Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde iniciar la Hora de Incidentes.

En el turno de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL .-

Señor Presidente, señores Diputados, hoy hace exactamente una semana que en Chile y en el mundo entero los trabajadores celebran el 1° de Mayo, Día del Trabajo. A lo largo y ancho de nuestra Patria, conmemoraron ese día de una manera muy diferente a como lo habían hecho en estos 16 años pasados.

Las propias organizaciones sindicales, principalmente la Central Unitaria de Trabajadores, celebraron esta vez ese acto sin la invitación oficial del Gobierno, no concurrieron a las Intendencias regionales ni al edificio Diego Portales. Se congregaron a pleno sol, libremente, para expresar la satisfacción de comenzar una nueva etapa, en la que asumen un rol de primera importancia, que jamás debieron haber perdido.

Han sido y serán siempre primeros actores en el desarrollo, progreso y bienestar del pueblo chileno. Así lo han entendido y, luego de un dialogo franco y directo con los empresarios representados por la Confederación de la Producción y el Comercio, han sentado un principio de acuerdo, han llegado a un entendimiento trascendental en la historia de la larga y abnegada lucha sindical chilena.

Nace así un espíritu nuevo que, indudablemente, interpreta a la mayoría de los chilenos, espíritu expresado el 5 de octubre de 1988 y el 14 de diciembre del año pasado. Es que Chile se reencuentra con su historia, mirando hacia el futuro, superando disputas, dialogando, encontrando los entendimientos necesarios para construir la patria buena que el Presidente Aylwin nos ha anunciado y que todos los chilenos anhelamos. Sí, la patria buena que nos haga más solidarios, nos reconcilie y nos produzca a la democracia plena por la que hemos luchado juntos, en estos 16 años pasados, pobladores, campesinos, estudiantes, profesionales, trabajadores, empresarios buenos y, especialmente, la abnegada y sacrificada mujer chilena.

En Santiago se realizó el acto más importante, y los actores principales, el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, señor Manuel Bustos , y el Presidente de Chile, don Patricio Aylwin , nos anunciaron la buena nueva de haber alcanzado un acuerdo trascendental entre trabajadores y Gobierno, columnas de hierro para sostener una democracia que se funda en el diálogo, el entendimiento y el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana.

Hoy, la bancada de la Democracia Cristiana, por mi intermedio, saluda a todos los trabajadores chilenos. El mejor homenaje que se les puede rendir es nuestro trabajo en este Parlamento, como lo fue siempre, poniendo lo mejor de nosotros para dictar una legislación justa, sin mezquindades, de beneficio general, teniendo como único norte servir a los más necesitados y, por sobre todo, legislar con agilidad, para no atrasar el otorgamiento de beneficios y aspiraciones contenida durante tantos años.

Todo está dado para lograr estos propósitos: una organización sindical que será sólida, un gobierno que se orienta en la base misma de un pueblo mayoritario, y un Parlamento elegido para cumplir con la misión de otorgar personalidades jurídica a las centrales sindicales, a fin de que éstas puedan ejercer con plenitud sus derechos para reformar el sistema de término del contrato individual de trabajo y lo relativo a las indemnizaciones correspondientes; introducir cambios en la negociación colectiva, y lograr que las organizaciones sociales puedan tratar en condiciones de igualdad con los empresarios.

En dicha oportunidad se ha determinado también un ingreso mínimo de 26 mil pesos; una asignación familiar que estuvo congelada desde hace más de cinco años de mil cien pesos para quienes ganan hasta 50 mil pesos, y de 800 pesos para los que ganan entre 50 mil y 70 mil pesos. Es el inicio de una etapa de ajustes.

Señores Diputados, aceleremos el despacho de la reforma tributaria y terminemos con las discusiones bizantinas. Así estaremos entregando el mejor homenaje a los trabajadores chilenos, quienes nos observan, nos escuchan y nos dan su confianza.

Muchas gracias, señor Presidente.´

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Ortega.

El señor ORTEGA .-

Señor Presidente, vengo en presentar un proyecto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial de Estudio del Régimen Político Chileno,. Diferentes sectores de la vida nacional académicos, sociales y políticos, han expresado opiniones sobre la necesidad de estudiar el régimen político chileno, con el fin de perfeccionarlo y de darle la máxima estabilidad y eficiencia frente a los desafíos del futuro.

Es este uno de los temas más importantes que este Parlamento, y muy en especial su Cámara Política, deben conocer, tratando de canalizar las iniciativas y aportes que los diferentes sectores deseen hacer sobre este debate.

Consideremos, además, que el tratamiento de un tema tan importante como complejo requiere un esfuerzo compartido por Diputados de los diferentes Partidos que conforman nuestro Parlamento. Nos parece conveniente que nos aproximemos a este tema con un espíritu de acuerdo, de objetividad y sin posiciones predeterminadas.

Un régimen político moderno, que combine de una manera equilibrada la unidad de la Nación, el papel del Presidente de la República y el del Parlamento; una adecuada estructura política regional, que tome en consideración el pluralismo político chileno y que, además, garantice gobiernos estables y eficientes, constituye una aspiración nacional que surge renovada después de la grave crisis institucional.

Por esto, consideramos necesario que la Cámara de Diputados establezca una Comisión Especial de Estudio del Régimen Político que se aboque, en el plazo de un año, a recoger y a procesar los diferentes aportes que la comunidad nacional, sectores de la misma o personas a título individual deseen hacer, con el fin de buscar los acuerdos necesarios para proponer a la Honorable Cámara las conclusiones a las que se llegue, o establecer las alternativas que se planteen. Proponemos que esta Comisión esté formada por 10 señores Diputados.

Firman este proyecto los siguientes señores Diputados: Alberto Espina , Claudio Huepe , Jorge Pizarro , Armando Arancibia , Andrés Chadwick , Jaime Campos , Gutenberg Martínez y Eugenio Ortega '

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El proyecto de acuerdo recién presentado se vota mañana.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Hosain Sabag.

El señor SABAG .-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

En sesiones recientes, los parlamentarios señores Correa, don Sergio ; Alamos, don Hugo , y Naranjo, don Jaime , se han referido a la muy grave situación que afecta a los pequeños y medianos viñateros de sus respectivos distritos y, en especial, de las regiones séptima y octava, donde se concentra el 80 por ciento de las viñas destinadas exclusivamente a la producción de vinos.

La producción nacional de vino se estimó en 350 millones de litros en la temporada 19881989, aunque es necesario dejar constancia de que no hay estadísticas válidas al respecto.

Este volumen se incrementa por el vino proveniente de uvas de desecho de exportación, las que se calculan en 80 millones de litros. Este tipo de vino no cumple con el grado alcohólico exigido por la ley, razón por la cual se procede a adulterarlo con alcoholes importados desde Argentina o provenientes de IANSA, con el fin de subir su graduación alcohólica. Además, debe considerarse la falsificación de vino, con agua y azúcar o alcohol mezclado con mostos.

En consecuencia, la oferta total de vinos, considerando las distorsiones señaladas, se estima en 480 millones de litros. Una vez deducida la parte que se destina a la exportación 35 millones de litros aproximadamente queda un excedente muy superior al consumo nacional, el que ha disminuido considerablemente al ser sustituido por cervezas, bebidas alcohólicas, licores, etcétera. Se estima que, en la actualidad, el consumo de vino no sobrepasa los 28 litros per cápita, lo que daría un consumo total no superior a 350 millones de litros anuales.

Por lo tanto, se produce un excedente de más de 10Ó millones de litros anuales, lo que disminuye el precio del vino a niveles muy inferiores a su costo.

El sector de secano, donde se encuentran las comunas de mi distrito, el número 42, está formado, en su inmensa mayoría, por pequeños productores con un promedio de 2,5 hectáreas cada uno, y una producción de 2 mil a 2 mil 500 litros por hectárea.

Debido a la grave situación que afecta a este importante sector, la que se arrastra por más de 10 años, se realizó en la ciudad de Coelemu, provincia de Ñuble, comuna de mi distrito, el 14 de noviembre de 1989, un gran cabildo del vino, organizado por la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Vino de Ñuble y en la que participaron más de mil afectados, además de las cooperativas del rubro y otros importantes organismos relacionados con el sector.

Los principales invitados a este acto, fuimos todos los candidatos a parlamentarios de la zona, los que participamos activamente en el cabildo, al término del cual suscribimos un acta de compromiso que hoy reviste importancia fundamental para quienes fuimos favorecidos por la ciudadanía. Me refiero a los Senadores señores Eugenio Cantuarias y Arturo Freí Bolívar , y al Diputado señor Hugo Alamos Vásquez y a quien les habla.

Aparte del acta de este cabildo, no puedo olvidar lo expresado por distintos participantes y, en forma muy especial, por el señor gerente de la Cooperativa Vitivinícola de Quillón, hombre adicto al régimen anterior, quien dijo que reuniones como ésa y otras se habían efectuado en muchas oportunidades más de veinte, señaló, pero que jamás fueron escuchados por el Gobierno de la época.

