Labor Parlamentaria

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, con urgencia calificada de "suma", por el cual se mejora el monto de las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar, de las pensiones mínimas y de las pensiones asistenciales. El plazo para despacharlo vence el viernes próximo.

Los informes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda se encuentran a disposición de los señores Diputados. Diputado informante de la Comisión de Trabajo es el señor Gajardo, don Rubén , y la de Hacienda, el señor Valcarce .

El proyecto, impreso en el boletín N°73-13, dice lo siguiente:

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, este proyecto tuvo su origen en un mensaje del Presidente de la República, y su urgencia fue calificada de "suma".

Sus ideas matrices consisten en incrementar determinados beneficios de carácter social, específicamente en lo relativo a las asignaciones familiar y maternal, al subsidio familiar, a las pensiones mínimas y a las pensiones asistenciales.

El fundamento que tuvo el Ejecutivo para proponer esta iniciativa se centra en el hecho de que los sectores sociales que aparecen beneficiados, han experimentado un deterioro económico bastante significativo durante los últimos años.

Es así como en el caso del subsidio familiar, su monto se ha deteriorado, desde 1984, en términos reales, en aproximadamente el 40 por ciento. Asimismo, las pensiones mínimas, que benefician a más o menos 600 mil personas, han sufrido una pérdida del 10.6 por ciento. Las pensiones asistenciales han experimentado una pérdida de más del 15 por ciento en los últimos cinco años, y el valor inicial de la pensión asistencial se ha deteriorado en un 40 por ciento. Por último, la asignación familiar, que beneficia a 4 millones 100 mil cargas, aproximadamente, ha caído en cerca del 50 por ciento de su valor, en términos reales, quedando congelado su monto en 552 pesos, desde hace cinco años.

Por otra parte, la determinación de estos reajustes e incrementos ha sido el resultado del acuerdo marco suscrito entre los empresarios, la Central Unitaria de Trabajadores y el Gobierno, en el histórico documento que se suscribió en abril del año en curso. Allí, el Gobierno asumió el compromiso de enviar un proyecto de ley que elevara el monto de las asignaciones familiares, los subsidios, las pensiones mínimas y las pensiones asistenciales. Los montos establecidos en el proyecto son exactamente los mismos que aparecen en el documento que suscribieron Gobierno, trabajadores y empresarios.

El financiamiento se basa en el rendimiento de la reforma tributaria. Así se señala expresamente en el acuerdo marco a que acabo de hacer referencia y ello también se indica con claridad en el Mensaje que el Ejecutivo acompañó al proyecto. Igualmente, en el artículo 7° del mismo se establece: "Los gastos de cargo fiscal que demande en 1990 la aplicación de esta ley, se financiarán con cargo a los mayores ingresos provenientes de los incrementos de los impuestos al valor agregado y a la renta."

Los beneficios que específicamente se contemplan en este proyecto y que aparecen detallados en el articulado correspondiente son, en primer lugar, el incremento de la asignación familiar, estableciéndose en esta materia tres tramos.

El primero comprende a aquellos trabajadores que tienen un ingreso mensual que no excede los 50 mil pesos, para los cuales el beneficio de la asignación familiar queda en 1.100 pesos por carga.

El segundo tramo se refiere a los trabajadores que tienen un ingreso mensual que supera los 50 mil pesos y que no excede los 70 mil pesos, quienes percibirán un ingreso de 800 pesos por carga familiar.

Finalmente, un tercer tramo para los trabajadores que tengan ingresos superiores a 70 mil pesos mensuales, para los cuales el beneficio se les mantiene en su valor actual, es decir, en 552 pesos.

El segundo beneficio que experimenta un aumento es el subsidio familiar. En la actualidad, dicho subsidio beneficia a 866 mil cargas familiares. Su monto varía entre los 690 y los 750 pesos por carga, y, en el futuro, su valor quedará nivelado en 1.100 pesos por carga, es decir, se le asimila al primer sector de los beneficiarios de la asignación familiar.

En tercer término, el proyecto contiene un incremento de las pensiones mínimas. Para estos efectos, se toma como base aquélla que establece la ley N°15.366, sobre revalorización de pensiones. Se establece un incremento del 10,6 por ciento, que tendrá lugar en la misma oportunidad en que, por aplicación de la legislación vigente, corresponda reajustar las pensiones, una vez que el índice de precios al consumidor llegue al 15 por ciento.

En el régimen de pensiones mínimas, la verdad es que una serie de disposiciones han hecho variar el monto de tales pensiones; de tal manera que, por incrementos establecidos en diversas leyes para ciertos sectores de los beneficiarios de esta protección, el monto es levemente superior a lo que se considera la pensión mínima teórica, es decir, aquella que define la ley N°15.366.

De ahí, entonces, que la iniciativa no solamente contempla un reajuste de la pensión en los términos indicados, sino que también un proceso de nivelación, de modo que todas las pensiones mínimas queden en el nivel máximo de aquélla determinada por la ley N°15.366. En concreto, se señalan los valores. La pensión mínima vigente en la actualidad se fija en $16.556 para las personas menores de setenta años de edad, y en $17.446 para quienes tienen setenta años de edad o más. Estos valores son actuales y, en consecuencia, serán incrementados por el reajuste del 10,6 por ciento y el reajuste del 15 o más por ciento que corresponda, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor.

En seguida, se establece un incremento de las pensiones asistenciales, fijándose un valor único de $8.067, nivelándose también de esta manera los valores que hoy no son uniformes respecto de este beneficio, y estableciéndose que, en el futuro, la pensión mínima tendrá ese valor.

Durante la discusión de este proyecto en la Comisión, se presentó una indicación que se rechazó. Disponía la eliminación de la asignación familiar para aquellas rentas superiores a $150.000, estableciendo que el remanente de recursos que por la aplicación de esta indicación resultare, se distribuiría entre los beneficiarios señalados en el artículo 3°, es decir, acrecería las pensiones del subsidio familiar.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Perdón, señor Diputado. ¿Puedo hacerle una consulta?

De acuerdo con lo conversado en la reunión de Comités, ¿esta indicación fue declarada inadmisible o rechazada?

El señor GAJARDO.-

Fue declarada inadmisible, por legislar sobre una materia de exclusiva iniciativa del Presidente de la República.

Es interesante destacar que los funcionarios representantes del Gobierno, presentes en la reunión, fueron requeridos para que el Ejecutivo se hiciera cargo de esa indicación y la patrocinara. La respuesta negativa se originó en que no es deseo ni intención del Gobierno derogar beneficios establecidos en la legislación vigente, porque el respeto a los derechos adquiridos es algo que el Ejecutivo está dispuesto a resguardar. No hay duda de que la iniciativa, en la forma como fue planteada, constituía una violación de los derechos adquiridos por las personas que en este momento gozan de este beneficio, en virtud de las disposiciones de la legislación vigente. Me refiero, en concreto, al decreto con fuerza de ley N°150, que estableció el sistema único de prestaciones familiares.

De tal manera que, rechaza esa indicación, y acogida una meramente formal, en el sentido de sustituir una palabra por otra, la Comisión recomienda darle su aprobación al proyecto en la forma planteada por el Poder Ejecutivo y como se consigna en el informe elaborado por la Comisión.

Es todo cuando tengo que informar, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Valcarce , Diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor VALCARCE.-

¿Me excusa, señor Presidente? La Secretaría me envía en este momento el documento final, y en este instante acabo de ver su texto.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Se ha distribuido el informe, señor Diputado.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, la Comisión de Hacienda procedió al estudio correspondiente del proyecto de ley mencionado en el epígrafe de este informe, en cumplimiento del artículo 17, inciso segundo, de la Ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en los artículos 72, número 12, y 75 del Reglamento de esta Cámara.

Se tuvo presente por la Comisión la urgencia dispuesta por el Ejecutivo para la tramitación del proyecto en el sentido de proceder en el más breve plazo a su despacho, teniendo en consideración los antecedentes proporcionados en el mensaje y en el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esta misma Corporación, que confirman la equidad de las normas propuestas al focalizar los recursos previstos al gasto social en los sectores más modestos de la sociedad.

