Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar, en primer lugar, el proyecto de ley, despachado en primer trámite constitucional por el Senado, sobre normas de entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y de salida de tropas nacionales del mismo.

El proyecto, aprobado por el Senado, impreso en el boletín N° 119-02, dice lo siguiente:

"Artículo 1°.- Durante 1990, la entrada de tropas extranjeras al territorio de la República, como asimismo la salida de tropas nacionales fuera de él, se regirán por esta ley.

Artículo 2°.- La entrada de tropas extranjeras al territorio de la República deberá ser autorizada por decreto supremo firmado por el Presidente de la República, expedido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, previo informe del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la o las Instituciones de la Defensa Nacional que corresponda.

El decreto supremo que autorice el ingreso de tropas deberá fijar el objeto y modalidades del mismo.

Los informes a que se refiere el inciso primero deberán ser evacuados dentro del plazo de 10 días, contado desde su requerimiento, transcurrido el cual sin que se emitan, se podrá prescindir de los mismos.

Si la entrada obedece a la celebración de efemérides nacionales, viajes de instrucción o de logística, actos de cortesía internacional o cumplimiento de acuerdos de intercambio militar, la autorización será dada mediante resolución del Ministro de Defensa Nacional.

Artículo 3°.- El ingreso de buques de guerra extranjeros en aguas sujetas a la jurisdicción nacional y de aeronaves militares extranjeras en el espacio aéreo sobre las aguas jurisdiccionales y el territorio de Chile, se regirá por las normas legales y reglamentarias internas, por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y por la reciprocidad internacional.

Artículo 4°.- La salida de tropas nacionales fuera del territorio de la República deberá ser autorizada por decreto supremo firmado por el Presidente de la República, expedido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, previo informe de la o las Instituciones de la Defensa Nacional que corresponda.

En el decreto aludido en el inciso anterior se fijará el objeto de la salida de las tropas y al informe se le aplicará la norma del inciso tercero del artículo 2°.

Si la salida tiene por finalidad participar en celebración de efemérides, viajes de instrucción o de logística, actos de cortesía internacional o cumplimiento de acuerdos de intercambio militar, se aplicarán las normas relativas a las Comisiones en el extranjero establecidas en el Estatuto del Personal correspondiente, sirviendo de suficiente autorización los decretos que las dispongan.

Artículo 5°.- No será necesaria la autorización a que se refiere esta ley cuando las tropas nacionales se desplacen de un punto a otro del territorio de la República, utilizando aguas o espacios aéreos no sujetos a la jurisdicción nacional.

Artículo 6°.- Las autorizaciones que se otorguen en virtud de esta ley deberán indicar el tiempo de duración de las mismas y serán comunicadas, para su conocimiento, al Senado y a la Cámara de Diputados. La comunicación antes indicada no será necesaria en los casos previstos en el inciso tercero del artículo 4°."

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

Como muy bien expresó nuestro Presidente, se encuentra a disposición de cada uno de los señores Diputados el proyecto de ley relativo a la entrada de tropas extranjeras al territorio de la República y a la salida de tropas nacionales del mismo.

La urgencia de este proyecto fue calificada de "suma". Por razones fáciles de comprender por los señores Diputados, no alcanzó a tramitarse a la Comisión respectiva -tampoco tuvimos sesión durante la semana pasada-, y ahora se requiere un rápido pronunciamiento de la Cámara para su despacho en esta sesión.

Se faculta a Su Excelencia el Presidente de la República para que, por decreto supremo, autorice la entrada de tropas extranjeras y la salida de tropas chilenas del territorio nacional, facultad que se le otorga sólo durante el año 1990.

En definitiva, éste es el acuerdo a que se llegó en la Cámara Alta.

En un principio, el Ejecutivo solicitó esta facultad en forma permanente. Sin embargo, en el Senado se llegó al acuerdo de que ella se entregue al Presidente de la República sólo durante el año 1990, permitiéndonos así, como Congreso Nacional, la posibilidad de estudiar una nueva ley durante el resto del año.

Sin lugar a dudas, ésta constituye una fórmula adecuada para salvar una situación que debe ser reglamentada, porque hay compromisos de nuestro país con otros países que requieren la entrada de tropas extranjeras a nuestro territorio, o bien, la salida de tropas chilenas de él.

Por lo tanto, como Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, solicito a esta Honorable Cámara tenga a bien dar su aprobación, por unanimidad, al proyecto presentado por el Ejecutivo, por constituir una fórmula adecuada para salvar, durante el año 1990, los compromisos que el país tiene y la necesidad de reglamentar esta materia, sin perjuicio de ocuparnos, como Cámara y como Congreso Nacional, en el resto del año, de un nuevo proyecto de ley que salvaguarde el interés que seguramente los señores parlamentarios tienen en las dos Cámaras, cual es que, en definitiva, también -ambas, o una de ellas- puedan pronunciarse en el futuro, sobre el establecimiento de una norma permanente de entrada y salida de tropas, ya sean extranjeras o nacionales. Pero, ello podremos discutirlo posteriormente.

Por consiguiente, la Comisión de Defensa Nacional, a través de su Presidente, solicita la aprobación, por unanimidad, de este proyecto.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Schaulshon.

El señor SCHAULSHON.-

Señor Presidente, en realidad, la urgencia con que se nos presenta este proyecto impide efectuar un debate , que es de gran trascendencia, sobre el papel del Congreso Nacional en relación con las Fuerzas Armadas y, en particular, con el ingreso de tropas extranjeras o con la salida de tropas nacionales del territorio.

Todas las democracias occidentales contemplan la participación activa de sus Parlamentos en la resolución de esta materia. Es el caso, desde luego, de Estados

Unidos de Norteamérica y los países europeos. Siempre el Parlamento, ya sea en un sistema unicameral o en uno bicameral, tiene una palabra que decir acerca de ella.

Entiendo perfectamente -como lo ha señalado el señor Ministro- que éste en un tema que tendremos que abordar en los próximos meses, cuando se envíe el anunciado proyecto de ley al Congreso; pero creo que es importante reafirmar acá la doctrina de que, aun cuando se requiera de una ley general, y no de una para cada caso en particular, la normativa de esa ley general debe concederle al Congreso Nacional la oportunidad de participar en la resolución de cuándo es adecuado el ingreso de tropas al territorio nacional o la salida de tropas del territorio nacional. Aun en este caso particular que examinamos, si no fuera por la suma urgencia, en razón de las operaciones militares conjuntas a las que se ha referido el señor Ministro, podría haberse modificado el proyecto de manera de garantizar este principio. Así, en el artículo Io cabría introducir una modificación que señalara que las normas de esta ley no rigen cuando la salida de tropas del territorio nacional sea con fines bélicos o con el fin de participar en bloqueos navales u otro tipo de confrontaciones internacionales, en cuyo caso sería pertinente la aprobación por parte del Congreso Nacional. Pero entiendo perfectamente que la presentación y la aprobación de una indicación de esta naturaleza daría lugar a un trámite más prolongado en el Senado, con las dificultades que ha señalado el señor Ministro.

En razón de eso, me parece necesario aprobar el proyecto que ha enviado el Senado, pero no sin antes señalar, con absoluta claridad, que cualquiera que haya sido la tesis sustentada por las Constituciones de 1980 o de 1925, la normativa futura tiene que consagrar la injerencia directa y principal del Congreso Nacional en estas materias.

Quiero preguntar al señor Ministro, para concluir mis palabras, cuál es el criterio que en este orden de cosas tiene el Gobierno respecto del rol del Congreso Nacional en la autorización de la salida de tropas nacionales y el ingreso de tropas extranjeras en términos de una legislación permanente. Naturalmente, me gustaría mucho escuchar que el Gobierno piensa que el Congreso Nacional tiene un rol muy importante y definitorio que jugar, en estas materias, sin perjuicio, naturalmente, de las facultades que corresponden al Presidente de la República en su calidad de Generalísimo de las Fuerzas Armadas.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, la bancada democratacristiana también concurrirá con sus votos a la aprobación de este proyecto de ley sobre entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, y salida de él de tropas nacionales. Quiero expresar la satisfacción que sentimos al ver que el proceso de formación de la ley con una consulta al Congreso, permite, precisamente, su mejoramiento y la restricción posterior sobre algunos temas que, en una primera proposición, a veces no considera la opinión de todos los sectores políticos de nuestro país.

En este caso concreto, el Gobierno presentó un proyecto. En ese sentido, yo valoro el esfuerzo hecho por el Gobierno para acoger los planteamientos de los distintos grupos políticos del Parlamento.

En la discusión en el Senado hubo preocupación respecto de los dos temas que el señor Ministro ha mencionado, uno, la definición de tropa, que está detrás de la norma constitucional de este proyecto de ley; y el otro, el del rol del Congreso Nacional al respecto, que es precisamente el punto que ha tocado el Diputado señor Schaulsohn . En esos dos aspectos, al ver que existían distintas opiniones, se ha restringido el alcance de este proyecto sólo al curso de este año. Por lo tanto, eso lo hace, tal como lo señaló el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, de mucho más fácil despacho. En un tiempo prudente, cuando llegue ese proyecto, tendremos oportunidad de analizarlo con mayor detención.

En todo caso, sin el ánimo de adelantarnos al debate de fondo -en atención a que el Diputado Schaulsohn ha planteado el problema- es importante que el Congreso Nacional tenga un rol que desempeñar en esto. Pero vale la pena señalar también, a mi juicio, sin alterar el sentido de la norma constitucional que establece lo que le corresponde a la ley, que por algún motivo un Parlamento democrático (valdría la pena revisar lo que fue ese debate), en el año 1970 modificó la norma que obligaba a que en cada caso la autorización para el ingreso de tropas extranjeras se hiciera a través de una ley separada. Además, dejó establecido sólo la norma de que debía ser una ley de tipo general, sin pronunciarse caso por caso.

Por eso, el Congreso Nacional debe tomar conocimiento de la materia, previa consulta al Ejecutivo, lo cual veremos en la ley respectiva. Ese debe ser su rol. Sin embargo, por razones fundamentadas en su momento, el constituyente modificó esa norma constitucional, y le dio un alcance mucho más práctico, porque era bastante complicado, en cada caso de ingreso de tropas extranjeras, cualquiera que fuera el motivo, incluso para ceremonias oficiales, tener que recurrir a un proyecto de ley. Este problema lo analizaremos con mayor detención cuando se envíe el proyecto definitivo.

Haré un alcance a las palabras del Diputado señor Schaulsohn . Es cierto que los parlamentos tienen un papel importante en las democracias occidentales, en relación con la salida o con el ingreso de tropas extranjeras. En el caso concreto de Estados Unidos, el Congreso es determinante para la declaración de guerra; pero la salida de tropas al extranjero es autorizada sólo por el Presidente de la República. Incluso, las tropas norteamericanas que hace pocos días fueron enviadas al Medio Oriente, lo hicieron con autorización del Presidente Bush . Por lo tanto, no fue una determinación del Congreso la que autorizó la salida de las tropas al extranjero, el envío de tropas a esa zona tan conflictiva del mundo.

Esto demuestra que el problema es mucho más complejo y debe ser estudiado por esta Cámara con detención.

Por eso, reitero el reconocimiento al Gobierno por haber recogido las observaciones de los parlamentarios, y por haber modificado el proyecto de ley, dándole un alcance circunscrito sólo a este año, con el objeto de salvar la necesidad de que exista una disposición legal para estos dos casos que se han planteado: las operaciones navales que se realizarán dentro de poco y el ingreso de un portaviones, tengo entendido que en un par de meses más. Creemos que no habrá problema en obtener la unanimidad de la Cámara para aprobar de inmediato esta disposición. Desde luego, concurrimos con nuestros votos a ese objetivo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, Honorable Cámara, si bien es cierto que cabe una discusión más profunda respecto del rol que debe cumplir el Parlamento en las materias que dicen relación con el ingreso de tropas extranjeras o con la salida de tropas nacionales, sin embargo, es indudable que hay un problema de operatividad respecto del cual es inegablemente cierto que una norma que contenga una autorización legal por cada movimiento de tropa significaría un entorpecimiento a su operatividad. En consecuencia, sin perjuicio de la celeridad que se requiere para aprobar este proyecto de ley, debemos ponernos de acuerdo para evitar entorpecer la operatividad del movimiento militar.

Por la tanto, solicito a esta Honorable Cámara que, sin perjuicio de estudiar más a fondo el problema, sancionemos este proyecto de ley, por cuanto, como lo indica su artículo 1°, sólo regirá durante 1990, es decir, para lo que resta del presente año.

Por otro lado, es útil considerar que el proyecto no hace otra cosa que sancionar algo que ha venido sucediendo desde hace varios años, como es la operación conjunta que se desarrolla entre fuerzas navales de los Estados Unidos y las de los distintos países de Latinoamérica; y, en el caso nuestro, desde cierta cantidad de años.

En consecuencia, solicito que nos aboquemos preferentemente a sancionar este proyecto de ley, pues, en el fondo, nos costará mucho más ponernos de acuerdo respecto de si se necesitará un permiso que constituya una ley cada vez que en Chile ingresen o salgan tropas; o bien, si se faculta legalmente al Ejecutivo para que lo sancione de esta manera.

Muchas gracias.

El señor LETELIER.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, en primer lugar, deseo sumarme a las reflexiones de los colegas señores Schaulsohn y Huepe respecto de la necesidad de que, en el próximo proyecto de ley que envíe el Ejecutivo, se cautelen las facultades del Congreso Nacional en materia de ingresos y egresos de tropas respecto del territorio nacional.

