Labor Parlamentaria

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile.

Hago presente a la Sala que el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y el de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento fueron rendidos en la sesión 83ª de la presente legislatura, celebrada el 25 de octubre del año en curso.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en la sesión 83ª, de la presente legislatura, en 25 de octubre de 2017, oportunidad en que se rindieron los informes de las comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Continuó en las sesiones 86ª y 90ª de la misma legislatura, en 8 y 23 de noviembre de 2017, respectivamente.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, este proyecto de ley, sobre el cual nos pronunciaremos hoy, es una muestra más del trabajo sistemático de la izquierda por reescribir la historia de nuestro país e imponer en nuestra sociedad una visión única y a su conveniencia de los hechos ocurridos en nuestro pasado reciente, acallando compulsivamente cualquier voz disonante con sus ideologías.

Seamos claros: la libertad de expresión es propia de una sociedad moderna y democrática, por lo que plantear sancionar con cárcel a quien manifieste públicamente una determinada opinión, tal como propone esta moción, atenta contra la noción más básica del Estado de derecho.

Este proyecto no cumple con el estándar de libertad de expresión establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es así, por cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “bajo la protección de la Convención tienen no solo el derecho y la libertad de expresar sus propios pensamientos, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.”.

Adicionalmente, para que una restricción a este derecho sea legal, debe optarse por aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Obviamente, la sanción penal propuesta en esta iniciativa no se condice con el criterio recién expresado, al ser la prisión la última sanción en la proporcionalidad y gradación de cualquier delito.

El proyecto de ley viene a plantear que un bando es el bueno y otro el malo, que la violencia política se inició el 11 de septiembre de 1973 y que la izquierda solo ha sido espectadora y víctima de ella durante los últimos cincuenta años; pero eso no es cierto.

Recordemos algunos hitos de nuestra historia que demuestran lo que estoy diciendo:

En su XXI congreso, efectuado en 1965, el Partido Socialista aprobó y optó por la llamada “vía insurreccional”, con lo cual dio inicio a un clima de polarización, ya que hizo un llamado expreso a las armas, que se radicalizó en los años siguientes con la formación de grupos armados y células terroristas que cometieron todo tipo de tropelías y una serie de atentados contra civiles y uniformados.

En ese contexto, recordemos la creación de la brigada Ramona Parra , de la Elmo Catalán, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, de la Vanguardia Organizada del Pueblo, del Frente de Estudiantes Revolucionarios, del Frente de Trabajadores Revolucionarios y de tantos otros que evitaban el diálogo y solo llamaban a la violencia.

Recordemos el homicidio del cabo Roberto Lagos, ocurrido en 1965, en plena democracia; el del carabinero Juan Ramón Aravena Salas , en 1967; el del carabinero Héctor Ferrada , en 1970; el del cabo Luis Fuentes, en ese mismo año; el del cabo Armando Cofré , o el del cabo Exequiel Aroca , ocurrido en 1972, quien murió por disparos efectuados desde la sede del Partido Socialista en Concepción.

También debemos recordar los crímenes terroristas que provocaron la muerte del carabinero Tomás Gutiérrez , en 1971; de tres funcionarios de la Policía de Investigaciones, con una carga explosiva en el propio cuartel de la PDI, y el asesinato del exministro del entonces Presidente Eduardo Frei Montalva , señor Edmundo Pérez Zujovic , ocurrido en 1971, entre otros atentados ocurridos por la violencia implementada en Chile por la izquierda, que costaron la vida a más de veinte carabineros antes de 1973.

También hubo varios atentados en contra de la propiedad pública y privada causados por grupos extremistas.

Con la llegada del gobierno de Allende, esta radicalización fue promovida desde el propio gobierno -no nos olvidemos de la imagen de Salvador Allende mientras posaba con una metralleta AK, el símbolo de la revolución comunista, y que hasta hoy aparece en los medios de comunicación-, lo que nos llevó a un caos social, político y económico sin parangón en nuestra historia.

Señor Presidente, sin Allende no hubiera habido un Pinochet; sin embargo, a pesar de mencionar solo algunos ejemplos que dan cuenta de la situación vivida antes de 1973, este proyecto contempla única y exclusivamente los delitos cometidos en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y solo como sujetos activos de esos delitos a funcionarios públicos o particulares relacionados a ellos, como si antes o después no se hubiesen cometido delitos de estas características o solo fueron cometidos por un sector.

En consecuencia, este es, sin lugar a dudas, un traje a la medida para la izquierda, ya que ellos no quieren emplazamientos y desean limpiar su imagen; no obstante, a pesar de sus esfuerzos, debemos ser fuertes para sostener la verdad histórica en nuestro país.

He mencionado algunos casos ocurridos antes de 1973, pero, con posterioridad a ese año, los grupos paramilitares de izquierda continuaron cometiendo crímenes, los que, siguiendo la errada lógica del proyecto, deberían incluirse en las opiniones prohibidas por esta “ley mordaza”. En los años 80, más de 90 carabineros fueron asesinados por actos extremistas.

El 7 de septiembre de 1986 fueron abatidos cinco escoltas del general Pinochet en el atentado del que fue víctima la comitiva presidencial en el Cajón del Maipo. Ese crimen es tipificado como un magnicidio por nuestra legislación; es el único intento de magnicidio cometido en Chile, un delito calificado como de lesa humanidad, ordenado por el jefe militar del Partido Comunista, don Guillermo Teillier , hoy diputado de su partido -quien lamentablemente no se encuentra presente en la Sala-, según confesó y de lo cual se jactó en una entrevista concedida al diario La Tercera, el 31 de marzo de 2013.

Estos delitos, que la Corte Suprema calificó de homicidios calificados de carácter terrorista, no serán sancionados como tales ni tampoco como consecuencia del proyecto de ley, si se llegara a aprobar, porque la izquierda se ha preocupado de que solo afecte a un sector.

Así, el jefe militar del Partido Comunista es autor intelectual de los delitos de magnicidio, de homicidio calificado terrorista, del secuestro del hijo del empresario Manuel Cruzat , un niño de solo once años, y de hechos tan graves como la internación de más de 60 toneladas de armamento por la localidad de Carrizal Bajo, destinado a detonar una guerra civil. Hoy se encuentra en la más absoluta impunidad y hasta puede jactarse públicamente de esos hechos, porque con la dictación de este proyecto de ley no se le va a sancionar.

El 1 de abril de 1991, nuestro senador Jaime Guzmán fue asesinado a sangre fría por el Frente Manuel Rodríguez , un delito terrorista cometido en plena democracia; sin embargo, por el período que contempla el proyecto de ley, tampoco pueden sancionarse las opiniones vertidas para reivindicar ese hecho. Todo el país ha sido testigo de la forma en que integrantes de ese grupo paramilitar del Partido Comunista han justificado públicamente el homicidio del senador Guzmán para calificarlo de “ejecución” o “ajusticiamiento”; no obstante, por el período elegido por los autores del proyecto, tampoco podrían ser sancionados.

