Labor Parlamentaria

-Que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Brito , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de dos días, a contar del 30 de mayo de 2018.

-Que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Espinoza , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de tres días, a contar del 30 de mayo de 2018.

-Que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Schalper , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de dos días, a contar del 31 de mayo de 2018.

-Que acredita que se ha otorgado licencia médica a la diputada señora Cariola , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de tres días, a contar del 4 de junio de 2018.

-Que acredita que la diputada señora Troncoso ha justificado su inasistencia a las sesiones que se celebren entre el 5 y el 7 de junio de 2018, por impedimento grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación.

-Que acredita que la diputada señora Hertz ha justificado su inasistencia a la sesión celebrada el día 1 de junio de 2018, por impedimento grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación.

-De la diputada señora Núñez , doña Paulina , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, el 31 de mayo de 2018, por medio día.

-Del Jefe de la Bancada de Diputados de Renovación Nacional por la cual informa que el diputado señor Torrealba reemplazará al diputado señor Celis, don Andrés , en la Comisión de Ciencias y Tecnología.

-Del Jefe de la Bancada de Diputados de Renovación Nacional por la cual informa que el diputado señor Celis, don Andrés , reemplazará al diputado señor Torrealba en la Comisión de Cultura y de las Artes.

XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.

ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIONES

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Celso Morales .

El señor MORALES.-

Señora Presidenta, el proyecto de ley que figura en el punto 9 de la Cuenta, que modifica la Ley General de Educación, se está enviando a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Señor diputado, por algún motivo se ha enviado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero debería remitirse a la Comisión de Educación. Claramente, tiene sentido enviarlo a esta última instancia.

Averiguaremos por qué se decidió remitirlo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, en la reunión de Comités de hoy en la mañana abordamos el tema de no destinar más proyectos a las comisiones que se encuentran muy recargadas de trabajo, como las de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de Hacienda y de Educación.

Si fuera posible, pido enviar el proyecto a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, porque dicha iniciativa tiene que ver con los temas que aborda esa instancia.

Por lo tanto, sería más atingente enviarlo a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, toda vez que la Comisión de Educación está muy recargada de trabajo y no corresponde enviarlo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Diputada Alejandra Sepúlveda , no hay unanimidad para enviar el proyecto solo a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, entonces también podría ser enviado a la Comisión de Educación, pero para que lo revise por un tiempo acotado. Eso fue lo que conversamos en la mañana en la reunión de Comités.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

¿Habría acuerdo para enviar el proyecto a ambas comisiones?

Acordado.

Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en orden a remitir a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones los proyectos de reforma constitucional, iniciados en moción, contenidos en los boletines Nos 10692-07, 10685-07, 10281-07, 10093-07, 8751-07, 7208-07 y 7181-07, sin perjuicio de que, una vez despachados los respectivos informes, sean analizados por la comisión peticionaria.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

MANDATO A SECRETARIO DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS QUE SUPRIMEN FUERO PARLAMENTARIO

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, en el punto 7 de la Cuenta se pide el acuerdo para refundir varios proyectos de reforma constitucional que se refieren a la supresión del fuero parlamentario. Sin embargo, hay otras mociones relacionadas con el tema que no han sido incluidas, como por ejemplo, la contenida en el boletín N° 9972-07.

Conversé con el diputado René Saffirio , que es miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, respecto de que la secretaría de esa comisión haga una propuesta de fusión que incorpore todos los proyectos que tratan el tema.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señora Presidenta, formulé la petición en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se fusionaron dos proyectos, de uno de los cuales soy coautor, pero no se analizaron todos los proyectos relacionados con la materia que están en tramitación.

Por consiguiente, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para encomendar al secretario de la comisión que nos haga una propuesta de fusión de todos los proyectos que eliminan el fuero parlamentario, a fin de fusionarlos y, posteriormente, despacharlos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

¿Habría acuerdo sobre la solicitud presentada por el diputado René Saffirio ?

Acordado.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia de la diputada señora Maya Fernández y con la asistencia de la diputada señora Alejandra Sepúlveda , y de los diputados señores Barrera, Celis, don Ricardo ; CruzCoke , Flores, don Iván ; Hirsch , Ilabaca , Kuschel , Monsalve , Pérez, don Leopoldo ; Pérez, don José ; Saffirio , Urrutia, don Ignacio ; Venegas , Velásquez, don Esteban ; Vidal y Walker acordaron por unanimidad lo siguiente:

1.- Formar la tabla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento, propuesta que se acompaña en un anexo que los señores diputados tienen a su disposición en el pupitre electrónico.

2.- Votar en la sesión de hoy el proyecto de ley que establece el 24 de febrero de cada año como el Día del Futbolista Amateur (boletín N° 11328-24). Los diputados inscritos que no alcancen a hacer uso de la palabra podrán insertar sus discursos en el boletín de sesiones.

3- Guardar un minuto de silencio, en la sesión de hoy, en homenaje a don Patricio Bustos Streeter , exdirector del Servicio Médico Legal y director del Senda, quien falleció la madrugada del lunes 4 de junio.

4.- Guardar un minuto de silencio, en la sesión de mañana, en homenaje a don William Thayer Arteaga , quien falleció el pasado 28 de mayo.

5.- Guardar un minuto de silencio, en la sesión del jueves, en homenaje a los caídos en Tiananmén, en el marco de un nuevo aniversario cumplido el 4 de junio.

6.- Reenviar a la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo el proyecto de ley que regula creación y funcionamiento de las empresas de beneficio e interés colectivo (boletín N° 11273-03), para un nuevo primer informe.

7.- Recordar a la Sala que los Comités Parlamentarios le han otorgado competencia a la Comisión de Familia y Adulto Mayor para recabar antecedentes, de conformidad con la legislación vigente, respecto de la situación que afecta a una menor de origen chileno y que se encuentra actualmente en Italia, en el marco de una adopción fallida, sin que ello importe otorgarle, bajo ningún supuesto, el carácter de comisión especial investigadora.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE MÉDICO PATRICIO BUSTOS STREETER , RECIENTEMENTE FALLECIDO

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Propongo integrar la Comisión Especial Investigadora de los actos de la Administración del Estado en relación con las operaciones de mutuales y otras instituciones afines o corporaciones privadas vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, así como las eventuales irregularidades, errores, vicios u omisiones en la fiscalización de sus operaciones, con los siguientes diputados: René Alinco , Álvaro Carter , Jorge Brito , Camila Flores , Gonzalo Fuenzalida , Amaro Labra , Manuel José Matta , Hugo Rey , Alexis Sepúlveda , Leonardo Soto , Jaime Tohá , Osvaldo Urrutia e Ignacio Urrutia .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

SALUDO A AUTORIDADES DIPLOMÁTICAS DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se encuentran presentes en la tribuna de honor la excelentísima embajadora de Armenia en nuestro país, señora Esther Mkrtumyan , y el cónsul honorario de la República de Armenia en Chile, señor Eduardo Rodríguez .

La Mesa y la Cámara de Diputados de Chile les dan la bienvenida y les entregan su afecto. Tengan nuestros saludos.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN PROYECTO DE LEY REFUNDIDO QUE MODIFICA EL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES EN MATERIA DE PRÁCTICA PROFESIONAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO BOLETÍN N°s 10.307-07-1 9874-07-1 8476-07-1 7793-07-1

__________________________________________________________________

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en mociones refundidas.

Durante la discusión de este proyecto de ley, vuestra Comisión contó con la asistencia de:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

-Sr. Ignacio Suárez, Subsecretario de Justicia.

-Sr. Ignacio Castillo, Jefe de la División Jurídica.

-Sr. Álvaro Pavez, El Jefe de la División Judicial,

-Sr. Héctor Mery, Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia.

-Sra. Simone Hartard, Jefa Departamento Asistencia Jurídica de la División Jurídica.

GREMIOS Y OTROS

-Sr. Ignacio Ramírez, Presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios de la defensoría Nacional Pública.

-Sra. Zulema Díaz, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia judicial, región Metropolitana.

-Sr. Eduardo Aldunate Lizana, director de la Academia Judicial.

-Sr. Alberto Balbontín, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso.

CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE VALPARAÍSO.

-Sr. Roberto Chacón, director,

-Sra. Cecilia Cuellar, subdirectora

2)Normas de carácter orgánico constitucional.

No hay. Al respecto cabe observar que puede mover a confusión el hecho de que este proyecto de ley modifique una norma del Código Orgánico de Tribunales, en orden a estimar a que se trataría de un proyecto que debiera ser aprobado con el quórum del inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, pero en la especie no es así, y requiere sólo de quórum simple de aprobación, dado que lo que hace es modificar una norma que regula los requisitos para ser abogado , y en cuanto a la facultad que la indicación sustitutiva entrega a la Corte Suprema para practicar averiguaciones acerca de los antecedentes personales del postulante, se trata de una facultad que es exactamente igual a la que ya tiene la mencionada Corte en virtud de la norma modificada. Todo esto ha sido sostenido en numerosos fallos del tribunal Constitucional, en los cuales se precisa el alcance de la expresión “organización y atribuciones de los tribunales” algunos de los cuales señalo a continuación:

•“Por otro lado, una norma que no confiere propiamente nuevas atribuciones de las que ya están contempladas en una ley, no es materia de ley orgánica constitucional.”. (STC 701, cc. 6 y 7).

•“Constituyen materias de LOC aquellas que modifican atribuciones propias de los tribunales de justicia, especialmente, en cuanto dicen relación con los juicios de alimentos.”. (STC 329, c. 6).

•“Una norma legal regula materias propias de la ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso primero del artículo 77 de la Carta Fundamental, si amplía el ámbito de competencia que se le entrega a los juzgados del trabajo.”. (STC 1911, c. 6).

•“Las normas que otorgan nuevas atribuciones a los tribunales establecidos por la ley para ejercer jurisdicción y que modifican normas pertenecientes a la Ley Orgánica Constitucional a que se refiere el artículo 74 (77) CPR, son propias de ley orgánica constitucional, no así las disposiciones que aluden a aspectos procedimentales.”. (STC 440, cc. 6 y 7) (En el mismo sentido, STC 318, c. 7; STC 378, c. 24; STC 271, cc. 10, 15 y 16).

•“La “organización y atribuciones de los tribunales” se refiere a la estructura básica del Poder Judicial en cuanto ella no está reglada por la propia Carta Fundamental, pues dice relación con lo necesario para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. No todo lo relacionado con esta materia queda bajo el ámbito de la ley orgánica constitucional, pues la Constitución ha reservado a la competencia de la ley común los preceptos “que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra” (art. 60 Nº 3), “señalar la ciudad en la cual deba funcionar la Corte Suprema (art. 60 Nº 17) (STC 4, c. 6).”.

3)Normas de quórum calificado.

No hay.

4)Requiere trámite de Hacienda.

No requiere.

5)El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.

En sesión N° 229 de 15 de noviembre de 2016, sometido a votación general, se aprobó (7-0-0), con el voto afirmativo de las diputadas Carvajal y Turres, y de los diputados Farcas, Gutiérrez, Saldivar, Soto y Trisotti.

*************

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

A continuación se transcriben los fundamentos y texto de cada una de las mociones que se refunden en virtud de este proyecto.

Moción boletín N° 10.307-07

Diputados Patrocinantes

Paulina Núñez U.Germán Becker A.

Juan Antonio Coloma Á.Issa Kort G.

Cristián Monckeberg B.Jorge Rathgeb S. Karla Rubilar B.Renzo Trisotti M.

Modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de práctica profesional para obtener el título de abogado

CONSIDERANDO

1.Que la carrera de Derecho posee una extensión real de casi el doble de su duración. Así, de acuerdo a datos del Ministerio de Educación su término formal es es de 10,5 semestres, mientras que su duración real es de 17 semestres [1] ;

2.Que, además, en la actualidad, la práctica profesional solo puede realizarse en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la Ley Nº 17.995, muchas de las cuales se hallan con sus cupos llenos, generándose listas de espera que genera la demora en la titulación;

3.Que, por otro lado, producto de la falta de vacantes, se genera una situación en la cual los postulantes deben tomar cupos en lugares distantes a sus hogares, generándose para ellos un gasto adicional el cual, por cierto, no puede cubrirse con ingresos que provengan de la práctica, pues al servirla, estos no reciben remuneración alguna, sin contar que no se le prestan al postulante los justos reembolsos por los gastos que en su realización debe

incurrir;

4.Que, también, muchos estudiantes realizan después de su egreso diversos trabajos en el ámbito jurídico que son perfectamente homologables a la práctica profesional, los cuales no son reconocidos por la ley por el solo hecho de no prestarse ante la Corporación de Asistencia Judicial respectiva. Esta situación es explicable solamente porque en esta materia no se ha innovado en décadas y no se ha atendido a la realidad de la asistencia jurídica en el presente;

5.Que, asimismo, urge disminuir la duración real de la carrera de Derecho y simplificar la titulación de la misma;

6.Por lo anterior, el proyecto que sometemos a consideración de esta Honorable Cámara no altera el régimen actual de prácticas profesionales, sino que lo complementa habida cuenta de diversos programas en los cuales sirven los postulantes. Por ello, el presente proyecto modifica el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales entendiendo que existen dos grandes formas de realizar la práctica profesional. Una, es la práctica profesional misma, aquella en que el postulante entra a servir labores jurídicas a objeto de iniciar su ejercicio profesional de manera tutelada y supervisada, orientándose principalmente a la práctica forense; pero, también, una segunda, que consiste en la prestación de servicios que, inherentemente, lo ponen en contacto con el mundo jurídico y cumple la función de práctica para aquellos postulantes egresados que entran en contacto con áreas del Derecho que no necesariamente dicen relación con la práctica forense. Así, junto con mantener inalterada la práctica profesional que debe servirse en la Corporación de Asistencia Judicial respectiva, se incorpora la posibilidad de realizar la práctica en estudios u oficinas de abogados o en las clínicas jurídicas de las facultades de Derecho reconocidas por el Estado, cuando en ellas participen alumnos de cuarto o quinto año, entendiendo que estos últimos ya cuentan con una formación casi total de las materias que comprende el respectivo programa de estudios;

7.Además, se incorpora la posibilidad de que a los postulantes que han trabajado en fundaciones, corporaciones, asociaciones gremiales o sindicatos y que realizan labores de índole jurídica se les reconozca dicho trabajo como práctica profesional;

8.Para todos estos nuevos casos, se contempla como tiempo de ejercicio seis meses y se requerirá que en todos ellos medie una autorización del Ministerio de Justicia a objeto que éste garantice que las labores que se realicen sean idóneas y suficientes para cumplir con los estándares que la práctica profesional de los abogados requiere. A este objeto, la propuesta legal implica que el Ministerio de Justicia deberá modificar el reglamento actualmente vigente sobre prácticas profesionales para que pueda incorporar las nuevas situaciones que se proponen en este proyecto;

9.Por otro lado, el proyecto también modifica el inciso final del artículo 523, que permite que ciertos funcionarios del Poder Judicial que tengan la calidad de postulantes homologuen su práctica profesional habiendo desempeñado funciones durante al menos cinco años en cualquiera de las primeras cinco categorías del escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría. Tal disposición se ha mantenido inalterada, pero se han incorporado, además, a los funcionarios de la Administración del Estado, que estando contratados, hayan desempeñado labores jurídicas por al menos cuatro años continuos; mismo caso de los asesores legislativos o secretarios de los miembros del Congreso Nacional o de sus comités que, estando contratados por la respectiva Corporación, hayan desempeñado labores por al menos cuatro años;

10.Finalmente, el proyecto de ley considera dos artículos transitorios que permiten, por un lado, operativizar lo prescrito por él en tanto no se hayan adecuado los reglamentos respectivos, encomendándole a la Corte Suprema el otorgamiento de las autorizaciones; y extender los beneficios de esta ley a quienes, al momento de su entrada en vigencia, cumplan con los requisitos de las normas que este proyecto consagra. La selección de estos casos de retroactividad se ha realizado teniendo en cuenta la naturaleza de dichas actividades, las cuales se caracterizan por tener una orientación del trabajo a lo jurídico verificable sin necesidad de un programa detallado para desarrollar la práctica. Así, quedan acogidos a este beneficio los funcionarios de la Administración del Estado, del Congreso Nacional y del Poder judicial, indicados en el presente proyecto de ley; y quedan fuera los programas de prácticas en estudios u oficinas de abogados y las de las clínicas jurídicas de las facultades de Derecho reconocidas por el Estado.

Por las consideraciones previamente expuestas, y teniendo presente que es menester ampliar y actualizar las condiciones de titulación para los egresados de la carrera de Derecho es que los diputados que suscribimos venimos en proponer a esta Honorable Cámara el siguiente

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO.- Modifíquese el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales en el siguiente sentido:

1. Reemplácese el numeral 5º por el siguiente:

“5º Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses continuos en:

a)Las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la Ley N° 17.995, circunstancia que deberá acreditarse por el Director General de la respectiva Corporación. Las Corporaciones de Asistencia Judicial, para este efecto, podrán celebrar convenios con el Ministerio Público y con la

Defensoría Penal Pública;

b)Los estudios de abogados cuenten con programas de prácticas profesionales autorizadas por el Ministerio de Justicia de conformidad al reglamento;

c)Las fundaciones, corporaciones, asociaciones gremiales o sindicatos autorizados por el Ministerio de Justicia de conformidad al reglamento, en que los postulantes hayan cumplido labores o prestado servicios de índole jurídica;

d)Las clínicas jurídicas que realizaren las escuelas o facultades de Derecho reconocidas por el Estado que contaren con la debida autorización del Ministerio de Justicia, siempre que ellas sean servidas por alumnos de cuarto o quinto año, calificación que deberá realizar el respectivo ministro de fe de acuerdo al avance académico.”.

2. Reemplácese el inciso final por el siguiente:

“La obligación establecida en el N° 5 se entenderá cumplida por los postulantes que sean:

a)Funcionarios de la Administración del Estado, que estando contratados por la respectiva repartición pública, y de acuerdo a la certificación que el ministro de fe respectivo otorgue, hayan desempeñado labores jurídicas por al menos cuatro años continuos;

b)Asesores legislativos o secretarios de los miembros del Congreso Nacional o de sus comités que, estando contratados por la respectiva corporación y, de acuerdo a la certificación del Secretario General de la Cámara de que se trate, hayan desempeñado labores por al menos cuatro años continuos;

c)Funcionarios o empleados del Poder Judicial, por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años, en las primeras cinco categorías del escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría.”.

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- El Ministerio de Justicia deberá adecuar los reglamentos respectivos dentro del plazo de 180 días hábiles siguientes a la publicación de esta ley. Mientras el Ministerio de Justicia no reglamente las condiciones necesarias para que las instituciones aludidas en los literales b), c) y d) puedan obtener las debidas autorizaciones, la Corte Suprema podrá otorgarlas, bajo las siguientes condiciones:

i. Para el caso de los literales b) y d), las instituciones deberán presentar un proyecto general de programa de práctica profesional, que al menos exponga los objetivos, áreas de práctica y actividades que comprenda dicho programa; ii. Para el caso del literal c), las instituciones deberán presentar una exposición detallada de las labores que realizan o de los servicios que prestan, donde acrediten que los postulantes ponen en práctica efectiva conocimientos técnicos de índole jurídica.

La Corte Suprema se pronunciará en Tribunal Pleno respecto de cada una de las peticiones de autorización que se le formularen, acogiéndolas, rechazándolas o formulándoles observaciones las que deberán ser absueltas hasta dentro de 15 días hábiles contados desde que le sean notificadas a la institución respectiva. Vencido dicho plazo y no habiéndose absuelto las observaciones, se entenderá por ese solo hecho rechazada la solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO.- Quienes al momento de la entrada en vigencia de esta ley hayan cumplido con el requisito de tiempo de práctica que exige la ley y se encuentren en el caso del literal c) del numeral 5º del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales o hayan cumplido con lo prescrito por el inciso final de dicha norma, podrán acogerse a lo prescrito por esta ley.

Moción boletín N° 9874-07

Diputados Patrocinantes

Guillermo Ceroni

F.Daniel Farcas G.

Hugo Gutiérrez G.

Jorge Insunza G.

Cristián Monckeberg B.

Yasna Provoste C.

René Saffirio E.

Leonardo Soto F.

Arturo Squella O.

Modifica el Código Orgánico de Tribunales, en Cuanto al Requisito de Práctica Profesional para Obtener el Título de Abogado.

Boletín N°9874-07

FUNDAMENTOS. El artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, regula los requisitos para obtener el título de abogado. El N°5 de ese cuerpo legal, establece que para ser abogado se requiere haber cumplido satisfactoriamente la práctica profesional durante seis meses, en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la ley N°17.995.

En los últimos años, la realidad y los diversos testimonios que hemos recibidos, nos han mostrado lo difícil que resulta para los egresados de derecho o licenciados en ciencias jurídicas, poder cursar la práctica profesional; ello debido a la complejidad que implica para ellos tener que compatibilizar el trabajo con la práctica, y con la consiguiente dificultad que ello genera, sobre todo si se debe mantener o ayudar económicamente a la familia.

El inciso final del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, establece que la obligación de cursar la práctica profesional, se entenderá cumplida por los postulantes que sean funcionarios del Poder Judicial durante cinco años, y que se encuentren en las primeras cinco categorías del escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría.

Consideramos que no resulta razonable, y que incluso podría ser discriminatorio que esta excepción sólo se aplique para los funcionarios de un sólo Poder del Estado, ya que existen muchos funcionarios, empleados o trabajadores de la Administración del Estado, y del Congreso Nacional, que han cursado la carrera de derecho, y que no han podido titularse, básicamente por lo difícil que resulta conciliar el ejercicio de sus funciones con la práctica profesional.

Este proyecto viene a establecer un trato justo con todos aquellos servidores públicos, funcionarios o trabajadores que se desempeñan en la Administración del Estado y del Congreso Nacional, que muchas veces con gran sacrificio y abnegación intentan terminar la carrera de derecho o realizar la práctica profesional, para poder obtener su título, pero que en el día a día les resulta imposible, porque deben compatibilizarlo con cumplir adecuadamente sus respectivas funciones.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, es que esta iniciativa busca modificar el inciso final del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, a fin de incluir a los funcionarios o empleados de la Administración centralizada y descentralizada del Estado, y del Congreso Nacional, en la excepción de homologar el requisito de la práctica profesional, si han desempeñado funciones por un año; este mismo plazo se establece para los funcionarios del Poder

Judicial.

