Labor Parlamentaria

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

En el Orden de Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre la República de Chile y el Gobierno del Estado de Israel sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Materia Aduanera, suscrito en la ciudad de Valparaíso, el 20 de enero de 2014.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en la sesión 39ª de la presente legislatura, en 4 de julio de 2017, oportunidad en que se rindieron los informes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de la de Hacienda.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin .

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, quiero llamar la atención respecto de tres situaciones que, a mi juicio, dejarían en un muy mal pie a nuestro Parlamento y a nuestro Estado en caso de aprobarse este acuerdo.

En primer lugar, sería una señal de que a nuestro Parlamento y a nuestro Estado les preocupa más facilitar el flujo de mercancías que el tránsito de las personas, de los ciudadanos.

Estaríamos aprobando un tratado aduanero que facilita el flujo de mercancías entre Chile e Israel, mientras ciudadanos chilenos nacidos en esta tierra, pero con raíces palestinas, que gozan de plenos derechos, cuando intentan viajar a la tierra de sus antepasados, sometida a cincuenta años de ocupación, y, por lo tanto, sin control de sus fronteras, simplemente no lo pueden hacer, porque el parlamento israelí aprobó una ley que impide el ingreso a quienes han emitido opiniones críticas respecto de esa ocupación.

Es así como a dos ciudadanos chilenos, Anuar Majluf y Omar Salamé , se les impidió entrar a Israel y fueron deportados, aun cuando no pretendían visitar ese país. Ellos viajaron a visitar a sus familias en Palestina; sin embargo, por haberse pronunciado a favor de la resistencia no violenta, por ejemplo, mediante el boicot, la desinversión y las sanciones en contra de Israel, no pudieron llegar a la tierra de sus familiares.

¿Qué hacemos nosotros? Respetamos nuestro acuerdo de libre migración con Israel, que permite a los ciudadanos israelíes entrar libremente a nuestro país, sin necesidad de visa. Sin embargo, lejos de exigir reciprocidad, la señal que estaríamos dando si aprobáramos este convenio de cooperación aduanera es que lo más importante para nuestro país es facilitar el ingreso y la salida de mercancías, y no el libre tránsito de las personas; la señal que entregaríamos es que no importa lo que suceda con estos ciudadanos chilenos, que por tener una visión crítica de la ocupación de Palestina no pueden ingresar a la tierra de sus antepasados. Eso me parece una señal absolutamente nefasta.

En segundo término, así como vamos a respaldar un proyecto de resolución para rechazar con fuerza lo que ha ocurrido en el Parlamento de Venezuela, donde fueron agredidos colegas nuestros, con quienes solidarizamos, en las cárceles israelíes hay decenas de parlamentarios palestinos, también colegas nuestros, sometidos a prisión, muchos de ellos a prisión administrativa, es decir, sin que ni siquiera se les formulen cargos. ¡Y nosotros aprobaremos acuerdos aduaneros con el Estado que los tiene sometidos a prisión administrativa!

¡Qué incoherencia sería aprobar el proyecto de acuerdo en estudio, sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera con Israel, el que tiene sometidos a prisión administrativa en sus cárceles a colegas nuestros, reitero, sin formulación de cargos, y después aprobar el proyecto de resolución que condena la agresión contra nuestros colegas venezolanos, lo que, por cierto, haremos con mucho gusto!

Aún peor, este proyecto de acuerdo, calificado con suma urgencia, tiene un problema enorme de eficacia. Por eso, quisiera que estuviera aquí el ministro de Relaciones Exteriores, ya que en distintas partes el acuerdo menciona el territorio de Israel y da facultades para fiscalizar a las partes dentro de su territorio. Al respecto, quiero preguntar quién podría definirnos el territorio de Israel.

Israel es el único país del mundo que no tiene fronteras definidas. ¿Estamos hablando de las fronteras del año 1948, cuando se creó el Estado de Israel, o de las fronteras del 4 de junio de 1967, tras el armisticio alcanzado después de la guerra de los seis días? ¿O vamos a hablar de lo que se ha ido construyendo con el muro, que sigue quitándole territorio a Palestina, Estado reconocido por Chile?

¿Vamos a aceptar que parte de esos terrenos son las colonias o asentamientos ilegales, sancionados por diversas resoluciones de las Naciones Unidas, la última de las cuales fue la N° 2334, del 23 de diciembre de 2016, del Consejo de Seguridad de la ONU y que contó con el apoyo de Chile? ¿Vamos a legitimar que se facilite el ingreso a Chile de productos que provengan de esas colonias ilegales, vulnerando las resoluciones de las Naciones Unidas, borrando con el codo lo que Chile aprobó en diciembre del año pasado?

¿Cuál es el territorio de Israel? Quisiera que el ministro nos respondiera aquello. Quiero saber cuál va a ser la aplicación concreta de este tratado cuando Chile quiera fiscalizar el origen de los productos si no está definido el territorio de Israel.

Me parece que este acuerdo va a ser imposible de ejecutar; pero lo peor de todo es que se está dando una señal que legitima la ocupación militar de un territorio, condenada por diversas resoluciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, las números 242 y 2334, entre otras.

Chile tiene una tremenda trayectoria de apego al derecho internacional, que es nuestro principal argumento en nuestros litigios. Siempre debemos apegarnos a la norma y al espíritu de las resoluciones de las Naciones Unidas, por lo que me parece que esto sería absolutamente contradictorio.

¿Qué gana Chile con esto? Ni siquiera un acuerdo comercial, ni siquiera un acuerdo que permita tener mejores aranceles. ¡Chile no gana nada con esto! Lo único que hace es dar una señal de confusión a la comunidad internacional. Peor aún, le está diciendo a los propios ciudadanos chilenos que aquí hay algunos de primera y otros de segunda clase; que depende de cuál es su apellido para ver si se los defiende y se cita a los embajadores a informar cuando se les niega el ingreso a un país. En el caso de los chilenos de origen árabe, por el solo hecho de tener opinión crítica de la ocupación israelí, se les impide pasar por Israel -no van a ese país-, y el Estado de Chile, lejos de reclamar, lejos de exigir reciprocidad, lo que hace es avanzar en tratados aduaneros de cooperación.

Señor Presidente, por el prestigio del Congreso Nacional, por la necesidad de exigir un trato como corresponde a nuestros ciudadanos; porque no podemos ser indolentes a la ocupación de una tierra por más de cincuenta años; porque sería un gesto de agravio a nuestros colegas parlamentarios palestinos prisioneros, y porque además nadie hasta ahora ha podido decir con claridad cuál es el territorio que, a partir de este tratado, podrán fiscalizar nuestros funcionarios de Aduanas, creo que no es posible aprobar este acuerdo. Sería una pésima señal. Chile no gana nada con él; muy por el contrario, pierde su prestigio internacional y también se ve afectada la manera en que defendemos los intereses de nuestros connacionales.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas .

El señor FARCAS.-

Señor Presidente, el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Materia Aduanera entre Chile e Israel es un tratado entre dos países democráticos. En realidad, el Estado de Israel es la única democracia en Medio Oriente. Como aquí se ha faltado a la verdad en forma tan absurda y descriteriada, no me queda más que responder que Israel es el único país que respeta a sus minorías.

Se manifiesta preocupación por los ciudadanos chilenos a los que se les impide ingresar a Israel. Al respecto, quiero expresar que, según datos de la Cancillería, en los últimos tres años setecientos chilenos no han podido entrar a distintos países, y solo a 15 se les ha impedido ingresar a Israel. Una democracia tiene la posibilidad de defenderse cuando hay gente que quiere boicotearla y destruirla.

Elie Wiesel , premio Nobel de la Paz, sobreviviente del holocausto, quien falleció el año pasado, señaló que cuando se parte con un boicot se termina con cámaras de gas y con Auschwitz. Esa fue la política del partido Nazi. Lamentablemente, la Inquisición, los pogromos y una larga historia de segregación, destrucción, matanzas y torturas han hecho que Israel tenga buenas razones para preocuparse cuando se inicia un boicot.

Por eso, en esta intervención no sería posible hablar de esta materia, porque es muy compleja y muy difícil de abordar; pero sí quiero ser taxativo en que estamos hablando de un acuerdo aduanero.

Ahora, si queremos discutir acerca de los derechos humanos, discutamos cómo lo vamos a hacer con países como Irán, cuyo código penal establece que niños de 14 años y niñas de 9 años pueden ser sometidos a la pena de muerte, que mujeres deben ser lapidadas y que los homosexuales pueden ser colgados en las plazas públicas. Hablemos de Pakistán, donde 973 mujeres han sido asesinadas producto de crímenes de honor; hablemos de El Líbano o de la Autoridad Palestina, que glorifica el terrorismo y a una plaza le pone el nombre de quien hace algún tiempo mató a 22 niños.

No estamos hablando de no firmar un tratado con Kuwait, Qatar , Emiratos Árabes , Congo , Uganda , Somalia o Bangladesh, que utilizan la circuncisión femenina como práctica habitual del Estado. ¡No! Tampoco estamos hablando de un país como Turquía, con el cual también tenemos un tratado aduanero, que está acusado de tener un litigio importante con Grecia y Chipre.

Si quisiéramos seguir con la lista, no podríamos haber firmado un acuerdo de colaboración aduanera con Venezuela, a propósito de lo que está pasando hoy en ese país, ni menos con Cuba.

El tema central es un acuerdo aduanero que va a traer importantes beneficios a Chile, que es lo que debería preocuparnos. Lo más relevante para nosotros es representar a nuestros ciudadanos y ciudadanas, y en tal sentido quiero ser absolutamente taxativo.

Vamos a tener la posibilidad de recaudar más impuestos y seguiremos una línea consistente y congruente de seguir firmando acuerdos con todas las naciones del mundo.

Quiero agregar algo que me parece muy importante. A pocos días del 18 de julio y de cumplirse un aniversario más del atentado a la AMIA, sabemos que Irán programó, financió y estructuró ese atentado, en que murieron 85 personas, entre ellos chilenos. Ese país, a través de Hezbolá y de Hamas, sigue potenciando el terrorismo.

Quiero reiterar lo mismo que expresé en la Comisión de Hacienda. Yo sería el primero en apoyar un tratado de libre comercio o un acuerdo aduanero con Irán, con Turquía o con cualquier otro país del mundo, porque estamos hablando de los beneficios para Chile, y eso es lo que nos debe preocupar. Hay que distinguir y diferenciar los planos en que estamos tratando las diferentes materias.

Finalmente, para no extenderme mucho -obviamente, este es un tema que podría ocuparnos largo tiempo-, quiero nuevamente hacer referencia a Elie Wiesel , a quien menciono con mucho orgullo en el primer aniversario de su muerte, ocurrida el 2 de julio de 2016.

Criticar al gobierno de Israel es legítimo, pero criticarlo en forma distinta y diferente que a cualquier otro país es claramente un acto de judeofobia y de antisemitismo.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .

El señor ROBLES.-

Señor Presidente, revisé el debate que hubo en la Comisión de Hacienda y he escuchado la discusión que se ha desarrollado en la Sala y me llama profundamente la atención que la gran mayoría de los parlamentarios no se haya referido al acuerdo aduanero entre Chile e Israel, que, como planteó muy bien el subsecretario de Relaciones Exteriores, es de interés para Chile. Se trata solo de un acuerdo entre las aduanas, desde el punto de vista administrativo.

Pero la gran mayoría de los parlamentarios, más que referirse a este proyecto de acuerdo, que beneficia a Chile en términos globales, se han referido a otro tema. Incluso, en la misma comisión la discusión no se centraba en el tema aduanero, sino en un conflicto porque se impidió el ingreso de una persona a Israel.

Planteo este punto porque, cuando ese tipo de conflictos se traslada a Chile, parece que algunos olvidan que en el Parlamento somos todos chilenos y que nuestro país está formado por generaciones que tienen distintos ascendientes, en términos de nuestra genealogía. Algunos somos descendientes de españoles; otros lo son de italianos, de alemanes, de palestinos, de judíos, por cierto, porque Chile es una mezcla de una gran cantidad de naciones, etcétera. Por ello, me parece improcedente que traigamos ese conflicto a nuestro parlamento y que algunos de nosotros, que tienen una mirada más bien de defensa de su ascendencia, estén planteando temas que no tienen relación con lo que estamos discutiendo.

Tampoco me parece razonable que, desde una visión política particular, tomemos partido en esta materia, en circunstancias de que se trata de relaciones administrativas entre dos Estados independientes, democráticos, que suscriben un acuerdo -lo suscribe el gobierno de nuestro país a base de los elementos internacionales que nuestro gobierno defiende en nuestras fronteras con todos los países amigos. Por lo tanto, es una política de Estado, no de un grupo de connacionales.

Como dije, me llama la atención este debate, porque esto muestra que en nuestro país se pueden dar discusiones relacionadas con visiones de otros lados de la geografía mundial y que no necesariamente debieran ser nuestros. Por ello, debe revisarse el proyecto de acuerdo en debate y evaluarse si a Chile le conviene o no suscribirlo.

Personalmente, me parece que es razonablemente bueno que tengamos una política aduanera con el Estado de Israel, así como también me parece razonablemente conveniente que tengamos una política aduanera con Palestina, o intercambio comercial con Israel y con Palestina, si es beneficioso para los intereses de Chile. Por eso, me llama mucho la atención la discusión que se ha generado.

El acuerdo tiene una lógica, desde el punto de vista de la defensa de nuestros intereses. Como parlamentarios chilenos, que debemos reflexionar y votar los acuerdos que nuestro país suscribe desde la mirada del interés de nuestro Estado, me parece prudente que lo aprobemos.