Señor Presidente, rechazaré el proyecto, pero si la izquierda logra conseguir los votos y se avanza en su tramitación, debemos asegurarnos de que se respete la igualdad ante la ley.

Por lo anterior, presentamos una indicación que sanciona también a quienes minimicen los delitos cometidos por grupos extremistas de izquierda en contra de civiles, carabineros y militares, antes y durante el gobierno de la Unidad Popular, y en el gobierno militar.

No queremos un proyecto de ley que coarte las opiniones personales o que afecte la libertad de expresión y el derecho a la información, pero si la mayoría circunstancial de esta Cámara quiere retroceder en esa línea, pedimos que se establezca al menos una norma objetiva y justa para todos.

La justicia consiste en equilibrar una balanza; si se inclina hacia un lado, estamos ante una venganza, que es lo que se pretende con el proyecto.

Por lo anterior, espero que quienes dicen buscar justicia, apoyen esta indicación y que sus intenciones no solo se queden en la retórica.

Votaré con contra la iniciativa.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, los fundamentos de la moción que discutimos hoy señalan que las legislaciones europeas, especialmente la alemana, castiga con cárcel a quienes nieguen ciertos hechos y se erigen a sí mismos como paladines del respeto a los derechos humanos.

Ciertamente, debemos expresar que en esos países se llevaron a cabo grandes matanzas de personas, para lo que se utilizó toda la ingeniería alemana y, en general, todo su pensamiento científico, con la intención de exterminar a ciertos grupos sociales, en su caso, judíos, homosexuales, gitanos, testigos de Jehová y otros. Paradójicamente, el primer mundo fue el escenario de la barbarie más grande de la historia de nuestra especie; no obstante, ellos nos dan cátedra de respeto a los derechos humanos.

Señor Presidente, debemos quitar todo crédito al uso de la violencia y a la justificación de las atrocidades cometidas en nuestro país durante la noche dictatorial, que comprende los 17 años posteriores al golpe perpetrado el 11 de septiembre de 1973 contra el legítimo gobierno de la Unidad Popular.

Sin embargo, el proyecto de ley tensiona la libertad de expresión, pues busca castigar el acto de minimizar o negar la ocurrencia de los delitos por los cuales se encuentran cumpliendo condena los torturadores y asesinos que actuaron durante la dictadura.

Señor Presidente, hay crímenes que jamás se deben olvidar, como los genocidios en Alemania y en los Balcanes, la tortura y el asesinato de miles de chilenos, incluidas personas que se encontraban embarazadas, como el caso de Michelle Peña, y la desaparición de nuestro compañero diputado Carlos Lorca .

De igual forma, no debemos olvidar los crímenes contra nuestros pueblos originarios, la pacificación de La Araucanía, la matanza de la escuela Santa María de Iquique, perpetrada por el comandante del Ejército Roberto Silva Renard. Es decir, ha ocurrido una multiplicidad de hechos en nuestro país en que se utilizó la violencia para silenciar las disidencias y los anhelos de libertad, justicia e igualdad.

Acabamos de escuchar la más genuina expresión de la derecha en el discurso de quien me antecedió en el uso de la palabra, al justificar la barbarie y negar el hecho de que el Estado estuvo involucrado durante la dictadura, con agentes financiados, voluntad y determinación para el exterminio de chilenos. ¡Eso es inaceptable!

Lo que busca el proyecto de ley es castigar precisamente a quienes nieguen o minimicen este tipo de delitos juzgados por la justicia de nuestro país. Me refiero a personas condenadas, que hoy incluso están pidiendo clemencia en los últimos días de sus vidas.

El proyecto se justifica plenamente sobre la base del auténtico respeto a los derechos humanos por parte del Estado de Chile, que debe asumir una responsabilidad mucho mayor para ponerse a la altura que exigen los convenios internacionales suscritos por nuestro país.

Por esa y muchas otras razones, la bancada socialista votará a favor del proyecto de ley, que busca la aplicación paulatina de una conciencia distinta sobre los derechos humanos y no aceptar jamás expresiones ofensivas de ninguna naturaleza, y menos aún justificarlas, como se ha hecho en esta Sala, para intentar un empate, en circunstancia de que eso no dice relación con el espíritu de la norma que pretendemos establecer.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade .

El señor ANDRADE.-

Señor Presidente, quiero hacer una proposición.

Me pareció muy interesante el planteamiento del diputado Osvaldo Urrutia , en el sentido de ampliar los períodos y los delitos que pudieran ser objeto de este proyecto.

Entiendo que se han hecho varias indicaciones al respecto, entre ellas la del diputado Osvaldo Urrutia , de modo que propongo a la Sala -por su intermedio, señor Presidente que se remita el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para examinar tales indicaciones.

Si usted tiene a bien recabar el acuerdo de la Sala, podríamos resolverlo de inmediato.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward .

El señor WARD.-

Señor Presidente, entiendo que el procedimiento regular consiste en votar el proyecto en general y que, en virtud de que se han presentado indicaciones, vuelva a la comisión para su estudio, y una vez que se haya realizado ese análisis, la iniciativa queda nuevamente a disposición de la Sala.

¿Cuál es el efecto práctico de la petición formulada por el diputado Andrade ? ¿Plantea que vuelva a comisión sin que se haya votado en la Sala o pide que se vote en general, siguiendo el procedimiento regular, y que con posterioridad a ello se envíe de vuelta a la Comisión?

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade .

El señor ANDRADE.-

Señor Presidente, mi impresión es que resultaría más fácil votar el proyecto en general si tuviéramos la posibilidad de revisar las indicaciones, acogiendo la idea planteada por el diputado Osvaldo Urrutia .

Mi planteamiento es que lo remitamos a la comisión sin pronunciarnos en general, a la espera de tener el examen de la indicación del diputado Osvaldo Urrutia y de otras que se han presentado.

Me pareció interesante lo que planteó el diputado Osvaldo Urrutia -lo digo con toda franqueza y con buena fe-, porque no negó la posibilidad de hacer un esfuerzo para establecer una sanción a la negación de los delitos descritos en el proyecto de ley. Básicamente, lo que planteó el diputado Urrutia es que se podría ampliar a un periodo mayor y abarcar delitos en que integrantes de las Fuerzas Armadas están involucrados en calidad de víctimas.

