Labor Parlamentaria

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca.

Diputado informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos es el señor Gabriel Ascencio .

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 18ª de la presente legislatura, en 3 de mayo de 2018. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos sobre modificaciones del Senado al proyecto, sesión 35ª de la presente legislatura, en 6 de junio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 1.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor ASCENCIO (de pie).-

Señora Presidenta, en representación de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, paso a informar sobre el proyecto de ley que moderniza del Servicio Nacional de Pesca y establece una gran cantidad de acciones y procedimientos para perseguir la pesca ilegal.

Quiero saludar a la directora nacional subrogante de Sernapesca y a algunos de sus funcionarios, quienes se encuentran presentes en las tribunas, como también a los dirigentes de los pescadores artesanales.

Asimismo, deseo saludar al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca, quienes han venido a acompañarnos en la discusión de este proyecto.

También deseo saludar y entregar mis agradecimientos a los integrantes de la Comisión de Pesca.

Sin duda, se trata de un proyecto complejo y cuya tramitación viene desde hace bastante tiempo, pues fue asumido por diputados que no formaron parte de dicha comisión en la siguiente etapa. Dicha iniciativa se presentó alrededor de 2015, se tramitó en la Cámara de Diputados y en algún momento fue enviada al Senado para permanecer allí no sé por cuánto tiempo. Sin embargo, este año la Cámara Alta hizo algunas observaciones a lo aprobado por la Cámara de Diputados, las cuales debieron haber sido enviadas inmediatamente a esta Sala para que ustedes votaran a favor o en contra las modificaciones introducidas por el Senado.

Tuvimos la suerte de que la Mesa, junto con los jefes de bancada, decidieran que el proyecto que contenía las observaciones del Senado fuese remitido a la Comisión de Pesca. La tarea de esa comisión fue revisar lo despachado por la Cámara de Diputados, pero fundamentalmente las modificaciones que el Senado introdujo al proyecto.

Por su parte, hoy la Comisión de Pesca ha recomendado a la Sala, por una parte, aprobar un conjunto de normas contenidas en el proyecto, y, por otra, rechazar otro conjunto de normas de esta iniciativa. El rechazo tiene el objeto de constituir una comisión mixta de senadores y diputados para resolver las discrepancias entre sus criterios y los nuestros, y eso es lo que haremos hoy.

Cada uno de de ustedes tiene en sus pupitres electrónicos el informe entregado por la Secretaría de la Comisión de Pesca. Sin perjuicio de ello, señalaré algunas enmiendas que me parecen las más importantes. De todas maneras, quiero que las señoras diputadas y los señores diputados tengan más o menos presente los criterios que tuvo la Comisión de Pesca, por unanimidad, para opinar de la forma como lo estamos haciendo. O sea, por lo menos el 90 por ciento de las recomendaciones nuestras, tanto para aprobar como para rechazar, han tenido la unanimidad de los miembros de la comisión.

¿Cuáles son los criterios establecidos?

El primer criterio es, obviamente, aprobar todas las normas referidas a los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, porque se introdujeron modificaciones que, a nuestro juicio, eran más importantes y mejores para ellos. Creíamos que no había mayor discusión en ello y que, por lo tanto, debíamos aprobarlas. No solo tiene que ver con el tema de las asignaciones, sino también con el aumento en más de 250 nuevos funcionarios de Sernapesca, que se dispondrán en su momento y de acuerdo con lo que establecen la ley y las autoridades del sector.

El segundo criterio es que todos estamos en contra de la pesca ilegal. O sea, no hay nadie que dude que debemos perseguirla; sin embargo, cuando lo hacemos también debemos tener en cuenta algunos factores.

Primero, nunca más queremos ver preso a un pescador artesanal por haber incumplido o infraccionado una norma que sanciona, de manera no proporcional, con pena de cárcel, porque, según el criterio de todos los miembros de la comisión, eso no corresponde. Eso se irá viendo artículo por artículo; pero la idea es que no haya más pescadores presos, porque en mi región, y en particular en mi distrito, los hemos tenido.

En verdad, se ve muy mal que, por cometer infracciones a la actual ley de pesca, Sernapesca tenga la obligación de cursar una multa, porque luego el tribunal sanciona. Si el pescador no tiene cómo pagar la multa, este termina preso.

También hemos sostenido que debe haber proporcionalidad en la infracción cometida y en la pena que luego se quiera aplicar. No es lo mismo una multa de una cantidad equis más una multa fija, más una multa variable, más el decomiso o comiso de todos sus productos, más la prohibición de zarpe, más la suspensión en el Registro de Pescadores y más no sé cuántos años de cárcel si no ocurre nada.