Es necesario destacar que con este proyecto de ley se hará justicia a aproximadamente 1 millón 100 mil chilenos pensionados y jubilados, a los cuales se les aumenta su jubilación y su pensión junto con el 10,6 por ciento, deuda que el Estado tenía contraída con todos ellos.

Por otro lado, también se beneficia a 3 millones 200 mil chilenos, quienes recibirán un aumento en la asignación familiar correspondiente a cada uno de ellos.

En esta forma, señor Presidente, por parte del Erario se hace un gran esfuerzo para mejorar al sector pasivo y todo lo que se refiere a las asignaciones familiares. Estamos seguros y convencidos en la Comisión de que a aquellos sectores a los cuales no se les ha alcanzado a beneficiar, por razones presupuestarias, con el aumento del 10,6 por ciento que se les adeuda, en la medida en que el crecimiento y desarrollo del país lo permitan, el Supremo Gobierno, en el momento oportuno y de modo paulatino, irá entregando ese porcentaje a cada uno de esos sectores que lo perdieron hace tiempo.

Asimismo, es necesario destacar que gran parte de los ingresos de la reforma tributaria, que aprobáramos en esta Comisión de Hacienda, están siendo destinados a beneficiar a los sectores más desposeídos, especialmente al sector pasivo de nuestro país, representado por más de un millón 800 mil chilenos.

Como se desprende de los antecedentes proporcionados al Parlamento, en relación con la incidencia presupuestaria de los incrementos propuestos por el proyecto de ley (párrafo III del informe antes referido), el costo total anual de la iniciativa alcanza a la suma de 74.230 millones de pesos, cuya formulación presupuestaria para el año 1990 se financia, en lo que es gasto fiscal, con cargo a los mayores ingresos provenientes de los incrementos de los impuestos al valor agregado y a la renta, según dispone el artículo 7° del citado proyecto.

Esta referencia que hace el artículo 7° a la fuente de financiamiento del mayor gasto fiscal que causa la iniciativa, fue motivo de especial consideración en la Comisión, sin que existiera un criterio unánime de interpretación acerca de la procedencia de la norma y del estricto cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, en lo que respecta a la obligación que tiene la Comisión de Hacienda de indicar en su informe, la fuente de los recursos reales y efectivos con que se propone atender el gasto que significa el proyecto, teniendo presente que la reforma tributaria que la generaría aún no es ley de la República.

En vista de lo antes expuesto, la Comisión aprobó los artículos 7° y 8°, que la Comisión Técnica remitió a la Comisión de Hacienda, para su conocimiento, por unanimidad, pero incorporando el concepto de vincular la aplicación del proyecto de ley en informe a la vigencia de la ley de reforma tributaria, en las materias pertinentes, conforme a sendas indicaciones de los Diputados señores Eduardo Cerda , por una parte, y Federico Ringeling y Andrés Palma , por la otra.

La primera indicación reemplaza el inciso primero del artículo 8°, por el siguiente:

"Artículo 8°.- Lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley comenzará a regir a contar del 1° del mes siguiente en que se publique la ley que incremente los impuestos al valor agregado y a la renta."

La segunda indicación agrega un inciso segundo al artículo 8° del proyecto, del siguiente tenor:

"Lo señalado en los artículos 4°, 5° y 6° de esta ley, sólo procederá cuando se cumplan las condiciones contempladas en dichas normas y entre en vigencia la ley que aumente los impuestos a la renta y al valor agregado."

En este punto, es necesario señalar que se arbitraron las medidas para que, en caso de que la ley de reforma tributaria no estuviera promulgada en el momento oportuno por el Supremo Gobierno, se mantenga el 15 por ciento que corresponda al alza de las pensiones y las jubilaciones sin efecto retroactivo, de manera que los chilenos jubilados y pensionados puedan percibir ese mayor aumento del 15 por ciento independientemente del 10,6 por ciento de la reforma tributaria.

Cabe destacar, señor Presidente, la gran altura de miras que han tenido los Honorables señores Diputados, su profesionalismo y responsabilidad para trabajar en esta Comisión, como lo han hecho en otras tantas ocasiones, entregando lo mejor de sí en beneficio del país.

He dicho, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Quiero informar a la Sala que, por acuerdo unánime de los Comités, en relación a la materia señalada por el Diputado informante, señor Gajardo , se acordó que la indicación declarada inadmisible, que tiene dos partes, pueda ser sometida a discusión en esta Sala en aquel aspecto que, desde el punto de vista constitucional, es admisible . De modo que la indicación se ha renovado y se someterá a discusión.

El tenor de la indicación es el siguiente:

"Agrégase a la letra d) del artículo 1°, el siguiente texto:"Elíminese la asignación familiar y maternal para los actuales beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 150 mil pesos."

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Orpis .

El señor ORPIS .-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

La Unión Demócrata Independiente concurrirá con sus votos favorables a la aprobación de este proyecto de ley, sin perjuicio de formular los siguientes alcances.

Tal como lo establece el Ejecutivo en el texto del Mensaje, estas medidas se pueden realizar gracias a la recuperación económica que ha experimentado el país en los últimos años. Es condición básica, para que exista justicia social, el desarrollo económico. Sin crecimiento resulta imposible pensar, siquiera, en la justicia social. Pero, además del crecimiento, en los países subdesarrollados como el nuestro, el Estado debe jugar un papel importante para que los frutos del desarrollo no sólo sean ampliamente compartidos, sino preferentemente distribuidos entre las personas más necesitadas, con el objeto de contribuir, así, a que exista igualdad de oportunidades.

En este caso particular, se cumplen plenamente los objetivos indicados, por cuanto las mejores propuestas se focalizan en los más pobres. Los beneficios que se propone aumentar, efectivamente han sufrido un deterioro y es justo, por lo tanto, incrementarlos.

Sin embargo, también es necesario reconocer que, hasta hace poco tiempo, aproximadamente 1 millón 300 mil personas, ubicadas en el estrato correspondiente al 30 por ciento de los ingresos más bajos, no tenía ninguno de estos beneficios. Me refiero al subsidio único familiar y a las pensiones asistenciales creadas en el Gobierno anterior.

En materia de focalización del gasto social, hay mucho que avanzar aún. El Ejecutivo, a través de este proyecto, da pasos importantes, en especial en lo relativo a la asignación familiar, al vincular el monto a percibir con los ingresos del beneficiario.

Consideramos que en esta materia hay que ir más lejos. Por esta razón, durante el estudio del proyecto en la Comisión de Trabajo, la Unión Demócrata Independiente presentó una indicación para eliminar, en forma definitiva, la asignación familiar y maternal para las personas cuyas rentas sean superiores a 150 mil pesos, destinando el remanente de dicho fondo a incrementar la cobertura del subsidio único familiar. No se trata de un aumento del gasto, sino de una mejor distribución del mismo. El proyecto del Ejecutivo sólo contempla un aumento en el monto de la asignación familiar y del subsidio único familiar, pero no existe un incremento en la cobertura de este último beneficio.

A través de la indicación presentada, buscamos aumentar el número de familias beneficiadas con este subsidio. Lo hacemos, en primer lugar, por razones de justicia social y porque en comunas populares, a las cuales representamos, existen listas de espera de personas modestas, muy necesitadas, que no han podido obtener el beneficio, debido a que su acceso depende única y exclusivamente de la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Estado.

En la actualidad, casi un millón de personas en situación de extrema pobreza reciben este subsidio único familiar. Mediante la proposición presentada por la Unión Demócrata Independiente, la cantidad de beneficiarios podría aumentar en 17 por ciento; es decir, 171 mil personas más, de escasos recursos, podrían obtener este beneficio.

Al respecto, la Comisión de Trabajo no se pronunció sobre el fondo del problema, sino que la indicación fue rechazada por considerarse inadmisible. Por tal razón, hoy insistimos en ella, eliminando aquella parte que pareciera ser inconstitucional.

Esperamos que se apruebe por esta Cámara, porque, si así ocurriera, y de materializarse, habremos dado otro paso muy importante en lo relativo a la focalización del gasto social y en materia de justicia social.

He dicho, Señor Presidente.

Aplausos en la Sala y en las tribunas.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Quiero señalar a las tribunas que, conforme al Reglamento, está prohibido hacer manifestaciones.

Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Cardemil .

