Labor Parlamentaria

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, sobre universidades del Estado.

Doy la bienvenida a la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano , quien nos acompaña en el debate de uno de los proyectos más importantes de educación.

De conformidad con los acuerdos adoptados ayer por los Comités Parlamentarios, el plazo para solicitar votaciones separadas, renovar indicaciones y reclamar sobre las declaraciones de inadmisibilidad de las indicaciones vence a las 11.00 horas de hoy.

Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son la señorita Camila Vallejo y el señor José Miguel Ortiz , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 47ª de la presente legislatura, en 17 de julio de 2017. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 79ª de la presente legislatura, en 17 de octubre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 91ª de la presente legislatura, en 27 de noviembre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

En reemplazo de la diputada Camila Vallejo , rinde el informe de la Comisión de Educación el diputado Roberto Poblete .

El señor POBLETE (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación, paso a informar el proyecto de ley, originado en mensaje, sobre universidades del Estado, boletín N° 11329-04, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma.

Idea matriz o fundamental

La iniciativa legal tiene como propósito establecer un marco jurídico que permita que las universidades del Estado fortalezcan sus estándares de calidad académica y de gestión institucional, y que contribuyan de forma permanente en el desarrollo integral del país, de conformidad con la especificidad de la misión, de las funciones y de los principios que fundamentan y dirigen el quehacer de estas instituciones de educación superior.

Fundamentos

Según se expresa en el mensaje, el proyecto pretende abordar la naturaleza, la organización y el funcionamiento de las universidades del Estado desde una visión sistémica, estructurada y de largo plazo, con una orientación definida respecto de lo que el país demanda y necesita de sus universidades y de lo que estas a su vez requieren del Estado para llevar a cabo su misión y sus funciones, de acuerdo con criterios de excelencia.

En cuanto a los objetivos específicos, se reconoce y se destaca la especificidad de las universidades del Estado en el marco del sistema universitario, que dice relación con su calidad de instituciones de educación superior de carácter estatal, creadas por ley para el cumplimiento de sus funciones con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura.

Estas instituciones universitarias son organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica de derecho público y de patrimonio propio, que forman parte de la administración del Estado. Para la realización de sus quehaceres, las universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica. A su vez, se orientan por principios republicanos y democráticos, que rigen a todos los miembros y órganos que integran sus comunidades.

Una de las motivaciones centrales del proyecto de ley es recuperar y explicitar el rol del Estado en el fomento de la excelencia de todas sus universidades. En este sentido, se procura que el Estado se convierta en un agente promotor de la calidad a través de sus instituciones de educación superior, en el marco de un régimen de provisión mixta. Asimismo, se entiende que el Estado debe ejercer un rol clave en la configuración de una visión y acción coordinada en el quehacer de sus instituciones universitarias.

Se procura establecer las directrices básicas de los órganos superiores de sus respectivos gobiernos universitarios, así como de los órganos de control y fiscalización al interior de las universidades. Estas reglas básicas y comunes son establecidas sin perjuicio de las demás autoridades y órganos internos que puedan regularlas en sus correspondientes estatutos, de conformidad con su autonomía administrativa.

Otro de los objetivos es la modernización de la gestión administrativa y financiera. Las universidades del Estado, al ser jurídicamente organismos autónomos creados por ley, requieren un tratamiento de derecho público diferenciado que facilite y agilice su gestión institucional. Por lo tanto, se establecen normas comunes que permiten flexibilizar la gestión administrativa y financiera bajo criterios de responsabilidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

En cuanto al régimen jurídico, se establece que los académicos y funcionarios no académicos tienen la calidad de empleados públicos. Bajo esta premisa, ambos estamentos se rigen por los reglamentos que al efecto dicten las universidades, y en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del Estatuto Administrativo.

Se promueve de forma particular la coordinación en el quehacer de las universidades del Estado, con el propósito de que estas instituciones realicen una acción conjunta y articulada en aquellas materias que tengan por finalidad contribuir al progreso nacional y regional del país, y a elevar los estándares de calidad de la educación pública, con una visión de largo plazo.

Por último, se señala que las universidades del Estado tendrán, como parte de su financiamiento permanente, un instrumento denominado “Convenio Marco Universidades Estatales”. Además, se incorpora un Plan de Fortalecimiento que se implementará para dichas instituciones por un lapso de diez años, el cual será destinado a los usos y ejes estratégicos que se estipularán en los convenios que se suscriban entre el Ministerio de Educación y cada una de las universidades del Estado.

Tramitación en la comisión

La comisión introdujo diversas modificaciones al texto del proyecto en este primer trámite, las que se reseñan a continuación.

En las disposiciones generales se definen las universidades del Estado como instituciones de educación superior de carácter estatal. Por indicación parlamentaria, se expresa que son gratuitas.

Se incorpora que los estatutos de cada universidad podrán establecer un ámbito territorial preferente de su quehacer institucional, reconociendo así su carácter regional.

En cuanto a su misión, se añade el respeto a los pueblos originarios y la solidaridad social, teniendo como fin elevar los niveles de comprensión, de conciencia y de responsabilidad en lo que respecta al cuidado de todas las especies, de su entorno o medio ambiente y su interdependencia. Se hace expreso que les corresponde contribuir en el desarrollo del patrimonio cultural.

Se incorpora el deber de garantizar una educación superior de excelencia, indicando además que no estarán sujetas a limitación de matrícula, sin perjuicio de lo cual deben velar por el desarrollo de áreas pertinentes y estratégicas para el país y la región en la que se emplacen.

También se expresa que el Estado debe promover el acceso abierto al conocimiento.

En cuanto a las normas relativas al gobierno universitario, se modifica la composición del Consejo Superior, máximo órgano colegiado de la universidad. Será integrado por dos representantes del Presidente de la República, quienes deben tener amplios conocimientos de la región, sus etnias y comunidades; de los cuatro miembros de la universidad que representan a los diversos estamentos, dos deben ser académicos de la más alta jerarquía, y se precisa que los profesionales destacados deben ser dos egresados de la institución. Por otra parte, se elimina la dieta de los consejeros.

Se modifican las facultades del Consejo, en relación con aquellas nuevas que asume el Consejo Universitario.

Se establece que el rector se elegirá en conformidad con el procedimiento establecido en la ley N° 19.305, precisándose que tendrán derecho a voto todos los académicos con nombramiento o contratación vigente que desempeñen actividades académicas de forma regular y continua.

Los estatutos de cada universidad definirán las causales de remoción del cargo, y dichas causales deben considerar, a lo menos, el resguardo de la autonomía universitaria y los principios del sistema de educación superior nacional, los resultados de los procesos de acreditación y los estados financieros de la institución.

El Consejo Universitario es el órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria, que pasa a asumir funciones resolutivas en las materias relativas al quehacer académico e institucional de la universidad. Está integrado por académicos, funcionarios no académicos y estudiantes con derecho a voto, y presidido por el rector.

Las funciones del Consejo Universitario son, entre otras, la elaboración de propuestas de modificación de estatutos y del Plan de Desarrollo Institucional, nombrar parte del Consejo Superior, aprobar los reglamentos académicos y pronunciarse sobre otras materias que señalen los estatutos. Su funcionamiento se determina a través de los estatutos de cada universidad.

Se precisa que la Contraloría Universitaria ejerce el control de legalidad de los actos administrativos de las autoridades de la universidad que no estén afectos al trámite de toma de razón.

Se incorporan normas sobre calidad y acreditación institucional. Las universidades deben determinar un órgano o unidad responsable y los mecanismos necesarios para coordinar e implementar los procesos de gestión, evaluación y aseguramiento de la calidad, así como los procesos de acreditación institucional y de las respectivas carreras y programas.

En caso de que pierdan su acreditación institucional u obtengan una inferior a cuatro años, el Ministerio de Educación designará a otra universidad del Estado para que se desempeñe como institución tutora, propuesta por el Consejo de Coordinación de Universidades del Estado. La institución tutora desarrollará un plan de tutoría, que cesará una vez que la institución tutorada obtenga una acreditación institucional de al menos cuatro años.

En materia de gestión administrativa y financiera, se establece una excepción a la prohibición de contratar con el Estado, establecida en la ley Nº 19.886, en el caso de que haya sido sancionada la universidad por afectar los derechos laborales.

Se elimina la exclusión a las normas de protección de los consumidores.

Se precisa que la exención tributaria que beneficia a las universidades estatales se extiende respecto de todos sus bienes o actividades.

Se agrega que estarán afectas al trámite de la toma de razón las desvinculaciones del personal académico y no académico.

Respecto de las normas sobre el personal académico y no académico, se agrega que las comisiones de servicio en el extranjero se regirán por los reglamentos que dicte cada institución. Asimismo, se establece que los académicos extranjeros estarán exentos de solicitar autorización para desarrollar actividades remuneradas, siempre que dichas labores sean organizadas por las universidades estatales y no se extiendan más allá de treinta días o del término del respectivo permiso de turismo.

Se hace expreso que solo podrá contratarse sobre la base de honorarios la ejecución de labores accidentales y no habituales.

Asimismo, se extienden las prohibiciones funcionarias relativas a actos atentatorios a la dignidad de otros funcionarios, incluido el acoso sexual, el acoso laboral y la discriminación arbitraria, de conductas del mismo tipo que resulten atentatorias a la dignidad de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

En lo relativo a la coordinación de las universidades del Estado, se establece que deben actuar de conformidad al principio de coordinación y colaborar con los demás órganos del Estado. Además, el Ministerio de Educación podrá solicitar, a una o más universidades del Estado directamente, o al Consejo de Coordinación, que elaboren planes de crecimiento de su oferta académica cada vez que se requiera apoyar el desarrollo estratégico del país y de sus regiones.

El Consejo de Coordinación de las universidades del Estado asesorará al Ministerio de Educación en el diseño de proyectos conjuntos entre el Estado y sus universidades, y elaborará propuestas para la conformación de redes de cooperación en áreas de interés común para dichas instituciones, tales como gestión institucional, docencia e investigación.

Se establece, vía indicación, que este Consejo promoverá criterios y requisitos comunes para el establecimiento de una carrera académica nacional aplicable y oponible a todas las universidades del Estado; acciones colaborativas para el aseguramiento de la calidad de estas universidades; además, vinculará sus actividades con el aseguramiento de la calidad de las escuelas y liceos públicos, contribuyendo a la innovación pedagógica y al desarrollo de los profesionales de la educación de estos establecimientos.

De la misma forma, le corresponde asesorar al Ministerio de Educación en el diseño de proyectos conjuntos entre el Estado y sus universidades en torno a objetivos específicos que atiendan los problemas y los requerimientos del país y sus regiones, y la elaboración de propuestas para la conformación de redes de cooperación.

En cuanto al financiamiento, se especifica que en el Convenio Marco de las universidades estatales, la distribución de recursos deberá basarse en criterios objetivos, considerando especialmente las necesidades específicas de cada institución.

Se indica que las instituciones de educación superior del Estado que se sometan y den cumplimiento a los programas de mejoramiento de la calidad en los términos que determine el Ministerio de Educación, podrán acceder a los aportes públicos o mecanismos de financiamiento estatal, mientras cumplen las exigencias sobre acreditación que especifiquen las leyes respectivas.

Asimismo, se establece que las instituciones de educación superior del Estado con un nivel de acreditación institucional por sobre la media del sistema no tendrán limitación alguna de vacantes máximas de estudiantes para efectos de recibir todo tipo de financiamiento público que establezca la ley.

Se elimina la norma que define la duración y los objetivos del Plan de Fortalecimiento de las universidades estatales y se agrega que este Plan permitirá apoyar las acciones destinadas a mejorar la calidad de instituciones que presenten dificultades en sus procesos de acreditación y fomentar su vinculación con el desarrollo regional y el intercambio institucional.

Respecto del Comité del Plan de Fortalecimiento se precisa que de los cinco rectores de universidades del Estado que forman parte de él, al menos dos deben ser de instituciones regionales.

Además, se establece que las universidades del Estado deberán establecer, a través de reglamentos, una política de propiedad intelectual e industrial que permita fomentar las actividades de investigación, creación e innovación de sus académicos, resguardando los derechos de estas instituciones. El Reglamento establecerá las formas de acceso público al conocimiento creado en las universidades del Estado.

Igualmente, se precisa que en los procesos de reubicación de estudiantes por parte del administrador de cierre, se preferirá la suscripción de convenios con universidades del Estado con acreditación institucional vigente de al menos tres años.

En las disposiciones transitorias se precisa que las universidades del Estado cuyos estatutos hayan entrado en vigencia con posterioridad al 11 de marzo de 1990, no tendrán la obligación de adecuarlos, en la medida que propongan al Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Educación, un mecanismo institucional permanente que asegure la participación y la corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y del presupuesto de la universidad.

Se elimina la sanción de inhabilitación para percibir recursos por no presentar la modificación de estatutos, en el caso que deba hacerlo. Se indica que las universidades del Estado deberán adoptar procesos públicos y participativos, en que intervengan los distintos estamentos de la comunidad universitaria, para adecuar sus estatutos o establecer un mecanismo de participación.

Se determina que se considerará como primer período del cargo para la aplicación del artículo 18, aquel que haya asumido el rector bajo la vigencia de la presente ley.

Se incorpora una norma que indica que a las instituciones de educación superior creadas por la ley N° 20.842 (universidades de las regiones de O’Higgins y Aysén) no les serán exigibles los requisitos de acreditación institucional y de carreras, para efectos de acceder a fondos otorgados por el Estado, o que cuenten con su garantía, mientras esté pendiente el plazo máximo para obtener la acreditación institucional. Del mismo modo, durante el mismo período los estudiantes matriculados en esas instituciones podrán acceder a los recursos y becas otorgados por el Estado o que cuenten con su garantía.

Se expresa que las universidades del Estado estarán adscritas a la política de gratuidad universal, de conformidad a las reglas transitorias de progresión para los deciles de más altos ingresos que se establecen en la Ley sobre Educación Superior o en la ley de presupuestos, según corresponda.

Por último, se agrega que aquellas universidades del Estado que no cumplan las exigencias sobre acreditación, que estipulan las leyes respectivas, podrán acceder a los aportes públicos o mecanismos de financiamiento estatal, siempre que se sometan a un programa de mejoramiento de la calidad, bajo la tutela de una universidad del Estado de carácter nacional o por una universidad del Estado que cumpla los más altos estándares de acreditación institucional.

En relación con las constancias reglamentarias:

1) Tienen el carácter de disposiciones de rango de ley orgánica constitucional las normas que se señalan en el informe. Asimismo, el proyecto contempla una norma de quorum calificado.

