Labor Parlamentaria

Del Senador señor Navarro, por medio de la cual comunica que se ha publicado el extracto referido a la fusión de colectividades que ha dado origen al Partido "País Progresista".

De los Senadores señores Castro, De Urresti, García, Harboe, Huenchumilla, Latorre, Pérez Varela, Quintana y Quinteros, con

la cual anuncian que han conformado la "Bancada Ferroviaria del Senado".

Del Senador señor Pizarro

, para ausentarse del país a contar del día 4 de junio próximo.

El señor MONTES (Presidente).-

Se ha solicitado a la Mesa guardar un minuto de silencio en memoria del ex Senador William Thayer Arteaga, recientemente fallecido.

Ruego a los presentes ponerse de pie.

--La Sala guarda un minuto de silencio.

El señor MONTES ( Presidente ).-

En cuanto al informe de Comisión Mixta que vamos a ver en primer lugar, recaído en el proyecto que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, quiero decir que aquí hay tres ideas fundamentales:

-Se repone el Consejo Asesor, considerando criterios de equidad de género y multirregionalismo. Está conformado por ocho integrantes, más el Ministro , que lo preside, los cuales no reciben dieta y son designados por el Presidente de la República .

-En materia de propiedad intelectual, en caso de una investigación patentada que haya recibido fondos del Estado, este tendrá licencia exclusiva y universal. Si se produce rentabilidad, se deberán devolver los fondos recibidos y entregar el 5 por ciento de los ingresos obtenidos.

-Habrá cinco seremis macrozonales, y en un plazo de diez años se extenderá a todo el país.

Todo esto fue acordado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta.

INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD RECAÍDO EN EL PROYECTO, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE INCORPORA EN LA LEY N° 19.496, SOBRE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, LA OBLIGACIÓN DE DISPONER EN LOS CENTROS COMERCIALES DE DESFIBRILADORES EXTERNOS PORTÁTILES (9.014-03)

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Salud tiene el honor de informar acerca del proyecto de la referencia, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Francisco Chahuán Chahuán, Guido Girardi Lavín y de los ex Senadores señores Fulvio Rossi Ciocca y Gonzalo Uriarte Herrera.

La iniciativa de ley inició su tramitación en el Senado el día 3 de julio de 2013, oportunidad en que encargó su estudio a la Comisión de Economía. Sin embargo, con fecha 2 de septiembre de 2014 la Sala del Senado determinó que el proyecto de ley fuese considerado por la Comisión de Salud.

Se hace presente que el artículo único del proyecto es propio de ley común y no atañe a la organización ni a las atribuciones de los tribunales de justicia.

Cabe señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, la Comisión discutió en general y en particular esta iniciativa de ley, por tratarse de un proyecto de artículo único.

A las sesiones en que estudiamos este asunto asistieron, además de los integrantes de la Comisión, las siguientes personas:

- Del Ministerio de Salud: Los asesores legislativos, señora Bonnie Márquez y señores Jaime González, Rafael Méndez y Héctor Reyes.

- De la Subsecretaría de Salud Pública: Los asesores del Subsecretario, señora María Carolina Mora y señor Felipe Vargas;

- De la Subsecretaría de Redes Asistenciales: La encargada de seguimiento legislativo, señora Paulina Palazzo Rojas; el coordinador legislativo, doctor Enrique Accorsi.

- De la Secretaría General de la Presidencia: las coordinadoras, señora Camila Sanhueza, Tamara Gargari y Catherine Peirano y señor Emiliano García.

- Del Colegio Médico de Chile A.G.: El Consejero Nacional, señor Hugo Reyes.

- De la Asociación Chilena de Facultades de Medicina ASOFAMECH: El Presidente y Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, doctor Antonio Orellana Tobar.

- De la Biblioteca del Congreso Nacional: Los analistas, señor Eduardo Goldstein Braunfeld y señoras María Pilar Lampert e Irina Aguayo.

- Del H. Senador Francisco Chahuán: Los asesores, señores Marcelo Sanhueza y Octavio Tapia.

- Del H. Senador Guido Girardi: Los asesores, señores Pablo Vega y Edgardo Vega.

- De la H. Senadora Carolina Goic: Los asesores señora Natalia Celedón y señor Gerardo Bascuñán.

- Del H. Senador señor Quinteros: La asesora señora Melissa Mallega.

- De la H. Senadora señora Van Rysselberghe: Los asesores señores Felipe Caro y Rodrigo Hollmann.

- Del Instituto Igualdad: La señora Nicole Reyes y el señor Sebastián Bastías.

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ANTECEDENTES DE DERECHO

El proyecto en informe se vincula con los siguientes cuerpos normativos:

- Constitución Política de la República, artículos 19 N°s 1 y 9.

- Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

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ANTECEDENTES DE HECHO

La moción con que se inició el trámite legislativo del presente proyecto de ley, de autoría de Honorables Senadores señores Francisco Chahuán Chahuán, Guido Girardi Lavín y de los ex Senadores señores Fulvio Rossi Ciocca y Gonzalo Uriarte Herrera, consigna que el desfibrilador externo es un aparato electrónico portátil que diagnostica paros cardiorrespiratorios, cuando ellos se originan en fibrilación ventricular, vale decir, en aquellos casos en que el corazón cuenta con actividad eléctrica, pero sin acción mecánica, o por una taquicardia ventricular, que se produce cuando la irrigación sanguínea no es suficiente.

Agregan los autores de la moción que estos dispositivos son sumamente efectivos cuando se producen emergencias de esta naturaleza, ya que permiten recuperar el ritmo cardíaco adecuado. Asimismo, la operación de los referidos aparatos es bastante simple, toda vez que no se requiere que sean empleados exclusivamente por personal paramédico.

Por la misma razón, continúa la moción, son de gran utilidad en los centros comerciales, a los que el artículo 15 de la ley N° 19.496 impone el deber de respetar la dignidad y derechos de las personas. De modo que si en uno de esos recintos alguien sufre una emergencia de este tipo se podrá brindarle socorro oportuno y efectivo.

Diversos países cuentan con una normativa sanitaria que obliga a contar con desfibriladores aptos para su funcionamiento inmediato, en espacios públicos y privados de esta naturaleza.

Concluyen los autores señalando que, dada la importancia que dichos dispositivos implican para una adecuada atención de emergencia sanitaria en recintos o espacios de este tipo, se hace necesario que en ellos deba existir a lo menos un desfibrilador externo, para la atención de emergencias de esta naturaleza.

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DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL

- Puesta en votación la idea de legislar, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Chahuán, Girardi y Senador señor Rossi.

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DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR

El asesor legislativo del Ministerio de Salud, doctor Enrique Accorsi, aseguró que existe una tecnología que ha sido probada durante varios años en países europeos, como Finlandia, Dinamarca y Suiza, sobre la cual los analistas de la Biblioteca del Congreso Nacional podrían ilustrar a la Comisión.

Vista esa sugerencia, la Comisión acordó solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional el informe respectivo. Se deja constancia que el referido documento fue presentado y debidamente considerado por los integrantes de la Comisión, y se contiene en un Anexo único, que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

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A continuación se detalla la disposición del proyecto de ley aprobada en general por la Comisión de Salud y las indicaciones formuladas a su texto, por los Honorables Senadores. Además, se consignan los acuerdos alcanzados a su respecto:

Artículo único

El artículo único del proyecto de ley propone modificar la Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, incorporando un artículo 15 bis nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 15 bis: Los centros comerciales a que se hace mención en el artículo precedente, deberán contar en forma obligatoria, como parte de su sistema de atención sanitaria de emergencia, con desfibriladores, que estén aptos para su funcionamiento inmediato.”.

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TEXTO DEL PROYECTO APROBADO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, la Comisión de Salud tiene el honor de proponer la aprobación en general del siguiente texto:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. - Modifícase la Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, incorporando un artículo 15 D, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 15 D: Los centros comerciales mencionados en el artículo 15 precedente, los terminales de buses, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y estadios, deberán contar en forma obligatoria, como parte de su sistema de atención sanitaria de emergencia, con desfibriladores que estén aptos para su funcionamiento inmediato.”.”

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Valparaíso, 18 de mayo de 2018.

(Fdo.): Fernando Soffia Contreras, Secretario de la Comisión.

[1]

INFORME DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE DECLARA EL MES DE OCTUBRE COMO EL “MES NACIONAL DE LA CIBERSEGURIDAD” (11.729-02)

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Defensa Nacional tiene el honor de informar el proyecto de ley individualizado en el rubro, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Pugh, Araya, Bianchi, Elizalde y Pérez Varela.

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Cabe hacer presente que, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de un proyecto de artículo único, la Comisión discutió esta iniciativa de ley tanto en general cuanto en particular, y acordó proponer a la Sala que sea considerado del mismo modo.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

No tiene.

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ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

A modo de ejemplo, cabe citar algunas normas legales que han perseguido destacar una actividad o hecho trascendente, como la ley N° 20.363, que instituye el 10 de agosto de cada año como el “Día del Minero”, y las leyes N°s. 20.782 y 20.153, que establecen el “Día Nacional de Gendarmería de Chile” y el “Día Nacional del Teatro”, respectivamente.

Adicionalmente, en forma reciente, con fecha 16 de mayo en curso, el Congreso Nacional comunicó a S. E. el Presidente de la República la aprobación del proyecto de ley que declara el primer domingo del mes de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación”.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

Los autores de la moción destacan que las principales potencias del mundo han desarrollado la conciencia de sus ciudadanos, de las instituciones públicas y del sector privado respecto a la ciberseguridad, mediante la promoción de actividades, durante un mes, que para los casos de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) -con quienes Chile tiene una importante relación comercial e interestatal-, corresponde a octubre. Añaden que en la nación norteamericana este período se conoce como "Mes Nacional de la Conciencia sobre Ciberseguridad" y en Europa con el nombre de "Mes Europeo de la Ciberseguridad".

Plantean que nuestro país, uno de los principales blancos de ciberataques a nivel latinoamericano, ha comenzado a desarrollar la institucionalidad necesaria para materializar el concepto de ciberseguridad, mediante la Política Nacional de Ciberseguridad, establecida por el Instructivo Presidencial N° 1/2017, de 27 de abril de 2017, que la aprueba e instruye la implementación de la misma.

Informan que en el ámbito de la defensa nacional -dado que las redes y sistemas de información constituyen una infraestructura crítica para la seguridad exterior y el ejercicio de la soberanía del nacional-, se publicó recientemente en el Diario Oficial, con fecha 9 de marzo de 2018, la Política de Ciberdefensa, aprobada por decreto supremo N° 3, de 2017, del Ministerio de Defensa Nacional. Resaltan que ella contempla las definiciones políticas en torno a cómo serán protegidas estas redes, y cómo las capacidades de la defensa nacional pueden colaborar en la formación de un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente.

En cuanto a los objetivos del proyecto, aducen, en primer lugar, que pretende proveer un período adecuado que permita entrenar a los diferentes actores nacionales, tanto públicos como privados, involucrados en la ejecución de ejercicios nacionales de ciberseguridad. Para ello, proponen el mes de octubre, cuando ya se han consolidado nuevos equipos de trabajo y se han celebrado distintos seminarios de actualización tecnológica.

En segundo término, indican, se busca mantener la periodicidad en el tiempo de este tipo de actividades, para enfrentar de forma coordinada y actualizada las múltiples y variadas amenazas existentes en el ciberespacio. Agregan que se requiere a lo menos una práctica anual para comprobar la efectividad de las capacidades y de los conocimientos adquiridos.

Subrayan que la proposición de ley procura cumplir con los objetivos la Política Nacional de Ciberseguridad, que contempla un conjunto de medidas de política pública, entre las cuales se encuentra instaurar el “Mes de la Ciberseguridad” -en octubre de cada año-, promoviendo y consolidando actividades de sensibilización en todos los niveles.

Finalmente, expresan que la moción responde a la necesidad de nuestro país de generar conciencia, establecer medidas y promover el acceso libre, abierto y seguro del ciberespacio, protegiendo los derechos de las personas y los intereses del Estado.

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DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Al comenzar la discusión, los miembros de la Comisión recordaron que la iniciativa corresponde a un proyecto de ley de autoría de la unanimidad de sus integrantes.

Al respecto, reiteraron las razones que los guiaron para su presentación- que fueron descritas recientemente- y manifestaron su anhelo de obtener el respaldo de la Sala, puesto que les asiste la convicción en cuanto a que la ley a que dé origen la moción contribuirá a crear conciencia sobre la trascendencia de la ciberseguridad.

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- Puesto en votación el proyecto de ley fue aprobado en general y en particular, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Bianchi, Elizalde, Pérez Varela y Pugh.