En consecuencia, le corresponde a este Gobierno democrático encarar la solución a la grave crisis que afecta al sector productivo y que, en la actualidad, se toma insostenible.

Para paliar esta situación, se estudian varias medidas que deberían aplicarse próximamente, una vez completados los análisis con la participación de los sectores involucrados. Entre otras, puedo destacar las siguientes:

1.- Estudiar alternativas para los desechos y excedentes de uvas de exportación, como pasas, mostos, alcoholes, etcétera, evitando, de esta manera, que se destinen a producir vinos.

2.- Hacer posible el cambio varietal de vid corriente por cepas finas. Para estos efectos, hay que dar acceso a los productores a la Ley de Riego, con el fin de realizar obras menores de captación o acumulación de agua de riego, y establecer un sistema de bonificación similar al del decreto N° 701, de fomento forestal, que posibilite arrancar estas variedades corrientes y replantar con variedades finas y otro tipo de plantaciones.

3.- Establecer, a través de la Corporación de Fomento de la Producción o de otro organismo, líneas de crédito a plazos adecuados, para adquirir maquinarias e implementos para la vendimia y la guarda, mejorando de esta manera la calidad del vino.

4.- Hacer que las entidades de investigación y transferencia tecnológica existentes en la zona, den mayor énfasis a la actividad de este sector de productores.

5.- Dotar al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, de personal suficiente para reforzar la labor de fiscalización de la Ley de Alcoholes.

6.- Eliminar la aplicación del Impuesto Adicional I.L.A. a este tipo de producto.

7.- Hacer que el Servicio de Impuestos Internos cumpla con su función fiscalizadora, para evitar la fortísima evasión tributaria que hay en el sector, pues, como consecuencia de ella, se produce una competencia desleal.

8.- Crear incentivos para que los productores se organicen y puedan, en conjunto, acceder a una mejor tecnología de producción y elaboración de vinos.

9.- Evaluar el nivel de endeudamiento del sector vitivinícola y buscar una posible solución al problema, pues su grado de compromiso es demasiado elevado por los duros años que le ha tocado enfrentar.

10.- Evaluar proyectos de bodegas vinificadoras, elaboradoras y envasadoras para viñas del sector de secano, con financiamientos blandos y de largo plazo.

Por lo tanto, señor Presidente, solicito enviar oficio al Ministro de Agricultura, para pedir una urgente definición sobre los puntos señalados, en los cuales están cifradas las esperanzas de miles de pequeños y medianos viñateros.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Mario Acuña.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente, Honorables Diputados, hoy día nuestro país tiene la gran responsabilidad de abrir canales efectivos para que todos sus habitantes puedan participar en la reconstrucción del sistema democrático. Sabemos que ésta no es una tarea fácil, pues implica hacer frente a una enorme gama de problemas económicos, sociales y políticos que se han acumulado y agudizado en el transcurso del Gobierno anterior.

El restablecimiento del orden democrático deberá apelar al esfuerzo de todos los grupos sociales, a fin de alcanzar mayores niveles de equidad, en un marco de crecimiento económico; estabilidad política y efectiva participación de la población.

Especial importancia adquiere la aplicación de auténticos mecanismos de participación para aquel segmento de la sociedad nacional constituido por cientos de miles de campesinos que han permanecido como ciudadanos de segundo orden, la sobrevivencia de un pasado superado por una modernidad que le es ajena, cuyas manoseadas y distorsionadas expresiones culturales se desempolvan de vez en cuando.

Quisiera llamar la atención hacia la necesidad de que, de una vez por todas, se termine con la minusvalorización de que es objeto el sector rural frente al urbano, orientándolo a un orden social que reconozca el real aporte del trabajo y la cultura campesinos al desarrollo nacional, y se creen las bases para que la población rural tenga acceso a los bienes y servicios necesarios para llevar, una vida digna.

El reemplazo del concepto "campesino" por el de "productor agrícola", durante el período anterior, igual que la desaparición, en la Constitución de 1980, del mapuche y del aymará, simboliza lo que efectivamente ocurrió con estos sectores en los últimos 16 años.

Es así como inmediatamente luego del quiebre del sistema democrático, en 1973, todas aquellas formas de representación y participación socioeconómica del campesinado, sufre el embate institucional, apoyado y liderado por sectores que representaban los intereses de los antiguos terratenientes, quiénes se tomaban revancha, destruyendo las organizaciones de los campesinos, persiguiendo a sus dirigentes y debilitando el aparato institucional de apoyo a los Sectores pobres del campo. El largo proceso de organización social en el campo, se corta abruptamente, y su actor principal, el campesino, desaparece por completo de la vida nacional, siendo reemplazado por el empresario y el capital. Asimismo, el Ministerio de Agricultura es sistemáticamente dirigido por representantes de organizaciones que defienden los intereses del empresariado.

A la persecución y represión violenta de los dirigentes campesinos y sus organizaciones, se une una serie de normas que estimulará el desmembramiento del cooperativismo y otras formas asociativas del campesino y obstaculizará el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores. A modo de ejemplo, la derogación de la Ley sobre Sindicación Campesina y su reemplazo por la actual legislación laboral ha significado el término de la posibilidad de constituir sindicatos comunales; disminuir el tiempo para que los dirigentes sindicales cumplan su función como tales; restringir el derecho a fuero; no contar con sistema alguno de financiamiento para las organizaciones; incrementar y facilitar las causales de disolución del sindicato, y, en fin, establecer un mecanismo de negociación colectiva que, en la práctica, impide hacer efectivo el derecho a petición y la huelga.

Por todo lo anterior, la necesidad de recrear el espacio de negociación y participación para que el habitante rural se sienta comprometido y solidario con el destino del país es una tarea urgente y prioritaria.

La reconstitución del tejido social, que permite actualizar y renovar la presencia campesina en el país, demandará expresiones jurídicas e instrumentos institucionales que estimulen la creación y desarrollo de sindicatos, asociaciones de pequeños agricultores, cooperativas y otras formas de organización del campesinado.

No podríamos hablar de un Estado verdaderamente democrático si no se cuenta con una presencia activa de la población rural en la negociación y concertación laboral, instrumentos fundamentales para lograr los consensos mínimos que requieren la profundización y la consolidación del sistema democrático.

Por ello, reitero, se deberán disponer las condiciones necesarias para el establecimiento de un marco legal e institucional qué estimule la creación y fortalecimiento de una auténtica organización del campesinado, capaz de canalizar eficazmente y en toda su amplitud las más variadas aspiraciones y demandas campesinas, y, a la vez, la orientación meramente reivindicativa para constituirse en un real instrumento de participación social.

A fin de que esta participación conduzca a un mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad rural, es indispensable reivindicar todas las conquistas perdidas por los campesinos y los trabajadores agrícolas en los últimos años, quizás con otros instrumentos, pero en el mismo Sentido de la dignificación y elevación de la persona.

Todas las instancias que nazcan de las necesidades sentidas y que apunten a mejorar las condiciones de vida de la población rural, servirán para recomponer el tejido social y dar una mayor presencia al habitante rural en la vida nacional. Ya no es posible pensar en modelos absolutos de organización social; es la hora de que los campesinos y demás sectores de la población rural impongan el carácter específico de la estructura y de la dinámica de sus organizaciones.

Si se considera la actual fragilidad de las organizaciones campesinas y, por otra parte, la debilidad del municipio como instancia de participación local, se advierte que el sector rural no dispone de instrumentos ni de canales que permitan resolver sus problemas. Por ello, además de la necesidad de realizar una activa promoción de la organización de la población rural, deberá, asimismo, exaltarse a la comuna como eslabón fundamental de organización territorial, y al municipio, como la máxima expresión de concertación y participación social.

Señor Presidente, en la literatura contemporánea se utiliza indistintamente los términos "pequeña agricultura", "agricultura campesina" o "pequeña producción agrícola" para designar a un sector específico del agro que comparte ciertos rasgos comunes. Igualmente, los sujetos que lo componen son denominados "campesinos", "pequeños agricultores" o "pequeños productores agrícolas", diferenciándolos de los "empresarios" o "medianas y grandes productores", igual que de los "obreros" o "asalariados".

A pesar de su presencia a lo largo y ancho de todo el territorio, casi la mitad de las explotaciones campesinas están localizadas en las provincias de Nuble, Biobío , Chiloé , Linares y Valdivia , siendo mi provincia, la de Cautín, la de mayor predominancia, con el 15,5 por ciento del total nacional de pequeños agricultores.

Hoy vemos con esperanza cómo dialogan distintos sectores de la vida nacional. En esta Honorable Cámara se respira un aire distinto al del pasado, ya que la mayoría de los colegas han manifestado un espíritu más solidario, fraternal y humano. Todos queremos' mirar al futuro y contribuir con lo mejor de nuestras capacidades y talentos a construir esta Patria noble y generosa.