Considero muy importante reconocer la sensibilidad del Ejecutivo al modificar el Mensaje original, donde limita la facultad que se solicita solamente para el año 1990. Sin embargo, y sin ánimo de adentrarnos en el debate de fondo que tendremos oportunidad de realizar más adelante, deseo expresar algunas ideas.

En primer lugar, el ingreso y egreso de tropas respecto del territorio nacional no puede ser aprobado sin tener en consideración las concepciones de seguridad del Estado de nuestro país y, por tanto, aquéllas en las cuales se forme a nuestras Fuerzas Armadas. Ello es particularmente relevante, por cuanto las operaciones -por ejemplo, UNITAS , que se realizarán próximamente-, corresponden a la participación de nuestro país en el sistema de seguridad hemisférico, surgido con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, cuyas concepciones, según postulan algunos, están sobrepasadas o caducas, pues en las últimas décadas se han producido grandes transformaciones en el orden internacional.

Adicionalmente, considero relevante destacar, sin perjuicio de anunciar que nuestra bancada aprobará el proyecto de ley despachado por el Senado, que tenemos ciertas reservas, no sólo respecto de la inserción de nuestro país al sistema de seguridad hemisférica, sino también, al ingreso de buques extranjeros con propulsión nuclear. Se trata de un debate que se ha producido recientemente en el ámbito internacional. No consideramos adecuado permitir el tránsito de buques con armamento nuclear o de propulsión nuclear por nuestro mar, por cuanto viola el espíritu del Tratado de Tratelolco, según la opinión de algunas personas.

Por último, haré presente una reserva. Sin duda, los ejercicios con Estados Unidos a través de la Operación Unitas se realizan en un contexto internacional muy delicado. Para nadie es indiferente la posibilidad de que se desate un gran conflicto militar en el Medio Oriente, en un momento en que nuestro país se encuentra participando en ejercicios junto a una de las potencias que mayor participación está teniendo en su desarrollo. Sería crítico que nuestro país estuviese en operaciones con Unidades de Estados unidos en el momento de declararse una conflagración en el Medio Oriente.

Al respecto, recojo las palabras del Ministro de Defensa Nacional, en el sentido de que no hay intención alguna de mandar tropas nacionales al lugar del conflicto. Tampoco está en el ánimo de este Congreso Nacional, que eso ocurra. En todo caso, es importante señalar esta reserva que he mencionado.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, tal como se ha dicho por los Diputados de nuestra bancada, concurriremos a aprobar el proyecto tal cual está.

Sin embargo, es importante aprovechar la presencia del señor Ministro para insistir en un punto. No hay duda, como él muy bien lo ha señalado, de que el mundo está conmovido por una crisis militar y diplomática de proporciones.

La prensa ha señalado que, por parte del Gobierno en exilio del Kuwait, ha habido una gestión hacia Argentina, hacia Chile y hacia otros países, para el envío de tropas. El señor Ministro ha indicado que tal situación no va a ocurrir, lo cual es muy tranquilizador. Por otra parte, el Comandante en Jefe del Ejército ha señalado que es contrario al envío de tropas chilenas a ese escenario.

Sin embargo, no cabe duda de que la eventualidad de esta petición no se puede excluir, y el propio Ministro así lo ha señalado.

Como este proyecto autoriza al Presidente de la República por el año 1990, justamente el año en que este conflicto se está gestando y puede llegar al momento de su mayor crisis, yo quisiera, por intermedio del señor Ministro, pedir al Gobierno, la seguridad de que en el caso de que hubiese una petición por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por parte del Gobierno de los Estados Unidos para la participación de tropas chilenas en el conflicto del Medio Oriente, específicamente en el Golfo Pérsico, él, antes de tomar una decisión, consultará al Senado. Según la Constitución de 1980, hay ciertas materias en las cuales el Presidente puede consultar al Senado. Esto sería para todos nosotros, además, un reconocimiento a la función nuestra en materias de Defensa. Por eso, esperamos que el Ministro nos diera esa seguridad: que antes de tomar cualquier decisión sobre el envío de tropas chilenas a un conflicto de tal envergadura, el Presidente de la República y el Gobierno consultarán la opinión del Parlamento y, en forma específica en este caso, por el papel constitucional que tiene, la opinión del Senado.

Muchas gracias.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabras el señor Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, a título personal, me sumo a las manifestaciones de los Diputados señores Schaulsohn, Letelier y Viera-Gallo, en el sentido de aprobar con reservas el proyecto enviado por el Ejecutivo. Este proyecto debió establecer explícitamente que las atribuciones que se entregan al Presidente de la República son para el envío de tropas nacionales o para el ingreso de tropas extranjeras solamente tratándose de fines pacíficos.

Aparentemente, eso resulta obvio; pero la intervención del Diputado señor Viera-Gallo indica que no es tal, que se habría hecho necesaria una apreciación explícita sobre el particular en el proyecto.

De modo que, ateniéndonos a la urgencia de aprobar este proyecto del Ejecutivo, con el objeto de atender compromisos de nuestras Fuerzas Armadas, es que nosotros concurrimos con esta reserva. Al mismo tiempo, quisiera manifestar también, a título personal, mi reserva respecto del hecho mismo que motiva la solicitud de autorización, cual es la realización de la Operación Unitas.

Quisiera manifestar que no comparto, ni considero de interés nacional que nuestras Fuerzas Armadas lleven a cabo tales ejercicios y mantengan tales vínculos, de acuerdo con lo que es la experiencia de otros países latinoamericanos en la materia, ya que estos ejercicios, más bien, tienden a acentuar una relación de dependencia con el aparato militar de los Estados Unidos.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, cuando el Ejecutivo envió este proyecto al Senado, evidentemente el conflicto del Medio Oriente no tenía las características que actualmente ya reviste. Sin embargo, todos hemos tomado conocimiento por la prensa de la situación que allí se está viviendo.

Por lo tanto, y de acuerdo con las informaciones que manejamos, creo que la salvedad que el Diputado señor Viera-Gallo hace presente, es de todo resguardo. Entonces, sería muy conveniente que pudiéramos tener este compromiso por parte del Gobierno -a cuya petición me sumo- para que en el caso de que, de alguna manera, se solicitara a nuestro país su intervención, antes de que el Gobierno -dado el proyecto de ley que espero aprobemos- quede con esta facultad, se consultara al Senado, como muy bien ha señalado el Diputado señor Viera-Gallo .

Me sumo, entonces, a esta proposición, y, aprovechando que estoy con el uso de la palabra, quisiera señalar, a título personal, que no comparto en absoluto el último acápite de la intervención del Diputado señor Escalona, respecto de los ejercicios de nuestra Armada con la de Estados Unidos, por cuanto ya es tradicional y no significa ninguna dependencia nuestra, sino una cooperación y una integración del todo favorable para nuestro país.

Gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, muy brevemente.

Ya varios Diputados de esta bancada han manifestado su opinión, sus reticencias, sus prevenciones para votar a favor de este proyecto que ha enviado el Ejecutivo.

Nosotros, a través de los Senadores, votamos favorablemente esta iniciativa. Además, en la reunión de Comité sostenida en la mañana, expresamos nuestra decisión de votar en igual sentido este proyecto, que prácticamente tiene un plazo.

Quisiera agregar, señor Presidente, que somos enemigos de este tipo de operaciones conjuntas, porque las consideramos como operaciones conjuntas entre "el tiburón y la sardina": las Fuerzas Armadas chilenas y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En lo que a mi respecta, votaré favorablemente, al igual que los parlamentarios de esta bancada, porque hay un Gobierno democrático que lo está solicitando.

También quisiera expresar que esta Operación Unitas me trae un recuerdo muy triste, porque justamente el año 1973 una Operación Unitas similar con las Fuerzas de Estados Unidos inició el quiebre del sistema democrático de este país y trajo penas, lágrimas y sangre para Chile. Al mismo tiempo, significó la desaparición violenta de un querido y siempre recordado Presidente, como es Salvador Allende.

Nada más, señor Presidente.

-Aplausos en las tribunas.

-Manifestaciones de desaprobación en la Sala.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, me sumo a las expresiones de los parlamentarios de nuestra bancada, que han señalado que aprobaremos el presente proyecto. Pero quisiera aprovechar la oportunidad para reiterar la importancia que tiene el enviar una iniciativa con carácter más permanente sobre la materia, que se evite, aun cuando se trate de manera general el asunto, que ello sea hecho con tanta amplitud que queden en la ambigüedad algunas decisiones.

Por ejemplo, en este proyecto me llama la atención que el artículo 6o señale que la comunicación antes indicada, o sea, la comunicación al Parlamento, en relación a las autorizaciones que se otorguen en virtud de esta ley, no serán necesarias en los casos previstos en el inciso tercero del artículo 4o. Y entre las cosas que se mencionan en el inciso tercero, quisiera subrayar el hecho de que se habla del cumplimiento de acuerdos de intercambio militar. Además, deseo aprovechar la ocasión para que, reiterando la necesidad de precisión y acuciosidad del futuro proyecto de ley -en este momento hago la petición de palabra-, se oficie al señor Ministro a fin de que se dé a conocer al Parlamento, a esta Honorable Cámara, cuáles son los acuerdos de intercambio militar existentes en estos momentos con nuestro país.

Gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, desde el punto de vista de la Constitución Política del Estado y de las leyes que regulan la salida de tropas nacionales fuera del territorio, y ante las opiniones y las aprensiones que aquí se han manifestado, creo que es necesario tener presente, en primer lugar, que la actual Constitución entrega una gran cantidad de atribuciones al Presidente de la República, en lo concerniente a la disposición de las fuerzas de aire, mar y tierra, para organizarías y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional.

Por otro lado, el N° 13 del artículo 60, que sirve de fundamento al proyecto de ley que hoy día estamos conociendo, debería entenderse como que la salida de tropas nacionales fuera del territorio necesariamente debería ser con fines pacíficos y no podría interpretarse que aquélla podría ser con fines bélicos o para participar en conflictos internacionales; porque ello significaría, virtualmente, en el hecho, una declaración de guerra. En ese caso, a mi juicio, no rige el N° 13 del artículo 60 en que se fundamenta la ley que hoy día estamos conociendo, sino que habría que ceñirse a lo dispuesto en el N° 21 del artículo 32 de la Constitución, que exige al Presidente de la República, en caso de declaración de guerra, la dictación de una ley, previa constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional.

De tal manera que, interpretando ambas disposiciones, a mi juicio, de acuerdo .con esta ley, que las bancadas han dicho que aprobarán, creo que este precepto solamente permite la salida de tropas del territorio nacional exclusivamente para fines pacíficos; pero no para participar en conflictos bélicos, porque para ello debería dictarse una ley especial conforme al N° 21 del artículo 32 de la Constitución Política del Estado.

Gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, deseo expresar brevemente que esta discusión la he escuchado en este Parlamento en ocasiones anteriores, cuando se solicitaba la autorización para el ingreso de las tropas extranjeras con el objeto de llevar a cabo la Operación Unitas. Siempre el Congreso Nacional las aprobó. Además, en aquellas oportunidades los Mensajes llegaban a última hora y el Parlamento tenía que sesionar a altas horas de la madrugada, porque era inminente la necesidad de esas autorizaciones.

Por eso, quiero felicitar al Gobierno por haber enviado este proyecto de ley con la debida antelación, para los efectos de que esta Cámara de Diputados y el Senado hayan podido discutir, con la amplitud con que se está haciendo, de modo que esta antelación permitirá que la Operación Unitas se realice en nuestro país sin ninguna clase de tropiezos, aparte de que ella significa para nuestras Fuerzas Armadas, en especial, para la Marina, un intercambio de conocimientos que, en todo caso, son beneficiosos para Chile.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rebolledo.

El señor REBOLLEDO.-

Señor Presidente, muy brevemente, sólo deseo insistir en un punto que creo que es el que concita mayor preocupación en relación con este proyecto. Me refiero al hecho de que no es claro -y en esto quiero disentir del colega señor Huenchumilla- que en el caso de autorizarse la salida de tropas con fines bélicos, entraran en vigencia inmediatamente las disposiciones que obligan a la aprobación de una ley que declare la guerra, en la que participa obviamente el Parlamento.

El caso que está planteando en cuanto a la eventualidad de la participación de tropas chilenas en un bloqueo, que no es estrictamente una guerra y que podría materializarse sin que medie una declaración de guerra, que es justamente la eventualidad ahora planteada, nos pondría en una situación de vacío en relación con la disposición que estamos discutiendo. Desde ese punto de vista, quiero remarcar lo que señaló mi colega señor Viera-Gallo. Sería muy importante que este vacío lo salváramos por la vía de que el Ministro señalara con claridad al Parlamento, que en el eventual caso de que una situación de esta naturaleza ocurriera, se operará de acuerdo con las disposiciones de los artículos 46 y 49, N° 10, de la Constitución Política, en virtud de los cuales el Presidente de la República, para determinadas materias, tiene la facultad o la posibilidad de solicitar un dictamen del Senado de la República.

De esta manera creo que podría quedar salvada y sintetizada la necesidad de aprobar ahora el proyecto como está propuesto, aun con estos vacíos, y la garantía de que en la eventualidad de que tuvieran que salir tropas del país con propósitos relacionados con una situación bélica, como es la que está planteada en el Golfo, pudiera haber una participación adecuada del Parlamento por la vía de la disposición señalada.

Gracias, señor Presidente.