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En mérito de los acuerdos anteriores, la Comisión de Defensa Nacional recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley en informe tanto en general como en particular, en los siguientes términos:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Declárase el mes de octubre de cada año como el “Mes Nacional de la Ciberseguridad”, con el fin de promoverla y realizar ejercicios nacionales relacionados con ella.”.

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Sala de la Comisión, a 29 de mayo de 2018.

(Fdo.): Milena Karelovic Ríos, Abogada Secretaria de la Comisión.

[1]

MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES GIRARDI, ARAYA, DE URRESTI, HUENCHUMILLA E INSULZA CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 20.584, QUE REGULA LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS PERSONAS CON ACCIONES VINCULADAS A SU ATENCIÓN DE SALUD, EN LO RELATIVO AL SUICIDIO ASISTIDO (11.760-11)

CONSIDERANDOS

La discusión en relación a la disponibilidad del propio cuerpo es un tema sumamente complejo cuando ha de analizarse en términos de política pública en el marco de un Estado de Derecho. En efecto, definirse como tal, supone que el Estado debe ser garante del pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos y desde esa perspectiva sostener que debe respetarse la voluntad de un ser humano a renunciar al derecho humano que por esencia es el más consustancial a la existencia, cual es el derecho a la vida, pudiese ser no comprendido.

No obstante, resulta necesario considerar en este análisis cual es la dignidad a la que se tiene derecho cuando el ser humano se ve enfrentado a situaciones extremas, cual, es el contenido de la misma. Sin duda, la respuesta a la que se arribe dice relación con una concepción valórica, con que es lo que se entiende es el contenido de la dignidad del ser humano, de la autonomía, de la libertad y por tanto de los derechos humanos.

En cuanto a la disponibilidad de la vida frente a situaciones de salud en Chile, la discusión es sumamente reciente. En efecto solo el año 2012 se logró la publicación de la Ley N° 20.584 que Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Esta ley iniciada por mensaje presidencial recogió mociones presentadas el año 2000, Boletín N° 2597-11, "Sobre Derechos de los Pacientes", presentado por los Diputados en ese entonces Guido Girardi, Enrique Jaramillo, Antonio Leal, Adriana Muñoz, María Antonieta Saa y Salvador Urrutia; y el año 2006, Boletín 4270-11, con el mismo nombre, presentada esta vez por los actuales Senadores Guido Girardi, José Antonio Gómez, Alejandro Navarro, Carlos Ominami y Mariano Ruiz-Esquide. Es decir, demoró 12 años el establecimiento de normas que regularan la dignidad de los pacientes frente a las atenciones de salud.

En la mencionada ley se alcanzó un estándar mínimo de respeto a la autonomía de las personas sobre el derecho a denegarse a recibir un procedimiento o tratamiento que tenga por objeto prolongar artificialmente la vida. Sin embargo, dicho cuerpo normativo reitera en dos oportunidades que este ejercicio de autodeterminación en la cual una persona decide no recibir un procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, "no puede tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio del suicidio". Lo anterior, supone negar majaderamente el necesario respeto y deferencia que debemos mostrar como sociedad ante el padecimiento de una persona que siente se ve sujeta a un dolor y sufrimiento que no merece la pena vivir.

La Eutanasia que supone una "buena muerte" ha sido discutida y tratada en diferentes países del mundo. Así la denominada Eutanasia activa, entendida como procedimiento llevado a cabo por un médico que pone fin a la vida de su paciente a solicitud de éste, ha sido regulada en países donde la autonomía de la voluntad es valorada sin miramientos morales obcecados. Ejemplo de ello, Holanda cuenta con una regulación del año 2000, Bélgica del 2002, Luxemburgo 2009, Canadá 2016.

El proyecto de ley que aquí se presenta, dado la enorme resistencia de estas temáticas en este país, renuncia a la idea de legislar la denominada Eutanasia activa, y se propone avanzar, e la línea de lo que ha regulado Suiza, y los Estados de Oregon, Washington, Montana, Vermont y California en Estados Unidos en lo que se ha regulado lo que se define como suicidio asistido, esto es donde se le proporciona al enfermo los métodos necesarios para que el propio paciente active el procedimiento que pondrá fin a su vida.

Creemos firmemente lo sostenido por el Tribunal Constitucional de Colombia que ha sostenido que avanzar en esta materia es avanzar en el reconocimiento y consagración de un derecho humano, señalando en sentencia T-970 de 2014 que "El deber constitucional del Estado de protección de la vida debe ser compatible con otros derechos como la dignidad y la autonomía. De ahí que frente a aquellas personas que padecen una enfermedad terminal ese deber cede ante su autonomía individual y a "su consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna". (...). Eso cuando existen argumentos médicos razonables de los que se infiere que la muerte vendrá en poco tiempo, ante lo cual la persona no escoge entre vivir y mucho tiempo, sino entre morir dignamente y vivir sin calidad. Ella como sujeto autónomo y moral, es quien decide qué hacer con su vida. Si no fuera así, la vida se convertiría en un deber y por tanto su ejercicio dejaría de ser una garantía constitucionalmente legítima. Incluso, si los derechos se convierten en obligaciones, la idea misma de Estado Social y Democrático de Derecho carecería de contenido. Por tanto, el Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su dignidad". Es más, tampoco puede el Estado castigar a quien pone fin a la vida de un enfermo terminal cuando medie su consentimiento."

Por ello es que proponemos a este H. Senado el siguiente.

PROYECTO DE LEY

Artículo Primero. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.584, que Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en Salud.

1) Elimínase en el artículo 14° el inciso tercero.

2) Reemplázase el artículo 16 por el siguiente

"La persona que se encontrare en una fase avanzada o terminal de una dolencia grave e incurable, tiene derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte. Los prestadores de salud deberán asegurar a estos pacientes los cuidados paliativos a su condición. Esto es al conjunto de cuidados activos, continuados y coordinados dirigidos a cubrir las necesidades físicas, psíquicas y espirituales del paciente que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad."

3) Incorpórese el siguiente artículo 16 bis nuevo

"La persona que fuere informada de que su estado de salud es terminal tendrá los siguientes derechos:

a) Otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida.

Este derecho de elección no resulta aplicable cuando, como producto de la falta de esta intervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública, en los términos establecidos en el Código Sanitario. De esta circunstancia deberá dejarse constancia por el profesional tratante en la ficha clínica de la persona.

b) Requerir a personal médico de algún fármaco, para autoadministrarse y con ello cause su propia muerte.

Para el ejercicio de este derecho la persona debe ser mayor de edad, padecer de una enfermedad o condición terminal que lo somete a un estado de constante sufrimiento físico o psíquico, lo que deberá ser acreditado por su médico tratante, y expresar su voluntad por escrito.

El escrito donde se consigne esta voluntad, que deberá ser entregado al médico tratante con 15 días de antelación, a la entrega del medicamente. Pudiendo desistirse del mismo en cualquier momento. En el caso que la persona se viere imposibilitada de expresarse por escrito, pero pudiese expresar su voluntad claramente, podrá el apoderado que ella haya designado o los parientes señalados en el artículo 42 del Código Civil puede hacerlo en presencia de la persona y en su nombre.

c) Solicitar el alta voluntaria la misma persona, el apoderado que ella haya designado o los parientes señalados en el artículo 42 del Código Civil, en orden preferente y excluyente conforme a dicha enunciación.

Artículo segundo. Incorpórese un inciso segundo nuevo al artículo 393 del Código Penal, del siguiente tenor:

"No se aplicará el inciso anterior al personal médico que estuviese actuando en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 bis de la Ley 20.584."

(Fdo.): Guido Girardi Lavín, Senador.- Pedro Araya Guerrero, Senador.- Alfonso de Urresti Longton, Senador.- Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador. - José Miguel Insulza Salinas, Senador.

MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE EL TRANSPORTE PÚBLICO COMO DERECHO (11.762-07)

I.De los antecedentes de orden global:

1- Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra los derechos a circular libremente en el territorio de un Estado (art. 13), de reunión y asociación pacífica (art.20), al trabajo y a la elección de este (art. 23), al descanso y al disfrute del tiempo libre (art. 24), a la educación (art. 26) y a tomar parte de la vida cultural de la comunidad (art. 27)[1].

2- Que dado el tamaño y crecimiento sostenido de los centros urbanos y la población, o bien la lejanía de las localidades rurales, el ejercicio de estos derechos está radicalmente mediado por la necesidad del transporte.

Lo que se ve reflejado en el informe de la ONU "La situación demográfica en el mundo, 2014", que señala que solo en el período comprendido entre 1994 y 2014 la población mundial pasó de 5.700 millones de personas a más de 7.000 millones y que por primera vez en la historia se ha invertido la proporción de habitantes entre el campo y la ciudad, pasando a ser estas últimas las zonas más pobladas del orbe, constituyendo un gran desafío en materias de planificación, toda vez que la falta de la misma puede redundar en problemas de accesibilidad a la educación, a la salud y a la vivienda [2].

II.De los antecedentes de orden nacional:

3- Que la población de la Región Metropolitana, de acuerdo a la información comparada entres los censos de los años 2002 y 2017, ha aumentado de 5.257.937 a 7.036.792, la de la Región del Biobío de 1.861.562 a 2.018.803 y la de la Región de Valparaíso de 1.539.852 a 1.790.219 [3] [4] [5] [6].

4- Que de acuerdo a la información compara entre los censos de los años 2002 y 2017, las viviendas en la Región Metropolitana han aumentado de 1.643.892 a 2.310.167, en la Región del Biobío de 531.385 a 753.265 y en la de Valparaíso de 532.641 a 774.782[7] [8].

5- Que según el Informe de Política Urbana de la OCDE, en Chile existen al menos 26 grandes núcleos urbanos, que a su vez han producido 24 pueblos o comunas dormitorio, concentrando la actividad cívica y comercial en dichos núcleos y relegando a los poblados periféricos una función residencial casi exclusiva. Lo que implica una dependencia importante del transporte público para la vida cotidiana de esas personas y el funcionamiento de las ciudades [9].

6- Que las personas en el Gran Santiago invierten un promedio de 1,4 horas (84 minutos) diarias en el transporte público para ir a trabajar. Un 23% de ellas utiliza más de dos horas diarias en dicho concepto y un 14% camina más de un kilómetro desde el paradero hasta su trabajo [10].

7- Que según el informe de la UDP (2012) la distancia promedio de los viajes en el Gran Santiago era de 11,5 km, en tanto en el gran Valparaíso era de 9,09 km [11].

8- Que el gasto promedio en la región metropolitana por conceptos de locomoción equivale a un 17% del sueldo mínimo, en tanto en países de la región como Argentina ese gasto no supera el 6% promedio y en Uruguay llega al 15% [12].

9- Que en la misma región, según datos presentado por La Segunda, una persona que vive en las zonas suburbanas del Gran Santiago puede llegar a pagar $200.000 mensuales por conceptos de peaje en las carreteras concesionadas, para llegar diariamente a su trabajo[13].

III.De los antecedentes de la legislación internacional:

10- Que la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 76 dictamina que el Estado debe garantizar el acceso a un sistema público de transporte integral en sus diversas modalidades. Y en la ley 165 General de Transportes establece la universalidad del sistema de transportes, en tanto en su artículo 6 reconoce el derecho de todos los usuarios a utilizar el sistema para su libre movilidad y en su artículo 10 el deber de que este llegue de manera efectiva a toda la población del país.

11- Que la Constitución del Estado Federativo de Brasil en su artículo 6 que establece los derechos sociales reconocidos en su territorio pone al transporte público, junto a la educación, salud, vivienda y trabajo, entre otros.

12- Que la Constitución de la República de Ecuador en su artículo 340 establece el sistema nacional de inclusión y equidad social, que define el conjunto del sistema articulado y coordinado de derechos reconocidos por el Estado, incluyendo en ellos el sistema de transporte. Y que dicha carta fundamental, además establece la necesidad de las tarifas preferenciales para grupos sociales vulnerables.

13- Que dados los antecedentes presentados respecto al crecimiento de las ciudades y el aumento de la población en Chile, los costos excesivos de la movilización y el alto tiempo invertido en ella y las experiencias constitucionales latinoamericanas citadas, se hace posible evidenciar que los derechos humanos referidos en el numeral uno del presente documento están radicalmente mediados por el acceso al transporte público.

Por los argumentos aquí expuestos es que vengo a sugerir el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único:

Modifíquese el Artículo 19 Numeral 7 Literal A, en el siguiente sentido:

a) Agréguese la siguiente expresión nueva, a continuación del vocablo "otro" reemplazando la conjunción "y" por una coma (,): "al transporte público proporcionado por el Estado en caso de que para ello lo requiera y".

b) Agréguese el siguiente nuevo inciso segundo: "Una ley orgánica constitucional establecerá la organización y el funcionamiento del transporte público terrestres, marítimo, aéreo, fluvial y lacustre, de manera tal que asegure a los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio efectivo de su derecho a traslado en el territorio nacional".