La gente del campo espera iniciativas de todos tendientes a solucionar los problemas que los aquejan, como son: nuevos centros de acopio de sus productos; posibilidad de recuperación del impuesto al valor agregado por parte de aquellos que no han declarado iniciación de actividades por lo pequeño de sus empresas; subsidios rurales de vivienda, forestación y riego; mejoramiento de sus redes viales, postas y escuelas rurales; soluciones al problema de su endeudamiento, y; asistencia técnica.

Toda iniciativa legal tendiente a mejorar las condiciones de vida del campesinado contará con nuestra decidida colaboración y apoyo.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

E1 Comité Demócrata Cristiano ha cedido el tiempo que le resta al Diputado Roberto Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Agradezco la deferencia del Comité Demócrata Cristiano.

Señor Presidente, deseo llamar la atención respecto de la grave situación de endeudamiento de los agricultores de la Novena Región, que me honro en representar en este Congreso. Pienso, en todo caso, que este problema es un común denominador de muchos sectores de la producción agrícola de nuestro país, de manera que no corresponde darle sólo enfoque unilateral, desde el punto de vista de esa región.

El grado de endeudamiento de este sector tan importante para muchas zonas del país quiero enfatizarlo, no es, en absoluto/ responsabilidad de los cincuenta días que lleva el actual Gobierno. Esta crítica situación es la consecuencia de la política económica desarrollada durante los'16 años del Gobierno pasado, que llevó el endeudamiento a montos muy superiores al valor de las garantías reales que los esforzados agricultores entregaron en la creencia de que dicha política económica era efectivamente sana e iba a producir un desarrollo en este rubro.

Sin embargo, el país, la Cámara y los agricultores tendrán que recordar que el drama de este sector se inició cuando el gobernante de esa época, en forma imprevista, dispuso que el dólar, moneda en la cual mayoritariamente habían contraído sus deudas, subiera de 39 a 77 pesos. Ahí comenzó el largo martirio de estos productores que, creyendo en la seriedad de un sistema económico, pensaron que era posible ir poniendo nuevas vigas en el desarrollo de una actividad tan trascendente como la agrícola.

Fueron 16 años durante los cuales se fue creando una situación de espejismo en la producción. Lamentablemente, los agricultores la creyeron real y, aceptando el aplazamiento de sus deudas, repactaron en la conocida moneda del crédito que el país conoce como las unidades de fomento. ¿Y qué ha sucedido después de 16 años? Estos hombres que lograron crear una estructura agrícola después de varias generaciones, ahora están a punto de perderlo todo, por el remate de sus campos, maquinarias y otros bienes.

Tan crítica es la situación de la agricultura en la Novena Región, que se calcula en miles las hectáreas que no podrán ser sembradas por falta de recursos económicos. Tanto es así que ni aun entregando íntegramente el producto de la actual cosecha, los agricultores podrían pagar los intereses de sus deudas. Esto hace prever que en la próxima cosecha habrá una menor producción de 2 millones de quintales de trigo.

Se están dando casos increíbles, de " Ripley ": La gran banca, manejada por los grupos económicos que se enriquecieron desmedidamente en la Administración anterior, hoy día están aplicando una política draconiana, ya que, por ejemplo, ni siquiera quieren aceptar el pago parcial de las deudas contraídas por los agricultores, exigiendo el todo o nada. Y el epílogo de éste es nada menos que el remate de sus campos, de sus maquinarias, de su ganado y de sus bienes.

Para dar un ejemplo de la situación crediticia de los agricultores, baste señalar que el Banco del Estado, que es la entidad que les facilita dinero a menor tasa, hoy día les cobra un interés anual superior al 47 por ciento, y la banca privada les está prestando en unidades de fomento con un interés del 21 por ciento, lo que absolutamente nadie puede pagar.

La tragedia de este sector productor del país, se agravador el hecho como hemos podido comprobar de que los proveedores de insumos prefieren no venderles si no es de contado, porque saben fehacientemente que los agricultores no les podrán pagar.

Señor Presidente, solicito que se envíe un oficio al señor Ministro de Agricultura, en nombre de la Cámara, con el objeto de pedirle que interceda ante la banca privada para obtener de ella una nueva renegociación en favor de los agricultores endeudados. Si hubiera acuerdo, lo agradecería en nombre de la Región que represento y de muchos agricultores del país. En caso contrario, pediría que se oficiara en nombre de la bancada radical.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Alfonso Rodríguez , en el turno del Comité de Renovación Nacional.

El señor RODRIGUEZ (don Alfonso).-

Señor Presidente, en la legislatura extraordinaria, hemos podido comprobar el gran interés demostrado por los parlamentarios, y muy especialmente los de Renovación Nacional, por acoger, tanto en la Sala como en las diferentes Comisiones, las iniciativas del Poder Ejecutivo, dentro de la llamada "política de los acuerdos", que permitan poner en práctica los ajustes necesarios en materias de orden jurídico, social y económico, logrando de esta forma una gran estabilidad en la transición democrática, tan anhelada por todos los chilenos.

Sin embargo, como representante de un distrito netamente agrícola, debo señalar mi gran preocupación por las declaraciones de diferentes organizaciones gremiales de agricultores, las cuales so, portan, desde hace bastante tiempo, su asfixiante situación económica por el alto grado de sobreendeudamiento de este importante sector productivo del país con los organismos crediticios estatales y privados, los cuales le han otorgado créditos para un mejor desarrollo de sus actividades agrícolas, con el fin de ubicar a la agricultura chilena en el nivel de las naciones desarrolladas.

Lamentablemente, dichos esfuerzos se han visto amagados por causas ajenas al control de dicho sector, como lo son las altas tasas de interés bancario, el problema de las uvas con cianuro, la mosca del Mediterráneo, la gran crisis vitivinícola, las políticas trigueras, remolachera.

Además, es importante destacar que las decisiones adoptadas en la agricultura, a diferencia de otras áreas de la economía, están determinadas por distintos factores externos y su cambiante naturaleza.

Hoy, la temporada 19901991 revela una preocupación por las pocas perspectivas atrayentes de algunos cultivos y el alto endeudamiento que, según cifras vertidas en esta Sala y refrendadas por el sector agrícola, ascendería a la suma de 1.300 millones de dólares, lo cual juega muy en contra de la iniciativa y de la toma de decisiones en la actual temporada productiva.

El sector agrícola no desea estar ausente ni ser excluido, por causas ajenas a su voluntad, de las grandes decisiones del actual Gobierno; muy por el contrario, más que nunca desea participar activamente en todos los compromisos políticos, de orden social, productivos y económicos con el fin de mantener y superar los actuales niveles de exportación, generar más empleos, mantener la mano de obra, pagar salarios, justos, etcétera. Sin embargo, por las causas precitadas, el sector se encuentra en abandono y con atraso en sus decisiones. Los agricultores no desean ser malinterpretados por las autoridades de Gobierno al crearse difíciles situaciones en el orden social, económico y político del país, cuyo costo es muchísimo mayor que la atención de los problemas en el momento oportuno, razón por la cual vengo en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:

Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, y lo estima conveniente, se sirva disponer la creación de una comisión de alto nivel, integrada por representantes de los Ministerios de Hacienda y de Agricultura, de la Asociación de Bancos, del Banco del Estado de Chile, de la Superintendencia de Bancos, de la Confederación de Productores Agrícolas de Chile y de las organizaciones agrícolas, para que se aboque al estudio del problema del sobreendeudamiento del sector agrícola y proponga, en el más breve plazo, una solución integral y definitiva del problema.

Firman dicho proyecto de acuerdo los Diputados señores Gustavo Ramírez Vergara, José María Hurtado Ruiz-Tagle , Eduardo Cerda García, Hugo Alamos Vásquez , Alberto Espina Otero y el que habla.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca.

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .-

Señor Presidente, deseo referirme a un problema que afecta a una serie de agricultores cuyas propiedades se encuentran en la zona precordillerana. Desde la temporada 19841985, en la Séptima Región, y, posteriormente, en la temporada 1987-1988, en el resto del país, y con el fin de prevenir el contagio de fiebre aftosa que hubieren podido traer animales desde la República Argentina, el Servicio Agrícola y Ganadero, dependiente del Ministerio de Agricultura, excluyó del uso de sus dueños una franja territorial situada entre las Regiones Cuarta y Novena, impidiendo el ingreso, a ella, de animales biungu1 lados, es decir, de pezuña partida.

También ha prohibido y limitado el tránsito de personas o la simple habitación por sus dueños.

Esta franja de exclusión tiene un mínimo de 30 kilómetros de ancho y se extiende desde la frontera vecina hasta el interior del país, siendo su superficie total de 1.300.000 hectáreas, y sólo en la Séptima Región alcanza a 500.000 hectáreas.

