Labor Parlamentaria

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

En el primer lugar del Orden del Día corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

La proposición de la Comisión Mista contenida en el boletín N° 13-04 consiste en la aprobación del N° 2 del artículo 2° en los siguientes términos:

2) Deróganse el inciso segundo del artículo 2° transitorio y el artículo 3° transitorio, y.".

El señor SMOK .-

Señor Presidente, el informe de la Comisión Mixta se originó en un pronunciamiento adoptado por la Cámara en el tercer trámite constitucional que no fue compartido por el Senado. Se trata de la parte del articulado del proyecto del Ejecutivo que modifica la Ley Orgánica de Educación en lo que se refiere, específicamente, a la acreditación de nuevas universidades.

La ley vigente publicada en marzo de 1990 establece un mecanismo permanente de acreditación, que es a través del Consejo Superior de Educación, y en su articulado transitorio da la posibilidad de que, durante los próximos dos años, la acreditación pueda hacerse mediante un determinado trámite administrativo.

Adicionalmente, en esa normativa legal se han aprobado algunos preceptos sobre educación técnico-profesional de nivel superior, y algunas otras como la posibilidad de la acreditación parcial de carreras por universidades y por centro de educación superior ya existentes y como la opción de solicitar al Ministerio que se designen comisiones examinadoras en el caso de que la universidad en cuestión no pueda conseguirlas, específicamente, este es uno de los temas que está en debate. En mi opinión, el principal precepto es el que deroga un artículo transitorio que daba, a quien presentara la solicitud para la creación de una nueva universidad, la opción de emplear un trámite administrativo, y no someterse a la acreditación del Consejo Superior de Educación.

Muy brevemente, quiero decir que nuestra bancada acepta el criterio establecido por el Honorable Senado, de mantener la opción de la acreditación parcial para algunas carreras en centros de formación superior en universidades ya existentes y de solicitar comisión examinadora cuando así sea necesario. Sin embargo, sobre el tema de la acreditación de las nuevas universidades, nos parece prudente que, en los sucesivo, sólo se siga la vía del Consejo Superior de Educación, como lo establece el articulado permanente de la ley.

Señor Presidente, quiero Consignar que, en la actualidad, en el país existen 40 universidades privadas autorizadas, de las cuales 31 se encuentran en actividad. Es evidente que esto significa, junto con otras formas de educación superior privada, la posibilidad de estudio para más de cien mil estudiantes en Chile. Creemos que se ha llegado a una etapa en que se está tendiendo a la estabilización y al desarrollo de ese sistema. Existen suficientes universidades como para permitirles que puedan madurar y. crecer. De hecho, así lo están haciendo. Por tratarse de un fenómeno de la última década, particularmente desarrollado en los dos últimos años, ya existen seis universidades que tienen una matrícula significativa y ofrecen, por lo menos, seis carreras o más. Sin embargo, 16 de esas universidades todavía no están en la etapa de impartir más de tres carreras.

Por otro lado, el Consejo Superior de Educación ya está en actividad. En las reuniones quincenales que ha celebrado desde el mes de julio de este año, ha podido preocuparse de las funciones que le son pertinentes, sin que haya habido ningún tema traumático ni ninguna situación anómala. Creemos que, por su composición, están debidamente salvaguardados todos los estamentos que tienen alguna injerencia o interés en la educación superior, incluidas las Fuerzas Armadas.

Señor Presidente, esta bancada solicita que la votación sobre los dos artículos en cuestión se haga por separado. Desde luego, anuncio que estamos dispuestos a aceptar el criterio del Honorable Senado, de mantener el inciso segundo del artículo 2 transitorio en los términos en que lo ha planteado, e insistir en que sea derogado el artículo 3 transitorio, por los argumentos que ya he expuesto.

He dicho.

El señor VALCARCE .-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

Al analizar la proposición que envía la Comisión Mixta de Educación, concluimos que la ley N° 18.962 ha permitido la creación de distintas universidades. Tal como manifestaba el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, hasta la fecha el Ministerio ha podido controlar adecuadamente la creación y el desarrollo de estas nuevas universidades. Sin embargo, estimamos conveniente que las universidades creadas hasta la fecha mantengan la situación actual de ser examinadas por una universidad o por una comisión especial y que al mismo tiempo, si ellas lo estiman conveniente, puedan acreditar carreras en forma parcial. Ello, porque próximamente el Consejo Nacional de Educación y en especial la Comisión de Educación Superior, creada por el Supremo Gobierno nos enviarán un nuevo estudio de la Ley Orgánica Constitucional de Educación.

El nuevo proyecto, seguramente, contemplará algunas disposiciones para clarificar, con mayor certeza, la forma en que la universidades o institutos de educación superior que se creen en el país serán examinados o acreditados.

Por lo tanto, en esta materia, Renovación Nacional considera pertinente y así vamos a votar que el inciso segundo del artículo 2° transitorio de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, se mantenga tal cual está.

Sin embargo, estimamos conveniente derogar el artículo 3o transitorio de la misma ley, que permite, a las entidades que se creen a contar de la fecha y hasta el plazo de dos años, acogerse al sistema de exanimación. Ello, en consideración a la cantidad de universidades creadas y en funcionamiento. De manera que, respecto de las nuevas instituciones que se crean, sólo se podrá utilizar el sistema de acreditación, con el objeto de que exista control efectivo sobre la seriedad con que funcionarán.

La cantidad de universidades, hasta el día de hoy nos permite advertir que la cuota de profesores del más alto nivel, en estos instantes, trabaja precisamente en ellas.

Por eso, Renovación Nacional también solicita que se voten por separado los artículos 2° y 3° transitorios, de manera que quede absolutamente claro que el inciso segundo del artículo 2° transitorio se mantiene tal cual está y que el artículo 3° transitorio se elimina.

He dicho.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente; Estimados colegas parlamentarios:

El 24 de abril pasado, tratamos en la Sala, en primer trámite constitucional un proyecto de ley, de origen en un Mensaje del Ejecutivo, que solamente modificaba dos artículos transitorios; es decir, que no hacía mención alguna al articulado permanente de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Después de tantos meses, hemos podido vivir y practicar lo que significa la democracia.

Por eso, hoy día vamos a solicitar que se divida la votación, pues hemos llegado; a un acuerdo consensual con las bancadas de la UDI y de Renovación Nacional naturalmente, la Concertación completa para hacer posible que se despache, por lo menos, una parte del proyecto.