(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador de la República.

INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA CONSTITUIDA PARA RESOLVER LAS DIVERGENCIAS SUSCITADAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO QUE CREA EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN (11.101-19)

HONORABLE SENADO,

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:

La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia.

Cabe señalar que, con fecha 30 de mayo de 2018, S.E. el Presidente de la República calificó esta iniciativa legal con urgencia “discusión inmediata”.

- - -

En sesión celebrada el 7 de marzo de 2018, el Senado, cámara de origen, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los integrantes de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, Honorables Senadores señora Carolina Goic Boroevic y señores Francisco Chahuán Chahuán, Juan Antonio Coloma Correa, Alfonso De Urresti Longton y Guido Girardi Lavín.

Por su parte, en sesión celebrada el 14 de marzo de 2018, la Cámara de Diputados designó como miembros de la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señora María José Hoffmann Opazo y señores Giorgio Jackson Drago, Miguel Mellado Suazo, Patricio Rosas Barrientos y Víctor Torres Jeldes.

Previa citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 7 de mayo de 2018, oportunidad en que eligió por unanimidad como Presidente al Honorable Senador señor Girardi y acordó que el reglamento por el que se regiría sería el del Senado.

A las diversas sesiones en que la Comisión se abocó al estudio de una propuesta, asistieron, a alguna de sus sesiones, además de sus miembros, los Honorables Diputados señores Juan Luis Castro González y Ricardo Celis Araya.

Del mismo modo, concurrieron, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministro, señor Gonzalo Blumel; los asesores legislativos, señores Nicolás Duhalde y Marcelo Estrella; la asesora jurídica, señora Ana María Muñoz; los asesores, señora Paulina Prohaska y Fernanda Nitsche, y señores Emiliano García y Fredy Vásquez; y el asesor de prensa, señor Erick Rojas.

Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Jefe de la División Economía del Futuro, señor Julio Pertuzé.

De la Dirección de Presupuestos, el analista del Departamento de Estudios, señor Joaquín Pérez.

De la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), el Presidente del Consejo, señor Mario Hamuy, los asesores, señora Carolina Muñoz y señor Nelson Urrutia. De la Asociación de Funcionarios de CONICYT (ASFUNCO), la Directora, señora Bárbara Freire.

Del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), el Director Nacional, señor Maximiliano Santa Cruz, y el Jefe del Departamento Internacional y de Políticas Públicas, señor Sergio Escudero.

Del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, el Director, señor Alexis Kalergis.

De Corporación INNOVARTE, el Director, señor Luis Villarroel, y la abogada asesora, señora Carolina Toro.

De la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP), la Directora, señora Carola Díaz, y el abogado, señor Enrique Rubinek.

De la Red de Investigadoras (REDI), la Presidenta, señora Adriana Bastías.

De la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile (Fedcolprof), la Presidenta, señora Mónica Vargas.

De la Sociedad Ecológica de Chile (SOCECOL), la Presidenta, señora Olga Barbosa.

Del Consejo del Futuro, la Secretaria Ejecutiva, señora Amelie Kim Cheang.

La asesora del Honorable Senador Coloma, señora Carolina Infante.

El asesor legislativo del Honorable Senador Chahuán, señor Marcelo Sanhueza.

De la Oficina del Honorable Senador De Urresti, la Jefa de Gabinete, señora Marisel Sanhueza; y la asesora, señora Melissa Mallega.

Los asesores del Honorable Senador Girardi, señora Victoria Fullerton, y señores Juan Walker y Víctor Quezada.

La asesora de la Honorable Diputada Hoffmann, señora Makarena Parra.

De la Oficina del Honorable Diputado Jackson, la Jefa de Gabinete, señora Aintzane Lorca, y la asesora, señora Maite Gambardella, y el Periodista, señor Ricardo Ahumada.

El asesor del Honorable Diputado Mellado, señor José Gabriel Domínguez.

El asesor del Honorable Diputado Pardo, señor Alejandro Garzón.

Los asesores del Honorable Diputado Rosas, señores Nicolás Facuse y José Becerra.

Del Comité Demócrata Cristiano, el asesor, señor Aldo Rojas.

Del Comité Partido por la Democracia, el Periodista, señor Gabriel Muñoz.

Del Comité Renovación Nacional, la Periodista, Karelyn Lüttecke.

De la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Raimundo Roberts.

De la Universidad Santo Tomás, la académica, señora Soledad Quiroz.

De Fundación Fraunhofer Chile, la encargada de comunicaciones de CSB, señora Camila Ávalos.

De Revolución Democrática, la coordinadora Comisión Desafíos del Conocimiento, señora Daniela Escrig.

Del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), la asesora, señora Stephanie Donoso.

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A continuación se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la tramitación de la iniciativa, así como del acuerdo adoptado a su respecto.

En tercer trámite constitucional, el Senado rechazó las enmiendas recaídas en el inciso segundo del artículo 9º contenido en el número 4) del artículo 23, que ha pasado a ser artículo 24; y la consistente en la incorporación de un artículo sexto, transitorio, nuevo; propuestas por la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional. Así lo comunicó mediante oficio N° 67/SEC/18.

Lo obrado por la Cámara de Diputados había consistido en sustituir en el inciso segundo del artículo 9° que propone el Número 4 del artículo 23, que ha pasado a ser 24, el punto y seguido por una coma; y reemplazar la oración: “Esta licencia podrá ser utilizada en el caso de que el derecho de propiedad industrial no sea aprovechado por aquella institución o persona a la que se le hubiere otorgado su protección, en las condiciones señaladas en el reglamento.” por “salvo en aquellos casos que la ley establezca.”; y agregar la siguiente oración final: “No obstante, esta licencia siempre deberá utilizarse en los casos del artículo 51 de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.”.

Asimismo, acordó incorporar el siguiente artículo sexto transitorio, nuevo:

“Artículo sexto.- A la fecha de su entrada en funcionamiento, el Ministerio se desconcentrará territorialmente en cinco secretarías regionales ministeriales, cada una de las cuales estará a cargo de un Secretario Regional Ministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y que representará al Ministerio en una o más regiones.

Durante el quinto año de funcionamiento del Ministerio, mediante decreto supremo expedido a través del mismo y suscrito además por el Ministro de Hacienda, se establecerá un calendario de instalación que determine las fechas en que iniciarán sus funciones las secretarías regionales ministeriales restantes, las cuales deberán estar en funciones, en su totalidad, en el plazo máximo de diez años contado desde la entrada en funcionamiento del Ministerio.

Mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del Ministerio, suscritos además por el Ministro de Hacienda, se establecerán las regiones que le corresponderán a cada una de las secretarías regionales, así como la ciudad en la que tendrá su asiento cada secretario regional ministerial. Para estos efectos se deberá considerar las características comunes de los territorios en cuanto a sus desafíos y oportunidades de desarrollo, sus capacidades y potencialidades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la existencia de desarrollos científicos consolidados o estratégicos. El o los decretos señalados en este inciso deberán ser dictados dentro del plazo de tres meses contado desde la entrada en funcionamiento del Ministerio.

Mientras no haya entrado en funcionamiento la totalidad de las secretarías regionales ministeriales de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo, cada secretario regional ministerial que tenga a su cargo dos o más regiones ejercerá las funciones de las coordinaciones macrozonales establecidas en el artículo 8 sobre dichas regiones.”.

Producto de la precedente enmienda, el artículo sexto transitorio despachado por el Senado había pasado a ser artículo séptimo transitorio, y así sucesivamente, sin modificaciones.

DISCUSIÓN Y PROPOSICIÓN

Previo al conocimiento de los asuntos de competencia de la Comisión Mixta, el Ejecutivo explicó las líneas generales de su propuesta y recibió la opinión de representantes de distintas instituciones científicas dedicados a la investigación. Se hace presente, además, que S.E. el Presidente de la República presentó tres proposiciones, de las cuales se da cuenta seguidamente junto con el debate a que dio lugar cada una de ellas.

De esta forma, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel, explicó que el Ejecutivo formulará una propuesta con relación a las dos controversias suscitadas entre ambas Cámaras – secretarías regionales ministeriales y propiedad de proyectos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) – y un tercero, adicional, sobre la conformación y funcionamiento de un comité asesor del ministerio.

En cuanto a las secretarías regionales ministeriales, la idea es crear cinco oficinas al momento de entrada en funcionamiento del ministerio, cuyos asientos regionales se determinarán mediante decreto supremo, considerando desafíos y oportunidades de desarrollo de los territorios, capacidades y potencialidades para desarrollo de ciencia y tecnología, y existencia de desarrollos científicos consolidados o estratégicos. Durante el quinto año de entrada en vigencia del nuevo organismo, se establecerá un calendario de instalación para el resto de las oficinas, contemplando un plazo máximo total de 10 años, desde la creación del nuevo ministerio.

Esta instalación gradual fue una modificación introducida por la Cámara de Diputados, basada en razones de ajuste fiscal, ya que el costo de las 16 secretarías regionales ministeriales ascendería a $3.893 millones anuales, mientras que las cinco iniciales solo comprometerían un gasto de $1.489 millones al año.

Respecto a la propiedad de proyectos financiados por Fondecyt, se propone una combinación entre el sistema norteamericano establecido en la Bayh Dole Act y el modelo israelí de protección a la propiedad intelectual. El mecanismo propuesto obliga a publicar en caso de que el resultado no fuese patentable, de lo contrario se deben restituir los fondos al Estado. Si la investigación generara patentes, la persona o institución puede solicitar protección avisando a la agencia, donde el Estado gozaría de una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para el solo efecto de abastecer el mercado nacional (similar a Bayh-Dole Act). Para el uso de esta licencia el nuevo ministerio deberá emitir una resolución fundada, previa consulta al ministerio sectorial correspondiente y habiéndose escuchado al titular del derecho. El precio de la licencia será fijado de común acuerdo con el titular o mediante arbitraje. Si la persona o institución no solicitase la patente en el plazo señalado en el reglamento, o no le interesase, podrá el Estado solicitar este derecho. En caso que la persona o institución logre comercializar la propiedad intelectual, deberá restituir el 50% de los fondos asignados, no obstante, la cifra no podrá ser superior al monto recaudado por el asignatario.

Gráficamente, correspondería al siguiente flujo:

IMAGEN

El objetivo es eliminar la obligación de retribuir a todo evento el monto financiado por Fondecyt, ya que se considera un desincentivo al licenciamiento, generando, por el contrario, estímulos para la transferencia tecnológica. El Estado tendría derecho a una licencia no exclusiva circunscrita a abastecer el mercado nacional, permitiéndole, además, recaudar fondos en casos de proyectos exitosos. Estadísticamente, de 16.000 proyectos Fondecyt solo en 32 ocasiones se han devuelto fondos; menos del 5% de los proyectos de investigación aplicada se patenta, en circunstancias que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) estima que el 60% de esos proyectos serían patentables; y la Pontificia Universidad Católica, institución que más patenta en Chile, solo ha obtenido licencia de menos del 10% de sus investigaciones.

Sobre la proposición de crear un comité asesor del nuevo ministerio. La finalidad es que colabore en el diseño de instrumentos y propuestas de ley, teniendo dentro de sus funciones, la responsabilidad de conformar los comités técnicos o de expertos. El nombramiento se efectuaría mediante decreto supremo, dado que es el ministerio quien define las políticas, la agencia solo las ejecuta. El nuevo comité estaría integrado por nueve personas ajenas a la Administración del Estado, con reconocidos méritos en ciencias, tecnologías e innovación, nombradas mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Serán integrados de forma pluralista, propendiendo a la equidad de género y a una adecuada representación de las diversas disciplinas del saber. Será presidido por uno de sus miembros nombrado por el Presidente de la República. Podrán integrar los comités, con derecho a voz, personas que sean funcionarios de la agencia, representantes de los ministerios que formen parte del sistema y representantes de otros entes públicos.

Señaló que la justificación se basa en que el presente proyecto de ley elimina los consejos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt), cuyas funciones serían asumidas por el Director de la nueva agencia. La comunidad científica se ha mostrado preocupada por el hecho que no sea un ente colegiado el que determine las orientaciones científicas y tecnológicas para la determinación de las políticas del nuevo ministerio y la aplicación de sus instrumentos. Además, la repartición de poderes sería más equilibrada si el ministerio nombrase al comité que asesora al Director de la Agencia, ya que si este último nombra al comité, los miembros pueden tener incentivos para no incorporar puntos de vista contrarios al suyo.

El Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), señor Mario Hamuy, explicó que el artículo 7° del texto aprobado por el Senado señala las atribuciones de funciones y atribuciones de las secretarías regionales ministeriales, especificando la forma en que se vincularán con los distintos espacios de toma de decisiones basada en los conceptos tradicionales de descentralización y desconcentración. El artículo 8°, añadió, prueba el esfuerzo permanente de coordinación del presente proyecto de ley, cuando refiere a las coordinaciones macrozonales, independiente de la instalación gradual de las oficinas regionales.

Respecto a la propiedad industrial, recordó el universo reducido a que se referiría la normativa, ya que como afirmó el señor Ministro, solo 32 proyectos fueron patentados de los más 16.000 que fueron financiados por Fondecyt. El tema debiera ser regulado en otro cuerpo legal, abarcando el financiamiento público de todos los proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación.

Finalmente, recordó que el comité asesor era parte de la iniciativa legal original, pero fue eliminado en la discusión habida en la Comisión de Hacienda del Senado, por lo que sería positivo rescatar su valor.

En la siguiente sesión, la Comisión recibió la opinión del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), señor Maximiliano Santa Cruz; del Director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, señor Alexis Kalergis; del Director de la Corporación Innovarte, señor Luis Villarroel; y de la Presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile, señora Olga Barbosa.

El Director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, señor Alexis Kalergis, declaró que el presente proyecto de ley es de alta relevancia para la ciencia nacional y refleja el arduo trabajo que se ha seguido durante su tramitación. Precisó que es fundamental no confundir el resguardo del derecho del Estado por el financiamiento público de proyectos de investigación con el desarrollo de los científicos como tal. Dada la complejidad para la transferencia tecnológica desde los centros de investigación a la sociedad, en su oportunidad se pensó en entregar la regulación detallada de dichas materias a un reglamento, pero dicha decisión fue revertida en la Cámara de Diputados. Es importante fomentar el actuar estatal en tecnología sin desincentivar el desarrollo científico.

Enseguida, el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), señor Maximiliano Santa Cruz, hizo presente que la institución siempre ha sido partidaria de regular el financiamiento público a los proyectos de investigación, normativa que podría reflejarse en una futura ley de transferencia tecnológica, como lo hizo Estados Unidos el año 1980. Sin perjuicio de lo anterior, la discusión sobre la creación de un nuevo ministerio condujo a la modificación del actual artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 33, del Ministerio de Educación, de 1981, que creó el Fondecyt, donde se regulan algunos aspectos de transferencia tecnológica, es decir, los derechos del Estado respecto a la innovación generada con fondos públicos. La institución mantiene su opinión, apuntó, idealmente el tema debiera ser regulado en una ley general referida a todos los fondos públicos destinados a financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación, no solo Fondecyt, y el Estado debiera incentivar al asignatario de esos fondos a apropiarse de la investigación, reservándose ciertos derechos en caso de no apropiación o excepcionales manteniendo licencias no exclusivas. Indicó que una opción sería incorporar el artículo 9 del presente proyecto de ley en la iniciativa legal que propone sustituir las leyes Nº 19.039, sobre propiedad industrial y Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Boletín 8.907-03).

Luego, el Director de la Corporación Innovarte, señor Luis Villarroel, afirmó que es fundamental el rol del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en promoción de la innovación y el conocimiento relevante para el país, siendo necesario la destinación de fondos públicos a ese fin. Respecto a la titularidad de los derechos, señaló que lo más importante es incentivar el licenciamiento de investigaciones necesarias al bien común de Chile. Se debe establecer un sistema que otorgue garantías de una justa compensación para quienes invierten su trabajo y desarrollan soluciones técnicas para atender las necesidades nacionales, satisfaciendo a la vez el interés público. La experiencia muestra que de no existir una regulación inicial que establezca las condiciones para el uso de los derechos de investigaciones financiadas con fondos públicos, la licencia de una posible vacuna para el hanta, por ejemplo, sería subastada al mejor postor, sin que los beneficios puedan ser utilizados en Chile, como demanda el interés público.

En materia de propiedad industrial existe un principio bien asentado, quien financia determina el asignatario de los derechos y su uso. El artículo 70 de la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, prescribe que en el caso de proyectos de investigación financiados por universidades, será la universidad la titular de los derechos no el investigador, sin perjuicio de la obligación de compartir beneficios o de codominio. Siguiendo esa línea, argumentó, si el Estado financia una innovación es razonable que establezca ciertas restricciones al uso de esos derechos, en orden a resguardar el beneficio público.

El modelo utilizado para la propuesta del Ejecutivo – Bayh Dhol Act – protege más aún el interés nacional, porque el derecho del Estado a usar la licencia en cualquier parte del mundo se basa en el aporte público aportado a la investigación; una especie de prepago. En el caso chileno el Estado debería pagar nuevamente. En su opinión, esta es una oportunidad para establecer una norma general que determine que el resultado de las investigaciones financiadas con fondos públicos esté disponible para la sociedad.

Por último, la Presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile, señora Olga Barbosa, estuvo de acuerdo con el Director Nacional de INAPI en cuanto a que el tema de la propiedad de los proyectos de investigación financiados con fondos públicos abarca a un sinnúmero de programas de financiamiento fiscal a las ciencias, sin circunscribirse exclusivamente a los proyectos Fondecyt, siendo un tema tangencial a la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin duda que es importante incentivar la transferencia tecnológica, acotó, incluso cuando la investigación no conduzca a un licenciamiento, como ocurre generalmente en ecología, porque toda generación de conocimiento puede ser útil a la innovación o a la mejor adopción de decisiones públicas y privadas, capital que debiera pertenecer a la sociedad en su conjunto. También concordó en que dicha transferencia sea regulada en una ley especial, idea apoyada por el señor Kalergis.

El señor Villarroel observó que la normativa chilena reconoce derechos sobre propiedad industrial e intelectual, por tanto, habría que precisar si la discusión comprende ambos derechos o solo los de propiedad industrial. También se mostró favorable a la discusión de una futura ley sobre transferencia tecnológica, sin embargo, fue enfático en afirmar que la iniciativa legal en debate debe establecer un estándar mínimo, de lo contrario el interés público estará desprotegido.

Asimismo, explicó que la transferencia tecnológica no solo se realiza a través del licenciamiento restrictivo de patentes o privativo de derechos de autor, por el contrario, existe una tendencia mundial que reconoce la necesidad de que los derechos de propiedad intelectual de determinadas áreas sean licenciados de manera abierta con el fin de generar mayor transferencia. Citó el caso particular de la salud, actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) busca incentivar la investigación científica en el área sin asociar su resultado a una licencia exclusiva, y un mecanismo es el financiamiento estatal. Resulta contradictorio, apuntó, que la mejor solución propuesta en el presente proyecto de ley sea otorgar derechos absolutos respecto de innovaciones en salud financiadas por el Estado.

El señor Kalergis señaló que el objetivo debiera ser asegurar el acceso al conocimiento y promover el desarrollo de la transferencia tecnológica. Es cierto que el riesgo inicial en investigación científica es del Estado, no obstante, fondos provenientes de la Corporación del Fomento a la Producción (CORFO) o del propio Conicyt regulan el impacto público de una investigación científica financiada con recursos fiscales, normativa que podría servir de base para una futura ley sobre transferencia tecnológica. En el ejemplo expuesto por el Diputado señor Jackson sobre captación de capital de inversión mediante transferencia de la licencia, podría resguardarse el interés público obligando a los contratantes a incluir en la negociación al organismo público que aportó los fondos. Como se observa, es complejo regular todos los aspectos en un solo artículo, por ese motivo en la discusión habida en el Senado se decidió definir en un reglamento las condiciones específicas del uso de la licencia no exclusiva del Estado, aun cuando el escenario ideal sería incluirlo en una norma de rango legal.

El señor Santa Cruz insistió en que la transferencia tecnológica debiera abordarse en una ley específica sobre la materia, cuya base debiera ser la Bayh Dole Act americana, que fomenta la apropiación de la investigación generada con fondos públicos, resguardando debidamente los derechos del Estado.

En cuanto a la falta de descentralización del organismo, recordó que la institución ha impulsado una fuerte inversión digital para el acceso remoto de los usuarios. Asimismo, se abrieron las dos primeras oficinas regionales, en Antofagasta y Bío Bío, con el objeto de asesorar al público sobre el registro de patentes. Del mismo modo, se firmó un convenio con el Consejo Regional de los Ríos, a fin de otorgar capacitación, con un fuerte acento en declaraciones de origen, en particular sidra y cerveza valdiviana.

A continuación, el Ejecutivo presentó una primera proposición, mediante Mensaje 27-366, de fecha 14 de mayo de 2018, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 9, NUEVO

1. Para incorporar el siguiente artículo 9°, nuevo, cambiando los siguientes su orden correlativo:

“Artículo 9.- Mediante decreto expedido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, se creará un Comité Asesor del ministerio y se establecerán las normas para su funcionamiento. El Comité tendrá como misión asesorar y apoyar al Ministro en el análisis y revisión periódica de las políticas públicas del sector. Dentro de sus labores, deberá además conformar comités técnicos o de expertos, permanentes o temporales, integrados por funcionarios de la Agencia, representantes de los ministerios que forman parte del Sistema, representantes de otros entes públicos o por personas calificadas ajenas a la Administración del Estado, con el objeto de apoyar y asesorar al Director de la Agencia en la elaboración de bases y en la adjudicación de los concursos o convocatorias que ésta ejecute. En la conformación de estos comités se deberá siempre cuidar que queden integrados de forma pluralista y equilibrada, propendiendo a una adecuada representación territorial y de las diversas disciplinas del saber, en atención a su pertinencia para el desarrollo científico y tecnológico del país.

El Comité Asesor estará integrado por ocho personas calificadas, ajenas a la administración del Estado, las que deberán contar con reconocidos méritos en el área de la academia, ciencia, tecnología y de la innovación de base tecnológica, los que serán designados por el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública, de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3° del título VI de la ley N° 19.882. Para estos efectos, el Consejo elaborará dos ternas por cada una de las áreas referidas y el Ministro nombrará a un representante de cada terna.

Los miembros del Comité Asesor durarán cuatro años en sus cargos, se renovarán por mitades cada dos años y no podrán ser designados para un nuevo periodo consecutivo. Con todo, para efectos de hacer efectivo el mecanismo de alternancia, en el primer nombramiento, cuatro de ellos serán designados por dos años y cuatro de ellos por cuatro años. Los miembros del primer comité podrán ser designados para un nuevo periodo consecutivo de cuatro años.

Lo integrará además un académico o profesional de reconocida trayectoria, designado por el Presidente de la República, que cumplirá las funciones de Presidente del Comité Asesor y durará cuatro años en el cargo.

Podrán participar en las sesiones del Comité Asesor, con derecho a voz, personas que sean funcionarios de la Agencia, representantes de los Ministerios que forman parte del Sistema o representantes de otros entes públicos.”

AL ARTÍCULO 14, QUE PASA A SER ARTÍCULO 15

2. Para eliminar el literal d), cambiando los siguientes su orden correlativo.

3. Para reemplazar en el literal e), que pasa a ser d), la frase “literal anterior”, por la frase “artículo 9°”.

AL ARTÍCULO 24, QUE PASA A SER ARTÍCULO 25

4. Para reemplazar su numeral 4) por el siguiente:

“4) Derógase el artículo 9°.”.

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO, NUEVO

5. Para incorporar el siguiente artículo sexto transitorio, nuevo:

“Artículo sexto. - A la fecha de su entrada en funcionamiento, el Ministerio se desconcentrará territorialmente en cinco secretarías regionales ministeriales, cada una de las cuales estará a cargo de un Secretario Regional Ministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y que representará al Ministerio en una o más regiones.

Durante el quinto año de funcionamiento del Ministerio, mediante decreto supremo expedido a través del mismo y suscrito además por el Ministro de Hacienda, se establecerá un calendario de instalación que determine las fechas en que iniciarán sus funciones las secretarías regionales ministeriales restantes, las cuales deberán estar en funciones, en su totalidad, en el plazo máximo de diez años contado desde la entrada en funcionamiento del Ministerio.

Mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del Ministerio, suscritos además por el Ministro de Hacienda, se establecerán las regiones que le corresponderán a cada una de las secretarías regionales, así como la ciudad en la que tendrá su asiento cada secretario regional ministerial. Para estos efectos se deberá considerar las características comunes de los territorios en cuanto a sus desafíos y oportunidades de desarrollo, sus capacidades y potencialidades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la existencia de desarrollos científicos consolidados o estratégicos. El o los decretos señalados en este inciso deberán ser dictados dentro del plazo de tres meses contado desde la entrada en funcionamiento del Ministerio.

Mientras no haya entrado en funcionamiento la totalidad de las secretarías regionales ministeriales de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo, cada secretario regional ministerial que tenga a su cargo dos o más regiones ejercerá las funciones de las coordinaciones macrozonales establecidas en el artículo 8 sobre dichas regiones.”.”.

