Labor Parlamentaria

X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1.- Notas:

De la ex Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet , Jeria por la cual solicita, en virtud de lo dispuesto en la letra a) del N° 2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, se extienda la autorización para ausentarse del país, hasta el 21 de abril de 2018, por razones de programación de la actividad a realizarse en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América.

2. Peticiones:

De 68 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de "fiscalizar, a partir del año 2015, los actos de Gobierno realizados por el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Justicia y todo otro órgano de la Administración del Estado competente respecto del fraude que afectó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) bajo la presidencia del señor Sergio Jadue Jadue , así como también respecto de la reestructuración de dicha entidad ". Para el cumplimiento de su propósito, la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a noventa días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

De 65 señoras y señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de "recabar antecedentes en relación con el uso y gasto de los recursos de la ley del Cobre destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas en las regiones de Antofagasta y Atacama por el frente de mal tiempo a partir del 25 de marzo de 2015, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.833". Para el cumplimiento de su propósito, la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a sesenta días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

Formulada por 58 señoras y señores diputados para citar al Ministro de Salud, don Emilio Santelices Cuevas , en conformidad con lo dispuesto en la letra b) del N° 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, y en las normas del Título V del Libro III del Reglamento de la Corporación, con el objeto de formularle preguntas relativas al ejercicio de su cargo en lo tocante a la resolución exenta N° 432, de 22 de marzo de 2018, del Ministerio de Salud, que Aprueba protocolo para la manifestación de objeción de conciencia, según lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario, de acuerdo con el cuestionario temático adjunto.

3. Licencia médica:

4.- Comunicaciones:

5.- Oficios:

De la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones por el cual comunica que se ha acordado el archivo del proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N° 19.253 que Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en materia de valoración y promoción de los idiomas indígenas.". Boletín N° 10178-24.

Respuestas a Oficios

Subsecretarías

Diputada Pérez, doña Catalina . Efectividad de haberse dado inicio al sumario administrativo ordenado por la Contraloría General de la República en el Informe de Investigación Especial Nº622/2017, conclusión Nº1, de fecha 24 de enero de 2018, referido a la ausencia del Plan de Descontaminación Atmosférica en Calama, remitiendo copia del acto administrativo que lo originó o señalando las razones que han impedido formularlo. (181490 al 1250).

Diputado Calisto, don Miguel Ángel . Posibilidad de continuar con el Plan de Zonas Extremas a fin de asignar mayores recursos para los lugares más apartados del país. (852 al 477).

Empresas del EstadoDiputado Naranjo, don Jaime . Sobre la existencia de estudios realizados para la construcción de un tren en la Región del Maule o un tren interregional entre las Regiones del Maule y Ñuble. (PRS-2018/014 al 38).

Presidencia de la RepúblicaProyecto de Resolución N° 1036, Solicita a S.E. la Presidenta de la República adoptar medidas que indica relacionadas con el Gobierno de Venezuela. 001645.

Proyecto de Resolución N° 1, Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de manifestar su rechazo a las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela, promoviendo la intervención de la Organización de Estados Americanos en dicha situación. 001651.

Varios

Diputado Castro, don José Miguel . Recursos destinados para el fomento del reciclaje en su comuna, el número de puntos dispuestos al efecto y cualquier otra medida terminada y/o en ejecución, con su respectiva vía de financiamiento, orientada al mismo fin. (s/n al 106).

Diputado Castro, don José Miguel . Recursos destinados para el fomento del reciclaje en su comuna, el número de puntos dispuestos al efecto y cualquier otra medida terminada y/o en ejecución, con su respectiva vía de financiamiento, orientada al mismo fin. (s/n al 191).

Diputado Castro, don José Miguel . Instalación del microchip para mascotas en su comuna, precisando la cantidad de cupos gratuitos establecidos, el monto asignado para la ejecución del programa respectivo y el número de este tipo de artilugios que se han implantado a la fecha. (1 al 1160).

Diputado Castro, don José Miguel . Recursos destinados para el fomento del reciclaje en su comuna, el número de puntos dispuestos al efecto y cualquier otra medida terminada y/o en ejecución, con su respectiva vía de financiamiento, orientada al mismo fin. (100/80 al 90).

Diputado Espinoza, don Fidel . Circunstancias que rodearon el fallecimiento de la ex trabajadora de la Red de Salud Ambulatoria Inmunomédica de Puerto Montt, señora Carla Paredes Gallardo , el pasado 5 de febrero en el Hospital del Torax de la Región Metropolitana, disponiendo la entrega, a la brevedad de su ficha clínica y de los informes del origen de su contagio con el virus Hanta . (119 al 43).

Diputado Castro, don José Miguel . Instalación del microchip para mascotas en su comuna, precisando la cantidad de cupos gratuitos establecidos, el monto asignado para la ejecución del programa respectivo y el número de este tipo de artilugios que se han implantado a la fecha. (1200/38 al 1197).

Diputado Castro, don José Miguel . Recursos destinados para el fomento del reciclaje en su comuna, el número de puntos dispuestos al efecto y cualquier otra medida terminada y/o en ejecución, con su respectiva vía de financiamiento, orientada al mismo fin. (1200/39 al 371).

Diputado Castro, don José Miguel . Recursos destinados para el fomento del reciclaje en su comuna, el número de puntos dispuestos al efecto y cualquier otra medida terminada y/o en ejecución, con su respectiva vía de financiamiento, orientada al mismo fin. (143/15/2018 al 239).

Diputado Castro, don José Miguel . Instalación del microchip para mascotas en su comuna, precisando la cantidad de cupos gratuitos establecidos, el monto asignado para la ejecución del programa respectivo y el número de este tipo de artilugios que se han implantado a la fecha. (144/16/2018 al 1065).

Diputado Berger, don Bernardo . Número de funcionarios municipales que en su comuna estarían en condiciones de acogerse a una eventual ley de incentivo al retiro voluntario, a la fecha. En el evento de no tener una cifra exacta, sírvase indicar un número aproximado o una estimación al respecto. (1600/165 al 784).

Diputado Castro, don José Miguel . Instalación del microchip para mascotas en su comuna, precisando la cantidad de cupos gratuitos establecidos, el monto asignado para la ejecución del programa respectivo y el número de este tipo de artilugios que se han implantado a la fecha. (249 al 1206).

Diputado Castro, don José Miguel . Recursos destinados para el fomento del reciclaje en su comuna, el número de puntos dispuestos al efecto y cualquier otra medida terminada y/o en ejecución, con su respectiva vía de financiamiento, orientada al mismo fin. (34 al 394).

Diputado Castro, don José Miguel . Instalación del microchip para mascotas en su comuna, precisando la cantidad de cupos gratuitos establecidos, el monto asignado para la ejecución del programa respectivo y el número de este tipo de artilugios que se han implantado a la fecha. (369 al 1129).

Diputado Berger, don Bernardo . Número de funcionarios municipales que en su comuna estarían en condiciones de acogerse a una eventual ley de incentivo al retiro voluntario, a la fecha. En el evento de no tener una cifra exacta, sírvase indicar un número aproximado o una estimación al respecto. (375 al 530).

Diputado Castro, don José Miguel . Recursos destinados para el fomento del reciclaje en su comuna, el número de puntos dispuestos al efecto y cualquier otra medida terminada y/o en ejecución, con su respectiva vía de financiamiento, orientada al mismo fin. (378 al 384).

Diputado Espinoza, don Fidel . Alza que han experimentado las cuentas del suministro eléctrico en la localidad de Huallasca de la comuna de Purranque, disponiendo la correspondiente investigación. (5987 al 37419).

Diputado Espinoza, don Fidel . Situación que afecta a la funcionaria señora Paulina León Velásquez , quien habría sido objeto de acoso sexual por un superior jerárquico, las acciones adoptadas para su protección, precisando si se puso en conocimiento del alcalde respectivo. (603 al 38750).

Diputado Berger, don Bernardo . Número de funcionarios municipales que en su comuna estarían en condiciones de acogerse a una eventual ley de incentivo al retiro voluntario, a la fecha. En el evento de no tener una cifra exacta, sírvase indicar un número aproximado o una estimación al respecto. (677 al 844).

XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.

Diputada Sabat, doña Marcela . Posibilidad de disponer el aumento de la presencia policial en el sector de calle Juan Bayinca de la comuna de Macul, en los días en que la feria del lugar no presta servicios, en los términos que requiere. (1502 de 06/04/2018). A Carabineros de Chile

III.ACTAS

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

El acta de la sesión 125ª de la legislatura 365ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 1ª de la legislatura 366ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV.CUENTA

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.

-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.

VIII. COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES

DOCUMENTOS DE LA CUENTA

NUEVO SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN LA PROPUESTA ELABORADA POR LA SUBCOMISIÓN ENCARGADA DE PROPONER REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A FIN DE ADECUARLO AL AUMENTO DE DIPUTADOS ESTABLECIDO EN LA LEY Nº20.840, E INTRODUCE MODIFICACIONES EN OTRAS MATERIAS. BOLETÍN N° 11.565-07

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en entregar un nuevo segundo informe, en segundo trámite reglamentario, acerca de la propuesta elaborada por la Subcomisión mencionada en el epígrafe.

*************

La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria celebrada el día 18 de enero de 2018, aprobó en general el proyecto de la referencia.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto con todas las indicaciones cursadas durante su tramitación, fue remitido a esta Comisión para segundo informe reglamentario, el que fue discutido durante las sesiones celebradas los días 23, 24 y 25 de enero del presente año.

En esa oportunidad esta Comisión acordó debatir y votar aquellas materias en que existiera un principio de acuerdo y dejar para una posterior revisión aquéllas que requirieran un análisis más detallado por parte de ella. En lo formal, esas propuestas del primer informe se consideraron rechazadas.

Posteriormente, los comités parlamentarios, con fecha 25 de enero del 2018, adoptaron el acuerdo de dar por rechazadas todas las indicaciones respecto de las cuales esta Comisión no se pronunció.

Esta Comisión, en sesión de fecha 14 de marzo de 2018, acordó oficiar con el propósito de solicitar a la Sala de la Corporación que acordara regresar el proyecto que se informa, al seno de esta Comisión, para nuevo segundo informe. Lo anterior se perfeccionó mediante oficio de igual fecha.

La Sala, en sesión de 15 de marzo de 2018, acordó remitir el proyecto de acuerdo a esta Comisión, para que emita nuevo informe.

************

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, en este informe se debe dejar constancia de lo siguiente:

I.- ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES O MODIFICACIONES Y QUE FUERON APROBADOS POR LA COMISIÓN

(Nueva numeración entre paréntesis)

Los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (7); 12 (8); 13 (9); 14 (10); 15 (11); 16 (12); 17 (13); 18 (14); 19 (15); 20 (16); 21 (17); 22 (18); 25 (20); 26 (21); 27 (22); 28 (23); 32 (25); 33 (26); 34 (27); 35 (28); 36 (29); 37 (30); 38 (31); 39 (32); 40 (33); 41 (34); 42 (35); 43 (36); 44 (37), todos del artículo único.

II.- ARTÍCULOS MODIFICADOS.

(Nueva numeración entre paréntesis)

Los numerales 24 (19) y 29 (24) del artículo único.

III.- DEBATE DEL PROYECTO.

S.3 de 3 de abril de 2018.

Procedimiento de discusión

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que pareciera ser un sino para la Cámara de Diputados el que apruebe sus enmiendas reglamentarias el último día de sesión del término del mandato parlamentario. Recordó que el 5 de marzo del 2014 aprobaron la última gran reforma reglamentaria que tiene el reglamento vigente, que fue también más o menos parecida, del mismo tenor que la actual, y siempre terminaban pillados con la contingencia.

Estima que cuando las cosas se hacen en vista de la contingencia se terminan entrabando, lo que era una muy buena idea termina siendo al final un problema, porque es muy distinto hacer los mapas sabiendo los límites que sabiendo cuáles son los distintos límites. Desafortunadamente en estos casos les pasó un poco lo que en esta reforma reglamentaria, es decir, al final los cuidados del sacristán, los cuidados de la subcomisión terminaron matando unas buenas iniciativas que había, y otras no tan buenas, pero que venían en el proyecto también.

Sugirió hacer dos discusiones. La discusión rápida del proyecto en aquellas cosas donde no deberían haber mayor inconveniente, pero sí generaban algunas dificultades de carácter práctico, atendido que la Cámara tiene 155 diputados en la actualidad y no 120.

Además, considera que todavía no empieza la discusión de proyectos de mayor envergadura, los que tenían eran muchos proyectos importantes en la discusión en sala pero que tienen más o menos cierta aprobación en general, lo que se ha visto en las votaciones, son 130, 140 diputados a favor, y donde han habido algunas cuestiones, muy menores, en cuanto a desavenencias en cómo se miran algunos proyectos, la gran mayoría de los parlamentarios están de acuerdo en la iniciativa.

Refiere que cuando se entre en esa discusión más compleja, va a ser más necesario tener esta reforma reglamentaria, y la experiencia dice que si normalmente la instalación de un gobierno de un mismo signo se demoraba cuatro meses, la instalación de un gobierno de un signo completamente distinto al anterior cómo ahora, en términos legislativos, va a ser del orden de los seis meses. A su vez, este gobierno tampoco se puso esa premura que ponen otros gobiernos, de los cien proyectos, los cien primeros días, o los tantos proyectos en los cien primeros días, lo cual al final termina generando problemas.

Dicho eso, estimó que deberían hacerse dos discusiones. En primer lugar, aquellos que verdaderamente era de utilidad a modificar ahora, y en una segunda discusión más larga, aquellas cosas que probablemente requieren una segunda mirada más extensiva. Por ello, sugirió dividir el proyecto en dos, para que en aquellas cosas en las cuales hay acuerdo llevarlas a la sala, y aquellas cosas en que no hay acuerdo, sencillamente dejarlo para una segunda subcomisión que trabaje en los próximos dos o tres meses, que incorporen aquellas cosas de más largo aliento para ver si hay ánimo de aprobar eso. De acogerse la propuesta, usaría como base para el diálogo el segundo informe de la Comisión en este boletín.

La Secretaría hizo presente que el comparado que se usaría es el mismo de la última sesión de la legislatura anterior, que en lugar de ser continuo con los artículos del reglamento, está dividido en capítulos.

El diputado Fuenzalida señaló que estaban de acuerdo en la gran mayoría de los numerales de aprobar, pero por lo menos hay cerca de 10 numerales donde quisieran, no necesariamente rechazar, pero sí quizás discutir un poco más. Los temas eran votación secreta, firma electrónica, ingreso de los ministros a la sala, y algunas normas que quizás les gustaría una discusión un poco más lata. Indica que se trata de los numerales 7, 9 b, 10,11, 24, 29, 30, 31, 39 y 40.

Acuerdo de la Comisión: por asentimiento unánime se acuerda excluir de esta discusión los numerales 7, 9 b, 10,11, 24, 29, 30, 31, 39 y 40, que quedan en consecuencia rechazados por asentimiento unánime de los diputados presentes. (Nota: en sesión de 4 de abril de 2018, por unanimidad, se reabrió debate y se aprobaron los numerales 24, 29, 39 y 40, ver sesión respectiva, los dos primeros con modificaciones).

El diputado Gutiérrez (presidente) señaló que era una buena propuesta partir de un piso, donde estaban en disposición de aprobar salvo algunos puntos que aparentemente no encontrarían acuerdo.

Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que en materia de adecuaciones no había mucha discusión. Las adecuaciones, que están hasta la página 10 del comparado, eran cuestiones algunas de carácter formal, adecuaciones a la ley orgánica o a la Constitución Política de la República, por lo que eran cuestiones en las que no valía la pena colocar mucha atención. Así, el que reemplaza el 21 de mayo por el 1 de junio, el que eliminan las frases entre paréntesis, el que habla del término de período de sesiones etc.

Por ello, sin perjuicio que los diputados puedan hacer alguna sugerencia de sacar alguna norma de esta discusión, lo que estaba entre las páginas 1 al 10 del comparado era absolutamente de carácter formal, no tenía mayor cuestión y no debería tener mayor problema. Se atrevía a señalar que estos temas, incluso, fueron aprobados por unanimidad en su oportunidad.

El diputado Saffirio consultó sobre las sesiones secretas, si acaso la propuesta de adecuación era tanto a las sesiones de Sala como de Comisión.

Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que el quorum del reglamento no estaba acorde con la ley orgánica, pues para tener sesiones secretas se tiene que disponer por ley ley de quórum calificado, por lo que la propuesta era colocar el mismo quorum del reglamento al que está en la ley orgánica.

Se suspendió la sesión para documentar los numerales que se excluían del acuerdo de tramitación. Tales numerales fueron los N°7, 9 b), 10, 11, 24, 29, 30, 31, 38 y 40.

El diputado Gutiérrez (Presidente) señaló que en los numerales excluidos quedarían para otra discusión, y en lo demás, si ninguno de los parlamentarios tiene ningún tipo de observación, podrían pasar a aprobarlos. En tal sentido, consultó si algún diputado tenía alguna otra observación, para aprobar en conjunto todo lo demás, todo el resto del segundo informe de la Comisión.

El diputado Coloma señaló que también estaban citados mañana para ver esto. En tal sentido, para esta sesión venía preparado para iniciar la discusión más que para la votación de todos los artículos, por lo que propuso votar mañana, pues no estaba en condiciones de decirle a todo el resto que estaba de acuerdo.

El diputado Soto sugirió que fueran capítulo por capítulo. Sabía que era un poco más largo, más tedioso, pero daba más tranquilidad a los parlamentarios. Los que venían del período anterior no tenían tanto problema porque conocían el tema y lo debatieron, pero había varios acá que no estuvieron en el debate y para los cuales todo era una novedad y podía ser sorpresa, y no quería que después que lo aprobaran globalmente, aparecieran objeciones con posterioridad.

