Labor Parlamentaria

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales.

Diputados informantes de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda son la señora Marisol Turres y el señor Felipe de Mussy , respectivamente.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 129ª de la legislatura 364ª, en 25 de enero de 2017. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 39ª de la presente legislatura, en 4 de julio de 2017. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 55ª de la presente legislatura, en 8 de agosto de 2017. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 47ª de la presente legislatura, en 17 de julio de 2017. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe complementario de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La señora TURRES, doña Marisol (de pie).-

Señor Presidente, paso a informar sobre el trabajo desarrollado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a propósito del mensaje del entonces Presidente de la República, don Sebastián Pinera , que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales.

Asistentes a la comisión

Asistieron a la comisión el presidente la Corte Suprema, señor Hugo Dolmetsch , y la jueza coordinadora del proyecto de sala especial de toma de declaración de niños, señora Nora Rosati .

Por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asistieron el subsecretario de Justicia, señor Nicolás Mena ; el jefe de la División Jurídica, señor Ignacio Castillo , y el jefe del departamento de Asesoría y Estudio, señor Milton Espinoza .

Por el Ministerio Público, asistieron la directora ejecutiva nacional, señora Francisca Werth , y la gerente de la división de Atención a Víctimas y Testigos, señora Patricia Muñoz .

Por la Defensoría Penal Pública, concurrieron el defensor nacional, señor Andrés Mahnke , y los asesores Francisco Geisse y Cristian Irarrázaval .

Por la fundación Amparo y Justicia, asistió el coordinador legal señor Diego Izquierdo . Por el Centro Democracia y Comunidad, los analistas Amanda Venegas , Nelson Ortiz y Camilo Miranda, y por la bancada de Renovación Nacional, el asesor Pablo Celedón.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad y cuenta con normas orgánico constitucionales, algunas de las cuales fueron consultadas debidamente a la Corte Suprema, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.

Sobre el objetivo del proyecto

El proyecto, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, tiene como objetivo evitar la victimización que el sistema procesal penal puede generar en los niños, niñas y adolescentes víctimas de determinados delitos, la denominada victimización secundaria, regulando al efecto una serie de procedimientos para que las policías, el Ministerio Público y los tribunales de justicia, al entrar en contacto con tales víctimas, logren los siguientes objetivos:

a) Proteger a la víctima.

b) Obtener información útil para el desarrollo de la investigación, y

c) Garantizar los derechos del imputado a un debido proceso.

Para el logro de tales objetivos, sin perjuicio de otras medidas de protección, algunas de las cuales ya se encuentran vigentes para las diversas hipótesis legales, el proyecto centra su atención en el desarrollo de la entrevista, pues más allá de cuáles son los delitos que hacen procedente la aplicación de este procedimiento o lo relativo a quienes, en concreto, pueden exigir la aplicación del mismo, cuestiones que podrían ser modificadas en el futuro, lo central de este proyecto de ley es cómo las policías, el Ministerio Público y los tribunales de justicia entrevistarán a determinados sujetos.

Factores de aplicación de este proyecto de ley

Los factores que determinan la aplicación de esta ley y sus procedimientos especiales son la existencia de un determinado tipo de víctima, que haya sufrido un determinado tipo de delito.

Sobre la víctima y los testigos

En cuanto a la víctima, este proyecto regula las entrevistas que deben realizarse a los niños, niñas y adolescentes, esto es, personas menores de 18 años de edad que hayan sido víctimas de determinados delitos, disponiendo al efecto un catálogo de principios (artículo 3° del proyecto) que los operadores jurídicos deben tener presente al momento de aplicación de esta ley.

Al efecto, se disponen los principios de interés superior del niño, autonomía progresiva, voluntariedad en la participación, prevención de la victimización, asistencia oportuna y tramitación preferente.

A dichos principios contenidos en la propuesta del Senado, la comisión estimó agregar el principio de resguardo de la dignidad del niño, y especificar que el incumplimiento del principio de participación voluntaria será considerado como infracción grave de los deberes funcionarios (artículo 3°, literal c, nuevo párrafo segundo).

Asimismo, la comisión efectuó una adecuación en el Código Procesal Penal, que aclara los supuestos en virtud de los cuales el tribunal penal debe designar curador ad litem a favor de tales víctimas (artículo 30, N° 2, nuevo, del proyecto, que agrega un artículo 110 bis, nuevo, al Código Procesal Penal).

Con todo, mientras la propuesta del Senado hacía aplicable la ley, ya fuera que el niño, niña o adolescente fuera víctima o testigo de determinados delitos, la comisión estimó que el proyecto debía centrarse en las víctimas.

Así, mientras, la totalidad del proyecto, al igual que en el criterio del Senado, se aplicará a las víctimas, la comisión prefirió disponer un estatuto específico de protección hacia los testigos.

Sobre los delitos

En cuanto a los delitos, y tal como se señaló, para la procedencia de la ley, la víctima debe serlo de determinados delitos. Dichos delitos son los de carácter sexual: estupro, violación, etcétera (Libro II, Título VII, párrafos 6 y 7 del Código Penal); secuestro calificado (artículo 141, incisos cuarto y quinto del Código Penal); sustracción de menores (artículo 142 del Código Penal); violación con homicidio (artículo 372 bis del Código Penal); pornografía infantil (artículo 374 bis del Código Penal); parricidio (artículo 390 del Código Penal); homicidio (artículo 391 del Código Penal); tráfico ilícito de migrantes y trata de personas (artículos 411 bis, 411 ter y, 411 quater del Código Penal), y robo con homicidio o violación (artículo 433, N° 1, del Código Penal).

La nómina recién referida, contenida en la propuesta del Senado, fue acogida por la comisión. Sin embargo, la comisión estimó oportuno no acoger la inclusión de los delitos de homicidio o lesiones graves en riña (artículo 392 del Código Penal) o el infanticidio (artículo 394 del Código Penal), y, a su vez, estimó oportuno agregar los delitos de castración y de lesiones graves gravísimas (artículo 397, N° 1, del Código Penal).

Sobre la entrevista investigativa

En cuanto a la entrevista, el proyecto se centra en cómo ellas deben desarrollarse. En tal sentido, desde el momento de la denuncia (artículo 4° del proyecto) se dispone que el niño, niña o adolescente pueda declarar lo que estime oportuno, pero no puede ser expuesto a preguntas relativas a su identificación o a la ocurrencia de los hechos denunciados. Y en caso de acudir acompañado con un adulto, si bien a este se le podrán formular todas las preguntas que se estimen del caso, la comisión estimó necesario especificar que se procurará que el niño, niña o adolescente no sea influido en el acto de interponer la denuncia, por la información que al efecto entregue tal adulto.

El motivo de impedir la realización de mayores preguntas al momento de interponer la denuncia se explica en tanto tal denuncia debe ser informada al Ministerio Público, entidad responsable de realizar, en el tiempo más pronto posible (artículo 7° del proyecto), la entrevista investigativa, oportunidad en que de modo lato podrá entrevistarse a la víctima, con la finalidad de obtener antecedentes que puedan orientar el desarrollo de la investigación penal de manera tal de evitar la exposición reiterada e injustificada del niño, niña o adolescente en instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la investigación y de la participación criminal, como lo consigna el artículo 5 del proyecto.

Si bien en la propuesta del Senado se disponía que esta entrevista fuese única en la etapa de investigación y que excepcionalmente la fiscalía pudiese instar por una segunda entrevista, sin perjuicio del derecho de la víctima a declarar tantas veces quiera, en respeto al principio de voluntariedad en la participación, en un primer momento la comisión no logró acuerdo en la materia y, finalmente, resolvió que no exista límite a la cantidad de ocasiones en que la fiscalía pueda requerir que la víctima sea entrevistada.

De igual manera, mientras el Senado hacía únicamente de cargo de la fiscalía la decisión de realizar una nueva entrevista a la víctima, la comisión estimó necesario que tal nueva entrevista fuese autorizada por el juez penal, quien resolverá si el niño, niña o adolescente se encuentra en condiciones físicas o psíquicas para participar en tal diligencia.

Vistas ambas situaciones, el Ejecutivo ingresó nuevas indicaciones que motivaron a los Comités Parlamentarios a encomendar un informe complementario a la comisión sobre estos temas. Reabierto el debate por dichas indicaciones, en definitiva la comisión acogió la nueva propuesta del Ejecutivo, para permitir que excepcionalmente sea la fiscalía, y no los tribunales con competencia penal, la que defina fundadamente la necesidad de una nueva entrevista.

Sin perjuicio de lo anterior, lo particular de la entrevista investigativa no alude tanto a quien la realiza, pues, según se verá, ello tiene características comunes con la declaración judicial. Lo particular de esta entrevista investigativa es que debe ser registrada en un formato audiovisual, a fin de que sirva como insumo tanto para las labores de investigación como para la defensa del imputado. Por ello, se dispone todo un sistema de resguardo de la información, tendiente a evitar su divulgación, cuestión que fue mejorada en su redacción cuando la comisión se pronunció sobre las nuevas indicaciones del Ejecutivo que motivaron la emisión del informe complementario.

Sobre la declaración judicial

A su vez, la intervención del niño, niña o adolescente en las audiencias pertinentes ante los tribunales de garantía u orales en lo penal, donde cabe destacar que se promueve la realización de audiencias para la toma de declaraciones judiciales anticipadas que sirvan como prueba en juicio, con la intención de comenzar tempranamente con el proceso de reparación de la víctima, se realizará con ellos situados en una sala diferente de aquella en que se realiza la audiencia. En otras palabras, mientras en una sala se encontrarán el o los jueces, los fiscales, los defensores y el imputado, en una sala diversa se encontrará el niño, niña o adolescente a quien se le formularán preguntas, a través de quien preside la audiencia, y cuyas respuestas servirán como medio de prueba al momento de resolver.

En dicha sala, el niño estará acompañado por un entrevistador especialmente capacitado para formularle preguntas, quien las recibirá del juez que dirige la audiencia y las adecuará al mejor entendimiento que el niño, niña o adolescente tenga según su edad y demás características personales.

Sobre el entrevistador

En cuanto a los requisitos del entrevistador, estos son iguales para quien realiza una entrevista investigativa o toma una declaración judicial. Al respecto, conviene detenerse en los artículos 19 y 28, nuevo, del proyecto, que disponen que el entrevistador debe contar con una formación continua y especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa y declaraciones judiciales, teniendo en consideración el contexto penal chileno y las particularidades de los niños, niñas y adolescentes.

Una de las cuestiones debatidas, y en la que se acordaron modificaciones a la propuesta del Senado, no fue tanto sobre los requisitos técnicos que deben cumplir los entrevistadores, sino quiénes, en concreto, podían ser entrevistadores en la etapa investigativa y en la judicial.

En tal sentido, mientras en la propuesta del Senado se planteaba la preferencia de que fuera la misma persona quien actuara en ambas etapas, la comisión estimó oportuno que la fiscalía y los tribunales tuvieran autonomía para designar a la persona que en concreto realizará la entrevista, en tanto cumpliera los requisitos de idoneidad técnica para llevarla a cabo.

Entrada en vigencia

Sobre la entrada en vigencia de la ley en proyecto, a fin de revisar su implementación y, eventualmente, efectuar las modificaciones necesarias para su cabal éxito, mientras el Senado aprobó la entrada en vigencia en todo el territorio nacional en una misma fecha, la comisión aprobó que la entrada en vigencia fuera gradual, que comenzara por aquellas regiones donde las estadísticas informan una menor ocurrencia de los delitos que motivan la aplicación de esta ley y terminara en aquellas donde el sistema procesal informa la mayor cantidad de situaciones delictuales.

En tal sentido, la ley se implementará en tres etapas: la primera, a los seis meses de su entrada en vigencia; la segunda, a los 18 meses, y la tercera, a los 30 meses, tiempo suficiente para hacer las adecuaciones que se estime oportuno para el éxito de esta legislación.

Junto con establecerse una entrada en vigencia gradual, se disponen mandatos de coordinación hacia los actores del sistema procesal penal, que se dará en el marco de las sesiones de la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, dispuesta en la ley N° 19.665, artículo 27, que pasaría a ser 30 del proyecto, quienes deberán evaluar el funcionamiento del sistema y proponer las medidas administrativas y legales que resulten pertinentes.

Sobre remisión al reglamento

Finalmente, se dispone que sea la potestad reglamentaria la que se aboque a los aspectos técnicos de los cursos de formación continua de los entrevistadores, de la forma como se acreditan tales conocimientos y aspectos propios de coordinación y registro de los diversos actores involucrados.

Es todo cuanto puedo informar. He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor ORTIZ (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma y de conformidad con el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En razón de que los aspectos técnicos del proyecto, así como su estructura y contenido, fueron abordados por quien me precedió en el uso de la palabra, basaré este informe fundamentalmente en los aspectos presupuestarios del proyecto, al tenor del correspondiente informe financiero.

La comisión técnica consideró que son de competencia de la Comisión de Hacienda los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios.

El artículo primero dispone que la presente ley comience a regir en forma gradual, de conformidad con el artículo 77, inciso final, de la Constitución Política de la República, de acuerdo al cronograma que a continuación se indica:

La primera etapa entrará en vigencia transcurridos seis meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento a que alude el artículo 29 del proyecto y comprenderá las regiones XV, I, II, VII, XI y XII.

La segunda etapa entrará en vigencia transcurridos dieciocho meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento a que alude el artículo 29 y comprenderá las regiones III, IV, VIII, IX y XIV.

La tercera etapa entrará en vigencia transcurridos treinta meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento a que alude el artículo 29, y comprenderá las regiones V, VI, X y Metropolitana.