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, en nuestra tarea de legislar no sólo hay un imperativo de conciencia, sino que también una obligación moral, cual es ser veraz. Eso es lo que pretendo hacer ahora.

En la Comisión se discutieron latamente los montos que el proyecto establecía para aumentar las asignaciones familiares. Todos los parlamentarios integrantes de la Comisión estuvimos de acuerdo en dos ideas matrices: una, en nivelar la asignación familiar en un monto superior a mil cien pesos, para que fuera uniforme; y, dos, en buscar una fórmula para que todas aquellas personas que gozan de una renta o pensión superior a 150 mil pesos no perciban asignación familiar.

El Diputado señor Orpis formuló por escrito la indicación verbal sugerida por todos los parlamentarios a los funcionarios de Gobierno, quienes nos manifestaron que, si bien la idea era interesante, se tropezaba con un aspecto de orden reglamentario y constitucional. De modo que la indicación de la UDI corresponde a la voluntad y al deseo de los parlamentarios de todos los partidos políticos, integrantes de la Comisión.

Sin embargo, el señor Superintendentede Seguridad Social informó que el deseo de aumentar el monto de la asignación familiar y de suprimirla a quienes gocen de un sueldo o pensión de más de 150 mil pesos, tiene varias incidencias. Hay convenios colectivos que determinan el pago, por parte de los empleadores, de un subsidio de asignación familiar a todos aquéllos que perciben cargos y tienen rentas superiores a 150 mil pesos. Luego, estaríamos dañando a ese personal en el otorgamiento de un beneficio adicional que han logrado a través de los convenios colectivos y de una larga lucha sostenida por los trabajadores en esa materia.

Quiero dejar sentada esta verdad, porque constituye un imperativo moral legislar en forma veraz. Además, ésta es una antigua aspiración de los trabajadores, postergada durante cinco años, al congelarse la asignación familiar en el país. Con esto, se cumple exactamente lo anunciado por el Presidente de la República y por los partidos de la Concertación durante la campaña presidencial y parlamentaria, en cuanto a aumentar las asignaciones familiares, las pensiones mínimas y los subsidios de orfandad y de viudez.

Los datos técnicos en relación con el número de cargas y el de beneficiarios están contenidos en el informe de la Comisión. También es interesante señalar lo que se discutió y la conducta de los distintos partidos en la Comisión. La idea de todos los parlamentarios, en representación de sus partidos, fue lograr uniformidad en la asignación familiar y que su monto fuera más alto al eliminar el beneficio de los pensionados e imponentes activos que tuvieran una renta superior a 150 mil pesos. De modo que ese criterio fue compartido por todos; pero nos topamos con una disposición de la Carta Fundamental que impide rebajar o aumentar beneficios, pues ésta no es una materia de iniciativa del Poder Legislativo.

Quiero anunciar, en nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, que aprobamos y apoyamos íntegramente este proyecto tal como viene propuesto en la iniciativa del Presidente de la República. Además, en la Comisión formulamos una indicación verbal a los funcionarios del Ministerio del Trabajo, encabezados por el Superintendente de Seguridad Social, a fin de que esta proposición se considere en el futuro, de acuerdo con el rendimiento que tenga la reforma tributaria, para beneficiar a una mayor cantidad de personas que perciben asignación familiar.

Este es un proyecto de extraordinario interés para los sectores más necesitados del país, y con él se cumple exactamente el programa propuesto por los Partidos de la Concertación.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor SALAS.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Edmundo Salas .

El señor SALAS.-

señor Presidente, en realidad, para nosotros, sobre todo para los parlamentarios de la Concertación, es una gran satisfacción que la Cámara apruebe hoy día la devolución del 10,6 por ciento que en 1985 el Gobierno pasado les burlara a los jubilados, es decir, a los más pobres de Chile. También es una satisfacción que, después de más de 5 años, la asignación familiar, congelada en $552, que favorece especialmente a la gente pobre y desposeída, se pueda aumentar a 1.100 pesos y, además, subir las pensiones mínimas, nivelarlas, y aumentar también las pensiones asistenciales. Todo esto con los recursos que se recaudarán mediante la reforma tributaria.

Pero, no se puede aceptar que se trate de engañar a la opinión pública y, especialmente, a los más pobres, por aquéllos que hace tiempo negaban que en Chile había 5 millones de pobres, que ignoraban deliberadamente que había niños que necesitaban alimentarse y que era indispensable aumentar el monto de las pensiones y los sueldos.

Creo que la proposición planteada en orden a suprimir la asignación familiar a las personas que ganan de 150 mil pesos hacia arriba, no es una cuestión legal ni constitucional; es un problema ético y moral, puesto que ni las asignaciones familiares ni ninguna clase de sueldos y salarios se pueden nivelar hacia abajo. Sería injusto. Además, son derechos adquiridos que los trabajadores han conquistado a través de muchos años de lucha.

Después de tanto discutir sobre el salario mínimo, cuyo monto actual, consecuencia del acuerdo a que llegaron los propios trabajadores, resulta bajo, cabría preguntarse cuánto necesita hoy día realmente una familia pobre o un simple trabajador para "parar la olla". Todos sabemos que 26 mil pesos no alcanzan. Tampoco 150 mil pesos significan un salario como para que los propios trabajadores renuncien o que nosotros, por medio del poder que tenemos en esta Cámara para aprobar el proyecto, pudiéramos rebajar la asignación familiar, porque, en definitiva, los niños son todos iguales.

Entonces, señor Presidente, pienso que no corresponde aprobar la indicación tal como está planteada.

Nosotros hubiésemos deseado que todos los pobres de Chile no sólo recibieran el aumento del ciento por ciento de su asignación familiar, sino que, ojalá, el doble. Hubiésemos deseado y así lo planteamos en la comisión económica del Gobierno que para la pensión mínima se hubiere partido de, por lo menos, 26 mil pesos, es decir, de un monto equivalente al salario mínimo; y también hubiésemos deseado que este 10,6 por ciento burlado en 1985, lo recibieran todos los pensionados del país, medida que no podrá aplicarse, puesto que, la reforma tributaria no produce más fondos.

Fui muy claro en la Comisión de Trabajo al señalar que lamentaba la posición del señor Diputado de querer ridiculizarnos, ante la opinión pública, al hacernos aparecer contrarios al aumento de la asignación familiar de los pobres.

La UDI se opuso a la reforma tributaria. Si no se hubiera aprobado, finalmente, en este momento no habría recursos para aumentar en un ciento por ciento la asignación familiar, para devolverles el 10,6por ciento a los jubilados, que se les debe desde 1985, ni tampoco para otorgar el 15 por ciento de reajuste y, además, nivelar las pensiones mínimas asistenciales.

Por ello, creo que no corresponde el planteamiento en la forma como se ha expuesto, porque todos los señores Diputados, sin excepción, dejaron ver que estaban de acuerdo con aumentar las asignaciones familiares y no con disminuirlas.

Señor Presidente, esta tarde quiero decir que seguiremos con nuestros planteamientos, a fin de que la asignación familiar siga aumentando y recupere el poder adquisitivo que tenía en 1969; y que las pensiones continúen aumentando hasta alcanzar el nivel que corresponde, de modo que los pensionados puedan vivir sus últimos días con dignidad. Asimismo, esperamos que al resto de los pensionados de Chile se les pague el 10,6 por ciento que se les adeuda desde 1985 a la fecha.

Esperamos, en la oportunidad, en que se sepa efectivamente, cuánto va a rendir la reforma tributaria, que podamos hacer justicia a los más pobres de Chile: a todos los jubilados, a los que más necesitan.

He dicho, señor Presidente.

Aplausos en las tribunas.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Reitero a los asistentes a las tribunas que les está prohibido hacer manifestaciones.

Tiene la palabra el Diputado señor Olivares.

