Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- II.- ASISTENCIA
- II.- TEXTO DEL DEBATE.
- ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.
- AUTORIZACIÓN A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- PRÓRROGA DEL PLAZO PARA INFORMAR UN PROYECTO DE ACUERDO.
- NECESIDAD DE INFORMAR A LA SALA SOBRE EL CRITERIO SEGUIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN PARA DECLARAR LA INADMISIBILIDAD DE LAS MOCIONES, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- INTERVENCIÓN : Claudio Humberto Huepe Garcia
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Jorge Schaulsohn Brodsky
- INTERVENCIÓN : Jorge Schaulsohn Brodsky
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Ruben Gajardo Chacon
- INTERVENCIÓN : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Jaime Estevez Valencia
- PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AMNISTÍA A LAS PERSONAS QUE INDICA POR LAS FALTAS Y DELITOS QUE SEÑALA. SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Victor Claudio Jose Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Raul Urrutia Avila
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Jaime Campos Quiroga
- INTERVENCIÓN : Hernan Rojo Avendano
- INTERVENCIÓN : Victor Claudio Jose Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Jorge Schaulsohn Brodsky
- PARLAMENTARIOS QUE SE PAREAN
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Baldemar Carrasco Munoz
- Carlos Bombal Otaegui
- Carlos Smok Ubeda
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Hernan Rojo Avendano
- Hugo Rodriguez Guerrero
- Victor Reyes Alvarado
- Luis Le Blanc Valenzuela
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- II.- INCIDENTES.
- PRECISIONES A LA DECLARACIÓN DEL EX MINISTRO DEL INTERIOR SEÑOR SERGIO FERNÁNDEZ, EN RELACIÓN CON EL HALLAZGO DE OSAMENTAS EN LA LOCALIDAD DE COLINA.
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- ACIERTO DEL EJECUTIVO EN LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY ENVIADOS AL CONGRESO NACIONAL DURANTE LA PASADA LEGISLATURA EXTRAORDINARIA.
- INTERVENCIÓN : Julio Rojos Astorga
- ANTECEDENTES SOBRE EL "COMITÉ ASESOR DE POLITICA ESTRATEGICA DEL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO" (CAPE).
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Velasco De La Cerda
- ARBITRARIEDADES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS DURANTE EL GOBIERNO ANTERIOR. NECESIDAD DE UNA REFORMA ADMINISTRATIVA PARA REMEDIARLAS.
- INTERVENCIÓN : Ramon Elizalde Hevia
- PROBLEMAS VIALES Y FERROVIARIOS DE LA PROVINCIA DE ARAUCO. OFICIOS.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Humberto Huepe Garcia
- ACTOS TERRORISTAS RECIENTES EN LA COMUNA DE LA FLORIDA.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gustavo Alessandri Balmaceda
- CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO TRONCO-LINARES EN LA PROVINCIA DE LINARES, SÉPTIMA REGIÓN. OFICIO.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Luis Navarrete Carvacho
- INCONVENIENTES DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA COMERCIALIZADORA DE TRIGO SOCIEDAD ANÓNIMA (COTRISA).
- INTERVENCIÓN : Andres Sotomayor Mardones
- SUBSIDIO PARA LA LOCOMOCIÓN DE LAS PERSONAS O GRUPOS QUE DIFUNDAN EL FOLCLORE, EL ARTE Y LA CULTURA. PROYECTO DE ACUERDO.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- REPLICA A DIPUTADO OFICIALISTA, EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD DE LOS MINISTROS DEL INTERIOR DEL RÉGIMEN PASADO POR EL DESAPARECIMIENTO DE PERSONAS.
- INTERVENCIÓN : Federico Ringeling Hunger
- SUSPENSIÓN DE ENAJENACIONES DE TERRENOS Y DEPARTAMENTOS POR EL EJERCITO DE CHILE, EN ANTOFAGASTA. OFICIOS.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Valenzuela Herrera
- HOMENAJE AL INGENIERO SEÑOR JUAN MAINO CANALES EN EL DECIMOCUARTO ANIVERSARIO DE SU DESAPARECIMIENTO.
- HOMENAJE : Carlos Montes Cisternas
- DÍA INTERNACIONAL DE ACCION POR LA SALUD DE LA MUJER. POLÍTICAS ORIENTADAS HACIA SU PROTECCIÓN.
- INTERVENCIÓN : Laura Fiora Rodriguez Riccomini
- DECLARACIONES DEL SEÑOR SERGIO GARCÍA OPAZO, DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, AL VESPERTINO "LA SEGUNDA".
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN
- Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN
- IMPROCEDENCIA DEL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR SERGIO GARCÍA OPAZO COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. OFICIO.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Melero Abaroa
- DOTACIÓN DE UN VEHÍCULO A CHOLCHOL, UNIDADES DE TROVOLHUE Y PROVINCIA DE CAUTÍN. OFICIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Pena Meza
- FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN DE LA "ASOCIACIÓN CANAL MAULÉ". OFICIO AL DIRECTOR NACIONAL DE AGUAS.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Campos Quiroga
- PETICIÓN PARA VOTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO.
- PRECISIONES A LA DECLARACIÓN DEL EX MINISTRO DEL INTERIOR SEÑOR SERGIO FERNÁNDEZ, EN RELACIÓN CON EL HALLAZGO DE OSAMENTAS EN LA LOCALIDAD DE COLINA.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Baldemar Carrasco Munoz
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Luis Le Blanc Valenzuela
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Pizarro Mackay
- Victor Reyes Alvarado
- Edmundo Salas De La Fuente
- Rodolfo Seguel Molina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Carlos Horvath Kiss
- Luis Le Blanc Valenzuela
- Juan Masferrer Pellizzari
- Roberto Munoz Barra
- Juan Alberto Perez Munoz
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Carlos Valcarce Medina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eliana Caraball Martinez
- Maria Adela Maluenda Campos
- Carlos Dupre Silva
- Ramon Elizalde Hevia
- Angel Fantuzzi Hernandez
- Mario Hamuy Berr
- Cristian Antonio Leay Moran
- Pablo Longueira Montes
- Hernan Rojo Avendano
- Rodolfo Seguel Molina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Laura Fiora Rodriguez Riccomini
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Evelyn Matthei Fornet
- Marina Prochelle Aguilar
- Alberto Miguel Espina Otero
- Angel Fantuzzi Hernandez
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Jose Maria Hurtado Ruiz Tagle
- Federico Mekis Martinez
- Federico Ringeling Hunger
- Juan Enrique Taladriz Garcia
- Carlos Valcarce Medina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- Moción de Laura Rodríguez Riccomini
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Laura Fiora Rodriguez Riccomini
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
320ªLEGISLATURA
(Ordinaria)
Sesión 2ª, en martes 29 de mayo de 1990.
(De 16.01 a 18.58 horas)
Presidencia de los señores Viera-Gallo Quesney, don José Antonio; Dupré Silva, don Carlos, y Coloma Correa, don Juan Antonio.
Secretario, el señor Valdés Zeballos, don Ricardo.
Prosecretario accidental, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
ÍNDICE GENERAL DE LA SESION
I. SUMARIO DEL DEBATE
II.-ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores Diputados:
--Acuña Cisternas, Mario Alberto
--Aguiló Meló, Sergio Patricio
--Alamos Vásquez, Hugo
--Alessandri Balmaceda, Gustavo
--Álvarez-Salamanca Buchi, Pedro P
--Arancibia Calderón, Armando
--Araya, Nicanor de la Cruz
--Aylwin Azocar, Andrés
--Bartolucci Johnston, Mario
--Bayo Veloso, Francisco Leandro
--Bosselin Correa, Carlos Hernán
--Caminondo Sáez, Carlos
--Campos Quiroga, Jaime Alfonso
--Cantero Ojeda, Carlos Raúl
--Caraball Martínez, Eliana María
--Cardemil Alfaro, Gustavo Eleodoro
--Carrasco Muñoz, Baldemar
--Cerda García, Eduardo Antonio
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Concha Urbina, Juan
--Correa De la Cerda, Sergio Andrés
--Devaud Ojeda, Mario Enrique
--Dupré Silva, Carlos Emilio
--Elgueta Barrientos, Sergio Benedicto
--Elizalde Hevia, Ramón Julio
--Escalona Medina, Camilo Enrique
--Espina Otero, Alberto Miguel
--Estévez Valencia, Jaime Luis
--Fantuzzi Hernández, Miguel Angel
--Faulbaum Mayorga, Dionisio Ventura
--Gajardo Chacón, Rubén
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García Ruminot, José Gilberto
--Guzmán Alvarez, José Pedro
--Hamuy Berr, Mario
--Horvath Kiss, Antonio Carlos
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco S.
--Huepe García, Claudio Humberto
--Hurtado Ruiz-Tagle, Gerardo José María
--Jara Wolff, Octavio Selín
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Kuzmicic Calderón, Vladislav Dusan
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leay Morán, Cristian Antonio
--Leblanc Valenzuela, Luis Enrique
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo Luis
--Longueira Montes, Juan Pablo
--Maluenda Campos, María Adela
--Martínez Ocamica, Gutenberg A.
--Martínez Sepúlveda, Juan Leonel
--Masferrer Pelizzari, Juan Alfonso
--Matta Aragay, Manuel José
--Matthei Fornet, Evelyn Rose
--Melero Abaroa, Patricio
--Montes Cisternas, Carlos Eduardo
--Morales Adriasola, Jorge Carlos
--Munizaga Rodríguez, Eugenio F.
--Muñoz Barra, Roberto
--Muñoz Dalbora, Adriana Blanca
--Naranjo Ortiz, Jaime César
--Navarrete Carvacho, Luis Osvaldo
--Ojeda Uribe, Sergio Rodrigo
--Olivares Solís, Héctor Luis
--Orpis Bouchón, Jaime Antonio
--Ortega Riquelme, Eugenio Luis
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Irarrázaval, Andrés Jaime
--Palma Irarrázaval, Joaquín S.
--Peña Meza, José
--Pérez Opazo, Ramón Segundo
--Pérez Varela, Víctor Claudio
--Pizarro Soto, Jorge Esteban
--Prochelle Aguilar, Marina Victoria
--Ramírez Vergara, Gustavo
--Rebolledo González, Víctor Manuel
--Recondo Lavanderos, Carlos E.
--Reyes Alvarado, Víctor Fernando
--Ribera Neumann, Teodoro Javier
--Ringeling Hunger, Federico José M.
--Rocha Manrique, Jaime Femando
--Rodríguez Cataldo, Claudio Julio
--Rodríguez Del Río, José Alfonso
--Rodríguez Guerrero, Hugo F.
--Rodríguez Riccomini, Laura Fiora
--Rojo Avendaño, Hernán Roberto
--Rojos Astorga, Julio Wemer
--Sabag Castillo, Hosain
--Salas De la Fuente, Edmundo S.
--Schaulsohn Brodsky, Jorge Jaime
--Seguel Molina, Rodolfo Samuel
--Smok Ubeda, Carlos Iván
--Sota Barros, Vicente Agustín
--Sotomayor Mardones, Andrés
--Taladriz García, Juan Enrique
--Tohá González, Isidoro Francisco
--Ulloa Aguillón, Jorge Iván
--Urrutia Avila, Raúl Armando
--Valcarce Medina, Carlos Raúl
--Valenzuela Herrera, Felipe Ignacio
--Velasco De la Cerda, Sergio B
--Vilches Guzmán, Carlos Alfredo
--Vilicic Ramincic, Milenko Antun
--Villouta Concha, Edmundo
--Yunge Bustamante, Guillermo
II.-TEXTO DEL DEBATE.
Se abrió la sesión a las 16.01 horas.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor LOYOLA (Prosecretario accidental) da cuenta de los documentos recibidos en Secretaría.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Terminada la Cuenta.
ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para aprobar las normas fijadas, por unanimidad, por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que definen el ámbito de su competencia.
Si le parece a la Sala, se aprobarán.
Aprobadas.
AUTORIZACIÓN A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha acordado sesionar hoy, desde las 15.30 hasta las 20 horas.
Solicito el asentimiento de la Sala para que pueda sesionar simultáneamente con la Sala en el día de hoy.
Acordado.
PRÓRROGA DEL PLAZO PARA INFORMAR UN PROYECTO DE ACUERDO.
El señor, DUPRE (Vicepresidente).-
La Comisión de Defensa Nacional solicita una prórroga de 30 días, contados desde el 29 del mes en curso, del plazo que tiene para informar el proyecto de acuerdo por el que se recaba de S.E. el Presidente de la República la derogación del artículo N°141 de la Ordenanza de la Armada.
Si le parece a la Sala, así acordará.
Acordado.
NECESIDAD DE INFORMAR A LA SALA SOBRE EL CRITERIO SEGUIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN PARA DECLARAR LA INADMISIBILIDAD DE LAS MOCIONES, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
El señor HUEPE.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HUEPE.-
Señor Presidente, se ha dado cuenta de una comunicación del señor Presidente de la Corporación por la que informa de algunos proyectos que ha declarado inadmisibles, por no ser de iniciativa parlamentaria, ya que corresponde a la del Presidente de la República.
Varios señores Diputados han manifestado su inquietud, por poder definir o tener mayores antecedentes sobre el criterio que se ha seguido en esta materia. Sin pretender abrir ahora debate sobre este asunto, parece conveniente que la Sala tenga alguna información sobre ese criterio, a fin de que en el futuro los Diputados se abstengan de presentar proyectos que puedan ser declarados inadmisibles. El procedimiento podría ser que las resoluciones del señor Presidente fueran analizadas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, como ya lo planteamos en otra oportunidad. Es necesaria una información clara, por escrito, sobre el procedimiento que se seguirá al respecto a fin de que los señores Diputados sepan a qué atenerse.
El señor MUÑOZ BARRA (don Roberto).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, sin que signifique abrir debate.
El señor MUÑOZ BARRA (don Roberto).-
Señor Presidente, sólo deseo formular una moción de orden con respecto a lo que plantea el señor Huepe.
Efectivamente, los señores Diputados, por lo menos los autores de las mociones, deben saber las razones que ha tenido la Mesa para declararlas inadmisibles. Si no me equivoco, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso señala que si el Presidente declara inadmisible un proyecto, la Sala podrá reconsiderar dicha declaración. De esta manera, la declaración de que se ha dado cuenta perfectamente podría ser impugnada si la Sala estima admisible un proyecto. O sea, hay todavía un trámite pendiente. Pero me parece muy interesante la intervención del colega, en el sentido de pedir informaciones acerca de las razones que tuvo la Mesa para tomar una determinación de esa naturaleza.
Gracias.
El señor LATORRE.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, además de coincidir con el señor Huepe hago presente que, dentro del listado de iniciativas que han sido declaradas inadmisibles, por lo menos tres de ellas fueron tratadas en la Comisión de Minería. Y por acuerdo unánime de la Comisión y de acuerdo con el Reglamento....
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, no está en debate la proposición planteada.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, simplemente quiero dejar establecido que el procedimiento no me parece adecuado, en especial en el caso que cito, en la medida en que la Comisión de Minería expresamente había resuelto solicitar el patrocinio del Ejecutivo, a fin de obviar la declaración de inadmisibilidad. En consecuencia, aquí hay un problema de coordinación entre la Mesa y los Presidentes de las Comisiones.
El señor SCHAULSOHN.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, el problema que han planteado los señores Huepe y Latorre lo vamos a tener permanentemente en la Sala, porque, desgraciadamente, la Constitución establece una serie de limitaciones a las facultades de los parlamentarios para presentar mociones. Algunas de ellas provienen de la Constitución de 1925; otras son nuevas; pero siempre se deja a criterio del Presidente la determinación de su admisibilidad o su inadmisibilidad. De modo que veo muy difícil que logremos fijar reglas que nos ayuden a decidir cuándo un proyecto está reñido con la Constitución, y cuando no. Lo que sí me preocupa es no sentar el precedente de que no pueda discutirse el hecho de que el Presidente de la Corporación, en uso de sus facultades, declare que una moción es inadmisible.
Entiendo que el Diputado señor Huepe no está con ánimo de discutir ahora los méritos de la declaración; pero, en otros casos, el procedimiento que debemos seguir, simplemente, es que el parlamentario que está interesado en defender la admisibilidad de su moción, debe pedirlo en el momento de la Cuenta. Esa petición tiene que someterse a la discusión de la Sala, porque ésta tiene la facultad de revocar la determinación del Presidente.
He pedido la palabra sólo porque no me gustaría que quedase sentado el precedente de que no habrá debate cuando el Presidente de la Cámara declare inadmisible una moción. En este caso en particular, entiendo que no lo habrá, porque el Diputado señor Huepe no tiene interés en que lo haya; pero, si se interesare, tendría perfecto derecho a pedir que se abriera debate sobre el tema y a recabar la votación de la Sala al respecto.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, en relación con una situación de esta naturaleza, a la Mesa le parece necesario tratar el tema de los Comités, porque, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, las decisiones que adopte el Presidente pueden ser consideradas. Sin embargo, el punto no está claro respecto del lugar de la Tabla para su discusión, y hoy día ésta no ha sido solicitada.
La proposición que ha hecho el Diputado señor Huepe apunta a que, sin menoscabo de las facultades del Presidente de la Cámara, en cuanto a declarar inadmisibles determinados proyectos que a él, o a la Mesa, le parece que lo son, el asunto debiera discutirse en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para presentar, posteriormente, un informe a la Sala. Y si le parece necesario a la Sala la reconsideración de la medida, por supuesto que podrá hacerlo mediante el debate correspondiente.
De manera que, recogiendo la moción del Diputado señor Huepe, si le parece a la Sala, podríamos solicitar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que realice un análisis de los proyectos de ley declarados inadmisibles, a fin de que exponga a la Corporación las razones que justificaron la medida.
Si le parece a la Sala....
El señor SCHAULSOHN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, señor Diputado.
El señor SCHAULSOHN.-
Estoy de acuerdo con el planteamiento, pero con dos considerandos:
En primer lugar, que no constituya precedente, cuando haya un problema de inadmisibilidad, que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tenga que informar, porque no es así. Le pediremos un informe para tener mayores antecedentes.
Esto es muy importante, porque nos pasará a todos cuando presentemos mociones.
En segundo lugar, en mi opinión, por lo menos, que el momento para impugnar la declaración de inadmisibilidad hecha por el Presidente es precisamente durante la Cuenta, cuando la Sala toma conocimiento del punto.
Podemos perfeccionarlo; pero tenemos un procedimiento. Y yo quiero dejar salvado ese punto, porque mientras la Comisión informa, se puede volver a producir esta situación y, a lo mejor, algún señor parlamentario querrá que en ese momento, y no después, se resuelva el tema respecto de su particular moción o proyecto de ley.
El señor LEAY.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo último planteado por el Diputado señor Schaulsohn, porque estos proyectos, lamentablemente, llegaron a las Comisiones antes de ser declarados inadmisibles por el Presidente de la Cámara. En el caso de la Comisión de Minería, no los pusimos en Tabla, porque habíamos fijado un criterio; no obstante, en el futuro puede pasar que, incluso, otra Comisión los ponga en Tabla, o bien, que el Presidente de la Comisión tenga que declarar la inadmisibilidad y no lo haga, en su debido momento, en la Cuenta de la Mesa de la Cámara.
El señor GAJARDO.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GAJARDO.-
Señor Presidente, soy una de las personas que aparece patrocinando, por lo menos, dos de los proyectos de ley que están en esta situación.
En todo caso, para seguir el camino que plantea el colega Schaulsohn deseo impugnar formalmente la resolución del Presidente de la Cámara.
De tal manera que, sin perjuicio de sujetarme a la tramitación que aquí se establezca, quiero que quede expresa constancia de mi impugnación, para los efectos reglamentarios pertinentes.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Solicito a los señores Diputados que no se abra debate sobre esta materia, salvo que realmente se quiera discutir.
No obstante, deseo que, en definitiva, adoptemos una resolución al respecto.
El señor HUENCHUMILLA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, ésta es la segunda o la tercera oportunidad en que en esta Sala discutimos cuestiones de procedimientos respecto de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, del Reglamento y de las disposiciones de la Constitución Política, en cuanto a la tramitación de proyectos de ley.
Aquí hay, por lo menos, cuatro o cinco problemas que tienen que ser resueltos. Se los enuncio: el problema de las urgencias, respecto del cual tengo una opinión particular, en el sentido de que, por disponerlo la Constitución y la Ley Orgánica, el Reglamento no está vigente en esta parte; el problema de las indicaciones, que tuvimos oportunidad de discutir a propósito de la reforma tributaria; el problema de los proyectos que implican gastos, respecto de los cuales, asimismo, la Constitución y la Ley Orgánica establecen normas; el problema de las mociones, las cuales tienen un tratamiento distinto de las indicaciones. Aún más no me parece pertinente lo que usted señalaba respecto del artículo 15, porque se aplica a otra situación.
En suma, lo que quiero señalar es que aquí hay cuatro o cinco puntos de procedimiento que no están claros. En consecuencia, me parece que la Mesa tendrá que adoptar un procedimiento para que, en su oportunidad, la Sala pueda discutir la forma de tramitación de los proyectos de ley, de acuerdo con lo que disponen la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Señores Diputados, sin entrar en debate, la explicación es muy simple: el Reglamento vigente no es el que discutimos en la Comisión con el objeto de actualizarlo. La Ley Orgánica Constitucional ahora comienza su aplicación y es obvio que existan disparidades.
Las cuatro materias que usted ha planteado han sido recogidas por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, y estarán contenidas en el nuevo Reglamento que someteremos a conocimiento y a resolución de la Corporación.
Si le parece a la Sala, podríamos aceptar la moción del Diputado señor Huepe, en el sentido de solicitar que las materias que han sido declaradas inadmisibles sean analizadas en detalle en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sin que ello signifique, como dijo el Diputado señor Schaulsohn, un precedente, y dejando constancia de que tampoco la solicitud implica menoscabar las facultades propias del Presidente de la Corporación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor LATORRE.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.-
Estoy de acuerdo con lo que se acaba de resolver; pero quiero insistir en que aquí, además, hay un problema de coordinación entre el Presidente de la Cámara y los Presidentes de las Comisiones, los que, a mi juicio, deben operar en forma armónica porque, efectivamente, los proyectos a que se hizo mención en la Cuenta, fueron abordados en varias Comisiones y se acordó un procedimiento distinto; más aún cuando el Presidente de la Cámara puede declarar la inadmisibilidad en cualquier momento del proceso legislativo.