Si la tesis del diputado Urrutia es ampliar conceptualmente lo que plantea el proyecto de ley, al incorporar una temporalidad mayor y su extensión a víctimas distintas -perdone que lo plantee así-, creo que valdría la pena hacer ese esfuerzo y, de ese modo, tal vez podamos construir un acuerdo al respecto. No obstante, necesitamos más tiempo para discutirlo.

Por eso planteo que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sin someterlo a votación general en la Sala, y que revisemos las propuestas, entre ellas la indicación del diputado Urrutia , en la comisión. Quizás podríamos llegar a un acuerdo en esa instancia y podría volver a la Sala con una base de apoyo más amplia para su votación en general.

Ese es mi planteamiento.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward .

El señor WARD.-

Señor Presidente, valoro el tono de la propuesta y, por supuesto, el fondo de lo que ha planteado el diputado Andrade . Creo que ese es el tono adecuado para debatir este tipo de iniciativas, pero me parece que el debate debe darse de todas formas en el segundo trámite reglamentario en la comisión, con posterioridad a la votación en general que deberíamos realizar hoy en la Sala y con la incorporación de las indicaciones que se han presentado en semanas anteriores.

De tal forma, propongo mantener el procedimiento establecido en el Reglamento, es decir, que se vote en general en la Sala y que luego vuelva a la Comisión, para proceder a desarrollar el debate con altura de miras que propone el diputado Andrade .

He dicho.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña Loreto).-

Señor Presidente, los delitos de lesa humanidad existen desde antes del nacimiento de las sociedades. Thomas Hobbes , en su famoso libro Leviatán , señala que en el estado de naturaleza el hombre vivía en permanente pugna con otros y se imponía la ley del más fuerte, es decir, quien tenía mayor poder se apropiaba de la vida y de los bienes de otros.

Tal constatación lo llevó a recrear la antigua frase romana “El hombre es el lobo del hombre”. A partir de ello se habría creado el Estado, por medio del cual el hombre se desprende de parte de su libertad y la entrega a ese ente colectivo, para ser protegido en su vida y en su propiedad.

A partir de entonces, la humanidad empezó a comprender que existen delitos que no afectan solo a una persona, sino que su perpetración ofende a toda la humanidad y en su intencionalidad demuestran una mínima consideración hacia los otros, para convertirse en la más brutal forma de discriminación que se pueda concebir.

Entre las razones que motivan estos actos se encuentran normalmente la xenofobia, la condición social, la religión, el pensamiento político, entre otros. Por ello, entre los tipos penales relativos a estos actos se encuentran no solo el asesinato masivo, la tortura o la esclavitud, sino que también se incluyen la esterilización forzada, la explotación sexual, el destierro, la desaparición forzosa, entre otros.

Nuestro país ha ratificado el Estatuto de Roma y hemos visto que, poco a poco, su catálogo se ha ido incorporando en nuestra legislación. A causa de nuestra historia reciente, en Chile conocemos de la comisión de esos delitos. Varios de nuestros compatriotas, incluso algunos que se encuentran en esta Sala, los han sentido en su propia existencia.

Durante los años de dictadura conocimos de asesinatos masivos, de la tortura, de la desaparición, del destierro y del exilio forzado. A pesar del tiempo que ha pasado, persisten en las víctimas y en sus familias las heridas y los recuerdos que dejaron esos terribles y macabros delitos. Sin embargo, tal como sucede en otras latitudes en que se han cometido esas atrocidades, existen personas, incluso en esta Sala, que aún se empeñan en negar su comisión y las justifican con la existencia de guerras, de superioridad económica o racial y de otras múltiples formas que resultan difíciles de imaginar ante la evidencia y la prueba de su existencia.

Por eso, creo que este proyecto es oportuno, ya que quien niega la existencia de esos delitos, de alguna manera, también se hace parte de ellos, pues al negar el delito se niega a la víctima, se niega su dignidad y su carácter de persona. Al mismo tiempo, se niega a la conciencia colectiva la posibilidad de comprender la deshumanización que existe en los motivos que llevaron a cometerlos.

Por eso, este proyecto le hace bien a nuestra sociedad, a la sanidad colectiva de nuestro país y, en definitiva, nos permite reencontrarnos con una humanidad que no merece hallar entre sus pares a quienes atentan contra la memoria colectiva. Lo peor que le puede pasar a nuestras futuras generaciones es desconocer la historia o tratar de invisibilizarla.

Las heridas abiertas, constantes y permanentes en muchas familias, pero particularmente en el alma y en el corazón de Chile, deben, de una vez por todas, hacerse visibles.

Creo que ese es el sentido de este proyecto, el cual valoro.

Como jefa de bancada del Partido por la Democracia, quiero señalar que estamos dispuestos a aprobar y a profundizar esta iniciativa en la medida que tenga la posibilidad de ser ampliada. Con eso se hace justicia y se evitan muchas inconsecuencias humanas, como las vividas en campaña con candidatas a diputadas que con cero conciencia humana fueron capaces de pretender invisibilizar los hechos. Eso es tan doloroso como la muerte de un compatriota o los casos de connotación pública que conocemos. Me refiero en particular al “caso quemados”.

Como bancada apoyaremos el proyecto, porque creemos que, de alguna forma, hace conciencia en nuestras generaciones actuales y en las futuras sobre lo que en la historia de Chile jamás debe volver a ocurrir.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, ojalá nunca hubiera sido necesario discutir un proyecto de esta naturaleza. No habría sido así si la sociedad chilena hubiera logrado construir cierto consenso en torno de un conjunto de principios y valores en democracia que pudieran haber sido considerados como parte de nuestro ADN institucional o social.

Lo que hacemos con esta iniciativa es sancionar a aquellas personas que públicamente negaren hechos comprobados por sentencia judicial firme; es decir, a quien niegue -se eliminó la expresión “minimice” la existencia de hechos respecto de los cuales un tribunal de justicia ya se pronunció en virtud de una sentencia ejecutoriada, pues lo que se tiene construido en ese escenario es una verdad judicial respecto de delitos graves cometidos en dictadura.

Se dice que uno es el que es y sus circunstancias, y que la forma como construye con el paso de los años su concepción de sociedad, de humanidad y la manera como las personas nos vinculamos está fuertemente marcada por la experiencia personal que cada uno construye durante cada minuto de su vida.

Digo esto porque cuando recién terminé mis estudios de derecho -egresé de la universidad a los 21 años-, me incorporé a trabajar en la Vicaría de la Solidaridad en Temuco. Allí me di cuenta de que no es lo mismo hablar de violaciones de los derechos humanos desde el punto de vista de la abstracción teórica, política o jurídica, que hablar desde el compromiso con los derechos humanos desde el punto de vista personal, directo, cuando uno conoce a las familias de las víctimas; incluso, tratando de abordar, desde el punto de vista judicial, respuestas que nunca se produjeron.

