondo en tomo a la prioridad de la adopción nacional por sobre la internacional, la situación no mejorará.

Esto nos lleva a afirmar que los requisitos exigidos para la adopción más que ser operativos son diversos y con ello poco eficaces, ya que siendo unos más adecuados para proteger el menor (Casa Nacional del Niño), en comparación con las adopciones por notaría son muy lentos.

No hay un sistema único de adopciones, lo que da como resultado que el número de menores beneficiarios es reducido en relación a su potencial. Esto produce también que los derechos del menor no siempre estén bien cautelados. Más bien se tiende a darle un niño a una familia y no a la inversa. Tampoco existe una coordinación entre instituciones para la adopción y los juzgados de Menores.

Es necesario, en consecuencia, reformar la legislación existente para cautelan los derechos de los menores, especialmente niños para que no sean víctimas del comercio internacional.

PROYECTO DE LEY.

Artículo Primero: Modificar la Ley 18.703 sobre adopción y salida de menores para su adopción en el extranjero, en la forma que se dispone en los números siguientes:

1.- Sustitúyese el artículo 39 por el siguiente:

"La salida de menores para ser adoptados en el extranjero sólo procederá en las situaciones calificadas que se indican en este título.

Dicha salida únicamente podrá ser autorizada por el Juez de letras de menores del domicilio del menor.

En estos casos la adopción se regirá por la ley del país en que se otorgue, debiendo acreditarse ante el tribunal chileno, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación extranjera.

2.- Sustitúyese el artículo 40 por el siguiente:

"El Juez sólo podrá autorizar la salida de menores para ser adoptados en el extranjero, respecto de aquellos cuya edad sea inferior a 18 años, y siempre que se haya probado fehacientemente que se encuentran en caso de orfandad de padre y madre o abandonados o que son de filiación desconocida".

"Previa a la resolución que autoriza la salida de un menor para ser adoptado en el extranjero, el Juez deberá hacer la declaración de abandono en el caso que proceda, en la forma y con los requisitos establecido en el título III de esta ley".

3.- Sustitúyese el artículo 43 por el siguiente:

La solicitud de autorización de salida del país de menores, será notificada por medio de un aviso publicado en los números del Diario Oficial correspondiente a los días primero o quince de cualquier mes, o al día siguiente si no se ha publicado en las fechas indicadas. Dicho aviso se redactará en extracto por el Secretario del Tribunal, debiendo obligatoriamente contener, en cuanto fuere posible, los antecedentes que permitan individualizar físicamente al menor. En dicho extracto se señalará el nombre de los solicitantes, de sus apoderados y patrocinantes y el país al cual se pretende llevar a los• menores.

Dicha solicitud deberá ser notificada, además, para su validez, al defensor público establecido en el artículo 365 del Código Orgánico de Tribunales, el cual asumirá la representación del menor, debiendo velar por el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la ley.

Si constare en el expediente el nombre del padre o la madre, la mencionada solicitud deberá también obligatoriamente series notificada conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil.

El Juez ordenará agregar todos aquellos antecedentes que le permitan establecer que la adopción reportará beneficio para el adoptado. Para tal efecto deberá abrir un término probatorio de 30 días durante el cual deberán rendirse todas las pruebas que permitan verificar las ventajas y beneficios que el menor obtendrá con la adopción, el cumplimiento de los requisitos señalados en esta ley y la certeza que la adopción terminará por realizarse.

Deberá solicitarse por el tribunal un informe en derecho sobre la legislación de adopción vigente en el país o Estado al cual se pretende llevar al menor.

4.- Sustitúyese el artículo 44 por el siguiente:

"El Juez deberá ordenar la comparecencia personal de los solicitantes. Si se conociera la existencia del padre o madre del menor, también serán citados a la presencia judicial para ser circunstanciadamente interrogados por el juez, asistido por el secretario del tribunal, en audiencia especialmente dispuesta sobre todos los antecedentes del abandono.

Esta comparecencia se recibirá por el Juez previa a la dictación de la sentencia".

5.- Agrégase el siguiente artículo 44 bis:

El Juez no dictará sentencia mientras no se haya acreditado que en el país o Estado en el cual se pretende adoptar al menor, se ha constituido un apoderado que asume la representación del menor para cautelar la consumación cierta, seria y veraz de la adopción.