El artículo segundo establece que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, para los efectos de la implementación del sistema, la formación de los entrevistadores que habrán de disponer la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, y la construcción de salas de toma de entrevistas investigativas y de declaración judicial, como también para dar inicio al proceso de acreditación y para el desarrollo de las demás funciones que el proyecto le asigna al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los artículos 19 y 20, y el Título IV, entrarán en vigencia en la fecha de publicación de la ley.

El artículo tercero transitorio mandata que el reglamento a que alude el artículo 29 deberá dictarse dentro del plazo de cuatro meses, contados desde su publicación. Dicho reglamento regula, entre otras, las siguientes materias: las especificaciones técnicas de las salas en que se desarrollen la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial de niños, niñas o adolescentes, como asimismo los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial de niños, niñas o adolescentes.

El artículo cuarto, en su versión original, establecía que el mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley en proyecto durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo a las partidas presupuestarias respectivas y, en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos del Sector Público. En los años siguientes, los recursos se consultarán en los presupuestos de cada partida presupuestaria.

No obstante, el Ejecutivo presentó una indicación en la comisión técnica, que precisó las partidas con cargo a las cuales se efectuará tal financiamiento, acogiéndose una observación hecha durante el primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda, que motivó el informe complementario que expondré más adelante.

Incidencia en materia presupuestaria y financiera

El informe financiero N° 50, sustitutivo, de 16 de mayo de 2017, elaborado por la Dirección de Presupuestos, acompañó indicación que perfeccionó el proyecto considerando las observaciones surgidas durante el debate legislativo, con el objetivo de minimizar la victimización secundaria, e incorporó la gradualidad a la cual me he referido.

Conforme a lo anterior, el gasto por cada etapa y hasta quedar en régimen es el siguiente:

Funciones que se le asignan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: esto significa un gasto en personal de 168.000.240.000 de pesos en cada una de las tres etapas y la misma cifra en régimen; en bienes y servicios de consumo, 147.000.000 de pesos en la primera etapa; 153.000.000 en la segunda; 186.000.000 en la tercera, y 149.000.000 en régimen. Lo anterior, sumados gastos en protocolos y acreditación de entrevistadores, estudios, operación permanente, adquisición de activos no financieros y software, genera un total de costos para el erario nacional de 466.000.000 de pesos en la etapa 1; 321.000.000 de pesos en la etapa 2; 354.000.000 de pesos en la etapa 3, y 317.000.000 de pesos en régimen.

Por su parte, la habilitación de salas especiales para la realización de las entrevistas videograbadas, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, significa un gasto de 217.000.000 de pesos en la etapa 1; 286.000.000 de pesos en la etapa 2, y 377.000.000 de pesos en la etapa 3, lo que arroja un total de 881.000.000 de pesos por este concepto.

Durante el debate en la Comisión de Hacienda se escuchó al señor Ignacio Castillo , jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, quien subrayó que el proyecto busca evitar la doble victimización de los niños, tema que es complejo y necesita compatibilizar el interés superior del niño, dar eficiencia al sistema, determinar responsabilidades y resguardar el derecho del imputado. Acota que los principios básicos de esta iniciativa son el interés superior del niño, la participación voluntaria, la prevención de la victimización secundaria y la atención preferente del menor.

Por todo lo expuesto, los integrantes de la comisión respaldaron la iniciativa, considerando, además, la larga discusión que ha tenido el proyecto tanto en el Senado como en la Cámara.

Del mismo modo, se recibió al señor Álex Martínez , jefe subrogante del sector de Defensa Nacional y Justicia de la Dirección de Presupuestos, quien se comprometió, junto con el representante del Ministerio de Justicia, a solicitud de la comisión, a aclarar la redacción del artículo cuarto transitorio, sobre imputación de gastos, en orden a precisar las partidas presupuestarias con cargo a las cuales se financiará el mayor gasto que represente la aplicación de la ley en proyecto durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia.

Se consigna que a solicitud de la Comisión de Hacienda, se aclaró la redacción del artículo cuarto transitorio, en el sentido de precisar las partidas con cargo a las cuales se financiará el proyecto, que espero que rápidamente se convierta en ley de la república.

De esta manera, el artículo cuarto transitorio establece que el mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley en proyecto durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a las partidas 03 Poder Judicial, 10 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 23 Ministerio Público, y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos del Sector Público. En los años siguientes, los recursos se deben contemplar en las respectivas partidas que acabo de expresar.

Por ello, la comisión aprobó el informe complementario por la unanimidad de sus integrantes.

Hacemos un llamado a la Sala para que haga lo propio, pues se trata de una materia muy importante que favorece a miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Arturo Squella .

El señor SQUELLA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a las personas que nos acompañan en las tribunas, que han seguido de forma muy dedicada la tramitación del proyecto de ley. Me refiero a los representantes de la organización No Me Pregunten Más. A ellos expreso mis reconocimientos, porque han apoyado permanentemente el desarrollo de esta iniciativa. Espero que hoy se vayan con una gran satisfacción.

Asimismo, saludo a quienes, desde el plano técnico, han colaborado profundamente con el desarrollo del proyecto de ley, y que también nos acompañan en las tribunas. Me refiero a la jueza representante del Poder Judicial y coordinadora del proyecto de Sala Especial, señora Nora Rosatti , y al representante y coordinador legal de la fundación Amparo y Justicia, señor Diego Izquierdo .

Por último, hago extensivo el saludo a otra persona que participó incansablemente en el desarrollo del proyecto: la señora Patricia Muñoz , en su calidad de gerente de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

Todos ellos, al igual que el señor Ignacio Castillo , jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y tantos otros, han colaborado y permitido que hoy discutamos una iniciativa de alto contenido técnico, pese a que se funda en una situación respecto de la cual solo se requería de sentido común para darse cuenta de que se necesitaba legislar.

La base del proyecto de ley es hacerse cargo de la victimización secundaria, que afecta particularmente a los menores de edad que han sido víctimas de ciertos delitos, especialmente de aquellos de mayor connotación social.

Por “victimización social” se entiende aquello que ocurre en el plano psicológico, particularmente en los menores de edad que son sometidos una y otra vez a la toma de declaraciones. Cada una de esas ocasiones les hace revivir constantemente la agresión y el atentado que sufrieron, con las consecuencias que ello implica para su desarrollo. Lamentablemente, eso es lo que ocurre cuando en el transcurso de un proceso judicial se le pregunta a la víctima de un delito sexual o de otro delito de mayor connotación social, una y otra vez, sobre el hecho, lo que la lleva a revivir lo sucedido y genera una situación tanto o más difícil de superar que el atentado que dio origen al proceso judicial.

Por eso, mediante este proyecto, que regula las entrevistas videograbadas, nos hacemos cargo de reducir sustantivamente el número de entrevistas, y de la forma en que estas se realizan. Son dos cosas distintas, pero que contribuyen a lo mismo: evitar la victimización secundaria en menores que han sido víctimas de ese tipo de delitos.

A algunos les habría gustado que el número de entrevistas se redujera a una sola; sin embargo, de acuerdo con nuestro sistema procesal penal, ello es técnicamente imposible. Podría ser posible, pero remaría en contra del objetivo del proceso, que es lograr un resultado positivo en la investigación y una eventual condena para los culpables. Por lo mismo, decidimos reducir el número de entrevistas a una sola en el plano investigativo durante el proceso que lleve a cabo el Ministerio Público a través de sus fiscales, y a otra entrevista en el juicio propiamente tal, que corresponde a la denominada entrevista judicial.

Dichas entrevistas serán llevadas a cabo -esta es la novedadpor personas que hayan realizado un curso diseñado especialmente para entregarles las herramientas que permitan afectar lo menos posible a los menores que estén en la toma de declaración. Esas personas deberán acreditar la realización de dichos cursos y serán ingresadas a un registro, el cual será renovado periódicamente por el Ministerio de Justicia.

Las personas especialmente preparadas para hacer las entrevistas serán designadas, en la primera parte, por el fiscal a cargo, y, luego, en la segunda parte, por el tribunal.

Excepcionalmente, en la etapa investigativa -esta materia nos llevó a ocupar un poco más de tiempo en la Comisión de Constitución-, podrá realizarse una única segunda entrevista, siempre que se reúnan ciertas condiciones que establezcan un piso aceptable, de acuerdo con el estándar que queremos instalar a través de esta futura norma. Me refiero a casos en que existan hechos que modifiquen el sentido de la primera entrevista. Es decir, el fiscal podrá pedir, con la autorización del fiscal regional, su superior -este sería el tercer requisito copulativo-, que se proceda a una única segunda entrevista, cuando en el transcurso de una investigación conozca hechos que no consten o que no formen parte de la primera entrevista videograbada, y que afecten sustancialmente el curso de la investigación. Considero que es una medida razonable, siempre que tengamos a la vista un principal objetivo, que es obtener justicia y que los culpables sean condenados en la etapa judicial.

En consecuencia, me parece que el proyecto de ley ha considerado todas las medidas técnicas que permitirán resguardar un debido proceso. Esto también es delicado. Al inicio de mi intervención dije que, quizá, el bien jurídico a proteger nace de algo que podría ser parte del sentido común, pero la manera de instalarlo en nuestra legislación y, más aún, de llevarlo a la práctica para resguardar otros bienes jurídicos, como el debido proceso, es altamente técnico. Por eso, la Defensoría Penal Pública también tuvo un importante trabajo en la mesa técnica prelegislativa y, por cierto, nos acompañó durante todo el desarrollo del proyecto.

Asimismo, la iniciativa establece medidas de protección para resguardar la identidad del menor. Por ello, más allá del contenido y de la redacción de la norma, es muy importante hacer un llamado a la sociedad, a los medios de comunicación social y a quienes intervienen por esas vías, sean estas formales o informales, a que respeten el espíritu del proyecto de ley, cual es el resguardo de los intereses de los menores. Me refiero a que habrá medidas especiales de resguardo de la identidad, que serán dictadas por el tribunal o juez de garantía, en su caso, de forma obligatoria, y otras que podrán agregarse adicionalmente de acuerdo con la situación, las que buscarán proteger la identidad de la víctima, las circunstancias que la rodean o las condiciones que podrían permitir, eventualmente, que terceras personas pudieran dar con su identidad.

Las normas que establece el proyecto quizá apuntan más bien a los medios de comunicación formales; pero también existe un amplio espectro de comunicación informal a través de las redes sociales. En ese sentido, es especialmente importante que la sociedad se empape de la relevancia que hay detrás del proyecto, a fin de que contribuya y colabore en no entregar datos que permitan la identificación de las personas que son víctimas de esos delitos.

Básicamente, ese es el corazón del proyecto de ley. Por lo tanto, espero que se apruebe en este segundo trámite constitucional, y que, una vez de vuelta en el Senado, se aprueben todas las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, para que prontamente contemos con una ley tan importante para el resguardo de los intereses de nuestros menores de edad.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, dado que solo tengo cinco minutos, hago mías las expresiones del diputado Arturo Squella , quien describió detalladamente las características fundamentales del proyecto, razón por la cual resulta innecesario referirme a esa materia, ya que él lo hizo muy bien.

No obstante, considero que estar debatiendo un proyecto de esta naturaleza hoy, en 2017, da cuenta del retraso en que se encuentran el Estado de Chile y sus instituciones respecto de los compromisos que ha contraído con el país y con la comunidad internacional acerca de la protección y defensa de los intereses superiores del niño.

Esta es la demostración más fehaciente de cómo el propio sistema se encarga de victimizar secundariamente a quien ya ha sido víctima de uno de los delitos más horrendos que alguien pueda cometer y que alguien pueda sufrir, más aún si se trata de un niño o una niña.

Entonces, lo que estamos haciendo con este proyecto es dar un paso que no debe entenderse como la incorporación de tecnología -lo digo por el título de proyecto en el sistema judicial, sino como el cumplimiento de un compromiso adquirido para defender los intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes, evitando o impidiendo su victimización secundaria en caso de delitos sexuales.

Es un paso pequeño en el contexto de un país que está conociendo gradualmente una verdadera tragedia acerca de cómo “aborda” los temas que afectan a niños, niñas y adolescentes. Pero es un avance, así que lo voy a votar a favor.

No voy a hablar con eufemismos. Quiero recordarles que nos estamos refiriendo a delitos sexuales cometidos en perjuicio de niños y niñas. ¡Pongámonos en ese escenario, el de un pequeño que ha sido violado y que tiene que comparecer ante un tribunal de justicia, ante el Ministerio Público, ante adultos, en un ambiente que desconoce y al que accede con temor, con una tremenda incógnita, y después de haber vivido esa dolorosa experiencia de víctima!

Por ello, a través de esta iniciativa, como señaló el diputado Arturo Squella , queremos que ese niño no tenga que concurrir ocho o diez veces a un tribunal a prestar declaración o a realizar alguna diligencia judicial. Como regla general, queremos que lo haga solo una vez, y que lo realice una segunda vez por vía excepcional. Es decir, la segunda concurrencia deberá realizarse solo en caso de surgir antecedentes que no hubiesen sido abordados en la entrevista investigativa videograbada anterior. Tal procedimiento deberá contar con la aprobación del fiscal regional. Se deberá verificar que el niño, niña o adolescente se encuentre disponible y en condiciones físicas y psicológicas aptas para esa nueva entrevista, que será realizada en principio por el mismo entrevistador, de manera que no intervenga un tercero en la relación con el niño.

En consecuencia, se trata de mejorar los vínculos que deben existir en un proceso judicial entre un niño y el sistema.

Relataré un caso que puede parecer extraño.

En 1983, cuando ejercía la profesión de abogado en los antiguos juzgados del crimen de Temuco, un actuario abrió la puerta y gritó hacia el público: “¡La señora que viene por el delito de violación, por favor, que pase a declarar!”.