El señor CAMPOS.-

Gracias, señor Presidente. Seré muy breve.

En primer lugar, quiero decir que los Diputados radicales vamos a votar favorablemente el proyecto, en los mismos términos en que fue aprobado por el Senado. En segundo lugar, quiero señalar que nos alegramos de haber escuchado las recientes palabras del señor Ministro, pues demuestran que las prevenciones o temores vertidas por algunos colegas durante el debate son, naturalmente, infundados, lo que evidencia, una vez más, que estamos siendo dirigidos por un Gobierno y por un Ministerio sensatos.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, quiero también señalar que las palabras del señor Ministro, a mi juicio, han sido esclarecedoras respecto de lo manifestado en esta Sala.

Además, señor Presidente, por su intermedio, quiero referirme a la intervención de un Diputado de la bancada socialista, y expresar que me parece una falta de respeto hacer equivalente a una sardina a nuestra Marina de Guerra, en relación al supuesto tiburón norteamericano. No siempre los gigantes han derrotado a los pequeños.

En todo caso, es muy necesario para nuestra Fuerzas Armadas aprovechar todas las oportunidades que se le presenten para estar al día en los modernos métodos de defensa, con el objeto, por supuesto, de preservar la seguridad nacional y, eventualmente, la hemisférica.

El señor PALESTRO.-

¡Es un buen lector de la Biblia el Diputado!

El señor RINGELING.-

En cuanto a la inconexa relación que se hizo en torno de la Operación Unitas, con la muerte del ex Presidente Allende, les recuerdo que ese Presidente y el Parlamento de 1973 autorizaron los ejercicios de la Operación Unitas de ese año.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.-

Gracias, señor Presidente. Seré muy breve.

Sólo quiero reafirmar los conceptos del Diputado Ringeling en cuanto a que constituye un grave error de apreciación y de realismo de los Diputados del Partido por la Democracia relacionar el fracaso del

Gobierno del Presidente Allende con una operación combinada de la Armada de Estados Unidos con las Fuerzas Armadas chilenas.

Ese error de apreciación los está confundiendo. No quieren entender que el quiebre de la institucionalidad del año 1973 fue producto del rechazo de la gran mayoría de este país ...

El señor PALESTRO.-

¡De los ricos de este país!

El señor NAVARRETE.-

... a un gobierno fracasado ...

-Aplausos en las tribunas.

-Suenan los timbres silenciadores.

El señor NAVARRETE.-

... y que el error lo tienen que buscar en su propio seno y no atribuírselo a las Fuerzas Armadas ni de Estados Unidos ni de Chile, porque eso implica suponer gratuitamente que las Fuerzas Armadas chilenas están actuando por mandato de una potencia extranjera. Es bueno que rectifiquen esa posición, porque, después de escucharlos, cada día nos va pareciendo que este error lo están cometiendo de nuevo y que no han aprendido nada.

Gracias, señor Presidente.

El señor PALESTRO.-

¡Fueron los grandes empresarios!

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, sólo deseo dar una opinión respecto del último tema planteado.

Creo que, en el mundo actual, el intercambio científico y el intercambio en todos los planos de la vida social, económica y cultural, es un hecho de la humanidad.

Por eso, no veo realmente ninguna razón por la cual las Fuerzas Armadas de este país no puedan desarrollar también formas de intercambio con otras fuerzas armadas para perfeccionarse y para desarrollar su capacidad técnica.

Por esa razón, no quiero dejar pasar esta ocasión para reafirmar nuestra creencia en cuanto a que ese intercambio puede resultar positivo, siempre que sea claro, plural y, obviamente, para el bien de nuestras instituciones armadas.

Nada más, señor Presidente.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, cuando se dice que son erróneas las prevenciones y los recelos que algunos miembros de esta bancada tienen respecto de los ejercicios que se hacen con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y, en particular, con su Armada, me parece que se trata de una afirmación bastante liviana.

No hay que olvidar que estos ejercicios responden, en gran medida, a un conjunto de relaciones que existen dentro de las fuerzas armadas del continente con los Estados Unidos, basadas fundamentalmente en las orientaciones militares que se desarrollaron a partir de la "guerra fría". Hay todo un sistema estructural. En definitiva, estas mismas Operaciones Unitas están imbuidas en el concepto de la agresión de un enemigo externo a América Latina. Es bastante discutible el hecho de que hoy día nosotros, como país, como parte de este continente, debamos tener una prevención de tal naturaleza respecto de un enemigo extracontinental.

Por otra lado, en cuanto a las afirmaciones relativas a la injerencia de los Estados Unidos en el golpe militar, habría que mencionar los informes de las propias Comisiones del Senado estadounidense, donde queda cabalmente establecida esa injerencia.

Por otra parte, el concepto de "seguridad nacional" -lamentablemente, todavía no aparece completamente desterrado de nuestros institutos armados- nace dentro de las esferas castrenses norteamericanas.

Por lo tanto, el problema de la injerencia o la influencia que tienen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos respecto de sus congéneres latinoamericanas, no es una cuestión trivial. Creo que es un asunto que está presente. Por eso, los Diputados de esta bancada tenemos prevenciones en relación con esta situación; más aún cuando todavía no tenemos informaciones concretas, reales, de todo el conjunto de tratados y de relaciones obligadas o de compromisos que han asumido las Fuerzas Armadas chilenas con otras del continente y, fundamentalmente, con las de los Estados Unidos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hago presente que algunos Comités han solicitado el cierre del debate, lo que sólo sería posible si dos Diputados hubieren manifestado su rechazo al proyecto. Curiosamente, si bien el debate ha derivado hacia otras materias, nadie se ha pronunciado en su contra, por lo cual no corresponde cerrar el debate.

El señor ESCALONA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, quiero precisar, dada la intervención de algunos Diputados de la UDI y de Renovación Nacional, que nuestra actitud no es de crítica a las decisiones que han tomado el Ministro de Defensa y la Armada de Chile, ni tampoco es una actitud de rechazo intransigente al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

Nosotros consideramos que este tipo de ejercicios, o sea, la Operación Unitas, corresponde a-un esquema que en el mundo ha caído completamente en desuso. Son instituciones anacrónicas que perviven desde el tiempo de la "guerra fría". De modo que nuestra actitud, simplemente, se traduce en manifestar una reserva, dada la experiencia anterior, no solamente de nuestro país, sino de otros, que ha sido lesiva para los intereses de Chile y de otros Estados. Sin embargo, reitero, eso no nos hace tener en este momento una actitud de rechazo, sino manifestar una explícita reserva ante lo que nosotros consideramos una institución anacrónica, resabio de la "guerra fría", que está en superación en un mundo que crecientemente se abre hacia la distensión, el pluralismo y, ojalá, en última instancia, hacia el más completo e integral desarme.

Muchas gracias.

El señor MEKIS.-

Señor Presidente, a propósito de la discusión de este proyecto, que cuenta con la aprobación unánime del Senado, quiero hacer una reflexión.

El Parlamento chileno demuestra con hechos, y también con las normas que aprobamos aquí, el verdadero espíritu de cooperación que tenemos con los Estados Unidos. Por eso, reclamo el apoyo general para que, de una vez por todas, se termine con la Enmienda Kennedy, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, la cual no refleja el mismo espíritu de colaboración que nosotros demostramos para con los estadounidenses. ¡Basta de la Enmienda Kennedy! Se han cumplido todos los requisitos para que sea levantada. Debemos terminar con ella, a través de la unidad nacional en torno de este tema.

Gracias, señor Presidente.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, en primer lugar quiero reafirmar la importancia que reviste el hecho de que en este Parlamento se pueda debatir un tema tan fundamental para el desarrollo de nuestras relaciones exteriores y, en particular, de las instituciones de la Defensa Nacional.

Esto prueba que el proceso democrático de nuestro país está desarrollándose en forma madura y responsable. Me parece que lo indicado es remarcar esta perspectiva y esperar que el proyecto de ley, anunciado por el Ejecutivo, tendiente a establecer criterios y procedimientos definitivos sobre la materia, llegue al Congreso Nacional para realizar la discusión de fondo sobre este tema.

En consideración a eso, solicito que, agotada la discusión de este proyecto, no caigamos en situaciones del pasado, que lleven la discusión en otra dirección ni tampoco en el análisis de otras situaciones, cuya solución, como todos sabemos, la abordará el Ejecutivo por la vía de otros proyectos de ley.

Por último, quiero expresar nuestra satisfacción por el hecho de que este Parlamento, el Gobierno de Chile y sus Fuerzas Armadas continúen avanzando en la línea de la plena reinserción internacional de nuestro país.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde entrar a conocer el proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, el cual viene despachado, en segundo trámite constitucional, por el Senado

-Las modificaciones introducidas por el Senado son las siguientes:

"Artículo 2°.- Ha consultado, como número 1), nuevo, el siguiente:

"1) Introdúcense, al artículo 52, las siguientes enmiendas:

A)Suprímese, en la letra N) la conjunción "y" que aparece al final de esta letra, reemplazando la coma (,) que la antecede, por un punto y coma (;).

B)Sustitúyese en la letra N), el punto final (.) por un punto y coma (;).

C)Agréganse, a continuación de la letra N), las siguientes letras nuevas:

"O) Título de Educador de Párvulos, Licenciado en Educación, y

P) Título de Periodista, Licenciado en Comunicación Social."

Como consecuencia de la modificación anterior, el número 1) de este artículo ha pasado a ser número 2) sin enmiendas.

El número 2) de este artículo ha sido rechazado.

Ha agregado como N°4, nuevo, el siguiente:

"4) Intercálase en el artículo 7o Transitorio entre los vocablos "Pedagogía" y "que", las siguientes palabras precedidas de una coma (,):", Educación Parvularia y Periodismo".

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, estimados colegas parlamentarios:

El propósito del Gobierno, al presentar el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, fue incluir en ella determinadas modificaciones indispensables y urgentes de aplicar para corregir aspectos referentes a la normativa transitoria de dicha ley.

Simultáneamente, el Ejecutivo encomendó a la Comisión de Estudio de la Educación Superior -constituida el 4 de mayo pasado, en virtud del decreto supremo N° 529, de fecha 3 de ese mismo mes -la proposición de una reforma coherente y sustantiva de la mencionada Ley Orgánica, cuyos resultados serán presentados antes de finalizar el presente año, momento en el cual se podrán debatir ampliamente los diversos asuntos contenidos en dicha ley.

En consecuencia, las cuestiones en que se centra el proyecto de ley del Gobierno tienen un carácter muy específico dentro del amplio conjunto de disposiciones y temas contenidos en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, cuyo análisis está siendo realizado, repito, en la Comisión de Estudio de la Educación Superior.

Los objetivos del proyecto son tres.

En primer término, poner en aplicación, desde la partida, para las nuevas instituciones de educación superior que se creen y organicen en el futuro, el mecanismo de acreditación contemplado en el artículo permanente de la Ley Orgánica Constitucional.

La evidencia indica que el sistema de examinación no solamente ha sido deficiente, sino que es una alternativa que de muchas formas parece estar agotándose y, por lo mismo, no se justifica su aplicación para estas nuevas entidades.

Es necesario tener en cuenta que la libertad de enseñanza se asegura, esencialmente, cuando las instituciones que se crean constituyen proyectos sólidos y serios, a partir de los cuales se visualiza estabilidad y persistencia en el desarrollo de los objetivos académicos, aspectos éstos que son garantía de la calidad que la sociedad tiene el deber de exigir en todo proyecto educacional. En las condiciones actuales, mantener tal mecanismo como una opción abierta a nuevas iniciativas institucionales, no constituye resguardo de ninguno de los principios envueltos. Por ello, se ha planteado derogar el artículo 3o transitorio.

Respecto de las instituciones existentes, no parece conveniente que en el futuro el Ministerio mantenga la facultad legal prevista en la ley N° 18.962, e incorporada en el inciso segundo del artículo 2o del proyecto en discusión, en el sentido de encontrarle una entidad examinadora a una institución que, requeriéndola, no la hubiera obtenido por sí misma.

El corto período durante el cual se aplicó esta disposición, ha llevado a situaciones prácticas aberrantes, en términos de principio, como el de las Universidades que aceptaron el encargo de examinar, sin siquiera impartir ellas mismas la carrera correspondiente.

Por otra parte, una disposición de esta naturaleza resulta ser, en definitiva, atentatoria en cuanto a la autonomía de la universidad examinadora. Es válido pensar que la universidad que ha recibido, por el ministerio de la ley, la facultad de ser examinadora, puede y debe definir, por sí misma, las condiciones y exigencias para llevar a cabo esta misión que la sociedad delega en ella, y resolver, en consecuencia, de un modo autónomo, cualquier solicitud al respecto.

La derogación solicitada no impone límites al sistema de examinación. Más bien, este límite se ha ido configurando naturalmente dado el número de instituciones que están funcionando y la concentración de su oferta en determinadas carreras. Ejemplos: ingeniería comercial, derecho, psicología, periodismo.

El sistema de examinación es una alternativa abierta a todas las instituciones existentes, a las cuales les resulte preferible actuar a través de él. Así lo dispone el artículo 2o transitorio, inciso primero. Estas mismas instituciones pueden también, opcionalmente, acogerse al mecanismo de acreditación, tal como lo establecen los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

En consecuencia, la derogación propuesta, tanto de la ley N° 18.962 como del artículo 2o, inciso segundo, no limita, por sí misma, la libertad de opciones abierta a los interesados en cuanto a que existan mecanismos alternativos de resguardo para la sociedad sobre la seriedad de los proyectos que impulsen y, en cambio, elimina una disposición atentatoria de la autonomía de las universidades examinadoras.