2) La comisión estimó que los artículos que se detallan en el informe debieron ser conocidos por la Comisión de Hacienda, en consideración a su incidencia en materias financieras y presupuestarias del Estado.

3) El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos. Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor ORTIZ (de pie).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra de Educación, al señor Secretario de la Corporación y al señor jefe administrativo de Sala.

Hay que sacar rápido el proyecto de ley de incentivo al retiro para personal del Congreso Nacional. Para que haya claridad ante la opinión pública, la caridad nunca empezó por casa. Hemos aprobado 18 proyectos, menos la iniciativa para los distinguidos funcionarios y profesionales de la Cámara de Diputados y del Congreso Nacional.

Señor Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, me corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre universidades del Estado.

En razón de que los aspectos técnicos del proyecto, así como su estructura y contenido, fueron abordados por el distinguido colega que me precedió en el uso de la palabra, basaré este informe fundamentalmente en los aspectos presupuestarios, al tenor de los correspondientes informes financieros.

Antes de entrar en materia, quiero clarificar algo que es bueno que sepan los periodistas, si hay alguno en las tribunas: los proyectos se mejoran en el Congreso Nacional. Esta iniciativa tiene cuatro informes financieros, para los cuales se escuchó a los actores, entre ellos, los rectores de las universidades estatales. Así se fue perfeccionando el proyecto. No es obra de la casualidad, sino del sentido de responsabilidad que tenemos la inmensa mayoría de los diputados de la república.

Sin perjuicio de lo señalado, la iniciativa que informo tiene como propósito establecer un marco jurídico que permita que las universidades del Estado fortalezcan sus estándares de calidad académica y de gestión institucional, y que contribuyan de forma permanente en el desarrollo integral de nuestra patria, de conformidad a la especificidad de la misión, de las funciones y de los principios que fundamentan y dirigen el quehacer de esas instituciones de educación superior.

La Comisión de Educación dispuso que a la Comisión de Hacienda le corresponde conocer los siguientes artículos: 1; 2, inciso tercero; 7; 14, letras c), d), e), f) y g); 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 44, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 61 permanentes, y cuarto y octavo transitorios.

El primer informe financiero, N° 81, es de 17 de julio de 2017 y fue elaborado por la Dirección de Presupuestos, que acompañó la presentación del proyecto.

Respecto de la incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado, dicho informe señala que el proyecto de ley representa los siguientes costos, expresados en pesos del año 2017 y considerando como año uno el año siguiente a la publicación de la ley.

En primer lugar, están las dietas de consejeros superiores de las universidades estatales. En ese sentido, se contempla un costo de 462.726.000 pesos por año, desde el año cuatro hasta el seis, considerando que se modifican los estatutos de 15 de las 18 universidades durante los tres años siguientes a la publicación de la ley.

Desde el año siete en adelante, hasta que la futura ley entre en régimen, el costo anual ascenderá a 555.271.000 pesos, considerando que se incorporan las tres universidades restantes, las cuales cuentan con un plazo de seis años para modificar sus estatutos.

Para el plan de fortalecimiento se contempla un costo total de 150.000.000.000 de pesos, distribuidos desde el año uno al año diez en 15.000.000.000 de pesos anuales. Este fondo es de carácter transitorio, por lo que no representa gasto fiscal en régimen.

Adicionalmente, se consideran 8.000.000 de pesos en el año cero para efectos del proceso de selección del secretario ejecutivo del plan, y 60.000.000 de pesos anuales para su remuneración.

Dada la gradualidad dispuesta en el proyecto de ley, se muestra a continuación el gasto fiscal anual:

Las dietas empiezan a operar el año cuatro, con 463.191.000 pesos; el año siete, 555.830.000 pesos, y en régimen, 555.830.000 pesos.

El plan, en el año cero significará 23 millones de pesos; en los años uno a cuatro, 15.060.000 pesos; en los años cuatro a siete, 15.060.000 pesos, y la misma cantidad desde el año siete hasta que la ley en proyecto entre en régimen.

El total significará exactamente para el Estado chileno 555.830.000 pesos.

El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta futura ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación, y en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público.

El segundo informe financiero, N° 115, de 11 de septiembre de 2017, que acompaña indicaciones del Ejecutivo de idéntica fecha, señala que mediante estas se incorporan las siguientes modificaciones:

Se modifica la composición del Consejo Superior, incrementando de tres a cuatro el número de miembros de la universidad: dos académicos, un funcionario y un estudiante. Asimismo, se disminuye de dos profesionales de destacada trayectoria a un egresado con estas características.

Se modifican las funciones del Consejo Superior, estableciendo que este debe ratificar las propuestas de modificación de los estatutos aprobados por el Consejo Universitario.

Se establecen funciones y atribuciones del Consejo Universitario. Se estipula que las universidades del Estado deberán garantizar el derecho a voto, en la elección del rector para todos los académicos de la institución con nombramiento vigente y que desempeñen funciones académicas regulares y continuas.

Se establece que los funcionarios no académicos se regirán por las normas del estatuto administrativo y demás disposiciones legales aplicables.

Se realizarán algunas adecuaciones respecto de las normas de contratación para labores accidentales y no habituales, actividades de académicos extranjeros y comisiones de servicio.

Se fija un plazo de tres años, desde la entrada en vigencia de la ley en proyecto, para que las universidades propongan al Presidente de la República una modificación de sus respectivos estatutos, adoptando procesos públicos y participativos.

Según el informe, las indicaciones solo tienen impacto en el gasto fiscal en lo referido al costo de las dietas de consejeros en el Consejo Superior de las Universidades Estatales.

De esta manera, el informe financiero N°81, que fue el primero, de 17 de julio de 2017, establecía un gasto anual de 555.930.000 pesos por este concepto, los cuales disminuyen a 443.770.000 pesos, cifras expresadas en pesos del año 2017. Se contempla este costo desde el cuarto año después de la publicación de la ley, bajo el supuesto de que todas las universidades optan por modificar sus estatutos.

El informe financiero N° 130, de 11 de octubre de 2017, establece lo siguiente:

Mediante las presentes indicaciones (oficio N° 168-365), se modifican normas contenidas en el proyecto de ley sobre universidades del Estado, de las cuales cabe destacar lo siguiente:

Se precisa que los estatutos de las universidades estatales podrán establecer un ámbito territorial preferente de su quehacer institucional en razón de su domicilio y misión, así como formas de vinculación preferente y pertinente con la región en que tienen su domicilio o desarrollen sus actividades.

Se agrega un nuevo párrafo sobre calidad y acreditación institucional.

Se establece que en caso de que una universidad del Estado pierda su acreditación institucional u obtenga una inferior a 4 años, el Ministerio de Educación podrá designar otra universidad del Estado, acreditada por al menos 5 años, que proponga el Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, para que se desempeñe como institución tutora.

Se incorporan instancias para que el Consejo de Coordinación de Universidades del Estado pueda asesorar al ministerio en materias de crecimiento de oferta académica de las universidades estatales, en el diseño de proyectos conjuntos entre el Estado y sus universidades, y en la conformación de redes de cooperación en áreas de interés común. Se establece, además, que este consejo estará integrado por cinco rectores.

Se precisa que la propuesta de modificación de estatutos que presenten las universidades estatales, de conformidad con las normas transitorias, deberá realizarse a través de los órganos competentes para estos efectos.

Se establece que mientras esté pendiente el plazo máximo para que las universidades de O'Higgins y de Aysén se acrediten, establecido en la ley N° 20.842 que las crea, no les será exigible el requisito de acreditación institucional y de carreras para efectos de acceder a fondos otorgados por el Estado o que cuenten con su garantía. Esta exención rige también para que sus estudiantes accedan a recursos públicos.

Efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal De acuerdo con lo expuesto en los puntos anteriores, las presentes indicaciones no significan un mayor gasto fiscal respecto del establecido en el informe financiero N° 115, de 11 de septiembre de 2017.

Durante el debate habido en la Comisión de Hacienda, se escuchó in extenso al Ministerio de Educación, representado por su ministra, señora Adriana Delpiano ; por la jefa de la División Educación Superior, señora Alejandra Contreras , y por el abogado asesor señor Miguel González .

Asimismo, los rectores señores Ennio Vivaldi y Aldo Valle, de las universidades de Chile y de Valparaíso, respectivamente, expusieron en la comisión su parecer en nombre de todas las universidades estatales.

El informe financiero N° 149, de 21 de noviembre de 2017, que acompaña las indicaciones presentadas por el Ejecutivo ante la Comisión de Hacienda y a las cuales me referiré a continuación, prescribe que tales indicaciones no significan un mayor gasto fiscal respecto del establecido en el informe financiero N° 115.

Mediante las indicaciones señaladas (oficio N° 265-365), se ajustan ciertas normas contenidas en el proyecto de ley sobre universidades del Estado, de las cuales cabe destacar:

Se repone la redacción original sobre definición y naturaleza jurídica de las universidades estatales, eliminando su carácter gratuito, introducido por indicación parlamentaria.

Se elimina la disposición que exime a las universidades estatales de la limitación de matrícula, introducida por indicación parlamentaria.

Se repone la composición de los integrantes del Consejo Superior de las Universidades; exención de tributos; otras fuentes de financiamiento de las universidades; objetivo y vigencia del Plan de Fortalecimiento; política de propiedad intelectual e industrial, y sanción por no cumplimiento de las normas relacionadas con la adecuación de estatutos.

Se establece que las universidades del Estado estarán adscritas a la política de acceso gratuito a la educación superior, de conformidad con la normativa educacional vigente o con la Ley de Presupuestos del Sector Público, según corresponda.

La comisión acordó votar en forma conjunta las normas de su competencia, con todas las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, extendiendo su competencia en aquellos casos que se refieren a normas no señaladas por la comisión técnica, por estimar que tienen incidencia en materias propias de esta comisión.

Se solicitó votación separada de las indicaciones que inciden en los artículos 12 (Nos 4 y 5) y 53, nuevo (N° 9), las cuales fueron aprobadas por voto mayoritario.

Asimismo, se pidió votación separada de la indicación que sustituye el artículo octavo transitorio (N° 12), la cual fue rechazada por no reunir el quorum reglamentario de aprobación.

Sometidas a votación las normas de competencia de la comisión en forma conjunta con las indicaciones del Ejecutivo (excluidas las votaciones separadas), fueron aprobadas por el voto unánime de los diputados presentes.

Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala la aprobación de esta iniciativa.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Romilio Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Educación, quien nos acompaña en el debate de este proyecto de ley.

Creo que fue una buena decisión separar el proyecto original en dos iniciativas, no solo en un contexto amplio de tratamiento, sino también para ver a las universidades del Estado desde una perspectiva diferente.

En ese sentido, estimamos que el proyecto manifiesta y deja sobre la mesa cuáles son los objetivos claros que se quieren lograr: mejor calidad de las universidades estatales y del gobierno universitario; el establecimiento de un modelo de gestión administrativo y financiero eficiente; mejor tratamiento de las materias que interesan a los funcionarios no académicos y académicos; la determinación de la forma en que se deberá avanzar en el desarrollo institucional, y la cooperación que debe haber entre las distintas universidades.

A nuestro juicio, esos objetivos no se establecen con claridad en el articulado de la iniciativa, especialmente respecto de una materia que se menciona en los informes de las dos comisiones técnicas que tramitaron la iniciativa: la calidad de las universidades del Estado.

¿Cómo lograr que las universidades del Estado sean referentes de calidad? Eso implica mayor aporte de recursos para financiar planes de formación y la obtención de doctorados, el retorno de buenos académicos que estén en otras universidades del mundo y el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo dentro de cada institución.

Lamentablemente, el fondo que se crea para el desarrollo de las instituciones por diez años no es suficiente para lograr ese objetivo. Esa es una primera preocupación que, ojalá, se logre mejorar en las próximas semanas en el debate legislativo.

Otro punto que es importante señalar dice relación con la coordinación entre instituciones. Es cierto que es un paso importante, pero falta definir mejor la institucionalidad que estará abocada a velar por esa coordinación, así como las exigencias para cada institución.

Al respecto, creemos que en la discusión legislativa ha habido un trato por lo menos discriminatorio hacia las universidades e instituciones de educación superior privadas, porque a estas se les exige más en materia de calidad que a las universidades del Estado, es decir, más que a las universidades de todos los chilenos. A nuestro juicio, por lo menos debe haber un piso común para todos, el cual nos garantice que tendremos instituciones fuertes, con perspectiva de desarrollo y que contarán con planes de mejora. Si bien en todas las áreas de actividad no tendrán el mismo nivel de calidad, debe haber un proceso de mayor exigencia para todos. En ese sentido, el principal desafío es diseñar una arquitectura que permita garantizar que las universidades del Estado serán instituciones de calidad.

Por otro lado, respecto del gobierno universitario, creo que el proyecto de ley contempla importantes avances en relación con las funciones del rector, el consejo directivo y la participación institucional al interior de la institución, lo que posibilitará debatir las materias de corte académico y administrativo y adoptar las decisiones que se requieran sobre el plan estratégico y de desarrollo de la universidad.

No obstante, evidentemente hay que establecer mayores niveles de exigencia al gobierno universitario en la persona del rector o rectora, así como del consejo directivo. A nuestro juicio, tienen que elevarse los estándares de exigencia, tanto de los requisitos como del sistema de elección del rector.

Una de las cosas que nos llamó la atención en el debate de la iniciativa fue que solo un bajo porcentaje del cuerpo académico en calidad de a honorarios, a contrata y de planta tiene derecho a votar. En ese sentido, el proyecto de ley avanza en elevar los niveles de participación y respaldo a las propuestas que se hacen a través de los profesionales que postulan a ejercer esa función tan importante.

Asimismo, debe haber responsabilidad en la gestión de los recursos, del personal y de la calidad. En ese sentido, a nuestro juicio, falta perfeccionar aún más las normas que permitan garantizar que las instituciones avanzarán en esa dirección.

Por otro lado, se ha hecho un esfuerzo para mejorar la gestión administrativa y financiera de las universidades del Estado. Una de las principales críticas o problemas que nos plantearon los rectores fue la excesiva burocracia, debido a la cual pueden pasar meses o años para resolver una materia. Por ende, cuando se tomaba la decisión, el problema era otro: el problema había cambiado. En eso, las universidades privadas compiten de mejor manera, porque son más ágiles en enfrentar esa situación.