En toda esa zona se ha restringido la entrada de animales como una medida de beneficio para el país, estableciéndose la prohibición del uso de los predios y sin que a la fecha exista pago compensatorio alguno para sus propietarios. Muchos de ellos tienen ese único predio, y sus familias dependen de la productividad de los terrenos dedicados exclusivamente al pastoreo de ganado. Sin entrar a analizar la sabiduría de la medida, considero injusto que un grupo de propietarios cargue con un costo que tiene como beneficiario a toda la Nación. Parece entonces, de toda justicia, que sea el Estado, como representante de los intereses nacionales, el que compense a los afectados por la prohibición impuesta, por las sucesivas resoluciones de los directores regionales del Servicio Agrícola y Ganadero.

La situación que desde 1985 afecta a los propietarios de los predios de precordillera, incluidos en esta franja, es dramática. La medida les ha impedido trabajar con el sistema de veranadas, que es usual para la ganadería del valle central.

Desde el punto de vista constitucional y legal, la prohibición de uso sin compensación es absolutamente improcedente, puesto que la privación de una de las facultades del dominio sólo puede hacerse previo al cumplimiento de los requisitos constitucionales, lo que en este caso no se ha hecho.

Por otra parte, la ley N° 18.755, publicada en el Diario Oficial del 7 de enero de 1989, en su artículo 72, letra i), facultó a las autoridades del Poder Ejecutivo para disponer indemnizaciones en casos como el expuesto, sin que a la fecha lo hayan hecho y a pesar de que la medida se mantiene sin variación y sin posibilidad de levantarse en el corto o mediano plazo.

Es claro, señor Presidente, que lo expuesto importa una actuación arbitraria. Más aún, constituye un grave precedente el que por una mera resolución administrativa, emanada de los directores regionales del Servicio Agrícola y Ganadero, se prive del uso de los bienes sin una compensación por el daño patrimonial efectivamente causado, desde el momento mismo en que se decretó la medida.

Por estas razones, solicito que se oficie al Presidente de la República para que ordene estudiar esta materia y contemple la eventual indemnización de perjuicios para los afectados.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio) .-

Señor Presidente, he solicitado la palabra para dar a conocer a esta Honorable Cámara la desmedrada situación del sector salud en la provincia de San Felipe. Esta situación no es historia nueva: se remonta a 1965, fecha en que ocurre un devastador terremoto. En esa oportunidad, el ya viejo hospital de San Felipe resultó seriamente dañado, situación que se acrecienta mucho más aún cuando en 1971 otro devastador movimiento telúrico afecta nuevamente la zona. Los daños causados por estos fenómenos fueron considerables y obligaron a reducir el edificio de tres pisos a sólo uno; y, como medida transitoria, se trajo desde Valdivia un pabellón de emergencia que ya había prestado utilidad. Pero, como toda medida transitoria en nuestro país, esas instalaciones han quedado en forma permanente desde tal fecha. ¿Se podrán imaginar los Honorables Diputados las deplorables condiciones de atención que podrá prestar el hospital, que otrora fuera un establecimiento tipo 2 y que hoy, a mi juicio, no da ni para un hospital de campaña?

Para una mejor comprensión de lo anterior, haré un brevísimo diagnóstico de la infraestructura del hospital.

En primer lugar, las oficinas administrativas funcionan en una construcción que tiene una antigüedad de más de cien años. Su estado es regular y con serios problemas de instalación. A esto puede agregarse que la morgue, situada en el mismo edificio, es absolutamente insalubre, sin frigoríficos y funciona aledaña al local del personal administrativo.

En segundo lugar, el hospital de cirugía es una estructura de hormigón armado cuya antigüedad supera los 50 años. Originalmente tenía tres pisos, y fueron demolidos los dos superiores a raíz de los daños ocasionados por los terremotos. Esta última situación alteró las condiciones de cálculo estructurales lo que provoca agrietamiento en los muros cada vez que hay un sismo.

En tercer lugar, los pabellones de medicina, maternidad y partos funcionan en instalaciones de emergencia después del terremoto de 1971. Por ser éstas provisionales, montadas sobre pilotes, están fuera de normas en lo referente a alturas, superficies por camas y dotación de servicios higiénicos. El estado de atención es deplorable.

Como si esto fuera poco, en el año 1987, como consecuencia del prolongado periodo de lluvias, las napas freáticas, donde está instalado el actual hospital, subieron en tal magnitud que inundaron todo el subsuelo con aguas con alto grado de contaminación. Estoy seguro de que si el hospital hubiese sido privado, el Departamento de Higiene Ambiental no habría demorado ni una hora para proceder a su clausura.

Señor Presidente, podría estar durante un buen lapso describiendo todas las anomalías y limitaciones del otrora hospital tipo dos; pero no es ése mi objetivo. Probablemente, y luego de que los señores Diputados han escuchado este brevísimo e incompleto diagnóstico, con justa razón podrían inferir que el objetivo es solicitar la construcción de un nuevo hospital en la zona. Pero no es así. Sólo deseo pedir a las actuales autoridades que se concluya el hospital cuya construcción se iniciara en 1972, por cuanto toda su obra gruesa está terminada; se han hechos todos los cálculos y no quedan más estudios por realizar. Sólo falta la voluntad de considerarlo como primera prioridad entre las inversiones que se realizarán en el sector salud.

Todos hemos coincidido en que faltan hospitales; en que faltan elementos médicos para entregar una mejor atención a la población. Hemos aprobado, en general, una reforma tributaria que contempla dentro de sus objetivos básicos, la destinación de fondos para estos fines.

Renovación Nacional concordó con el Gobierno sobre la urgencia de esta materia. Hoy, el Gobierno tiene la oportunidad de enmendar el error cometido con esta provincia en su prolongada postergación, y satisfacer la aspiración legítima de su población, que supera los 100 mil habitantes, de obtener la terminación de ese vital centro asistencial.

Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto, vengo en formular dos peticiones:

En primer lugar, que, con el propósito de que la Cámara de Diputados esté en situación de verificar lo aseverado, se dirija oficio, en mi nombre y en el del Comité de Renovación Nacional, a la Comisión de Salud, para que proceda a constituirse en la ciudad de San Felipe, ya sea como cuerpo o en subcomisión, e informe acerca del estado de la obra y escuche, además, el sentir de la ciudadanía que clama por su urgente conclusión.

En segundo lugar, que se envíe oficio, en mi nombre y en el del Comité de Renovación Nacional, al señor Ministro de Salud, con el objeto de que se sirva incluir la terminación y posterior habilitación del referido hospital en el plan de construcciones hospitalarias si lo hubiere, o destinar directamente los fondos necesarios para ese propósito.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Caminondo.

El señor CAMINONDO .-

Señor Presidente, en el acto realizado en el Estadio Nacional, al día siguiente de haber asumido su cargo, el Presidente señor Aylwin fue enfático en señalar que "Debemos evitar la tentación de querer rehacerlo todo, de empezar todo de nuevo, como si nada de lo presente mereciera ser conservado. La historia enseña que las naciones se construyen por la acción acumulativa de sucesivas generaciones". De ahí nuestra preocupación ante la incorporación, al proyecto de ley de reforma tributaria, de artículos específicos que eliminan disposiciones aplicadas a los compradores de acciones de los Bancos de Chile y de Santiago durante el "capitalismo popular". Sin perjuicio de los planteamientos sobre inconstitucionalidad hechos presente por otros parlamentarios, tales indicaciones importan, según mi opinión, la búsqueda de opciones que permitan destruir la estructura económica tan difícilmente forjada por el país en los últimos años, al aprovechar cualquier oportunidad para socavar el derecho de propiedad de las personas.

La generación de fuentes de incertidumbre en el quehacer económico del país crea desconfianza en las personas y provoca su natural reacción de proteger tanto sus ahorros e inversiones cuanto sus actividades productivas.

Con ello sólo se logrará frenar el crecimiento del país y las posibilidades de mejorar el nivel de bienestar y de empleo de la gente de nuestra Patria.

Señor Presidente, las reglas claras conservan la confianza, sentimiento indispensable para mantener un clima de progreso, libre de conflictos y de angustias paralizantes.

Hago un llamado a los integrantes de la Comisión de Hacienda para que consideren estas observaciones en el análisis en particular del proyecto de reforma tributaria sometido a su consideración.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Alberto Pérez.

El señor PEREZ (don Juan Alberto) .-

Señor Presidente, Honorables Diputados, el distrito 58, que, represento, inserto en la Décima Región, está compuesto por las provincias de Chiloé y de Palena; aunque separadas geográfica y administrativamente, su vinculación a través de la historia es un medio que permite correlacionarlas.

La provincia de Palena fue creada por los decretos leyes N°s 2.867 y 2.868, de 1979, quedando compuesta por las comunas de Chaitén, Hualaihué , Futaleufú y Palena , siendo la primera de ellas la capital provincial, con un territorio total de 15.443 kilómetros cuadrados y una población de 18.432 habitantes. Eso hace que su densidad poblacional, de 1.19 habitante por kilómetro cuadrado, sea una de las más bajas del país.