Dicho apoderado recibirá la representación del menor por declaración del Defensor Público efectuada por escritura pública, debidamente aceptada o ratificada por el mandatario que actuará en el extranjero.

Si en Chile existieran otras personas habilitadas e interesadas en adoptar al menor, serán preferidos. Por ello el Juez deberá requerir del Servicio Nacional de Menores y de los demás organismo especializados en el cuidado, tratamiento y vigilancia de menores que estime prudente, la información necesaria, para determinar si en Chile existe la posibilidad cierta que el menor sea adoptado. En igualdad de condiciones, serán preferidos los Chilenos, no pudiendo autorizarse la salida al extranjero en ese evento.

La sentencia definitiva que autoriza la salida del menor para su adopción en el extranjero, deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y en todo caso será notificada por Cédula al Defensor Público, a los solicitantes, al padre o madre si hubieran comparecido y a la Sociedad por medio de un aviso publicado en los números del Diario Oficial correspondiente a los días primero o quince de cualquier mes, o al día siguiente, si no se ha publicado en las fechas indicadas.

Las personas mencionadas, o quienes crean tener un interés legítimo o cualquier persona en el solo interés del menor o de la comunidad podrá apelar. No será necesario que la apelación sea fundada. Si la sentencia no fuere apelada dentro del quinto día, en todo caso irá en consulta a la Corte de Apelaciones respectiva.

En la Corte de Apelaciones será obligatorio oír al Ministerio Público establecido en el artículo 350 del Código Orgánico de Tribunales. El Fiscal revisará pormenorizadamente el expediente, verificará el cumplimiento de los requisitos prescritos en la ley, y solicitará que se subsanen los defectos, vicios o errores. Necesariamente deberá emitir opinión sobre-la conveniencia o no de la salida del menor al extranjero.

6.- Agrégase el siguiente artículo 49 bis:

El que realizare o ejecutare acciones o maniobras destinadas a engañar a la autoridad judicial, con el propósito de sacar a un menor del país burlando las prescripciones de esta ley, será sancionado con presidio menor en su grado máximo e inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos o ejercicio de profesiones.

El que sin autorización del Juez de menores saque a un menor del país, para obtener en el extranjero su adopción, será sancionado con igual pena.

Los que colaboren, ayuden, contribuyan o financien la salida de un menor del país, sin cumplir con los requisitos de la presente ley, serán también sancionados con igual pena.

8.- Agrégase el siguiente artículo 46 bis:

Quienes soliciten autorización para sacar del país a un menor, con el propósito de obtener su adopción en el extranjero, deberán garantizar, a satisfacción del Juez de menores, que realizarán todos los trámites, diligencias y actuaciones para que ella se concrete.

Dichos solicitantes deberán ser examinados en Chile, por organismos públicos o privados para determinar su estado de salud física y mental, su idoneidad familiar, su equilibrio emocional, la armonía existente entre ellos y su grado de compromiso con los valores morales en forma tal de asegurar que el menor será recibido en un hogar bien constituido y se le brindará afecto, amor y especial dedicación.

9.- Derógase en el artículo 41 letra c) la frase "cuando procedan", y sustitúyase la coma (,) por un punto y coma (;).

(Fdo.): Hernán Bosselin Correa, Diputado".

Moción de los Diputados señores Hernán Rojo Avendaño, Hernán Bosselin Correa, Sergio Pizarro Mackay, Hosain Sabag Castillo, Ramón Elizalde Hevia, Mario Hamuy Berr y Carlos Dupré Silva.

MODIFICA LA LEY N° 18.918, ORGANICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.

(boletín N° 177-07)

"HONORABLE CAMARA:

La moción que venimos en someter a vuestra consideración, tiene por finalidad modificar la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en aquellos aspectos que encontramos lesivos para la autonomía e independencia que debe reconocerse al Congreso Nacional frente al Poder Ejecutivo, que descansa en el principio de la división de los poderes públicos.

Es altamente conveniente que al margen de cualquier menoscabo de las facultades del Congreso Nacional que pudiera desprenderse del tenor de la Carta Fundamental, o de una intencionalidad antiparlamentaria del Constituyente en contra de este Poder del Estado, se busquen los mecanismos que garanticen su libertad de acción y el debido cumplimiento de sus potestades constitucionales.

