Labor Parlamentaria

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Joaquín Tuma .

Antecedentes:

-Moción, sesión 93ª de la legislatura 363ª, en 12 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 116ª de la presente legislatura, en 23 de enero de 2018. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor TUMA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo paso a informar el proyecto de ley, originado en una moción de los diputados señores Germán Becker , Jaime Bellolio , Pedro Browne , Cristián Campos , Fuad Chahin , Joaquín Godoy , Joaquín Lavín , Fernando Meza , Roberto Poblete y quien habla, Joaquín Tuma , que establece un marco normativo para el corretaje inmobiliario que eleva los estándares de capacitación e idoneidad que el público espera en ese tipo de intermediación. Además, es necesario que se certifique tanto la procedencia y la forma en que dicha actividad se ejerce. Para ello, se crea un registro público digital de corredores de propiedades y agentes inmobiliarios, y se definen los requisitos para la inscripción en él.

La comisión contó con la asistencia de los señores Luis Felipe Céspedes y Jorge Rodríguez , que ejercieron como ministros de Economía, Fomento y Turismo en el actual gobierno.

Además, concurrieron los señores Carlos Antúnez , Cristián Domínguez y Juan Eduardo Figueroa , presidente, gerente general y asesor legal de la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios A.G. (ACOP), respectivamente, y Carlos Avilés , presidente de la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades de Chile (Coproch).

Aprovecho la oportunidad para saludar a los representantes de esas entidades que se encuentran presentes en las tribunas.

El proyecto fue aprobado en general en forma unánime.

Antecedentes

En la moción se hace presente que la actividad de la intermediación en materia de bienes inmuebles ha tenido distintos momentos en la historia jurídica chilena. Hasta 1977, el ejercicio del corretaje de propiedades se encontraba normado por las disposiciones de la ley N° 7.747, de 1943, y su reglamento (decreto N° 1.205, de octubre de 1944, del Ministerio de Economía). Inicialmente, la intermediación o corretaje inmobiliario estaba bajo la tutela del Ministerio de Economía y, en tal efecto, contemplaba una inscripción, de carácter imperativa y habilitante, en un Registro de Corredores de Propiedades.

Con el correr de los años y con la liberalización en el ejercicio de algunas actividades y profesiones, por medio del decreto ley N° 953, de 1977, y posteriormente con la ley N° 18.796, de mayo de 1986, se derogó el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y, junto con ello, desaparecieron también todas las normas que regulaban el corretaje de inmuebles. Es a partir de esta liberalización que el ejercicio del corretaje inmobiliario quedó absolutamente desprovisto no solo de un registro de carácter público, sino también de todo control por parte de la autoridad estatal.

Los autores de la iniciativa consideran que se debe avanzar en la regulación de la actividad del corretaje inmobiliario debido a que los negocios jurídicos sobre propiedades, cuyo componente básico es la confianza y la buena fe, deben estar regulados debidamente, porque es a los corredores de propiedades a quienes les corresponde intervenir de forma eficaz para que la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario se encuentren en condiciones apropiadas, justas y seguras, de tal suerte que las operaciones en que ellos intervienen se realicen con estricto respeto a los principios de buena fe, de certeza jurídica y de libre circulación de los bienes.

En consecuencia, se deben establecer niveles mínimos de formación profesional, exigiendo y fiscalizando el buen comportamiento, y estableciendo controles éticos.

Discusión general y particular

Durante el debate de la iniciativa, el señor Carlos Antúnez manifestó el interés de la organización que representa en que se regule la actividad de los corredores de propiedades, ya que la adquisición de bienes raíces es un acto muy importante en la vida de las personas, quienes necesitan de una asesoría adecuada y que les inspire confianza. Planteó que la compraventa de una vivienda, así como la tasación y administración de propiedades, y, en general, cualquier acto relacionado con una decisión inmobiliaria, requieren de la asesoría de un especialista con conocimientos y experiencia en la materia.

El señor Juan Eduardo Figueroa afirmó que la existencia de un registro que establezca requisitos protegerá a los consumidores, pues el Sernac recibe en la actualidad una altísima cantidad de reclamos a causa de corredores que prestan malos servicios, quienes engañan a la gente al vender inmuebles o no liquidan las garantías de los arriendos en las propiedades que administran, debido a que no están sujetos a un control ético, como el que ejercen Coproch y Acop en relación con sus afiliados. Por lo mismo, afirmó que el proyecto en comento constituye una necesidad para el país.

El señor Carlos Avilés consignó que la liberalización del corretaje de propiedades trajo consecuencias en un mercado en que la relación de confianza y la idoneidad del corredor de propiedades son claves para el éxito o fracaso de un negocio inmobiliario.

Al día de hoy no existe ningún requisito legal que sea habilitante para ser corredor de propiedades. Ello ha traído como consecuencia la proliferación de personas que ejercen dicho corretaje de manera informal, sin emitir boletas ni facturas y sin pagar patentes, como también de personas que ejercen como corredores sin conocimiento ni idoneidad mínimos, lo que ha lesionado seriamente el prestigio de la actividad.

Agregó que la moción parlamentaria en trámite constituye una de las grandes aspiraciones de la asociación que preside, que desde 2008 está pidiendo esta regulación y la creación del Registro Nacional de Corredores de Propiedades.

El exministro de Economía, Fomento y Turismo Luis Felipe Céspedes destacó la importancia de establecer cuál será la entidad responsable de llevar el registro que se propone crear. No obstante lo anterior, reiteró su disposición a trabajar en torno de la iniciativa en análisis.

Quien habla hizo presente que las observaciones formuladas en su informe por la Corte Suprema fueron recogidas en algunas indicaciones que presentó al proyecto.

El señor Jorge Rodríguez , ministro de Economía, Fomento y Turismo, expresó su apoyo a la iniciativa. Manifestó que el principal beneficio que aportará su aprobación será la posibilidad de certificar el cumplimiento de una serie de requisitos que avalen a los profesionales que se desempeñen como corredores de propiedades, lo que en definitiva redundará en beneficio de los consumidores.

En suma, la iniciativa propone establecer un registro digital de corredores de propiedades y agentes inmobiliarios, que defina los requisitos para la inscripción de personas naturales y jurídicas; consagrar el derecho exclusivo de difusión para los agentes registrados; regular los derechos de los usuarios y las infracciones en la prestación de servicios de corretaje o intermediación, basándose para ello en la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores; contemplar un procedimiento de reclamación en sedes administrativas y judiciales, y dictar un reglamento para la ejecución de la ley.

Durante la discusión particular del proyecto, la comisión aprobó diversas indicaciones a su articulado, tanto de fondo como de estructura. Fueron aprobados quince artículos permanentes y dos transitorios, los que se consignan en el informe.

El informe de la comisión fue tratado y acordado en sesiones de fechas 15 de diciembre de 2015, 5 de enero de 2016, 5 y 19 de diciembre de 2017, y 16 de enero de 2018, con la asistencia de los señores Tuma, don Joaquín ; Espejo, don Sergio ; Auth, don Pepe ; Bellolio, don Jaime ; Chahin, don Fuad ; Edwards, don José Manuel ; Farcas, don Daniel ; Fernández, doña Maya ; Jarpa, don Carlos Abel ; Kast, don Felipe ; Lavín, don Joaquín ; Núñez, don Daniel ; Poblete, don Roberto ; Rocafull, don Luis , y Van Rysselberghe, don Enrique .

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma .

El señor TUMA.-

Señor Presidente, una de las demandas más sentidas que hace la población al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo en materia económica es terminar con los abusos de los mercados.

El abuso, que es expresión de exceso de poder y de unilateralidad, pero también de trampa y de engaño, está socavando la legitimidad de nuestra economía de mercado y convirtiéndose, además, en un obstáculo para la libre y sana competencia entre sus actores.

En el caso del corretaje profesional de bienes raíces, los abusos, los engaños, las pequeñas y las grandes estafas de alcance criminal están deteriorando seriamente el mercado inmobiliario, especialmente el arriendo de inmuebles por temporadas inferiores a un año. Son cientos los casos de falsos corredores de propiedades que, en forma personal o empleando el anonimato que permite internet, esquilman a personas y familias que necesitan arrendar una casa o un departamento.

Existen casos más graves, en que personas sin ninguna calificación profesional, ni menos ética, se dan a la tarea de trabajar como corredores de propiedades, abandonando a su suerte a los clientes, sean arrendadores o arrendatarios.

Este proyecto, que surgió de una inquietud del gremio de corredores de propiedades, busca única y exclusivamente prevenir esos abusos contra la población a través de la creación de un registro público y nacional de corredores.