De este total poblacional, el 64,42 por ciento vive en el sector rural, cifra muy superior a los porcentajes regional y nacional, que llegan al 41,7 y 17,7 por ciento, respectivamente.

El promedio de pluviometría anual en la comuna de Chaitén es de 3.800 milímetros.

Estos antecedentes nos permiten apreciar la cuantiosa inversión pública realizada en esta provincia en los últimos años, especialmente en la red de caminos, parte de ella incorporada a la Carretera Austral, y otra a los pasos fronterizos de Futaleufú y Palena qué abarcan un total de 479,3 kilómetros. Estos caminos requieren ser mantenidos expeditos, ojalá los 365 días del año. Para ello, se necesitan asignaciones presupuestarias de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, utilizables en forma rápida; y, por otro lado, de equipos y maquinarias de movimiento de tierra que permiten no sólo mantener operables estos caminos, sino, también, enfrentar las situaciones de emergencia, que a veces son muchas en un año.

En el mes de abril del presente año, la carretera principal de la provincia de Palena, y varios otros caminos secundarios, estuvieron cortados en muchos tramos, dado el adelanto de las lluvias otoñales, produciendo inimaginables dificultades. Durante este mismo mes, se cortó también la Carretera Ruta 5, que une a Castro, Chonchi y Quellón , la cual, hasta el día de hoy, no ha sido habilitada, quedando aparentemente mucho tiempo por delante para que pueda estar en condiciones operativas.

Con el objeto de que en el futuro se tomen las precauciones necesarias, habría que considerar lo siguiente:

Primero, que en los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas, específicamente en los de Vialidad, se consideren la más grave ocurrida históricamente; y también que respecto de los equipos y maquinarias que se usan, se tenga en cuenta, como referencia, el tipo de suelo donde se va a operar, como asimismo las condiciones climáticas rigurosas en que se debe trabajar.

Segundo, que en lo operativo se establezcan montos, para saber hasta dónde se pueden ejecutar obras de emergencia, a fin de prever, en innumerable ocasiones, lo que pudiera complicar la buena funcionalidad de las vías de comunicación. Por otro lado, al tener claro este monto, se operará con el dinamismo y la mentalidad de la empresa privada para dar una solución expedita del problema presentado.

Señor Presidente, dados los elementos de juicio aportados, y con el propósito de no vulnerar el creciente desarrollo del sector privado, principalmente en el área de explotación de los recursos naturales existentes, sobre todo en el área del sector pesquero y de salmones, es necesario solicitar del Ministerio de Obras Públicas que readecue la maquinaria de caminos que actualmente posee el Inventario de la Dirección de Vialidad de las provincias de Palena y Chiloé, porque es inadecuada en el caso de Palena, e insuficiente en el caso de Chiloé.

Finalmente, hay que tener presente una futura readecuación administrativa y de personal, con el propósito de efectuar las reparaciones básicas y los trabajos de mantención necesarios en los períodos en que, climáticamente hablando son los menos del año debe volcarse todo el esfuerzo, voluntad, recursos, equipos y horas extraordinarias evitando tomar vacaciones en esa época con el fin de hacer las reparaciones de equipos y no desaprovechar esas preciosas oportunidades.

He dicho, señor Presidente.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Roberto Muñoz Barra solicita que se envíe, en nombre de la Cámara, el oficio que pidió remitir al señor Ministro de Agricultura, en el sentido de que se agoten las gestiones para una adecuada renegociación de las deudas del sector agrícola. Esa materia incide en algo con lo planteado por el Diputado señor Alfonso Rodríguez , aunque es distinto.

El señor ORTEGA .-

¿Me permite, señor Presidente?

El Señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORTEGA .-

El tema de la deuda privada es extremadamente importante, sobre todo en el sector agrícola. Aquí ha habido varias intervenciones de las bancadas democratacristiana, radical y de Renovación Nacional, referentes a este tema.

A mi juicio, con un oficio no resolvemos el problema. Por tanto, me gustaría estudiar la posibilidad de que en las Comisiones de Economía y de Agricultura de la Cámara pudiéramos citar a las personas que tienen qué ver, en el Gobierno, con decisiones de esta envergadura, para analizar en profundidad el tema de la deuda privada y establecer algunos criterios que pudieran ser compartidos entre las bancadas de Renovación Nacional, de la Unión Demócrata Independiente y del Gobierno, con el objeto de enfrentar este problema qué, en mi zona, la Séptima Región, también es crítico.

Por eso, antes de enviar esos oficios, quisiera proponer que se estudiara la posibilidad de que las dos Comisiones citaran a personeros de los Ministerios de Economía, de Hacienda y de Agricultura, para trabajar juntos un planteamiento que fuera coherente y que tratara de resolver el problema en el futuro próximo. Considero; repito, que este tema debiéramos estudiarlo en las Comisiones de Economía y de Agricultura.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alfonso Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don José Alfonso) .-

Señor Presidente, comprendo y concuerdo plenamente con lo expresado por el Diputado señor Ortega.

Sin perjuicio de eso, solicito que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República, por ser la autoridad máxima, para que, si lo tiene a bien, designe una Comisión integradas por personas de la banca particular, Banco del Estado, Corporación de Fomento de la Producción y asociaciones gremiales de agricultores, para estudiar el problema del endeudamiento. No pretendo que se entre a reglamentar cómo se enfrentará el problema; sólo pido que se envíe el oficio.

Respecto de lo planteado por el parlamentario señor Muñoz ; la crisis agrícola inquietud que también comparto, específicamente de la Novena Región, su señoría solicitó que se oficiara al Ministro de Agricultura, pero yo estoy pidiendo que se dirija oficio a la autoridad máxima del país, que es el Presidente de la República.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra él Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BÁRRA (don Roberto) .-

Señor Presidente, no sé si he captado bien lo que establece el Reglamento, pero me parece que no se puede oficiar al Presidente de la República, sino a los Ministros. La Mesa podrá aclarar ese aspecto.

No participo plenamente de la idea del colega de la Democracia Cristiana, en el sentido de no darle curso a la petición de oficio al Ministro de Agricultura, porque el estudio de esa situación puede demorar entre 30 y 45 días, y en ese plazo no agotarse las gestiones.

Recuerden que no se puede sembrar cuando uno lo estime pertinente.

Los agricultores están enfrentados a no poder sembrar, para lo cual tienen un tiempo limitado.

De tal manera que, sin perjuicio de analizar el problema en el sector agrícola, yo insistiría en que la Cámara aprobara el envío de este oficio, el cual no se dirigiría en nombre de un parlamentario ni de una bancada determinada, sino que sería la expresión de todos los parlamentarios, por cuanto, cualquiera que sea nuestra posición política incide en la problemática del endeudamiento.

Por eso, insistiría en que, si hubiera acuerdo, se oficiara, en nombre de la Cámara de Diputados, al señor Ministro de Agricultura, quien ya está iniciando algunas gestiones al respecto. En el fondo, sería para reforzar la determinación del Ministro del ramo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el tiempo del Comité Parlamentario del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Nicanor Araya.

El señor ARAYA .-

Señor Presidente, Honorables Diputados, el martes pasado se conmemoró en el mundo y en nuestro país un aniversario más de la gesta heroica de los mártires de Chicago, quienes ofrendaron sus vidas en defensa de los intereses de los trabajadores.

Este año, la celebración en nuestro país adquirió una trascendencia especial, porque es el primer 1° de Mayo que conmemoramos los trabajadores en democracia después de 16 años de régimen dictatorial.

El rompimiento del orden constitucional, en septiembre de 1973, que costara la vida al Presidente Salvador Allende, interrumpió un proceso de democratización social que vivía el país e inauguró un régimen autoritario que conculcó las libertades civiles y políticas de los chilenos y de todos los trabajadores.

El nuevo poder de facto, encabezado por la Junta Militar de Gobierno, procedió a dictar una serie de normas que afectaron las disposiciones legales, en el orden laboral, que regían hasta septiembre de 1973.

Algunos de los preceptos legales más importantes fueron el decreto ley N° 12, de 1973, que disolvió la Central Única de Trabajadores, que representaba a más del 33 por ciento de la fuerza laboral del país; el decreto ley N“ 44, que suspendió la vigencia de los mecanismos de contratación y de solución de los conflictos colectivos del trabajo.

Estas normas, y otras más, produjeron profundos cambios en el sistema de relaciones laborales en Chile. El movimiento sindical se desarticuló y, con ello, se acentuó la hegemonía del sector patronal, todo ello con una fuerte intervención del Estado en las cuestiones del trabajo.

La instauración del Gobierno Militar no sólo significó la sobreprotección de los derechos del propietario "Hay que cuidar a los ricos," sentenció en una oportunidad el General Pinochet y el desconocimiento de los derechos del trabajador, sino que, además, produjo un hecho muy grave, esto es, que el Estado chileno asumiera, como práctica permanente y sistemática, la violación de los derechos humanos.

Lo anterior tuvo como consecuencia para los trabajadores chilenos ejecuciones, desaparecimientos, torturas, cárcel, relegación y exilio.

