Labor Parlamentaria

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse, en primer lugar, de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que crea la planta de Técnicos en el Servicio de Impuestos Internos.

Las modificaciones del Senado están impresas en el boletín N° 845-05 y figuran en el número 23 de los documentos de la Cuenta de la sesión 69a, celebrada el 4 de mayo de 1993.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Ofrezco la palabra sobre la modificación introducida al artículo 3°

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, si analizamos en general las modificaciones introducidas por el Senado, comprobaremos que todas ellas son fundamentalmente de redacción, salvo la del artículo 3° transitorio, que amplía el plazo de 60 a 120 días. Por lo tanto, propongo a la Sala que votemos en un paquete todas las modificaciones.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre estatuto de atención primaria de salud municipal.

Diputados informantes de las Comisiones de Salud y de Hacienda son los señores Montes y Arancibia, respectivamente.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 598-11 y figura en los números 27 y 28 de los documentos de la Cuenta de la sesión 69, celebrada el 4 de mayo de 1993.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, la Comisión de Hacienda, en el segundo informe sobre el proyecto de ley que ocupa nuestra atención, se abocó al conocimiento particular de los artículos 3°, 42, 49, 50 y 51 permanentes, además de los artículos 2°, 3°, 4°, 9°, 12 y 13 transitorios. Asimismo, tomó conocimiento del artículo 8° transitorio, de acuerdo con el artículo 219 del Reglamento de la Corporación. Respecto de la discusión particular de la normativa propuesta por la Comisión técnica, cumplo con informar a la Sala los acuerdos tomados por ella.

En el artículo 3° se repone el texto original del mensaje, que excluye de la aplicación de este Estatuto a los profesionales y trabajadores que prestan servicios directamente en los municipios, en los servicios de bienestar o en las corporaciones correspondientes. El Ejecutivo presentó indicación para excluir a los que se desempeñan en los departamentos de salud municipal. Esta indicación y el texto del artículo 3° fueron aprobados por 9 votos a favor y 1 abstención.

El artículo 42, prescribe, en lo sustantivo, que la entidad administradora de los servicios de salud municipal en cada comuna deberá establecer un sueldo base para cada uno de los niveles de la carrera funcionaría. El Ejecutivo también presentó una indicación, que se puede resumir así: Primero, los sueldos bases de la carrera funcionaría deben ser ascendentes. Segundo, para su definición en cada nivel de la carrera, deben tenerse en cuenta los factores constitutivos de dicha carrera funcionaría, es decir, antigüedad, capacitación y mérito, subrayando que estas categorías no se definen en relación con el postulante o con el funcionario, sino con la definición del sueldo correspondiente a cada una de las categorías de la carrera. Por último, estos sueldos bases deben fijarse como un porcentaje del sueldo base de nivel 15 de la carrera funcionaría. Así es taba consignado en la propuesta inicial del mensaje.

En el artículo 49 se introduce una modificación que mejora su redacción.

En el artículo 50, que señala las causales por las que los funcionarios dejarán de pertenecer a la dotación municipal de salud, el Ejecutivo agregó, mediante indicación, una letra g), que establece entre las causales por las cuales los funcionarios dejan de pertenecer a la dotación, la disminución de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, pero, en realidad, debería hacer referencia al 11. En este caso, el afectado por el despido que se encuentre desempeñando funciones en virtud de un contrato indefinido, tiene derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la municipalidad respectiva, con un máximo de ocho años. Cabe mencionar que esta disposición mejora la norma del Estatuto Municipal que establece una indemnización con un máximo de seis años. Esta indicación fue aprobada por 6 votos a favor y 2 abstenciones. El artículo 51 señala que cada entidad administradora de salud municipal recibirá mensualmente un aporte estatal conforme a los criterios y mecanismos que indican. El Ejecutivo formuló una indicación para suprimir la expresión "previa consulta al gobierno regional correspondiente,". Fue aprobada por 6 votos a favor y una abstención. Además, se introdujo una modificación, en apariencia sólo de redacción, pero con el propósito de dar mayor significación y relieve al factor que ahora se desglosa respecto de su ubicación inicial. De acuerdo con ella, la contribución que recibirá mensualmente cada entidad administradora deberá determinarse, en primer lugar, considerando la población potencialmente beneficiaría en la comuna y sus características epidemiológicas; en segundo lugar, las condiciones socioeconómicas de la población beneficiaría lo cual se destaca con criterio particular, y, en tercer lugar, la cantidad de prestaciones mensuales que efectivamente realicen los establecimientos de salud municipal de la comuna.

Asimismo, se consignó que las entidades administradoras de salud podrán reclamar de los referidos aportes directamente ante el Ministro de Salud, por intermedio del Secretario Regional correspondiente, y se fija el plazo de 15 días para que se resuelva acerca de dicha reclamación.

En esta materia, nos permitimos formular a la Mesa la sugerencia de usar la facultad reglamentaria para hacer las correcciones necesarias que mejoren la redacción de esta disposición.

En lo relativo a los artículos transitorios, el Ejecutivo formuló indicaciones que fueron aprobadas. El artículo 2° transitorio señala que las disposiciones sobre carrera funcionaría entrarán en vigencia dentro del plazo de 180 días, contado desde la publicación de la ley, y que los reglamentos necesarios para la aplicación de la carrera funcionaría deberán dictarse dentro del plazo de noventa días, contado desde la publicación de la normativa legal.

Mientras no entre a regir la carrera funcionaría, se considerará como sueldo base mínimo nacional el que corresponda a la categoría de cada funcionario para la definición de las distintas asignaciones establecidas en los artículos 28, 30 y 31.

Dentro del mismo plazo de 180 días, las municipalidades deberán fijar la primera escala de sueldos bases y, además, ubicar al personal perteneciente a la dotación inicial de salud municipal en los niveles de la carrera funcionaría que corresponda.

Por último, cabe destacar que dentro de la definición de "plazo" hay uno particular, que es importante observar, cuales que todas las remuneraciones que resulten de la aplicación de estas normas, se devengarán a contar del día 1 del mes siguiente al vencimiento de los 180 días del plazo antes referido.

El artículo 3° transitorio dispone un plazo máximo de dos años para que entre en vigencia todo lo concerniente al financiamiento de la salud municipal, con excepción del artículo 53. Sin embargo, esta normativa puede aplicarse con anterioridad a dicho plazo, si así lo acuerdan los municipios con el Ministerio de Salud.

El artículo 4° transitorio establece que en el plazo de dos años podrá ser normalizada la situación de los técnicos de salud que no cumplen con los requisitos del artículo 7a, es decir, de licencia de educación media y 2.500 horas de capacitación.

El artículo 5° transitorio señala que el proyecto no implicará disminución de remuneraciones a aquellos funcionarios que reciben una cantidad superior a la que resulte de la aplicación de estas dis posiciones.

Dentro de la normativa establecida para aplicar la diferencia en favor de los funcionarios, el Ejecutivo formuló otra indicación para sustituir el enunciado de la letra a), en el sentido de que, en caso de que se perciba una suma mayor, la diferencia se imputará a lo que corresponda por sueldo base, de acuerdo con lo establecido en los artículos 26, letra a), 27 y 2ª transitorio.

Por el artículo 8° transitorio se concede a los funcionarios que integren la dotación inicial a que se refiere el artículo 6° transitorio una bonificación extraordinaria compensatoria, calculada en la forma en que se indica en el informe.

El Ejecutivo formuló, aquí una indicación para sustituir el guarismo "18 porciento" por "34,52 por ciento", que corresponde al ajuste por la inflación correspondiente al período que hay desde que se presentó el proyecto hasta hoy.

El artículo 9° transitorio, que fue aprobado en forma unánime, crea un fondo de recursos complementarios a fin de financiar el mayor gasto que representa para las municipalidades la aplicación del presente Estatuto.

El artículo 10 establece que los servicios de salud pagarán un aporte complementario transitorio destinado a financiar el mayor gasto en remuneraciones que señala. El Ejecutivo formuló indicación para reemplazar, con el propósito de actualizarla, la expresión "18 por ciento" por "34,52 por ciento".

El artículo 12 transitorio, que, como se recordará, estaba pendiente porque faltaba la información solicitada, dispone que los bienes inventariados entregados en comodato por los servicios de salud a las municipalidades, al 30 de junio de 1991, deberá entenderse transferidos a las municipalidades a las que fueron asignados.

Finalmente, el artículo 13 transitorio indica el valor del sueldo base mínimo nacional para cada una de las categorías mencionadas en el artículo 5a del proyecto.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Smok, quien emitirá el informe de la Comisión de Salud.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, previamente, debo hacer notar que el Diputado señor Montes, informante de la Comisión de Salud, por desgracia no puede estar presente en la Sala esta mañana por razones que son comprensibles y que dicen relación con el distrito que representa y la situación difícil que en él se vive.

Quiero ser muy breve, basado, fundamentalmente, en que el Diputado señor Arancibia hizo un detallado y muy claro informe de la opinión de la Comisión de Hacienda, pasando revista a las variaciones que sufrió el proyecto durante su tramitación en esa Comisión, por lo que sólo expondré dos o tres consideraciones muy centrales y destacadas de la Comisión de Salud.

En primer lugar, este proyecto llega a la Sala después de que cada uno de sus artículos fuera votado, prácticamente, en forma unánime por la Comisión de Salud.

En segundo lugar, los temas de discrepancia planteados por la Comisión, a propuestas del Ejecutivo o de la Comisión de Hacienda, son limitados y se podrán discutir en el momento en que se trate el artículo correspondiente.

En tercer lugar, y como precisión, eventualmente puede haber resultado llamativo hacia el exterior el rechazo de la Comisión respecto de una propuesta del Ejecutivo, en el sentido de modificar la fecha de referencia del pago retrospectivo de la diferencia potencial acumulada por la modificación de salario, del Ia de enero de 1992 al Ia de enero de 1993. Se planteó la alternativa de que la situación fuese resuelta en 1992, a través de un bono especial para la totalidad de los funcionarios de atención primaria.

La Comisión de Salud rechazó esa propuesta, sosteniendo que los derechos de diferencia de salario deben mantenerse desde el Ia de enero de 1992 para los funcionarios que así lo ameriten, y no recurrir a un bono que podría establecer grados de injusticia, tanto por entregar un bono menor a quienes lo requieren, como uno innecesario a quienes tienen altas rentas, por encima de aquellas que el proyecto contempla.

Estos son conceptos básicos que con tiene el proyecto. Pero resumo a la Sala, brevemente, lo siguiente:

1.- Que la atención primaria se hace en el ámbito municipal.

2.- Que los funcionarios del servicio municipal tendrán nuevamente la condición de servidores públicos, ingresarán por concurso, serán exonerados sólo por sumario y tendrán una carrera funcionaria de 15 niveles en cada uno de sus escalafones.

3.- Que serán remunerados en condiciones equivalentes a las de los funcionarios de los servicios hospitalarios públicos.

4.- Que el servicio de salud tendrá un control técnico y de supervisión sobre la ejecución de los programas; pero el municipio tendrá la capacidad de ejecutarlos y, además, de proponer programas novedosos e innovativos que correspondan a la realidad local.

5.- Que el financiamiento se modifica sustancialmente, pero, pausadamente, desde un sistema de financiación por atención prestada, que es el vigente al cual se le critica que es un servicio que se desfinancia por atender enfermos, cuando el objetivo de la atención primaria es evitar la enfermedad a otro que se financiará por la modalidad per cápita, o sea, que recibirá según la población asignada, potencialmente beneficiaría, que deba atender; todo ello modificado por factores sociales, de localización y otros; además de los programas específicos que en ese consultorio o servicio se desarrollan.

En este marco general se produce el debate, y dada la notable extensión del proyecto, no tiene sentido entregar, a priori, un detalle pormenorizado de los puntos en discusión, sino que en la oportunidad en que el Presidente de la Cámara lo ponga en discusión y votación deberán realizarse más de 20 ó 30 votaciones, podremos fundamentar con mayor detalle:

Por lo tanto, señor Presidente, concluiré aquí mi informe para atenemos al debate en particular de cada uno de los artículos del proyecto.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado informante señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, quiero hacer una observación adicional que se debatió en la Comisión, pero sobre la cual no ha habido acuerdo. Deseo recoger un elemento del debate que se ha transformado en una inquietud de este parlamentario, para someterlo a la consideración del señor Ministro.