Por lo tanto, nada es más razonable que buscar a través de un proyecto de esta naturaleza un poco más de respeto por las familias de las víctimas.

Quiero recordar a la señora Irma Spielman , madre de Jaime Eltit , también egresado de derecho, detenido desaparecido y ejecutado, y al padre Omar Venturelli , sacerdote diocesano, de quien fui durante muchos años su sacristán, a mucha honra. Personalmente, vi cómo gradualmente sus vidas se fueron consumiendo como una vela mientras eran asistidos por esa tal vez falsa seguridad que generaba la Vicaría de la Solidaridad, porque, en realidad, era muy poco lo que podíamos hacer.

Traigo a colación esta experiencia porque no nos pueden pedir que hagamos abstracción de nuestra propia historia. Ello no es razonable. Simplemente, pido respeto por las familias, por la sociedad chilena y, sobre todas las cosas, por la verdad.

Recuerdo que cuando cumplía funciones en la Vicaría, muchas veces bajo la angustia y la impotencia frente a tanto abuso, sin importar y sin saber a qué sector político pertenecía uno u otro compatriota, tuvimos que asumir un compromiso de por vida frente a la disyuntiva de tener que optar entre la militancia a un partido político y la defensa a ultranza de los derechos de las personas. ¡Nunca íbamos a traicionar el compromiso con la dignidad de la persona humana! De alguna forma, este proyecto viene a ratificar ese compromiso.

En la Sala hay personas que, a pesar de que sufrieron directamente violaciones de sus derechos humanos, y no sin dolor, rupturas de toda naturaleza, han logrado volver a ponerse de pie. ¡Qué gesto más humanitario, de respeto, de reconocimiento y de tolerancia, que sancionar a aquellos que digan a las víctimas de violaciones de derechos humanos que en realidad ello no ocurrió! ¡Es un gesto de humanidad!

No parece correcto ni sano que sectores políticos representados legítimamente en esta Sala se representen sus muertos o víctimas, como si unos tuvieran más o menos valor que otros. Escucho a la derecha dar nombres de personas que nunca debieron haber perdido la vida producto de actos de violencia política; pero también debo reconocer en los argumentos de los sectores de izquierda y de centroizquierda que en el país hubo una suerte de violencia institucionalizada y un régimen que solo pudo permanecer en el ejercicio del poder a partir de aplicar una política de terror y de violaciones sistemáticas y estructurales de los derechos humanos.

Distinguidos colegas, más que un proyecto de ley, este es un acto de humanidad. Daríamos una muy buena señal al país si lográramos concordar, como se ha señalado por parte del diputado Osvaldo Andrade , un texto que permita que ese gesto de humanidad se haga extensivo a todos quienes han visto transgredidos sus derechos a consecuencia de actos de violencia política, hechos que, no tengo duda, ninguno de nosotros jamás quisiera volver a experimentar, ni que lo hiciera ningún joven o niño de nuestro país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

De conformidad con los acuerdos de los Comités, corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, de la Superintendencia de Valores y Seguros u otros organismos públicos en relación con los hechos vinculados a inversiones realizadas por Bancard en la empresa peruana Exalmar S.A.A. , como asimismo recabar antecedentes sobre: eventuales irregularidades en la fiscalización de operaciones financieras que pudieron significar infracciones al mercado de valores; fiscalización de impuestos de empresas chilenas o personas jurídicas extranjeras afectas a tributos en Chile, y el tratamiento de la información económica referida al diferendo marítimo entre Chile y Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que pudieron significar una ventaja comercial para las autoridades involucradas, entre los años 2010 y 2014.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión Investigadora se rindió en la sesión 87ª de la presente legislatura, en 9 de noviembre de 2017.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, por las características con que se llevó adelante la investigación y por lo que ya es de conocimiento público respecto de cómo se utilizaron y plagiaron documentos de prensa y de otros autores, que algunos diputados miembros de la comisión presentaron como propios, es evidente que estamos ante un informe que tiene una ilegitimidad de origen. Y va a ser cómplice de esa ilegitimidad un documento que tiene varias páginas plagiadas.

Plagiar es ocupar la opinión de otros para presentarla como propia. Por tanto, el procedimiento que debió aplicarse era el siguiente: la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados, donde está presentado el reclamo respecto de esta situación, primero debiera fallar y sancionar a los diputados que incurrieron en esa conducta, y después que el informe hubiera sido sometido a la consideración de la Sala. Sin embargo, la Sala va a tener que pronunciarse sobre un documento que tiene un origen ilegítimo respecto de las conclusiones que expresa, porque fueron plagiadas de otros autores y presentadas como propias.

La Mesa ha resuelto poner de todos modos el informe a la consideración de la Sala. En consecuencia, no cabe más que hacer presente el origen ilegítimo de un documento plagiado.

En cuanto al fondo, nosotros obviamente no compartimos las conclusiones que el informe evacua por mayoría. El objeto de la Comisión Especial Investigadora era analizar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, de la Superintendencia de Valores y Seguros y de otros organismos del Estado respecto de las inversiones realizadas por Bancard en la empresa peruana Exalmar S.A.A. Todas estas instituciones, que fueron parte de la investigación, claramente señalan que la empresa Bancard International Investment cumplió íntegramente con la ley tributaria vigente en Chile, no existiendo ilícito tributario alguno ni investigación pendiente de ninguna naturaleza por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Tal como señaló explícitamente el director del Servicio de Impuestos Internos, la constitución de la sociedad Bancard International Investment en las Islas Vírgenes Británicas no constituyó ilícito alguno, ya que la operación fue informada al Servicio de Impuestos Internos y los impuestos correspondientes fueron pagados, en cumplimiento del Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile. El director del Servicio de Impuestos Internos afirmó: “En este caso, respecto de la sociedad que el grupo de empresas Bancard inició en las Islas Vírgenes Británicas , esa operación fue informada al Servicio de impuestos Internos. Insisto, en eso no hay un ilícito”.

Asimismo, compareció a la comisión el superintendente de Valores y Seguros, quien, en los mismos términos, concluyó que se había cumplido estrictamente con toda la normativa desde el punto de vista de la supervisión y de la regulación de las empresas que le corresponden a ese organismo.

Para abundar más sobre la materia, los tribunales de justicia, en los que el diputado señor Hugo Gutiérrez llevó adelante una querella, terminaron por restar toda veracidad a las acusaciones hechas por el parlamentario. El señor diputado no logró que los tribunales, en ninguna de sus instancias, refrendaran sus hechos, por lo que fue condenado a pagar las costas, pues ninguno de los elementos que trató de representar pudo ser avalado o demostrado.