El señor OLIVARES.-

Señor Presidente, deseo aclarar lo referente a esta indicación, en mi condición de Presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. La verdad es que las exposiciones hechas por el Diputado informante de la referida Comisión, y por el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, abordan, en su totalidad, la importancia de los beneficios que otorga este proyecto. En este momento, en la práctica, más que pronunciarnos respecto del articulado o del proyecto mismo, me doy cuenta de que estamos discutiendo la indicación que fue declarada improcedente en la Comisión de Trabajo. La indicación fue declarada inadmisible -como lo ha dicho el Diputado señor Cardemil aun cuando todos los integrantes de la Comisión compartimos la buena fe y la sana intención con que se planteaba la indicación. Por eso, en mi condición de Presidente, el miércoles de la semana pasada, y en atención a que el proyecto venía con "suma urgencia", convoqué a una reunión especial, que se efectuó el jueves de esa misma semana, y a la que fueron invitados los señores Luis Orlandini , Superintendente de Previsión Social, y Pablo Piñera , Subsecretario de Hacienda, con el objeto de que conocieran el texto de esta indicación.

En esa oportunidad, el señor Orlandini expresó que si ya habíamos tratado reglamentariamente el proyecto, no procedía la indicación; y, por otro lado, que con los recursos que se recaudaran con su aplicación no podría otorgarse un beneficio siquiera apreciable para la gente a la cual se pretendía favorecer. Pero agregó que, lo más grave del problema es que, siendo buena la intención, se privaba de un beneficio legítimamente obtenido a aquella gente cuyo ingreso es superior a los 150 mil pesos.

Señor Presidente, he querido aclarar solamente esta parte, ya que lo demás está dicho en el informe de nuestro Diputado informante.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Antes de conceder la palabra al Diputado señor Ramírez , quiero aclarar, a petición de algunos señores parlamentarios, que lo que se discute no es la indicación a que se ha dado lectura, sino que el proyecto mismo.

Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Ramírez .

El señor RAMIREZ.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, es un argumento recurrente de los Diputados de Renovación Nacional y de la UDI, de que todos estos mejoramientos que está haciendo S.E. el Presidente de la República se deben a la inmejorable condición en que el señor Pinochet dejó la economía del país.

Creo que este es un argumento falso; porque de otra manera no se explicaría que en este país hubiera millones de personas que no tienen cómo vivir en condiciones normales. Y si fuera cierto que esta economía tuviera alguna solidez sería sobre la base de privar de mejores condiciones de vida a los más pobres de este país, porque no otra cosa significa que el Gobierno anterior haya congelado la asignación familiar durante cinco o seis años; no otra cosa significa que el Gobierno anterior, buscando algunos resquicios, haya engañado a los jubilados de este país, diciéndoles que los privaba por un año del 10,6 por ciento de reajuste. Esto sucedió en 1985. Desde entonces han pasado no sé cuántos años. Las jubilaciones de los ancianos lo sabe todo el país, especialmente los señores Diputados son de hambre. Las pensiones asistenciales eran apenas de 4 mil pesos. Ahora, como argumento para hacer demagogia, para engañar a incautos de este país, se nos habla de que hay que terminar con la asignación familiar de aquellas personas que ganan más de 150 mil pesos. O sea, se atenta contra el sector medio del país, que es el que gana esta plata, cuyos chiquillos tienen derecho a una asignación familiar igual que los demás.

Por eso, mi posición en la Comisión de Hacienda, cuando se discutió este problema, fue bastante clara: creo que la asignación familiar debe ser igual para todos los hijos de los chilenos, cualesquiera que sean su condición de vida y su ingreso; pero entiendo también que, dada la magra situación económica en que hemos recibido el país, no es posible dar un reajuste equitativo, igual, a todos.

Pienso que este proyecto del Ejecutivo, que es uno de los tantos que enviará para mejorar la condición de vida de la gente, es de real importancia, porque restituye el 10.6 por ciento que el Gobierno anterior les quitó a los jubilados de Chile. Desgraciadamente, no es posible devolver este porcentaje a todos los jubilados, porque no hay recursos para hacerlo. Pero estoy seguro de que el Gobierno del Presidente Aylwin, cuando las condiciones económicas del país lo permitan, devolverá este 10.6 por ciento a todos los jubilados chilenos, porque es un derecho que tenían y que perdieron debido a una política económica errada y falta de sensibilidad social del Gobierno anterior.

Me parece que el mejoramiento de las pensiones mínimas a los ancianos, en la forma como se hará ahora para que un anciano con menos de 70 años gane 20.700 pesos; y el que tenga más de esa edad, 21.800 pesos no es gran cosa, pero es un mejoramiento sustancial en relación con lo que reciben.

El hecho de que el subsidio familiar suba de 690 pesos a 1.100 pesos no es una gran cantidad; pero representa un aumento considerable. Y ello favorece a 886 mil familias en Chile.

Las pensiones asistenciales, que eran de 4.429 pesos, ahora ascienden a 8.064 pesos, favoreciéndose a 300 mil jubilados en Chile. No es tampoco una cantidad importante; pero sí, también, un mejoramiento importante. En cuanto a que las asignaciones familiares lleguen a 3 millones 200 mil niños, yo lamento que no hayan sido los 4 millones de hijos de chilenos los que se beneficiaran con este aumento. El favorecerá a 3 millones 200 mil niños.

Creo que es importante que nosotros, Diputados del Gobierno, de la Concertación de la Democracia Cristiana, apoyemos este proyecto, porque forma parte de las primeras medidas que llevaremos a cabo en este aspecto. Habrá nuevos mejoramientos en todo sentido, que permitirán solucionar los problemas de los más pobres de Chile.

Termino mis palabras diciendo que este argumento, que reiteradamente se usa para todo, sobre "la inmejorable condición de vida de la economía del país" es falso. En los próximos días, demostraremos cómo en este país hay millones de chilenos que viven exclusivamente de sus deudas; cómo hay millones de chilenos que viven en la mayor pobreza; cuántos son los allegados; cuánta es la gente que no tiene casa; cuántos son los que no han podido pagar la luz, la vivienda, etcétera. Ello como una demostración clara de que esta economía no es sana ni buena, sino simplemente, una economía que ha tendido a favorecer a unos pocos, en perjuicio de las grandes mayorías nacionales.

Los Diputados de la Democracia Cristiana apoyaremos este proyecto, conscientes de que es un mejoramiento sustancial, aun cuando no representa todo lo que quisiéramos ni todo lo que quiere el Gobierno.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Estévez .

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, me referiré al tema principal, trascendente y de fondo, como es el que, después de tantos años, durante los cuales se congeló la ayuda a los sectores más pobres, entre otras cosas, la asignación familiar y el monto de las pensiones, a los cuales se les arrebató parte del reajuste que les correspondía por ley, hoy día cumpliendo lo prometido, el Gobierno democrático ha sometido a estudio por el Parlamento un proyecto que restablece en parte la justicia en esta materia.

Sin embargo, de modo un poco tangencial, me referiré a la indicación, apresurada, inadecuada y mal concebida, presentada por la UDI. La rechazaré, en primer lugar, porque propone suprimir la asignación familiar a los actuales beneficiarios, produciendo el hecho absurdo de que si a alguien le reajustan su salario, en un mes o en tres meses más, y pasa a ganar 160 mil o 170 mil pesos, tendría asignación; y otro, que ganare lo mismo y que no hubiere tenido reajuste, no la percibiría. Esto demuestra que es necesario hacer las cosas con más calma.

En segundo lugar, es inadecuada y no aborda adecuadamente el problema, porque no considera las demás normas legales o aspectos previsionales que dicen relación con la asignación familiar. Por ejemplo, los contratos celebrados con las "isapres" establecen, en general, que la persona tiene derecho a los beneficios que tales instituciones conceden en salud, por las cargas por las cuales reciben asignación familiar.

Por tanto, si hubiera un estudio serio o algo fundado, tendría que modificarse todos aquellos contratos y esa legislación, frente a un hecho menor como éste de aparecer ahora como interesados en buscar un mayor favorecimiento para los sectores más pobres.

Sin embargo, nos preocupa, más el tema de fondo, dado que tendría efectos perjudiciales. En todo caso, si se quiere estudiar el tema de la distribución del ingreso en el país, habría que hacerlo con la seriedad que requiere el trabajo del Parlamento. Aquí que el tema de fondo es que, gracias a la reforma tributaria, aprobada el primer trámite constitucional en esta Cámara de Diputados, el Gobierno puede cumplir un compromiso fundamental asumido con los más pobres.