En relación con el otro tema que se mencionó, es muy importante que no importemos conflictos que no son necesariamente nuestros, porque cada sociedad tiene sus problemas y en la historia se han originado distintos inconvenientes. Nosotros también hemos tenido conflictos en nuestra historia y siempre hemos esperado que otros países no se metan en nuestros problemas, como, por ejemplo, los que hemos tenido con nuestros hermanos de Bolivia, de Perú e, incluso, de Argentina.

El Estado de Chile debe desarrollar sus políticas en función del Estado de Chile y, por lo tanto, en ese plano, debemos apoyar acuerdos como este. En ese sentido, es obvio que cualquier otro argumento que no tenga relación con el acuerdo está muy alejado de los intereses de los chilenos, sobre todo cuando es el gobierno de Chile el que ha suscrito este acuerdo, que me parece sumamente razonable.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Señores diputados, les recuerdo que estamos tratando el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Israel sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Materia Aduanera.

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Espejo .

El señor ESPEJO.-

Señor Presidente, usted describe correctamente la discusión que estamos llevando a cabo; pero tengo la impresión de que en esta materia es necesario razonar adecuadamente y argumentar en torno a las posiciones que se han planteado sobre un acuerdo de cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera, que ya fue suscrito por los gobiernos de Chile e Israel hace tres años. Se trata de una materia técnicamente simple que, habitualmente, sería despachada con facilidad por la Cámara de Diputados, pero es evidente que ello no ha sido posible y quiero hacerme cargo de esta situación.

Estoy convencido de que aprobar este acuerdo es beneficioso para Chile, por razones económicas y de política exterior. Además, es plenamente coherente con la vocación de paz y con la mejor tradición de nuestra política exterior. Lo planteo, pues este argumento se ha utilizado en un sentido distinto durante el debate.

Para llegar a este convencimiento, en medio de una discusión que entiendo que no es simple, he querido revisar en qué consiste el acuerdo, atendido el argumento de quienes piensan distinto y que señalan que podría ser contrario a la defensa de los derechos humanos, causa muy querida por nosotros.

El principal factor por el que considero que el acuerdo es beneficioso es que el trabajo en materia aduanera consiste no solamente en asegurar el pago de impuestos, sino también en luchar contra el tráfico de drogas, sustancias ilícitas y especies en riesgo de extinción, así como acabar con los desechos tóxicos. La idea es proteger nuestro patrimonio económico, fitosanitario, el medio ambiente y la salud pública.

Para lograr dicha protección, el consenso más extendido es que el acuerdo entre aduanas, la asistencia administrativa y el intercambio de información es el mejor mecanismo para prevenir, investigar y combatir infracciones a través de las cuales se produce evasión de impuestos o se facilita la comisión de delitos.

La experiencia de nuestro Servicio Nacional de Aduanas señala que este acuerdo, definido sobre normas jurídicas claras, es esencial en la búsqueda de los objetivos que he señalado, en el marco de una sofisticación creciente de los medios tanto para evadir impuestos como para cometer los ilícitos a los que me he referido y otros delitos asociados.

Por lo tanto, se necesita contar con información anticipada para facilitar la fiscalización y el control, con medios de prueba oportunos y fidedignos para asegurar el éxito de los procedimientos tributarios y penales que sea necesario llevar adelante.

Por esa razón, nuestro Servicio Nacional de Aduanas cuenta con al menos 14 acuerdos de cooperación vigentes, entre los cuales destacan los vinculados con el Mercosur, la Unión Europea, China y Estados Unidos de América. Es la misma razón por la que están en negociación al menos 13 acuerdos más de las mismas características del que estamos discutiendo. Esa es nuestra experiencia.

Además, es necesario considerar lo señalado por la Organización Mundial de Aduanas, de la cual uno de sus principales directivos hasta hace pocos días fue el señor Sergio Mujica Montes , chileno, exdirector de Aduanas. Dicha organización ha formulado un conjunto de recomendaciones, con el objeto de asegurar el intercambio fluido de información que permita proteger las fronteras y la protección de los patrimonios a los que he hecho referencia.

Por otra parte, el acuerdo de cooperación en debate sobre intercambio de información tiene límites, pues de acuerdo a su artículo 9° la asistencia podrá ser rechazada o condicionada cuando perjudique o infrinja la soberanía, la seguridad nacional, el orden público o cualquier otro interés nacional relevante, de importancia para cualquiera de las partes; o viole el secreto comercial industrial o profesional. Es más, la misma norma establece la posibilidad de que esta asistencia sea postergada cuando obstaculice una investigación o un procedimiento en curso.

Es decir, desde el punto de vista de la protección de los intereses de nuestra población, a quienes representamos, este acuerdo significa una mejora, porque protege el patrimonio nacional intangible, asociado a los objetivos de nuestra política exterior, a nuestra vocación de paz, a nuestra decisión de vivir en un planeta donde los conflictos no sean la regla, sino la excepción.

En ese sentido, los mismos argumentos que defendí en su momento para reconocer que Palestina es un Estado libre, soberano e independiente, deben estar detrás de la lógica de aprobar un acuerdo como este. Lo que nuestra política exterior promueve, lo que debemos defender es la práctica permanente del diálogo con todos aquellos países y actores sobre los cuales queremos influir. Para ello hay que mantener relaciones de todo tipo; sin relaciones permanentes no es posible influir para alcanzar la paz.

Si queremos contribuir a entregar una solución al conflicto entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina, debemos tener un diálogo permanente, fluido. Las relaciones cotidianas son un mejor camino que evitar el diálogo y romper puentes.

Ahora bien, supongo que quienes se oponen a este acuerdo pedirán, a continuación, por ejemplo, que pongamos término al acuerdo en materia de intercambio aduanero con China, país en el cual la situación de los derechos humanos es, a lo menos, cuestionable; lo mismo con Bolivia, que disputa o cuestiona nuestras fronteras; no seguir la negociación con los Emiratos Árabes Unidos, por razones vinculadas, por ejemplo, al estatus y al tratamiento de los derechos de las mujeres. Creo en lo contrario, pues para asegurar influencia y facilitar el objetivo de alcanzar la paz, debemos establecer la mayor cantidad de relaciones posibles con distintos países.

Con completa transparencia quiero señalar que el proyecto de acuerdo en discusión se enmarca en la cooperación con un Estado democrático, en el que existe una mayoría que gobierna, una oposición y libertad de prensa; un Estado con el cual es absolutamente razonable que Chile tenga la mejor de las relaciones, manteniendo nuestras discrepancias, planteando nuestras diferencias, defendiendo aquello que consideramos importante, por ejemplo, el pleno respeto de los derechos del pueblo palestino.

Por esa razón, planteo a la Sala la conveniencia de aprobar este acuerdo de cooperación aduanera y evitar, como bien dijo el diputado Alberto Robles , que trasplantemos a Chile un conflicto que no es nuestro, y que por esa vía impidamos la solución pacífica a la que todos aspiramos.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Señor Presidente, quienes hemos expresado nuestra disconformidad con este acuerdo no solo pensamos en que se nos atribuye importar un conflicto internacional a nuestro país, sino también en que se ha señalado que el acuerdo solo trata sobre un asunto eminentemente técnico y que no debería tener otras implicancias.