En el proyecto se propone que dicho registro sea público y voluntario, bajo dependencia del Ministerio de Economía, de modo que cada consumidor pueda informarse libremente sobre quiénes son los corredores inscritos.

Un aspecto de gran importancia es el estándar que se busca imponer por medio del establecimiento de requisitos para formar parte del registro que supervisará el Ministerio de Economía. Para inscribirse se propone tener formación acreditada en materia de intermediación inmobiliaria y no haber sido condenado por delitos patrimoniales o financieros.

Se ha dicho que este proyecto vulnera el artículo 19, número 16º, de la Constitución Política de la República, que prohíbe al legislador exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en sentencia causa rol N° 1.413, de 2009, señaló que “la ley puede perfectamente establecer requisitos para el desarrollo de una actividad. Estos -dice el tribunalpueden ser definidos de manera positiva, como cuando se exige el cumplimiento de ciertos requisitos, o de manera negativa, cuando se exige la ausencia de ciertos impedimentos, prohibiciones u obligaciones. Si la ley pone requisitos para desarrollar una actividad, estos deben ser racionales.”.

En la página del gobierno en internet se encuentra publicada una guía de servicios del Estado, es decir, una nómina con varias decenas de registros públicos obligatorios para desarrollar una enorme variedad de actividades económicas y profesionales. Esos registros han sido establecidos por leyes dictadas bajo la vigencia de la actual Constitución.

A vía ejemplar, cito algunos: Registro de Instructores y Practicantes de Artes Marciales; Registro de Concesionarios de Servicios Sanitarios; Registro de Pescadores Artesanales; Registro de Armadores Industriales; Registro de Agentes de Naves, y el Registro de Transportistas Escolares.

Citaré dos casos de registros de personas que se dedican a la intermediación de bienes y servicios, como ocurre con el corretaje de propiedades: el Registro de Agentes de Seguros y Rentas Vitalicias, y el Registro de Intermediarios Agrícolas, es decir, de corredores agrícolas.

En resumen, no existen cuestionamientos de constitucionalidad. Lo que existe, probablemente, es el temor a generar una suerte de estanco, a delimitar la competencia.

Con el conocimiento que me han dado mis años de desempeño en la actividad comercial privada, les digo que no hay nada más lesivo a la concurrencia y competencia entre agentes de los mercados que la desregularización que permite el abuso. Un corredor diligente y responsable nunca podrá competir en precios con pillos y corredores informales que solo buscan embaucar a la gente que requiere de sus servicios.

En consecuencia, termino mi intervención haciendo un llamado a la discusión seria, sin prejuicios, una que ponga en primer lugar los intereses de la gente, de la ciudadanía, ni siquiera de los corredores de propiedades presentes en las tribunas, sino de la gente que, cansada de los abusos, pide regulaciones para tener mercados sanos y capaces de operar con libertad de competencia.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Espejo .

El señor ESPEJO.-

Señor Presidente, como presidente de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, quiero destacar que el proyecto no tendría ninguna posibilidad de ver la luz, ni de ser votado por la Sala, si no fuera por la persistencia, diría incluso contumaz, de mi colega Joaquín Tuma , quien lo ha impulsado contra viento y marea, buscando concitar no solo la adhesión parlamentaria -fue unánime en la Comisión de Economía-, sino además el patrocinio del Ejecutivo -es algo extraordinariamente difícilpara establecer por ley el citado registro.

Este proyecto, extremadamente simple, busca destacar la buena fe y la confianza como elementos fundamentales en la actividad de corretaje. Y para proteger la buena fe, particularmente respecto de quienes recurren al servicio de un corredor de propiedades, parece razonable que los corredores puedan optar por inscribirse en el registro público y quedar sujetos a un conjunto de obligaciones que garanticen la buena fe y la confianza, de manera de evitar que actúen como mercaderes dispuestos a transar con la confianza de las personas y provocarles frustración y daños. De hecho, en caso de existir infracciones, el registro permite expresamente recurrir a la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, sin perjuicio de las exigencias que se establecen a los corredores.

Quiero felicitar y rendir homenaje a la perseverancia con que el diputado Tuma impulsó la iniciativa, y agradecerle por los años que ha trabajado como parlamentario en la Cámara de Diputados, labor que termina esta semana.

Por las razones expuestas, anuncio mi respaldo al proyecto y solicito a la Sala que lo apruebe.

He dicho.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, tal como señaló el colega Sergio Espejo, si el diputado Joaquín Tuma no hubiese insistido no una ni dos, sino quince veces, hoy no tendríamos este proyecto.

Por eso, felicito al diputado Tuma por su persistencia en una iniciativa que, en definitiva, es distinta de la original, y además por haber logrado algo extraño en el caso de los parlamentarios, esto es llevar adelante un proyecto de ley que se reconoció que implicaba gastos, y que el gobierno lo hiciera suyo. A cuántos diputados nos hubiera gustado que el gobierno hubiese hecho lo mismo, de manera que nuestras ideas terminaran siendo recogidas por el gobierno y este las hiciera propias, y que los gastos estuvieran incorporados.

A mi juicio, eso ocurrió por dos razones: la primera, porque era algo razonable, justo, una medida equilibrada, y la segunda, porque el diputado Tuma insistió y ganó, no solo por cansancio, sino también porque tenía la razón.

Dicho eso, me parece que estamos ante un buen proyecto de ley, toda vez que no establece un requisito obligatorio, tal como señaló el diputado informante. Si este hubiese sido un requisito mandante para ejercer la profesión, evidentemente no sería constitucional. Se trata de un registro voluntario a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, una especie de sello que garantiza la fe pública de ciertos corredores de propiedades para, tal como dijeron los diputados Espejo y Tuma , evitar al máximo posible el aprovechamiento, considerando que existe una situación de desequilibrio o asimetría en materia de información entre quien quiere arrendar o comprar versus quien hace el corretaje, que conoce mucho mejor la condición de la propiedad.

En consecuencia, me parece que tanto los requisitos como la forma jurídica mediante la cual se resuelve la cuestión en el proyecto de ley son adecuados.

Por lo tanto, anuncio que apoyaremos con mucho entusiasmo la iniciativa, no solo porque fue presentada por el diputado Tuma , sino también porque es la concreción de una muy buena idea.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara: la intermediación inmobiliaria ha sido por siempre una práctica muy utilizada. Sabemos que hasta los años 70 estuvo normada por la ley N° 7.747 de 1943, y su respectivo reglamento.

Sin embargo, la liberalización de su ejercicio, que en un principio fue positiva, pues permitió el ingreso de un mayor número de corredores y propició que el mercado no fuera tan abusivo en cuanto a cobros de comisión y otras prácticas, con el correr de los años atrajo a una gran cantidad de protagonistas sin la debida preparación, por no estar controlada la actividad. Como consecuencia, decayó la calidad de las intermediaciones y la certeza jurídica para quienes respaldan la transacción de sus bienes mediante esos servicios.

El protagonismo de corredores que no poseen los conocimientos necesarios ni la idoneidad para ejercer la actividad ha llevado, en la mayoría de los casos, a la excesiva especulación en los precios para recibir altas comisiones. De forma inescrupulosa, se cobran comisiones y precios exorbitantes, sin atender a la buena fe y bloqueando la libre circulación de los bienes, lo que, además de ser un principio jurídico ampliamente resguardado por la legislación civil, es el elemento que protege la existencia de un mercado sano.

También entiendo que instituciones importantes, como la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades (Coproch A.G.) y la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios (ACOP), se esfuerzan por establecer lineamientos y normativas que contribuyan a entregar un servicio profesional y de calidad por parte de sus socios, esfuerzo que se ve opacado y menoscabado por la práctica de otros protagonistas que, como mencioné, no brindan el mejor de los servicios por carecer de la idoneidad profesional necesaria.

Me parece que el texto del proyecto aprobado por la Comisión de Economía, el 22 de enero de 2018, es el apropiado.

Finalmente, debo destacar la persistencia y perseverancia del diputado Tuma para sacar adelante esta iniciativa, que, como vemos, es del todo razonable.

Por tanto, apoyaré el proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, he revisado con detenimiento el proyecto y sus fundamentos. Sin duda, comparto sus fundamentos generales, en el sentido de que la excesiva liberalización del ejercicio de la actividad provocó el surgimiento de prácticas completamente negativas, como las enunciadas por el diputado informante y por algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra.

No obstante, después de revisar el articulado de la iniciativa, me percaté de que no resuelve el problema esencial. En efecto, queremos establecer normas contra quienes utilizan malas prácticas -señaladas por el diputado Berger -, como cobrar comisiones excesivas o burlar la buena fe en las transacciones; pero no se establece sanción alguna, no hay coacción alguna contra ellos, dado que la inscripción es voluntaria.