Asimismo, nos hicieron presente que una de las normas que más los complicaba eran las materias sujetas a toma de razón y a control de la Contraloría General de la República. Recibimos al contralor en la comisión e hizo una muy buena y clara presentación, en la que advirtió que si bien hay que agilizar la gestión, aspecto en la que la Contraloría está dispuesta a avanzar, también es necesario que exista un control preventivo. Ese es un aspecto que se debe resolver de mejor forma en el proyecto de ley. Se hicieron avances, se debatió bastante, pero creo que aún se puede mejorar la iniciativa en la Cámara de Diputados.

Debemos recoger lo planteado por el contralor general de la República, con el objeto de que las universidades del Estado puedan trabajar con agilidad en respuesta a las demandas de la comunidad universitaria y del país, pero cumpliendo con los altos estándares que está implementando la Contraloría General de la República.

En ese sentido, creemos que se deben aumentar las transferencias de recursos hacia las instituciones del Estado para sus planes de mejora, pero siempre sujeto a rendición de cuentas. Con toda claridad, se debe rendir cuenta de la gestión y del impacto del uso de esos recursos en el mejoramiento de la formación de pre y posgrado.

Respecto de los funcionarios y académicos, creo que hay preocupación, aunque se ha tratado de mejorar. El ministerio acogió una serie de planteamientos de los funcionarios para no flexibilizar determinadas normas y darles el carácter de funcionarios públicos. Sin embargo, creo que tenemos un desafío que quizá no corresponde a la ley, pero sí a las instituciones: que cuenten con un sistema de evaluación, de reconocimiento al mérito académico y al desempeño, en el que se establezcan incentivos y estímulos que permitan reconocer la calidad de los funcionarios en el desempeño de su tarea, porque ellos son parte del sistema universitario y son un eje clave en el proceso de calidad. Buenos académicos garantizan que la institución formará bien a sus futuros profesionales.

Por otro lado, creemos que la inserción de las universidades del Estado en el desarrollo de las regiones también debe ser un pilar fundamental en el trabajo de dichas instituciones.

Por eso, compartimos gran parte del proyecto de ley, el que votaremos a favor en general, pero no así algunas disposiciones en particular, porque creemos que se pueden mejorar en el debate legislativo.

Finalmente, agradezco la disposición que tuvo el Ministerio de Educación y la ministra para debatir respecto de esta materia con altura de miras, buscando lo mejor para las instituciones, con una visión de mediano y largo plazos.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, primero, saludo a la ministra, quien nos acompaña en esta importante discusión.

Coincido con lo expresado por el diputado Romilio Gutiérrez respecto de valorar la importancia que tiene que estemos discutiendo en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que fortalece a las universidades del Estado.

Al respecto, es pertinente formularse la siguiente pregunta: ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiésemos presentado un proyecto de ley de universidades estatales y solo hubiésemos discutido la realidad de las universidades del Estado en el marco de la reforma general de la educación superior? Sin lugar a dudas, las universidades del Estado habrían quedado en un segundo o tercer plano en el debate; hubiesen sido el pariente pobre de la discusión, porque es una reforma demasiado grande e integral.

En todo caso, me parece que el hecho de que estemos discutiendo un proyecto de ley de universidades del Estado es un reconocimiento al daño histórico que la dictadura le provocó a estos establecimientos, por lo que considero que estamos haciendo un acto de justicia para estas instituciones, a las que, en mi opinión, hasta hoy, y desde el tiempo de la dictadura, no les hemos dado el trato preferencial que merecen dado su carácter de instituciones del Estado.

Debemos recordar que la ley general de universidades de 1981, ley de la dictadura, cercenó el carácter nacional que tenían las universidades del Estado, creó universidades regionales y acabó con las universidades nacionales, con presencia en todo el país, como la que tenían la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, cuando esta tenía esa denominación. En su reemplazo surgieron universidades regionales que en ese momento eran tremendamente precarias y presentaban déficits desde los puntos de vista académico, de infraestructura y de financiamiento, porque antes de su separación recibían el apoyo de la casa central o casa matriz, y este no continuó.

Entonces, lo que estamos haciendo hoy es tremendamente significativo, dado que lo que ocurrió con las universidades estatales, a pesar de que mantuvieron su carácter de estatales, es que fueron privatizadas. Bajo la dictadura, las universidades del Estado fueron puestas al servicio de una minoría, al servicio de los intereses del mercado, de quienes ponían la plata para hacer investigación, de quien tenía los recursos económicos para pagar por una carrera universitaria o para pagar por la extensión. Eso, evidentemente, anuló, limitó y distorsionó el rol público que tenían esas casas de estudios.

Por eso, como bancada del Partido Comunista, señalamos que en el proyecto hay avances sustantivos, dado que atacan la lógica de mercado y del lucro que se instaló bajo la dictadura. Por esa razón, estamos muy satisfechos de que podamos discutirlo en la Cámara de Diputados, aunque cabe preguntar, en especial a la ministra, si después de todo lo que aconteció en el país no habremos llegado un poco tarde a esta discusión. ¡Qué distinto sería todo si en 2014 o 2015 hubiésemos empezado a discutir este proyecto de ley! A estas alturas podríamos haber estado viendo sus efectos.

Creo que ese es un déficit del que debemos hacernos cargo.

El diputado Bellolio , que no se encuentra presente en estos momentos, dijo en el debate en la Comisión de Educación que somos estatistas por naturaleza y que nuestro apoyo a las instituciones estatales responde a una especie de fanatismo ideológico. ¡Nada más absurdo! La Universidad de Chile fue fundada en 1842 por Andrés Bello , quien, según sé, no fue un marxista declarado. Eso ocurrió durante el gobierno del Presidente Manuel Bulnes . ¿Fue dicho presidente un representante de la izquierda, del marxismo? Por ningún lado puedo encontrar el fanatismo ideológico.

Entonces, esto de identificar lo estatal con una posición ideológica determinada, de izquierda, que supuestamente despreciaría totalmente lo privado, me parece una distorsión absoluta.

¿Por qué defendemos este trato preferente, cuestionado por la UDI, a las universidades del Estado? Porque nuestra defensa de las universidades del Estado está vinculada a su carácter público, y lo público es, por naturaleza, contrario a lo privado. Hay que decirlo con todas sus letras, sin temor: las universidades estatales tienen el deber de ser públicas, en tanto que las universidades privadas -pueden ser confesionales, de un credo religioso, cualquiera que este sea, o de una congregación como el Opus Dei, o de los evangélicos, con todo el respeto que uno pueda tener por una confesión religiosa no tienen el deber de ser públicas, por lo cual pueden definir quiénes imparten docencia. ¿Cómo se le puede exigir pluralismo a una universidad evangélica? ¿Cómo le voy a exigir a una universidad evangélica que todas las corrientes de pensamiento estén representadas en su interior si ellos crearon esa universidad para defender un pensamiento, una religión, una forma de ver la sociedad?

Por eso es tan importante que los países tengan universidades públicas, y es deber de las universidades estatales ser las mejores universidades públicas del país, defender el pluralismo, el carácter laico, ser un canal de movilidad social, de modo que los jóvenes de familias trabajadoras que no tienen recursos económicos para financiar sus estudios, puedan obtener un título universitario. Eso distingue a dichas universidades en su aporte al desarrollo nacional y en un tema que también contempla el proyecto: el del gobierno democrático.

Señor Presidente, es muy importante que nos comprometamos en la defensa de las universidades públicas; es un principio básico y esencial. Por eso este proyecto de ley tiene todo nuestro apoyo.

Sin embargo, debemos ser claros y francos para decir que la iniciativa tiene deficiencias importantes. Hubo mucho aporte de las comunidades universitarias. En ese sentido, quiero destacar el papel que ha jugado el senado de la Universidad de Chile, y el de las universidades de regiones, como la Universidad de La Serena, con los cuales debatimos respecto de cómo enriquecer y mejorar el proyecto de ley, lo que permitió que varias de nuestras objeciones fueran debidamente subsanadas en el debate que se dio en la Comisión de Educación.

Nuestra bancada está totalmente alineada con el proyecto que salió de la Comisión de Educación, porque hay puntos sustanciales que no pueden perderse ni ser relativizados, como el plan de fortalecimiento. Hablamos de la entrega de 150.000 millones de pesos extras a las universidades del Estado, en forma transitoria, lo que implica que no solo recibirán el aporte fiscal directo y los recursos del convenio marco, sino que a partir de ahora recibirán además los recursos del plan de fortalecimiento. Eso es fundamental. Una universidad que está estructuralmente desfinanciada no puede competir si no le entregan un aporte para nivelarse y estar a la misma altura que otras instituciones con las que compite.

Asimismo, nos parece muy importante y un avance sustantivo lo que se señala en materia de participación triestamental en el gobierno de las universidades, tanto en el consejo superior como en el universitario.

También creemos que en el articulado se resolvió adecuadamente la situación laboral de los funcionarios, que mantendrán su condición de funcionarios públicos regidos por el Estatuto Administrativo.

Por último, en esta materia hay un punto tremendamente sensible e importante: la expansión de la matrícula. Debemos vincular el plan de fortalecimiento de las universidades del Estado con el aumento de su matrícula, que solo llega al 15 por ciento del total de la educación superior. Para ello es muy importante que se hayan eliminado las trabas que se encontraban en el proyecto de ley original; de otra manera, el fortalecimiento no se expresará plenamente.

No obstante, anuncio que vamos a votar en contra las modificaciones que introdujo la Comisión de Hacienda, para lo cual hemos pedido las votaciones separadas pertinentes, porque creemos que debemos alinearnos con lo que salió de la Comisión de Educación, que es más robusto y deja claro el fortalecimiento.

Ante esta discusión y frente a la coyuntura que estamos viviendo, no podemos dejar de pensar en lo que se nos viene como país luego de la elección que acaba de concluir.

Con mucha franqueza, debo decir que como coalición de gobierno sufrimos una derrota electoral contundente y que no vale la pena relativizar este hecho o echarle la culpa a otros; debemos asumir nuestras responsabilidades. Pero, al mismo tiempo, debo decir a los diputados de derecha que tengan cuidado, porque aunque nos derrotaron electoralmente, no podrán derrotar las reformas. Paradójicamente, Sebastián Piñera ganó prometiendo expandir la gratuidad. ¡Vaya paradoja!

Nosotros nos vamos a hacer cargo de que el legado de la Presidenta Bachelet en materia de conquistas sociales para el pueblo chileno, para los trabajadores, se mantenga inalterable.

¡Ese es nuestro compromiso!

He dicho.

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, pido la palabra para un punto de Reglamento.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, su señoría.

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, conforme al artículo 226 del Reglamento, que regula las competencias de la Comisión de Hacienda, y luego de ver el comparado, tengo la impresión de que dicha comisión sobrepasó absolutamente sus competencias en una de las modificaciones que introdujo a la iniciativa en debate.

En efecto, el mencionado artículo 226 dispone que “La Comisión de Hacienda conocerá de los proyectos que se le envíen en informe por ser de su competencia exclusiva.

“Conocerá también en forma exclusiva de los artículos de los proyectos informados por las comisiones técnicas que tengan incidencia en materias presupuestarias y financieras del Estado, y de sus organismos y empresas. Las indicaciones que excedan ese ámbito se tendrán por no formuladas.”.

La modificación que introdujo a la letra d) del artículo 22 del proyecto establece que el nombramiento de los egresados de la institución que integrarán el Consejo Superior se hará esto es lo que modifica “previa propuesta del respectivo Gobierno Regional.”.

Desconozco si eso corresponde al ámbito financiero del Estado, pero me parece que no es así, razón por la cual quiero saber si eso está autorizado o no por la Secretaría, porque, reitero, me parece que dicha comisión excedió su competencia.

Espero una aclaración de la Mesa al respecto.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Interesante su observación, señor diputado.

En algunos momentos más le daremos la respuesta, luego de conversarlo con el Presidente de la Comisión de Hacienda y con el de la Comisión de Educación, porque fueron ellos, con el apoyo de sus asesores, quienes autorizaron lo que usted señala.

Le solicito la deferencia de darnos algunos minutos para aclarar el punto. Para continuar el debate, tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo de manera especial a la señora ministra de Educación, quien fue muy proactiva y sensible respecto de un conjunto de modificaciones que se introdujeron al proyecto original, lo que permitió confluir en las disposiciones que hoy se presentan a la Sala y que contienen las grandes aspiraciones de los rectores, funcionarios y distintos estamentos de las comunidades universitarias del Estado que formularon observaciones a la iniciativa original.

El proyecto en debate es el resultado del diálogo que se desarrolló en la comisión, de las observaciones que presentaron los rectores y las comunidades universitarias, y del trabajo efectuado por los miembros de la comisión, lo que lo convirtió en una iniciativa muy satisfactoria respecto de la profunda deuda que tienen la sociedad y el Estado con sus universidades.

Debo señalar que la desregulación existente en el sistema universitario dejó a las universidades del Estado libradas plenamente al sistema de mercado y, por lo tanto, a una competencia feroz, especialmente debido al crecimiento de las universidades privadas. Leyes de chipe libre redujeron la matrícula de las universidades del Estado al 16 o 17 por ciento, no obstante el rol fundamental que han cumplido en el avance institucional e histórico del país, en el impulso a las regiones; en el desarrollo de la economía, de la ciencia y de la tecnología, y en la función fundamental de generar unidad nacional, pensamiento y conocimiento para el desarrollo del país.

La mayoría de las universidades han conservado altos niveles de calidad y de aceptación en la comunidad nacional y en los alumnos, quienes las prefieren al momento de postular a la enseñanza superior por sobre muchas universidades privadas, especialmente los que obtienen mayores puntajes en la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Lamentablemente, las universidades estatales, debido a las situaciones que he descrito, han tenido tremendas limitaciones para competir e incrementar sus matrículas, puesto que estuvieron totalmente cercenadas en sus posibilidades de crecimiento, lo que impidió a miles de alumnos postular e ingresar a ellas.

En primer lugar, el proyecto hace justicia porque define a las universidades del Estado y reconoce que esa propiedad estatal implica una responsabilidad y un deber que es fundamental.

En segundo lugar, define la misión que tienen las universidades en el desarrollo nacional, en el progreso de la sociedad, en las diversas áreas del conocimiento, en los dominios de la cultura, en la contribución al fortalecimiento de la democracia y en la vinculación con el medio y con su territorio.

Ese rol esencial no atañe solamente al desarrollo general del país, sino especialmente al de las regiones donde esas universidades se constituyeron a partir del desmembramiento de la Universidad de Chile después de los decretos leyes dictados durante la dictadura, especialmente los de 1981, que generaron un cambio sustantivo en el sistema universitario chileno y que debilitaron especialmente el acceso y el desarrollo de las universidades del Estado, al declararlas idénticas a otras, que se constituyeron de acuerdo con las leyes de mercado y con el sistema privado.