He sido elegido Diputado por el Distrito 29, que comprende a la Comuna de La Pintana, donde el ciento por ciento de los habitantes son pobres, en la provincia Cordillera, la que ha sido elegida lugar de erradicación de los pobres durante los últimos años. Me satisface y alegra profundamente que el Gobierno democrático empiece a satisfacer las necesidades de los más pobres.

En días pasados, se ha cumplido con lo que se ha denominado "la cartera vencida de los pobres". El Presidente de la República ha anunciado al país un programa muy preciso, algunas de cuyas medidas tendrán que traducirse en proyectos de ley que serán estudiados en esta Cámara, para satisfacer el enorme problema de arrastre provocado por las deudas de agua, de luz, de dividendos de las personas que deben al "SERVIU", de lo que se ha denominado "cartera vencida de los pobres".

También hemos aprobado hace algunos días una alza importante en el sueldo mínimo, que tantos años estuvo postergada. Eso es otra parte sustantiva de este programa social.

Como Diputado, con orgullo hoy nos corresponde reponer en su justo nivel la pensión mínima, en un porcentaje todavía insuficiente; pero que, por lo menos, estará por sobre los 20 mil pesos. Es un paso sustantivo que favorece a los pensionados, a las personas de edad, y les permite, a su vez, nivelar hacia arriba sus ingresos y recuperar, no sólo el porcentaje de reajuste legal que les corresponda, sino aquel 10,6 por ciento que les fuera arrebatado.

En cuanto a las pensiones asistenciales, éstas se incrementarán de modo sustantivo. En el distrito que represento, hay muchas personas que hoy día tienen pensiones asistenciales de 4 mil 500 y de 5 mil pesos. Lamentablemente, esta realidad no preocupó a quienes tenían el poder absoluto hasta hace muy poco tiempo. Hoy día estas pensiones de 4 mil 500, de 5 mil o de 6 mil pesos, serán alzadas a un mínimo superior a 8 mil pesos. Igualmente, es importante que el subsidio único familiar, que favorece a los sectores modestos, supere los mil pesos, se eleve a los 1.100 pesos, como se viene estableciendo aquí.

Sin embargo, hay un aspecto pendiente que, lamentablemente, esta ley no puede resolver, relativo al subsidio único familiar y a la pensión asistencial, que son otorgadas a través de los municipios que, de paso, no han sido elegidos democráticamente, los que muchas veces han abusado de esta atribución legal, otorgándolos en forma discriminatoria. Espero que, cuando aprobemos la ley que permitirá elegir democráticamente a los alcaldes, tengamos el control para que las pensiones asistenciales y los subsidios únicos familiares sean otorgados como corresponde y no como se hizo en el pasado reciente, esto es, con ese grado de arbitrariedad y de selección.

Por estas razones, los Diputados del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, de la Izquierda Cristiana, y del Partido Humanista, votaremos a favor de este proyecto de ley y rechazaremos la indicación de la UDI.

El Señor DUPRE (Vicepresidente).-

Gracias, señor Diputado.

La señora CRISTI.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi .

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, los Diputados de Renovación Nacional nos alegramos sinceramente por la aprobación de este proyecto de ley. Sin embargo, una vez más, tenemos que escuchar la crítica permanente sobre lo que se hizo anteriormente en materia social.

Yo quisiera recordar a los señores Diputados que tanto el subsidio familiar, que favorece a la madre embarazada y a sus cargas familiares, como las pensiones asistenciales, que favorecen a los ancianos, fueron beneficios establecidos en el gobierno anterior.

El hecho es que las pensiones asistenciales y los subsidios familiares, que representan una alta rentabilidad social, porque favorecen especialmente a las personas más necesitadas, no tienen un aumento en su cobertura en el proyecto.

Considero muy importante que, junto con otorgar estos nuevos beneficios, se aumente la cobertura de las pensiones asistenciales y de los subsidios familiares. Los ancianos reciben este subsidio a partir de los 65 años, A nuestro juicio, esa edad se debería rebajar para que pudieran ser beneficiarios desde los 60 años.

En otro orden de cosas, desde hace mucho tiempo, hemos estado conversando sobre la posibilidad de suspender la asignación familiar a quienes tengan una remuneración por sobre 150 mil pesos. De hecho, existe la posibilidad de renuncia voluntaria a la asignación familiar, que fue materializada mediante la ley N°18.611, de 1987. No obstante, la comunidad no ha participado de esta posibilidad y no se ha logrado implementar esta medida. Lamentamos que la indicación formulada al proyecto haya sido declarada inadmisible, porque permitiría ahorrar aproximadamente 2 mil 235 millones de pesos al año y destinarlos justamente a aumentar la cobertura del subsidio familiar y de las pensiones asistenciales de los ancianos o los inválidos o a otros programas asistenciales. De hecho, esto fue conversado con el señor Ministro de Hacienda, quien estuvo de acuerdo.

Por ello, dado que reconocemos que la posibilidad de comprometer estos fondos es inadmisible, se debe pedir al Ejecutivo que, a través del Ministro de Hacienda, se proponga un proyecto de ley, mediante el cual se suspenda la asignación familiar a quienes reciban una remuneración mayor de $150.000., sin que ello perjudique a casos particulares, tales como las negociaciones colectivas u otras instancias, lo que es muy importante tal como lo manifestó un señor Diputado de la Concertación, quien también participó de esta idea.

Señor Presidente, hay un proyecto de acuerdo presentado a la Mesa, para que este beneficio pueda llegar y ser mejor distribuido entre quienes más lo necesitan, posibilidad que debe ser considerada.

Muchas Gracias.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Eduardo Cerda .

El señor CERDA.-

Debo decir, con bastante satisfacción, que a través de este proyecto se está cumpliendo lo expuesto por el Presidente señor Aylwin y por el programa de la Concertación, respecto del mejoramiento de los sectores más postergados. Aquí se han indicado las diferentes cifras y los sectores beneficiados por este proyecto. Hago presente que a este proyecto así lo ha indicado el Diputado informante de la Comisión de Hacienda se le incluyó un artículo que permite pagar los aumentos de asignación familiar y maternal, de pensiones mínimas y asistencia les, y de subsidios únicos familiares, a contar del 1° del mes siguiente del que se apruebe la reforma tributaria.

En el día de hoy, el Senado aprobó la reforma tributaria. Espero que el próximo martes la despachemos en esta Cámara, en tercer trámite constitucional, aprobando las modificaciones del Senado. Con ello es posible que dicha ley sea promulgada en el mes de junio, lo que haría que la ley comience a regir a contar del 1° de julio.

Debo destacar que en la obtención de los diferentes recursos de la reforma tributaria han trabajado arduamente los sectores de Gobierno, de los partidos políticos de la Concertación y de Renovación Nacional, quienes, en conjunto, hemos aprobado la reforma tributaria en general y en particular. Esto lo destaco, porque demuestra que en el país se pueden lograr acuerdos fundamentales, que es lo que la mayoría de los chilenos está anhelando.

Cabe destacar algunas cifras. Se calcula que la reforma tributaria rendirá alrededor de 126 mil millones de pesos, cantidad que en el 90 por ciento se destinará a gastos sociales beneficiando a millones de chilenos. De acuerdo con las cifras dadas se beneficiará a 3 millones 200 mil cargas familiares; a 614 mil personas, entre las jubilaciones, pensiones de viudez y pensiones de orfandad; a más de 237 mil pensiones muy bajas, las que, a través de este proyecto, podrían nivelarse. Además, 866 mil subsidios. Paralelamente, nos anuncian de la Presidencia de la República sobre la aplicación de ciertas medidas para los deudores del SERVTU, lo que beneficiará a 224 mil familias y para los deudores hipotecarios de ANAP y de bancos privados, con lo cual se beneficia a 22 mil familias.

Por otra parte, el Presidente de la República anunció reprogramaciones y ayuda a los deudores de agua potable, lo que beneficiaría a 100 mil familias y a deudores de electricidad, que son 65 mil familias.

En cuanto al crédito universitario, también se aplicarán nuevas normas para rebajar las deudas que allí existen, en beneficio de 80 mil deudores.