Entonces, el objetivo declarado de defender a los ciudadanos que se ven en la necesidad de recurrir a los servicios de esos agentes particulares o personas jurídicas no queda resguardado. Si la inscripción en el registro de corredores de propiedades es voluntaria, a lo más ello servirá para que, eventualmente, el ciudadano que deba contratar los servicios de esas personas haga la distinción entre quien está y quien no está inscrito. La inscripción es como un sello de garantía. Pero –reitero siento que el proyecto no tiene fuerza para corregir malas prácticas como las que mencioné, de cuya ocurrencia doy fe porque en mi experiencia he conocido casos de especulación y de sobreprecios, entre otros, en la actividad de algunos corredores de propiedades. Todos hemos conocido casos de esa naturaleza.

No obstante ello y valorando todos los esfuerzos realizados, mi aprensión respecto de la iniciativa en estudio es que no resuelve el problema fundamental enunciado. Lo que hace es solo establecer un registro, que por lo demás será voluntario. Por lo tanto, me imagino que aquel que actúa burlando la buena fe -es decir, que actúa de mala fe simplemente no se inscribirá y podrá operando en el mercado sin que le ocurra nada.

Esa es la observación que quería hacer. No sé si en el siguiente trámite constitucional podría abordarse este punto. Me hizo mucho sentido y tomé muy en serio lo que planteó el diputado Bellolio , en términos de que haber hecho obligatoria la inscripción en el registro de corredores de propiedades o haber establecido una coacción mayor en ese sentido podría haber provocado que el proyecto fuera declarado inconstitucional, toda vez que estaría violentando la libertad de trabajo.

Sin perjuicio de ello, como me interesa el tema y dada su gran importancia, me habría encantado que el proyecto tuviera un poco más de “dientes”, para que las prácticas que mencioné, que por desgracia se dan con bastante frecuencia en este mercado, efectivamente pudieran ser eliminadas, de modo de proteger más significativamente a los usuarios que deben recurrir a quienes se dedican a la actividad del corretaje de propiedades.

He dicho.

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad, con la salvedad del inciso segundo del artículo 14, por tratar una materia propia de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melero Abaroa, Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Corresponde votar en general el inciso segundo del artículo 14, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios.

Diputados informantes de las comisiones de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, y de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización son la señora Loreto Carvajal y el señor Celso Morales , respectivamente.

Antecedentes:

-Moción, sesión 38ª de la presente legislatura, en 22 de junio de 2017. Documentos de la Cuenta N° 18.

-Informe de la Comisión de Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, sesión 57ª de la presente legislatura, en 10 de agosto de 2017. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 108ª de la presente legislatura, en 3 de enero de 2018. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.

La señora CARVAJAL, doña Loreto (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica la ley N° 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios, originado en una moción de los siguientes diputados y diputadas: Jenny Álvarez , Claudio Arriagada , Guillermo Ceroni , Maya Fernández, René Manuel García , Carlos Abel Jarpa, Iván Norambuena , Jaime Pilowsky , Alejandra Sepúlveda y Leonardo Soto .

La idea matriz del proyecto es modificar la ley Nº 8.946, para permitir que los municipios que cuenten con los recursos necesarios, en casos especiales, puedan ejecutar obras provisorias de emergencia en forma inmediata, tratándose de reparaciones urgentes que tengan como objetivo reducir la posibilidad de accidentes vehiculares y de los propios peatones que transitan por aceras y calzadas, a fin de hacer más eficiente y expedita la ejecución de las mismas.

El proyecto fue aprobado en general en forma unánime, por diez votos.

La comisión contó con la asistencia de la señora Paulina Saball , ministra de Vivienda y Urbanismo; de la señora Jeannette Tapia , asesora legislativa del mismo ministerio; del señor José Luis Sepúlveda , jefe de la División Política Habitacional, y del señor Manuel González , arquitecto de la División de Desarrollo Urbano, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En la moción se fundamenta la iniciativa y se consigna lo siguiente:

La ley Nº 8.946 entrega a los correspondientes servicios de vivienda y urbanización (Serviu) la ejecución, renovación, conservación y administración de las obras de pavimentación de aceras y calzadas urbanas que se realicen con fondos fiscales en todas las comunas de la república, salvo en la comuna de Santiago, que se rige por la ley Nº 11.150.

Por tanto, las municipalidades se ven impedidas de efectuar todas aquellas obras de reparación de sus pavimentos que se requieren con urgencia y que tienen como objetivo primordial reducir la posibilidad de accidentes vehiculares y de los propios peatones que transitan por ellos. Esta limitación es inconsecuente con el deber que la ley N° 18.290 impone a las propias municipalidades, al señalar en su artículo 174: “la municipalidad respectiva o el fisco, en su caso, serán responsables civilmente de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización.”.

Frente a esta situación, el ente contralor emitió un pronunciamiento en el que concluyó que los procedimientos de bacheo y reparaciones de veredas, aunque sean de carácter menor, de emergencia y de forma provisoria, deben ajustarse a los procedimientos de aprobación y recepción regulados por la ley Nº 8.946, de pavimentación comunal, y, por tanto, tienen que contar obligatoriamente con las validaciones del Serviu respectivo para su autorización, ejecución y certificación.

A lo expuesto anteriormente se suma el extenso plazo que lleva la elaboración, presentación y aprobación de un proyecto de pavimentación por el Serviu Metropolitano, generalmente de tres a cuatro meses, por lo que se manifiesta claramente la necesidad de modificar la ley Nº 8.946, de pavimentación comunal, para permitir a los municipios que en casos excepcionales, tratándose de obras provisorias, menores o de emergencia, puedan realizarlas en forma inmediata, a fin de hacer más eficiente y expedita la ejecución de las mismas.

Durante la discusión general del proyecto, la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball , hizo presente que el tema de los pavimentos es un problema que tiene múltiples dimensiones: afecta la vida diaria de los ciudadanos, ya que muchas veces diversas personas han sufrido accidentes, incluso fatales, por la falta y deterioro de aquellos; afecta a los municipios tanto en su patrimonio como en su gestión, porque la pavimentación de las calles es una tarea que la ciudadanía les atribuye a ellos, y afecta también el funcionamiento de las instituciones públicas.

Asimismo, destacó que la moción en informe es acotada y abogó por su pronto despacho, pues permitiría a los municipios resolver un problema urgente que les ha significado tener que cargar, incluso, con multas cursadas por la Contraloría General de la República. No obstante lo anterior, sostuvo que la iniciativa debía ir acompañada de otras medidas también por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya que las adoptadas hasta ahora no son suficientes.

Con tal propósito, sugirió definir la emergencia vial como aquella situación o condición que se presenta en las vías públicas y que debe ser atendida en el más breve plazo para evitar daños a las personas, vehículos o bienes. La acción ante una emergencia vial tiene como objeto devolver a la vía su capacidad de circulación en una condición que no presente riesgo para las personas. Esta definición no apunta al estado físico del pavimento, sino a mantener su función básica con respecto a la seguridad. El enfoque no es la condición del pavimento, sino la operación de la vía, por lo que nada tiene que ver con la conservación.

El diputado Leonardo Soto compartió la propuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en orden a definir en el proyecto las obras menores de pavimentación y eximirlas de la aplicación de normas que rigen para las obras mayores, pero dejó ver su temor a que la incorporación de la expresión “vida útil” en la definición dé lugar a una nueva interpretación de la Contraloría General de la República que pueda frustrar el propósito que persigue el proyecto de ley.

El artículo único del proyecto incorpora en el artículo 10 de la ley Nº 8.946, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, el siguiente texto: “salvo que se trate de obras provisorias de emergencia ejecutadas por las municipalidades.”.

A proposición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los diputados Arriagada, don Claudio ; Carvajal, doña Loreto ; García, don René Manuel ; Fernández , doña Maya ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Soto, don Leonardo , y Tuma, don Joaquín , formularon una indicación para reemplazar el artículo único del proyecto por otro que agrega dos incisos que fueron perfeccionados luego del debate habido en la comisión, aprobándose este en los siguientes términos: “A las obras provisorias de emergencia, entendidas para estos efectos como aquellas intervenciones en aceras y calzadas tendientes a evitar daños a las personas y a los bienes, y en que cada intervención puntual no supere los 50 metros cuadrados por evento, ejecutadas por las municipalidades, no les será aplicable la presente ley.

La calificación de las obras como provisorias de emergencia deberá realizarse por la Dirección de Obras de la respectiva municipalidad con anterioridad a su inicio y, una vez ejecutadas, se informará de ellas al Serviu respectivo.”.

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada unánimemente por ocho votos a favor.