¿Por qué planteo esto?, ¿Y por qué mencioné el 24 de abril? En ese entonces, en nombre de los Diputados de la Democracia Cristiana, me correspondió anunciar que, en algunos días, se crearía el Consejo Superior de Educación, entidad que fue nominada por el Presidente de la República don Patricio Aylwin, con fecha 4 de mayo.

Tal como lo expresé el 24 de abril pasado, el Consejo está integrado por representantes de todas las tendencias y pensamientos políticos existentes en el país. Es decir, es un organismo absolutamente pluralista, en el cual tiene incidencia total la intención, la disposición y el ánimo político de este Gobierno, en el sentido de introducir modificaciones profundas a la ley 18.962, publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de este año.

Por eso, pienso que ello será tarea de este Consejo, que dispone de un plazo de 180 días, que se cumple el 3 de noviembre, para dar a conocer proposiciones sobre la forma de mejorar la educación chilena y, en especial, todo lo atingente a los organismos superiores de educación.

En la Comisión Mixta se rechazaron los acuerdos del Senado. Pero, como llegamos a una negociación política con todas las bancadas aquí presentes, en nombre de los Diputados democratacristianos solicito que rechacemos el inciso segundo del artículo 2° transitorio, relativo a la acreditación de las universidades actualmente creadas. Es decir, tal como lo plantea el informe de la Comisión Mixta en la página N° 4, se mantendría la parte que dice: "El Ministerio de Educación Pública podrá encargar a una determinada entidad examinadora o a una comisión especial, la realización de las actividades de examinación cuando, por circunstancias ajenas a las entidades adscritas a este sistema, carecieren de ellas. Por otra parte, la entidad examinada podrá en esta misma situación, parcialmente, someterse al sistema de acreditación".

Es decir, todos los Diputados presentes, para que quede clara fe de ello en la historia de este proyecto de ley, rechazaríamos el inciso segundo del artículo 2° transitorio.

Pero, en el acuerdo político que llevamos a feliz término hace alrededor de una hora, también se incluyó el acuerdo de aprobar el artículo 3° transitorio, que en el informe de la Comisión Mixta aparece en la página 5. Por lo tanto, el artículo 3° quedaría tal como se propone: "Las entidades de Educación Superior que se creen dentro del plazo de dos años, a contar de la fecha de la publicación de esta ley, podrán optar por el sistema de examinación..." etcétera.

Solicito a esta Honorable Cámara de Diputados que rechace el inciso segundo del artículo 2° transitorio y apruebe el artículo 3° transitorio.

Eso es todo, estimados señores parlamentarios.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.696 y establece normas relativas al transporte de pasajeros.

La proposición de la Comisión Mixta, impresa en el boletín N° 80-15, consiste en reemplazar el inciso noveno del artículo único por otro del siguiente tenor:

"En Caso de suspensión o cancelación de un servicio de transporte, el o los afectados podrán recurrir dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la medida por carta certificada, ante el Juzgado de Letras correspondiente al domicilio del afectado. La interposición de este recurso no suspenderá la aplicación de la medida, efecto que se producirá sólo en el caso de ser favorable al recurrente la resolución del tribunal. Este conocerá del recurso sin forma de juicio, oyendo al Ministerio, con los antecedentes que se le proporcionen y los que estime necesario requerir y deberá emitir su fallo en un plazo máximo de 30 días. El fallo será susceptible de apelación, en el solo efecto devolutivo".

El señor ORPIS .-

Señor Presidente, los parlamentarios de la bancada de la UD1 también darán su aprobación al texto propuesto por la Comisión Mixta.

De acuerdo con el proyecto que se ha venido discutiendo tanto en la Cámara como en el Senado, fue unánime la opción de otorgarle amplias facultades al Ministerio de Transportes, en una serie de materias. Sin embargo, consideramos que en medidas extremas como son la suspensión y la cancelación del servicio de transporte, el Ministerio pasaba a ser juez y parte.

Se discutió en la Comisión Mixta la posibilidad de que los afectados se acogieran al recurso de protección. Pero, como éste tiene carácter extraordinario, se estimó oportuno concederles una facultad expresa, con el objeto de que pudieran recurrir al Juzgado de Letras respectivo. Nos parece que éste es un camino bueno, acertado, porque así se resguardan los derechos de las personas ante eventuales abusos que se pudieran cometer a través del Ministerio, a raíz de estas facultades que se le otorgan.

Por eso, estamos de acuerdo en aprobar el texto propuesto por la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente, en la reunión en que se trató este proyecto, la Cámara de Diputados rechazó lo propuesto por el Senado. En la Comisión Mixta, los señores parlamentarios llegaron a un acuerdo en la redacción.

Las objeciones planteadas en las sesiones en que se discutió este proyecto fueron, fundamentalmente, dos. La primera, que no se había recabado el informe de la Excelentísima Corte suprema, como lo ordenan el artículo 74 de la Constitución Política y el artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. La segunda, que todas las cuestiones contencioso administrativas nunca la ley las había confiado al Juzgado de Policía Local. En consecuencia, resultaba altamente inconveniente que un tribunal de este nivel juzgara una cuestión en que había tan altos intereses comprometidos.

Por esa razón, la Democracia Cristiana, igualmente, va a apoyar lo propuesto por la Comisión Mixta, puesto que, como se deja constancia en el informe, por la unanimidad de sus miembros se aprobó que tal reclamación se entablara ante el juez de letras, quien es un magistrado independiente, imparcial y de dedicación exclusiva, por lo que los intereses de las partes quedan perfectamente resguardados.

Es todo, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Señores Diputados, el tercer proyecto es el proyecto de acuerdo que aprueba los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra.

Hay informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

El proyecto de acuerdo, aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana e impreso en el boletín N°62-10, cuyos términos fueron ratificados por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, es el siguiente:

"PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo único.- Apruébanse los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), y a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), adoptados el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, celebrada en Ginebra, Suiza, y Suscritos por Chile el 12 de diciembre del mismo año".

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Señores Diputados, estamos conociendo del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, y tiene la palabra el Diputado informante, señor Yunge.

Le ruego al señor Yunge que continúe con su exposición.

El señor YUNGE.-

Es lo que he tratado de hacer, señor Presidente, desde hace algunos minutos.