En consecuencia, me parece que hay un problema de coordinación que debió preverse con anterioridad.
El señor ESTEVEZ.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado.
El señor ESTEVEZ.-
Sólo quiero precisar que, al parecer, existe una confusión entre la inadmisibilidad de los proyectos de ley, o de las mociones, en este caso, y las indicaciones a un proyecto, que son dos cosas completamente diferentes.
Lo que dice el Diputado señor Latorre, respecto de las indicaciones que hacen los parlamentarios, es correcto, pues ellas, como decía el Diputado señor Leay, puedan ser declaradas inadmisibles o no en cualquier momento por el Presidente de la Sala o de la Comisión. Pero aquí estamos en un caso que es completamente distinto, por cuanto se refiere a la admisibilidad de proyectos de ley en su conjunto. En este sentido, la Ley Orgánica Constitucional es muy clara en su artículo 13, que indica que en ningún caso se dará cuenta de mociones; es decir, de proyectos de ley presentados por los señores parlamentarios, relativos a materias que son de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, o que deban serlo de la otra Cámara.
Por lo tanto, efectivamente, aquí se creó un problema cuando se dio cuenta de que se habían presentado estas mociones, tema que habría que rectificar; pero no es de competencia de los Presidentes de Comisiones declarar la admisibilidad en el momento que ellos estimen oportuno, sino que es la Mesa, o la Presidencia de la Cámara, la que no debe dar cuenta de estos proyectos.
PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AMNISTÍA A LAS PERSONAS QUE INDICA POR LAS FALTAS Y DELITOS QUE SEÑALA. SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde ocuparse del proyecto del Senado que concede amnistía a personas que indica por las faltas y delitos que en él se señalan.
El proyecto de ley, impreso en el boletín N°31-06(S), dice:
"Artículo único.-
Concédese amnistía a todas las personas que hayan incurrido en infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 126,127,128,138,139 y 12 transitorio de la Ley N°18.700. Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en el período comprendido entre el 1° de octubre de 1988 y el 31 de diciembre de 1989."
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Pérez, don Víctor, Diputado informante.
El señor PEREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, en segundo trámite constitucional informo a la Sala sobre el proyecto, que tuvo su origen en un Mensaje del Ejecutivo, por el cual se concede amnistía a las personas que incurrieron en faltas y delitos que en él se señalan.
Tiene razón el Mensaje al hacer notar que el referido proyecto tiene relación directa con la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que sanciona como delitos y faltas los descritos en el párrafo correspondiente de su título VII.
Para mayor claridad de la Sala, debo reiterar que la Constitución Política del Estado, en su artículo 18, ordena la constitución de un sistema electoral público, y que una Ley Orgánica Constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales, y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los procesos electorales.
Estas materias que la Constitución ha asignado a la Ley Orgánica Constitucional del Sistema Electoral Público, han sido regladas y reguladas por diversas leyes, a saber: por la ley N° 18.556, sobre el sistema de inscripciones Electorales y Servicio Electoral propiamente tal; por la ley N°18.583, que fijó la planta del Servicio Electoral, y por la ley N°18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
La iniciativa del Ejecutivo, que origina el Mensaje, se refiere específicamente a la ley N°18.700, que trata de los actos preparatorios de las elecciones; del acto electoral; del escrutinio local; de las reclamaciones electorales; del escrutinio general y de la calificación de las elecciones; del orden público; de las sanciones y procedimientos judiciales; de la independencia e inviolabilidad, de las sedes y apoderados; de los efectos electorales; de las publicaciones y exenciones de derechos e impuestos; de las disposiciones generales y de los distritos electorales y circunscripciones senatoriales para las elecciones de Diputados y Senadores.
Esta ley, al tratar todas y cada una de estas materias, contiene una serie de exigencias, de limitaciones y obligaciones, cuya infracción hace incurrir en faltas o delitos de la más variada índole.
El Mensaje del Ejecutivo señala que muchas de estas normas fueron incumplidas o burladas por la ciudadanía, básicamente por el desconocimiento de las disposiciones de la citada ley, y que son muchos los ciudadanos, miles, los que de buena fe cayeron e incurrieron en infracciones, tanto en el plebiscito de octubre de 1988, en el de julio de 1989, como en la elección presidencial y de Diputados y Senadores, el 14 de diciembre último.
Por lo tanto, estas personas que, por desconocimiento de las disposiciones legales, o de buena fe incurrieron en faltas y delitos, han provocado que el sistema judicial chileno recibiera masivas denuncias por parte del Servicio Electoral, las cuales han terminado en el archivo de antecedentes, o aún sus fallos se encuentran pendientes, debido a la incapacidad material de los tribunales competentes para dar curso progresivo a los autos en forma rápida y eficiente.
Además, la ley N°18.700, en su artículo 150, dice que "sólo procederá el indulto general o la amnistía en favor de los condenados o procesados en virtud de esta ley".
Por esas consideraciones, el Mensaje del Ejecutivo fundamenta las disposiciones que paso a reseñar.
El Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de amnistía que beneficiaba a los responsables de los siguientes delitos y faltas cometidos entre el 1° de octubre de 1988 y el 15 de diciembre de 1989:
a)Suscribir el patrocinio a una candidatura independiente para Presidente de la República, Senador o Diputado, sin tener inscripción electoral vigente en la circunscripción senatorial o distrito respectivo, o patrocinar más de una candidatura
para una misma elección, lo que el artículo 127 sanciona con multa de tres unidades tributarias mensuales.
b)Prestar falso testimonio en el acto de patrocinio de una candidatura independiente, lo que hace merecedor al infractor a pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y a multa de una a tres unidades tributarias mensuales, según el artículo 128.
c)No haber votado siendo ciudadano, infringiendo la obligación impuesta por el artículo 60, lo que el artículo 139 sanciona con multa a beneficio municipal de media a tres unidades tributarias mensuales, salvo que se acredite alguna excusa legítima conforme a esa misma disposición.
A estas causales, el Senado, en el primer trámite constitucional, agregó otras tres: Estableció que también tienen derecho a la amnistía aquéllos que vulneraron las limitaciones a la propaganda electoral callejera, a que se refiere el artículo 32, lo cual, de acuerdo con el artículo 126 de la ley N°18.700, hace incurrir al infractor en una multa de una a 10 unidades tributarias mensuales.
Asimismo, incluyó el Senado en este beneficio a quienes no concurrieron a ejercer las funciones de miembro de una mesa receptora, de delegado de la respectiva Junta Electoral o de miembro de un Colegio Escrutador, contraviniendo los artículos 50, 54 y 83, haciéndose acreedor, el infractor, a una multa de dos a ocho unidades tributarias mensuales.
El Senado agregó a las causales anteriores, beneficiando a los infractores, la siguiente: Actuar como independiente en la organización de grupos ciudadanos para ejercer el derecho de propaganda, a tener sedes y designar apoderados en elecciones, sin tener inscripción electoral vigente en la región, estar afiliado a un partido político constituido o en formación o haber suscrito otra nómina, lo que se sanciona con una multa de tres unidades tributarias mensuales, según el artículo 12 transitorio de la ley N°18.700.
Es decir, tanto por Mensaje del Ejecutivo como por las causales que incorporó el Honorable Senado, seis son las situaciones en virtud de las cuales se beneficia a las personas que cometieron algunos de los delitos o faltas establecidas en la ley 18.700.
Durante la discusión de este proyecto la Comisión contó, permanentemente, con la presencia del Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido, quien dio a conocer los fundamentos que tuvo el Ejecutivo para enviar esta iniciativa. Debo informar que la Comisión, en forma unánime, aceptó los fundamentos que tuvo el Ejecutivo para proponer la aprobación de este proyecto de ley. La realidad indica que muchas personas, tanto por desconocimiento como de buena fe, incurrieron en una serie de delitos y de faltas que la ley sanciona.
Además, en la discusión en particular, hubo una serie de proposiciones para ampliar el beneficio de la amnistía a otras personas que cometieron alguna de las infracciones penadas por la ley 18.700; pero teniendo presente que el señor Ministro de Justicia fundó el Mensaje del Ejecutivo en el hecho de que había desconocimiento de las normas; en que estaba en juego el principio de la buena fe; en que después de 16 años se reanudaba la posibilidad de participar en elecciones directas de Presidentes de la República, de Diputados y Senadores, y en que no existía, por parte de muchos chilenos, una mayor experiencia en esta materia, se estimó que era necesario mantener la certeza de las normas que regulan los actos electorales y mantener, asimismo, una señal concreta de que debían cumplirse, por la generalidad de la ciudadanía, las normas que el Estado se ha dado para llevar a efecto las elecciones periódicas y los plebiscitos establecidos por la Constitución Política.
Al iniciarse la discusión en particular, en la Comisión hubo disparidad de criterios, especialmente en cuanto al contenido mismo del proyecto aprobado por el Senado. Varios miembros de la Comisión consideraron que ciertas normas incorporadas por esa Corporación no tenían el fundamento que el Ejecutivo adujo en el sentido del desconocimiento de normas y de la buena fe.
Por lo tanto, entre otras cosas, por mayoría de votos, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechazó la amnistía en favor del Delegado de la Junta Electoral y del miembro de una Mesa Receptora de sufragios o de un colegio Escrutador que no concurriere a sus funciones, situación que está sancionada por el artículo 138 de la ley 18.700.
Se votaron, en forma separada, cada una de las proposiciones del Ejecutivo. Después de sucesivas votaciones, la Comisión acogió, por unanimidad, la amnistía a favor de las personas que hubieran incurrido en infracción a los artículos 127,139 y 12 transitorio; o sea, aquellos que suscribieron el patrocinio de candidaturas independientes, sin tener inscripción electoral vigente, o lo hicieron por más en una candidatura en una misma elección.
También se aprobó, en forma unánime, la amnistía para aquellas personas que, siendo ciudadanos, no votaron; así como también para quienes infringieron lo establecido en el artículo 12 transitorio de la ley N°18.700; aquellas personas que actuaron como independientes en la organización de grupos de ciudadanos para ejercer el derecho de propaganda, tener sedes y designar apoderados en elecciones, sin tener, inscripción electoral vigente en la Región.
Por simple mayoría, se aprobó la amnistía para aquellas personas que incurrieron en las faltas establecidas en el artículo 128; es decir, prestar falso testimonio en el acto de patrocinio de una candidatura independiente. La opinión de la minoría fue que prestar falso testimonio, sin duda, no podía atribuirse a buena fe y que, por lo tanto, no estaba incluida dentro de las ideas matrices del mensaje del Ejecutivo.
También, por simple mayoría se aprobó la amnistía para los infractores del artículo 126, relativo a la vulneración de las normas sobre propaganda electoral, o sea rayados de calles, de veredas y de muros.
Por lo tanto, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recomienda a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente proyecto de ley:
"Artículo único.- Concédese amnistía a todas las personas que hayan incurrido en infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 126, 127, 128, 139 y 12 transitorio de la ley N°18.700,Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en el período comprendido entre el 1 de octubre de 1988 y el 31 de diciembre de 1989."
He dicho, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Antes de ofrecer la palabra sobre el proyecto de ley que tan brillantemente ha informado el Diputado señor Víctor Pérez, solicito el asentimiento unánime de la Sala para tratarlo en general y en particular, por cuanto suponemos que es de simple despacho.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El señor URRUTIA.-
Pido la palabra.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, en nombre de la Sala de Diputados de Renovación Nacional, quiero señalar la posición de nuestro Partido en relación con este proyecto de ley que hoy día debemos votar.
Seré muy breve en mi exposición. La ley N°18.700, sobre Votaciones y Escrutinios, estableció un sinnúmero de normas. Además, su título VII determinó las sanciones para aquellas personas que incurrieran en faltas por infringir sus disposiciones, y el procedimiento judicial a seguir.
El artículo 126 ahora se somete a consideración de esta Honorable Cámara conceder amnistía a sus infractores establece sanciones para quienes cometieron infracciones referidas, básica y fundamentalmente, al hecho de ensuciar las ciudades del país con propaganda electoral.
Pensamos que dichas personas incurrieron en esa falta por desconocimiento de la ley, como lo señala el Mensaje de su Excelencia el Presidente de la República.
En consecuencia, daremos nuestra aprobación a la amnistía respecto del artículo 126, en el entendido de que no se puede sentar el precedente, para futuras elecciones, de que los chilenos tendrán la posibilidad absoluta de ensuciar todas y cada una de las ciudades, y las plazas y los monumentos que existen en ellas.
En relación con esta norma en el momento oportuno se hará la presentación correspondiente es importante establecer disposiciones que impidan la repetición de hechos como aquellos de los cuales todos fuimos durante la pasada campaña presidencial y de parlamentarios, en las que las ciudades quedaron completamente sucias.
En segundo lugar, en cuanto al artículo 127 en esta materia también se solicita amnistía debo informar que Renovación Nacional dará su aprobación porque muchas personas suscribieron candidaturas sin saber cómo lo hacían, y sin saber tampoco que, en algunos casos, estaban violando normas legales que existen en este sentido.
En tercer lugar, y en relación con la amnistía que se pide respecto del artículo 128 de la ley N°18.700, para aquellas personas que en el acto de patrocinio de una candidatura independiente prestaren falso testimonio se señalan las penas, creemos que es necesario aprobarla, por cuanto muchos chilenos concurrieron a prestar dichas declaraciones sin tener conocimiento efectivo de las infracciones que estaban cometiendo a la Ley General de Elecciones y Votaciones Populares.
Con referencia a la amnistía por infracción al artículo 138 de la ley N°18.700, la Sala de Diputados de Renovación Nacional la rechaza, por cuanto, respecto de las personas que han sido designadas delegados de las Juntas Electorales, miembros de Mesas Receptoras de Sufragios o de un Colegio Escrutador, y no concurren a cumplir sus funciones, la propia ley establece los mecanismos para dar las excusas respectivas. Por lo tanto, al estar obligadas legalmente a cumplir este acto cívico, tan importante y tan trascendental para el futuro de la democracia en Chile, es indudable que esas personas deben ser efectivamente sancionadas, como expresamente lo señala la legislación vigente. En consecuencia, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechazó, por mayoría de votos, la amnistía solicitada en este caso por el Ejecutivo y por el Honorable Senado.
La bancada de Renovación Nacional también votará en contra de ella.
En cuanto al artículo 139, materia sobre la cual también se solicita amnistía, los Diputados de Renovación Nacional también se oponen a ella, por cuanto consideramos que es sentar un precedente para el futuro, ya que, indudablemente, los chilenos se sentirán con el suficiente respaldo como para no concurrir a votar en futuras elecciones. Estimamos que esto le hace mucho daño a la democracia. Siempre hemos escuchado críticas, sobre todo en aquellos grandes países del mundo donde la abstención es de tal magnitud que, incluso, se puede señalar que algunos parlamentarios, o Presidentes de la República, no son representativos de la ciudadanía por haberse producido una gran abstención ciudadana.
Por ello, vamos a votar en contra de esta amnistía que propone el proyecto de ley.
En cuanto a la amnistía para todas las personas que hayan incurrido en infracción al artículo 12 transitorio de la ley 18.700, Renovación Nacional la aprobará por las razones expuestas.
Señor Presidente, para los efectos señalados anteriormente, solicito que la votación del artículo único se haga en forma separada, es decir considerando para tales efectos cada una de las disposiciones de la ley N° 18.700, en que incide la amnistía, para permitir, de esa manera, que los Diputados puedan expresar su posición en la Sala.
He dicho.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, colegas parlamentarios, creo que esta situación, que se relaciona con el proyecto de ley en discusión, se debe principalmente a que los tres actos eleccionarios incluidos los plebiscitos, por supuesto se desarrollaron después de un largo período en que no hubo elecciones.
Es sabido que el mayor porcentaje de votantes era de jóvenes que no habían sufragado nunca; por lo tanto, desconocían todos los sistemas anteriores y, naturalmente, el vigente en ese momento. Entonces se produjo el problema que aquí se ha comentado. En todo caso, el espíritu cívico de los electores fue bastante bueno y satisfactorio, y hubo preocupación, tanto en los antiguos electores como en los nuevos inscritos, para ir a los locales de votación.
Es bueno recordar, especialmente para quienes somos representantes de distritos con alta votación de sectores campesinos, que las dificultades de traslado fueron bastante notorias; no tanto en el plebiscito de octubre de 1988, porque las municipalidades se preocuparon de que hubiera la locomoción necesaria hasta en los lugares más apartados, para que nadie dejara de votar. Indudablemente, en esa oportunidad les interesaba bastante que la votación fuera favorable, y trataron de aprovechar todo lo que representa la presión de 16 años de trabajo para conseguir que el pueblo estimara que estaba de acuerdo con las actividades y las actitudes del Gobierno. Nosotros sólo nos dedicamos a mirar, porque no teníamos los medios económicos para compensar todo lo que el Gobierno hizo en materia de movilización, especialmente a través de los alcaldes.
Curiosamente, en julio de 1988, no hubo de parte de las municipalidades ni de las autoridades de Gobierno la misma preocupación para proporcionar locomoción sin costo alguno a los mapuches, campesinos y parceleros, cuyas dificultades de tránsito por los caminos son bastante grandes. No hubo esa posibilidad y la gente llegó hasta nosotros clamando por locomoción, la que, en gran medida, no le pudimos proporcionar.
En mi zona, en mi distrito, en mi provincia y creo que en otras provincias de la Región, también confabuló en contra de la asistencia de los electores a los lugares de votación, una lluvia persistente, la cual, en algunas partes, alcanzó el grado de tormenta. De tal manera que vimos que mucha gente tuvo que pagar multas subidas, porque el juez correspondiente simplemente no aceptó las disculpas de que, a causa del mal tiempo y de la distancia, esos electores modestos no pudieron llegar a tiempo para sufragar. Muchos conocemos a electores que debieron salir de sus casas a las 4 o 5 de la mañana, a pie, para poder sufragar a las 12 del día, y muchas veces más tarde.
Por eso, considero totalmente justificada la presentación de este proyecto de ley, y anuncio que vamos a votar a favor de la totalidad de los artículos propuestos.
A quienes hemos tenido alguna actividad municipal o alcaldicia, en su oportunidad nos preocupa el aseo y la presentación de las ciudades; pero también debemos legislar en favor de quienes incurrieron en el delito de ensuciar la ciudad por una situación lógica: no había medios económicos para hacer presente al resto de la ciudadanía cuál era la intención del voto.
Entendemos que este proyecto no creará un precedente para futuras votaciones. Incluso, consideramos que en un plazo determinado, más corto que largo, deberemos modificar el articulado de la Ley de Elecciones, en lo que se refiere a la propaganda electoral. Comprobamos que ella adolece de muchas fallas, y tenemos que dar la posibilidad para que las candidaturas, que no disponen de medios económicos, puedan hacer llegar sus mensajes a los electores, con facilidad.
Eso sería todo, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente, como no hay ningún Diputado del Partido Radical que integre la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me hago el deber de expresar a la Sala que los Diputados radicales vamos a votar favorablemente el proyecto de ley, en los mismos términos en que viene aprobado por la Comisión, aun cuando no participamos reitero en su discusión particular. Lo hacemos por dos motivos.
En primer lugar, porque compartimos las razones expresadas por el Ejecutivo en el mensaje de fundamentación del proyecto.
En segundo término, por cuanto discrepamos de la penalización de varios de los hechos que están tipificados como delitos en la actual Ley de Votaciones y Escrutinios.
Abogamos, porque en un futuro cercano tengamos la oportunidad de discutir íntegramente una nueva ley de votaciones y escrutinios.
Por esas razones, señalo que votaremos por la aprobación de este proyecto.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Hernán Rojo.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, era una tradición en Chile que cada vez que se realizaban elecciones, el Honorable Congreso, con posterioridad, dictara una ley de amnistía. Siguiendo esa tradición, y por las razones en que se fundamenta este proyecto de ley, el Ejecutivo ha propuesto un proyecto diferente del aprobado por la Comisión.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha entregado a la consideración de la Sala un proyecto que beneficia a todos aquellos que incurrieron en infracciones a los artículos 126,127, 128, 139 y 12 transitorio. El Ejecutivo había enviado un texto que contemplaba tres clases de infracciones: las de los artículos 127,128 y 139; pero el Senado agregó tres disposiciones, que se refieren a los artículos 126,138 y 12 transitorio.
Por su parte, la Comisión aprobó dos de estas agregaciones, la del artículo 126 y del 12 transitorio, y rechazó, por mayoría de votos, la disposición relativa al artículo 138. Este artículo dispone que el delegado de la Junta Electoral, o el miembro de una Mesa Receptora de Sufragios o de un Colegio Escrutador que no concurriere a sus funciones, sufrirá tales y cuales penas.
Frente a esta situación de hecho, me he permitido presentar una indicación para reponer esta disposición, que fue suprimida en la Comisión, para, de esta manera, despachar el proyecto en la misma forma en que lo había aprobado el Honorable Senado.
He fundamentado esta petición en el siguiente hecho. No existe una sola razón para entrar a discriminar entre los diversos infractores. Antiguamente, el Congreso despachaba leyes de amnistía que decían, por ejemplo: "Concédese amnistía a todas las personas que hayan incurrido en infracción a las disposiciones de la Ley Electoral". En este caso, se ha optado por el sistema de amnistiar sólo la comisión de determinadas infracciones. Creo que las razones esgrimidas tanto en la Comisión como en la Sala fundan la concesión de una amnistía general, atendiendo al principio de que lo que se da a uno se debe dar a todos o no se da a nadie. Ello, porque estamos en una situación especial, como es la vuelta de la democracia.
En esta etapa, no ha habido un conocimiento exacto de la ley electoral, por cuanto se despachó sin conocimiento de la opinión pública. En seguida, su aplicación no fue pareja. Eso lo recordamos perfectamente. Para algunos, se aplicaba en toda su estrictez; para otros, no. Algunos tenían derecho a colocar toda clase de propaganda en las calles, a inundar las ciudades con "afiches" incluso en lugares prohibidos. En cambio, otros, como nosotros, que lográbamos colocar algunos de ellos, éramos denunciados y sancionados en los juzgados de policía local. Esa situación cambiará ahora en democracia. La ley será pareja para todos. Por eso, cuando estamos legislando para una situación de excepción, adquiere pleno fundamento el texto aprobado por el Senado de la República.