La iniciativa fue tratada y acordada en sesiones del 12 y 19 de julio y de 2 de agosto de 2017, con la asistencia de los diputados Jenny Álvarez , Claudio Arriagada , Karol Cariola , Maya Fernández, René Manuel García , Carlos Abel Jarpa , Claudia Nogueira , Iván Norambuena , Alejandra Sepúlveda , Joaquín Tuma , Osvaldo Urrutia y quien habla, Loreto Carvajal .

Además, concurrieron a estas sesiones los diputados señores Marcelo Chávez y Leonardo Soto .

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

El señor MORALES (de pie).-

Señor Presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo 222 del Reglamento y de lo resuelto por la Sala en sesión del 11 de julio del año pasado, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en moción de las diputadas señoras Jenny Álvarez , Maya Fernández y Alejandra Sepúlveda , y de los diputados señores Claudio Arriagada , Guillermo Ceroni, René Manuel García , Carlos Abel Jarpa , Iván Norambuena , Jaime Pilowsky y Leonardo Soto , que modifica la ley N° 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios.

Cabe hacer presente que, de acuerdo a la citada disposición reglamentaria, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización se pronunció sobre el texto aprobado por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.

No obstante tratarse de un proyecto de ley de un solo artículo, la iniciativa suscitó un interesante y fructífero diálogo entre los parlamentarios y con las autoridades que expusieron ante la comisión: la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball , y la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Comisión de Transportes de la Asociación Chilena de Municipalidades, señora Carolina Leitao .

El debate se centró en el nuevo inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 8.946, sobre pavimentación comunal, que faculta a los municipios para ejecutar las obras provisorias de emergencia, entendiendo por tales las intervenciones en aceras y calzadas tendientes a evitar daños en personas y bienes, y en que cada intervención puntual no supere los 50 metros cuadrados por evento.

Sin embargo, la comisión, junto con valorar unánimemente esta norma, estimó necesario reformularla en una nueva redacción, que precisa su contenido.

Al efecto, se aprobó por asentimiento unánime una indicación sustitutiva del aludido inciso, el cual, sin incorporar enmiendas de fondo, efectúa adecuaciones de tipo formal, reemplazando, por ejemplo, el vocablo “evento” por “bache”.

Por último, hay que hacer presente que el nuevo inciso tercero del mencionado artículo 10, que en síntesis encomienda a las direcciones de obras municipales calificar las obras como provisorias de emergencia, fue aprobado en los mismos términos propuestos por la comisión matriz.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, este proyecto de ley que nos correspondió estudiar en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, que es una iniciativa parlamentaria, constituye un avance importante en un ámbito que ha sido de especial interés en mi trabajo parlamentario y que tiene relación con la calidad del transporte público al interior de las ciudades y, en definitiva, con la calidad de vida de los ciudadanos.

Para contextualizar el tema, debo señalar que, hasta el 2005 -es decir, hasta hace doce años-, el organismo competente para ejecutar obras de reparación, conservación, pavimentación y repavimentación era el Servicio de Vivienda y Urbanismo, esto es el Serviu respectivo de cada región, el cual estaba encargado no solo del diseño y del financiamiento de estos proyectos, sino también de la ejecución.

Al concentrar estas funciones en los Serviu, a pesar de presentar problemas propios que se generan al radicar un área de esta complejidad en un solo servicio, el objetivo se cumplía y los proyectos se ejecutaban más oportunamente que con la burocracia actual.

Hoy en día, después de aprobada la ley Nº 20.235, en la repavimentación de las calzadas y aceras se incorporan tres actores: los municipios, el Serviu y los gobiernos regionales.

Así, es el municipio el encargado de detectar los problemas y elaborar los diseños de ingeniería de los proyectos; los Serviu deben revisarlos y aprobarlos o rechazarlos, y a los gobiernos regionales les corresponde financiar estos proyectos de pavimentación para que, posteriormente, en un tercer o cuarto paso, el municipio o el Serviu liciten su ejecución, y en un quinto paso será el propio Serviu quien va a fiscalizar las obras.

En este esquema, los municipios deben proporcionar una serie de estudios, como un estudio topográfico y un estudio de mecánica de suelos, contratar profesionales para el diseño estructural de un simple bacheo, que además debe ser un ingeniero inscrito en el registro del Serviu.

Posteriormente, deberá enviarse al Serviu para su aprobación y, después de varios meses, finalmente el proyecto se podrá postular ante el gobierno regional respectivo para su financiamiento y competirá con un sinnúmero de otras iniciativas que presentan los otros municipios de la región y será sometido a un extenso trámite muy burocrático.

Así las cosas, uno de los grandes problemas que este esquema ha generado es que desde que el municipio detecta el problema y elabora el proyecto de pavimentación hasta que el proyecto es aprobado por el GORE, si es que logra su aprobación, en la práctica ese proyecto ya ha caducado, puesto que la solución técnica que se planteaba para afrontar el deterioro del pavimento, que era de ciertas acotadas dimensiones, ya no es aplicable, porque ese deterioro ha aumentado considerablemente, ya sea por el uso o por condiciones de carácter climático.

A mayor abundamiento, los municipios son los responsables de la administración de los bienes nacionales de uso público, incluidas por supuesto las aceras y las calzadas, y la Ley de Tránsito les atribuye la responsabilidad por los perjuicios ocasionados por accidentes a causa del mal estado de las vías, por lo cual, en el actual estado de cosas, los municipios se encuentran atados de manos y no pueden intervenir el pavimento de sus calzadas y aceras sin seguir un procedimiento establecido por la normativa actual, aunque sea esta una situación de emergencia, como ha prevenido la Contraloría General de la República en recientes dictámenes que, incluso, han pedido sanciones para los municipios que han procedido a actuar en forma más diligente para solucionar y enfrentar la emergencia.

Por tales razones, se han planteado varias propuestas complementarias a este proyecto de ley para afrontar dicha inconsistencia, que paso a señalar:

Considerando que para los gobiernos regionales no existe una glosa presupuestaria específica destinada al financiamiento de proyectos de pavimentación y que tampoco hay una priorización respecto de estas iniciativas, en julio de 2014 se presentó el proyecto de resolución N° 95, el cual fue aprobado por la Sala, que buscaba proveer de recursos específicos a las regiones para la realización de aquellos.

En el mismo sentido, durante la tramitación del proyecto de ley de presupuestos para este año, se presentó una indicación con tal finalidad. Lamentablemente, no fue aprobada por las instancias respectivas.

Otra materia de especial relevancia para la entrada en vigencia de la ley en trámite es la proposición que efectué a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que el Serviu elaborara bases técnicas tipo para los proyectos de pavimentación de emergencia, o de bacheo, o de mantención y reparación, las cuales incluyeran aspectos sobre mecánica de suelos, topografía y diseño estructural para evitar que los municipios deban efectuar licitaciones públicas para contratar estudios o a profesionales debidamente registrados en el Serviu, y así acotar los tiempos y agilizar la solución de los problemas sobre la materia que nos ocupa.

Respecto de este último punto, quiero agradecer especialmente a la citada ministra por haber acogido mi propuesta. Asimismo, señalar que el Serviu de la Región Metropolitana ya está operando con un procedimiento simplificado y con bases técnicas tipo. Sin embargo, falta extender dicha solución a los servicios de vivienda y urbanización de las demás regiones.

Así las cosas, este proyecto de ley, que hoy espero que aprobemos con un amplio respaldo, dará una solución efectiva a esta problemática que actualmente enfrentan los municipios con relación a las reparaciones de emergencia que se deben hacer a los pavimentos, entregando una facultad precisa para poder ejecutar tales obras sin que medien reparos legales ni administrativos en un ámbito que se enmarca dentro de las funciones más complejas a las que se ven expuestos tanto por las consecuencias legales que deben afrontar ante su incumplimiento como por la recurrencia con que se deben ejecutar esta clase de proyectos en las ciudades, solucionando de esta manera un grave problema que enfrentan los ciudadanos que se movilizan sobre todo a través del transporte público.

Por lo expuesto, aprobaré la iniciativa en debate, tal como lo hice en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.

Por último, los invito a solucionar un problema que hoy está afectando a nuestras ciudades.

He dicho.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Chávez .

El señor CHÁVEZ.-

Señor Presidente, quiero intervenir en la misma dirección de lo planteado por el colega que me antecedió en el uso de la palabra.

Este proyecto de ley tiene un sentido práctico muy relevante y una doble dimensión:

Por una parte -aquí eso se ha señalado-, las múltiples consecuencias para la vida diaria de las personas que transitan por las calles de nuestro país, quienes se ven enfrentadas a hoyos, “eventos”, baches, cualquiera que sea el nombre que queramos poner a esas irregularidades en los pavimentos, que en numerosas ocasiones han terminado en accidentes, fatales en muchas de ellas. Eso, por supuesto, tiene una tremenda connotación desde el punto de vista de la integridad física de quienes circulan por las calles del país.