Ahora, al pasar revista a los capítulos, por lo menos los tres primeros eran muy fáciles de aprobar, porque eran simples concordancias, adecuaciones, temas de transformar lo análogo en digital, pero valía la pena que los diputados le den una revisión, por encima al menos. Era un buen procedimiento, que daba seguridad y tranquilidad a todos.

Adecuaciones

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que se eliminan en el artículo 19 número 3 las peticiones, solicitudes, memoriales que se dirijan a la cámara en conformidad al artículo 19 número 14 de la Constitución Política de la República porque eso no tiene sentido alguno, está absolutamente desfasado en lo que es la práctica actual.

Precisa, en el caso del número 10 del artículo 16, el carácter secreto o reservado será indefinido tratándose de los actos o documentos a que se refiere el inciso 3º del artículo 22 de la ley número 20.285 sobre acceso a la información pública, porque la ley establece que es secreto en esa forma, por lo tanto el reglamento, no tenía muchas más alternativas.

Indica que en el artículo 25 lo que hacía era que establecía las frases entre paréntesis y el reglamento hoy tiene algunas frases entre paréntesis, que no son parte del reglamento y que eran meramente ilustrativas, y corresponden a prácticas anteriores a 1973, en que le iban colocando en el reglamento algún tipo de indicación, a qué correspondían las demás cosas. Hoy día ha cambiado eso y lo hacían por concordancia numérica y no por materia, porque además si se pone entre paréntesis por ejemplo, el tema de clausura el debate, nadie se va a poder ubicar hoy día, porque la geografía del reglamento es bastante compleja. Por ello, era más fácil decir ‘salvo el artículo 25’ y todos van a ir a ver el artículo 25, por eso se eliminan esas frases.

Luego explica que está el reemplazo de la cuenta que el Presidente de la República tiene que hacer, que de 21 de mayo pasa a primero de junio.

Expresa que en el caso del artículo 55, número 21 el artículo 55, al término de cada período de sesiones se da la cuenta pública del Presidente de la Cámara, porque ahora está previsto en la Constitución Política de la República. Por ello, lo que se hace es que en vez de que sea al término de cada periodo de sesiones, que hoy no es así, se hace al término de lo dispuesto en la Constitución Política de la República.

Señala que en el caso del artículo 70, hay una ecuación relativa con el tema de las sesiones, porque se refiere a las sesiones secretas. Al regular la procedencia de las sesiones secretas, se está agregando cuándo se pueden hacer, y al efecto se dispone que procede en los casos previstos en el artículo octavo de la Constitución Política de la República. Así, solo pueden haber sesiones secretas en cuatro casos, y no depende de quien lo pida, tanto en sala comisión.

En el mismo sentido se reformó el artículo 250.

En cuanto al inciso primero del artículo 88, explica que la frase decía ‘queda estrictamente prohibido’, y bastaba decir ‘queda prohibido’. Era raro decir estricto, si acaso era muy prohibido, dos veces prohibido.

Indica que el artículo 108 refiere a como se ordenan las tablas. Hoy, la Secretaría lleva las tablas ordenadas por el orden que los proyectos tienen en la fecha que se dan cuenta, en las urgencias y el estado de tramitación de cada una de ellas. El artículo 108 dispone lo que servirá para la tabla de las sesiones, la que será formada por la Mesa y los comités, quienes podrán modificarla del mismo modo.

Precisa que aquí lo que estaban haciendo en el inciso primero es integrar la palabra semanalmente, es decir, que esto se hace semanalmente para que no se piense que esto se hace una vez al mes, sino que todas las semanas. Luego se agrega que la Mesa formulará una propuesta que servirá de base para su formulación, porque a veces la Mesa no necesariamente respeta el artículo 109 y por eso que se requiere el acuerdo de los comités, la unanimidad del comité, para fijar la tabla de la semana, cosa de no tener dificultades. Así, si no hay acuerdo se tiene que ir a la regulación que tiene el artículo 109 del reglamento, que dispone un orden.

Da a conocer que en el inciso segundo se reemplaza el que las indicaciones para alterar la tabla deberán ser formuladas en los incidentes por dos jefes de comité. Al respecto, señaló que eso no operaba desde el año 1973, no lo había visto nunca en los 28 años que llevaba funcionando el Congreso. Para ello, se consagra el que la Secretaría elabore una propuesta de tabla semanal para la consideración de la Mesa. Los días lunes se juntan con la Mesa, le hacen una propuesta conforme a las urgencias, las urgencias previstas que a veces el gobierno tiene a bien comunicar que va a colocar a algunos proyectos y hacen una coordinación de cuál será la tabla semanal. Esa es la idea.

Acota que en el caso del artículo 109 se adecúa la redacción a la reforma propuesta en el artículo 108, quitando ambigüedades. Además, se reemplazan los numerales 6 y 7, en cuanto ordena según cual es el proyecto que está más cerca de terminar su tramitación. Hoy el Reglamento erróneamente pone primero los proyectos que vienen de las comisiones mixtas y después las observaciones del Presidente de la República, en circunstancias que en la tramitación legislativa el último trámite, incluso algunos estiman que ya no es parte de la aprobación primogénita del Congreso Nacional, sino que más bien secundaria porque ya son las observaciones que el Presidente de la Repúblico le hizo a un proyecto aprobado por el Congreso, lo lógico sería que el Congreso eso lo despache antes que lo despachado por las comisiones mixtas, que todavía están en el trámite legislativo.

Sobre la reforma al artículo 152, relata que hoy se dispone que antes de comenzar el escrutinio el secretario escrutará en voz alta a la Sala en dos oportunidades seguidas si algún diputado no ha emitido su voto, y hecho eso el presidente declarará finalizado el acto mediante las siguientes palabras “terminada la votación”. Lo que estaban haciendo es que este llamado que hace el secretario sólo ocurra en la votación nominal.

Recordó que se hace votación nominal en las elecciones de mesa y habrán visto que el Secretario General pregunta si algún señor diputado no ha manifestado su voto, pero en las votaciones normales, en las económicas, es la Presidenta la que pregunta si votaron todos los señores diputados. Entonces, lo que estaban corrigiendo con esto es que esta norma sólo se aplique en las votaciones nominales, es una aclaratoria.

Explica que en el artículo 157 se agrega en el cómputo de los votos a los diputados que están inhabilitados. Hoy día la ley establece que hay inhabilidades para votar y es de natural ocurrencia en la Cámara que los diputados señalen que en virtud del artículo 5B de la ley orgánica del Congreso Nacional estoy inhabilitado. Por ello, estaban dejando la constancia que se va a dejar en las actas oficiales de la Cámara y en el registro de votaciones las inhabilidades de los parlamentarios. Además, hay un botoncito azul en las máquinas de votación en la sala de sesiones, con el cual se podría votar para marcar la inhabilitación. No estaba hoy día vigente, pero podrían hacerlo funcionar.

Continúa dando a conocer que en el artículo 160 se quiere recoger la práctica de hoy día. Es muy raro, de repente en votaciones muy conflictivas se da el caso que los diputados piden la hoja de votación, pero hoy día es tan instantáneo que mientras se estaba entregando la copia de esa hoja ya estaba publicado en la página web. Se han tomado una hora de máximo para poder tener la votación, pero hoy día eran muy pocas las hojas. Antiguamente se pedían porque no se publicarán las votaciones en la página web, pero hoy día se publican todas y por lo tanto el sentido de esto es hacerlo a cómo ocurre el día de hoy.

Precisa que en el artículo 244 lo que le estaban eliminando era la firma de las actas de las comisiones, porque las está firmando el secretario de cada comisión desde hace bastante tiempo. Así, para no incumplir la norma reglamentaria, se lleva la práctica al derecho escrito.

En cuanto al artículo 283, la tesorería afirma que hoy día no existe, se llama dirección de finanzas.

En cuanto al artículo 290, relata que en las votaciones se deja testimonio del número de votos, se hace la adecuación tal como en la Sala respecto de los inhabilitados. Tratándose de votaciones en particular, se agrega que la votación particular se efectuará de manera económica, teniendo presente que muchas comisiones tienen, particularmente esta y otras, ya tienen el sistema electrónico de votación. Ese es el sistema que económico, o que se hacía antiguamente a mano alzada, donde siempre está quedando testimonio.

Precisa que la diferencia que hay entre las votaciones nominativas y las económicas es que en las nominativas se puede fundamentar al momento de la votación. Ahora, en muchas comisiones por acuerdos de procedimiento interno se dan 1 o 2 minutos para la votación, que llamaría votación económica con discurso.

Acota que en el artículo 299 se corrige el quórum para disponer el secreto o reserva de lo ocurrido y producido en las comisiones, pues hoy el Reglamento requiere el voto favorable de los dos tercios de los diputados presentes, mientras la ley orgánica requiere de los dos tercios de los integrantes.

Expresa que en el 309 relativo a la petición de antecedentes y solicitudes de información, se elimina en el inciso segundo la frase ‘en el diario’ o porque ya no se publica en el diario nada, sino que sólo en el boletín de sesiones correspondiente.

Finalmente, explica que se adecua el título del Libro IV, incluyendo procedimientos especiales, porque en los procedimientos especiales hay una serie de cosas relativas al nombramiento y todo lo demás que son propios de ese nuevo libro.

El diputado Saffirio solicitó ser un poco más específico respecto de los procedimientos especiales que aquí que se estaban incorporando.

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que la Comisión de Ética tiene varios procedimientos especiales, por lo que valía incluir en el título la existencia de tales procedimientos. Aprovechó la ocasión para observar que por un error que han estado cometiendo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, han incorporado a las comisiones de éticas cuestiones que no eran propias de la Ética. Es decir, la Comisión de Ética tiene que autorizar la contratación de parientes, ver las faltas a las asignaciones parlamentarias, etc., entonces todos esos son procedimientos especiales más allá de las faltas a las sanciones de la ética.

Por ello, querían distinguir que en la Comisión de Ética hay cuestiones que eran propias de la ética parlamentaria, y también tiene otras competencias en procedimientos especiales que la ley les ha establecido.

El diputado Gutiérrez (presidente) recordó que el diputado Coloma pidió votar en la siguiente sesión después de una mayor discusión, pero propuso aprobar todos los temas del capítulo, salvo aquellos asuntos excluidos por los diputados de Renovación Nacional.

Votación

Sometidos a votación todos los numerales referidos a adecuaciones, ( N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 38, 41, 42, 43, estos son aprobados por la unanimidad de los diputados (as) presentes señores (as) Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker.

Digitalización y nuevas tecnologías. Sobre votaciones secretas electrónicas

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, al observar que se excluían las votaciones electrónicas secretas, hizo presente que desde prácticamente 1994 se vienen haciendo votaciones secretas por el sistema electrónico, de tablero. Las balotas la última vez que las vio, pudo haber sido el año 1992 o 1991, de hecho no sabía si hay balotas hoy día.

Explica que las balotas eran de tres tipos, azules, blancas y negras. Precisa que era muy tradicional, una cajita, se le pasaban las tres balotas a los diputados y el diputado metía la balota de abstención, que ni siquiera es roja, verde, amarillo y rojo es el sistema de votación electrónico, sino que son azul, blanca y negra y ocurría un inconveniente, razón por la que se suprimieron. Resultaba que cuando colocaban las balotas, no faltaba el diputado que en vez de colocar una balota como correspondía, colocaba dos y las votaciones secretas nunca cuadraban. Por ello, los comités parlamentarios de ese entonces decidieron que las votaciones secretas se hicieran por el tablero electrónico.

Despejando una duda que planteó el diputado Jackson, afirma que el tablero electrónico no es susceptible de ser intervenido por internet. Es un sistema cerrado, no tiene wifi, no tiene ninguna cosa, por lo tanto, lo que los diputados votan es lo que sale en la pantalla, salvo que los técnicos hagan malabares con ellos. Los certifica la empresa internacional Bosch, a la que acababan de pedir una certificación a raíz de una votación que hubo hace dos semanas del diputado Hugo Rey.

Le pidieron a la empresa Bosch que certificara que el diputado no votó. Además tenían las imágenes de que no votó, pues se puso a conversar con el diputado Romero, después con el diputado que estaba al lado y no votó, no haría cuestión del asunto.

La propuesta es que cuando se haga votación secreta, lo hagan por el tablero electrónico. Por eso, les pidió a los diputados de Renovación Nacional que lo consideren, porque el proceso es secreto, salen sólo los resultados, no sale la votación individual.

Consultado por el caso del diputado Jaramillo, señaló que a él le pasaron una multa, pero era distinta la situación porque era votación de un proyecto de ley, y la segunda razón en el caso de Enrique Jaramillo es que él insistió en que había votado. Por ello se le pasó multa y se pasó a la Comisión de Ética, porque desafortunadamente él ni siquiera puso el dedo. El caso del diputado Hugo Rey era un poquito menos cuestionable, primero porque es un diputado nuevo, no conoce el sistema de votación, puede que al haber votado haya marcado los botones blancos que están al costado y él pensó que estaba absteniéndose, por ello eran situaciones completamente distintas.

Por todo lo anterior, pidió a los diputados de Renovación Nacional que reevaluaran, porque podían demostrarle que han ocurrido así las votaciones secretas.

Digitalización y nuevas tecnologías. Demás propuestas

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que en el caso de la digitalización y las nuevas tecnologías, la Cámara de Diputados de Chile gracias al esfuerzo de muchas presidencias y parlamentarios de todos los signos, han hecho un tremendo esfuerzo de ser, y lo decía con mucha satisfacción, una de las cámaras bastante pioneras en lo que es la digitalización y la falta de papel. Todavía tenían un tremendo esfuerzo que hacer en comisiones, porque era distinto trabajar en equipos “touch” que en el papel que se estaba usando, y que se gasta y extravía. Era mucho más fácil trabajar en un comparado digital, y esa era la tarea de este cuadrienio, lograr tener mayor tecnología.

Sin perjuicio de ello, refiere que lo que estaban tratando de introducir en el Reglamento era la firma electrónica, el que los diputados en cualquier parte de Chile puedan firmar documentos y que esos documentos tengan validez.

Indica que no quiere que se le malinterpretara, pero muchas veces costaba identificar la firma de los señores diputados en ciertos documentos que les llegaban, y la verdad es que era muy complejo cuestionarlas. Parecían como si un diestro firmara con la izquierda, y eso complicaba la situación porque estos son actos que tienen dos naturalezas, muy complejos. Así, la mayoría son instrumentos públicos, y además tienen una serie de efectos jurídicos. No era llegar con una indicación y firmarla por cualquier persona, tiene que ser por los parlamentarios.

Así, tenían que llegar a la firma electrónica. Los congresistas ya lo hacen con sus declaraciones de candidatura, con su declaración de patrimonio, y por lo tanto, llegar a la firma electrónica avanzada era una cosa que estaba ya en boga.

El diputado Alessandri señaló que junto a la firma, se marca el número.

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que esa era una vieja tradición de los diputados. Recordó que cuando fue ayudante de secretario general, el primer deber del era reconocer la firma de los diputados. Eran 120, hoy día era más complicado.

En concreto, lo que proponían es que en la presentación de todo tipo de escritos a la Cámara de Diputados se hagan a través de firma electrónica. Lo lógico es que se pueda hacer con la firma de uno o más diputados según corresponda, y también se admita la presentación mediante firma electrónica avanzada.

Es decir, no estaban excluyendo la firma habitual, la manuscrita, pero sí estaban dando un paso para que a través de acuerdos de los comités parlamentarios, se pueda ir avanzando en que la firma electrónica ocurra.

Hizo presente que con el gobierno de Chile, durante la primera presidencia de Sebastián Piñera se hizo un tremendo avance en materia de firma electrónica, y de fijar los parámetros de ello. No se pudo concluir ese trabajo, pero trabajaron en el gobierno de Michelle Bachelet también en ello, y los primeros mensajes se enviaron en el gobierno de la presidenta Bachelet ya con firma electrónica avanzada.

Esperaban ahora, en el acuerdo que tienen con las Secretaría General de la Presidencia, de que a partir de una fecha a convenir todos los mensajes del ejecutivo lleguen con firma electrónica avanzada.

El diputado Saffirio sugirió, aplicando el principio de economía procesal, y teniendo a la vista el artículo 5, que la modificación era obvia, no había mucho que debatir, porque hoy día dice con la firma de un diputado, y lo sustantivo es que dice con la firma de uno o más diputados, y cuando esté habilitada la firma electrónica, se podrá firmar electrónicamente, pero eso ni siquiera todavía estaba habilitado. Por ello, solicitó ir votando estos artículos respecto de los cuales no hay contradicciones, para ir despejando camino más rápido.

El diputado Gutiérrez (presidente) propuso dar por aprobado todo aquello que no estaba excluido.

Votación

Sometidos a votación todos los numerales referidos a digitalización, (N°s 15, 25, 44), estos son aprobados por la unanimidad de los diputados (as) presentes señores (as) Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Diego Paulsen (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker.

Sobre tiempo de sesiones y uso de la palabra

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señala que en la nueva legislatura todos se habían dado cuenta que no podían seguir con los discursos extensos que tenían hasta la legislatura anterior. Por ello, lo que se hace en este capítulo es por un lado reducir los tiempos del debate, y por el otro, aumentar el orden del día de las sesiones para poder tener más tiempo para que los diputados puedan hablar. Hoy día la sesión dura dos horas y se aumenta a dos horas y media, para que puedan hablar más diputados.

Indica que el aumento a dos horas y media se efectúa en el artículo 107.