Dicho esto, y teniendo en cuenta el acuerdo alcanzado en la comisión, quiero señalar que en el proyecto se resguarda la autonomía de las universidades; se definen su misión esencial, así como sus bases y principios, y se establecen formas para su desarrollo, que permitirán que las universidades del Estado puedan competir en mejores condiciones y desarrollar su función.

Además, se establece un Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, que les permitirá interactuar entre ellas, mejorar y trabajar en red las funciones que cumplen, y relacionarse entre ellas y con organismos del Estado en condiciones absolutamente distintas de las que tienen en la actualidad.

El proyecto fue objeto de modificaciones que se le introdujeron durante el proceso de discusión, con el apoyo y el respaldo de los rectores, de las organizaciones de la comunidad universitaria y de sus trabajadores, quienes no eran reconocidos como funcionarios públicos regidos por el Estatuto Administrativo. Dicha situación se modificó, ya que se estableció que serían regidos por el Estatuto Administrativo, en la medida en que se repuso el aporte fiscal directo para dichas universidades y no se modificó el financiamiento que tuvieron históricamente, sobre todo el que tuvieron en 2016, a partir del cual seguiría creciendo dicho financiamiento.

Los avances del proyecto no significan que no presentaremos observaciones en relación con las indicaciones que repuso el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda.

Concuerdo con la observación que hizo el diputado Jackson en la Sala, en el sentido de que la Comisión de Hacienda excedió absolutamente sus facultades en muchas de las modificaciones que introdujo, ya que hizo uso de otras que son exclusivas de la comisión técnica.

Analicemos específicamente el caso del artículo 7, que, a mi juicio, es fundamental.

Ese artículo se modificó en un punto muy sensible para las universidades del Estado, que dice relación con la provisión de educación superior de excelencia.

El diputado Romilio Gutiérrez exigió el establecimiento de medidas que mejoren la calidad de esas universidades, ya que es absolutamente fundamental que el Estado garantice la excelencia de todas sus universidades. No obstante, el cambio que introdujo la Comisión de Hacienda en ese artículo, destinado a remplazar la palabra “garantizar” por “fomentar”, a mi juicio, no debiera incorporarse. Por el contrario, debiera mantenerse la palabra “garantizar”, porque define una función esencial de las universidades del Estado.

En segundo lugar, se modifican normas que aseguran la posibilidad de que las universidades del Estado aumenten sus matrículas, cuestión que es esencial. Si de verdad queremos provisión mixta en el sistema universitario, debe estar asegurada por un crecimiento razonable, racional y acorde con la función de las universidades del Estado.

El aumento de matrícula se establece en el artículo 7; pero se eliminó una indicación que planteamos varios diputados, la que, indudablemente, mejoraría la posibilidad de competir en mejores condiciones y de asegurar que las universidades del Estado puedan alcanzar dicho aumento de matrículas.

Igualmente, creo que se debería reponer en esta discusión el último inciso del artículo 52, eliminado por la Comisión de Hacienda, la que, a mi juicio, excedió sus atribuciones. Dicho inciso establecía: “Las instituciones de educación superior del Estado con un nivel de acreditación institucional por sobre la media del sistema, no tendrán limitación alguna de vacantes máximas de estudiantes para efectos de recibir todo tipo de financiamiento público que establezca la ley.”.

En relación con el plan de fortalecimiento y otras medidas que propone la Comisión de Hacienda,…

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste .

La señora PROVOSTE (doña Yasna).-

Señor Presidente, saludo a la ministra y al equipo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, que ha liderado esta iniciativa que para nosotros es muy importante y que valoramos.

Hace más de 30 años, durante la década de los años 80, la dictadura militar, con el apoyo de sus cómplices civiles, consolidó la intervención del sistema de educación superior con una reforma que dejó el sistema de universidades públicas desfinanciado y generó las bases de la preeminencia del mercado sobre la colaboración, del váucher sobre el apoyo al desarrollo de las instituciones, en un esquema de universidades públicas debilitadas y abandonadas a su suerte.

Durante la primera década de la democracia, en 1992, el gobierno del Presidente Patricio Aylwin envió un proyecto de ley orgánica constitucional de enseñanza que cambiaba de manera profunda el sistema de educación superior, el cual, naturalmente, no fue apoyado por la derecha.

También durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei hubo dos intentos por tener una ley marco de universidades estatales, que abordaba, en lo fundamental, buena parte de las mismas materias que nos ocupan en este proyecto, que apuntaban a mejorar el gobierno universitario, dar espacio a la participación y mejorar la gestión. Lamentablemente, estas iniciativas tampoco pudieron ser ley de la república.

Si bien durante los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría se apoyó, como nunca antes, de manera fundamental a las universidades públicas, tanto en términos financieros como de gestión, en todos estos años no se pudo contar con un marco legal adecuado, referencial y acorde a los tiempos, para que las universidades públicas pudieran proyectar su quehacer en el largo plazo, con estabilidad en las reglas del juego y con el apoyo decidido del Estado, para que la preocupación central fuera su quehacer en el cultivo de la cultura y las disciplinas; la investigación y vinculación con el medio; la formación de alto nivel de profesionales y posgraduados, y no el cómo cumplir con absurdas normas administrativas, cómo cubrir las necesidades básicas de sus funcionarios, cómo superar los déficits de ayudas estudiantiles y otros problemas que, lamentablemente, cada cierto tiempo se vuelven críticos en nuestras universidades públicas.

El proyecto que votaremos hoy representa una oportunidad para avanzar en una solución inteligente y adecuada para que el sistema de universidades públicas cuente con un marco normativo apropiado. Por supuesto que el proyecto tiene debilidades, pero confiamos en las palabras de la ministra de Educación en cuanto a que se abordarán esos temas en lo que queda de tramitación de la iniciativa.

El proyecto cuenta con el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet de fortalecer el sistema de universidades públicas, aquellas instituciones que dan espacio a todo tipo de pensamiento, que se abren a la investigación de frontera, que aportan a la integración de nuestras regiones, que dan espacio y oportunidades a los hijos de las familias que, pese a toda la adversidad, logran estimular el talento y el esfuerzo por contar con una educación universitaria.

¡Cómo no recordar en este momento las palabras del rector de la Universidad de Atacama, Celso Arias , quien decía que lo que distingue a una universidad es la investigación, y es por eso que la Universidad de Atacama ha hecho enormes esfuerzos por ponerse a la altura en esta materia! ¡Cómo no valorar el hecho de que nuestra universidad haya pasado de cuarenta artículos en revistas indexadas a más de ciento diez! ¡Cómo no valorar que nuestra universidad tenga hoy más doctores vinculados a la tarea investigativa, y no a cualquier investigación, sino a una que le hace bien a la Región de Atacama, que pone su centro, por ejemplo, en los temas de las cuencas hidrográficas, que pone a los geólogos a averiguar qué está pasando respecto de situaciones como los aluviones, que pone a sus investigadores a indagar sobre un patrimonio que nos pertenece a todos, pero que es deber de nuestra región potenciar, como turísticamente se hace con el desierto florido, y que hace esfuerzos para que la equidad territorial llegue a todos los lugares!

Por cierto, a partir de la votación de este proyecto de ley, debemos hacer el esfuerzo para que el Estado efectivamente tenga un trato diferenciado con sus universidades, que fomente y garantice calidad y excelencia en sus universidades y que permita expandir la matrícula para que más estudiantes puedan llegar a sus aulas, como es el anhelo de muchos jóvenes.

La universidad pública es la universidad estatal. Hay muchas otras universidades que colaboran con su rol para construir un espacio público de respeto desde sus miradas y desde sus casas ideológicas, y ese rol se reconoce en el proyecto que recientemente hemos discutido en la Cámara de Diputados, como es el de la reforma a la educación superior general. Pero reitero la universidad pública es la universidad estatal.

Por todo lo anterior, el sistema público de universidades necesita un nuevo marco para mejorar y dar las condiciones que se requieren para su desarrollo. Por ello, valoro los esfuerzos que hemos llevado a cabo en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , que fueron levantados con tanta fuerza por nuestro candidato presidencial, Alejandro Guillier , y espero que hoy también sean las banderas de la oposición.

Espero que todos podamos concurrir con nuestro voto favorable al presente proyecto, así como a las indicaciones incorporadas.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo cariñosamente a la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano , y la felicito por el arduo trabajo que ha desarrollado para llegar a este día.

No obstante, señor Presidente, por su intermedio quiero insistir ante la ministra de Educación respecto de algunos temas.

El primero de ellos dice relación con la idea de garantizar.

Existen varios proyectos que hablan de “aseguramiento” de la calidad de la educación. Incluso, en su título se menciona dicho aseguramiento. Ello significa que el Estado tiene el deber de asegurar, que es lo mismo que garantizar.

Por tanto, si se establece el deber de asegurar y de garantizar respecto de otros temas referidos a la educación, ¿por qué no lo podemos establecer en la presente iniciativa? ¿Por qué el Estado se tiene que autocensurar o se tiene que mutilar para no garantizar la calidad de la educación superior?

Por lo tanto, solicito encarecidamente a la ministra de Educación que se reincorpore en el proyecto el vocablo “garantizar”. Es importante utilizar esa palabra porque obliga al Estado a hacer lo que debe hacer. No es lo mismo asegurar o garantizar, que fomentar. Con este último vocablo no se asume la misma responsabilidad.

La provisión de la educación superior en Chile tiene que ser de excelencia, ministra. La ocurrencia de lo contrario es uno de los elementos que de alguna manera ha hecho desconfiar de las instituciones vinculadas a la calidad de la educación superior, esto es las propias universidades y el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. En efecto, tenemos una ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior; pero esa ley, incluso aunque se llame “de aseguramiento”, no ha cumplido. Tenemos el caso que plantó la diputada Yasna Provoste sobre la Universidad de Atacama. Una no entiende cómo una universidad del Estado, que tiene cuarenta doctores contratados para desarrollar investigación, no se acredita; solo se acredita por tres años. Sin embargo, la misma institucionalidad acreditó una universidad como la Iberoamericana, que a los pocos días de haber sido acreditada cerró porque no tenía viabilidad financiera. En la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) no se dieron cuenta de esa situación.

Por ello, tenemos que obligar al Estado a que garantice lo que debe garantizar, porque no lo está haciendo, ministra. En ese sentido, pido que el vocablo “garantizar” sea reincorporado en el proyecto. De hecho, con ese objetivo pedimos votación separada del artículo correspondiente, de modo que quede clara la responsabilidad que debe asumir el Estado.

Lo que dijo la señora ministra es cierto: algunos podrían demandar al Estado porque no les garantizaron la calidad de la educación. Pero sucede que hoy no la estamos garantizando, ministra, y nadie ha demandado al Estado por ello.

Por un tema de responsabilidad, creo que el Estado debe asumir hasta las últimas consecuencias lo que significa crear instituciones para garantizar la calidad, de modo que no se entregue “comida chatarra” o “educación basura”. Me parece que tenemos que aprender de la experiencia.

Otro asunto que quiero plantear -también lo mencionó la diputada Yasna Provoste dice relación con la eliminación que se hizo en el artículo 7 de la expresión “Las Universidades del Estado no estarán sujetas a limitación de matrícula.”. Se argumentó que las universidades van a crecer inorgánicamente.

En la Comisión de Educación nos preocupamos de establecer que el aumento de matrícula de las universidades del Estado deberá velar por el desarrollo de las áreas pertinentes y estratégicas para el país. No se trata de que haya un crecimiento de la universidad porque sí. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda lo borraron de un plumazo.

Quisiera que la norma aprobada en la Comisión de Educación sea repuesta en el proyecto. Tenemos que hacer un esfuerzo para que las universidades del Estado crezcan. No se trata de que no hayan crecido porque no han querido crecer, sino porque no se les ha dado el financiamiento que requieren. Si el país necesita desarrollo de áreas estratégicas, debe darse el financiamiento a las universidades estatales para que puedan trabajar en ese ámbito.

El tercer punto que quiero plantear, y que lamento que no se haya abordado en la Comisión de Hacienda como se comprometió en la Comisión de Educación, dice relación con los campos clínicos.

Yo presenté una indicación referida a la administración de los campos clínicos. En la actualidad los campos clínicos de salud se licitan al mejor postor. Las universidades del Estado que imparten las carreras de medicina y de enfermería y que tienen hospitales públicos, que también son del Estado, tienen que participar en la licitación.

Si una universidad privada ofrece mejores prebendas o mejores regalos, las universidades del Estado se quedan sin campos clínicos. Eso no puede ser, ministra. No puede ser que los campos clínicos sigan administrados con una lógica de mercado. Los campos clínicos tienen que ser espacios de formación. También tienen que serlo los hospitales de las universidades del Estado.

Por lo tanto -no digo que se excluya a otras universidades, como la Universidad del Desarrollo u otras-, debería establecerse una prioridad para las universidades del Estado, de modo que no se queden sin campos clínicos.

En su momento retiré la indicación porque usted, ministra, me dijo: “Lo veremos en el próximo trámite del proyecto en la Comisión de Hacienda”; sin embargo, no se vio.

En consecuencia, no puedo pedir que se renueve la indicación, porque –reitero la retiré confiando en su palabra, ministra, en el sentido de que el asunto sería tratado posteriormente en la Comisión de Hacienda. No obstante, le solicito que mi propuesta se incorpore en el trámite legislativo del proyecto en el Senado.

Por último, quiero referirme a los recursos que se destinarán al Plan de Fortalecimiento, dispuestos en el artículo 53 del proyecto. La ministra conoce mi opinión en el sentido de que los 150.000 millones de pesos dispuestos son insuficientes para fortalecer a las universidades públicas. En efecto, la ministra reconoció que esos recursos son insuficientes. Pero es lo que hay.

Por ello, debemos hacer un esfuerzo para ir más allá. Sé que no es su atribución, ministra, y no me cabe la menor duda de que usted peleó por mayor financiamiento para que las instituciones públicas cuenten con lo que se requiere y que Hacienda no cedió.

Quisiera pedir a la Sala y a usted, ministra, por intermedio del señor Presidente, que peleemos por esto juntas en el Senado. Las universidades públicas requieren de mayor financiamiento.

Si la Universidad de Atacama no se acredita, es responsabilidad del Estado.