Durante la discusión, el Diputado señor Devaud planteó una indicación que fue rechazada, en el sentido de exigir que el director del departamento de la entidad administradora de salud fuera médico. Sin embargo, después de conversar con varios alcaldes del distrito que tengo el honor de representar, y conociendo un poco la experiencia reciente analizada con el señor Secretario Ministerial de Salud de Atacama, queda pendiente una posibilidad que sería importante explorar. Creo que el Ministerio hace un esfuerzo por aproximar o buscar una creciente coordinación entre las acciones y la política de salud ministerial, con las acciones y la política de salud municipal.

En ese sentido, ha habido una experiencia exitosa en la comuna de Chañaral de la Tercera Región. Pero creo asimismo que el Estatuto no contempla la posibilidad como reitero, se está explorando de que, con el acuerdo del alcalde del municipio, el director de la entidad administradora de salud municipal pueda ser un médico de los servicios de salud correspondientes. Es decir, que haya compatibilidad entre la responsabilidad de dirigir técnicamente los servicios de salud de la entidad administradora, a nivel municipal, y la pertenencia a los servicios centralizados correspondientes, lo cual hoy, por lo menos, es dudoso que sea admisible. Esa puede ser una medida de acercamiento que en el futuro permitirá una complementación y coordinación: habilitar al que sea o pueda ejercer esta dirección reitero, por supuesto, con el acuerdo del alcalde o del municipio correspondiente, no sólo a un médico perteneciente a la carrera funcionaría de los servicios de salud municipal, sino que sea compatible con un cargo en los servicios de los sistemas de salud centralizados. Es una duda que someto, por su intermedio, a la consideración del señor Ministro.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Salud.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, la Comisión de Salud estimó de que la administración de los sistemas municipales de salud no guarda relación necesariamente con el título de pregrado que tenga uno u otro profesional. En principio, ni los médicos, ni los dentistas, ni los químicos farmacéuticos, ni las enfermeras, etcétera, están habilitados para administrar sistemas de alta complejidad con el solo mérito de su título de pregrado; es necesario un posgrado en administración. Por ejemplo, en mi opinión, una enfermera con un posgrado en administración de servicios de salud está mejor calificada para administrar un servicio que un médico recién egresado, que no ha estudiado ningún posgrado.

En conclusión, la Comisión exige el título de médico, dentista o químico farmacéutico, para ser director de consultorio, por estar más directamente relacionado con el ámbito y el liderazgo del equipo de salud; pero no ha establecido igual requisito para ser director de departamento o de corporación, donde es preciso el dominio en administración en un ámbito distinto al de contacto personal con los pacientes.

Respecto de lo planteado por el Diputado señor Arancibia, debo señalar, en términos generales que, a lo mejor, en municipios chicos, es posible y dable que funcionarios del servicio de salud también trabajen en el servicio municipal; de hecho, la ley autoriza los contratos parciales.

En servicio de mayor complejidad, planteamos un desafío: tener un funcionario de tiempo completo. Precisamente, no se exigió ser médico para administrar el sistema, ya que se consideró más importante el posgrado y que en los servicios pequeños existan contratos parciales, lo que la ley autoriza.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, no concuerdo con la opinión de la Comisión de Hacienda.

En principio, nos parece razonable que en los sistemas municipales de salud, tanto aquellos que entregan directamente el servicio como aquellos que administran, estén sometidos a iguales reglas, sometidos a las mismas responsabilidades, con similares perspectivas de carrera administrativa y rango de remuneración.

Uno de los temas más complejos que ha enfrentado el sistema de salud es la extraordinaria diversidad de situaciones que representan los funcionarios administrativos en los departamentos y corporaciones administradoras de salud. Una de las fuentes más importantes de déficit en los sistemas se relaciona con altos gastos de administración. Por otra parte, es muy raro que estas personas tengan contratos de empleado particular, administren un sistema de salud financiado por el Fisco y sus funcionarios tengan condición de servidores del Estado, y no todos estén sujetos a códigos de disciplina y reglamentos, a sumarios y sólo algunos tienen carrera administrativa y funcionaría. Nos parece que es frecuente que en los servicios municipales pequeños, quienes se desempeñan en la administración lo hagan por algunas horas, y en otras, se dediquen a la ejecución directa de los servicios.

Por lo tanto, nos parece igualmente necesario que sean cubiertos por el marco que dará esta ley, tanto aquellos que atienden directamente al público como aquellos que trabajan en la administración del sistema.

En consecuencia, no deben ser excluidos del ámbito de esta iniciativa quienes se desempeñan en los departamentos de administración.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, complementando lo señalado por el Diputado señor Arancibia, respecto de estos funcionarios me parece que, a lo mejor, el trabajo directo es radicalmente distinto al de quienes ejercen las funciones de salud. Considero que un proyecto de ley sobre personas que laboran en una misma institución debería abordar en forma completa el problema y no dejar temas pendientes para incluirlos en otras iniciativas, que no sabemos cuándo van a llegar, ni en qué términos. En definitiva, algunas personas que están en la misma situación van a quedar con un "status" claro y el resto, en el limbo jurídico, sin saber cuándo se resolverá su problema. Desde el punto de vista de técnica jurídica, es importante cuando se legisle sobre una institución o algún cuerpo legal que lo aborde íntegramente y no dejar situaciones pendientes.

Esa es, básicamente, la observación de la Comisión de Hacienda. De ahí nacen las abstenciones y, por lo tanto, en mi opinión, debería aprobarse lo señalado inicialmente por la Comisión de salud hasta que no se presente una propuesta diferente al respecto.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Morales.

El señor MORALES ADRIASOLA (don Jorge).-

Señor Presidente, en la Comisión de Salud incorporamos expresamente en el mensaje no se incluía la disposición de que el personal de los departamentos de salud debe quedar integrado a la normativa de la atención primaria, pues está constituido por profesionales que laboran en los consultorios y postas, y darles un tratamiento diferente significa desvertebrar el sector, sobre todo si se considera el objeto del Ejecutivo: que haya una vertebración entre el sistema de atención primaria de los consultorios que otorgan las municipalidades con las instituciones hospitalarias dependientes de los Servicios de Salud. En consecuencia, no incorporar a aquellos profesionales significa dejar en un completo aislamiento jurídico a un estamento que dirige la atención primaria de salud en cada comuna.

Me parece que hay una confusión en el tratamiento de las corporaciones, que son entes absolutamente distintos a los departamentos de salud porque, obviamente, tienen una legislación que abarca otros campos además del de la salud, como la educación y lo social. Reitero, los departamentos de salud son específicos, forman parte del cuerpo de la atención primaria y de todo el manejo de la salud de la comuna y de la región.

Por lo tanto, consideramos que la Comisión de Hacienda contraría francamente el espíritu del tratamiento de los profesionales que laboran en la atención primaria, ya sea en los departamentos, consultorios o estaciones médicas rurales, lo que fue discutido en la Comisión de Salud y planteado a la Cámara.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, el Ejecutivo propuso una serie de requisitos, iguales y permanentes a lo largo del país, para ser contratado como administrativo o técnico. Nos parece que ello debe establecerse sólo como una potestad reglamentaria, tanto por la variabilidad y el cambio que puedan tener los requisitos a través del tiempo, como por las eventuales adecuaciones a la realidad local que se deban hacer. Me explico: resulta evidente que en comunidades pequeñas, aisladas o rurales, los requisitos y disponibilidad de personal capacitado o que cumpla determinadas exigencias previas para ser contratado en un cargo, puede ser menor que en los grandes centros urbanos, lo que no obsta con la necesidad de calificar y capacitar al personal. El punto es si esto debe hacerse con antelación al contrato o si el funcionario puede ser calificado o capacitado durante el ejercicio de la función.

Para entregar mayores elementos de flexibilidad y la posibilidad de adaptarse a las modificaciones de los requisitos que a través del tiempo puedan producirse, se ha considerado mejor dejarlo como facultad reglamentaria del Ministerio, con acuerdo de los municipios, en lugar de describirlos uno a uno en el marco de una ley.

Esa es toda la diferencia que se observa en el artículo 8°.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER

Señor Presidente, deseo consultar al Diputado informante suplente, señor Smok, qué ocurre con los funcionarios que ocupan actualmente cargos administrativos en la atención primaria de salud, ya que si se exige este requisito, podrían resultar afectadas algunas personas. De ser así, tal vez podríamos dividir la votación para separar la obligación de exhibir licencia de enseñanza media para ocupar estos cargos, que figura al final del primer inciso.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, el artículo 8° se refiere a las futuras contrataciones. En los artículos transitorios se establecen los mecanismos para resolver la situación del actual personal que no cumple con la totalidad de los requisitos, y establece un plazo de dos años para la regularización de las obligaciones no cumplidas en el momento de la contratación, de acuerdo con procedimientos internos del Servicio y con la cooperación del Ministerio. Por lo tanto, esta norma no pone en peligro a los trabajadores actualmente en funciones, pero establece un marco de exigencia mínima, absolutamente necesaria, que tiene por finalidad fundamental elevar de categoría el sistema, en lo cual existe pleno acuerdo.

Tengo la impresión que lo que debiéramos votar es el artículo modificado según el criterio de la Comisión y no la indicación rechazada por ésta, porque con este procedimiento se entiende que la Sala estará votando en contra de la indicación rechazada.

El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación tiene "a) Tener licencia de enseñanza media. "b) Haber aprobado un curso básico de Atención Primaria de Salud de 50 horas. "c) Haber aprobado un curso de administración aplicada a la Atención Primaria, de 120 horas, o un curso equivalente en cualquier establecimiento de enseñanza superior reconocido oficialmente. "El reglamento de la presente ley determinará las funciones que deberán desempeñar los Administrativos de Salud.".

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Rechazada.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, estoy seguro de que los señores Diputados que conocen a fondo el artículo 11, al igual que todo el articulado de este segundo informe, están de acuerdo con la modificación que se refiere sólo a la población potencialmente beneficiaria. Sin embargo, quiero hacer presente que en el texto de este articulado hay, en mi opinión, una falla técnico jurídica muy importante, ya que se entrega a las municipalidades la facultad de fijar la dotación máxima mediante la dictación de una resolución, la que puede ser objetada posteriormente por el Servicio de Salud a través de otra resolución, para terminar con una nueva que aparece en el artículo 13 en la que la entidad administradora podrá aceptar la anterior o discrepar de ella, lo que se realiza en plazos que exceden el año calendario. Si se suman los plazos establecidos en los artículos 11,12 y 13, se verá que exceden largamente el año calendario, lo que no es posible, porque estamos hablando de una dotación de funcionarios que debe regir desde el Ia de enero del año siguiente.

Este fue un error que, desgraciadamente, no resolvimos en la Comisión durante la discusión del proyecto. Lo planteo, porque debe haber unanimidad en la Sala para debatir este artículo en su totalidad, porque creo que se ha cometido un error jurídico bastante importante.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, recociendo el llamado del colega señor Bayo, consulto al Diputado informante o a miembros de la Comisión de Salud en relación con ciertos conceptos que van a incidir en cómo se fija la dotación de personal en varias comunas medianas y pequeñas.

Aquí se sostiene que se van a tener en cuenta las normas técnicas que imparta el Ministerio de Salud, en las que todos confiamos que velen por el bien común y no tengan un sesgo excesivamente urbano; pero no estoy seguro de que ciertos conceptos sean bien comprendidos. Me explico: este artículo habla del "número y tipo de establecimiento de atención primaria a su cargo,...". Supongo que se trata de un factor variable, pues los municipios con más recursos tienen postas o consultorios mejor equipados, mientras que los municipios más pobres tienen una infraestructura absolutamente insuficiente, lo cual puede incidir en que su dotación de establecimientos sea menor al necesario.

Además, me gustaría saber qué se entiende por "población potencialmente beneficiaría". Este concepto dice relación con el crecimiento vegetativo de la población o se refiere a las personas que se piensa van a llegar a estos centros de salud en un momento determinado.

Mi duda esencial es que exista un eventual rechazo a ciertos pobladores: a los habitantes de las zonas rurales que deben viajar desde tempranas horas desde su lugar de origen, en donde hay sólo una micro al día, lo que les impide llegar al consultorio antes de las 9 de la mañana, por lo que no alcanzan número. Esta es una población permanentemente rechazada y que, quizás, no aparezca en las estadísticas y no esté considerada como población potencialmente beneficiaría.

Quisiera que algún miembro de la Comisión de Salud o alguna autoridad del Ministerio de Salud precisara cómo se resguardan los intereses de los pobladores de las comunas pequeñas y medianas de nuestro país.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, el concepto "población potencialmente beneficiaría" tiene que ver con dos elementos muy concretos.