El Ministro, señor Blumel, explicó a continuación que en materia de propiedad de los proyectos de investigación financiados con fondos públicos, se propone derogar el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 33, del año 1981, del Ministerio de Educación, incorporando mediante una indicación al proyecto de ley que sustituye la ley de propiedad industrial (Boletín N° 8.907-03), una norma que asegure al Estado el derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para ejercerla en el territorio nacional – similar a Bayh Dole Act –; establezca la obligatoriedad de divulgar resultados del proyecto en un plazo determinado, obligando a restituir los fondos al Estado, si no se cumple; y en caso que el investigador comercialice la investigación, restituir un 50% de los fondos que el Estado aportó – similar a sistema israelí –.

Por otro lado, se mantiene la idea de crear un comité asesor ministerial, que apoye la labor del futuro ministro, conforme los comités técnicos o de expertos, y que será integrado por ocho miembros calificados, ajenos a la Administración del Estado, de reconocidos méritos académicos, científicos, tecnológicos y de innovación, nombrados por el ministro en base en dos ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública para cada área (dos representantes por área), presidido por un noveno integrante que será designado por el Presidente de la República, que durará cuatro años.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel, defendió la propuesta de integración del nuevo comité asesor, solicitando a los integrantes de la Comisión Mixta no esperar a que el presente proyecto de ley resuelva problemas estructurales de la sociedad, como falta de mujeres en ciencia, o la baja representación étnica y territorial. El mecanismo de nombramiento se puede perfeccionar, no obstante, señaló que es importante considerar una mejor gobernanza para la asignación de fondos que evite la discrecionalidad. El esquema de Alta Dirección Pública es ampliamente utilizado para el nombramiento de directores de la Corporación Chilena del Cobre (Codelco), de la Empresa Nacional de Petróleos (Enap) o del Consejo Nacional de Educación.

Respecto a la posibilidad de reducir el plazo de gradualidad en la creación de secretarías regionales ministeriales, declaró que la intención del Ejecutivo sería avanzar más aceleradamente, sin embargo, las razones presupuestarias obligan a considerar un plazo no menor a 10 años.

Finalmente, recordó que para resolver la discrepancia sobre la propiedad de los proyectos de investigación financiados con fondos públicos, el Ejecutivo propuso una fórmula que buscaba establecer un sistema de apropiación y transferencia, que puede ser repuesta, si así lo solicitan los integrantes de la Comisión, y reservar la discusión de fondo para una futura ley de transferencia tecnológica, que está en la agenda del Gobierno, sin embargo, la creación del nuevo ministerio es una prioridad.

A continuación, el Presidente de la Comisión puso en votación el número 5) de la primera proposición, relativa a la creación gradual de las secretarías regionales ministeriales, el que fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Coloma, De Urresti y Girardi, y Honorables Diputados señores Jackson, Mellado, Rosas y Torres.

El resto de la proposición fue retirada por S.E. el Presidente de la República, como se dará cuenta en su oportunidad.

En esta oportunidad, se presentó una segunda proposición del Ejecutivo, efectuada a través del Mensaje N° 33-366, de fecha 28 de mayo de 2018, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 9, NUEVO

1. Para incorporar el siguiente artículo 9°, nuevo, cambiando los siguientes su numeración correlativa:

“Artículo 9.- Mediante decreto expedido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, se creará un Comité Asesor del ministerio y se establecerán las normas para su funcionamiento. El Comité tendrá como misión asesorar y apoyar al Ministro en el análisis y revisión periódica de las políticas públicas del sector. Dentro de sus labores, deberá además conformar comités técnicos o de expertos, permanentes o temporales, integrados por funcionarios de la Agencia, representantes de los ministerios que forman parte del Sistema, representantes de otros entes públicos o por personas calificadas ajenas a la Administración del Estado, con el objeto de apoyar y asesorar al Director de la Agencia en la elaboración de bases y en la adjudicación de los concursos o convocatorias que ésta ejecute. En la conformación de estos comités se deberá siempre cuidar que queden integrados de forma pluralista y equilibrada, propendiendo a una adecuada representación territorial y de las diversas disciplinas del saber, en atención a su pertinencia para el desarrollo científico y tecnológico del país.

Integrará el Comité un académico o profesional de reconocida trayectoria, designado por el Presidente de la República, que cumplirá las funciones de Presidente del Comité Asesor y durará cuatro años en el cargo.

Estará integrado además por ocho personas calificadas, ajenas a la administración del Estado, las que deberán contar con reconocidos méritos en el área de la academia, ciencia, tecnología y de la innovación de base tecnológica, los que serán designados por el Presidente de la República, a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública, de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3° del título VI de la ley N° 19.882. Para estos efectos, el Consejo elaborará dos ternas por cada una de las áreas referidas y el Presidente de la República nombrará a un representante de cada terna.

Los miembros del Comité Asesor referidos en el inciso anterior durarán cuatro años en sus cargos, se renovarán por mitades cada dos años y no podrán ser designados para un nuevo periodo consecutivo. Con todo, para efectos de hacer efectivo el mecanismo de alternancia, en el primer nombramiento, cuatro de ellos serán designados por dos años y cuatro de ellos por cuatro años. Los que se designen por dos años, podrán ser nombrados para un nuevo periodo consecutivo de cuatro años.

La integración del Comité Asesor deberá ser plural y equilibrada, propendiendo a una adecuada representación de las regiones y de las diversas disciplinas, enfoques y competencias en las áreas del saber.

Podrán participar en las sesiones del Comité Asesor, con derecho a voz, personas que sean funcionarios de la Agencia, representantes de los Ministerios que forman parte del Sistema o representantes de otros entes públicos.

AL ARTÍCULO 14, QUE PASA A SER

ARTÍCULO 15

2. Para eliminar el literal d), cambiando los siguientes su orden correlativo.

3. Para reemplazar en el literal e), que pasa a ser d), la frase “literal anterior”, por la frase “artículo 9°”.

AL ARTÍCULO 24, QUE PASA A SER

ARTÍCULO 25

5. Para reemplazar su numeral 4) por el siguiente:

“4) Reemplázse el artículo 9°, por el siguiente:

“Artículo 9°.- El financiamiento público de los proyectos y programas establecidos en esta ley, tiene como finalidad la creación de nuevo conocimiento científico y tecnológico y la transferencia de tecnología e innovación, aplicando dichos conocimientos en pos del beneficio social y económico, favoreciendo el desarrollo sustentable y el bienestar del país.

Si del proyecto de desarrollo científico o tecnológico resultaren inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial, la institución o persona a la que se le asignaron los recursos podrá solicitar su protección, debiendo previamente haber reportado a la Agencia, la que deberá dejar constancia de dicho reporte en las condiciones que establezca el reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa, para el solo efecto de abastecer el mercado nacional con los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos establecidos en el inciso anterior. Para la utilización de esta licencia, el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, deberá emitir una resolución fundada en los términos y plazos que señale el reglamento, previa consulta del ministerio sectorial correspondiente y habiendo escuchado al titular del derecho. El precio será fijado de común acuerdo con el titular del derecho. A falta de acuerdo, éste será determinado mediante arbitraje. Un reglamento establecerá el procedimiento para determinar el monto que deberá pagar el Estado, el procedimiento para designar el o los árbitros y la forma en que éstos deberán resolver la controversia.

Si la institución o persona a la que se asignaron los recursos no solicitare el respectivo derecho de propiedad industrial o no reportare su interés en ello, dentro de los plazos establecidos en el reglamento, este corresponderá al estado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por el solo ministerio de la ley. El reglamento definirá los plazos, ocasiones y formas para efectuar dicho reporte, así como las excepciones que sean procedentes. También establecerá los plazos en los que dicho Ministerio podrá solicitar el derecho.

Si la institución o persona a la que se le asignaron los recursos logra comercializar en cualquier forma su derecho de propiedad industrial, deberá restituir el 100% de los fondos asignados, y una suma adicional equivalente al 25% de los ingresos obtenidos de la comercialización del derecho de propiedad industrial, dentro de los plazos y condiciones que determine el reglamento. En todo caso, el monto que deba restituirse no podrá ser superior al monto recaudado por el asignatario en la comercialización del derecho de propiedad industrial, sea por el otorgamiento de una licencia, la explotación directa del derecho u otra modalidad equivalente, durante el período de vigencia del derecho de propiedad industrial.”.”.

En la siguiente sesión, el Ejecutivo presentó, mediante Mensaje N° 34-366, de fecha 29 de mayo de 2018, una tercera proposición del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 9°, NUEVO

1. Para incorporar el siguiente artículo 9°, nuevo, cambiando los siguientes su numeración correlativa:

“Artículo 9°.- Mediante decreto expedido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, se creará un Consejo Asesor ministerial y se establecerán las normas para su funcionamiento. El Consejo tendrá como misión asesorar y apoyar al Ministro en el análisis y revisión periódica de las políticas públicas del sector. Dentro de sus labores, deberá además conformar comités técnicos o de expertos, permanentes o temporales, integrados por funcionarios de la Agencia, representantes de los ministerios que forman parte del Sistema, representantes de otros entes públicos o por personas calificadas ajenas a la Administración del Estado, los que apoyarán y asesorarán al Director de la Agencia en la elaboración de bases y en la adjudicación de los concursos o convocatorias que ésta ejecute. En la conformación de estos comités se deberá siempre cuidar que queden integrados de forma pluralista y equilibrada, propendiendo a una adecuada representación territorial y de las diversas disciplinas del saber, en atención a su pertinencia para el desarrollo científico y tecnológico del país.

El Consejo estará integrado por ocho personas calificadas, ajenas a la Administración central del Estado, las que deberán contar con reconocidos méritos en el área de la academia, ciencia, tecnología y de la innovación de base tecnológica. Serán designadas por el Presidente de la República, quien nombrará además entre ellas al presidente del Consejo.

Los miembros del Consejo Asesor durarán cuatro años en sus cargos, se renovarán por mitades cada dos años y no podrán ser designados para un nuevo periodo consecutivo. Con todo, para efectos de hacer efectivo el mecanismo de alternancia, en el primer nombramiento, cuatro de ellos serán designados por dos años y cuatro de ellos por cuatro años. Los que se designen por dos años, podrán ser nombrados para un nuevo periodo consecutivo de cuatro años.

La integración del Consejo Asesor deberá ser plural y equilibrada, con una adecuada representación de las regiones, de género y de las diversas disciplinas, enfoques y competencias en las áreas del saber.

Podrán participar en las sesiones del Consejo Asesor, con derecho a voz, personas que sean funcionarios de la Agencia, representantes de los Ministerios que forman parte del Sistema o representantes de otros entes públicos.

AL ARTÍCULO 14, QUE PASA A SER ARTÍCULO 15

2. Para eliminar el literal d), cambiando los siguientes su orden correlativo.

3. Para reemplazar en el literal e), que pasa a ser d), la frase “literal anterior”, por la frase “artículo 9°”.

AL ARTÍCULO 24, QUE PASA A SER ARTÍCULO 25

4. Para reemplazar su numeral 4) por el siguiente:

“4) Reemplázse el artículo 9°, por el siguiente:

“Artículo 9°.- El financiamiento público de los proyectos y programas establecidos en esta ley, tiene como finalidad la creación de nuevo conocimiento científico y tecnológico y la transferencia de tecnología e innovación, aplicando dichos conocimientos en pos del beneficio social y económico, favoreciendo el desarrollo sustentable y el bienestar del país.

Si del proyecto de desarrollo científico o tecnológico resultaren inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial, la institución o persona a la que se le asignaron los recursos podrá solicitar su protección, debiendo previamente haber reportado a la Agencia, la que deberá dejar constancia de dicho reporte en las condiciones que establezca el reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa, respecto de los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos establecidos en el inciso anterior. Para la utilización de esta licencia, el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, deberá emitir una resolución fundada en los términos y plazos que señale el reglamento, previa consulta del ministerio sectorial correspondiente y habiendo escuchado al titular del derecho. El precio será fijado de común acuerdo con el titular del derecho. A falta de acuerdo, éste será determinado mediante arbitraje. Un reglamento establecerá el procedimiento para determinar el monto que deberá pagar el Estado, el procedimiento para designar el o los árbitros y la forma en que éstos deberán resolver la controversia.

Si la institución o persona a la que se asignaron los recursos no solicitare el respectivo derecho de propiedad industrial o no reportare su interés en ello, dentro de los plazos establecidos en el reglamento, este corresponderá al estado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por el solo ministerio de la ley. El reglamento definirá los plazos, ocasiones y formas para efectuar dicho reporte. También establecerá los plazos en los que dicho Ministerio podrá solicitar el derecho.