En su momento discutimos el tema de cuándo debe cerrar una universidad. El diputado Jaime Bellolio ha preguntado por qué las universidades del Estado -lo ha hecho en forma reiterada en la Comisión de Educación no cerrarán si no cumplen y si no están acreditadas. Porque, en el fondo, sería como culpar al hijo cuando el padre no cumple. Así de simple. El Estado es el responsable de que sus universidades tengan la mejor acreditación. Si la universidad estatal no cumple con los requerimientos de excelencia, entonces hay que cerrar el Estado, no a la universidad. Si la universidad del Estado no cumple, debemos bajar la cortina, porque no estamos sirviendo para el propósito para el cual fuimos elegidos y para el cual nos mandató la ciudadanía, que es que el Ministerio de Educación y el Estado aseguren la excelencia en todas sus instituciones públicas.

Por lo tanto, debemos hacer un mayor esfuerzo, porque si alguna universidad estatal no se acredita, hay que cerrar el Ministerio de Educación. Y para no cerrar el Ministerio de Educación y no bajar la cortina, entonces debemos poner los recursos necesarios para que todas las universidades del Estado tengan los niveles de excelencia que amerita este país.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.

Señor Presidente, en primer lugar, hay que expresar la alegría de que se haya alcanzado un acuerdo político transversal para aprobar una iniciativa de ley de universidades estatales. Es motivo de alegría que todos voten -por lo menos, en generala favor de que exista una política específica para las universidades del Estado distinta de la política general que se aplica a las demás universidades de Chile.

¿Por qué digo esto? Porque hemos tenido décadas de una apuesta expresa del Estado de Chile por debilitar las universidades de su propiedad. De hecho, como dirigente estudiantil me tocó vivir la promulgación de la Ley General de Universidades, en virtud de la cual se desarticularon la Universidad Técnica del Estado y la Universidad de Chile. En esa época me correspondió luchar contra esa ley, puesto que representaba una apuesta expresa para el debilitamiento de las universidades del Estado y la expansión del sector privado a través de la matrícula.

Digamos las cosas como son: ese enfoque no varió sustancialmente con el arribo de la democracia. Si bien se atenuó, se mantuvo invariable y se amarró la posibilidad de las universidades para expandir su oferta de matrícula a familias que seguían apostando, en forma preferente, por el ingreso de sus hijos a las universidades del Estado, pero no lograban hacerlo porque las universidades no podían aumentar su matrícula. Que en la actualidad existan tantos médicos formados en universidades distintas de las estatales no se debe a que esos jóvenes hayan querido tomar otro camino, sino simplemente a que el propietario amarró a sus universidades para que no pudieran crecer y responder a esa demanda.

El proyecto de ley en discusión debiera hacer un giro copernicano en esa materia, con el objeto de que el Estado de Chile apueste a reconstruir un sistema de educación superior verdaderamente mixto, porque el que hoy tenemos no puede llamarse de ese modo, debido a que más del ochenta por ciento de la matrícula es proveída por privados y bastante menos del veinte por ciento por las universidades del Estado.

Las universidades del Estado resistieron ese embate, ese acoso. Sin duda, mantuvieron su liderazgo en las preferencias de las familias y de los jóvenes para la provisión de carreras en materia de investigación y de muchas otras que representan un aporte para la sociedad.

Aunque parezca increíble, hasta la fecha no hay una normativa general que rija a las universidades del Estado; cada una tiene su propia ley o su propio decreto. Lo que hace este proyecto es justamente proveer una normativa general que reconoce la especificidad conceptual y jurídica de esas universidades.

Además, la iniciativa explicita el rol del Estado como propietario y su relación con las universidades de las que es dueño, y establece reglas comunes para el gobierno universitario, las que hoy no existen, así como la responsabilidad sobre la calidad académica e institucional.

Entiendo el debate generado en torno a esta materia, en cuanto a si en el texto del proyecto debe quedar establecida la expresión “fomentar” o “asegurar”. Los chilenos pensamos que en las leyes se juega la realidad; pero de nada servirá la expresión que en definitiva se establezca si no se destinan los recursos respectivos en la ley de presupuestos de cada año, si no existe una política de seguimiento y si no se acrecienta el fondo de fortalecimiento de las instituciones de educación superior. Lo importante es que haya una acción activa y proactiva del Estado para proveer y asegurar, de forma creciente, la calidad de la educación superior que se imparte en sus universidades.

Por supuesto, en el proyecto hay varios puntos discutibles, pero quiero referirme al contexto político.

Habrá cambio de gobierno en pocos meses más, y como bien saben ustedes -por lo que aquí hemos escuchado decir o por lo que me han contado, como diría Coco Legrandexiste el riesgo evidente de que en la nueva administración prime una idea que ya ha sido planteada por algunos parlamentarios: que el Estado no debe hacer diferencias según sea la propiedad de la institución de educación superior.

Hay quienes creen que lo que importa en definitiva es el producto, de manera que da lo mismo si la universidad es propiedad del Estado, de una iglesia, de un grupo confesional o de un grupo económico que quiere hacer caridad, porque -como bien saben ustedes se señala que no hay lucro en la educación superior.

La razón que me anima para pasar por alto los puntos que quedan en discusión es que resulta imprescindible aprobar hoy este proyecto de ley. Por eso, quiero señalar a la ministra de Educación que la felicito no solo por la fortaleza de sus convicciones, sino por su infinita paciencia para llevar adelante una agenda transformadora para las próximas décadas.

Seguramente, en el futuro se enseñará en los manuales de enseñanza básica que los procesos de educación chilena experimentaron profundas transformaciones durante el mandato de la Presidenta Bachelet , a quien la ministra de Educación ha tenido la honra de representar en esa cartera durante este último período.

Reitero que es imprescindible aprobar hoy este proyecto, con el objeto de agilizar su tramitación y que la ley entre en vigencia en este periodo, porque la iniciativa consagra el convenio marco de las universidades y establece que en los futuros presupuestos no se podrá fijar un monto inferior al de la Ley de Presupuestos de 2016. Es decir, se establece un piso.

Por lo tanto, tal como lo hacemos con el presupuesto para las instituciones armadas, me gustaría que con la misma alegría aprobáramos el presupuesto para las instituciones de educación superior del Estado.

Respecto del plan de fortalecimiento por diez años que propone esta iniciativa, felicito al diputado Romilio Gutiérrez por su preocupación por la insuficiencia de los recursos comprometidos para esa tarea. Quiero señalar que comparto su preocupación, pero lo insto a que haga el máximo esfuerzo para que su gobierno incremente, en el primer proyecto de ley de presupuestos que le corresponda enviar, el monto que se destina al fortalecimiento de las universidades públicas.

En consecuencia, considero lo que estamos haciendo como el primer paso para revertir el camino que hemos recorrido durante aproximadamente cinco décadas y para recuperar el equilibrio que debe haber entre las universidades del Estado y las privadas, con el objeto de que tengamos un sistema mixto de educación superior de verdad, porque no podemos llamar así al actual.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Robles .

El señor ROBLES.-

Señor Presidente, además de saludar a la ministra de Educación, quiero plantear que la iniciativa en debate lleva por nombre “proyecto de ley sobre universidades de Estado”, la que ha sido denominada de ese modo por nuestro gobierno no solo para dar a conocer una mera visión de lo que debe ser una universidad estatal, sino para hacer referencia a las universidades de propiedad del Estado.

Habría preferido que la iniciativa hubiese sido definida como un proyecto de ley sobre universidades públicas en lugar de universidades del Estado, sobre la base de la definición del concepto respecto de lo que para todos nosotros debieran ser las universidades del Estado, esto es, universidades públicas, las que no deben tener un dueño con doctrinas particulares, como intereses, como concepciones religiosas, ideologías propias o rentabilidad económica. Por lo tanto, una universidad con características públicas debe ser estatal; es lo público lo que define que debe ser estatal.

Cuando se revisa la literatura y se busca una definición de universidad pública, se podrá observar que los diccionarios señalan que se trata de instituciones de educación cuyo financiamiento para entregar docencia e investigación a la sociedad proviene principalmente del Estado.

Por lo tanto, lo que tenemos en Chile, lo que hemos construido entre todos, en los gobiernos en que ha participado mi partido, ¿son universidades realmente públicas? ¡No es así! Más bien, hemos avanzado en profundizar el modelo de universidades privadas. Es por eso que, a mi juicio, tenemos problemas con este proyecto.

Por cierto, si una universidad pública debe ser financiada por el Estado y, en el caso de nuestras universidades, las estatales, a lo sumo se financian en 14 por ciento con aportes fiscales, el resto de los recursos deben buscarlo en el sector privado y tienen que competir por esos recursos en el mercado. Obviamente, en ese escenario se pierde la definición de universidad pública y, junto con ello, el interés que debe tener la universidad por ser amplia en términos de sus concepciones, porque cuando alguien financia investigación, docencia o extensión, quienes quieran concursar por esos recursos deben, quiéranlo o no, hipotecar la posibilidad de impulsar concepciones amplias y restringirse a aquellas que promueven quienes aportan el financiamiento.

Por eso es que, hoy por hoy, en términos concretos, las universidades públicas de nuestro país tienen muy poco de estatales.

Me parece muy bien que este proyecto de ley, tal como lo planteó la ministra, se haya separado del resto para potenciar la reconstrucción de una universidad pública en Chile, una en que el Estado se haga cargo de verdad de su financiamiento. Lamentablemente, este proyecto solo entrega algunas pautas, algunos elementos que apuntan en ese sentido, pero sin concretarlo. Eso es algo que hemos discutido en la Comisión de Educación. Tanto es así que el artículo que habla sobre financiamiento simplemente menciona un plan de fortalecimiento transitorio, ocasional, por mientras, y destina una cantidad de recursos bastante escasa para esa finalidad.

Por lo tanto, en términos concretos -todos lo sabemos-, el Estado no se hará cargo del financiamiento de las universidades estatales y, en consecuencia, no les dará una oportunidad real de convertirse en auténticas universidades públicas, con el concepto de lo público que se tuvo en el pasado, antes del gobierno militar.

En todos estos años no hemos sido capaces de recuperar lo público en materia de educación y en salud. Por eso, en términos de nuestras concepciones, en las cuales el Estado deber ser fuerte y entregar certezas a la población en cuanto a que ni los intereses religiosos ni los intereses particulares ni la búsqueda del lucro estarán incorporados en estas dos áreas tan sensibles para la población, hemos avanzado poco.

Obviamente, tenemos diferencias con la derecha -claro que síy con algunos actores de nuestra coalición en esta materia, porque, efectivamente, para que una universidad sea pública, debe ser financiada por el Estado, por lo menos en la mayoría de sus necesidades, razón por la cual me parece que daremos un pasito pequeño en esa dirección con la aprobación de esta iniciativa.

Desde un punto de vista político, entiendo la necesidad de contar con los votos suficientes y que, por ello, se requiere una concepción más holística que permita avanzar en términos de las universidades el Estado. Entiendo también que los rectores tienen una necesidad apremiante de contar con recursos y encontrar a lo menos una carta de navegación en la futura ley, parar poder enfocarse en lo público en el futuro, pero creo que este es un paso muy pequeño como para hablar de avances.

En la Comisión de Educación sostuvimos con fuerza algunos elementos que nos interesaba preservar, por lo cual, en mi opinión, el texto que salió de nuestra comisión se acerca un poco más a lo que estoy planteando. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda le hicieron modificaciones que, en mi opinión, no avanzan en el sentido que planteo.

Por lo tanto, en algunas de estas cosas, obviamente, nos parece que, en vez de potenciar la mirada de lo público, lo que se hizo con las modificaciones de la Comisión de Hacienda fue volver al concepto de que las universidades pueden ser privadas, tranquilamente, porque lo importante es que den educación y que la gente debe preferirlas simplemente por cumplir adecuadamente el rol de entregar formación superior. No es ese, a mi juicio, el concepto prioritario.

Por eso, si bien en términos generales vamos a aprobar el proyecto, defenderemos con fuerza lo que aprobó la Comisión de Educación, porque creemos que es el camino correcto para recuperar, en el futuro, esa visión de lo público que Bello trajo al país, cuando llegó a desarrollar el concepto de universidad.

Considero muy relevante que podamos mantener esa mirada de futuro, aunque, claro, después de lo que nos dijo la ciudadanía el domingo pasado, pareciera ser que nuestra sociedad ha ido cambiando y que la concepción individualista del desarrollo que se ha ido imponiendo hace que durante los próximos cuatro años debamos ser gobernados por personas que piensan que la educación puede ser entregada como un bien de consumo y regida por las reglas de la competencia entre las universidades del Estado y las privadas, y que conceptos como los de laicidad, de fin al lucro de que no haya intereses particulares que primen sobre los colectivos no tienen mayor cabida.

En definitiva, vamos a aprobar el proyecto, aunque con algunas diferencias respecto de lo que aprobó la Comisión de Hacienda.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, como muchos han planteado, esta discusión deja entrever la visión que tienen distintas personas sobre lo que significa el Estado.

¿Cuál fue el modelo que plantearon algunos señores parlamentarios en la Comisión de Educación? Primero, aprobaron, de manera obviamente ilegal, que las universidades públicas fueran gratuitas; segundo, que no tuvieran límite de matrícula; tercero, que no se les aplicara ningún tipo de sanciones si proveían educación de mala calidad; cuarto, impunidad total frente a faltas graves que ocurrían al interior de ellas, y quinto, que no tenía importancia la calidad de la educación que imparten.

¿Ese es el modelo de universidad estatal en que algunos creen? ¿Eso es lo que les parece bien? Es decir, es mejor que un estudiante vaya a una universidad estatal de mala calidad que a una privada de buena calidad. ¡Esa es la disputa! Y uno tiene que evaluar a las personas no solo por lo que dicen, sino también por lo que hacen.

Aquí hemos escuchado discursos muy lindos sobre lo que se imaginan respecto de las universidades estatales; pero, en la práctica, cuando les toca votar y establecer reglas para las universidades privadas, dicen que el derecho de los estudiantes es tan importante que si las universidades cometen faltas graves o gravísimas, corren el riesgo de que se les imponga a una persona o que eventualmente se cierren. Pero si esas mismas faltas se producen en una universidad estatal, dicen que ahí no pasa nada. ¿En qué quedamos? ¿Había que proteger el derecho de los estudiantes? ¿La calidad es un factor relevante o no para saber si una universidad está contribuyendo al bien público?

Si se exige calidad y se aplican sanciones y reglas a solo un tipo de universidad, pero no a las otras, eso significa simplemente que no importan el derecho de los alumnos ni la entrega de educación de calidad, sino que les molestan las universidades privadas.

Anoté algunos argumentos que se han esgrimido.