El primer elemento se refiere a qué porcentaje de la población de la comuna usa los servicios públicos de salud. Por ejemplo, en Las Condes hay una gran diferencia entre la población de la comuna y la potencialmente beneficiarla, porque no muchos de sus habitantes emplean los servicios municipales de salud. En consecuencia, este primer elemento tiene que ver con el número de personas que usan los sistemas privados de salud y cuántas acuden a los de carácter público.

El segundo elemento está relacionado con la concentración urbana, como la que existe en Santiago, donde puede darse un trasvasije intercomunal por razones comprensibles. Puede ocurrir que por la calidad de la atención o por la cercanía del domicilio, muchas veces se concurra al consultorio de una comuna que no es la propia. Es como si a partir de un consultorio se produjera una área de atracción que necesariamente no es coincidente con el censo comunal. Por tanto, la definición "los habitantes de una comuna" se cambia y, en nuestra opinión, se mejora, al asumir que entre distintas comunas, en cuanto al grado de utilización de los servicios públicos, hay trasvasije de pobladores de una comuna a otra por razones bastante comprensibles.

Entonces, se ha llegado a un término que se permitirá a priori una aproximación, pero la experiencia es la que establecerá la población signataria definitiva de un consultorio.

Las condiciones socioeconómicas y epidemiológicas resultan ser elementos recurrentes en la asignación de recursos no sólo en salud como sabe el Diputado señor Letelier y, por tanto, no vale la pena entrar en largas disquisiciones sobre el punto.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Masferrer.

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente, comparto las aprensiones del Diputado señor Letelier, porque representamos comunas netamente agrícolas. Me parece que la definición de "población potencialmente beneficiaría" no es la adecuada. El concepto debiera comprender a toda la población y no sólo a la gente de una condición socioeconómica deprimida. En localidades rurales están los profesores y también y no es por defenderlos los agricultores, que no podrían considerarse como "población potencialmente beneficiaría", pero que, en casos de emergencia, deben concurrir a la posta.

Por eso, debe existir un criterio bastante más amplio sobre quiénes forman parte de esa población beneficiaría de la posta, que es el único servicio médico que existe de las localidades rurales.

En esta situación, también mantengo mi aprensión respecto del artículo.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, con respecto a la inquietud del Diputado señor Letelier, y compartida por el Diputado señor Masferrer, debo recordar que la iniciativa del Ejecutivo qué menciona a la población potencialmente beneficiaría, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud, puesto que otorga mayor precisión a este elemento que, entre otros casos, sirve para fijar la dotación de cada servicio. Es más preciso el concepto de "población potencialmente beneficiaría" y compatible con la libertad de cada chileno a concurrir a cualquier municipio y consultorio de salud independientemente del lugar donde viva. Es un factor en el que, por supuesto, debe considerarse el antecedente histórico, es decir, cuántas atenciones se realizaron el año anterior a aquel en que se fija la dotación.

Precisado el hecho, insisto en mi aprensión y solicito la atención de los parlamentarios para revisar el artículo 11, que, a su vez, debemos comparar con los artículos 12 y 13.

El artículo 11, que contiene una norma municipal de la más alta importancia, dispone que la dotación máxima será fija da por la entidad administradora mediante una resolución, la cual debe ser comunicada al correspondiente servicio de salud en el plazo de diez días. Como la dotación debe fijarse el 30 de noviembre, significa que debe comunicarse al servicio de salud en los primeros diez días de diciembre mediante una resolución firmada por el alcalde.

El artículo 12 expresa que el servicio de salud puede observar la dotación fijada por una resolución del alcalde para determinar si se ajusta o no a las normas técnicas ministeriales. Y esta observación también debe ejecutarse mediante una resolución fundada, que no puede implicar aumento de la dotación. Asimismo, el servicio de salud correspondiente tiene diez días de plazo para observar la dotación fijada con anterioridad, a través de otra resolución. Estamos llegando entonces al 20 de diciembre.

El artículo 13, a su vez, establece que en el plazo de siete días llegaríamos al 27 de diciembre contados desde la notificación de la observación, la entidad administradora podrá aceptarla o discrepar de ella. Como llegará con observaciones, si el alcalde la acepta, tiene que dictar otra resolución. Ya estamos hablando de otro instrumento y habría una segunda resolución de la misma autoridad para fijar una dotación, aceptando las modificaciones del servicio de salud. Pero si no las acepta, puede apelar a una Comisión integrada por el intendente, el alcalde incluye a la misma autoridad que no acepta la resolución del servicio de salud y el Secretario Ministerial de Salud, la cual tiene un plazo de quince días para resolver. Ya estamos llegando al 10 de enero del año siguiente.

Llamo la atención acerca de la importancia y de la trascendencia de dictar resoluciones o decretos alcaldicios para referirse a un solo acto administrativo. Y hay una mala técnica jurídica, por lo menos, en los conceptos vertidos en los artículos 11, 12 y 13.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, el Diputado señor Bayo ha sacado cuentas por las cuales podría discutirse todavía a comienzos de enero una dotación máxima municipal.

Uno podría decir que no tiene tanta gravedad que el 10 ó 15 de enero no se haya fijado aún una dotación máxima.

Pero si existe el ánimo de terminar las cosas en diciembre, una solución viable consistiría en que la resolución fundada se hiciera en octubre y no en noviembre.

Así, los plazos calzarían perfectamente. Si el Diputado señor Bayo quiere proponer a la Sala una modificación del término "noviembre" por "octubre" en el plazo que tiene la resolución municipal para plantear su dotación máxima, estamos dispuestos a acompañarlo y a dar la unanimidad para que se debata, y nuestro voto, para que se apruebe.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO-.

Totalmente de acuerdo, señor Presidente.

Pero, además, destaco la conveniencia de no hablar de una resolución municipal para la primera instancia, sino de una proposición. Estamos hablando de dos actos administrativos y no podemos dar la importancia de una resolución alcaldicia, como es la de fijar una dotación del departamento de salud municipal, a un mismo hecho. De manera que no sólo es un problema de plazos, sino que la primera instancia debería referirse concretamente a una proposición. Puede que exista otro concepto más certero o más acabado, pero que se refiera a una proposición hecha por la municipalidad al servicio de salud respectivo.

Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al Diputado señor Letelier.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, la inquietud planteada por el colega Bayo es seria y yo la comparto, pero no a causa de los plazos, que es una materia absolutamente atendible y con ello tampoco deseo desmerecer ni menospreciar a ninguno de los alcaldes ni concejos elegidos democráticamente en el país sino que por la redacción del artículo 12, que es parte de todo un procedimiento para que el Servicio de Salud observe, mediante una resolución fundada, el aumento de dotación.

Repito que sin menoscabar la honorabilidad de alcaldes ni concejos, soy de aquellos que tienen muchas dudas sobre la capacidad de un concejo para que, por sí y ante sí, entienda adecuadamente el funcionamiento del sector salud, no cometa un error de apreciación sobre cuáles la dotación de un municipio en la materia, o tenga temor de que el servicio de salud municipalizado cause déficit en otras áreas, y por no transferir recursos a salud, piense que es mejor mantener una dotación inferior, con lo que se produciría el absurdo de que en algunas comunas, por desconocimiento, descriterio o ignorancia, el concejo proponga por resolución fundada una dotación inadecuada.

Por tanto, comparto la inquietud del colega Bayo, en cuanto a que el pronunciamiento inicial del concejo debería ser una propuesta que el servicio de salud tome como un parámetro, que luego pueda ajustar sobre la base de una resolución fundada, si es adecuado o no, y sin que implique un aumento de la dotación, si lo amerita por razones técnicas.

Gracias.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Puede continuar el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

La aprensión del Diputado señor Letelier es totalmente atendible, pero yo tengo mucha confianza en la decisión de las autoridades comunales elegidas por nosotros mismos, máxime si en este mismo cuerpo legal se determina la existencia de consejos técnicos intercomunales, cuya función es precisamente asesorar a las municipalidades en materias específicas, como la que discutimos.

Insistiría a lo mejor no me he dado a entender en que, según mi opinión, no es lógico que una resolución de la autoridad comunal máxime sirva sólo como antecedente previo para la dictación de una resolución posterior del servicio de salud que motiva, además, otra nueva del mismo alcalde. No es lógico que haya dos instrumentos jurídicos que tienen validez administrativa, pero que podrían llevar a engaño a la gente. La primera instancia debería ser sólo de proposición; y la fijación de la dotación de cada municipio para el año siguiente, debe ser el acto final que sí amerita una resolución o un decreto alcaldicio.

He dicho.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, aquí hay dos temas breves con dos indicaciones. Uno se refiere a la facultad del organismo administrador de salud para fijar jomadas laborales diversas; tiene que ver con la necesidad de establecer algunos marcos de flexibilidad, por ejemplo, los programas de atención vespertina en algunos municipios. En consecuencia, la primera indicación establece modalidades con respecto al horario de trabajo.

La otra consagra la facultad de contratar profesionales a jomada parcial; responde, en parte, a lo que planteó el Diputado señor Arancibia respecto del profesional que trabaja en el hospital de la pequeña comunidad y en el consultorio municipal. También tiene que ver con la posibilidad de municipios con sistemas de atención primaria de mayor desarrollo de contratar algunos especialistas para satisfacer demandas pendientes en los consultorios.

Por lo tanto, se refiere a la integración en la atención primaria de médicos del sistema hospitalario, con el fin de conseguir mejor calificación y mayor permanencia de estos profesionales; además, a la contratación de matronas, enfermeras, sicólogos y otros especialistas para reforzar tareas específicas en momentos de mayor congestión.

En consecuencia, las dos medidas tienden a mejorar la administración y nos parecen pertinentes.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercido).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, quiero destacar un hecho relevante que se relaciona con el articulado posterior: esta indicación permite flexibilizar el horario de trabajo y entrega a la decisión local y regional la determinación de la existencia de horarios parciales, porque las condiciones geográficas y epidemiológicas del país son diferentes.

El artículo 16, en la forma propuesta por la Comisión de Salud, permitirá que los responsables de la gestión administrativa actúen, reitero, con la flexibilización acorde a las realidades locales.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, como tengo una duda respecto del párrafo sobre remuneraciones en general, solicito una explicación comprensible de las autoridades del Ministerio de Salud o del Ministerio de Hacienda, si estuvieran presentes. Se refiere a la forma en que el proyecto fija los sueldos bases de este servicio.

Para mí y la bancada del Partido Socialista y PPD, es incomprensible que se fijen sueldos bases inferiores al sueldo mínimo legal, ya que esto conlleva a interpretaciones amplias y a dudas de los funcionarios de los consultorios de salud, y de la población.

Se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar el nivel de remuneraciones de personas que asumirán la categoría de funcionarios públicos, pero el sueldo base es inferior al mínimo. Esto se debatió en ocasiones anteriores y, si mal no recuerdo, el señor Orpis planteó la inquietud de varios Diputados.

Necesito una explicación razonable, ya que el proyecto establece una asignación de atención primaria del ciento por ciento para los profesionales; del 85 por ciento para los técnicos y administrativos de salud y del 80 por ciento para los auxiliares de salud. ¿Por qué no contempla el sueldo base más la asignación de atención primaria, para que sea siempre más que el mínimo?

Por eso, quiero una explicación comprensible de parte de las autoridades del Ministerio de Salud de por qué se insiste en este camino.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Masferrer.

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente, solicito dividir la votación del artículo, porque a los médicos y otros profesionales se les da el ciento por ciento y a los técnicos de salud, que son los que realizan el mayor esfuerzo en la atención primaria, los encargados de las postas que prácticamente pasan a ser médicos de ellas, se les entrega sólo el 85 por ciento.

La bancada de la UDI no comparte el criterio del Ejecutivo y pide que en un nuevo trámite la asignación sea aumentada.

Me sumo también a lo dicho por el Diputado señor Letelier , en el sentido de que el sueldo mínimo nacional que se establece es inferior al sueldo base que hoy se discute entre los organismos de la CUT y el empresariado.

Nada más.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, tanto en el seno de la Comisión como en la Sala durante la discusión del primer informe, se hizo presente que una de las discrepancias tenía relación precisamente con el artículo 28.

La inquietud del Diputado señor Letelier es lógica y real, pero es necesario mantener el sueldo base mínimo nacional, porque muchas asignaciones, entre ellas las de zona y de desempeño difícil, se refieren a él. Estas tendrían un valor muy diferente si se incorporara el ciento por ciento del sueldo base, del que aparece en el artículo 28.