Es por eso que sobre la base de estos antecedentes y fundamentos venimos en proponer el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

ARTÍCULO ÚNICO.- Introdúzcase la siguiente modificación al Código Orgánico de Tribunales: sustitúyese el inciso final del artículo 523 por el siguiente:

“La obligación establecida en el N°5 se entenderá cumplida por los postulantes que sean funcionarios o empleados de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, por el hecho de haber desempeñado sus funciones por un año.”.

Moción boletín N° 8476-07

Diputados Patrocinantes

Manuel Rojas M.

Nino Baltolu R.

Enrique Estay P.

Issa Kort G.

Gustavo Hasbún S.

Javier Hernández H.

David Sandoval P.

Carlos Vilches G.

Gastón Von Mühlenbrock Z.

María José Hoffmann O.

Modifica el numeral 5 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, en lo referido a la práctica profesional

La práctica profesional deI los alumnos que egresan de las distintas instituciones educacionales del país, ya sea institutos, centros de formación técnica y/o universidades se configura como una instancia de máxima importancia, ya que los futuros profesionales tienen la posibilidad de desarrollar aptitudes y habilidades que le permitan ser competentes en el venidero campo laboral que integraran.

En el ámbito de los postulantes de la carrera de Derecho, la práctica profesional debe realizarse en las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial, por un período de seis meses ya que es un requisito obligatorio para optar al título de abogado según lo dispone el numeral 5 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales.

Cabe hacer presente, que este requisito trae aparejado a una serie de deficiencias en el sistema como demoras en la asignación de los lugares de destino, infraestructura insuficiente y problemas de seguridad, esto si lo sumamos con el aumento de egresados de las escuelas de derecho, genera indiscutiblemente una problemática de gran envergadura a quienes deseen postular al titulo de abogado.

A raíz de esta situación, diversas entidades han manifestado su interés en suscribir convenios para recibir a postulantes distintas a la Corporación, de manera tal que puedan cumplir con su práctica obligatoria en otros organismos corno el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, así lo establece además el mismo numeral 5 del artículo 523 de Código Orgánico de Tribunales. A pesar de que la ley permite la celebración de convenios con tales organismos, en la práctica resulta ser de muy poca utilidad, esto es debido a la naturaleza de tales instituciones, ya que conllevan una gran responsabilidad para todos y cada uno de los funcionarios que la ejecutan, al ser materia penal se configura como una labor que debe ser realizada por personas de la mas alta competencia y conocimiento con el fin de no ocasionar perjuicios tanto a la víctima como al imputado en los procesos Penales.

Es por esto que se torna imperioso modificar el numeral 5 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales con e! fin de dar la posibilidad de que los egresados de la carrera de derecho de las distintas universidades reconocidas por el Estado en el país, puedan realizar sus prácticas profesionales en otras instituciones públicas dirigidas a la labor social y que sea orientada a dar también una satisfactoria competencia y habilidades personales a quienes en un futuro se relacionaran con el mundo profesional del derecho.

PROYECTO DE LEY

Modifíquese el numeral 5 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo único: Agregase después del.punto final (.) de la palabra "Pública", la siguiente frase:

"Así mismo, podrán las Corporaciones celebrar convenios con otras instituciones u otros organismos públicos del Estado para los efectos de cumplir satisfactoriamente con la práctica profesional exigida."

Moción boletín N° 7793-07

Diputado Patrocinante Gaspar Rivas S.

Sobre convalidación de prácticas profesionales

Honorable Cámara de Diputados: Antecedentes

1.-Con la promulgación de la ley 19519, del 16 de Septiembre de 1997 que creó el Ministerio Publico, la función investigativa, radicada hasta la promulgación de dicha ley, en los tribunales del Crimen, pasó a radicarse en esta nueva institución de carácter constitucional que ejerce una función judicial como resulta la de investigar.

2.-Que parte de la función judicial, esto es, el ejercicio de la función investigativa, se encuentra radicada en los funcionarios del Ministerio Público pertenecientes a los estamentos auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales, quienes realizan, como tareas esenciales, labores de tramitación de causas penales, con lo que se hace aún más plausible equiparar las funciones que se cumplen al interior de las fiscalías a las propias de una práctica profesional, en el ámbito de la justicia.

3.-Importantes razones de economía hacen procedente que los propios funcionarios de una Fiscalía cumplan su práctica profesional al interior de las mismas, evitando la pérdida de horas hombre en que incurre la Fiscalía al otorgar autorización de permisos para que los funcionarios cumplan con la mencionada práctica profesional en lugares diversos y distantes sus puestos de trabajo.

En virtud de lo anterior, vengo en presentar a este Honorable Cámara de Diputados

PROYECTO DE LEY

Introdúzcanse la siguiente modificación en el Art. 523 del Código Orgánico de Tribunales:

Art. 523. Para poder ser abogado se requiere:

1° Tener veinte años de edad;

2° Tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad, en conformidad a la ley;

3° No haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva;

4° Antecedentes de buena conducta.

La Corte Suprema podrá practicar las averiguaciones que estime necesarias acerca de los antecedentes personales del postulante, y

5° Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la Ley N° 17.995, circunstancia que deberá acreditarse por el Director General de la respectiva Corporación. Las Corporaciones de Asistencia Judicial, para este efecto, podrán celebrar convenios con el Ministerio Público y con la Defensoría Penal Pública. Un reglamento determinará los requisitos, forma y condiciones que deban cumplirse para que dicha práctica sea aprobada. La obligación establecida en el N° 5 se entenderá cumplida por los postulantes que sean funcionarios o empleados del Poder Judicial, por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años, en las primeras cinco categorías del escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría. La misma obligación establecida en el Na 5, se entenderá cumplida por aquellos postulantes que sean funcionarios o empleados del Ministerio Público en los estamentos de auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales el hecho de haber desempeñado sus funciones durante• cinco años en dicha institución.

NORMAS LEGALES MODIFICADAS.

El artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales que establece los requisitos para poder ser abogado. La norma es del siguiente tenor:

“Art. 523. Para poder ser abogado se requiere:

1°) Tener veinte años de edad;

2°) Tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad, en conformidad a la ley;

3°) No haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva;

4°) Antecedentes de buena conducta.

La Corte Suprema podrá practicar las averiguaciones que estime necesarias acerca de los antecedentes personales del postulante, y

5°) Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la ley N° 17.995, circunstancia que deberá acreditarse por el Director General de la respectiva Corporación. Las Corporaciones de Asistencia Judicial, para este efecto, podrán celebrar convenios con el Ministerio

Público y con la Defensoría Penal Pública.

Un reglamento determinará los requisitos, forma y condiciones que deban cumplirse para que dicha práctica sea aprobada.

La obligación establecida en el N° 5 se entenderá cumplida por los postulantes que sean funcionarios o empleados del Poder Judicial por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años, en las primeras cinco categorías del escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría.”.

II.- DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.

En sesión N° 229 de 15 de noviembre de 2016, sometido a votación general, se aprobó la idea de legislar (7-0-0), con el voto afirmativo de las diputadas Carvajal y Turres, y de los diputados Farcas, Gutiérrez, Saldivar, Soto y Trisotti.

Sesión N°189 de 18 de mayo de 2016

El director de la Academia Judicial agradeció la invitación. En primer término, señaló que de los diversos programas que otorga la Academia, uno de ellos es el de formación, al cual en promedio postulan 340 abogados, para un cupo máximo de 24 participantes para el escalafón primario. Se seleccionan entre 16 a 20 postulantes, se hacen pruebas de conocimientos jurídicos, con casos, y otros no necesariamente de conocimiento jurídico. Lo que se ha detectado en este universo, en general, en promedio y como un proceso que se ha ido agudizando, lleva 6 años como director, es que se ha ido deteriorando la capacidad analítica y de conocimientos de los abogados. A pesar que el instrumento de medición ha sido estable, se ha variado la estadística en función de cortes, a fin de intentar que sólo los hábiles puedan acceder, y no tener que completar la totalidad de disponibilidades con postulantes no idóneos. En las entrevistas a los mejores, las dificultades en oratoria y exposición escrita en análisis de casos ha sido una cuestión hecha presente.

Asimismo, otro de los programas que otorga la Academia son los cursos de capacitación, siendo una de las fuentes de requerimiento lo planteado por los jueces, qué necesitan ellos para llevar a cabo de mejor forma su labor. Ahí ocurre un nuevo levantamiento de información hacia la Academia, pues desde lo que informan los jueces, para conocer sus necesidades de capacitación, ellos reportan que tienen dificultades para conducir los juicios por la acción o defensas de los abogados, en algunas ocasiones que impiden corregir los procedimientos, e incluso actuar de oficio. Esa apreciación sobre mala gestión de los abogados litigantes es amplia, con la excepción hecha hacia la calidad de la actuación de los defensores licitados en materia penal. Ellos son bien evaluados tanto por los jueces como por los fiscales, su contraparte. Esa es la visión que se puede tener.

Realizando un juicio genérico sobre la mala preparación de los abogados, en cuanto a las destrezas asociadas a la litigación, la opinión que puede dar, respecto de los proyectos presentados, está mediada por cuáles son los objetivos que persiguen alcanzar. Se le entregó un resumen de los fundamentos de las mociones (minuta), pero no le quedaba claro si el objetivo propuesto era producir un desahogo o descarga en la presión o sobrecarga de egresados que postulan a los servicios que da la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), ya que hay una cantidad mayor de postulantes. Si ese es el objetivo, no hay mucho que decir, pues los proyectos sirven a ese fin.

Si en cambio lo que se quiere es especializar, el ejercicio de la profesión es amplio, pero si aún se tiene en cuenta que lo central de la profesión del abogado es la defensa de derechos de las personas en juicio, si uno se concentra ahí, en ese borde con el ejercicio ilegal de la profesión, en el ejercicio profesional ante la judicatura, los boletines no van en la dirección correcta, pues no lo dicen relación con la adquisición de destrezas para actuar en juicio. La experiencia en asesoría no judicial de un estudiante de derecho puede ser valiosa, pero si no está asociada a análisis de presentación de acciones judiciales escritas, u orales que se han incrementado en el último tiempo, los proyectos no parecen contribuir a aquello que distingue a la profesión del abogado de las demás profesiones.

En la opinión pública, en la prensa, se escucha una crítica ácida hacia los jueces por su trabajo, pero recordó que cuando se tramita un juicio, los jueces son una parte de la maquinaria, la otra son los abogados, pero si se tiene buenos jueces y malos litigantes, el resultado no es bueno, puede ser deplorable para todos.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso (“el decano”), antes de iniciar su exposición, aprovechó de recordar que con esta misma fecha se firmó el decreto por el expresidente Ramón Barros Luco, que creó el curso de leyes en Valparaíso, que es el certificado de nacimiento de esa Facultad. Por ello, y desde esta tribuna, por el apoyo de los parlamentarios de la época, mandó un saludo a toda la comunidad de la quinta Región.

En cuanto a las mociones [1], creía que la discusión cabía refundirla en la N°10307, por resultar más abarcadora. Hizo presente que es profesor de derecho procesal, por lo que le corresponde pasar esta parte poco glamorosa del derecho procesal orgánico. En esa línea, también le corresponde hablar sobre los abogados.

En relación a este artículo, cabía revisar algunas cosas previas, tales como el encabezado del artículo 523, “para poder ser abogado”, hay dos formas verbales juntas, podría eliminarse “poder” a fin que la frase sea directa “para ser abogado”. Esta es una buena oportunidad para adecuar la redacción. Además, el número primero, el requisito de tener 20 años, quizás en otra época ello era posible, los jóvenes o niños podían saltarse cursos, pero eso ahora cuesta explicárselo a los alumnos, se podría aprovechar la oportunidad para corregir ello.

Yendo derechamente al asunto, había que revisar la afirmación relativa a que la práctica profesional retarda el proceso de titulación. Cuando se habla de la duración de la carrera, entre que se ingresa y el egreso, en promedio es siete semestres, pero no imputaría la tardanza en la titulación a la práctica, que es de seis meses, sino a la tardanza en tener que atreverse a dar el examen de grado, y aprobarlo. Tal vez eso cabe tenerlo presente para dar las culpas donde correspondan.

Sin perjuicio de ello, consultó estas mociones con el departamento de clínica jurídica de la facultad, que mantiene el consultorio de clínica jurídica integrado por cuatro o cinco profesores, que atienden las prácticas concretas de las personas que les consultan, a fin de lograr una retroalimentación para esta exposición. En principio, parecía una propuesta correcta y válida, sin perjuicio de lo del examen de grado, siquiera en parte para aliviar el período de práctica profesional, que retarda en seis meses la titulación. Es buena cualquier iniciativa para aliviar en parte esa exigencia, considerando que en muchos casos, implica para muchos estudiantes el tener que incurrir en gastos para cumplir esta exigencia. Por ejemplo, alguien de Valparaíso que se desplaza a Casablanca tiene que financiar con recursos propios tal desplazamiento, a fin de satisfacer la necesidad de cumplir el requisito de práctica, a la que cumplir el deber estatal de asistir a las personas de escasos recursos.

Planteó, o preguntó, cuáles son los propósitos específicos que a nuestro juicio tiene la práctica profesional. Por un lado, atender gratuitamente los requerimientos judiciales de las personas con escasos recursos, para atender sus necesidades de tramitación judicial, y en segundo lugar, permitir que los egresados de derecho complementen su formación académica, la mayoría de las veces teórica, abstracta, con una práctica real, donde se enfrenten a casos reales, a personas de carne y hueso que requieren su atención, de modo que desde ese punto de vista, no parece que el legislador haya sido caprichoso para disponerlo como requisito para ser abogado.

Hay una cuestión social con una necesidad de conocimiento práctico, ahí hay una experiencia más rica que aquella de la sala de clases. Estimó que cabía preguntarse si acaso tenía importancia conservar este requisito en los términos que se está aplicando, o si debe eliminarse, si cabe dejar en manos de cada universidad el definir si entrega a sus estudiantes una experiencia práctica, más allá del conocimiento de las aulas. Estimó importante esta culminación, a modo de formación que deben tener los estudiantes. La idea es ver si es conveniente mantener un sistema judicial gratuito, que atienda a personas de escasos recursos, y si acaso mantener un régimen de ese tipo a cargo de los estudiantes de derecho.

Destacó el carácter judicial, para diferenciarlo de la función jurídica. El director de la Academia Judicial ya lo planteó, resulta que es distinta la naturaleza de la experiencia que se tenga en el plano judicial de la que se tenga en otros planos de la actividad jurídica. Bajo esa lógica, le parecía que no es homologable cualquier experiencia jurídica que haya tenido cualquier estudiante de derecho, con la experiencia adquirida en las prácticas judiciales, pues por más importante que sean los trabajos que desempeñaron como funcionarios o empleados de una entidad pública o privada cumpliendo labores jurídicas, la experiencia cumpliendo una función judicial cumple otra finalidad.

Desconocía si había estudios, pero quien pretende estudiar derecho lo hace teniendo en vista el abogado litigante, que labora en los tribunales de justicia, a un u otro lado del mesón del tribunal, esa experiencia para quien ejerce como abogado litigante, esa experiencia es diferente a un asesor legislativo, a pesar del respeto que tiene por esa labor legislativa.

Es diferente enfrentarse a un caso real, a una persona con una familia que tiene un problema y trabajar para solucionar su problema, con una entrevista, a veces se debe escuchar la historia de la vida, para sacar lo que sirve para el caso de aquello que no es relevante, luego preparar la estrategia para el caso concreto, pedir las pruebas, y luego enfrentar a la contraparte, que no tienen por qué ser deferente con uno, no tiene por qué tener compasión, esa experiencia enfrentada a los jueces, algunos que no tratan muy bien a los que son noveles, esa experiencia es muy distinta a la que se tiene en una oficina o en el ámbito parlamentario.

La práctica debe mantenerse, debe tener esa función, y tal como está planteada, esa homologación para con los funcionarios judiciales, atiende en el mundo ‘tribunalicio’. En esa línea, que la práctica profesional sea en el ámbito judicial, el proyecto amerita observaciones.

Así, sus propuestas serían con el numeral 5°, mantendría la letra a), b), c) reemplazar "jurídico" por "judicial", pero el reglamento debe disponer un sistema de control riguroso, para que se cumpla efectivamente la función judicial que se espera, pues las entidades ahí descritas pueden cumplir muchos roles.

Respecto de los literales b) y c), el reglamento debe establecer un sistema de control muy riguroso del cumplimiento de los requisitos por esas entidades, para tener por consumada la práctica profesional. Se trata de evitar simulaciones o falsedad ideológica. El control o sistema debe ser riguroso, pues incluso podría haber emprendimientos en este tema, como quien emprende interrogando para preparar exámenes de grado, se podría tener una empresa para dar estos certificados.

Respecto al literal d), reemplazaría el verbo "realizar" por "mantener".

Respecto del inciso final, haría las siguientes observaciones: Mantener la letra a), cambiando “jurídicas”, por “judiciales”; eliminaría la letra b), salvo que el funcionario haya desempeñado labores judiciales durante el plazo legal, salvo que el funcionario del Congreso se dedique a funciones judiciales, si hay procuradores en el Congreso para ello, valdría; y fijaría el plazo de 5 años de desempeño en labores judiciales para ambos casos, para igualarlo al requisito impuesto para los funcionarios judiciales, o bajaría el plazo para estos.

El director de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso (el director CAJValpo [4]) señaló que compartían el diagnóstico de la Academia Judicial y del decano, que en general ha bajado el nivel de los postulantes que se está recibiendo. Quizás es más atenuado en las universidades que han tenido tradicionalmente escuelas de derecho, pero otras también han creado escuelas y tienen los problemas.

Algunas privadas si han tenido un buen estándar, buen nivel. Dicho eso, lo que caracteriza a la Corporación es que se ofrece una oportunidad de litigación, que es lo esencial de la profesión de abogado, preparar un litigio, trabajar en equipo, armar un juicio y presentarlo después a un tribunal, conocer esa tensión en el espacio y el contenido forma al profesional, que es lo que se requiere para ser abogado. Los abogados trabajan para evitar los litigios, ya sea asesor o litigante.

Entonces la experiencia de litigación que ofrece la CAJ es algo formativo, se aprende haciendo las cosas, quien prepara un juicio, aprende a enfrentar al tribunal, que es una cuestión dinámica, los postulantes tienen esquemas, pero no es posible sortear la audiencia, pasa de todo, si no se tiene solidez, si no tiene claro el juicio, se naufragará inevitablemente.

La CAJ es un organismo público interesante, que no siempre se le aprecia. Ha habido proyectos para cambiar las corporaciones, quizás en cada gobierno, pero al enfrentarlo con la realidad, todo se vuelve complejo, porque se tramitan 32.000 juicios durante un año, a un costo aproximado de $120.000 por juicio, incluido todo. Es un costo bajísimo, competitivo. Si se agrega que se dan 150.000 consultas, eso en el sector privado tiene un costo. Se da un servicio masivo, de bajo costo y de buenos resultados, 85 87% de buenos resultados o avenimientos. Se litiga en corto tiempo, es una experiencia intensa, formativa, que lo somete a un estrés desde el inicio, no es comparable con las prácticas de las clínicas en las universidades, se tiene una carga masiva, esa experiencia es única.

Lo otro es que se toma contacto con la gente de escasos recursos, con los pobres del país. Se conoce una realidad que en general está escondida, tanto en materias de familia, laboral, civil, se enfrenta todos los días problemas complejísimos, se adquiere una experiencia que no es menor, y ello es valiosísimo.

Se plantea que la práctica debiese ser remunerada por el Estado, pero resulta que ahora se discute por educación gratuita, quizás será sólo con menos costo, o quizá gratuita, y por eso el país tiene derecho a pedir ese pequeño esfuerzo.

Pero no se puede depender del esfuerzo de los postulantes, y por eso, de 100 audiencias cerca de 80 la llevan abogados, y van solo los estudiantes en menos del 20%. En algunas van ambos.

La litigación es lo distintivo de las corporaciones, y en ese sentido, se ha enfatizado el punto para que adquieran las destrezas en juicio, las destrezas para atender el caso, eso es fundamental para las personas, pero este proyecto privaría de esa experiencia, que no es menor, que tiene que ver también para el momento de ejercicio profesional incluso de asesor, fuera del ámbito forense, pues se puede redactar un contrato, pero al revisarlo se plantea siempre en cuanto al posible cuestionamiento judicial.

Se debe dejar claro que esencialmente no afectaría tanto la disminución de postulante. Solo en Valparaíso las listas son cortas, dos meses, pero no las hay en Coquimbo ni Atacama. Se concentran más postulantes en ciudades grandes, y menos en los territorios lejanos, donde no se puede ser asesor del Congreso Nacional o del poder judicial. Si ya cuesta llevar profesionales, más cuesta llevar postulantes. Refirió que él venía de la región de Atacama, donde no hay postulantes, solo se trabaja con los abogados, solo en Copiapó hay postulantes.

Facilitar la titulación sin atender a esta experiencia, acentúa el problema de baja calidad formativa. En su opinión, priva de experiencia, es regresiva, y no se le da la formación a una cuestión tan compleja como la de ser abogado.

El director CAJValpo señaló que en promedio había 1,5 abogados por alumno. Su situación es diferente a la Metropolitana, donde podría haber una mayor cantidad de postulantes. En la CAJValpo se da una formación en al detalle, hay una etapa de apresto, luego se entra a cosas prácticas, redacción de demandas, preparación de audiencias, y al final se lleva lo que se tiene a cargo, y todo eso a cargo de abogados.

Cuando termina la práctica, se evalúan muchos aspectos, lo que lo hace el abogado guía y por el subdirector de cada región, la nota final la resuelve la dirección regional. La evaluación es un informe sobre un caso destacado que le haya tocado dirigir. Es un proceso bastante controlado.

El decano señaló que el N°5 del 523 señala que las CAJ ya pueden celebrar convenios con las defensorías y el Ministerio Público. La cuestión es saber qué hacen en las defensorías o el Ministerio Público, pues la cuestión es si tienen vinculación con el ejercicio judicial, está bien, pero si trabaja en la oficina de parte, no tiene mucho sentido.

Entendía que no había una unanimidad sobre la relevancia de la práctica profesional. No sabía si llegó un boletín que aparentemente estuvo avanzado, en tanto integrante del directorio de la CAJValpo, si se presentó un proyecto en estudio donde se estimaba, consideraba la idea que las CAJ se profesionalizaran al 100%, se dedicaran únicamente a la atención de personas de escasos recursos, y se prescindía de los egresados de derecho, y los egresados no iban a cumplir este requisito en estas CAJ.