Los convenios de Ginebra de 1949, y sus protocolos adicionales, conforman el Estatuto Universal del Derecho Internacional Humanitario o del Derecho de Ginebra, como también se le conoce, entendiéndose por tal el conjunto de reglas tendientes a la protección, en caso de conflicto armado, de las personas afectadas por los males que causa este conflicto, y, por extensión, de los bienes que no tienen relación con las operaciones militares,

En consecuencia, es un ámbito que se expresa en la protección de los derechos fundamentales de la persona, incluso, en un caso extremo de confrontación bélica, en el cual la valoración universal de la dignidad y de los derechos humanos se reconocen como una base que, en cualquier caso, deben ser respetados.

Este derecho empieza a gestarse en 1864, con la firma del Convenio, para mejorar la suerte que corren los militares heridos de los ejércitos en campaña. Desde entonces ha estado en permanente proceso de perfeccionamiento, gracias a la constante preocupación del Comité Internacional de la Cruz Roja, lo que ha permitido la celebración periódica de nuevos convenios de Ginebra, principalmente después de la traumática experiencia de las dos guerras mundiales, "siempre con la participación activa de Chile, de acuerdo con los principios tradicionales e históricos de nuestra política exterior.

El Primer Convenio de Ginebra, de 1864, fue promulgado en Chile en 1879.

Los Convenios de Ginebra, todos fechados el 12 de agosto de 1949, son cuatro tratados internacionales que recogieron, fundamentalmente, las experiencias de la Segunda Guerra Mundial y que fueron aprobados en una conferencia internacional en la que estuvieron representados 63 estados, incluido Chile.

El Primer Convenio se preocupa del alivio, de la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

El Segundo Convenio beneficia a los heridos, a los enfermos y a los náufragos de las fuerzas armadas en el mar.

El Tercer Convenio se refiere al trato debido a los prisioneros de guerra.

El Cuarto Convenio establece la debida protección a las personas civiles en tiempo de guerra.

La aceptación universal de estos tratados está refrendada por el hecho de que, en mayo de 1990, de 171 estados existentes en la comunidad internacional, 165 estados los habían ratificado, Chile fue el primer país latinoamericano y el cuarto en el mundo en suscribirlos e incorporarlos a su ordenamiento jurídico interno, en 1950.

El propósito fundamental de estos convenios es lograr el respeto y la dignidad al ser humano durante el desarrollo de conflictos armados. En ellos se estipula que las personas que no participan directamente en las hostilidades, y las que están fuera de combate a causa de enfermedad, herida, cautiverio o por cualquier otro motivo, deben ser respetadas y protegidas contra los efectos de la guerra, y las que sufren deben ser socorridas y atendidas sin distinción.

La etapa más reciente en la evolución del derecho internacional humanitario se cumplió el año 1977, con la aprobación de los dos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1949, por más de un centenar de países representados en la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados.

El Protocolo I, contiene normas relativas a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.

El Protocolo II, se refiere a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

Al 31 de mayo del presente año se habían hecho parte del Protocolo I, 96 Estados; y del Protocolo II, 86 Estados.

A esos tratados se les denomina Protocolos Adicionales", porque el propósito fundamental que se persigue con ellos no es sustituir los convenios de Ginebra, de 1949, sino, solamente, complementarlos con las medidas que permitan reforzar la aplicación de sus normas protectoras de las víctimas de los conflictos armados, asumiendo la realidad de estos conflictos en las últimas décadas.

Su Excelencia el Presidente de la República, según se expresa en el Mensaje, ha decidido someter a esta Cámara la aprobación de estos Protocolos Adicionales, porque el Gobierno concuerda plenamente con sus objetivos, y ellos forman parte de un esfuerzo integral desde el punto de vista de la integración plena de nuestro país a los mecanismos internacionales de protección de los derechos fundamentales de las personas.

Su aprobación parlamentaria es indispensable, de acuerdo con los artículos 32, N° 17, y 50, N° 1, de la Carta Fundamental.

El orden jurídico interno no ha estado ajeno a receptar los convenios de Ginebra, como se puede observar en los casos de la ley N° 3.924, que designó a la Cruz Roja Chilena como órgano auxiliar de las autoridades sanitarias militares encargadas de atender, en tiempo de guerra, el mejoramiento de las condiciones de los heridos, de los enfermos y de los prisioneros de guerra; y de la ley N° 6.371, que la autorizó para hacer uso de su emblema y de su nombre, en tiempos de guerra, y para actividades humanitarias, en tiempos de paz.

El decreto supremo N° 136, de 1963, de la Subsecretaría de Guerra, establece el reglamento general de la Cruz Roja Chilena e indica que una de sus misiones especiales es dar cumplimiento a los referidos convenios ratificados por el Gobierno de Chile.

En términos de reseñar, en forma general, el contenido de los Protocolos, podemos establecer, señor Presidente, que el título I contiene las disposiciones generales, que indican que las altas partes contratantes se comprometen a respetar estos principios, y hacerlos respetar en toda circunstancia; además de definir el ámbito de aplicación del Protocolo y de los convenios de Ginebra, en el plano de los conflictos armados internacionales.

El título II se refiere a la protección general de las personas que están en condiciones de heridos, de enfermos o de náufragos.

El título III se ocupa de los métodos y de los medios de guerra, del estatuto del combatiente y de los prisioneros de guerra.

El título IV trata de la población civil, regula la protección general contra los efectos de las hostilidades, tanto de la población civil como de los bienes civiles, y de los socorros en su favor, y el trato a las personas en poder de una parte en conflicto.

El título V se refiere a la ejecución de los convenios y del Protocolo I, y establece las facilidades que las partes en conflicto darán para el desarrollo de las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja y dé otras organizaciones internacionales humanitarias; y constituye una Comisión Internacional de Encuesta encargada de investigar las denuncias graves de las normas de los Convenios o del Protocolo.

El título VI contempla las disposiciones finales comunes a todo tratado multilateral.

El Anexo I es el reglamento relativo a la identificación del personal sanitario, religioso, civil y permanente, de las unidades y los medios de transporte sanitarios y de los servicios de protección civil. Y el Anexo II aprueba el modelo de la tarjeta de identidad para periodistas en misión peligrosa.