La discrepancia dice relación con lo que acaba de manifestar el Diputado señor Masferrer. Tanto los profesionales de la ley N° 15.076 como los que establece la categoría b) del proyecto, por supuesto, son merecedores del ciento por ciento de asignación de atención primaria municipal; pero también es cierto que los técnicos, administrativos y auxiliares de salud, merecen igual trato.

En la Comisión solicitamos al Ejecutivo una indicación a este respecto. Desgraciadamente, su respuesta fue negativa. Y como se trata de una materia que no corresponde a iniciativa nuestra, hoy insistimos ante el señor Ministro en el estudio de la posibilidad de entregar a todos los funcionarios que trabajan en la salud municipalizada una asignación por atención primaria municipal del ciento por ciento, igual para médicos y auxiliares.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, me gustaría aclarar el alcance del artículo 27, a que se refirió el Diputado señor Letelier, y al mismo tiempo plantear una situación que he venido formulando desde el comienzo del debate del proyecto de ley.

No hay que confundir el concepto de "remuneración" o "ingreso" con el de "sueldo base". La remuneración se des compone de distintas maneras. Lo importante, en definitiva, es que ella nunca sea inferior al ingreso mínimo, lo que no ocurre aquí. Es decir, la remuneración total que recibirán los funcionarios del Estatuto de Atención Primaria será muy superior al ingreso mínimo. Esto queda claramente determinado con las asignaciones adicionales sobre el sueldo base.

Me preocupa y lo he dicho en forma reiterada porque en la actualidad estos funcionarios tienen suscrito con las corporaciones un contrato privado, que pasa a ser ley para las partes. Este contrato establece un sueldo base y distintas asignaciones, como de colación, de locomoción, etcétera; pero como se baja el sueldo base fijado, podría ocurrir que el día de mañana se interpongan recursos ante los tribunales porque unilateralmente se cambian las condiciones. Quiero dejarlo claramente establecido en la Sala, con el objeto de evitar que en el futuro exista este tipo de presentaciones en los tribunales de justicia, porque unilateralmente un contrato no se puede modificar, sino sólo por las partes que lo suscribieron y, en este caso, lo modifica la ley, al bajar el sueldo base. Por lo tanto, en el curso de la tramitación legislativa espero que se despeje el tema que ha sido planteado en forma reiterada, al menos, en la Comisión de Hacienda. Pero, sí, dejo claramente establecida la diferencia entre el concepto de "ingreso mínimo" y el de "remuneración".

La remuneración total no puede ser inferior al ingreso mínimo, y aquí, en ningún caso, es inferior.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado don Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, la intervención del Diputado señor Orpis me ahorra bastante en lo que iba a decir. Efectivamente, al proponer el Ejecutivo un sistema con un sueldo base mínimo nacional para cada categoría y con una asignación por atención primaria que resulta obligatoria para cada una de ellas está fijando remuneraciones que son, de todas maneras y en todos los casos, superiores al ingreso mínimo nacional; pero introduce un elemento de confusión, que hay que corregir. Así lo planteamos en la primera discusión del proyecto. Lamentablemente no pudo ser corregido por un problema de negociación entre los gremios y las autoridades del Ministerio de Salud. No cambian los números; no cambian las remuneraciones, si es que la asignación que resulta obligatoria para todos los trabajadores y en cada una de las categorías se transforma en sueldo base mínimo nacional. No hay un cambio en las remuneraciones líquidas ni en los beneficios que van a recibir los funcionarios de la atención primaria. Por lo tanto, es posible que esto sea modificado desde el punto de vista económico y administrativo, particularmente para prevenir, por ejemplo, lo que señalaba el Diputado señor Orpis, una seguidilla de demandas, por el hecho de que se modifican condiciones laborales actuales.

Por uno de los artículos transitorios me parece que es el 3S, se ha buscado una fórmula para evitar que estos juicios puedan llevarse a efecto. Es bueno que quede establecido en la discusión de la ley que esto no significa baja de remuneraciones, por lo que no tiene sentido el que, porque baje el sueldo base mínimo haya algún tipo de demanda o discusión sobre la efectiva remuneración que recibirán los trabajadores de la salud primaria. Al contrario, significa un incremento para la mayoría de los trabajadores, y, como establece la ley, en ningún caso representa una rebaja en sus remuneraciones.

Por último, sería deseable si el proyecto sale hoy de la Cámara resolver esta dualidad, dado que la asignación de atención primaria y la remuneración base constituyen una sola cifra económica; es una unidad. No hay ningún trabajador de la atención primaria que no tenga la asignación de atención primaria por el monto establecido en la ley, que está vinculado a la remuneración base. Por lo tanto, esta diferenciación en dos elementos analíticos, que responde a una negociación previa a la presentación del proyecto con los gremios del sector salud debiera corregirse de manera de hacer una sola cifra que se llamara "remuneración base mínima nacional", y sobre ella recalcular las asignaciones establecidas en el resto del articulado.

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, no cabe duda que la inquietud manifestada por el Diputado señor Letelier es muy razonable y la comparto plenamente, por cuanto cuando se visitan los consultorios y los hospitales, los funcionarios lo primero que dicen, cuando uno se reúne con ellos, es que ni siquiera ganan el mínimo, y le demuestran que parten de eso. Tendríamos que darles toda la explicación dada por el Diputado señor Orpis , que sabemos que sumándole todos los incrementos pasan lejos del mínimo, pero ellos siguen insistiendo que ni si quiera parten ganando el mínimo. Es un error de presentación que ya lo hemos advertido, tanto en la Sala como en las Comisiones.

Por lo tanto, me sumo a lo que pedimos, que el Ejecutivo pudiera modificar este criterio y partir, por lo menos, con un ingreso mínimo, aunque los incrementos posteriores bajaran en porcentajes, para que la suma final fuera exactamente igual con la que están recibiendo.

Muchas gracias.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, como renta líquida, tal como lo señaló el Diputado señor Palma, sacando cuentas en relación con el sueldo base y como forma de cálculo de la asignación de atención primaria, un auxiliar de salud recibe como mínimo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 transitorio de este proyecto, la suma de 58.181, que es muy superior al ingreso mínimo.

La preocupación que plantea el Diputado señor Orpis es de la mayor importancia en cuanto a la posibilidad de que existan discrepancias de interpretación respeto del sueldo base, de las actuales situaciones contractuales de los trabaja dores de la salud municipalizada y de su posible reclamación.

Sin embargo, me parece que esta situación se salva en la medida en que los artículos transitorios, especialmente el 5° y el 7° del proyecto, establecen una cierta transición en el cambio del estatuto jurídico, al traspasarlos a la forma de contratados bajo los términos del Estatuto Funcionario Municipal. Eso, evidentemente, significa un cambio de estatuto jurídico y puede significar evitar la aprensión que señaló aquí el Diputado señor Orpis .

Es todo lo que quería señalar, señor Presidente.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, a veces resulta positivo pensar antes de tomar una decisión, y lo que hemos hecho en los minutos precedentes lo confirman.

Quiero plantear al señor Ministro de Salud la posición de todas las bancadas de la Cámara de Diputados, en lo referente al artículo 26, y solicitarle que se reestudien dos problemas específicos: el primero sobre el concepto de sueldo base mínimo nacional y, el segundo, la asignación de atención primaria municipal, en el sentido de que sea igualitaria en un ciento por ciento para todos los funcionarios técnicos, administrativos y auxiliares que laboran en el sector de la salud municipal.

Nos gustaría escuchar la posición del señor Ministro al respecto, con el objeto de proceder posteriormente a una votación que la mayor parte de las bancadas estima que debería ser dividida.

Nada más.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, la verdad es que en este minuto todos los funcionarios públicos están pidiendo que se cambie el sistema de pago de la asignación de zona, porque no corresponde a la realidad. Nosotros sabemos que los sueldos bases son una mínima parte de lo que gana un funcionario, y que la asignación de zona se ha distorsionado absolutamente y no corresponde a los porcentajes que se fijan en el sueldo.

Entonces, no es justo que sigamos legislando para pagar una asignación de zona sobre el sueldo base equivalente a un 85 por ciento, en circunstancias de que corresponde a un 20 ó 25 por ciento.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

El debate está cerrado, señor Diputado.

El señor CARRASCO.-

Por eso la asignación de zona debe pagarse sobre la remuneración total de los trabajadores. Si hemos hecho algo malo, no sigamos legislando en la misma forma ni engañando a la gente con una asignación de zona que no corresponde.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Aprobadas las letras c), d) y e) en la forma propuesta por la Comisión.

En discusión el artículo 29.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Diputado señor García.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, por su intermedio, pido al señor Ministro que nos aclare si a los funcionarios de salud se les reajustará la asignación de zona en el mismo porcentaje que a los funcionarios municipales, puesto que hay municipalidades en que asciende a un 22 por ciento, en otras a un 30, a un 40, a un 50 y hasta un ciento por ciento. Me gustaría que se aclarara este punto, porque, de lo contrario, no habría concordancia con el artículo 27 y podría haber confusiones o problemas en el sector salud. Considero fundamental que dicho sector tenga estabilidad y una atención en el tiempo, objetivo por el cual hemos luchado tanto en las comunas, sobre todo que ahora dispondrán de los recursos necesarios.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor García.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, debe aclararse que al sector público se le reajusta cada vez que se alcanza el 15 por ciento del IPC.

Varios señores Diputados.-

¡No!

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, mi pregunta es bien precisa y dice relación con la asignación de zona: si a los funcionarios de salud, que pasarán a ser empleados municipales, se les reajustará en el mismo porcentaje que se aplica a las municipalidades, porque, repito, a algunas les corresponde un 20, un 50 y hasta un ciento por ciento de asignación de zona, dependiendo ello del lugar en que se viva.

Parece que existe la duda de que al depender de las municipalidades su Asignación de zona se reajustará de la misma forma que la de los funcionarios municipales. ¿O habrá una asignación de zona de igual porcentaje para todos los funcionarios que trabajen en la salud municipal desde Arica a Punta Arenas? Porque si en un lugar existe una asignación del ciento por ciento y el Ministerio decide reajustar sólo un 20 por ciento, dichos funcionarios quedarán en desmedro respecto de los demás empleados municipales.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, como dijo el señor Ministro, la asignación de zona está fijada en otra ley, y, lógicamente, sube cuando se reajusta el sueldo base. Pero quiero expresar mi opinión contraria al artículo que dispone que la asignación de zona se considere sobre el sueldo base mínimo nacional. Esa es la discusión. Nuestra opinión es que la asignación de zona debe aplicarse sobre el sueldo total del funcionario, y desde hace tiempo estamos luchando por eso. El Ministro de Hacienda ha hecho oídos sordos a esta petición que plantean las diferentes regiones del país. En un principio, cuando el base correspondía al sueldo total del funcionario, esto fue claro; pero después se han entregado una serie de asignaciones, y la de zona ha permanecido igual. Por eso, consideramos un error y un engaño que a los trabajadores se les siga otorgando la asignación de zona sobre el sueldo base, que es una parte mínima de su sueldo total.

Por lo anterior, votaremos en contra del artículo 29.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, este proyecto del Gobierno, como muchos de los que se han despachado con anterioridad, demuestra cómo, prácticamente, se han ido dejando de la mano, puesto que no se han discutido, problemas como el de las asignaciones. En cierta manera, se tiende a emparejar o a "emborrachar la perdiz" respecto del sueldo verdadero que en este caso van a percibir los funcionarios municipales. Como lo hemos apreciado en otros proyectos relativos a la Administración Pública, aquí también aparecen las mis más diferencias que van quedando res pecto del 100 por ciento del sueldo base definido en la letra a) de este artículo.

Después viene una escala de 95, de 85, otra de 85 y otra de 80 por ciento, y se trata al parecer de emparejar el sueldo que se va a recibir; de que éste no se perjudique mediante estos adornos o colgajos que siempre se agregan a las leyes, pero que al final el único perjudicado es el funcionario que, aunque recibe más dinero con esos agregados que representan las asignaciones, cuando termina su carrera o su labor en la municipalidad, su sueldo queda reducido al no considerar lo que legítimamente le corresponde, es decir, el sueldo real. Todos estos agregados no sirven para los efectos previsionales de jubilación del trabajador. Eso ha sucedido mil veces y mil veces también hemos tratado de arreglarlo debido a los reclamos legítimos de las personas afectadas. Prácticamente, los parlamentarios de todas las bancadas estamos de acuerdo en que esta situación debe solucionarse.