En cuanto a las sesiones especiales, en el artículo 76, explica que se reducen de 90 minutos a 60. Desde la legislatura anterior descubrieron que no tenía mucho sentido ampliar esta discusión, en sesiones que realmente los discursos se repetían. Es decir, se hablaba de un tema específico y se alargaba en 30 minutos, y con ello se perjudicaba el trabajo de las comisiones.

Señala que las sesiones especiales, por un acuerdo de comité, se realizan en una franja que va desde las 16:30 hasta las 18:00, y con ello surgían dos problemas. Uno, de apreciación pública, porque generalmente cuando se les critica que la Sala está vacía, es cuando se trata de las sesiones de especiales, pues no es que los diputados estén en sus oficinas sino que están trabajando en las comisiones.

Precisa que el otro tema ocurría en los incidentes. Lo que se quiere acá es concentrar la actividad, porque además nunca duran 60 minutos. Están los 15 minutos previos del comité que pide la sesión, y por el otro lado está el tiempo para que hablen los ministros y demás invitados, que no se computa en los 60 minutos, pero igual estaban hablando de sesiones que estaban durando entre una hora y media, una hora, dos horas de sesión, lo cual generaba una complicación mayor.

Precisa que el reglamento vigente dispone que esas sesiones deben, además, realizarse después de las 19 30 horas, pero por un acuerdo de los comités que estuvo vigente hasta el 11 de marzo de este año, esas sesiones se cambiaron de horario. Hoy, salvo que se adopte un acuerdo modificatorio, las sesiones deberían ser a las 19:30 los días martes o miércoles. Se podría citar para un horario anterior si la petición cuenta con el respaldo de los dos tercios de los jefes de los comités parlamentarios. Hoy tienen 26 jefes de comités parlamentarios, y conseguir dos tercios, si no tienen un acuerdo de comités para resolver esto, sería imposible, y las sesiones especiales van a tener que hacerlas a las 19:30 horas.

Recordó que lo que motivó el cambio de horario, es que al final se hacían sesiones especiales ya no por un tema nacional, que es lo que le corresponde a la Cámara, sino que hacían por un tema muy local, de repente cosas muy distritales, se citaban a personas que no eran ni siquiera ministros de Estado, y al final se entorpecía la labor legislativa por temas que más bien eran de interés de algunos pocos.

Asevera que acá no se discutía volver a las 16:30, eso requiere de un acuerdo de comités hoy, y eso no se ha conversado todavía en los comités siquiera. Por lo tanto, hoy día sigue a las 19:30.

Recordó que la práctica de los comités parlamentarios era establecer acuerdos que duran el período parlamentario completo. El año 2015 se hizo un acuerdo que duró hasta el 11 de marzo 2018, después se llevó a la Sala y la Sala lo ratificó por unanimidad. Estimó que esa forma de acordar era improcedente, pues era una forma de obviar la modificación reglamentaria haciendo un acuerdo unánime de la Sala con un tiempo determinado. Lo correcto en los comités es que fuera un acuerdo puntual y después tomarse otro acuerdo puntual.

El diputado Fuenzalida consultó si había alguna fórmula para que no se llenaran de sesiones. Recordó que sobre todo en los últimos períodos, cuando se acercan las elecciones, tienen sesiones especiales todas las semanas. Quizás poner un criterio que sean sesiones de carácter nacional, y dejar lo demás a la comisión respectiva. Consultó cuál era la propuesta de la Secretaría, si era el mismo Secretario el que hacía la denuncia. No era un tema de horario, sino un tema de contenidos, para que no pasara lo que la misma Secretaría estaba diciendo, que se llenaban de sesiones especiales por temas que, a veces, eran de tres parlamentarios.

Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que no era fácil fijar criterios de fondo para la admisibilidad de las sesiones especiales. En cuanto a discutir los horarios, las sesiones de debate en el parlamento inglés son a las 12 de la noche, pero en Chile hoy no estaba la práctica parlamentaria de sesiones tarde.

Relata que este Congreso con el curso de los años, Senado y Cámara de Diputados han ido un poco tratando, por muchas razones que no venía al caso discutir acá, de adelantar su horario de funcionamiento. Pero hasta los años ‘90 era muy habitual que el Congreso sesionara en la noche, se citaba a sesión especial en la noche. Antes de 1973 era casi normal tal situación. Lo que ha cambiado las prácticas en esto ha sido el hecho de que el Congreso esté en Valparaíso, porque si estuvieran en Santiago lo más probable es que se tendrían sesiones en la noche, que eran muy normales, y eran muy folclóricas.

Estima que una cosa que fue un muy buen acuerdo era permitir una sesión semanal, que se iba alternando los martes y los miércoles, cosa de no perjudicar las sesiones de las comisiones del mismo día, porque si no, todos van a pedir el martes y esa sería una buena idea introducirlo en el reglamento.

En cuanto al artículo 85, expresa que era importante porque se refiere a los tiempos que los diputados tienen en el uso de la palabra en cada uno de los trámites reglamentarios. Recordó que hoy en la discusión general el primer y segundo discurso son de 10 y 5 minutos, y se estaban rebajando a 5 claro, para que el máximo que un diputado pueda hablar en general sean 10 minutos. Para el caso de la discusión particular, se propone que sean de 3 minutos.

A su vez, destacó que la Cámara ha tenido dos formas de discutir en particular, la correcta y la incorrecta. La correcta era que se haga una minuta para que se hable en los artículos que tienen modificación. El comité de Renovación Nacional, que les gusta harto los temas reglamentarios, en esta propuesta planteo que la discusión particular fuera por artículo y, por lo tanto, la Mesa entendió que se podía hacer.

Afirma que ahora, toda la discusión que se vaya a hacer en el futuro va a tener que ser por artículos. A modo de ejemplo, todo lo que no se modifique en un proyecto sólo se va a votar, no se va a discutir si no tiene indicaciones presentadas. A partir de ahora se va a tener que solamente votar, porque hay artículos que se discuten y votan, y hay otros que solo se votan, y cuáles se votan, los que se piden, los que no han sido objeto de indicación en la comisión o modificación y los que no han sido por votación separada. Esos sólo se votan. En cambio, se votarán y discutirán aquellos que hayan sufrido modificaciones en el segundo informe o tengan renovación, una renovación de obligación separada.

Explica que le interesa plantearlo en esta comisión para que cuando en la Sala después a los diputados se les de la palabra en relación al artículo segundo de un proyecto no se pierdan y estén diciendo ‘pero como’. Estimó bueno volver a lo que dice el Reglamento, le alegró que Renovación Nacional lo haya hecho, nadie se había atrevido antes, porque al final, si se miraban los debates ocurridos en Sala, estaban haciendo una discusión general dos veces, en la discusión general y en la discusión particular. Y toda esta lógica era para la historia fidedigna de la ley, que todavía sigue siendo norma de interpretación, donde los diputados pueden decir en la discusión particular lo que realmente se redacta.

Considera que además cobraba un segundo sentido. La Cámara hace a diferencia del Senado discusión general y particular en el primer informe, y por lo tanto el trabajo de las comisiones, que es bastante más rico que en la otra cámara, a su juicio era relevante tenerlo, porque ya la discusión se hizo en el primer informe y por lo tanto el segundo trámite reglamentario, salvo casos muy excepcionales, en la cámara era más rápido que en el Senado. Eso debería mantenerse como norma y deberían aplicarlo al futuro.

Sobre determinación de tiempo en el uso de la palabra de los ministros de Estado

El señor Miguel Landeros, secretario General de la Cámara de Diputados, señaló que hubo un error en subcomisión, porque la propuesta quitaba un derecho constitucional a los ministros de intervenir en el debate. No se los puede someter a las reglas del Reglamento si la Constitución Política expresamente no lo dice. La Constitución lo que dice es que los ministros pueden participar en el debate, incluso pueden durante la votación pueden rectificar conceptos. Por ello estimó que ahí se cometió un error.

El diputado Gutiérrez (presidente) solicitó que fuera directo en decir si la objeción que hicieron los diputados de Renovación Nacional era correcta.

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que no se debería hacer esa enmienda.

Considera que lo anterior, porque los ministros de Estado, desafortunadamente o afortunadamente para la Cámara no sé cómo decirlo, hacia los ministros de Estado la regulación del uso de la palabra está en la Constitución, y por lo tanto ni la ley orgánica ni el reglamento pueden constituir fuente del derecho para este efecto, porque la fuente de la regulación de los ministros en su participación en el Congreso está regulado por el artículo 37 de la Constitución, que dispone que los ministros pueden participar en la discusión sin derecho a voto y que pueden rectificar conceptos durante la votación. Destacó que eso, el rectificar, era muy importante porque si bien en la Corporación han entendido que eso se refiere a las votaciones nominativas, les han permitido en algunos casos a los ministros hacer las pequeñas rectificaciones durante el curso de una votación.

Relata que a la Cámara le complicaban las rectificaciones durante la votación, porque hacía que los diputados se perdieran en las votaciones, que ya eran crípticas, que ‘se estaba votando el literal b) de la letra segunda’ por ejemplo. Y además, que se hicieran observaciones era complejo, por eso que los Presidentes nunca permiten el uso de la palabra y dicen ‘estamos en votación señores diputados’.

Estima que, por ello, compartían el criterio de Renovación Nacional, de que no deberían limitar el tiempo del uso de la palabra. Con todo, eso no importa que los ministros quedaran sometidos a las faltas al orden. Si un ministro comete un exabrupto, lo que se hace es que le llamarán al orden, y si bien no se les puede aplicar multas, si pueden comunicarle al Presidente de la República que un ministro de Estado ha cometido un exabrupto en la Sala de sesiones, y él verá si es causal de remoción, tirón de orejas, o lo que fuera.

El señor Abogado Ayudante señaló, a propósito de la observación de Renovación Nacional, que había cuestiones que se podían resolver a propósito de un acuerdo, y en ese acuerdo definir si el caso era bueno o no, si acaso era bueno que los ministros tengan o no esa limitación. Pero otra cuestión era afirmar que por razones legales o constitucionales se debía adoptar una decisión en uno u otro sentido. El Secretario General hizo un punto, pero l de la lectura del artículo 37 en concordancia con el 56 de la Constitución Política, se colige que los ministros tienen derecho a usar la palabra, no pueden votar, pueden rectificar conceptos, pero a partir de ahí, los diputados eran soberanos para determinar si a propósito de esa lectura se podía hacer esta interpretación. La Constitución no dice que no se pueda limitar el tiempo en el uso de la palabra a los ministros. En buenas cuentas, la Constitución deja abierto eso a la polémica reglamentaria.

El diputado Saffirio señaló que lo que entendía de lo planteado por la Secretaría, era que no se violentaba la norma constitucional, la del artículo 37, si se establecía en el reglamento el mecanismo a través del cual el ministro hace ejercicio de ese derecho.

El diputado Paulsen estimó que sí se podría violentar si llegaran a limitar la posibilidad de que el ministro estimara conveniente que su intervención, para poder aclarar el punto, se vea limitada por los diez minutos que le quieren imponer. Por lo tanto, si el ministro al cabo de los 10 estima que aún le faltan 5 o 10 minutos para poder aclarar los puntos que los diputados lo han interpelado, con esta propuesta estarían pasando a llevar la Constitución. El punto que les interesaba era que quizás el tiempo al cual estaban limitando al ministro en hablar, podría privarle una posibilidad que hoy día le otorga la Constitución.

El diputado Gutiérrez (presidente) entendía que lo que dijo el diputado Saffirio era que ese derecho podía ser limitado.

El diputado Saffirio señaló que su interpretación era que una norma reglamentaria, o una norma de la ley orgánica podría, perfectamente, sin violar la norma del artículo 37 de la constitución, normar, valía la redundancia, o regular ese derecho, porque si no, ni siquiera tendrían la facultad de fijar un tiempo de duración de las sesiones.

Los ejemplos extremos solían ser aclaradores, pero qué pasaba si nombraban ministro al ministro Campos. Lo tendrían tres horas hablando, y entonces ninguna regulación del tiempo máximo de duración de las sesiones va a ser aplicable porque van a tener ministros que les gusta escucharse y van a hablar eternamente. Concordó que sólo era un mal ejemplo…

La diputada Núñez señaló que luego de haber escuchado al Secretario General y a la Secretaría de la comisión, se inclinaba más por el Secretario de la cámara. No era obvia la inclinación, pues si podía estar de acuerdo con la Secretaría, pero en esta pasada lo que no entendía era que si no estaba en la Constitución, por qué si la propia Constitución no lo establece, van los diputados a transgredirlo. Si la Constitución quiere establecer limitaciones a la intervención de los ministros, porque ya regula las atribuciones, sus intervenciones, lo diría expresamente. Por ello, estimó que no procedía en este caso modificar el reglamento si es que no era la Constitución la que lo establecía expresamente.

El diputado Fuenzalida señaló que a lo menos en su experiencia, generalmente las intervenciones de los ministros siempre son o agradecer la votación cuando el proyecto era aprobado, o intervenir previo a la votación. Eso fue, por lo menos, los cuatro años anteriores lo que le tocó ver. Nunca le había tocado ver a un ministro generando un debate, intercambiando y tomándose la palabra por más de un tiempo razonable.

Por ello, no sabía cuál era el espíritu de cambiar esto, en la lógica como estaba establecido en la Constitución y la lógica que ha funcionado. Quizás los que llevaban más períodos hayan pasado por algo distinto, pero no le parecía lógico innovar y entrar a limitar el tiempo en un reglamento, cuando la Constitución dispone una norma que se ha aplicado correctamente.

El Abogado Secretario de la Comisión señaló en relación con el interesante debate que se había suscitado, que en general cuando se trataba de derecho público, y en especial derecho constitucional, la interpretación tenía que ser muy restrictiva, muy apegada a lo que es la norma legal. Además, el constituyente cada vez que reconoce un derecho constitucionalmente, y permite que la legislación de alguna forma u otra lo regule, lo señala así, por lo que en este caso entendía que al garantizarse a los ministros de Estado el participar en los debates, se les estaba estableciendo un derecho que difícilmente podría ser vulnerado por un reglamento, o limitarlo.

El señor Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputados, señaló que esta norma, probablemente por el carácter presidencial de nuestra Constitución, era una norma tan excepcional que incluso le permite al ministro hablar durante la votación, cuestión que ni siquiera a los propios parlamentarios se les permite. En tal sentido, tenía hasta dudas que la propia ley orgánica pueda limitar el uso de la palabra, porque era un derecho que se les da precisamente a los ministros de Estado para tener alguna participación prioritaria dentro del debate parlamentario. Era una norma tan excepcional que estimó que no lo podría limitar, menos por el reglamento y tenía dudas si podía ser por la ley.

El señor Abogado Ayudante señaló que no estaba planteando que el limitar el tiempo en el uso de la palabra fuera bueno o malo, sino que hacía cuestión sobre si la Constitución lo prohibía. Tenía una sospecha sobre el punto, pues de la lectura de la Constitución se colige que los ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a la sesiones de la cámara de diputados o del senado. Entonces, podía el Reglamento prohibirles asistir, no, no podía, eso era claro no puede. A su vez, se dispone que los ministros podrán tomar parte en sus debates, y ante eso, puede el reglamento decir que no puede tomar parte en los debates, no, no puede decir. Se dispone que pueden hablar con preferencia, y entonces, el Reglamento no puede decir que no tendrá preferencia, no puede. La Constitución dispone que no tendrán derecho a voto, y ante eso, el Reglamento podría decir que voten, no, no puede decir que voten. Se dispone que durante la votación podrá rectificar los conceptos, y ante eso el reglamento no podría decir que podrán rectificar, porque la Constitución otorga ese ámbito.

Dicho todo lo anterior, la cuestión era definir si en la Constitución estaba escrito ‘y no podrá limitarse el tiempo en el uso de la palabra’.

Había ámbitos donde la Constitución tomó una decisión. Así, tienen preferencia, pueden asistir, no puede votar. Pero de ahí a decir que el Reglamento, desde un punto de vista soberano de la asamblea, no pueda definir si era o no bueno, era una cuestión abierta a la decisión y a la polémica de los diputados. En otras palabras, este no era un problema que la Constitución ya haya resuelto, y precisamente porque la Constitución dispone esos verbos y esas situaciones, la Constitución debía ser respetada e interpretada restrictivamente sólo en esos ámbitos, y no ampliarlos a otros supuestos.

El diputado Gutiérrez (presidente) señaló que mejor no innovarían en esta parte del reglamento, y todos igual iban a respetar la Constitución.

Continuación del artículo 85

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que también se modifica el tiempo que los diputados van a poder usar de la palabra en los proyectos devueltos en tercer trámite constitucional. Recordó que eran tres minutos por cada una de las enmiendas que el Senado le realice a un proyecto de ley. Es decir, lo lógico sería que a pesar de que la Cámara no lo ha hecho así en los últimos años, cada una de las enmiendas se pondría en discusión, cada diputado va a poder hablar tres minutos, y terminada la discusión de esa enmienda se pasa a la siguiente y así sucesivamente.

El diputado Alessandri consultó qué pasaba cuando la discusión de un proyecto se daba en más de dos sesiones. Recordó que pasó con el uso medicinal de la cannabis, había una limitación a que los diputados pudieran intervenir dos veces máximo en la discusión en general del proyecto.

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, aseveró que lo que pasaba era que la Secretaría va tomando los tiempos. Hoy día tienen 15 minutos en total, entonces, cuando se pasan de los 10 minutos del primer discurso, automáticamente pierden tiempo en el segundo discurso, aunque sea un minuto, pues ya hablaron. Eso lo va haciendo el sistema electrónico automáticamente.

Agrega que ahora van a tener tiempo cierto de 5 y 5 minutos, y pasados los primeros 5 minutos va a perder tiempo en el segundo discurso, pero podría perfectamente un diputado hablar tres minutos y en una segunda ronda, en el segundo discurso hablar 5, eso lo pueden hacer, eso es la norma reglamenta.