En un congreso de decano en la Universidad Austral, hubo decanos que opinaban que como facultad no les resultaba relevante tener que formar a sus estudiantes en esas habilidades prácticas, pero otros estimaban que sí era necesaria tal experiencia. Ese es un tema que no es unánime.

El director de la Academia señaló que sin perjuicio de comprender lo planteado, le parecía que la excepción a favor de los funcionarios judiciales ya estaba consagrada. No sería popular en sus destinatarios, pero estaba de acuerdo en que la excepción estaba mal fundada, pues trabajar en el poder judicial no aseguraba el conocimiento que se busca.

Era singular que en las demás profesiones a uno le preguntan, pero en juicio uno tiene que saber preguntar, tiene que soportar el estrés, que no es lo mismo que tener un jefe. En el caso de la Academia es doblemente grave, pues la persona ve reconocido el tiempo como tiempo de práctica, y lo que hará es postular inmediatamente al ciclo formativo para ser juez, puede calificar, cumplir los cursos, y será juez sin haber litigado nunca en la vida, y lo que se sabe, es que quien nunca ha litigado no entiende de qué se trata un litigio, de los diversos intereses que están envueltos, los abogados tienen problemas con quien no ha litigado, porque no los entiende.

En cuanto al arquitecto o ingeniero, la función del abogado es cercano a piloto de avión o el médico, nadie se subiría a un avión o entraría a pabellón si le dicen "tiene la práctica acreditada", él ha mirado muchas operaciones. No nos damos cuenta que los bienes en juego son la vida o los bienes de una persona. Si a alguien le quitan un hijo por una decisión judicial, esa persona podría decir que prefiere caerse a un avión si se llevan a su hijo a Inglaterra, y ello dependerá de la defensa de los derechos en el juicio.

La CAJ une virtuosamente la atención a escasos recursos con la práctica. Aun si no existiera la necesidad social, si todos tuvieran un voucher para contratar servicios de abogados profesionales, igual se requiere tener práctica profesional.

El Decano señaló que aunque no había conversado el punto con el director de la Academia, tenía apuntada la frase que ‘si no ha volado nunca, no es confiable subirse a ese avión’. En cuanto a las categorías de los oficiales del poder judicial, estaba de acuerdo con la aprehensión planteada, pero siempre tuvo la idea que esa referencia a las categorías era hacia los actuarios o proveedores, que son personas que suben en jerarquía en el tribunal, e incluso empiezan a dictar resoluciones.

Los ejemplos planteados por el diputado, claro, si trabaja en el área de computación, no sería homologable con la función judicial, pero el que toma el comparendo, atiende el mesón, podría entenderse. Con todo, quitar un derecho adquirido, es algo bastante complejo.

El director CAJValpo señaló que estaba cien por ciento de acuerdo con el director de la Academia, como equivalente, la práctica foral para los abogados era a los médicos el paso por el pabellón, ahí se aprende la profesión, la profesión de abogado es algo complicado. Al no haber preparado un litigio se expone a todo, se expone a que cualquier cosa pase ahí. Atenuar eso va en la dirección opuesta, se baja el umbral.

Sobre cómo era la práctica con los colegios de abogados, cuando estaban a cargo era una cuestión pequeña, de dos abogados en Atacama, 10 a 20 horas a la semana, pero ahora se tiene 25, y el volumen es distinto, los juicios eran escritos y más lentos. En esa época, las personas de escasos recursos tenían poco defensa. Las personas hoy están encima pidiendo resultados pronto, y se debe resolver.

Sobre los seis meses de práctica, se ha flexibilizado para situaciones especiales. El que está casado, con hijo, se le facilita ir al consultorio dos días a la semana, o tres, o flexibilidad en los horarios, la cuestión no es aplicar tabla rasa a todo el mundo, porque la cuestión es lograr los objetivos formativos.

En cuanto a los convenios, hay con defensoría y fiscalía, se acuden cuando hay lista de espera, pero la nota final la sigue colocando la CAJ, ahí hay coordinación, y la cuestión es que se hagan tareas propias de abogado, y no administrativas. No hay que tener dudas en el punto.

Sobre el origen de la asistencia a las personas de escasos recursos, históricamente eso nace como una retribución a principios del siglo XX del Colegio de Abogados, de que en ese tiempo los estudios universitarios eran gratuitos, y el estudio de abogado tiene cierta sensibilidad social, era una forma de retribuir a la sociedad mediante esta función social, ahí está el origen histórico de esto.

La institución del abogado de turno es distinta al de la práctica, son profesionales recibidos, son turnos de un mes, y lo es por todo el proceso, pero los jueces tienden a nombrar en el turno a abogados noveles. El colegio de abogado hizo una presentación ante la OIT porque el turno era una suerte de trabajo forzoso, desconocía el resultado de esa presentación.

El director de la Academia señaló que desde el punto de vista de la práctica profesional, fue un error, quizás por temas prácticos, sacar la jurisdicción penal de la práctica, pues ahí es donde más se testea la destreza de litigación oral, se pudo pensar en otra fórmula, y por eso se ve a la CAJ un poco constreñida en ese ámbito.

La masificación no ha incidido sola en la baja de la calidad. El gran problema de la masificación es que ha incidido en la baja de exigencias, para adecuarse a los estándares de esta masificación. Recordó que cuando él ingreso a estudiar, la tasa de retención era 25-30%, hoy es de 80%. Antes los alumnos que eran reprobados hoy tienen que ser aprobados, y ello da cuenta de una universidad que tenía fama de ser muy complicada, exigente.

Se ve la práctica como forma de ofrecer un servicio a la comunidad, y eso podría ser correcto para el caso en Chile, pero la práctica sigue siendo necesaria, pues el egresado tendría que pagarla pues se le da una formación, no es que simplemente se le pone a trabajar, el tutor lo va instruyendo. Si se le paga, cabría que reconocer que él adquiere un conocimiento que tiene valor, y en una de esas tendría que pagar por obtener ese conocimiento.

En cuanto al carácter de carga pública de la práctica, hay constituciones que contienen normas generales de cargas públicas, cuando se es llamado a servir una carga pública, hay reglas que en el fondo a la persona se le compensa de alguna manera. El típico caso es el del servicio militar, donde al llamado al servicio se le conserva el empleo.

Sesión N° 192 de 7 de junio de 2016

Para continuar la discusión de este proyecto se le entregó la palabra al Presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, señor Ignacio Ramírez, quien informó que venía acompañado de Zulema Díaz, Dirigente Nacional de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, pero que vienen en representación de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaria de Justicia, Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, Asociación de Funcionarios de la Fiscalía, Asociación de Funcionarios del Congreso Nacional y Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública.

El señor Ramírez señaló que este proyecto busca lograr el anhelo de homologar la práctica profesional con el ejercicio profesional desempeñado en las instituciones que representan:

Para comenzar hizo alusión a la norma del Código Orgánico de Tribunales y el DS 265/85, que establece una discriminación en favor de los funcionarios del Poder Judicial al establecer como requisito para el título de abogado el:

“Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la Ley N° 17.995, circunstancia que deberá acreditarse por el Director General de la respectiva Corporación. Las Corporaciones de Asistencia Judicial, para este efecto, podrán celebrar convenios con el Ministerio Público y con la Defensoría Penal Pública. Un reglamento determinará los requisitos, forma y condiciones que deban cumplirse para que dicha práctica sea aprobada.

La obligación establecida en el N° 5 se entenderá cumplida por los postulantes que sean funcionarios o empleados del Poder Judicial, por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años, en las primeras cinco categorías del escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría.”

Es decir, destacó que se da por cumplida esta obligación a los funcionarios del Poder Judicial en las primeras cinco categorías, las cuales incluyen cargos administrativos.

La señora Díaz añadió que esta norma en la práctica significa una tremenda discriminación que no tiene una justificación técnica. Destacó que la práctica profesional tiene un objetivo social -proveer asistencia jurídica para quienes no pueden costearla- y uno docente -aplicar los conocimientos jurídicos aprendidos-. En su opinión, los funcionarios que se han desempeñado en estas instituciones hacen un tremendo esfuerzo y ya han prestado servicios al Estado, cumpliendo así el primer objetivo social. Más aún, cuando se compara y se advierte la similitud con los funcionarios del Poder Judicial que sí pueden acceder a esta homologación, que son funcionarios que realizan labores administrativas o técnicas, pero que igualmente aplican conocimiento jurídico. En suma, permitir la homologación corregiría la discriminación y reconocería la labor de estos funcionarios. De lo contrario, los funcionarios tienen que solicitar seis meses sin permiso de sueldo y no les parece justificado.

El señor Ramírez complementó informando que actualmente los funcionarios están obligados a pedir permiso sin goce de sueldo por estimarse que hay un choque con el principio de probidad, lo que además genera que no ostentan calidad de estudiante ni de trabajador, no contando con seguros en caso de accidentes profesionales. A ello se suma la dificultad económica para costear esos meses de práctica profesional.

Es por ello que proponen recoger los elementos contenidos en estos proyectos y añadir la siguiente norma:

“La misma obligación establecida en el N° 5, se entenderá cumplida por aquellos postulantes que sean funcionarios o empleados de las siguientes instituciones; Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, Corporación de Asistencia Judicial, Subsecretaria de Justicia y Congreso Nacional. En los estamentos de auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales; mismo caso de los asesores legislativos o secretarios de los miembros del Congreso Nacional o de sus comités, el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años en dicha institución en materias de apoyo al ámbito jurídico.

Esta última condición debe ser certificada mediante resolución fundada por el respectivo Jefe de Servicio o el Secretario General de la Cámara de que se trate y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, según corresponda.”

Para cerrar informó que recientemente sostuvieron una reunión en la Subsecretaría de Justicia, en donde se les comentó que la principal complicación sería distinguir qué funcionario tenía una función jurídica. De ahí que se plantee que sea el jefe del respectivo servicio el que certifique esta condición.

Sesión N° 226 de 25 de octubre de 2016

Ignacio Ramírez, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (en adelante, el “presidente de la Asociación”)[5] , señaló que al estudiar los hechos, hoy en el poder judicial no solo se permite a los funcionaros hasta la quinta categoría convalidar su práctica profesional, sino a quienes trabajan en la justicia militar asimilándoles funciones, y a algunos cargos que se desempeñan en la nueva justicia.

El objetivo de la práctica, que está en un decreto de 1985, es cumplir una función social, y una segunda función es didáctica, ‘soltar la mano’, conocer el ámbito jurídico, y ambos objetivos se cumplen por quienes prestan servicios que sean de índole jurídico.

Por ello, la propuesta es promover una modificación al artículo 523, para permitir que aquellas personas que terminan una carrera de derecho, que postulan a las prácticas de la Corporación de Asistencia Judicial (en adelante ‘CAJ’), cuestión por la que pueden pasar algunos meses antes de ser asignados, permitir que la CAJ suscriba convenios para que el campo de práctica sea más amplio que el que hoy los postulantes tienen.

Los argumentos a favor de esta propuesta consisten en que el Gobierno a través del Instructivo Presidencial de buenas prácticas laborales, promueve la profesionalización de los funcionarios, pero hoy existe una barrera para los funcionarios y funcionarias públicos que han logrado culminar estudios profesionales de derecho para obtener su título, pues deben compatibilizar la práctica profesional con el hecho de tener que acceder a un permiso sin goce de remuneraciones por seis meses. La actual norma promueve la postergación de la práctica y titulación, debido a que muchos funcionarios deben atender sus necesidades y responsabilidades parentales.

En tal sentido, actualmente existe un convenio entre las CAJ y el Ministerio Público, y con la Defensoría Penal Pública, para la realización de prácticas en dichos servicios, en los cuales los postulantes cumplen las mismas funciones que los funcionarios técnicos y administrativos que podrían optar a la homologación.

De reconocerse los años de servicio, al igual que a los funcionarios del poder judicial, se generará un reconocimiento explícito al esfuerzo financiero y de tiempo, que las familias de funcionarios y funcionarias han realizado durante a lo menos 5 años.

Por último, esta medida favorece a un gran número de funcionarios sin representar un mayor gasto fiscal, y tiene que ver con reconocer que el ejercicio de la profesión de abogado tenía que ver con la litigación, pero hoy ser capaces de entender que cualquier actividad que se haga dentro de un servicio público en materia jurídica, es posible reconocerla como una actividad apropiada para convalidar la práctica profesional.

A lo largo de esta idea se ha conversado con diversos actores, la CAJ que es el órgano que visa la realización de las prácticas hoy tiene convenios reconocidos con el MP y la Defensoría penal. Los egresados de derecho acuden a estos servicios y hacen las mismas funciones que se verían beneficiados con este boletín.

En el camino, y después de la primera presentación, hubo una reunión con la Corte Suprema, y su presidente compartía que era una discriminación frente a algunos funcionarios, y con el cuestionamiento del tiempo para postular a la práctica, y su ejecución, que es trabajar seis meses a costa de cada egresado de derecho, se debe prestar servicios y deben asumirlo como costo personal, movilización, etc. Una alta preocupación, pues dependiendo comuna o región, había problemas que no hay postulantes que quieran asumir este rol, y las causas tienen alta rotación de postulantes, no van a hacer prácticas a lugares alejados. Y por otro lado, todos quieren hacer las prácticas en capitales de regiones, y eso significa un impedimento más para la obtención del título.

Lo que les motivó era poder otorgar el beneficio a otros funcionarios, el Estado debía propender a la profesionalización, cinco años de servicio, un costo personal y familiar, y el tener que hacer la práctica con un permiso sin goce de sueldo por seis meses, eso era un impedimento tremendo, no pueden mantener a la familia durante ese período.

Por eso se ha permitido levantar esta propuesta, estimaban que era algo de toda justicia, favorecerá a todos los funcionarios, y no tendrá costo para el Estado.

Zulema Díaz señaló que como hoy no es un beneficio que exista, hay muchos funcionarios que nunca se titulan. Era un universo pequeño, son técnicos jurídicos quienes optan a esto, es difícil que se dé en otra profesión.

Zulema Díaz compartió la preocupación del diputado Rincón. Como funcionarios de la CAJ, evidentemente el ideal era que el servicio fuera profesionalizado, así debía entenderse el acceso a la justicia, el Estado debería siempre proporcionar asesoría mediante abogados.

Refirió que trabajaba como defensora laboral en Rancagua, y hoy con la reforma laboral no se permite actuar en estrados si no es como abogado, y los temas penales y labores, y también de familia, cuando se llevan a la litigación era injusto que una persona que accede a un abogado de servicio público, acuda con la incertidumbre de ser asistida por quien no tiene suficiente experiencia.

La verdad era que el servicio asume este rol y función, y muchas veces se ha discutido por qué a sus profesionales no se les reconoce esta función docente. Nunca ha trabajado como abogado auxiliar o abogado jefe, conoce el tema en tanto dirigente, la función docente de sus funcionarios era altamente exigente y no reconocida, y son un tremendo tema.

Hay lugares como Rancagua donde no llegan postulantes, pues no hay universidad. Llegan los que viven en esa región o que tengan interés en vivir en esa región, pero los de la ciudad viajaron a Santiago o Valparaíso, y ahí forman sus redes, todos quieren hacer sus prácticas en esos lugares.

Cuando se planteó la idea de hacer convenios, no era hacer convenios tan amplios, sino que hay un montón de otras funciones, o programas que la CAJ tiene sobre convenios de ayuda mutua, y que tiene que ver con temas como Senadis, Senama, ramas que se están empezando a ver, y en ellos sí sería factible ampliar la cobertura de prácticas. La cuestión era regular de buena manera, y proteger el acceso a la justicia de la ciudadanía.

Sesión N° 229 de 15 de noviembre de 2016

El diputado Soto (presidente accidental) señaló que el presidente titular le solicitó colocar en votación general este proyecto de ley. Una vez que retorne, dispondría la manera de trabajar para la discusión particular.

Sometido a votación general, se aprobó (7-0-0), con el voto afirmativo de las diputadas Carvajal y Turres, y de los diputados Farcas, Gutiérrez, Saldivar, Soto y Trisotti.

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Sesión N° 238 de 3 de enero de 2017

Ignacio Castillo, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, ‘el Jefe de la División Jurídica), señaló que se les había encomendado consultar con el Poder Judicial y la Corporación Administrativa, alternativas para avanzar en este tema. Se hicieron algunos trámites, algunas reuniones con incumbentes para tener una mejor propuesta, pero lamentablemente no tenía ahora todas las indicaciones para compartirlas, y por ello, pidió una semana más, la anterior fue especial por su contingencia.

En todo caso, hubo una reunión con la Corporación de Asistencia Judicial (en adelante, ‘CAJ’), donde plantearon que tenían restricciones legales para ampliar su margen de acción, y esta era una oportunidad inequívoca para que se puedan hacer prácticas en lugares tales como el CDE, y pareciera que esas alternativas permitirían cumplir con el mandato del Código Orgánico de Tribunales.

El diputado Ceroni (presidente) señaló que dado el interés del proyecto, se podría esperar una semana.

El diputado Ceroni (presidente) señaló que había diversas formas de ejercer la profesión, diversas a las que se tenían en cuenta décadas atrás. Hoy el abogado se puede dedicar a otras materias, podía ser un catedrático, podía dedicarse a la parte administrativa, y el litigio era sólo uno de los puntos.

El diputado Squella solicitó a la Secretaría que mandara un consolidado de las opiniones.

El Jefe de la División Jurídica compartió el que la facultad de generar convenios, era atribución exclusiva del Ejecutivo.

El diputado Monckeberg señaló que trabajar sobre los convenios estaba bien, pero ya se recogió una opinión sobre donde van. Lo que se ha visto, oído a los diputados, era dejar el asunto en ciertos tipos de prácticas. No le parecía que la práctica se haga de la noche a la mañana en una oficina de abogados en materias comerciales. Debía haber una función social y judicial, más social que judicial, eso la inspiró inicialmente, y así era como había sido vista.

El diputado Saldívar estimó que ocurrido este diálogo se decantaba el debate, y tocando lo puntos medulares, lo que correspondería era acotar los campos donde efectuar la práctica, y si bien los abogados tienen distintas habilidades, el alma mater era ser litigante. Se debía privilegiar ahí, sin perjuicio que luego en el ejercicio el profesional pueda no litigar efectivamente.

Sesión N° 290 de 4 de octubre de 2017.

El Jefe de la División Judicial, señor Álvaro Pavez, sobre el boletín 8.476-07, que plantea la posibilidad de que las corporaciones de asistencia judicial puedan celebrar convenios con algunas instituciones públicas a efectos de que los postulantes puedan realizar su práctica, señaló que tratándose del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública ya se encuentra consignado en la ley. Además, informó que se han desarrollado y celebrado convenios de colaboración con otras instituciones, como con el Servicio Nacional de la Mujer, por lo que la moción carecería de utilidad.

Respecto a las otras mociones, que en lo sustantivo plantean hacer extensivo el beneficio de homologación de práctica profesional de los funcionarios del poder judicial a todos los funcionarios de la administración central y descentralizada del Estado, manifestó que se trata de un asunto complejo. Recordó que el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales define a los abogados como “personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes” y, desde esa perspectiva, quienes pueden adquirir esas destrezas, desde el punto de vista del ejercicio de la función pública, son los funcionarios del poder judicial, ya que están a diario ayudando a redactar las resoluciones y recibiendo escritos relacionados al qué hacer forense.

Mencionó que la Corte Suprema ha manifestado su preocupación por la cantidad de abogados que a diario inviste y por la calidad de los mismos. Ha implementado un sistema de acreditación de ciertos requisitos en aquellos casos en que hay homologaciones de estudiantes que han finalizado sus estudios en escuelas distintas a aquellas donde comenzaron.

El diputado señor Chahin (presidente), pide al señor Pavéz que aclare la posición del Ejecutivo respecto al proyecto que en particular se está discutiendo.

El Jefe de la División Judicial, señor Álvaro Pavéz, reconoció que el Ejecutivo no tiene una posición adoptada y, por lo mismo, ha tratado de levantar una serie de aspectos que pueden ser relevantes al momento de abordar el proyecto en tabla.

El Presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, señor Ignacio Ramírez Villegas aclaró que para estos efectos también representa a las asociaciones de funcionarios de la Subsecretaría de Justicia y de la Fiscalía Centro Norte.

Sobre el fondo, hizo presente que desde el año 2015 han insistido sobre este tema con distintas autoridades y que su objetivo principal es hacer extensivo a sus representantes lo que está establecido en el inciso final del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales que, en cuanto a la práctica profesional, establece que se entenderá cumplida por los postulantes que sean funcionarios o empleados del Poder Judicial, por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años, en las primeras cinco categorías del escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría.

Explicó que la práctica profesional que actualmente se realiza en la Defensoría Penal Pública y en el Ministerio Público implica hacer exactamente la misma función que tienen los funcionarios. No obstante, por una interpretación que hizo la Contraloría General de la República, si los funcionarios quieren hacer la práctica profesional en la misma institución donde trabajan deben solicitar un permiso sin goce de remuneraciones, generándose un injusto y una compleja situación desde el punto de vista personal porque no todos tienen la capacidad para mantener a su familia por seis meses.

Señaló que la propuesta contenida en el proyecto en estudio consiste en que los funcionarios del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública puedan homologar su práctica profesional si tienen más de 5 años en la institución y, tratándose de funcionarios públicos de otras instituciones, puedan hacerlo siempre que su labores se realicen en la unidad jurídica respectiva.

Hizo presente que el Presidente de la Corte Suprema se encuentra a favor de esta iniciativa y le manifestó que, de considerarse pertinente por los diputados integrantes, estaría dispuesto a asistir a esta Comisión.

Manifestó que se trata de un proyecto que busca igualdad y justicia para muchos funcionarios públicos que por distintas razones, principalmente económicas, no han podido terminar el proceso para acceder al título de abogado y así poder, en definitiva, generar movilidad social en ese grupo de personas.

El diputado señor Chahin (presidente), sobre los convenios, aclaró que el número 5° del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales es taxativo y no meramente ejemplar al disponer que las Corporaciones de Asistencia Judicial, para efectos de la práctica profesional, podrán celebrar convenios con el Ministerio Público y con la Defensoría Penal Pública, por lo que si se pretende ampliar a otras instituciones públicas se debe modificar la norma.