Señor Presidente, si la Ley Electoral dispone que es un acto voluntario del ciudadano inscribirse en los registros electorales, no se justifica sancionar a los que incurrieron en determinadas infracciones de sus normas, sobre todo si se considera que quienes no se inscribieron no sufrirán sanción alguna. Frente a esta realidad y en virtud de estos antecedentes, he formulado una proposición que, en el fondo, significa aprobar el proyecto despachado por el Senado.
Nada más, señor Presidente.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez.
El señor PEREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, los Diputados de la Unión Demócrata Independiente aprobaremos, en general, el proyecto contenido en el mensaje del Ejecutivo. Su texto, al establecer la posibilidad de amnistiar sólo contadas y precisas faltas, está reconociendo, implícitamente, como también todo el país, que los actos electorales realizados bajo el imperio de la ley actual han contado con la aprobación de toda la ciudadanía. El sistema electoral chileno, cuyo fundamento es la certeza, ha dado oportunidades a todos y a cada uno de los sectores que han intervenido democráticamente en los actos electorales; ha permitido a los diversos partidos políticos competir en igualdad de condiciones, y ha resguardado tanto los derechos de los ciudadanos, como de los partidos mismos y de los candidatos. Eso hace que nosotros valoremos con especial énfasis la seriedad de nuestros actos electorales y la obligatoriedad de las normas de nuestro sistema electoral. El reinicio de la democracia en Chile implica el reconocimiento de los derechos de las personas y de sus deberes, especialmente en materias electorales. Todos los chilenos tenemos el derecho de participar en los actos electorales; pero, también, la obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa legal existente sobre la materia, que asegura los derechos de todos y cada uno de los sectores que intervienen en ellos. Y así ha ocurrido en todas las elecciones, especialmente en el último acto electoral, como lo han reconocido todas las colectividades políticas.
Por ello, no somos partidarios de una ley de amnistía general. De lo contrario, estaríamos, sin duda, sentando un muy mal precedente, en especial para todos los jóvenes que se incorporan a los actos electorales.
Una elección presidencial, una elección parlamentaria, un plebiscito constitucional requieren gran responsabilidad de todos los chilenos, porque en cada uno de esos actos se fija el rumbo y el destino de la Nación toda. Por eso, las obligaciones que imponen las normas electorales deben ser cumplidas por todos y cada uno de los ciudadanos.
Nuestro apoyo al proyecto obedece, asimismo, al hecho de que el Ejecutivo lo fundamenta en la buena fe de los que contravinieron la Ley de Elecciones. Como se ha dicho, creo que todos los chilenos, participaron lealmente en los actos electorales realizados durante el lapso que menciona el proyecto. En atención a la buena fe de los que incurrieron en faltas o delitos, es necesario dictar una ley de amnistía.
No obstante, como en algunas disposiciones de la ley vigente no concurre este elemento de la buena fe, compartimos el criterio de la bancada de Renovación Nacional, de votar separadamente cada una de las referencias del artículo único del proyecto.
También hacemos presente nuestra opinión contraria a la causal incorporada por el Honorable Senado relativa a la no concurrencia a ejercer las funciones de miembros de una mesa receptora, de delegado de la respectiva junta electoral o de miembro de un colegio escrutador, porque creemos que esas personas no sólo estaban en conocimiento de sus obligaciones y fueron notificadas oportunamente, sino que asumieron la gran responsabilidad de ministros de fe en un acto de gran trascendencia, como es una elección presidencial, una de diputados, una de senadores o un plebiscito.
El reconocimiento de estos antecedentes, especialmente del hecho de que tenemos un sistema electoral o una ley electoral que da garantías a todos y a cada uno de los ciudadanos, a todos y a cada uno de los sectores políticos, debe ser el fundamento de nuestra decisión en esta oportunidad. Por lo tanto, en el caso de la amnistía, somos partidarios de que se conceda en casos muy puntuales y no en general. De lo contrario, estaríamos dando una señal equivocada en el reinicio de las elecciones de nuestro país.
Por las razones expuestas, en nombre de los Diputados de la Unión Demócrata Independiente, anuncio que aprobaremos en general este proyecto, y solicitamos de la Mesa que someta a votación separada las distintas referencias que hace su texto.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, los Diputados de estos bancos vamos a votar favorablemente este proyecto, en la forma despachada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara.
Como se ha dicho, el texto aprobado en este trámite por la Comisión difiere del sancionado en el Senado, donde se modificó la iniciativa del Ejecutivo, con el objeto de extender este beneficio, entre otros, al delegado de la junta electoral o miembro de una mesa receptora de sufragios o de un colegio escrutador que no hubiese concurrido a cumplir con su deber. Nos parece que esto es excesivo, y, en consecuencia, acogiendo la petición formulada por un señor Diputado, en la votación separada del proyecto haremos uso del derecho de rechazar esa parte del proyecto del Senado.
Por otra parte, estimo que la concurrencia a votar no debe ser una obligación penada por la ley. Es un derecho, y el ciudadano ha de tener entera libertad para ejercerlo o no ejercerlo. Me parece que nuestros tribunales tienen mejores cosas que hacer que verse atosigados con denuncias, en una cantidad siempre importante, de personas que, por una u otra razón, no concurren a votar o, simplemente, porque no tienen interés en hacerlo. Desde mi punto de vista, el votar es naturalmente un derecho; pero el no tener interés en participar es también un derecho que merece igual protección. Personalmente, favoreceré cualquier iniciativa que termine con la obligatoriedad de concurrir a votar, o, a lo menos, que la considere una obligación sólo de carácter moral, fundada en el interés de la sociedad en promover la participación; en definitiva, que esa obligación no esté acompañada de una sanción. Como bien dijo el Diputado Rojo, en la práctica el incumplimiento se ve favorecido con leyes de amnistía que solamente debilitan la fuerza que deben tener las normas.
Por estas razones, votaremos este proyecto en la forma señalada.
Gracias, señor Presidente.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar el proyecto.
Los Diputados señores Urrutia, de Renovación Nacional, y don Víctor Pérez, de la Unión Demócrata Independiente, han propuesto votar separadamente cada una de las referencias que contiene el artículo único. El Secretario informará respecto de esta proposición.
El señor VALDES (Secretario).-
La proposición es para votar separadamente cada uno de los artículos de la ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios a que hace referencia el proyecto.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Antes de la votación, se dará cuenta de los pareos.
El señor VALDES (Secretario).-
Han llegado a la Mesa los siguientes pareos: entre la señora María Angélica Cristi y don Baldemar Carrasco; y entre el señor Carlos Bombal y el señor Carlos Smok.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
En definitiva, la proposición consiste en votar en forma separada la referencia que el artículo único del proyecto hace a disposiciones de la ley N° 18.700. La otra proposición es para votar el proyecto en su integridad, con la indicación que presentó el Diputado señor Rojo.
El señor SCHAULSOHN.-
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, no veo por qué vamos a votar sobre una proposición de un señor Diputado que está ejerciendo un derecho reglamentario. Cada Diputado tiene perfecto derecho a pedir la división de la votación, en el sentido de votar artículo por artículo. No es necesaria una votación para proceder de esa manera, a menos que haya alguien que se oponga. Me parece que primero habría que preguntar eso.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
}Si nadie se opone, procederemos en la forma indicada.
El señor CARRASCO.-
Señor Presidente...
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
¿Se opone el señor Carrasco?
El señor CARRASCO.-
No me opongo, señor Presidente. Lo que planteo es que primero el proyecto sea votado en general y, posteriormente, artículo por artículo.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tengo entendido que, en la reunión de los Comités, se acordó votar en general y en particular el proyecto.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
A continuación, se procederá a desglosar el artículo para la votación en particular que han propuesto los señores Urrutia y Pérez.
El señor ROJO.-
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, sólo una moción de orden.
No puede votarse artículo por artículo, si previamente no se vota la indicación, porque ésta incide en un artículo que no figura en el proyecto. La referencia al artículo 138, que aprobó el Senado, no fue acogida por nuestra Comisión. Luego, debe votarse primero tal referencia. Si es rechazada, se entra, entonces, a tratar el proyecto de la Comisión; y si no, debe volver a ella.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra al respecto.
El señor URRUTIA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado.
El señor URRUTIA.-
Tiene la razón el Diputado señor Rojo. Debe aprobarse primero la indicación presentada previamente por el señor Diputado, y, después, votarse en forma separada la mención de cada uno de los artículos señalados en el artículo único.
El señor COLOMA (vicepresidente).-
En votación, entonces, el artículo con la indicación del señor Rojo. Posteriormente, dividiremos la votación para considerar lo que plantea el señor Urrutia.
El señor LONGUEIRA.-
Que se lea la indicación, señor Presidente.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Se va a dar lectura a la indicación.
El señor VALDES (Secretario).-
Indicación de los Diputados señores Rojo, don Hernán; Rodríguez, don Hugo; Reyes, don Víctor; Leblanc, don Luis, que dice como sigue:
"Para incluir en el proyecto de ley sobre amnistía, el artículo 138 de la ley N°18.700."
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
En votación la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 47 votos.
Aplausos en la Sala.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Rechazada la indicación.
Corresponde votar en la forma indicada por el señor Urrutia, es decir, separadamente cada referencia.
En consecuencia, ¿lo hacemos artículo por artículo?
El señor LONGUEIRA.-
Uno por uno.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
En votación.
Vamos a votar artículo por artículo, tal como fue solicitado.
El señor ROJO.-
Señor Presidente,...
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Estamos en votación, señor Diputado.
El señor ROJO.-
Una moción de orden, señor Presidente. Un artículo no se puede votar artículo por artículo.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Explicamos anteriormente, señor parlamentario, que se iba a votar la referencia a los artículos. Obviamente, se trata de un artículo único. Eso lo tenemos claro. El señor Urrutia solicitó votar las referencias en forma separada, lo que se acordó así después de la intervención del señor Schaulsohn.
Por lo tanto, se votará por cada uno de los números de los artículos.
En primer lugar, el artículo 126 de la ley N°18.700.
El señor ELIZALDE.-
señor Presidente, como no soy miembro de la Comisión, por favor, pido que se lea el artículo.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Señor Secretario, ¿cómo quedaría?
El señor VALDES (Secretario).-
El artículo dice como sigue:
"Artículo único.-
Concédese amnistía a todas las personas que hayan incurrido en infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 126,127,128,139 y 12 transitorio de la ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en el período comprendido entre 1° de octubre de 1988 y el 31 de diciembre de 1989."
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, le rogaría al Diputado informante que nos diga a qué se refiere el artículo 126. No soy miembro de la Comisión y quiero saber qué voy a votar.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
El Diputado informante ya dio cuenta de ello, de manera que no procede una reiteración de la explicación sobre el artículo que se vota.
En votación la referencia al artículo 126.
Si le parece a la sala, la aprobaremos por unanimidad.
Aprobada.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
En votación la referencia al artículo 127.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobada.
En votación la referencia al artículo 128.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 13 votos.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Aprobada la referencia al artículo 128.
En votación la referencia al artículo 139.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 54 votos; por la negativa, 18 votos.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Aprobada la referencia.
Finalmente, en votación la referencia al artículo 12 transitorio.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobada.
Despachado el proyecto de ley.
II.-INCIDENTES.
PRECISIONES A LA DECLARACIÓN DEL EX MINISTRO DEL INTERIOR SEÑOR SERGIO FERNÁNDEZ, EN RELACIÓN CON EL HALLAZGO DE OSAMENTAS EN LA LOCALIDAD DE COLINA.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
En la Hora de Incidentes, el primer tumo corresponde a la Democracia Cristiana. Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, la semana pasada, en respuesta a declaraciones mías, que recogieron los medios de comunicación, el senador designado don Sergio Fernández, se refirió, mediante una declaración escrita, al caso de las osamentas encontradas en Colina.
He creído necesario referirme al tema, en esta Sala, con el objeto de precisar la información publicada en algunos medios de comunicación, a la vez que, formular algunas correcciones a la declaración del ex Ministro de la dictadura.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
¡Silencio, por favor!
El señor PALMA (don Andrés).-
Estimo un deber hacer dos precisiones.
Primero, no he pedido ni he insinuado la renuncia del señor Fernández a su cargo de Senador designado. No lo he hecho porque presumo que él no estaría dispuesto a dejar su cargo por una simple solicitud, por fundada que ella fuera. No olvido el hecho de que el señor Sergio Fernández fue un Ministro relevante del General Pinochet. Fue nombrado Contralor para posibilitar una "Consulta Nacional", viciada y viciosa.
Fue Ministro del Interior en dos extensos períodos, en los que dirigió las campañas electorales de 1980 y 1988. Por ello, el dictador lo premió designándolo Senador de la República.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor PALMA (don Andrés).-
A quien lo nombró para esas funciones, el Presidente de la República elegido democráticamente le pidió que renunciara, y no lo hizo. Porque no creo que un discípulo pueda ser más que su maestro, no le he pedido ni le pediré al Senador Fernández que renuncie a su cargo.
Si bien muchas fueron las medidas represivas adoptadas por Sergio Fernández mientras ocupó los cargos de confianza del General Pinochet, debo declarar que no conozco casos de detenidos que hayan desaparecido bajo la responsabilidad del hoy Senador designado. La casi totalidad de los detenidos que posteriormente desaparecieron, fueron detenidos y desaparecidos antes de que don Sergio Fernández asumiera la Cartera del Interior, la que aceptó entre otras cosas, para amnistiar a quienes habían violado los derechos de estos detenidos desaparecidos.
Sólo se sabe de 5 casos en que el entonces Ministro del Interior pudiera tener alguna responsabilidad; pero, en ellos, estando comprobado el secuestro y hasta hoy también la desaparición, no están identificados los secuestradores. Por lo tanto no puede imputarse la responsabilidad al señor Fernández.
Estos casos a los que me refiero, son los de José Julián Peña Maltés, desaparecido el 9 de septiembre de 1987; Alejandro Alberto Pinochet Arenas, secuestrado a las 09.15 horas, aproximadamente, el 10 de septiembre de 1987, en la intersección de las calles Catedral con San Martín, en Santiago. El afectado transitaba por la calle San Martín, de sur a norte, atravesando la calle Catedral. Cuando ya había subido a la acera norte, desde un vehículo utilitario de marca "Suzuki", que aparentemente se encontraba detenido por la luz roja del semáforo, bajaron tres sujetos, uno de los cuales le gritó por la espalda "¡Alto, manos arriba!". Al darse vuelta el afectado, dos de los sujetos se abalanzaron sobre él para reducirlo. El afectado intentó defenderse; pero, rápidamente uno de los sujetos le colocó un arma cerca del rostro, mientras el segundo, desde otra posición, le apunto con un arma tomada con ambas manos; el tercer sujeto, un poco más lejos, vigiló la acción. Reducido ya por sus secuestradores, Alejandro Pinochet, fue introducido en el furgón, donde un cuarto individuo hacía las veces de chofer. El vehículo, transgrediendo la señalización de la luz roja del semáforo, se dirigió al poniente, hacia la calle Manuel Rodríguez, donde los testigos lo perdieron de vista.
Desde esa fecha, Alejandro Pinochet está desaparecido.
Julio Orlando Otárola desapareció ese mismo mes.
Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete desapareció el 8 de septiembre; y Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez desapareció en Santiago, el 9 de septiembre de 1987.
Los casos están relatados en un documento que entrego a esta Corporación, con el objeto de que se anexe a la Versión Oficial.
Como señalé en esas fechas, Sergio Fernández ocupaba la Jefatura del Gabinete del General Pinochet. No obstante, no conozco caso alguno en que Fernández ordenara una detención y el afectado posteriormente desapareciera.
Hechas estas precisiones, paso a referirme a las declaraciones del Senador designado.
Antes, debo señalar que he pedido públicamente al ex Ministro del Interior que entregue la información que él posee sobre los detenidos desaparecidos.
He afirmado que se mintió estos casos, por parte de los gobernantes anteriores, y que se ha ocultado la verdad de lo ocurrido.
A mi juicio, Sergio Fernández hoy Senador designado puede ayudar a esclarecer la verdad y a lograr la reconciliación en nuestro país, proporcionando la información que él tiene sobre los detenidos desaparecidos y ayudando a que los familiares de estas víctimas de la dictadura, encuentren una respuesta a su búsqueda y a que esta herida no permanezca abierta para siempre.
¿Por qué Sergio Fernández puede ayudar a esto?
Porque él, el 15 de junio de 1978, por cadena de radio y de televisión, señaló que: "cualquiera que sea la verdad concreta en cada situación, ella puede ser investigada por los Tribunales de Justicia y, por su parte, el Gobierno explorará cualquier camino serio que respecto de algún caso particular pueda presentársele", al referirse a lo que él llamó "personas presuntamente desaparecidas".
Los antecedentes de las personas desaparecidas fueron remitidos al señor Fernández por diferentes obispos católicos de Chile, con un relato de las circunstancias de su detención y de los lugares en que fueron vistos con posterioridad a ella.
Algunos de estos antecedentes fueron enviados por el Cardenal Arzobispo de Santiago al Ministro Fernández el 12 de julio de 1978. Con esa fecha, Sergio Fernández recibió la información de la detención y desaparición del Diputado señor Atencio y de los señores Cantero y Flores, cuyos restos, presumiblemente, han sido encontrados, en marzo pasado, en un predio de Colina que perteneció al Ejército de Chile o que fue administrado por éste.
Espero que, pronto y solemnemente, todos los miembros de esta Corporación rindamos homenaje al ex DiputadoAtencio, conforme lo establece el Reglamento.
También confío en que se establezca toda la verdad.
Sergio Fernández conoció esta denuncia, que motivó mi declaración y su réplica. Puedo presumir que investigó tal cual lo dijo por cadena nacional obligatoria, y ratificó meses después, al entonces Obispo de Los Angeles, Monseñor Orozimbo Fuenzalida, según consta en un artículo de prensa que también adjuntaré a mi discurso.
No entiendo por qué pueda presumir el ex Ministro y actual Senador que se habla de falsas imputaciones, que lindan en lo calumnioso, como lo señala en su declaración.
El país transita de la dictadura a la democracia, y todos, absolutamente todos, incluidos los Senadores designados, debiéramos ayudar a resolver nuestros problemas. Al tenor de su declaración el señor Fernández pareciera no querer entender este nuevo tiempo.
Allí señala que "no guardo información alguna sobre ningún hecho delictual ocurrido durante mi gestión ministerial, ni, por cierto, sobre hechos ocurridos con anterioridad a dicho período, como sería el citado caso de Colina".
Es positivo que hoy califique de hecho delictual el desaparecimiento de personas que fueron detenidas en el Gobierno pasado. Pero es inaceptable que él señale que "no guarda información", ya que ella le fue entregada seriamente y debió investigarla.
Si no investigó, le mintió a todo el país respecto al tema. Si no conoció el producto de sus investigaciones, que efectivamente nunca dio a conocer a la opinión pública, ni tampoco a los familiares, ¿quiere decir que el Gobierno pasado guardó información con el fin de proteger a los responsables?
El ex Ministro señala que "si tuviera la información, tanto él hace alusión a mí como la opinión pública, pueden tener la seguridad absoluta de que habría puesto tal información en conocimiento de los Tribunales de Justicia, tal como lo hice y haré cada vez que cuente con antecedentes que permitan investigar delitos".
Quiero referirme a un caso particular. El de un detenido desaparecido: Santiago Abraham Ferrus López. El caso de Ferrus López fue comunicado por el Arzobispo de Santiago al entonces Ministro Fernández, en la forma en que aparece en el tomo III del libro" ¿Dónde están?", páginas 687 a 691, cuya fotocopia también puedo poner disposición de esta Cámara.
Aun conociendo esta información, con fecha 2 de agosto y 4 y 11 de septiembre de 1978, el entonces Ministro del Interior informó no tener antecedentes sobre Ferrus López, ni puso a disposición de los Tribunales de Justicia la información sobre las autoridades que tenían a su cargo 'Villa Grimaldi", ni de las autoridades que tuvieron a su cargo la propiedad de calle Londres N°38, donde Ferrus López estuvo detenido, y que le había sido requerida.
¿Por qué no puso la información a disposición de los Tribunales? ¿Por qué insiste en que sí lo hizo?
El ex ministro vincula mis declaraciones con las de un partido político en formación, calificando ello de "sugerente". En 1978, calificó de "coincidente" la actitud del Episcopado católico chileno con ciertos ataques que él entendió dirigidos a "Chile y su Gobierno".
En uno y otro caso, se pretende descalificar, ante la imposibilidad de dar respuesta.
En la misma declaración de 1978, en que descalificó al Episcopado chileno, el ex Ministro señaló que el Gobierno "seguirá adelante con la investigación de todos los casos, sin pausa ni precipitaciones, y sin permitir que nadie lo desvíe de su camino recto, serio y sereno, proporcionando las informaciones que se reúnan en la forma dada a conocer hace meses y cuando ellas sean necesarias. El Ministro del Interior, u otra autoridad del Gobierno, hablará en nombre del Gobierno, con prescindencia de la persona que desempeñe el cargo, por los principios del humanismo, del cristianismo y de la nacionalidad, que han sido y son permanentes y no dependen de los individuos que temporalmente cumplen una determinada función".
Sólo pido, señor Presidente, por su intermedio, que el Senador designado aproveche el foro democrático, para que dé a conocer la razón de sus propias palabras y de los compromisos que adquirió en función del cargo que desempeñó en el Gobierno pasado.
Nadie puede sentirse agredido por ello. Si el Senador Fernández informa sobre la situación de los detenidos desaparecidos, Chile se lo agradecerá, y habremos dado un paso más en el camino de la verdad y de la reconciliación.
Muchas gracias, señor Presidente.
Aplausos en la Sala y en las tribunas.
Los documentos cuya inserción anunció el señor Diputado, son los siguientes:
1.- Publicación de la Agrupación de Familiares de Detenidos-desaparecidos, de 1987:
"a) Nombre: José Julián Peña Maltés etc.
b) Nombre: Alejandro Alberto Pinochet Arenas etc.
c)Nombre: Julio Orlando Muñoz Otárola etc.
ch) Nombre: Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete etc. y,
d)Nombre: Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez.
a)Nombre: José Julián Peña Maltés
Fecha de Nacimiento: 25 de agosto de 1950.
Cédula de Identidad: 6.060.361 Stgo.
Estudios: Universitarios.
Profesión: Ingeniero.
"José Julián es el segundo de cuatro (4) hijos del matrimonio compuesto por don José Julián Peña Torres y la señora Alicia del Carmen Maltés Venegas (fallecida en 1984).