Los recursos del 90 por ciento de la reforma tributaria permitirán financiar totalmente la atención médica primaria gratuita, algo largamente esperado por los sectores más pobres de nuestro país; financiar los reajustes de las subvenciones escolares y los déficit municipales, a través del Presupuesto del Ministerio de Educación Pública; aumentar en 30 por ciento las raciones alimenticias escolares, por intermedio de la Junta dé Auxilio Escolar y Becas; y también, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, iniciar programas especiales para allegados y financiar los subsidios. En esta forma, se está abarcando realmente a alrededor de 10 millones de chilenos con beneficios directos e indirectos.

Esta legislación, aprobada por unanimidad en las Comisiones esperamos que también sea aprobada por unanimidad en esta Sala obedece a un estudio serio.

Con respecto a la indicación presentada por el Diputado señor Orpis , en relación con los sectores con ingresos superiores a 150 mil pesos, quiero expresar que no se han indicado cifras acerca de quiénes están por sobre ese monto. Disponemos de cifras con respecto a quienes ganan más de 70 mil pesos, lo cual no constituye ningún ingreso especial: son 911 mil cargas.

¿Quiénes están por sobre los 150 mil pesos? Se ha dicho aquí con claridad que, existiendo convenios colectivos, la asignación familiar es derecho adquirido y que, por lo tanto, sería inconstitucional quitarles este beneficio. Incluso, no hay necesidad de que se encuentre estipulada en convenios colectivos. Basta que en los contratos de trabajo se les reconozca a las personas el pago de la asignación familiar. En consecuencia, en este caso, también sería inconstitucional aprobar una medida de este tipo.

Quiero señalarle al Diputado señor Orpis que, como lo ha indicado la Diputada señora María Angélica Cristi , en la Cámara se aprobó un proyecto de acuerdo que cuenta con la firma de ella y de los Diputados señores Andrés Palma , Orpis y Montes, en que se pide al Ejecutivo el estudio de un sistema de redistribución de estos recursos; pero esto es con la seriedad debida. Me parece que, si en este momento retirara la indicación, colaboraría a la adopción de medidas de ese tipo. De lo contrario, nos veríamos obligados a rechazarla, pues, personalmente, considero inconstitucional eliminar o suprimir beneficios adquiridos a través de contratos o de convenios colectivos.

Siempre estamos dispuestos a buscar la mejor forma de redistribuir los ingresos; pero ello no significa ir en contra de derechos sustanciales de los trabajadores.

Quiero indicar, además, que, en el hipotético caso de que esta indicación no se retirare y se aprobare, se perjudicará seriamente a millones de chilenos. En efecto, al no ser aprobado el proyecto por unanimidad, seguramente, sería modificado en el Senado y volvería, en tercer trámite, a la Cámara de Diputados, ya no dentro del mes de junio, con lo cual todos los sectores beneficiados verían postergado el inicio de la percepción de estos beneficios desde el 1 de julio hasta el 1° de agosto.

Por dichas razones, solicito que sea retirada la indicación. Nosotros estaremos siempre dispuestos a buscar lo mejor. Por algo, en este proyecto se está aplicando un gasto con absoluta justicia social y atendiendo a los sectores más postergados de nuestro país, para que, posteriormente, en la medida en que lo permitan los ingresos fiscales, se pueda llegar, sobre todo, a devolver el 10,6 por ciento que deben recibir aquellos jubilados que están por sobre el ingreso de los pensionados mínimos.

Debo agregar que, por ley, cuando el IPC supere el 15 por ciento, los ingresos de los pensionados serán reajustados automáticamente en las cifras adicionales que aquí se están proponiendo. Si consideramos que, al 31 de mayo, tenemos acumulado un IPC de un 13 por ciento desde el último reajuste, seguramente, a partir del 1° de agosto tendrá que aplicarse dicho aumento de 15 por ciento. Como una información a los señores Diputados, debo decir que el 15 por ciento de reajuste para todos los pensionados tiene un costo de 27 mil millones de pesos, o sea, de alrededor de 100 millones de dólares. Es mucho mayor, incluso, que el gasto que aquí se está expresando. Y dicho costo también ha sido considerado por el Gobierno dentro de los recursos que se obtendrán con la reforma tributaria y de los ingresos presupuestarios. Porque, en el presupuesto de este año, no estaba considerada una inflación superior al 12 por ciento y, por lo tanto, tampoco estaba proyectado un reajuste de este monto para los pensionados.

Por eso, señor Presidente, estoy contento con este proyecto, ya que estamos avanzando, precisamente, en la dirección correcta. Espero que esta iniciativa sea aprobada por unanimidad y que, atendiendo a las razones que he expuesto, sea retirada la indicación, para favorecer precisamente, a los sectores más postergados de nuestro país, de modo que no reciban sus beneficios con un mes de retraso.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, como dijo la Diputada señora Cristi , Renovación Nacional aprueba el proyecto de ley. Aunque se ha alargado un tanto el debate, creo que estoy en la obligación de aclarar dos aspectos de la lamentable intervención de mi colega y tocayo, Diputado don Gustavo Ramírez . En primer lugar, se ha referido con mucha preocupación a la economía heredada del régimen anterior. Cabe recordar que el Diputado señor Ramírez , como él bien dijo, es miembro de la Comisión de Hacienda. Por eso, su actitud me sorprende de doble manera. Si hay algo que, tanto el Presidente Aylwin en Argentina, como el Ministro Foxley en Canadá, han aclarado y han reconocido, es que la economía que heredaron del régimen anterior, en general, es óptima, sin desconocer que hay muchos problemas. Esto lo tenemos muy claro todos. Problemas han existido en el Gobierno pasado y en todos los anteriores, tanto en el de don Eduardo Frei como en el don Jorge Alessandri.

Por último, señor Presidente, por su intermedio, deseo expresar, sobre todo, a los parlamentarios de la Concertación, que el primer principio que debe tener muy claro una persona que se sienta con sensibilidad social es no hablar jamás de los "pobres", término que en esta Sala hemos escuchado en reiteradas ocasiones. En mi opinión, es un término absolutamente descalificativo. Podemos hablar de las "personas de escasos recursos" o de "los sectores más necesitados". Pero, hablar de los "pobres", así, a secas, no me parece justo. Personalmente, así lo siento. Represento a una comuna, a un distrito, en Santiago, donde, realmente, molesta el término. Así que solicito, en forma particular, que, cuando nos refiramos a las personas de escasos recursos o más necesitadas, no empleemos esta expresión, tan vulgar, porque no sabemos a quién afectamos.

Muchas gracias, señor Presidente.

Aplausos en la Sala y en las tribunas.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Debo informar a los señores Diputados que hay una larga lista de alrededor de 10 oradores más que están inscritos. Por lo tanto, sigamos el orden de inscripción.

Tiene la palabra la Diputada señora Caraball .

La señora CARABALL.-

Después le puedo dar una interrupción al colega.

Señor Presidente, junto con manifestar también mi alegría porque este proyecto pueda ser aprobado hoy día, ya que beneficia a tantas personas que lo necesitan, quisiera hacer indicación respecto a una omisión o error en que incurrió el Ejecutivo al dejar fuera de él a un importante sector de chilenos que requieren del apoyo de la asignación familiar.

Por lo tanto, quisiera pedir, por su intermedio, que se oficie al Presidente de la República, en nombre de la bancada democratacristiana, para que se incluya dentro del monto máximo de asignación familiar a los causantes por invalidez señalados en el inciso segundo del artículo 14 del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esto es, $.100.- por carga, aumentada al duplo, sin tener en consideración el límite del ingreso mensual del beneficiario, atendida la circunstancia de que la atención y cuidado de los inválidos de alto costo demanda siempre gastos extraordinarios, por encontrarse dentro del grupo de enfermos de alto riesgo en materia de salud.

Las personas naturales que sean beneficiarías de asignación familiar, deberían quedar comprendidas en el inciso final del artículo 1° propuesto en el proyecto, al igual que los contemplados en la letra D del artículo 2° del decreto con fuerza de ley N°150, del citado Ministerio, puesto que establece este beneficio para las instituciones del Estado reconocidas por el Supremo Gobierno que tengan a su cargo la crianza y mantención de niños huérfanos o abandonados o inválidos.

Esto, tal vez, por un error, solamente cubre a las instituciones; no a las personas naturales. De manera que agradecería oficiar al señor Presidente de la República para que se incluya a las personas naturales en este beneficio y para que esta indicación sea considerada en el Senado.