El señor Ministro nos ha prometido que el Gobierno hará un reestudio de ella; pero, mientras tanto, vale la pena que dejemos establecidos cuál es nuestra posición sobre un problema que se arrastra desde hace más de 20 ó 25 años, en que observamos que se discute en los juzgados por esas diferencias.

Por eso, votaré en contra del proyecto, porque no existe la seguridad de que solucionará este problema. No se deja claramente establecido que se pagará el real valor del sueldo mínimo base nacional y se empieza a discriminar sobre la asignación de zona, hecho que no aceptamos.

No queremos que se rebaje la asignación a aquellos que la reciben en un ciento por ciento; no queremos que haya discriminación en estos asuntos tan justos y elementales.

He dicho.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, tengo la impresión de que como ocurre inevitablemente en las discusiones de la Cámara a propósito de un debate sobre atención primaria estamos derivando hacia otro que, aunque conexo y particularmente importante, se refiere a las asignaciones de zona.

Sobre el punto quiero señalar un hecho que, al menos, es del conocimiento de algunos Diputados: que este proyecto representa la primera oportunidad en que la asignación de zona pasa a ser parte imponible de la remuneración, lo cual significa, en teoría, que los trabajadores jubilarán con la asignación de zona incluida. Considerar imponible dicha asignación representa un tema pionero, un avance en toda la legislación sobre remuneraciones de los empleados del Estado. También es cierto que es una verdad a medias el argumento de que las asignaciones de zonas se pagan sobre los sueldos bases. Todos sabemos que a los funcionarios judiciales no se les paga en esa forma, sino que sobre bastante más que eso. También saben que hemos resuelto la eventualidad de juicios a costa de pagar doble asignación de zona. Todos sabemos que el cálculo de la asignación de zona para las Fuerzas Armadas tampoco se calcula sobre el sueldo base. Entonces cuando se argumenta de que se estaría rompiendo un sacrosanto principio res pecto a sobre qué se calcula en la asignación de zona, debo decir que ésa es una verdad a medias.

El país necesita debatir seriamente el asunto. Es evidente que hemos entrado en una especie de confusión sobre cómo se calculan las rentas de los trabajadores a costa de múltiples asignaciones que han transformado el sueldo base en una parte mínima del tema. Por ejemplo, a los médicos se les pagan seis asignaciones que triplican o cuadruplican un sueldo base irrisorio. Aquí nos encontramos con funcionarios que ganarán sobre cien mil pesos, pero que figuran con un sueldo base de veintitantos mil. Entonces, cuando les decimos que la asignación de zona es de 40, 50 ó 60 por ciento, estamos moviendo a engaños al trabajador y a la opinión pública, que cree que lo percibe, cuando en la práctica recibe un 10, 12 ó 13 por ciento más de lo que recibiría ese trabajador en regiones donde no se paga asignación de zona. Por lo tanto, en este proyecto hay un avance, pero queda un tema pendiente que afecta a todos los trabajadores del sector.

Entendemos que el Ministerio ha tomado debida nota de este punto y no puede permitir que en el Senado el tema de la asignación de zona se discuta en un debate ajeno a sus intereses y a las materias de su competencia.

Estamos por aprobar este artículo, pero sólo en el entendido de que haya un debate abierto sobre la asignación de zona, respecto de la cual ya tenemos un avance, que es su imponibilidad, pero todavía existe un tema pendiente: su base de cálculo.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, en relación con este artículo, abordaré dos temas en discusión.El primero se refiere al sistema de reajustabilidad planteado por el Diputado señor García.

Al respecto, aclaro que las asignaciones son parte de la remuneración y ésta se reajusta de acuerdo con lo establecido para el sector público. Por lo tanto, cada vez que el Gobierno decide reajustar las remuneraciones, se aumentará el sueldo base y todas las asignaciones, a diferencia de lo que ocurre en materia previsional. En el sector público no existe un reajuste automático de remuneraciones, sino que el Ejecutivo lo determina anualmente y puede ser superior o inferior al porcentaje de inflación. De tal modo que, repito, el sueldo base y asignaciones de los funcionarios regidos por este estatuto se incrementarán cada vez que se reajusten las remuneraciones del sector público.

En segundo término, en la asignación de zona, debo señalar que el objetivo de cualquiera asignación es estimular a los funcionarios para que asuman un cargo determinado. Lo que hay que evaluar es si la asignación de zona es incentivo suficiente para que los empleados se trasladen a lugares apartados. En esta materia, no hay principios sacrosantos, como señalaba el Diputado señor Smok , sino que, simplemente, parámetros para calcular esta asignación. Como para cada cargo existe una remuneración total, el Ejecutivo ha propuesto incentivos determinados para que los médicos, por ejemplo, trabajen en la atención primaria. Hay que evaluar si efectivamente el estímulo que estamos creando en este artículo será o no suficiente para que las personas vayan a prestar servicios, sobre todo a las regiones más extremas. Ese es el punto.

Presumo que hay un presupuesto global que se distribuye de distintas maneras en materia de remuneraciones, y hay que evaluar si realmente ese incentivo es suficiente. Me imagino que la Comisión técnica habrá estudiado a fondo el tema y que la asignación de zona cumple su objetivo.

Como miembro de la Comisión de Hacienda, debo señalar que no se han entregado a la Sala los antecedentes necesarios para verificar si la asignación de zona cumplirá o no su finalidad.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, respecto del artículo 29, estimo oportuno hacer resaltar la alerta manifestada por varios señores Diputados, de que la asignación de zona no responde a la realidad de acuerdo con la cual fue concebida y, por lo tanto, los porcentajes que se pagan no coinciden con los originalmente planteados, y de la necesidad, a su vez, de plantear una situación armónica entre las distintas regiones del país. Sin embargo, negarse a aprobar el artículo 29 es lejos más perjudicial que el beneficio que pueden obtener las personas a las cuales beneficiará la iniciativa.

Por eso, es conveniente dejar la señal de alerta, pero por ningún motivo rechazar esta asignación.

Por otra parte, quiero preguntar a los parlamentarios de la Comisión, o bien al señor Ministro, representado por el señor Subsecretario, si las horas extraordinarias serán o no pagadas con asignación de zona. De no ser así, se produciría una situación absolutamente injusta. Si en las distintas regiones donde se paga esa asignación hay exceso de trabajo, como lo han manifestado los gremios, y así lo hemos percibido, los funcionarios se ven obligados a cumplir horas extraordinarias, las que también deben pagarse con la asignación de zona correspondiente.

He dicho.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por finalidad sustituir el artículo 51 por el siguiente: "Cada Región recibirá a través del Ministerio de Salud un aporte estatal, el cual se determinará según los siguientes criterios:

"a) Población potencialmente beneficiaría en la Región y características epidemiológicas de ella, y

"b) Nivel socioeconómico de la población e índices de ruralidad y dificultad para acceder y prestar atenciones de salud.

"El aporte a que se refiere el inciso precedente se determinará anualmente mediante decreto fundado del Ministerio de Salud, suscrito además por los Ministros del Interior y de Hacienda.".

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, el objetivo de la indicación se puede entender en su globalidad si se leen los artículos 51 nuevo y 51 bis. Está basa da en lo siguiente: Actualmente hay un sistema de entrega de fondos a cada municipalidad, que lo hace el intendente de cada región, el cual tiene un tope, que tal vez es arbitrario, pero que, en todo caso, se decide en cada región. Lo que se propone es que el Ministerio se desembarace de preocupaciones tan directas como asignar fondos a cada una de las casi 300 municipalidades del país. ¿Por qué? Porque si el Ministerio de Salud otorgara estos fondos basados en la población de cada comuna o en un dato estadístico de fácil solución, entonces no habría para qué hacer un paso intermedio en los gobiernos regionales. Pero en la forma en que se propone calcular la asignación a cada comuna, ciertamente hay datos que se conocen mucho mejor en cada región.

Por lo tanto, nos parece un paso atrás centralizar la asignación de estos recursos, creando una burocracia que tiene que averiguar muchas cosas de las comunas, como la población potencialmente beneficiarla, que es distinta a la población de la comuna, las características epidemiológicas de cada una, el nivel de ruralidad y el índice o las características socioeconómicas de cada una de ellas.

Por eso, proponemos mediante esta indicación que el Ministerio se preocupe de lo que le corresponde, para que el Ministro no tenga a casi 300 alcaldes reclamando sobre esta asignación, y, por lo tanto, la distribución la haga en los mismos parámetros en que viene concebida por el Ejecutivo, el Ministerio a las regiones, y dentro de ellas, el Consejo Regional asigne estos fondos, oyendo al Ministerio de Salud por intermedio de la Secretaría

Regional Ministerial respectiva, basado, por supuesto, en parámetros objetivos, pero que son conocidos por el gobierno regional.

Eso es un avance en la regionalización, es desembarazar de problemas al nivel central y descentralizar, en definitiva, que es un objetivo que se persigue con varias disposiciones. Por este motivo consideramos que es un retroceso en la forma en que está concebida la indicación.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, sin duda, la indicación tiene aspectos bastante positivos, al menos en mi opinión. Sin embargo, quiero hacer presente que si bien integra algunos criterios para la asignación de los recursos desde la región, o sea, si bien señala lo que debe considerar la región en la asignación de los recursos, no dice con qué criterios se asignan los fondos a las regiones, lo que sí recoge el texto actual.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Ringeling .

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, deseo aclarar al Diputado señor Latorre que al principio de mi intervención dije que esta proposición sólo se entendía si se leían los artículos 51 nuevo y 51 bis, que se pronuncian sobre la distribución entre las comunas por el gobierno regional.

Quiero agregar que esta indicación que se presentó en la Comisión puede ser perfeccionada, pero recoge el espíritu nuestro, cual es avanzar en la descentralización.

Agradezco al Diputado señor Latorre que comparta el espíritu de esta indicación.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Puede continuar el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, efectivamente, comparto esta indicación. Sin embargo, me gustaría que el texto exacto, que ha sido leído, sea objeto de un análisis más riguroso.

En la actualidad, lo que hace el Ministerio de Salud no es distribuir directamente a cada municipalidad; de hecho, transfiere la responsabilidad al gobierno regional, el cual, a veces, también utiliza criterios que no nos parecen razonables.

En consecuencia, nadie puede afirmar que al transferir la responsabilidad al gobierno regional y a su respectivo consejo regional, se estaría salvando lo que nos preocupa. A lo mejor en muchos casos estaríamos dejando de establecer un mecanismo de apelación o de solución a nivel nacional. Junto con manifestar mi aprobación a esta indicación, me gustaría que tuviéramos la oportunidad de analizar con más detalle el texto de la misma, para verificar los términos en que el gobierno regional pueda, el día de mañana, resolver este asunto, liberando al Ministerio de Salud de esta labor.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, comparto lo dicho por el Diputado señor Estévez. Diría que del análisis comparativo de fondo, el único factor adicional y distinto al mecanismo que el Ministerio transfiere a la región y ésta a la comuna es la evaluación sobre cantidad de prestaciones mensuales que ha hecho esa comuna.

Este tema ha sido debatido. No nos parece razonable que un mecanismo para recibir recursos sea la cantidad de prestaciones efectuadas; al contrario, estamos por modificar profundamente ese criterio.

Entendemos que la atención primaria es más eficiente en la medida en que prevenga la enfermedad y, por lo tanto, no haga necesaria tantas prestaciones, particularmente de índole lucrativa. Por eso, todo el concepto que está detrás del financiamiento de este proyecto se halla en la población per cápita asignada, más que por el fapem actual, por atención rendida.

Si ése es un elemento distorsionador y el único que veo distinto, que es la atención prestada, con mayor razón me parece que introduce una lógica perversa, que nos parece engorrosa o que puede producir una distorsión, en el sentido que apuntaba el Diputado señor Estévez .

Pareciéndome particularmente importante y siendo una lógica que continuamente ha tenido presente la Comisión, de cómo hacer participar a las instancias regionales, la indicación propuesta puede complicar las cosas más que facilitarlas.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD .-

Señor Presidente, quiero recordar que el artículo 51 tiene tres indicaciones: una del Ejecutivo y dos de parlamentarios, la primera suscrita por los Diputados señores Arancibia, Estévez, Huepe y quien habla, para precisar la norma. En este aspecto debemos centrar la discusión. Particularmente, quiero señalar el criterio que seguimos en la Comisión de Hacienda para eliminar un trámite que nos parece de excesiva burocracia, en cuanto a la intervención del gobierno regional en la distribución de los recursos que deben ser asignados para la salud municipal en cada comuna. Preferimos optar directamente por un sistema de reclamación directo ante el Ministerio de Salud respecto de la asignación regional.