Por último, se ha planteado disponer de un lapso prudencial de 12 meses como tiempo para hacer un diagnóstico sobre la formación de técnicos en Chile y la capacitación de trabajadores, con miras a definir mejor el campo y el dominio de los centros de formación técnica, para luego, resolver sobre la autonomía de estas instituciones, anteriormente sometidas a una supervisión permanente del Ministerio de Educación.

Este período de tiempo es apropiado si se toma en consideración la gran heterogeneidad que ha adquirido este sector formativo de nuestro sistema educacional. Hay, por tomar un solo antecedente, programas de formación de técnicos de nivel medio, de nivel superior y de nivel universitario, conducentes a títulos de igual denominación. Como éste, hay otros aspectos que requieren ser examinados bajo una perspectiva más amplia. De allí el plazo establecido.

Modificación del artículo 52 de la ley en referencia.

La indicación propuesta por la Comisión de Educación del Senado, modificatoria del artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, tiene razón de ser dentro del contexto del sistema de educación superior que por ella se implanta, como asimismo, conformidad con su diseño, cuyos antecedentes son los decretos con fuerza de ley N°s 1, 5 y 24 del año 1981. En dicho marco, queda reservado, con exclusividad a las instituciones universitarias, el otorgamiento de aquellos títulos profesionales que tienen como condición la obtención del grado de licenciado en las disciplinas básicas que constituyen el fundamento teórico de la formación de un profesional competente en la materia respectiva.

Con el referido alcance, la cuestión por resolver es si los contenidos curriculares definidos para la formación de los profesionales comprenden un conjunto de asignaturas básicas en las disciplinas científicas respectivas, con un nivel equivalente al de una licenciatura.

La carrera de Periodismo está siendo dictada en la actualidad solamente en instituciones universitarias; no así la carrera de Educación de Párvulos, que es ofrecida también en institutos profesionales.

En el caso de Periodismo, las universidades de mayor tradición en la formación de profesionales han ido incorporando en ese campo, el desarrollo progresivo de las disciplinas básicas y de las metodologías correspondientes del área de Ciencia de la Comunicación e Información Social, lo que permite que algunas de ellas entreguen actualmente el grado de licenciado junto con el título profesional. Por este motivo, los parlamentarios democratacristianos ya habían definido una posición sobre el carácter universitario de esta carrera.

En cuanto a la carrera de Educación Parvularia, la experiencia acumulada en el nivel universitario en Chile muestra que no hay diferencias entre los aspectos curriculares de Ciencias de la Educación, y los de Pedagogía en Educación Básica y Pedagogía en Educación Diferencial, razón por la cual resulta admisible darle a aquélla un tratamiento equivalente al de las dos últimas carreras nombradas.

En consecuencia, los Diputados democratacristianos -sin que por ello nos pronunciemos sobre el fondo del asunto implicado, de acuerdo con la normativa vigente, cual es la definición de grados y títulos profesionales- consideramos que la indicación aprobada a este respecto complementa el proyecto de ley, presentado por el Gobierno, que reforma la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Es, asimismo, parecer de los Diputados democratacristianos que no se introduzcan nuevas modificaciones en toda esta materia, mientras no se haya completado el análisis más global de la legislación universitaria, que, actualmente, está efectuando la Comisión de Estudio de la Educación Superior, la que deberá emitir su informe sobre estos asuntos antes del 3 de noviembre de este año.

En resumen, los Diputados democratacristianos aprobaremos la modificación del Senado referente al otorgamiento de calidad universitaria a las carreras de periodismo y de educación parvularia. Pero rechazamos la derogación del artículo 72, número 2, relacionado con la acreditación de las universidades.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, promulgada por el anterior régimen el 10 de marzo de 1990, es, sin duda, un cuerpo legal imperfecto que requerirá de una detallada revisión y mejora por esta Cámara.

La evidente inquietud provocada en el seno de la comunidad nacional con respecto a la instalación indiscriminada, y, obviamente, excesiva, de universidades privadas durante los últimos años, hasta llegar al medio centenar, carentes muchas de ellas de una infraestructura adecuada en lo material y en lo académico, que pone en tapete la fe pública de los títulos profesionales que en ellas se otorguen, movió al Ejecutivo a requerir una modificación puntual respecto de la necesidad de establecer un sistema de acreditación y de autorización para la instalación de nuevas universidades por el Consejo Nacional de Educación, como lo establece el articulado permanente de la ley orgánica en comentario. Por ello, esta Cámara aprobó, en forma unánime, la derogación del inciso segundo del artículo 2o transitorio y del artículo 3 transitorio, los cuales permitían que, por un mero trámite administrativo, se pudiera continuar autorizando la instalación de nuevas universidades.

El Senado, en el segundo trámite constitucional de este proyecto de ley, agregó como letras nuevas del artículo 52, las carreras de educación parvularia y de periodismo, entre las que son consideradas exclusivamente universitarias.

Aunque del todo ajeno al Mensaje de la iniciativa, esta es una de las muchas mejoras que requiere la referida ley orgánica constitucional. Por ello, y por estimarlo de justicia, le damos nuestro acuerdo.

El Senado también rechazó la derogación del inciso segundo del artículo 2o transitorio y del artículo 3o transitorio. Por lo tanto, ha insistido en que el Consejo Nacional de educación no sea necesariamente el ente que autorice la instalación de nuevas universidades privadas en los próximos dos años.

Nos parece que ése es un criterio inadecuado, que no vela por la calidad de la educación superior y la ratificación, por los pares, de la calidad de las universidades.

Esta posición es del todo opuesta al acuerdo unánime tomado por esta Cámara en el primer trámite. Por ello, nuestra bancada insistirá en la derogación de aquellos dos artículos transitorios, motivo de este debate.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, al iniciarse la discusión de esta ley, todavía no se constituía la Comisión designada por el Ejecutivo para el estudio de la educación superior. El Ministro de Educación, en ese momento, frente a las aprensiones que le manifestamos los Diputados de la Oposición con respecto a este proyecto de ley, señaló que esa Comisión se constituiría y que se abocaría a la revisión general de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y del sistema de educación superior, dando garantías de que no se afectarían la libertad de enseñanza ni la de crear nuevas universidades.

El Senado -corrijo al señor Diputado en el sentido de que este proyecto no fue aprobado por unanimidad, pues, según entiendo, hubo votos en contra- al tratarla, se encontró con que, de hecho, la referida Comisión ya estaba constituida. Entiendo que han trabajado sobre la base de los análisis hechos por aquélla y que en el mes de noviembre estaría evacuado el informe. El criterio adoptado por el Senado consiste en no innovar, por ahora, en materia de acreditación de universidades, porque parece aconsejable, toda vez que, contra toda eventualidad, el Ejecutivo presentaría, en noviembre una legislación global sobre esta materia. De manera que es saludable el criterio del Senado en cuanto a rectificar la posición que tuvimos inicialmente, puesto que, como digo, la Comisión no estaba oficialmente constituida y, después de ello, ha dado seguridades de que se pronunciará sobre este tema.

Señor Presidente, por estas razones, la Unión Demócrata Independiente y los independientes nos pronunciaremos favorablemente respecto de las modificaciones propuestas por el Senado.

Asimismo, quiero agregar que la acogida que tuvo en el Senado la indicación presentada por don Eugenio Cantuarias , respecto de incorporar las carreras de. Educador de Párvulos y de Periodista, Licenciado en Comunicación Social, es de la mayor importancia. De esa forma se incorpora a los educadores de párvulos que forman parte importante del proceso de enseñanza. Es muy difícil e injusto también, hacer distingos cuando el proceso de enseñar se confía a los educadores desde los primeros años de la niñez.

De allí, entonces, que se haga justicia en un aspecto tan relevante como éste. Por eso, esta indicación viene no sólo a complementar sino también a mejorar sustantivamente la Ley Orgánica de Enseñanza que, en esta materia, se había quedado atrás.

Respecto del título de Periodista, Licenciado en Comunicación Social, en estos mismos momentos se discute una legislación muy importante sobre libertad de expresión, sobre todo cuando por un lado, hemos conocido situaciones como la planteada por el oficial N.N., en que se llevó a extremos la libertad de expresión; y, cuando, por otro, es evidente la relevancia del desarrollo de las funciones periodística y de libertad de enseñanza en la vida nacional, y, por consiguiente, de este título, que no estaba incorporado en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, con lo cual ahora se hace justicia también a los gremios que las representan.

De manera que, aquí no tan sólo se hace justicia, sino que se incorpora a nuestra convivencia social algunos aspectos, de la mayor importancia, que no se encontraban en el referido ordenamiento.

En consecuencia, votaremos favorablemente las modificaciones del Senado.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, en relación con algunas de las enmiendas del Senado recaídas en el proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, Renovación Nacional ha estimado conveniente hacer presente que la situación de vacío respecto de dos carreras profesionales, pero no universitarias de acuerdo con la ley actual, tal como expresaran quienes me han antecedido en el uso de la palabra, realmente se subsane con la edición del Senado, y, por consiguiente, salvaguarda el futuro de los profesionales. En verdad, la única forma de que los profesores o educadores parvularios, o los que ejercen la carrera profesional de periodista, puedan seguir perfeccionándose y obtener grados académicos, radica en que sus títulos profesionales se sustenten sobre la base de una licenciatura. Sin ella es imposible acceder a posgrados que los conduzcan a grados superiores a los que en la actualidad poseen.

Por otro lado, en cuanto a la carrera de Educadores de Párvulos, también es menester manifestar que la enmienda también subsana el problema que se iba a presentar cuando estudiemos el Estatuto Docente que próximamente presentará a esta Cámara el Ministerio de Educación, porque el hecho de IJO contar con licenciatura ni de obtener un magister o un grado de doctor, inhibiría a estos profesionales para optar a una mejor situación dentro del sistema educacional chileno.

Por otro lado, el alto nivel profesional y la función tan delicada que cumplen los periodistas, no sólo por su labor de informar a la comunidad, sino también por, de alguna u otra manera, orientar a la opinión de los diferentes sectores para que la comunidad tome posiciones respecto de la vida cotidiana nacional, justifican plenamente el gran acierto del Senado de incluir esta carrera entre las universitarias.

En cuanto a la exanimación o al sistema de acreditación previsto en el artículo 2° transitorio, especialmente en su inciso tercero, Renovación Nacional concuerda plenamente con el anhelo de que la Comisión creada por el decreto supremo N° 529, la cual tendrá que entregar su informe el 3 de noviembre próximo, resuelva los problemas del sistema de educación superior en Chile.

En consecuencia, junto con esperar las modificaciones reales que introducirá la nueva normativa, creemos necesario separar esta Ley Orgánica Constitucional de una ley que reúna a la educación básica, media, y pre-básica, en un estado. Por ello, debemos concluir que la enseñanza superior, conformada por los centros de formación técnica, los institutos profesionales y las universidades, puede regularse por otra ley orgánica.

Estaremos a la espera de ambas decisiones, para analizarlas y aportar lo mejor de nuestro ser. Dada la importancia de la educación en Chile, proceso del cual se deriva el futuro y la capacidad no tan sólo productiva, sino también moral y ética del país, Renovación Nacional votará en favor de las modificaciones propuestas por el Senado en esta oportunidad.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, al escuchar las dos últimas intervenciones no he resistido la idea de comentar un poco los planteamientos que se han hecho.

Resulta sorprendente, por decir lo menos, la argumentación a partir de la cual los Diputados de la UDI y de Renovación Nacional manifiestan su disposición a votar favorablemente esta indicación del Senado, en circunstancias de que, derechamente, la pérdida del carácter de universitario, en particular en el caso de los periodistas, fue producto de una normativa que entró en vigencia durante el régimen anterior. Con ella, se alteró la situación existente en nuestra legislación, cual era el carácter universitario de estas carreras. Eso significó que, en los últimos 10 años, a partir del año 1981, todos los periodistas, básicamente a través de su Colegio Profesional, reivindicaran frente al Gobierno del General Pinochet, en forma sostenida, la idea de que para velar por el ejercicio de esta profesión era necesario que se les restituyera su carácter de universitaria.

Por ello, resulta sorprendente que esa argumentación, que con tanta fuerza fue expresada por todos los colegios profesionales y particularmente en el Colegio de Periodistas, no haya sido escuchada por dos parlamentarios que, durante aquellos años, tuvieron cargos de responsabilidad en el Gobierno anterior, y que bien habría válido la pena que hubiesen escuchado la aspiración que los periodistas y otros profesionales hacían presente respecto de la calidad que debían tener los estudios necesarios para acceder a sus títulos. Lo hago presente, porque, en forma simultánea, se hace alusión a que esta adición permitirá incorporar adecuadamente a los educadores de párvulos en el momento en que discutamos en esta Cámara una legislación que dé lugar a un estatuto docente, aspiración que los profesores chilenos han manifestado reiteradamente en los últimos años y que ahora el Gobierno del Presidente Aylwin -un Gobierno democrático-, ha estado dispuesto a acoger, a discutir, a analizar y a enfrentar, a pesar del altísimo costo que conlleva su puesta en práctica y las dificultades reales que implica el hecho de hacerlo accesible para todos aquellos que comparten tareas docentes en el país.