Si la institución o persona a la que se le asignaron los recursos logra comercializar en cualquier forma su derecho de propiedad industrial, deberá restituir el 100% de los fondos asignados, y una suma adicional equivalente al 5% de los ingresos obtenidos de la comercialización del derecho de propiedad industrial, dentro de los plazos y condiciones que determine el reglamento. En todo caso, el monto que deba restituirse no podrá ser superior al monto recaudado por el asignatario en la comercialización del derecho de propiedad industrial, sea por el otorgamiento de una licencia, la explotación directa del derecho u otra modalidad equivalente, durante el período de vigencia del derecho de propiedad industrial.”.”.

Puesta en votación el numeral 1) de la nueva proposición del Ejecutivo, fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Coloma, De Urresti y Girardi, y Honorables Diputados señora Hoffmann y señores Jackson, Mellado, Rosas y Torres.

Puestos en votación los numerales 2), 3) y 4) de la nueva proposición del Ejecutivo, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Coloma, De Urresti y Girardi, y Honorables Diputados señora Hoffmann y señores Jackson, Mellado, Rosas y Torres.

- - -

En resumen, fueron aprobados el numeral 5) de la primera proposición; y la tercera proposición completa, con enmiendas en su numeral 1). En tanto, los numerales 1) al 4) de la primera proposición y la segunda proposición, en su totalidad, fueron retirados.

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PROPOSICIÓN

De conformidad con los acuerdos adoptados, la proposición que la Comisión Mixta realiza, como forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del presente proyecto de ley, es la que a continuación se señala:

1) Incorporar el siguiente artículo 9°, nuevo, pasando el actual a ser artículo 10, y así sucesivamente:

“Artículo 9°.- Mediante decreto expedido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, se creará un Consejo Asesor ministerial y se establecerán las normas para su funcionamiento. El Consejo tendrá como misión asesorar y apoyar al Ministro en el análisis y revisión periódica de las políticas públicas del sector. Dentro de sus labores, deberá, además, asesorarlo en la conformación de los comités técnicos o de expertos, permanentes o temporales, integrados por funcionarios de la Agencia, representantes de los ministerios que forman parte del Sistema, representantes de otros entes públicos o por personas calificadas ajenas a la Administración del Estado, los que apoyarán y asesorarán al Director de la Agencia en la elaboración de bases y en la adjudicación de los concursos o convocatorias que ésta ejecute. En la conformación de estos comités se deberá siempre cuidar que queden integrados de forma pluralista y equilibrada, propendiendo a una adecuada representación territorial y de las diversas disciplinas del saber, en atención a su pertinencia para el desarrollo científico y tecnológico del país.

El Consejo estará integrado por ocho personas calificadas, ajenas a la Administración central del Estado, las que deberán contar con reconocidos méritos en el área de la academia, ciencia, tecnología y de la innovación de base tecnológica. Serán designadas por el Presidente de la República. Lo integrará, además, el Ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, quien lo presidirá.

Los miembros del Consejo Asesor durarán cuatro años en sus cargos, se renovarán por mitades cada dos años y no podrán ser designados para un nuevo periodo consecutivo. Con todo, para efectos de hacer efectivo el mecanismo de alternancia, en el primer nombramiento, cuatro de ellos serán designados por dos años y cuatro de ellos por cuatro años. Los que se designen por dos años, podrán ser nombrados para un nuevo periodo consecutivo de cuatro años.

La integración del Consejo Asesor deberá ser plural y equilibrada, con una adecuada representación de las regiones, de género y de las diversas disciplinas, enfoques y competencias en las áreas del saber. Sus integrantes no percibirán dieta.

Podrán participar en las sesiones del Consejo Asesor, con derecho a voz, personas que sean funcionarios de la Agencia, representantes de los Ministerios que forman parte del Sistema o representantes de otros entes públicos.”.

2) En el artículo 14, que ha pasado a ser artículo 15:

- Eliminar el literal d), pasando los literales e), f), g), h), i) y j), a ser d), e), f), g), h) e i), respectivamente.

- En el literal e), que ha pasado a ser d), reemplazar la frase “literal anterior” por “artículo 9°”.

3) En el artículo 24, que ha pasado a ser 25, sustituir su numeral 4) por el siguiente:

“4) Reemplázase el artículo 9°, por el siguiente:

“Artículo 9°.- El financiamiento público de los proyectos y programas establecidos en esta ley, tiene como finalidad la creación de nuevo conocimiento científico y tecnológico y la transferencia de tecnología e innovación, aplicando dichos conocimientos en pos del beneficio social y económico, favoreciendo el desarrollo sustentable y el bienestar del país.

Si del proyecto de desarrollo científico o tecnológico resultaren inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial, la institución o persona a la que se le asignaron los recursos podrá solicitar su protección, debiendo previamente haber reportado a la Agencia, la que deberá dejar constancia de dicho reporte en las condiciones que establezca el reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa, respecto de los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos establecidos en el inciso anterior. Para la utilización de esta licencia, el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, deberá emitir una resolución fundada en los términos y plazos que señale el reglamento, previa consulta del ministerio sectorial correspondiente y habiendo escuchado al titular del derecho. El precio será fijado de común acuerdo con el titular del derecho. A falta de acuerdo, éste será determinado mediante arbitraje. Un reglamento establecerá el procedimiento para determinar el monto que deberá pagar el Estado, el procedimiento para designar el o los árbitros y la forma en que éstos deberán resolver la controversia.

Si la institución o persona a la que se asignaron los recursos no solicitare el respectivo derecho de propiedad industrial o no reportare su interés en ello, dentro de los plazos establecidos en el reglamento, este corresponderá al estado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por el solo ministerio de la ley. El reglamento definirá los plazos, ocasiones y formas para efectuar dicho reporte. También establecerá los plazos en los que dicho Ministerio podrá solicitar el derecho.

Si la institución o persona a la que se le asignaron los recursos logra comercializar en cualquier forma su derecho de propiedad industrial, deberá restituir el 100% de los fondos asignados, y una suma adicional equivalente al 5% de los ingresos obtenidos de la comercialización del derecho de propiedad industrial, dentro de los plazos y condiciones que determine el reglamento. En todo caso, el monto que deba restituirse no podrá ser superior al monto recaudado por el asignatario en la comercialización del derecho de propiedad industrial, sea por el otorgamiento de una licencia, la explotación directa del derecho u otra modalidad equivalente, durante el período de vigencia del derecho de propiedad industrial.”.

4) Incorporar el siguiente artículo sexto transitorio, nuevo, pasando el actual a ser artículo séptimo transitorio, y así sucesivamente:

“Artículo sexto.- A la fecha de su entrada en funcionamiento, el Ministerio se desconcentrará territorialmente en cinco secretarías regionales ministeriales, cada una de las cuales estará a cargo de un Secretario Regional Ministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y que representará al Ministerio en una o más regiones.

Durante el quinto año de funcionamiento del Ministerio, mediante decreto supremo expedido a través del mismo y suscrito además por el Ministro de Hacienda, se establecerá un calendario de instalación que determine las fechas en que iniciarán sus funciones las secretarías regionales ministeriales restantes, las cuales deberán estar en funciones, en su totalidad, en el plazo máximo de diez años contado desde la entrada en funcionamiento del Ministerio.

Mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del Ministerio, suscritos además por el Ministro de Hacienda, se establecerán las regiones que le corresponderán a cada una de las secretarías regionales, así como la ciudad en la que tendrá su asiento cada secretario regional ministerial. Para estos efectos se deberá considerar las características comunes de los territorios en cuanto a sus desafíos y oportunidades de desarrollo, sus capacidades y potencialidades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la existencia de desarrollos científicos consolidados o estratégicos. El o los decretos señalados en este inciso deberán ser dictados dentro del plazo de tres meses contado desde la entrada en funcionamiento del Ministerio.

Mientras no haya entrado en funcionamiento la totalidad de las secretarías regionales ministeriales de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo, cada secretario regional ministerial que tenga a su cargo dos o más regiones ejercerá las funciones de las coordinaciones macrozonales establecidas en el artículo 8 sobre dichas regiones.”.

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Sala de la Comisión, a 30 de mayo de 2018.

(Fdo.): Roberto Bustos Latorre, Secretario de la Comisión Mixta.

[1]

MOCIÓN DE LAS SENADORAS SEÑORAS MUÑOZ Y RINCÓN CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE REVOCA LA NACIONALIDAD CHILENA CONCEDIDA POR GRACIA A DON RICARDO EZZATI ANDRELLO (11.763-17)

I. ANTECEDENTES DE DERECHO:

1. La nacionalidad por especial gracia se encuentra consagrada constitucionalmente en el Capítulo II de la Carta Fundamental, denominado "Nacionalidad y Ciudadanía", cuyo artículo 10, N° 4°, dispone que son chilenos: "4°. Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por Ley." El artículo 10 N°4 prescribe que la nacionalidad por gracia debe otorgarse mediante una ley de la República. De la misma forma, establece en su artículo 11 N° 4 que esta concesión puede revocarse por Ley.

2. La Comisión de Derechos Humanos Nacionalidad y Ciudadanía del Senado [1] ha precisado algunos criterios o estándares para el otorgamiento de la nacionalidad, por especial gracia, que se mencionan a continuación:

a. La nacionalidad por gracia constituye el más alto honor que se puede conferir a un extranjero en nuestro país, en consecuencia, sólo se deberá conceder a personas notables y destacadas, que exorbiten el término regular en el estado de actividad que les es propio.

b. Para otorgar esta distinción especialísima deberá considerarse la existencia de una vinculación real del beneficiario con la comunidad nacional.

c. Asimismo, será necesario que la actividad ejercida por el extranjero que se desea honrar se traduzca en un beneficio efectivo y relevante para el país, en el ámbito específico de que se trate y constituya un servicio destacado a la República.

d. Las actividades del beneficiario deberán haber alcanzado relevancia nacional independientemente de que hayan tenido lugar en una zona determinada del territorio nacional o se hayan circunscrito a un sector específico de actividad. Resulta útil al efecto recoger el concepto procesal de hecho público y notorio, que es aquél que por evidente, patente, sabido y palmario, no es necesario acreditar.

3. A contrario sensu si esos son los criterios o estándares válidos para otorgar la nacionalidad por especial gracia, las situaciones opuestas serán razones válidas para revocarla. De tal modo que si la persona nacionalizada por gracia deja de cumplir con las características que le hicieron merecedora de tal honor, el Senado y la Cámara de Diputados tienen razones fundadas para revocarle el honor que le fue concedido. Se encontrarán en tal situación las siguientes personas:

a. Las que han dejado de ser "personas notables y destacadas, que exorbiten el término regular en el estado de actividad que les es propio".

b. Las que "hayan dejado de tener con la comunidad nacional una vinculación real.".

c. Aquellas "cuya actividad no se traduzca en un beneficio efectivo y relevante para el país, en el ámbito específico de que se trate ni constituya un servicio destacado a la República".

d. Aquellas cuya actividad ha alcanzado relevancia nacional pero no por lo bueno, beneficioso o ejemplar de su actuar, sino por lo negativo, perjudicial o mediocre de su conducta. Bastando para ello que se trate de "hechos públicos y notorios, que en tanto evidentes, patentes, sabidos y palmarios, no es necesario acreditar".

II. ANTECEDENTES DE HECHO:

1. RICCARDO EZZATI ANDRELLO, actual Cardenal y Arzobispo de Santiago, obtuvo la nacionalidad chilena por gracia el 24 de abril de 2006 cuando la ex Presidenta de la República doña Michelle Bachelet Jeria promulga la Ley N° 20.100 por medio de la cual el Congreso Nacional se la concediere unánimemente "como un reconocimiento a la fructífera y valiosa labor que durante más de 30 años ha desarrollado en beneficio de los desposeídos, particularmente, en actividades académicas, públicas y privadas, contribuyendo al progreso de la educación y al desarrollo y formación de los más necesitados".

2. En la moción que dio origen a la ley se ponía de relieve como uno de sus méritos ser miembro del Departamento de Vida Consagrada del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Es decir, algo así como una "persona notable y destacada, que exorbita el término regular en el estado de actividad que les es propio".

3. El CELAM es un organismo de comunión, reflexión, colaboración y servicio creado en el año 1955. Como organismo de servicio, el CELAM ha de ser ante todo una ayuda a la reflexión y a la acción pastoral de la Iglesia en América Latina y El Caribe. Presta servicios de contacto, comunión, formación, investigación y reflexión a las 22 Conferencias Episcopales que se sitúan desde México hasta el Cabo de Hornos, incluyendo el Caribe y las Antillas. Dentro de él, el Cardenal Ezzati aparece como" un notable y destacado" en el área de Vida Consagrada dentro del Departamento de Vocaciones y Ministerios.