Entiende que cabía recordar también las cláusulas del debate, que depende del número de diputados que hablen en cada uno de los trámites legislativos. En esto no se ha innovado.

Por último, en relación al artículo 132, señala que se tenía un gran problema con las comisiones mixtas. Por un lado, el número de diputados, cuestión que no depende únicamente de la Cámara de Diputados, sino de un acuerdo con el Senado que no han llegado a modificar. Lo vigente eran cinco diputados, y el Reglamento dispone que de ese informe pueden hablar hasta tres diputados, tres discursos de diez minutos. Por ello, lo que se propuso fue cambiar el debate en esta clase de proyecto, reduciéndose a seis discursos de cinco minutos cada uno, y sin admitir indicaciones de ninguna especie.

Recuerda que lo que se hizo la vez anterior, por un acuerdo de comité en la legislatura anterior, fue otorgar un tiempos más o menos similar a los 30 minutos divididos por los comités. El problema que hoy tenían era que eso generaba distorsión desde el punto de vista del uso de la palabra, de cómo hacerlo. Siempre ha habido una discusión entre las bancadas más grandes y las bancadas más pequeñas de qué era lo justo para poder hablar. El Reglamento no solucionaba el problema, pero lo que está haciendo la Presidenta hoy, y los miembros de la Mesa, era que se completara la nómina completa de los diez comités, las diez bancadas para ser más preciso, y después empiezan a darle la palabra a las bancadas con mayor número para tratar de que ellos hablen más.

Considera que lo lógico sería que en la segunda discusión que se tenga sobre el Reglamento, se pueda establecer un mecanismo de discusión que sea un poco más justo en cuanto al número de diputados, porque lo que siempre sucede es que la bancada más grande se queda con muchas dificultades internas. Los jefes de bancada sufren mucho, porque tienen que dirimir quién va a usar el uso de la palabra y eso, es sabido, al interior de cada bancada siempre genera un problema, por lo que era una cuestión que se tendrá que discutir en esta segunda parte.

Haciendo una observación final, señala que diputados que ingresaron al Congreso observan que ellos preferirían que las sesiones fueran más cortas y con menos discursos, al estilo de los sistemas parlamentarios donde hablan dos o tres diputados designados por las bancadas para hablar. Lo anterior, y siempre en un ámbito de respeto, después del tercer discurso empezaban a repetirse cuestiones comunes, pero eso ya entraba en una discusión mucho más intensa…

Un diputado consultó si era posible acumular en algún parlamentario los tiempos.

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, responde que lo lógico en los sistemas parlamentarios era que hablaba el jefe de bancada y todo el resto no se mueve. Ahora, era lógico en el sistema parlamentario, pues si el sistema parlamentario no tuviera orden partidaria no funcionaría. Acá era un poco más complicado, pero se podría buscar una fórmula.

Estima que era mucho más productivo, y los parlamentarios que tenían varios períodos sabían, era mucho más productivo el trabajo que se hace en las comisiones que el que a veces se hace en la Sala, porque en la Sala nadie va a convencer a nadie, porque ya vienen convencidos desde las comisiones. En su parecer, prefería tener dos o tres sesiones ordinarias de las comisiones para tratar con mayor profundidad ciertos temas, y no como lo hacían hoy, que se hacen más discusiones en horarios en la Sala para escuchar discursos que son lo mismo, y donde muchas veces ni siquiera pueden presentar indicaciones, porque las urgencias legislativas impiden eso. Entonces, lo lógico es que en la próxima discusión del reglamento se busque un mecanismo que permita tener mayor debate en las comisiones, y tal vez restringir el debate en la Sala a algo que sea más lógico, y eso ayude en algo.

Refiere que estas sesiones muy largas lo que hacían, al final, es que los diputados terminen haciendo otra cosa, porque la especialización que ustedes tienen y que cada día va a ser mayor, hace que estén pendientes de los debates en que realmente pueden tener un aporte. Porque si no, todos conocían hartos ejemplos de diputados que se inscribían en todos los proyectos de ley, en todos hablaban, y cuando los escuchaban eran puras cosas comunes.

Un diputado estimó que en esos casos estaban hablando para sus electores.

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que estaba bien, pero que para eso estaba la hora de incidentes, porque podían hacer una hora de incidente más, pero el diputado Kast cuando era diputado, actual senador, y otros diputados, ya había escuchado a muchos diputados, eran más partidarios de concentrar mejor, en hacer mejor trabajo de comisiones, y que el trabajo de Sala fuera más acotado. Hizo presente que en algunos parlamentos, incluso, en la Sala sólo se vota.

El diputado Gutiérrez (presidente) estima que estaban todos de acuerdo con adecuarse, porque en buenas cuentas era adecuarse al número de parlamentarios que eran, al final del día era eso. Eran 155, discurso de diez y cinco minutos entonces la idea era rebajarlo a 5 y 5 minutos, y 3.

Votación

Sometidos a votación todos los numerales referidos a tiempo de duración de las sesiones y uso de la palabra, ( N°s 12, 14, 16, 18, 19, 20, 34, 35, 37), estos son aprobados por la unanimidad de los diputados presentes señores Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Diago Paulsen (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker.

Sobre días de permiso sin goce de dieta

El diputado Soto consultó sobre la polémica que hubo el año pasado respecto de los permisos sin goce de dieta de los parlamentarios. El Reglamento dispone alrededor de cuatro días, pero en algún momento, entendía que por acuerdo de los comités de bancada, se aumentó a 29 días.

Ese tema estaba siendo tratado de dos maneras. Entendía que Renovación Nacional había pedido que la autorización para esos efectos fuera de competencia del Comité de Asignaciones Parlamentarias, y no de los comités de bancada, y en segundo término, que no se pueda aprobar este aumento en los comités de bancada. Consultó si es que eso quedó en nada, y nada de eso estaba hoy en esta propuesta de informe.

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señala que eso estaba dentro de los puntos que no van a ser tratados en el segundo informe. Hoy, en concreto, eran cuatro días al año, eso estaba vigente y eso es lo que se va a respetar. No había variación.

Comités parlamentarios

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, expresa que acá estaba la coyuntura y el deber ser. Sobre la coyuntura, lo que pasaba es que siempre al final terminaban tratando de cuadrar la caja de alguna manera, y era porque para la Institución era importante la representación parlamentaria de todos los sectores, sobre todo considerando que hoy día tenían un grupo muy diverso en la Cámara y era importante escuchar en las reuniones de comité sus votos.

Considera que, ahora, tenían un problema. Por ejemplo, la comisión de régimen interno, tal cual estaba la redacción de la norma, van a tener que llevar el tema a los comités para buscar un ajuste y hacer voto ponderado como en los comités, porque o si no, van a tener cerca de veintitantas personas en una comisión, y todo lo que se pretendía en la Comisión de Régimen Interno lo estaban echando por el saco a raíz de que eran muchos los comités.

En tal sentido, estimó que deberían tener dos normas. La que estaba vigente, que deberían mantenerlo hasta el 10 de marzo del 2022, y una norma que empezara a operar a partir del 11 de marzo del 2022, esa sería la fórmula. Es decir, cualquier cosa que se trate de introducirle cambios en las comisiones, había muchos acuerdos políticos que estaban detrás de esto, y que primaban sobre las normas reglamentarias.

Estima que así, sin perjuicio que se pueda trabajar en esto para tener en materia del número de comités, el número de integrantes de las comisiones, los cambios que podían hacer en las comisiones, las votaciones secretas y todo lo demás, debería hacerse un paquete que concordado entrara en vigencia el día 11 de marzo del 2022. Eso va a allanar los acuerdos y probablemente se tenga un buen reglamento, porque además van a tener la experiencia de estos años. La cuestión no era esperar al 10 de marzo del 2022 para despachar esto, sino darse un plazo prudente en esta Comisión, quizás a través de una Subcomisión En igual sentido el crear una nueva vicepresidencia, otro tema que estaba pendiente, pero que estimó que no era conveniente ahora porque la Cámara tenía una situación económica que no le permitía hacer ese cambio. Tal vez en el futuro, pero habría que pensarlo de mejor manera.

El diputado Saffirio consultó, a raíz de una referencia en relación con Régimen Interno y los comités parlamentarios, que ahora constituían un solo organismo, los días martes se reunían los jefes de comité como comité parlamentario y los días miércoles se reunían los jefes de comité como Régimen Interno. Estimó que ese era un buen sistema.

Ello, pues separar las aguas respecto de materias que eran comunes en dos comités distintos lo que había hecho era generar un conflicto, porque se tomaban decisiones o se querían tomar decisiones que eran contradictorias. Había estado conversando con algunos diputados y no veían con mala cara la posibilidad de volver al régimen anterior, donde los martes los comités se reunían como comités y los miércoles como Régimen Interno.

Además, servía como una forma de simplificar los procesos, pues lo que pasaba era que los diputados tenían una tendencia casi natural, no casi natural, sino que estaba en su ADN en ir cada vez hilando más fino respecto a los temas. Al final, iban a terminar con el Reglamento regulando el uso los baños. Se complicaban mucho, se hacían trampa, se ponían obstáculos solos. Al menos, quería dejar el tema planteado.

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que había sido una gran discusión, pero los motivos que la Cámara del 2014 tuvo para cambiar esto, lo que se quiso hacer con Régimen Interno era convertirlo en una verdadera, una suerte de directorio, porque aquí el problema que hay es que hasta la compra de un alfiler es un hecho político que tiene repercusiones internas en la Cámara.

Opina que entonces, quedaban en la administración muchísimas cosas que eran muy complejas para la administración, que tenían que ver con la decisión que se hacía de un órgano político respecto de un órgano administrativo. Los diputados debían comprender que era muy difícil imponerle reglas a los jefes, y al final del día, la Secretaría General no eran sino funcionarios subordinados a lo que el poder político determine, y eso no había que perderlo nunca de vista, los que mandaban acá eran los diputados. Y eso no podía olvidarse porque al final quienes ponen la cara por lo que pasaba en la Cámara eran los diputados y no los funcionarios. Lo decía, le pensaba y lo creía.

Asevera que por eso la estructura de Régimen Interno se establecía como una suerte de directorio, que tenía políticas generales que se mantenían en el tiempo, porque el problema de los comités parlamentarios es que cambian cada año, y al cambiar cada año no se podía hacer ninguna política de largo plazo y cuando, advirtió que diría algo a lo mejor incorrecto, cuando se determinó por los diputados que se cambiaba el sistema binominal a uno proporcional surgía un problema muy evidente, y era que la Cámara tenía que enfrentar, por decisión política, con su propio presupuesto el aumento parlamentario.

Aprovechando las circunstancias, observa que esa decisión no podía recaer en él, el Secretario General, pues era muy injusto que recayera en él. Necesitaba el apoyo político no de una Mesa que cambiaba todos los años, sino que de un directorio que acompañara las decisiones que se tenían que tomar, porque había decisiones que se tenían que tomar.

En cuanto a reducciones en los gastos institucionales, cuestión que tenían que hacerlo sus pares, no un órgano administrativo, porque para bien o para mal, siempre se confunde la orden con la persona que ejecuta la orden, no con el que la dio, no siempre el que la ejecuta es el que la da. En este caso el que la dio fue un órgano que era político, la Comisión de Régimen y esa era una decisión que había que discutirla.

Estima que el problema que había era que la información no bajaba de los integrantes de Régimen Interno a cada una de las bancadas, pero les aseguró que tampoco bajaba de los comités. Es decir, aquí tenían un problema de información al interior de la Institución, cualquiera que fuera el órgano que toma la decisión, porque en las reuniones que se hacen en las bancadas, el último tema eran las cuestiones de orden administrativo hasta que no golpeaban a alguien, porque las reuniones de bancada eran sobre temas políticos bastante más relevantes que el uso de los baños.

Ahora, estima comprensible que para la administración de la Cámara, fuera quien fuera el secretario general, era mucho más potente tener a los jefes políticos que tener a los subordinados de los jefes políticos, por muy importante que sean los diputados, porque la decisión que se va a tomar va a ser política.

Piensa que el problema que eso significaría es que tiene que fluir la información para abajo, porque muchas veces se tomaban las decisiones de los 29 días, y qué bueno que el diputado preguntó, fue una decisión que todo el mundo usó, que todo el mundo, no necesariamente todos los 29 días, pero se usaban más de los 4 días del Reglamento, 5, 6, 7, 8 días en todas las bancadas, y cuando se creó el problema de carácter público, nadie después reconocía que había siquiera usado los días. Entonces algunas personas que participaron del acuerdo y otros que no, decían ‘pero cómo, yo no tenía idea’.

En resumen, considera que aquí lo que tenían que crear, cualquiera que fuera el órgano que tome la decisión, eran buenos canales de comunicación hacia los parlamentarios para que la decisión después fuera compartida, porque era muy fácil salir después a la palestra diciendo ‘fueron todos los demás’, porque estaba el grupo de los buenos y estaba el grupo de los malos, y resultaba que eran decisiones colectivas que había que tomar.

Expresa que con mucho respeto, señala a la Comisión que si a la administración le ponen a los jefes políticos a cargo del Régimen Interno, resultaba fantástico porque significaba que la decisión tiene un respaldo institucional de mayor envergadura. Si en cambio ponían a miembros permanentes, ello tenía la virtud de que se pueden hacer políticas a largo plazo. Pero todo eso era una decisión política, no era una decisión administrativa, se podía hacer un mix.

La diputada Núñez estima que en este punto tenían una oportunidad para hacerse cargo de una cuestión. Estaba en un grupo whatsapp y se perdía cada vez que alguien escribía. En Régimen Interno había 25 diputados, y quería mezclar los temas, pero creía que Régimen Interno era una comisión más, no tenía sentido que hubieran 25, más allá de quien asiste o quien no asiste, pero entendiendo que era una comisión más, si van a aumentar de 7 a 8 en el caso de los números de diputados para poder constituir un comité, se preguntó si llegar a nueve o llegar a diez o llegar a once, por qué no hacer que calcen los números y que por lo tanto en Régimen Interno tengan 13 diputados. Concordó con el Secretario General, en el sentido que estuvieran los jefes políticos, teniendo a las personas que en cierta forma van a tomar esas decisiones, y ahí concordó con el diputado Saffirio de que se podían mezclar los temas.

Estima que el punto era que si van a aumentar el número de diputados para poder constituir comité, y entendía que la propuesta o el número que había sobre la mesa era de 8, pero por qué 8 si es que en 12 calzarían los números para entrar en otra discusión, y poder zanjarla en esta discusión de reglamento, que era tener una Comisión de Régimen Interno como cualquier comisión, y no con el triple de integrantes. Todo lo anterior, entendiendo que se podía mezclar con el tema de los jefes políticos.

El diputado Cruz-Coke expresa que entendiendo que la propuesta del Secretario General no era aumentar hoy el número de integrantes de los comités, sino dejarlo para el 2022, porque había algunos a los que les había costado, sobre todo a los partidos más chicos, constituir comité, incluso ellos habían tenido que pedir algún diputado prestado, si les aumentaban ahora la cantidad, a ellos la verdad es que los metían en un problema bastante grande. En todo caso, coincidía en que al ver el funcionamiento de la cámara no con 120 sino con 155 integrantes, podrían eventualmente hacia el final de la legislatura, más o menos ver de qué manera va a funcionar mejor en la legislatura siguiente.

El diputado Gutiérrez (presidente) señala que la propuesta del Secretario General con respecto a este tema, asumía que los acuerdos políticos ya habían operado, se habían formado los comités, estaban funcionando, por lo que mejor no tocarlos, porque tocarlos ahora generaría nuevamente inconvenientes. Ya la política arregló lo que tenía que arreglar, y entonces, mejor que no lo desarreglaran ellos por generar un Reglamento que sube de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 12.

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, estima que eran tres temas a discutir, tomar una decisión y que empezaran a operar el 2022. Uno era el número de integrantes por comité, el ejemplo era que con 150 diputados, era alrededor de 11, 12 integrantes hasta el año 1973, eso podía tomarse como un parámetro, podrían ser trece, doce.

En segundo lugar, señala que otro punto es permitir que los grupos minoritarios pudieran formar comités mixtos sin ningún problema, es decir, regularlo bien en que caso que dos o más partidos pudieran unirse para formar comité, y ahí incluir la situación de los independientes. Cuando se refería a los independientes, eso tenía dos aristas, quienes eran realmente independientes, y definir la situación de los otros independientes, que van en listas parlamentarias de los bloques políticos. Hoy, si tuviera que sumar, Renovación Nacional no tenía 36 diputados, eran 34 o 35 más independientes, lo mismo pasaba en la UDI, etc.

Agrega que otra cuestión era la de aquellos diputados que durante la elección fueron por un partido político que después entraba en proceso de disolución, cuando no se cumple con los requisitos legales de existencia. El problema que tenían es que eso trasciende al periodo que tienen que formar comisiones, o el que durante estos meses los actuales partidos decidan fusionarse, o el caso de las reinscripciones y todo lo demás, sobre todos esos supuestos, se debería trabajar.

Indica que igual pasaba con el tema de la votación secreta de la Mesa. Todos esos temas tenían que analizarlos con mayor detalle, por lo que convenía excluirlos de este debate fast truck que la comisión ha hecho. Quizás hacer la discusión en esta propia Comisión o en una subcomisión como se hizo antes, y trabajamos un par de meses viendo la solución.

Estima que habrá algunas cosas que, por ejemplo, a la Secretaría le interesa que se aprueben rápido, todo lo que dice relación con el tema de técnica legislativa o el tema de los informes no vinculantes, y otra parte de esa reforma podría quedar para que entre en vigencia con las cartas abiertas, es decir, después de la elección del 2021, cosa que nadie pueda asegurar que lo que se estaba haciendo era un traje a la medida.