Por consiguiente, la Comisión Especial Investigadora dejó en clara evidencia que el ex Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique , cumplió con todos los elementos que para ese tipo de inversiones se exigen.

Lo que se señaló respecto del juicio en la Corte Internacional de La Haya y de los vínculos con que el entonces Presidente Piñera podría haber pretendido beneficiarse también fue claramente desmentido por el canciller don Heraldo Muñoz , por el excanciller don Alfredo Moreno y por el embajador señor Alberto van Klaveren , quienes señalaron que en ningún momento, durante todo el período en que el señor Piñera ostentó el cargo de Primer Mandatario, hubo algún vínculo, instrucción o acción que pudiera establecerse como de beneficio propio.

De manera que los objetivos de la Comisión Especial Investigadora quedaron plenamente aclarados y los hechos que se imputaban quedaron desmentidos. El fiscal Guerra, el Ministerio Público y los tribunales de justicia operaron en la misma dirección.

Por consiguiente, vamos a rechazar el informe porque no hay ningún elemento probatorio que acredite aquello por lo que se pretendió inculpar.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade .

El señor ANDRADE.-

Señor Presidente, el trabajo de la Comisión Especial Investigadora de las eventuales responsabilidades que pudieran existir en materia administrativa o legal de organismos públicos en relación con las inversiones de Bancar en la empresa Exalmar estableció un error, que tal vez ha sido la materia de un debate irreal. Lo señalo porque los miembros de la oposición han insistido en que en el caso que fue materia de la investigación no hubo comisión de delitos; en consecuencia, no solo argumentan desde esa lógica, sino que además se respaldan en un conjunto de intervenciones y de planteamientos hechos por las visitas que recibimos en la comisión, quienes ratificaron que no existían delitos. Por lo tanto, este es un debate falso, porque nadie ha imputado delitos. Más aún, ni siquiera es competencia de la Comisión Investigadora la determinación de delitos. Eso es de competencia del Ministerio Público.

Reitero: ha habido una cerrada defensa respecto de un conjunto de imputaciones, para tratar de demostrar que están referidas a hechos que no son constitutivas de delito, en circunstancias de que en la comisión nadie ha intentado acusar de aquello. Por el contrario, la comisión se ha inhibido de hacerlo, dado que, por su naturaleza, la imputación de delitos no corresponde a una comisión fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Y si hubiese alguna sospecha sobre el particular, lo que tendría que hacerse es poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público.

Lo que sí ha quedado demostrado es un reproche político a una conducta también política, que consiste en algo muy simple: a una figura política, como un ex Presidente de la República, se le exige un comportamiento político-ético mayor que a una persona común y corriente. Incluso, en la comisión investigadora quedó absolutamente demostrado que esa conducta no existió; por el contrario, hay una conducta audaz, temeraria, que va más allá de lo que razonablemente se le exige a una figura política como la de un ex Presidente de la República.

El estándar ético y político a figuras de esta naturaleza, inevitablemente, debe ser mayor que el resto de las personas, por cuanto representan a la ciudadanía y a la opinión pública. Desde ese punto de vista, no tengo ninguna duda de que la comisión investigadora concluyó, por mayoría, que había un reproche político y ético que establecer respecto del ex-Presidente, hoy candidato, señor Sebastián Piñera .

La aparición de recursos en paraísos fiscales de una persona que expresamente ha dicho que estos sirven para eludir impuestos o para blanquear recursos provenientes del narcotráfico, y que posteriormente reconoce tener recursos en paraísos fiscales, al menos, merece un reproche ético.

Además, reconoce haber constituido sociedades con hijos por alrededor de 500 millones de dólares, las que, por definición legal, implica realizar aportes de ambos socios. ¿Qué patrimonio podría aportar un niño de diez años de edad a una sociedad? ¡Eso también merece un reproche político y ético! Es más, podría agregar otros antecedentes que están a la vista en el informe de la comisión.

La comisión estableció, sin duda alguna, que la actuación del ex-Presidente Piñera en los hechos que fueron materia de la investigación, llegó más allá de lo que debiera ser la conducta de una persona que debe actuar con prudencia y sensatez, dada su investidura.

Desde ese punto de vista, que no haya querido asistir a prestar declaración a la comisión y que su familia se haya negado sistemáticamente a concurrir a colaborar con la investigación -todos fueron invitados y haya dado explicaciones completamente imprudentes y falaces no hace más que ratificar la opinión de la mayoría de la comisión, que estableció que la conducta del ex-Presidente don Sebastián Piñera merece un reproche objetivo de carácter ético y político.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne .

El señor BROWNE.-

Señor Presidente, no puedo dejar de intervenir después de escuchar al diputado Osvaldo Andrade hablar de reproche político y estándar ético respecto de supuestas actuaciones del ex-Presidente Piñera, a pesar de que quedó absolutamente demostrado que no tuvo injerencia alguna en los negocios o inversiones de las empresas de las era propietario. Quedó absolutamente claro que no tuvo ninguna actuación directa.

Entonces, juzgar conductas de este tipo es entrar en la subjetividad máxima, por cuanto no se analiza ningún hecho objetivo, sino más bien apunta a un hecho evidentemente político -esta es una Cámara política y a un aprovechamiento electoral para tratar de dañar la imagen del ex-Presidente Piñera , quien –reitero no ha hecho absolutamente nada. Como se estableció, existe un fideicomiso ciego y personas que actuaron en su representación en un hecho completamente lícito.

Por lo tanto, no me dejan de llamar la atención los estándares éticos diferentes, porque a algunos se les aplica un estándar ético y a otros se les mide con otro. Ese reproche ético respecto de negocios privados se hace desde la coalición que nos iluminó con “Chilerrecortes”, con el caso MOP-Gate, con Ferrocarriles del Estado, empresa que destruyeron completamente; con una política pública como el Transantiago, que sigue costándole millones de millones dólares a todos los chilenos. Incluso hoy -esta semana no se pudo discutir el tema, pero se podrá debatir en tercer trámite se debate acerca de la destrucción total de Televisión Nacional de Chile.

Entonces, no existe el mismo reproche político ni se exige ese estándar ético respecto de las empresas del Estado, de todos los chilenos. ¿Administradas por quién? ¡Por la Nueva Mayoría! ¿Destruidas por quién? ¡Por la Nueva Mayoría!

Esta preocupación que existe respecto de la fijación de ciertos códigos o estándares para la actividad privada es simplemente un aprovechamiento político producto de la próxima elección presidencial. Eso es lo que aquí se está debatiendo, y no otra cosa.

Por lo tanto, establecer ciertos estándares éticos en actividades privadas completamente lícitas me parece que es extremar los argumentos y tener una excesiva personalidad, sobre todo después del abuso y de la mala administración demostrada en el manejo de los recursos públicos. Claramente, lo único que buscan es dañar la imagen del ex-Presidente Piñera .