Con referencia al Protocolo II, podemos indicar, en general, que el título I está referido al ámbito de aplicación material y personal de sus disposiciones, y al respeto del principio de no intervención en el conflicto o en los asuntos internos o externos del Estado en conflicto.

El título II, relativo a "trato humano", contempla diversas garantías fundamentales en favor de las personas que no participan directamente en las hostilidades.

El título III se ocupa de heridos, de enfermos y de náufragos, de su protección, asistencia y búsqueda.

El título IV trata de la población civil y establece las normas de protección de las personas y bienes civiles.

El título V contiene disposiciones finales análogas a las previstas en el título VI del Protocolo I.

Gran parte de estos artículos de los Protocolos Adicionales tienen alcance reglamentario de normas generales actualmente vigentes, en virtud de los convenios de Ginebra.

En el debate realizado en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de esta Cámara, la unanimidad conseguida constituye un consenso destinado a compartir la vocación pacifista y humanitaria de los autores de estos instrumentos. Nuestro país debe incorporarse a estos Protocolos Adicionales, como una manera de reafirmar su adhesión histórica al Derecho Internacional Humanitario.

Por otra parte, en el plano de las relaciones internacionales, la incorporación de Chile a estos Protocolos se juzgó oportuna, dada la ratificación que de ellos han hecho diversos países latinoamericanos, incluidos los limítrofes. También, como ya lo he manifestado, los diversos convenios y normas internacionales aprobados por esta Cámara, demuestran la decisión que nuestro país ha realizado, en términos de indicar que los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos tengan un efecto desde el punto de vista de la realidad que está viviendo Chile en esta etapa democrática.

Desde el punto de vista del Derecho interno, la ratificación de estos protocolos resulta concordante con las normas del artículo 5a de la Constitución Política, que obliga a los órganos del Estado a promover y a respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos en los tratados ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, situación que está establecida en los convenios que son objeto de este informe.

Al término de la discusión, la Comisión decidió aprobar el proyecto de acuerdo por la unanimidad de los señores Diputados miembros presentes.

Se reemplaza en el artículo único la expresión "10 de junio" por "8 de junio", ya que en esta segunda fecha se adoptaron los Protocolos por la Conferencia Internacional, según consta en el acta de ella.

Además, se introducen otras modificaciones formales, que no es dable detallar, por ser obvias y sencillas y quedar salvadas en el texto que se propone, en el siguiente proyecto de acuerdo:

"Artículo único.- Apruébame los Protocolos Adicionales a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), y a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), adoptados el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre Reafirmación y Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, celebrada en Ginebra, Suiza, y suscritos por Chile el 12 de diciembre del mismo año".

Muchas gracias señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Sergio Ojeda, Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía pasa a informar el proyecto de acuerdo, originado en un Mensaje del Ejecutivo, en el que se propone la aprobación de los Protocolos Adicionales a los convenios de Ginebra del año 1949.

Con el objeto de no entrar en repeticiones de ideas o de conceptos que el Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores ya expresó en su informe, sólo me remitiré, en forma detallada, a enfocar el lema desde el ámbito de competencia de esta Comisión. Con ello, desde luego evito hacer referencias a disposiciones de Derecho Internacional, que competen a la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Latinoamericana y Asuntos Interparlamentarios.

Inicio este informe señalando que los convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales a ellos constituyen normas de Derecho Internacional Humanitario. Es el Derecho de Ginebra, como ya se señalara, la consideración humana y la protección de su dignidad, un conjunto de reglas tendientes a la protección, en caso de conflicto armado, de las personas afectadas por los males que causa ese conflicto y, por extensión, de los bienes que no tienen relación con las operaciones militares; bienes culturales, del culto, escuelas, etcétera.

En la introducción a la traducción española que se hace a los convenios de Ginebra del año 1949, publicada en Madrid en 1970, señalan, en breve síntesis, las características generales de estos convenios y los Protocolos de 1977, cuando dice que "todos los tratados1 se basan en el respecto de la persona humana y de su dignidad; consagran el principio del auxilio desinteresado y prestado sin discriminación a las víctimas, al hombre que, herido, prisionero y náufrago, sin defensa alguna, ya no es enemigo, sino únicamente un ser que sufre".

Estos tratados tienden a introducir en el centro mismo del conflicto armado, elementos activos de paz entre las partes. Se acentúa el sentido humanitario del derecho en los conflictos armados. Se amplía, desde los Convenios, y se exige el resguardo, la protección y el rescate de los derechos humanos en las personas que quedan expuestas a los peligros de las hostilidades. En suma, señor Presidente, son los sentimientos y los principios humanitarios insertos en las leyes de la guerra. Se castigan así, de acuerdo con lo que señalan los Protocolos, los excesos, se limita el empleo de la fuerza entre los combatientes, y se da una efectiva protección a las víctimas.

El Derecho Internacional Humanitario que conforman los convenios y los Protocolos I y II, que estamos viendo, se rigieron primitivamente por las costumbres, de acuerdo con el Derecho de Gentes. A través del tiempo, comienza a concretarse en normas positivas, con declaraciones y con convenios.

El año 1864 se suscribió un convenio para mejorar la suerte que corren los militares heridos de los ejércitos en campaña. Posteriormente, en los años 1929, y 1930, se revisan estos convenios, para ser definitivamente aprobados el 12 de agosto de 1949. Son los convenios de Ginebra.

Las dos guerras mundiales mostraron a la humanidad un cuadro sobrecogedor de desprotección y de desamparo de los heridos.

Esto, desde luego, llevó a las Naciones a preocuparse de configurar un estatuto jurídico internacional de protección y de resguardo de los heridos.

Papel importante le ha correspondido, señor Presidente y señores Diputados, en esta toma de conciencia de los males que afectan a la población y a los heridos en los conflictos armados, y en el estudio y la confección de estos estatutos jurídicos, a la Cruz Roja Internacional. Ya Henry Dunant , creador de este organismo, en el año 1863, al describir en su libro "Recuerdo de Solferino", donde relata las dramáticas experiencias vividas en la batalla del mismo nombre, comenzaba a gestar las normas protectoras para los casos señalados.

Es indudable que estas normas satisfacían los más profundos sentimientos humanitarios en beneficio de los heridos de la guerra. Es indudable, también, señor Presidente, que no eran suficientemente amplias en su cobertura, ni contenían normas que satisficieran las nuevas exigencias de las guerras modernas.