Quiero abordar el problema desde el Estado de Chile, porque es importante la coherencia. Chile reconoció a Palestina como un estado libre, independiente y soberano. Reitero: Chile reconoció a Palestina como un estado libre, independiente y soberano. Por tanto, en el marco de la discusión de acuerdos aduaneros, la pregunta que debemos hacernos es dónde están las aduanas de ese estado libre, independiente y soberano de Palestina. ¿Dónde están? ¿Dónde está el acuerdo del Estado de Chile con ese estado libre, independiente y soberano de Palestina?

He buscado en los mapas y he tratado de encontrar las aduanas de ese estado libre, independiente y soberano de Palestina, que el Estado de Chile reconoció.

¿No sería posible pensar que, al reconocer aduanas al Estado de Israel emplazadas en un territorio que nosotros señalamos que pertenece a Palestina, nos estaremos involucrando en un conflicto internacional? Es decir, estamos trayendo a Chile un conflicto. Con este tratado estamos diciendo: “Hay que firmar un acuerdo con Israel para que tenga aduanas en el territorio en el que nosotros decimos que está emplazado el estado libre, independiente y soberano de Palestina.”. Es decir, hay que firmar un acuerdo para que Israel tenga aduanas en Gaza, para que siga bloqueando Gaza permanentemente y para que siga manteniendo el control sobre territorio palestino. ¿Es eso coherente?

No se trata de traer un conflicto de allá para acá. Lo que pido es coherencia del Estado chileno. De lo contrario, ¿qué estaremos haciendo? Lo que estaremos haciendo con este acuerdo es decirle al Estado de Israel: “Nosotros reconocimos al Estado de Palestina, pero no se preocupe porque fue como chacota, como en broma, porque en definitiva firmamos con usted un acuerdo para que tenga aduanas en territorio palestino -o sea, reitero, en el territorio que nosotros reconocemos que es palestino-.”. ¡Eso no es serio!

El acuerdo no se trata solo de un asunto económico, como algunos han sostenido. ¡Estamos hablando de relaciones internacionales del Estado de Chile! Sin embargo -repito-, algunos dicen que el acuerdo aborda un tema eminentemente económico. Curiosamente dicen que en este caso no hay que hablar de política -en una cámara esencialmente política-, porque estamos ante un acuerdo económico que va a beneficiar a Chile, sin importar que sea sobre el desconocimiento de la existencia de nuestras propias decisiones políticas.

Es más, la decisión de reconocer al Estado libre, independiente y soberano de Palestina se adoptó durante el gobierno del Presidente Piñera. Pero ahora estamos diciendo que sobre ese Estado libre, independiente y soberano de Palestina vamos a establecer aduanas israelíes.

Me parece que debemos actuar con seriedad, con coherencia y en consecuencia. De lo contrario, las relaciones internacionales no valdrán nada, no contarán en nada, porque solo hacemos negocio con los estados para conveniencia económica y no política. Tiene que haber coherencia. El Estado de Chile siempre debe defender los derechos humanos en cualquier parte del mundo, como algunos lo predican en este hemiciclo permanentemente.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló .

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, quiero ratificar los conceptos vertidos por el colega Hugo Gutiérrez , que con tanta claridad ha expresado los puntos de vista de nuestra bancada sobre la materia, y complementar brevemente lo dicho con dos argumentos que en su oportunidad entregamos al ministro de Relaciones Exteriores un conjunto de diputados, encabezados por el colega Patricio Vallespín , quien también intervino con tanta lucidez en la sesión anterior respecto de este tema.

Sin perjuicio de que en su momento habrá oportunidad en la Cámara para analizar un problema que atañe a la humanidad -no es un problema chileno, pero todos somos parte de la humanidad-: cómo fue posible que un pueblo que fue víctima de tanta atrocidad, se transformó en un pueblo que ha cometido tantas atrocidades; cómo de víctima se transformó en victimario; cómo ha sido capaz, una vez constituido como Estado, de cometer las atrocidades que cometió en Sabra, en Chatila y en tantos otros lugares, asesinando a mujeres, ancianos y niños, quiero decir dos cosas en relación con este tratado.

Chile ya tiene otros convenios internacionales suscritos con la República de Israel. Uno de ellos permite el libre acceso de ciudadanos israelíes al territorio nacional chileno, y viceversa. Sin embargo, un grupo de parlamentarios chilenos, encabezados por Patricio Vallespín e integrado por miembros de todas las bancadas, entregaron antecedentes a la Cancillería de que, solo en el último año, a más de veinte ciudadanos chilenos, es decir, a nacidos en nuestro territorio, pero descendientes de palestinos, se les ha prohibido el ingreso, no a Israel -la verdad sea dicha, a nadie le interesa ir a conocer Israel-, sino al territorio de sus antepasados, a Palestina, cuyas fronteras, como país ocupado, están resguardadas por el país ocupante, es decir, por Israel.

Los ciudadanos chilenos señalados no han podido ingresar a Palestina ya sea por el aeropuerto de Tel Aviv o por los pasos terrestres.

Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: si Israel ha desconocido unilateralmente un convenio, ¿por qué la Cancillería chilena no exige que se cumplan los convenios y tratados internacionales que ya suscribimos con Israel antes de proponer uno nuevo?

Lo mínimo que los parlamentarios de todos los sectores, transversalmente, deberíamos exigir es la defensa de los ciudadanos chilenos. Tenemos la obligación constitucional y legal de defender a los ciudadanos chilenos. Somos el Parlamento de Chile, aunque por ahí hay un parlamentario que se siente más israelí que chileno, pero es un problema de su conciencia.

Repito: tenemos la obligación constitucional y legal de defender a los ciudadanos chilenos. En este caso, hablamos de ciudadanos que han sido vejados, reprimidos e incluso algunos violentados al intentar ingresar a Palestina, la tierra de sus antepasados.

Entonces, el primer argumento en contra del proyecto es que hay un convenio vigente que Israel, unilateralmente, no quiere cumplir. Cuando estamos ad portas de aprobar o rechazar este convenio aduanero, debemos considerar si el Estado de Israel está cumpliendo con lo que dispone el tratado anterior.

El segundo argumento es que se trata de un acuerdo aduanero de intercambio de mercancías. Chile produce mercancías que eventualmente irían a Israel; las produce en Antofagasta, en Santiago, en Puerto Montt, en Chile Chico y en cualquier parte del territorio nacional, lo que es conocido por todo el mundo. Manos chilenas generan esos productos que se exportarán a Israel. En cambio, cabe preguntarse: ¿Sabemos quiénes en Israel elaboran los productos a exportar y en qué parte de su territorio se producen? ¿Qué pasa si se producen en territorio palestino, ocupado ilegalmente por Israel, según el derecho internacional?