Este no es un cuento, sino parte de la historia de la judicatura penal o criminal de nuestro país, y es lo que no puede seguir ocurriendo con nuestros niños y niñas.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Solicito la unanimidad de los diputados para cerrar las inscripciones para intervenir en el presente debate.

Acordado.

Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .

La señora PASCAL (doña Denise).-

Señor Presidente, los delitos sexuales suelen dejar una profunda y dolorosa huella en el desarrollo emocional, conductual, físico, social y cognitivo de las personas, la que en muchos casos es de difícil reparación, sobre todo si las víctimas son niños.

Con el proyecto de ley seguimos avanzando hacia una sociedad que reconoce y protege los derechos de todos los niños. Es de vital importancia que frente a esos hechos, que vulneran los derechos de los niños de la manera más terrible, brindemos a estos la contención y protección necesarias para que los menores puedan afrontar los procesos judiciales correspondientes, que se castigue a los responsables y, al mismo tiempo, que los menores afectados puedan continuar con su reparación y con su niñez.

Teniendo en cuenta que el relato del niño víctima de delitos sexuales es fundamental para probar la ocurrencia de los hechos, se debe recoger de manera que se resguarden y protejan los derechos del niño violentado. Cabe recordar que esa experiencia traumática no termina con la denuncia del delito, sino que es un largo camino en el cual el niño debe responder las mismas preguntas a diversas personas, las que no siempre están capacitadas para abordar a niños, lo que genera aún más angustia e inseguridad, y profundiza su vulnerabilidad e indefensión, por el hecho de que piensan que no les creen, ya que les preguntan muchas veces lo mismo.

No es posible que los niños sean expuestos a diversas entrevistas que los hagan revivir una y otra vez el sufrimiento y el trauma, por lo que no queremos que se exponga a los niños a la victimización secundaria.

Por lo tanto, me parece importante la norma del proyecto de ley que establece que se debe llevar a esos niños a una sala diferente, donde se encuentre un entrevistador que transmita las preguntas del juez. Según la iniciativa, ese entrevistador deberá tener una preparación y técnicas necesarias para llevar a cabo esa entrevista en forma adecuada. En primera instancia, tal procedimiento se consideró solo para delitos sexuales, pero posteriormente se incorporó para ilícitos de similar gravedad, como robos calificados, sustracción de menores, homicidios y otros.

Creemos que la eliminación de la exposición innecesaria a que son sometidos los niños, cualquiera que sea el delito en que estén involucrados, debe incentivar la manera de trabajar para que la denuncia de esos niños sea un proceso importante y se castigue al responsable de esos delitos.

En consecuencia, creo que el proyecto de ley es un avance, en cuyo marco hemos seguido trabajando en diferentes temas, así como en otras leyes que han sido enviadas por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , que complementan la protección de los derechos de los niños, como el defensor que resguarda los derechos de niños y adolescentes mediante un mecanismo no judicial, la Subsecretaría de la Niñez y la garantía de los derechos de los niños. Son enfoques que consideramos necesarios, ya que todos buscamos resguardar el interés superior, que son los derechos de los niños.

Por lo tanto, espero que el proyecto de ley, que se encuentra desde hace mucho tiempo en el Congreso Nacional, siga avanzando en su tramitación, para que otorgue la protección y contención que necesitan los niños en los procesos de reparación. De igual modo, espero que la iniciativa contribuya a otorgar pruebas más contundentes y de mejor calidad para que se haga justicia, y que incentive a las víctimas a denunciar y a perseverar en los procesos para castigar a los abusadores.

En el contexto actual, con niños vulnerables en muchos aspectos, esta será una ley más que va a proteger el interés superior de los menores.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Solicito el acuerdo unánime de los diputados presentes para que ingrese a la Sala el subsecretario de Justicia, señor Nicolás Mena .

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, apoyo el proyecto y valoraré que podamos tramitarlo rápidamente.

En Chile existen cerca de 5 millones de niños, y un porcentaje no menor de ellos sufre la dura realidad del abuso sexual.

En ese marco, la motivación del proyecto de ley es mejorar la forma en que un niño o adolescente que ha sido víctima de un delito sexual se relaciona con el sistema procesal penal, de manera de minimizar la victimización secundaria que pueda afectarle y dar un resguardo más efectivo a sus derechos.

Saludo a quienes han tenido una activa participación en esta tramitación, en especial a la jueza Nora Rosati y a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, así como a las diversas organizaciones que trabajan para minimizar la victimización secundaria. Entre ellas destaco a la fundación Amparo y Justicia, que nació en la década de 1990, a raíz de un horrendo crimen: la violación y el homicidio de Elenita, una joven de Concepción. Desde entonces, sus integrantes se han dedicado a dar amparo y justicia a las personas y a las familias más vulnerables que sufren ese tipo de delitos, así como a minimizar la victimización secundaria, de la cual se hace cargo el proyecto de ley en discusión.

A pesar de que la iniciativa fue ingresada vía mensaje presidencial en enero de 2014, durante el gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera , y de haber sido aprobado en general por el Senado en forma unánime cuatro meses después, la Cámara Alta demoró su discusión en particular porque la actual administración presentó una indicación sustitutiva en julio del año pasado.

Durante su discusión en la Cámara, el Ejecutivo presentó otra indicación, mediante la cual agregó un título nuevo destinado a asegurar la mayor privacidad posible a los menores. En esencia, se trata de evitar que los menores de edad que han sufrido delitos sexuales deban revivir su experiencia durante el proceso judicial. El ideal habría sido establecer la exigencia de una sola entrevista, como ocurre en países mucho más desarrollados que el nuestro; pero, lamentablemente, no ha podido ser así. Sin embargo, reconocemos que hay un avance sustancial en el trato que se da en el sistema procesal penal a los menores de edad víctimas de delitos sexuales.

Cabe señalar que la Corte Suprema acoge la idea de preservar el bienestar de los menores, aunque difiere en la idea de establecer una discriminación infundada entre distintos tipos de delitos y en algunos aspectos del proceso propuesto en el proyecto, todo lo cual afectaría el debido proceso.

En su informe, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hizo numerosos cambios, entre los cuales destaca incluir la voluntariedad de los menores de edad para participar en el procedimiento, así como establecer requisitos más explícitos para la realización de las entrevistas.

La iniciativa entrará en vigencia en tres etapas. El Ejecutivo señala que la gradualidad se determinó de acuerdo al número de ingresos, la capacidad de instalación de salas y la de tener suficientes entrevistadores. La primera ocurrirá seis meses después de la publicación del reglamento respectivo en el Diario Oficial, y comprenderá las regiones XV, I, II, VII, XI y XII.

Debemos disminuir la victimización secundaria a los menores de edad que han enfrentado la dura realidad de los abusos sexuales. No podemos someterlos a otra dura realidad como es la de los tribunales de justicia, que, tal como indicó el diputado Saffirio , también debieran adecuarse para acoger de mejor manera a los menores de edad que han sufrido este tipo de delitos.

La bancada de la Democracia Cristiana apoyará este proyecto.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez .

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, hoy votaremos un proyecto más de la agenda de la infancia. Cabe recordar que de los once prometidos por la Presidenta, tan solo uno es ley de la república.

Hoy avanzamos en el que, ojalá, sea el trámite final de una iniciativa cuya aprobación constituye una aspiración de años, tanto del mundo político como de la sociedad civil.

En mi calidad de jefe de la bancada de Renovación Nacional, solo tengo palabras de elogio para esta iniciativa. Sé del esfuerzo de diversos actores para sacarla adelante, pues encierra un compromiso con nuestros niños, niñas y adolescentes.

En relación con este proyecto, trabajaron en una fase prelegislativa y durante su tramitación el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y, además, organizaciones de la sociedad civil, como la fundación Amparo y Justicia, los que, desde el punto de vista técnico y de su experiencia, dieron forma a un proyecto que tiene, como una de sus principales cualidades, un sentido de realidad, pues está creado con la óptica pragmática de quienes se encuentran en los estrados diariamente. Acá no se legisló solo desde la altura de la academia o con criterios de política contingente, sino que se amalgamó todo el conocimiento disponible para terminar en un proyecto de buena calidad y viable en la práctica.

Además, por muchas razones, constituye un ejemplo para el resto de las iniciativas de la agenda legislativa de la infancia. En primer lugar, porque, tal como lo señalé, en su confección se involucró a quienes serán operadores del sistema y tendrán una vinculación directa con la nueva regulación.

En segundo lugar, porque, de una u otra manera, acá no operó la retroexcavadora, sino que se trabajó sobre la base de una iniciativa legislativa presentada por el Presidente Sebastián Piñera durante su mandato.

Este proyecto probablemente verá la luz en un breve plazo, no solo porque es absolutamente imprescindible, sino porque además está creado con miras a su utilidad práctica y no pretende establecer dogmas o verdades desde una concepción ideológica que no es compartida por la mayoría de los chilenos.

Aquí había una necesidad que, como tantas otras, fue representada en su momento por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a través de sus observaciones al Estado de Chile. En ese plano, el Presidente Piñera decidió convocar al Parlamento para discutir la iniciativa y dar cumplimiento así a nuestras obligaciones internacionales, particularmente en lo que se refiere a proteger el interés superior del niño, con miras a evitar la victimización secundaria y el trauma que supone transitar por el sistema penal en un país como Chile, el cual, a pesar de algunos avances, no ofrece todos los resguardos que debería a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Votaremos favorablemente esta iniciativa y, con ello, queremos dejar en claro que la infancia es un tema de Estado en el que todos estamos convocados sin ideologías y sin intereses políticos.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin .

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, estamos ante un muy buen proyecto de ley, que tiene un objetivo absolutamente loable y necesario, como es dar una adecuada protección a los niños, niñas y adolescentes que se enfrentan en su calidad de víctimas a un proceso penal en el que, muchas veces, terminan siendo victimizados nuevamente, porque deben repetir su relato una y otra vez. Asimismo, se genera un estatuto de protección para quienes actúan en calidad de testigos, mediante la modificación y el perfeccionamiento de normas de nuestro Código Procesal Penal.

Se trata de un proyecto que ha tenido un fuerte impulso de parte de la sociedad civil, particularmente a través de la campaña “No Me Pregunten Más”, que ha contado con un apoyo valiente y decidido de varios actores a quienes quiero destacar, por ejemplo, el Poder Judicial, fundamentalmente la jueza Nora Rosati , coordinadora de las salas especiales de toma de declaración de niños, quien acompañó permanentemente este proceso y nos ilustró sobre lo que ocurría en la práctica. Al respecto, actuando dentro de la normativa vigente, han sido capaces de avanzar en la protección de niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a un proceso penal.

También quiero destacar la participación de la gerente de la División de Atención a Víctimas y Testigos, señora Patricia Muñoz ; a la fundación Amparo y Justicia, y a todos quienes trabajaron en la mesa técnica, donde estuvieron presentes el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública, entre otros. Este es un proyecto que logra conciliar la protección de los niños, niñas y adolescentes con los principios fundamentales del debido proceso.

Valoro los cambios que se realizaron en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por ejemplo, respecto de que la nueva entrevista investigativa videograbada será realizada por el mismo entrevistador que hubiere participado en la entrevista original, y solo de forma excepcional, por causas debidamente justificadas, el fiscal designará un nuevo entrevistador. Con eso, avanzamos en mejorar los estándares del debido proceso, manteniendo la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Sin lugar a dudas, es un proyecto en el que hubo un debate tremendamente rico, donde, más allá de cualquier posición política, se buscó tener una legislación adecuada, que evite que los niños que son víctimas de delitos, no solo sexuales, sino también de otro tipo, tengan que exponerse una y otra vez ante el sistema judicial, el policía, el fiscal, el perito, el juez de garantía y, en algunos casos, ante el juez oral en lo penal. Esa situación genera un daño psicológico irreparable a los niños, al ser entrevistados por personas que, muchas veces, no están adecuadamente calificadas.

Lo importante es que en este proyecto el entrevistador debe ser una persona plenamente calificada y preparada, con técnicas de entrevistas que permitan obtener la información, pero resguardando la integridad psíquica del niño, lo que es muy importante.

Estamos mejorando los estándares de protección de nuestros niños y avanzando en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales. Por eso, considero que este proyecto debe ser aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados.

Es un proyecto que lleva un largo trámite, que estuvo mucho tiempo en el Senado y al cual le dimos prioridad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. No fue una discusión somera, sino una tremendamente profunda, en la que incorporamos muchísimas modificaciones, pero con un sentido de urgencia. En ese sentido, tenemos las convicción de que los niños, niñas y adolescentes no pueden seguir esperando un sistema procesal penal que los proteja como corresponde y que realmente se haga cargo de su situación de víctimas y de su condición de niños, y que no les genere un perjuicio por tener que seguir repitiendo y recordando hechos tan dolorosos que los afectan tan severamente.

Por eso, pido a esta honorable Sala que aprobemos unánimemente este proyecto de ley, más conocido como “No me pregunten más”.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisol Turres .

La señora TURRES (doña Marisol).-

Señor Presidente, me sumo a los saludos del diputado Arturo Squella a quienes nos acompañan en las tribunas en la discusión de este importante proyecto, que hemos denominado “No me pregunten más”.

¡Qué campaña más notable! ¡Qué campaña más clara para plantear a nuestra sociedad y hacer ver a las autoridades políticas de nuestro país la necesidad que existe de legislar en esta materia!

Sabemos que este es un proyecto de ley presentado en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y me alegro mucho de que el actual lo haya continuado y hoy esté a punto de ser despachado por la Cámara de Diputados.