En agradecimiento y homenaje a todos los trabajadores y dirigentes sindicales, víctimas de la represión y de la persecución del régimen militar, en este espacio de convivencia democrática traigo al recuerdo los nombres de Exequiel Ponce, obrero portuario desaparecido desde junio de 1975; Luis Figueroa , último Presidente de la Central Única de Trabajado Por lo tanto, es justo reconocer que res, muerto en el exilió; y Tucapel Jiménez , Presidente de la ANEF cruelmente asesinado en 1982, cuyo crimen aun esta sin castigo.

Todas estas violaciones a los derechos humanos y sindicales ofenden la dignidad nacional, y sobre ellas no pueden tenderse un manto de olvido.

Por lo tanto, es fundamental esclarecer estos delitos contra la humanidad para obtener la tan anhelada reconciliación nacional, sobre la base del respeto más irrestricto a los principios de verdad y de justicia que rigen a todo estado de derecho.

En síntesis, y para no alargar esta reseña histórica, el balance del Gobierno del General Pinochet arroja el siguiente resultado para los trabajadores: primero, atomización del movimiento sindical y permanentes violaciones de los derechos laborales y sindicales, reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo; segundo, promulgación de una legislación laboral contraria a los derechos individuales y colectivos del mundo del trabajo; tercero, un país con grandes concentraciones de la riqueza y enorme deuda social, la que se manifiesta a través de la muy deteriorada situación socioeconómica de los trabajadores y de los sectores más pobres del país.

Por su parte, los trabajadores jugaron, en este difícil periodo, un papel fundamental en la lucha por recuperar la democracia. En efecto, los trabajadores y sus organizaciones sindicales, esforzadamente reconstruidas, se pusieron a la cabeza de las demandas sociales y de la exigencia nacional de democracia.

De este modo, la Confederación de Trabajadores del Cobre formulo un llamado a paro en 1983. Después, se conformaron la Coordinadora Nacional Sindical y el Comando Nacional de Trabajadores, el que posteriormente convocó a la organización del pueblo y a la movilización pacífica.

Por lo tanto, es justo reconocer que muchos de los espacios políticos conquistados se los debemos, en gran medida, a la consecuente y generosa lucha de los trabajadores.

Esta mirada al pasado no la hago para quedarnos anclados, reviviendo viejas confrontaciones estériles, sino con el propósito de recuperar una memoria histórica que nos proyecte hacia el futuro, sin cometer los mismos errores del pasado.

Vivimos momentos esperanzadores en nuestro país. Hemos iniciado una nueva etapa de reconstrucción democrática, en la que ningún chileno sobra, sino todo lo contrario, hoy comprendemos el sacrificio de lo que fueron esos 16 años. El desafío que nos impone la democracia resulta crucial para asegurar un nivel de vida decoroso y digno a todos los chilenos, compatible con nuestro nivel de desarrollo.

La estabilidad de la democracia solo será posible si al desarrollo económico se le une la justicia social. Para ello, es necesario modificar en forma sustancial la actual legislación laboral, con el fin de superar las tremendas injusticias y desigualdades heredadas del régimen anterior.

El acuerdo marco entre trabajadores, empresarios y Gobierno abre posibilidades ciertas para iniciar un proceso en que los trabajadores comiencen a recuperar condiciones más justas y equitativas en su relación con los empresarios. Este paso lo evalúo como positivo, sobre todo porque establece un nuevo sistema de relaciones laborales que promueve el entendimiento directo y autónomo entre los dos agentes productivos fundamentales: empresarios y trabajadores. Es positivo que la relación entre empresarios y trabajadores este signada por los acuerdos, en lugar de la confrontación, aun cuando este solo paso resulta insignificantes en la tarea de recuperar condiciones de dignidad y justicia para el mundo del trabajo

El desafío del desarrollo nacional es un objetivo que considera a todos los sectores de la vida nacional. Por lo tanto, Chile requiere de un compromiso serio y responsable con la profundización y consolidación del sistema democrático; de una legislación que garantice la protección de los trabajadores y permita crear organizaciones sindicales fuertes, representativas y autónomas; de reglas del juego claras y estables, que permitan al empresario privado cumplir su importante tarea en el desarrollo económico nacional; de la fiscalización estricta, por parte del Estado, del cumplimiento de los derechos laborales y de los beneficios sociales. Se requiere también modificar urgentemente las normas que regulan el término del contrato de trabajo. Por lo tanto, es necesario derogar a la brevedad el artículo 155, letra f), del Código del Trabajo, pues los contratos a plazo fijo no debieran exceder los seis meses. Debe garantizarse el derecho a sindicalización de todos los trabajadores del país.

Señor Presidente, el fuero sindical debe estar garantizado para todos los representantes sindicales de los trabajadores. Se debe garantizar una estructura que permita crear sindicatos de base, federaciones, confederaciones y centrales sindicales; y el financiamiento de la actividad sindical, con recursos propios.

Se debe permitir, efectivamente, la negociación colectiva y derogar la obligación de negociar sólo a nivel de empresas; establecer el derecho a huelga de todos los trabajadores del país, el que debe protegerse particularmente durante el proceso de negociación colectiva, lo que sucede por no poner límites a la duración de la misma. Hay que terminar con la discriminación de los trabajadores jóvenes (a igual trabajo, igual salario) y de los dirigentes sindicales, impidiéndoles el ejercicio de la actividades político-partidista.

Señor Presidente, solicito de la Mesa que se oficie, en mi nombre, a los organismos pertinentes. En este caso, a la Dirección General del Trabajo y al Ministerio respectivo, sobre las cortes del trabajo, juzgados del trabajo e inspecciones provinciales y regionales del trabajo, los que fueron minimizados en el régimen pasado, lo cual no les permite, conforme a su estructura, cumplir una verdadera fiscalización en beneficio de los trabajadores del país.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Vladislav Kuzmicic.

El señor KUZMICIC .-

Señor Presidente, esta intervención intenta rectificar una seria evasión, detectada el año pasado, que afecta los superiores intereses del Estado.

Ante el Juzgado de Policía Local de la Ilustre Municipalidad de Iquique se cursaron, durante 1989, por el Servicio Nacional de Pesca, numerosos partes por infracciones a empresas pesqueras que operan en la zona, lo que las obliga a pagar multas que superan los 400 millones de pesos, por burlar diferentes normas que rigen la actividad pesquera, la cual es fundamental para la zona norte y para la economía del país, pues representa el 67 por ciento del total de las capturas a nivel nacional.

De esta importante cifra, sólo se recaudaron 4 millones de pesos, debido a serías iregularidades.

Por este motivo, señor Presidente, consideramos que el Consejo de Defensa del Estado debe hacerse parte, obligatoriamente, en este tipo de causas y asumir la defensa del interés fiscal, con el objeto de que se apliquen las multas y se recauden las sumas que procedan.

No hacerlo, deja en la indefensión los intereses generales de la Nación, a la vez que alienta el desarrollo de operaciones fraudulentas de aquellos que siempre eluden la ley.

Por lo tanto, solicito que se acuerde enviar oficio al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, a fin de que acoja esta petición, en el sentido de que, en todos los juicios por denuncias del SERNAP, el interés fiscal esté representado por un abogado de dicho consejo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Juan Martínez.

El señor MARTINEZ (don Juan) .-

Señor Presidente, con motivo de la constitución, por el Presidente Patricio Aylwin , de la Comisión Verdad y Reconciliación, se ha desatado una durísima polémica impulsada por diversos personeros y partidos políticos ligados al anterior régimen, con el indisimulado propósito, en primer lugar, de hacer abortar la iniciativa presidencial y, después, desvirtuar sus reales alcances y precisas finalidades.

La firme decisión del Gobierno del Presidente Aylwin de indagar y reunir los antecedentes e informaciones sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el ejercicio del régimen pasado, está llevando a la exasperación a estos sectores y personas, frente a una opinión pública que observa cómo rasgan vestiduras sobre un asunto la dilucidación de las violaciones a los derechos humanos, que constituye un deber fundamental para quienes participan en la vida pública con legítimos títulos democráticos.

Como era dable esperar, quienes han denotado mayores muestras de exasperación y desesperación han sido, precisamente, quienes se convirtieron, uno, en el máximo exponente ideológico de la dictadura y, el otro, en su máximo líder.

Para atacar a la Comisión Verdad y Reconciliación, su labor y sus futuras conclusiones, y tratar de desprestigiarla incluso antes de que comience sus actividades, se ha recurrido a los más diversos argumentos, unos más falaces que otros, pero que conviene rechazar enfáticamente, más aún cuando recordamos la vieja norma fascista de que "una mentira repetida mil veces termina convirtiéndose en verdad".