A los 7 años de edad ingresa a la escuela Básica "Arturo Alessandri Palma" en Santiago. El año 1963 ingresa al Liceo, al mismo tiempo pasa a integrar la Selección Juvenil del Club Deportivo Colo-Colo. Termina sus estudios medios en un Liceo Nocturno del cual egresa en 1969.
En 1971 ingresa a estudiar a la Universidad Técnica del Estado, la carrera Seguridad Industrial (Prevención de Riesgos). Durante este período desempeña un cargo en la estructura juvenil de la C.U.T. (Central Única de Trabajadores)
Después del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, se desata en la Universidad Técnica del Estado (hoy Universidad de Santiago), una secuela de persecuciones, asesinatos y detenciones. José Julián, decide en ese entonces asilarse en la Embajada de Francia en Santiago, a fines del mes de septiembre de ese año, el 20 de enero de 1974 viaja rumbo a ese país.
José Julián retorna clandestinamente al país. El día 9 de septiembre de 1987 visitó a una amiga, sale de ese lugar a las 13.00 horas, quedando de regresar el día 11 de septiembre, lo que no hizo hasta la fecha. Tampoco volvió al domicilio donde vivía, ni se comunicó con los demás moradores, a quienes regularmente avisaba cuando se ausentaría y cuando volvería. Sus especies personales quedaron abandonadas.
Además, y esto es muy importante para concluir su detención el día 9 de septiembre, el día 15 de septiembre, un individuo desconocido de aproximadamente 25 años de edad, penetra subrepticiamente al departamento donde vivía con sus llaves. Al ser sorprendido por los moradores que llegan, señala"...que por encargo del desaparecido va a buscar un maletín con documentos que tienen que ver con su actividad política clandestina y con su grupo...", para cuyo efecto el desaparecido le habría hecho un plano para ubicar su pieza en el inmueble. El pretexto que señala para que él no vaya después de tantos días a su domicilio, resulta ser falso, ya que señala que él (José Julián) está herido en un domicilio de la ciudad de Valparaíso, a raíz de un accidente automovilístico; el domicilio resultó ser inexistente, como asimismo, no existe explicación para que él no se haya puesto en contacto telefónico, por ejemplo, con las personas de su domicilio o su organización. El individuo regresa esa noche y al día siguiente, preguntando insistentemente por el maletín. Es importante indicar aquí, que José Julián Peña Maltés, es conocido en ese domicilio por el nombre de "Juan Espinoza".
Se interpuso recurso de amparo con fecha 21 de septiembre de 1987 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el rol N°1.082-87.
El día 2 de octubre de 1987 se presentó denuncia por presunta desgracia, ante el Primer Juzgado del Crimen de Santiago, bajo el Rol N°132.628-6.
b)Nombre: Alejandro Alberto Pinochet Arenas.
Fecha de Nacimiento: 2 de junio de 1964.
Cédula de Identidad: 10.212.8079 de Valparaíso.
Estado Civil: Soltero.
Estudios: Egresado Liceo Industrial de Valparaíso.
Profesión: Técnico en Combustión Interna (automotriz).
Alejandro es el menor de 3 hijos del matrimonio compuesto por don Froilán Pinochet y la señora Estela Arenas.
A la edad de 6 años ingresa a la Escuela Básica N°17 de Playa Ancha en Valparaíso. A los pocos días del golpe militar que se impone al pueblo chileno a sangre y fuego, el 17 de septiembre de 1973, es detenido su padre por un grupo de uniformados. Amarradas sus manos con alambre a la espalda y tirado al piso de un camión, es conducido al barco "LEBU", atracado en ese momento en el Molo de Valparaíso, 93 días permanece en precarias condiciones de abrigo y alimentos, sus días en el "Lebu" son crueles, entre sus torturas y las que sufren sus compañeros de cautiverio. Es así como la infancia de Alejandro, es marcada tempranamente por el dolor y el terror. Siete meses después de ser puesto en libertad su padre, fallece su madre (1974) víctima de una larga y penosa afección cardiaca. Alejandro tenía 10 años de edad. La vida escolar del niño se desarrolla sin mayores tropiezos, cuando cursa el 8° básico obtiene el 2° lugar en un concurso radial, en el cual participa con el Tema "Cristóbal Colón". En ese mismo año se transforma en el campeón de ajedrez de su colegio (1978).
El año 1979, luego de una severa selección es aceptado en el Liceo Industrial A-20 de Valparaíso, para estudiar mecánica en Combustión Interna y Automotriz, lo que le produce gran satisfacción a la familia.
Se destaca en esos años como jugador de básquetbol, en el Club Deportivo Wanderers, y luego en la misma rama del club deportivo de la Universidad Católica de Valparaíso; en el que participa en los años 1981-1984, en 1982 egresa del liceo, su práctica de título la realiza en 1983 en el Centro de Apoyo Logístico de Infantería de Marina, con sede en Viña del Mar.
En el año 1984, a los 20 años de edad, reaparece en Alejandro su asma alérgica que ya le había sido diagnosticada 10 años antes, esta enfermedad le ataca con mayor crudeza y le obliga hasta el día de hoy a portar un inhalador para soportar las crisis asmáticas, provocadas por los ataques de esta enfermedad. Alejandro siempre fue ferviente opositor al régimen que hoy rige nuestro país, participó activamente en las jornadas de protesta que se realizaron en los años 1982-1983.
En febrero de 1986, es buscado por primera vez en el domicilio anterior de la familia, civiles que no se identificaron preguntan por él y su padre, los habitantes de la casa se comunican inmediatamente con don Froilán Pinochet, quien sale en busca de su hijo a la casa de un amigo de éste, al llegar a dicho lugar se percata que en ese hogar llegan 3 vehículos de los cuales descienden civiles que ingresan violentamente en el domicilio y se llevan detenido a un joven, que permanece siete meses en prisión. Alertado de este hecho Alejandro se trasladó inmediatamente a Santiago.
En septiembre de ese mismo año (1986) se presentan donde una tía de Alejandro, nuevamente civiles que no se identifican y preguntan por el muchacho, los agentes portaban una lista de nombres, al no encontrar mayores informaciones se retiran del lugar. Víctima de la persecución, el muchacho se esconde por algún tiempo, y sólo en diciembre de ese año se reencuentra con su padre por espacio de algunas horas.
Alejandro fue secuestrado a las 9.15 horas aproximadamente, el 10 de septiembre de 1987, en la intersección de las calles Catedral con San Martín en Santiago. El afectado transitaba por calle San Martín de sur a norte, atravesando la calle Catedral, cuando ya había subido a la acera norte, desde un vehículo utilitario marca Suzuki, que aparentemente esperaba detenido por la luz roja del semáforo, bajaron tres sujetos, uno de los cuales le gritó por la espalda"... Alto, manos arriba," al darse vuelta el afectado, dos de los sujetos se le abalanzan para reducirlo. El afectado intenta defenderse, pero rápidamente uno de los sujetos le coloca una arma cerca del rostro, mientras el segundo desde otra posición lo apunta con el arma tomada con ambas manos, el tercer sujeto, un poco más lejos (cerca del vehículo) vigila la acción. Reducido ya Alejandro Pinochet, es introducido en el furgón, donde hay un cuarto individuo que hace las veces de chofer. El vehículo, trasgrediendo la luz roja del semáforo, se dirige hacia el poniente hasta la calle Manuel Rodríguez, virando hacia el norte donde los testigos lo pierden de vista. Toda la operación duró alrededor de 20 segundos, poco menos que la duración de la luz roja del semáforo, lo que demuestra el profesionalismo de la ejecución del secuestro.
Se presenta recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el rol N° 1.082-87, el 21 de septiembre de 1987.
c)Nombre : Julio Orlando Muñoz Otárola.
Fecha de Nacimiento: 19 de septiembre de 1953.
Cédula de Identidad: 6.984.359K.
Estado Civil: casado, sin hijos.
Estudios: Realizados en el Liceo Industrial B-5 de Rancagua Egresado de la Especialidad de Construcciones Metálicas (1968).
Julio Orlando es el mayor de 7 hermanos, hijo de Pedro Orlando Muñoz Muñoz (fallecido en 1979), y de Idilia del Carmen Otárola Narváez. Hace sus estudios básicos en el pueblo de Coya (VI Región) en la Escuela N°51 de dicha localidad. Se destaca como buen alumno y niño participativo, es un buen deportista.
Su enseñanza Media la realiza en el Liceo Industrial B-5 de Rancagua, ingresando a ella en el año 1966, allí se especializa en el ramo de Construcciones Metálicas, egresa del Liceo el año 1972, con el título de Técnico en dicha especialidad. Ingresa posteriormente a la Universidad Técnica del Estado, con sede en Copiapó el año 1973. Su permanencia en dicha casa de estudios es corta pues a raíz del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, ese mismo día ingresan los militares violentamente a dicho recinto, golpeando y robando las pertenencias a los alumnos que se encontraban en el lugar. Julio ya no regresa a la Universidad. La familia se traslada de su domicilio de Coya (esta casa era de la Municipalidad de Coya, en la cual se guardaban las herramientas de la municipalidad), a la casa ubicada en Machalí.
El año 1974, el 4 de marzo ingresa a trabajar al Mineral de Cobre de El Teniente (Rancagua) al departamento de Fundición Sección Planta de Oxígeno, en dicho empleo permanece hasta 1983.
Durante su trabajo se incorpora al Sindicato de Caletones y además al Sindicato de la Mutual de Coya-Mina.
Durante el año 1983, se realiza en la ciudad de Rancagua una huelga general de trabajadores de la Mina el Teniente. En el transcurso de ella. Julio trabaja intensamente para lograr su éxito. Dicho movimiento finaliza y como resultado de ella, aproximadamente 30 trabajadores son despedidos del mineral, entre ellos toda la dirigencia, junto a los cuales es despedido Julio Orlando. Siete de las personas despedidas inician días después una huelga de hambre que se extiende por 30 días, Julio oficia de representante del grupo (él no participó en el movimiento). El movimiento termina sin lograr los objetivos de reincorporar a los trabajadores a sus antiguas funciones. Ese mismo año y durante la huelga de hambre de los trabajadores, motiva una gran movilización del pueblo rancagüino y se forma el "Comando Juvenil por la Democracia", en el cual Julio es elegido presidente. Este Comando realiza una serie de actividades entre ellas mitinea callejeros, panfletos, actos culturales, etc.
En el mes de noviembre de 1984, aproximadamente a las 05.00 horas de la madrugada, la casa de la familia de Julio, ubicada en calle San Juan N°1228 en Machalí, es allanada por carabineros, en dicho allanamiento participan más de una treintena de carabineros que rodean el lugar, traen orden del Ministerio del Interior para detener a Julio y Gonzalo Muñoz Otárola, carabineros se llevan a Gonzalo, el cual permanece 5 días incomunicado en la Comisaria de Machalí. Julio es avisado por uno de sus hermanos ese mismo día de que era buscado, toma su vehículo Fiat 600 color rojo e intenta abandonar la zona. El vehículo es interceptado por un jeep de carabineros, al mediodía, entre los cuales estaba el tío paterno de Julio, Raúl Muñoz, quien lo identifica e indica a sus compañeros, que el ocupante del auto es Julio Muñoz Otárola, a quien andan buscando. Julio es trasladado por el grupo de carabineros a la Comisaría de Machalí, (por decreto exento 4963 y 4991 del Ministerio del Interior), en la cual permanece incomunicado por espacio de 5 días, en el mismo lugar se encuentra su hermano Gonzalo. Ambos hermanos al cumplir los cinco días de incomunicación son trasladados al cuartel de Investigaciones de Rancagua, donde son fichados; después son llevados a Santiago y enviados a puntos distintos de relegación. Ambos hermanos son relegados, Gonzalo a Pichasca y Julio, a su vez, a Paihuano, ambos lugares ubicados en el Norte Chico chileno, donde permanecen por espacio de 2 meses y 10 días aproximadamente. Cuando la familia concurre a visitarlos al lugar de la relegación, Julio comenta haber sido violentamente golpeado y sometido a torturas.
Al regreso de su relegación vuelve a la casa de su madre y luego de un mes de permanencia allí, se traslada a Santiago con su esposa.
En octubre de 1986, la casa de la familia es nuevamente allanada por civiles que se movilizaban en un vehículo de Investigaciones y sus ocupantes se identificaron como miembros de dicha entidad, aducen tener una orden de investigar emanada de la Fiscalía Militar. Requieren información acerca de la esposa de Julio, Cecilia Magni, y sobre el domicilio de ambos. Revisan la casa y del álbum fotográfico familiar se llevan una foto de Julio, en la que aparece junto a dos amigos. Investigaciones permanece aproximadamente 45 minutos, interroga a toda la familia sobre las actividades que desarrollan cada uno de ellos.
Luego de este allanamiento, la familia sufre seguimiento permanente.
En abril de 1987, a las 08.05 horas de la mañana, la casa de Machalí es allanada por tercera vez por Investigaciones y C.N.I. (Central Nacional de Información), se movilizan en un vehículo que tenía la identificación de investigaciones, por orden del fiscal militar Fernando Torres Silva, buscaban a Julio, interrogan a la familia sobre él y sobre las actividades que desarrolla. Este allanamiento es más violento que los anteriores.
El 21 de septiembre llega a la casa de la familia un hombre que dice "...que El Chico...cayó detenido, no sabe con certeza si en Santiago o Valparaíso, pero sí asegura que está detenido, pero la detención se habría producido siete (7) días antes, y aconseja a la familia interponer un recurso de amparo, pues ya han pasado muchos días...".
El recurso de amparo, se interpone el día 25 de septiembre de 1987, en la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el rol N° 1.13887.
ch) Nombre: Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete.
Fecha de Nacimiento: 26 de julio de 1961, 26 años.
Cédula de Identidad: 9.295.3424, Concepción.
Estado Civil: Soltero.
Estudios: 8o básico.
Profesión: Mueblista.
Gonzalo es el cuarto de 7 hijos del matrimonio compuesto por Don Manuel Fuenzalida y la señora Digna Navarrete. Ingresa a los 6 años a la Escuela Básica N°59, estudia allí hasta el 2° básico. Luego se traslada a la Escuela Básica N°83 "Jorge Sánchez Ugarte", donde termina su Enseñanza Básica. Alumno inquieto y travieso.
A la edad de 13 años egresa de la Educación Básica, el padre había quedado ese mismo año cesante, los escasos medios económicos de la familia le impiden seguir estudiando. Ingresa tempranamente al mundo del trabajo, como ayudante de un almacén y trasladando las compras de la feria libre a cambio de algunas monedas. Junto a su padre y a sus tíos aprende el oficio de mueblista del cual es un destacado trabajador.
Durante los años 1982-1983 participa activamente en la formación de un Centro Cultural, lugar donde desarrolla su inquietud por el teatro. Gonzalo no se queda ajeno al acontecer político del país, siendo declarado opositor al régimen que hoy rige nuestro país, durante esos mismos años participa con fervor de las jornadas de protesta convocadas por los trabajadores. En una de esas protestas es detenido por carabineros, quienes lo golpean violentamente en el interior del furgón. Trasladado a la Comisaría de calle Salas con San Martín en Concepción, es acusado de "agresión a carabinero", pasado a Fiscalía Militar es encargado reo, 10 días después del arresto es puesto en libertad bajo fianza. Una vez condenado, la pena es conmutada por la obligación de presentarse a firmar una vez por semana.
Al poco tiempo de quedar en libertad se incorpora a trabajar en la Comisión de Derechos Juveniles de Concepción. En busca de mejores horizontes económicos se traslada a Santiago. Gonzalo realiza frecuentes viajes a Concepción para visitar a su familia.
Durante el transcurso del año 1986, es detenido su hermano Manuel en Santiago, debido a esto la casa de la familia es allanada en Concepción por agentes de Investigaciones, quienes preguntan por las actividades de los otros hijos, permanecen en el interior del domicilio por espacio de dos (2) horas aproximadamente, cuando se retiran se llevan fotos de ambos hermanos.
A raíz de estos acontecimientos Gonzalo interrumpe sus visitas a la familia. Sólo el 4 de septiembre de 1987 se reúne en Santiago con su madre, durante la conversación Gonzalo expresa su preocupación por el allanamiento, que agentes vestidos de civil; habían realizado a la casa donde él alojaba en dicha ciudad, los individuos habrían interrogado a los ocupantes de la casa por él.
Posteriormente la familia de Gonzalo se entera que había sido secuestrado. Presentado un recurso de amparo, la detención es negada.
Nuevamente se plantean las crueles interrogantes. ¿Dónde está? ¿Quién o Quiénes los secuestraron? Su vida corre inminente peligro, su seguridad física y sicológica está en grave riesgo.
Es detenido entre los días 8 y 9 de septiembre de 1987, diariamente visitaba a su polola Patricia Cancino (hoy detenida en la Cárcel de San Miguel). El día 8 de septiembre, alrededor de las 18.00 horas, visita a Patricia en su trabajo y quedan de juntarse al día siguiente (9) a las 20.30 horas en una Pizzería de la Estación Central. Cita a la cual no acudió.
Gonzalo tampoco regresa a su domicilio habitual, en dicho lugar quedaron sus pertenencias y su cama intacta desde el día 8 de septiembre.
Se presentó el día 21 de septiembre de 1987 en la Corte de Apelaciones de Santiago, el recurso de amparo bajo el rol N°l.082-87.
y, d) Nombre: Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez.
Fecha de Nacimiento : 13 de julio de 1959.
Cédula de Identidad : 8.163.3622 de Valparaíso.
Estado Civil: Casado, 1 hijo.
Estudios : 4° año medio.
Profesión : Tornero Mecánico.
Manuel es el menor de cinco (5) hijos del matrimonio compuesto por don Amador Sepúlveda Romero y Brunilda Sánchez Pérez, ambos fallecidos.
Manuel es muy regalón de la familia, muy mimado, y por lo mismo, un poco mal genio. A los 6 años ingresó a la Educación Básica, en la escuela San Judas Tadeo de Valparaíso ubicada en el Cerro San Juan de Dios; después se trasladó a la Escuela España N°24, posteriormente ingresó al Colegio Industrial, egresando con la especialidad de Tornero Mecánico en el año 1978.
Ingresó a trabajar en el puerto en el año 1979 como estibador en forma esporádica. Al poco tiempo ingresó a trabajar a la línea de buses "Central-Placeres", como inspector, ocupación que ejerce por un período de dos (2) años, siendo despedido; estuvo cesante por una temporada (2 años), tiempo que ocupa en desarrollar diferentes oficios en forma ocasional.
Al principio del año 1976, conoce a Verónica la que luego sería su esposa en el año 1980; de esta unión nace un hijo, Sebástian Andrés (7 años). Se caracteriza como buen padre, amante de su familia, cariñoso con los suyos y muy buen dueño de casa.
Manuel Jesús se destacó como buen deportista, era integrante del club deportivo "Jiménez Unido" y practicaba básquetbol en el club de Unión Española. Manuel Jesús participaba activamente en las protestas y movilizaciones realizadas en los años 1982-1983.
En el año 1984 viaja a Concepción por razones de trabajo, permaneciendo por un período de 3 meses. Luego vuelve a Valparaíso, en el año 1985 se independiza de la familia y deciden vivir solos en una casa que arriendan.
En una oportunidad la señora de Manuel se dio cuenta de que la casa estaba siendo vigilada, a los dos o tres días de esto, llegan personas de civil golpeando la puerta, a la vez que gritaban improperios. Manuel se encontraba en la casa y pudo salir por una puerta lateral.
Desde el mes de septiembre del año 1985 en que se trasladó a vivir a Santiago, sus visitas a la familia son esporádicas.
Manuel había visitado a su familia, a su esposa e hijo, quienes residen en la ciudad de Valparaíso, entre los días 5 y 8 de septiembre de 1987. Vuelve a Santiago en la tarde del día 8 de septiembre, a su domicilio. Sale de éste el día 9 en la mañana quedando de regresar a la 16.00 horas aproximadamente. Posteriormente en la tarde avisa que se va a retardar pero que llegará a su casa.
El salió de otro domicilio que visitaba esa tarde a las 18.30 horas y nunca más regresó a su domicilio ni se ha puesto en contacto con sus familiares hasta esta fecha, 2 meses después de su desaparecimiento. Sus especies personales han quedado abandonadas en su domicilio y no ha tomado contacto con nadie.
Se presentó recurso de amparo rol N°1.082-87 en la Corte de Apelaciones de Santiago, en su favor.
Se presentó en su favor Denuncia por Presunta Desgracia, con fecha 30 de octubre de 1987 en el 14° Juzgado del Crimen de Santiago."
2. Publicación del Diario "El Sur", de Concepción, de fecha 4 de octubre de 1978:
"Por desaparecidos:
Ministro respondió a Obispo de Bío-Bío
La información enviada por el obispo de Los Angeles, monseñor Orozimbo Fuenzalida, en torno a las 552 personas desaparecidas en la provincia de Bío-Bío, treinta y tres de ellas de Los Angeles, fue remitida a Investigaciones para su debido procesamiento.
Así lo informó el propio Ministro del Interior, Sergio Fernández, al prelado angelino, en carta enviada por el propio Secretario de Estado. En ella, el Ministro Fernández señala que "la información correspondiente ha sido remitida para su debido procesamiento, por los Servicios de Investigaciones y, en la medida de lo posible, se proporcionarán los resultados obtenidos a los familiares, en forma directa y privada".
El Ministro finaliza su carta agradeciendo al Obispo su valiosa cooperación. (EL SUR).
3. Páginas 687 a 691 del Libro "¿Dónde están?", Tomo III:
Nombre Ferrús López, Santiago Abraham.
Cédula de Identidad: 1.948.002, de Santiago.
Estado Civil: Casado.
Fecha de Nacimiento: 23 de mayo de 1902.
Edad : 73 años a la fecha de la detención.
Domicilio: Av. Perú N° 1128, de Santiago.
Profesión u Oficio: Jubilado.
HECHOS.
Santiago Abraham Ferrús López, militante del Partido Comunista, fue detenido el día 11 de septiembre de 1975, a las 3 de la madrugada, en su propio domicilio en presencia de su esposa, doña Luperfina Urbina Pizarro.
En la detención participaron alrededor de 10 a 12 personas de civil movilizadas en dos camionetas de color rojo, sin patentes, y armadas con metralletas y armas cortas.