El diputado Paulsen señala que esta discusión se dio arduamente con la elección ya dada, donde por arte de magia las propuestas que venían de la Secretaria General, una vez pasada la elección, cambiaron. Eran doce en primera instancia, luego bajaron a 7 y terminaron en 8. No tenía problema en que eso ocurra en este periodo, pero convenía evitar nuevamente elaborar trajes a la medida como propuestas para el año 2022.

Considera que lo mejor era establecer un criterio a largo plazo, porque si van a estar de nuevo el 2022 viendo esto según la elección de noviembre del 2021, no tenía sentido. O establecían hoy algo a largo plazo, o van a estar en esta discusión política todos los inicios de la legislatura hablando de lo mismo. Mejor dejar zanjado ahora, para que no se prestara a suspicacias en el futuro.

El diputado Gutiérrez (presidente) expresa que si bien entiende el punto, el traje a la medida, por último, tampoco se hizo.

El señor Miguel Landeros, secretario General de la Cámara de Diputados, estima que siempre se hacen trajes a la medida. Por ejemplo, el 5 de marzo del 2014 se aprobó un traje a la medida y se bajó de 9 integrantes por comité a 7, que es la actual cifra vigente, y ese traje se hizo a la medida con la elección en mano. Por eso estaba de acuerdo, en cuanto no hacer traje a la medida, sino aprobar esto en el curso de este año, pero que la vigencia de esa nueva norma comience el 11 de marzo de 2022.

El diputado Paulsen consulta si la propuesta actual a la Sala era que se subiera a 8, o la propuesta del Secretario es que se bajara a 7 nuevamente o que se mantenga en 8, si bien hoy día el Reglamento establece que son 7.

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, sugiere discutir el tema, tal vez volver a pensar en que sean 12 u 11, daba lo mismo, pero lo importante era que se pudiera considerar la unificación de partidos más que el número. Podían ser 12, incluso mientras más, mejor, pero el tema no era si 8, 9 o 10, pues era un tema que ahora no lo modificarían, hoy día eran siete.

Explica que en el caso del Régimen Interno, lo que pasaba es que ahí había dos opciones. Uno era aplicar derechamente lo que dice el Reglamento, y eso significa que Renovación Nacional tiene cinco diputados en Régimen Interno, la Democracia Cristiana quizás dos, el Partido Socialista dos, la UDI cerca de tres, por lo que estaban hablando de un Régimen Interno que no va a funcionar, porque va a tener, quizás, 27 personas.

Estima que, entonces, si van a ser los jefes de bancada los que van a integrar el Régimen Interno, la cuestión es que ahora tenían que integrar Régimen Interno, ahora lo que estaban haciendo era que estaban llevando todo lo que era de Régimen Interno a los comités, pero cuando tengamos que ver licitaciones y un montón de cosas que eran netamente administrativas, porque el reglamento dice que hasta 1.000 UF decide la Secretaria General, 25 millones; hasta 2000 UF decide la Secretaría General con el Presidente y sobre eso, sobre 50 millones decide la Comisión de Régimen Interno.

Señala que con lo que estaba ocurriendo ahora, van a tener que llevar las licitaciones a los Comités Parlamentarios, lo que sería muy complejo. Una forma era citar a las 20 personas, que las 20 personas tomen decisiones o que las 20 personas no tomen ninguna decisión. La otra, funcionar bajo lo que se llama el voto ponderado, y el voto ponderado es que si va un miembro de Renovación Nacional tiene 36 votos, y eso es lo que él vale.

Indica que en los comités parlamentarios, aquellos que han sido comités parlamentarios saben qué va el diputado Paulsen o el diputado Leopoldo Pérez y ellos para la Secretaría cuentan 36, no cuentan uno, cuentan 36, entonces, no importaba que no estuvieran los cinco jefes de bancada, el que vaya a contar con 36.

Un diputado consultó si podían ir los cinco jefes de comité.

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, opina que daba lo mismo, la pregunta era cuál era la importancia que vayan cinco o que vayan siete, si lo que se hace conforme a lo que dispone el Reglamento es ponderar. El año 2014 en el caso de Régimen Interno se tenía uno por bancada, y nunca se armó la discusión, nunca tuvieron este problema, ahora no sabía por qué surgía el problema que tienen que ir los cinco a la comisión de Régimen Interno los días martes a las nueve de la mañana, cuando si va a uno su voto va a valer por los 36 diputados de Renovación Nacional, pues eso es lo que importaba.

Entiene que ahora, si no va ninguno, no va a haber ningún voto, no sabía cuál era la diferencia en que vayan 5 o que vayan 2. Por poner un ejemplo, los comités parlamentarios de Renovación Nacional pueden ir 5 diputados, pero asistían 2, y siguen siendo 35 diputados los representados, no sabía cuál era el problema,

El diputado Paulsen propone para ir avanzando en esto, que el segundo informe ya tiene contemplado el número 8, entonces, que ese número vaya en el informe que van a enviar a la Sala, total ya está toda la Cámara está regularizada en base al número 8 que fue lo que se aprobó, gran parte los comités operaron en base a 8.

Un diputado señaló que se operó en base a 7.

El diputado Paulsen señala que si era así, que se acordara en 8 porque era una propuesta que ya estaba hecha en el segundo informe, y a contar del 2022 buscar una propuesta.

El diputado Gutiérrez (presidente) recuerda que la propuesta es que estos temas de comité se puedan avanzar durante este período, avanzar sobre este tema dejándolo fuera de la contingencia electoral, y posteriormente votarlo antes de llegar a fin de año para que entre en vigencia en marzo del año 2022.

Para ello, cabría formar una subcomisión para discutir estos temas.

El diputado Cruz-Coke destaca que ello, con el compromiso de que se arregle el tema antes de las elecciones del 11 de noviembre del 2021.

El señor Marco Riveros, asesor de la bancada Renovación Nacional, hace presente unos aspectos que creía importante precisar, que se discutan en esta discusión un poco más larga en la subcomisión, como el tema de los 29 días y el tema de las multas. Quería precisarlo para los efectos que la Secretaria lo estimase, para que se discutiera.

Se pregunta qué pasó con los 29 días, el Reglamento dispone que son 4 días, nunca se modificó este Reglamento regularmente, nunca se hizo una publicación de una modificación que dijera 29, se hizo mediante un acuerdo de comités del que no se enteró toda la gente, no se enteró, por lo tanto, tiene que la Comisión ahora abocarse a ver de qué forma los acuerdos unánimes de comité modifican este reglamento de forma legal, pública y que se divulguen, naturalmente.

Estima que las reformas de Reglamento tienen una serie de exigencias que en ese caso no se cumplieron, por eso hubo diputados sorprendidos con el tema de los 29 días, más allá de que algunos hayan aprovechado y otros no. Ese no era el tema, ese bochorno ya se pasó y ese costo ya se pagó. Lo que venía ahora era discutir si era posible, si era factible que los comités de forma unánime modifiquen el reglamento. Su posición es que eso no correspondía cuando no se trata de un caso específico y puntual. Ese era uno de los problemas que planteaba el diputado Soto.

El diputado Gutiérrez (presidente) señala que entendía su preocupación y la compartía, pero que pasaría ahora, porque ese fue un acuerdo en el período parlamentario, y ya no estaba vigente.

El señor Marco Riveros, asesor de la bancada Renovación Nacional, señaló que eso era cierto, pero podrían encontrarse con otros acuerdos unánimes de comités que no conocían y que se podía entender que modificaron el Reglamento y eso no era posible. Por algo había que regularlo y establecerlo más claramente en el Reglamento.

Opina que el otro tema era el tema de las multas y en esta materia lo que estaban proponiendo, y también el diputado Soto estimaba del caso hacerlo, era que siguiera estando en la reunión de Régimen Interno el determinar el nivel de las multas. En tal sentido, los comités parlamentarios el 14 de marzo las fijó recientemente. La propuesta que se había conversado con el diputado Soto era que esta facultad quedara radicada en un órgano que no fuera integrado por diputados, por lo que el órgano sería el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. La cuestión es que la facultad de establecer las multas por inasistencias de los diputados debía ser establecido por un órgano que no fuera integrado por los mismos diputados.

Estima que esas eran las dos preocupaciones que había expresado el diputado Soto, que no sabía si habían quedado claras, entre los temas que era de interés discutir.

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que en el Reglamento nunca se ha regulado bien el tema del alcance de los acuerdos de los comités, y en eso concedía el punto al Asesor de Renovación Nacional Marco Riveros. Siempre ha habido una discusión, por ejemplo, si cuando se dispone que la Cámara acordará, si eso puede ser reemplazado por un acuerdo de los comités, y segundo la duración de los acuerdos de los comités.

Asevera que la regla es que los acuerdos de procedimientos de los comités duren hasta que algún diputado loa reclame, y quedarían sin efecto. Pero resultaba que a muchas veces, por distintas razones, estos acuerdos no bajan al conjunto de los parlamentarios, nadie sabe que existen acuerdos de comité sobre una determinada cuestión.

Al respecto, estima que aquí había dos cosas que eran muy importantes de regular, uno el alcance de los acuerdos de comité, donde había dos tipos de acuerdos de comité, los unánimes a los que no se puede oponer ningún diputado de la Sala, y los de simple mayoría, que se votaban en el pleno. Ante ello, lo que ha hecho la Secretaría era restringir los segundos a cuestiones no reguladas por el reglamento, porque o si no era muy fácil, la mayoría en cada caso le aplicaría a la minoría un acuerdo reglamentario, se votaba en la Sala y era como votar en los comités.

Relata que por ello, estimaban que esos segundos acuerdos no podían vulnerar la norma reglamentaria, porque si no estarían haciendo una modificación reglamentaria por una vía que no era la correcta. Le parecía bien que, además, deberían regular la temporalidad de los acuerdos de comité, y que bajo ningún caso procediera en aquellos casos en que se requiere el acuerdo de la Sala, por ejemplo, el acceso de los funcionarios que no sean ministros de Estado a las sesiones de la sala. Hoy lo que estaban diciendo era que no lo podían regular por acuerdo de comité, sino que pasar por la Sala porque se dispone que la Sala deberá autorizar a que esas personas ingresen. Era una tarea de la subcomisión regular eso.

Agrega que otro tema que no estaba planteado, pero que querían plantearlo, era cuando era mayoría de los diputados en ejercicio y cuando mayoría de los diputados presentes. A modo de ejemplo, para las elecciones de la Mesa se dispone que la Mesa se elige por mayoría absoluta y la pregunta era a qué se refiere la mayoría absoluta, si de los diputados presentes o la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio.

Explica que la Secretaría, y cuando se refería a Secretaría se refería al conjunto de funcionarios que trabajan en la Secretaría, estimaban que en la primera votación se refiere a la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio y en la segunda votación a la mayoría relativa, es decir, a quien obtiene aquella mayoría más alta, porque o si no, no se podía entender la norma reglamentaria.

Agrega que eso ocurría en un montón de otras cuestiones a lo largo del Reglamento que tenían que regular y definir bien, en qué caso era mayoría de diputados en ejercicio y en qué caso mayoría de los presentes. Eso por nombrar algunas cosas.

Estima que el trabajo de la subcomisión era bueno, y ojalá lo pudieran formar a la brevedad para tratar algunas cosas, sacarlo en el mediano plazo y otras cosas dejarlo definitivamente para que empiecen a operar, como por ejemplo el número de comités, los cambios en comisiones, que eso empiece a operar en el año de 2022, en marzo del 2022 y mientras tanto, mantener las reglas bajo las cuales los acuerdos políticos se habían celebrado hasta este minuto.

El diputado Gutiérrez (presidente) consulta, habiendo definido el tema de los comités parlamentarios, que quedaba por discutir.

La Secretaría señaló que de los capítulos del segundo informe, ya se habían tratado el relativo a adecuaciones, digitalización, tiempo y uso de la palabra y comités. En tal sentido, sólo quedaban los relativos a elección e integración de la Mesa y el relativo a comisiones, cantidad y forma de integración.

El señor Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que los otros capítulos era mejor discutirlos en la subcomisión.

La Comisión, por asentimiento unánime de los diputados presentes acuerda dejar fuera de votación y dar por rechazados los restantes numerales del segundo informe, relativos a Comités Parlamentarios; elección e integración de la Mesa y Comisiones (cantidad y forma de integración). Sumados a los temas que quedaron fuera planteados por Renovación Nacional, en total quedan fuera y se dan por rechazados los numerales 7, 9, 10,11, 23; 30; 31. (Además se incorporaba los numerales 24, 29,39 y 40 que serían aprobados en la siguiente sesión).

S. 4 de 4 de abril de 2018.

El Secretario General de la Cámara de Diputados, señor Miguel Landeros, sobre la necesidad de modernizar los sistemas de votación, explicó que la reforma reglamentaria establece que la primera forma de votación secreta sea a través del tablero electrónico y, a petición de dos jefes de bancada, a través del sistema de balotas. Agregó que sí se suprime definitivamente el uso de balotas en comisiones porque en los últimos 25 años nunca se ha hecho. La última vez que se utilizaron las balotas por la Cámara de Diputados fue el 9 de abril de 1998, en la acusación constitucional del señor Augusto Pinochet Ugarte.

Respecto a la seguridad del sistema de votación secreta por tablero electrónico, refirió que en las cuatro veces que se ha requerido en los últimos 20 años nunca han tenido problemas.

El diputado Walker, en atención a lo que se ha avanzado en publicidad y transparencia, preguntó si se puede eliminar el sistema de votación secreta y si, para su eliminación, basta una reforma reglamentaria.

El diputado Fuenzalida consultó cómo se encuentra garantizado el secreto de las votaciones por parte de la Secretaría.

La diputada Núñez reflexionó que si la fórmula de votación por medio de balotas exige elegir entre ellas tres colores que representan el voto a favor, en contra o abstención el secreto no es tal. Pidió precisión en el procedimiento de votación; en qué consiste paso a paso; quiénes tienen acceso a conocer la votación, cómo se entregan y se retiran las balotas.

El Secretario General respondió al diputado Walker que su propuesta implica revisar y modificar otras normas reglamentarias que no se encuentran en discusión, puesto que la votación de elección de la Mesa también es secreta. Recordó que el Reglamento tiene una fuente tripartita: interna corporis acta, constitucional y orgánica constitucional. Ahora, eventualmente la Cámara de Diputados deberá realizar una discusión de la regulación del secreto a la luz de lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política.

Reiteró que las modificaciones atingentes a las votaciones sólo buscan recoger la práctica de los últimos veinte años. Recordó la compleja votación de la acusación constitucional contra el señor Servando Jordán, en el año 1997, con resultado 52-52-1, y que todos sabían de quién era ese único voto: diputado Camilo Escalona. Sin embargo, preguntó si hay algún diputado ha tenido acceso a corroborar, desde el año ’90 a la fecha, cómo ha votado otro diputado en las votaciones por cédula. Asegura que no. Explicó que en el caso de las votaciones por cédula sólo acceden a ellas para su revisión el Secretario General, el Prosecretario y el encargado de actas, quienes proceden a su ulterior destrucción y, en el caso de las realizadas por tablero electrónico, no queda más registro que el resultado de la pantalla. Por último, sobre el funcionario responsable, aclara que la responsabilidad recae en el Secretario General, quien actúa como ministro de fe.

El diputado Cruz- Coke consideró que el sistema electrónico parece dar las garantías suficientes para resguardar el secreto de la votación y, si así se pidiese por dos jefes de bancada, podría recurrirse en subsidio al sistema de cédula, sugiriendo la prescindencia definitiva del sistema de balotas por obsoleto.

El Secretario General aclaró que una cosa son las elecciones que utilizan cédula, que no se están modificando, y otra es la votación de un artículo, que solo admite tres alternativas (a favor, en contra o abstención), y que si falla se puede hacer por mano alzada. Respecto a la eliminación definitiva del sistema de balotas, explicó que responden a una tradición parlamentaria, tienen un dejo de romanticismo y permiten a los diputados exhibirlas como un acto simbólico, si así lo desean.

El diputado Coloma propuso suprimir definitivamente el uso de balotas y reemplazarlo por el sistema de cédula. También, hizo ver sus aprehensiones respecto al sistema de votación por tablero electrónico, que demostró su vulnerabilidad en el caso de Venezuela.

El diputado Walker precisó que no son lo mismo las votaciones secretas de elección de la Mesa que las votaciones en las materias propias de la Cámara de Diputados, como una acusación constitucional. Todas las votaciones de la ley orgánica constitucional de votaciones y escrutinios son secretas, distinto son aquellas que efectúan los diputados en ejercicio de sus atribuciones en materia legislativa o de fiscalización. Se mostró partidario de eliminar las votaciones secretas, salvo en el caso de elección de los representantes de la Mesa de la Cámara de Diputados.

El diputado Gutiérrez (presidente) cerró el debate con el consenso de eliminar el sistema de balotas. Por lo mismo, sometió las normas respectivas a votación, con modificaciones respecto a los numerales 24 y 29, en los cuales se sustituye el texto como aparece más abajo, según fue consensuado:

VOTACIÓN

24.- Reemplázase el inciso final del artículo 145 por el siguiente:

“Las secretas serán efectuadas con el sistema de votación electrónica, salvo que dos jefes de comités pertenecientes a distintos partidos políticos soliciten que se haga por cédulas.”.

29.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 163 por el siguiente:

Las votaciones secretas se harán por el sistema electrónico de votación. En el caso que se solicite que sea por medio de cédulas, se harán indicando la proposición que deba votarse a favor, en contra o abstención.

39.- Reemplázase en el artículo 292 la oración “de balotas blancas para expresar la afirmativa, negras para la negativa y azules para la abstención, las cuales se depositarán por los diputados en la urna preparada al efecto”, por el vocablo “electrónico”.