De igual forma, estamos incorporando todo lo que podamos para, no estando claros en la ley que aprobamos tanto diputados como senadores, dejar en claro el respeto a los derechos de los pueblos originarios.

Además, estamos tratando de hacer posible que no se vaya a infraccionar injustamente a los recolectores de orilla. Existe la cultura de la gente que va a la playa para recolectar los productos del mar, pero luego no tendrá cómo probar el origen o como queramos definir la pesca ilegal. Se trata de gente que terminará siendo infraccionada de todas maneras, por andar con un gualato y unos baldes recogiendo machas, choritos o lo que sea.

También estamos tratando de establecer un símil de lo que en Derecho Penal se llama principio pro reo, para lo cual hemos rechazado algunas normas. De alguna manera podríamos establecerlo aquí, a fin de favorecer a los eventuales infractores una vez que este proyecto se transforme en ley. Conforme con el principio pro reo, estas disposiciones podrían favorecer a quienes ya hayan sido sancionados, no solo a los futuros infractores.

-Habla un señor diputado.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Diputado, no podemos interrumpir al señor Ascencio ; debe terminar su informe.

Entiendo que el diputado Ascencio está explicando la opinión de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos respecto de las modificaciones que le hizo el Senado al proyecto.

El señor ASCENCIO (de pie).-

Señora Presidenta, obviamente, puede haber distintas visiones y opiniones respecto de este proyecto, pero no debería despertar pasiones. Simplemente, debiese primar el buen criterio, para que actuemos con la mayor justicia posible.

En tal sentido, la comisión recomienda aprobar las siguientes modificaciones del Senado:

A los artículos 1, 3, 4, 7, 8, número 4, nuevo, letras a), b) y c); artículo 9, números 2 y 3, nuevos-letras a y b-; número 3 (ahora 5); 8, nuevo, letras a) y b); número 12, nuevo, letra a); 14, nuevo; 11 (ahora 17), artículo 114 bis propuesto (ahora 114 A); número 12 (ahora 18), artículo 119; número 14 (ahora 20), letra a), ordinal vii, nuevo; ordinal viii (ahora ordinal ix), letras u) y x), nueva, y número 14 (ahora 20), letra b); número 21 (nuevo), letra b), i); número 16 (ahora 23), artículo 136; número 18 (ahora 26), artículo 139 bis; artículo 10, letras a), b) y c); artículo segundo transitorio.

(Habla un señor diputado)

Esta es una forma de rendir el informe, pero podríamos tener una forma distinta. Lo hago así porque sus señorías tienen en sus pupitres electrónicos el texto aprobado por la comisión. Todos pueden revisar allí las modificaciones que aprobamos y las que rechazamos. La idea es que las votemos en bloque: por un lado las disposiciones que proponemos aprobar, y por otro, las que proponemos rechazar. Ello sin perjuicio de que cualquier diputado puede solicitar votación separada de alguna modificación en particular, si es que no comparte la proposición de la comisión.

En general, señoras y señores diputados, dije que los criterios están puestos sobre la mesa: aprobamos los artículos que tienen que ver con los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), pero tenemos muchas dudas respecto de algunas modificaciones que tienen relación con las infracciones, por lo que muchas de ellas las hemos rechazado.

Llamo la atención sobre la acreditación legal de origen, que es una forma de definir la pesca ilegal. Pido que analicen ese artículo, que como comisión recomendamos rechazar, porque podría haber criterios distintos. La Cámara de Diputados definió de una forma la pesca ilegal, pero los senadores señalaron otra. Pensamos que lo que nos propone el Senado debiera ser rechazado, para luego buscar un acuerdo en comisión mixta acerca de cómo definir la pesca ilegal, porque de ese artículo dependerá mucho el respeto por los derechos de los recolectores de orilla, de los pescadores artesanales, de los pueblos originarios y la proporcionalidad.

En general, hay otros temas que tienen que ver con las certificaciones de desembarque y con quien paga dichas certificaciones. Todo eso lo encontraran sin mayor problema en el informe que tienen en su poder. Es muy posible que los miembros de la Comisión de Pesca hagan sus propias intervenciones con el objeto de poner el acento en aquellas modificaciones que quieren destacar.