Ello conlleva, necesariamente, el reconocimiento del derecho a que el Congreso Nacional pueda fijarse su organización y funcionamiento interno, la estructura orgánica que estime más adecuada, la dotación y la planta de su personal, así como las remuneraciones del mismo.

Bajo el imperio de la Constitución de 1925, después de la modificación que se le introdujera con la reforma de 1943, se reconocía en el artículo 45 la facultad de los parlamentarios de presentar mociones tendientes a establecer nuevos servicios públicos o empleos rentados que dependan del Congreso Nacional, y de conceder o aumentar sueldos y gratificaciones al personal de esos servicios. La frase "No se aplicará esta disposición al Congreso Nacional ni a los servicios que de él dependan", consignada al final de su inciso segundo, tendía a resguardar la independencia del Parlamento y su facultad de apreciar los medios indispensables para el ejercicio de sus propias funciones.

(En tal sentido, Alejandro Silva Bascuñan, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo III, pág. 169.

La disposición del artículo 45 de la Constitución de 1925, que consagra las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, aparece recogida, en lo que interesa, en el artículo 62, inciso cuarto, N°s. 2° Y 4°, Y en su inciso final.

En todos ellos no existe una normativa que excluya al Congreso Nacional de esas disposiciones, los que ha llevado a muchos a sostener, que al tenor literal de esos precretos, que las plantas de funcionarios del Congreso Nacional deben estar reguladas por ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, quien también tendría competencia para fijar sus remuneraciones en general.

Estimarnos que esa interpretación es errada. En efecto, en el N° 2° se confiere al Presidente la facultad de "crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos, de las empresas del Estado o municipales; suprimirlos 'Y determinar sus funciones o atribuciones", no refiriéndose, en parte alguna, a los servicios o empleos rentados del Congreso Nacional, que como tal, no forma parte de la administración del Estado o de la administración pública, términos unívocos según el criterio del Tribunal Constitucional que en su conjunto engloban a los ministerios, intendencias, gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para “el cumplimiento de la función administrativa" (no de la legislativa), incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley,-al tenor del artículo 1° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dictada en conformidad con lo preceptuado en el artículo 38 de la Carta Fundamental.

El N° 4º de este mismo artículo 62, se refiere a la facultad primitiva del Primer Mandatario para "fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios ... al personal de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados", entre los cuales no está el Congreso Nacional.

El inciso final del artículo 62, sólo limita las facultades del Congreso Nacional respecto de las materias que en él se indican por ser de competencia exclusiva del Presidente.

Del texto de la Carta Fundamental no cabe extraer otras atribuciones privativas del Presidente de la República por la vía de la extensión de las que expresamente se le otorgan. Si ello se permitiera, se estarían infringiendo los artículos 6° y 7° de la Constitución.

Acorde con lo expresado, podría pensarse por algunos de que las materias relativas a la planta y al personal del Congreso Nacional no son propias de ley, porque sólo corresponde abordar por esta vía las materias que taxativamente enumera el artículo 60 de la Constitución.

De aceptarse esa tesis, habría un vacío en la Constitución, el que se ha sugerido llenar, agregando en su artículo 42, un inciso del siguiente tenor: ''Una ley orgánica constitucional determinará la planta, las remuneraciones y el estatuto del personal del Congreso Nacional, así como la organización y funcionamiento de este Poder del Estado".

Con esa fórmula, en principio, se subsanaría el vacío y la disposición guardaría armonía con el artículo 60, Nº 1º de la Carta Fundamental.

Esa fórmula, en nuestra opinión, debe descartarse, pues priva al Congreso Nacional de la facultad de fijarse una orgánica racional y flexible" al margen de no resolver el problema de la iniciativa para propiciar una ley de esta naturaleza.

En cambio, si se parte del supuesto de que el Congreso Nacional, como toda Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal goza de autonomía administrativa, financiera y reglamentaria, que constituyen un privilegio o prerrogativa de éstas, por provenir del poder de organización interna que posee todo cuerpo constituido; que por su génesis, escapa, en la medida de lo posible, al control y a las determinaciones de otros Poderes; que el régimen político chileno descansa en el principio de la división de los poderes públicos y que el Congreso Nacional, en sus relaciones con las demás autoridades constitucionales goza de especial independencia, todo lo cual debe serle garantido, para reconocerle las facultades que en un Estado democrático de derecho siempre debe tener, nada se opone a que en su propia ley orgánica constitucional se le confieran de un modo expreso las facultades que pasan a explicarse.