40.- Modifícase el artículo 297 de la siguiente forma:

a) Elimínase en el inciso tercero la frase “o balotas”.

b) Elimínase en el inciso cuarto la frase “de balotas o el”.

Sometidos a votación los numerales 24, 29, 39, 40 con las adecuaciones recién transcritas, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron a favor los diputados Gutiérrez, don Hugo; Soto, don Leonardo; Coloma, don Juan Antonio; Walker, don Matías; Hirsch, don Tomás; Alessandri, don Jorge; Fuenzalida, don Gonzalo; Cruz- Coke, don Luciano; Boric, don Gabriel; Díaz, don Marcelo; y las diputadas Flores, doña Camila y Nuñez, doña Paulina.

A continuación, el Secretario de la Comisión, señor Patricio Velásquez, dio a conocer una indicación del señor Cruz-Coke mediante la que se propone insertar en el numeral 22 del actual artículo 216 del Reglamento, entre las palabra “Artes” y la expresión “y comunicaciones”, la siguiente expresión, Patrimonio”.

El diputado Cruz-Coke sugiere emular el nombre de la Comisión al del recién creado ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, eliminando la referencia a ‘comunicaciones’ por encontrarse subsumido en el ámbito de las culturas.

El Secretario General acotó que hace varios años los nombres de las comisiones se alejaron de los ministerios. Hizo ver que el gran problema de las comisiones se encuentra en la determinación de su competencia y no en su denominación. En atención a que la variación del nombre de la misma puede alterar su competencia o generar problemas con otras comisiones sugiere que la indicación en comento forme parte de la discusión de la subcomisión de reforma al Reglamento que se creará, junto a otras propuestas de cambio de nombre a otras comisiones.

La indicación se dio por rechazada.

Se designó informante al diputado Gabriel Boric Font.

Por último, se procedió a constituir una subcomisión de reforma al Reglamento con el objeto de analizar otros asuntos que requieren modificación y que quedaron fuera de esta discusión. Dicha subcomisión será integrada por los diputados señores Gutiérrez; Alessandri; Soto; Fuenzalida y Cruz-Coke.

IV.- ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.

No hay.

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

Los numerales 7, 9, 10, 11, 23, 30 y 31 del artículo único.

Indicación del diputado señor Cruz-Coke para insertar en el numeral 22 del actual artículo 216 del Reglamento, entre las palabra “Artes” y la expresión “y comunicaciones”, la siguiente expresión “, Patrimonio”.

VI.- Diputado informante.

Se designó diputado informante al señor Gabriel Boric.

VII.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo único.- Modifícase el Reglamento de la Cámara de Diputados, en el siguiente sentido:

1.- Reemplázase en el artículo 5º la frase “con la firma de un diputado por la frase “con la firma de uno o más diputados, según corresponda. También se admitirá la presentación mediante firma electrónica avanzada”.

2.- Elimínase en el artículo 7º la frase “, y de las peticiones, solicitudes o memoriales que puedan dirigirse a la Cámara o a sus comisiones, en conformidad al artículo 19, número 14, de la Constitución Política de la República.”.

3.- Agrégase en el artículo 16 el siguiente inciso final:

“El carácter de secreto o reservado será indefinido tratándose de los actos y documentos a que se refiere el inciso tercero del artículo 22 de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.”

4.- Modifícase el artículo 18 de la siguiente manera:

a) Incorpórase en su inciso primero, luego de las expresiones “se archivarán” la palabra “digitalmente”.

b) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:

i) Sustitúyese la expresión “dos años” por las palabras “un año”.

ii) Elimínase la frase “con el voto afirmativo de los tres quintos de sus integrantes”.

5.- Elimínase el artículo 25.

6.- Reemplázase en el artículo 28 la frase “21 de mayo” por “1 de junio”.

7 (8).- Reemplázase en el Nº 21 el artículo 55 la frase "al término de cada período de sesiones" por "en los términos previstos en la Constitución Política de la República.".

8 (12).- Intercálase en el Nº2 del artículo 67, luego del punto y aparte que pasa a ser coma, la siguiente frase “de conformidad a los horarios que fije la Mesa al inicio del período legislativo.”.

9 (13).- Incorpórase en el inciso final del artículo 70, entre la palabra “solicite” y el punto final, la frase: “en los casos previstos en el artículo 8 de la Constitución Política de la República”.

10 (14).- Reemplázase en el inciso quinto del artículo 76, la palabra “noventa” por “sesenta”.

11 (15).- Incorpórase en el inciso segundo del artículo 77, a continuación de la expresión “diputados”, la siguiente frase: “por medio de comunicaciones electrónicas, señales luminosas o avisos a los dispositivos personales y portátiles que ellos utilicen”.

12 (16).- Modifícase el artículo 85 de la siguiente manera:

a) Elimínase en el inciso primero la expresión “en cada artículo”.

b) Reemplázase en el inciso segundo las expresiones “durarán como máximo diez y cinco minutos, respectivamente” por la frase “durarán cinco minutos cada uno”.

c) Reemplázase en el inciso tercero el vocablo “cinco” por “tres”.

d) Modifícase el inciso quinto de la siguiente manera:

i) Intercálase entre la expresión “aplicará a” y “los ministros”, la frase “las intervenciones de”, y

ii) Elimínase la frase “cuando efectúen la presentación de un proyecto de ley”.

e) Reemplázase en el inciso sexto el guarismo “6” por “3”, y elimínase la frase “a máquina y”.

f) Agrégase un inciso final del siguiente tenor:

“Tratándose de proyectos en tercer trámite constitucional, cada diputado podrá hacer uso de la palabra hasta por un máximo de tres minutos.”.

13 (17).- Reemplázase en el inciso primero del artículo 88 la frase “Queda estrictamente prohibido” por “Se prohíbe”.

14 (18).- En el artículo 97, agrégase el siguiente inciso final:

“Sólo después de la Cuenta, y antes del Orden del Día, se resolverán las peticiones que formulen verbalmente los diputados.”.

15 (19).- En el artículo 99, agrégase el siguiente inciso final:

“Las solicitudes para guardar un minuto de silencio se tramitarán de conformidad con el procedimiento señalado en el inciso tercero del artículo 33.”.

16 (20).- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 107, la frase “dos horas” por “ciento cincuenta minutos”.

17 (21).- Modifícase el artículo 108 de la siguiente manera:

a) Modifícase el inciso primero, en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre las palabras “formada” y “por”, la palabra “semanalmente”.

ii) Agrégase la siguiente oración final: “La Mesa formulará una propuesta que servirá de base para su formación.”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Con tal fin, la Secretaría elaborará una propuesta de tabla semanal para la consideración de la Mesa.”.

18 (22).- Modifícase el artículo 109 de la siguiente forma:

a) Intercálase entre las expresiones “prevista en el” y “artículo anterior”, la siguiente frase “inciso primero del”.

b) Reemplázanse los numerales 6 y 7 por los siguientes:

“6º. Los asuntos devueltos con observaciones por el Presidente de la República.

7º. Los proyectos que propongan las comisiones mixtas de diputados y senadores.”.

19 (24).- Reemplázase el inciso final del artículo 145 por el siguiente:

“Las secretas serán efectuadas con el sistema de votación electrónica, salvo que dos jefes de comités pertenecientes a distintos partidos políticos soliciten que se haga por cédulas.”.

20 (25).- Sustitúyese en el artículo 146 la expresión “timbres” por la frase “comunicaciones electrónicas o avisos a los dispositivos personales y portátiles que utilicen”.

21 (26).- Sustitúyese en el inciso primero del artículo 152 la palabra “después”, por la siguiente frase: “En el caso de la votación nominal o de las elecciones, después”.

22 (27).- Reemplázase en el artículo 157 la frase “y abstenciones” por “, de las abstenciones y de los diputados inhabilitados”.

23 (28).- Reemplázase en el inciso final del artículo 160, la frase “entregar al jefe de comité que lo solicite, hasta cuatro días después de una sesión, una copia del resultado de cualquier votación practicada en ella,”, por “publicar en el sitio web institucional, a más tardar una hora al término de la sesión, el resultado de cualquier votación practicada,”.

24 (29)- Sustitúyese el inciso primero del artículo 163 por el siguiente:

Las votaciones secretas se harán por el sistema electrónico de votación. En el caso que se solicite que sea por medio de cédulas, se harán indicando la proposición que deba votarse a favor, en contra o abstención.

25 (32).- Elimínase en el numeral cuatro del artículo 244, la frase “las actas de las sesiones,”.

26 (33).- Sustitúyese en el artículo 250, el inciso primero por el siguiente:

“Las sesiones serán secretas cuando así lo acuerde la comisión, por los dos tercios de sus integrantes, dejando constancia de los fundamentos de tal declaración. También serán secretas cuando así lo solicite el Presidente de la República de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República.”.

27 (34).- Elimínase el artículo 251.

28 (35).- Reemplázase en el inciso segundo del artículo 279 la frase “quince y cinco” por la frase “diez y cinco”.

29 (36).- Reemplázase en el artículo 283 la frase “la Tesorería” por “el órgano interno de administración competente”.

30 (37).- Modifícase el artículo 289 de la siguiente forma:

a) Agrégase en su numeral 2, luego de su punto aparte, que pasa a ser coma, la frase: “y ser aprobada por dos tercios de sus miembros”.

b) Sustitúyese en su inciso final la expresión “cinco” por la palabra “tres”.

31 (38).- Modifícase el artículo 290, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “y de las abstenciones” por la frase “, de las abstenciones y de los diputados inhabilitados”.

b) Reemplázase en el inciso tercero, la frase “Tratándose de la votación particular, la”, por “La votación particular se efectuará de manera económica. La”.

32 (39).- Reemplázase en el artículo 292 la oración “de balotas blancas para expresar la afirmativa, negras para la negativa y azules para la abstención, las cuales se depositarán por los diputados en la urna preparada al efecto”, por el vocablo “electrónico”.

33 (40).- Modifícase el artículo 297 de la siguiente forma:

a) Elimínase en el inciso tercero la frase “o balotas”.

b) Elimínase en el inciso cuarto la frase “de balotas o el”.

34 (41).- Reemplázase en el artículo 299 la frase “de los diputados presentes” por la frase “de sus integrantes”.

35 (42).- Elimínase en el inciso segundo del artículo 309 la frase “en el Diario o”.

36 (43).- Reemplázase el título del Libro IV por el siguiente:

“DE LA COMISION DE ETICA Y TRANSPARENCIA, Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES”

37 (44).- Agrégase en el artículo 378, el siguiente número 8:

“8. Autenticar las firmas digitales y certificar las firmas de los diputados en los documentos que suscriben para ejercer sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias. Para proceder a esta certificación deberá exhibírsele al Secretario el documento respectivo.”.”.

************

Tratado y acordado en sesiones de 3 y 4 de abril de 2018, con la asistencia de las diputados (as) señores (as) Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz- Coke; Marcelo Díaz; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; Diego Paulsen (por la señora Flores); René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker.

Sala de la Comisión, a 4 de abril de 2018.

PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y BERMUDAS, SUSCRITO EN SANTIAGO, CHILE, EL 24 DE JUNIO DE 2016, Y EN HAMILTON, BERMUDAS, EL 24 DE JULIO DE 2016. BOLETÍN N° 11610-10

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 [1] de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de acuerdo mencionado en el epígrafe, en primer trámite constitucional, originado en Mensaje de la exPresidenta de la República señora Michelle Bachelet Jeria, e ingresado a tramitación el 6 de marzo del año en curso.

Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, las siguientes personas, en representación de los organismos que se señalan:

Del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Andrés del Olmo García, asistente del departamento de Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo de DIRECON; del Ministerio de Hacienda, los señores Manuel Alcalde Peñafiel, Coordinador de Política Tributaria y José Riquelme González, Asesor Legislativo del Ministro de Hacienda; del Servicio de Impuestos Internos, el señor Patricio Baraona Valenzuela, Jefe del Depto. de Normas Internacionales (S) y la señora Carolina Araneda Maillet, Asesora Legal del Departamento de Normas Internacionales.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.-Idea matriz o fundamental del Proyecto de Acuerdo:

Poner en conocimiento del Congreso Nacional, para los efectos del artículo 54 [2] N°1 de la Constitución Política de la República, las consecuencias de la materialización del Acuerdo, las que consisten en permitir y facilitar el intercambio de información entre las administraciones tributarias de los Estados Contratantes, -Chile y Bermudas [3]-, para evitar el fraude y la evasión tributaria en las operaciones internacionales de comercio de bienes, de suministro de servicios, transferencias de tecnologías y de inversiones, todo ello, en el ámbito de la cooperación internacional, clave para la correcta aplicación y fiscalización de las materias tributarias.

2.-Comisión técnica:

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

3.-Artículos que la Comisión técnica dispuso que fueran conocidas por esta Comisión de Hacienda.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, determinó que “los preceptos del Proyecto de Acuerdo deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado”.

4.-Reservas y declaraciones interpretativas

Esta Comisión no sugerió, en el marco de sus competencias, la formulación de reservas ni declaraciones interpretativas, conforme lo autoriza el inciso tercero N°1, del artículo 54 [4] de la Costitución Política de la República.

5- Modificaciones introducidas al texto aprobado por la Comisión técnica

No corresponden, en virtud del inciso primero N°1, del artículo 54 de la Constitución Política de la República.

6.-Normas de quórum especial

El artículo único no contiene normas que deban apobarse con quórum especial.

7.- Votación

El artículo único fue aprobado, en los mismos términos propuestos, por la unanimidad de diez integrantes presentes, señores Pepe Auth Stewart, Giorgio Jackson Drago, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Marcelo Schilling Rodríguez y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

8- Diputado Informante: Se designó al señor Giorgio Jackson Drago.

II.-COMPETENCIA DE ESTA COMISIÓN DE HACIENDA

El Informe Financiero N°24 de 24 de enero de 2018 de la Dirección de Presupuestos, señala lo siguiente:

1.-Antecedentes

En el marco del trabajo de organismos internacionales tales como el Grupo Banco Mundial, que han impulsado medidas para la prevención y combate de la evasión tributaria, y al compromiso de los Estados miembros de la OCDE (donde Chile es miembro activo) de avanzar en el intercambio efectivo de información tributaria, el Gobierno de Chile y el Gobierno de Bermudas- autorizado por el Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte- han acordado que se prestarán asistencia mutua mediante el intercambio de información que previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y la aplicación de su derecho interno en materia de impuestos y asutos penales tribuarios a que se refiere el acuerdo en comento.

2.-Efecto del Acuerdo sobre los Gastos Fiscales

1.-Las disposiciones definidas en el acuerdo suscrito no tienen asociado un costo fiscal en términos de recaudación, toda vez, que ninguno de los Estados contratantes renuncia a su potestad tributaria para liquidar, girar y cobrar impuestos de acuerdo a su legislación interna.

3.-Incremento en los ingresos fiscales

De acuerdo al informe financiero, es dable esperar un incremento en los ingresos fiscales, hasta por 566 miles de dólares, por fiscalización tributaria según estimación efectuada por el SII, (el cual, ha tomado como referencia el acuerdo suscrito con el Gobierno de Jersey), como resultado de la mayor información con que contará el señalado servicio, producto de las herramientas que la cooperación internacional coloca a su alcance, como consecuencia de la aprobación del Convenio.

III.- INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

La aprobación del Acuerdo involucra un mayor gasto fiscal inicial que alcanza a los 32.4 mil dólares.

En períodos posteriores, las obligaciones que de su aplicación se deriven, serán cubiertas con los recursos que la Ley de Presupuestos del Sector Público contemple para el funcionamiento de la Administración Tributaria, y que se señalan en el artículo 9° del Convenio, tales como, los desembolsos ordinarios de los procedimientos para responder a la solicitud, y los costos extraordinarios que las partes puedan cobrarse entre sí derivados de las acciones necesarias para atender un requerimiento. Asimismo, se autoriza el traslado de funcionarios nacionales a la contraparte para observar y realizar procedimientos de auditoría.

IV.-AUDIENCIAS RECIBIDAS

Los representantes del Ejecutivo, dentro de sus competencias informaron a la Comisión sobre el contexto de la negociación; al respecto, señalaron que el Acuerdo con Bermudas [5] se ha realizado en un contexto propiciado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Tributarios (“GFTEI” por sus siglas en inglés), que reúne en la actualidad a 150 países del mundo, incluyendo a Chile.

El GFTEI promueve el fortalecimiento de las redes de intercambio de información en materia tributaría a través de acuerdos bilaterales que cumplan con ciertos estándares internacionales. El GFTEI realiza un monitoreo permanente de la implementación de tales estándares entre los aíses miembros, tanto en el plano normativo como práctico. La suscripción de tipos de acuerdos con jurisdicciones tributarias como Bernudas y Jersey pueden tener un impacto positivo en la evaluación de Chile.

Respecto de los modelos utilizados en la negociación, explicaron que el texto trabajado está basado en el texto de Acuerdo de Intercambio de Información propuesto por Chile (“Modelo TIEA Chile”), que a su vez se basa en el Modelo de Acuerdo de Intercambio de Información de la OCDE.

En cuanto al objeto del Acuerdo, recalcaron que en términos generales, el Acuerdo regula los procedimientos y condiciones de implementación de un intercambio efectivo de información tributaría entre las autoridades competentes de ambos territorios. Además, se establecen los requisitos y limitaciones para que funcionarios de una de las autoridades competentes pueda realizar inspecciones tributarias en el territorio de la otra autoridad competente o estar presentes en inspecciones tributarías que ejecuten funcionarios de esa otra autoridad competente. El Acuerdo garantiza en toda circunstancia el respeto a los derechos y garantías reconocidos a las personas por la legislación interna o la práctica administrativa de la Parte Requerida.