Fue así que el 10 de junio de 1977, los representantes de los numerosos Estados que participaron en la Conferencia Diplomática en Ginebra firmaron el acta final que contenía los dos Protocolos Adicionales, elaborados por la Conferencia durante los cuatro períodos de sesiones, celebradas desde 1974 a 1977.

Concurrieron a esta Conferencia 126 Estados, con sus delegados plenipotenciarios; representantes de 14 movimientos de liberación nacional, y de 35 organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales.

La variedad de estas representaciones demuestra el interés y el motivo que llevó a la ampliación de las normas, materializadas en estos Protocolos, las cuales, señor Presidente no pretenden sustituir a los Convenios de Ginebra, como ya se señaló en el informe anterior, sino a completarlos, a desarrollarlos y a complementarlos.

Con ello, desde luego, se pretende reforzar la aplicación de las normas protectoras de las víctimas de los conflictos internacionales, establecidas en los convenios.

El Derecho Internacional Humanitario, como toda rama del Derecho, debe estar en permanente proceso de perfeccionamiento y de adecuación a las nuevas circunstancias y exigencias. En virtud de ello, se ha evolucionado, ya que, originariamente referido a las víctimas de los conflictos, se ha extendido a otras áreas. Toma un sentido más amplio de los conflictos armados.

Se incorporan normas relativas no sólo a las víctimas en las contiendas armadas, sino también al desarrollo de las hostilidades, a las relaciones entre los combatientes y a los crímenes de guerra, en general.

Los Protocolos amplían su ámbito de aplicación del Derecho Internacional Humanitario a los conflictos armados, sin carácter internacional.

Por ejemplo, el Protocolo I extiende la protección a los civiles, la que antes sólo estaba restringida a los miembros de las fuerzas armadas, de los heridos, de los enfermos o de los náufragos.

El Protocolo I amplía la regulación de las operaciones de búsqueda de personas desaparecidas y fallecidas.

Se sostiene en este Protocolo que el derecho de los Estados a elegir los métodos y los medios de guerra se restringe; no es ilimitado; se prohíben las armas que causen males superfluos sufrimientos innecesarios a las personas, o daños duraderos y graves al medio ambiente natural.

Aquí se define al combatiente como el miembro de las fuerzas armadas de una parte en conflicto, con derecho a participar en las hostilidades. Sólo a él se le confiere el Estatuto de Prisionero de Guerra. A los mercenarios se les niega el Estatuto del Combatiente o de Prisioneros de Guerra. Del mismo modo, a los espías.

Se incorporan normas especiales para la protección de bienes civiles. Se establecen medidas de protección a los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflictos armados; también a los religiosos.

Al Protocolo II se aplican las disposiciones análogas relativas a los conflictos armados internacionales.

Para el derecho consagrado en estos Protocolos, no solamente se concibe la existencia de un ejército en el enfrentamiento guerrero, sino también se suponen elementos inherentes y consustanciales al conflicto: los servicios de socorro para recoger y para cuidar a los heridos y proteger a las demás víctimas o personas tocadas por las guerras. La protección y el respeto a los heridos son deberes humanitarios. También lo es el respeto a los enfermos y a los náufragos. Respeto y protección a los transportes sanitarios de

tierra, aire y mar. No se permite hacer entre ellos ningún distingo que no esté basado en criterios médicos. Se autoriza a prestarles auxilio, y no se castigará, procesará ni condenará a nadie, aunque pertenezcan a la parte adversa.

Respecto de las personas desaparecidas y fallecidas, se reconoce el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus deudos, y obliga a sú búsqueda. Les asegura el respeto y la dignidad de los deudos y la memoria de los difuntos.

La Cruz Roja, las Naciones Unidas y las potencias protectoras, previstas en los convenios y reiteradas en el Protocolo I, están comprometidas a actuar conforme lo estatuyen los Protocolos.

La Cruz Roja, por ejemplo, o cualquier otro organismo imparcial, están encargados de proteger a los heridos, a los enfermos, a los náufragos, a los miembros del personal sanitario, de los servicios religiosos, de los prisioneros de guerra y de las personas civiles. Las partes deberán darles todas las facilidades para desempeñar tareas humanitarias.

Las Naciones Unidas, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, tienen como misión supervigilar e impedir violaciones sistemáticas de los derechos humanos en un conflicto armado.

Las potencias protectoras tienen por misión asegurar la supervigilancia y el cumplimiento de los instrumentos internacionales del derecho de los conflictos armados.

La potencia protectora, señor Presidente, es un Estado neutral u otro Estado que no sea parte en el conflicto, y que si ha sido designado, por una parte y aceptado por la parte adversa, esté dispuesto a desempeñar las funciones asignadas a la potencia protectora con los Convenios de 1949 y por el presente Protocolo.

Es importante señalar aquí el ámbito de competencia de ambos Protocolos, que, a veces, es el centro de las discusiones.

En cuanto al ámbito de aplicación de los Protocolos, su estudio no hace más que confirmar su ampliación con respecto a los Convenios de Ginebra.

El Protocolo I, referido a los conflictos armados internacionales, se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias Altas Partes contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. También se aplicará en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar y de acuerdo con el Título I, N° 4, del Protocolo I, también se aplicará a los conflictos armados, en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera, y contra los regímenes racistas en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la declaración sobre los principios de Derecho Internacional, que se refiere a las relaciones amistosas y a la cooperación entre los Estados de conformidad con las Naciones Unidas. Quienes luchan así, adquieren por sí y sin vinculación previa a un Estado, la calidad de beligerantes, y sus agentes la calidad de combatientes legales, y en caso de ser tomados prisioneros por el enemigo, el de prisioneros de guerra.

El ámbito de aplicación del Protocolo II sobre conflictos armados, se refiere a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1° del Protocolo ya señalado. Se protege a las víctimas de los conflictos armados internacionales que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante, entre sus fuerzas armadas y1 fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

Se requiere, de un alto nivel de intensidad en las hostilidades.

No se aplica este Protocolo a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados. No se pueden invocar estas disposiciones para menoscabar la soberanía de un Estado, la responsabilidad que incumbe; al Gobierno de mantener o establecer la ley y el orden en el Estado o defender la unidad nacional.