A quienes recién toman conocimiento de esta iniciativa, les quiero decir que ella consiste en proteger a los niños que han sido víctimas de delitos sexuales. Cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, ¿qué sucede? Comienza una serie de interrogatorios al niño: la familia le pregunta en la casa -si se llegan a enterar en la casao en el colegio; si van con él a presentar la denuncia en Carabineros, le pedirán que les cuente lo que pasó; luego, Carabineros envía la denuncia al Ministerio Público, donde nuevamente deberá contar lo que le sucedió. Ahí lo entrevistará un psicólogo, a quien tiene que relatar nuevamente todo lo que le ocurrió, y así en innumerables oportunidades, hasta llegar al juicio oral en lo penal, si se llega a esa etapa.

Indudablemente, cada una de las veces que este niño o niña -principalmente niñas y adolescentes del sexo femenino cuenta los hechos, vuelve a revivirlo. Por lo tanto, si bien hay una búsqueda de justicia y de sanción para quien ha sido el autor de este crimen tan horrible, como es abusar sexualmente de un niño, las consecuencias que sufre ese menor son muchísimo mayores por esta doble, triple, cuádruple y hasta quíntuple victimización.

Por lo tanto, con esta iniciativa se busca que esa situación no se siga dando, y que esa niña, ese niño o adolescente cuente la historia de lo que le pasó la menor cantidad de veces posible y, en caso de no tener la voluntad de hacerlo, que no lo haga. La idea es que no sea obligado a hacerlo.

Reitero: esta iniciativa consiste en reducir al mínimo posible el número de entrevistas; ojalá una en la etapa investigativa y una en la etapa judicial, en el proceso propiamente tal. En ambos casos, debe ser entrevistado por un profesional que esté especialmente capacitado en métodos de entrevistas para este tipo de situaciones. En el caso de la entrevista judicial, el menor no se va a enfrentar al imputado o al formalizado, a quien se señala como autor del delito, en una sala de audiencias. ¡No!

En ese sentido, felicito al Poder Judicial por haberse adelantado en esta materia, porque hoy existe, en la gran mayoría de los tribunales, una sala especial para que se rinda este tipo de audiencias o de entrevistas.

Además de ello, la entrevista debe ser realizada por un profesional especializado, y el menor no tiene por qué verle la cara al autor ni tiene que enfrentarse nuevamente a quien le causó ese tremendo daño.

Es importante señalar que puede haber una entrevista que sea una prueba anticipada -está bastante regulada en el proyecto y, en el caso de ser estrictamente necesario y solo autorizado por el fiscal regional, también podría haber otra entrevista en la fase de investigación.

En primer término, nos opusimos a ello, pero si lo que queremos es perseguir a los autores de estos delitos tan condenables, también debemos abrirnos a esta posibilidad, pero siempre si se cuenta con la voluntad del menor.

Por último, se prohíbe estrictamente a los medios de comunicación y a cualquier persona difundir las imágenes que se obtengan de la videograbación que se presente en el tribunal y, asimismo, si se pide una copia de este video, tiene que ser con imágenes y audio distorsionados, para que no puedan afectar la dignidad de la víctima.

Por lo tanto, estamos muy contentos y vamos a dar nuestro voto a favor en este proyecto de ley. Por fin podremos decir que a los niños no se les va a preguntar más…

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO.-

Señor Presidente, este proyecto viene a solucionar un problema que ha aquejado a todos los niños, niñas y adolescentes desde hace muchísimos años, cada vez que, como víctimas de delitos vinculados a agresiones sexuales, deben enfrentarse a las deficiencias de nuestro sistema penal, que les exige repetir sus relatos una y otra vez, en cada etapa del proceso, en cada etapa de la investigación policial y juzgamiento.

La sociedad civil que ha impulsado este proyecto de ley -aprovecho de saludar a quienes siguen este debate desde las tribunas identifica este proyecto de ley con las palabras de una niña que reclama: “No me pregunten más”. Ello no puede reflejar de mejor manera lo que hoy sucede con nuestros niños.

En concreto, el problema que resuelve este proyecto de ley es el siguiente: hoy, cuando un niño o niña denuncia que ha sido víctima de un delito de connotación sexual, toda su travesía en el proceso consiste en contar, una y otra vez, todo lo que ha sufrido, con todo tipo de detalles y preguntas específicas, y así vuelve a experimentar -cada vez que repite su historia el dolor del abuso. Al principio, será interrogado por el carabinero que recibe la denuncia en la comisaría, en presencia de toda la sala de espera; después, por el médico del Servicio Médico Legal; posteriormente, por el asistente del fiscal; luego, por el fiscal; por un perito psicólogo que evaluará su relato y, finalmente, por los jueces, en las diversas audiencias públicas del juicio. En este último caso, a pesar de las buenas prácticas que hoy existen en algunos programas piloto mencionados por algunos colegas, la ley sigue permitiendo que el niño, niña o adolescente tenga que declarar en la misma sala en que se encuentra el acusado, o sea, junto con el agresor.

Nuestros niños y niñas comparecen a los juicios orales y son tratados como adultos, donde deben ver, cara a cara, al acusado, a quien los habría abusado; también deben someterse a las preguntas, muchas veces engañosas o complejas, que realizan los intervinientes. Esta situación brevemente descrita, en la vida real es de una violencia moral demoledora y una revictimización gigantesca que sufren los niños y niñas víctimas de delitos sexuales.

Es importante considerar lo siguiente: si el juicio se anula, casi todo lo que acabo de decir se repite.

Por eso, la única respuesta posible ante esta realidad, que viene desde hace años, es que esto debe cambiar. Para solucionar este problema, el proyecto crea un sistema integral y armónico de entrevistas videograbadas para registrar el relato de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales.

El proyecto establece que los niños no serán interrogados por funcionarios policiales ni tampoco por fiscales. Lo que sucederá es que el fiscal, una vez recibida la denuncia, tendrá la obligación de que se realice al menor, en un tiempo muy próximo, una entrevista investigativa videograbada. Esta diligencia será realizada por un especialista formado y capacitado para ello, en dependencias especialmente acondicionadas.

Luego, en el juicio oral, el niño o la niña víctima declarará en una sala distinta de aquella en que se encuentren sus victimarios y los abogados, y las preguntas no las formularán directamente estos, sino que en dicha sala especial estará, nuevamente, un especialista capacitado y entrenado que formulará las preguntas en forma adecuada y en un lenguaje entendible para el menor.

El proyecto de ley contiene 35 artículos que regulan todos los detalles de los requisitos de formación y designación de los entrevistadores, el desarrollo de las entrevistas y su registro audiovisual, los derechos, actuaciones y roles que en este contexto corresponden al fiscal, a los defensores del acusado y a los tribunales, garantizando a todos los intervinientes un juicio justo y en igualdad de condiciones, pero ahora -esta es la diferencia que establece el proyecto de ley sin someter a un sufrimiento, a un trauma innecesario a los niños y a las niñas víctimas de esos delitos.

Aprovecho de destacar que es muy importante la entrada en vigencia de esta normativa en forma gradual. Esa es una exigencia de seriedad y responsabilidad de una tremenda política pública que no puede fallar, porque si fracasa, los principales perjudicados serían los niños y las niñas de nuestro país.

Tengo la convicción de que esta es la manera de enfrentar el deber que tenemos, como sociedad, con quienes merecen y necesitan el mayor cuidado y protección: los niños vulnerados de nuestro país.

Lamentablemente, durante los últimos meses hemos visto la forma como este tema se ha utilizado para sacar pequeñas ventajas políticas, lo que, por cierto, en nada ayuda a los niños y a las niñas de nuestro país. Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo distinto, cual es abordar este tema con unidad.

Tal como lo hicimos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en donde aprobamos gran parte de este proyecto por unanimidad, pido que la Sala de la Cámara de Diputados lo apruebe, porque es un avance necesario, humanizado y concreto para proteger a los más débiles y vulnerables de nuestra sociedad: los niños y niñas de nuestro país.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar .

La señora RUBILAR (doña Karla).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que tenemos una deuda histórica con nuestros niños. Esta deuda es de todo Chile, pero en particular de nosotros, las autoridades. Hoy podemos empezar, en parte, a saldarla.

Hoy votaremos un proyecto de ley que es extremadamente urgente. No es tan mediático ni tan efectista como otras iniciativas; sin embargo, protege a los más vulnerables. ¿Quiénes podrían ser más vulnerables que los niños que han sido violados o abusados sexualmente?

¿Existe alguna situación peor que el hecho de que un niño, una niña o un adolescente sea víctima de una red de trata de personas para fines de explotación sexual o tráfico de órganos? Cada año más de 17.000 casos relacionados con niños, niñas y adolescentes son denunciados en nuestro país, pero hay una gran cifra negra: más del 80 o 90 por ciento de las situaciones no se denuncian. Por lo tanto, debemos multiplicar por cuatro o cinco esa cifra, lo que nos dará como resultado el número de casos en que realmente están ocurriendo delitos.

Lamentablemente, muchos no se denuncian, porque el sistema no protege ni ayuda a las víctimas, lo que es mucho peor si consideramos que, en la mayoría de esos casos, el agresor forma parte de su familia o círculo íntimo. Por lo tanto, algunos abusadores caminan tranquilamente por las calles.

Necesitamos prevenir la revictimización de nuestros niños, niñas y adolescentes. Las autoridades estamos llamadas a cuidarlos y a entregarles un sistema más protector. Por consiguiente, debemos enviarles un mensaje claro, en el sentido de que si algún día, lamentablemente, tienen que sufrir uno de esos delitos tan deleznables, al menos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para protegerlos.

¿Qué vamos a decirles hoy? Que a Chile y a los diputados nos importan los niños y que la infancia es una prioridad.

Este proyecto busca que haya entrevistadores especializados en técnicas y metodologías de entrevista investigativa; que con esas entrevistas no se cause a los niños un mayor perjuicio mientras entregan su testimonio, y que la calidad de dicho testimonio mejore, para tener más y mejores antecedentes.

Sabemos que habrá un entrevistador especializado, en una sala especialmente adaptada para ello; que podrán acceder a esta entrevista todos los intervinientes, garantizando el debido proceso, y que durante el juicio oral los jueces podrán conocer del niño un testimonio muy cercano a lo que realmente le ocurrió. Asimismo, sabemos que tanto los fiscales como los jueces dejarán de realizar o exigir diligencias o pruebas innecesarias o reiterativas, y que se mejorará no solo la cantidad, sino la calidad de los antecedentes para investigar y resolver estas causas.

Este proyecto contiene una enorme cantidad de mejoras: normas concretas que respetan los derechos de los niños, procedimientos adaptados a sus particularidades, medidas de protección, criterios y orientaciones basados en principios instructores, una nueva regulación de la prueba; protección de registros, flujos y procesos de comunicación, y, lo más importante, el fomento de intervenciones especializadas.

Se ha hecho un debate serio basado en la experiencia internacional, así como también en el conocimiento científico existente en la materia.

Hago presente que, a pesar de que no soy miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, concurrí a casi todas las sesiones, porque justamente decidí postular a diputada para este período por la agrupación No + abuso sexual infantil. Su presidenta, Claudia Guerrero , se encuentra en las tribunas. Sentí que todavía quedaban cosas por hacer. Resulta paradójico que probablemente este proyecto sea uno de los últimos que veré aprobados antes de dejar el Congreso Nacional.

Me siento orgullosa de haber presenciado su tramitación. Por primera vez, veo trabajar en forma conjunta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a la sociedad civil, representada por la fundación Amparo y Justicia, la agrupación No + abuso sexual infantil y otras agrupaciones relacionadas con el tema de la infancia; al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública.

También es justo mencionar a Ignacio Castillo , Diego Izquierdo , Nora Rosetti y Patricia Muñoz , quien no pudo acompañarnos hoy. Sin embargo, su labor está presente en este proyecto de ley, que, sin lugar a dudas, es un ejemplo de que somos capaces de ponernos de acuerdo cuando queremos hacer las cosas bien por nuestros niños.

Estamos en el final del camino. Vamos a enviar un gran proyecto de ley al Senado, el cual espero que tome una buena decisión y apruebe todo lo que la Cámara de Diputados ha cambiado, para que la iniciativa no tenga que ir a comisión mixta. Nuestros niños no pueden seguir esperando.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, quiero partir con lo que la diputada Rubilar señaló al final de su intervención: agradecer el trabajo de las distintas instituciones que permitieron que un proyecto tan importante, serio y contundente como este pudiera ser aprobado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y que sea sometido hoy a la votación de la Sala.

En los tres años que llevo como parlamentario, nunca me había correspondido asistir a la tramitación de un proyecto en donde las organizaciones civiles pusieran tanto esfuerzo, cariño y trabajo. Pude ver trabajar en forma comprometida a la fiscalía, a algunos jueces o juezas, a la defensoría y a distintas instituciones. Esa debería ser la forma de tramitar, de aquí en adelante, todos los proyectos de ley.

Cuando las cosas se hacen bien, resultan bien. Este proyecto de ley es un fiel reflejo de ello, porque busca poner fin a un tema de suyo complejo: la revictimización que sufren nuestros niños y niñas y adolescentes, especialmente los más vulnerables, es decir, aquellos que han sufrido algún tipo de abuso sexual. Cada vez que se realiza una denuncia, el niño tiene que declarar no menos de cuatro o cinco veces. En la práctica, debe repetir lo mismo y recordar una y otra vez el abuso sexual que ha sufrido y que lo ha llevado a atreverse a realizar la denuncia. Con este proyecto de ley esperamos no solo que los niños, niñas y adolescentes no sufran la revictimización que han sufrido hasta hoy, sino también que más niños, niñas y adolescentes se atrevan a denunciar, teniendo la claridad de que bastará con una entrevista como mínimo en la etapa investigativa y con una entrevista judicial videograbada para llevar adelante el juicio, de modo de no tener que estar enfrentándose constantemente a preguntas duras y dolorosas que, además, les hacen revivir el trauma que sufrieron.