El diputado Pepe Auth dijo que algunos planteamos que no tiene que haber diferencias según la propiedad. ¡Se equivoca el diputado Auth ! Hemos planteado claramente que es obvio que son distintas, respecto de lo cual daré una razón.

El proyecto educativo de una universidad privada lo define la propia institución, la que, por supuesto, tiene una visión particular del mundo. ¡Bienvenido que la tenga! Eso se llama diversidad de la sociedad.

Algunos creen que el Estado debe imponer una visión de diversidad de la sociedad, pero otros creemos que el Estado tiene que ajustarse a la diversidad de la sociedad, cuestión que nos separa completamente.

Algunos tienen una concepción permanente de que deben imponer a la sociedad la visión hegemónica del Estado, pero otros creemos lo contrario, porque el Estado es una construcción de las personas y de la sociedad; no al revés.

Por lo tanto, cuando el diputado Auth dijo que se debe hacer diferencias en cuanto a la propiedad de una universidad, no respecto de lo que produce, ¿quiere decir que una persona debiera elegir un hospital público en lugar de una clínica para realizarse una buena operación? La respuesta evidente es no.

¿Por qué tantos decimos que la investigación es uno de los mejores exponentes del bien público? Precisamente, porque no es apropiable. Entonces, ¿por qué algunos dicen que solo es valioso y válido lo que viene de una universidad estatal? ¡Es la contradicción misma de lo que significa el término! ¡No se entiende por qué plantean lo mismo una y otra vez!

Otro diputado dijo que las universidades estatales no tienen doctrinas ni intereses particulares. Si las universidades estatales no tienen doctrinas ni intereses, ¿para qué las tenemos? Las universidades estales deben tener un interés evidente, ya que, de lo contrario, ¿para qué existen? Suponer que las universidades estatales son como un ente abstracto, teórico, que no tiene ninguna concepción de bien, es simplemente absurdo. ¡Tienen una concepción de bien!

Me imagino que ninguno de los presentes podría decir que la concepción de bien que tienen las universidades implica que, por ejemplo, para hacer investigación hay que pasar por encima de los derechos humanos de las personas. ¡Obvio que no! La concepción de bien les coloca restricciones. ¿Cuáles son ellas? Por de pronto, la Declaración Universal de Los Derechos Humanos y otras más. Además, tienen intereses en materia regional y en relación con la sociedad.

Lo que se deja entrever acá es que a algunos les molesta la tesis de que no puedan controlar lo que suceda al interior de la universidad.

Voy a ser muy claro. Actualmente, hay muchas universidades estatales capturadas por partidos políticos o por movimientos que no dejan que haya una verdadera diversidad al interior de ellas.

Cada vez que lo planteo en la Comisión de Educación, varios rectores me dicen que eso no es verdad y que no es posible; pero al minuto comienzan a llegarme correos de profesores, que me piden que mantenga el anonimato, en los que me señalan que a ellos los persiguen por el hecho de no pensar como el mainstream de la universidad.

Obviamente, es muy fácil escribir una carta que diga que lamentan que los estudiantes que se tomaron la Universidad de La Serena hayan saqueado la oficina del profesor de historia, hayan sacado sus papers y sus libros para quemarlos. Más allá del acto de vandalismo, esa es una señal muy clara para decirle al profesor que eso no le pertenece, porque no es una persona de izquierda.

Como bien dijo el diputado señor Auth , una de las razones por las que argumentamos y votamos a favor del proyecto en la Comisión de Educación, es porque no quiero que se diga, nunca más, que las universidades estatales son de izquierda. ¡Basta ya!

Las universidades estatales, tal como lo dice su nombre, son del Estado, y su proyecto educativo es el que define la sociedad en su conjunto. Allí radica una gran diferencia con respecto a lo que pasa en las universidades privadas. ¡Obvio que sí!

Otros denuncian que hay una especie de abandono por parte del Estado de las universidades estatales. Todos los señores parlamentarios tenemos en nuestros escritorios la información sobre el financiamiento público auditado por la Contraloría para cada una de las universidades. Hay un cuadrito que dice: “Ingresos fiscales totales por institución per cápita”, es decir, por cada uno de los estudiantes.

Leeré las diez primeras universidades que aparecen en ese cuadro: 1) Universidad de Talca, 2) Universidad de Chile, 3) Universidad de La Frontera, 4) Universidad de Tarapacá. Las primeras cuatro universidades que reciben más ingresos fiscales totales por alumno en Chile son estatales. Continúo: 5) Universidad Austral, 6) Universidad de Concepción, 7) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 8) Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), 9) Universidad Católica y 10) Universidad de Magallanes.

De las 10 universidades que más plata reciben del fisco por alumno, cuatro de ellas no son estatales, pero integran el Consejo de Rectores.

Por lo tanto, cuando algunos reclaman que las universidades estatales están en el abandono, debemos preguntarles en qué aspecto particular están abandonadas.

Lo que están proponiendo es que exista una especie de acápite en la ley que diga que un estudiante tiene que ir por obligación a una universidad estatal. ¡No, pues! Es al revés, en la medida en que las universidades estatales mejoren su calidad, muchos más estudiantes se matricularán en ellas, como sucede con la Universidad de Talca y con los buenos proyectos educativos que no se dejan capturar por algunos académicos o por partidos políticos, lo que les permite estar bien valoradas por la ciudadanía, ya que no son neutras y tienen una visión particular.

En consecuencia, creemos que tienen que existir reglas comunes para las universidades estatales, entre otras, que impidan que sean capturadas por el gobierno de turno, por los partidos políticos o por quienes simplemente no toleran la diversidad de opiniones. Eso es fundamental para una universidad que realmente sea del Estado. De lo contrario, la concepción de bien común a la cual deben apuntar las universidades estatales queda disminuida cuando es capturada por alguno de esos grupos, lo que lamentablemente hoy sucede en muchas universidades estatales de nuestro país.

Más de alguien me preguntará si eso no pasa en universidades privadas del país. Les contesto que ellas tienen una concepción particular, y por eso aquí se establecen reglas especiales. Por algo se crean por ley, porque son de todos.

Lo que no es razonable es que, si se quiere privilegiar o proteger el interés de los estudiantes y su derecho a la educación, se establezcan sanciones con mano de hierro para las universidades privadas que incumplen sus deberes, pero que se deje en la impunidad a las universidades estatales cuando los trasgreden. Por ejemplo, una universidad privada no puede contratar con el Estado si tiene problemas laborales, pero sí lo pueden hacer las universidades estatales.

Vamos a votar a favor del proyecto en general, pero votaremos en contra de todas las normas en las que nos parece que hay una desigualdad de lo que realmente importa para la calidad de la educación.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, tal como expresaron algunos colegas, estamos discutiendo un emblemático, histórico y necesario proyecto de ley.

Agradecemos profundamente a la Presidenta Michelle Bachelet por la decisión política de desarrollar una profunda y estructural reforma educacional que fortalecerá la educación pública, tan debilitada durante tantos años en nuestro país.

Es muy importante poner el acento en este punto, porque el debilitamiento de la educación pública en Chile no fue desinteresado ni consecuencia de una casualidad. La dictadura militar se preocupó de desarrollar una estrategia a largo plazo, por lo que desde recuperada la democracia hemos vivido las consecuencias de ser parte de un mercado que de manera progresiva ha dejado a un lado al Estado.

Alguien dijo por ahí que Chile era como Macondo. ¿Cómo el Estado, aun teniendo universidades, no puede hacerse cargo de financiarlas? La consecuencia es que durante todos estos años la educación superior privada ha mantenido una escalada creciente de matrículas, a diferencia de la educación superior pública, que se ha sostenido estancada.

Es importante destacar los aportes que ha realizado la Presidenta Bachelet a la reforma educacional, entre ellos el fin del lucro, el copago y la selección; la desmunicipalización y la creación de centros de formación técnica estatales, públicos y gratuitos en cada región del país; la creación de las universidades de Aysén y de O ´Higggins , etcétera. Resalto este último punto, dado que hace más de 25 años que no se creaban universidades estatales en Chile, sin contar los negros años de la dictadura militar.

Es muy importante destacar varios de los puntos que plantea el proyecto, pues versan sobre aspectos medulares que generan y mantienen la crisis en las instituciones del Estado. Por ello, no reconocer esta iniciativa como un avance para la política de educación superior en Chile sería un error que acarrearía graves consecuencias.

Es importante resaltar que la iniciativa busca establecer condiciones reales y objetivas que propicien un sistema de educación superior estatal que sea una guía para el universo que compone la educación superior. La idea es que de acuerdo a la fuerza que puedan generar los sectores más avanzados, se proyecte una universidad al servicio de un democrático desarrollo nacional.

Las universidades del Estado no pueden seguir siendo el vagón de cola para los que no tienen recursos, para los que tienen impedimentos o para los que se encuentran con un muro. No olvidemos que durante todos estos años han competido contra instituciones privadas en igualdad de condiciones, pero con distintas herramientas, y que resistiendo y subsistiendo siguen siendo prestigiosas y reconocidas. Es cierto que existen algunas excepciones, pero este gobierno también ha decidido jugar un importante rol a fin de fortalecerlas.

El tema más ausente en esta iniciativa es el aumento de matrículas en las instituciones de educación superior del Estado y lograr revertir la actual asimetría que existe entre las instituciones privadas y las instituciones estatales (85 por ciento y 15 por ciento, respectivamente). Es cierto que es un punto que se aborda en algunos artículos, pero no expresa una clara convicción ni definiciones que permitan avanzar en el mediano plazo en un aumento significativo de la matrícula estatal. Es un aspecto deficitario que deberemos corregir si pretendemos asegurar el crecimiento de la educación superior pública.

Por otra parte, destaco el hecho de que sobre lo aprobado en la Comisión de Educación, el Ejecutivo introdujo indicaciones en la Comisión de Hacienda, que reponen aspectos no considerados o rechazados en la Comisión de Educación, eliminando aportes sustantivos para las universidades del Estado, en particular relacionados con la gratuidad y las matrículas. Sin duda, es un aspecto que tensionará el debate, porque es evidente que esos elementos deben ser reconsiderados.

Como anunció mi colega Daniel Núñez durante su intervención, hemos solicitado votación separada de algunos puntos, con el objeto de recuperar la esencia que estableció la Comisión de Educación. Se trata de la comisión técnica y experta que ha tramitado todos los proyectos de la reforma educacional. El diputado Giorgio Jackson tiene toda la razón al plantear que es absurdo que la Comisión de Hacienda haya tratado algunas materias, en circunstancias de que no son de su competencia.

En relación con los contenidos del proyecto, destaco que en el artículo 1, y en contra de la opinión del Ejecutivo, se definió que las universidades del Estado son instituciones de educación superior de carácter estatal y gratuitas. Esa clara opción es necesaria para marcar la diferencia entre un derecho y un mero beneficio arbitrario, pues una cosa son los beneficios que se entregan desde una esfera subsidiaria y otra es la condición de un derecho, que ha sido la matriz de la reforma educacional impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet . La educación es un derecho social y no un bien de mercado.

La promesa de Sebastián Piñera sobre la gratuidad para los centros de formación técnica es algo que nuestro gobierno ya está cumpliendo al financiar la gratuidad en la educación técnica. La diferencia es que nosotros lo hemos planteado para aquellas instituciones que no lucran con los recursos de todos los chilenos. Esa es la contradicción en la promesa que se viene.

Debemos precaver al país a fin de no permitir que todo lo que hemos avanzado se transforme en un retroceso, al establecer que los recursos de todos los chilenos se puedan utilizar para negociar.

Uno de los grandes avances de este proyecto se refiere a los gobiernos de las universidades del Estado. Existirá un cambio sustantivo en relación con la presentación original, ya que el primer punto a relevar es el fin de los actuales consejos directivos y su reemplazo por órganos colegiados con presencia y derecho a voto de los tres estamentos. Dentro de la lucha que dimos durante años con el movimiento estudiantil, uno de los puntos fundamentales fue la triestamentalidad, y no porque se nos antojara, sino porque la reforma del 67 ya lo planteaba así.

¡No estamos descubriendo la rueda al poner a la comunidad universitaria en el centro de la discusión democrática de una institución! Estamos abriendo la posibilidad de que todos los estamentos e instancias que se representan en una institución de educación superior puedan ser responsables y contribuyentes al desarrollo de un proyecto nacional.

Es lamentable que en la Comisión de Hacienda se haya eliminado la exención de tributos, establecida en el artículo 36 del proyecto, referida a todos los bienes o actividades de las universidades del Estado. Era un punto correcto, porque también es una forma de fortalecer la educación.

Nos preocupa tremendamente no saber cómo se implementará un aspecto que ha sido una fuerza motriz para el desarrollo de este proyecto de ley. Por lo mismo, pensamos que fue correcta la división entre el proyecto de ley sobre educación superior y gratuidad y el proyecto de ley sobre fortalecimiento de las universidades del Estado, cuya vigencia se ha establecido en diez años. Estamos convencidos de que ese plazo no debe existir y que debiese ser muchísimo más acotado, sobre todo considerando el gobierno que se nos viene.

Más allá de las promesas electorales en materia de educación superior, conocemos la concepción de base de la derecha en cuanto a educación, cual es la mercantilización, como sucedió durante la dictadura militar, época en que muchos militantes de derecha fueron parte y cómplices de todo ese proceso. Lo mismo ocurrió en 2011 durante el gobierno de Sebastián Piñera, quien cerró la puerta en la cara a miles de estudiantes frente a la demanda en materia de educación superior.

Finalmente, debo mencionar que me parece relevante que los contratos que celebren las universidades del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se regirán, entre otras normas, por la denominada ley de compras públicas. Ello permitirá, por ejemplo, que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile vuelva a tener un convenio directo con Fonasa, para bienestar de la gente de la zona norte de la Región Metropolitana.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, intervengo en el debate para respaldar este proyecto de ley, que fortalece a las universidades del Estado.

En el sistema de provisión mixta de educación superior existente en nuestro país, donde hay universidades privadas y del Estado, nos parece que va en la línea correcta el fortalecimiento de las universidades estatales, que son las que más realizan investigación.

En Chile se invierte el 0.39 por ciento del producto interno bruto en investigación, dos tercios de la cual es realizada por universidades estatales. Las instituciones privadas están al debe en esta materia. Creo que este proyecto va en la línea correcta de fortalecer a las universidades estatales.

Se trata de establecer una regulación que promueva la calidad académica de las universidades del Estado y su contribución en forma permanente al desarrollo integral del país. Muestra de ello es la investigación, que donde más se realiza es, precisamente, en las casas de educación superior estatales.