Es interesante destacar, que conforme al espíritu de los Convenios de Ginebra, se reconoce en forma expresa, entonces, en el ámbito jurídico-internacional que el derecho para los conflictos armados es aplicable independientemente de si éstos son o no una guerra y de si existe o no un Estado de Guerra.

Señor Presidente, en virtud de todas estas consideraciones, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía ha acordado, por unanimidad, recomendar la aprobación del proyecto de acuerdo en informe en los mismos términos sugeridos por el Ejecutivo y aprobados por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra del Diputado señor Naranjo.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, en el día de hoy estamos discutiendo y votaremos la aprobación o rechazo del proyecto de acuerdo enviado por el Ejecutivo en relación con los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, Protocolos que nuestro país suscribió el año 1977 y que persiguen el fin de humanizar algo que es profundamente contradictorio a la esencia misma de lo que debiera ser la conducta y las relaciones entre los seres humanos. Humanizar la guerra, ya sea de tipo internacional o interna, es un contrasentido; matar a otro ser humano es algo que atenta contra la humanidad y es profundamente contrario a la ética y a la razón. No se puede humanizar la guerra de otros seres. Esta afirmación, que es universal, adquiere más fuerza y valor cuando se pretende humanizar la llamada "guerra interna". Nuestro país, en los últimos 17 años, ha sufrido en carne propia esta lógica de guerra interna. Los miles de ejecutados políticos, los torturados, los exiliados y los cientos de detenidos desaparecidos son testigos de esta afirmación.

Pero no podemos quedamos en este ideal de hombre. Debemos aceptar la realidad y ver al hombre y a los hombres en su magnitud real, con sus aspectos negativos.

Es necesario, por tanto, proteger a los combatientes y, en especial, a la población civil, de los excesos que se cometen en los conflictos armados; intentar aliviar esta situación, porque la otra verdad es que muchas veces, los propios países que han suscrito estos pactos, los violan.

Es necesario, entonces, ratificar los Protocolos. Así, estaremos dando un paso en este gran contrasentido que es humanizar las guerras.

Pero, de la misma forma, debemos avanzar hacia la construcción de una humanidad más fraterna, donde no sea necesario firmar este tipo de Protocolos, porque las guerras han quedado en el pasado y los hombres vivirán como seres racionales.

Por estas razones, los parlamentarios de la Izquierda Cristiana, del Partido Socialista, del Partido Humanista y del Partido por la Democracia vamos a aprobar estos Convenios Protocolares.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Mekis.

El señor MEKIS.-

Señor Presidente, los Protocolos I y II de los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto, suscritos por Chile y que el Ejecutivo somete a la consideración de esta Cámara, por mensaje de 22 de mayo de 1990, merecen nuestra aprobación.

Quiero destacar algunos elementos positivos que observamos en estos, instrumentos internacionales, que explican, en parte, nuestra decisión. La protección jurídica internacional a las víctimas de la guerra es una preocupación moral, que desde el siglo pasado inquieta a la comunidad de naciones, como, asimismo, a la comunidad, desde el punto de vista normativo.

El proceso de inquietud intelectual se inicia en la Conferencia Internacional a que cita el Consejo Federal Suizo en el año 1864, en el siglo pasado, diría, como una continuidad histórica de lo que había sido la influencia del iluminismo en todo el mundo occidental.

Así se elabora el Primer Convenio de Ginebra en esa fecha, para "mejorar la suerte" ese era el único objetivo entonces de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña.

Continúa con las modificaciones y perfeccionamientos que se hicieron en el presente siglo, en los años 1906, 1929 y que culminan con los Convenios de Ginebra de 1949, después de la Segunda Guerra Mundial.

Los dos Protocolos que hoy se someten a consideración de esta Cámara representan un esfuerzo ^de la comunidad internacional para insistir en el perfeccionamiento de ese proceso de alto contenido humanitario, mediante la incorporación de nuevas situaciones que la vida moderna presenta, con el propósito esencial de rescatar a los seres humanos del imperio de la violencia.

Además, en los documentos suscritos, hay un principio ideológico, llamaría yo, que compartimos plenamente.

En una sociedad internacional caracterizada por el predominio dé unidades independientes y soberanas, esos Convenios, por sobre el Estado, hacen resaltar la situación del ser humano como sujeto de derecho internacional, y extienden la protección de la comunidad internacional a través de normas convencionales, que obligan a los Gobiernos que forman parte de tales Convenios, y responden a la idea de una comunidad internacional de seres humanos, hombres y mujeres, sujetos primarios de una sociedad internacional.

El Protocolo I, entre otras1 materias, reconoce como conflictos armados aquellos que surjan de las luchas de descolonización y extiende, por tanto, la protección jurídica a aquellos que intervienen en esas luchas.

Tal disposición es congruente con el principio de descolonización reconocido y alentado por la Organización de las Naciones Unidas, y con el conjunto de principios de autodeterminación jerarquizada hoy por la comunidad internacional. En esta materia, el Convenio, de manera, a nuestro juicio, equilibrada, afirma el principio de la autodeterminación, con lo que evita que su aplicación se desnaturalice y represente un peligro para la unidad nacional y la integridad territorial de un país.

El segundo de los Protocolos sometido a la consideración de esta Honorable. Cámara, desarrolla y completa el artículo 3°, común a los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, para hacer explícita la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

El análisis de este Protocolo reviste especial importancia, porque en sus disposiciones se encuentran instituciones y principios que sentimos muy cercanos por las contingencias que hemos vivido en nuestro país en los últimos años.

No pretendo significar que en el caso de Chile se han configurado los extremos descritos en el artículo 1°, que determinan el ámbito de aplicación material del mismo; pero sí quiero afirmar que existió una situación de violencia que personalidades objetivas han descrito de tal manera que resulta útil analizar sus disposiciones, en relación con las experiencias que hemos vivido desde 1973.

Es así como el ex Presidente de la República, don Eduardo Frei , se preguntaba en la muy comentada carta que dirige al dirigente internacional de la Democracia Cristiana, don Mariano Rumor, qué había ocurrido en Chile. Y él reflexionaba que este país había vivido más de 160 años de democracia, prácticamente ininterrumpidos. Cabe precisar, entonces, cuál es la causa, quiénes son los responsables de su quiebre. Y el Presidente Frei , diría yo, con ese carácter analítico que tiene la carta a que me he referido y me parece también que una persona al redactar una carta tiene toda esa objetividad que necesita un análisis, agregaba: "A nuestro juicio, la responsabilidad íntegra de esa situación..." y enfatizaba sin eufemismo alguno "...corresponde al régimen instaurado en el país".