Quiero referirme a dos asuntos que me parecen esenciales: primero, de una vez por todas se va a terminar con las filtraciones en la prensa de este tipo de causas, sobre todo de las de abusos sexuales. Para ello se limitará el acceso a las entrevistas videograbadas y se establecerán fuertes sanciones para quienes las emitan. Por lo tanto, no solo vamos a terminar con la revictimización que sufre el niño, la niña o el adolescente al momento de prestar su declaración, sino también con el hecho de que pueda conocerse su identidad, cuestión que resulta fundamental para sanar heridas y avanzar.

Segundo, el gran tema que quedará pendiente es cómo se podrá, en virtud de los reglamentos que deberá elaborar el Ministerio de Justicia, capacitar de mejor forma a los entrevistadores, quienes muchas veces tendrán que asumir la parte más compleja de la entrevista videograbada, pues deberán ser capaces de transmitir y expresarse en forma debida frente al niño.

Estamos sacando adelante un muy buen proyecto, que permitirá terminar con la revictimización constante que habían sufrido los menores y empezar a avanzar en una forma de trato distinta, que ojalá sea el mecanismo que nos permita guiar la discusión a futuro sobre otras materias relacionadas con los menores.

Por último, agradezco a todas las organizaciones que participaron durante el trámite legislativo del proyecto.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Farías .

El señor FARÍAS.-

Señor Presidente, la Encuesta Nacional de Opinión Pública UDP 2015 indicaba que el abuso sexual contra niños y niñas es considerado por la opinión pública nacional como el delito más grave que puede afectar a una persona.

Los delitos sexuales afectan en una dimensión tan íntima y sensible en el desarrollo del ser humano, como lo es su sexualidad, que una experiencia traumática, inhumana y humillante como su ocurrencia puede devastar el normal desarrollo de una persona, más aún si hablamos de delitos cuyas víctimas son menores de edad.

El sufrimiento, la confusión, la perturbación y, en definitiva, el daño síquico que pueden provocar estos atentados contra los niños y niñas son consecuencias evidentes que deben evaluarse y discutirse en materia procedimental con la misma preocupación con que se analiza la existencia del delito.

Desde esa perspectiva, valoro que un trabajo de más de tres años al fin sea discutido en la Sala.

A través de la regulación de las entrevistas videograbadas a los menores de edad, el proyecto busca establecer el máximo de oportunidades en que estos deben prestar declaración -una vez ante el fiscal al momento de la denuncia y una vez ante el juez de garantía como prueba anticipada-, y cuáles serán las condiciones en que dichos testimonios deben ser prestados. Ello elevará necesariamente el resguardo frente a la revictimización o, como se menciona en el mensaje del proyecto, a la “victimización secundaria” que se produce debido a las repeticiones del relato ante diversos examinadores. Para tales efectos, se respetará un lenguaje acorde con la edad de la víctima, de modo de evitar que el proceso pueda constituirse en una experiencia lesiva para los derechos de los niños.

Todas estas garantías tienen la ventaja de ser acordes no solo con la normativa vigente en materia de derechos de la infancia y protección del interés superior del niño, sino también con lo establecido en la Convención de Derechos del Niño y en otros instrumentos internacionales ratificados por Chile.

Es nuestro deber como legisladores advertir y subsanar las falencias de los sistemas procesales, de modo que se constituyan en un verdadero sistema de justicia y no en una experiencia tortuosa para las víctimas.

Por lo tanto, anuncio que votaremos a favor el proyecto, porque protege los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Nogueira .

La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-

Señor Presidente, quiero saludar y valorar el enorme aporte que han hecho para mejorar este proyecto tanto la organización No Me Pregunten Más, como también Patricia Muñoz y todos quienes contribuyeron significativamente para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes

¿Por qué debemos aprobar el proyecto hoy? Porque constituye un avance sustancial en el respeto a los derechos y garantías fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Esta nueva legislación permitirá a los menores acceder de manera efectiva a una justicia que se adaptará a sus requerimientos y necesidades, pues, además de brindarles acceso a la justicia como garantía fundamental, establece deberes institucionales claros para quienes intervienen en un proceso penal respecto de niños, niñas y adolescentes.

Así, tanto los jueces, los fiscales y los defensores, como también las policías y otros organismos auxiliares de la investigación estarán obligados, en virtud de esta futura ley, a dejar de anteponer sus intereses institucionales en los procesos, y a tener en vista para sus decisiones e intervenciones el interés superior de los niños.

El proyecto establece dos instancias claras en las cuales se obtendrá información de parte de los niños: una, en la entrevista investigativa, y otra, en la declaración judicial. Esto evitará el tránsito permanente de los niños relatando sus vivencias ante diversas instituciones y organismos. Asimismo, exige que las entrevistas no se desarrollen de cualquier manera por la fiscalía o por el tribunal, sino que en ambas intervenga un entrevistador especialmente entrenado y certificado para desempeñarse como entrevistador, quien tendrá el contacto directo con los niños, niñas y adolescentes. Ello evitará que sean entrevistados por personas que no tengan formación especializada.

Lo anterior constituye un cambio de paradigma absoluto en relación con lo que existe en la actualidad. Por primera vez este país brindará a nuestros niños el abordaje de sus entrevistas en el contexto del proceso penal por parte de profesionales especialmente entrenados y formados para desarrollar el rol de entrevistadores, quienes estarán obligados no solo a acreditarse en una oportunidad, sino también a certificarse cada cierto periodo de tiempo y a desarrollar un proceso de formación continua que permita evaluar las condiciones en que desarrollan su labor.

Asimismo, la iniciativa no solo se preocupa de que quienes entrevisten a los niños, niñas y adolescentes sean profesionales idóneos y debidamente certificados, sino que, además, exige que las entrevistas se lleven a cabo en dependencias especialmente acondicionadas para ello, cautelando de esta forma que los niños tengan la posibilidad de interactuar con el entrevistador en salas con condiciones adecuadas para su edad y desarrollo evolutivo. La idea es evitar generarles un impacto dañino, lo que podría ocurrir si son entrevistados en un lugar que no cuente con las condiciones aptas para ello.

Finalmente, el proyecto se preocupa de cautelar la dignidad, honra e identidad de los niños, niñas y adolescentes. Así, impone estrictas obligaciones de reserva del contenido de la videograbación de la entrevista investigativa, la que solo podrá ser vista en la fiscalía correspondiente. Asimismo, en caso de ser copiada y entregada, la videograbación deberá entregarse con la protección y distorsión del niño, de modo de evitar las acciones nocivas que se han producido durante este tiempo, cuales son que grabaciones de declaraciones de niños, al ser entregadas como copias a las defensas de sus agresores, se transforman en mecanismos de amenaza de exhibición pública de los menores.

Por tanto, hemos visto que el proyecto ha sido modificado y trabajado por la sociedad civil y por otras personas a fin de lograr un mejor trato y una mayor protección para los niños. Como dijo la diputada Karla Rubilar , nuestros niños no pueden esperar en cuanto a protección. El Estado tiene una deuda con ellos. Por eso, esta iniciativa viene a darles protección y a situar nuestra legislación bajo los estándares internacionales que se requieren para el tratamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes en materia de protección.

Agradezco al gobierno y a las instituciones que han colaborado para contar por fin con un proyecto con el estándar que merecen los niños. Desgraciadamente, en otras materias estamos muy al debe con ellos en cuanto a protección.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Para cerrar el debate, tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña Loreto).-

Señor Presidente, para comenzar mi intervención, agradezco, tal como hizo la diputada Rubilar , a las distintas instituciones, en particular a las del Poder Judicial, que han reclamado la preocupación del Estado respecto de cómo garantizar que nuestros niños, en circunstancias tan excepcionales como las que nos ocupan, cuenten con la contención, protección y asistencia oportuna y de calidad que el Estado les debe brindar.

En el mismo sentido, saludo a organizaciones como Amparo y Justicia y No + Abuso Sexual Infantil, que han seguido permanentemente la discusión de esta iniciativa en el Congreso Nacional.

Como se mencionó, este proyecto busca aminorar de cierta forma los efectos secundarios que provoca la victimización de los menores abusados sexualmente, como que deban prestar declaraciones en varias ocasiones o someterse a múltiples peritajes para eliminar eventuales dudas sobre la veracidad del relato de niños, niñas o adolescentes abusados, o como la hostilidad con que los atienden algunos funcionarios o de las instalaciones inadecuadas en las que deben declarar o someterse a los peritajes, entre otras cosas.

Por cierto, la aprobación de este proyecto viene a llenar un vacío y a reparar, al menos en parte, los efectos de esa segunda victimización a los menores, que la legislación nacional hasta ahora no ha considerado, salvo por lo que establece el artículo 191 bis del Código Procesal Penal, que permite la toma de declaración anticipada a las víctimas de delitos sexuales que sean menores de edad, posibilidad que puede resultar de mucha utilidad en determinadas situaciones.

Sin embargo, como se ha mencionado, el enfrentamiento con el proceso penal posee muchas complejidades que afectan a nuestros menores.

Por otra parte, la posibilidad de permitir que las declaraciones se presten solo en dos oportunidades previas hace sentido y cobra relevancia cuando se trata de establecer una regulación que proteja a nuestros menores y un sistema que dé garantías de ello.

Por las razones expuestas, anuncio mi voto, y el de toda mi bancada, a favor del proyecto.

He dicho.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor MONCKEBERG (don Cristián).-

Este proyecto es una manifestación del trabajo mancomunado entre gobiernos, parlamentarios y la sociedad civil. En su tramitación legislativa, ha tenido una destacada participación el Poder Judicial, la fundación Amparo y Justicia, y, en menor medida, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. De hecho, en el marco de los once proyectos de ley que conforman la agenda de la infancia, este es, quizás, una de las pocas expresiones de un proyecto bien hecho y consensuado. Quizás esta deba ser la guía para avanzar y destrabar las iniciativas, sin prejuicios valóricos o ideológicos, y contando con la opinión de todos los actores relevantes.

Si bien en el articulado actual queda poco del proyecto originalmente ingresado por el Presidente Sebastián Piñera , es del caso señalar que se mantienen vivas la ideas matrices; incluso han sido ampliadas, en aspectos que a lo mejor pueden parecer mínimos, pero que a juicio nuestro son de absoluta relevancia, como endurecer los criterios de reserva y mejorar la formación de los entrevistadores, exigiendo incluso su revalidación periódicamente.

En el marco de la tramitación en la Cámara, y particularmente en la Comisión de Constitución, varios fueron los temas a discutir, pero destacaron tres por el debate generado.

El primero se refería a extender las fórmulas interrogativas que se introducen, a los testigos. De esta manera, discutimos si la iniciativa perseguiría una protección limitada a la víctima, o se haría cargo de la victimización secundaria en el sentido más amplio. En ese orden de cosas, tiendo a creer que de acuerdo al perfil de vulnerabilidad de los menores de edad, presenciar hechos ilícitos de la magnitud de aquellos que permiten activar este estatuto, constituye una experiencia tanto o más traumática que ser víctima de ellos. Sin embargo, en el afán de no trabar una reforma que se hace urgente, decidimos avanzar en lo que fue la idea matriz, protegiendo a la víctima, pero ampliando dicha protección ya no solo a los delitos sexuales y estableciendo nuevas reglas que fortalecen sustancialmente la protección de niños, niñas y adolescentes testigos de esta clase de hechos.

Otro punto que generó debate fue la extensión de este nuevo estatuto al niño, niña o adolescente imputado. A nuestro juicio, ello no solo es improcedente a partir de las figuras e instituciones contenidas en el proyecto, sino también de acuerdo a las ideas matrices que constituyen un límite a la capacidad de enmienda que tienen los parlamentarios en el trámite legislativo. Igualmente, se podría hacer referencia a la necesidad de establecer condiciones especiales para el tratamiento del niño imputado, pero ello podría tener lugar en la ley de garantías de la niñez o en el proyecto de ley recientemente ingresado, que regula el sistema de responsabilidad penal juvenil.

Otro punto controversial dice relación con la figura del entrevistador. Pues bien, no nos cabe duda de que el entrevistador debería ser uno solo, y que debiésemos prescindir de funcionarios del Ministerio Público ejerciendo estas labores, de manera de asegurar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. De esta manera, la tensión que hay en la necesidad de un rostro único, versus resguardar el derecho a la defensa, evitando entrevistadores en sede judicial comprometidos con el aparato persecutorio, terminó generando una solución intermedia. Sacrificamos finalmente el rostro único, estableciendo criterios y entrevistadores distintos en ambas fases. El entrevistador investigativo, en tanto realiza su gestión en la fase indagatoria, será designado por el Ministerio Público, pero el entrevistador judicial será designado por el juez, lo que nos asegura la imparcialidad y las condiciones para la defensa.

Finalmente, sería bueno establecer con carácter obligatorio todas las medidas de protección que el proyecto entrega al juez, eliminando la discrecionalidad de este de decretarlas, estableciendo normas sancionatorias ante su inobservancia. Ello, a nuestro entender, apunta al interés superior del niño, y honra los compromisos adquiridos por nuestro país en el ámbito internacional.

Concurriremos con nuestro voto afirmativo, en lo particular, porque ha sido una aspiración propia por años, no por caprichos o solo por satisfacer la solicitud de personas con nombre y apellido. Votaremos a favor y apoyaremos esta iniciativa porque constituye un avance significativo, y porque responde a una necesidad, para evitar que el tránsito por el sistema penal sea un trauma, tanto o peor que el delito mismo.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Ley N° 16.744, que Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre empleados y obreros.