En forma adicional, me preocupa que la indicación que comparto no establezca un mecanismo que permita resolver, al menos transitoriamente, la situación de aquellas personas que, a la fecha, están estudiando estas profesiones en instituciones que no tienen el carácter de universitarias y que, obviamente, han ingresado con el convencimiento de que, a través de esos institutos profesionales o de otro carácter, podrían acceder a un título profesional de la misma calidad o apreciación profesional del carácter universitario que tendrán esas carreras.

Manifiesto mi preocupación en este punto, por cuanto esta indicación no establece un mecanismo transitorio para los que actualmente estudian estas carreras, razón por la cual será necesario que en esta Cámara, oportunamente, abordemos algún mecanismo que les garantice que pueden terminar sus estudios sin que se vean afectados en lo que ellos entendían como una alternativa de educación superior que concluía en la obtención de un título profesional equivalente al que tienen aquellos profesionales que ejercen como periodistas o como educadores de párvulos, en este caso.

Nada más, señor Presidente.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, en el primer trámite constitucional del proyecto, originado en Mensaje del Ejecutivo, los Diputados radicales nos abstuvimos de votarlo favorablemente, toda vez que expresamos nuestra voluntad de replantear en términos urgentes todo el sistema de enseñanza superior en nuestro país.

Si bien el proyecto de ley corrige las graves deficiencias que existen en el sistema actual, en cierto modo valida y legitima a las universidades privadas creadas en los últimos años, y las regla. Nosotros, los radicales, somos claras y derechamente contrarios a ellas.

Por eso, en términos generales, vamos a mantener nuestra abstención. Sin embargo, rechazaremos la indicación del Senado tendiente a no derogar los artículos 2° y 3° transitorios de la ley, que particularmente establecen el procedimiento de acreditación de las universidades privadas, toda vez que mantener una situación de tal naturaleza, sería contrariar de un modo más grave aún las posiciones que tenemos sobre esta materia.

Corresponde designar a los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que tendrá que resolver esta discrepancia de criterios entre el Senado y la Cámara.

La Mesa propone a los Diputados señores José Miguel Ortiz, Carlos Smok, Roberto Muñoz Barra, Carlos Valcarce y Carlos Bombal.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

El señor VALCARCE.-

Quiero hacer una aclaración, por cuanto fui aludido con motivo de la discusión del proyecto de ley orgánica constitucional de enseñanza. No deseo dejar pasar la oportunidad sin responder algunos conceptos del colega Latorre, que habló sobre la educación y, especialmente,...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Perdóneme por interrumpirlo, señor Diputado; pero, desgraciadamente, habiéndose ya tratado ese proyecto, Su Señoría sólo puede hacer uso de la palabra en la Hora e Incidentes para someterse a materias distintas de las sometidas a debate.

El señor VALCARCE.-

Pedí la palabra oportunamente, pero Su Señoría procedió a la votación sin siquiera mirar para este lado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ahora conocer el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que prorroga el plazo establecido en el artículo 1° transitorio de la ley N° 18.893, sobre organizaciones territoriales y funcionales.

-Las modificaciones propuestas por el Senado, contenidas en el boletín N° 39-06, son las siguientes:

Sustituir la expresión "Artículo 1°" por "Artículo único" y eliminar la frase "y con directivas electas democráticamente".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La modificación del Senado contempla dos cambios: en primer término, en lugar de "Artículo 1°", con razón, establece un "Artículo único", porque es la única disposición que contempla el proyecto.

Y, en segundo lugar, elimina la frase "y con directivas electas democráticamente", lo que significa que este plazo también se hace extensivo a cualquier tipo de organización de esta naturaleza, cualquiera que haya sido el origen de las autoridades que los dirijan.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

Por mi intermedio, la Unión Demócrata Independiente desea hacer presente a la Cámara que aprobará las modificaciones propuestas por el Honorable Senado, toda vez que esta materia, presentada a la discusión por el señor Diputado Urrutia, no hacía más que permitir la participación de diferentes grupos organizados que, por desconocimiento, no habían podido inscribirse en las fechas correspondientes.

En consecuencia, habían perdido su personalidad jurídica. De manera que estimamos esta iniciativa muy positiva.

Por otro lado, creemos importante destacar que el hecho de que el Senado haya eliminado la frase "y con directivas electas democráticamente", permite el manejo libre de cada una de estas organizaciones.

Por lo tanto, en definitiva, la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente este proyecto, en el entendido de que buscamos la participación de las diferentes organizaciones y, en lo posible, del máximo de ellas, toda vez que no nos entrometemos en la facultad privativa que tiene cada organización para establecer sus propias directivas.

Por lo anterior, la Unión Demócrata Independiente da su aprobación a la enmienda propuesta por el Honorable Senado.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista, Partido por la Democracia, Izquierda Cristiana y Partido Humanista, votará en contra de la modificación introducida por el Senado, e insistirá en aprobar el proyecto en los términos acordados en esta Cámara.

En su oportunidad, sostuvimos que cerca de la mitad de las organizaciones comunitarios existentes al 30 de diciembre de 1989 no se inscribieron en los registros municipales en los plazos previstos por la improvisada y destructiva ley N° 18.893. Sostuvimos que estábamos conscientes de que esto les provocaba serios problemas en lo referente a sus personalidades jurídicas y a la posesión de sus bienes comunitarios, por lo que concordábamos con la idea de legislar sobre la materia y en fijar un nuevo plazo para su inscripción.

Sin embargo, pusimos una condición que nos parece de elemental ecuanimidad: que las organizaciones comunitarias, para hacer uso de este nuevo plazo de inscripción, debían tener directivas elegidas democráticamente, de acuerdo con las normas legales vigentes.

Esta condición ha permitido que todos los clubes deportivos hagan uso de esta facultad, por cuanto, desde 1984, ellos vienen eligiendo sus directivas democráticamente.

No es esta la situación de las juntas de vecinos y de los centros de madres. Como todos saben, las mencionadas organizaciones estuvieron intervenidas y se les impuso los dirigentes, desde 1974 hasta diciembre de 1989, en virtud del decreto N° 349. En muchas partes del país, estas organizaciones aún no logran democratizarse y siguen encabezadas por los mismo dirigentes designados por el decreto aludido. Los alcaldes "heredados", sobre todo en comunas medianas y pequeñas, han puesto múltiples obstáculos para que ello ocurra.

La condición para inscribirse en los registros municipales busca fortalecer el proceso de democratización y participación en la base social, aunque sabemos que la solución real está en derogar cuanto antes la ley N° 18.893 y en reemplazarla por una nueva. Al respecto, el Ejecutivo presentó un proyecto que debemos discutir la próxima semana en la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización.

Señor Presidente, como decíamos al comienzo, estamos por rechazar las modificaciones introducidas por el Senado, por 14 votos contra 10, que eliminan la frase "y con directivas electas democráticamente".

Somos partidarios de insistir en los términos acordados en el primer trámite por la Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, la bancada democratacristiana también insistirá en la proposición de la Cámara de Diputado en el sentido de mantener la frase "y con directivas electas democráticamente".

En su momento, votamos a favor, porque, en verdad, más del 50 por ciento de las organizaciones existentes no habían podido conseguir su inscripción en los registros municipales dentro del plazo. Pero establecimos que debería realizarse un proceso democrático, a fin de que las directivas pudiesen representar efectivamente a sus afiliados.

Por ello, vamos a votar favorablemente la enmienda, pues, por otra parte, existe un plazo prudencial, el 31 de diciembre de 1990, dentro del cual es posible realizar este proceso de democratización.

Hemos manifestado también que, si bien en las ciudades grandes existe un proceso democratizador, no es menos cierto que, en la mayoría de las comunas chicas, donde quedan alcaldes designados, ha resultado imposible efectuar este procedimiento, por cuanto se ha negado la entrega de los libros, o bien, se ha impedido la realización de dicho proceso.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia .-

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, cuando presentamos el proyecto de ley a esta Honorable Cámara, lo hicimos pensando en la facultad concedida por ley N° 18.893 a las organizaciones comunitarias existentes hasta el día 30 de diciembre, fecha de publicación de esta ley, para concurrir a inscribirse a la secretaría municipal y cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 6° de esa ley. Como sabíamos que más del 50 por ciento de estas organizaciones comunitarias no cumplieron con este trámite y, por ende, en esa fecha dejaron de existir legalmente, propusimos el proyecto de ley para los efectos de lograr que tengan la posibilidad de mantenerse vigentes, pues muchas de ellas tienen cerca de 30 o más años de existencia.

Me parece extraño que se trate -como lo dijimos también en el primer trámite constitucional en esta misma Sala- de agregar, en el artículo único de este proyecto de ley, la frase "y con directivas electas democráticamente", por cuanto, para que puedan realizarse elecciones democráticas en una organización comunitaria o en cualquiera otra, se requiere previamente de su existencia. Lamentablemente, estas organizaciones comunitarias existen por el solo ministerio de la ley a que hemos hecho referencia, y algunas de cuyas disposiciones esperamos pronto modificar o derogar, con motivo de la discusión el citado proyecto de ley que el Ejecutivo ha enviado al Parlamento. Mientras tanto, es de imperiosa necesidad que estas organizaciones comunitarias puedan seguir manteniéndose vigentes y cumplir el rol y la función que les corresponde dentro de la sociedad. Pero, como no existen, mal pueden cumplir este requisito de previo realizar elecciones democráticamente para elegir sus miembros directivos.

Por ello, los Diputados de Renovación Nacional vamos a aprobar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado de la República, por cuanto creo que la sapiencia de los señores Senadores, demuestra que, efectivamente, las organizaciones comunitarias no existen en la actualidad. Ellos, con mucha sabiduría, han eliminado la frase "y con directivas electas democráticamente".

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, me extraña que el Diputado Urrutia, autor de la iniciativa, manifieste que estas organizaciones comunitarias no existen. Justamente, el artículo único fija un nuevo plazo, hasta el 31 de diciembre de 1990, para que las organizaciones comunitarias existentes a la fecha de la puesta en vigencia de la ley, puedan inscribirse en el registro municipal. De manera que cuando proponemos el requisito de la elección democrática de sus directivas, no sólo estamos permitiendo que accedan a los Registros las organizaciones con personalidad jurídica, sino también aquéllas que existían de hecho a la fecha indicada por la ley.

Desde ese punto de vista, entonces, lo que reclamamos es justamente la democratización de esas organizaciones.

He dicho.

El señor NAVARRETE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Navarrete.

El señor NAVARRETE.-

Gracias, señor Presidente.

Quiero reforzar las palabras del Diputado señor Urrutia en el sentido de eliminar la frase: "y con directivas electas democráticamente", porque la práctica y la realidad en la organización vecinal han demostrado que nadie ha definido el significado de la expresión "elegidas democráticamente".

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor NAVARRETE.-

En la organización vecinal de los municipios con alcaldes designados por el Presidente de la República hemos visto monitores que han hecho elecciones democráticas sobre la base de verdaderas asambleas públicas, sin registro de socios, sin mesa receptora de sufragios, sin un procedimiento de reclamos ni de calificación de la elección. Lisa y llanamente, ésta se efectúa, por imposición de una minoría estridente.

Mientras se siga actuando por la vía de los hechos, de la presión y de la asamblea popular, estamos por eliminar la frase "democráticamente elegidas", hasta definir con qué nivel de comuna, barrio, población o junta de vecinos se identifica este concepto.

Nada más, señor Presidente.

El señor ULLOA.-

Gracias, señor Presidente.

Quiero hacer presente a la Honorable Cámara que resulta importante destacar dos aspectos que, desde mi punto de vista, son esenciales para entender por qué estamos pidiendo sancionar favorablemente lo acordado por el Senado.

En primer término, estimamos que la situación en que se encuentran hoy día diversas organizaciones, no sólo está referida a las unidades vecinales, sino también a otro tipo de organizaciones funcionales. En consecuencia, me parece que entramos en un ámbito peligroso si nos inmiscuimos en organizaciones en las cuales no tenemos nada que hacer, en cuanto a representarles la forma de efectuar sus elecciones. Insisto nuevamente en que no sólo me refiero a las organizaciones de juntas de vecinos. De tal manera que, abordar una materia como ésta, implicaría entrometerse en una misión que no corresponde.

En segundo término, es importante también destacar el hecho de que con la frase "y con directivas electas democráticamente", estamos calificando una fórmula en la cual no está claro si se ha efectuado objetivamente o no. En consecuencia, creo que, de aprobarse lo propuesto por la Cámara, no sólo no favorecía, sino que, por el contrario, enredaría más el problema.

Es todo, señor Presidente.

Corresponde, entonces, formar una Comisión Mixta. Se propone, por parte de la Mesa, que la integren los Diputados señores Carlos Montes, Mario Hamuy, Mario Devaud, Arturo Longton y Jorge Ulloa.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Muchas gracias, señor Presidente.

Tal como lo indica el acuerdo tomado por la Cámara el día 17 de abril, se constituyó la Comisión Especial para los efectos de emitir un informe que proporcione el máximo de antecedentes y de información posible a cada Diputado, con el objeto de discutir el tema de la ubicación de la sede del Congreso Nacional y, si se estima oportuno, votar ese informe en su debido momento.

La Comisión Especial quedó integrada por 14 señores Diputados: Hugo Álamos, Francisco Bartolucci, Carlos Bombal, la señora Eliana Caraball, los señores Aldo Cornejo, Sergio Correa, Sergio Elgueta, Antonio Horvath, Arturo Longton, Jaime Naranjo, Jorge Pizarro, Jaime Rocha, Jorge Schaulsohn y Felipe Valenzuela. Con posterioridad los señores Cornejo y Longton fueron reemplazados por los Diputados Gustavo Cardemil y Raúl Urrutia.