El diputado Patricio Vallespín explicó que Israel es el único país del mundo que no tiene fronteras conocidas. Por lo tanto, ¿qué pasa si manos palestinas elaboran esos productos, es decir, si el país ocupante se está apropiando del trabajo de ciudadanos de otra nación, de otro pueblo para exportar esos productos a Chile?

¡Cómo no vamos a exigir, por lo menos, que el Estado con el que estamos estableciendo un convenio tenga un territorio y fronteras conocidos!

Por esas razones, más las planteadas, reitero, por el colega y amigo de nuestra bancada diputado Hugo Gutiérrez , debiéramos rechazar el proyecto y establecer las condiciones mínimas que debe exigir un Estado con dignidad: que el país con el que se suscribe el convenio respete los anteriores, tenga un territorio conocido y cumpla con lo establecido en el derecho internacional.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, al discutir sobre este proyecto estamos velando por la protección de los intereses del Estado de Chile y del pueblo chileno.

El tratado aduanero es positivo para nuestro país desde el punto de vista del intercambio comercial, pues abrirá mucho más las puertas de un país que hace años se definió como abierto al mundo, en términos de su política multilateral. Chile no cierra sus fronteras y entiende que el intercambio comercial también significa intercambio cultural y la discusión de carácter político, que algunos han instalado en este debate.

Chile tiene especial interés en temas como la desertificación, el aprovechamiento del agua, las nuevas tecnologías y el combate de incendios, por lo que, desde esa perspectiva, importa de manera sustantiva suscribir el acuerdo aduanero con Israel.

Desde el punto de vista político, es descarado el doble discurso de algunos, que sacan la voz para reclamar por la situación de Israel, pero no lo hacen cuando se trata de otras naciones del Medio Oriente, como Siria, país con el que tenemos relaciones diplomáticas y comerciales, a pesar de que el régimen de Bashar al Assad es una dictadura que emplea armamento químico contra su propio pueblo.

Tampoco se menciona la situación que afecta a las minorías sexuales o la falta de democracia en gran parte de los países de esa región, lo que constituye un doble estándar gigantesco cuando se critica a Israel.

En el caso de las mujeres, la igualdad de género y la participación política es superior a la de nuestro país. ¡Para qué decir si se compara su realidad con la de otros países que algunos parlamentarios defienden!

En cuanto al tema de las deportaciones, debo mencionar que en los últimos tres años nuestro país no permitió el ingreso a 18.906 personas. Ningún diputado se refirió a la actuación de Chile en materia fronteriza, porque todos entendemos que nuestro país tiene una política al respecto. En ese sentido, cabe recordar que próximamente tendremos una nueva ley de migración.

Asimismo, en el último año, más de 1.100 connacionales no pudieron ingresar a distintos países, pero Israel no está en los primeros lugares de ese ranking. Ninguno de los diputados que hoy aludieron a la situación de Israel sacó la voz respecto de esta cifra. No escuché a los diputados Sergio Aguiló y Hugo Gutiérrez referirse a los casos de Canadá y de Estados Unidos de América.

Por eso, considero que más que un genuino interés por salvaguardar los intereses de nuestro país, lo que existe es un lobby desatado en contra de un Estado.

El diputado Sergio Aguiló señaló que se trata de un pueblo que ha cometido atrocidades. No habla de un Estado, de un régimen político, de un ejército, sino de un pueblo. ¿Hablamos de niños? ¿Hablamos de mujeres, de trabajadores, de personas que están, incluso, en las antípodas de la política exterior israelí? ¿Hablamos de quienes son disidentes del gobierno de turno?

El señor Aguiló habló de un pueblo que ha cometido atrocidades. Tal vez, los últimos pueblos que cometieron atrocidades fueron aquellos cercanos a la ideología nazi o al fascismo.

Reitero: no se habla del Estado de Israel, de su política exterior, sino de “un pueblo que ha cometido atrocidades.”.

Repito esa frase, porque va a quedar en los anales del debate, pues algunos parlamentarios solapadamente hablan de un pueblo. Ya no es el señor Netanyahu , no es su ejército, no son quienes piensan distinto a él, sino que es el pueblo completo el que comete atrocidades. De acuerdo al criterio del señor Sergio Aguiló , un niño cabe en ese concepto.

Hay un sesgo de antisemitismo en las declaraciones de algunos colegas. Por eso, pido altura de miras para realizar este debate. El interés nacional debe ser nuestra principal preocupación y una muestra de ello es el intercambio comercial que podemos alcanzar.

Reitero: Israel no figura en el ranking de países que han deportado ciudadanos chilenos. No veo ninguna preocupación cuando las deportaciones son realizadas por cualquier otro país que no sea Israel. Hay miopía y sesgo ideológico cuando se analiza esta situación.

En Israel las personas son las que hacen comercio y, por tanto, perfectamente podemos hablar de empresarios palestinos o de personas que piensan de manera distinta del gobierno de turno. Lo importante es abrir mercados para favorecer el intercambio de mercaderías.

Este es un tratado importante para nuestro país, porque, desde el punto de vista del mundo que viene y las metas que tiene nuestro país para este siglo, debemos preocuparnos de incrementar el intercambio tecnológico.

Chile tiene la suerte de contar con el desierto que recibe la mejor radiación solar en el mundo, así que la generación de energía eléctrica a partir de la energía solar puede resultar de una importancia vital para nuestro país. Y para qué decir la desalinización del agua de mar para convertirla en potable. Se necesitan tecnologías avanzadas para extraer agua del mar y transformarla en agua potable o de uso para desarrollar la agricultura en el Norte Grande, a fin de evitar, además, el avance de la desertificación.

Me quedo con el star stuff, las nuevas tecnologías y el problema del agua, aspectos esenciales de la agenda nacional.

No obstante, no puedo dejar de señalar que me causan preocupación ciertas palabras para la historia que algunos han intentado instalar en el debate. El diputado Aguiló expresó que “se trata de un pueblo que ha cometido atrocidades”. Entonces, ya no se habla de un Estado, ni de un ejército, sino del pueblo israelí. De hecho, ni siquiera mencionó el disenso político; simplemente condenó a todos los israelíes, incluidos los niños y las mujeres inocentes, a los disidentes del gobierno.

La expresión que hace ese diputado, miserable y artera, por cierto, es una vergüenza para quienes condenamos el fascismo en todas sus formas.

Sin duda, hoy fuimos testigos de una expresión fascista en la Cámara de Diputados, y siento que es un hecho que no podemos pasar por alto.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, concuerdo con lo manifestado por el diputado Silber en relación con que no se puede condenar al pueblo de Israel. Es posible que el diputado Sergio Aguiló haya escogido mal sus palabras, pero creo que no está en su espíritu hacer esa generalización. Me parece que no es lo que quería expresar. Si eso es lo que efectivamente quiso decir, vale la pena corregirlo. Nuestra bancada jamás va a condenar a un pueblo por los crímenes que cometa un Estado.

A nivel internacional se ha reconocido que el Estado de Israel, no así el pueblo israelí, ha cometido crímenes de guerra en contra del pueblo palestino en los más de cincuenta años de ocupación ilegal. Así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.