Sobre el punto en discusión, consideró que hay una discriminación, ya que los funcionarios del poder judicial tienen la posibilidad de homologar su práctica profesional en circunstancias que los demás funcionarios públicos no, lo que trasunta en un estatuto privilegiado. El problema, a su parecer, se resuelve bien a través de lo propuesto en el boletín 10.307-07: “La obligación establecida en el N° 5 se entenderá cumplida por los postulantes que sean: a) Funcionarios de la Administración del Estado, que estando contratados por la respectiva repartición pública, y de acuerdo a la certificación que el ministro de fe respectivo otorgue, hayan desempeñado labores jurídicas por al menos cuatro años continuos; b) Asesores legislativos o secretarios de los miembros del Congreso Nacional o de sus comités que, estando contratados por la respectiva corporación y, de acuerdo a la certificación del Secretario General de la Cámara de que se trate, hayan desempeñado labores por al menos cuatro años continuos; y c) Funcionarios o empleados del Poder Judicial, por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años, en las primeras cinco categorías del escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría.”. Precisó que agregaría a la letra b) la expresión “jurídicas” a continuación de “labores” y rebajaría a 4 años el plazo de la letra c) para establecer un régimen igualitario.

El diputado señor Andrade, se mostró en desacuerdo respecto a ampliar las hipótesis de homologación de la práctica profesional, atendida que la considera una labor social ad honorem que hace el egresado de la carrera de derecho a aquellos que son más pobres, en retribución a sus estudios. Si bien entiende el problema gremial expuesto, le cuesta perseverar en lo que considera un error, incluso tratándose de los funcionarios del poder judicial, prefiriendo dejar sin efecto las otras excepciones y no ampliarla a más hipótesis.

Ve con preocupación que el Gobierno no tengo una opinión sobre el punto, ya que en su distrito, como en tantos otros, tienen un problema de escasez de postulantes en las corporaciones que, sumado al establecimiento de mayores homologaciones legales de la práctica profesional, terminará con el sistema de prestación de servicios gratuitos a las personas de escasos recursos.

El diputado señor Chahin (presidente), a diferencia de lo planteado por el diputado Andrade, señaló que tenía información en orden a que los egresados debían esperar más de seis meses para que se les asignara su práctica profesional y pidió al Ejecutivo aclarar la diferencia. Sin perjuicio de lo anterior, hizo presente la necesidad de avanzar hacia un verdadero acceso a la justicia para todos, mucho más profesionalizada, que realmente pueda garantizar prestaciones de calidad a los ciudadanos que no pueden pagar un abogado.

El Jefe de la División Judicial, señor Álvaro Pavéz, enseñó que en la región Metropolitana el promedio de espera para realizar la práctica profesional es de 90 días, con una demanda mayor para segunda instancia, pero en las zonas periféricas, tanto de la región como del país, la disponibilidad para realizarla es prácticamente inmediata, debido a la falta de postulantes.

Por otra parte, señaló que el Gobierno tiene plena conciencia de la necesidad de profesionalizar el servicio. Así, en materia de defensa laboral se ha avanzado a una prestación profesional de un 100% y en materia de familia a un 80% de cobertura. En la actualidad, el postulante actúa sin la presencia de un abogado sólo en materia civil, ámbito que no ha sido objeto de reformas, y en algunas actuaciones ante los Tribunales de Familia.

Manifestó que el Ejecutivo comparte la posición del diputado Andrade respecto a la función social de la profesión de abogado, ya que se trata de una persona que va a tener la carga de defender los intereses de otro en juicio. Atendida esa labor y su importancia, hizo notar la inconveniencia de seguir facilitando la obtención del título profesional.

El Presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, señor Ignacio Ramírez Villegas, aclaró que la representación que busca la ciudadanía, a través de la de las corporaciones, es la defensa de sus intereses y, según disposición legal, en los asuntos de familia, trabajo y penal se exige que esa representación este dada por un abogado. Insiste que la labor que hace un practicante en el Ministerio Público no es de litigación sino la misma función que realizan los funcionarios que representa, quienes le enseñan y lo acompañan en su aprendizaje, sin que se les permita a ellos efectuar una homologación.

Agrega que sus trabajadores son hombres y mujeres jefes de hogar, situación que les impide pedir un permiso sin goce de remuneración por 6 meses. Se trata de funcionarios que se han desempeñado en sus labores durante mucho tiempo y que, con esfuerzo familiar y de tiempo, han logrado estudiar la carrera de derecho en régimen vespertino. Insiste que la petición busca justicia, que se les dé a estos funcionarios públicos el mismo tratamiento que a los que trabajan en el poder judicial.

El diputado señor Andrade, manifestó que entiende el injusto y lo sensibiliza. Reconoció la existencia de una distinción arbitraria entre los funcionarios públicos pero insistió en cuanto a la importancia de realizar una práctica profesional como un aporte social a aquellos que requieren asistencia legal gratuita y, por lo mismo, sugirió conceder a esos funcionarios públicos el otorgamiento de un permiso especial con goce de remuneración o una práctica profesional pagada.

El diputado señor Chahin (presidente), atendido que la sugerencia implica un mayor gasto fiscal, preguntó al señor Pavéz por su disposición al respecto, ya que se requeriría una indicación por parte del Ejecutivo.

El Jefe de la División Judicial, señor Álvaro Pavez, en atención a que la práctica profesional de los egresados de la carrera de Derecho es esencialmente gratuita, previene eventuales injusticias con los demás practicantes, quienes ya han solicitado, entre otras cosas, se les reconozca su calidad de estudiantes a efecto de que puedan acceder a la tarjeta nacional estudiantil, petición que se les ha sido negada por parte de la Contraloría General de la República.

Sobre el fondo, recordó que esta práctica profesional nace con el carácter de gratuita bajo la lógica de que la educación superior también lo era, como contraprestación, misma lógica de la figura del abogado de turno.

Sin perjuicio de lo anterior, solicitó dos semanas de plazo para analizar junto a la Dirección de Presupuestos la sugerencia planteada y evacuar una respuesta.

Así se acuerda.

Sesión N° 13 de 15 de mayo de 2018.

Héctor Mery, Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, comenzó señalando que quería pedir un poquito de piedad, porque había algunos aspectos de los proyectos donde pareciera que aquí había dos ideas distintas. Una, sobre donde pueden los egresados de derecho hacer la práctica profesional y, segundo, la situación de quienes por cumplir algunas funciones determinadas en el Congreso Nacional, en la administración del Estado o los tribunales, podían verse relevados de hacer este trabajo.

La profesión de abogado era una de las pocas, o la única que tiene una práctica profesional como requisito previo a la obtención del título, no era similar a la práctica de los médicos porque eso es distinto, esa es una condición si se quiere, pero nunca es un requisito para obtener el título profesional.

Aquí si bien podemos estar de acuerdo con la primera parte del proyecto, en términos de que se flexibilizaba la redacción del Código Orgánico de Tribunales para que existan convenios, no solamente como los que admite expresamente el Código de hoy día, que eran con el Ministerio Público y con la Defensoría, sino que se pueda hacer una referencia a otras instituciones, podían desde ese punto de vista conversar y avanzar.

Donde pareciera que no estaban, para él personalmente no era convincente, era extender la exención de hacer la práctica a quienes trabajen en el sector público, en el Congreso Nacional, en los tribunales, de la administración, porque no era ahí donde se cumplía con la función que la misma Constitución Política, en el artículo 19 N° 3 hace referencia a la asistencia gratuita a quienes no pueden proveerse.

Esto es una manera, quizás, de liberar a algunas personas, que era muy respetable que tengan una expectativa de este tipo, pero ese trabajo y esa experiencia de trabajo no era asimilable. Era muy forzoso hacer una analogía con el trabajo de asistencia jurídica gratuita.

Por eso, quizás, estaban dispuestos a conversar acerca de eso, y para ello, solicitó reunirse con los asesores parlamentarios, conformar un grupo de trabajo que se junte a conversar acerca de este tema, que profundicen el debate, y hacer definiciones para que a la vuelta de la semana distrital, a la primera sesión, se pudiera exhibir un resultado para dar una orientación concreta a esto.

Ahora dos de sus hijos estaban cumpliendo el requisito de la práctica, y todos lo que estaban en la Sala, todos la habían hecho, todos los que eran abogados lo hemos hecho y no veía razón para eximirlo.

El diputado Soto señaló que la petición era atendible, pero había que tener en consideración algunas cosas. Primero, cuál era la petición hecha por los mocionantes y básicamente, por los gremios que estaban representados en esta Sala, que habían hecho un seguimiento por mucho tiempo a estos proyectos de ley, y cuál era la justificación del punto de vista social o material que ellos estaban levantando, y ese era un tema que había que tener en consideración.

Segundo, si iban a encomendarles a los asesores para que puedan hacer una revisión y hacer una propuesta, habría que entregarles también los parámetros dentro de los cuales debían moverse. El Jefe de División tenía razón cuando dijo que había que revisar cada una de las situaciones que se presentaban, pero había que tener presente que ya la ley había relativizado un poco lo que era la práctica tradicional, que era la que estaban haciendo sus hijos en la Corporación de Asistencia Judicial, pues ya era una norma vigente el que se entenderá cumplida por los postulantes este requisito de la práctica profesional, cuando sean funcionarios o empleados del poder judicial por el hecho de haber desempeñado sus funciones al interior de esas instituciones, por el lapso de cinco años siempre que sean en algunas categorías del escalafón de personal, básicamente de empleado y oficiales de secretaria.

Es decir, ya se permite que por analogía se puedan cumplir las prácticas profesionales que antiguamente se hacían sólo en la Corporación de Asistencia Judicial, en consecuencia.

Los mocionantes planteaban otras situaciones que también debieran ser consideradas para poder, eran situaciones análogas a la tradicional que estaba del poder judicial y tiene por objeto resolver un problema práctico, que era bien real. Estos proyectos buscaban beneficiar a personas que estaban trabajando ya al interior o de las Corporaciones de Asistencia Judicial, o de la Defensoría, o del Ministerio Público, donde muchos de ellos eran funcionarios de planta de esas instituciones y han estudiado derecho, estaban egresados de la carrera y no podían ellos cumplir con el requisito de práctica profesional, porque tendrían que renunciar o suspender su relación laboral durante seis meses, renunciando también a sus remuneraciones para poder titularse de abogado, porque eso era lo que exigía la norma básica.

En consecuencia, era una exigencia que prácticamente era un impedimento para que ellos se pudieran titular, porque a nadie le pueden, o sea ya era suficiente que se trabaje gratis para la Corporación, ya era exigente, pero que además le exijan que deba suspender sus remuneraciones era algo que sin duda transformaba esta situación como un impedimento completo.

Por eso ellos planteaban que se estimara también de manera análoga, cumplido el requisito de la práctica profesional por el hecho de trabajar determinado tiempo en la administración, en la Defensoría Penal pública, en el Ministerio Público o en la Corporación de Asistencia Judicial. Esa analogía, que había que tener en cuenta, le parecía que era fundamental para que los asesores puedan revisarla.

Comprendía que también había algunas situaciones que no estaban bien definidas, como por ejemplo que se defina que las personas que trabajan en estas instituciones, que hayan desarrollado labores de carácter jurídico, que era una expresión bien amplia, indeterminada y ahí los asesores los podrían ayudar, pero le parecía que debieran, por lo menos, sugerirles que sigan estos criterios, que eran los que tienen como ideas matrices las distintas mociones parlamentarias que estaban refundidas, y que tendía a compartir.

De antemano anunció que tendía a compartir el que pueda estimarse como cumplido este requisito, sobre todo para trabajadores de la Defensoría Penal Pública, del Ministerio Público y de las Corporaciones, con los requisitos que se puedan establecer.

Probablemente el que estuviera a cargo de labores menores dentro de esas instituciones no fuera el caso que estaban pensando, pero ahí estaría el trabajo de los asesores para que les indiquen cuáles serían, pero le parecía que era de toda justicia y resolvía un problema real.

El diputado Saffirio señaló que observando la norma del número del 19 N°3 de la Constitución Política, la verdad era que lo que tenían en esa norma era una disposición que le impone al Estado una carga. Entonces, si hilaban fino, la verdad era que estaban muy cerca de una norma que, incluso, se pudiera calificar como inconstitucional cuando el Estado lo que hacía era ejecutar esa responsabilidad a través de un tercero, privado, estableciendo una suerte incluso de norma casi expropiatoria, una suerte de trabajo forzado que, efectivamente, como se comentó antes, no se daba respecto de ninguna otra profesión. Ese era un primer elemento.

Junto con manifestar disposición a la reunión de los asesores, y aún a riesgo de ser reiterativo, pero en la lógica de lo planteado por el diputado Soto en el sentido de decir ‘correcto, corrijamos’, ingresaría una indicación sustitutiva a partir de lo que se había conversado con los gremios, quienes tampoco estaban muy contentos, pero era una propuesta en la medida de lo posible.

El diputado Fuenzalida señaló que todos los presentes habían hecho la práctica, así que esto no era un proyecto desconocido, en esto todos tenían experiencia. Lo segundo era que coincidía con el diputado Saffirio totalmente, siempre lo había pensado esto es una carga, era la única carga que había en Chile, la otra carga era el servicio militar, pero hoy día no se aplica, sigue siendo obligatorio, pero como se llenan las vacantes no se aplicaba como carga.

Pero esta era una carga, era un impuesto, era una carga inconstitucional, porque la obligación que tiene el Estado en la Constitución de brindar asesoría jurídica gratuita la tiene que sostener un privado que, no sabía cuántos de ellos estudiaban gratis, porque la práctica se entendía en el pasado, en la década del ‘60, en fin cuando las universidades eran 2, 4 universidades que impartían la carrera y eran gratis y claro, la práctica era una forma de retribuirle al Estado por esta educación gratuita, pero hoy día no era el caso. No sabía cuánto, por eso no tenía la cifra.

Si le dijeran el 90% de quienes estudiaban en las facultades de derecho de este país estudiaban gratis, bueno entendería que tienen que devolverle la mano al Estado, por lo menos ese 90%, pero el resto no, y no creía que fuera así tampoco. Entonces, la primera pregunta era saber por qué tenían que hacer una práctica los abogados, por qué si lo lógico era que en las universidades hubiera seis meses como ramo de práctica y que la gente cursara en la universidad la práctica y fuera un ramo eso, era lo lógico, pero porqué tenían que estar los abogados saliendo de la universidad, después de cinco años de estudios, más encima un año entero más o menos estudiando el examen de grado y más encima seis meses de práctica a favor del Estado, siendo que el Estado no había puesto ni uno en su educación.

Entonces, la primera discusión antes de ponerse de acuerdo y conversar, era saber si efectivamente tenía que existir una carga que, a su parecer, era totalmente inconstitucional, y en segundo lugar, cabía poner atención que en estos proyectos le pareció que había un tema actualmente discriminatorio. No todo el mundo tenía acceso a estudiar, a hacer una práctica en una institución pública, no todo el mundo tenía acceso en un estudio de abogados, como se planteaba a modo de hacer convenios. Era bastante discriminatorio pues la gran mayoría accedía a la Corporación, entonces, para qué establecer esas otras instituciones donde la mayoría no podrá acceder. Acá tenía que haber una igualdad para todos y no para algunos.

A modo de conclusión, señaló que partiría por la primera pregunta, si acaso se justifica o no que existiera una práctica. Si entrarían a este debate, debatir primero eso, si se justifica o no que exista una carga inconstitucional y que se le imponga a personas que no han recibido ninguna contraprestación por parte del Estado, tener que trabajar seis meses gratuitamente para satisfacer necesidades a que no estaban obligados ellos, sino que era el Estado el que tenía que procurarla, con sus recursos. Por eso la Corporación de Asistencia Judicial sí daba una asesoría gratuita a través de estudiantes, pero también daba asesorías gratuitas a personas que estaban contratadas por la Corporación, no eran puros estudiantes los que trabajaban o prestaban servicios en la Corporación.

Héctor Mery, jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que los estatutos de cada una de las cuatro Corporaciones eran diferentes, y la manera de interpretar los estatutos ha permitido, cada cual con resultados diferentes, llegar a las siguientes conclusiones.

La “Cajta”, la Corporación de Tarapacá, Arica e Iquique y Antofagasta comprendía, o sea tenía convenios para hacer la práctica con el Sernac en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, con el Ministerio Público, con la Universidad de Tarapacá, con el Sernam, con el Sename y con la Defensoría Penal Pública.

La Cajval tenía convenios con el Ministerio Público para todas las regiones que comprende la corporación, con el Sernam, con el Departamento de Asistencia Judicial Comunitario de la Municipalidad de Viña del Mar, Gendarmería, Sernac, Defensoría Penal Pública, y Sename.

La Cajmetro, que comprendía casi todo el territorio nacional, con la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, el Sernac, el Sernam, Extranjería, el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, Intendencia Regional Metropolitana, Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Servicio Jesuita de Migrantes.

En la del Biobío existían convenios, porque ellos interpretan más rígidamente sus estatutos, solamente con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública como lo dice expresamente el Código Orgánico de Tribunales.

Lo que pasaba, y que se escuchaba también, era a los egresados de derecho decir ‘por dios que cuesta encontrar un cupo en una corporación y que avancen las listas’ y todo eso, pero eso también era muy focalizado en los centros urbanos más grandes. Pero si se veían las estadísticas de ingreso acerca de la postulación en las del Norte, no era lo mismo que las de Valparaíso o en Santiago.

Escuchó con mucha atención cuando el diputado Soto hizo referencia a tener por cumplida la exigencia de la práctica, pero ahí cabía discutir la frontera entre tener por cumplida la exigencia y una exención, y eso era muy difícil de delimitar, le provocaba algunos cuestionamientos.

Y sobre las precisiones del diputado Saffirio acerca de la naturaleza de esto como una carga, pidió que no le hicieran contar el final de la película. Tenían las ganas de hacer un proyecto muy bonito acerca del Servicio de Asistencia Judicial que a futuro podría considerar la experiencia actual, y pensar la asistencia jurídica no solamente en su dimensión judicial sino que mucho mayor, pero esa era una reflexión bastante más grande de la cual, oportunamente, serían informados.

El diputado Gutiérrez (presidente) señaló que esperaban que esa reflexión se concretara en algún proyecto.

Héctor Mery, jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que se concretaría en un proyecto.

El diputado Alessandri concordó con lo dicho por el diputado Fuenzalida acerca de que la práctica era una carga, pero se iba a poner de un lado que no se ponía mucho el Congreso Nacional, por lo menos, en estos meses que llevaba acá. Se pondría del lado de los usuarios.

Le interesa mucho que el usuario tuviera una buena atención, un buen servicio, y no sabía si el servicio que recibían ahora de los postulantes era el mejor, porque un estudiante recién egresado no era quizás el mejor para hacer una posesión efectiva, para ayudar en un trámite de divorcio, para todos esos trámites, pero sí le interesaba que existía una gran cantidad de gente que confiaba en ese servicio. Le tocó hacer la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial de Puente Alto, la más grande del país, 100 postulantes trabajaban al mismo tiempo y se hacían más de 400 atenciones al día.

Entonces, la pregunta era si estaba el Estado preparado para absorber toda esa demanda, si acaso estaban los dineros, estaba en la capacidad para crear un servicio nuevo, porque lo peor que podría pasar era que con esta exención de esta carga, se dejaran botadas a esas miles de personas que su única posibilidad de entrevistarse con un, por decirlo de alguna forma, proyecto de abogado, con un postulante, era en la Corporación de Asistencia Judicial. Solo en Puente Alto eran 400 atenciones al día.

Concordó en que era una carga, pero la cuestión era cómo se salvaguardaba el derecho de los usuarios.

Zulema Díaz Castro, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (ANFUC), señaló que, efectivamente, pidieron que se presentara esta moción, que nació a partir de la necesidad suya de poder facilitar efectivamente, y hacer un poco de justicia respecto de nuestros asociados, con una norma que ya existía.

Aquí no estaban pidiendo, en el fondo, que se les diera un beneficio respecto de sus asociados, sino que simplemente estaban diciendo que se pusiera término a una discriminación odiosa que hoy día existía respecto de sus funcionarios y de los funcionarios del poder judicial. Pero, aparentemente, aquí se estaba confundiendo más allá de su solicitud.

Efectivamente aquí lo que pretendían no era que se quiten las prácticas profesionales, sino que respecto de sus funcionarios, en particular de los servicios que representaban, y que llevaban más de cinco años de servicios, es decir, cumplían el mismo requisito que los funcionarios del poder judicial, pudieran eximirse de la práctica profesional de seis meses, por todos los argumentos ya señalados acá por los diputados.

Por lo tanto, era importante mantener eso en claridad, porque efectivamente el alcance de la práctica, claramente ellos como funcionarios de la Corporación consideraban en su lucha que, ojalá, esto efectivamente fuera un servicio profesionalizado, que efectivamente fuera el Estado el que se hiciera cargo de la defensa y del acceso a la justicia de la ciudadanía que no cuenta con recursos propios, y no que dependa de alumnos en práctica.

Pero ese era un debate mucho más largo y distinto a lo que estaban planteando. Por lo tanto, le parecía que juntarlo en una misma idea, en un mismo proyecto, sólo los entramparía respecto de lo que ya habían planteado y que llevaban larga data discutiendo y solicitando.

Estimaban que esto, tal como lo habían planteado, podía tener una fácil tramitación, porque no significaba ningún recurso para el Estado y, muy por el contrario, también significaba un beneficio para los funcionarios, que ya eran funcionarios públicos con 5 años de servicio, a lo menos, y no significaba ningún detrimento para la Corporación, ninguna carga.

No es fuera tan significativo el número de funcionarios públicos que hagan su práctica profesional como para pensar que se va a disminuir lo que ahora existía, sin perjuicio que, en su parecer y también en la opinión generalizada de los dirigentes, de los funcionarios de la Corporación, efectivamente creían que el Estado debía hacerse cargo de esto, precisamente, a través de la asignación de recursos para poder contratar a los profesionales que se requieren, y no precisamente a través de esta mano de obra que está invisibilizada, con los alumnos en práctica.

Ignacio Ramírez Villegas, presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, señaló que estaban hace un par de años siguiendo esta idea de poder homologar lo que ya tenía el poder judicial.

Además, el poder judicial ya hizo extensiva esta disposición para otros funcionarios del poder judicial. Lo hizo con la justicia militar y también los tribunales reformados, garantía a los tribunales oral en lo penal, familia y trabajo, que no estaban considerados inicialmente, así que se ha ido extendiendo esta condición de sólo por cumplir cinco años…

El diputado Gutiérrez (presidente) consultó cómo lo había hecho.