La aprehensión tuvo los caracteres de un vasto operativo militar, absolutamente desproporcionado a la naturaleza tranquila del afectado y a su avanzada edad. Producto de este operativo ostentoso, los vecinos del grupo habitacional en el cual se encuentra el domicilio de Ferrús López se vieron turbados en su tranquilidad por los ruidos y gritos de los aprehensores, lo que los constituyó en testigos oculares de los hechos de la detención. Tanto Ferrús López como su cónyuge, ya habíanse alarmado y constatado de que algo extraño sucedía esa noche en el vecindario, pues al ruido de los vehículos se sumaron los golpes de puertas en la casa de un vecino, a quien le preguntaron a viva voz: "¿Dónde vive Abraham Ferrús?" De inmediato, una vez efectuada la pregunta y con la respuesta del vecino, directamente y sin golpear en ninguna otra puerta que no fuera la nuestra, llegaron los funcionarios al departamento y sin exhibir orden legal alguna de detención, ni de allanamiento, procedieron a registrar minuciosamente las dependencias, y a sacar detenido desde el interior de la casa a Santiago Abraham Ferrús, que en esos momentos se encontraba acostado. No hubo tampoco identificación previa de los funcionarios, y todo ocurrió en breves fracciones de minutos, en plena vigencia del toque de queda. Entre los aprehensores se contaba una mujer.
Los aprehensores en ningún momento expresaron las causas de su proceder ni tampoco señalaron el lugar hacia el cual era conducido el detenido.
Posteriormente, el afectado fue conducido al recinto de Villa Grimaldi, Avenida Lo Arrieta, altura del 8000 de esta ciudad, recinto dependiente de la DINA.
En Villa Grimaldi, Ferrús López, según lo que deponen ex detenidos, en declaraciones juradas, fue mantenido en la dependencia denominada "La Torre", en compañía de otros detenidos a quienes se les veía siempre juntos (encadenados); las personas que estaban con Ferrús eran: José Ramón Ascencio Subiabre, Alejandro Avalos Davidson, Octavio Julio Boettiger Vera. Todos en la actualidad desaparecidos.
Expresan las declaraciones juradas en sus párrafos más importantes:
Juan Ernesto Segura Aguilar, estudiante, domiciliado en calle El Maitén 8170, Villa Santa Adela, carné de identidad 5.744.809, de Santiago: "Fui detenido el día 4 de diciembre de 1975, y conducido a lo que posteriormente supe era Villa Grimaldi. Permanecí allí hasta el 19 de enero de 1976, y desde el 28 de enero de 1976 hasta aproximadamente el 25 de febrero de 1976, que corresponde al día de la visita realizada por el 'Comité Internacional de la Cruz Roja’ al campamento de 'Cuatro Alamos'.Desde el 28 de enero al 25 de febrero de 1976 fui llevado diariamente, y desde las 8.30 de la mañana hasta las 18.30 horas de la tarde, a realizar trabajos forzados a Villa Grimaldi".
'Durante mi estadía en Villa Grimaldi, al ir al baño nos entrecruzamos diariamente con el grupo de detenidos que venía de ’La Torre’ (una de las tantas celdas de Villa Grimaldi). Vi a través de la venda a este grupo de 5 detenidos, entre los cuales se encontraba Patricio Orellana Figueroa".
"Las personas que acompañaban a Patricio Orellana F. son las siguientes: Alejandro Avalos Davidson, José Ramón Ascencio Subiabre, Santiago Ferrús López y Octavio Julio Boettiger Vera".
Renán Gregorio Castillo Urtubia, ayudante de contador, domiciliado en Lope de Ulloa 2121, Quinta Normal, cédula de identidad N°6.735.934-8, de Santiago:
"Que en mi calidad de detenido por el estado de sitio se me mantuvo privado de mi libertad desde el 26 de noviembre de 1975 hasta el 17 de noviembre de 1976, fecha en que fui puesto en libertad desde el campamento 'Tres Alamos’".
"Que permanecí en varias oportunidades, durante la primera etapa de mi detención, en un recinto a cargo de la DINA, denominado Villa Grimaldi, ubicado en calle José Arrieta, de Peñalolén; ubiqué el lugar puesto que ya, de oídas, conocía algunas de sus características y ubicación, lo que me fue confirmado durante mi estadía y por la razón de haber sido sacado y vuelto a llevar varias veces a dicho recinto. Estuve en Grimaldi entre el 26 de noviembre y el 10 de diciembre de 1975; el día 23 de diciembre de 1975; y desde el 26 de noviembre de 1975 hasta el 13 de enero de 1976".'
"Que en las tres oportunidades en que permanecí en dicho recinto, pude ver y conversar con las siguientes personas que se encontraban recluidas en dicho recinto: Alejandro Avalos Davidson y Jorge Isaac Fuentes Alarcón. En la última oportunidad en que fui llevado a Villa Grimaldi vi también a don Santiago Abraham Ferrús López".
Dagoberto Mario Trincado Olivera, Constructor Civil, domiciliado en Avda. Silva N° 604-C. Comuna de San Miguel, cédula de identidad N° 4.682.310-9, de Santiago, expresa: "Estuve detenido desde el día 4 de noviembre de 1975 hasta el 17 de noviembre de 1976. Al día siguiente se me condujo alrededor de las 10 horas a la Villa Grimaldi. En este lugar permanecí hasta el 30 de diciembre. Allí se me torturó constantemente".
"A fines de noviembre pasado vi por primera vez a Alejandro Avalos Davidson, actualmente desaparecido. Durante todo el mes de diciembre lo seguí viendo. Lo tenían en un sector de la villa denominado "La Torre". También me correspondió ver a Santiago Abraham Ferrús López, pese a sus años se veía bien. Tomaba todo con mucha entereza".
"Conversé con él en "La Torre". Sus ropas estaban muy sucias".
"En "La Torre" pude ver, asimismo, a José Ramón Ascencio Subiabre, actualmente desaparecido. Esto ocurrió los últimos días que permanecí en la villa. Se veía mal. Al parecer había sido torturado intensamente".
"Mis contactos con las personas que se encontraban en "La Torre" se debían a que yo me las ingeniaba para poder llegar llevándoles alimentos y cigarrillos. A lo anterior me ayudaba mi condición de ser antiguo arrestado, a quienes los guardias encargaban labores de tipo doméstico".
En el mismo período de detención de Ferrús López, esto es en los días comprendidos entre el 4 y el 17 de diciembre de 1975, desaparecen otras tres personas, cuyo punto de relación es haber sido militantes del Partido Comunista de Chile. Estas personas, actualmente desaparecidas, son: Orlando Ignacio González Espinoza, el 4 de diciembre de 1975; Mario Quezada Solís, el 12 de diciembre de 1975, y Carlos Eugenio Sánchez Cornejo, el 17 de diciembre de 1975.
Existe una declaración jurada de un ex detenido que conoció y conversó con Santiago Ferrús López, encontrándose ambos detenidos e incomunicados en Villa Grimaldi el 12 de diciembre de 1975. El declarante, don José Luis Núñez Zamora, expresa que después del 22 de diciembre de 1975, estando incomunicado en Cuatro Alamos, supo por otros detenidos que Santiago Ferrús López había sido trasladado a ese mismo lugar y posteriormente lo habían sacado desde ahí Cuatro Alamos gravemente enfermo.
En el Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía, en querella por secuestro, autos Rol 120.332-2, existe declaración de Patricio Orellana Figueroa, quien al momento de prestarla se encontraba recluido en Tres Alamos, y que expresa que, efectivamente, conoce a Santiago Abraham Ferrús López, persona de edad que se encontraba detenida junto a él en Villa Grimaldi.
ACCIONES LEGALES.
El 17 de diciembre de 1975 se interpuso recurso de amparo ante la Iltma. Corte de Apelaciones, Rol 1.691-75. El 8 de enero de 1976 es rechazado el recurso con el solo mérito del informe rendido por el Ministerio del Interior que expresa que "tal persona no ha sido detenida por orden de ese Ministerio".
El 27 de enero de 1976 se interpone denuncia por presunta desgracia ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Causa Rol 120.322, la que con fecha 11 de octubre de 1977 es transformada en querella por secuestro, por existir antecedentes más que suficientes para proceder de tal modo.
En, la causa que está actualmente en tramitación no se ha comprobado por medio de los informes rendidos por autoridades del orden policial, de identificación, de organismos mortuorios, asistenciales y de fronteras, que a Santiago Ferrúz López le hubiera ocurrido una circunstancia distinta a una detención y secuestro. No aparece como saliendo del país, ni como ingresado a postas, morgue o cementerios de la capital.
ACIERTO DEL EJECUTIVO EN LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY ENVIADOS AL CONGRESO NACIONAL DURANTE LA PASADA LEGISLATURA EXTRAORDINARIA.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Julio Rojos.
El señor ROJOS.-
Señor Presidente, distinguidos colegas:
Al finalizar la Legislatura Extraordinaria, a la cual fue convocada recientemente esta Corporación por el Ejecutivo, algunos sectores de la Oposición alzaron sus voces para criticar la actitud del Gobierno, pues, a su entender, éste se habría "farreado" dicha Legislatura. Esta pérdida de oportunidad se traduciría en el hecho de que el Ejecutivo habría enviado al Parlamento una serie de proyectos de ley, los que, en lugar de solucionar los verdaderos problemas de los chilenos, sólo postergaron la vigencia de algunas leyes, creando entes públicos o establecieron el cambio de nombre de algún Ministerio. A nuestro juicio, dicha crítica es injusta e inexacta.
En efecto, el análisis que realizan algunos parlamentarios respecto de los contenidos normativos de los proyectos de ley propuestos es absolutamente parcial y hasta demagógico, puesto que, por así decirlo, sólo atiende a una cuenta numérica de los proyectos, sin efectuar un verdadero estudio desde una perspectiva más amplia.
A este respecto, debe tenerse muy presente que, luego de 16 años, nos hemos vuelto a reencontrar con nuestra historia republicana, al comenzar sus labores esta Corporación en Legislatura Extraordinaria, con un renovado cuerpo de legisladores elegidos democráticamente.
Hoy, gracias a Dios, las leyes nacen del consenso generado por aquéllos a quienes nuestro pueblo ha otorgado la facultad soberana de dictar normas jurídicas, y no sólo por la voluntad de algunos. Sin embargo, lamentablemente, como saben los señores parlamentarios, existen múltiples ataduras que han impedido al Gobierno ejercer, tan prontamente como se quisiera, una rápida y eficiente solución de los problemas de quienes en los últimos años han sido los más marginados, por cuanto problemas presupuestarios y de la propia normativa vigente lo han impedido.
Quienes critican la actitud gubernativa en la Legislatura Extraordinaria también olvidan que a ella fueron enviados proyectos tan importantes como la Reforma Tributaria y la creación del Fondo de Solidaridad, instrumentos indispensables y necesarios para lograr la solución de los ' problemas que los chilenos necesitan con mayor premura.
En este caso, también la crítica ha sido infundada, puesto que quienes más han pregonado la austeridad y el equilibrio monetario, hoy presionan por soluciones sociales y económicas populistas, sin considerar que, para lograr estas tan deseadas metas sociales, es menester contar con los recursos suficientes.
No puede afirmarse que la prórroga en la vigencia de una ley sea un mero trámite, como parecieran creer algunos opositores. No deben olvidar que dichos proyectos de prórroga llegaron a la Legislatura debido a la gran presión social que ha existido, ya que, por tratarse de legislaciones impuestas contra la voluntad mayoritaria, eran abiertamente resistidas por los sectores a quienes afectaba su aplicación, hecho que, incluso, comprometió el voto de todos los parlamentarios de Oposición.
Finalmente, debe considerarse de importancia la inclusión, en la Legislatura Extraordinaria, de aquellos proyectos que, modificando nuestra legislación coercitiva y las atribuciones de algunos entes jurisdiccionales, pretenden corregir importantes distorsiones de la Administración de Justicia, que empañan la convivencia social del país y cuyo equilibrio es necesario lograr. Del mismo modo, debe corregirse el exceso de atribuciones y de competencia que han adquirido algunos órganos jurisdiccionales castrenses, como producto de situaciones históricas que no se compadecen con el Chile democrático que comenzamos a construir.
Es evidente que, proyectos como los señalados, no podrían esperar "dormidos", puesto que son de gran trascendencia para un número importante de compatriotas.
Por último, puede afirmarse que la labor del Gobierno ha sido acertada respecto de los proyectos de ley enviados a la Legislatura Extraordinaria, los cuales comienzan a estructurar la legislación básica, que permitirá, en un futuro próximo, solucionar los graves problemas que aún enfrenta nuestro pueblo, en lo económico y en lo social. En fin, no puedo imaginar que ciertos sectores de la Oposición crean que el Gobierno tiene tales fórmulas mágicas que le permitirían resolver en 80 días todos los problemas que en la actualidad existen y que otros, con poderes absolutos, ni en 16 años pudieron solucionar, sino que, más bien, contribuyeron a su existencia.
He dicho.
ANTECEDENTES SOBRE EL "COMITÉ ASESOR DE POLITICA ESTRATEGICA DEL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO" (CAPE).
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
Desde un tiempo a esta parte, hemos escuchado, visto y leído hechos y materias que involucran directamente al Ejército de Chile y al todavía su Comandante en Jefe.
La pregunta que se hace el chileno común es si acaso el Ejército o sus voceros han entrado de lleno a dar opiniones de corte político, sobre materias que son ajenas a la naturaleza de la Institución, que debe ser obediente y disciplinada. ¿Es lícito que el Ejército cuestione, a través de un subalterno, la tarea de la "Comisión Verdad y Reconciliación", creada por el Gobierno? ¿Qué pasa con los archivos de la tristemente célebre CNI y con algunos de estos individuos perniciosos para la sociedad, que son sorprendidos asaltando la imprenta "Alfa y Beta"? ¿Qué explicación racional existe para que la Dirección de Inteligencia del Ejército (DIÑE) permita que dos de sus agentes mantengan vigilancia y seguimiento de la señora Liliana Toro dé Stange? Estas y muchas otras cosas nos preocupan, por su connotación y por la intranquilidad que causan actitudes no menos incalificables de ciertos personajes.
Es de conocimiento público el funcionamiento del Comité Asesor de Política Estratégica del Comandante en Jefe del Ejército, cuya sigla es CAPE, que funciona en calle Bandera N° 52, de la ciudad de Santiago.
En relación con este servicio, pido que se oficie al señor Ministro de Defensa Nacional, a fin de que informe a la Honorable Cámara de Diputados sobre lo siguiente:
Primero, legislación por la cual se rige dicho Comité.
Segundo, número de sus funcionarios, civiles y militares, de planta y a honorarios.
Tercero, su presupuesto anual, tanto en el personal como en otros gastos.
Cuarto, clarificación de la propiedad del bien raíz ubicado en calle Bandera 52, de la ciudad de Santiago.
Quinto, objetivo del mencionado Comité y detalle de la acción que ha desarrollado en los últimos 60 días.
Señor Presidente, tenemos antecedentes que nos permiten aseverar que el Ejército de Chile, pese a no prestar servicios en la Administración Civil, no sólo no habría reducido el gasto de 152 millones 374 mil 800 pesos, sino que los habría aumentado, para financiar un número no inferior a 120 funcionarios que se desempeñan en el mencionado Comité Asesor de Política Estratégica del Comandante en Jefe del Ejército, cuya sigla, repetimos, es CAPE.
Muchas gracias.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en nombre del señor Diputado.
ARBITRARIEDADES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS DURANTE EL GOBIERNO ANTERIOR. NECESIDAD DE UNA REFORMA ADMINISTRATIVA PARA REMEDIARLAS.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ramón Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, durante este último tiempo, ha habido algunas denuncias respecto a eventuales exoneraciones que pudiese haber realizado el Gobierno del Presidente Aylwin.
Quiero desmentir totalmente estas aseveraciones.
En efecto, algunos funcionarios han presentado su renuncia en forma voluntaria, y otros han llegado a acuerdos para su retiro.
Por mi parte, quiero denunciar todas las arbitrariedades administrativas cometidas durante el Gobierno pasado.
El decreto ley N°6, del 12 de septiembre de 1973, de la Junta de Gobierno, declaró en calidad de interinos a los personales de los servicios, reparticiones, organismos, empresas y demás instituciones de la Administración del Estado.
El decreto ley N°22, de fecha posterior, facultó para disponer la terminación inmediata de designaciones a contrata, de convenios a honorarios o de contratos de trabajo de esos servidores, en forma discrecional y sin sujeción a normas sobre inamovilidad o estabilidad en el empleo, como las contenidas en la ley N°16.455 o en otros preceptos. Esto significó la exoneración de cientos, de miles de trabajadores públicos.
Posteriormente, en el artículo 3° del decreto ley N°1.608, del 7 de diciembre de 1976, se declaró que algunos cargos eran de exclusiva confianza, y otros, de libre designación.
Se siguió presionando sobre la Administración Pública. Fue así como, por el decreto ley N°2.345, se dieron facultades al Ministro del Interior para remover a cualquier funcionario de la Administración Pública, atribución que rigió desde octubre de 1978 hasta 1987.
Después, se dictó el decreto ley N°3.551, cuyo artículo 1° transitorio dispuso que todos los cargos profesionales o técnicos universitarios, hasta el grado 15° de la Escala Unica de Sueldos, eran de la exclusiva confianza del Presidente de la República.
Sin embargo, en 1986, se dictó la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo título II aseguraba la estabilidad de la carrera funcionaría; pero sus normas transitorias impidieron, por sucesivas prórrogas, la entrada en vigencia de varios artículos de dicha ley hasta agosto de 1989.
Por la ley N°18.827, se cometió la más grande de las injusticias respecto de la Administración del Estado. En efecto, se incorporó a las plantas a aquellas personas que en esa fecha se desempeñaban en calidad de contratadas o a honorarios, asimiladas a un grado de la Escala Unica de Sueldos, sin mediar ningún tipo de concurso, lo que permitió, por esa vía, el ingreso de 17.709 personas por sobre los funcionarios de la Administración Pública, que tenían asegurada, ya de por sí, desde 1986, la continuidad y la estabilidad en su carrera funcionaria.
Sólo el 29 de diciembre de 1989, el personal, mediante la ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Empleados Municipales, y la entrada en vigencia del artículo 51, y otros, de la Ley de Bases, adquirió estabilidad en su trabajo. Sin embargo, a continuación, las normas de los cargos de exclusiva confianza fueron aplicadas con el máximo de rigor, lo que ha impedido a este Gobierno integrar personas a la realización de la tarea en que está comprometido con el pueblo chileno.
Es fácil oponerse hoy día a la creación de nuevos cargos públicos, y, asimismo, asumir la defensa de quienes, en atropello a la carrera funcionaria y sólo por servilismo al Gobierno pasado, pasaron sobre destacados funcionarios públicos. La gran mayoría de aquéllos ha quedado "apernado" en los más altos cargos de la Administración Pública, sin otros méritos que los enumerados.
En consecuencia, reclamo que se haga justicia con los trabajadores del Estado, y pido al Gobierno del Presidente Aylwin que envíe, con la mayor brevedad, a este Parlamento, una reforma administrativa, la cual, con ecuanimidad, permita una real carrera funcionaria, justa y equitativa.
Muchas gracias, señor Presidente.
PROBLEMAS VIALES Y FERROVIARIOS DE LA PROVINCIA DE ARAUCO. OFICIOS.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Huepe.
El señor HUEPE.-
¿Cuánto tiempo me resta, señor Presidente?
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Dos minutos.
El señor HUEPE.-
Brevemente me referiré a algunos de los problemas de la zona que represento en esta Cámara, que es el distrito 46, provincia de Arauco, comuna de Lota.
Uno de los más graves que ha tenido esta provincia histórica ha sido la falta de comunicación expedita con el resto del país. La cordillera de Nahuelbuta es una verdadera barrera contra el progreso de ella.
En el Gobierno del Presidente Frei, se iniciaron y concretaron varios caminos de acceso a esta provincia. Se logró pavimentar el de Concepción, que penetraba en la provincia de Arauco. Sin embargo, todavía existe por la zona sur de la provincia de Arauco, la falta de comunicación con el resto de la Carretera Panamericana. Concretar la pavimentación desde la zona de Cañete a Contulmo y a Purén, en la provincia de Malleco, es una obra absolutamente indispensable, que permitiría vincularla con la provincia de Arauco y generar una corriente turística en la zona, lo que sería de suma utilidad.
Por esa razón, señor Presidente, quiero que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro de Obras Públicas, para solicitarle que, con la mayor urgencia posible, se pavimente el camino de Cañete a Purén, lo cual permitiría, repito, la vinculación de la provincia de Arauco con la zona sur.
En segundo lugar, deseo solicitar que también se le dé prioridad al camino del deteriorado acceso a Curanilahue, que es una comuna minera, muy pobre y abandonada.
Por último, quiero que se oficie también al señor Ministro de Obras Públicas, para que, en función del mejoramiento de la comunicación en la provincia, se estudie la posibilidad del estacionamiento de una red ferroviaria entre Tres Pinos y Curanilahue, que permitiría vincular todo el sector sur de la provincia con Concepción. Sabemos que la Empresa de Ferrocarriles se ha deteriorado enormemente durante el último Gobierno y que requiere de inversiones importantes. En consecuencia, es necesario que esta obra se pueda enfrentar con celeridad, para dar salida a toda la gran riqueza forestal de la zona sur de la provincia de Arauco.
Por eso, pido que se envíen esos tres oficios, en mi nombre, señor Presidente.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada.
ACTOS TERRORISTAS RECIENTES EN LA COMUNA DE LA FLORIDA.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde el tiempo del Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, si bien el terrorismo no constituye un hecho desconocido, no por eso es menos reprobable en los países latinoamericanos, ni en el mundo entero.
Asistimos, con perplejidad y solidaridad, a los que sucede en Colombia y Perú, en donde, si bien las causas políticas que animan la experiencia del terrorismo de esos países son radicalmente distintas, los medios utilizados por los terroristas tienen cierta similitud y constituyen un patrón digno de tomarse en cuenta.
Sabemos también que, aunque no exclusivamente la pobreza y el subdesarrollo sean los mejores fertilizantes del odio y de la violencia, debemos anticipar los fenómenos antes de que éstos se introduzcan en nuestra sociedad.
No obstante que esta materia será tratada próximamente por esta Cámara, hoy quiero llamar la atención sobre algunos sucesos que estimo de extrema gravedad y que ocurrieron recientemente en la Florida.