Se ha repetido, con majadería, que la Comisión invadiría el ámbito de competencia de los Tribunales de Justicia; que, en realidad, no se busca la verdad sobre lo sucedido en esta materia, pues, sesgadamente, se estaría permitiendo la búsqueda de la información sólo hasta el año 1973; que se trataría de someter a juicio a las Fuerzas Armadas y de Orden, y otros conceptos que, en rigor, no importa mayormente considerar, habida cuenta de su escaso valor argumental.

En más de una oportunidad, el propio Presidente de la República ha debido salir al paso para refutar tales aseveraciones. En la propia constitución de la Comisión Verdad y Reconciliación se fijaron, con absoluta claridad, los límites de su competencia, estableciéndose que, una vez reunidos los antecedentes necesarios que ameriten una acción penal, éstos serán enviados, para su conocimiento, a los tribunales ordinarios de justicia. Entonces, no sólo no se está restringiendo la acción de la justicia ni su competencia, sino, más bien, contribuyendo a que ésta pueda estar en condiciones de actuar. Por ende, también cae estrepitosamente la afirmación de quienes pretenden poner en duda su apego a la ley.

Renovación Nacional, en particular, ha sostenido que la investigación sobre violación de los derechos humanos no sólo debería circunscribirse al período del gobierno pasado, confundiendo, a propósito, los abusos de autoridad, los brotes de violencia política y las declaraciones supuestamente legitimadoras de la violencia, con la violencia misma o con el terrorismo, especialmente con el terrorismo de Estado. En la práctica, lo primero resulta imposible evitar y suprimir, aun en democracia. Más difícil todavía es precisar conceptos de por sí relativos, y que se aprecian con un alto grado de subjetividad. Confundir los excesos o abusos con una sistemática y masiva violación de los derechos humanos, que arrojó resultados de muertes, presos políticos, detenidos-desaparecidos, exilio, lo cual es imposible dejar de reconocer, constituye una actitud antojadiza que asombra por su superficialidad.

Si se aceptara la tesis de Renovación Nacional, podríamos remitirnos hasta la época de la Colonia, tratando de buscar el origen de la violencia. Tal es el grado de diversionismo que encubre esa tesis. Renovación Nacional olvida que mientras existió el régimen democrático en Chile, hubo estado de derecho, un Parlamento con facultades' fiscalizadoras con muchas más de las que ahora tiene y tribunales de justicia independientes, que no abjuraban de su jurisdicción, y que los tribunales militares no se inmiscuían en problemas judiciales ajenos a su competencia natural.

Parece del todo conveniente recordar, además, que muchos de los personeros, representantes e incluso simples admiradores del gobierno del Presidente Allende fueron juzgados, recluidos en campos de concentración sometidos a procesos sumarios y condenados a muerte, reclusión o extrañamiento, por supuestos delitos que hoy no merecerían el esfuerzo de la acusación, por infundados e irreales.

Por último, se habla del supuesto juzgamiento al Gobierno de la Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Armadas mismas. En este caso, basta preguntarse ¿por qué se pretende sostener que encontrar bases de culpabilidad de personas vinculadas a delitos atroces contra la humanidad, tiene necesariamente que ver con responsabilidades de orden institucional? El Derecho Penal establece que las responsabilidades son siempre individuales. Así se ha entendido e, invariablemente, las autoridades de gobierno y los partidos políticos democráticos lo han establecido de esa manera en sus compromisos programáticos.

No se trata de juzgar a las instituciones, ni siquiera de juzgar. No está dentro de los objetivos ni en las facultades de la Comisión juzgar a nadie.

Si algunas de las personas sometidas al debido proceso después de reunidos los antecedentes por la Comisión Verdad y Reconciliación y entregados éstos a los tribunales, resultaran culpables, y dichas personas vistieran uniformes sólo se estaría contribuyendo a limpiar el honor de las Fuerzas Armadas y de Orden, puesto que, para el bien de los propios institutos armados y de la Patria, éstas no pueden cobijar, a quienes han cometido delitos que repugnan la conciencia digna de los chilenos y del mundo entero.

Debemos reiterar, una vez más, nuestro compromiso irrenunciable con la verdad y la justicia. La verdadera reconciliación pasa por el respeto a estos valores cardinales de una convivencia sana entre los habitantes de una misma Patria, y es la única forma de cerrar las heridas que nos separan en la actualidad a civiles y militares. Rechazamos las expresiones que apunten a ocultar la verdad en aras de la reconciliación. Sin verdad, simplemente no la habrá.

Señor Presidente, no podría terminar mis palabras sin dejar de destacar el gesto del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Fernando Matthei , por su disposición a esperar el éxito de la labor de la Comisión "Verdad y Reconciliación". Si ese espíritu reinara en todas las personas, instituciones y partidos, sería más fácil el camino de reencuentro entre los chilenos y de su definitiva reconciliación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Víctor Pérez , en el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente.

El señor PEREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, la ley NQ 18.900, publicada en el Diario Oficial de fecha 16 de enero de 1990, puso término a la existencia legal de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo.

El plazo para liquidar los respectivos patrimonios se fijó en tres meses, contados desde la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial. A su término, se entienden extinguidas todas las funciones y atribuciones de dichos organismos, y los activos o bienes patrimoniales que no fueren liquidados dentro del término indicado pasarán, por el solo ministerio de la ley, al fisco, quedando en consecuencia tanto la Caja como la Asociación impedidas de efectuar acto o contrato alguno, salvo los que se relacionen directamente con subsanar reparos u observaciones formuladas a la rendición de cuenta que deberá ser sometida a la consideración del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Hacienda.

Entre los bienes de los organismos citados se encuentran los créditos que la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo había adquirido del Instituto de Normalización Previsional, sucesor legal de las antiguas cajas de previsión Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Caja de Empleados Particulares, Servicio de Seguro Social, Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República, etcétera, y que corresponden a préstamos que éstas habían otorgado a sus ex imponentes para la adquisición y construcción de viviendas. La cesión de estos créditos está contenida en la ley N° 18.591 y en el decreto con fuerza de ley N° 33, de 1987, del Ministerio del Trabajo, en relación con la ley N° 18.689. Los créditos adquiridos se estimaron en 24 mil operaciones individuales.

En el mes de septiembre de 1989, se otorgó a los deudores de las cajas un descuento que fluctuaba entre 50 y un 90 por ciento del saldo insoluto. Para acogerse al descuento, el interesado debía pre pagar su deuda al contado dentro de un plazo que venció el 30 de noviembre del mismo año. Esta operación se combinó con una licitación que la Asociación llevó a cabo del total de los créditos referidos, licitación que se adjudicó mayoritariamente el Banco del Desarrollo, entidad que se obligó a mantener los descuentos otorgados a los deudores.

Vencido el plazo del 30 de noviembre último, pre pagaron sus créditos alrededor de 14 mil deudores, de los cuales aproximadamente, 7 mil solicitaron el alzamiento de las garantías hipotecarias. El resto no lo hizo, sea por falta de información, sea por carecer del dinero para los gastos que demandaba el trámite notarial. Por otra parte, el plazo de 90 días señalado por la ley N° 18.900 resulta demasiado exiguo para perfeccionar el traspaso de los créditos que licitaron los bancos, por lo que la ANAP se verá impedida de otorgar todas las escrituras de cancelación que se le requieran

Todos estos hechos determinaran que alrededor de 7 mil ex deudores no tengan la posibilidad de obtener, en forma rápida y económica, el instrumento público que reconozca la extinción de su deuda, para poder disponer libremente de sus respectivos inmuebles. Por las consideraciones expuestas, solicito que se oficie a S.E. el Presidente de la Republica, por intermedio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a fin de que envié, a la brevedad, al Congreso Nacional, un proyecto de ley que prorrogue el plazo para ejercer las facultades otorgadas a la Caja Central y a la Asociación para el otorgamiento de las escrituras de cancelación. Hago presente que apoya esa petición el Diputado señor Cristian Leay. La ampliación del plazo favorecerá a los ex deudores de las cajas de previsión, ya que permitirá, por un lado prepagar sus créditos a quienes no pudieron hacerlo oportunamente; y por otro, obtener la escritura pública que acredite la extinción de su deuda, liberando sus inmuebles, a todos los que pagaron.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Señor Carlos Bombal.

El señor BOMBAL .-

Señor Presidente, me referiré a las declaraciones del señor Ministro del Interior, don Enrique Krauss aparecidas en un diario el domingo 6 de mayo. A la siguiente afirmación: “el decreto que creo la Comisión “Verdad y Reconciliación” no explicita si respetaran o no la Ley de Amnistía”, el señor Ministro responde: “El decreto no tiene por qué pronunciarse respecto a determinados instrumentos jurídicos. Plantea que se investiguen los hechos desde el 11 de septiembre de 1973”.

A la pregunta: “¿Por qué desde el 11 de septiembre de 1973 y no desde antes?” el Ministro responde- y aquí viene la declaración que quiero comentar- : “Porque ese día se terminó el Estado de Derecho en Chile”. Y agrega “Antes sin duda se encontraba amenazado y yo mismo contribuí con mi voto al acuerdo de la Cámara de Diputados, representándoselo así al Gobierno de Allende. Pero entonces existía un Congreso operante, Tribunales de Justicia operantes, una Contraloría General de la República operante, plena libertad de información. Nadie podía sostener que no había capacidad para defenderse ni para investigar cada uno de los hechos”.