Muchas gracias.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Honorable señor Diputado, desde el punto de vista reglamentario, esa petición de oficio debiera hacerse en la Hora de Incidentes. Yo agradecería que, en forma muy breve, hoy se reiterara esa petición de oficio de acuerdo con el Reglamento. Con el mayor gusto, la consideraremos en los términos en que ha sido planteada.

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo .

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, quisiera referirme, específicamente, al tema de la indicación que aquí se ha formulado. Pensamos en la Comisión que el hecho de haber desglosado la indicación, de haber eliminado su segunda parte, no le quita el carácter de inconstitucional.

Mi fundamento para ello, en primer lugar, es que, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, "sólo serán admitidas las indicaciones que digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto". Tal como lo señalé al presentar mi informe...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar silencio y tomar asiento.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, como decía, reiterando lo expresado en el informe, las ideas matrices de este proyecto, que están claramente expresadas en el mensaje y que se desarrollan en todo el articulado, están destinadas a incrementar beneficios. Pero ni en el mensaje ni en el proyecto, se establece la eliminación de beneficios existentes actualmente y reconocidos en la legislación vigente. De tal manera que esta materia, claramente, es ajena a las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Esa sola circunstancia habilita a la Mesa para declarar la inadmisibilidad de la indicación.

Por otra parte, también obsta a la constitucionalidad de esta iniciativa lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, cuyo artículo 62 establece que "Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:

6°.- Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado". No hay duda de que todos los beneficios establecidos en este proyecto inciden en materias vinculadas directamente con la seguridad social. Al respecto, en consecuencia, solamente tiene iniciativa el Presidente de la República.

En otro orden de materias, vale la pena hacer presente la absoluta falta de viabilidad de la iniciativa, desde el punto de vista de sus efectos prácticos.

En primer lugar, como lo señalaba el Diputado señor Estévez , en la indicación se elimina la asignación familiar y maternal para los actuales beneficiarios, de manera que los futuros tienen abierta la posibilidad de percibir el beneficio, pues nada se dice sobre el decreto con fuerza de ley N°150, que contiene el texto refundido del sistema único de prestaciones familiares. De modo que, en la medida en que dicha disposición quede vigente, deberá aplicarse en lo futuro para todos los nuevos causantes del beneficio.

Por otro lado, se establecería una discriminación no se ve la razón de su procedencia en favor de los nuevos beneficiarios de la asignación familiar y en perjuicio de quienes actualmente perciben el beneficio.

También se hizo presente que en la legislación previsional, y muy especialmente en materia de contratación colectiva, existe una serie de beneficios en que la condición que habilita para su ejercicio es, precisamente, el hecho de que el beneficiario perciba la asignación familiar.

Finalmente, quiero observar que esta iniciativa no podría aplicarse a quienes actualmente perciben el beneficio, pues las personas con contrato vigente ya han incorporado este beneficio a su patrimonio y constituye un derecho adquirido.

Vale la pena recordar que el artículo 22, sobre el efecto retroactivo de las leyes, señala que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. De manera que las personas que en este momento tienen contrato de trabajo, han incorporado a él todas las leyes vigentes. En consecuencia, está incluido el beneficio de la asignación familiar.

Por lo tanto, se trata de un beneficio de carácter patrimonial y del cual una persona sólo puede ser privada en virtud de un procedimiento expropiatorio.

Señor Presidente, esto significa que, en el trámite legislativo de la iniciativa, el Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de la disposición en relación con los actuales beneficiarios, o, lo que es peor, que no se produce en esta instancia tal declaración y queda sujeta a que la Corte Suprema, al conocer un recurso de inaplicabilidad, declare inaplicable para un caso particular, la ley que estamos discutiendo y que luego votaremos.

En consecuencia, en nombre de la Comisión, insisto en que corresponde a la Mesa declarar inadmisible la indicación que aquí se ha formulado.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Valcarce .

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, he escuchado con atención y he lamentado lo expresado por algunos Honorables Diputados que me han antecedido en el uso de la palabra.

Encuentro que existe dicotomía en el caso de Renovación Nacional. Cuando apoyamos proyectos de ley que presenta el Ejecutivo, después de su aprobación, somos aplaudidos por nuestra cooperación, nuestro criterio democrático y nuestra contribución para que Chile siga progresando. Cuando presentamos indicaciones, se nos dice que aprovechamos la ocasión políticamente, y poco menos que en forma mañosa, para interferir en este proceso, en circunstancias de que hemos dejado, desde el Gobierno anterior, una economía en muy mal estado.

Quiero recordar a los señores Diputados que, en los inicios del Gobierno anterior, se estableció un solo tipo de asignación familiar para los obreros y los empleados.

Quiero manifestar que hemos apoyado el aumento de las pensiones. Ojalá, en el corto o en el mediano plazo, podamos restituir el 10,6 por ciento a todos los pensionados y jubilados de Chile, porque así lo establecíamos también en nuestro programa de Gobierno, que presentamos ante el pueblo de Chile.

Días atrás, apoyamos la reforma tributaria, porque estamos convencidos de que solamente se puede distribuir riqueza cuando el país tiene riqueza. No se debe distribuir la pobreza, porque simplemente se llegaría a un sistema inflacionario que nos llevaría a tiempos y a épocas que hoy no es necesario recordar.

Hoy día, a aquéllos que manifiestan que hemos dejado una economía en mal estado, quiero recordarles que, si es posible aplicar la reforma tributaria para mejorar a otros sectores, que no han podido recibir en su tiempo los beneficios del sistema económico, es porque el aparato productivo puede avanzar sin resentirse ante el efecto de estas medidas.

Creo necesario destacar que, cuando se analiza el problema económico, a muchos miembros de las bancadas de Gobierno se les olvida mencionar que hubo crisis económicas mundiales, especialmente, aquéllos que han recorrido el extranjero, saben que otros países aún no han podido recuperarse de esas crisis. Sin embargo, nuestra economía, buena o mala, permite mantener al país equilibrado macroeconómicamente y con la posibilidad de hacer una redistribución microeconómica de la riqueza.

Señor Presidente, cómo me gustaría que, cuando se refirieran al apoyo que Renovación Nacional da a algunos proyectos de ley que benefician a toda la población chilena, o a la parte más desposeída de ella, no sólo se nos alabara, sino que también se tuviera la hombría de reconocer todos aquellos logros de los que hoy día podemos disfrutar. Seguiremos luchando y trabajando por quienes no pueden lograr aún, para que también lo logren, igual que el resto de los chilenos.

He dicho, señor Presidente.

Aplausos en la Sala.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, después de escuchar el debate del proyecto en general y en particular, y las apreciaciones respecto de la indicación que formuló la Unión Demócrata Independiente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, quiero hacer algunos alcances.

Creemos que no corresponde calificarla de inoportuna, en circunstancias de que el momento exacto para presentar las ideas es, precisamente, cuando se tratan los proyectos de ley y cuando se trabaja en Comisiones. Por lo tanto, dicha presentación no es extemporánea.

El tema de fondo que nos preocupa radica en la existencia de una mejor distribución, especialmente focalizada hacia las personas necesitadas. Este ha sido el único ánimo con el cual se ha presentado la indicación.

Después de observar cuál ha sido la respuesta, de ver que la indicación no va a prosperar y con el ánimo de que exista real entendimiento y de que la iniciativa llegue a feliz término, la Unión Demócrata Independiente la retira, porque existe un proyecto de acuerdo, firmado por representantes de las distintas bancadas, mediante el cual se pide al Ejecutivo prácticamente lo mismo que se señala en la indicación y el cual cuenta con el respaldo de representantes de las distintas bancadas, incluso de la del Diputado señor Estévez .

Por las razones señaladas, retiro la indicación, con el objeto de que el Ejecutivo, en lo futuro, envíe un proyecto de ley que focalice de mejor manera el gasto social hacia las personas más necesitadas.

He dicho, señor Presidente.

Aplausos en la Sala.

El señor ROJO.-

Estoy pidiendo la palabra hace bastante rato para plantear un problema de Derecho y de procedimiento.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Perdón, señor Diputado. Así como usted, hay exactamente nueve inscritos más.

El señor ROJO.-

Es que no me quiero referirme al fondo de la ley...