Ignacio Ramírez Villegas, presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, señaló que mediante auto acordado se permitió las otras disposiciones. Lo que ahora sucedía en la realidad, era que los funcionarios debían solicitar un permiso sin goce de remuneraciones, tal como lo señaló el diputado Soto, y no todas las personas estaban en condiciones de estar así seis meses. Además que muchos de estos funcionarios eran jefes o jefas de hogar, que tenían una carga económica y familiar, que no podrían sustentar sin tener un ingreso.

A su vez, al no tener un vínculo laboral con el empleador por un permiso sin goce de remuneraciones, se veían expuestos a los riesgos laborales, porque si por ejemplo tienen un accidente, no van a estar cubiertos por la ley de accidentes del trabajo que tiene el resto de los trabajadores, o, en el caso de los estudiantes, el seguro escolar.

Por ello era que habían sido insistentes en que los funcionarios, ya fuera de la administración pública como estaba en las propuestas la diputada Núñez y del diputado Saffirio, se les reconociera algunas condiciones, o sea, que el funcionario que cumple funciones jurídicas con algunos requisitos regulados por alguna autoridad, fuera certificados por el jefe de servicio, por el ministro de fe.

Sesión N° 15 de 29 de mayo de 2018.

Héctor Mery, jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recordó que hacía dos semanas pidió autorización para tener una reunión con los asesores parlamentarios. Previo a eso, el viernes de aquella misma semana se reunieron con algunas de las asociaciones que estuvieron presentes en esta Comisión. Intercambiaron algunas ideas, y estimó que se fueron convenciendo de que había algunos aspectos en que ellos tenían la postura que era atendible, y el martes pasado se reunió con los asesores. De todos los que estaban acá, echó de menos al asesor Aldunate, pues tenía compromisos ineludibles que atender fuera del territorio de la región Metropolitana, así es que a pesar de eso, pudieron hacer un trabajo que fuera satisfactorio para él, a pesar de su ausencia, o en el fondo gracias a ella.

El punto estaba en lo siguiente. Las reformas que de acuerdo con el tenor de las indicaciones, de las propuestas legislativas que se habían presentado, se referían al artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, particularmente a su numeral quinto y a su inciso final. El numeral quinto dispone que las corporaciones a que se refieren la ley 17.995 y 18.632, esa era una de las reformas, incluir la 18.632 porque es la que estableció la Corporación de Tarapacá, que no estaba incorporado en el texto vigente. A su vez, el numeral hacía referencia a la posibilidad de que las corporaciones puedan celebrar convenios con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, y se extendía a otros organismos, servicios e instituciones que con arreglo a la ley o sus estatutos prestaran asistencia jurídica o judicial gratuita.

Cuál era el matiz. Aquí se extendía en el Código Orgánico la posibilidad a que esto fuera prestado a través de servicios u organismos estatales o instituciones, entendiendo instituciones o entidades sin fines de lucro, a corporaciones. Todos conocían algunas experiencias de este tipo, como la Fundación de Asistencia a la Familia, o que puedan haber en el futuro, pero lo que era central es que su finalidad, según su ley orgánica o según sus estatutos, fuera prestar servicio de asistencia jurídica o judicial. Hacía el distingo entre jurídica y judicial, porque perfectamente podía haber asistencia en el orden legal que no significara patrocinio o representación de intereses en juicio.

Otro añadido era que los convenios tienen que celebrarse, no bastaba con la firma del director ejecutivo, sino que tenía que haber un previo acuerdo del consejo directivo de cada uno de las Corporaciones, estas corporaciones tienen un consejo directivo, el equivalente a un directorio, que es el que tendría que validar este acuerdo.

El inciso segundo estaba exactamente igual, sobre que será el reglamento el que fije los requisitos, formas y condiciones. Obviamente si esta reforma era aprobada, habrá un reglamento que en este aspecto se haga cargo acerca de cómo se deben materializarse estos convenios, tanto con entidades públicas como con entidades del orden privado. Cuando hablaban de estas instituciones, se referían a instituciones privadas.

El último punto era el que particularmente le generaba más dudas, pero conversándolo con las asociaciones y sus representantes, y haciendo un ejercicio de apertura de mollera, que en su caso era muy difícil, pero logró dominar su indócil carácter, fue extender la posibilidad que ahora se concedía únicamente a los funcionarios del poder judicial, a aquellos funcionarios o empleados del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Corporaciones de Asistencia Judicial hacia quienes puede tenerse por cumplido el requisito de la práctica, respecto de ellos, en la medida que se reúnan tres requisitos.

Haber servido, primero, cinco años en la institución; segundo, haber desempeñado funciones de orientación jurídica o de asistencia judicial, por al menos, seis meses dentro de dicho período. Usaban la frase ‘orientación jurídica’, porque había una primera versión que decía ‘asesoría’, pero el único que podía hacer asesorías era un abogado, orientación más bien dice relación con lo que esperaban de una práctica, que es consejo al público, advertencias, recomendaciones, y no cuestiones que fueran puramente del orden administrativo, rutinario, que sirve únicamente al interés del servicio al cual pertenecen.

La idea era que los postulantes en este periodo, o en este plazo más corto de los cinco años, por lo menos seis meses, los destinen a atender público vía presencial, vía call center pero sin desatender sus obligaciones, y sin que se produzca un fenómeno que ellos mismo decían acá, que tenían que cesar en su desempeño profesional por seis meses con merma de sus ingresos, de sus expectativas legítimas y apartarse de su trabajo por el hecho de trabajar. Para ello podían asumir una línea de trabajo de ese tipo, y no tenían la obligación de hacer la práctica.

La acotación hacia el Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial, el por qué a estos tres y no a todos los demás organismos del Estado, porque no todos los organismos del Estado tienen una vocación de atención al público directo en materia de consejería legal. Si creían que esa opción no era suficiente, siempre existirá la posibilidad de hacer efectivamente la práctica en los términos del convenio que se dispone en el numeral quinto vigente.

La tercera exigencia era observar una buena conducta funcionaria, un estándar que era exigible a todos los funcionarios y no veían por qué no incluirla.

Esa era la línea general, reconociendo que siempre se podía avanzar un poco más y que tenían en mente hacer una cosa bastante más ambiciosa. Pero para hacer frente al problema actual, en los términos que estaban hablando, que era la posibilidad del convenio y la posibilidad de hacer ‘como que se hizo la práctica’ pero siempre asociado a una conducta concreta y determinada, no solamente a trabajar en una institución, haberla desempeñado en las condiciones que se señalaban y por los plazos que aquí se señalaban en un área de servicio a la comunidad en el orden legal, la orientación del proyecto era ese.

La propuesta de indicación era el resultado de varias conversaciones que habían tenido. Agradeció la generosidad de los parlamentarios de la Comisión y de sus asesores al manifestar sus puntos de vista.

Simone Hartard Cazenave, jefa del Departamento de Asistencia Jurídica, señaló que de ese departamento dependen las Corporaciones de Asistencia Judicial. Estuvieron trabajando en esta propuesta de indicación, un poco bajo el principio orientador de que la práctica profesional tenía dos principios. Por una parte, en la asistencia jurídica a las personas que más lo necesitaban, y por otra, poner en práctica los conocimientos que los egresados adquieren en la universidad. Desde esa perspectiva, la orientación de las instituciones, la regularización que se hizo, los requisitos que se establecieron, se pensaron en esa línea, en responder a cuáles eran los objetivos que se establecían tras el reglamento de la práctica profesional, un poco resguardando siempre ese principio orientador.

La diputada Núñez señaló que hacía ya un par de sesiones tomó la palabra, precisamente, para rescatar estos proyectos que tenían junto, además, a otros diputados, y que pudieran en ese minuto cierto fusionarlos, y de esa forma flexibilizar, quizás esa era la palabra, flexibilizar las prácticas profesionales de los futuros abogados para nuestro país. Se produjo, efectivamente, una reunión con el ejecutivo y agradeció que el ejecutivo en la persona de Héctor Mery reconociera que había una apertura en poder sacar adelante este proyecto, porque al final del día, eso hablaba bien de este trabajo en conjunto que, además, históricamente se había llevado a cabo en esta Comisión.

Si bien tenían una indicación sustitutiva que fue presentada en esa reunión con el ejecutivo, ahora no solamente valoraban la indicación que estaba presentando el ejecutivo, sino que hacía un llamado a que votaran esta indicación. A grandes rasgos, la diferencia para no centrarse en lo que obviamente convergían, la diferencia que existiría era que en su indicación si contemplaban, por ejemplo, las clínicas jurídicas de las facultades de derecho. Se imaginó que para la mayoría de los que eran abogados, trabajaron o prestaron en algún minuto servicio a las clínicas jurídicas de sus universidades, y personalmente no tenía ese razonamiento respecto de que había algunas clínicas jurídicas buenas y otras malas, porque en definitiva eran universidades que igual otorgaban el título, y al entrar en esa discusión se tendría que incluso discutir que la Corte Suprema debiera otorgar o no el título a esas mismas universidades.

Al sacar las clínicas jurídicas, con lo que ya estaban flexibilizando la postura, pero conservando los convenios con la corporación como forma para que se prestara servicio tanto en el Ministerio Público, en la Defensoría Penal Pública, y en definitiva en todo organismo, entendiendo por supuesto que la asistencia jurídica o judicial fuera gratuita, les dejaba conforme.

El diputado Saffirio señaló que con la propuesta estaban estableciendo, en el fondo, dos categorías de funcionarios públicos, los de la Defensoría Penal Pública, los del Ministerio Público y los demás, que los dejaban excluidos de la posibilidad de que, cumpliendo los mismos requisitos que los funcionarios del Ministerio Público, de la Defensoría pudieran, quienes hayan cumplido labores propias de la profesión por un periodo de cinco años, tener por cumplida la obligación de la práctica.

Estimó que ahí estaban generando una suerte de clasificación o, claramente, una discriminación entre funcionarios públicos. Pensaba, por ejemplo, en un funcionario del Servicio Nacional del Consumidor que trabajaba en el servicio, pero que además prestaba asesoría judicial ante los reclamos de los consumidores respecto de la provisión de un servicio o la calidad de un determinado producto, y que lo acompañaba al tribunal a hacer la denuncia, en fin, cumplía alguna función judicial.

Así podía haber muchos casos, incluso en los términos en que estaba la propuesta de indicación, de funcionarios de la Defensoría Penal Pública o del Ministerio Público que no cumplían ninguna función de asesoría jurídica, ni judicial. La pregunta en ese caso era si una secretaria administrativa tendría esta misma garantía. Sin duda debían tener el grado de licenciado en ciencias jurídicas, pero si acaso aplicaría o no.

El diputado Díaz reconoció no haber sido parte de la discusión de este proyecto que venía de hacía largo tiempo, pero tenía algunas dudas. Le hacía sentido lo planteado por la diputada Paulina Núñez respecto de las clínicas jurídicas, ahí se prestaba asistencia judicial gratuita y pareciera razonable su homologación. Pero al final todo esto era un parche, porque cabía recordar acá que en su momento, hace unos 6 años, 8 años, la diputada Marisol Turres y otros más, él mismo, plantearon en el primer gobierno del presidente Piñera la necesidad de crear un servicio de asistencia judicial que se mencionó, si no se equivocaba, en la presentación que hizo el ministro Larraín.

Sería bueno también saber si el gobierno tenía contemplado ir en esa dirección, por qué hacer recaer la asistencia judicial a la población que no tiene acceso a asistencia jurídica, en postulantes. Eso siempre había sido siempre un problema, no resolvía las necesidades de asistencia judicial de la población. Creía recordar que el Ministro algo dijo al respecto, pero sería bueno que Héctor Mery, que además era un ex comisionado constituyente, dijera en qué estaban.

La diputada Núñez sentía que cada vez que se pretendía que toda una idea saliera adelante, al final no salía nada, porque efectivamente en ese punto llevaban años discutiendo a través de la representación de otros parlamentarios, en esta propia Comisión, el poder flexibilizar las prácticas profesionales de los estudiantes de derecho. Hoy tenían todo tan reducido, siendo además que a todo esto, el derecho había ido mutando, había ramas del derecho que habían ido saliendo de la práctica. Estimó que la mayoría de lo que hoy se veía en las corporaciones eran cambio de nombres, y antes obviamente se veía todo un procedimiento penal, laboral, de familia, cuestiones que habían ido saliendo de la Corporación. Y al revés, habían ido aumentando las aulas, las universidades, las facultades, las escuelas de derecho.

Este proyecto efectivamente, más que un parche, sí se hacía cargo de ampliar, de flexibilizar y de llegar de esa forma a quiénes tienen, estaban trabajando en definitiva en el Ministerio Público, en la Defensoría Penal Pública y en estos organismos. Quiso insistir con el tema de las clínicas, pero con ese hincapié, o sea, si ahora podían avanzar en estos tres organismos dejando las clínicas al lado, no se iba a detener en las clínicas jurídicas con tal de poder aprobar la indicación.

Siguiendo el punto del diputado Saffirio, claro que se van dejando de lado algunos, porque en cierta forma en algún momento tiene que cortarse el tema. En particular, se refería a los profesionales del propio Congreso Nacional, me refiero a los profesionales de algún servicio de algún organismo del Estado que no tuviera convenio. No sabía si ahí había ánimo para poder ampliar eso, dejando de lado las clínicas o derechamente quedarse con esta indicación como estaba. Ella avanzaría en eso, y sí trataría de ampliarlo a otros organismos y al Congreso Nacional en otra oportunidad.

El diputado Saffirio señaló que un grupo de asesores de distintos sectores también, habían estado trabajando en esta indicación, la cual quería invitar a que la presentaran. En su propuesta se sustituye el numeral 5 por el siguiente:

‘haber cumplido satisfactoriamente con una práctica profesional desarrollando labores propias de la profesión bajo las siguientes modalidades:

a)en las corporaciones de asistencia judicial,

b)en las clínicas jurídicas que realizaren las escuelas o facultades de derecho acreditadas pertenecientes a universidades con acreditación institucional,

c)por un lapso de un año’.

La propuesta original incluía realizarla en estudios de abogados y fundaciones de asistencia, pero era mejor eliminar la expresión ‘estudios de abogados’, porque el concepto de estudio de abogados que puede tener era muy amplio, los estudios en Santiago, o instituciones grandes, respetables, no eran situaciones transversales a lo largo del país y ni siquiera en Santiago. De perseverar en ella, matarían la obligación de la práctica profesional, porque al final, aunque sonara feo decirlo, algunas distinguidos abogados van a terminar vendiendo el certificado y el postulante se va a ahorrar los seis meses o el año de práctica, por eso se eliminaba esa parte de la propuesta. Así, solo quedarse con las fundaciones de asistencia jurídica que gocen de personalidad jurídica.

Después se sustituía el inciso segundo por el siguiente:

‘un reglamento determinará los requisitos, forma, condiciones, labores propias’, es decir, se abocada a las cuestiones más bien formales.

En un punto 3, se reemplazaba el inciso final por el siguiente:

‘la obligación establecida en el número 5 se entenderá cumplida por los postulantes que hayan cumplido labores propias de la profesión, por un periodo de cinco años:

a)siendo funcionarios de la administración del Estado, de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio Público, situación que certificará, el superior jerárquico, siempre que hayan cumplido labores propias de la profesión,

b)respecto de quienes hubieren sido contratados por cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional, por uno o más parlamentarios, o por los comités parlamentarios, circunstancia que certificará el respectivo ministro de fe, y

c)por quienes sean funcionarios o empleados del poder judicial por el hecho de haber desempeñado sus funciones en las primeros cinco categorías”, etc.

Esa era la indicación. Estimó que el sentido del debate que ha habido respecto de este proyecto había sido esta propuesta, por lo que invitó a patrocinarla.

La diputada Núñez señaló que la propuesta del diputado Saffirio había sido parte inicial de la conversación, y por ello al final solo habían quedado con las alternativas concretas que ahora se proponían desde el ejecutivo.

El diputado Díaz señaló que no quería ser entrópico, pero le gustaba más la indicación del ejecutivo. Entrópico y contradictorio, porque el ejecutivo no le gustaba, pero por ejemplo no le parecía que los parlamentarios también fueran, en este caso, certificadores del cumplimiento del requisito. Eso iba a terminar en un escándalo en algún momento, alguien podría pensar mal de los diputados con injusta razón, o sea, sin fundamento, pero podía llegar a ocurrir.

Por ello, estimó que esto tenía que ser un poquito más acotado. Tampoco le gustaba lo de los estudios, le parecía bien lo de las clínicas, porque ahí sí se prestaba asistencia judicial gratuita, que era el verbo rector de la indicación del ejecutivo en un estudio, porque el que va a un estudio, el estudio cobraba por eso. Pero que ya hasta los parlamentarios pudieran dar por convalidada la práctica, le parecía que además de un riesgo, era demasiado.

Enrique Aldunate, asesor de la bancada socialista, señaló que entendía que esta regla, que estaba vigente en el Código Orgánico de Tribunales, era una regla que había que interpretar a la luz de otras reglas que existen en nuestro sistema jurídico.

Estimó que la regla acá fundamental que había que tener en consideración, era la que emanaba del propio artículo 19 N°3 de la Constitución Política, que dentro de los derechos fundamentales establece que así como se asegura a todas las personas, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, a reglón seguido establece que la ley debe arbitrar los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría de defensa jurídica gratuita a efectos de ejercer la acción penal reconocida por la constitución y la ley.

Entonces, dos cuestiones. El Código Orgánico de Tribunales era de la década del ‘40, por lo tanto, si quisieran hacer la vinculación con la constitución de 1925 no tendrían una regla análoga sobre una obligatoriedad de procurar a ciertas personas defensa jurídica. Pero no obstante eso, la ley que estableció este requisito en el Código, cuando se crearon las Corporaciones de Asistencia Judicial, estas vinieron a ser una sustitución de lo que era el régimen que el Colegio de Abogados en su tiempo, cuando había colegiatura obligatoria, cuando existían otros estándares éticos más altos, no planteaba que no los tuviera actualmente, tenía un estándar ético bastante alto, pero lo que pasaba es que ahora la adscripción era voluntaria, y obviamente las medidas que se aplicaban, también eran obviamente aplicables a las personas que se sometían, como en su caso, voluntariamente a ese estándar ético.

Entonces, en esa lógica entendía que la regla constitucional los orientaba para determinar lo que tiene que hacer la ley, que era garantizar asesoría, defensa jurídica a quienes no pudieran procurárselo, y eso era contrario a la ampliación de, eventualmente, otras personas que pudieran dar ese servicio. Estimó que la indicación del ejecutivo acotaba bien en el sentido, porque la defensoría prestaba defensa penal pública y eventualmente se requirieran procesar muchos expedientes, muchas causas, muchas cuestiones que iban a redundar en el ejercicio del derecho de defensa. Lo mismo en la situación de la víctima, el Ministerio Público tiene ciertas unidades de atención a las víctimas, una unidad especializada y una sobrecarga de trabajo, y se podría entender razonablemente que había que procurar esas dos situaciones, o ese binomio que establecía la constitución en relación a la igual protección de los derechos.

Lo que parecía más dudoso sí, era cuando lo extendían a otros cargos. Ya el diputado Díaz lo dijo con razón para acá en el Congreso Nacional, eso sería una auto puesta en riesgo, un auto puesta, una hetero puesta en peligro institucional disponer que las labores que se realizaban en el Congreso Nacional pudieran encuadrarse bajo esa premisa. Estimó que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Si bien no discutía que el parlamentario cumpliera una noble función pública, cumplía una regla de importancia, pero que los asesores vinieran a convalidar u homologar su práctica cuando existe un deber social de prestar y procurar ayuda solidaria a las personas que no pueden procurarse una práctica, eso claramente constituía un exceso y desnaturalizaba lo que fue el origen de esta institución.

El caso de las clínicas era un punto bien importante. Recordó que cuando estuvo en la universidad tuvo que hacer un año completo de clínica en la universidad Valparaíso de ayuda gratuita, y también tuvo que someterse a la práctica profesional de aula, con un profesor instructor que les hacía prácticas forenses, y saliendo de la escuela derecho, egresando, pasó mucho tiempo, no quería dárselas acá de, los tiempos del derecho no eran los tiempos de…

En ese contexto, ocurrido eso le tocó hacer la práctica y en esa oportunidad habían dos posibilidades, la Corporación de Asistencia judicial daba la posibilidad a las personas que trabajaban, de realizar una práctica durante tres días a la semana intensa, concentrada en ciertos lugares donde se podía optar a ese tipo de práctica, o eventualmente, él optó por la segunda alternativa, que era un poquito más estresante, estar a la orden de los alegatos. Se tenía que ir a responder, alegar y comparecer, pero se podía en cierta medida ajustarse el horario, al menos él creía eso, pero su profesora de práctica siempre lo estaba llamando para saber dónde estaba y todo lo demás, pero en fin.

Entendía que ese era el sentido de una práctica profesional, no sólo experimentar, como algunos dicen a veces dándole mala nota, esta era una pega muy importante, muy rica, y el punto era que los estudiantes también tenían que asumirlo con un nivel de responsabilidad de lo que estaba en juego, donde siempre habrá profesores, instructores que estén a cargo.

Dicho todo lo anterior, lo que quería decir era que el sentido genuino de esta institución era precisamente eso, procurar esa defensa jurídica en ese ámbito nuclear que, al menos en la constitución del ‘80 se explicitó, no así la del ’25. Entendía que ese era el origen de la institución, y cuando se modificó el Código Orgánico de Tribunales, ese era el alcance genuino, y respecto a las clínicas cumplían una labor similar, pero el punto era que desde el punto de vista de la fe pública que había detrás de todos estos requisitos que fijaba el Código, estimó que institucionalmente había un mecanismo, los directores de las Corporaciones de Asistencia Judicial, quienes de acuerdo a la ley eran los que debían certificar este hecho.

Por lo tanto, si eventualmente se garantizaba cumplir un estándar similar al que tenía la Corporación en relación a los certificados que se emitan, eventualmente se podría evaluar lo de las clínicas, pero eso va a depender mucho también de las decisiones que se tomen a nivel de cada universidad. Y ahí no entraría, no entraría en ese terreno, ahí tenía sus dudas.

Héctor Mery, jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estimó que lo que se había hablado acerca de las clínicas merecía alguna precisión por su parte. Justamente la redacción que se propuso hablaba de organismos, servicios e instituciones quieran admitir la posibilidad de que exista un convenio entre una universidad que tenga una clínica y la corporación respectiva así es que desde ese punto de vista el problema no existía, y si se quería dejar como antecedente de historia fidedigna de establecimiento de ley esto, al explicitarlo quedaba más claro, desde ese punto de vista no avizoraba el problema.