Ese es el criterio que sustentaremos en esta votación.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, éste es uno de los artículos más importantes en el análisis de este proyecto. Cuando estamos hablando concretamente del aporte estatal a un sistema de salud municipalizado nos estamos refiriendo a las platas; de tal manera que debe ser estudiado y analizado con mucha tranquilidad. Así lo hemos hecho en la Comisión de Salud.

La indicación presentada por el Diputado señor Ringeling y sustentada por Diputados de Renovación Nacional es lógica frente a la posición de la Comisión de Hacienda que, acorde con la indicación recordada por el Diputado señor Devaud, suprimió, en su inciso segundo, la frase: "previa consulta al gobierno regional correspondiente".

Aquí vemos un espíritu centralista y estatista que, por supuesto, se contradice con lo que deseamos hacer en todo el resto del proyecto. No puede omitirse la opinión del gobierno regional cuando esta Cámara hoy se enorgullece de la ley de gobiernos regionales y comunales, que aprobamos el año recién pasado. En materias tan delicadas y específicas, como las de salud, no puede omitirse la consulta previa al gobierno regional correspondiente.

Es indudable que el Ministerio de Salud, para establecer los parámetros y las características que van a permitir calcular el aporte estatal, tiene que hacer las consultas a cada una de las comunas. Es imperioso que esa consulta la haga a través del gobierno regional. Incluso la entrega de los recursos, si quiere, la puede hacer a través del gobierno regional o directamente a las comunas, pero no puede decirse en esta instancia, en la cual se está hablando del aporte del Estado a un sistema de salud que, en su ejecución, hoy está entregado a las municipalidades, que se está burocratizando un sistema al formularle la consulta al gobierno regional.

Insistimos en que no puede saltarse esta consulta, razón por la cual estamos en contra de la posición de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que eliminó esta previa consulta. Esta posición ha sido la que motivó la indicación del Diputado señor Ringeling.

Si consideramos lo que estaba en el informe de la Comisión de Salud que es la consulta previa al gobierno regional, nos vamos a acercar a un punto de acuerdo, que podría ser aprobado por unanimidad.

Señor Presidente, con su venia, le concedo una interrupción al Diputado señor Jaime Orpis .

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, me gustaría aclarar el alcance de la indicación que presentamos con el Diputado señor Devaud y, de alguna manera, también lo que aprobó la Comisión de Hacienda.

Lejos de que exista un espíritu centralista, hemos pretendido descentralizar lo más posible las decisiones, porque aquí, en definitiva, estamos estudiando un estatuto de atención primaria. ¿Quiénes son los primeros beneficiarios? Más que la región, es la propia comuna. Hay que partir de esa definición básica.

En seguida hay que definir quién entrega los recursos. Es el Ministerio en función de lo que señala el artículo 12. De tal manera que hay una fuente de recursos que es el Ministerio de Salud, y un destinatario que es la comuna.

Respecto de esto hay que partir diciendo que quienes mejor conocen la situación de salud en su respectivo territorio son precisamente las autoridades comunales; es decir, el alcalde con el cuerpo de concejales.

Y aquí voy a hacer la pregunta de la Comisión técnica, la de Salud. ¿Qué establece este artículo? Que las entidades administradoras podrán apelar de los criterios de designación ante el gobierno regional, pero resulta que éste originalmente no asigna los recursos.

Lo que perfectamente puede ocurrir es que a nivel regional pueda existir un centralismo o que los criterios del gobierno regional no coincidan con los del gobierno local, y ahí está el peligro de esta situación.

¿Qué ocurre si el gobierno regional desecha la apelación? La comuna que presentó antecedentes válidos para impugnar lo señalado por el Ministerio de Salud no puede llegar con sus consultas al respectivo ministerio; es decir, se le cierra la puerta, a nivel regional, para apelar de una asignación presupuestaria que no considera conveniente para sus necesidades locales.

¿Qué hemos hecho en definitiva con esta indicación? Ir directamente a la fuente de necesidad, es decir, que la comuna pueda apelar en forma directa al Ministerio de Salud. No tengo inconveniente en que se pueda pedir la opinión del gobierno regional, pero que en ningún caso la apelación al Ministerio de Salud que es donde está la fuente de recursos dependa de la aprobación o rechazo del gobierno regional. Hemos querido fijar un camino expedito para que las necesidades locales lleguen verdaderamente donde está el problema y las soluciones no se entraben a nivel de las realidades locales.

Señor Presidente, el Diputado Schaulsohn me ha solicitado una interrupción, que, con su venia, le concedo.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Está haciendo uso de una interrupción, señor Diputado. Reglamentariamente no procede.

El señor ORPIS.-

Para finalizar, señor Presidente, diré que lejos de entrabar la asignación eficiente de recursos hemos querido que la expresión local, que es el nivel comunal, llegue en forma directa a la autoridad que toma las decisiones, sin pasar por ningún tipo de intermediario.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercido).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, dadas las características que se tienen en consideración para entregar los fondos, es muy importante que sea una autoridad cercana quien tenga una voz preponderante, que podría ser, en este caso, el gobierno regional. Por ejemplo, la población potencialmente beneficiarla de la atención de salud primaria de la comuna de Quintero, que tiene 15 mil habitantes, es muy baja porque cuenta con un hospital y la población se atiende básica mente allí. En cambio, la comuna vecina de Punchuncaví tiene una característica epidemiológica permanente producida por la contaminación provocada por la Enami, debido a lo cual existe el grave problema de que la principal causa de muerte sea el cáncer.

Ese tipo de situaciones, que se repiten en las distintas comunas del país, pueden ser mejor estudiadas y resueltas por la autoridad de salud de la región. No se trata de un trámite engorroso, sino de uno simple que le permita al Ministerio despreocuparse de la multiplicidad de problemas que se generan en cada comuna para distribuir con parámetros objetivos, posibles de determinar por ella en mejor forma.

En consecuencia, refuto en el fondo y en la práctica los argumentos esgrimidos por el Diputado señor Estévez y otros parlamentarios, de que sería un trámite más embarazoso o inútil; al contrario, es una forma más práctica y beneficiosa para la población.

He dicho.

Agradezco al Diputado señor Bayo la interrupción.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, compartiendo la preocupación por la mayor incidencia en el gobierno regional que tendría el espíritu de la propuesta del señor Ringeling, considero que el problema se puede resolver de manera más precisa con la formulación que propone el texto de la Comisión de Salud y las indicaciones que a continuación preciso.

Se puede mantener la consulta previa al gobierno regional. Es la observación formulada por el Diputado señor Bayo, la cual considero muy importante, y que tanto el Diputado que habla como otros parlamentarios estamos dispuestos a suscribir y reiterar.

Hay una instancia de consulta más directa para los efectos de hacer la asignación a nivel intrarregional; pero compartimos plenamente la preocupación manifestada por el Diputado señor Esté vez, de cambiar la identidad del beneficiario de la asignación, pues el texto actual permite focalizar mejor los recursos y problemas existentes en cada comuna.

De mantenerse la actual formulación del artículo 51, el problema tenderá a diluirse a nivel regional, con lo cual se transformará en uno de debate en el consejo mismo y de decisión de correlaciones de fuerza a su interior. Es poco recomendable llevar esta situación a una entidad que requiere tomar decisiones con fundamentos técnicos.

En seguida, si se mantiene la indicación de la Comisión de Hacienda, que permite a la municipalidad recurrir directamente al Ministerio de Salud, tendríamos dos válvulas: consulta previa al gobierno regional y apelación ante el Ministerio de Salud, por conducto del Seremi correspondiente, cuando las decisiones del consejo resulten inadecuadas para los requerimientos de la comuna respectiva.

Por último, creo que la indicación del Diputado señor Ringeling a la letra b) del artículo 51 enriquece el subrayado que hicimos con el Diputado señor Estévez, ya que pone de relieve, como criterio específico, las condiciones socioeconómicas de la población comunal. Dice: "e índices de ruralidad y dificultad para acceder y prestar atenciones de salud." Esta frase permitirá precisar, aclarar y dar mayor potencialidad a este factor.

En resumen, si se aprueba el artículo 51 como viene, se mantienen la consulta previa al gobierno regional y la apelación ante el Ministerio de Salud y se acoge la frase que el Diputado señor Ringeling sugiere agregar a la letra b), se recoge una cuestión que creemos fundamental: que las asignaciones para financiar las prestaciones de salud consideren de manera muy importante las condiciones socioeconómicas en cada comuna, lo que se puede determinar con mucha más precisión a nivel local que regional.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, a mi juicio, esta indicación es inadmisible, por cuanto dice relación con la administración de los recursos económicos destinados a dar cumplimiento a la ley.

Como bien señaló el señor Bayo, estamos discutiendo el problema de las platas, y precisamente por ello entramos en lo que prescribe el artículo 62, inciso tercero, de la Constitución Política, que reserva al Presidente de la República la iniciativa exclusiva en materias que digan relación con la administración financiera del Estado.

En consecuencia, solicito a la Mesa un pronunciamiento al respecto.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, esta discusión no es secundaria; la indicación del Diputado señor Ringeling es muy útil. La salud debe tener unidad en su concepción, en su análisis y en el trato que se dé a la atención primaria, secundaria y terciaria.

En la región debe haber una entidad que conciba la forma y el trato que corresponde a la salud primaria y su interrelación con los otros niveles. Por lo tanto, es importante fortalecer la gestión del gobierno regional para que pueda llevar a cabo programas de salud integrada.

No me gusta la relación directa de la comuna y el Ministerio. Además de la consulta, debe haber una concepción del programa de salud de cada región, entregada al gobierno regional, al Seremi correspondiente, y en el momento oportuno, en materia presupuestaria, al consejo regional.

No me parece posible aceptar el criterio del Diputado señor Arancibia , en términos de que al decidir el consejo regional la salud se politice o se particularice a nivel provincial, porque esto puede ocurrir con cualquier problema. Para eso está el Seremi, que elaborará criterio de distribución dentro de los ítem planteados correctamente, a mi entender, por el Diputado señor Ringeling .

La comunicación directa del municipio con el nivel central da una autonomía inaceptable a la atención de salud, que debe ser integrada a nivel regional, con una concepción única, libre de toda complejidad y diferenciación, tanto en los aspectos epidemiológicos como de ruralidad o de distancia, para resolver los problemas del caso en las diferentes comunas.

Me parece acertada la proposición del Diputado señor Ringeling y personalmente estoy dispuesto a apoyarla.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Latorre .

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, quiero recordar que en oportunidad anterior tocamos el tema que dice relación con la forma de garantizar la cobertura de atención primaria de salud en comunas que más la necesitan, en función de los escasos recursos que poseen; y particularmente, lo que ocurre a nivel regional por razones de ruralidad, situación que el proyecto no recoge. Contempla la atención primaria de salud en comunas urbanas, pero no las importantes inquietudes que existen a nivel rural.

En consecuencia, la discusión que se plantea va mucho más allá que el simple procedimiento de asignación de recursos.

Sería un error garrafal de nuestra parte votar las indicaciones, que parecen un poco estancadas, y no hacer el esfuerzo de recoger los criterios sugeridos, que mejorarían el texto definitivo del proyecto. En este sentido, debemos posibilitar el acuerdo para compatibilizar el rol de las regiones en la asignación de los recursos a las comunas.

Es indudable, y en esta parte estoy ciento por ciento de acuerdo con el Diputado señor Arancibia , que a las condiciones socioeconómicas de la población beneficiaría de los recursos, debiera introducirse una indicación explícita respecto del índice de ruralidad, de la distancia o del difícil acceso en una zona para la atención primaria.

En definitiva, independientemente del apuro que tengan algunos colegas por votar las indicaciones, la Sala debería buscar un procedimiento para que el texto recoja el espíritu de las intervenciones, en que objetivamente existe unanimidad.

He dicho.

El señor CERDA (Presidente accidental).-

Puede continuar el Diputado señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, quiero subrayar que cada día es más necesario y a lo mejor tenemos diferencias al respecto con el Ministerio de Salud que haya integración de los diferentes niveles de salud en las regiones.

El inicio del artículo 51: "Cada entidad administradora de salud municipal recibirá mensualmente, a través del Ministerio de Salud,..." no de la entidad regional establecida en los gobiernos regionales, es un grave error conceptual y no va a resolver la integración de los diferentes niveles de salud en una política realmente racional.