Junto con reconocer la plena autonomía de las universidades, se reafirma el derecho a la educación superior y el compromiso del Estado por promover su excelencia académica.

Este proyecto establece la obligación de coordinación de las universidades del Estado, con el fin de impulsar el desarrollo nacional, así como la colaboración con las instituciones del Estado, para lo cual se crea el Consejo de Coordinación de Universidades del Estado.

Es importante destacar que dicho Consejo estará integrado por cinco rectores de universidades del Estado, de los cuales al menos tres deben ser de instituciones cuyo domicilio principal esté en regiones. Es decir, también va en la línea correcta de la descentralización que ha impulsado el gobierno, donde se han dado pasos importantes, como la tramitación del proyecto de ley sobre elección de gobernadores regionales, la creación de la Región de Ñuble y tantas otras medidas.

Del mismo modo, hay que destacar la creación de un plan de fortalecimiento, con un presupuesto de 150.000 millones de pesos a lo largo de diez años. Este proyecto complementa la ley de 2006, que estableció el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y la correspondiente acreditación, que, con algunos obstáculos en su desarrollo, ha sido, sin duda, un aporte para el mejoramiento de la calidad de la educación superior.

Quiero detenerme en el tema de la investigación, porque las verdaderas universidades son aquellas que investigan. Al respecto, como dije, cerca del 0.39 por ciento del producto interno bruto de nuestro país se destina a investigación, muy por debajo del 2.4 por ciento que, en promedio, se destina en los países de la OCDE, donde el 0.8 por ciento es aportado por las universidades del Estado y el 1.6 por ciento restante, por instituciones privadas. En Chile, en cambio, dos tercios del porcentaje orientado a investigación es aportado por las universidades del Estado, y el resto, por universidades privadas, que, en consecuencia, están al debe.

Creemos que la investigación es clave para el desarrollo de los pueblos. En ese sentido, valoro que sean precisamente las universidades estatales las que deban desarrollar el programa del futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Anuncio que vamos a apoyar el proyecto, porque consideramos que fortalece la educación pública superior, al entregar a las universidades del Estado mayor seguridad financiera.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Educación. Lamentablemente, al igual como ocurrió en la Comisión de Educación, anuncio de inmediato que no estoy muy contento con el contenido del proyecto. Creo que nos estamos farreando una importante oportunidad para cambiar el carácter de las universidades del Estado, y, por lo tanto, comenzar a alinear distintas conversaciones, distintos debates y distintas agendas que permitirían a Chile dar un salto hacia la creación de conocimiento y diversificación de nuestra economía, además de otros aspectos, a partir de un mejor trato a las universidades del Estado.

En particular, siento frustración porque este proyecto se limita a los aspectos más bien administrativos de las universidades del Estado y no a repensar el carácter que podrían tener en el marco del desarrollo nacional. Si bien durante la discusión particular en la Comisión de Educación logramos incorporar algunas cuestiones, lo cierto es que el proyecto está bastante lejos de cambiar la estructura y fisonomía de la forma como operan las universidades del Estado, principalmente -para ir al meollo del asunto en relación con el financiamiento.

Mientras las universidades del Estado sigan siendo concebidas como un actor más en un mercado de oferentes de la educación superior, va a ser muy difícil darles un objetivo de largo plazo para que puedan cumplir un rol distinto al que les asigna el mercado en función de la oferta y la demanda. En general, cuando los países avanzan es porque tienen proyectos de desarrollo ambiciosos. Así, cuando Estados Unidos de América quiso llegar a la luna, en medio de la Guerra Fría con la entonces Unión Soviética, lo que lo empujaba era el desarrollo del conocimiento, y enlazado con él venía el progreso. Tal proceso le significó inversiones cuantiosas en el largo plazo, muchas veces riesgosas, pues se desconocía si tendrían retorno.

Lamentablemente, la ciencia se ha tecnificado y parcelado tanto que hoy se requiere presentar proyectos de rentabilidad específica respecto de cada peso que se invertirá en hacer ciencia, en circunstancias de que la ciencia básica, la ciencia más abstracta, el pensamiento más complejo, y no solo las ciencias exactas, sino también las ciencias sociales, las humanidades o el arte, muchas veces requieren procesos creativos, de reflexión y pausa, que no tienen que ver con una estructura de competencia. Por eso, creo que insistir en la lógica del váucher para financiar a las universidades del Estado en un ámbito competitivo atenta contra la calidad de las mismas.

A lo anterior se suma que la autonomía respecto del Estado debería ser mucho mayor que la que presenta el proyecto. En todo caso, autonomía en la gestión no significa desconocer el rol público que esas universidades deben tener por mandato de la sociedad. Por eso estamos acá, en el Parlamento, mandatando a las universidades respecto de lo que debería ser su misión.

Mi posición en la comisión fue que, en materia de ejercicio de la gestión propia de las instituciones, el Estado no debería tener injerencia, es decir, no debería tener presencia con voto en sus órganos colegiados. Por consiguiente, no debería aumentarse, sino más bien restringirse la capacidad del gobierno de turno de inmiscuirse en la autonomía de las universidades.

¿Por qué? Porque no queremos que un gobierno pueda censurar la libertad de cátedra y la libertad de expresión de sus académicos, porque el ejercicio propio de la institución y su autonomía son anteriores a la creación de los Estados. En efecto, la universidad, como concepto, es anterior al Estado-nación moderno.

En suma, no debería haber espacio para la intromisión de los gobiernos de turno en la capacidad de proyección de la gestión de los cuerpos colegiados, expertos en la materia y que avanzan en líneas de conocimiento específicas.

Es obvio que existen otros mecanismos para regular e incentivar ciertas discusiones; existen financiamientos específicos para ciertos proyectos de desarrollo y, además, el Parlamento puede mandatar en otros aspectos, pero no es admisible la intromisión en el ejercicio cotidiano, lo que podría ser tremendamente peligroso.

Pedí votación separada de varias disposiciones. Agradezco que la Mesa considerara que los artículos 12 y 22 no se ajustaban a lo que establece el Reglamento en su artículo 226 y, por tanto, las indicaciones aprobadas por la Comisión de Hacienda respecto de dichos artículos se tienen por no formuladas.

En estos cuatro minutos y medio que me quedan quiero detenerme en un artículo. Pido atención a la Sala. Sé que a veces no ponemos tanta atención como se debería, pero en este punto pido atención por los próximos cuatro minutos.

El artículo 57, que pasa a ser 58, toca un tema que es sensible y que es político: las normas de propiedad intelectual e industrial asociadas a las universidades. Es un tema que a los rectores les complica, pero que hay que transparentar.

¿Por qué los complica? Por dos factores: primero, porque sometidas al autofinanciamiento, las universidades ven en las normas de propiedad industrial una oportunidad de ingresos futuros. Es cierto, porque, eventualmente, todas las patentes podrían traer ingresos a esas instituciones, y si están sometidas a un régimen de autofinanciamiento, se agradecen las lucas extra que puedan entrar al presupuesto. Pero la pregunta y el debate que creo que debemos instalar es si corresponde o no que las universidades estén facultadas siempre y a su arbitrio para someter a un régimen de monopolio artificial, como es la propiedad industrial, por un régimen de veinte años, como es el de las patentes, descubrimientos o innovaciones que hayan sido financiados con recursos públicos.

¿A qué voy? Por ejemplo, a través de Conicyt, con los proyectos Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología, o de Fondecyt, se financia a profesores e investigadores para que desarrollen alguna innovación. Esta innovación es financiada con los impuestos de todos los chilenos. Se les paga el trabajo de crear, que es un trabajo muy distinto a otro, pero un trabajo al fin y al cabo. Ese trabajo tiene un fruto. Pero podría ocurrir que la universidad decida ponerle un precio monopólico a ese fruto. Por ejemplo, imaginemos que una universidad del Estado encuentra una solución importante para el cáncer que permita que miles de personas alivien su problema, pero esa universidad decide, porque tiene problemas de financiamiento, poner a la patente respectiva un precio monopólico de un millón de pesos por el tratamiento pongo una cifra absolutamente arbitraria-, en circunstancias de que el costo de producir una dosis del remedio descubierto puede ser de 2.000 o 5.000 pesos, como máximo.

Por ello, cabe preguntar si queremos impedir -esto es lo que está haciendo la Comisión de Hacienda que el Estado, cuando lo indique la autoridad competente -por ejemplo, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi)-, pueda contar con una licencia obligatoria. Estoy hablando de un mecanismo que existe en la legislación, nacional e internacional, sobre propiedad intelectual: las licencias obligatorias. Lo que queremos es que toda creación generada desde las universidades del Estado esté sujeta, cuando el órgano competente indique que se trata de un bien superior, a una licencia obligatoria gratuita para el Estado de Chile.

Esto es sumamente importante para nosotros, porque estamos entrando en la era del conocimiento. Cada vez y de manera creciente va a ser más importante determinar cómo ese conocimiento puede estar disponible para acceder a él. Por lo tanto, debemos escoger entre dos bienes: o facultamos a las universidades para que, en cualquier caso y con su autonomía, puedan poner barreras artificiales al conocimiento en pro de su autofinanciamiento o propiciamos que, si el Estado lo estima pertinente, bajen radicalmente los precios de los bienes producidos por el conocimiento en una universidad del Estado, de modo que la mayor cantidad de población pueda acceder a ellos.

No es un tema simple. Por eso quise tomarme cuatro minutos para explicitar que es algo complejo. Creo que la redacción del referido artículo puede mejorar en el Senado. Nosotros, al menos, estamos a completa disposición del Ministerio de Educación para que en el Senado se llegue a una mejor redacción. Pero no limitemos esta discusión porque, de lo contrario, vamos a estar entregando la facultad a las universidades de poder restringir el acceso a la población a algo que podría ser considerado incalculablemente valioso, como son los productos derivados del conocimiento.

Por eso, pido a la Sala que rechace las modificaciones de la Comisión de Hacienda al artículo 57, que pasa a ser 58.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Solicito la unanimidad de la Sala para tratar a continuación de la intervención del diputado Gabriel Boric el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que elimina el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior.

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, primero quiero saludar a los y a las dirigentes de la Confech que se encuentran presentes en las tribunas, a los representantes de las federaciones estudiantiles y a los integrantes de federaciones estudiantiles que hoy fueron a entregar una carta a la Presidenta de la República para hacerse parte de este debate de manera propositiva. También quiero saludar a los miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales (Antue), que sé que están viendo este debate, en la mayoría de los casos desde sus regiones, en particular a su presidenta Mónica Álvarez , que se encuentra en Magallanes atenta a cómo se representan los intereses también de los trabajadores, actores muchas veces olvidados en este debate tan importante.

Hoy estamos ante una oportunidad histórica a través de un proyecto de ley en el que se propone generar un sistema coordinado de universidades estatales. Lamentablemente, creo que la Comisión de Hacienda ha hecho retrocesos importantes, que desgraciadamente terminaron por desnaturalizar la iniciativa.

Voy a ser más claro: la Comisión de Hacienda pasó la máquina en el Congreso Nacional y, fuera de las atribuciones que le confiere el Reglamento, terminó generando retrocesos respecto de acuerdos que el gobierno había alcanzado con el Consejo de Rectores.

El rector Ennio Vivaldi , de la Universidad de Chile, envió una sentida carta a la Presidenta de la República, en que se hacía eco de este inexplicable retroceso que se dio en la Comisión de Hacienda. Sería bueno que los integrantes de la Comisión de Hacienda entiendan que no son un órgano superior al resto de las comisiones y que, por tanto, no pueden atribuirse facultades por fuera de las que el Reglamento les confiere. En el próximo Congreso Nacional, en que el Frente Amplio finalmente estará representado en la Comisión de Hacienda, no vamos a permitir este tipo de actitudes que sobrepasan lo que a una comisión le corresponde hacer.

En lo que resta de la tramitación legislativa sí o sí debieran incorporarse elementos que el proyecto desgraciadamente no resuelve. Me refiero a hacerse cargo de los principales clivajes neoliberales que existen en el sector de la educación superior y que también terminaron desnaturalizando el rol de las universidades estatales. Un ejemplo: la hegemonía de oferta y captación de recursos que posee el sector privado, y la marginalidad del sector estatal respecto de lo anterior. Muchas veces se dice que estamos ante un sistema mixto, pero un sistema mixto es aquel en que existe equivalencia entre el sistema público y el privado, lo cual hoy no ocurre, pues las reglas del sector privado, de la competencia, son las que se aplican también al sector público, lo que ha hecho que la matrícula del sector público disminuya radicalmente en los últimos años.

El proyecto omite lo relativo a la inexistente relación entre los sectores técnico y profesional, incluso respecto de las propias instituciones estatales que se están creando, algo que nos parece inexplicable. También cabe mencionar la precaria relación entre las instituciones de educación superior y la ciencia y la cultura, donde radica quizás el espíritu de una nación. Debemos hacer el esfuerzo por recuperar esa relación.

También nos preocupa la radical separación entre docencia e investigación y la exponencial precariedad laboral de los trabajadores de las universidades del Estado, tal como ha planteado la Asociación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales en reiteradas ocasiones, cuando ha podido ser escuchada.

Los puntos críticos de que trata el proyecto de ley, que esperamos que se puedan resolver en los siguientes trámites legislativos, se encuentran contenidos en los siguientes puntos:

1. La naturaleza gratuita de las universidades del Estado ha sido eliminada por la Comisión de Hacienda, lo cual consideramos inaceptable, porque significa un retroceso respecto de lo que había hecho la Comisión de Educación.

2. El Estado se limita a fomentar la excelencia en las universidades estatales, en circunstancias de que lo que creemos debe hacer es garantizar el desarrollo académico en condiciones de excelencia, para asegurar el desarrollo del país, es decir, efectuar una labor que va más allá, que es más amplia.

3. Sobre el límite al aumento de la matrícula por parte de las universidades, la norma es difusa. Se debe dejar claro que las universidades del Estado son libres para crecer y brindar una oferta educativa de calidad, punto que también está considerado en la carta que los voceros nacionales de la Confech entregaron hoy a la Presidenta de la República.

4. En cuanto a la gobernanza universitaria, hay serios retrocesos, los que ponen en riesgo la autonomía de las universidades. El Estado aumenta su participación en los órganos de gobierno universitario y deja atrás a la comunidad universitaria. Así, el Consejo Superior de la respectiva universidad contempla nueve miembros, de los cuales cuatro son externos a la universidad, mientras que funcionarios y estudiantes quedan en minoría.