En conformidad con el proyecto de acuerdo presentado en su oportunidad en la Cámara de Diputados, el informe debe contener elementos de juicio y argumentos relativos a los siguientes aspectos:

-Dignidad correspondiente al ejercicio de las facultades que la Constitución Política otorga al Poder Legislativo.

-Funcionalidad de la actividad legislativa y su relación con la ubicación de su sede.

-Fijar criterios referidos a la necesaria descentralización administrativa y política de la Nación.

-Hacer una evaluación de los costos involucrados en la construcción de la sede del Congreso Nacional en Valparaíso; lo que significaba el estado de las obras y el avance de dicha construcción, y, por supuesto, la cantidad de recursos que se requiere para terminar las obras.

-Posibilidad de analizar las distintas alternativas de funcionamiento del Congreso.

-Aspiraciones que la V Región asocia a la permanencia del Congreso Nacional en Valparaíso.

-Analizar el tema en conjunto con los señores Senadores.

La idea consistía en que la Comisión pudiera analizar todos los aspectos referentes a la decisión respecto de la sede del Congreso, solicitar los informes necesarios y realizar las gestiones adecuadas.

Tal como está establecido en el mandato de formación de esta Comisión, sus conclusiones no tendrán carácter resolutivo. Sus consideraciones y sugerencias sólo deberán ser sometidas al conocimiento del plenario de la Cámara de Diputados, como antecedentes previos para la decisión de elaborar un proyecto de acuerdo definitivo respecto del tema.

Esto tiene relación con la competencia de la Comisión, lo cual es importante tener presente para los efectos de entender el informe.

Se nos fijó un plazo de 45 días, el cual posteriormente fue prorrogado en 30 días más; o sea, el informe lo debimos haber entregado el 25 de julio. A causa de una situación particular, derivada de la necesidad de enviar nuevos oficios a los Ministerios de Hacienda y de Obras Públicas, respecto al presupuesto para la construcción de este edificio, el informe se vio aplazado en una semana más.

Para desarrollar su labor, la Comisión formó 6 Subcomisiones de trabajo, para tratar las 6 áreas de temas más importantes, con los siguientes objetivos:

1°.- Estudiar la situación financiera y el estado de las obras del edificio del Congreso en Valparaíso, alternativas de uso del edificio del Congreso en Santiago y su propiedad.

Esta Subcomisión la integraron la Diputada señora Eliana Caraball , quien actuó como coordinadora, y los colegas Álamos, Correa, Horvath y Naranjo .

2°.- Velar por la dignidad del Parlamento y la eficiencia de la función legislativa y fiscalizadora del Congreso Nacional.

Esa Subcomisión quedó integrada por los colegas Bombal , su coordinador, y por los Diputados señores Álamos y Rocha y la señora Caraball .

3°.- Conveniencia y efectos de la función del Congreso en el proceso de regionalización del país.

La tercera Subcomisión fue integrada por el colega Sergio Correa, su coordinador, y por los Diputados Elgueta y Cornejo , quien fue reemplazado después por el colega Cardemil .

4°.- Interpretaciones legales y constitucionales respecto de la sede del Poder Legislativo.

El Coordinador de esta Subcomisión fue don Francisco Bartolucci , y la integraron, además, los colegas Elgueta y Valenzuela .

5°.- Impacto que produce la instalación de la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, en la Quinta Región.

Actuó como coordinador don Antonio Horvath . La Subcomisión quedó integrada también por los colegas Cardemil , Bartolucci y Schaulsohn .

6°.- Fórmulas alternativas de funcionamiento del Congreso Nacional.

Esta Subcomisión la integraron los colegas Naranjo , su coordinador, Valenzuela , Bombal , Rocha y Schaulsohn .

Respecto del trabajo desarrollado, básicamente se celebraron 15 sesiones y se realizaron visitas a terreno. En Santiago, se verificó el estado del edificio del antiguo Congreso Nacional, y, lógicamente, también se inspeccionó y recorrió el edificio de Valparaíso. Asimismo, se pidieron testimonios o declaraciones a un total de 18 personas, las cuales opinaron desde los puntos de vista técnico, de la experiencia parlamentaria o de los informes que la Comisión estimó conveniente requerir.

Además, se entregaron 15 informes sobre cada uno de los temas, y 28 oficios. Como una fórmula que permitiera a cada colega tener una visión más completa de lo que significaba la instalación del Congreso en Valparaíso, la Comisión organizó una exposición respecto del edificio y del impacto que la instalación del Congreso tiene en la Quinta Región.

También se celebraron una serie de reuniones informales, entre las cuales destacan la sostenida con el Ministro del Interior, don Enrique Krauss , y algunas realizadas con los sectores de la Cámara de Comercio, Comisión de Desarrollo de Valparaíso, etcétera.

Se recibieron, asimismo, informes sobre cada uno de los temas. Hay una serie de documentos que se encuentran en poder de la Secretaría. Ellos pueden ser consultados por los colegas, a quienes se les ha hecho llegar un índice en el que se indican las materias y el lugar donde es posible encontrar cada uno de los antecedentes que les parezca pertinente.

Quiero dejar constancia de que no pudimos cumplir el acuerdo tomado por la Cámara, en el sentido de formar una Comisión conjunta con el Senado, por cuanto éste, formalmente, a través de su Presidente, decidió no participar en el trabajo de la Comisión. Por lo tanto, nosotros desarrollamos nuestro trabajo de acuerdo con los términos establecidos.

Entro a analizar lo que se discutió en cada Subcomisión de trabajo. Como este informe no propone resoluciones, sino más bien plantea opiniones y alternativas respecto de cada uno de los temas, básicamente en estos grupos de trabajo se expusieron dos o tres posiciones. Por ejemplo, en la Comisión encargada de discutir el tema de la situación financiera y el estado de las obras del edificio del Congreso en Valparaíso, hubo dos claras alternativas: una, que destacaba, obviamente, las bondades del edificio y la posibilidad de funcionar en él; y la otra, que esto mismo se podría hacer en el antiguo edificio del Congreso, en Santiago.

Creo que es conveniente hacer un pequeño resumen estas posiciones, con el objeto de que cada uno de los Diputados pueda adentrarse más en el tema.

La primera posición contiene, en su primera parte, una serie de antecedentes de acuerdo con la ley N° 18.678, que determinó la sede del Congreso en Valparaíso, y la forma cómo se hizo el llamado a concurso y se iniciaron las obras. A partir de eso se pueden establecer una serie de consecuencias, como, por ejemplo, el plazo corto para el desarrollo de los proyectos de arquitectura, de estructuras y de instalaciones, que, en atención a la envergadura del edificio, que tiene 59 mil metros cuadrados, aproximadamente, requeriría, a lo menos, de un estudio de 12 meses.

Se consigna en esa oposición, también, que el inicio de las obras se realizó sin contar con la totalidad de los antecedentes técnicos necesarios, lo que condicionó las estructuras de las propuestas, que debieron consultar partidas en suma alzada, a serie de precios y a valores proforma. Esto, obviamente, tiene una repercusión muy grande en términos del costo final de la obra. Los estudios de costos fueron muy preliminares, lo que no permitió cuantificar el monto real de la inversión.

La dificultad para la actuación de la contraparte técnica; es decir de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, para los efectos de corregir, de evaluar los costos y, además, de controlar los términos y los plazos en que debieron entregarse las obras.

También se plantea el problema de la falta de una asesoría desde el punto de vista parlamentario; es decir, de quiénes iban a realizar sus funciones en el Parlamento. Eso significó, por ejemplo, que para los gastos que demandaría el año presupuestario 1990 había un déficit ascendente a 4 mil 879 millones de pesos, y que, con respecto a los plazos, se habría estimado que el día 30 de septiembre estaría terminada la placa del Senado, y el 31 de diciembre, las torres.

Quiero destacar, sobre este punto, que una de las razones por las cuales la Comisión demoró su informe fue porque se habría producido una petición, por parte de la empresa contratista, de cubrir un déficit de 2 mil 500 millones de pesos más, debido a indemnizaciones, a incentivos, a horas extraordinarias y a una serie de otras situaciones que ellos tienen en consideración, lo que llevó a que la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas consultara a las Mesas de la Cámara y del Senado respecto de qué obra es la que terminaba primero: si la placa del Senado o las torres correspondientes a las oficinas. Ello ha significado un retraso en la terminación del edificio y, en términos extraoficiales, se ha estimado que se entregaría en su totalidad, el 31 de marzo del próximo año.

Sobre la base de estos antecedentes, de la primera posición planteada se deducen las siguientes conclusiones:

Que las obras se iniciaron sin contar con todos los antecedentes técnicos necesarios, circunstancia que constituyó un factor de mayores costos en la primera etapa de la construcción, los que repercuten presupuestariamente este año.

A modo de ejemplo, el señor Edwin Weil entrega a la Comisión antecedentes que representan pagos por mayores precios -por decirlo así- a marzo de 1990, del orden de 3 mil 300 millones de pesos, originados por los plazos de entrega de las obras; cantidades que se han incrementado a raíz de la información que acabo de entregar.

Además, esto ha significado que las dificultades de construcción inciden en los plazos pactados para el término de las demás etapas; que la falta de un asesora- miento en lo relativo a las necesidades de financiamiento de un Parlamento, tiene incidencia en la generación de mayores costos; que la existencia de espacios inútiles o sobredimensionados en desmedro de los que son necesarios para un funcionamiento racional, y la circulación encontrada de público, vendedores, periodistas, funcionarios y congresistas que entorpecen la labor parlamentaria propiamente tal; que asimismo, se requiere de sistemas mecánicos de inyección y de extracción de aire de muy elevado costo y mantención, imposibles de reemplazar por sistemas naturales de ventilación, todo lo cual redunda en gastos fijos muy elevados para la mantención del edificio.

El déficit presupuestario determinado, si bien está cubierto por el Ministerio de Hacienda, no incluye cambios en el proyecto, ni equipamiento o implementación de las oficinas de los parlamentarios. Por otra parte, se produce una escasa flexibilidad y comodidad en la implementación de comedores, servicios higiénicos, salas de reunión, de lectura, etcétera.

Hay una serie de otros antecedentes que se entregan en esta posición.

También se señala lo que significa ocupar un edificio en construcción en situaciones vinculadas con problemas de seguridad. Por ejemplo, en caso de un incendio, de un temblor, o en la necesidad de una evacuación apresurada de la construcción, hay una falta de señalización que impide orientarse o saber qué hacer en tal emergencia. Esta situación es especialmente grave si se considera que alrededor de mil personas circulan o trabajan en el edificio.

Por último, se hace notar también que no parece lógico que se haya sometido a alrededor de mil personas a los riesgos de trabajar en un edificio en construcción, cuando existe otro que reúne todos los requisitos necesarios para el funcionamiento de un Parlamento y que pudo ocuparse hasta tanto la actual sede completara su construcción y equipamiento. Obviamente, esa conclusión se refiere a la existencia del edificio antiguo en Santiago.

Esta posición también plantea respecto del edificio antiguo, cuya ocupación es perfectamente posible para el funcionamiento del Congreso y que está habilitado, de acuerdo con el informe entregado por la Dirección Regional Metropolitana de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Obras Públicas, que declara que el edificio cuenta con la superficie, recintos y alojamiento necesario para permitir el funcionamiento simultáneo de 18 Comisiones, de 5 Comités y de sus respectivas secretarías; cuenta con oficinas para la Presidencia y Vicepresidencia, para secretarías; con salas de reuniones y de prensa, y con comedores separados para parlamentarios, para funcionarios y para personal de servicios. Esto se refiere exclusivamente a lo que nos compete a nosotros, es decir, a la Cámara de Diputados. Hace presente, además, que existe toda la infraestructura para las cocinas, salas de prensa, comisiones, etcétera.

Agrega que cuenta, además, con la biblioteca que está en perfectas condiciones, con una central telefónica adecuada, con salas de baño nuevas en los tres pisos, así como también con un sistema de redes de agua fría y caliente, y de red húmeda contra incendio y de aire acondicionado.

Manifiesta que tiene 158 estacionamientos, pero que carece de oficinas para los parlamentarios, y de equipos de computación.

Concluye afirmando que puede ser ocupado en cualquier momento.

Además, se admite en esta parte del informe lo que puede constituir alternativas de un .sólo edificio en Valparaíso, y las condiciones en que deben aplicarse.

Claramente se establece que el destino natural de este edificio es acoger la función legislativa del Parlamento. No obstante, se estima que el diseño de plantas libres de las torres permitiría darle un uso distinto, adecuado para oficinas individuales o para empresas, lo que fue corroborado por el señor Edwin Bayles en el informe entregado a la Comisión.

En lo que dice relación con la placa, se observa que las dimensiones y la monumentalidad de las salas, permitirían un uso alternativo, salvando el aspecto de la dignidad en la función para la cual fue construido, y conservando, lógicamente, su diseño original.

Respecto de este tema, que dice relación con la situación financiera y con el estado de las obras del Congreso de Valparaíso y de Santiago, hay una segunda posición en la que se distinguen las características objetivas o físicas del edificio, respecto a plazos, a costos y a su contenido, de los aspectos subjetivos sobre los cuales hay juicios de valor que permiten decir si es conveniente o no.