Diputados informantes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda, son los señores Ramón Barros y Daniel Farcas , respectivamente.

Antecedentes: Mociones:

-Boletín N° 11053-13, sesión 114ª de la legislatura 364ª, en 22 de diciembre de 2016.

Documentos de la Cuenta N° 13, y

-Boletín N°11103-13, sesión 129ª de la legislatura 364ª en 25 de enero de 2017.Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 39ª de la presente legislatura, en 4 de julio de 2017. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 54ª de la presente legislatura, en 3 de agosto de 2016. Documentos de la Cuenta N° 11.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

El señor BARROS (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre empleados y obreros.

Como señalé, el proyecto tiene su origen en dos mociones refundidas, una de las diputadas Marcela Hernando y Alejandra Sepúlveda , y de los diputados Miguel Ángel Alvarado , Felipe Letelier y Vlado Mirosevic (boletín N° 11103-13), y la otra, de la diputada Yasna Provoste y de los diputados Osvaldo Andrade , Aldo Cornejo , Iván Fuentes , Pablo Lorenzini , Juan Morano , Sergio Ojeda , Gabriel Silber , Víctor Torres y Patricio Vallespín (boletín N° 11053-13).

Durante la discusión de las iniciativas, la comisión recibió los aportes de la ministradel Trabajo y Previsión Social, señora Alejandra Krauss Valle , a quien damos la bienvenida a la Sala; de la subsecretaria de Previsión Social, señora Jeannette Jara Román ; del subsecretario de Salud Pública, señor Jaime Burrows Oyarzún ; del subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Gabriel de la Fuente Acuña ; del señor Claudio Reyes Barrientos , y de varios expertos y personas interesadas en la materia.

En sesión de fecha 7 de junio del año en curso, la Sala de la Corporación accedió a una petición de esta comisión tendiente a refundir las dos mociones en un solo proyecto de ley, en consideración a que ambas iniciativas buscaban modificar la Ley N° 16.744, que Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, con el propósito de eliminar la distinción entre empleados y obreros, propia del antiguo sistema previsional, que se hacía al momento de incorporarse un trabajador a alguna de las cajas de previsión que formaban parte de ese sistema, según el tipo de actividad que desarrollara.

En aras del tiempo, omitiré referirme a los fundamentos y contenidos de las mociones, en atención, además, a que ellos fueron latamente abordados en los informes que los colegas diputados tienen en sus pupitres electrónicos.

Durante la tramitación de la iniciativa en la comisión, se hizo presente que ambas mociones refundidas apuntan al mismo objetivo, que, entre otros, perseguía un proyecto iniciado en mensaje del gobierno anterior, el del Presidente Piñera . Dicho proyecto (boletín N° 8971-13), presentado el 4 de junio de 2013, que buscaba modernizar el sistema de seguridad laboral, también modificaba la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y lo hacía en los mismos términos que las mociones en debate.

En consecuencia, el proyecto en informe fue objeto de una indicación sustitutiva, presentada por su excelencia la Presidenta de la República el 2 de junio del año en curso, cuyo objetivo, presente en ambas mociones, es poner fin a la distinción entre obreros y empleados en el Instituto de Seguridad Laboral, para lo cual este organismo administrador de la ley N° 16.744 deberá desarrollar actividades permanentes de prevención en las empresas cotizantes, otorgar prestaciones médicas y pecuniarias a los trabajadores y mantener un registro respecto de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en cada empresa afiliada.

Respecto del otorgamiento de prestaciones médicas, se faculta al Instituto de Seguridad Laboral para celebrar convenios de atención médica con diferentes prestadores, públicos y privados, sin perjuicio de mantener los convenios que se encuentren vigentes con los servicios de salud, igualando de esta manera el trato que se brinda a los trabajadores protegidos.

Con esa finalidad, se modifican las normas relativas a las transferencias de recursos para las actividades descritas en el inciso primero del artículo 21° de la ley N° 16.744, para el financiamiento de las prestaciones médicas por parte del sector salud respecto de los trabajadores calificados como obreros afiliados al Instituto de Seguridad Laboral. No obstante, se mantienen estas transferencias para que el Ministerio de Salud financie el desarrollo de las labores de inspección y prevención de riesgos profesionales, así como para el funcionamiento de la Comisión Médica de Reclamos.

La iniciativa en debate consta de un artículo único mediante el cual se introducen diversas modificaciones a la mencionada ley N° 16.744, y de dos artículos transitorios que se refieren a su vigencia y financiamiento.

Los principales contenidos del proyecto, conforme al texto de la indicación sustitutiva, son los siguientes:

a) Reemplazo del artículo 4° de la ley N° 16.744 por un artículo 4, nuevo, que establezca la afiliación automática al Instituto de Seguridad Laboral en caso de que los empleadores no adhieran expresamente a alguna mutualidad, adecuando así la normativa vigente. La misma regla se propone para los trabajadores independientes afectos al seguro de la ley mencionada.

b) Derogar el artículo 9° de dicha ley, que obliga al ex Servicio del Seguro Social a otorgar las prestaciones médicas y el subsidio por incapacidad laboral a través del ex Servicio Nacional de Salud, sin posibilidad de convenir el otorgamiento de estas prestaciones mediante terceros.

c) Reemplazar el artículo 10 por uno nuevo que concentre las competencias respecto de la administración del seguro en el Instituto de Seguridad Laboral, como gestor público del sistema, el que, por tanto, deberá otorgar a sus afiliados las prestaciones pecuniarias, preventivas y médicas.

No obstante, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) podrá convenir el otorgamiento de prestaciones médicas con los servicios de salud, con las mutualidades de empleadores o con otros establecimientos de salud pública o privados.

Respecto de los convenios de atención celebrados por el ISL, se dispone además la facultad de establecer las modalidades, condiciones y aranceles mediante reglamento suscrito por los ministerios del Trabajo y Previsión Social, de Salud y de Hacienda.

d) Se sustituye, en el artículo 21, la referencia al ex Servicio Nacional de Salud por el Ministerio de Salud. Sin perjuicio de lo anterior, se mantienen las atribuciones y financiamiento para el desarrollo de las labores propias de la administración del seguro que actualmente detenta el Ministerio de Salud y que ejecutan a través de sus organismos o servicios dependientes.

Asimismo, acorde con las ideas matrices del proyecto, se procede a actualizar el concepto de trabajador en el artículo 25 de la ley N° 16.744.

Los proyectos en informe fueron aprobados en general por vuestra comisión en su sesión ordinaria de fecha 20 de junio del año en curso, con los votos favorables de los señores diputados Andrade , Barros , Campos, Carmona , De Mussy , Jiménez , Melero y Morano , en reemplazo del señor Vallespín .

Sometida a votación la indicación sustitutiva del Ejecutivo, se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, por los mismos señores diputados mencionados.

Finalmente, me permito informar que, a juicio de la comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni que requieran ser aprobadas con quorum calificado. No obstante, sus normas requieren ser conocidas por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materias financieras o presupuestarias del Estado.

Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación del texto del proyecto de ley que consta en el informe que los señores diputados tienen en su poder.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor FARCAS (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 16.744, que Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre empleados y obreros.

En razón de que los aspectos técnicos del proyecto, así como su estructura y contenido fueron abordados en forma extensa por el diputado Ramón Barros , basaré este informe fundamentalmente en los aspectos presupuestarios del proyecto, al tenor del correspondiente informe financiero.

La comisión técnica dispuso que es de competencia de la Comisión de Hacienda la totalidad de las disposiciones del proyecto de ley.

Cabe destacar que el proyecto de ley termina con la distinción entre obreros y empleados, y actualiza la normativa en materia de accidentes del trabajo, de manera que los obreros al sufrir un accidente de este tipo tendrán una atención especializada y preferente, no teniendo que ser atendidos necesariamente en servicios públicos como cualquier otro paciente. Se establece que los empleadores se entienden afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, salvo que se encuentren afiliados a una mutual.

Se concentran las competencias respecto de la administración del seguro en el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) como gestor público del sistema y, por tanto, deberá otorgar a sus afiliados las prestaciones pecuniarias, preventivas y médicas. No obstante, el ISL podrá celebrar convenios para el otorgamiento de prestaciones médicas.

Incidencia en materia presupuestaria y financiera

El informe financiero N° 60, de 5 de junio de 2017, elaborado por la Dirección de Presupuestos y que acompañó a la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo al proyecto de ley, establece que el organismo administrador de la ley N° 16.744 (ISL) deberá desarrollar actividades permanentes de prevención en las respectivas empresas cotizantes, otorgar las prestaciones médicas y pecuniarias y mantener un registro actualizado respecto de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en cada empresa afiliada.

Respecto del otorgamiento de prestaciones médicas, se faculta al referido instituto para celebrar convenios de atenciones médicas con diferentes prestadores públicos y privados, sin perjuicio de mantener los convenios que se encuentren vigentes con los servicios de salud, igualando de esta manera el trato entre los trabajadores protegidos.

Por esta razón, se modifican las normas que establecen las transferencias de recursos para las actividades descritas en el inciso primero del artículo 21° de la ley N° 16.744, para el financiamiento de las prestaciones médicas del sector salud, respecto de los trabajadores calificados como obreros afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, manteniéndose, no obstante, transferencias para que el Ministerio de Salud financie el desarrollo de las labores de inspección y de prevención de riesgos profesionales, así como para el funcionamiento de la Comisión Médica de Reclamos.

En cuanto a los efectos de la indicación sustitutiva sobre el presupuesto fiscal, implicará un mayor gasto fiscal neto de 13.729 millones de pesos anuales en régimen, considerando que la eliminación de la distinción entre obreros y empleados significará que el Instituto de Seguridad Laboral deberá gestionar directamente más de 24.500 nuevos accidentes o enfermedades profesionales al año, con su consiguiente impacto en mayores gastos en prestaciones médicas.

El mayor gasto señalado incluye el incremento del gasto en prevención y el gasto operacional, dado que se deberán reforzar necesariamente los recursos humanos del instituto en cincuenta personas, para la atención de estos nuevos beneficiarios, con un costo anual proyectado de 1.010 millones de pesos.

El gasto fiscal que representará la aplicación de esta futura ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Instituto de Seguridad Laboral, y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

Informe financiero complementario

A solicitud de la Comisión de Hacienda, la Dirección de Presupuestos preparó y presentó un informe financiero complementario, en el cual se explica en detalle el efecto presupuestario del proyecto, como también las fuentes de financiamiento del mismo.

En cuanto a los efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal, señala que los contenidos de la indicación sustitutiva implicarán un mayor gasto fiscal neto de 13.729 millones de pesos anuales en régimen, de acuerdo con lo siguiente:

Incrementos de gastos.

Gastos en prestaciones médicas, 12.952 millones de pesos; gasto en subsidio incapacidad laboral, 4.655 millones de pesos; gastos en personal, 1.010 millones de pesos; gastos en prevención, 1.662 millones de pesos. Total: 20.279 millones de pesos.

Disminuciones de gastos.

En prestaciones médicas, 1.876 millones de pesos; en subsidio por incapacidad laboral, 4.655 millones de pesos; en rehabilitación de inválidos, 19 millones de pesos. Total: 6.550 millones de pesos.

Obviamente, esto genera un resultado que es un incremento de gasto neto de 13.729 millones de pesos.

Incremento de gastos.

1.- Se precisa que el gasto en prestaciones médicas se construye considerando el número de eventos; es decir, accidentes del trabajo, accidentes de trayecto y enfermedades laborales que se deberán atender y el costo promedio por evento.

Para determinar el número de eventos, se estimó la tasa de accidentabilidad a base de datos de la industria del año 2015, lo que arrojó una tasa de 5 por ciento, dado que los cotizantes totales del ISL en 2015 fueron 815.493 trabajadores; los eventos asociados corresponderían a 40.775 casos. En 2015 se registraron 16.151 eventos correspondientes a empleados.

Por lo tanto, la diferencia entre 40.775 casos totales y 16.151 casos de empleados, corresponde a 24.624 casos de obreros.

Para determinar el costo promedio por evento en prestaciones médicas se proyectó una mayor eficiencia en la gestión de contratos, lo que permite estimar una reducción en el costo promedio por accidente de 848.000 pesos en 2016 a 526.000 pesos en 2022, año en régimen.

Por lo tanto, el gasto en prestaciones médicas corresponde a 24.624 eventos, multiplicado por su costo unitario de 526.000 pesos.

2.- Gasto en subsidio por incapacidad laboral. Se asume que será el equivalente al que el Ministerio de Salud ha recibido como transferencia por concepto de este beneficio.

3.- Gasto en personal. El mayor gasto en personal corresponde a la incorporación de cincuenta trabajadores para reforzar el ISL en el cumplimiento de sus nuevas funciones y mayor cantidad de eventos.

4.- Gasto en prevención. Corresponde al gasto que realizará el Instituto de Seguridad Laboral sobre el grupo de obreros que comenzará a atender directamente. Dicho gasto se estimó tomando en consideración la tasa de accidentabilidad aplicable a dicho grupo objetivo.

Disminuciones de gastos

Corresponden a la eliminación de la trasferencia a la Subsecretaría de Salud Pública por concepto de gasto en prestaciones médicas, subsidio de incapacidad laboral y rehabilitación de inválidos, por la atención a los antiguos obreros que pasan a ser atendidos directamente por el ISL.

Durante el debate, la Comisión de Hacienda, junto con recibir al Ejecutivo, representado por las autoridades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Dirección de Presupuestos, contó con la participación de las representantes de las trabajadoras de casa particular, agrupadas por Fenama , Fesintracap y Anecap , quienes estuvieron contestes en la necesidad de eliminar una distinción “odiosa” entre obreros y empleados, que afecta a los trabajadores de nuestro país, en especial a las 150.000 trabajadoras de casa particular, las que se verán beneficiadas con el término de esta absurda distinción. Asimismo, permitirá mantener registros para construir políticas públicas sustentables y sostenibles en el tiempo.