4. Según el Código de Derecho Canónico "la vida consagrada es una forma estable de vivir de algunos fieles de la Iglesia católica, que quieren seguir más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, profesando los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia"[2]

5. Un consejo evangélico o voto "es un compromiso total y de sacrificio a Cristo que es vinculante para siempre. Es una expresión de un gran amor por medio del cual la persona que lo asume, tiene la oportunidad de vivir una increíble libertad ante las ataduras de este mundo, para que pueda crecer más cerca de la alegría del mundo futuro" [3]. Los votos más utilizados en las comunidades religiosas son los de castidad celibataria, pobreza y obediencia. El voto de obediencia obliga a "obedecer a toda autoridad legítima, en la familia, en nuestra nación, y lo más importante en la Iglesia". En este ámbito, "es una promesa hecha a Dios para obedecer a su superior eclesiástico de acuerdo con las reglas de la comunidad".[4]

6. El Papa Juan Pablo II escribió en su Exhortación apostólica Vida consagrada: "A lo largo de los siglos nunca han faltado hombres y mujeres que, dóciles a la llamada del Padre y a la moción del Espíritu, han elegido este camino de especial seguimiento de Cristo, para dedicarse a Él con corazón «indiviso» (cf. 1Co 7, 34). También ellos, como los Apóstoles, han dejado todo para estar con Él y ponerse, como Él, al servicio de Dios y de los hermanos. De este modo han contribuido a manifestar el misterio y la misión de la Iglesia con los múltiples carismas de vida espiritual y apostólica que les distribuía el Espíritu Santo, y por ello han cooperado también a renovar la sociedad". [5] Eso es lo que se espera de un religioso, más si éste es miembro del Consejo Cardenalicio del Vaticano y del Departamento de Vida Consagrada del Consejo Episcopal Latinoamericano que, como tal, presta servicios de formación, investigación y reflexión a las 22 Conferencias Episcopales desde México hasta el Cabo de Hornos, incluyendo el Caribe y las Antillas.

7. El Papa Francisco, por su parte, ha reafirmado a todos los religiosos los elementos que deben mantenerse fuertes en la vida consagrada a Dios. Ha dicho que "hay tres "P" que son las columnas de la vida consagrada: la plegaria, la pobreza y la paciencia". Según el Papa, la "plegaria" les hace regresar a Dios y les recuerda que trabajan por Dios y no por sus propios intereses ni para instituciones. La "pobreza" es como un muro de contención que les protege de la vanidad y el orgullo. Y la "paciencia" consiste en afrontar "las pequeñas cosas de la vida comunitaria, hasta el sacrificio de sí mismos" y "llevar sobre las espaldas los problemas y sufrimientos del mundo".

8. Pues bien, desde hace ya varios años la conducta del Cardenal y Arzobispo de Santiago RICCARDO EZZATI ANDRELLO ha dejado de ser la de una persona notable y destacada, que exorbita el término regular de la actividad que les es propia; ha dejado de tener con la comunidad nacional una vinculación real; su actividad no se traduce en un beneficio efectivo y relevante para el país en el ámbito religioso ni constituya un servicio destacado a la República. Por el contrario, hechos públicos y notorios demuestran que su actividad ha alcanzado relevancia nacional pero no por lo bueno, beneficioso o ejemplar de su actuar, sino por lo negativo, perjudicial o mediocre de su conducta. Basta para dar cuenta de ello los hechos públicos y notorios, que a continuación se exponen, que, en tanto evidentes, patentes, sabidos y palmarios, no es necesario acreditar.

III. HECHOS PÚBLICOS Y NOTORIOS QUE DEMUESTRAN QUE LA CONDUCTA DEL CARDENAL RICARDO EZZATI HA ALCANZADO RELEVANCIA NACIONAL PERO NO POR LO BUENO, BENEFICIOSO O EJEMPLAR DE SU ACTUAR, SINO POR LO NEGATIVO, PERJUDICIAL O MEDIOCRE DE LA MISMA.

1. OBSTRUCCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA MEDIANTE ACCIONES DESTINADAS A IMPEDIR LA ASISTENCIA DE UNA DE LAS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL DE FERNANDO KARADIMA A LA CONFERENCIA EPISCOPAL ANGLÓFONA y A LA COMISIÓN PONTIFICIA DE PREVISION DE ABUSOS SEXUALES EN ROMA. Evidencias desde abril del 2013 a Octubre del 2014.

a. Correo electrónico enviado por el cardenal Ezzati al cardenal Errázuriz el día 21 de abril de 2013 [6]:

"Esta mañana tuve una noticia que no me agradó para nada. Un periodista me ha informado que el Sr. Cruz (Juan Carlos) ha sido invitado por la Conferencia Episcopal Anglófona a dar su testimonio sobre la experiencia de abuso sufrida de parte del P. Karadima y del comportamiento de la Iglesia de Santiago en relación al mismo, en el encuentro que llevará a cabo en Roma, en la última semana de mayo. A dicho encuentro ha sido invitado el equipo de prevención de abusos de la CECh. Me lo comunicó el P. Ramos, quien quería asistir junto a varios laicos y laicas del equipo.

Mañana me pondré en contacto con Mons. Goic para ver si esto último cuenta con su autorización (al Comité Permanente no nos han dicho nada).

Pido también su consejo para ver con quién intervenir en Roma para evitar que ello ocurra. Sabemos cuál es la intención del Sr. Cruz hacia Usted y hacia la Iglesia de Santiago. Espero que podamos evitar que las mentiras encuentren espacio entre quienes formamos la misma Iglesia. Lamento terminar el día domingo con esta situación.

Con mucho respeto, lo saluda en el Señor,

Ricardo".

b. Respuesta del cardenal Errázuriz del 22 de abril de 2013[7]:

"Querido Don Ricardo,

¿Qué de raro tiene que en el domingo del Buen Pastor también quieran hacerse presente algunos salteadores y algunos lobos?

Me falta un dato: ¿Cuáles son los países comprendidos en esta Conferencia Episcopal Anglófona?

Veo dos caminos que convendría seguir simultáneamente:

1.- El presidente de esa Conferencia Episcopal, al cual podemos escribirle, advirtiéndoles el grave daño que causará esa invitación.

Es un sinsentido invitar a Carlos Cruz, que va a falsear la verdad, para que obtengan una buena información los obispos. Por lo demás, ¿cómo lo invitan a él, y no invitan además a quien presente las cosas desde nuestro punto de vista?

Por otra parte, él va a utilizar la invitación para seguir dañando a la Iglesia.

2.- Una alta autoridad en Roma. De suyo le corresponde al Cardenal Ouellet, pero sería bueno enviarte copia al cardenal Bertone, que se preocupará del asunto por la buena relación que tiene contigo. Esta carta podría escribirla el Nuncio... si es que escribe cartas.

Yo podría preparar una relación breve sobre las etapas de la denuncia del Sr. Carlos Cruz, la cual fue bien y prontamente atendida desde que la presentó formalmente.

¡Arriba los corazones! Lo leíamos ayer domingo: la Serpiente no prevalece.

Te recuerda con gratitud y confianza fraterna,

Tu hermano en el episcopado,

Francisco Javier Errázuriz Ossa".

c. Correo electrónico enviado por el cardenal Ezzati al cardenal Errázuriz el día 28 de junio del 2014 [8]:

"Querido Señor Cardenal (...) Ayer, día del Sagrado Corazón, en la Sede Central de la Pontificia Universidad Católica, me encontré con el P. Marcelo Gidi. Acaba de llegar de Roma y me comunicó que en la Comisión Pontificia de Previsión de abusos sexuales, sería nombrado el Sr. Juan Carlos Cruz. Su nombramiento es postulado por la mujer irlandesa víctima de abusos (Marie Collins), que ya es miembro de dicha comisión. Espero que no sea así, sería demasiado grave para la Iglesia de Chile. Significaría, entre otras cosas, dar crédito y avalar una construcción que el Sr. Cruz ha construido astutamente, después del Decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y más allá de los elementos objetivos, dolorosos y vergonzosos condenados por el mismo Decreto y que responden a la verdad de los hechos. Espero que Usted pueda hacer luz con quienes tienen responsabilidad de este nombramiento.

Le reitero mi saludo cordial, que extiendo fraternalmente al Santo Padre. Mañana en la Catedral de Santiago, Lo recordaremos de manera especial. Buenas noches. Ricardo"

d. Correos de julio del 2014 entre ambos religiosos en torno a la figura de Juan Carlos Cruz que dan cuenta que sus acciones de obstrucción tuvieron los resultados por ellos buscados:

En esa ocasión Francisco Javier Errázuriz le manifestó a Ricardo Ezzati: "el jefe de la comisión es el cardenal O'Malley, quien quiere que los nombres de todos los miembros posibles, antes de un nombramiento por el Santo Padre, pasen por los Nuncios en consulta a los Obispos respectivos. Le entregué el material. Le es claro que no debe ser nombrado (Cruz). De todas maneras, si bien yo va lo hice el domingo, pon sobre aviso al Nuncio. Por varios conductos han propuesto a JCC (Juan Carlos Cruz) para que sea nombrado miembro de esa comisión."[9]

Posterior a ese correo, Errázuriz volvió a escribirle a Ezzati, esta vez para confirmarle lo que esperaban y por lo que tanto habrían intercedido:

"Querido don Ricardo.

Ya está claro que ese nombre no será miembro de la comisión.

Te recuerda con alegría y gratitud en nuestros antiguos pagos.

Tu hermano en el episcopado.

Fco. Javier" [10]

Ezzati le contestó rápidamente ese mismo día. En su escrito le deseó muchas bendiciones y un saludo fraterno" [11], dando por finalizada su gestión en torno al nombre de Juan Carlos Cruz y los problemas que hubiese ocasionado para la Iglesia el hecho de seguir dando información sobre el caso Karadima y la indebida forma en la que ellos lo trataron.

II. ACTITUD HOSTIL Y PERSECUTORIA EN CONTRA DE FELIPE BERRÍOS, JOSÉ ALDUNATE Y MARIANO PUGA, LOS TRES SACERDOTES MÁS ADMIRADOS EN CHILE POR SU AUTÉNTICO TESTIMONIO DE VIDA CONSAGRADA, Y MENTIRAS A LA OPINIÓN PÚBLICA AL RESPECTO. [12] Evidencias de julio a octubre del 2014. [13]

A principios de septiembre del 2014, Ezzati tuvo una reunión de trabajo con los representantes de la Vicaría Zona Norte para analizar la trayectoria de la iglesia, oportunidad en la que sacó a luz un debate que se llevaba de manera soterrada en alguna autoridades religiosas: la preocupación que existiría en la cúpula de la iglesia chilena frente a algunas posiciones adoptadas -y difundidas a través de los medios- por los sacerdotes Felipe Berríos, Mariano Puga y José Aldunate frente a la reforma educacional del Gobierno de la ex Presidenta Bachelet, el aborto, el matrimonio homosexual y la desigualdad en el país, que estimó como conflictivas y críticas a su conducción.

Estos sacerdotes, especialmente en el año 2014, mantuvieron una alta figuración pública por haber realizado una profunda crítica a algunos aspectos de la iglesia, desde el rol del clero frente a la reforma educacional del Gobierno de Michelle

Bachelet, la negativa a debatir sobre el aborto y la postura frente al matrimonio homosexual. Conforme a registros periodísticos, una de las afirmaciones en el caso de Puga, fue que "La Iglesia, en vez de ser la que destruía el concepto de clases, lo fortaleció: colegios para los pobres, otros para los indígenas, otros para la clase alta". En el caso de Aldunate, que "el homosexual tiene derecho a amar y compartir su vida con otra persona". Ambos religiosos se unieron sin querer a las posturas adoptadas por Berríos, quién mantiene un discurso crítico sobre el clasismo, la reforma educacional y el conflicto mapuche, entre otras cosas. Y que luego de las declaraciones críticas sobre la iglesia católica al regresar de su misión en África, dijo "no soy muy querido en ciertos sectores de la Iglesia Católica chilena. No hay que ser sabio para darse cuenta"[14]

Ezzati sin usar ninguno de los atributos que se le reconocieron al concedérsele la nacionalidad por gracia, sin guiar, aconsejar, invitar a diálogo ni reflexión alguna, envía en octubre del 2014 una denuncia en contra de los sacerdotes mencionados a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede en la que narra las potentes críticas contra la Iglesia chilena de los sacerdotes Felipe Berrios, José Aldunate y Mariano Puga [15].

El nuncio apostólico Ivo Scapoto confirmó a los tres sacerdotes que Ezzati elevó una denuncia al Vaticano contra ellos, por lo que se encuentran oficialmente bajo investigación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, poderosa instancia encargada de velar por la correcta aplicación de la doctrina católica a nivel mundial.