Hay más de veinte parlamentarios palestinos en cárceles israelíes. Israel es uno de los países que ha recibido más condenas de la Organización de las Naciones Unidas. Su ocupación ilegal es la que ha generado mayor cantidad de muertes de niños y niñas.

Entonces, no estamos hablando de cualquier país, sino de uno que lleva gran cantidad de años ocupando ilegalmente el territorio palestino. Al visitar Palestina, fuimos testigos de los bombardeos, de las muertes de niños y niñas y de cómo se quita a los palestinos el derecho al libre tránsito y el acceso a sus territorios, no obstante ser reconocidos como un Estado libre y soberano.

Entonces, uno se empieza a dar cuenta de que las discusiones sobre ese tipo de acuerdos económicos no son solo técnicas, sino también políticas. Con la firma de este acuerdo pretendemos favorecer económicamente el desarrollo de nuestro país, pero también estamos favoreciendo al Estado de Israel. Los debates económicos no son ajenos a la política, porque, como se sabe, las ocupaciones, las construcciones y la generación de poblaciones y asentamientos ilegales en territorio palestino deben ser financiadas. Por tanto, hay una política financiada gracias a la expansión económica de Israel, y eso le permite perpetrar, mantener y prolongar los crímenes de guerra a través de la ocupación ilegal.

De manera que no son cosas distintas. Favorecer económicamente a través de una política aduanera a un Estado que ha sido condenado en reiteradas oportunidades por cometer crímenes de guerra no es ajeno a la política. Por lo tanto, no es solo un debate técnico, sino también político.

Me pregunto qué pasa con Chile. Claramente, nuestro país se podría ver beneficiado en esos términos; pero no podemos legislar ni votar cosas que favorezcan a nuestro país a cualquier precio y por cualquier medio. En este caso, para favorecer a nuestra nación, estaremos perjudicando a un pueblo, particularmente a los niños y niñas de Palestina.

Debemos ampliar la conciencia. No se trata solo de Chile y de los elementos positivos o las ventajas que podamos sacar en materia económica, sino también de ampliar la conciencia internacional y ver si a través de este tipo de votaciones perjudicamos a los habitantes de otros países, como Palestina, que durante décadas han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y de crímenes de guerra.

No estamos haciendo solos una declaración o una acusación; también la han realizado los organismos internacionales, y es sumamente importante resaltarlo. Mediante una decisión política, diplomática y económica en Chile, estaremos favoreciendo una política aduanera que, lamentablemente, es ilegal, porque desconoce los límites fronterizos de Israel, que a través de su política de asentamientos ha corrido su frontera hacia el territorio palestino.

Por eso, considero que este no es un tema técnico o un problema económico alejado de lo político, sino un debate netamente político. Es responsabilidad del Congreso Nacional, del Estado de Chile en general, no favorecer políticas internacionales que perjudiquen a un pueblo históricamente dañado, como el palestino.

Si nos preocupamos por el agua en Chile, cabe preguntar a mis colegas si saben cómo se ven afectadas las familias, los niños, las niñas y las mujeres de Palestina, muchos de los cuales no tienen acceso al agua potable a causa de la ocupación ilegal. Sin embargo, solo nos preocupamos del acceso al agua potable o del desarrollo de nuevas tecnologías en materia energética para nuestro país, mientras, a costa de ese desarrollo, apoyamos a un pueblo que históricamente ha sido condenado por su ocupación ilegal.

En consecuencia, hago un llamado a la conciencia de mis colegas, pues esto no es contra el pueblo israelí, sino de una política de Estado ha sido recriminada y reprochada a nivel internacional, y catalogada como crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos cometidos de manera sistemática por un Estado, no por su pueblo.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade .

El señor ANDRADE.-

Señor Presidente, no es fácil intervenir en el debate de un proyecto de esta naturaleza, porque si bien se trata de un acuerdo que el gobierno de Chile considera importante suscribir, razón por la cual lo ha promovido y respaldado, uno no puede eludir el tema de fondo, la controversia que se ha planteado en la Sala, que da cuenta de las distintas apreciaciones que tenemos respecto de un conflicto que territorialmente es muy lejano, pero también muy cercano, ya que la comunidad palestina en Chile debe ser la segunda en importancia de todo el mundo y, por cierto, la comunidad israelita también ha jugado un rol relevante.

Para nadie es un misterio que el Partido Socialista siempre ha respaldado la causa palestina, al igual como hemos respaldado todas las causas por la liberación y la soberanía de los pueblos.

Siempre es bueno tener información fidedigna del lugar. En ese contexto, fui invitado por el gobierno israelita para conocer en terreno el desarrollo de ese país y la situación interna de sus ciudadanos, los que son muy interesantes.

Ese mismo año tuve la oportunidad de concurrir a Palestina y ver la situación del pueblo palestino. Créanme, no deja de ser conmovedora la situación en que se encuentra. Una de las noches en que estábamos en el hotel, escuchamos una balacera. Al día siguiente fuimos a averiguar qué había sucedido. Había entrado el ejército israelí con maquinaria pesada para desalojar cinco viviendas. Destruyeron las casas y sacaron a sus moradores esa misma noche. Era conmovedor ver cinco viviendas destruidas en territorio palestino en el curso de una noche. Uno no puede permanecer indiferente ante situaciones de esa naturaleza.

El tratado aduanero con Israel puede ser muy interesante y particularmente grato para el gobierno chileno; pero no podemos permanecer indiferentes ante una situación que afecta derechos básicos de un pueblo. Sin perjuicio de la simpatía que uno pueda tener por uno u otro Estado, hay una situación de desequilibrio y de desmedro que hace difícil no hacerse cargo de ella.

Reitero: si bien entiendo que este tratado resulta interesante y conveniente para el gobierno chileno, no se puede soslayar la situación política.

Por lo tanto, invito a que tengamos esta misma consideración cada vez que se presenten situaciones como la de Venezuela. Por eso hemos suscrito un proyecto de resolución con otros diputados de la Nueva Mayoría, mediante el cual rechazamos el intento del Presidente Maduro de alterar la Constitución Política de Chávez.

Esperamos que se adopte la misma postura cuando se discutan tratados con países económicamente relevantes en donde los derechos humanos están en entredicho, como China e, incluso, Estados Unidos de América, ya que en esos casos la disposición de la Sala ha sido otra. Me parece fundamental la coherencia en estas materias, razón por la cual anuncio mi voto en contra del proyecto.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en la sesión 38ª de la presente legislatura, en 22 de junio 2017, oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina .

La señora MOLINA (doña Andrea).-

Señor Presidente, mediante este proyecto de ley se pretende resolver un problema que se presenta en muchas comunas de nuestro país y que tiene relación con la excesiva cantidad de cables que deben soportar los postes, los cuales no solo sostienen los cables que transportan energía eléctrica y los del alumbrado público, sino también los que pertenecen a diferentes compañías que prestan servicios de comunicaciones. Muchos de ellos se encuentran en desuso, factor tremendamente importante, ya que el problema se produce cuando las empresas de telecomunicaciones no retiran esos cables inútiles, los que causan contaminación o la denominada “chatarra aérea”, que genera problemas al paisaje urbano y representa una amenaza de caída de los postes y accidentes a los peatones.