En cuanto al procedimiento de votación ante la Comisión de Hacienda, sometida a votación separada el numeral 5) del artículo 1, que reemplaza el artículo 21, estableciendo que el Instituto de Seguridad Laboral deberá aportar al Ministerio de Salud un porcentaje de sus ingresos con el objeto de financiar el desarrollo de las labores de inspección y prevención de riesgos profesionales, así como para el funcionamiento de la Comisión Médica de Reclamos, es rechazado por no reunir el quorum de aprobación.

Por acuerdo de sus integrantes, sometido a votación conjunta todo el articulado del proyecto, con excepción de la norma antes mencionada, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, proponiéndose en consecuencia su aprobación, en igual forma, a esta honorable Cámara.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, saludo en forma muy especial a la ministradel Trabajo y Previsión Social, señora Alejandra Krauss , y a la subsecretaria de Previsión Social, señora Jeannette Jara .

Sin duda, este proyecto de ley busca terminar con una discriminación entre empleados y obreros, que tuvo su origen cuando se estableció que “empleado” era aquel cuyo trabajo requería un esfuerzo intelectual superior al físico, mientras que “obrero” era aquel cuya labor requería un esfuerzo físico superior al intelectual. Esta diferencia viene del antiguo sistema de reparto, que persistió con la aprobación de la ley N° 16.744, que Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Este proyecto constituye el tercer y definitivo intento para terminar con esta discriminación. El primero -lo menciono para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, como le gusta decir al colega Ortizse realizó en 1978, durante el gobierno militar, cuando el decreto ley N° 2.200 terminó con esta diferenciación. Efectivamente, ese decreto ley, en la letra b) de su artículo 3°, terminó con esta definición, pues expresa: “Para todos los efectos legales se entiende: (…) b) Por trabajador, toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo.”.

Por lo tanto, en 1978 se puso término a esta discriminación.

Pero no fue suficiente, porque siguió teniendo presencia en los efectos previsionales, por lo que se mantuvo y subsiste hasta el día de hoy, consagrada en el artículo 1°, inciso segundo, del Código del Trabajo, y en el artículo 83 del decreto ley 3.500, de 1980.

El segundo intento se realizó durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, tal como lo consagra el informe de la comisión, en el mensaje presentado con fecha 4 de junio de 2013, para modernizar el sistema de seguridad laboral y modificar la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo. Ese gobierno ingresó el proyecto de ley al Congreso Nacional, y fue votado y aprobado en general; pero, tras el cambio de administración al actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , no se avanzó más en esa iniciativa, hasta que se realizó el tercer intento por parte de un grupo de parlamentarios -no del gobierno-, para solucionar el tema en forma definitiva. Como se presentaron varias mociones, recién este año el actual gobierno de la Presidenta Bachelet resolvió fusionarlas y presentar este proyecto de ley, que, sin duda, es de toda justicia y muy necesario.

Efectivamente, bajo la actual legislación, el empleado, por disposición legal, tiene la libertad de acceder a toda la red de prestadores con que cuenta el sistema, pero el obrero no puede acceder libremente a la red asistencial, ni pública ni privada, por lo que su atención queda limitada a los establecimientos pertenecientes a los servicios de salud, y eso es lo que ahora va a cambiar.

Nos parece que esta modificación es de toda lógica, porque busca eliminar una discriminación odiosa entre empleado y obrero, innecesaria en los tiempos actuales en los que todos son trabajadores, en igualdad de condiciones, aunque realicen labores físicas o manuales, o realicen labores intelectuales. Por consiguiente, se trata de un cambio social y cultural de la mayor importancia.

Es claro que esta iniciativa derogará esa diferencia, por lo que contará con nuestro entusiasta apoyo.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín ,

El señor VALLESPÍN.-

Señor Presidente, para comenzar mi intervención, resaltaré el rol del Parlamento, en general, y de la Cámara de Diputados, en particular, cuando identifica un problema o una falla en la legislación. En este caso, preliminarmente, el problema fue identificado de manera responsable por el diputado Juan Morano , quien convocó a quienes formamos parte de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a analizar este tema.

Se presentó un proyecto de ley y, conscientes de que no resolvía el problema en forma integral y que necesitábamos del Ejecutivo, convencimos a este de que esta modificación era un camino a seguir, de manera que el proyecto fue perfeccionado con su aporte, por lo que hoy estamos en condiciones de someterlo a votación en esta Sala y pedir el apoyo unánime a esta iniciativa, que, de ser aprobada, eliminará una odiosa discriminación que se arrastraba, quizás por no haber sido suficientemente rigurosos en el análisis.

Hoy, por fin, vamos a terminar con esta diferencia que afecta a más de 350.000 trabajadores que no tienen acceso a la misma prestación de servicios que otros en materia de accidentes laborales.

¿Por qué esto es importante? Porque estamos resolviendo un tema de fondo -que, por razones de inercia institucional, por no verlo en profundidad, aún no estaba resueltoy que soluciona lo que planteó el diputado Melero .

No se trata de que el tema haya sido olvidado, a propósito del proyecto que presentó el entonces Presidente Piñera , que no tenía una visión integral. Lo que hizo este gobierno fue resolver el tema, pero no necesariamente por una ley, sino estableciendo una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, que aborda todos los temas que preocupan a los trabajadores, la cual se diseñó en forma interactiva con ellos, por lo que hoy tenemos una política que resuelve todos los temas incluidos en ese proyecto parcial que se presentó durante la administración anterior. Por eso es importante tener la mirada completa.

En esa perspectiva, lo que hoy estamos logrando es algo muy sencillo de entender para la gente: cualquier trabajador que hoy está bajo la categoría de “empleado” puede acceder a toda la red de prestadores de salud ante un eventual accidente laboral, pero quienes están bajo la categoría de “obrero” no pueden acceder a toda esa diversidad de prestadores y están limitados a acudir solo a la red pública. Eso significa que estábamos diferenciando la prestación de servicios de salud por una definición que no tiene sentido alguno en los tiempos actuales.

Por eso es tan importante lo que hemos logrado en este proyecto de ley. Ahora permitiremos que todos los trabajadores -incluidos esos 350.000, en que están comprendidas, por ejemplo, las empleadas de casa particular que no tienen la libertad de acceder a toda la red de prestadores con que cuenta el sistema, tanto público como privado, puedan utilizar toda la red de salud para obtener tratamiento en caso de sufrir un accidente laboral. Y eso es, sin duda, garantizar mejor calidad en la solución de los problemas de salud que afecten a los trabajadores. Por eso es tan importante lo que vamos a aprobar.

También quiero informar a esta Cámara que es muy importante votar favorablemente todo lo que se someta a votación en la sesión de hoy, porque en forma equívoca, por una mala interpretación u otra razón, la Comisión de Hacienda no tuvo el quorum para aprobar el número 5) del proyecto, que modifica el artículo 21, que es fundamental para materializar la nueva forma de traspaso de recursos para que la discriminación termine.

En consecuencia, esa norma tiene que ser aprobada como salió de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, porque, de lo contrario, no se logrará el objetivo que estamos buscando: que desde el punto de vista de la expresión financiera presupuestaria se garantice que esos 350.000 trabajadores que hoy están fuera de la atención de gran parte de la red de asistencia de salud, puedan acceder a ella.

De ahí la importancia del rol del Congreso Nacional. Cuando muchos cuestionan nuestra labor, aquí tenemos un ejemplo concreto de que cuando el Ejecutivo -cualquiera que sea este no vea algunos problemas, que sí identificamos nosotros al estar en contacto con los trabajadores, es conveniente que se presente un proyecto de ley y el gobierno lo acoja, porque se da cuenta de que estamos terminando con una discriminación que no es permisible, y que finalmente se someta a la aprobación de esta Sala y se termine con esta discriminación, lo que generará mejor atención de salud para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile.

Obviamente, nuestra bancada votará favorablemente este proyecto de ley, que ha liderado el colega Juan Morano .

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .

La señora PASCAL (doña Denise).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra del Trabajo y a la subsecretaria de Previsión Social por acompañarnos una vez más en esta Sala.

El proyecto elimina una discriminación que hasta hoy subsiste y que distingue entre dos categorías de trabajadores: aquellos considerados empleados y aquellos considerados obreros. Se trata de una distinción basada en el esfuerzo intelectual y en el físico, diferencia que permaneció, para efectos laborales, hasta 1978; sin embargo, para efectos previsionales, hasta hoy esa distinción no había sido modificada.

Las consecuencias de esta odiosa diferencia determinan el centro de salud público o privado al que será derivado el trabajador, ya que quien goza de la calidad de empleado tiene libertad para acceder a toda la red de prestadores del sistema, tanto público como privado. Por el contrario, la atención de aquel considerado como obrero queda limitada a los establecimientos pertenecientes a los servicios de salud, no pudiendo acceder libremente a la red asistencial pública ni privada, disminuyendo su posibilidad de atención oportuna cuando lo requiera.

Es importante destacar que las mociones que dieron origen al proyecto fueron presentadas de manera de evitar que fueran declaradas inadmisibles; sin embargo, se necesitaba que el Ejecutivo ingresara indicaciones de su exclusiva iniciativa para lograr tan anhelado cambio. Por eso, valoramos ver cumplido el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet , anunciado en su cuenta pública de junio pasado.

El artículo 21° de la ley N° 16.744 establece que mediante decreto supremo se determinará la proporción en que se distribuirá, entre el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud, el producto de las cotizaciones que aquel recaude destinado al seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Creemos que la iniciativa introduce un principio de respeto hacia los trabajadores, considerándolos iguales que el resto de las personas que acceden a los servicios de salud.

Es un paso más en la solución de los problemas de discriminación existentes en los sistemas de salud y de previsión. Creemos que con este proyecto de ley, apoyado por el Ejecutivo, estamos dando un paso importantísimo en la búsqueda de la equidad y de la igualdad en nuestro país. Terminar con esta discriminación arbitraria es saldar una deuda con los trabajadores de todo el país, es igualar las condiciones de esos 350.000 trabajadores que han sido constantemente discriminados a la hora de acceder a la salud cuando tienen un accidente en el trabajo.

Es un avance importante, pero todavía tenemos deudas mayores, como buscar la equidad y la igualdad en un país donde las diferencias son realmente alarmantes en comparación con el resto de América Latina.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra del Trabajo, presente en la Sala.

Para iniciar mis palabras, debo decir que la distinción entre empleados y obreros, basada en la preeminencia del esfuerzo intelectual o del esfuerzo físico, que existe desde 1931, resulta ser claramente arcaica, discriminatoria e indigna, pues establece un régimen de trabajadores de primera o de segunda categoría.

Sabemos que en 1980, a pesar de haberse creado el Sistema Previsional de Capitalización Individual, esta discriminación tampoco se modificó, manteniéndose hasta nuestros días. Entonces, seguir sosteniendo esta diferenciación es contrario a los principios de igualdad ante la ley y la no discriminación, consagrados tanto en la Constitución Política como en diversos cuerpos legales, entre ellos, el Código del Trabajo.

Por tanto, estimo que la aprobación de estas mociones refundidas debe realizarse sin mayor dilación. Cabe recordar que el primer proyecto sobre la materia fue presentado durante la administración del Presidente Piñera, en 2013, pero aún no ha visto la luz.

Entiendo que hay aspectos que habrá que mejorar y aclarar, como la forma en que se llega a la cifra de 13.729.000.000 de pesos; la fuente de esa información; las grandes discrepancias entre el informe financiero y el informe productivo; la determinación de las tarifas de los convenios; el seguro escolar; el aporte de los trabajadores que se destina al Ministerio de Salud, etcétera.

Por ahora, y como primer paso, lo esencial es eliminar rápidamente esta discriminación arcaica e indigna, para que los trabajadores gocen de un trato igualitario en materia de prevención en salud.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra del Trabajo, señora Alejandra Krauss , y a la subsecretaria de Previsión Social, señora Jeannette Jara . La ley N° 16.744 se promulgó hace 49 años. Las modificaciones que se le han introducido no son suficientes para enfrentar los cambios que han tenido las empresas y las sociedades en el mundo y en Chile. Solo 7 por ciento de las empresas están obligadas a tener un departamento o un asesor en prevención de riesgos.

El Código del Trabajo, la ley N° 16.744 y otros cuerpos legales obligan a las empresas a desarrollar actividades de prevención; sin embargo, es necesario que ello no quede en el papel, pues en la práctica hay incumplimientos. También existe una falta de cultura preventiva en todos los niveles y una escasa fiscalización.

Creemos que el proyecto da cuenta de una situación de cambios sociales y de una mirada no discriminatoria entre un trabajo físico y otro intelectual.

La situación actual respecto de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales es dinámica y variable. Hoy, las enfermedades tienen otras características, lo mismo que la prolongación de la vida de los trabajadores. Asimismo, es necesario tomar en cuenta el advenimiento de nuevas tecnologías.

Respecto del otorgamiento de las prestaciones médicas, se faculta al Instituto de Seguridad Laboral para celebrar convenios y atenciones médicas con diferentes prestadores públicos y privados, sin perjuicio de mantener los convenios que se encuentren vigentes en los servicios de salud. Es decir, se iguala el trato entre trabajadores protegidos.

El Instituto de Seguridad Laboral, como gestor público del sistema, debe otorgar a sus trabajadores afiliados las prestaciones pecuniarias, preventivas y médicas.

Asimismo, se autoriza al Instituto de Seguridad Laboral para convenir el otorgamiento de prestaciones médicas con los servicios de salud, con las mutualidades de empleadores o con otros establecimientos de salud públicos o privados.