Debe destacarse que el artículo 4° de la ley que se propone modificar reconoce en alguna medida estos principios, al señalar que cada Cámara tendrá la facultad privativa de dictar sus propias normas reglamentarias para regular su organización y funcionamiento interno.

Sin embargo, los artículos 2° y 3° de la misma restringen estas facultades en grado máximo.

El inciso segundo del artículo 2°, que en el proyecto se propone derogar, entrega a la ley la fijación de las plantas y las rentas de su personal, y al reglamento, el nombramiento, las funciones y la promoción del mismo, aplicándose respecto de la remoción, y supletoriamente en lo demás, las normas laborales y relativas al personal de la Administración Pública.

El artículo 3°, que se sustituye, consagra en ambas Cámaras, la existencia de sus propias Secretarias, para agregar, acto continuo, que el Congreso Nacional dispondrá, como órganos comunes, de una biblioteca, de un centro de informática y computación, de una secretaría de coordinación legislativa y de asesoría técnico profesional, de servicios de tesorería, de bienestar y de dirección administrativa .

Esta última disposición merece un comentario especial.

La Cámara de Diputados y el Senado, integrados ambos por miembros elegidos por votación popular, no están subordinados el uno al otro bajo ninguna circunstancia o motivo. Ambos gozan de autonomía e independencia, de atribuciones privativas, de instalaciones, personal y recursos propios y de aquellos servicios auxiliares comunes indispensables para el cumplimiento de sus labores, que no han sido otros que la Biblioteca del Congreso Nacional y el Departamento de Bienestar, pudiendo existir otros, si así lo determinan soberanamente, pero no bajo la forma de una imposición legal.

Es particularmente grave la existencia de una tesorería común, en circunstancias que tanto el Senado como la Cámara tienen autonomía presupuestaria, que cada una establecerá la forma en que se distribuirá la inversión de los fondos que se consulten en sus presupuestos y, por último, que cada una tendrá una comisión revisora de cuentas.

El proyecto, en síntesis, deroga el inciso segundo del artículo 2° y reemplaza el artículo 3°, por otro que garantiza el derecho de la Cámara de Diputados y del Senado a tener sus propias Secretarías, además de las unidades y oficinas que establezcan al regular su organización y funcionamiento interno, facultad que el artículo 4° de la ley N° 18.918 les reconoce.

Se reconoce, asimismo, el derecho del Congreso Nacional a disponer de los órganos comunes que de consuno acuerden crear ambas Cámaras, citándose por vía ejemplar, la biblioteca y el servicio de bienestar, lo que abre la posibilidad de establecer otros.

A continuación, se fija la forma en que se fijarán la dotación, plantas y remuneraciones del personal, radicándose esas atribuciones en las Comisiones de Régimen Interno y en las Mesas de la Cámara de Diputados y del Senado, tratándose de los órganos comunes del Congreso Nacional. .

Estas mismas autoridades quedan facultadas para fijar el estatuto del personal de su dependencia, el que regulará su carrera funcionaria, debiendo considerar, a lo menos, su ingreso, deberes y derechos, responsabilidad, incompatibilidades y cesación de funciones.

En el silencio de esos estatutos, en forma supletoria y en lo que fuere pertinente, regirán las normas laborales aplicables al personal de la administración civil del Estado.

Esta última disposición se complementa con lo que se establece en el nuevo artículo segundo transitorio, en virtud del cual, mientras no se dicten esos estatutos, las materias que ellos deben regular se regirán por los acuerdos que aprueben o hayan aprobado las mismas autoridades que deben dictarlos. Se reconoce, de esta forma, una realidad, cual es, que la organización y funcionamiento interno del Congreso Nacional se ha ido estructurando sobre la base de acuerdos de dichas autoridades y no a normas reglamentarias dictadas en conformidad a la facultades privativas de estas Corporaciones.

Por razones de convivencia práctica, se dispone en este mismo artículo 3° que las resoluciones relacionadas con el nombramiento, ascenso y término de los servicios del personal deben enviarse a la Contraloría para el solo efecto de su registro.