He dicho.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Señor Presidente, según entiendo, esta comisión investigadora se creó para realizar una pesquisa sobre una operación financiera realizada por Bancard Inversiones Limitada en la empresa pesquera peruana Exalmar .

Como sabemos, la comisión logró establecer ciertos hechos que rondaban en la opinión pública como notorios, pero que no estaban fijados como correspondía. Sin embargo, con las diversas autoridades e invitados que concurrieron durante la investigación, quedó medianamente establecido lo siguiente:

Primero, una empresa pesquera peruana llamada Exalmar fue comprada por una empresa chilena llamada Bancard Inversiones Limitada, en que uno de sus propietarios es el ex Presidente Sebastián Piñera .

Segundo, que la compra se realizó a fines de 2010, en pleno gobierno de Sebastián Piñera. Incluso, alguien pudo cuestionar que esa compra no existió, pero finalmente se logró establecer que fue comprada por una empresa chilena llamada Bancard Inversiones Limitada, cuyo socio fundador es Sebastián Piñera .

Además, se logró acreditar que la compra de esta empresa pesquera se hizo durante el gobierno de Sebastián Piñera, durante el juicio que Chile sostenía con Perú en La Haya.

También se estableció que los recursos financieros para comprar esta empresa pesquera peruana por parte de Bancard Inversiones Limitada durante el gobierno de Sebastián Piñera, en el período en que se sostenía un juicio con Perú, provenían de un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas .

Por lo tanto, es adecuado que la opinión pública sepa que hubo una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que estableció los hechos que hemos señalado. En resumen, una empresa de propiedad del ex-Presidente Piñera compró una empresa pesquera peruana desde un paraíso fiscal.

Permítanme hacer una cita: “Es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan. Muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para actividades reñidas con la ley y con la moral, como lavado u ocultamiento de dineros que provienen del narcotráfico o del crimen organizado o se utilizan para evadir impuestos”.

Estas palabras fueron pronunciadas por el propio ex-Presidente Piñera en Ecuador, en 2016, cuando ya había dejado de ser Presidente. Imagínense a alguien que cuestiona la inversión en los paraísos fiscales cuando él mismo tiene más del 70 por ciento de su riqueza en paraísos fiscales.

Aquí no estoy haciendo un reproche de tipo penal. Esto no es parte del juicio que, en su oportunidad, entablé en contra de Sebastián Piñera, en el que malamente se podían establecer los hechos si no se entregaban los correos electrónicos requeridos para saber si tenía conocimiento de esa operación bursátil, como sí la tenía su hijo, porque justamente se le encontró un correo en que se le daba cuenta, en noviembre de 2014, de la compra de la empresa pesquera peruana Exalmar por parte de Bancard, durante el juicio en el Tribunal Internacional de la Haya.

La comisión investigadora concluyó que esa situación era altamente reprochable ¡Y claro que lo es! No es la conducta recta que se espera de un Presidente de la República, quien debe velar por una mejor recaudación fiscal y debe combatir con fuerza la evasión de impuestos. El hecho de que Sebastián Piñera mantuviera en paraísos fiscales, como en las Islas Vírgenes Británicas , gran parte del dinero obtenido en sus inversiones significaba perjudicar a todos los chilenos y a todas las chilenas. Sin embargo, se nos ha dicho que todo es legal. Y lo mismo nos dicen acá: que todo lo que hicieron con las empresas zombis era legal. Los invito a leer el libro Empresarios Zombis. ¡Todo es legal!

He dicho.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, haré una reseña de hechos que no han sido desmentidos:

La sociedad Piñera Asociados, constituida como una sociedad colectiva civil, creada en 2004 junto con sus cuatro hijos, pasó a ser Inversiones Odisea Limitada en 2006, época en que los hijos varones eran estudiantes y las mujeres, profesora de historia, una de ellas, y pediatra recién titulada, la otra. Sin embargo, cada uno aportó 8.447 millones de pesos, y el padre, 18 millones. En total, 33.808 millones. Esos datos fueron extraídos de la inscripción hecha en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. El administrador de la sociedad era Sebastián Piñera Echenique y, en su defecto, la señora Cecilia Morel .

En 2007, dicho capital se aumentó a 37.210 millones de pesos, gracias a un aporte de sus hijos de 3.401 millones, con lo que el porcentaje de participación de cada uno subió a 24,99 por ciento.

El 10 de marzo del 2010, Piñera vendió su 0,05 por ciento de participación en Odisea a sus hijos y nombró al señor José Tomás Cox para que lo reemplazara en el directorio. Eso fue registrado el 5 de mayo en el Conservador de Bienes Raíces, a fojas 21934.

Odisea es dueña del 99,999999 por ciento de Mediterráneo, fondo de inversión privado que compró las acciones de Exalmar.

En julio 2014, cuatro meses después de terminado el mandato presidencial de Sebastián Piñera, sus hijos, cada uno poseedor del 25 por ciento de Odisea, volvieron a transformarla en una sociedad colectiva civil.

De acuerdo con información publicada en Ciper Chile -no pudimos corroborarla en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que es el único que tiene registro electrónico, de manera que pudo haberse inscrito en cualquier otro conservador de bienes raíces-, el 30 de julio de 2014 fue creada la sociedad colectiva civil Inversiones La Ilíada, con un capital inicial de un millón de pesos. Sus socios fundadores son los hijos varones del ex-Presidente y seis de sus nietos, provenientes de los matrimonios de sus dos hijas. Dos meses después de ser creada, Inversiones La Ilíada invirtió 500 millones de dólares en Inversiones Odisea Limitada.

En septiembre de 2014, ingresó a Odisea un quinto socio mayoritario, que aportó más de 345.000 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente 515 millones de dólares. Cabe recordar que Inversiones La Ilíada también es una sociedad colectiva civil.

Odisea es la actual dueña de Bancard International Investment, sociedad creada en 1997 y afincada en las Islas Vírgenes Británicas . Es a través de Bancard International Investment que Odisea invirtió en Exalmar.

El 17 de diciembre del 2014, Odisea inscribió en Luxemburgo a Inversiones Eneida, que es una sociedad de responsabilidad limitada y, a la vez, una sociedad de gestión de patrimonio familiar. Eneida fue creada con un patrimonio de 12,5 millones de euros, el que en dos semanas aumentó a 18 millones de euros, y en un año a 30 millones de euros.

Esas inversiones son hechos no desmentidos. Por lo tanto, ¿acaso no podrían ser clasificadas como sospechosas?