Cada vez soy menos partidario de entregar a la municipalidad toda la responsabilidad sobre el trato de la salud. Para la asignación de recursos debe haber una concepción regional integrada.

He dicho.

El señor LOYOLA (Secretario).-

De los Diputados señores Smok, Bayo, Hamuy, Elizalde, Tohá, Acuña, Alvarez Salamanca, Salas, Ortiz, Sabag, Jara, don Sergio; Latorre, Masferrer, Rojos, Ojeda y Arancibia La letra b) del artículo pasaría a ser c), sin modificaciones. Por último, se sustituye el penúltimo inciso por el siguiente: "Las entidades administradoras podrán reclamar directamente al Ministerio de Salud, por intermedio del Secretario Regional Ministerial de Salud. El Ministerio de Salud deberá resolver la reclamación dentro del plazo de quince días."

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, solicito que se precise si están en discusión las causales de término de contrato, con el fin de no hacer una referencia errada, porque hay una inconcordancia en la numeración de los dos informes. La Comisión de Hacienda aprobó una letra g), mediante la cual se autoriza el término de contrato por extinción de la función debido a un cambio demográfico u otras causas en una comunidad.

La Comisión de Salud se ha opuesto sistemáticamente a la aprobación de esta letra, básicamente por dos razones: No le parece que en la actualidad exista necesidad de extinguir funciones de los trabajadores de la salud por cambios demográficos, y si fuere necesario, no parece coherente la indemnización de hasta ocho meses de remuneraciones.

La propuesta inicial del Ejecutivo fue una indemnización de hasta seis meses, sobre la base de su equivalencia con lo establecido en el Estatuto Municipal, que es subsidiario de este otro. No obstante, la Comisión de Salud ha sostenido que tanto en el Estatuto Docente como en el contrato individual de trabajo se han aceptado indemnizaciones de hasta 11 meses, equivalentes a 11 años de servicios, como mecanismo para estas eventualidades.

Nos parece que, dada la misma condición de cambio demográfico, si un profesor debe extinguir su función, debiera recibir 11 meses de desahucio. Con el mismo argumento, si la situación se planteara en la misma comuna, con el mismo empleador y funciones similares, una enfermera también debiera recibir ese beneficio que está basado en el Estatuto Docente y en el contrato individual de trabajo. Por lo tanto, este engendro de ocho meses, invento novedoso a mitad de camino entre el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, el Estatuto Docente y el contrato individual de trabajo, debe ser rechazado hasta que el Ejecutivo entienda que hay una figura equivalente que debe respetar. Son las únicas dos leyes al respecto sobre las cuales la Cámara se ha pronunciado, y ése nos parece un argumento válido.

Señor Presidente, insistimos en rechazar la letra g) en la forma aprobada por la Comisión de Hacienda.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, efectivamente, como ha seña lado el Diputado señor Smok, hay dos puntos de discusión, pero el rechazo de la letra g), en su conjunto, no es la solución.

Opino que la indemnización para un trabajador despedido debe ser de un mes de remuneración por cada año de servicio, sin límites del número de años. Lamentablemente, en esta legislación ni en otras hemos podido acceder a la solución de este problema. Lamentablemente como sabemos, tampoco se ha alcanzado el límite, por oposición de algunos sectores económicos y políticos del país. Además, el Ejecutivo es quien tiene la iniciativa exclusiva sobre la materia. Por lo tanto, no podemos incrementar el número de meses.

Ahora, el fondo del asunto es si esta causal de término de contrato debe existir o no. Un tema es la indemnización y coincido con la inquietud del Diputado señor Smok. Soy partidario de que no tenga límites; sin embargo, no tenemos iniciativa al respecto.

¿Rechazaremos la existencia de esta causal de término de contrato? Me parece que no, porque el hecho de que las dotaciones puedan disminuir, es una realidad en la administración de la salud municipalizada. Hemos fijado condiciones sobre las cuales se deben asignar los recursos y definir las operaciones de los consultorios. Esto es variable. En la Región Metropolitana hay comunas que, de acuerdo con el Censo de 1992, han reflejado una disminución de la población respecto del Censo de 1982, como también cambios en las condiciones de atención de salud de la población, debido a alteraciones en las condiciones de distribución del ingreso y socioeconómicas. Por lo tanto, es lógico que esos municipios no queden amarrados para siempre con una dotación de salud, que es lo que ocurriría si la causal del artículo 12 del proyecto no existiera.

En ese sentido, es necesaria.

De lo planteado por el Diputado señor Smok se puede desprender la posibilidad de reparar la dotación, en términos de aceptar que esta causal es necesaria, pero si rechazáramos la indemnización por insuficiente, dejaríamos a los trabajadores en una situación peor. Si admitimos la causal y rechazáramos el número de meses de indemnización, se aplicaría la norma subsidiaria de seis meses, y, por consiguiente, les restaríamos dos meses.

Esto puede parecer absurdo; sin embargo, no tenemos facultades para modificar el número de meses de indemnización.

La Comisión de Hacienda acogió la iniciativa del Ejecutivo porque es necesaria para la correcta administración de los municipios, para que en el futuro no incurran en déficit permanentes por el hecho de quedar después con una población beneficiaría reducida y tener que mantener a funcionarios aun cuando no presten servicios efectivos.

Es mejor aprobar ocho meses de indemnización en lugar de seis, como dispone la norma subsidiaria, y en esos términos planteamos la aprobación de la indicación del Ejecutivo.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, el Diputado señor Andrés Palma fue preciso en aclarar que la letra g) no ha sido indicación de la Comisión de Hacienda aunque formalmente lo es, sino que es parte del texto original del Ejecutivo que insistió sobre ella ante esa Comisión, que finalmente la acogió. Además, su rechazo, si bien aparentemente podría beneficiar a los trabajadores, en verdad los daña, porque un municipio con un flujo variable de duración y un presupuesto fijo, obviamente se defenderá de una u otra manera: o contratará a plazo fijo, es decir, mediante la aplicación de la letra c) de este mismo artículo, o contratará a honorarios, y en ese caso los trabajadores no tendrán ninguna indemnización.

Sólo si establecemos la posibilidad de que un municipio pueda reducir su dotación por cambios en su área, sector o pueblo, entonces habrá contratos propiamente tales de trabajo. De lo contrario no dispondrá contratos a plazo indefinido con todas estas garantías si no cuenta con ningún financiamiento para ello, y el efecto reitero será la completa indefensión del trabajador. La supresión de la letra c), bajo la apariencia de hacer un servicio a los trabajadores, produce un daño en sus contratos de trabajo. Otro aspecto es que al establecer la causal de reducción de dotación, de acuerdo con el artículo 12, se plantea la interrogante de cuántos meses de indemnización tendrán derecho los trabajadores, y yo soy partidario de que nos quedemos con la norma vigente del Código del Trabajo y no con ésta que indica ocho meses.

Concuerdo con los Diputados señores Smok y Andrés Palma en que la solución es mala y de que debemos tomarla o dejarla, pero podemos concordar e, incluso, hacer una presentación al Ministerio de Salud, estando presente el señor Ministro de Salud subrogante, en que nos parece completamente inadecuado el sistema de 8 meses de indemnización y debería establecerse uno de 11 meses.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, me ahorraré algunos comentarios, a raíz de las intervenciones de algunos señores parlamentarios, y sólo agregaré un elemento adicional.

Desde mi punto de vista, este artículo no se puede analizar en forma separada del artículo 12, el cual señala que las dotaciones se fijarán anualmente. En el fondo, dispone que prácticamente todos los trabajadores de la salud, independientemente de que su contrato sea indefinido, pueden verse expuestos a que se les ponga término en el curso de un año. Es decir, todos están a plazo fijo. Entonces, la letra g) es absolutamente congruente con el artículo 12, porque esos trabajadores deben tener algún tipo de protección.

La lógica de incorporar la letra g) debería apuntar más a asimilarla al Código del Trabajo que a las disposiciones de la Administración Pública, porque en ésta, normalmente, pasan siete, ocho ó diez años hasta que se cambian las plantas. Es decir, existe más estabilidad funcionaría.

Pero aquí es muy diferente porque anualmente se fijará la dotación y, por lo tanto, habrá un grado de inestabilidad mucho mayor, y ante lo cual es lógico asimilar la disposición al Código del Trabajo que establece once años, y no optar por la situación intermedia que se propone.

En definitiva, señor Presidente, estimo que es indispensable incorporar la letra g), por cuanto es congruente con el proyecto; pero en relación con los meses que corresponden a indemnización, debería asimilarse al Código del Trabajo.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, simplemente quiero reafirmar que, además de que la norma es incongruente con el artículo 12, sería realmente poco serio aprobarla sin considerar la fijación anual de dotación que se establece en los artículos 12 y siguiente. De no existir la letra g), sería mejor eliminar dicha fijación porque no tendría sentido, y en caso de que se fije una dotación menor no podrá ponerse término al contrato de algunas personas.

Me parece muy razonable no lo había pensado así el planteamiento del Diputado señor Orpis respecto de que la situación de estos trabajadores es más bien asimilable a la de los del sector privado, y, en ese sentido, pienso que podríamos hacer todo lo posible para que el Ejecutivo les reconociera un derecho de indemnización similar. Pero también hay que recordar que al Ejecutivo tal vez le parezca fácil la medida, porque el peso de las indemnizaciones recaerá sobre las municipalidades. Cuando ellas no tienen los montos necesarios deben recurrir a transferencias de fondos municipales, y por lo tanto, podría considerarse, por parte del Ministerio, que estas indemnizaciones sean también de su responsabilidad, puesto que provienen de su resolución.

Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Orpis , quien me la ha solicitado.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, sólo para complementar, porque creo que el elemento incorporado por el Diputado señor Ringeling es de la máxima importancia.

Es perfectamente razonable que, en definitiva, el costo recaiga sobre el presupuesto comunal, por cuanto la municipalidad es responsable de poner término a los contratos de trabajo. Pero aquí hay una entidad ajena que es el Ministerio, quien pondrá término a los contratos de trabajo y, en consecuencia, impondrá una carga sobre los presupuestos municipales.

Pienso que esa materia debería analizarse en el curso de la tramitación del proyecto o, al menos, tenerse presente en su discusión, y ver si en el Senado puede tener lugar una discusión más a fondo.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, en verdad, el tema de término de contrato es bastante delicado y ha generado una justa preocupación entre los trabajadores de la salud municipalizada, porque, efectivamente, está vinculado al artículo 12, en el cual se plantean las condiciones para fijar la dotación máxima año a año.

Sin embargo, considero que la forma de entender la relación entre ambos artículos no está necesariamente planteada en los términos que sugiere la letra g).

Más allá del tema de los años de indemnización a que ha aludido el Diputado señor Smok , que comparto enteramente, soy contrario a que la fijación de una dotación de personal inferior a la del año anterior sea una causal de término de contrato. Si ocurriera esta situación, este estatuto de los trabajadores de la salud primaria debería contemplar la posibilidad de reubicarlos en consultorios o unidades en una misma comuna o región.

De otra manera, estos funcionarios dejarían de tener estabilidad en el empleo, uno de los pocos beneficios del personal de la administración central del Estado, en contraposición a varias limitaciones que les afectan: no tienen posibilidad de negociación colectiva, de sindicalización, ni del conjunto de derechos de que gozan los trabajadores del sector privado.

Si se entendiera así, estaríamos frente a una situación bastante difícil: estos trabajadores no tendrían la posibilidad de negociar sus condiciones de trabajo ni tampoco la garantía de la estabilidad en el empleo.

Por otra parte, los trabajadores del sistema hospitalario, es decir, los afiliados a los Fenats o dependientes del Ministerio de Salud no están afectos a esta causal, no pueden ser despedidos año a año, porque no se fijan dotaciones; están en una planta que les garantiza estabilidad laboral.

Entiendo que la dotación de los trabajadores del sistema hospitalario también puede ser analizada, por ejemplo, en el caso de epidemias. Por lo tanto, a igual causa igual efecto.

Sugiero que se rechace la letra g) y que, para los efectos de la historia de la ley, se entiende que los contratos de los trabajadores de un consultorio o de un municipio, dependientes del sistema de salud municipalizado, no pueden ser terminados en virtud de la disposición que estamos analizando.

Por eso, votaré en contra de la letra g).