Hasta ahí las cutas textuales.

Señor Presidente, me referiré al acuerdo de la Cámara de Diputados que el señor Ministro menciona en esa entrevista de prensa, y al cual concurrió con su voto.

Dicho acuerdo señala en su primer punto: “Es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los Poderes Públicos con pleno respeto a los principios de independencia reciproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y la ley les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado”.

El Ministro habla de que, entonces, Congreso operante. Y en el mismo acuerdo suscrito por el Ministro, en su número siete, dice: "Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno" el de la época "ha incurrido en los siguientes atropellos: "1°.- Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar” 2°.- Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional, al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le compete para destituir a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la Ley, o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental;". Por último, dice que "Ha hecho tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía".

El Ministro señor Krauss dice que "había un Congreso operante"; que había "Tribunales de Justicia operantes". Y, el acápite ocho del acuerdo que él firmó en aquel entonces dice: "Que en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido" el Gobierno en los siguientes desmanes: ha minado la autoridad de la magistratura al doblegar su independencia; ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines al Gobierno mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención; ha violado leyes expresas y se ha hecho tabla rasa del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o las resoluciones judiciales".

El señor Ministro dice que "había Tribunales de Justicia operantes", y que "había una Contraloría operante". Y la Contraloría General de la República, en reiteradas oportunidades, debió representar, mediante sus dictámenes, la inconstitucionalidad e improcedencia de las leyes que el Gobierno pretendía dictar. Los decretos de insistencia fueron reiterados. Tengo aquí el oficio con el que el señor Contralor le representa al Presidente que no puede despachar la Ley de Reforma Constitucional, porque el texto que promulga el Gobierno es distinto del que había aprobado el Congreso.

En seguida, y si de derechos humanos se trata, el acuerdo a que alude el Ministro y que denunciaba que se quebraba el Estado de Derecho hecho que ahora él no reconoce dice "que se ha violado el principio de igualdad ante la ley; qué se ha atentado gravemente en contra de la libertad de expresión encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; que se ha violado el principio de la autonomía universitaria" estoy abreviando"; que se ha estorbado, impedido y a veces reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión; que se ha atentado contra la libertad de enseñanza; que se ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad; que se ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que la? víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas; ha desconocido los derechos de los trabajadores; ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos; ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite a las personas salir del país...".

Señor Presidente, éste era el Estado de Derecho que existía el 11 de septiembre.

Lo claro es y no como lo sostiene el Ministro que no se quebró el 11 de septiembre de 1973 el Estado de Derecho. Este acuerdo de la Cámara de Diputados, las reiteradas resoluciones de la Excelentísima Corte Suprema, los reiterados oficios del poder contralor de la época demuestran claramente que el Estado de Derecho en Chile se había quebrado mucho antes.

¿Por qué traigo a colación ese acuerdo y estas declaraciones del Ministerio del Interior? No por indicar la simple y gravísima contradicción en que el Ministro ha incurrido, sino porque esto tiene mucha relación con la Comisión "Verdad y Reconciliación". Porque, precisamente, esa Comisión parcialmente busca interpretar e investigar hechos a partir de una fecha enteramente arbitraria. Porque para que esa Comisión tenga real objetividad debe considerar, necesariamente, las causas que llevaron a la destrucción del sistema democrático en Chile y que expresamente esta Cámara de Diputados lo representó a mi juicio magistralmente en aquel acuerdo en el que, por lo demás, concurrieron con su voto más de alguno de los Diputados que se encuentra hoy día presente en esta Sala, o al menos integrando esta Cámara.

Habrá reconciliación y habrá verdad en la medida en que se dé un trato igualitario a las causas y a los efectos que provocaron la crisis institucional en el país.

Pienso que la Comisión "Verdad y Reconciliación" tiene una importante tarea que, cumplir. Pero esa tarea quedará inconclusa o será enteramente arbitraria o discriminatoria si no consideran elementos tan importantes como los que he reseñado en esta oportunidad y que, lamentablemente, el señor Ministro del Interior, en su declaración, pretende ignorar. Lo grave es que él concurrió al acuerdo; lo grave es que él fue protagonista de todo lo que he recordado. Pocas cosas he agregado yo, en lo personal, a lo que aquí he precisado. Por lo mismo, me parece tremendamente grave que sea ése el espíritu con que el Gobierno quiere enfrentar un tema tan importante y en el cual todos los chilenos, naturalmente, debemos prestar nuestra colaboración.

Reitero que habrá verdad y habrá reconciliación en la medida en que no se parcialicen los elementos objetivos de análisis que requiere un tema de esta importancia. Por lo mismo, esta Comisión, de recoger los antecedentes que versen sobre la materia desde mucho antes de la fecha 11 de septiembre señalado como inicio, porque entonces, realmente, encontrará las causas más profundas de la grave crisis que vivió nuestro país y que, precisamente, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden contribuyó decididamente a solucionar, al punto de que logró institucionalizar el país y permitió, con su proceso gradual de avance, llegar a donde estamos hoy día: a esta Cámara de Diputados y a este Congreso, que está debatiendo, precisamente, el futuro del país.

Muchas gracias, señor Presidente.

Aplausos en la Sala y en las tribunas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde usar de la palabra al Comité Radical.

El señor BOMBAL .-

Señor Presidente, no estoy seguro de si quedan algunos minutos solicitados por el Diputado señor Urrutia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí; pero hablamos de que esos minutos fueran acumulados por Renovación Nacional para el día de mañana.

El señor BOMBAL .-

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Rocha.

El señor ROCHA .-

Señor Presidente, Honorable Cámara, desde hace algunos años, la zona del carbón, la cual represento en parte importante, se ha convertido en una trágica tradición al comenzar las primeras lluvias, puesto que se producen graves accidentes que cuestan la vida a muchos modestos trabajadores de los pirquenes.

Durante el año pasado fueron 25 compatriotas los muertos, muchos de ellos jóvenes que recién comenzaban la dura lucha por sobrevivir.

La actividad carbonífera informal, señores Diputados, ha tenido un crecimiento explosivo debido a la gravísima situación económica de la provincia de Arauco. Se calcula que más de 5 mil personas trabajan en esta actividad, a veces, en condiciones miserables. La abundancia del carbón en sectores aledaños a la ciudad de Curanilahue, en la comuna de Los Álamos, o en Lebu, incita a familias enteras a dedicarse a esta actividad, las más de las veces, sin tener siquiera el más mínimo resguardo, protección o asesoría, en una labor llena de riesgos y de peligros.

De esta manera, en ausencia de la necesaria e indispensable asesoría e información, suele ocurrir como decía que al comenzar las primeras lluvias, los piques artesanales o socavones abandonados se llenen de agua y se conviertan, entonces, en trampas que dejan caer su carga de agua, piedra y lodo sobre el pirquén que se explota a su lado.

No es mi interés, señor Presidente, dramatizar acerca de esta materia tan delicada e importante. Pero, sí, debo decir con énfasis que es preciso aplicar algunas medidas urgentes e impostergables; las que, de no adoptarse, nuevamente expondría, durante el resto del año, a otra tragedia como las que ha sufrido el distrito que represento.

De ahí, entonces, que pida, formalmente, oficiar al señor Ministro de Minería, solicitándole que dote de personal y de recursos al Servicio Nacional de Geología y Minas (SERNAGEOMIN), a fin de que asuma, en la zona del carbón, las tareas que legalmente le corresponden y respecto de las cuales se actuó con tanta negligencia en el pasado reciente. Se lo pido formalmente al señor Ministro del ramo, y ruego que se le oficie en el sentido de que en el período más breve posible destine un número de inspectores de SERNAGEOMIN, de acuerdo con la importancia de la actividad carbonífera.

La Honorable Cámara debe saber que para la provincia de Arauco, incluyendo la actividad carbonífera de la provincia de Concepción, se dispone de un solo funcionario de SERNAGEOMIN que atiende a más de 50Q pirquenes.

También, en el mismo oficio, solicito que la Oficina de SERNAGEOMIN, actualmente ubicada en Concepción, se traslade a la zona donde está concentrada precisamente la actividad minera del carbón, es decir, a Lota o a la provincia de Arauco.

De esta manera, señor Presidente y Honorable Cámara, con estas medidas tan simples como lógicas, que distan mucho de ser definitivas, podremos brindar a los pirquineros del carbón que laboran día a día, con tanto riesgo para sus vidas, y muchas veces en condiciones de pobreza, abandono e inseguridad, la atención que el Estado no puede negar al más modesto de sus hijos.

Finalmente, señor Presidente, pido que se oficie en los sentidos indicados, en nombre de la Honorable Cámara, o de la bancada radical, si no hubiera unanimidad.