En lo que dice relación con la descripción de las normas más relevantes, concordaron que el Artículo 5 del Acuerdo regula el intercambio de información previo requerimiento de la autoridad competente de la Parte Requirente. Dicho requerimiento debe señalar por escrito, a lo menos: la identidad de la persona sometida a inspección o investigación; el período respecto del cual se pide la información; la naturaleza de la información requerida; la finalidad tributaria para la que se solicita; los motivos que abonen la creencia que la información se encuentra en la Parte Requerida u obra en poder o bajo el control de una persona, o puede ser obtenible, dentro de la jurisdicción de la Parte Requerida.

Explicaron, que adicionalmente, el requerimiento debe contener una declaración sobre su conformidad con el Derecho interno, la práctica administrativa de la Parte Requirente y las normas del mismo Acuerdo, de manera tal que la información sea igualmente obtenible si hipotéticamente se encontrara en el territorio de la Parte Requirente. Asimismo, se debe incluir una declaración en el sentido de haber utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la información, salvo aquellos que dieran lugar a dificultades desproporcionadas y, finalmente, en la medida que sea conocido, se debe incluir el nombre y dirección de la persona que se crea que tenga en su poder o pueda obtener la información.

Agregaron, que la posibilidad de que funcionarios de una autoridad competente realicen inspecciones tributarias en el territorio de la otra autoridad competente, quedó condicionada estrictamente a la obtención del consentimiento del contribuyente afectado y al cumplimiento de las normas de control de migración. En tales circunstancias, la inspección tributaria tendrá la naturaleza de una auditoría privada, con la salvedad de que la autoridad competente que vaya a realizar la inspección deberá notificar a la otra autoridad competente sobre su fecha y lugar (Artículo 8).

También se regula la posibilidad de que funcionarios de una autoridad competente presencien inspecciones tributarias que realice la otra autoridad competente, de acuerdo a su derecho interno, esto es, dando cumplimiento a las normas sobre control de migración, y en su propio territorio. En esta última circunstancia también se requiere el consentimiento de las personas sujetas a la inspección tributaría (Artículo 6).

Enfatizaron que el texto del Acuerdo, entre otras materias, contiene normas que regulan tas causales de denegación de un requerimiento (Artículo 7); los deberes de confidencialidad que se debe mantener con la información proporcionada (Artículo 8); la distribución de costos, (Artículo 9); legislación para e! cumplimiento de! Acuerdo, (Artículo 10); procedimiento de acuerdo mutuo, (Artículo 11); entrada en vigencia (Articulo 13) y la terminación del Acuerdo (Artículo 14)

En lo que respecta a la exclusión de Bermudas de la lista del artículo 41 D de la LIR, (Artículo 12), señalaron que como consecuencia de las nuevas condiciones de intercambio de información y cooperación administrativa tributaria que se implementarían en virtud del Acuerdo, se incluyó una norma que establece su eliminación de la lista que contiene el Decreto Supremo No. 628 de fecha 24 de Julio de 2003 [6], establecida por el Ministerio de Hacienda de acuerdo a lo previsto en el Artículo 41 D de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).

Con todo, hicieron presente que la ley N" 21.047, de 2017, que derogó el artículo 41 D de la LIR a contar del 1 de enero de 2022, eliminó, con vigencia a contar del 1 de diciembre de 2017, todas las referencias efectuadas al artículo 41 D por varias normas de la LIR.

V.- DISCUSION Y VOTACIÓN [7]

1.-Discusión

Los integrantes de la Comisión estuvieron contestes en que los compromisos internaciones suscritos por Chile con estas características son positivos para el país, porque dificultan la elusión y evasión de tributos, generando así una mayor recaudación siendo la fiscalización tributaria la mejor herramienta.

Igualmente manifestaron su opinión favorable porque precisamente el Acuerdo contribuye al control de las cuentas en paraísos fiscales por medio de la fiscalización de las operaciones que se realizan en ellos, resaltando lo dicho por el representante del Ministerio de Hacienda en cuanto el compromiso asumido no tiene impacto en la recaudación interna ni en la gestión del Servicio de Impuestos.

Concordaron, en que los paraísos fiscales [8] se encuentran en retroceso en el mundo gracias a la incorporación de convenios de transparencia y colaboración, razón por la cual concluyeron en que estos acuerdos internacionales, en materia tributaria, son muy bien vistos y deseables por la OCDE.

Por tra parte, a los integrantes de la Comisión les hizo mucho sentido lo informado por los representates del Servicio de Impuestos Internos en cuanto la transferencia recíproca de información, es solo a requerimiento de uno de los Estados parte y siempre que el Estado requerido y emisor de la información cuente con tales antecedentes, como asimismo, el que una de las formas de llevar a cabo este traspaso de información tributaria, por vía de requerimiento internacional, carece de muchas formalidades y no se requiere del beneplácito de los fiscalizados. Sin embargo, cuando la fiscalización hace necesario que funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de Chile se constituyan en los países miembros del tratado, en tales casos los requisitos y exigencias son mayores de parte de tales Estados, y dentro de las condiciones está que se cuente “ex antes” del asentimiento de los contribuyentes en materia de fiscalización directa.

En el debate, algunos integrantes de la Comisión hicieron presente que llama la atención sobre cuál podría ser la motivación de estos países, - que cuentan con una baja carga tributaria interna-, de querer suscribir este tipo de convenio, toda vez, que van en contra de los que ellos mismos ofrecen, esto es, prebendas fiscales de las cuales se benefician.

El representante del Ministerio de Hacienda aclaró que los países miembros de este convenio, que cuentan con menores cargas impositivas internas, no ven limitadas sus potestades tributarias con estos acuerdos. Simplemente, los Estados miembros, se benefician mutuamente con estos tratados que les permite una mejor y más expedita aplicación de sus propias normativas internas al respecto, lo que les garantiza la completitud de su acatamiento y cumplimiento. Por otro lado, estos convenios, hacen que la normativa tributaria chilena sea más eficiente en su cumplimiento junto con ampliar la competencia jurisdiccional de Chile

En cuanto a la motivación de estos países que cuentan con verdaderos “paraísos fiscales” en suscribir este tipo de tratados, afirmó que es precisamente para satisfacer y aminorar la presión internacional que existe en que se suscriban este tipo de acuerdos, que además se ven favorecidos por un tema “reputacional”.

Frente a la petición de los integrantes de la Comisión de mayor precisión en los costos de implementación de estos convenios internacionales, el representante del Ministerio de Hacienda explicó que según se desprende de la lectura del respectivo informe financiero, tales gastos dicen relación directa con los recursos necesarios para su implementación y puesta en marcha de la metodología que se utilizará para la colaboración en la transferencia recíproca de información tributaria entre los Estados suscriptores.

2.- Votación

Puesto el artículo único del proyecto de acuerdo en votación, fue aprobado, en los mismos términos, por la unanimidad de diez integrantes presentes, señores Pepe Auth Stewart, Giorgio Jackson Drago, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Marcelo Schilling Rodríguez y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el señor Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO

Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y Bermudas”, suscrito en Santiago, Chile, el 24 de junio de 2016, y en Hamilton, Bermudas, el 21 de julio de 2016.

********

Tratado y acordado en sesión celebrada el de 2018, con la asistencia de los Diputados señores Pepe Auth Stewart, Giorgio Jackson Drago, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, Daniel Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling Rodríguez y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Comisión, a 4 de abril de 2018

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER

Abogado Secretaria de la Comisión

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO QUE “APRUEBA EL ACUERDO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y JERSEY, SUSCRITO EN SANTIAGO, CHILE, EL 24 DE JUNIO DE 2016, Y EN SAINT HELIER, JERSEY, EL 21 DE JULIO DE 2016”. BOLETÍN N° 11609-10

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 [1] de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de acuerdo mencionado en el epígrafe, en primer trámite constitucional, originado en Mensaje de la exPresidenta de la República señora Michelle Bachelet Jeria, e ingresado a tramitación el 6 de marzo del año en curso.

Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, las siguientes personas, en representación de los organismos que se señalan:

Del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Andrés del Olmo García, asistente del departamento de Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo de DIRECON; del Ministerio de Hacienda, los señores Manuel Alcalde Peñafiel, Coordinador de Política Tributaria y José Riquelme González, Asesor Legislativo del Ministro de Hacienda; del Servicio de Impuestos Internos, el señor Patricio Baraona Valenzuela, Jefe del Depto. de Normas Internacionales (S) y la señora Carolina Araneda Maillet, Asesora Legal del Departamento de Normas Internacionales.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.-Idea matriz o fundamental del Proyecto de Acuerdo:

Poner en conocimiento del Congreso Nacional, para los efectos del artículo 54 [2] N°1 de la Constitución Política de la República, las consecuencias de la materialización del Acuerdo, las que consisten en permitir y facilitar el intercambio de información entre las administraciones tributarias de los Estados Contratantes, - Chile y Jersey [3]- para evitar el fraude y la evasión tributaria en las operaciones internacionales de comercio de bienes, de suministro de servicios, transferencias de tecnologías y de inversiones, todo ello, en el ámbito de la cooperación internacional, clave para la correcta aplicación y fiscalización de las materias tributarias.

2.-Comisión técnica:

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

3.-Artículos que la Comisión técnica dispuso que fueran conocidas por esta Comisión de Hacienda.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, determinó que “los preceptos del Proyecto de Acuerdo deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado”.

4.-Reservas y declaraciones interpretativas

Esta Comisión no sugerió, en el marco de sus competencias, la formulación de reservas ni declaraciones interpretativas, conforme lo autoriza el inciso tercero N°1, del artículo 54 [4] de la Constitución Política de la República.

5.-Normas de quórum especial

El artículo único no contiene normas que deban aprobarse con quórum especial.

7.- Votación

El artículo único fue aprobado, en los mismos términos propuestos, por la unanimidad de diez integrantes presentes, señores Pepe Auth Stewart, Giorgio Jackson Drago, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Marcelo Schilling Rodríguez y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

8- Diputado Informante: Se designó al señor Giorgio Jackson Drago.

II.-COMPETENCIA DE ESTA COMISIÓN DE HACIENDA

El Informe Financiero N°25 de 24 de enero de 2018 de la Dirección de Presupuestos, señala lo siguiente:

1.-Antecedentes

En el marco del trabajo de organismos internacionales tales como el Grupo Banco Mundial, que han impulsado medidas para la prevención y combate de la evasión tributaria, y al compromiso de los Estados miembros de la OCDE (donde Chile es miembro activo) de avanzar en el intercambio efectivo de información tributaria, el Gobierno de Chile y el Gobierno de Jersey han acordado que se prestarán asistencia mutua mediante el intercambio de información que previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y la aplicación de su derecho interno en materia de impuestos y asuntos penales tributarios a que se refiere el acuerdo en comento.

2.-Efecto del Acuerdo sobre los Gastos Fiscales

1.-Las disposiciones definidas en el acuerdo suscrito no tienen asociado un costo fiscal en términos de recaudación, toda vez, que ninguno de los Estados contratantes renuncia a su potestad tributaria para liquidar, girar y cobrar impuestos de acuerdo a su legislación interna.

3.-Incremento en los ingresos fiscales

De acuerdo al informe financiero, es dable esperar un incremento en los ingresos fiscales, hasta por 566 mil dólares, por fiscalización tributaria según estimación efectuada por el SII, (el cual, ha tomado como referencia el acuerdo suscrito con Bermuda), como resultado de la mayor información con que contará el señalado servicio, producto de las herramientas que la cooperación internacional coloca a su alcance, como consecuencia de la aprobación del Convenio.

III.- INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

La aprobación del Acuerdo involucra un mayor gasto fiscal inicial que alcanza a los 32.4 mil dólares.

En períodos posteriores, las obligaciones que de su aplicación se deriven, serán cubiertas con los recursos que la Ley de Presupuestos del Sector Público contemple para el funcionamiento de la Administración Tributaria, y que se señalan en el artículo 9° del Convenio, tales como, los desembolsos ordinarios de los procedimientos para responder a la solicitud, y los costos extraordinarios que las partes puedan cobrarse entre sí derivados de las acciones necesarias para atender un requerimiento. Asimismo, se autoriza el traslado de funcionarios nacionales a la contraparte para observar y realizar procedimientos de auditoría

IV.-AUDIENCIAS RECIBIDAS

Los representantes del Ejecutivo, dentro de sus competencias informaron a la Comisión sobre el contexto de la negociación; al respecto, señalaron que el Acuerdo con Jersey [5] se ha realizado en un contexto propiciado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Tributarios (“GFTEI” por sus siglas en inglés), que reúne en la actualidad a 150 países del mundo, incluyendo a Chile.

El GFTEI promueve el fortalecimiento de las redes de intercambio de información en materia tributaría a través de acuerdos bilaterales que cumplan con ciertos estándares internacionales. El GFTEI realiza un monitoreo permanente de la implementación de tales estándares entre los países miembros, tanto en el plano normativo como práctico. La suscripción de tipo de acuerdos con jurisdicciones tributarias como Jersey puede tener un impacto positivo en la evaluación de Chile.

Respecto de los modelos utilizados en la negociación, explicaron que el texto trabajado con Jersey está basado en el texto de Acuerdo de Intercambio de Información propuesto por Chile (“Modelo TIEA Chile”), que a su vez se basa en el Modelo de Acuerdo de Intercambio de Información de la OCDE.

En cuanto al objeto del Acuerdo con Jersey, recalcaron que en términos generales, el Acuerdo regula los procedimientos y condiciones de implementación de un intercambio efectivo de información tributaría entre las autoridades competentes de ambos territorios. Además, se establecen los requisitos y limitaciones para que funcionarios de una de las autoridades competentes pueda realizar inspecciones tributarias en el territorio de la otra autoridad competente o estar presentes en inspecciones tributarías que ejecuten funcionarios de esa otra autoridad competente. El Acuerdo garantiza en toda circunstancia el respeto a los derechos y garantías reconocidos a las personas por la legislación interna o la práctica administrativa de la Parte Requerida.

En lo que dice relación con la descripción de las normas más relevantes, concordaron que el Artículo 5 del Acuerdo regula el intercambio de información previo requerimiento de la autoridad competente de la Parte Requirente. Dicho requerimiento debe señalar por escrito, a lo menos: la identidad de la persona sometida a inspección o investigación; el período respecto del cual se pide la información; la naturaleza de la información requerida; la finalidad tributaria para la que se solicita; los motivos que abonen la creencia que la información se encuentra en la Parte Requerida u obra en poder o bajo el control de una persona, o puede ser obtenible, dentro de la jurisdicción de la Parte Requerida.

Explicaron, que adicionalmente, el requerimiento debe contener una declaración sobre su conformidad con el Derecho interno, la práctica administrativa de la Parte Requirente y las normas del mismo Acuerdo, de manera tal que la información sea igualmente obtenible si hipotéticamente se encontrara en el territorio de la Parte Requirente. Asimismo, se debe incluir una declaración en el sentido de haber utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la información, salvo aquellos que dieran lugar a dificultades desproporcionadas y, finalmente, en la medida que sea conocido, se debe incluir el nombre y dirección de la persona que se crea que tenga en su poder o pueda obtener la información.

Agregaron, que la posibilidad de que funcionarios de una autoridad competente realicen inspecciones tributarias en el territorio de la otra autoridad competente, quedó condicionada estrictamente a la obtención del consentimiento del contribuyente afectado y al cumplimiento de las normas de control de migración. En tales circunstancias, la inspección tributaria tendrá la naturaleza de una auditoría privada, con la salvedad de que la autoridad competente que vaya a realizar la inspección deberá notificar a la otra autoridad competente sobre su fecha y lugar (Artículo 8).

También se regula la posibilidad de que funcionarios de una autoridad competente presencien inspecciones tributarias que realice la otra autoridad competente, de acuerdo a su derecho interno, esto es, dando cumplimiento a las normas sobre control de migración, y en su propio territorio. En esta última circunstancia también se requiere el consentimiento de las personas sujetas a la inspección tributaría (Artículo 6).

Enfatizaron que el texto del Acuerdo, entre otras materias, contiene normas que regulan tas causales de denegación de un requerimiento (Artículo 7); los deberes de confidencialidad que se debe mantener con la información proporcionada (Artículo 8); la distribución de costos, (Artículo 9); legislación para e! cumplimiento de! Acuerdo, (Artículo 10); procedimiento de acuerdo mutuo, (Artículo 11); entrada en vigencia (Articulo 13) y la terminación del Acuerdo (Artículo 14),

En lo que respecta a la exclusión de Jersey de la lista del artículo 41 D de la LIR, (Artículo 12), señalaron que como consecuencia de las nuevas condiciones de intercambio de información y cooperación administrativa tributaria que se implementarían en virtud del Acuerdo con Jersey, se incluyó una norma que establece la eliminación de Jersey de la lista que contiene el Decreto Supremo No. 628 de fecha 24 de Julio de 2003 [6], establecida por el Ministerio de Hacienda de acuerdo a lo previsto en el Artículo 41 D de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).

Con todo, hicieron presente que la ley N" 21.047, de 2017, que derogó el artículo 41 D de la LIR a contar del 1 de enero de 2022, eliminó, con vigencia a contar del 1 de diciembre de 2017, todas las referencias efectuadas al artículo 41 D por varias normas de la LIR.