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, hay una serie de consideraciones que no justifican esta causal de despido, con el incentivo si así pudiéramos llamarlo de una indemnización que no corresponde á lo que, generalmente, sucede en las fuentes de trabajo.

En el párrafo 3a, que se refiere al término de la relación laboral, el artículo 50 señala: "Los funcionarios que formen parte de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales" que son bastante contundentes para justificar un despido:

"a) por renuncia voluntaria;

"b) por falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarías, establecidas fehacientemente por medio de un sumario;

"c) por término del período por el cual fueron contratados;

"d) por obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen provisional, en relación con la función que desempeñen en un establecimiento municipal de atención primaria de salud;

"e) Por fallecimiento, y

"f) por calificación deficiente en el desempeño de las obligaciones funcionarías durante dos años consecutivos."

En el fondo, ahora se agrega una última causal para justificar un despido arbitrario, con el incentivo, con el premio de honor, por así llamarlo, de unos cuantos meses de indemnización, que no corresponden a lo que legítima y comúnmente se aplica en las fuentes laborales.

Como en estos artículos hay que tener claridad, hay que decir las cosas como uno las piensa, y no como las piensan otros, creo que con esta disposición se sienta un precedente que después se incorporará en cualquier otra iniciativa.

Hay que asumir la responsabilidad de lo que ello significa.

Por eso, votaré en contra de la letra g) agregada por la Comisión de Hacienda.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, el tema de la disminución de la dotación ha llevado a reflexiones y conclusiones distintas a los Diputados que han hecho uso de la palabra.

Desde el punto de vista de la administración de la municipalidad, la disminución de la dotación es un tema que sólo se resuelve mediante el cumplimiento del pago de la indemnización que se establece en la letra g) incorporada por la Comisión de Hacienda.

Tenía razón el Diputado me parece que fue don Andrés Palma que señaló que la municipalidad, para evitar el problema de la disminución de dotación, utilizará el mecanismo de la contratación de plazo fijo.

Sin embargo, quiero hacer presente que, de acuerdo con el artículo 15, la contratación del personal de una dotación de salud municipal puede hacerse de dos formas: por contrato indefinido, mediante el cual se ingresa a la carrera funcionaría, o por contrato transitorio.

La causal de terminación del contrato establecida en la letra c) del artículo 50: "por término del período por el cual fueron contratados;", está referida a contratos de plazo fijo, y no da derecho a indemnización si se hace efectiva en la fecha fijada para su conclusión. La disminución de la dotación no está concebida para este personal, sino, derechamente, para los funcionarios con contrato indefinido que ingresaron a la carrera. Luego, si no se aprueba esta indicación, la disminución de la dotación, que es un hecho que se puede producir, sólo daría derecho a ese personal a percibir seis meses de indemnización, según lo dispuesto en el Estatuto Administrativo del Funcionario Municipal. Es decir, hay diferencia respecto de la cantidad de la indemnización. Además, debe considerarse otro punto: la administración municipal propiamente. ¿Qué es más caro para un municipio? ¿Mantener una dotación excesiva, superflua, o pagar la indemnización?

Esta indicación hay que analizarla desde las dos perspectivas, no sólo desde el punto de vista de la estabilidad funcionaría, porque la disminución de la dotación, por ley, afecta esa estabilidad y también a la administración democrática de los municipios. Por esas razones, votaré por la indicación que incorporó la Comisión de Hacienda.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, solicito que se divida la votación de la letra f) del artículo 50, que señala como causal de terminación de contrato: "Por calificación deficiente en el desempeño de las obligaciones funcionarías durante dos años consecutivos." En verdad, no veo la razón, en este caso particular, de que se necesiten dos años para establecer la deficiencia de un funcionario, si en el resto de los estatutos que rigen a los funcionarios del Estado lo normal es que baste una calificación deficiente. Por ejemplo, en el Poder Judicial, cuando un funcionario es calificado en lista 4, debe dejar el cargo.

Así también lo dispone el Estatuto Administrativo. En consecuencia, si es así en el resto de la administración, ¿por qué con esta disposición vamos a imponerle a la población que se atiende en consultorios la carga de tener que soportar durante dos años consecutivos a un funcionario ineficiente?

Por lo tanto, pido que en la letra f) se vote separadamente del resto la expresión "por calificación deficiente en el desempeño de las obligaciones funcionarías".

He dicho.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, dos principios han sido materia de prolongado debate en este estatuto.

El primero es si merece una marcha blanca, un rodaje por el tiempo que lo reivindique socialmente ante la comunidad y los trabajadores, que tienen fuertes dudas sobre la municipalización. El tema es si esto es una señal de que este asunto pasó el punto de no retomo o habrá un tiempo de rodaje para su revaluación.

El segundo principio se refiere a que más del 70 por ciento de los bienes inmuebles de los consultorios y de otras instalaciones donde se presta la atención primaria no pertenecen a los municipios, sino que al Servicio de Salud.

En consecuencia, estaría pendiente un segundo debate sobre si esas instalaciones debieran pasar automáticamente al dominio de los municipios o si debieran constituirse en patrimonios intermedios, por ejemplo, patrimonios regionales.

De acuerdo con nuestro criterio, no dañaría el cumplimiento de esta iniciativa de ley dejar aquellos inmuebles en comodato por uno o dos años más, mientras se evalúa el funcionamiento del cuerpo legal. Subsidiariamente, también creemos que no está agotado el debate acerca de la posibilidad de constituir patrimonios provinciales o regionales de instalaciones de atención de salud primaria, toda vez que estamos convencidos de que si bien la municipalidad es la unidad mínima ejecutora de programas de atención de salud primaria en las comunas, ello no es tan efectivo en las más pequeñas. Me atrevería a decir que es discutible la capacidad de los municipios de operar sistemas de atención primaria en comunas con menos de 40 mil habitantes. En consecuencia, es altamente necesario que se creen asociaciones provinciales o regionales de administración de salud primaria.

Pienso en las múltiples comunas del país con mil, 5 mil o menos de 10 mil habitantes, o altos índices de ruralidad.

Este debate puede damos la impresión de que es una señal definitiva sobre el tema, en circunstancias de que pensamos, por un lado, que debieran mantenerse los comodatos y no transferir en forma definitiva esos bienes a los municipios; y por otro, que esta Cámara debió debatir, y aún puede hacerlo, si la instancia municipal será la única ejecutora de los programas de atención de salud primaria o si deben constituirse patrimonios provinciales o regionales de bienes que podrían ser útiles para tal efecto, entregándolos al municipio, en el marco de los postulados que hemos sostenido en los temas de regionalización.

Dejo planteadas estas dos dudas que revelan, de alguna forma, el pensamiento de algunos miembros de mi bancada.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, ya escuchamos la argumentación del Diputado señor Smok en la primera oportunidad que se debatió el tema en esta Sala.

Por supuesto, no comparto sus expresiones respecto de las limitaciones que pudieran tener los municipios de comunas pequeñas para administrar estos bienes, que, por lo demás, hoy lo están haciendo bajo el régimen del comodato.

Dudo que gobiernos regionales que sólo tienen pocas semanas de vida estén en mejores condiciones para administrar estos bienes que las municipalidades que están funcionando desde hace un año bajo el nuevo sistema. Por lo tanto, considero ligeramente feble el argumento del Diputado señor Smok.

En otra oportunidad discutimos si las municipalidades deben ser los únicos entes que ejecuten acciones en materia de salud; hoy estamos debatiendo un proyecto concreto, referente al estatuto de atención primaria de salud municipal.

Limitándonos a eso, los Diputados de Renovación Nacional apoyaremos la posición del Ejecutivo, de mantener el texto del artículo 12 transitorio.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Masferrer.

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente, este artículo incentiva a los municipios a seguir mejorando los establecimientos a su cargo. Es mucho mejor para ellos destinar fondos propios a mejorar la infraestructura hospitalaria, con el objeto de entregar una buena atención de salud a la población.

Por lo tanto, comparto plenamente este artículo del Ejecutivo.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, hago mías las palabras del Diputado señor Smok . Estoy absolutamente en contra de este traspaso sin que antes se haya analizado en su globalidad toda la infraestructura de salud que debe tener el país en el futuro, porque hay posibilidades de cuestionar la mantención de un esquema de salud municipalizado.

Por lo tanto, voy a votar en contra del artículo.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, quiero hacer dos observaciones de tipo formal al artículo 12 transitorio.

Primero, se contempla el 30 de junio de 1991 como plazo para transferir a las municipalidades los bienes inventariados, en circunstancias de que lo más lógico es fijarlo a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, para que así no exista una disociación entre el plazo y la entra da en vigencia, ya que se pueden terminar de construir otros inmuebles pertenecientes al Ministerio de Salud.

Segundo, se debe considerar que en las leyes que establecen la transferencia legal de bienes entre personas jurídicas, se incluye la gratuidad de las inscripciones y trámites notariales, con el objeto de evitar los costos a las entidades que pasan a asumir el dominio de los mismos. Por lo tanto, en la parte final del artículo podría agregarse este concepto, diciendo:

"Las inscripciones y anotaciones que procedan, se efectuarán gratuitamente con el solo mérito de la copia autorizada del respectivo decreto".

Señor Presidente, el Diputado señor Orpis me ha pedido una interrupción, la que concedo por su intermedio.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, considero que sería congruente lo que señalaba el Diputado señor Smok si la definición fuera distinta, es decir, si la responsabilidad de la salud se le asignara a las regiones y no a las comunas; pero el proyecto establece lo contrario, por lo que, en estricta lógica, con ese criterio deben traspasarse a las comunas y no a las regiones, sin perjuicio de que puedan realizarse convenios respecto de determinadas materias cuando existan problemas comunes entre algunas comunidades de carácter local.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Puede continuar el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, quiero insistir en las dos adecuaciones formales que propuse a este artículo, las que se podrían llevar a cabo con la unanimidad de la Sala. Una de ellas es sustituir la frase "al 30 de junio de 1991" por otra que diga "a la fecha de entrada en vigencia de esta ley". La otra es incluir el concepto de traspaso gratuito en la parte final de este artículo.

No quiero entrar en la discusión en cuanto a quién debe pasar el dominio de los bienes, pero es claro que si tanto el Ejecutivo como los parlamentarios han concordado en que la administración de la salud primaria es de competencia de las municipalidades, lo lógico es que el que entrega este servicio de salud a la población también sea el encargado de la administración de los bienes, sin perjuicio de que, a futuro, puedan crearse entidades intermedias o regionales, caso en el cual debería nuevamente revisarse la propiedad de estos establecimientos; pero habiéndose fijado un criterio en cuanto a la municipalización de la salud, el cual ha sido acogido en este proyecto, parecería un contrasentido otorgarle este dominio a entidades que hoy día no existen o no están preparadas para ello.

He dicho.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, sólo quiero dejar constancia para la historia de la ley, de que el eventual traspaso de estos bienes a las municipalidades no significa en absoluto haber agotado la discusión respecto de dónde podría radicar el día mañana la administración de la atención primaria de salud. Este es un tema que, como aquí se ha dicho, está aún en discusión.

Ahora, si con esta decisión estamos generando una responsabilidad definitiva para las municipalidades en materia de atención de salud, entonces ubiquémonos en lo que deseamos aprobar.

En mi opinión, esto puede significar que no solamente estemos resolviendo un proyecto de ley sobre atención primaria de salud, con todo lo que ello conlleva para las atenciones y para el personal, sino que, además, estamos entrando en un tema cuya discusión es mucho más profunda.

Esto quiero precisarlo, porque ha habido consenso respecto de que en la atención de salud no puede haber un esquema único para todas las comunas del país. Tiene que haber una distinción entre las realidades urbana y rural.

Me temo que este artículo y coincidiendo con el Diputado señor Ortega lo votaré en contra conlleva una condición que el día de mañana va a hacer imposible que las municipalidades puedan sugerir, a través del Ejecutivo o de sus parlamentarios, una forma distinta de administrar la salud en algunas comunas del país.

El Diputado señor Ortega me ha solicitado una interrupción que, con su venia, le concedo, señor Presidente.

El señor HAMUY (Presidente en ejercicio).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, es importante dejar en claro, para la historia de la ley, nuestro desacuerdo con el Diputado señor Orpis.

No estamos por consolidar un sistema, sino que por definir un estatuto de personal del sistema municipalizado.

Mañana podemos cambiar a un esquema regionalizado y, en ese momento, si traspasamos los bienes vamos a tener que pagarle a los municipios bienes que son públicos. Por esa razón, es necesario mantener el comodato y no la transferencia definitiva.

He dicho.