Al respecto, nos parece bien que exista participación de organismos externos vinculados a la sociedad, pero sin lugar a dudas parte importante de la soberanía también debe estar expresada en la deliberación interna de las universidades, lo que consideramos que está en riesgo.

5. En cuanto al financiamiento, nos preocupa seriamente que las universidades estatales no queden exentas de IVA, en particular los bienes de las universidades del Estado. Asimismo, nos preocupa que se haya eliminado la posibilidad de financiamiento a las universidades del Estado sometidas a programas de mejoramiento de calidad, ya que eso trunca, de manera especial, las posibilidades de desarrollo de las universidades regionales.

Me ha tocado ver permanentemente dicha situación en la Universidad de Magallanes, que tiene un tremendo potencial y hace un esfuerzo significativo de investigación, en particular vinculado a la ciencia y al desarrollo antártico. Sin embargo, debido al autofinanciamiento al que ha sido empujada y a que los convenios marco no son suficientes, se ve profundamente limitada en el desarrollo que pudiera tener con el potencial que tiene.

6. Era sumamente importante liberar el conocimiento generado en las universidades estatales, con el fin de acelerar la generación de nuevas técnicas e innovaciones. Sin embargo, con una visión retrógrada, desde nuestro punto de vista, que no se adecúa al avance de los tiempos, se eliminó la posibilidad de licencias no exclusivas, sublicenciables, gratuitas, irrenunciables y perpetuas de los resultados de las investigaciones realizadas en las universidades del Estado. Creemos que eso es un profundo retroceso.

En general, observamos en este proyecto que su objetivo era flexibilizar las normas para dejar a las universidades estatales en condiciones de “competir” con sus congéneres privadas. Y ese no fue el objetivo por el cual las universidades estatales se movilizaron. Puede ser un fin loable relajar la exigencia normativa que las tenía amarradas de manos, pero las empujará precisamente a la competencia, lo que desvirtuará el espíritu académico y el fin de la educación superior, expresado tanto en el preámbulo del proyecto como en el articulado, sobre los principios que rigen a las universidades del Estado.

Con esta iniciativa pasó algo que sucedió muchas veces con los proyectos presentados por el Ejecutivo, que tenían un mensaje muy bien inspirado y que compartían los principios de quienes habían hecho las movilizaciones, como pasó con el proyecto de ley en materia de la carrera docente, pero cuyo articulado, desgraciadamente, se alejaba del espíritu de la iniciativa, de manera que terminaba normándose por técnicos que al parecer no conocían la realidad al interior de las universidades o de quienes iban a hacer carne estas reformas. Debido a eso, aquellos proyectos al final contaban con el rechazo de quienes iban a ser los principales impulsores a la hora de concretar estas reformas. Lo que pasó con los proyectos de ley en materia de carrera docente y educación superior ahora está sucediendo con esta iniciativa, sobre las universidades estatales.

Observamos que en el proyecto de ley en discusión no hay ningún argumento que sostenga la necesidad de llevar a cabo la transformación institucional que se propone, salvo los que dicen relación con la eficiencia administrativa. Un buen ejemplo en este sentido es la normativa sobre gobierno interno y las normas que se refieren a la flexibilidad en la contratación de personal, que inevitablemente transforman al gobierno de la universidad en una dirección corporativa, con muy poca participación para la toma de decisiones sobre su propia comunidad, cuestión que se asemeja más a una empresa lucrativa que a una institución de educación.

Eso se lo comentamos a la jefa de la Divesup en su momento, cuando nos presentó el proyecto, y nos sorprendió mucho que el Ejecutivo fuera más allá respecto de la eliminación del DFL 2, de 2010, del Ministerio de Educación, el cual fue un logro de las movilizaciones de la Confech, y que derechamente prohibiera la participación de estudiantes y trabajadores en la elección de los rectores.

Por otra parte, nada se habla respecto de otras preocupaciones. ¿Qué tipo de cambios impulsa esto? ¿Qué rol juegan el conocimiento, los cambios tecnológicos y la democracia, aspecto que fue señalado por los representantes de la Antue? ¿Cómo han cambiado nuestras sociedades? ¿Qué mundo deberemos enfrentar? ¿Cuáles son las estrategias país?

Por lo tanto, la universidad se ordena en el sentido de imponer el control externo de la misma, el cual se ejerce de dos formas. El primer mecanismo para hacerlo es mediante la imposición de un gobierno universitario a través de una junta directiva, con el objeto de controlar la universidad sin contrapeso. El segundo control externo a las universidades va a ser impuesto por el financiamiento. Como se proponen fondos insuficientes para que las universidades estatales puedan escapar del autofinanciamiento, los fondos externos por los que ellas tendrán que competir direccionarán desde afuera el quehacer universitario, lo que nos parece inaceptable.

Si bien el proyecto de ley hace un esfuerzo valorable en cuanto a coordinar las universidades del Estado, y eso lo destacamos, esta coordinación se debilita cuando se trata a la carrera académica como carrera funcionaria, la que será definida por las propias universidades. Es decir, no habrá equivalencia entre carreras, sino una coordinación similar a la que hemos conocido hasta ahora.

Para finalizar, quiero destacar algunas medidas que se proponen desde el Consejo de Rectores y la Confech:

1. Incluir a todos los rectores en el Consejo de Coordinación de las universidades estatales.

2. Terminar con los límites al traspaso de recursos desde el fisco a las universidades del Estado, y

3. Poner fin al creciente desequilibrio que se produce entre los funcionarios públicos y los funcionarios de las universidades del Estado.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade .

El señor ANDRADE.-

Señor Presidente, como no he sido parte de la discusión en detalle de este proyecto, me someto a las intervenciones de aquellos que han intervenido con mucha más propiedad y conocimiento. Pero hay un aspecto que sí quiero plantear y que me preocupa sobremanera.

Hace algún tiempo aprobamos un proyecto de ley que establecía que para ser proveedor de servicios o bienes para el Estado era requisito obligatorio no haber incurrido en causales que permitieran la sanción por prácticas antisindicales. Aquello se ha aplicado rigurosamente y ha sido un buen incentivo, así como un desincentivo para aquellos que hacen de la práctica antisindical una constante de su tarea empresarial.

Hemos sido enfáticos en señalar que esa norma contó con el respaldo mayoritario del Parlamento en su momento, y por eso es que me llama la atención que en el proyecto en debate se plantee la excepción de esa obligación a las universidades del Estado.

Se insiste mucho, permanentemente, en que el Estado es un mal empleador. Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación, pero normas de esta naturaleza lo que hacen es dar argumentos a aquellos que entienden que el Estado es un mal empleador, porque no hay razón alguna para que por tratarse de universidades del Estado se las excepcione de la obligación de cumplir con las normas legales y evitar las prácticas antisindicales, que es el fundamento de la sanción que en su momento tuvimos.

Me llamó la atención ese punto, porque el diputado Bellolio hiso presente esa situación. Me permití ver el comparado del proyecto, y efectivamente pude comprobar que esa norma está planteada allí.

Entiendo que existe un problema. Sin embargo, ¿cómo se evita tal dificultad? ¡No desarrollando prácticas antisindicales! Eso no se evita por la vía de la excepción, por la vía de conceder un privilegio a una institución que también cumple funciones de empleador y que debe cumplir con todas las normas laborales. En consecuencia, eso también es aplicable a las universidades del Estado.

Me gustaría que viéramos cuántos trabajadores a honorarios hay en aquellas universidades y si estas cumplen con las normas establecidas en materia de jornada laboral. ¿Por qué debe exceptuarse a esas universidades de dicha obligatoriedad?

En la discusión del proyecto de ley de presupuestos hicimos presente, en particular la bancada del Partido Socialista, a través de una o varias indicaciones, que en los órganos llamados autónomos se cumpliera la normativa laboral. Lo hicimos presente en la Contraloría y en el Banco Central, entre otros organismos.

Como ocurre que ahora, sobre la base de la autonomía universitaria, se nos pretende decir que en materia del cumplimiento de la norma laboral no correspondería que se aplicase esa disposición por ser universidades del Estado, anuncio que por lo menos yo la votaré en contra.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que moderniza la legislación bancaria.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Ernesto Silva .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 32ª de la presente legislatura, en 13 de junio de 2017. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 104ª de la presente legislatura, en 19 de diciembre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SILVA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, me corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que moderniza la legislación bancaria.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en perfeccionar la legislación sectorial con el objeto de actualizar el sistema bancario nacional conforme a las mejores prácticas internacionales, de modo tal de fortalecer su capacidad para competir en el contexto de un mundo globalizado y enfrentar de mejor forma los riesgos futuros.

Asimismo, junto con modernizar el sistema bancario nacional, la iniciativa busca dotarlo de una institucionalidad moderna, capaz de enfrentar correctamente los nuevos desafíos regulatorios del mercado financiero; fortalecer la competitividad de esta industria y asegurar que su desarrollo se lleve a cabo en armonía con el interés público.

Contenido del proyecto

El proyecto de ley propone el traspaso de todas las competencias de la actual Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la Comisión para el Mercado Financiero, creada recientemente mediante la ley N° 21.000. Asimismo, modifica el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, para adecuarlo a los desafíos antes señalados.

Entre las modificaciones propuestas por el proyecto se destacan las siguientes:

1. Se reemplaza la actual Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras por la Comisión para el Mercado Financiero. Esto significa que todas las instituciones actualmente fiscalizadas por dicha superintendencia, como bancos, emisores y operadores de tarjetas de crédito, quedarán sujetas a la supervisión de la nueva entidad.

Por su parte, y con el objeto de evitar la duplicidad normativa y de tender hacia un estatuto general armónico, se derogan de la Ley General de Bancos todas las normas que consagran facultades de la superintendencia y que se encontraran contenidas en la ley N° 21.000, modificada.

2. Se incorporan nuevas exigencias de capital y reserva, que es un aspecto central en este proyecto de ley, de conformidad con los lineamientos del acuerdo internacional Basilea III. Es así como se incorpora una exigencia de capital adicional equivalente al 1,5 por ciento de los activos ponderados por riesgo y se incorpora una obligación de mantención de 2,5 por ciento de los activos ponderados por riesgo por sobre el mínimo establecido, el cual deberá estar conformado por capital básico.

3. Se incorpora una disposición que indica que el Banco Central de Chile, en consideración a la fase del ciclo económico, podrá determinar la activación de una exigencia de capital básico adicional, de carácter contra cíclico, que será aplicable de manera general a todas las empresas bancarias constituidas o autorizadas para operar en el país, a fin de mitigar la incubación de riesgos sistémicos. Dicha reserva la fijará el Banco Central en un porcentaje que puede ascender hasta el 2,5 por ciento de los activos ponderados por riesgo, previo acuerdo favorable de la Comisión para el Mercado Financiero.

4. Se incorpora una modificación a la garantía estatal a los depósitos, en el sentido de incrementar el tope máximo anual de cobertura por persona de 120 UF a 400 UF, con límite de 200 UF para una única institución bancaria.

Adicionalmente, el proyecto de ley propone modificaciones a los siguientes cuerpos legales: al decreto ley N° 2.079, de 1978, del Ministerio de Hacienda, que fija texto de la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile, respecto de las cuentas de ahorros para menores de edad; a la ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo, respecto de los convenios marco en que sea parte una empresa bancaria o cualquier otro inversionista institucional; a la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, para remitir el proceso que indica al procedimiento de la Ley General de Bancos; al decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece nuevo sistema de pensiones, respecto de instrumentos financieros; al decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio, también respecto de instrumentos financieros, reservas técnicas y patrimonio; al decreto con fuerza de ley No 5, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, respecto de la fiscalización de las cooperativas de ahorro y crédito, y a la ley N° 20.789, que crea el Consejo de Estabilidad Financiera, respecto de las remisiones a la Comisión para el Mercado Financiero.

Este proyecto de ley tiene efectos sobre el presupuesto fiscal de la siguiente forma:

A. Dispone el traspaso de los funcionarios desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la Comisión para el Mercado Financiero, sin solución de continuidad. El traspaso del personal señalado y el de los cargos que sirven, se efectuarán en el mismo grado que tenían a la fecha del traspaso, transfiriéndose asimismo los recursos presupuestarios respectivos. Del mismo modo, la dotación máxima de personal de dicha comisión se incrementará en el número de funcionarios traspasados.

En función de lo anterior, por concepto de personal, se estima que solo tiene mayor costo fiscal la aplicación del artículo 30 de la ley N° 21.000, correspondiente a cinco directivos pertenecientes al segundo nivel jerárquico, que se traspasarían del primer organismo al segundo, por un máximo de 92.856.000 pesos. El mayor gasto fiscal efectivo de cada año por este concepto dependerá de los funcionarios señalados que dejen sus cargos.

B. Incrementa el tope máximo de cobertura relacionado con la garantía estatal a los depósitos, lo que tiene un efecto fiscal en el cálculo de los pasivos contingentes, según dispone la ley N° 20.128, sobre responsabilidad fiscal.

Con la modificación señalada, la exposición fiscal máxima asociada a la garantía estatal, calculada con datos de diciembre de 2016, ascendería a 3,14 por ciento del producto interno bruto, en comparación con la estimación de exposición máxima presentada en el Informe de Pasivos Contingentes de 2016, de 2,28 por ciento del PIB.

C. Incrementa las exigencias de capital y reservas de los bancos que operan en Chile, lo que impactará directamente sobre las necesidades de capitalización de BancoEstado.

Al respecto, se estima que el proyecto de ley en comento generará la necesidad de realizar aportes extraordinarios de capital por parte del fisco a dicho banco por un monto total de hasta 1.620 millones de dólares, hasta 2024. En cualquier caso, ello depende de las definiciones que tome la autoridad reguladora respecto de nivel de ponderadores de los activos ponderados por riesgo.

El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley en proyecto durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto de la Comisión para el Mercado Financiero y, en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los presupuestos anuales de la Comisión para el Mercado Financiero.

El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, podrá traspasar a la Comisión para el Mercado Financiero los recursos necesarios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, asignaciones, ítems y glosas presupuestarios que sean pertinentes.

Durante la tramitación del proyecto de ley ante la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo presentó un paquete de indicaciones que tuvo por objeto perfeccionar el proyecto de ley, que fueron fruto de una mesa técnica de trabajo con la participación de representantes del Ejecutivo y de parlamentarios miembros de la Comisión de Hacienda. Un largo y acucioso trabajo permitió la aprobación del articulado del proyecto por unanimidad, a excepción de cuatro disposiciones que fueron aprobadas por mayoría.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la comisión decidió recomendar a la Sala la aprobación de este proyecto de ley.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.