Por la otra, lo que sucede con los municipios en esta materia. Sabemos -con la iniciativa en debate lo hemos reafirmado que respecto de la situación que nos convoca muchas municipalidades han sido condenadas por falta de servicio al no mantener las vías en condiciones de seguridad, y las indemnizaciones que han debido pagar han salido de sus arcas, afectándose con ello la provisión de otros servicios públicos.

Así, nos vemos enfrentados a un problema práctico que –reitero tiene una doble dimensión: por un lado, afecta la salud y la integridad física de las personas que transitan por nuestras calles, y por el otro, a los municipios, que muchas veces se han visto obligados a pagar indemnizaciones cuantiosas como consecuencia de las condenas que han tenido en materia de responsabilidad por falta de servicio.

Por tanto, este proyecto es práctico porque exime a los servicios de vivienda y urbanización de la obligación, por así decirlo, de dar la aprobación técnica a las obras provisorias de emergencia cuando estas no superen los cincuenta metros cuadrados por evento. Así, tratándose de esa situación, quedarán exentos de la aprobación del Serviu, la cual quedará entregada a las direcciones de obras municipales. Esto significará que, por ejemplo, ante un bache que esté afectando la calidad de vida de las personas y que eventualmente pueda constituir una situación de emergencia, el municipio podrá directamente, a través de la aprobación de su dirección de obras municipales, dar la aprobación técnica al proyecto de que se trate y rápidamente resolver el problema.

Indudablemente, se trata de un tremendo avance tanto en materia de tiempos como de aprobaciones para que la administración pública, en este caso la comunal, pueda entregar con prontitud una solución a los ciudadanos.

Entonces, estamos hablando de una facultad que mediante el proyecto de ley en discusión se está entregando a los municipios.

Cabe señalar que la Comisión de Gobierno Interior también analizó esta iniciativa, y que el diputado Soto , uno de sus autores, ha estado muy preocupado por sacarla adelante. Debemos reconocer la perseverancia del colega sobre el particular. Asimismo, que en la medida de nuestras posibilidades, pudimos analizarlo con rapidez en dicha instancia.

En el mismo sentido señalado, en la comisión quedó claramente establecido que tratará de una facultad de los municipios, no de una obligación. Porque hay que recordar que aquí hoy existe una doble obligación: una para los gobiernos regionales, que deben proveer los recursos para este tipo de obras, y otra para las municipalidades.

Insisto: este proyecto viene a resolver y a dar una tramitación rápida, oportuna para cuando se produzcan situaciones de este tipo, que afectan a diario a muchas personas en Chile.

Quiero establecer al menos dos cuestiones que en el siguiente trámite podrían ser objeto de alguna precisión.

Primero, quizás sería bueno que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dictara un reglamento a fin de poder establecer una coherencia en las direcciones de obras municipales a la hora de ver el texto que aprobaremos. A mi parecer, el texto es claro, pero siempre puede caber una interpretación distinta, por lo que creo que no está de más que dicha secretaría de Estado, como órgano técnico y normativo -insisto-, dicte un reglamento que permita precisar cuáles serán las circunstancias que deben concurrir para que determinado “evento” se trate como una obra provisoria de emergencia, a fin de poder eximirlas del trámite ante los Serviu.

Segundo, lo relativo al financiamiento.

El diputado que me precedió en el uso de la palabra ya lo mencionó. Aquí hay una tarea, ya sea a través de la incorporación de una glosa presupuestaria para los gobiernos regionales, que tienen la obligación de disponer los recursos para este tipo de obras, para que los municipios puedan postular a su obtención, o bien, derechamente se puedan descentralizar aquellos con la finalidad de que las municipalidades los reciban directamente.

En definitiva, este proyecto de ley es muy bueno. Insisto en que tiene un sentido práctico tremendamente importante, porque a través de él será posible dar solución a un problema que, sin duda, genera muchísima preocupación. Ello, pues la gente se pregunta: “¿Por qué nunca se arregla esta calle?”, “¿por qué ese hoyo sigue estando en ese lugar?”, lo cual genera diversos problemas en la salud de las personas, lo que ya hemos visto en muchas ocasiones.

Por tanto, bien vale la pena apoyar con mucha decisión esta iniciativa que –reitero puede hacer la diferencia respecto de cuestiones que preocupan de manera permanente a los ciudadanos.

Por lo anterior, hago un llamado a los colegas a aprobar este proyecto de ley.

Por mi parte, así lo haré al momento de votarlo.

He dicho.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Cito a reunión de los Comités sin suspender la sesión. En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO.-

Señor Presidente, si bien este proyecto de ley contiene una muy pequeña modificación a la ley de pavimentación comunal, el cambio que propone respecto de la manera de conservar las calles y veredas de las ciudades del país podría producir un enorme impacto en la calidad de vida de nuestros habitantes.

Chile enfrenta un problema crónico en materia de conservación de las calzadas y aceras de las calles de sus comunas, por el mal estado en que se encuentran, al punto de que su deterioro forma parte permanente del paisaje de nuestros pueblos y ciudades. Eso se debe a las lluvias, al mal uso de las calles por vehículos de alto tonelaje y a la falta de mantenimiento, todo lo cual produce que las roturas en el pavimento se vayan expandiendo con el transcurso del tiempo, como consecuencia de lo cual lo que era muy poco termina siendo un bache que ocupa la mitad de la calle o, incluso, atraviesa todo su ancho.

De ese modo, esas calles y veredas se vuelven intransitables y ponen en riesgo tanto a los vehículos como a las personas que transitan por ellas, particularmente cuando ya están deterioradas, situación que afecta especialmente a nuestros adultos mayores, quienes se ven expuestos a la amenaza permanente de caídas y de una eventual fractura que incluso puede derivar en invalidez.

Todo eso se produce como consecuencia del mal estado de las calles y de la no reparación de esos “eventos”, que tanto afectan el tránsito de las personas.

La falta de mantenimiento se debe a lo absurdo del sistema. Es tan absurdo, que la ley obliga a las municipalidades a responder civilmente por todos los daños y lesiones que se produzcan en los vehículos y en las personas, respectivamente, a consecuencia del mal estado de conservación de las arterias, por lo cual es muy frecuente que los municipios se vean obligados a indemnizar a las personas que sufren caídas en las veredas o daños en su patrimonio producto del mal estado de las calzadas de las calles públicas. Sin embargo, la ley no otorga a los municipios las herramientas que les permitan reparar directamente esos defectos, como sería lo lógico, para así evitar tener que pagar eventuales indemnizaciones.

El problema en cuestión es, básicamente, de carácter burocrático, y consiste en que para reparar un simple bache en una calle o en una vereda se requiere el concurso de tres instituciones públicas: el municipio en que se sitúa el problema, el Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanización) de la región respectiva y el gobierno regional que corresponda.

La burocracia obliga a los municipios a hacer un levantamiento muy técnico, topográfico, por cada bache que hay en la calles, además de estudios de mecánica de suelos, diseños, planos y propuestas técnicas para la reparación.

Después de elaborados esos documentos, el proyecto debe enviarse al Serviu respectivo para que un equipo de profesionales, que no solo atiende los problemas de esa comuna, sino los de toda la región, se haga cargo de revisarlos.

Una vez aprobado técnicamente, es necesario postular el proyecto al financiamiento del gobierno regional, ya que es esta institución la que debe costear la reparación. Si todo sale bien y se cuenta con los recursos, el proyecto se aprueba y debe ser enviado al municipio, a fin de que este realice el proceso de licitación destinado a determinar qué empresa que hará cargo de tapar el hoyo.

Como comprenderá, señor Presidente, en todo ese proceso se ocupan a lo menos tres o cuatro meses, si todo anda rápido, luego de lo cual es posible iniciar la ejecución del proyecto.

La supervisión del trabajo también está a cargo del Serviu, cuyos inspectores técnicos deben concurrir a las obras para revisar cómo va la reparación, cuánto han avanzado las obras y, cuando corresponda, hacer la recepción final de los trabajos. En todo eso se pueden ocupar varios meses o incluso años.

Claramente, los ciudadanos no obtienen ninguna explicación que satisfaga su demanda por saber cuál es la causa por la que la reparación no se realizó con mayor celeridad.

Las tres instituciones involucradas coordinan muy poco su trabajo, por lo que en los interesados surgen la desconfianza y la frustración.