V.--OTROS ANTECEDENTES [7] : LOS PARAÍSOS FISCALES

Elementos de una definición

En términos generales, es posible definir un paraíso fiscal como un Estado, país o territorio que impone tributos con tasas muy bajas o inexistentes. En tal sentido, representarán un atractivo para aquel individuo o aquella empresa, que desee obtener una menor tasa impositiva que la que existe en el país del que es nacional, o incluso donde realmente se desarrolla la actividad económica que genera su ingreso. Podría plantearse que esto no genera ningún inconveniente, toda vez que el marco legal de un país -incluido el tributario-, es fruto de la manifestación soberana del mismo, y que nada puede o debe hacerse para intervenir en dicho orden. Sin embargo, los efectos de una legislación tributaria demasiado “atractiva”, son importantísimos, como se verá más adelante. Existe un paraíso fiscal para cada necesidad financiera, así, las Islas Caimán ofrecen condiciones favorables para los Hedge Funds y es un destino popular entre los grandes bancos. Suiza tiene fama entre las celebridades, que deciden asentarse en las hermosas costas del lago Zúrich, en la llamada “Gold Coast”. Singapur se perfila últimamente como la mejor alternativa para sus vecinos asiáticos. Aunque cada paraíso fiscal tiene su propia historia, causas y consecuencias económicas particulares, ha sido necesario, de alguna manera objetivar la calificación del fenómeno. Es por ello, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha indicado algunos criterios [8] para considerar un Estado como paraíso fiscal, a saber:

a) Nula imposición de tributos, o la imposición únicamente nominal de los mismos. Lo anterior no es suficiente para la consideración de un Estado como paraíso fiscal, ya que sería atentatorio contra la autonomía de cada país de legislar según estime conveniente.

b) Falta de transparencia. La transparencia asegura que exista una aplicación de la ley tributaria abierta y consistente entre contribuyentes. Además, se incluye que la información requerida por las autoridades para determinar la obligación tributaria de los contribuyentes se encuentre disponible, como por ejemplo, sus registros contables y la correspondiente documentación anexa a los mismos.

c) Existencia de leyes o de prácticas administrativas que impidan el intercambio de información sobre los contribuyentes beneficiados con el nulo o bajo impuesto con otras naciones para efectos impositivos

d) La no exigencia de actividad real a particulares o a empresas domiciliadas en esa jurisdicción fiscal.

Sin embargo, si se observa la lista de países que califican como “comprometidos a mejorar la transparencia e intercambio de información” [9], y que se posicionan como los destinos más atractivos desde un punto de vista fiscal, es posible notar un factor común: la estabilidad política. En efecto, en un estudio reciente se ha concluido [10] que los paraísos fiscales son Estados pequeños, opulentos y con instituciones de gobierno altamente consolidadas. Países con bajas tasas impositivas para extranjeros, pero con negativos índices de gobernabilidad no logran convertirse en centros receptores de riqueza externa [11]. Un tema interesante, que el estudio citado no logra zanjar, es si la estabilidad económica configura una causa o un requisito para poder calificar como paraíso fiscal, o si por el contrario la consolidación de las instituciones políticas sería una consecuencia beneficiosa de establecerse como un centro financiero internacional. Las razones de no alcanzar una conclusión en este punto se debe a que el material estadístico serio con que se cuenta, el cual registra información hasta 1980 [12], por lo que habrá que estar atentos a la evolución que experimenten los distintos territorios.

El fenómeno no es reciente, pero es en la actualidad en que sus consecuencias han adquirido particular nocividad, principalmente desde un punto de vista de la desigualdad que genera entre países desarrollados y emergentes, generada por la fuga de dineros obtenidos por medio de actividades realizadas en países que carecen de sistemas eficaces de control fiscal sobre las empresas que realizan operaciones en sus territorios. Un caso reciente puede resultar muy ilustrativo. El gigante cervecero SABMiller, propietario de la marca Grolsch, evade cada año en África, más de US$30.000.000, de acuerdo con la organización ActionAid [13], cifra nada despreciable que la misma organización calcula suficiente para educar 250.000 niños en dicho continente. Los pasos que sigue la compañía para lograr un máximo ahorro impositivo son los siguientes:

1) Muchas de las marcas locales de cerveza que la referida compañía vende en África, son propiedad de holandeses. Los africanos pagan millones en royalties a los holandeses de SABMiller por el uso de dichas marcas, por lo que gran parte de las ganancias oficialmente se generan en Holanda, en lugar de en los lugares en que dicho producto es efectivamente producido, vendido y bebido. En este paso, la pérdida estimada en impuestos alcanza los US$15 millones anualmente.

2) Las subsidiarias africanas e indias de SABMiller pagan “honorarios por servicios de administración” a sus compañías hermanas, principalmente situadas en Suiza. Nuevamente, los ingresos se producen y los impuestos se pagan en un paraíso fiscal, en lugar de en el país en vías de desarrollo dónde se produjo la cerveza. Nuevamente, se vuelven a perder cerca de US$ 15 millones.

3) A pesar de que las materias primas se importan de Sudáfrica para ser llevadas a Ghana, surcando la costa oeste africana, todas las transacciones económicas se llevan a cabo en Mauricio, una diminuta isla de un poco más de un millón de habitantes, ubicada en la costa este de África, cerca de Madagascar, conocida como un importante paraíso fiscal. Esta breve parada reporta un ahorro cercano el millón de dólares.

La preocupación que ha suscitado este tema se debe al inmenso flujo de dineros que involucra. La Global Financial Integrity, una organización que promueve la adopción de normas multilaterales tendientes a evitar el flujo ilegal de dinero, estimó este año que cerca de un billón de dólares anualmente transita ilícitamente desde los países en vías de desarrollo, para llegar en gran parte a paraísos fiscales enviados allí por criminales, políticos corruptos o individuos o corporaciones que buscan reducir su carga impositiva [14]. Esta cifra representa cerca de diez veces lo que reciben los países en vías de desarrollo en la forma de ayuda económica brindada por los países industrializados.

Es posible rastrear los orígenes de éstas prácticas incluso a la antigua Grecia, dónde algunas islas eran utilizadas como depósitos de mercancías extranjeras por los comerciantes marítimos para evitar el pago del impuesto de 2% de la ciudad-estado Atenas que gravaba los bienes importados. Sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo XX recién pasado cuando comienzan a desarrollarse verdaderamente, impulsados por el desarrollo económico e industrial de la postguerra, al igual que por la descolonización de los territorios hasta entonces controlados por las potencias europeas [15]. Más actualmente han pasado de ser territorios carentes de toda restricción o legislación impositiva, a contemplar cada vez con mayor frecuencia leyes más intensas y sistemas de control que hasta hace unas décadas eran impensados.

Podría entenderse como una práctica de ingeniería o planificación tributaria estructurada a nivel global, por medio de la cual se logra evitar, demorar o reducir al máximo el pago de impuestos de una persona o empresa, respetando en todo momento la legalidad vigente. Éste procedimiento aprovecha vacíos legales, imprecisiones en las leyes y diferencias en las regulaciones tributarias de los diferentes países, con el fin de obtener una reducción de impuestos. Aun cuando pudiera considerarse como una actividad lícita, lo cierto es que en el último tiempo se ha asentado en la conciencia de las distintas potencias un interés por actuar conjuntamente, buscando regular de manera más rigurosa aquellas lagunas, a fin de evitar que esta fuga de capitales siga dañando las economías subdesarrolladas, realizando recomendaciones a los distintos territorios con legislaciones muy permisivas para que éstas sean modificadas, entendiendo que, en último término, les compete solo a ellas, realizar las correspondientes enmiendas legales.

El enfoque de Chile

El artículo 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en adelante LIR, señala que, para los efectos de dicha ley, se considerará que un territorio o jurisdicción tiene un régimen fiscal preferencial cuando se cumplan a lo menos dos de los siguientes requisitos:

a) Su tasa de tributación efectiva sobre los ingresos de fuente extranjera sea inferior al 50% de la tasa del inciso primero del artículo 58 de la LIR (Impuesto adicional, aquel que afecta a las personas naturales o jurídicas que no tienen residencia ni domicilio en Chile, y tiene una tasa del 35%);

b) No hayan celebrado con Chile un convenio que permita el intercambio de información para fines tributarios o el celebrado no se encuentre vigente;

c) Los territorios o jurisdicciones cuya legislación carezca de reglas que faculten a la administración tributaria respectiva para fiscalizar los precios de transferencia, que de manera sustancial se ajusten a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en adelante OCDE, o de la Organización de Naciones Unidas;

d) Aquellos que no reúnan las condiciones para ser considerados cumplidores o sustancialmente cumplidores de los estándares internacionalmente aceptados en materia de transparencia e intercambio de información con fines fiscales por la OCDE;

e) Aquellos cuyas legislaciones mantengan vigentes uno o más regímenes preferenciales para fines fiscales, que no cumplan con los estándares internacionales en la materia de acuerdo a calificación efectuada por la OCDE;

f) Aquellos que gravan exclusivamente las rentas generadas, producidas o cuya fuente se encuentre en sus propios territorios.

Agrega que no se aplicará lo dispuesto en el artículo en comento cuando se trate de países miembros de la OCDE.

En consideración a lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos publica un listado de países y jurisdicciones, actualizado al menos anualmente, que se considera tienen un régimen fiscal preferencial para efectos de la LIR, según lo señalado en el artículo 41 H de dicha ley, en el cual se indicará de manera preliminar si, a la fecha del análisis efectuado, cumplen con los requisitos que se establecen en las disposiciones del señalado artículo, pudiendo cada país o jurisdicción encontrarse en una de las siguientes situaciones:

a) Países que se consideran no tener un régimen fiscal preferencial para efectos de la LIR, por cuanto se trata de países miembros de la OCDE a los cuales no les resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 41 H del citado texto legal.

b) Países o jurisdicciones que, sin ser miembros de la OCDE, de acuerdo a la información disponible en que se basa el análisis preliminar, cumplen con al menos dos de los requisitos señalados en el artículo 41 H de la LIR, y en consecuencia, se considera que tienen un régimen fiscal preferencial para efectos de dicha ley.

El efecto de considerar que un territorio o jurisdicción tiene un régimen fiscal preferencial es relevante para la aplicación práctica de distintas normas de la LIR, como la de artículo 14 letra E), N° 1, letra a), que establece obligaciones de informar ciertas inversiones en el exterior; artículo 41 F sobre exceso de endeudamiento; el artículo 41 G sobre entidades extranjeras controladas que obtienen rentas pasivas; y el artículo 59 respecto de una tasa rebajada del Impuesto Adicional por regalías y remuneraciones.

A modo de ejemplo, quienes paguen rentas o cantidades consistentes en regalías o remuneraciones por trabajos o servicios profesionales o técnicos a personas residentes en países con régimen fiscal preferencial, deberán retener el Impuesto Adicional con tasa del 30%, en el caso de las regalías, y del 20% para las remuneraciones, sin que sea procedente utilizar las tasas rebajadas que contempla el artículo 59

La OCDE y la Unión Europea

En un informe emitido el año 2000, la OCDE identificó a un número de jurisdicciones como paraísos fiscales según el criterio que había establecido y que fue descrito más arriba. Entre el 2000 y el 2002, 31 territorios contrajeron compromisos formales tendientes a implementar los estándares de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información.

Siete naciones (Andorra, El Principado de Liechtenstein, Liberia, El Principado de Mónaco, la República de las Islas Marshall, la República de Nauru y la República de Vanuato) no efectuaron compromisos con la transparencia y el intercambio de la información en ese entonces, siendo por tanto identificados por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE como paraísos fiscales no-cooperativos. Todas estas jurisdicciones hicieron posteriormente compromisos y fueron removidas de este listado. En razón de ello, hoy no existen naciones incluidas en esta clasificación.

La Unión Europea por su parte, ha optado por la creación de dos listas, una negra y otra gris. En el 2017, y tras dos años de negociación, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea definió que la lista negra estaría integrada por 17 países: Samoa Americana, Barbados, Bahréin, Bahamas, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos. A enero de 2018 la lista se había reducido a 9: Samoa Americana, Bahréin, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palau, Samoa, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Los que estén en esa lista negra no podrán acceder a fondos de desarrollo europeos y se establecerá un control especialmente intenso de aquellos contribuyentes que actúen en dichas jurisdicciones. Además, los Estados Miembros tendrán que reforzar el seguimiento de ciertas transacciones o aumentar las auditorías a los contribuyentes que se beneficien de los regímenes fiscales identificados. El Consejo hace también una lista de sugerencias de medidas que pueden adoptar las agencias tributarias en lo que a operaciones de sus nacionales con los paraísos fiscales se refiere. Como por ejemplo eliminar deducciones, los derechos de las compañías controladas desde el extranjero, limitar exenciones, revertir la carga de la prueba, pedir documentación adicional o exigir más transparencia.

La lista gris, más extensa, comprende 47 naciones: Albania, Andorra, Armenia, Aruba, Belice, Bermuda, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Cabo Verde, Islas Caimán, Islas Cook, Curazao, Islas Feroe, Fiyi, Macedonia, Groenlandia, Guernsey, Hong Kong, Isla de Man, Jamaica, Jersey, Jordania, Liechtenstein, Malasia y Labuan, Maldivas, Mauricio, Montenegro, Marruecos, Nauru, Nueva Caledonia, Niue, Perú, Omán, Qatar, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Seychelles, Switzerland, Serbia, Suazilandia, Taiwan, Tailandia, Turkquía, Uruguay y Vanuatu. En este caso se trata de naciones que han asumido compromisos iniciáticos en materia de transparencia fiscal, fiscalidad “justa” e implementación de las medidas acordadas por la OCDE.

VI.- DISCUSION Y VOTACIÓN [16]

1.-Discusión

Los integrantes de la Comisión estuvieron contestes en que los compromisos internaciones suscritos por Chile con estas características son positivos para el país, porque dificultan la elusión y evasión de tributos, generando así una mayor recaudación siendo la fiscalización tributaria la mejor herramienta.

Igualmente manifestaron su opinión favorable porque precisamente el Acuerdo contribuye al control de las cuentas en paraísos fiscales por medio de la fiscalización de las operaciones que se realizan en ellos, resaltando lo dicho por el representante del Ministerio de Hacienda en cuanto el compromiso asumido no tiene impacto en la recaudación interna ni en la gestión del Servicio de Impuestos.

Concordaron, en que los paraísos fiscales [17] se encuentran en retroceso en el mundo gracias a la incorporación de convenios de transparencia y colaboración, razón por la cual concluyeron en que estos acuerdos internacionales, en materia tributaria, son muy bien vistos y deseables por la OCDE.

Por otra parte, a los integrantes de la Comisión les hizo mucho sentido lo informado por los representates del Servicio de Impuestos Internos en cuanto la transferencia recíproca de información, es solo a requerimiento de uno de los Estados parte y siempre que el Estado requerido y emisor de la información cuente con tales antecedentes, como asimismo, el que una de las formas de llevar a cabo este traspaso de información tributaria, por vía de requerimiento internacional, carece de muchas formalidades y no se requiere del beneplácito de los fiscalizados. Sin embargo, cuando la fiscalización hace necesario que funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de Chile se constituyan en los países miembros del tratado, en tales casos los requisitos y exigencias son mayores de parte de tales Estados, y dentro de las condiciones está que se cuente “ex antes” del asentimiento de los contribuyentes en materia de fiscalización directa.

En el debate, algunos integrantes de la Comisión hicieron presente que llama la atención sobre cuál podría ser la motivación de estos países, - que cuentan con una baja carga tributaria interna-, de querer suscribir este tipo de convenio, toda vez, que van en contra de los que ellos mismos ofrecen, esto es, prebendas fiscales de las cuales se benefician.

El representante del Ministerio de Hacienda aclaró que los países miembros de este convenio, que cuentan con menores cargas impositivas internas, no ven limitadas sus potestades tributarias con estos acuerdos. Simplemente, los Estados miembros, se benefician mutuamente con estos tratados que les permite una mejor y más expedita aplicación de sus propias normativas internas al respecto, lo que les garantiza la completitud de su acatamiento y cumplimiento. Por otro lado, estos convenios, hacen que la normativa tributaria chilena sea más eficiente en su cumplimiento junto con ampliar la competencia jurisdiccional de Chile

En cuanto a la motivación de estos países que cuentan con verdaderos “paraísos fiscales” en suscribir este tipo de tratados, afirmó que es precisamente para satisfacer y aminorar la presión internacional que existe en que se suscriban este tipo de acuerdos, que además se ven favorecidos por un tema “reputacional”.

Frente a la petición de los integrantes de la Comisión de mayor precisión en los costos de implementación de estos convenios internacionales, el representante del Ministerio de Hacienda explicó que según se desprende de la lectura del respectivo informe financiero, tales gastos dicen relación directa con los recursos necesarios para su implementación y puesta en marcha de la metodología que se utilizará para la colaboración en la transferencia recíproca de información tributaria entre los Estados suscriptores.

2.- Votación

Puesto el artículo único del proyecto de acuerdo en votación, fue aprobado, en los mismos términos, por la unanimidad de diez integrantes presentes, señores Pepe Auth Stewart, Giorgio Jackson Drago, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Marcelo Schilling Rodríguez y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

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Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el señor Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO

Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y Jersey”, suscrito en Santiago, Chile, el 24 de junio de 2016, y en Saint Helier, Jersey, el 21 de julio de 2016.

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Tratado y acordado en sesión celebrada el 3 de abril del año en curso, con la asistencia de los diputados señores Pepe Auth Stewart, Giorgio Jackson Drago, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Marcelo Schilling Rodríguez y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Comisión, a 4 de abril de 2018

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER

Abogado Secretaria de la Comisión

Informe de la Dirección de Asuntos Internacionales sobre la participación de la diputada señora Jenny Álvarez y de los diputados señores Boric; Flores, don Iván, García y Norambuena en la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), llevada a cabo en Ginebra, Suiza, entre el 24 y el 29 de marzo de 2018.

Informe de Diplomacia Parlamentaria

Diputada Álvarez y los diputados señores Boric, Flores, García y Norambuena