El proyecto tiene un claro carácter valórico; en ello radica su importancia. Durante muchos años existió discriminación, la que, por ser tan habitual, no impactaba en la sociedad. Fue necesaria la participación de las representantes de las trabajadoras de casa particular en la elaboración de esta iniciativa -un saludo para todas ellas, agrupadas en instituciones como Fenama, Fesintracap y Anecap -, con la cual están muy satisfechas, pues se veían mayormente afectadas con la odiosa y discriminatoria distinción entre obrero y empleado. ¡Imagínese, señor Presidente! Se trata de 150.000 trabajadoras de casa particular que se verán beneficiadas con el término de esa distinción.

Además, se generarán registros de accidentes y enfermedades profesionales, lo que permitirá construir políticas públicas sustentables y sostenibles en el tiempo.

También hacemos un llamado a la prevención, a la promoción y a la educación en materia sanitaria, toda vez que en ningún sistema sanitario del mundo el Estado puede sostener tamaña cantidad de trabajadores con afecciones laborales, pues los recursos económicos no alcanzan.

Insisto: lo que se debe impulsar es la educación y la promoción, temas de los que deben hacerse cargo las empresas.

La iniciativa tiene un significado muy importante y da cuenta del nuevo tipo de sociedad que debemos construir en el siglo XXI a través de la eliminación de odiosas barreras de clase y de distinciones que se dan en muchos aspectos y que contribuyen a fomentar un clima belicoso en la sociedad chilena.

Valoramos profundamente la eliminación de la diferencia entre obreros y empleados. Por cierto, el Partido por la Democracia votará favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona .

El señor CARMONA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministradel Trabajo y Previsión Social y a la subsecretaria de Previsión Social.

Manifiesto de inmediato que nuestra bancada, la del Partido Comunista e Independiente, es decir, también con el respaldo del diputado Aguiló , aprobará el proyecto en los mismos términos en que fue aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, porque consagra un derecho conquistado por los trabajadores.

El derecho de los obreros a acceder a la red de asistencia pública y privada, en virtud de los convenios de atención celebrados por el Instituto de Seguridad Laboral, y todo lo que sea correr el cerco, ganar espacios e incrementar los derechos de los trabajadores siempre contará con la posición activa y favorable de nuestra bancada.

En la Sala se ha hecho un recordatorio de que en tiempos de dictadura se habría terminado con la referida discriminación. Pero una cosa es terminar con ella de manera nominal -eso lo saben bien los que están en la bancada de enfrente-, y otra es hacerlo de manera real, porque, al fin y al cabo, aún se habla de “la odiosa discriminación”. Yo creo que lo más odioso es la explotación de las trabajadoras y de los trabajadores que en distintas tareas de la actividad económica de un país, tanto en el trabajo directo vinculado a un producto como en el vinculado a un servicio, crean plusvalía, es decir, generan un mayor valor en el producto o servicio, del cual se apropia el patrón, hoy llamado empleador.

Me alegro de que para terminar con la discriminación en contra de los obreros, todos sean llamados trabajadores, porque obreros y empleados son trabajadores. La contraparte son los empleadores, es decir, los no trabajadores. El trabajo crea la riqueza, pero el empleador se apropia de esta, lo que sí constituye discriminación. Espero que esto también sea recordado en los debates que se produzcan en el futuro, cuando le sigamos extrayendo la apropiación indebida al empleador en beneficio de los dueños reales. Estoy hablando, por ejemplo, del 5 por ciento que deberán entregar los empleadores para la futura previsión de los trabajadores. Eso es hacer justicia, eso es redistribución de la riqueza.

En la nomenclatura establecida para la aplicación de políticas hacia el mundo del trabajo se hacía una distinción que francamente no tiene ninguna explicación. No permitir al que tiene la condición de obrero acceder a la misma red de asistencia a la que puede acceder el que tiene la condición de empleado, en verdad significaba una hiperdiscriminación. Eso es lo que estamos saldando hoy, lo que me parece muy bien porque es un paso adelante.

No obstante, a propósito de si las cosas terminarán de verdad o no, cabe preguntarnos si, después de aprobada esta iniciativa, terminará la distinción entre trabajadores vinculados a actividades como la construcción, por ejemplo, cuyo capital principal es su propia fuerza de trabajo, y trabajadores vinculados a labores como la del profesor o maestro de la escuela básica, que por la vía de un esfuerzo intelectual también entrega riqueza. Se trata de distinciones que no desaparecen; son categorías de la ciencia política que no saldrán a la realidad si verdaderamente no se va al fondo de esta.

Nosotros consideramos el cambio introducido por el proyecto como un paso más entre los derechos de los trabajadores. Los obreros accederán al mismo servicio de atención que los empleados, y en esa perspectiva nuestra bancada respaldará la iniciativa y la aprobará con convicción y con entusiasmo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar; no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Este proyecto al que nosotros concurriremos entusiastamente con nuestros votos no es más que la continuación, la prolongación de lo que se estableció en 1978, bajo el gobierno del Presidente Pinochet, mediante el decreto ley N° 2.200, que terminó con esta odiosa diferencia.

(Manifestaciones en la Sala y en las tribunas)

Les guste o no a los amigos de enfrente, objetivamente esa es la verdad. Si no la quieren escuchar, es problema de ellos. Solo quiero recordar lo siguiente: fíjense que hasta 1978, la diferencia odiosa de la que hoy hablamos permitía, por ejemplo, que la asignación familiar fuera mejor para los empleados que para los obreros, en circunstancias de que quienes más la requieren son los obreros; pero eso se terminó. A partir de ese decreto ley, el trato para todos es de “trabajadores”. Lamentablemente, faltó esa aclaración.

Por ello, hay que felicitar no solo a los autores del proyecto, sino también al Ejecutivo, en la persona de la ministra Alejandra Krauss , quien se encuentra presente en la Sala y a quien saludo, porque le dieron la consistencia necesaria para terminar con esta diferenciación odiosa, que, además -quiero aclararlo-, es objetivamente inconstitucional, porque atenta contra el principio de igualdad, reconocido en la Constitución, la misma Constitución que todos los parlamentarios presentes juramos o prometimos respetar.

Por lo tanto, de lo que se trata, finalmente, es de conseguir que haya igualdad de condiciones y de trato para todos los trabajadores respecto de las prestaciones de salud y de seguridad en el trabajo, así como de ampliar el horizonte de tratamiento para los trabajadores que malamente siguen siendo llamados obreros.

Ese fue siempre el objetivo que persiguió el decreto ley N° 2.200. ¡Qué bueno que hoy se esté completando! Pero también es bueno que se diga la verdad, y que se diga completa.

Recordemos un poco la historia, señor Presidente.

En nuestro país la legislación laboral comenzó con el estallido de la llamada “cuestión social”, por allá por los años 20 del siglo pasado. Curiosamente, la llamada “ley de la silla”, que es considerada la primera ley laboral de nuestro país, también es obra de un gobierno militar. Eso hay que decirlo, porque es parte de nuestra historia y porque es verdad.

Lo importante es que esta preocupación continúa y que seguimos hablando de la dignidad de los trabajadores, que en otros tiempos no era considerada como un factor relevante. En el caso de ambas leyes laborales, tuvieron que venir gobiernos militares para que, finalmente, se impusiera un tratamiento más justo para nuestros trabajadores.

Vamos a votar a favor este proyecto, ya que, reitero, es la continuación de una idea que nos corresponde terminar de concretar, y porque no solo constituye un beneficio para los trabajadores del país, sino que es expresión del concepto de igualdad, que es lo que debemos buscar.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Morano .

El señor MORANO.-

Señor Presidente, este es un día como para sentirse contento, y así me siento, pues estamos por aprobar una iniciativa que partió con tímidos comentarios de apoyo, luego la asumió la Presidenta y hoy tiene padrinos hasta en la UDI.

¡Cómo no va a ser buena la idea de eliminar esa discriminación si hasta nuestros colegas de la UDI asumen este proyecto como propio!

¡Qué bueno que así sea! Pero digamos las cosas como son: este gobierno, el de la Presidenta Bachelet , de la entonces ministra Rincón, de la ministra Krauss , lleva aprobados 32 proyectos de ley que mejoran las condiciones de los trabajadores. ¿Cuántos aprobó Piñera? Cuatro. Por cada proyecto de Piñera, ocho de la Nueva Mayoría.

(Aplausos)

No podía ser que se mantuviera esta diferenciación, esta discriminación entre los trabajadores del país. Una persona que era calificada como obrero no podía tener acceso a las mismas prestaciones de salud que otra que era calificada como empleado, una categoría distinta.

Presidenta, ministra, queremos darles las gracias, porque tanto en esta iniciativa como en la otra, la que asumió el Ministerio del Trabajo para reconocer a las trabajadoras de casa particular el derecho a pertenecer a una la caja de compensación, evidentemente ha habido mano de mujer.

Señora ministra, anunciamos nuestro voto favorable, porque hoy día empieza el principio del fin de una discriminación. Nos hubiera gustado que partiera el 1 de enero; sabemos que no va a poder ser por los tiempos presupuestarios. Lo importante es que nunca más en Chile habrá diferencia entre los trabajadores, no existirá más diferencia entre obreros y empleados.

He dicho.

-Aplausos.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve , de la bancada del Partido Socialista.

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, permítame saludar, por su intermedio, a la ministra del Trabajo y a la subsecretaria de Previsión Social, a quienes felicito por haber ayudado a refundir las dos mociones que dieron origen a este proyecto y por presentar una indicación sustitutiva al texto de la iniciativa.

Quizás esta discusión no logre expresar cómo afecta esta discriminación, en lo práctico, a trabajadores de Chile. En términos concretos, si un trabajador pertenece a una institución, a una empresa adscrita al Instituto de Seguridad Laboral, y sufre un accidente que lesiona su mano, si es empleado tendrá la posibilidad de acceder a toda la red de atención, privada y pública. Es decir, ese trabajador, que tiene la categoría de empleado, puede acceder a los servicios de la institución de salud que cuente con los mejores especialistas en mano, por lo cual sus posibilidades de recuperar la funcionalidad de su mano, no quedar con secuelas y obtener la mejor rehabilitación están garantizadas. Pero si ese trabajador tiene la categoría de obrero, no podrá acceder a la red privada; solo podrá atenderse en la red pública de salud, la de los servicios de salud, y si allí no tiene los especialistas más capacitados ni el equipamiento más especializado, entonces sus posibilidades de recuperar la funcionalidad de su mano y de rehabilitarse son menores.

Ese es el efecto concreto de esta discriminación. Por eso es tan importante que este proyecto de ley permita al Instituto de Seguridad Laboral terminar con ella y firmar convenios, tanto con los prestadores privados de atención de salud como con los de la red pública, para que los trabajadores, ya sea que cumplan funciones intelectuales o manuales, puedan acceder a la mejor atención médica posible para recuperar su salud, su funcionalidad y no quedar con secuelas.

Quiero reiterar mis felicitaciones a los autores del proyecto, agradecer la prioridad que le ha dado el gobierno de la Presidenta Bachelet y reiterar que nosotros, como bancada del Partido Socialista, apoyamos este proyecto, por lo cual lo votaremos a favor.

Asimismo, quiero contar a la ministra que hay empresas del Estado, por ejemplo, Enacar Lota , dedicadas a la explotación del carbón, que están desapareciendo, por lo cual son administradas por pequeños comités de liquidación. Dicha empresa en particular tiene convenios con las mutualidades, por lo cual los mineros del carbón que sufrieron accidentes del trabajo durante su vida laboral todavía reciben atención y rehabilitación en recintos asistenciales de esas mutuales; pero al desaparecer Enacar , esos trabajadores pasarán a depender del Instituto de Seguridad Laboral y, por lo tanto, se verían obligados a dejar las atenciones médicas y la rehabilitación que reciben en los establecimientos de las mutuales y volver a los del sector público. Este proyecto de ley resuelve el problema de esos mineros del carbón, y no solo de los de Lota, sino también de los Coronel, Curanilahue y Lebu .

Por eso, me parece que es un gran proyecto y, reitero, lo vamos apoyar con nuestro voto a favor.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y medio, el diputado Felipe Letelier .

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, históricamente hubo siempre una diferencia odiosa entre empleados y obreros.

Como consecuencia de esa y otras diferencias y discriminaciones, a principios del siglo pasado se acuñaron expresiones como “clase obrera” o “el poder para la clase obrera”, que buscaban exaltar la necesidad de generar un estado de igualdad de oportunidades que mejorara la calidad de vida de los obreros. Por supuesto, la Revolución de Octubre, en Rusia, apuntaba hacia allá. Lo mismo había ocurrido con la Toma de la Bastilla, en Francia, que fue el primer hito histórico en esa línea.

Tengo la impresión, señor Presidente, de que ya vivimos otros tiempos, por supuesto, en que los trabajadores caminan por una misma senda, la de la tecnología, la del desarrollo de las fuerzas productivas. Incluso en el mundo rural, desde el tiempo de los fisiócratas y de la Revolución Industrial, ya había un acercamiento, pero a veces se menoscababa el oficio del obrero.

Quiero decir a los empresarios, a quienes deseo que les vaya bien, que en el proceso productivo participan trabajadores y trabajadoras, ya que no es posible elaborar una mercancía o un producto sin ellos.

Me alegro de que el Parlamento y nuestro gobierno avancen hacia una forma de convivencia en que no existan distinciones clasistas ni ideológicas, ya que todos somos parte de un mismo mundo y de un mismo proceso económico, social y político.

Señor Presidente, anuncio que respaldaremos el proyecto para que se superen esas odiosas diferencias.

He dicho.