En esta carta, el Presidente Frei señalaba que al cuadro político que existía en Chile, se añadían dos hechos determinantes en el proceso chileno. "El primero de estos hechos, indicaba, textualmente, instaurado el Gobierno se refería al de la Unidad Popular fue que convergieron hacia Chile varios miles de representantes de la extrema izquierda, de la guerrilla y de los movimientos de la extrema izquierda revolucionarios de América". "Llegaron decía Frei elementos tupamaros de Uruguay, miembros de guerrillas o movimientos extremos del Brasil, de Bolivia, de Venezuela y de todos los países, como hay numerosos casos, por delitos graves inexcarcelables". "La Embajada de Cuba expresaba Frei se transformó en Chile en un verdadero ministerio, con un personal tan numeroso que era superior la sola Embajada de Cuba en Chile a todo el personal que tenía nuestro país en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 70".

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, ¿me permite sobre un asunto reglamentaria?

El señor DUPRE (Vicepresidente)

Perdón, el Diputado señor Schaulsohn le solicita una interrupción.

El señor SCHAULSOHN.-

Perdón, señor Presidente, entiendo que estamos discutiendo...

Un señor DIPUTADO.-

No le ha dado la interrupción señor Presidente.

El señor SCHAULSOHN.-

Con la venia del Diputado señor Mekis .

Señor Presidente, entiendo que estamos discutiendo una cosa distinta.

Entonces, le rogaría al Presidente de la Cámara que en uso de sus atribuciones, mantenga la coherencia del debate y nos refiramos al punto en discusión. No estamos discutiendo un punto de política nacional; nos estamos refiriendo a un informe de la Comisión respecto de otra materia.

Respeto la libertad del Diputado señor Mekis de hablar de lo que él quiera, pero nuestro Reglamento también tiene disposiciones en relación con la coherencia del debate, para que nos podamos entender. Me parece que lo que plantea el señor Mekis no tiene nada que ver.

El señor MEKIS.-

Recupero el uso de la palabra, señor Presidente.

Tengo derecho a hacer las argumentaciones que a este respecto me parezcan pertinentes, y no creo...

El señor DUPRE (Vicepresidente).

Perdón, señor Diputado. Conforme a lo que determine también la orientación de la Mesa, le ruego ceñirse al tema.

El señor MEKIS.-

No me parece que la Mesa tenga facultades para censurar mis argumentaciones.

Prosigo, señor Presidente, absolutamente en relación con los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra.

Agregaba el Presidente Frei reitero que "la Embajada de Cuba en Chile equivalía a todo el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno en esa época". "Esto da la medida", decía el Presidente Frei , y agregaba: "Además de ellos, nos vimos invadidos por norcoreanos y otros representantes del mundo socialista...".

El señor SEGUEL.-

¡No cabían en todo Chile!

El señor MEKIS.-

"Hombres conocidos en el continente por sus actividades guerrilleras" estamos hablando de los convenios de Ginebra y de los derechos de la guerra "eran de inmediato ocupados en Chile con cargos en la Administración, pero muchos de ellos dedicaban su tiempo al adiestramiento paramilitar e instalaban escuela de guerrillas, que incluso, ocupaban parte del territorio nacional, donde no podían penetrar ni siquiera representantes del Cuerpo de Carabineros o de las Fuerzas Armadas".

Esto decía textualmente el señor Frei en la carta. Estamos hablando repito del derecho de la guerra.

Refiriéndose a las armas que había en el país, el ex Presidente de la República, don Eduardo Frei , afirmaba: "Las armas hasta ahora recogidas se basaba en estudios que no revela allí, ascendían aproximadamente al 40 por ciento de las existentes en forma irregular en el país". Según su criterio, ellas "permitirían dotar a más de quince regimientos y eso que una abrumadora proporción aún no había sido descubierta. Estas armas".

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MEKIS.-

Por favor, señores Diputados, respeten el uso de la palabra.

"Estas armas son todas de procedencia checa o rusa", decía el ex Presidente...

El Señor DUPRE (Vicepresidente).-

Señor Diputado, le ruego que, conforme...

El señor MEKIS.-

Estoy haciendo uso de la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Perdón, señor Diputado. Conforme al artículo 51, número 13, del Reglamento, el Presidente de la sesión está facultado para llamar la atención a Su Señoría por no referirse al tema al cual está abocada la Sala.

El señor MEKIS.-

Señor Presidente, me estoy refiriendo exactamente a estas materias, en relación con nuestro país.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Le ruego, señor Diputado, que se ciña a las normas del debate, porque, de otra manera, estamos desviando el trabajo de la Sala.

El señor MEKIS.-

Estoy refiriéndome directamente al tema que ocupa a esta Cámara hoy día.

Hablan varios, señores Diputados a la vez.

El señor SEGUEL.-

¡Está respondiendo los ataques a Pinochet!

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar silencio.

El señor SEGUEL.-

¡No tenemos por qué estar escuchando...!

Los puntos suspensivos corresponden a expresiones suprimidas en virtud del artículo 10 del Reglamento.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Señor Seguel, le ruego guardar silencio.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, en observancia del Reglamento, le pido que amoneste al señor Seguel por los términos usados en esta oportunidad.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar el debido respeto. Serán retiradas esas expresiones vertidas en la sesión.

Puede proseguir el Diputado señor Mekis .

Él señor MEKIS .-

El protocolo que analizamos tiene esencialmente la inspiración de proteger a las víctimas de estas situaciones de violencia. En el momento actual, todos los chilenos compartimos la satisfacción de haber dejado atrás una etapa difícil y dolorosa de la vida de nuestro país. No prevalecen ya las situaciones que describió el ex Presidente Frei. No requerimos la salvaguarda de es4te protocolo.

Pero hay algo que es de interés destacar. El documento internacional a que me refiero contiene planteamientos de principios, orientados a facilitar la convivencia después de que la situación de violencia ha sido superada.

Así, el artículo 6°, en su número 5°, dispone textualmente: "A la cesación de hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentre privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado".