La diputada Núñez señaló que después de la última intervención del ejecutivo, donde con lo establecido en el numeral 5 dejaba abierta la posibilidad de celebrar convenios, respondía y subsanaba mucho las dudas que podían tener y, por lo tanto, estimó estaban llanos a votar la propuesta del ejecutivo.

El diputado Díaz señaló que para entender bien el sentido de lo que dijo el profesor Mery, bajo esa argumentación, por ejemplo, podría suscribir una Corporación de Asistencia Judicial un convenio con el Congreso Nacional, siempre y cuando se cumpliera esa función de prestar asistencia judicial gratuita, siquiera hipotéticamente.

Héctor Mery, jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que incluso hipotéticamente estaba muy limitado por la ley orgánica del Congreso Nacional, y por la Constitución Política, por lo demás, que dispone cuáles son sus funciones.

El diputado Díaz compartió el punto, e insistió que le convencía más la propuesta del ejecutivo, muy a su pesar.

El diputado Saffirio recordó que siendo alumno de derecho civil del profesor Avelino León Hurtado que era muy riguroso en sus clases, le hizo una pregunta que debió contestar, y cuando contestó usó la expresión ‘esto ocurre siempre y cuando’, y lo paró. No diría exactamente lo que le dijo, pero le observó que la expresión correcta era ‘siempre que’. Lo dijo en un tono que nunca más en su vida volvió a usar la expresión ‘siempre y cuando’, por qué la verdad era que fue bastante poco decoroso para un estudiante de primer año, o de segundo, que le hicieran una observación así. Por ello, propuso reemplazar esa frase en la propuesta.

Cristián Ortiz, abogado ayudante de la Comisión, señaló dos cuestiones. La primera era una cuestión general de mérito, y la segunda, mucho más acotada a la propuesta del ejecutivo.

La primera era la Constitución Política, si bien dispone en el artículo 19 N°3 lo que señaló el asesor Aldunate, esta materia no debería interpretarse tanto desde la asistencia judicial gratuita, sino derechamente como una cuestión sobre cómo se aprende una profesión, que está en el artículo 19 N°16. Ello, pues era contingente la existencia de las corporaciones de asistencia, o si en el futuro se creaba un centro de asistencia judicial profesional sin estudiantes, la participación de los practicantes en la asistencia gratuita era una cuestión contingente, por lo que ahí la Constitución Política no era tan buena guía interpretativa.

En cambio, y por eso sirve, porque eso siempre va a ser así, el cómo se define que se configura una profesión, y por ello, la alusión al artículo 19 N°16, que dispone que la ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerla. Este proyecto de ley se leía mucho más claro desde esa regla constitucional.

Dicho lo anterior, y haciendo una bajada sumamente concreta, cabía observar unas cuestiones técnicas para evitar futuros problemas interpretativos de acogerse la propuesta del ejecutivo, en particular en el numeral 2, en el segundo numeral 2, sobre haber desempeñado funciones de orientación jurídica o asistencia judicial por al menos seis meses. La primera cuestión era que entonces, en la Fiscalía Nacional podría el Fiscal Nacional, en tanto jefe superior de servicio, decir van a tener que ser 24 meses, porque como se dispone que al menos seis, él resuelve que 24 mientras que el Defensor Nacional podría decir yo quiero solo 6 meses, y en las Corporaciones de Asistencia 7. La redacción permite esa interpretación y las tres serían legales, porque al decir ‘al menos’ seis, dice al menos seis, por lo tanto 7, cumple la regla.

La segunda cuestión era que ya había una cierta experiencia a nivel de Corte Suprema, donde la Corte rechazaba las convalidaciones presentadas por personas que estudiaron en diversas universidades y obtuvieron su licenciatura. Eso ha sido un problema, porque la persona oficialmente tiene una licenciatura en la mano, pero la Corte Suprema no se la reconoce. Entonces qué se tenía acá, tenía tres instituciones de las cuales una era autónoma constitucional, y las otras dos eran susceptibles de control por la Contraloría General de la República, pero las tres iban a terminar en la Corte Suprema.

Dada esa situación, no estaba seguro y esa era una cuestión que podría aclararse de forma mucho más concreta para la historia de la ley, quién iba a determinar finalmente qué significaba la frase ‘orientación jurídica o asistencia judicial’, si la Corte Suprema o, en su caso, el Fiscal Nacional. Pues si la hacía el Fiscal, la Corte Suprema no podría hacer esa valoración, y lo que el certificado del Fiscal Nacional dijera bastaría, tal como trataba hoy el certificado emanado del director del Centro de Asistencia Judicial. Ese era un certificado que no cuestiona la Corte Suprema, pero no era claro si estos nuevos podría cuestionarlos. Era una cuestión que valdría la pena revisar, si acaso podría la Corte hacer cuestión de esa información.

Por último, toda esta reflexión se hacía a la luz del artículo 48 del Código Civil, que dispone sobre los plazos. La propuesta al decir que debe haber desempeñado las funciones ‘a) ó b)’ por al menos seis meses dentro de dicho periodo, dicho periodo son los cinco años que señala el numeral 1, pero sobre seis meses, en principio como no distingue el legislador no podría distinguir el intérprete y, por lo tanto, podrían ser continuos o discontinuos. Pero aparte de eso, qué significaba en concreto, acaso 180 días, si un mes fuera de 4 semanas, acaso 24 semanas, 24 semanas de lunes a viernes, qué en concreto.

Lo anterior, porque las prácticas profesionales en lo ordinario se hacían dos o tres días a la semana, entonces los funcionarios que realicen sus prácticas de orientaciones jurídicas o asistencia judicial, qué harán, uno o más días de asistencia a la semana, todos los días de los seis meses. Esa amplitud podría hacer surgir después un problema interpretativo, al momento de cómo hacer concreto esto.

El diputado Gutiérrez (presidente) señaló que acá había una norma que era importante, que dispone que será el reglamento el determinará los requisitos, formas y condiciones que deben cumplirse para hacer esto. Ahí se solucionarían tales inquietudes. En todo caso, era mejor eliminar ‘al menos’, para que fuera claro que la actuación sería de seis meses, y convendría disponer un plazo para la dictación de tal reglamento.

Héctor Mery, jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que no era muy partidario de ponerle plazo, pues en algunas materias fijaban plazos para dictar reglamentos, y muchas veces había materias que merecían estudios que podían exceder los plazos, y después quedaban en falta.

El diputado Gutiérrez (presidente) consultó si le fijaban un plazo de un año para que el reglamento esté listo, si estimaba que en el plazo de un año podrán hacerlo.

El diputado Saffirio señaló que él estaba pensando en una semana.

Héctor Mery, jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que un año estaba bien, y mejor disponerlo en un artículo transitorio.

El Secretario señaló que la propuesta en votación sería incluyendo un artículo transitorio que disponga que el plazo de un año para la dictación del reglamento a que se refiere la disposición qué determinará los requisitos, forma y condiciones que deban cumplirse, éste deberá ser evacuado en un plazo de un año a contar de la entrada en vigencia de esta ley.

Indicación.-

Se presenta indicación sustitutiva del proyecto, suscrita por los diputados (as) señores (as) Hugo Gutiérrez; Marcelo Díaz; Camila Flores; Paulina Núñez; René Saffirio, sustituyendo los textos propuestos por los proyectos refundidos por el siguiente:

“Artículo único.- Sustituyese el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente:

“Art. 523. Para poder ser abogado se requiere:

1°) Tener veinte años de edad;

2°) Tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad, en conformidad a la ley;

3°) No haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva;

4°) Antecedentes de buena conducta.

La Corte Suprema podrá practicar las averiguaciones que estime necesarias acerca de los antecedentes personales del postulante, y

5°) Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la ley N" 17.995 y N° 18.632, circunstancia que deberá acreditarse por el Director General de la respectiva Corporación. Las Corporaciones de Asistencia Judicial, para este efecto, podrán celebrar convenios con el Ministerio Público, con la Defensoría Penal Pública y otros organismos, servicios e instituciones que, con arreglo a la ley o sus estatutos, presten asistencia jurídica o judicial gratuita. Tales convenios se celebrarán previo acuerdo del Consejo Directivo de la respectiva Corporación.

Un reglamento determinará los requisitos, forma y condiciones que deban cumplirse para que dicha práctica sea aprobada.

La obligación establecida en el N° 5 se entenderá cumplida por los postulantes que sean funcionarios o empleados del Poder Judicial por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años, en las primeras cinco categorías del escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría. Asimismo, los funcionarios o empleados del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y las Corporaciones de Asistencia Judicial que postulen al título de Abogado podrán solicitar se tenga cumplida la misma exigencia siempre que reúnan los siguientes requisitos:

1.Haber servido al menos cinco años en la institución.

2.Haber desempeñado funciones de orientación jurídica o de asistencia judicial por 6 meses dentro de dicho periodo. Para acreditar esta circunstancia el postulante deberá acompañar un certificado suscrito por el Jefe del Servicio en el que se acredite el cumplimiento de estas labores, señalando la unidad y fechas en que fueron ejercidas.

3.Observar una buena conducta funcionaría.

Artículo transitorio.

El reglamento a que se refiere el inciso segundo del artículo 523 propuesto por el artículo único, deberá ser dictado dentro del plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigencia de esta ley.”.”.

Acuerdo de votación

Se acuerda votar en un solo acto todo el proyecto en particular

Sometidaa a votación la indicación sustitutiva del proyecto se aprobó (5-00) Votaron por la afirmativa los (as) diputado (as) señor Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Marcelo Díaz; Camila Flores; Paulina Núñez, y René Saffirio.

Se designó informante al diputado Marcelo Díaz.

III.- DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Se recibió a las siguientes personas y entidades:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

-Sr. Ignacio Suárez, Subsecretario de Justicia.

-Sr. Ignacio Castillo, Jefe de la División Jurídica.

-Sr. Álvaro Pavéz, El Jefe de la División Judicial,

-Sr. Héctor Mery, Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia.

-Sra. Simone Hartard, Jefa Departamento Asistencia Jurídica de la División Jurídica.

GREMIOS Y OTROS

-Sr. Ignacio Ramírez, Presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios de la defensoría Nacional Pública.

-Sra. Zulema Díaz, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia judicial, región Metropolitana.

-Sr. Eduardo Aldunate Lizana, director de la Academia Judicial.

-Sr. Alberto Balbontín, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso.

CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE VALPARAÍSO.

-Sr. Roberto Chacón, director,

-Sra. Cecilia Cuellar, subdirectora

IV.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, toda vez que no significa efectos presupuestarios o financieros para el erario fiscal.

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

No hay.

VI.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Sustituyese el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente:

“Art. 523. Para poder ser abogado se requiere:

1°) Tener veinte años de edad;

2°) Tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad, en conformidad a la ley;

3°) No haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva;

4°) Antecedentes de buena conducta.

La Corte Suprema podrá practicar las averiguaciones que estime necesarias acerca de los antecedentes personales del postulante, y

5°) Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la ley N° 17.995 y N° 18.632, circunstancia que deberá acreditarse por el Director General de la respectiva Corporación. Las Corporaciones de Asistencia Judicial, para este efecto, podrán celebrar convenios con el Ministerio Público, con la Defensoría Penal Pública y otros organismos, servicios e instituciones que, con arreglo a la ley o sus estatutos, presten asistencia jurídica o judicial gratuita. Tales convenios se celebrarán previo acuerdo del Consejo Directivo de la respectiva Corporación.

Un reglamento determinará los requisitos, forma y condiciones que deban cumplirse para que dicha práctica sea aprobada.

La obligación establecida en el N° 5° se entenderá cumplida por los postulantes que sean funcionarios o empleados del Poder Judicial por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años, en las primeras cinco categorías del escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría. Asimismo, los funcionarios o empleados del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y las Corporaciones de Asistencia Judicial que postulen al título de Abogado podrán solicitar se tenga cumplida la misma exigencia siempre que reúnan los siguientes requisitos:

1.Haber servido al menos cinco años en la institución.

2.Haber desempeñado funciones de orientación jurídica o de asistencia judicial por 6 meses dentro de dicho periodo. Para acreditar esta circunstancia el postulante deberá acompañar un certificado suscrito por el Jefe del Servicio en el que se acredite el cumplimiento de estas labores, señalando la unidad y fechas en que fueron ejercidas.

3.Observar una buena conducta funcionaría.

Artículo transitorio.

El reglamento a que se refiere el inciso segundo del artículo 523 propuesto por el artículo único, deberá ser dictado dentro del plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigencia de esta ley.”.”.

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Tratado y acordado en sesiones de 10 y 18 de mayo, 7 de junio, 25 de octubre y 15 de noviembre de 2016; 3 de enero y 4 de octubre de 2017; y 15 y 29 de mayo de 2018, con la asistencia de los (as) diputados (as) señores (as) Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio, y Matías Walker. Además, los (as) diputados y ex diputados (as) (as) señores (as) Guillermo Ceroni (ex presidente); Daniel Farcas; Ricardo Rincón; René Saffirio; Raúl Saldívar; Arturo Squella; Renzo Trisotti; Cristián Monckeberg; Marisol Turres; Jorge Sabag; Marcelo Chávez; Osvaldo Andrade Lara; Fuad Chahin (ex presidente).

Sala de la Comisión, a 29 de mayo de 2018.

PATRICIO VELASQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA ELIMINAR PRIVILEGIOS PROCESALES EN FAVOR DE AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS. BOLETÍN N° 10324-07-1

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HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción del diputado señor René Saffirio, y suscrita además por los ex diputados señores Claudio Arriagada, Aldo Cornejo y Ricardo Rincón.

Durante la discusión de este proyecto de ley, vuestra Comisión contó con la asistencia del Ministro de Justicia y derechos Humanos, señor Hernán Larraín.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto es la de eliminar los privilegios procesales a favor de las autoridades eclesiásticas, y clero en general.

2) Normas de carácter orgánico constitucional.

No tiene.

3) Normas de quórum calificado.

No tiene.

4) Requiere trámite de Hacienda.

No requiere.

5) El proyecto fue aprobado, en general, por mayoría.

En sesión 16ª, de fecha 30 de mayo del 2018, se aprobó en general por unanimidad.

Votaron por la afirmativa los diputados señores Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Camila Flores; Marcela Sabat (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker.

5) Se designó Diputado Informante a la señora Camila Flores

*************

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

En la moción se entregan los siguientes fundamentos:

“FUNDAMENTOS.

El Código de Procedimiento Civil regula en su título XII “De los medios de prueba en general”. En el párrafo tercero del referido título, este cuerpo legal norma “De los testigos y de las tachas”.

La regla general en el procedimiento civil, es que toda persona deba testificar en el tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, el referido cuerpo legal establece que determinadas personas, en razón de su cargo o función pública, queden exentas de comparecer ante el tribubal, otorgándoles el derecho de prestar declaración en el domicilio que ellos fijen, dentro del territorio jurisdiccional del tribunal.

El artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, dispone que se encuentran exentos de comparecer ante el tribunal, el Presidente de la República, los Ministros de Estado, entre las principales autoridades de Gobierno, así como los parlamentarios, Alcaldes, Miembros de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, Fiscales Judiciales, Fiscales regionales del Ministerio Público, y oficiales en servicio activo y en retiro.

Parece razonable que estas autoridades en razón de que ejercen o desempeñan altas funciones públicas, puedan tener este derecho de prestar declaración en el domicilio que ellos fijen, y no necesariamente concurrir al Tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, la norma del artículo 361 establece que también se encuentran exentos de comparecer ante el tribunal las autoridades eclesiásticas como “el Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capituales; y los Párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo”. A mayor abundamiento, también los “religiosos incluso los novicios” pueden hacer uso de este derecho.

No nos parece razonable que en el Chile del siglo XXI aún subsista un privilegio procesal de esta naturaleza, en favor de las autoridades eclesiásticas, ya que no ejercen ningún tipo de función pública. Se trata de una norma que viene desde los tiempos en que no existía separación entre la Iglesia y el Estado, pero que en la actualidad no sólo es anacrónica, sino que además no corresponde en un Estado laico.

A mayor abundamiento, también encontramos en el título XII, párrafo cuarto, del Código de Procedimiento Civil, llamado “De la confesión en juicio”, otro privilegio procesal en favor de las autoridades eclesiásticas. El artículo 389 señala que se encuentran exentos de comparecer al Tribunal a prestar declaración: “el Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores y los Vicarios y Provicarios Capitulares”. En este caso el juez se trasladará a la casa o domicilio para recibir la declaración, o comisionará al Secretario para tal efecto.

Los legisladores debemos moldear un ordenamiento jurídico coherente y armónico, y también depurarlo de toda norma o institución anacrónica, y que constituya un resabio de prerrogativas indebidas en una sociedad democrática. En un Estado de Derecho del siglo XXI, debemos consolidar una función jurisdiccional que no sólo se ejerza con pleno respeto a las garantías fundamentales de los ciudadanos, sino que también con mayor igualdad y sin privilegios o fueros procesales para ningún sector determinado.

Normas legales modificadas.

Los artículos 361 y 389 del Código de Procedimiento Civil, del siguiente tenor:

“Art. 361 (350). Podrán declarar en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal:

1°. El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Senadores y Diputados, los Subsecretarios; los Delegados Presidenciales Regionales, Delegados Presidenciales Provinciales y los Alcaldes, dentro del territorio de su jurisdicción; los jefes superiores de Servicios, los miembros de la Corte Suprema o de alguna Corte de Apelaciones, los Fiscales Judiciales de estos Tribunales, los Jueces Letrados, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales; los Oficiales Generales en servicio activo o en retiro, los Oficiales Superiores y los Oficiales Jefes; el Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capitulares; y los Párrocos, dentro del territorio de la Parroquia a su cargo;

2°.Derogado;

3°. Los religiosos, inclusos los novicios;

4°. Las mujeres, siempre que por su estado o posición no puedan concurrir sin grave molestia; y

5°. Los que por enfermedad u otro impedimento, calificado por el tribunal, se hallen en la imposibilidad de hacerlo.

Para este efecto, dentro del tercer día hábil siguiente a su notificación, las personas mencionadas propondrán al tribunal el lugar y la fecha, comprendida dentro del término probatorio, de realización de la audiencia respectiva. El juez los fijará sin más trámite si el interesado así no lo hiciere ni comunicare su renuncia al derecho que le confiere este artículo.

Con todo, los miembros y fiscales judiciales de las Cortes y los jueces letrados que ejerzan sus funciones en el asiento de éstas, no declararán sin previo permiso de la Corte Suprema, tratándose de algún miembro o fiscal judicial de este tribunal, o de la respectiva Corte de Apelaciones en los demás casos. Este permiso se concederá siempre que no parezca que sólo se trata de establecer, respecto del juez o fiscal judicial presentado como testigo, una causa de recusación.”.

“Art. 389 (379). Están exentos de comparecer ante el tribunal a prestar la declaración de que tratan los artículos precedentes:

1º. El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Senadores y Diputados, los Delegados Presidenciales Regionales dentro de la región en que ejercen sus funciones; los miembros de la Corte Suprema o de alguna Corte de Apelaciones, los Fiscales Judiciales de estos tribunales, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales, el Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores y los Vicarios y Provicarios Capitulares;

2º. Los que por enfermedad o por cualquier otro impedimento calificado por el tribunal se hallen en imposibilidad de comparecer a la audiencia en que hayan de prestar la declaración; y

3º. Las mujeres, en caso que el tribunal estime prudente eximirlas de esta asistencia.

Cuando haya de prestar esta declaración alguna de las personas exceptuadas en los números precedentes, el juez se trasladará a casa de ella con el objeto de recibir la declaración o comisionará para este fin al secretario.

En los tribunales colegiados se comisionará para esta diligencia a alguno de los ministros del mismo o al secretario.

Si la persona que haya de prestar declaración en la forma prevenida en este artículo, se encuentra fuera del territorio del tribunal que conoce de la causa, encargará éste la diligencia al juez competente de la residencia actual del litigante. El juez exhortado practicará por sí mismo la diligencia o la cometerá a su secretario.

No se podrá comisionar al secretario para tomar la confesión cuando la parte haya solicitado que se preste ante el tribunal.”.

II.- DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.

Sesión N° 16ª, de fecha 30 de mayo del 2018.

El diputado señor Saffirio, autor de la moción, explicó que se trata de un proyecto simple que busca la derogación de ciertos privilegios que están en el Código de Procedimiento Civil desde su dictación, el 28 de agosto de 1902, en una época en que la iglesia y el Estado eran una misma cosa.

En concreto, se modifica el N° 1 artículo 361 del mencionado Código, que establece a favor de las personas que señala el privilegio de declarar en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, suprimiendo del listado al Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capituales; y los Párrocos.

También, se suprime a aquellos exentos de comparecer ante el tribunal a prestar la declaración de confesión en juicio al Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores y los Vicarios y Provicarios Capitulares, regulados en el artículo 389 del Código de procedimiento Civil.

El diputado señor Soto, coautor de la moción, señaló que atendido que las normas que se pretenden modificar contemplan un privilegio procesal civil respecto de religiosos, en sus distintas categorías, que les permite declarar como testigos en su domicilio o que los exime de ser citados por el tribunal a absolver posiciones, preguntó qué ocurrirá con los religiosos de clausura o de claustro, que han decidido mantenerse fuera del mundo civil; si pueden ser obligados a salir de ese recinto para dirigirse a un tribunal.

El diputado señor Saffirio respondió que priman las normas generales por sobre las normas especiales a que están regidos aquellos religiosos que están en un claustro.

El señor Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señaló que es de la idea de ir suprimiendo los privilegios y, en consecuencia, concordó con el espíritu de la Iniciativa. Solo debiesen pervivir aquellos que sean necesarios para el ejercicio del cargo.

Respecto a la inquietud del diputado Leonardo Soto opinó que el trato para un religioso de clausura debe ser el mismo que para los demás. Le ha tocado estar y conocer de cerca esos establecimientos y no cree que los monjes tengan inconveniente en cumplir con ese deber procesal.

Sometido a votación en un solo acto, tanto en general como en particular el proyecto, se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa los diputados señores Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Camila Flores; Marcela Sabat (por el señor Gonzalo Fuenzalida); Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker.

Diputada informante la señora Camila Flores.

III.- DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Vuestra Comisión escuchó la opinión del diputado autor de la moción, señor René Saffirio y la del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín.

IV.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

No hay.

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V.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente la señora Diputada Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Procedimiento Civil:

1.- Modifícase el artículo 361 en los siguientes términos:

a) Suprímase en el N°1 la siguiente oración:

“el Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capitulares; y los Párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo;”.

b) Elimínase el N°3.