Señora Presidenta, no los cansaré más. En realidad es un tema complejo y probablemente el gobierno también hará presente su opinión sobre el trabajo que realizamos. Lo único que pido es que miremos con la mayor acuciosidad posible el proyecto, porque, al ser tan complejo, es también de gran responsabilidad para nosotros, en relación con lo que queremos construir para el futuro de la pesca.

Esta es una modificación urgente a la actual ley de pesca, pero creo que aún tenemos tiempo para avanzar. El que lo hagamos pasa por si aprobamos las modificaciones del Senado o no. Si rechazamos algunas, la próxima semana podría reunirse la comisión mixta.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Solicito el acuerdo de la Sala para dar la palabra al señor subsecretario de Pesca y Acuicultura.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Jaime Tohá .

El señor TOHÁ.-

Señora Presidenta, me alegro por el ambiente que existe hoy en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, lo que se debe al gran trabajo que han hecho su Presidente y cada uno de sus miembros. Creo que el país puede estar tranquilo de que difícilmente volverán a ocurrir las muy inconvenientes prácticas que se vivieron en el pasado en el Parlamento a propósito de determinados proyectos.

Como dijo el diputado Gabriel Ascencio , la iniciativa se refiere a uno de los temas más urgentes en relación con los recursos pesqueros. Consideramos apremiante fortalecer la institucionalidad para que el combate a la pesca ilegal sea cada día más efectivo, dar mayores facultades a Sernapesca, aumentar su dotación de personal, así como las remuneraciones de sus trabajadores, que hacen una labor tan sacrificada y muchas veces no reconocida.

Uno de los hechos más relevantes para mí es que el Sernapesca se hará cargo, como entidad pública, de funciones que hoy cumplen agentes privados.

El proyecto también redefine la caracterización de ciertas faltas o delitos, como las respectivas penas y sus procedimientos, ya no solo en el proceso extractivo, sino también en lo relativo al almacenamiento, pesaje, transporte, comercialización e, incluso, a los establecimientos donde se consumen recursos marinos, lo que genéricamente es loable en la medida en que la iniciativa se focalice en los grandes infractores de la legislación.

No obstante lo anterior, la iniciativa se da en un contexto en que la inequidad en el acceso a los recursos genera un ambiente de profunda desconfianza en el mundo artesanal y en las comunidades costeras de los pueblos originarios, ya que para esos sectores resulta complejo aceptar que, en un escenario en que no se vislumbran iniciativas para modificar el injusto modelo de fraccionamiento de las distintas pesquerías, el acento se ponga hoy en la fiscalización y no en modificar esa insostenible inequidad.

En el Senado se introdujeron cambios significativos al proyecto despachado por esta Cámara. El significado de dichos cambios puede ser complejo en ciertos casos, mientras que en otros puede producir efectos indeseados. Como dijo el Presidente de la comisión, no queremos ver en la cárcel a pescadores realmente artesanales, a recolectores de subsistencia o a miembros de los pueblos originarios.

(Aplausos)

Sí queremos que se persigan los grandes carteles que explican los colosales volúmenes de pesca ilegal.

Ese fue el ánimo que predominó transversalmente en la comisión al rechazar determinados artículos, lo cual no significa necesariamente estar en contra de ellos, sino de que existe una duda razonable sobre sus reales alcances, por lo cual se estimó que una comisión mixta, en que ponderadamente, con calma y junto a quienes impulsaron esos cambios, se puedan dilucidar esas diferencias que hoy predominan, lo que nos parece que es el camino más adecuado para avanzar en una iniciativa legal que, sin duda, será un paso más en la lucha contra la pesca ilegal.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señora Presidenta, concuerdo con el señor ministro respecto de perseguir la pesca ilegal. Creo que todos estamos de acuerdo con que tenemos que normar esa situación.

Sin embargo, luego de la discusión que llevamos a cabo en la Comisión de Pesca, recomendamos aprobar una parte importante de las modificaciones y rechazar otra parte importante de ellas, porque está claro que el ejemplo que dio el señor ministro de que la pesca ilegal de la merluza son 100.000 toneladas y que lo autorizado son 25.000. A todas luces, eso es un exceso, está absolutamente descontrolado; pero no tiene ningún sentido penalizar fundamentalmente a los pescadores artesanales por ese motivo, pues, en definitiva, no hay posibilidad de que eventuales pescadores artesanales ilegales puedan consumir o comercializar 100.000 toneladas de merluza, ya que detrás de eso está alguna industria importante, que no quiero nombrar.