El día 24 de mayo, como es de público conocimiento, aproximadamente a las 20 horas, en el paradero 14 de la Avenida Vicuña Maékena, pleno centro de nuestra comuna, un batallón compuesto de, a lo menos 30 terroristas armados con ametralladoras y pistolas, con sus rostros cubiertos, se trasladaron impunemente en vehículos por las calles de La Florida. Asaltaron diversos locales comerciales, apropiándose de medicamentos, zapatos y otras especies.
No voy a cansar a la Cámara con una nueva narración de los hechos. En esta oportunidad, sólo quiero hacer especial hincapié en dos puntos.
Uno, que es el primer golpe del tipo de "Sendero Luminoso" que se realiza en nuestro país, y dos, que ha quedado demostrado el absoluto estado de indefensión en que se encuentran los habitantes de La Florida frente al terrorismo organizado.*
Por último, junto con rendir homenaje a Carabineros de Chile, por el esfuerzo constante que realiza, a pesar de no contar con los medios para cumplir su tarea, solicito que, en mi nombre, se haga llegar oficio a los señores Ministros del Interior y de Defensa Nacional, a fin de que este tipo de asaltos no se vuelva a producir. Destaco que La Florida es una comuna que cuenta con poco más de 400 mil habitantes y no más de 200 carabineros.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en la forma indicada.
CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO TRONCO-LINARES EN LA PROVINCIA DE LINARES, SÉPTIMA REGIÓN. OFICIO.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Luis Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, una sentida aspiración de la zona que represento, la provincia de Linares, es la construcción, con la mayor brevedad posible, del Canal Tronco-Linares.
A pesar de que esta provincia nunca ha sido considerada como zona de sequía, el problema reviste características dramáticas. En efecto, los cinco ríos centrales que la riegan tienen un estiaje tan pronunciado que en los meses críticos de enero y febrero llegan a un décimo de su caudal de primavera, como sucedió en el verano 89-90.
Esto significa, simplemente, que no es posible destinar más allá del 20 por ciento de la superficie a cultivos exigentes en aguas, como es la fruticultura, en circunstancias de que estas tierras son muy aptas para estos fines. Los agricultores de mi provincia, entonces, se ven obligados a languidecer con cultivos tradicionales, siempre tan poco rentables comparados con la fruticultura.
Los ríos Ancoa, Achibueno, Liguay y Longaví sirven a una zona de 100 mil kilómetros, que todos los años sufre escasez de agua en los meses de verano, ya que tienen su hoya en la precordillera.
La única solución definitiva para este problema es el aprovechamiento integral de lo que la naturaleza nos ha puesto al alcance de la mano: el generoso río Maulé. De este río Maulé, deberíamos reservar para el regadío, por lo menos, 100 metros cúbicos y llenarlos, atravesando el valle central de la provincia, mediante el Canal Tronco-Linares, a no más de 70 kilómetros de longitud, para incorporar al riego 100 mil nuevas hectáreas y regularizar otras 100 mil.
El proyecto se ha venido estudiando desde 1968, aproximadamente, por empresas especializadas, integradas por profesionales de la más alta calificación, que han coincidido, en que el proyecto es social y económicamente rentable. El trazado del canal no presenta grandes inconvenientes técnicos, porque correría por terrenos relativamente planos. Además, su bocatoma de salida quedó construida por ENDESA en Machicura, al momento de construirse la represa y central hidroeléctrica Colbún-Machicura.
La novedad de este proyecto es que se trata de una obra de uso múltiple, ya que aprovecharía el caudal del río Maulé para generar electricidad, a través de la central hidroeléctrica Colbún-Machicura, y, luego de generar esta electricidad, se utilizaría parte de las aguas en el riego.
Además de los beneficios ya mencionados, como es la incorporación al riego de 100 mil hectáreas nuevas y el mejoramiento de otras 100 mil, proporcionaría trabajo permanente a alrededor de 100 mil personas, que no irían a incrementar los problemas sociales en los grandes centros urbanos.
Ameritan estas afirmaciones numerosos estudios, como el realizado en el Décimo Curso Interamericano de Evaluación y Preparación de Proyectos de 1988, dirigido por el economista señor Ernesto Fontaine, en el cual se recomienda iniciar ahora el estudio de prefactibilidad, como resultado de un perfil de evaluación que indica que su ejecución es social y económicamente rentable. Se suma a esta positiva opinión, la del ingeniero civil señor Esteban Doña Martínez, quien, en carta al director de "El Mercurio", en 1989, concluía que, "en todo caso, sería bueno que de una vez se iniciaran los estudios relacionados con la construcción del canal Tronco-Linares para que entre en funcionamiento en unos 20 años. Afortunadamente para Linares y para el ingeniero señor Esteban Doña Martínez, no tendrán mucho que esperar para iniciar estos estudios, ya que, a la fecha, él es Director Nacional de Riego.
Sabemos que en las Regiones Séptima y Octava hay personas muy respetables que aseguran que esta obra es inviable, porque no habría agua suficiente para riego y generar electricidad. Pero éstas son opiniones que, necesariamente, deben confrontarse con la de aquéllos que piensan justamente lo contrario. En todo caso, miles de agricultores linarenses necesitan que, de una buena vez, se estudie a fondo el problema y se informe acerca de la decisión que se adoptará sobre este anhelo de los campesinos, como una manera de terminar con la incertidumbre de no saber qué pasará con sus actividades agrícolas.
Por estas razones, señor Presidente, solicito que, en mi nombre y en el de los señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca y Alfonso Rodríguez, se oficie al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole la asignación de fondos para el estudio del proyecto canal Tronco-Linares, y haciéndole presente que, cualquiera que sea la resolución que se tome, se informe a las autoridades provinciales y a los dirigentes agrícolas de la VII Región y, en particular, a los de Linares, sobre los planes que tienen las autoridades del Ministerio de Obras Públicas sobre esta obra.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en la forma indicada.
INCONVENIENTES DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Antonio Galilea.
El señor GALILEA.-
¿Cuánto tiempo resta, señor Presidente?
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Aproximadamente, 15 minutos.
El señor GALILEA.-
Gracias, señor Presidente.
A la bancada de Renovación Nacional le preocupa la creación del Instituto Nacional de la Juventud. Le parece inadecuado crear organismos para cada grupo particular de la sociedad, porque, de alguna manera, lo que logran aquéllos es, justamente, poner en situación especial y de marginalidad al sector que pretenden representar, impidiendo así su incorporación a la comunidad, en el área a la cual por su propia naturaleza pertenece.
La valorización que nosotros hacemos de la juventud se ve amagada especialmente cuando vemos quién encabezará este Instituto.
El señor Sergio García, nominado para la dirección del Instituto de la Juventud, confiesa sentirse identificado con el marxismo en su versión gramsciana. Rechazamos el marxismo, particularmente en su sutil expresión gramsciana. Esta, subterráneamente, mina, día a día los valores que conforman el alma de Occidente. Aceptamos que haya chilenos que adhieran a ideas marxistas; pero rechazamos que uno de sus adherentes tenga el poder de dirigir a la juventud chilena, la cual, como las juventudes del mundo, se aleja de las versiones marxistas de la sociedad. Adicionalmente, la rechazamos por cuanto proyectará equivocadamente al exterior, fuera de nuestra Patria, el sentir de la juventud chilena.
No es posible que un Instituto de esta naturaleza tenga como director una persona que profesa ideas en retirada y que las sociedades contemporáneas desechan, en nuestro país, a través del pronunciamiento de la ciudadanía, y en el resto del mundo, con el levantamiento de todos los pueblos que han logrado cambiar la faz de la Europa Oriental.
No olvidemos la tragedia de Tiananmen, que se produjo justamente por el sometimiento de que era objeto la juventud china, que lucha por sus ideales libertarios y que todos los jóvenes del mundo comparten.
Nunca en el transcurso de este Gobierno, un nombramiento como el referido ha tenido tantos detractores. Pocas veces se han alzado tantas diferentes voces para discrepar de una nominación unilateral y carente de toda representatividad.
No es casualidad que Renovación Nacional la esté objetando. No es liviano que voces democratacristianas, de entre las fuerzas oficialistas, también se opongan. Ni es indiferente, incluso, que la Iglesia se muestre sorprendida y escéptica.
En evidente propósito de politizar a la juventud, el Presidente de la República no duda en negar la participación de las distintas expresiones políticas a las que adhiere la juventud chilena. Excluye la pluralidad y, simplemente, se queda con un marxista gramsciano para que dirija y encauce a nuestros jóvenes. ¿Será que el Presidente de la República coincide con el señor García cuando dice este último, textualmente: Ellos los socialistas marxistas avanzan en coincidencia con la Democracia Cristiana? ¡Qué peligro de mimetización, señor Presidente!
Se equivocó el Presidente Aylwin, y es preciso enmendar su decisión, pues si pretende ser Presidente de todos los chilenos, lejos están el Instituto y su director de representar a todos los jóvenes chilenos.
He dicho.
Aplausos en la Sala.
INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA COMERCIALIZADORA DE TRIGO SOCIEDAD ANÓNIMA (COTRISA).
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Sotomayor.
El señor SOTOMAYOR.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Durante el gobierno anterior, y con el fin de resolver los múltiples problemas de la comercialización del trigo, teniendo siempre presente el alto interés de los consumidores y resguardando, al mismo tiempo, el justo interés de los productores, se formó la filial Corfo denominada Comercializadora de Trigo Sociedad Anónima (COTRISA).
A fin de concurrir a la formación de su fondo accionario y, más que nada, para aportar la permanente visión y experiencia del sector privado, este último concurrió con un 10 por ciento del capital y se integró al directorio de dicha entidad, con un director con derecho a voz y a voto y tres directores con solo derecho a voz, los que en conjunto con los representantes de CORFO han formado hasta hace poco su directorio.
Los directores en representación del sector privado fueron los señores Julio Covarrubias, Hernán Garcés, Jorge David y Camilo González, quienes representan a la Sociedad de Corredores de Productos Agrícolas, a la Cooperativa Agrícola de Graneros y a la Cooperativa Agrícola Remolachera de Ñuble, entre otras.
Sin embargo, con fecha 6 de marzo, en reunión ordinaria de accionistas de COTRISA, el representante de CORFO expuso que su mandante proponía a las siguientes personas para ocupar los siete cargos del directorio: don Juan Foxley Piñera, don José Pablo Piñera, son Maximiliano Cox, don Manuel Angel González, don Jorge Echeñique, don Alejandro Jadrecik y don Ramón Sáez del Fierro.
Como puede verse, no sólo se trata de una decisión hegemónica impuesta por el principal accionista, CORFO, sino que se priva a COTRISA del inmenso valor que significa para su directorio contar con el aporte de las ideas, la opinión y la participación de amplios sectores comprometidos en la cuestión del trigo.
Fue precisamente este espíritu el que motivó la invitación que hiciera a esos sectores, el entonces Ministro de Agricultura, don Jorge Prado. Sin embargo, hoy se nomina a un directorio que aunque no dudando de su capacidad corresponde a un reparto político de cargos, sobre todo en un área tan sensible para la producción agrícola nacional.
Muchas gracias, señor Presidente.
Aplausos en la Sala.
SUBSIDIO PARA LA LOCOMOCIÓN DE LAS PERSONAS O GRUPOS QUE DIFUNDAN EL FOLCLORE, EL ARTE Y LA CULTURA. PROYECTO DE ACUERDO.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, señores Diputados, la necesidad de velar por el respeto, el reconocimiento, la permanencia de nuestras raíces y el desarrollo de la cultura de los pueblos, en expresiones tales como la literatura, las artes, el folclore, en sus diversas formas, y otras manifestaciones artísticas, han llevado a diversos grupos de personas a organizaciones tras una actividad o sentimiento similar.
Así han nacido en nuestro país grupos folclóricos, orquestas de cámara, coros, grupos de danzas y de teatro, círculos literarios y otros, que trabajan por preservar nuestra cultura nacional. Sin embargo, hemos comprobado la veracidad de la frase: "La cultura no vende". Porque generalmente sus cultores no cuentan con los ingresos necesarios para poder difundir estas manifestaciones. Así lo hemos podido apreciar desde distintos puestos públicos o privados, en los cuales hemos colaborado en su desarrollo.
Reconocemos el esfuerzo económico que realizan las Municipalidades del país para solventar, en parte y a veces íntegramente, los gastos que su accionar significa; pero tampoco podemos continuar sobrecargando sus presupuestos, sobre todo ahora que tienen otras obligaciones que cumplir con la comunidad, en los sectores salud y educación, además de las que tradicionalmente absorbían.
Por tal razón, deseo que a las entidades que cultivan el folclore y la cultura se les otorguen las facilidades necesarias para que puedan desplazarse por todo el territorio nacional, difundiendo el arte y nuestras costumbres.
Para ese efecto, presentaré a la Mesa un proyecto de acuerdo, que dice lo siguiente:
"Oficiar al Presidente de la República, a fin de que envíe al Parlamento un mensaje que establezca un subsidio para las personas o grupos folclóricos y culturales, con el objeto de financiar en un 50 por ciento los pasajes aéreos, marítimos o terrestres, con cargo al Presupuesto del Ministerio de Educación Pública, por cuanto cualquier proyecto en este sentido es de la exclusiva iniciativa del Presidente de la República."
Muchas gracias.
Aplausos en la Sala.
REPLICA A DIPUTADO OFICIALISTA, EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD DE LOS MINISTROS DEL INTERIOR DEL RÉGIMEN PASADO POR EL DESAPARECIMIENTO DE PERSONAS.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Federico Ringeling, en el tiempo del Comité de Renovación Nacional.
El señor RINGELING.-
Señor Presidente, no me quiero referir a los hechos concretos señalados en esta Sala por un Diputado oficialista, respecto de las detenciones o desaparecimientos de distintas personas, ni a los requerimientos que hizo al Senador señor Fernández, porque considero que él puede contestar sus aseveraciones.
Deseo formular un alcance a algo expresado por ese señor parlamentario, en forma general, al principio de su intervención, en cuanto a que, necesariamente, los Ministros del Interior del régimen pasado son responsables de los desaparecimientos de personas ocurridos durante el tiempo en que ejercieron sus mandatos.
Esta afirmación me parece tan temeraria como si nosotros imputásemos responsabilidad, por ejemplo, al PresidenteAylwin por los delitos terroristas cometidos durante el período en que él fue vocero de la Concertación opositora, en virtud de los contactos públicos que tuvo esa organización con el Partido Comunista, cuyo brazo armado, el Frente Manuel Rodríguez, reconocidamente practicó actos terroristas.
Con esa misma lógica tan temeraria del señor Diputado, también podríamos imputar responsabilidad en hechos terroristas a los distintos Vicarios de la solidaridad, dependientes de la Iglesia Católica,...
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
¡Silencio por favor!
El señor RINGELING.-
...pues esa Vicaría prestó su asesoría jurídica y apoyo a muchas personas que cometieron gravísimos delitos terroristas.
Creemos que la responsabilidad penal por cualquier delito es siempre personal. Mientras no se pruebe la participación de una persona en un delito determinado, es temerario, como ya dije, y aún más grave, por provenir de un Diputado, la imputación de responsabilidad por el solo hecho de ejercer un cargo público.
Eso es todo, señor Presidente.
Aplausos en la Sala.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Le quedan tres minutos al Comité de Renovación Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
SUSPENSIÓN DE ENAJENACIONES DE TERRENOS Y DEPARTAMENTOS POR EL EJERCITO DE CHILE, EN ANTOFAGASTA. OFICIOS.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
El señor VALENZUELA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, Honorable Cámara, por mandato de la bancada Socialista, Partido por la Democracia, Izquierda Cristiana y partido Humanista, me referiré en esta oportunidad a la situación de los bienes nacionales en la II Región de Antofagasta, y, en especial, a los de la provincia de este mismo nombre, teniendo en cuenta que, por definición del artículo 589 del Código Civil, se llaman "bienes nacionales" a aquéllos cuyo dominio pertenece a la Nación toda.
Como premisa previa, debo señalar que mis opiniones son a prueba de desmentidos ministeriales, porque se fundamentan en copias de documentos debidamente protocolizados que pongo a disposición de la Cámara, y que tampoco están sujetos a retractación alguna porque cada uno de ellos han sido estudiados en toda su extensión.
No obstante, afirmamos que no pretendemos ofender ni menoscabar a ninguna rama de las Fuerzas de la Defensa Nacional, más aún cuando nos interesa profundamente la integración de las Fuerzas Armadas a la sociedad civil, porque en democracia ella descansa en este ente fiscalizador y legislativo, para lograr que los bienes nacionales realmente pertenezcan a toda la Nación y no a un solo sector de la sociedad, por importante que sea.
Pero ubiquémonos un poco en el espacio.
La provincia de Antofagasta, la tengo en este momento ubicada en un plano que abarca justamente el tamaño de mi escritorio, el cual, obviamente, es igual a los que ocupan Sus Señorías en este Hemiciclo.
Sin embargo, la ciudad de Antofagasta, como único centro poblado de importancia de la provincia, sólo ocupa la mitad de esta tarjeta de identificación. En otras palabras, la Región y la provincia en particular, son, zonas desérticas o áridas pero, en cambio, ricas en cobre está el mineral de La Escondida, en litio y en otros minerales.
¿Qué pasa con estos terrenos?
Durante la segunda mitad del Gobierno anterior, se realizaron una serie de destinaciones de terrenos fiscales o bienes del Estado al Ejército de Chile, de las cuales sólo mencionaré dos. Cada una de ellas tiene, en extensión, más de diez veces el tamaño de toda la ciudad de Antofagasta.
Veamos la primera. Por resolución N°63, de 30 de octubre de 1981, se destinaron 106.714,55 hectáreas al Ejército de Chile. ¿Cuál es la segunda? Por resolución N°68, del 17 de julio de 1985, se concedieron, nuevamente al Ejército de Chile, 53.325 hectáreas.
Estas destinaciones han significado que el Ejército de Chile asuma el rol de nuevo terrateniente en el Norte de Chile. Está autorizado, por mandato de la ley N°17.174, para enajenar estos bienes nacionales en su propio beneficio y no en el de toda lá Nación, ya que, por mandato de la misma ley, el valor de dichas ventas debe ingresar necesariamente al patrimonio del Ejército de Chile.
¿Qué ha ocurrido con estas enajenaciones?
El Ejército ha actuado con diversos criterios en el uso, goce y disposición de los bienes que ha recibido en destinación del Gobierno anterior.
Observemos algunos ejemplos.
En primer lugar, mediante escritura pública de fecha 31 de enero de 1989, vendió, en 14.831.198 pesos, a la firma Pacific Chemicals Engineer Chile, una franja de terreno similar a la que ocupa la ciudad de Antofagasta. Dicha empresa pretendió instalar una planta procesadora de basura tóxica al interior de la ciudad, proyecto que, felizmente, no se concretó por disponerlo así una resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, ante la presentación de un recurso de protección interpuesto por organismos ecológicos de la Región.
En cambio, hagamos una comparación. Ofertó a ENAMI94 hectáreas en la suma de 58 millones de pesos, es decir, 210 mil dólares, aproximadamente, lo que equivale a 600 mil pesos por hectárea. ENAMI, empresa económica aún estatal, no pudo adquirir esos terrenos por lo elevado del precio, perjudicándose, en consecuencia, la ampliación de las instalaciones de una empresa que ayuda a los pequeños mineros en la Región.
El Ejército de Chile se ha negado, asimismo, a dejar sin efecto destinaciones en su favor. Se trata de una franja de un kilómetro de terreno, ubicada a cada lado de la Carretera Panamericana, cerca de la ciudad de Antofagasta. En ese lugar, las autoridades anteriores pretendieron incluso construir un nuevo barrio industrial para la ciudad. La petición fue formulada en varias oportunidades por el Secretario Ministerial del régimen pasado.
Esto es respecto de bienes inmuebles, de terrenos áridos.
Veamos qué pasa con algunas construcciones.
Todo lo anterior se ha visto agravado con la destinación de 20 departamentos fiscales al Ejército de Chile, mediante resolución de 7 de marzo de 1990. Es decir, 4 días antes de que el Congreso Nacional comenzara a funcionar, se destinaron al Ejército estos 20 departamentos, quizás los únicos construidos por el Fondo Nacional de Desarrollo, en favor de los Secretarios Regionales Ministeriales de la II Región. Hoy, en poder del Ejército, se están traspasando rápidamente a terceros, a precios que perjudican no sólo el patrimonio de la Nación, sino también el del propio Ejército.
Lo mismo ocurre con 124.101,99 metros cuadrados de terrenos destinados al Ejército, en la zona de mayor valor de Antofagasta. En estos momentos se están transfiriendo a terceros en valores muy curiosos.
Estas licitaciones en las Regiones del Norte (lo mismo ocurre en la I Región, pero no se ha podido acreditar todavía porque el Secretario Ministerial de Bienes Nacionales de esa Región es quien ejercía ese mismo cargo en el régimen anterior), han creado una situación tan conflictiva que hace posible la existencia coetánea de dos poderes en el Norte de Chile: un poder político, dirigido por los Intendentes; y un poder económico, que está en manos, indudablemente, de quien tiene la posesión, el uso y el goce de los terrenos en mayor cuantía y valor.
Señor Presidente, por estas razones, que por decir alguna cosa son, por lo menos preocupantes, solicito que, en nombre de esta bancada y de quienes quieran adherir a esta petición, se oficie al señor Ministro de Bienes Nacionales, con el objeto de que se suspendan de inmediato las enajenaciones proyectadas por el Ejército de Chile; como, asimismo, para que se dejen sin efecto aquellas destinaciones de terrenos que racionalmente no se dediquen a las funciones propias del Ejército.
En segundo lugar, solicito que se dirija oficio al señor Presidente de la República, a fin de que envíe, lo más rápidamente posible, un proyecto de ley que permita que el producto de las ventas o enajenaciones de los bienes a que he hecho mención ingresen a las arcas fiscales, que pertenecen a toda la Nación, y no al patrimonio del Ejército de Chile, como ocurre en la actualidad.
He dicho.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Se oficiará en la forma solicitada por el señor Diputado.
HOMENAJE AL INGENIERO SEÑOR JUAN MAINO CANALES EN EL DECIMOCUARTO ANIVERSARIO DE SU DESAPARECIMIENTO.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
El sábado 26 de mayo recién pasado, asistí, como todos los años, a la misa de aniversario del desaparecimiento del ingeniero Juan Maino Canales.