En cuanto a los antecedentes objetivos, se indica, por ejemplo, que la superficie total construida es de 59 mil metros cuadrados; que en este nuevo edificio hay espacio para la Biblioteca del Congreso; que cada parlamentario tendrá su oficina; que hay un total de 525 estacionamientos; que la infraestructura de casino, de servicios, etcétera, es la adecuada y que está hecha en función de la totalidad de los parlamentarios que ejercen sus tareas en la nueva sede; que a pesar de haberse empezado con una infraestructura de 15 mil metros cuadrados, ésta se ha ido ampliando, hasta el momento, se encuentra totalmente entregada la placa de la Cámara de Diputados, y que, por lo tanto, es funcional para la labor que debemos realizar.

También se dan a conocer los plazos objetivos para la entrega de las obras, los cuales, según el último informe, no están siendo cumplidos.

Se plantea también, respecto del problema de costos, que, originalmente, se contemplaron 50 millones de dólares; que los contratos correspondientes a las propuestas públicas fueron de 61,6 millones de dólares y que se estima que a la fecha de terminación de las obras alcanzarán a 80 millones de dólares.

Aquí, tal vez, es bueno entregar el valor total en unidades de fomento. El costo total de la obra equivale a 4.277.395 unidades de fomento, y, para que Uds. tengan una idea, si lo calculamos con el precio de la unidad de fomento del día de hoy, cual es de 6.237 pesos, nos da un total de 26.621 millones de pesos, aproximadamente. Ahora, si esa cifra la traducimos a dólares, tomado en cuenta que el dólar está a 305 pesos, el costo total de la obra asciende a 87 millones de dólares.

En esta segunda alternativa se plantea también el porqué de estos costos. Se dice que la variación de la superficie construida significó un aumento de ellos porque el anteproyecto contemplaba solamente 53.790 metros y hoy estamos hablando del orden de los 59 mil. Además, en esto hay coincidencia entre las dos posiciones, porque los plazos de realización de las obras han representado un costo adicional.

Se hace presente el problema de que las partidas son a serie de precios unitarios y cupos ajustables, lo que permite estas variaciones de las cuales hemos estado hablando; y, además, que ha habido problemas en cuanto a las expropiaciones de sitios y propiedades que se encuentran en los terrenos en los cuales se ha estimado conveniente construir el Congreso Nacional. Junto con esto, se exponen las condiciones y los antecedentes con arreglo a los cuales se ganó el proyecto de construcción del edificio del Congreso. Se entrega una argumentación, se hace referencia, también, a la resolución del jurado respecto del proyecto de construcción.

Se señala claramente, en esta posición, que si este edificio fue concebido para el Congreso Nacional, cualquier cambio de su uso acarrearía dificultades de consideración y costos mayores.

Desde el punto de vista técnico, también se dan a conocer la serie de antecedentes que avalan la posición que significa mantener la sede del Congreso en Valparaíso. Se expresa que, desde el punto de vista estructural y de control técnico, ésta es una obra bien garantizada, que tiene cubiertos todos los problemas de seguridad, y que, por otro lado, la instalación del Congreso en él permite claramente mejorar las condiciones de trabajo de los parlamentarios.

Se consigna en este informe todo lo referente al medio ambiente, en el sentido de que, indudablemente, existen mejores condiciones respecto de la contaminación ambiental, del aire, del ruido, etcétera, que las que se podrían tener en el antiguo edificio de Santiago.

En cuanto al antiguo edificio, esta segunda posición proporciona una serie de antecedentes históricos. Reseña lo que fue se restauración. Hace una cierta relación de antecedentes técnicos, como, por ejemplo, que la superficie del edificio del Congreso antiguo tiene solamente 17.147 metros cuadrados; que la biblioteca no se encuentra ubicada en el mismo lugar; que no tiene oficinas para los parlamentarios; que no hay suficientes estacionamientos; en fin, que hay una serie de servicios que son requeridos para la función parlamentaria y que no están completos.

Expone, también, problemas de seguridad y lo que significaría trasladar las oficinas de la Cancillería de la República que hoy día funciona ahí.

Se hacen notar, además, los actuales problemas de contaminación ambiental, las situaciones referentes a Santiago como ciudad contaminada, la ubicación en que se encuentra el edificio del Congreso y la necesidad de que los parlamentarios trabajen en un medio ambiente mucho mejor; no tan peligroso como el de Santiago.-

Ese es, básicamente, el resumen de las dos posiciones de la Subcomisión encargada de analizar los problemas de los edificios y de infraestructura del Congreso.

En otra Subcomisión, se trató el tema de la "Dignidad del Parlamento y de la eficiencia de la función legislativa y fiscalizadora del Congreso Nacional". En este punto, para no alargar tanto el informe, se manifiesta claramente que la dignidad del Parlamento está relacionada con el mandato popular por el cual nosotros hemos sido elegidos y no respecto de la situación física.

Se plantea que la tradición política chilena establece que los Poderes del Estado han funcionado juntos en la capital del país.

Además, en este subinforme se plantea la necesidad de que el proceso descentralizador que significa la desconcentración del poder central que se ha aplicado en la última década, es algo que debe seguir profundizándose. En la conciencia de los parlamentarios hay un claro sentimiento por el proceso de regionalización. Por lo tanto, el Congreso Nacional no puede sustraerse a esta realidad.

Respecto de la funcionalidad de la labor parlamentaria, básicamente se plantea que es muy difícil evaluar el funcionamiento de nuestra labor hasta el día de hoy, por cuanto no tenemos todavía, en plenitud, lo que significa el edificio completo con todas sus comodidades, sus adelantos y sus bondades o limitaciones.

Además, se señala que, si bien es cierto que hay dificultad para realizar la labor parlamentaria, por encontrarse separado el Congreso Nacional del Ejecutivo, en este plano, lo que más se resiente son las gestiones de carácter administrativo que se realizan ante el poder central. Esto tiene que ver con la representatividad que los parlamentarios tenemos. Sin embargo, se plantea que, de una u otra forma, estas limitaciones se han ido superando: durante 5 meses este Congreso ha funcionado; se ha tenido una relación con el Ejecutivo y con quienes tienen la responsabilidad de colegislar con nosotros. En este sentido, hay que destacar la posición del Ejecutivo, que ha mantenido una neutralidad absoluta respecto del tema de la ubicación del Congreso, sin pronunciarse por uno u otro lugar; ha manifestado que es decisión del propio Parlamento determinar su lugar de funcionamiento. Al Ejecutivo sólo le cabe garantizar que ese funcionamiento sea el más adecuado y que se cumpla en los mejores términos. Es decir, el Ejecutivo se adaptará a cualquier decisión que nosotros tomemos. Esto significa que, lógicamente, el Ejecutivo debe tomar las medidas del caso respecto de las situaciones financieras o de funcionamiento que se requieran, si es que el Congreso Nacional permanece en Valparaíso o si se traslada a otra Región del país.

En cuanto a la función fiscalizadora, claramente hay dos opciones. Una establece que, en la práctica, no hay problemas para que los parlamentarios, específicamente los Diputados, cumplamos con nuestra función fiscalizadora. Sólo se podrían plantear algunos problemas en el caso de las acusaciones constitucionales, ya que la secuela del juicio político puede exigir la presencia de un funcionario más de una vez en un mismo día. No obstante ello, esto se puede superar, considerando la voluntad y la práctica que han demostrado los funcionarios del Ejecutivo hasta el día de hoy.

Además, se plantea en esta parte del informe un problema respecto de la autonomía requerida por el Poder Legislativo para tomar sus decisiones. Se formula una crítica bastante clara y concreta, que se relaciona con la influencia que el Ejecutivo puede tener sobre los parlamentarios, lo que coarta la autonomía legislativa. En ningún caso se señala que la funcionalidad del Congreso Nacional se ve menoscabada por la lejanía entre ambos Poderes colegisladores.

Lo lógico, se plantea en esta posición, es evaluar cuál es exactamente la situación de la fiscalización, una vez que se terminen las obras del edificio y que se tenga una visión más acabada respecto del problema.

Hay una segunda alternativa, que establece que la función fiscalizadora constituye un elemento fundamental del papel de los parlamentarios y que, obviamente, se ve menoscabado profundamente al estar separado del Poder Ejecutivo.

Se plantea también el aislamiento en que quedan los legisladores al estar alejados del Poder Ejecutivo y, además, la pérdida de vigencia y el sentido de la oportunidad para llevar a cabo una fiscalización eficiente y oportuna; la pérdida de contacto directo y cotidiano, no sólo con las autoridades de Gobierno, sino con el resto de los medios de comunicación, con los actores sociales, con los partidos políticos, en fin, con todos los sectores que tienen que ver con las actividades propias de la actividad política.

En esta segunda alternativa, se plantea que no se puede hablar de que el estar cerca o lejos del Ejecutivo signifique coartar la autonomía de los parlamentarios, porque, obviamente, los parlamentarios tienen su propia dignidad y su propia conciencia de lo que es su papel.

Por último, la evaluación que se entrega en este informe establece que, en esta segunda posición, se determina que, si bien es cierto no se ha podido conocer en forma oficial la opinión del Ejecutivo y de sus autoridades respecto de la separación del Congreso en relación con el Ejecutivo, esto ha significado el retraso en la gestación de las leyes y un entorpecimiento en la labor del Parlamento y del propio Ejecutivo.

Una tercera área de trabajo que analizó la Comisión establece la relación que existe o la conveniencia y los efectos que produce la función del Congreso Nacional en el proceso de regionalización.

Respecto de este tema, básicamente las alternativas dicen relación con dos posiciones. Una establece claramente que la instalación del Congreso Nacional, cumpliendo sus funciones en una Región, favorece el proceso de regionalización, lo profundiza y significa claramente un incentivo y una manifestación de voluntad política de que dicho proceso se debe seguir desarrollando en el país. Se plantea que es fundamental que se empiecen a superar los efectos negativos que tiene el centralismo hoy día en nuestro país; que ha habido una política descentralizadora, que se inició en el Gobierno anterior y que es compartida por el actual. Por lo tanto, la instalación del Congreso Nacional en Valparaíso es un apoyo y una manifestación de voluntad política de este proceso de descentralización.

Por último, se señala, para los efectos de las Regiones, que la instalación de un Poder del Estado en una de ellas tiene un valor simbólico para las restantes. Se enumera una serie de ventajas que significa, desde el punto de vista del proceso de regionalización, la instalación del Congreso en Valparaíso.

Hay una segunda posición alternativa respecto de este tema, la cual plantea la inconveniencia de que el Congreso se mantenga en Valparaíso. Básicamente, esta posición se funda en las normas constitucionales y legales que establecen que, en el fondo, la regionalización es un proceso político-administrativo, que tiene una serie de aspectos: uno, político; otro, técnico, administrativo, de participación que, fundamentalmente, no tienen nada que ver con lo que es el proceso legislativo. Es decir, se puede producir la regionalización en los ámbitos descritos anteriormente, pero no en lo que es la función propiamente legislativa. Es más, se recuerda la posición de la propia Comisión Nacional de la Reforma Administrativa, respecto de lo que es el proceso regionalizador, al que define como un proceso que impulsa la ocupación armónica de los espacios territoriales, promoviendo el desarrollo equilibrado de las Regiones, en especial, las de mayor importancia geopolítica o desde el punto de vista de la seguridad nacional, la reducción del papel del Estado en la gestión económica y la ampliación del mercado y de las instancias locales en las decisiones económicas.

Por lo tanto, se insiste en que el Poder Legislativo se encuentra al margen de toda política regionalizadora, tal como está establecida: no hay ninguna disposición constitucional o legal que contenga preceptos que establezcan su funcionamiento en forma regionalizada, descentralizada o desconcentrada. La formación de la ley es el resultado de un acto esencialmente unitario, consecuencia de la voluntad mayoritaria o unánime de los legisladores, y de la propia competencia del Congreso para concurrir, conjuntamente con el Presidente de la República, a tal formación, la cual es una atribución indelegable.

De manera que, claramente, esta segunda proposición marca una diferencia entre lo que es el proceso de regionalización y la función del Poder Legislativo.

Además, plantea que el hecho de que el Congreso Nacional se instale en Valparaíso tendría un efecto negativo para otras Regiones, por cuanto se requiere de una serie de inversiones de fondos públicos para que funcione mejor en Valparaíso o, tal como se establece en los informes técnicos, se necesitará realizar una serie de inversiones en la V Región, especifica- mente en Valparaíso, que implican destinar recursos que podrían otorgarse a otras Regiones. Se dan cifras que señalan que se entregaría a Valparaíso, en conjunto con la Región Metropolitana, una cifra que alcanza al 51,7 por ciento del Producto Geográfico Bruto, mientras que su población llega al 50 por ciento del país, lo que significaría una concentración extraordinariamente fuerte.

La Cuarta Subcomisión, que tiene que ver con las interpretaciones legales y constitucionales sobre la ubicación o la sede del Poder Legislativo, emitió un informe único, que establece, en una primera parte, la historia y un análisis fidedigno de la ley N° 18.678, que es la que determina a Valparaíso como la sede del Congreso Nacional.

Se establece, en este informe de la Subcomisión, una serie de antecedentes que significan dudas respecto de la constitucionalidad de la ley, en cuanto a si podían señalarse, por separado, en cuerpos legales distintos, las sedes de los Poderes del Estado, y si tales sedes se podrán fijar en lugares diferentes.

Además, se plantea el problema de si es una ley común o de carácter orgánico constitucional.

En primer lugar, se analiza si debe ser una sola ley la que fije la ciudad de residencia del Presidente de la República, en que celebre sus sesiones el Congreso Nacional y donde funcionen la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.