2.- Suprímase en el N°1 del artículo 389 la siguiente oración:

“el Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores y los Vicarios y Provicarios Capitulares;”.

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Tratado y acordado en sesión de 30 de mayo de 2018, con las asistencia de los diputados (as) señores (as) Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Camila Flores; Marcela Sabat (por el señor Fuenzalida); Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker.

Sala de la Comisión, a 30 de mayo de 2018

PATRICIO VELASQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Teillier; Brito y Labra, y de las diputadas señoras Cariola; Hertz; Santibáñez y Vallejo, que “Incorpora la violencia intrafamiliar como indicador de vulnerabilidad habitacional en los programas destinados a la adquisición, arrendamiento y uso de viviendas” Boletín N°11772-14

I.Planteamiento del Problema.

Durante el mes de junio del año pasado, Carolina Velásquez Jacobsen, ex integrante de un Comité de Allegados de la comuna de El Bosque, fue asesinada por su pareja al interior de su hogar, quien le propinó dos balazos en la cabeza. Carolina murió a la espera de una vivienda digna en donde esperaba hacer una vida libre violencia junto a sus hijos de 4 y 21 años; pues el hogar en que ella y sus hijos desarrollaban sus vidas era un hogar vulnerable por la violencia intrafamiliar de la cual ella y sus hijos fueron víctima durante muchos años y que fue denunciada en más de una ocasión en Carabineros; sin que esto fuese suficiente para encender las alertas sobre el inminente peligro en que se encontraban. Este, como tantos otros casos pasados y actuales, se repiten una y otra vez sin que ninguna de las soluciones que se ofrecen a nivel político o legislativo sean suficientes para terminar o al menos disminuir la cifra de mujeres afectadas por la imposibilidad de abandonar un hogar vulnerable por la presencia de un agresor, pues son los mismos instrumentos y normas que conforman la política habitacional del país los que ignoran por completo la vivencia de violencia intrafamiliar como un elemento determinante e indicativo de vulnerabilidad habitacional.

II.Antecedentes Generales.

La política habitacional chilena cuenta con varios hitos de naturaleza política importantes en su tránsito hacia una mayor cobertura, accesibilidad y justicia social. Desde el año 1906 con la creación de los Consejos de Habitaciones Obreras, hasta programas que velan por la recuperación del patrimonio familiar deteniendo el deterioro de las viviendas; el desarrollo del derecho a la vivienda mediante la implementación de políticas y programas impulsados desde el gobierno, ha sido la tónica en nuestro país, quedando el ámbito legislativo completamente relegado, sin que hasta la fecha existan normas jurídicas de rango legal o constitucional cuyo contenido diga relación con el derecho a una vivienda digna como un derecho humano, reconocido en importantes instrumentos internacionales ya suscritos por Chile. Esta, en principio llamativa ausencia de normas legales, obedece tanto a la falta de voluntad por parte de la autoridad política en avanzar con determinación en ésta materia y a la naturaleza misma que se predica respecto de los derechos sociales.

III.De la interpretación, alcance e implementación de los derechos sociales.

Los derechos sociales, consagrados primordialmente en instrumentos internacionales adoptados por Chile, tienen un vasto desarrollo doctrinal contenido en sentencias de las Cortes internacionales, Observaciones Generales emitidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y un sistema internacional de guías y pautas de interpretación; cuya finalidad es la de servir para la implementación y avance en la concreción de estos derechos que, muchas veces, no son exigibles de manera inmediata y a satisfacción de las necesidades de justicia social que protegen. Sin embargo, es en base a este mismo sistema que se puede afirmar que contamos actualmente con una regla en el derecho internacional de los derechos humanos que pone en deuda al Estado de Chile no sólo respecto al derecho a una vivienda digna, sino a los demás derechos sociales de fuerte contenido prestacional por parte del Estado. La regla de aplicación general de Progresividad, con la consiguiente prohibición de regresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se encuentra establecida en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos[1] (en adelante La Convención), y en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[2] (en adelante PIDESC) y encierra la idea de que el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales depende de que el Estado cree y mantenga las condiciones para dicho goce y adopte políticas encaminadas a su progresiva realización; requiriéndose de un esfuerzo prolongado para alcanzar la satisfacción plena de estos, mediante un aumento paulatino en los niveles de satisfacción del mandato que se establece. Por su parte, en coherencia con esta idea, se entiende que la plena satisfacción de los derechos sociales no puede ser diferida indefinidamente para el conjunto de la población argumentando circunstancias presupuestarias deficientes o depresión económica. La negación sistemática de los derechos sociales en Chile tiene un fuerte componente ideológico[3], con respaldo en un texto constitucional que, por su historia, responde al mismo ideario, siendo labor prioritaria para los órganos legisladores introducir los cambios que sean necesarios para que estas y otras consideraciones no obstaculicen el cumplimiento de las obligaciones internacionales a las que como Estado nos hemos sometido.

Reforzando la idea de cumplimiento inmediato de los compromisos contraídos en el ámbito internacional en materia de derechos sociales, se han establecido una serie de obligaciones estatales que se caracterizan por ser deberes que no están sujetos a consideración alguna relacionada con el nivel de recursos disponibles, sino que, cualquiera sea la situación financiera por la que se atraviese, su cumplimiento es posible y exigible inmediatamente; como lo es la adopción de medidas legislativas, administrativas y judiciales, comprometer hasta el máximo los recursos disponibles, garantizar el disfrute de los derechos sociales sin ningún tipo de discriminación, proteger el contenido esencial de estos derechos incluso en situaciones de crisis, vigilar la situación de los derechos sociales y contar con información detallada al respecto, y no adoptar medidas de carácter deliberadamente regresivo. Por su parte, los Principios de Limburgo[4], agregan la obligación que asiste al Estado de abstenerse de reducir o desviar el gasto público destinado por principio a la realización de un derecho social, cuando esa reducción o desviación comporte una privación en el goce de aquel, y no sea acompañada de medidas adecuadas para asegurar derechos mínimos de subsistencia para todos. De esta forma, si bien se admite que el incremento de los recursos destinados a la protección y satisfacción de los derechos pueda ser gradual, no así la decisión de orientar todos los que estén disponibles en un momento determinado.

Finalmente, el aspecto más importante a considerar en lo relativo al derecho a la vivienda digna y al proyecto de ley que se propone, es que el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y políticos contempla un mínimo de satisfacción inmediata de los derechos, al menos en sus niveles esenciales. Esta obligación admite dos lecturas: de un lado, implica el deber estatal de garantizar unas condiciones mínimas para la realización de los derechos sociales. De otro lado, en armonía con el principio de igualdad en un sentido sustancial, la obligación de satisfacer niveles esenciales de cada uno de los derechos conlleva el deber estatal de dar atención prioritaria a aquellos sectores o grupos poblacionales que se encuentren en dificultades para asegurar por sí mismos el disfrute de los derechos sociales. Este deber no se encuentra sometido a consideración alguna relativa a los recursos económicos disponibles y es de cumplimiento obligatorio incluso en tiempos de limitaciones graves de recursos, el de proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas, leyes y políticas de un relativo bajo costo.

Para el proyecto que se propondrá, es de vital importancia tener pleno conocimiento de las implicancias y alcances que el Principio de Progresividad con la consecuente prohibición de regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, y el positivo impacto que esto puede tener para los sectores especialmente vulnerables e históricamente postergados de nuestro país.

IV.El derecho a una vivienda digna en Chile.

El problema de la vivienda en nuestro país es un problema básicamente, de desigualdad social, que puede definirse como el incumplimiento del derecho de todo individuo a una vivienda digna, entendiendo por digna aquella que reúne las condiciones de seguridad, estabilidad, diseño y sanidad necesarias, y que a la vez, permite el adecuado desarrollo de la persona en todas sus facetas y actividades, en un sentido amplio, integral y extensivo. En un plano jurídico, la falta de reconocimiento a nivel infraconstitucional del Derecho a una Vivienda Digna, pese a estar contenido en tratados internacionales suscritos por Chile y por ende, entenderse incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través de artículo 5°, inciso segundo de nuestra Constitución Política de la República, sumado al sistema de postulación a ella a través de un subsidio estatal, genera como conclusión que en Chile no existe el derecho a la vivienda, sino sólo el acceso a ella, por la vía del sistema de subsidios habitacionales, que en la mayoría de los casos, requiere ser complementado con créditos hipotecarios otorgados por privados. Por otro lado, este acceso carece de un respaldo constitucional que lo proteja, al no tratarse la vivienda en Chile de una garantía constitucional contenida en el artículo diecinueve, motivo por el cual no resulta posible para nadie el entablar demandas concretas en lo referente a una vivienda digna, adecuada y de calidad, siendo el rol del Estado eminentemente subsidiario.

La ausencia de un desarrollo legislativo del derecho a una vivienda digna, tanto a nivel legal como constitucional, ha sido abordada por algunas autoridades políticas que persiguen establecer ciertos mínimos legales que hagan frente a las manifestaciones más duras e injustas de la desregulación total de éste derecho, mediante la declaración de inembargabilidad de las viviendas sociales o la introducción de una reforma constitucional que contemple el derecho a una vivienda digna dentro del catálogo de garantías constitucionales vigentes en nuestra Constitución Política, razonamiento que se ve reforzado por algunos fallos de las Cortes Superiores de nuestro país en que se reconoce la obligación del Estado de elaborar políticas públicas para garantizar el acceso a la vivienda dando prioridad a los grupos vulnerables, con independencia de los ingresos o del acceso a recursos económicos, pues existe una relación de interdependencia entre los derechos enunciados y protegidos por la Constitución Política, como el derecho a la familia, a la vida privada, a la seguridad personal, a la salud y a la vida y el derecho a una vivienda digna.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer, en un trabajo conjunto con el Ministerio de la Vivienda, elaboraron un Convenio de Transferencia entre el Ministerio de Vivienda y el Servicio Nacional de la Mujer de fecha 19 de enero de 2016, que otorga a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar un acceso preferencial al Programa de Subsidio Habitacional que mejor responda a su condición actual, para contribuir a superar su condición actual de vulnerabilidad habitacional en la que se encuentran a causa de la violencia intrafamiliar. Este programa, entendiendo el cumplimiento progresivo de los tratados de derechos económicos, sociales y culturales, prioriza los recursos del estado disponibles para dar un acceso preferencial a los sectores vulnerables y aborda un aspecto de la vulnerabilidad habitacional que no cuenta con precedentes en la política habitacional ni en la legislación chilena, pues relaciona variables como la violencia física, violencia económica, violencia de género y la vulnerabilidad habitacional, para brindar soluciones con un enfoque de derechos. Por su parte, nuestra legislación incipiente en materias de género, se ha ocupado este último tiempo en saldar la enorme deuda de derechos que se tiene con las mujeres del nuestro país, tipificando conductas violentas en la esfera pública y privada, avanzando en materias de aborto seguro, laborales y sentando el debate en cuanto a su rol en nuestra sociedad; quedando de lado el gran problema de la violencia económica y sistémica que viven las mujeres a diario y en espacios de escasa visibilidad como el entorno familiar.

V.Vulnerabilidad habitacional, violencia intrafamiliar y violencia económica: problemas con sesgo de género.

Conforme a los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar contra la mujer y delitos sexuales de enero de 2018, la violencia contra la mujer en Chile sigue ocurriendo principalmente en el ámbito intrafamiliar, concentrando el 38% de la violencia que las mujeres declaran haber vivido en algún momento de su vida. Destaca además que las mujeres víctimas de violencia económica, sexual y física, mantienen un alto grado de dependencia económica en comparación a las mujeres no víctimas. El dato más alarmante que entrega la Subsecretaría de Prevención del Delito, es que la violencia intrafamiliar sea el delito contra las personas más cometido en Chile y que del total de víctimas, el 80% sean mujeres. Se desprende, sin mucho esfuerzo, que la violencia intrafamiliar en nuestro país tiene un fuerte e innegable componente de género.

En el ámbito internacional, se ha entendido que combatir la violencia ejercida contra las mujeres, tanto en el espacio público como en el privado, es combatir sus causas. En efecto, ONU mujeres ha señalado que “Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos de género que se perpetúan. Dados los efectos devastadores que la violencia tiene en las mujeres, los esfuerzos se han concentrado principalmente en las respuestas y servicios para las sobrevivientes. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestar la violencia contra las mujeres es prevenirla, tratando sus orígenes y causas estructurales. Por su parte, la prevención implica respaldar la implementación de las conclusiones convenidas en el 57° periodo de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, que hicieron fuerte hincapié en la prevención a través de la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el disfrute de los derechos humanos. Así mismo, significa conseguir que el hogar y los espacios públicos sean más seguros, procurar la autonomía económica y la seguridad de las mujeres, y aumentar su participación política y su poder de decisión en el hogar, en las relaciones y en la vida pública[5]

Este tipo de medidas buscan derribar barreras de género que se definen como “aquellas limitaciones, obstáculos o impedimentos a los que se enfrentan las mujeres a lo largo de su desarrollo personal y profesional”, introduciendo un cambio en su entorno inmediato e íntimo. Para este caso, es necesario agregar que junto a la evidente vulnerabilidad habitacional que enfrentan las víctimas de violencia intrafamiliar, escondiendo un severo problema de género, se debe afrontar además el problema de la vivienda en Chile como una necesidad social, enfoque que se contrapone al de la vivienda como un bien de mercado, que es el que actualmente predomina en nuestros cuerpos jurídicos y políticas públicas, según consigna el reciente informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto relativo a su misión en Chile[6]. En este mismo documento, se indica también que según la ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, el estado tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en la familia, desplegando una serie de medidas entre las que destaca la creación de casas de acogida o albergues temporales, destinadas a mujeres mayores de edad, de cualquier región del país, con o sin hijos, que viven una situación de violencia intrafamiliar o corren el riesgo de sufrirla, evidenciando el fuerte nexo que existe entre violencia intrafamiliar y vulnerabilidad habitacional.

VI.Necesidad de una ley que incorpore en los planes y programas destinados a la adquisición, arrendamiento o uso de una vivienda adecuada, la violencia intrafamiliar como un factor determinante de vulnerabilidad habitacional.

El Ministerio de Vivienda, mediante la dictación de decretos supremos, ha diseñado la política habitacional del Estado, estableciendo las modalidades, plazos, requisitos y criterios a considerar para la selección de beneficiarios de sus programas, mediante la creación de subsidios destinados a sectores de la población conforme a sus necesidades y características particulares. Estas medidas están dirigidas a un universo de personas con necesidades habitacionales, previamente evaluados en su condición social mediante un instrumento de caracterización socioeconómica que la autoridad en materia de vivienda utiliza como criterio para establecer prioridades entre los beneficiarios. Así mismo, existen otros criterios que establece la propia autoridad en materia de vivienda, que se aplican a determinados grupos o a personas en situaciones especiales. Este conjunto de evaluaciones que hace la autoridad confluye en un sistema de cálculo de puntaje y prelación que opera como un criterio de selección de los beneficiarios. Dentro de los grupos que gozan de prioridades para la autoridad, esto es que pueden acceder de manera especial a los programas de subsidio habitacional, o que sin tener prioridad gozan de una regulación especial, contemplados en el propio instrumento regulatorio, encontramos a los bomberos, personas indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad y personal de gendarmería, entre otros. En estos casos, la autoridad entiende que son los programas y planes del estado los que deben tener la virtud de adaptarse a la realidad de la materia que se regula y a las necesidades especiales de los sujetos a los que están destinados y por este motivo se realizan estas necesarias distinciones. Existe además, un instrumento de caracterización socioeconómica único que sirve para seleccionar a las personas en atención a su vulnerabilidad social, considerando una serie de factores que no necesariamente tienen que ver con la carencia habitacional de las personas, pues su uso no se restringe sólo al ámbito de la vivienda. Así es como dentro de los muchos criterios y factores que se consideran en el instrumento de caracterización socioeconómica, la autoridad incluye el concepto de carencia o vulnerabilidad habitacional, cuyo contenido y magnitud depende de la concurrencia o no de allegamiento, hacinamiento, vivienda precaria, carencia de agua, carencia de sistema de eliminación de excretas e inhabitabilidad; siendo evidente la ausencia de algún indicador o criterio que dé cuenta de la vulnerabilidad habitacional que proviene de la violencia intrafamiliar ejercida por alguno de los que habitan el hogar. En efecto, la vulnerabilidad habitacional existe en los reglamentos regulatorios de los subsidios habitacionales como un puntaje que se calcula conforme al índice de hacinamiento, siendo este el cociente entre el número de personas y el número de dormitorios que una vivienda posea.

La inexistencia de este problema social con un innegable componente de género y clase social, es un vacío regulatorio que debe ser asumido por las autoridades mediante una regulación de carácter legal, avanzando en la concreción de derechos para las personas y obligaciones para el Estado de Chile cuya vigencia es una realidad a nivel internacional que no tiene hasta la fecha, un correlato en nuestro derecho interno.

Por tanto, en atención a los antecedentes expuesto, vengo en proponer el siguiente:

Proyecto de ley:

Artículo 1. Para los efectos de esta ley, entiéndase por vulnerabilidad habitacional aquella condición o circunstancia que afecte a una o más personas , de manera tal que el ejercicio del derecho a vivir en una vivienda digna y adecuada sea vulnerado, limitado o condicionado; impidiendo total o parcialmente su goce.

Artículo 2. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo considerará que la vulnerabilidad habitacional de todas aquellas personas que sean víctimas de violencia intrafamiliar es de carácter calificado. En consecuencia, los planes y programas habitacionales destinados a la adquisición, arriendo o uso de una vivienda digna, deberán contemplar requisitos, condiciones y criterios de selección y asignación de los subsidios que garanticen el acceso prioritario de aquellas.

Artículo 3. No será exigible a las personas que se encuentren en la situación descrita en el artículo precedente, un ahorro previo como requisito para acceder a los programas habitacionales del Estado ni cualquier otro requisito de naturaleza económica o financiera.

Diputados señores Teillier; Brito y Labra, y de las diputadas señoras Cariola; Hertz; Santibáñez y Vallejo.

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma, Baltolu, Bellolio, Gahona, Hernández, Morales, Noman, Trisotti, Urrutia, don Ignacio, y Von Mühlenbrock, que “Modifica la ley N°20.370, General de Educación, para incorporar la enseñanza de la cultura y folklore nacional en los establecimientos educacionales” Boletín N°11773-04

I.- IDEAS GENERALES.

La cultura representa uno de los pilares fundamentales de toda nación, la que rige como un grupo humano con historia, que la conduce a enfrentar los desafíos que le depara el futuro, en un contexto de unidad a partir de los múltiples valores que la conforman. En este sentido, nuestra cultura popular se erige como un ámbito de nuestra identidad que refleja nuestras tradiciones e identidad más profunda, cuyo valor goza, felizmente, cada día, de un reconocimiento mayor en las antiguas y nuevas generaciones.

Célebres autores, compositores, poetas y artistas forman parte de esta antigua tradición, cuyo realce se expresa en la obra de notables artistas nacionales como Violeta Parra, Margot Loyola, Osvaldo “gitano” Rodríguez, Nicanor Parra, Manuel Rojas, Enrique Lihn o Miguel Littin, cuyo esfuerzo por mostrar la riqueza de nuestro pueblo, en cada uno de sus ámbitos artísticos, constituyó un hito central en la valoración de nuestra cultura popular o más precisamente de nuestro folklore.

Es por lo anterior que el traspaso de este tesoro cultural a las nuevas generaciones, se erige como un imperativo que como autoridades legislativas también estamos llamados a preservar a través del ejercicio de nuestras facultades legislativas, promoviendo iniciativas para que precisamente, nuestro folclor sea expuesto y transmitido a las futuras generaciones.

En un mundo cada día más globalizado e interconectado, precisamente se requiere que las naciones que conforman la comunidad internacional, promuevan sus raíces más primigenias y que su cultura local se expanda como corolario de su identidad.

Pensamos que este traspaso cultural, sin duda, debe ser efectuado a través de la educación, ese vehículo indispensable que permite a los chilenos desenvolverse en el mundo y que los identifica como nacionales a partir de la conciencia identitaria que esta actividad les traspasa.

II.- CONSIDERANDO.

1.Que, de acuerdo a lo previsto en la ley 20.370 la educación constituye el “proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas”. De acuerdo a ello, este proceso no sólo se vincula a la adquisición de conocimientos, sino además se enmarca en un proceso amplio inspirado en la adquisición por parte del estudiante de un desarrollo ético, artístico y espiritual en el más amplio sentido de la expresión, y que por cierto abarca el plano cultural.

2.Que, a renglón seguido, la disposición indicada establece que la educación constituye un proceso que se enmarca “en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”.

3.Que, la concepción de educación guarda consonancia con nuestra Constitución y con los tratados internacionales actualmente vigente ratificados por nuestro país. Sin embargo, no observamos que en la propia Ley General de Educación exista un complemento de esta declaración legal, en el sentido de consagrar como finalidad del ciclo educativo y como tal, establecer obligaciones públicas para promover nuestra cultura y folklore en las diversas instancias educativas.

4.Que, en aras de reforzar esta idea, pensamos necesaria la incorporación en nuestra ley general, la consagración del folcklore y de nuestra cultura en las temáticas educacionales que imparten los distintos establecimientos de nuestro país, a objeto de promover una educación integral y efectivamente profunda desde el punto de vista del reconocimiento.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

De acuerdo a lo indicado precedentemente el presente proyecto de ley promueve como finalidad de nuestro sistema educacional y -en tal sentido- como elemento presente en las mallas curriculares de los establecimientos educacionales de nuestra educación básica y media, la enseñanza de nuestro folklore y cultura, como aspecto central en la formación de las nuevas generaciones de chilenos.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Incorpórese un nuevo artículo 30 bis en la ley 20.370 General de Educación norma que reza de la siguiente manera:

“En todo establecimiento educacional se promoverá desde los niveles básicos la educación de la cultura y folklore nacional, como elemento central en la formación de los alumnos”

Diputados señores Coloma, Baltolu, Bellolio, Gahona, Hernández, Morales, Noman, Trisotti, Urrutia, don Ignacio, y Von Mühlenbrock

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, don José Miguel; Álvarez, don Sebastián; Bianchi; Durán, don Eduardo; Eguiguren y Saavedra, y de las diputadas señoras Castillo, Cid, Hoffmann y Núñez, doña Paulina, que “Permite a los trabajadores concurrir con sus hijos a las empresas en que laboran, con fines educativos, en las condiciones que indica” Boletín N°11769-13

I.FUNDAMENTOS

En la actualidad y hace ya varios años se ha generado una suerte de paradoja en la relación trabajo – familia, pero principalmente la relación entre el trabajo y los hijos. Ello, en razón a que termina siendo complejo lograr un equilibrio entre trabajar para dar lo máximo de lo que ellos necesitan y el tiempo que consumen los padres y madres para obtenerlo.