Es importante tener claro este punto. El problema ocasionado por los cables en desuso no solo es estético, sino que además se relaciona con accidentes, incendios, sobrecarga de postes, riesgos de desplome, limitación de la visión de cámaras de vigilancia, contaminación visual y, en definitiva, un deterioro de la calidad de vida.

Esta regulación se hace necesaria porque nuestra normativa no regula con precisión la acumulación de cables que puede producirse en un poste, ni mucho menos lo que sucede con las líneas que dejan de prestar utilidad.

La comisión recibió en audiencia a la Asociación Chilena de Municipalidades y al alcalde de La Reina, quienes manifestaron la necesidad de regular este problema.

Elaboramos una indicación que permitirá mejorar el proyecto, pues establece que los cables que no se encuentren en funcionamiento deberán ser retirados de la vía pública por los respectivos concesionarios en un plazo de tres meses desde que hubieren dejado de prestar utilidad. En caso de que esto no se realice, se faculta a las municipalidades para retirarlos a costa del respectivo concesionario, ya que el retiro de los cables implica un costo que, por supuesto, no debe asumir la municipalidad. Además, se dispuso una multa en caso de que no se cumpla con la obligación de retiro.

Por lo tanto, considero que hemos mejorado el proyecto de ley, que será un aporte relevante para la comunidad, así como para la seguridad, la arquitectura, el patrimonio, el paisaje el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, que es lo que buscamos finalmente como legisladores.

Espero que los colegas apoyen el proyecto de ley para que siga avanzando en su tramitación y sea prontamente ley de la república.

Por intermedio del señor Presidente, agradezco al diputado Osvaldo Urrutia que me haya invitado a patrocinar el proyecto, e invitamos a los parlamentarios a votarlo a favor.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada .

El señor ARRIAGADA.-

Señor Presidente, apoyaremos este importante proyecto, ya que apunta a resolver un problema real que pone en riesgo la seguridad de la población y genera un conjunto de inconvenientes. No obstante, considero que es la ocasión de señalar y aclarar algunos aspectos.

Estamos haciendo el trabajo a un conjunto de empresas que tienen ganancias siderales, las que dejan a vastos sectores de la población sin suministro eléctrico hasta por una semana cuando se produce una lluvia o un pequeño temporal. ¡Para qué hablar de las compensaciones! Ninguna empresa responde ante la gente que sufre el impacto de su ineficacia; “paga Moya”.

Un dictamen de la Contraloría estableció que las empresas eléctricas eran dueñas de los postes hasta 1992. Desde 1992 en adelante, los municipios son los dueños de los postes ubicados en la vía pública.

Las empresas de telefonía arriendan los postes de las empresas eléctricas y, por lo tanto, estas últimas reciben esos recursos. Sin embargo, un municipio que dictó una ordenanza en esta materia, logró ganar un juicio en la Corte Suprema, demostrando que si los municipios eran los dueños de los postes y las empresas telefónicas los arrendaban, el beneficio de ese arrendamiento debía ir a las arcas municipales y no a las de las empresas eléctricas.

Algunas comunas postulan a proyectos FNDR para tener modernos sistemas de iluminación, pero la potencia lumínica depende de las empresas distribuidoras. Así, en las poblaciones periféricas de Santiago la iluminación es muy baja, particularmente en invierno, aunque tienen sistemas modernos y eficientes, porque la potencia la determina la empresa distribuidora.

Los postes de alumbrado público no tienen medidores por lo que pagan un costo promedio mensual fijo, establecido por la propia empresa.

Reitero: los postes no tienen medidores que garanticen que se paga por lo que se consume. Los problemas de seguridad que genera la baja luminosidad en algunos barrios están dados porque la empresa eléctrica determina la potencia; la luminosidad no depende de cuán moderno sea el sistema utilizado en cada poste.

El proyecto resuelve un problema. Por eso lo vamos a aprobar, aunque lo esencial no se toca. En algunas comunas de Santiago el cableado no es por aire. En Vitacura y Las Condes no están preocupados de disminuir la cantidad de cables inútiles, porque ellos no están en los postes, sino soterrados. Al respecto, el autor del proyecto advierte que sería muy caro aplicar esta medida a todo el país; que no es posible extender el privilegio que tienen las comunas antes mencionadas a Pudahuel, La Granja o Cerrillos . El costo superaría los 35 millones de dólares y sería traspasado a las propiedades, al consumo de los usuarios.

El proyecto nada dice sobre las inmensas ganancias que han tenido las empresas eléctricas, que durante 2016 crecieron 15 por ciento, lo que incluso supera las ganancias de las isapres y de la banca. Es obvio, si un usuario se atrasa un día en el pago, le cortan la luz y luego le cobran por la reposición. ¡Todos conocemos la forma como las empresas obtienen sus grandes ganancias!

El proyecto no dice que el anhelado soterramiento de los cables del tendido eléctrico puede ser posible en todas las comunas y no solo en algunas. La solución es compartir los costos con un aporte del Estado, un pequeño aporte de los usuarios, pero principalmente regulando las enormes ganancias que obtienen esas empresas abusivas, que han construido sus enormes fortunas abusando de sus trabajadores y de los usuarios. Ningún país que se precie de decente tolera que se interrumpa el suministro eléctrico y no haya sanciones para las empresas.

¿Saben lo que significa para un paciente que se dializa, que está conectado a una máquina durante cuatro horas para depurar su sangre, el hecho de que se interrumpa el suministro eléctrico?

¿Tienen conciencia esas empresas de lo que provocan en personas que son oxigeno dependientes y que están en manos de máquinas eléctricas para sobrevivir? ¿Quién les responde a esas personas?

Este proyecto es casi ingenuo. Hay que aprobarlo porque sirve para la estética y para la seguridad de las personas, pero no aborda los problemas de fondo, por ejemplo, dotar a la Superintendencia de Servicios Eléctricos de facultades reales para fiscalizar y sancionar a empresas que tienen enormes garantías. La gente está cansada de los abusos y espera que el Congreso Nacional cambie esa situación.

Si bien aprobaré el proyecto de ley, quiero advertir que no se toca el tema de fondo, cual es el cobro abusivo por concepto del alumbrado público. Los postes no cuentan con medidor; por eso, todas las comunas pagan un promedio mensual. El 30 por ciento de los recursos del Fondo Común Municipal se destina a pagar el consumo del alumbrado público a esas empresas abusivas.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado David Sandoval .

El señor SANDOVAL.-

Señor Presidente, este proyecto es muy interesante desde el punto de vista urbano porque busca solucionar un problema que afecta a ciudades y pueblos de nuestros distritos.