No quiero traer aquí a colación la discusión teórica acerca de si existió en Chile un conflicto armado. Pero, partiendo de la descripción del ex Presidente Frei , resulta procedente aplicar a la situación vivida en Chile el principio contenido en el artículo citado, el cual en esté convenio humanitario tiende a facilitar la paz y el reencuentro de los que han sido protagonistas de la situación de violencia.

La amnistía aparece así como la institución idónea para tal propósito. En Chile, más allá de las posiciones que tengamos con respecto a la Ley de Amnistía vigente, ella se orienta en el mismo sentido reparador que recomiendan los protocolos que hoy estudiamos.

Todos estos antecedentes, a pesar de las interrupciones y las faltas de respeto de algunos Honorables colegas, justifican el voto afirmativo que damos a estos instrumentos.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, si bien es cierto que el Diputado Mekis parece que se ha alejado bastante del fondo del problema que estamos discutiendo, en cuanto a la aprobación de los Protocolos Adicionales de Ginebra, y ha hecho muchas disquisiciones que merecían, tal vez, que esta Sala se reuniera especialmente para discutir esos y otros problemas anexos me alegro profundamente de la aprobación que dará su bancada a estos Protocolos, tal como lo han hecho sus representantes en la Comisión

de Relaciones Exteriores y en la Comisión de Derechos Humanos.

Pero no puedo dejar de señalar lo fundamental que es la aprobación de estos Protocolos para poner a tono nuestra posición en el terreno de los derechos humanos y en el campo internacional con la reforma introducida a la Constitución el año pasado. Tal como lo señaló el Diputado señor Mekis en su argumentación la que, de pronto, fue contradictoria se establece la universalidad de las leyes sobre derechos humanos al ratificar la aprobación de estos Protocolos, unidos a los ya aprobados Convenios de Ginebra.

La aprobación de estos Protocolos demuestra, por ejemplo, que un fallo recientemente emitido por la Corte Suprema con respecto a la ley de Amnistía, desconoce la validez de la ley internacional sobre los derechos humanos.

El Diputado, señor Mekis, se ha referido a hechos del pasado. Creo que sería interesante aun cuando no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo ahora, pero yo invitaría a los colegas a que lo hiciéramos algún día analizar los Convenios de Ginebra y los Protocolos, para en el detalle de su articulado, constatar la forma en que la dictadura violó todos los acuerdos de Ginebra, violó todos los acuerdos internacionales de respeto a los derechos humanos. Tanto es así, que hay antecedentes de cómo los representantes de las Fuerzas Armadas que opinaron sobre estos Protocolos, se oponían a ratificarlos cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo y antes de que entrara en ejercicio el gobierno democrático que preside el Presidente Aylwin seguramente, algún sentimiento de culpa les señalaba la forma en que ellos habían violado no sólo las leyes internacionales sobre derechos humanos, sino también los derechos de nuestros compatriotas, junto con cometer tantos hechos que, con razón motivaron universalmente la condena del Gobierno

anterior en las Naciones Unidas, por las violaciones a los derechos humanos.

He dicho.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

En primer lugar, el Convenio tiene como objetivo amparar y fortalecer un sistema nacional de protección de los derechos humanos. Ese es el objetivo y lo que persiguen estos convenios. Es bueno recordar que el último Convenio que estamos aprobando se encuentra vigente desde al año 1977.

Como contamos con poco tiempo en alguna otra oportunidad contestaremos las vaguedades del colega Mekis , sólo deseo manifestar que cabe preguntarse en esta Honorable sala por qué el gobierno militar del señor Pinochet no aprobó, anteriormente estos Convenios. ¿Cuál es la razón?

El señor PEREZ (don Víctor).-

Para dejamos trabajo a nosotros.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Tal vez ese Gobierno militar no quería tener ordenamientos jurídicos que lo obligaran a respetar los derechos humanos que violaba diaria y constantemente. A lo mejor el problema del Gobierno militar consistía en justificar a pesar de que el Diputado señor Mekis lo hizo una ley de amnistía que perdonó a los violadores de los derechos humanos que pertenecen a los grupos de represión y que el país conoció. ¿Es que el Gobierno militar, al aprobar este convenio, se iba a ver con una camisa de fuerza que no les iba a permitir a los demócratas que están en la Derecha y que fueron funcionarios del Gobierno, tener la posibilidad de seguir violando sistemáticamente los derechos humanos?

Señor Presidente, creo que éste es el punto que debemos discutir. El resto significa justificar lo injustificable, buscar las excusas, los argumentos para, una vez más, escabullándose y en forma evasiva hoy día decir que ahora podemos aprobarlos, porque estamos mirando hacia el futuro. Se olvidan de lo que fue su responsabilidad en el pasado.

Señor Presidente, le concedo una interrupción al colega Ojeda.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, me alegro de que la bancada de la Derecha...

Varios señores DIPUTADOS.-

¡De la centroderecha!

El señor GARCIA (don René).-

¡Y de la centromarxista!

El señor OJEDA.

... esté de acuerdo con la aprobación de los Protocolos. En verdad, debieron haberlo hecho hace mucho tiempo y, de esa manera, evitar todas las dificultades que vivimos durante estos años.

Quiero decir, señor Presidente y estimados colegas, que el Gobierno anterior se negó sistemáticamente a aprobar y a ratificar estos protocolos adicionales de los convenios de Ginebra. Y los argumentos son tan irracionales, tan fuera de justificación lógica, que uno no se puede explicar los motivos que tuvieron en cuenta.

Tengo en mis manos un oficio del Ministerio de Defensa, y dentro de cinco o siete consideraciones sobresale una, en la cual se indican los motivos de esa decisión.

Dice el N° 2: "Al considerar "conflictos de carácter internacional" los originados por los pueblos que luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera, y contra los regímenes racistas, el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación no sólo nos podría traer consecuencias internacionales con Sudáfrica, el Reino Unido e Irlanda del Norte, sino que también en el ámbito nacional: pascuenses, mapuches y aimarás".

Basta esa consideración para que todos puedan juzgar el criterio que tuvo el Gobierno anterior para no aprobar éstos Protocolos.

Solicito que, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, se sirva agregar estos oficios a las actas, con el objeto de que quien se debe informar más detenidamente sobre este problema se pueda cerciorar sobre cuál fue la conducta o la posición del anterior Gobierno al no aprobar y no ratificar estos Protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, que hablan de derechos puramente humanos.