Las creaciones de La Ilíada y Eneida ocurrieron más de un año antes de que Piñera dejara de ser Presidente de la República; por lo tanto, seguía siendo persona expuesta políticamente.

¿Cómo esos montos no fueron reportados por las entidades bancarias que participaron en las transacciones? Si las transacciones de más de un millón de dólares invertidas en el extranjero, y en este caso en paraísos fiscales, se notifican a la Unidad de Análisis Financiero, ¿por qué la información sobre la actividad de Eneida y del fondo de inversiones Mediterráneo nunca llegó a la UAF?

Aun cuando Odisea y La Ilíada sean sociedades colectivas civiles, necesariamente movilizaron grandes cantidades de dinero, las que excedían, por mucho, el límite establecido para dar aviso de una operación sospechosa.

Por último, tal como lo que he mencionado, me interesa destacar lo que dijo el contralor general de la República, quien en 2014, mientras Sebastián Piñera aún era Presidente de la República, fue claro en señalar que “estaba obligado a declarar todas sus inversiones y no lo hizo”. Eso fue lo que el contralor declaró en forma textual, y hay registro de aquello.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Evitemos las discusiones.

La Mesa ha adoptado la decisión de dar la palabra al diputado Nicolás Monckeberg . Tiene la palabra, su señoría.

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señor Presidente, hace algún momento el diputado Hugo Gutiérrez hizo una serie de aseveraciones, y quiero que el país sepa -deseo recordarlo que él es el único diputado de esta Sala condenado, precisamente, porque no fue capaz de probar ninguna de sus afirmaciones. Fue condenado a pagar millones de pesos por mentir respecto de cada una de las imputaciones que hoy ha reiterado.

No fue condenado en primera instancia; fue condenado en todas las instancias judiciales por decir lo mismo que ahora, pero sin probarlo; esto es, por mentir.

Señor Presidente, es cierto que este es un problema ético; sin embargo, el primer problema ético que debemos enfrentar en este caso es que el diputado Andrade , al igual que muchos otros, hoy dice que nunca hubo imputaciones de ilegalidad… Pero lo dice ahora, después de que perdieron en todas las instancias judiciales. Antes de que eso sucediera, lo único que hacían era imputarle delitos al ex-Presidente Piñera, entre otros, el de uso de información privilegiada, delitos tributarios y falso testimonio. De hecho, en esta Sala un diputado afirmó en televisión que Sebastián Piñera , mientras era Presidente de la República, tenía un computador en su oficina que era un terminal de una entidad financiera a través de la cual compraba y vendía acciones. ¡Lo dijo por televisión!

La propia Moneda, la Presidencia de la República, mandó una carta a la comisión en la que aclaró que eso era mentira, que nunca hubo tal suscripción, ni de La Moneda, ni del Presidente ni de nadie.

¡Eso sí que es antiético! ¡Eso es mentir! Mentir por televisión y después quedarse callado aquí.

Pero hay otro problema ético en esta investigación, e involucra a la Cámara de Diputados. Felicito -porque yo dejo de ser diputado en marzo, pero la institución queda la proactividad de la Mesa, particularmente la del Secretario, por haber revisado este informe de manera transparente y haber dicho que de la página 1 a la 14 hay párrafos copiados, plagiados de Ciper, de La Tercera, de la página peruana Útero, de la página peruana Gestión. ¡Plagio!

Es un hecho inédito que la Cámara de Diputados esté debatiendo un informe de una comisión investigadora plagiado. Esto es como si mañana nos enteráramos de que un fallo de una corte de apelaciones o de la Corte Suprema condena o absuelve a alguien, y sus fundamentos son todos copiados de otro fallo. ¡Es inédito!

Sé que la Mesa no tiene atribuciones para impedir que esto se debata y se vote, pero tenemos una ética parlamentaria que se debe respetar. No puedo creer que haya parlamentarios que actúen así, que inserten párrafos plagiados en sus informes. Y no estoy exagerando en nada, señor Presidente.

Ese es un hecho inédito; pero mucho más inédito me parece que cuando al Presidente de la Cámara le preguntan sobre esto, diga que un grupo de asesores deberá responder por lo ocurrido. O sea, ¿les echamos la culpa del plagio a los asesores? Eso no puede ser posible. Los diputados fueron advertidos de que el informe estaba copiado, pero igual lo votaron a favor. Ahora están doblemente advertidos por la Secretaría, pero algunos siguen pensando que es legítimo votar a favor este informe.

No quiero entrar en el fondo, porque Patricio Melero ya detalló todas las autoridades que descartaron las imputaciones, pero invoco la ética mínima. O sea, no basta con decir que los asesores hicieron un informe copiado o que eso fue solo desprolijidad. La desprolijidad está en las 13 páginas que tienen párrafos completos copiados, plagiados. Ante eso, ¿vamos a decir que todo es culpa de los asesores y que igual lo vamos a votar a favor?

Diputado Andrade , le quiero decir, solo para su conocimiento, que si lee el informe, que probablemente hicieron sus asesores -según me han dicho, porque ellos fueron los del plagio-

, se dará cuenta de que imputa delitos al ex-Presidente Piñera . ¡Imputa delitos! Pero, claro, usted no leyó lo que hicieron previamente sus asesores, ni mucho menos las conclusiones que se debaten hoy, porque usted afirma lo contrario.

Reitero: invoco la ética mínima.

Es verdad, aquí tenemos un problema ético, pero tenemos la posibilidad de marcar la diferencia. ¡No se puede legitimar todo para ganar una elección! No se puede mentir en una comisión investigadora, ni muchos menos avalar el plagio en un informe.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin .

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, fue difícil trabajar en esta comisión investigadora, porque contamos con muy poca colaboración.

Nos hubiese encantado que el ex-Presidente Piñera concurriera a la comisión e hiciera sus descargos directamente; pero la verdad es que hasta para enviar las excusas utilizó como emisario al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, quien fue una especie de correo del ex-Presidente Piñera, pues este no utilizó los canales institucionales.

El mismo diputado que ahora defiende la institucionalidad de la Cámara de Diputados fue quien, de alguna manera, permitió que el ex-Presidente Piñera pasara por encima de ella y no concurriera a la comisión, al actuar –insisto como una especie de correo personal del exPresidente.

También nos habría gustado que asistieran la esposa de Sebastián Piñera o sus hijos, pues su testimonio habría sido útil para nuestra investigación; pero ninguno de ellos lo hizo. En último caso, deberían haber asistido por respeto a las instituciones.

No obstante, debemos decir con mucha claridad que, a pesar de que el fallo de la Corte Internacional de La Haya referido al diferendo marítimo con Perú no nos favoreció, pues nuestro país perdió y el único chileno que ganó fue el ex-Presidente Piñera , no fue posible establecer que la defensa de nuestros intereses se debilitó o que, de alguna manera, no fue adecuada y permitió que el tribunal emitiera una fallo adverso a nuestro país, gracias a lo cual, como se sabe, el ex-Presidente Piñera obtuvo ganancias patrimoniales.