El diputado Osvaldo Urrutia , autor de la iniciativa, nos invitó a suscribirlo. Se trata de una iniciativa que aborda un tema que ha sido un verdadero dolor de cabeza para muchos municipios del país.

Hoy apareció en la prensa que la Municipalidad de Vitacura y las empresas concesionarias habían llegado a un acuerdo para soterrar 1,8 kilómetros de tendidos eléctricos aéreos. Pero eso ocurre en las comunas con altos ingresos, a diferencia de otras en que los municipios y las empresas, con poca voluntad, no llevan adelante un soterramiento de todas las redes, lo que produce una gran diferencia en el paisaje urbano.

Durante muchos años fui alcalde de Coyhaique, donde intentamos realizar ese trabajo; pero, de acuerdo con los informes técnicos, el soterramiento implicaba un costo adicional para los usuarios. Además, no existía la voluntad ni la disposición de las empresas para llevar a cabo esa tarea.

Aysén es una de las regiones que paga más por la energía eléctrica, por lo que se tuvo que desechar una iniciativa que significaba un costo adicional para los vecinos. Queríamos limpiar las calles de un elemento que deteriora el paisaje de las ciudades, pero por razones económicas se tuvo que desechar.

El proyecto avanza en la dirección correcta, a pesar de las dificultades que conocimos en la Comisión de Medio Ambiente.

La ley eléctrica genera condiciones de privilegio para las empresas distribuidoras de energía, pues no pagan los derechos básicos por el uso del espacio público, ni siquiera por las postaciones. Por lo tanto, tenemos un vacío que hay que resolver, y el proyecto avanza en esa dirección.

Debemos tener una visión de Estado respecto del paisaje urbano de las diferentes poblaciones y barrios.

Tal como mencioné, la Municipalidad de Vitacura y la respectiva empresa distribuidora acaban de acordar el soterramiento de 1,8 kilómetros de cables. Los municipios con pocos recursos están imposibilitados de asumir un desafío de esa naturaleza.

¿Cómo lo enfrentamos? A nadie le gusta ver la proliferación de cables en los postes del alumbrado público, lo que demuestra la irresponsabilidad de empresas, muchas de ellas prestadoras de servicios por cable y otras, a las que simplemente les sale más económico abandonar los cables, después de haber cobrado por los usos de redes, y dejarles el problema a las ciudades y a la población. Ello da origen a ciudades absolutamente colapsadas, feas en lo que concierne al uso de su espacio aéreo, atravesadas por cables de todo tipo, a causa de la irresponsabilidad de empresas que no se hacen cargo de sus desechos.

Pensábamos que en la ley de responsabilidad extendida del productor podríamos incorporar esta norma y buscar una salida que nos permitiera dar sustento a esta buena iniciativa del diputado Osvaldo Urrutia , a quien agradezco su voluntad y disposición por permitirnos participar en este proyecto.

Hay que dar una respuesta a todas las ciudades y comunidades de nuestro país, porque ven en esto un problema que se multiplica. Es necesario terminar con esta situación, generar un programa distinto, nuevo, de modo que no solamente en Vitacura despejen los postes del tendido eléctrico, sino que también se haga en todas las ciudades de nuestro país.

Por lo tanto, anuncio que vamos a votar a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Christian Urízar .

El señor URÍZAR.-

Señor Presidente, este es un proyecto ciudadano, de aquel tipo que la Cámara de Diputados debería tratar con mucho cuidado, porque nos permite demostrar a los vecinos y vecinas de nuestros distritos y del país que estamos preocupados de temas propios del día a día, de carácter más ciudadano.

Cuando recorro los distritos y me veo en la necesidad de explicar a los vecinos algunas materias propias del quehacer legislativo, como aquellas relacionadas con Hacienda o, como veíamos hace unos instantes, con acuerdos de cooperación aduanera, en los que se habla de situaciones limítrofes y de los temas políticos y comerciales de los países, la gente no entiende mucho. En cambio, este tipo de proyectos aporta una dimensión ciudadana que ayuda a los vecinos en su vida cotidiana.

Este proyecto, que fue tratado en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene como idea matriz facultar a las municipalidades para disponer el retiro de residuos o desechos de redes eléctricas y de otros servicios de comunicaciones, tales como cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas y todo otro objeto perteneciente a dichas redes o instalaciones, y aplicar las sanciones que resulten pertinentes para quienes los abandonen en los postes o en cualquier estructura emplazada en bienes nacionales de uso público.

En palabras simples, establece que las empresas empiecen a hacerse cargo de los desechos que dejan en los postes de alumbrado público. Actualmente, las empresas de telecomunicaciones, de telefonía y de electricidad se preocupan de realizar sus tendidos y, como operan en el día a día bajo una lógica de mercado y de competencia, lo importante para ellas es solamente llenar los postes de cables.

A veces miro un poste y me doy cuenta de que hay diez o quince tendidos de cables, de los cuales están en uso tres o cuatro, como máximo, mientras que el resto es solamente basura, la que por años ha permanecido en los postes y que no solo impacta visualmente y dificulta la visibilidad en las calles, particularmente en las comunas rurales, sino que además producen una inseguridad importante, porque en ocasiones se producen frentes de mal tiempo con fuertes vientos que cortan los cables y los vehículos, en un intento por esquivarlos, pasan por el lado y generan accidentes.

En consecuencia, estamos hablando de un proyecto que además genera seguridad, que se traducirá en que los vecinos no deban esquivar los cables caídos cuando transiten en sus vehículos.

Durante el debate de este proyecto se planteó la importancia de soterrar la mayor cantidad posible de cables. Eso puede ser apropiado en comunas como Vitacura, Lo Barnechea o Providencia, pero en las que a mí me toca representar, que son más bien rurales, como Cabildo, La Ligua o Nogales , dicha solución implica un costo tremendo. Lo que se debe hacer ahora es asegurar que los postes de tendido eléctrico no mantengan esa cantidad enorme de cables, y quizás en el futuro podamos pensar en la posibilidad de soterrarlos.

Este proyecto modifica la Ley General de Telecomunicaciones al disponer que las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones se hagan adecuadamente y se retiren los cables que están amontonados en los postes. Es un proyecto ciudadano, que se vio en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde lo revisamos, aportamos con indicaciones adecuadas y lo votamos.

Esta iniciativa le hará bien a la ciudadanía y beneficiará a los vecinos y vecinas que día a día ven cómo frente a sus casas los postes están llenos de cables y nadie sabe de quiénes son. Las empresas del rubro deben ingeniárselas para poder instalar los nuevos cables de telecomunicaciones o de televisión.

Es un gran proyecto y creo que deberíamos aprobarlo con celeridad. Espero que el Senado haga lo suyo y que esta iniciativa se transforme pronto en ley de la república, de forma que las empresas se hagan cargo de este tema y podamos ver un paisaje aéreo mucho más limpio y accesible, y que no nos enfrentemos a situaciones de inseguridad, como ocurre hoy con la enorme cantidad de cables instalados en los postes de alumbrado público.

He dicho.