La Subcomisión concluye que la redacción en plural del texto y la circunstancia de que el Código Orgánico de Tribunales indique la sede de la Corte Suprema y la ley N° 17.997, la del Tribunal Constitucional, estarían demostrando que las sedes pueden fijarse en leyes distintas.

Hay una segunda conclusión que tiene que ver con la constitucionalidad o in- constitucionalidad de la ley. Se postula que la Constitución exige que la ciudad sede de la residencia presidencial sea la misma en que sesione el Congreso y tengan su asiento la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, o bien, que estas ciudades puedan ser distintas.

Al respecto, la Subcomisión no formula conclusiones, sino que expone los argumentos de una u otra tesis.

En favor de que la ciudad sea la misma, se plantean los antecedentes que establecen la constitucionalidad de la ley N° 18.678, así como también de que era dudosa en este aspecto, según el parecer de la Secretaría de Legislación, la cual, incluso, recomendó una consulta al Tribunal Constitucional.

Además, se menciona que la historia constitucional demuestra que el Congreso funcionó fuera de la capital sólo en contadas ocasiones.

Se establece también que la función colegisladora del Congreso impone que su sede esté en la misma ciudad que el Ejecutivo, para facilitar su labor.

En el sentido contrario, o sea, de que el Congreso Nacional puede funcionar en Valparaíso y de que ello es constitucional, se da como argumento que la Junta de Gobierno no consultó al Tribunal Constitucional sobre la ley, porque no tuvo dudas de su constitucionalidad; que la historia constitucional demuestra que el Congreso ha funcionado en distintas ciudades y no solamente en un lugar; y la circunstancia de fijar el Código Orgánico la sede de la Corte Suprema en Santiago y la ley N° 17.997, la del Tribunal Constitucional en la misma ciudad, pudiendo hacerlo en lugares distintos, según dicha ley orgánica.

En cuanto al tercer punto que tiene relación con este informe, respecto de si es una ley común o de rango constitucional, establece que la ley 18.678 es de rango común, y por lo tanto, requiere de la simple mayoría de los miembros de ambas Cámaras para su modificación o derogación.

También se hace constar que, sin perjuicio de lo anterior, hay un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, el cual sostiene que la naturaleza jurídica de la norma en discusión es la de una ley orgánica constitucional.

Respecto a todo el informe de esta Subcomisión, están los antecedentes en el índice de los informes en derecho, presentados por las Facultades de Derecho de la Universidad de Chile de Santiago, de la Universidad de Concepción y de la Universidad Católica de Valparaíso.

Por último, en el informe de la Universidad Católica de Valparaíso, también se plantea la alternativa de que el Congreso pueda funcionar separadamente en dos ciudades, es decir, por ejemplo, que la Plenaria de la Cámara de Diputados funcione en Valparaíso y las Comisiones, en otro lugar. Y manifiesta que, respecto de eso, el Congreso sólo puede tener, en forma permanente y única, una misma sede, y que el Congreso es un todo, y ello es válido para cada una de sus partes.

En el punto e), lo que tiene relación con el impacto del Congreso en Valparaíso, también hay dos planteamientos.

Uno, da una serie de antecedentes que establecen que los efectos de la instalación del Congreso en la V Región son importantes; que significan un aporte y efectos muy directos sobre la ciudad de Valparaíso y sobre la propia Región, en cuanto a obras, a infraestructura, a la habilitación de vías en la ciudad de Valparaíso, a caminos costeros, a la relación con Santiago, a la urbanización y a la habilitación del entorno del Congreso, que significan una mejoría a todo el sector. En fin, hay una serie de antecedentes tremendamente importantes, que tienen relación con obras de envergadura, tales como caminos, mejoría de comunicaciones, mejoramiento urbano de la zona, con lo que significa, desde el punto de vista turístico, de servicios, de la construcción de aeropuertos, de mejoría en cuanto a ferrocarriles, con el impacto cultural que tiene la instalación del Congreso en Valparaíso, etcétera.

Es largo de analizar. Los antecedentes están en el índice. Cada uno de los colegas puede estudiarlos en profundidad. Creo que sería muy conveniente que todos lo hicieran, por cuanto es un trabajo bastante acabado, bien desarrollado y con muchos argumentos.

También se plantea, en esta posición, la posibilidad y la necesidad de que se produzca el traslado de los otros Poderes del Estado, es decir, los Poderes Ejecutivo y Judicial, a Valparaíso, también como una forma de descongestionar Santiago y de producir una descentralización mayor.

Hay una serie de consideraciones que tienen que ver con los efectos respecto a las condiciones ambientales en que se trabaja en Santiago en comparación a como se haría en Valparaíso. Obviamente, se destaca un medio ambiente mejor.

Se plantea la necesidad de mejorar lo que son -llamémoslas así- las tribunas regionales, es decir, que las Regiones tengan por sí mismas una serie de actividades o adquieran importancia respecto a lo que son sus funciones propias.

Se hace presente la superación de los problemas de la separación física, mediante el avance de las comunicaciones y el establecimiento de comunicaciones fluidas, sobre todo, con respecto a Valparaíso.

Por último, en relación con el efecto en las otras Regiones, se establece que es una medida que evita el centralismo, que refleja una voluntad regional, que produce una descongestión y una mejoría del medio ambiente, incluso, en la propia ciudad de Valparaíso.

Respecto de este tema, también hay otro punto* de vista que establece, básicamente, que la instalación del Congreso en Valparaíso y sus efectos sobre la V Región, hay que verla desde la perspectiva de los plazos en que ese tipo de obras o ese tipo de efectos se pueden analizar, porque, para la concreción de esos planes, se requiere de plazos prolongados.

También hay un aspecto en relación con lo que significa el análisis dependiente, por decirlo de alguna manera, un análisis crítico en cuanto a que no parece conveniente hacer depender de la instalación del Congreso en Valparaíso la realización de todas las obras que se requieren en la V Región. Se añade que sostener, además, por ejemplo, que el país cambiaría su mentalidad de país mediterráneo por la de uno marítimo, por el hecho de que un poder del Estado se instale en el puerto, tampoco parece válido o lógico.

En esta segunda alternativa o posición, también se plantea el grave problema que puede significar que Santiago y Valparaíso, el día de mañana, lleguen a constituir un solo poder central. Es decir, la unión entre las dos ciudades significaría, lisa y llanamente, partir al país en dos, constituyendo, ya no sólo el problema de centralismo de Santiago, sino que un centralismo que iría de la cordillera al mar; un centralismo entre la Región Metropolitana y Valparaíso, por cuanto a la larga se puede terminar con una gran megápoli que vaya en desmedro de todo lo que significa el proceso de regionalización para el resto del país.

En fin, se hace una serie de análisis, de consideraciones respecto de los proyectos comprometidos por parte de la instalación del Congreso en Valparaíso.

Se proporcionan antecedentes en términos del costo financiero que significa para la propia V Región, para la ciudad de Valparaíso y para el erario el que, como producto de la instalación del Congreso en Valparaíso, se efectúen todas las obras anexas.

Incluso, se plantea que a Valparaíso, a la Municipalidad, en el mediano plazo, le significará alrededor de mil millones de pesos la realización o la concreción de los distintos planes que tiene ésta para los efectos de mejorar la situación del entorno urbano y las obras viales con respecto al Congreso.

Esto significaría un problema muchísimo mayor, por cuento sería optar por realizar estas obras en función del Congreso con respecto a la necesidad de que el propio Valparaíso y la V Región tienen que hacer inversiones en otras áreas sociales, tan importantes como la vivienda, el alcantarillado, en fin, todo lo que significan obras sociales. Además, significaría un endeudamiento del orden de los 3 mil 600 millones de pesos para la V Región, y no parece lógico que esto suceda, como producto de la instalación del Congreso en Valparaíso.

Finalmente, el último tema que analizó la Comisión es el referente a las fórmulas alternativas de funcionamiento del Congreso Nacional. En el trabajo de la Subcomisión, se establecen varias alternativas. Una, que lógicamente el Congreso debe funcionar en una sola sede, y así lo indica la experiencia de todos los Parlamentos del mundo, salvo el de Sudáfrica, el cual, en opinión de la Comisión, no es el ejemplo más digno de destacar.

Se plantea también que, a partir de las experiencias legislativas de otros países, en algunos de ellos, y bajo circunstancias especiales, se podría funcionar en dos sedes, ya sea en lo referente a las Comisiones o a algún otro trabajo del Congreso.

Se hace una serie de consideraciones respecto del funcionamiento propio de la Cámara, que tiene que ver con la periodicidad con que opera, cada cuánto tiempo tiene legislaturas ordinarias o extraordinarias, etcétera, que no viene al caso citar y que ustedes pueden encontrar en los antecedentes. Pero, básicamente, con respecto a las alternativas que hay en esta Subcomisión, de cómo puede funcionar el Congreso, hay una que establece claramente que debe ser en la misma ciudad en que lo hace el Ejecutivo.

Hay una segunda alternativa obvia, que es la de mantener la sede del Congreso en Valparaíso, aceptando la tesis de que la separación geográfica no es óbice para desarrollar una buena labor.

Además, se plantearon otras fórmulas de funcionamiento: por ejemplo, una que dispone que se podría establecer que en la legislatura ordinaria de sesiones el Congreso funcione en la misma ciudad sede del Ejecutivo y en la legislatura extraordinaria, separado de él.'

Otra establece que se puede diferenciar perfectamente entre lo que es el funcionamiento de la Sala en plenario y lo que es el funcionamiento de las Comisiones. Por ejemplo, se propone que funcionen las plenarias en Valparaíso y que las Comisiones se puedan constituir en otras Regiones.

Con respecto a esta última alternativa, se manifestó, incluso, que perfectamente se puede presentar un proyecto de ley que modifique la ley N° 18.678, en el sentido de permitir a las Cámaras acordar -y este tema lo trató formalmente y quedó establecido que se planteaba dentro del informe al Plenario-, por la mayoría de sus miembros presentes, sesionar también en la ciudad sede del Poder Ejecutivo. El acuerdo adoptado deberá tener validez tanto para las sesiones de Sala como de Comisiones, salvo acuerdo contrario, para toda la legislatura o para lo que reste de ella.

Esta opinión conserva la sede del Congreso en Valparaíso, es decir, es una fórmula intermedia, si se puede decir de alguna manera.

Por último, quiero manifestar que el mandato que recibió la Comisión para los efectos de elaborar su informe nos permitió emitirlo con el máximo de antecedentes posibles.

En la Comisión y en el trabajo no se desarrollaron votaciones respecto de las distintas posiciones, que claramente se discutieron y se analizaron. Para nadie es un misterio que hay colegas parlamentarios que están claramente a favor de que el Congreso permanezca en Valparaíso y otros que se inclinan en favor de trasladarlo a Santiago. Además, está la alternativa recién planteada que significaría funcionar en forma mixta, en plenarios en Valparaíso y en Comisiones en Santiago.

Igualmente, en este informe los señores Diputados pueden encontrar, en el índice entregado, todos y cada uno de los antecedentes, argumentos, informes y opiniones que han servido de base para su elaboración.

Nos ha parecido, y a mí personalmente, que el trabajo desarrollado por la Comisión es serio, responsable, profundo, que se desarrolló con buena voluntad, con espíritu constructivo, que ofrece los elementos de juicio para los efectos de que cada señor Diputado pueda decidir en conciencia, sin presiones de ningún tipo, respecto del tema.

Además, quedó claramente establecido que es el Congreso Nacional la instancia que debe decidir respecto de su ubicación, con autonomía y, lógicamente, viendo lo que significa el futuro del Poder Legislativo en el proceso de construcción democrática en que estamos involucrados.

El Ejecutivo mantuvo una posición neutral, como ya lo dije. Dará una solución en cuanto a lo que pueda significar el que el Congreso tome la decisión respecto de mantenerse en Valparaíso, es decir, a completar la construcción de este edificio; y también, obviamente, tomará los resguardos pertinentes si el Congreso decide funcionar en otra parte.

Por último, quiero agradecer a los miembros de la Comisión; a las distintas personas que colaboraron, que aportaron informes, opiniones; a las autoridades, a los técnicos, a las organizaciones gremiales, corporativas, a las autoridades regionales, a las distintas universidades que, de una u otra forma, nos hicieron ver sus puntos de vista y nos proporcionaron la valiosa información que está contenida, muy someramente, en este resumen.

Nosotros, tal como lo dijo el señor Presidente al inicio de este punto, tenemos conciencia de que este informe debe ser entregado a los señores Senadores, para los efectos de que ellos también tengan estos antecedentes en la discusión sobre la materia. Es más, todos estamos conscientes de que en el día de hoy se presentó un proyecto de ley que cambia la sede del Congreso. De manera que si ese proyecto ya existe en el Senado, en un momento determinado los señores Senadores tendrán que estudiarlo y analizarlo y este informe les aportará claramente los antecedentes para ello.

En el caso nuestro, en el de la Cámara, si ya se inició el trámite en el Senado, nos tocará en forma oportuna conocer de ese proyecto o de otro que se presente acá y, por lo tanto, votarlo.

Quiero dar disculpas a los Honorables colegas por la "lata" que ha significado el informe. Pero creo, realmente, que les permitirá, a quienes estén en una o en otra posición, tener los antecedentes y los argumentos serios como debatir en forma responsable, objetiva y sin pasión respecto de un tema que no sólo interesa a la V Región y a Santiago, sino al país entero.

Muchas gracias, señor Presidente.

-Aplausos en la Sala.