Este proyecto de ley reconoce el proceso descrito como válido cuando se trata de reparar desperfectos que tienen el carácter de estructurales en los caminos y veredas. En esos casos corresponde realizar una reparación con rotura completa de calles, es decir, una intervención a fondo. Pero creemos -esta es la idea matriz del proyectoque no se justifica toda esa tramitación burocrática cuando lo que se busca es simplemente reparar baches menores o de emergencia, que si son intervenidos a tiempo, no seguirán aumentando el deterioro existente, con lo cual se ahorrarían bastantes recursos al Estado.

Por eso, este proyecto de ley establece que esta reglamentación no se aplicará cuando se trate de obras provisorias de emergencia. Esa es la definición que hace: la reglamentación burocrática que he descrito hasta el aburrimiento no se aplicará cuando se trate de intervenciones en aceras y calzadas que deban realizarse para evitar lesiones a las personas o daños en los bienes, y las obras no superen los cincuenta metros cuadrados. En su reemplazo se podrá utilizar una tramitación rápida y directa a cargo de la municipalidad respectiva, pero siempre que una municipalidad ejecute esa intervención.

Para esos efectos, la dirección de obras municipales respectiva deberá certificar que se trata de obras provisorias de emergencia. Ellos serán los encargados técnicos, pero tendrán la supervisión de la Seremi de Vivienda de la región respectiva. Es decir, dentro de la misma ciudad o localidad afectada se definirá si se trata de una obra provisoria de emergencia y, a continuación, con esa calificación, el municipio podrá ejecutar directamente todas las obras menores de reparación, sin injerencia del Serviu ni del gobierno regional.

De esa forma será más fácil superar la emergencia y tapar los hoyos pequeños. El procedimiento se utilizará para obras provisorias de baja durabilidad; no estamos hablando de proyectos destinados a conservar el pavimento, sino simplemente de aquellos destinados a evitar que siga aumentando el problema y, sobre todo, que se produzca daño o la amenaza de daño a los bienes y de lesiones a las personas.

Este es un proyecto mínimo, como he dicho, pero podría producir enorme impacto en las ciudades, porque cada municipio podrá resolver por sí mismo estos problemas, sin tener que realizar el largo recorrido que he descrito.

Muchos municipios ya cuentan con cuadrillas para el bacheado de calles, pero no las pueden utilizar porque la ley vigente se lo impide. Hoy estableceremos una excepción, mirando, ante todo, el beneficio de los vecinos, para que puedan contar con gobiernos comunales que respondan prontamente a la demanda de reparar sus calles, sus veredas, para hacerlas más transitables y más seguras, sin tener que hacer el recorrido por el gobierno regional, por los Serviu o por organismos externos que, adicionalmente, pueden poner más trabas.

Es una norma muy práctica que espero sea de gran ayuda para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.

En nombre de los autores de este proyecto, que me ha tocado liderar, agradezco que las comisiones de Gobierno Interior y de Vivienda le hayan dado la tramitación rápida y oportuna que requería. Luego de solo cuatro meses hemos llegado a esta instancia en la Sala de la Cámara de Diputados, que dará lugar a la aprobación de la iniciativa en poco rato más.

Espero que el Senado sintonice con las necesidades que tienen todos los vecinos y vecinas del país y nos ayude a darles una solución práctica y concreta. Esto incluso podría evitar la pérdida de vidas humanas.

He dicho.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

En el tiempo del Comité Mixto e Independientes, tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, si hay una ciudad del país que sabe de hoyos, de baches, de “eventos” o como quieran llamarlos, es Arica, ya que hasta no hace mucho tiempo su casco antiguo, y la ciudad en general, estaban repletos de ellos.

Desde 2005 en adelante la responsabilidad de enfrentar este problema recae en el gobierno regional; existe una serie de normas y procedimientos administrativos burocráticos, a los que ya se han referido otros colegas, que impiden que los municipios se hagan cargo directamente de la situación cuando se trata de obras menores de emergencia, aunque sabemos que no es su responsabilidad, pues los municipios no están mandatados por ley para asumir la pavimentación de las calles de su comuna. Cuando se trata de una medida de emergencia, se requiere la intervención de esos organismos, pero hoy los municipios están atados de manos para acudir con sus cuadrillas o, en el caso de la ciudad de Arica, con la máquina tapa hoyos o bacheadora -así la denominan-, pues la contraloría ha estado multando a las municipalidades que realizan una función que no les corresponde por ley, porque, como dije, desde 2005 esas obras están a cargo de los gobiernos regionales, muchos de los cuales hacen convenios con el Serviu para ejecutar esas obras de reparación.

La manera que establece el proyecto de hacerse cargo de esta situación es liberar a los municipios para que puedan ejecutar las obras cuando se trata de eventos menores, como hoyos o baches, pero no de pavimentar o repavimentar una calle o una avenida, o cuando se trata de una obra de emergencia, para que no tengan que pasar por todo el difícil procedimiento administrativo y burocrático para pedir los permisos correspondientes.

En consecuencia, cuando se apruebe el proyecto, el municipio respectivo podrá tapar directamente el hoyo y luego informará al Serviu, que es la institución que mantiene la competencia legal para ello, lo que permitirá disminuir de manera importante la cantidad de hoyos en las calles de nuestro país, porque los municipios podrán realizar esas obras menores con presupuesto propio, sin ser multados por la contraloría.

Sabemos que la máquina bacheadora ha tapado muchos hoyos en la ciudad de Arica, pero el alcalde se vio impedido de continuar con esa labor desde que la contraloría empezó a multar a los municipios. En consecuencia, si aprobamos el proyecto y continúa su tramitación en el Senado, que resultará muy fácil, ya que estamos hablando de un artículo único, permitiremos que los municipios puedan realizar esas obras en forma muy rápida y que las máquinas bacheadoras de Arica vuelvan a salir a las calles a realizar esa labor.

Por lo tanto, votaré a favor el proyecto.

He dicho.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, no quiero repetir los argumentos y las exposiciones de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.

Sin embargo, quiero señalar que muchos municipios están en el peor de los mundos, ya que cuando un automovilista o un peatón sufren un accidente debido a un hoyo de la calle, el responsable civil es la municipalidad; o sea, tiene que pagar las indemnizaciones correspondientes cuando pierde las demandas. No obstante, si ese municipio repara los baches, la contraloría le ordena devolver esa inversión, porque no puede hacerlo. ¡Esa es la situación en que hoy nos encontramos!

La comuna de San Bernardo tiene miles de baches debido al alto tránsito de buses del Transantiago. Sin embargo, el presupuesto de ese sistema de transporte de pasajeros para reparar esos baches no alcanza ni siquiera para realizar el 10 por ciento de esos trabajos. Entonces, ¿qué pasa con el otro 90 por ciento de los hoyos que afectan a los habitantes de ese lugar, los cuales se multiplican en invierno? La respuesta que nos da la institucionalidad es que tienen que esperar un año para que sean reparados, porque el presupuesto del convenio entre el Serviu y el gobierno regional ya se acabó. Lo peor es que multan al municipio que gastó recursos para realizar ese servicio requerido por la ciudadanía.

¡Simplemente es una cosa de locos! ¡No se entiende! ¡Es kafkiano! Pero como vienen tiempos mejores, como me acota un colega, aprobaremos esta norma de manera transversal, pues resuelve con sentido común esta discrepancia absurda, lo que permitirá a los municipios realizar un servicio que le deben a su comunidad, tal como han dicho todos los tribunales que han fallado a favor de los accidentados por la falta de esos servicios. En consecuencia, esto facilitará ese trabajo.

Por supuesto que había distintas alternativas jurídicas o iniciativas legales para solucionar esa situación, pero me parece que se optó por una que es óptima y liviana, cual es que permite que las direcciones de obras municipales hagan la pega que tiene que hacer hoy el Serviu, organismos que deberán informar de ello a dicho servicio, cuando se trata de una reparación transitoria, ya que esa información permitirá al Serviu determinar, por ejemplo, cuando debe repavimentarse una calle completa.

Resulta claro que la ciudad es el problema de gran parte de los chilenos. Me refiero no solo a Santiago, sino particularmente a las provincias que tienen centros urbanos más pequeños que no tienen la posibilidad de obtener una solución para estos problemas porque la burocracia los lleva a la centralización dentro de la región y del país.

Por lo tanto, la iniciativa plantea una manera de dotar de mayores atribuciones a los gobiernos locales, línea que debiésemos seguir en muchas de nuestras políticas públicas.

En concreto, esta norma solucionará la situación kafkiana que hoy afecta a los ciudadanos, automovilistas, taxistas, colectiveros y también a los trabajadores del transporte público.

Por lo tanto, votaremos a favor el proyecto de ley.

He dicho.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky .

El señor PILOWSKY.-

Señor Presidente, en primer lugar, felicito al principal autor del proyecto, el diputado del Partido Socialista señor Leonardo Soto , quien señaló que no se trata de un proyecto estructural, lo que es efectivo, pero que dará solución a un tema que influirá en la calidad de vida de las personas, de los vecinos de cada una de las comunas, porque reducirá los accidentes de vehículos y de peatones en aceras y calzadas.

Un Estado moderno y eficaz, con un gobierno local potente, debiera dar soluciones rápidas a este tipo de situaciones.

¿Qué ocurre en esta materia? Tenemos tres actores que participan, lo cual, lógicamente, lo hace más complejo: los gobiernos regionales, las municipalidades y el Serviu.

En segundo término, también hay que decir que el proyecto no involucra recursos, pero hacen falta fondos, problema que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, los gobiernos regionales y, particularmente, el Congreso Nacional.

En tercer lugar, existe una serie de trabas burocráticas que retrasan en uno o dos años la reparación de un hoyo, un bache o un “evento”, como se ha denominado políticamente. Incluso, a veces no se les da solución porque no existen los recursos necesarios para realizar la reparación correspondiente.

Al respecto, agradezco al diputado Soto el haberme permitido participar en el proyecto, que propone algo muy sencillo, pero muy relevante, cual es permitir que los municipios ejecuten obras provisorias de emergencia, ya que, tal como lo han señalado los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, aquí se produce un absurdo jurídico, pues, por una parte, la ley obliga al municipio a responder civilmente por los accidentes que se producen por no bachear los hoyos o eventos y, por la otra, como señala el informe textualmente: “Frente a esta situación, el ente contralor emitió su pronunciamiento donde concluyó que los procedimientos de bacheo y reparaciones de veredas, aunque sean de carácter menor, de emergencia y de forma provisoria, debían ajustarse a los procedimientos de aprobación y recepción regulados por la ley N° 8.946 de pavimentación comunal…”.

En la práctica, se produce un absurdo jurídico que queremos solucionar a través del proyecto. Por un lado, se atribuye la responsabilidad civil a los municipios; pero, por el otro, no se entregan las facultades para realizar esas reparaciones, motivo por el cual la contraloría termina aplicando las multas correspondientes.

¿Qué dijo la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball , a la cual agradezco el importante apoyo que brindó al proyecto? Señaló algo muy sencillo. Hizo presente que el tema de los pavimentos es un problema que tiene múltiples dimensiones y que afecta la vida diaria de las personas, pues muchas han sufrido accidentes, incluso fatales, por la falta o deterioro de aquellos; afecta a los municipios tanto en su patrimonio como en su gestión, porque la pavimentación de las calles es una tarea que la ciudadanía atribuye a ellos y afecta también el funcionamiento de las instituciones públicas.

Por eso, ojalá aprobemos este proyecto por amplia mayoría y desde ya quiero pedir al Senado que lo apruebe con rapidez en su segundo trámite constitucional. En ese sentido, espero que nuestro amigo y colega diputado Cristián Monckeberg , futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, dé urgencia a este proyecto que agrega un inciso al artículo 10 de la ley N° 8.946, para permitir que las municipalidades puedan realizar obras provisorias de emergencia sin tener que cumplir con todos los requisitos burocráticos que hemos descrito, sin perjuicio de informar al Serviu.

Por estas razones, espero no solo que este proyecto sea aprobado hoy en la Cámara de Diputados, sino que ojalá durante el mes de marzo sea aprobado por el Senado, con la urgencia que -imaginole va a imponer el próximo ministro de Vivienda y Urbanismo, hoy colega nuestro. De esa forma espero que la ley permita solucionar estos problemas.

He dicho.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, me sumo a las palabras pronunciadas por todos mis colegas respecto de este proyecto de ley. Si bien no es una iniciativa estructural, dice relación con problemas habituales de pavimentación que enfrentan los municipios en general.

Tal como el diputado Mirosevic se refirió a los problemas de pavimentación que afectan a Arica, también ellos se presentan en la comuna de Recoleta y en toda la zona norte de la Región Metropolitana, sobre todo en vías ocupadas por el transporte público, por lo que de realizarse pavimentaciones provisorias se provocarían demoras en el flujo vehicular.

La ley N° 8.946 no solo establece el procedimiento para postular a los recursos necesarios para realizar las obras, sino que, además, entrega al Serviu de la región la potestad para la ejecución, renovación, conservación y administración de las obras de pavimentación de aceras y calzadas urbanas, tal como lo dijo el diputado Bellolio, con quien coincido completamente en este punto en particular.

Efectivamente, en esta materia, a las municipalidades se les priva de la capacidad para solucionar los problemas de pavimentación, pero deben asumir la responsabilidad cuando ocurre un accidente en las calzadas y calles debido a la mala pavimentación. Sin embargo, cuando los municipios quieren reparar las calles o veredas, la Contraloría General de la República no les permite desarrollar este tipo de inversión.

La modificación propuesta se hace cargo de un elemento de sentido común, cuyo objetivo es que los municipios dejen de ser simples administradores y se les entregue el poder para convertirse en gobiernos locales que puedan desarrollar sus políticas en distintos ámbitos.

Un aspecto del que no se hace cargo el proyecto es la obtención de los recursos, pues no todos los municipios cuentan con ellos para pavimentar las calles y veredas que presentan problemas, por lo que deben hacer tremendos esfuerzos para conseguirlos.

Quiero aprovechar este debate para mencionar la importancia que tiene modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en relación con la distribución de los presupuestos municipales a nivel nacional. No es posible que haya municipios que superen en ocho o diez veces el presupuesto por habitante de otros municipios. Por ejemplo, la municipalidad de Recoleta dispone de 138.000 pesos por habitante en circunstancias de que la municipalidad de Las Condes tiene más de un millón de pesos por habitante, lo que evidencia claramente una desigualdad en la distribución de los recursos, que no permite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de determinadas comunas.

La desigualdad territorial nace en la manera en que se distribuyen los recursos y es en este punto donde esta moción presenta un vacío. La iniciativa permite a los municipios que logran hacer el esfuerzo económico para realizar este tipo de obras provisorias no sufrir por parte de la contraloría sanciones administrativas ni la exigencia de la devolución de los recursos que fueron empleados en beneficio de la ciudadanía, para evitar accidentes vehiculares o peatonales. Particularmente, quiero abogar por los adultos mayores, que son los que sufren con mayor intensidad las consecuencias de calles, veredas o calzadas en mal estado. Son ellos los que habitualmente se caen y sufren accidentes.

Reitero: no es posible que exista esta diferencia tan grande de ingresos entre las comunas, porque afecta la calidad de vida de sus habitantes. Las comunas de menores recursos económicos también deben tener la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Nuestra bancada aprobará este proyecto de ley y felicita a los autores de la moción, porque se hace cargo de un vacío en la ley. Todos los municipios realizan acciones de reparación de los baches que se generan en las calles, calzadas y aceras, lo que significa un tremendo esfuerzo económico para muchos municipios, sobre todo si consideramos la desigualdad que existe en la distribución de los recursos a nivel nacional.

Por último, saludo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por haber apoyado la moción e, incluso, ayudó a mejorar la calidad del proyecto.

He dicho.

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley N° 8.946, que Fija el Texto Definitivo de las Leyes de Pavimentación Comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios.

Hago presente a la Sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Corresponde votar en particular el artículo único con la modificación propuesta por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que consagra el derecho a la protección de los datos personales.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Juan Antonio Coloma .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 124ª de la legislatura 362ª, en 4 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 116ª de la presente legislatura, en 23 de enero de 2018. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor COLOMA (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento, vengo en informar sobre el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de los senadores Pedro Araya , Felipe Harboe , Ricardo Lagos , Hernán Larraín y Eugenio Tuma , que consagra el derecho a la protección de los datos personales.

La idea matriz o fundamental de esta iniciativa es consagrar constitucionalmente el derecho a la protección de los datos personales y a la autodeterminación informativa, esto es, la facultad de las personas de controlar sus antecedentes personales.

Los autores de la moción señalan que la normativa y los organismos que velan por la protección de datos personales en el país se han visto severamente cuestionados por la falta de certeza sobre el tratamiento de flujos de información referida a las personas. Agregan que se carece de una institucionalidad específica e independiente que sirva para cautelar efectivamente los derechos asociados al tratamiento de la información, lo que ha generado graves cuestionamientos por parte de la sociedad civil, el mundo académico y el periodismo de investigación.

Recuerdan que las regulaciones en materia de datos personales son profusas y de larga data en la mayoría de los países pertenecientes a la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por su parte, la jurisprudencia europea ha ampliado el sentido primario del derecho a la privacidad hacia la protección de los datos personales o la llamada autodeterminación informativa, que consiste en el derecho de las personas a controlar sus datos personales, incluso si estos no se refieren a su intimidad.