Creo que, tal como se está tramitando esta iniciativa, y de acuerdo con el informe de la Comisión de Hacienda, se están violando principios constitucionales. Quiero evitar que despachemos una ley que no cumpla con los requisitos y las formalidades exigidas.

Por eso deseo plantear mi duda ante esta Honorable Cámara.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Señor Diputado, efectivamente, procede que usted haga uso de la palabra. Pero quiero preguntarle lo siguiente: ¿Su Señoría se va a referir a la discusión general del proyecto?

El señor ROJO.-

Señor Presidente, deseo plantear la duda, a fin de evitar que se establezca un precedente que, para el futuro, puede resultar muy lesivo.

La reforma constitucional tuvo por objeto disponer que las leyes se dicten total y absolutamente financiadas. Si los señores Diputados leen el informe, cuando la Comisión de Hacienda se refiere al artículo 8°, dice expresamente que las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 3° regirán "a contar del 1° del mes siguiente en que se publique la ley que incremente los impuestos al valor agregado y a la renta.". En la parte final, expresa que "sólo procederá cuando se cumplan las condiciones contempladas en dichas normas y entre en vigencia la ley que aumente los impuestos a la renta y al valor agregado.". El informe, señala que esta materia se discutió.

Al leer estas dos disposiciones, nos encontramos con que estaríamos aprobando una ley que tiene una condición suspensiva: se hará efectiva una vez que se apruebe otra ley.

El Diputado informante de la Comisión de Hacienda indicó que hoy ha sido despachado por el Senado el proyecto de reforma tributaria, el que viene en tercer trámite. O sea, todavía no es ley.

No se puede estar legislando sobre la base de financiamientos futuros. No sólo lo señala el artículo 17 de la ley N°18.918. El inciso cuarto del artículo 64 de la Constitución es perentorio, al disponer: "No podrá el Congreso..." norma imperativa "...aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto.". En este caso preciso, estamos despachando una ley sin que existan los fondos reales y efectivos.

Frente a la duda que ha planteado la propia Comisión de Hacienda, solicito al señor Presidente que se sirva remitir este proyecto de ley a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de que se pronuncie sobre la materia.

Esa es mi duda, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Perdón estoy proponiendo un procedimiento.

En el despacho en particular, podríamos ver si hay algún otro procedimiento distinto.

Clausurado el debate, porque reglamentariamente así procede.

En votación general el proyecto.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

El señor ULLOA.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, señor Diputado.

El señor ULLOA.-

Disculpe, señor Presidente, deseo que usted aclare la situación que planteó el Honorable Diputado de la Democracia Cristiana, cuando formuló una duda constitucional. Me parece grave lo que se dijo y que la Mesa no haya emitido un pronunciamiento. Pido a usted que aclare esta situación.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Señor Diputado, esto debe ser considerado adecuadamente. Por eso, había propuesto un procedimiento, ya que me parecía importante discutir la materia a la cual se refirió el Diputado señor Rojo.

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling .

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, quisiera recordar que el tema de la constitucionalidad se trató en la Comisión de Hacienda. Ese fue el motivo, o parte de él, para que el artículo 8° se redactare de distinta forma y se le agregare un inciso segundo.

Me parece que la cuestión de constitucionalidad, que radica en el hecho de que exista una especie de condición suspensiva, no implica que no se señalen los fondos precisos con que se pagarán los gastos que contempla esta ley. Por lo tanto, esa situación no es contradictoria, y por lo demás, así lo manifestó el señor Ministro de Justicia, quien estuvo presente en la discusión.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci .

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, también quiero hacer el mismo planteamiento de orden constitucional, pero en relación con el artículo 7° del informe que se nos ha entregado.

Como muy bien señaló el Diputado señor Palma, uno trabaja sobre la base del informe de la Comisión, el cual tengo en mi poder.

El artículo 7° dispone que "Los gastos de cargo fiscal que demande en 1990 la aplicación de esta ley, se financiarán con cargo a los mayores ingresos provenientes de los incrementos de los impuestos al valor agregado y a la renta". Esos impuestos no están aprobados todavía por el Congreso Nacional. De manera que no entiendo cómo vamos a aprobar un proyecto que se financiará con un dinero que no existe, porque no está aprobada la ley respectiva.

Es todo, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cerda .

El señor CERDA.-

Señor Presidente, precisamente ésa es la razón que tuvo la Comisión de Hacienda para modificar el artículo 8°, porque el 7° establece claramente que "Los gastos de cargo fiscal que demande en 1990 la aplicación de esta ley, se financiarán con cargo a los mayores ingresos provenientes de los incrementos de los impuestos al valor agregado y a la renta"; es decir, la reforma tributaria que está en discusión.

Por lo tanto, como esos recursos no están ingresados, y el Gobierno plantea que con ellos pagará estos beneficios, en la Comisión de Hacienda reemplazamos, en el artículo 8°, la frase que indicaba que esta ley debía regir a contar del 1 de julio, por la siguiente: "Lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3° de esta ley, comenzará a regir a contar del 1° del mes siguiente en que se publique la ley que incrementa los impuestos al valor agregado y a la renta.". En esa forma, la disposición es constitucional, porque desde ese momento podrá pagarse.

Asimismo, agregamos otra indicación, en el sentido de que lo dispuesto en los artículos 4°, 5° y 6° de esta ley, sólo procederá cuando se cumplan las condiciones contempladas en dichas normas y entre en vigencia la ley que aumente los impuestos a la renta y al valor agregado.

Señor Presidente, de esta manera hemos dado cumplimiento en forma unánime a nuestra labor en la Comisión de Hacienda. Pienso que los integrantes de la Comisión de Trabajo estarán de acuerdo con que ésta es la fórmula de solución adecuada porque cada Comisión ve la parte técnica.

Por lo demás, estamos diciendo lo mismo, porque el Senado como lo indiqué despacho en segundo trámite constitucional la reforma tributaria. Nosotros deberemos despacharla seguramente el próximo martes. Esta ley será publicada durante junio, y por lo tanto, todas estas disposiciones regirán desde el 1° de julio.

En consecuencia, le pido al señor Presidente que solicite el asentimiento de la Sala para que, por unanimidad, aprobemos este articulado, demostrando asi nuestra buena disposición y el acuerdo de todos para el despacho de este proyecto, a fin de que rija en estas condiciones desde la fecha indicada.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez .

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el Diputado señor Cerda.

Quisiera señalar simplemente para los efectos de clarificar el problema dos elementos: En primer lugar, es evidente que una ley puede contener cláusulas condicionales; por ejemplo, que en caso de terremoto ocurre tal cosa, o que en caso de sequía o de guerra, se puede hacer tal otra. El hecho de que no haya guerra no implica que no se pueda legislar para el caso de que ella se produzca.

Por tanto, la circunstancia de que no se haya aprobado la reforma tributaria no implica que no se pueda legislar para el evento de que la misma se apruebe. Eso es algo perfectamente posible y normal. Por consiguiente, es constitucional, pese a que la actual Constitución es un poco extraña; pero este punto no se ha alterado.

En segundo lugar, en la Comisión de Hacienda nos vimos obligados a restringir el beneficio que se otorgaba a partir del 1° de julio, porque no había certeza de que este hecho condicional de la aprobación de la reforma tributaria se materializare antes del 1° de julio. Por ello, el texto que ha sido votado, y a mi entender, aprobado, es claro en señalar que el beneficio se otorgará a partir del 1° del mes siguiente al que entre en vigencia la ley que lo financia.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Sobre materia de procedimiento, tiene la palabra el Diputado señor Valcarce .

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, cuando en la Comisión de Hacienda estudiamos este tema, junto con los parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra, fuimos asesorados por el Ministro Cumplido y buscamos exactamente la frase más adecuada para salvar el problema constitucional de ilegalidad que se nos presentaba si el proyecto hubiera sido despachado en la forma en que venía del Ejecutivo.

Quiero manifestar que esta fórmula, como lo manifestó el Diputado Cerda, puede ser aprobada por la Cámara, y posteriormente, rectificarse en el Senado los artículos 7° y 8° y restituir la expresión "a contar del 1° de julio", una vez aprobada la reforma tributaria.

Es todo, señor Presidente.