Con el propósito de hacer operativas las normas que se vienen proponiendo, por los artículos 2° y 3° se propone derogar todas aquellas disposiciones legales que pudieran entrabarlas.

El artículo 2° del proyecto suprime la expresión "Congreso Nacional" en el decreto ley N° 249, de 1974, que estableció la Escala Única de Sueldos, y en el artículo 21 del decreto ley N° 1.819, de 1979, que hace extensivo al personal del Congreso Nacional el sistema de viáticos que rige en la administración pública.

Por el artículo Y se derogan, expresamente, todos los decretos leyes relativos a la disolución del Congreso Nacional; los que entregaron determinadas atribuciones al Secretario del Senado para la administración del servicio y la designación y remoción del personal y los que ubicaron y reubicaron al personal del Congreso Nacional en la Escala Única de Sueldos.

Se derogan también, el artículo 1° de la ley N° 17.922, que crea el Departamento de Bienestar del Congreso Nacional; la ley N° 18.089, que sustituye determinados escalafones en las plantas del personal de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional, y el artículo 59 de la ley N° 18.482, que creó en la planta de esta última entidad, un cargo de Jefe del Banco Computarizado de Datos Jurídicos.

Con las derogaciones propuestas todas estas materias quedarán reguladas en los acuerdos que al respecto adopten las autoridades pertinentes del Congreso Nacional Hacemos presente que el proyecto, atendida su naturaleza, no irroga gastos. Los que pudieran producirse al aplicarse las normas que en conformidad con él se dicten, se encuentran contemplados en los respectivos presupuestos de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional.

En mérito de las consideraciones expuestas, sometemos a la consideración de la Honorable Cámara, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional:

1) Derógase el inciso segundo del artículo 2°

2) Sustitúyese el artículo 3° por el siguiente:

"Artículo 3°.- Para el ejercicio de las facultades y atribuciones que les corresponden, la Cámara de Diputados y el Senado tendrán sus propias Secretarías, además de las unidades y oficinas que establezcan al regular su organización y funcionamiento interno.

El Congreso Nacional dispondrá también de los órganos comunes que de consuno acuerden crear ambas Cámaras, entre ellos, una biblioteca y un servicio de bienestar.

La dotación y las plantas del personal de la Cámara de Diputados, del Senado y de los órganos comunes del Congreso Nacional, serán fijadas por las respectivas Comisiones de Régimen Interno, y por las Mesas de ambas Corporaciones, tratándose de estos últimos.

Las mismas autoridades fijarán el estatuto del personal de su dependencia, el que regulará su carrera funcionaria y considerará, especialmente, su ingreso, deberes y derechos, responsabilidades, incompatibilidades y cesación de funciones, rigiendo, en el silencio de esos estatutos, en forma supletoria y en lo que fuere pertinente, las normas laborales relativas al personal de la administración civil del Estado.

Corresponderá a estas mismas autoridades fijar, modificar, conceder o aumentar las remuneraciones, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios a dicho personal.

Las resoluciones relacionadas con el nombramiento, ascenso y término de los servicios del personal se enviarán a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro.".

3) Sustitúyese el artículo 2° transitorio por el siguiente:

"Artículo 2°.- Mientras no se dicten los estatutos a que alude el artículo 3°, las materias que ellos deben contener se regularán por los acuerdos que hayan aprobado o que aprueben las respectivas Comisiones de Régimen Interno de la Cámara de Diputados y del Senado o las Mesas de esas Corporaciones, según corresponda.

El personal de planta que preste sus servicios en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los órganos comunes del Congreso Nacional se entenderá encasillado de pleno derecho, por el solo ministerio de la ley y sin solución de continuidad en los escalafones de la nueva planta de la respectiva Institución, según sus actuales jerarquías, tiempo de permanencia y ubicación en el escalafón.

El personal a contrata y a honorarios podrá ser encasillado discrecionalmente en esas plantas, en los cargos que queden vacantes, pudiendo figurar también los cargos fuera del escalafón.".

Artículo 2° .- Suprímese la expresión "Congreso Nacional en el artículo 1° del decreto ley N° 249, de 1974, y en el artículo 21 del decreto ley N° 1.819, de 1979, y la coma (,) que le antecede en este último.