En razón a lo anterior, el estudio realizado el año 2016 por la Fundación Chile Unido en su ranking de “Mejores Empresas para Madres y Padres que Trabajan” nos indica que si bien un 98% de las empresas encuestadas (90) entrega al menos una de las prácticas que contribuyen a la integración familiar[1], un 59% de los trabajadores se encuentra satisfecho o muy satisfecho con esa práctica. Ahora bien, para el caso particular del día de los hijos/as en la oficina solo un 60% dice que existe al interior de su organización, llegando al 35% de existencia en los organismos públicos y un 49% y 46% entre Pymes y Grandes Empresas respectivamente.

A nivel internacional en los países de Estados Unidos y Canadá nos encontramos con un programa denominado “Take Our Daughters and Sons to Work” (Llevemos a nuestras hijas e hijos al trabajo) el cual comenzó inicialmente en Estados Unidos en 1993, considerando solo a las niñas ya que fue una iniciativa de la fundación "Ms. Foundation for Woman"[3], lo que cambiaría desde el año 2003 al incluir a los niños y al ser incorporado y apoyado por el propio sistema educativo[2], con el propósito de que:

"niñas y niños en todo el país sueñen sin limitaciones de género y piensen con imaginación sobre su familia, su trabajo y la vida comunitaria. Este programa nacional de educación pública hace que los niños conecten aquello que aprende en la escuela con el mundo laboral actual (… ) Take Our Daughters and Sons to Work ayuda a niñas y niños de todo el país a descubrir el poder y las posibilidades asociado con un trabajo equilibrado y una vida familiar"[4]

Sin lugar a duda, la iniciativa ha tenido gran notoriedad en la país del norte, al ser más de 37 millones de trabajadores que llevan a sus hijos al trabajo por un día, cada cuarto jueves de abril de cada año[5] con el propósito de tener un acercamiento con el mundo laboral y comiencen a expandir sus gustos vocacionales, pero sobre todo, para que los menores sepan más de sus padres y conozcan el lugar donde pasan más tiempo, conociendo así una faceta que en muchos casos no conocen, como a su vez, entiendan el ciclo completo de la economía; con lo cual podrían entender muchas cosas.

Si bien, como se ha expuesto inicialmente, en nuestro país existen iniciativas relacionadas a la práctica de integración familiar en los lugares de trabajo, no terminan siendo generalizadas por lo cual resulta necesario expandir aquellas contribuciones en la relación trabajo – hijos en todas las empresas de nuestro país.

II.IDEA MATRIZ

La presente iniciativa busca instaurar al interior de las empresas que, a lo menos un día al año, los padres y/o tutores legales puedan llevar a sus hijos al trabajo, con el propósito de tener una mayor cercanía con ellos y expandir sus gustos vocacionales.

PROYECTOS DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO.-  La empresa que posea bajo una misma razón social o personalidad jurídica un número igual o superior a los cien trabajadores deberá contemplar al interior de sus actividades anuales, a lo menos un día, donde los trabajadores puedan concurrir con sus hijos (as) a fin de que los niños y niñas puedan conocer el entorno, el área o departamento del lugar donde trabajan sus padres o quien detente legalmente su cuidado.

Lo anterior, con la finalidad de que el niño o la niña, conozca y explore las diversas opciones de desarrollo personal y/o profesional que puede efectuar a lo largo de su vida.

Diputados señores Castro, don José Miguel; Álvarez, don Sebastián; Bianchi; Durán, don Eduardo; Eguiguren y Saavedra, y de las diputadas señoras Castillo, Cid, Hoffmann y Núñez, doña Paulina.

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Labra, Díaz, González, don Félix; Gutiérrez, Ibáñez, Velásquez, don Esteban, y Winter, y de las diputadas señoras Girardi, Hertz y Pérez, doña Catalina, que “Modifica la ley N°20.417, que Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, en materia de sanciones aplicables a los infractores de dicha normativa” Boletín N°11774-12

1.- El 28 de Mayo de 2018, en un hecho desconocido hasta ahora, el medio de investigación Ciper Chile reveló que la Sociedad Química y Mínera de Chile (en adelante “SQM”) incidió en la tramitación de la Ley 20.417 que creó el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente. En la tramitación de este proyecto en la Cámara de Diputados, SQM logró introducir, mediante gestiones ocultas con algunos diputados, 41 indicaciones que tenían por finalidad flexibilizar las normas contenidas en el proyecto original relativas a las facultades de la Superintendencia y las sanciones en caso de faltas.

2.- Ciper detalló y comparó el proyecto original con los cambios propuestos por Julio Ponce Lerou, accionista controlador y Presidente del Directorio de SQM, dando cuenta de las características de los mismos. Entre éstos se encuentra el cambio de la facultad interpretativa de la Superintendencia a las Normas sobre Emisiones y Planes de Prevención y Descontaminación; la ampliación del plazo para presentar Planes de Cumplimiento; la posibilidad de presentar dichos planes a pesar de haber sido sancionado anteriormente y de evitar la imposición de sanciones más graves; por otro lado, se cambió el artículo 41 para beneficiar a aquellas empresas infractoras que se autodenuncien, obligando a la Superintendencia a no sancionar la primera autodenuncia y beneficiar rebajando hasta en un 75% las multas a las grandes empresas que incurran en faltas la segunda y tercera vez.

3.- Los cambios impulsados por SQM, enviados directamente por el mega empresario Julio Ponce Lerou a parlamentarios, y que finalmente pasaron a formar parte de la ley, debilitan los mecanismos de sanción a las grandes empresas que provoquen un daño ambiental.

En suma, los artículos redactados por SQM persiguen su propio beneficio económico, en detrimento de la protección del interés de lo común. Como la propia publicación acredita, varias de las normas que hoy sabemos fueron elaboradas por la empresa minera, son parte de la ley 20.417. Estamos en presencia de una ley -otra más- contaminada por la huella de la corrupción de SQM.

En el caso de SQM, la Superintendencia de Medioambiente ha formulado en su contra seis cargos por faltas leves, graves y gravísimas en torno al proyecto “Pampa Hermosa”, entre las que se encuentran la extracción ilegal de salmuera por sobre lo autorizado, daño a especies nativas aledañas a los proyectos de esta empresa y entrega de información incorrecta respecto a la extracción de agua dulce y niveles de los pozos de agua.

4.- La normativa, en su redacción actual, permite evitar sanciones como la pérdida de la Resolución de Calificación Ambiental o la imposición de una multa en caso de que la empresa proponga un Plan de Cumplimiento, aún cuando haya incurrido en faltas anteriores, lo que en el caso de SQM se traduce en evitar la pérdida de su resolución o una multa cercana a los US $23 millones, además del precedente de ser sancionada por daño ambiental.

Con estas normativa, los costos de vulnerar la normativa ambiental para SQM, en contraposición a los beneficios que obtendría la misma empresa, incentivan el fomento de prácticas que atentan contra la sustentabilidad ambiental del país y el interés común de nuestro pueblo

5. Los cambios propuestos en el presente proyecto de ley suprimen los cambios promovidos por SQM, permitiendo reivindicar el rol del Congreso como órgano representativo del interés general y de la soberanía popular. Por otro lado, tienen por objeto avanzar hacia una mejor regulación ambiental y protección efectiva del medioambiente, estableciendo mecanismos que inhiban a las grandes empresas de vulnerar dicha regulación y eliminando las facilidades que éstas tienen para evitar sanciones.

Por ello es que este proyecto elimina la obligación de la Superintendencia de eximir la multa a los infractores que se autodenuncian por primera vez, y deja este elemento como una facultad del fiscalizador, y por otro lado, permite rebajas en las multas sólo hasta el 50%, impidiendo que estas rebajas puedan llegar hasta el actual 75%.

Por otro lado, se modifica el artículo 42º para impedir que las empresas que ya han sido sancionadas puedan optar a ejecutar Planes de Cumplimiento y evitar sanciones. Por último, se modifica el artículo 45º para establecer la responsabilidad solidaria de las personas naturales que representan legalmente a las empresas en el pago de multas.

Por tanto, los diputados y diputados abajo firmantes suscribimos el siguiente:

Proyecto de ley.

Artículo único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente:

(Al artículo segundo: )

1.En el artículo 41.

a.Para reemplazar en el inciso primero, después de la palabra “Superintendencia” la palabra “deberá” por “podrá”.

b.Para reemplazar, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “rebajará” la expresión “hasta en un 75% y 50%, respectivamente” por la expresión “hasta en un 50%”.

2.En el artículo 42.

a.Para suprimir, en el inciso tercero, después de la coma (,) la frase:

“salvo que se hubiese tratado de infracciones leves”.

3.En el artículo 45:

a)Para reemplazar, en el inciso cuarto, la palabra “subsidiariamente” por “solidariamente”.

Diputados señores Labra, Díaz, González, don Félix; Gutiérrez, Ibáñez, Velásquez, don Esteban, y Winter, y de las diputadas señoras Girardi, Hertz y Pérez, doña Catalina

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Barrera, Jiménez, Núñez, don Daniel; Saavedra y Soto, don Raúl, que “Modifica el Código del Trabajo, para aplicar a los contratos a honorarios, la normativa propia de un contrato individual de trabajo, en las circunstancias que indica” Boletín N°11776-13

ANTECEDENTES

Según informó la Subsecretaría de Previsión Social en Abril de este año 2018 en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, existen 2,2 millones de trabajadores independientes en Chile, de los cuales 985.000 emiten boletas de honorarios. De ellos, 740.000 rechazan realizar la cotización vía devolución de impuestos y solo el 6,1% del total de éstos, es decir, 135.000, cotizan voluntariamente. Según la Encuesta Nacional de Empleo, en el sector público hay 320.000 trabajadores a honorarios.

Un 67,5% de los trabajadores que emiten boleta en Chile, trabajan en el sector privado y un 32,5% de ellos laboran en el sector público. Es decir, dos de cada tres boletas provienen de trabajadores que se desempeñan en el sector privado. La subsecretaría de Previsión Social ha señalado que es fundamental que los trabajadores independientes coticen de forma permanente para que cuenten con la misma protección social a la que tienen derecho los trabajadores dependientes.

La realidad de los trabajadores a honorarios es compleja por varias razones. Una de las principales es el tema previsional. Bajo el formato de impulsar la obligatoriedad de sus cotizaciones, sucesivos gobiernos promueven que la devolución de impuestos sea un momento de pago de cotizaciones impagas. Según las cifras oficiales, alrededor del 70% de los trabajadores a honorarios han rechazado la obligación de cotizar desde 2012. Se estima que la renta bruta cae en 16,5%. Y aún cuando estos trabajadores emplearan su 10% para cotizar, solo podrían hacerlo respecto de las AFP y no de su salud, lo cual es altamente inconveniente del punto de vista de su seguridad social en el trabajo. Estos trabajadores tampoco acceden a seguro de cesantía, reservado únicamente para quienes han tenido contrato de trabajo. Los trabajadores a honorarios no tienen derecho a licencias médicas, incluso si cotizan voluntariamente, dado que las claúsulas contractuales pueden impedir el acceso a las mismas. Asimismo, en caso de despido de un trabajador a honorario, no existe el derecho a indemnización y su estabilidad laboral, es totalmente paupérrimo.

Lo peor de todo esto, es que los contratos a honorarios se celebran para evitar los contratos de trabajo, pese a que aquellos tienen su origen en el ámbito del derecho civil y no laboral. Así, cuando una relación entre dos partes iguales se celebra para convenir un trabajo específico, puede celebrarse un contrato de honorarios. Sin embargo, cuando existen dos partes, una que es trabajadora y otra que es empleadora y entre los cuales hay subordinación y dependencia, esa relación es laboral y no civil. En definitiva, es un subterfugio.

El Código Civil menciona los honorarios cuando se remite a las prescripciones de corto plazo y se refiere a jueces, abogados, procuradores, médicos y cirujanos, directores y profesores de escuelas, ingenieros y agrimensores y en general quienes ejercen cualquier profesión liberal.

Lógicamente, el Código de Trabajo no regula estos contratos por su naturaleza civil y porque regula relaciones de unas personas dependientes de otras. No obstante, sí reconoce su existencia dentro del mundo de relaciones laborales, pero en esos casos, no hay una relación de tal, sino mas bien hay un contrato de honorarios con ocasión del trato entre las partes. Así, hay varias menciones a los honorarios en el Código de Trabajo. Uno de ellas versa sobre las remuneraciones percibidas por los trabajadores de artes y espectáculos. También se menciona a propósito del pago correspondiente a los integrantes del tribunal arbitral y emplea los términos de “contrato de prestación de servicios a honorarios”. La última vez que se refiere el Código a los honorarios es tratándose del Registro Nacional de Árbitros Laborales.

Es necesario subrayar que el Código de Trabajo estima que los contratos a honorarios tienen carácter excepcional y ocasional y doctrinariamente, están distantes de considerarse regulares o frecuentes por cuanto se transformaría en otro tipo de contrato.

Ajeno entonces a la naturaleza propia de las relaciones laborales, lo que es propio de ese mundo, es el contrato de trabajo. El artículo 7º y 8º del Código del Trabajo establecen lo siguiente:

Art. 7. Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada.

Art. 8. Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.

Los servicios prestados por personas que realizan oficios o ejecutan trabajos directamente al público, o aquellos que se efectúan discontinua o esporádicamente a domicilio, no dan origen al contrato de trabajo.

Tampoco dan origen a dicho contrato los servicios que preste un alumno o egresado de una institución de educación superior o de la enseñanza media técnico-profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar cumplimiento al requisito de práctica profesional. No obstante, la empresa en que realice dicha práctica le proporcionará colación y movilización, o una asignación compensatoria de dichos beneficios, convenida anticipada y expresamente, lo que no constituirá remuneración para efecto legal alguno.

Las normas de este Código sólo se aplicarán a los trabajadores independientes en los casos en que expresamente se refieran a ellos.

Afortunadamente existe el art. 8º que nos proporciona una regla general.

Donde si hay definición de los contratos de honorarios y que en gran medida destacan lo indicado en parrafos precedentes, es en los estatutos jurídicos que regulan el empleo del sector público.

El contrato de honorarios previsto en la Ley N°18.834 conocido como “Estatuto Administrativo”, dispone en su artículo 11° que “Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera. Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

El Estatuto Administrativo para funcionarios municipales también estipula la posibilidad de contratos a honorarios. Su artículo 4°establece que “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

Amparados en una norma de carácter excepcional, los gobiernos central, regional, provincial y municipal han dado curso, de forma sostenida, a un conjunto de relaciones laborales que han contribuido a precarizar los derechos laborales. Así, el Estado mantiene relaciones laborales precarias con sus trabajadores, específicamente aquellos a honorarios.

Pese a su evidente carácter excepcional, el contrato de honorarios es, dentro del Estado, bastante frecuente. Al respecto, son dos las consideraciones que hacemos:

1.Se ha masificado la celebración de estos contratos a través de los años, estableciéndose relaciones de carácter laboral con ficciones jurídicas cada vez más al descubierto y reprochados. Son reiterados los pronunciamientos de la Contraloría General de la República e incluso de los Tribunales de Justicia al respecto y que han debido conocer debido a las numerosas controversias promovidas por trabajadores a honorarios.

2.La excepcionalidad ha significado también precariedad. Los honorarios acumulan problemas en relación con la seguridad social, a su seguridad e integridad física y a su protección frente al despido. El efecto es la creación de centenares de miles de trabajadores con lagunas previsionales, sin protección adecuada de salud, sin cobertura en caso de accidentes, sin seguro de cesantía y con nulas posibilidades de desarrollar carreras funcionarias.

La naturaleza jurídica del contrato de honorarios así como las consecuencias que del mismo se derivan, tiene algunos puntos claros como lo expresa la Contraloría General de la República y la jurisprudencia administrativa en general. Sus pronunciamientos han delimitado el marco jurídico de las personas contratadas a honorarios señalando que “quienes sean contratados a honorarios en la Administración, no revisten la calidad de funcionarios públicos y el propio convenio constituye la única norma reguladora de sus relaciones con ella, de manera que aquellos no poseen otros beneficios que los que se contemplen expresamente en el pertinente acuerdo de voluntades, los cuales no pueden ir más allá de los establecidos en la ley para los empleados estatales (aplica dictamen N° 9.804, de 2014).

No obstante, también se ha precisado “… que quienes se desempeñan como contratados a honorarios, aun cuando no son funcionarios públicos, tienen el carácter de servidores estatales, por lo que les resultan aplicables las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas. (Dictamen N° 016103, de fecha 3 de Mayo del 2017).

En la misma linea de negar su condición de funcionario público pero con obligaciones que convierten el trabajador en servidor estatal, hay varios dictámenes, como el N°39846 del año 2015. “Sobre el particular, es dable anotar que la jurisprudencia de esta Entidad de Control ha expresado, entre otros, en el dictamen N° 79.410, de 2014, que las personas contratadas a honorarios están sujetas al principio de probidad y deben respetar las normas que lo regulan, puesto que aun cuando no son funcionarios, tienen el carácter de empleados estatales, precisando, además, que en virtud del artículo 5° de la ley N° 19.896, les resultan aplicables los preceptos que establecen las inhabilidades e .incompatibilidades administrativas.

En concordancia con lo anterior, debe manifestarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 54, letra c), de la ley N° 18.575, no pueden ingresar a cargos en los organismos de la Administración del Estado, las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.”

A nivel de jurisprudencia judicial, cabe destacar algunos fallos como aquel pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Haroldo Brito C., Ricardo Blanco H., Carlos Cerda F., y los abogados integrantes Carlos Pizarro W., y Leonor Etcheberry C. en la causa de “Canales con Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso” N° In: 27.830-2017, en cuya sentencia unificada del 16 de noviembre del 2017, puede encontrarse el siguiente considerando.

“Octavo: Que, en consecuencia, y para los efectos de la unificación de jurisprudencia requerida, se reitera lo sostenido en las sentencias invocadas como fallos de contraste, en el sentido que la interpretación que se estima acertada es la que le da vigencia a las normas del Código del Trabajo respecto de las personas contratadas por la Administración del Estado que, aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula la entidad contratante - en este caso el Serviu de la Región de Valparaíso- , prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del Ramo y no en los términos del Derecho Civil.

En el presente caso se trata de una profesional que si bien aparece contratada a honorarios para diversos proyectos específicos, se desempeñó en condiciones que no son compatibles con una prestación de servicios conforme a las modalidades previstas para el tipo de contrato en referencia, lo que se refleja en circunstancias de hecho que la legislación regula en el Código del Trabajo. Orienta especialmente la decisión de esta Corte el hecho que el desempeño profesional a honorarios no es acorde a una prestación de servicios como la de la especie, esto es, bajo subordinación y dependencia, con obligación de asistencia diaria, cumpliendo horario, como toda otra para el correcto funcionamiento del Servicio en que se desempeña.

Al no ser taxativa la enumeración de sus labores, redacta escrituras y resoluciones, atiende público y realiza otras actividades.”

El 15 de marzo del año 2018, la misma Cuarta Sala de la Corte Suprema se pronunció declarando la existencia de una relación laboral y calificando de injustificado el despido de un trabajador a honorarios cuyo efecto fue la declaración de nulidad del despido. Sostuvo esta sentencia, que debió aplicarse el Código de Trabajo al concurrir las exigencias hacia dicho trabajador de una relación laboral. Afirma que la vinculación entre las partes que fue desarrollada, se hizo fuera del marco legal del Estatuto que autoriza dicha contratación a honorarios, es decir, fuera de lo establecido en el art. 11° de la Ley 18.834, razón que justifica que debe regirse dicha relación por el Código del Trabajo.

Todo lo anterior es una reafirmación del carácter específico y ocasional que informa los contratos de honorarios y que la aplicación concreta de la legislación por parte de los diversos gobiernos en todos sus niveles, es contrario al espíritu de la ley.

CONTENIDO

Es evidente, a nuestro modo de ver, que la ley y el Congreso tienen la posibilidad de evitar que un cambio de interpretación puede precarizar más aún la situación de centenares de miles de trabajadores. La ley puede remediar esta situación y garantizar que el espíritu de la norma prevalezca, es decir, el carácter ocasional y excepcional del contrato de honorarios y no su uso frecuente y masivo.

La Organización Internacional del Trabajo define Trabajo Decente como sigue: “El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social. A su vez, la libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas en igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.

Fue política del gobierno de la Presidenta Bachelet, el traspaso de funcionarios a honorarios a la contrata. Según informó la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, entre el año 2015 y 2017 se esperaba traspasar 14.007 funcionarios. Esto da cuenta de que existe conciencia por parte de la propia Administración del Estado sobre la incorrecta situación derivada de la excesiva contratación a honorarios. Esta política ha sido continua como lo expresa el hecho que para el año pasado, se consultó en la Ley de Presupuestos 8000 traspasos, liderando la lista, el Ministerio de Salud con 3.375 funcionarios. Para decirlo claramente, los honorarios que se desempeñan en el Estado, deben continuar pasando a la contrata y a juicio de los diputados firmantes, tal propósito debe seguir animando la Administración Pública.

Este proyecto de ley propone fijar una regla que establezca con claridad, que en los casos en que un empleador sea demandado por un trabajador que tenga contrato a honorarios, el Tribunal que conozca de la causa y que llega al convencimiento que hay una relación laboral, debe considerar que el contrato celebrado entre las partes, fue un contrato de trabajo.

La ley y el Congreso deben evitar que un cambio eventual en la interpretación de la ley conduzca hacia una precarización de la situación de centenares de miles de trabajadores y trabajadoras. La ley puede remediar esta situación y garantizar que el espíritu de la norma prevalezca. Para ello, promover un cambio al Código de Trabajo es un buen camino, y el cambio que debiera producirse, debe ser, a nuestro modo de ver, totalmente coincidente con el fallo reciente de la Corte Suprema.

Por tales motivos, los diputados firmantes vienen en presentar el siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY

1.Intercálese al artículo 8º del Código de Trabajo el siguiente nuevo inciso segundo.

“Igual disposición se aplica a los contratos a honorarios cuando exceden los términos establecidos en la ley.”

Diputados señores Barrera, Jiménez, Núñez, don Daniel; Saavedra y Soto, don Raúl