Juan fue detenido por la DINA, junto a un matrimonio, hace 14 años, el 26 de mayo de 1976. Desde entonces, sus familiares y amigos nunca más supimos qué ocurrió. Después de 14 años de búsqueda, quiero rendir un homenaje a Juan en esta Honorable Cámara. Juan contribuyó con su idealismo, su amor a la libertad y a la justicia, a recuperar la democracia en el país. Juan coadyuvó con la gran calidad humana que siempre lo caracterizó, sobreponiendo la paz a la violencia, y la verdad a la mentira.
Durante años, se dieron muchos argumentos para negar los desaparecimientos. Hoy, el país va conociendo esta realidad y acercándose a la verdad. Desde la detención de Juan, gracias a la gran fortaleza de su madre, la señora Filma Canales, junto a sus familiares y amigos, hicimos todo lo posible por conocer su paradero. Hasta el momento, no lo hemos logrado. Sabemos que fue detenido en su departamento de la Villa "Los Presidentes", como lo pudo constatar el juez que realizó los trámites correspondientes. Cuatro y medio años después de su desaparecimiento, yo fui detenido por la Central Nacional de Informaciones. En el curso de los acontecimientos surgieron diversos antecedentes sobre Juan y su detención. Mis aprehensores llegaron a reconocer que se les había muerto en los interrogatorios. Esto lo declaré ante el Ministro en Visitadon Servando Jordán. Al ser requerido, el ex Ministro del Interior, don Sergio Fernández, una vez más, no dijo la verdad.
Hace menos de dos años, a raíz de la investigación realizada en la Colonia Dignidad, fue descubierta allá la citroneta que Juan Maino poseía en el momento de su detención. Chile exige la verdad. La familia y los amigos de Juan necesitamos saber qué ocurrió con él.
Valoramos profundamente la Comisión de Verdad y Reconciliación, porque asume el doloroso problema de los detenidos desaparecidos. Esperamos que esta Comisión logre su propósito y que contribuya a que nunca más se disponga así de la vida de seres humanos.
Juan Maino hoy nos hace falta, como muchos otros compatriotas desaparecidos. En este decimocuarto aniversario, los que asistimos el sábado a la misa que se ofició en el Colegio Saint George, nos comprometimos a continuar su búsqueda hasta saber la verdad.
Muchas gracias, señor Presidente.
Aplausos en la Sala y en las tribunas.
DÍA INTERNACIONAL DE ACCION POR LA SALUD DE LA MUJER. POLÍTICAS ORIENTADAS HACIA SU PROTECCIÓN.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Laura Rodríguez.
La señora RODRIGUEZ.-
Señor Presidente, ayer, 28 de mayo, se celebró el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, instituido en 1987 por mujeres de todo el mundo con el fin de llamar la atención de la sociedad acerca de los problemas que les ocasionan muerte y enfermedad.
Ayer también concluyeron las jomadas, convocadas por distintas organizaciones femeninas, sobre el tema "Soy Mujer, Me Quiero Sana", ocasión en la cual se entregaron al Ministerio de salud y al Parlamento las conclusiones y las propuestas para generar un programa especial de salud para la mujer.
Asimismo, ellas han querido llamar directamente la atención de los parlamentarios sobre esta grave realidad con un acto realizado por mujeres de la Quinta Región en las escalinatas del Congreso Nacional esta mañana; y las mujeres de Santiago me han encomendado entregar a mis colegas parlamentarios un "affiche", en el que se plantean los problemas más vigentes que afectan a la mujer chilena.
Todos sabemos la grave crisis que enfrenta nuestro país en el área de la salud. El déficit financiero y la falta de hospitales, de recursos, de personal capacitado nos ubican en una situación de catástrofe nacional.
Esta realidad la vive y la conoce la mayoría de nuestro país: los nueve millones de chilenos que no tienen la posibilidad de acceder a la atención de salud privada, y, especialmente, la mujer, quien, por su papel en la familia, sufre más directamente esta realidad.
Hoy nuestra sociedad vive una profunda contradicción: por una parte, se reconoce el papel de la mujer principalmente por su función procreadora; se considera a la maternidad y el respeto que inspira como valores ético-morales; se habla de que la mujer es el pilar fundamental de la familia y, ésta, de la sociedad; por otra, tal condición procreadora no cuenta con la protección real y concreta tan publicitada.
La desatención en salud y el problema laboral muestran esta contradicción.
En salud maternal, nos encontramos con el siguiente cuadro, según datos del Ministerio de Salud: 128 mujeres mueren al año por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el postparto; alrededor de 150 mil abortos clandestinos se efectúan por año; cada mes mueren entre 3 y 4 mujeres por esa causa; cada año nacen 38 mil niños de madre de entre 10 y 19 años, y más de 20 mil son ilegítimos; una de cada dos embarazadas adolescentes son desnutridas; el 66 por ciento de los partos atendidos por FONASA son cesáreas, en circunstancia de que el promedio internacional es de un 17 por ciento.
Nuestro momento histórico de construcción de la democracia no puede basarse en la actitud de la avestruz, que no quiere reconocer los problemas por el temor de enfrentarlos.
Ante esta realidad, creemos urgente abordar los siguientes temas:
1°.Educación sexual.
2°.Programas orientados hacia la paternidad responsable.
3°.Modificación de la Ley de Jardines Infantiles y Salas Cunas, que permita, indistintamente, a los padres o madres de una determinada empresa, tener acceso a este derecho.
4°.Flexibilidad de la jornada laboral de las madres trabajadoras.
5°.Modificaciones legales que, sin distinción, devuelvan todos los derechos a las trabajadoras embarazadas.
Todas estas políticas orientadas a la protección e integración de la mujer, que deberán aplicarse en las distintas áreas ministeriales, habrán de ser promovidas responsablemente por el Servicio Nacional de la Mujer, Organismo que, al ser creado, muestra el reconocimiento del Gobierno democrático de la urgencia de las políticas en favor de la mujer.
Si queremos ser un país verdaderamente moderno, es necesario reconocer que el avance de la mujer constituye un proceso que se está desarrollando en todas las latitudes. Hoy en día, sectores políticos que se dicen renovados, han mostrado la verdad de su postura al criticar esta iniciativa, actitud que es anacrónica, desconocedora de la realidad y temerosa de los cambios.
En un mundo en que los cambios son cada vez más acelerados, las corrientes políticas que no son capaces de reconocerlos, tenderán a desaparecer y a dar paso a los fenómenos nuevos que, realmente, apuntan hacia un futuro justo, solidario y más humano para todos.
He dicho.
Aplausos en la Sala.
DECLARACIONES DEL SEÑOR SERGIO GARCÍA OPAZO, DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, AL VESPERTINO "LA SEGUNDA".
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
¿De cuánto tiempo dispongo, señor Presidente?
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
De dos minutos.
Él señor LETELIER.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
Son muchos los temas que me gustaría abordar en esta ocasión. El tópico de las relaciones cívico-militares y, en particular, el de las relaciones con el Ejército, a la luz de los últimos acontecimientos, son, sin duda, asuntos de alto interés para esta Corporación. Incluso, el último podría ser abordado en una sesión especial en un futuro no muy lejano.
Sin embargo, en esta ocasión deseo referirme a otra materia.
En días recientes, han sido objeto de debate las declaraciones emitidas a título personal por Sergio García, Director del Instituto Nacional de la Juventud, al vespertino "La Segunda".
Consideramos que la forma en que se publicaron las declaraciones del señor García tienden a distorsionar intencionalmente sus opiniones sobre temas de gran trascendencia. Las reacciones que han suscitado ellas, y, en particular, las opiniones vertidas por los señores Alejandro Alvarez, de Renovación Nacional, y Pablo Zalaquet, de la UDI, así como por otras personas, reflejan, en primer lugar, que se ha intentado hacer uso político de tales declaraciones para cuestionar fundamentalmente los pilares de la democracia, como son el pluralismo, la tolerancia y la libertad de opinión.
Los cuestionamientos de los referentes filosóficos a que adhiere García no son más que el reflejo de mentalidades arcaicas y anacrónicas. Recordemos que el artículo 8° de la Constitución fue derogado por amplia mayoría.
En segundo lugar, es necesario precisar que las materias abordadas por el señor García constituyen temas que deben ser objeto de un debate nacional, con seriedad y sin maniqueísmos.
Los problemas del SIDA, las relaciones premaritales, el consumo masivo de drogas, las dimensiones contractuales del matrimonio y la prostitución, entre otras, son realidades indesmentibles. Es más, ésta es la realidad que conocen y en la cual se educan y se forman cientos de miles de jóvenes de nuestra tierra.
Por ello, consideramos que algunas de las opiniones vertidas sobre los temas abordados en la entrevista concedida por el señor García han sido un tanto ligeras y descontextualizadas.
En los años del Gobierno militar, nosotros sostuvimos que hubo un apagón cultural, por la ausencia de difusión de los valores que promueve nuestra sociedad. Los jóvenes fueron, en mi opinión, los principales afectados por el apagón cultural.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Está terminando su tiempo, señor Diputado.
El señor LETELIER.-
Hoy debemos dar curso a la discusión y debate de los temas antes mencionados. Ellos son las verdaderas preocupaciones de la modernidad y las realidades cotidianas con las cuales se enfrentan los jóvenes de nuestro país. Sería un error no aprovechar la oportunidad que se ha abierto gracias a las declaraciones francas del señor García.
Es poco serio pretender, como lo desean algunos jóvenes....
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo de su Comité, señor Diputado.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
La bancada de la UDI cede tres minutos al Diputado señor Letelier para que termine su intervención.
Aplausos en las tribunas.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el DiputadoLetelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, agradezco la gentileza de la bancada de la UDI.
Sería un error, como señalaba, no abordar esta discusión, cuya esencia algunos pretenden desviar. Hoy se ha conocido el hecho de que un prestigioso diario de nuestro país hace circular una encuesta, incluyendo entre sus preguntas la de si el señor Sergio García tiene calidad moral para dirigir el Instituto Nacional de la Juventud.
Ese no es el tema en discusión. Lo que corresponde es que todos reconozcamos que existen fenómenos en nuestra sociedad, frente a los cuales podremos tener opiniones distintas; pero, sin duda éstas deben ser debatidas.
El SIDA existe; es una realidad. Según algunos especialistas, hay aproximadamente, 80 mil portadores del virus en Chile, y esta enfermedad no podemos relegarla, aunque algunos lo desearían, a un plano secundario, ni menos negar que es un grave problema de salud pública.
Existe inquietud en los jóvenes sobre esta materia, así como respecto de las relaciones premaritales. De otra forma no se explica como señalaba la DiputadaLaura Rodríguez, que cada año nazcan 38 mil niños de madres adolescentes. En nuestro país se practica en forma masiva la anulación de los contratos matrimoniales, frente al desencuentro o crisis de parejas legalmente constituidas.
Estos fenómenos, como otros, son innegables. De ahí que, junto con considerar fundamental el abordar esta materia con seriedad, crea que este debate es la mejor razón y el mejor fundamento para dar curso a la creación del Instituto Nacional de la Juventud, órgano desde el cual se pueden promover políticas para los jóvenes, con el objeto de darles una oportunidad, una esperanza en un futuro promisorio para ellos.
He dicho.
Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Recuerdo a los asistentes a las tribunas que está absolutamente prohibido realizar manifestaciones.
IMPROCEDENCIA DEL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR SERGIO GARCÍA OPAZO COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. OFICIO.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO.-
Gracias, señor Presidente.
La opinión pública nacional ha conocido la especial sensibilidad de Su Excelencia el Presidente de la República por el destino de la juventud chilena.
En concordancia con ese espíritu, el Jefe del Estado ha enviado a esta Honorable Cámara un proyecto de ley para crear el Instituto Nacional de la Juventud, como una muestra de su especial preocupación por este sector.
En los próximos días, nos abocaremos al estudio, en general y en particular, de esa iniciativa. Sin perjuicio de ello, Su Excelencia ha estimado conveniente designar como Director de dicho instituto entre varias opciones que, nos imaginamos, se le presentaron, al joven Sergio García Opazo, militante del Partido Socialista Almeydista.
Nominado así, para llevar adelante las políticas y programas dirigidos a los jóvenes chilenos, el señor García concedió una entrevista al vespertino "La Segunda", donde fijó su punto de vista frente a diversas interrogantes que la periodista le formuló. En sus respuestas, el Director del Instituto Nacional de la Juventud, organismo en proceso de creación, reveló que su propia formación estaba revestida de los aspectos del permisivismo, que tanto daño ha causado, principalmente en la juventud.
En efecto, el señor García, junto con identificarse con el marxismo en su versión gramsciana, refleja, en sus respuestas a las consultas que se le formularon, un desconocimiento total de los valores que el PresidenteAylwin, en varias oportunidades, ha indicado como fundamentales en su acción de Gobierno y en su pensamiento sobre los principios que deben enmarcar nuestra sociedad.
Las sociedades cuyos jóvenes caen en el relativismo moral, se degradan y terminan por sumirse en la desesperanza de una existencia vacía, sin valores y sin Dios.
Señor Presidente, cabe entonces, preguntarse: ¿qué formación de juventudes puede esperarse de una persona que justifica la convivencia prematrimonial; que se muestra sorprendido ante la virginidad de la juventud; que considera a los terroristas tan sólo como "desubicados"; que recomienda el uso de anticonceptivos y preservativos para contrarrestar el SIDA, que, como se ha demostrado, tiene su principal origen en la vida promiscua; que, además, acepta el divorcio, y que entre la castidad y el amor libre, se define por una posición intermedia?
¡Cuesta entender la designación del PresidenteAylwin! Y también le cuesta comprenderla al dirigente y consejero del Partido Demócrata Cristiano, señor Jaime Jiménez, quien, públicamente, discrepó de los juicios vertidos por el Director del Instituto Nacional de la Juventud.
Claras han sido también las expresiones de rechazo por parte de la juventud de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente. Frente a tales manifestaciones de desaprobación, los jóvenes socialistas, obviamente, solidarizaron con su cuestionado director, justificando que las declaraciones por él hechas "habían sido formuladas a título personal y no en nombre del Instituto de la Juventud ni del Gobierno, sino en su calidad de ciudadano y socialista".
El señor García, en su calidad de funcionario público, no puede desdoblarse, y debe comprender que una de las responsabilidades que conlleva el servicio público es el compromiso con las instituciones que representa. Más aún, cuando en ninguna parte de su entrevista previene que sus respuestas son meramente particulares y que no comprometen al Instituto.
Resulta, entonces, una señal inequívoca y preocupante, que en vísperas de analizarse el proyecto de ley, de iniciativa presidencial, que crea el Instituto de la Juventud, se nos presente a un conductor de dicho organismo que, por decir lo menos, desalienta las expectativas de un amplio sector de la juventud chilena, el que comparte una visión cristiana de nuestra sociedad, y, por ello, el respeto a valores morales, objetivos, y cuyo pensamiento se opone a la doctrina moral que la Iglesia Católica, con insistencia, ha planteado al respecto.
Por eso, la bancada de la Unión Demócrata Independiente invita a los señores parlamentarios que quieran adherirse, a solicitar de su Excelencia el Presidente de la República que, en razón de la prudencia y del consenso nacional, revise el nombramiento del señor Sergio García Opazo como Director del Instituto de la Juventud, dado el efecto negativo que sus opiniones tienen sobre la formación de la juventud chilena.
Gracias, señor Presidente.
Aplausos en la Sala.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Se enviará oficio en nombre del señor Diputado.
DOTACIÓN DE UN VEHÍCULO A CHOLCHOL, UNIDADES DE TROVOLHUE Y PROVINCIA DE CAUTÍN. OFICIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical, tiene la palabra el Diputado señor José Peña.
El señor PEÑA.-
Señor Presidente, como producto de la distribución del tiempo de la Hora de Incidentes, tan breve para este Comité, y sin tratar de cambiar el sentido de esta reunión, que ha sido interesantísima y en la cual se han tratado puntos de tanta trascendencia, que, sin duda, en alguna oportunidad esta Cámara tendrá ocasión de profundizarlos, hoy día solamente quiero solicitar que se oficie, en mi nombre, a la Dirección General de Carabineros de Chile, para que vea la forma de dotar de un "jeep" o de un vehículo adecuado a las Unidades de Chonchol y de Trovolhue, que corresponden al distrito 51°, por ,el cual fui elegido Diputado y que se. encuentra en la provincia de Cautín.
Mi petición obedece, fundamentalmente, a que, en aquellas localidades, existe una Unidad de Carabineros que no tiene ningún vehículo que le permita cumplir con las delicadas funciones que tanto en la Carta Fundamental como en el Reglamento interno de la institución se asignan a Carabineros de Chile.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Se enviará oficio en nombre de Su Señoría.
FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN DE LA "ASOCIACIÓN CANAL MAULÉ". OFICIO AL DIRECTOR NACIONAL DE AGUAS.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente, en mi Región existe la "Asociación Canal Maulé", que, como su nombre lo indica, tiene por objeto administrar la distribución de las aguas de regadío del río Maulé.
Se trata de una Asociación de antigua data, formada por numerosos asociados o accionistas. Sin embargo, en el transcurso de los últimos años ha ocurrido una serie de irregularidades que, en repetidas oportunidades, fueron denunciadas por los propios canalistas. Así, por ejemplo, la Asociación compró los silos de la Empresa de Comercio Agrícola instalados en la ciudad de Talca, en circunstancias de que eso está fuera de su objetivo. Posteriormente, esos mismos silos de la ECA fueron vendidos por la asociación a parientes muy cercanos de su presidente, un ex candidato a senador de la Derecha de mi Región, y a otros integrantes del citado directorio.
Hasta la fecha, se ignora si esos fondos fueron reintegrados, ya que el directorio aún no ha dado cuenta de esa situación.
A su vez, los accionistas han denunciado la realización de una serie de sesiones extraordinarias, de carácter "fantasma", sin que ellos tengan conocimiento oportuno de la celebración de tales reuniones.
Además, se han efectuado elecciones de directorio por el sistema de lista cerrada, contraviniendo los estatutos y la ley.
Ello ha provocado, que, en dos oportunidades, accionistas denunciaran estos hechos a la Dirección General de Aguas, y, por notas de 21 de julio y 21 de diciembre, ambas de 1989, solicitaran la intervención de la Asociación Canal Maulé. Desgraciadamente, esas presentaciones no han tenido respuesta.
Cumpliendo, entonces, con las funciones de fiscalización de la Honorable Cámara, pido que se oficie, en mi nombre y en el del Comité Radical, al Director Nacional de Aguas, para solicitarle la inmediata fiscalización de la Asociación Canal Maulé de la Séptima Región, con sede en la ciudad de Talca, y, en lo posible, decrete su intervención.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en nombre del señor Diputado.
Por haber llegado la hora de término, y antes de cumplirse las 19 horas para la votación de los proyectos de acuerdo, procede, en conformidad con el Reglamento, levantar la sesión.
PETICIÓN PARA VOTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO.
El señor SCHAULSOHN.-
¿Me permite, señor Presidente?
Solicito que tenga la amabilidad de pedir la unanimidad de la Sala para votar los proyectos de acuerdo.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Con mucho gusto, señor Diputado.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para votar los proyectos de acuerdo.
Un señor DIPUTADO.-
No, señor Presidente.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
No hay acuerdo.
El señor ESTEVEZ.-
Señor Presidente, hay un proyecto de acuerdo relacionado con la situación de la República Popular China, que expresa nuestra solidaridad con las víctimas de la represión efectuada en la plaza de Tianamen, y existe unanimidad al respecto estoy seguro, porque lo consulté con todos los Comités.
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Es efectivo, señor Diputado; pero estamos en un problema de procedimiento.
Solicité el acuerdo unánime de la Sala no sólo para ese proyecto de acuerdo, sino para todos, dado que aún no son las 19 horas, que, conforme al Reglamento, es el momento de la votación, y no hubo acuerdo. En consecuencia, quedarán pendientes para la sesión de mañana.
El señor SOTA.-
¡Las cosas se deshacen como se hacen!
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Pero, señor Diputado, no hay acuerdo de la Sala.
El señor SOTA.-
Usted puede recabar el acuerdo de la Sala.
El señor DUPRE.-
Para proceder en forma distinta de la que prescribe el Reglamento, debe haber acuerdo, señor Diputado, y no lo hubo.
Se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 18.58 horas.
Sergio Lillo Nilo,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los Diputados señores Baldemar Carrasco M., Sergio Elgueta B., Luis Le blanc V., Sergio Ojeda U., José Miguel Ortiz N., Sergio Pizarro M., Víctor Reyes A., Edmundo Salas de la Fuente y Rodolfo Seguel M., que modifica el artículo 113 de la ley N° 18.768, en lo relativo a los personales académicos y no académicos de las Instituciones de Educación Superior del Estado.
"Considerando:
1.- Que las exoneraciones practicadas en el gobierno anterior constituyeron una decisión que afectó a una gran parte de los funcionarios de la administración del Estado y las Municipalidades con grave detrimento para ellos y sus familias;
2.- Que entre estas exoneraciones se encuentran aquellas que han afectado a los académicos y no académicos pertenecientes a las plantas de personal de los Institutos Profesionales y las Universidades estatales;
3.- Que hubo "exoneraciones encubiertas" que utilizó la autoridad para ocultar la terminación arbitraria de las funciones y labores de los afectados;
4.- Que para atenuar el perjuicio hacia los exonerados, el legislador creó formas especiales de indemnización, obligando a los afectados a renunciar voluntariamente a sus funciones para percibirlas;
5.- Que ante la inminencia del despido y la alternativa de no recibir la indemnización, los afectados optaron por renunciar recibiendo a cambio una indemnización limitada que no representó los años de trabajo servidos;
6.- Que a lo dicho se agrega a la prohibición establecida en el inc. 3° del artículo 113 de la ley 18.768, en el sentido de que las personas que percibieron la indemnización indicada, no podrán ser re contratadas en sus funciones durante los cinco años siguientes a la fecha de su renuncia, con la única excepción de nombramientos o contratos hasta por un cuarto de jornada de la que tenían a la fecha del cese de funciones.