En esa ocasión Ezzati , además, mintió a la opinión pública chilena señalando que dicha acción no se trataba de una "acusación ni denuncia alguna a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, en contra de los sacerdotes mencionados señalando: "Lo que el Arzobispo sí ha hecho en este sentido, es responder a una solicitud de la Nunciatura Apostólica en Chile, de enviar las distintas declaraciones que han hecho estos tres sacerdotes y que han aparecido en diversos medios de comunicación".

Explicación del prelado que perdería todo peso luego de la revelación de los siguientes correos publicados profusamente por los medios de prensa relativos al intercambio de comunicación entre Ezzati y Errázuriz para acusar al sacerdote Berríos y bajarlo totalmente de la opción de ser capellán de La Moneda:

a. Correo de Ezzati a Errázuriz del día sábado 28 de junio de 2014:

"Querido Señor Cardenal,

En Chile estamos terminando una semana bastante complicada con la entrevista del P. Berrios a TVN. Una hora de entrevista llena de soberbia y de afirmaciones contrarias al Magisterio de la Iglesia, utilizando al Santo Padre, en tono de profeta que denuncia la corrupción y la incoherencia de la Iglesia.

Estoy preparando una nota para evidenciar al Magisterio de la Iglesia acerca de los temas cuestionados por el P. Berríos, consciente que en la ocasión anterior, lastimosamente contó con la justificación de su superior provincial y del Superior General. Le anticipé que sospechaba que el Gobierno lo propondría como candidato a Capellán de La Moneda, cosa que a estas alturas ya es evidente".

b. El cardenal Errázuriz responde al día siguiente contando a Ezzati:

"(...) antes de salir de Chile llamé a Enrique Correa para decirle que si el gobierno nombrara al personaje (Berrios) capellán de La Moneda estaría armando un gran e innecesario conflicto, porque te obligaría a rechazarlo, lo cual crearía serias tensiones entre el gobierno y la Iglesia, y al interior de la Iglesia. Me dijo que lo transmitiría de inmediato".

En ese correo el arzobispo emérito critica la postura rebelde de Berríos y afirma que "su pensamiento es claro: No sigan al Magisterio, síganme a mí, porque yo soy el profeta de la Iglesia del futuro, la cual acogerá de lleno la cultura del tiempo actual".

En torno al nombramiento de Berríos, Errázuriz le aseguró a Ezzati: "mañana lunes a primera hora me instalo en las oficinas del Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe para impedir el mal del cual me escribes. Si no lo acepta, hablare con el Santo Padre ¿Y qué te parece si se procediera a un nombramiento así sin consultar ni al Presidente de la CECH ni a ninguno de los cardenales chilenos? Sería un nuevo motivo para reformar la Curia".

III. AGRESION GRATUITA A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD TRANSGÉNERO EN EL MARCO DE LA TRAMITACIÓN DE UNA LEY, SIN PETICIÓN DE DISCULPAS [16].

Las opiniones del cardenal Ricardo Ezzati sobre temas de la agenda legislativa de nuestro país que se refieren a los llamados "temas valóricos" suelen ser confusas e inapropiadas. En este sentido, el prelado tampoco da muestras de ser la persona extraordinaria, de cualidades destacadas como sacerdote o educador que lo habrían hecho merecedor de la nacionalidad por gracia. La virtud de la paciencia, que según el Papa Francisco debe ser pilar de la visa consagrada, y debería llevarte a afrontar "las cosas hasta el sacrificio de sí mismo" y "llevar sobre sus espaldas los problemas y sufrimientos del mundo", no es practicada por el prelado.

Sus últimas declaraciones de abril del 2018 sobre la Ley de Identidad de Género y el cambio de sexo registral de personas transgénero parecen más bien rechazar el transgenerismo que soportar sobre sus espalada el sufrimiento que aquél implica. Su criticada frase: "No porque yo a un gato le pongo nombre de perro, comienza a ser perro", tiene dos posibles lecturas: una más "ingenua", donde se puede entender su opinión de no estar de acuerdo con el asunto en cuestión, pero una segunda mirada, más profunda, que muestra el uso de una analogía burda, que implícitamente tiene un contenido agresivo y peyorativo respecto a las minorías sexuales.

El sacerdote Felipe Berríos -tan mal considerado por Ezzati- manifestó sentir "vergüenza" por las desgraciadas declaraciones realizadas por el cardenal y criticó que usara una metáfora "bastante absurda e hiriente". Razón por la cual entregó el siguiente mensaje en un audio difundido por la cuenta de Twitter "Todo Mejora", una fundación que trabaja con niños, niñas y adolescentes LGBT: "Quisiera a través de este medio comunicarme con la comunidad trans y decirles que siento desconcierto y vergüenza por las palabras emitidas por el Cardenal de Santiago Ezzati, no solo por lo hirientes de sus palabras, sino porque también refleja un modo de pensar que no es el modo de pensar de la iglesia católica, de lo que nos ha mostrado el Papa Francisco, y es una metáfora bastante absurda la que usa, e hiriente. Por eso, quisiera decirte a toda la comunidad trans y a todos los chilenos que se han sentido heridos con estas a palabras, que esas palabras no reflejan el sentir de la iglesia católica, y como sacerdote quiero pedir perdón a todos los que se han sentido heridos, no tenemos que aceptar esta clase de agresiones y pensamientos tan absurdos, que refleja también mucha ignorancia."

Ezzati, en cambio, no pidió disculpas sino que "lamentó" la ola de críticas que surgieron tras su polémica declaración, y a través de una declaración pública, después de todo el revuelo público que causó, lamentó que el uso de una "alegoría" para referirse al concepto de nominalismo "haya sido interpretada como una ofensa a quienes merecen todo su respeto y aprecio". [17]

IV. CONTUMACIA EN SU CONDUCTA DE IRRESPONSABILIDAD ANTE LA CRISIS DE LA IGLESIA CHILENA PRODUCTO DEL ENCUBRIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS ABUSOS SEXUALES CONTRA NIÑOS COMETIDOS POR SACERDOTES POR DÉCADAS Y A LO LARGO DE CHILE, NO OBSTANTE HABER SIDO COMPELIDO A ASUMIR RESPONSABILIDADES POR SU MÁXIMO SUPERIOR JERÁRQUICO.

BishopAccountabftity.org después de examinar las investigaciones periodísticas, documentos legales e información jurídica que solo existen gracias a la valentía de los denunciantes, a la perseverancia de los periodistas y al propio trabajo de BishopAccountability.org [18], esta organización ha identificado 78 clérigos en Chile que han sido denunciados públicamente por abuso sexual de menores. [19]

Este banco de datos saca a la luz los aspectos distintivos de la crisis de abusos en la Iglesia católica chilena, y muestra lo mucho que aún permanece fuera del alcance del público. La mayoría de los casos que se detallan están relacionados con abusos que sucedieron a partir del año 2000 y que fueron denunciados con suficiente rapidez a la justicia civil -es decir, dentro de unos pocos años de sucedido el hecho-. Sabemos por otros datos publicados sobre los abusos en la Iglesia en otros países que estos más de 70 casos forman solo una pequeña parte del total de los abusos cometidos.

Vate mencionar que los factores que han dado lugar a una mayor divulgación en otros países de los archivos secretos de la Iglesia y los nombres de los sacerdotes abusadores -factores como la formalización de las denuncias por parte de las víctimas y las investigaciones por parte de los fiscales y Las comisiones gubernamentales- no han ocurrido hasta ahora en Chile.

Por eso, este listado es una fracción del total de clérigos denunciados por abusos, cuyos nombres serían conocidos si los obispos chilenos tuvieran la obligación de presentar una denuncia ante la justicia civil, si su sistema legal les diera a las víctimas más tiempo para presentar denuncias penates y civiles., o si los fiscales y comisiones estatales investigaran las diócesis. [20]

BishopAccountability.org afirma: "La falta de presión externa permite a los líderes de la Iglesia católica de Chile actuar con impunidad. Dejan volver al ministerio sacerdotal, por ejemplo, a sacerdotes que han sido objeto de muchas denuncias de abuso. El arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati, anuncio en diciembre de 2016 que Cristián Precht Bañados había cumplido los 5 años durante los cuales fue suspendido del ejercicio público del sacerdocio. Una investigación de la Iglesia había descubierto más de 20 víctimas de Precht, desde los 15 hasta los 35 años de edad. Sin embargo, Precht ahora podría volver a oficiar misas, dijo Ezzati; así volvería a adquirir «su ejercicio fundamental de los derechos que tiene como presbítero»." [21]

La tolerancia de Ezzati hacia Precht y hacia todos los condenados por abuso sexual se refleja en el más reciente documento de los obispos chilenos sobre la política de la Iglesia en relación con los abusos sexuales: "Cuidado y Esperanza. Líneas guía de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar los casos de abusos sexuales a menores de edad". El documento de 80 páginas, que fue hecho público en 2015, se compromete al cuidado pastoral de las víctimas y la protección de los menores. Sin embargo, lo que falta dice mucho. No tiene ninguna cláusula sobre la aplicación del principio de «tolerancia cero» establecido por el Papa Francisco desde el comienzo de su mandato. En cambio, les otorga a los obispos la opción de imponer diferentes sanciones al clérigo culpable. [22] El documento tampoco contiene ningún mandato para que los obispos informen de los delitos sexuales a la justicia civil; en su lugar, se les recuerda a las víctimas y a sus parientes que es su responsabilidad hacer la denuncia [23] . Por último, el protocolo se abstiene de mencionar la responsabilidad de la Iglesia acerca de las reparaciones a las víctimas. En el párrafo que aborda el tema de la reparación, se señala que la responsabilidad recae sobre el clérigo que ha sido declarado culpable [24]. El documento es una muestra palmaria de la disonancia entre la Conferencia Episcopal Chilena y el "principio de tolerancia cero con los abusos" definido como el curso de acción debida por la cabeza de la Iglesia Católica.

Con fecha 12 de Enero del 2018, Ezzati, el líder más importante de la Iglesia Católica en Chile se refirió en los siguientes términos a lo publicado por BishopAccountability.org "Frente a todos los abusos puedo decir personalmente que he tenido siempre una claridad muy grande y he actuado siempre con mucha verdad y con mucha conciencia, a pesar lo que digan algunas mentes desquiciadas en Estados Unidos". [25]

El 18 de mayo del 2018, Ezzati enfrentó su primera actividad pública tras participar en el encuentro de los obispos chilenos con el Papa Francisco, quienes pusieron su cargo a disposición frente a los casos de abusos sexuales reconociendo un "clima de cuestionamiento doloroso que vive la iglesia de Chile". En esa ocasión, preguntado acerca de los encubrimientos de los abusos sexuales cometidos por Fernando Karadima y otros sacerdotes, el prelado sostuvo: "son una novedad para mí" [26] , olvidando que desde el 2013 son públicos los correos electrónicos entre él y el cardenal Errázuriz que dan cuenta de las acciones de ambos destinadas a impedir la asistencia de Juan Carlos Cruz , víctima de Fernando Karadima, a la Conferencia Episcopal Anglófona y a la Comisión Pontificia de previsión de abusos sexuales en Roma, como si no comprendiese que su conducta es encubrimiento y obstrucción de la justicia.

Si bien, estas no son las únicas acciones cuestionables de Ezzati, las aquí referidas son suficientemente elocuentes y relevantes en la vida nacional para ser obviadas por este Congreso. Ninguna de ellas, es propia de una persona "notable" o "destacada", que esté al servicio de Dios y de los hermanos; que tenga con la comunidad nacional una vinculación real; cuya actividad se traduzca en un beneficio efectivo y relevante para el país, o que destaque por lo bueno, beneficioso o ejemplar de su actuar.

Por el contrario, las mismas han sido de relevancia nacional por lo negativo, perjudicial y mediocre de su conducta. Reprochables sin duda, tratándose de un Cardenal que durante los años 2010 al 2016 ha sido el Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, organismo encargado de discernir y proponer las principales directrices referidas a la evangelización y a la educación religiosa en Chile, por lo cual continuamente se abordan temas como la manera de evangelizar, la situación socio-económica del país y otras problemáticas coyunturales. Y que es justamente la entidad que elaboró el criticado documento "Cuidado y esperanza. Líneas guía de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar tos casos de abusos sexuales a menores de edad", que constituye evidencia cierta de su desobediencia al Papa Francisco.

En virtud de todos los antecedentes antes expuestos, los senadores abajo firmantes venimos en proponer el siguiente Proyecto de Ley:

PROYECTO DE LEY Artículo único: Revóquese la concesión de la nacionalidad chilena por especial gracia a Ricardo Ezzati Andrello"

(Fdo.): Ximena Rincón González, Senadora de la República.- Adriana Muñoz D’Albora, Senadora de la República.