Artículo 3° .- Deróganse:

a) Los decretos leyes N°s. 27,92 Y 129, de 1973; 1.333, de 1976; 2.063, de 1977 y 2.323, de 1978.

b) Los artículos 48 y 114 de los decretos leyes N°s. 316 y 626, de 1974, respectivamente.

c) El artículo 1° de la ley N° 17.922.

d) La ley N° 18.089.

e) El artículo 59 de la ley N° 18.482.".

(Fdo.): Hernán Rojo A., Sergio Pizarro Mackay, Ramón Elizalde H., Hosain Sabag Castillo, Hernán Bosselin, Mario Hamuy".

Moción del Diputado señor Vladislav Kuzmicic Calderón.

MODIFICA DIVERSAS NORMAS LEGALES CON EL OBJETO DE RACIONALIZAR LA PROPIEDAD Y USO DE LAS AGUAS EN LA I REGION.

(boletín N° 178-01)

VISTO: El artículo 60 N° 2, 19 n 8 y 19 n 24, de la Constitución Política del Estado y el Código de Aguas;

CONSIDERANDO:

1.- Que la normativa existente no distingue entre las distintas zonas del país en lo que se refiere a la propiedad y uso de las aguas superficiales y subterráneas;

2.- Que la I Región del país requiere de una normativa especial atendida su condición de zona árida o semi-árida;

3.- Que los estudios realizados hasta la fecha son insuficientes y contradictorios en lo que se refiere a las verdaderas reservas de aguas existentes;

4.- Que el crecimiento de su población y el desarrollo de importantes actividades empresariales e industriales ligadas principalmente a la minería continúa incrementándose;

5.- Que el desarrollo de la agricultura y ganadería del altiplano y precordillera, se encuentran estrechamente vinculados con las comunidades autóctonas y que, además, existen proyectos agrícolas de insospechadas proyecciones para la región y el país;

6.- Que es necesario fomentar un desarrollo sustentable que armonice las consideraciones anteriores, en una realidad de escasez del recurso dulciacuícola;

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Intercálase a continuación del punto final del artículo 172 del Código de Aguas, lo siguiente:

"g) De las aguas de la I Región

Artículo 172 bis. La Dirección de Aguas, cuando se trate de aguas superficiales o subterráneas de la I Región del país, solicitadas por empresas mineras, deberá sujetarse a la siguiente normativa:

a) La solicitud deberá indicar el mecanismo que se empleará para proceder a ahorrar agua, debiendo contemplar a lo menos el reciclaje en 3 oportunidades de las aguas utilizadas durante el proceso productivo;

b) La solicitud deberá contemplar la implementación de un sistema de relave exento de toda contaminación del suelo, subsuelo y napas subterráneas.

Artículo 2.- Modificase el artículo 7 del decreto Ley 2.603 en el siguiente sentido:

Agrégase después del punto seguido (.) del inciso 1, la siguiente frase:

El Departamento de Aguas de la I Región privilegiará a las Comunidades que habitan desde tiempos inmemoriales, para la concesión y el aprovechamiento de las aguas que se encuentran en sus territorios.

Artículo 3.- Todo nuevo proyecto agrícola que se implemente en la I Región, deberá contemplar sistemas y tecnología apropiada para el ahorro del recurso agua. Para este efecto, el Servicio Agrícola y Ganadero, previo informe de los Departamentos correspondientes de las Universidades regionales, procederá a autorizar la ejecución de proyecto o la modificación del mismo.

Artículo 4.- El Fondo Nacional de Desarrollo Regional deberá privilegiar en los proyectos que se presenten para la I Región, aquellos que estén dirigidos al mejor aprovechamiento del recurso agua y, en especial, al tratamiento de aguas servidas para su reutilización en procesos industriales o el riego de áreas verdes.

Artículo 5.- Las Direcciones de Obras Municipales fomentarán que las nuevas construcciones habitacionales que se ejecuten en la I Región, contemplen mecanismos de ahorro de agua.

Artículo 6.- Aquellas empresas que utilicen recursos hídricos por sobre 200 litros por segundo en su proceso productivo y que estén localizadas en zonas altiplánicas o precordilleranas de la I Región, deberán transportar su producto final por carreteras y puertos de la misma región.

(Fdo.): Vladislav Kusmicic, Diputado".