7.- Que la disposición mencionada constituye un atentado contra el derecho al trabajo, a la libre admisión de todas las funciones y empleos públicos y una discriminación ideológica que atenta contra el pluralismo y la libertad de cátedra, porque las exoneraciones afectaron, principalmente, a funcionarios contrarios al gobierno anterior imposibilitando, con la limitación antes señalada, su reingreso al mismo establecimiento;
8.- Que la vigencia del inc. 3° del artículo 113 de la ley 18.768 implica de hecho y de derecho un funesto precedente en la legislación que debe regular la Educación Superior, por cuanto institucionalizó un tipo de sanción disciplinaria-administrativa inédita en nuestra legislación laboral, que bien pudiera merecer el calificativo de "exilio intelectual" al prohibir a los funcionarios exonerados reintegrarse a sus funciones en el plazo de cinco años contado desde la fecha de cesación de sus servicios;
9.- Que por los motivos expuestos, es urgente proceder a la modificación del artículo referido, eliminando la limitación establecida en él;
10.- Que la corrección que se plantea al eliminar la limitación contribuirá a solucionar el problema de estos exonerados permitiéndoles reincorporarse al mismo establecimiento o servicio en que prestaban sus funciones.
En mérito de las consideraciones expresadas, vengo en someter a la H. Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°._ Se sustituye el inc. 3° del Art. 113 de la Ley 18.768, de 1988, por el siguiente:
"La cesación voluntaria en sus funciones y la indemnización de que habla el inc. 1° de esta Ley, en su artículo 113 no constituirá impedimento alguno para que los que hubieren hecho uso de este beneficio puedan ser nombrados o contratados en la institución de Educación Superior en la que prestaban sus servicios".
Baldemar Carrasco M., Sergio Elgueta B., Luis Leblanc V., Sergio Ojeda U., José Miguel Ortiz N., Sergio Pizarro M., Víctor Reyes A., Rodolfo Seguel M., Edmundo Salas de la Fuente.
Moción de los Diputados señores Antonio Horvath K., Luis Le blanc V., Juan Masferrer P., Roberto Muñoz B., Juan Alberto Pérez M., Ramón Pérez O., y Carlos Valcarce M., que modifica normas sobre subvenciones educacionales en áreas rurales.
1.- Las leyes 18.681 y 18.955 y el DFL N° 2 que regulan las subvenciones educacionales tienen en sus disposiciones aspectos que vulneran fuertemente la situación de los alumnos de escuelas rurales y de áreas que carecen de una adecuada accesibilidad como lo son la Zona Austral de Chile, la Zona Norte Altiplánica y el Sector Costero.
2.- Específicamente este problema se da en la subvención de internados y en la subvención de escuelas rurales con pocos alumnos.
Ambos factores además están ligados.
3.- El DFL 2 señala textualmente en su artículo N° 42: "No tendrán derecho a recibir subvención de internado por aquellos estudiantes cuyos hogares se ubiquen en sectores urbanos o a menos de tres kilómetros del establecimiento educacional más cercano que entrega el nivel y una calidad educacional que requiere". El mismo artículo señala más adelante "sólo se pagará esta subvención por alumnos a quienes se propone servicio de internado los días sábados, domingos y festivos, si el lugar de residencia de ellos se encuentra a una distancia superior a 50 Kms. del establecimiento."
4.- Si bien estas disposiciones de la ley parecen racionales a un habitante del sector central del país, la realidad del sector rural y de las zonas extremas de Chile como lo son las regiones Australes y las del norte del país las hacen muy injustas. En efecto en
Aysén recorrer 50 Kms. por accidentadas huellas, sendas o picadas puede demorar hasta 3 días y que no son exentos de riesgos por la necesidad de vadear ríos, cruzar acantilados rocosos, o bien terrenos pantanosos. A esto hay que agregar un clima riguroso de lluvias, viento y nieve, además de, escasas horas de sol en el período de invernal.
Además, por tratarse de una región recién en proceso de integración los sectores que actualmente cuentan con caminos, tienen frecuencias de transportes colectivos semanal o quincenal o a veces sólo vehículos particulares o esporádicos.
5.- Las faenas de pesca y de ganadería extensiva hacen aún mayor la dificultad de contacto de los hijos con los apoderados en forma semanal en estas regiones.
6.- La aplicación de las disposiciones de las leyes mencionadas ha disminuido la cantidad de alumnos en las escuelas rurales que tienen internado incidiendo fuertemente en su adecuado financiamiento por contar con escaso número de subvenciones.
El déficit del presente año en la XIa región es estimativamente de $ 145.000.000. Las subvenciones deben permitir financiar al menos los costos fijos de los establecimientos.
Este financiamiento no supera los montos máximos que indica la ley y por ello no modifica las leyes de Presupuesto correspondiente.
Este déficit ha influido también notablemente en el norte altiplánico del país, como en el sur austral donde se han cerrado escuelas produciéndose un éxodo muy grave que afecta la soberanía de estas zonas del país.
7.- Las Municipalidades de la Región de Aisén, Tarapacá y otros puntos del país han tenido que distraer importantes recursos para paliar esta situación produciéndose una falta de inversión en obras del ámbito municipal y que son anhelos importantes de la Comunidad.
8.- Por lo anterior es que se propone la moción de ley que se adjunta y que corrige los aspectos señalados.
Con lo anterior se posibilitará asegurar un mejor equilibrio entre las áreas Rurales y Urbanas; un mayor arraigo de la población rural, el necesario acceso a la educación y por consiguiente una mejor calidad de vida y desarrollo armónico del país.
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss, Diputado
MODIFICA NORMAS SOBRE SUBVENCIONES EDUCACIONALES EN AREAS RURALES
"Artículo único: Modificase el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1989, del Ministerio de Educación Pública, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de los decretos leyes N°s 3.476 y 3.167, de 1980, y 3.635, de 1981, sobre subvención del Estado a los establecimientos educacionales, en la forma que a continuación se indica:
1.- Intercálase al artículo 11 el siguiente inciso cuarto:
"El factor será corregido por otro adicional que resulte necesario para financiar los costos fijos de los establecimientos rurales que será determinado por la autoridad educacional del Municipio respectivo y el Secretario Regional Ministerial de Educación correspondiente. En caso de desacuerdo resolverá el Intendente Regional."
2.- Agrégase al inciso final del artículo 42 después del punto final que pasará a ser coma:
"o una distancia que signifique un tiempo superior a dos horas de viaje en los medios usuales de transportes del sector. Dicha situación será certificada por la unidad de Carabineros más cercana al establecimiento educacional".
(Fdo.) :Antonio Horvath K., Luis Leblanc v., Juan Masferrer P., Roberto Muñoz B., Juan Alberto Pérez M., Ramón Pérez O., Carlos Valcarce M.
Moción de los diputados señoras Eliana Caraball M. y María Maluenda C., y señores Carlos Dupré S., Ramón Elizalde H., Angel Fantuzzi H., Mario Hamuy B., Cristián Leay M., Pablo Longueira M., Hernán Rojo A. y Rodolfo Seguel M.1°._ Que el decreto con fuerza de ley N° 1-3.260, de 1981, determina límites en la Región Metropolitana de Santiago, crea nuevas comunas, establece y describe sus límites;
2°._ Que gran parte de las nuevas comunas creadas en la Región Metropolitana ya han sido instaladas a través del expediente del otorgamiento de la facultad delegada, y
3°._ Que la gran mayoría de las personas de las comunas creadas, pero no instaladas, están muy interesadas en contar con estos nuevos municipios,
"Artículo 1°._ Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, a proposición del Ministerio del Interior, determine definitivamente los límites de las comunas creadas por el DFL 1-3.260, de 1981, y que aún no han sido instaladas
(Independencia, Recoleta, Cerrillos, Lo Barnechea, Vitacura, Pedro A. Cerda, Lo Espejo, El Bosque, Huechuraba).
Artículo 2°._ Renuévese, por el plazo de un año a contar del 21 de mayo de 1990, la facultad concedida al Presidente de la República por el artículo 2° de la ley 18.294 y renovada por el arto 66 de la ley 18.382, en lo que se refiere a las comunas creadas por el DFL 1-3.260, de 1989, y aún no instaladas.
(Fdos.): Ramón Elizalde H., Mario Hamuy B., Rodolfo Seguel M., Hernán Rojo A., Cristian Leay M., Pablo Longueira M., Carlos Dupré S., Eliana Caraball M., Angel; Fantuzzi H., María Maluenda C.
Moción de la Diputada señora Laura Rodríguez R., que modifica los artículos 3° y 108 de la ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre votaciones Populares y Escrutinios.
"PROYECTO DE LEY:
1.- Reafirmamos definitivamente nuestra fe en el sistema democrático, en que el pueblo, mediante voto universal, libre, secreto e informado, escoge a sus representantes para el ejercicio temporal de los Poderes Públicos. Sin embargo, en el ejercicio de esta potestad electoral, son fáciles de observar algunas anomalías, que es nuestro deber intentar corregir.
2.- Es necesario avanzar desde una Democracia Representativa a una Democracia Participativa. Nos interesa dotar a la democracia de verdadera estabilidad, y no hay ningún factor que lo logre mejor, que la verdadera participación de la gente, que no tiene por que limitarse a votar de tanto en tanto.
3.- Elegir representantes para los Poderes Públicos, es hermoso, digno, una fiesta cívica; pero además es necesario que los elegidos actuemos responsablemente con esas esperanzas y anhelos del pueblo.
4.- Señalamos como uno de los problemas más graves del sistema democrático representativo, el que deriva de las promesas electorales incumplidas.
5.- En la política tradicional, existe una "vieja práctica", que consiste en prometer demagógica e irresponsablemente, toda suerte de cambios y panaceas a los electores, los cuales rara vez se cumplen.
6.- Esta es una cuestión grave, pues incumplir promesas electorales, importa no sólo una falta de honorabilidad del que mintió, sino que éticamente es un fraude a la buena fe y a las esperanzas de la gente, lo cual no queremos contemplar pasivamente.
7.- Esta "costumbre política", ha contribuido al descrédito generalizado y a la desesperanza de la gente frente al sistema político público.
8.- Necesitamos recuperar la fe de nuestro pueblo.
Necesitamos recuperar la dignidad de la labor parlamentaria.
9.- Por lo anteriormente dicho y cumpliendo con lo que siempre hemos sostenido los Humanistas, que queremos contribuir al nacimiento de una nueva forma de hacer política, basada en la transparencia, la honestidad y de cara a la gente, propongo el siguiente Proyecto de Ley que hemos llamado "Ley de Responsabilidad Política".
10.- Esta iniciativa consiste en modificaciones constitucionales que establecen como deber de todo candidato al Parlamento lo siguiente:
Formular una Promesa, al momento de declarar e inscribir su candidatura, que contenga una síntesis de los proyectos legales, administrativos y/o constitucionales que se propone impulsar en caso de ser electo. Estas promesas deberán ser de carácter público.
11.- Para la debida sustentación institucional de la normativa que se propone, paralelamente se ingresa al trámite legislativo, el proyecto de reforma Constitucional que modifica los Arts. 44 y 59 de la Constitución Política, adicionando como requisito para ser candidato a parlamentario la formulación de la Promesa referida y la obligación de celebrar una Asamblea anual con sus electores.
PROYECTO DE LEY:
"De Responsabilidad Política"
Agrégase a continuación del inciso segundo del Art. 3 de la ley 18.700. Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, el siguiente inciso, pasando el actual inciso tercero a ser el cuarto del artículo referido:
"La declaración de Candidatos a Parlamentarios, deberá necesariamente ser acompañada por una Promesa suscrita personalmente por cada candidato, que resumidamente, señale en forma clara y precisa, las iniciativas que el candidato se compromete a impulsar, de carácter constitucional, legislativo o administrativo, durante su mandato, si resultare electo. La falta de esta Promesa invalidará la declaración de la candidatura."
Agrégase a continuación del Art. 108. de la ley O.C. 18.700., el siguiente inciso:
"El Tribunal Calificador remitirá al Congreso Nacional la nómina de los electos como Senadores y Diputados, con el ejemplar de la Promesa a que se refiere el inciso tercero del Art. 3. de la presente ley, debidamente firmada en su oportunidad ante el Servicio Electoral, al declarar su candidatura. Estas Promesas serán registradas y archivadas en las Secretarías de cada Cámara, y tendrán el carácter de esencialmente públicas, debiendo otorgarse copia de las mismas a quien lo solicitare, por el Secretario respectivo."
(Fdo.): Laura Rodríguez R., Diputada Distrito 24
Moción de las Diputadas señoras Evelyn Matthei F. y Marina Prochelle A. y de los Diputados señores Alberto Espina O., Angel Fantuzzi H., José Antonio Galilea V., José María Hurtado Ruiz-Tagle, Federico Mekis M., Federico Ringeling H., Juan Enrique Taladriz G., y Carlos Valcarce M., que dicta normas para incentivar educación técnica profesional.
"ANTECEDENTES
En el desarrollo que la educación para el trabajo ha tenido en el país, se distinguen dos etapas significativas, separadas por la puesta en práctica del decreto ley N° 1.446, sobre Capacitación y Empleo, en el año 1977.
La formación para el trabajo surge hace varias décadas y continúa desarrollándose actualmente. Nace al alero de organizaciones interesadas en el crecimiento de su personal. El beneficiario de ella es el trabajador ocupado, quien se ve presionado por las exigencias del cargo que desempeña o aquél que teniendo futuro, le interesa formarse en determinadas materias que le son de interés o
sobre las cuales reconoce tener carencia. Concurre a institutos de formación para aprender o el propio lugar de trabajo se convierte en una instancia de capacitación.
A partir del año 1977, se desarrolla la segunda etapa, fruto del Estatuto de Capacitación y Empleo, en la que se mantiene la capacitación iniciada anteriormente.
Esta nueva normativa legal distingue dos modalidades de programas, una orientada al trabajador ocupado, dependiente, denominada capacitación de empresas y otra modalidad de carácter esencialmente social, la cual constituye el programa de becas.
El programa de empresas se basa en el supuesto gue son estas organizaciones quienes mejor conocen su realidad interna, recayendo en la propia empresa las decisiones en materia ocupacional. Se estimula esta iniciativa a través de una franquicia tributaria que consiste en la posibilidad que tienen las empresas de descontar del
impuesto a la renta una suma no superior al 1% de las remuneraciones imponibles pagadas a su personal.
En el año 1988, la ley N° 18.709 modifica algunos aspectos de la ley en vigencia y crea una modalidad diferente de capacitación para los jóvenes aprendices, estableciendo que las empresas podrán imputar a la franquicia tributaria de capacitación, la remuneración convenida con el aprendiz, con los máximos que la ley establece, con el objeto de incentivar a las empresas a contratar mano de obra joven no especializada, permitiéndoles a los aprendices adquirir, por esta vía, un oficio calificado.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación 150, aprobada en 1975, define la capacitación ocupacional como "aquella que tiene por objeto descubrir y desarrollar las aptitudes humanas para la vida productiva y satisfactoria en unión con las diferentes formas de educación, mejorar las aptitudes individuales
para comprender individual o colectivamente cuanto concierne a las condiciones de trabajo y al medio social e influir sobre ellos".
Capacitación y trabajo están fuertemente relacionados al constituir, la primera, una variable entre otras, que puede afectar la obtención. y/o mantenimiento de un trabajo.
La formación actúa como un facilitador ya que estando presente se tiene superado un obstáculo para acceder a una actividad remunerada. Esta relación está lejos de ser una relación muy directa. De hecho, las características de formación de las personas que desempeñan diferentes ocupaciones son muy variables, no existiendo una correspondencia muy alta sobre el nivel de preparación que cada persona posee y su inserción en el trabajo.
La formación del trabajador para el desempeño de un determinado puesto u oficio es parte de un proceso de adaptación al medio, en que la preparación se centra en el desarrollo de ciertas habilidades que permitan acceder en mejores condiciones a ciertos empleos que estarían disponibles en el mercado laboral.
No obstante lo señalado anteriormente, y como una etapa previa al mundo del trabajo, la formación que los estudiantes reciben en las diferentes etapas de su formación, no está especialmente vinculada a ese mundo laboral, ya sea para actuar como trabajador dependiente o independiente.
Un esfuerzo en ese sentido ha sido la Educación Técnico-Profesional. Este tipo de educación ha sido definido por la UNESCO como un sistema comprensivo y referido a todos aquellos aspectos del proceso educativo, que incluye además de la educación general, el estudio de las tecnologías y destrezas prácticas, aptitudes, comprensión y reconocimiento relacionado con ocupaciones en los diferentes sectores de la vida económica y social.
En nuestro país, el financiamiento de la educación técnico profesional está regulada por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1990, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de los decretos leyes N°s. 3.476 y 3.167, de 1980, y 3.635, de 1981, sobre subvención del Estado a los establecimientos educacionales. Dicho financiamiento lo entrega exclusivamente el Estado y solamente cubre, en parte, los gastos de operación, lo que significa que no existe ninguna posibilidad de poder renovar y actualizar máquinas, equipos y nuevas tecnologías, para satisfacer el crecimiento de la población y menos acrecentarlo. y, muy por el contrario, esta educación tenderá a desaparecer si no se toma una decisión urgente sobre un sistema de financiamiento adecuado.
Por otra parte, el análisis de algunas cifras muestran el alto grado de deserción de la educación humanístico-científica por falta de expectativas claras de un futuro laboral. Asimismo, indican la gran cantidad de jóvenes que terminan la educación media y postulan a la universidad sin lograr éxito alguno, optando, en caso de tener medios económicos, por algún instituto; obteniendo algún trabajo _que los mantiene frustrados y en actitud rebelde con la sociedad o, incrementando la cesantía juvenil.
Los estudios sobre juventud coinciden en que la base de los problemas actualmente enfrentados por los jóvenes se encuentran en el desempleo. Los jóvenes constituyen cerpa de la mitad de los desocupados del país.
Otras manifestaciones de marginalidad ocupacional como el subempleo, la inestabilidad laboral, las deterioradas condiciones laborales y el empleo informal, afectan a un número muy importante de jóvenes.
Asimismo, muchos jóvenes, considerando el tiempo libre de que disponen y de las frustraciones de que son objeto, se entregan a vicios como la drogadicción y el alcoholismo.
Una respuesta concreta a la necesidad juvenil señalada precedentemente, es cambiar parte de la estructura de la educación media, incrementando la técnico-profesional, para cumplir con las necesidades reales de un país que pretende salir del subdesarrollo,
utilizando la capacidad creadora de sus hombres y mujeres.
Es una realidad que el capital humano es el más importante. Si queremos libertad para emprender o crear, hay que preocu parse de darle a ese capital humano la formación adecuada. El talento está, la educación técnica es un camino correcto para aprovecharlo.
Hoy en Chile existe conciencia que no es posible ni necesario que la Universidad sea el único camino para realizarse y lograr un desarrollo armónico. La educación técnico-profesional es una alternativa válida, la cual, para desarrollarse, requiere de incentivos adicionales.
Dentro- de estos incentivos adicionales se presenta a continuación un proyecto de ley que tiene por objeto canalizar la franquicia tributaria a que se refiere el decreto ley N° 1.446 Y sus modificaciones posteriores, con el objeto de hacerla aplicable a las
empresas que hagan aportes de financiamiento a la educación media técnico profesional.
Cabe señalar que en la actualidad un porcentaje muy reducido es ocupado en capacitación.
El proyecto propuesto cumple, entre otras, las siguientes finalidades: anticipa el gasto en capacitación, ligando la educación con el mundo laboral; corresponde a una efectiva igualdad de oportunidades; permite que los jóvenes permanezcan en sus regiones
dejando de mirar hacia Santiago para buscar trabajo; permite la existencia de aportes en áreas en que existen reales necesidades de técnicos; crea e incentiva las condiciones para liberar la creatividad que posee todo ser humano; dignifica la labor del técnico, considerándolo un elemento fundamental para el desarrollo del país y, logra la participación preponderante del sector empresarial por ser ellos quienes saben con exactitud las necesidades de cada actividad productiva, lo que permitirá educar jóvenes con un futuro promisorio.
Considerando que la materia contenida en estos antecedentes es de interés del país, hago un llamado a todos los parlamentarios para que nos unamos frente a esta moción con el objeto de entregarle a los jóvenes una alternativa concreta de un futuro mejor.
Por las razones expuestas vengo en someter a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único.- Modificase el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1990, del Ministerio de Educación Pública, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de los decretos leyes N° 3.476 y 3.167, de 1980, y 3.635, de 1981, sobre subvención del Estado a los establecimientos educacionales, en la forma que a continuación se indica:
a) Intercálase, entre los actuales Títulos 111 y Iv, el siguiente Título IV nuevo:
"TITULO IV
Del financiamiento especial a establecimientos de educación media técnico-profesional.
Artículo 41.- Sin perjuicio de lo establecido en el Título 1, los establecimientos educacionales que impartan educación media técnico-profesional podrán recibir aportes de los contribuyentes de primera categoría a que se refiere el artículo 21 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1989, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de las normas sobre el Estatuto de Capacitación y Empleo, contenidas en el decreto ley N° 1.446, de 1976.
A dichos contribuyentes y a los aportes que efectúen les serán aplicables las normas contenidas en el decreto con fuerza de ley a que se refiere el inciso anterior.
Artículo 42.- Los establecimientos educacionales que reciban financiamiento de los contribuyentes señalados en el artículo anterior, tendrán derecho al pago de las subvenciones dispuestas en esta ley. Un 20% de los aportes que éstos perciban, será descontado del monto total de las subvenciones que correspondan.
Artículo 43.- Los aportes deberán ser declarados en el mes siguiente a su percepción, acompañándose los documentos constitutivos de ellos otorgados por los respectivos aportantes.
Artículo 44.- Los establecimientos educacionales deberán otorgar comprobantes de pago de los aportes que perciban y llevar los libros que exija el reglamento.
Artículo 45.- La incorporación de un establecimiento educacional a la modalidad establecida en este Título, deberá comunicarse por escrito ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, con dos meses de anterioridad a aquél en que se desea adoptar tal calidad."
b) Los actuales Títulos N y V pasarán a numerarse V y VI, respectivamente.
c) Los actuales artículos 41 al 55, inclusive, pasarán a numerarse 46 al 60, sucesivamente."
(Fdo.): Evelyri Matthei F., Marina Prochelle A., Alberto Espina O., Angel Fantuzzi H., José Antonio Galilea v., José María Hurtado, Federico Mekis M., Federico Ringeling H., Juan Enrique Taladriz G. y Carlos Valcarce
Moción de Laura Rodríguez Riccomini
No existe constancia de la Moción que Modifica los artículos 44 y 59 de la Constitución Política, referente a los deberes y obligaciones de los diputados y senadores electos. Sin embargo, la Biblioteca del Congreso Nacional cuenta con el siguiente antecedente: “Se ingresa a tramitación en la sesión 02 del 29 de mayo de 1990 en la Cámara de Diputados”.
Diputada señora Laura Rodríguez Riccomini