Considero necesario despejar cualquier duda al respecto, porque los representantes de nuestro gobierno, de nuestra cancillería, defendieron siempre el interés nacional.

Otra cosa importante a la cual debemos referirnos tiene que ver con un asunto más bien retórico, pero también jurídico: el respeto al principio de probidad, establecido en el artículo 8º de la Constitución Política de la República y en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Me refiero a que no solo se debe actuar en cumpliendo estricto de lo que dispone la ley, sino también de dicho principio. Esto es lo que se conoce como el actuar recto.

Desde este punto de vista, lo cierto es que durante nuestra investigación escuchamos muchas verdades a medias, que más bien eran mentiras, tal como ocurrió en el último debate presidencial, cuando el ahora candidato Sebastián Piñera expresó que ante nuestra comisión investigadora el director del Servicio de Impuestos Internos había dicho que todo estaba en regla en el caso que dio origen a la investigación en informe, que se había actuado bien y que se habían pagado todos los impuestos.

La verdad es que el director del Servicio de Impuestos Internos dijo que en el momento en que se creó la sociedad en Islas Vírgenes Británicas , dicho servicio tenía solo una facultad: exigir que se declarara la constitución de la empresa a través de la cual salían los recursos para realizar la inversión en el extranjero, pero que después de eso no tenían facultades siquiera para pedir información acerca de las rentas que generaba esa inversión, y menos aún para fiscalizarla.

Por lo tanto, es cierto que el empresario Piñera cumplió, porque declaró que sacaba esos dineros del país para realizar inversiones, pero no dijo que después de eso el Servicio de Impuestos Internos no tenía ninguna posibilidad de pesquisar, ni siquiera podía pedir información respecto de las utilidades que generaron esas inversiones, no obstante existir la obligación de tributar por cualquier renta de fuente mundial, por encontrarse domiciliado en Chile. El Servicio de Impuestos Internos no lo podía fiscalizar, no tenía ninguna posibilidad de hacerlo.

Entonces, ¿es verdad que cumplió formalmente porque avisó? Sí. ¿Es verdad que el director del Servicio de Impuestos Internos dijo que había pagado todos los impuestos? No es verdad. Lo que dijo fue que ni siquiera pudo fiscalizar lo ocurrido, a causa del modus operandi del empresario Piñera .

Lo mismo pasó con el contralor general de la República. Él declaró que sí se cumplió en tiempo y forma con la entrega de la declaración de patrimonio; pero en ese momento la Contraloría no tenía muchas facultades, ni siquiera para observar si se había declarado íntegramente los intereses y el patrimonio, por lo cual solo actuaba como una especie de oficina de registro donde se recibía la mencionada declaración, ya que no tenía ninguna posibilidad de verificar la veracidad de lo declarado, situación muy distinta a la de hoy.

¿Se cumplió en tiempo y forma? Sí, porque la declaración de patrimonio se envió en el plazo establecido y en el formato requerido. ¿Era íntegra su declaración de intereses y patrimonio? No, no lo era. ¿Debió haber sido íntegra? Sí, pero en ese momento la Contraloría no tenía facultades para comprobarlo.

Entonces, ¿qué debemos reprochar? El modus operandi de Sebastián Piñera: creaba sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas cerradas o sociedades colectivas civiles para evitar la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.

¿Qué hacía a través de esas sociedades? Invertía en paraísos fiscales. ¿Por qué lo hacía así? Para evitar la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos.

Ese es el reproche; y no es un reproche solo desde el punto de vista del buen actuar, sino también desde el punto de vista de las obligaciones que tiene el más alto funcionario público del país, el Presidente de la República, una de las cuales es cumplir más allá del estándar estrictamente legal e incluir en sus actuaciones el respeto de los principios que establecen nuestra Constitución Política y nuestra legislación, como es el caso del principio de probidad, del cual el ex-Presidente Piñera se apartó permanentemente.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

Para concluir el debate, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, en el Financial Times, medio de comunicación pública que se dedica al tema financiero, figura una supuesta entrevista que habría hecho la periodista Judy Webber al ex-Presidente Piñera . En ella señala que le llamó mucho la atención que él tenía un terminal Bloomberg , el que le permite conocer información en tiempo real sobre el desempeño de acciones y otros temas financieros y bursátiles.

No vengo a rasgar vestiduras por un tema que, en mi opinión y en la del Parlamento, no va a cambiar los resultados del proceso electoral que culminará en unos días más, de manera que no siento nerviosismo al respecto. Además, creo que los chilenos y las chilenas ya tienen formada una visión respecto del ex-Presidente Piñera .

Los entendidos dicen que los estándares éticos de un Presidente de la República deben ser superiores al del común de los chilenos y de las chilenas, por lo que no basta que Piñera se ampare en el argumento de que sus actuaciones cumplieron con las normas jurídicas vigentes, lo que hizo como todo buen chileno.

Nuestros compatriotas también nos preguntan en la calle: ¿Qué buen chileno bien nacido en esta patria invierte sus recursos en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas?

¿Por qué se invierte allí, en Luxemburgo y en otras partes? ¿Por qué no invertir en Chile, si es tan buen chileno, si quiere tanto al país? Las chilenas y los chilenos saben perfectamente que esa es una forma de no pagar impuestos en nuestro país.

Un colega parlamentario citó las empresas que creó Piñera, lo que permite concluir que más bien se ha dedicado al trabajo especulativo, al capital especulativo y a la empresa especulativa, desde la primera tarjeta que trajo, como señaló Ricardo Claro, que en paz descanse.

No inventaré nada fuera de lo publicado por ese medio de comunicación internacional, en el que se hace notar el parecido que existe entre el ex-Presidente Sarkozy y el ex-Presidente Sebastián Piñera y los instrumentos electrónicos que utilizan.

Obviamente, cité la publicación y la fuente en la comisión, que ahora repito.

Posteriormente, un colega afirmó en la misma comisión que ese medio se habría desdicho, pero eso no me consta y tampoco figura en el informe ni en el expediente.

Sin embargo, repito que eso no va a cambiar la historia de lo que ocurrirá en 15 días más en el país. No es correcto pensar que aquí se va a decidir la próxima elección, porque las chilenas y los chilenos tienen una visión clara acerca de quién es el ex-Presidente Piñera y quién es el otro candidato, nuestro candidato y futuro Presidente de Chile. Obviamente, me refiero a Alejandro Guillier , porque hay una tremenda diferencia ética entre ellos.

He dicho.