Seguidamente, recuerdan que el profesor Humberto Nogueira Alcalá define el habeas data como el derecho que asiste a toda persona a solicitar, administrativa y judicialmente, la exhibición de registros o bases de datos, públicos o privados, en los cuales estén incluidos sus datos personales o de su familia, para tomar conocimiento con exactitud de ellos, solicitar su rectificación, verificación, complementación o reserva.

Este derecho, tal como se consideró en un proyecto del senador Jorge Pizarro , actualmente archivado, debe tener rango constitucional por encontrarse dentro de las más frecuentes amenazas al derecho a la vida privada y a la honra de las personas y la familia, en especial en un mundo donde los negocios de gran escala cruzan con rapidez la esfera de las jurisdicciones de los países.

A continuación, se hace presente que la Constitución chilena recoge en el artículo 19, número 4º, lo siguiente: “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.”, lo que se conoce en términos generales como derecho a la intimidad.

Recuerdan que en 1999 se reguló este derecho de manera orgánica con la dictación de la ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, y también con la publicación, en 1995, del artículo único de la ley Nº 19.423, que modifica el Código Penal en lo relativo a delitos contra el respeto y la protección a la vida privada y pública de la persona y su familia.

Asimismo, sostienen que la inquietud por estos temas se ha visto reflejada, por ejemplo, en el proyecto de reforma constitucional de los entonces senadores señores Gazmuri , Escalona y Muñoz , que postulaba crear una Agencia de Protección de Datos (boletín Nº 6594-07), y en el proyecto que se tramitó en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados (boletín N° 8143-03), que regula el tratamiento de los datos personales y crea una institucionalidad fiscalizadora.

A partir de estos antecedentes, señalan que hay ejemplos concretos de una creciente preocupación por un tema que ha ido cobrando relevancia a nivel nacional y mundial, y arguyen que cada vez se hace más patente la necesidad de reconocer en nuestra Carta Fundamental la protección de los datos personales.

Finalmente, explican que la idea matriz de este proyecto supone consagrar, en favor de todos los individuos, la facultad de controlar sus datos personales y la capacidad para disponer y decidir sobre los mismos.

Para el cumplimiento de estos objetivos, el texto aprobado por el honorable Senado propone agregar en el número 4º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, después de una corrección de forma, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Asimismo, la protección de sus datos personales, el derecho a acceder a ellos y a obtener, en la forma que determine la ley, su rectificación, complementación y cancelación, si estos fueren erróneos o afectaren sus derechos.

El tratamiento, circulación y traspaso de esos datos deberá realizarse en la forma y condiciones que fije la ley;”.

Durante la discusión general, el senador Felipe Harboe , uno de los autores de la moción, señaló que durante la tramitación del proyecto se ha ido revelando que no es adecuado incorporar en el texto constitucional, que tiene una vocación de estabilidad en el tiempo, algunos de los elementos que son parte de la protección de datos.

Por ejemplo, a los derechos al acceso a rectificación, cancelación y oposición, hoy se agrega el derecho a la portabilidad, que hace un tiempo no existía.

En ese sentido, se manifestó de acuerdo con la indicación presentada por el Ejecutivo en este trámite, en el sentido de establecer una protección más genérica.

Sometido a votación en general, el proyecto se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.

Durante la discusión particular se aprobó por unanimidad una indicación del Ejecutivo, formulada en los términos señalados precedentemente.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina .

La señora MOLINA (doña Andrea).-

Señor Presidente, esta iniciativa es muy positiva, ya que, como se ha dicho, busca consagrar en nuestra Constitución el derecho a la protección de datos personales. Se trata de una materia en la que nuestro país necesita avanzar rápidamente, puesto que se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales.

Aparte de eso, también se hace relevante su consagración porque hoy la información es un motor de desarrollo, más aún cuando examinamos los avances tecnológicos que existen y que permiten que la información tenga un nivel de conocimiento impensado.

Las personas son dueñas de sus datos personales y solo ellas tienen la potestad para autorizar su uso. Por ello, me parece que dar un rango constitucional a este derecho de protección de datos personales es muy relevante, ya que, dicho sea de paso, les permitirá recurrir de protección en caso de que sea necesario.

Además, concuerdo con la indicación planteada por el Ejecutivo de dejar en manos del dominio legal el desarrollo del detalle que involucra el derecho que se está consagrando, de modo que el reconocimiento constitucional sea preciso y conciso.

Sin embargo, dejando claro que me parece muy positiva la iniciativa, a mi juicio es absolutamente necesario avanzar en la modificación de la ley N° 19.628, de protección de datos personales. Esto ya lo he manifestado en otras intervenciones, pues es evidente que esta normativa no se ajusta a los estándares internacionales, tal como se ha comprometido Chile al suscribir el Tratado de Cooperación Comercial con Europa, pues hoy ese cuerpo legal no contiene mecanismos adecuados para la protección de las personas.

Así, por ejemplo, la actual ley de protección de la vida privada no contempla ningún mecanismo tendiente a representar los intereses de un connacional en el caso del mal uso de su información personal a nivel internacional.

Tampoco establece ningún mecanismo distinto de tratamiento de datos sensibles, como datos personales de menores o de personas vulnerables. Además, no contempla autoridad alguna que analice y defina la pertinencia de los traspasos de información personal.

Si bien concuerdo plenamente con la iniciativa, formulo este alcance, ya que no sacamos nada con tener un bonito derecho constitucional si su desarrollo a nivel legal sigue siendo insuficiente y no ajustado a la realidad en la que vivimos, y mucho menos si no damos el ancho y el alto respecto de los acuerdos que hemos adoptado internacionalmente y que aún no se han aplicado en el territorio nacional.

He dicho.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini .

El señor LORENZINI.-

Señor Presidente, como ha dicho la diputada Molina , en esta materia tenemos una deuda pendiente desde 1999, es decir, desde hace más de 17 años.

Cuando Chile ingresó a la OCDE, en 2010, nuestro país se comprometió a contar con una ley que actualizara la vigente, pero la respectiva iniciativa se encuentra empantanada en el Senado.

Señor Presidente, en el Comité de Evaluación de la Ley han intervenido muchos parlamentarios: los diputados Ceroni , Romilio Gutiérrez , Issa Kort , Manuel Monsalve , Leopoldo Pérez , Alberto Robles ; la diputada Alejandra Sepúlveda , etcétera. Este es un dato adicional; pero creo que el proyecto debe avanzar, pues estamos en deuda con el país.

En la actualidad nadie nos garantiza el derecho de saber quién, cómo, dónde y con qué fin se recogen nuestros datos personales. No hay un catálogo de sanciones ni un procedimiento para que las personas puedan denunciar. Tampoco hay una institución que fiscalice por ley a los privados y promueva el buen uso de los datos.

A mi juicio, hicimos un tremendo trabajo en el Comité de Evaluación de la Ley. Aportamos en las discusiones sostenidas en la Cámara de Diputados y en las distintas comisiones, a efectos de avanzar en esta materia. Sin embargo, al Senado parece que eso no le gusta.

Repito: se trata de un buen proyecto, porque nos permite exigir al nuevo gobierno -el mío no fue capaz de hacerloque lo califique con discusión inmediata, porque hoy los datos personales deben estar protegidos.

Hablábamos con el diputado Morano sobre una situación particular. Si por esas cosas de la vida un trabajador demanda a su empleador, esa demanda, que es entre dos personas, puede ser conocida por cualquiera. ¿Por qué? ¡Se trata de un asunto privado, salvo que una de las partes autorice lo contrario!

Este tipo de situaciones no dan para más.

Bienvenido, entonces, este proyecto, que es sucinto, pero que permite la protección de nuestros datos personales. Espero que el nuevo Senado se ponga a trabajar en esta iniciativa para que pronto se convierta en ley de la república.

Sé que el Presidente de la Cámara cuenta con fuero, el que de alguna manera algo lo protege. Sin embargo, no sucede lo mismo con los ciudadanos comunes y corrientes, quienes están teniendo muchos problemas con la información.

¿Qué dijo la OCDE hace unos días en esta Sala? ¿Hacia dónde vamos? Hacia el mundo digital. Hoy, todo está en el mundo digital. Entonces, desde ese punto de vista, cualquiera puede acceder a información. De hecho, diputado García , claramente cualquiera puede acceder a sus datos, y usted no va a tener cómo defenderse.

Concuerdo con la diputada Molina en muchos aspectos. Aquí lo importante es que el Senado reciba el recado y el gobierno califique el proyecto con discusión inmediata.

He dicho.

El señor SABAG (Vicepresidente).-

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.