(Aplausos)

Entonces, ahí viene el cuestionamiento humano de fondo, cual es buscar salidas alternativas para controlar de verdad esa situación, como la apertura de registros en forma controlada.

No es posible que no exista la posibilidad de abrir el registro, y los pescadores vean cómo colegas de otras zonas del país pesquen en su zona sin que ellos puedan acceder al mismo beneficio.

(Aplausos)

Entonces, hay una serie de contradicciones que el actual gobierno ha tratado de solucionar, pero es bueno aclarar que tienen larga data y que las anteriores administraciones no lograron hacerlo.

Hoy debemos discutir los puntos más relevantes del proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca. El Senado modificó el texto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional.

Como miembro de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, debo decir que la discusión no ha sido fácil, ya que todos los diputados que somos parte de dicha comisión aspiramos a que el trabajo de los pescadores artesanales no se vea afectado por algunas modificaciones realizadas por el Senado. Por esto, nuestro objetivo es recomendar hoy el rechazo de algunas propuestas y, de esta manera, continuar una discusión más profunda y acuciosa de cada una de las disposiciones que, a juicio personal y a juicio de la Comisión de Pesca, requieren ser revisadas en una comisión mixta.

Para entender la lógica de nuestras recomendaciones, me parece relevante señalar los aspectos más importantes del proyecto de Sernapesca.

Por una parte, encontramos las disposiciones que modernizan el Servicio, con el objeto de lograr una fiscalización más eficiente y oportuna de la pesca ilegal y, de esta forma, mantener controlados los riesgos sanitarios y garantizar la inocuidad de los productos de la pesca y la acuicultura, para su comercialización en los mercados nacionales e internacionales. En este sentido, el proyecto propone una serie de medidas que aluden principalmente al aumento de los funcionarios y del personal de apoyo del Sernapesca, con el propósito de fortalecer el monitoreo de la pesca ilegal y asegurar la trazabilidad de los recursos.

Con el mismo objetivo, se establecen otras propuestas ligadas a la asignación mensual de los funcionarios y ciertas disposiciones que dicen relación con el rol que cumpliría dicho Servicio en el proceso de certificación de las actividades extractivas pesqueras.

La Comisión de Pesca consideró, en términos generales, que las propuestas realizadas por el Senado en este aspecto no tienen mayores problemas, sin perjuicio de que recomendamos rechazar algunas modificaciones que nos generaron dudas en cuanto a su redacción y la posible afectación laboral que sufrirían los funcionarios del Servicio, a raíz de ciertos turnos de trabajo que se proponen para ellos.

Por otro lado, lo que sí resulta problemático son aquellas modificaciones introducidas por el Senado respecto de la sanción con cárcel para aquellos pescadores artesanales que no paguen sus multas por realizar pesca ilegal. En este sentido, nos parece que la tipificación de algunas conductas como delitos y sus respectivas sanciones de presidio no son las más óptimas y perjudican a los pescadores artesanales.

Nadie podría negar la sanción de conductas ilegales en un Estado de derecho. Sin embargo, estas debieran estar definidas en atención a las circunstancias, distinguiendo, en este caso, entre la realidad que vive un pescador artesanal y un industrial.

Asimismo, es fundamental establecer una diferenciación en las penas de acuerdo a criterios cuantitativos que consideren, por ejemplo, el monto y cantidad del recurso pesquero involucrado en la infracción.

Otro punto que me parece importante señalar corresponde a una de las modificaciones propuestas por el Senado, que cambia el concepto de “pesca ilegal” por el de “acreditación de origen legal”. Este cambio otorga al Sernapesca la facultad de establecer el procedimiento, condiciones y requisitos para acreditar el origen legal de los recursos.

Por lo tanto, la legalidad de la actividad extractiva pesquera no estaría definida por ley y, por lo tanto, esta definición estaría sujeta a la discrecionalidad del Servicio. Lo anterior po- dría afectar a la pesca de subsistencia, es decir, a aquella actividad que tiene por objeto extraer recursos para el consumo de las familias de los pescadores, y no a la venta en un mercado determinado.

Por lo tanto, se detecta la necesidad de hacer una distinción entre aquella actividad pesquera destinada al comercio y la pesca de subsistencia tan propia de una gran cantidad de chilenos.

Asimismo, otro de los puntos más complejos corresponde a las sanciones estipuladas para la extracción de recursos sobreexplotados o colapsados. Esta actividad sería un delito sancionado con cárcel, sin distinguir entre un pequeño pescador que extrae sus recursos como principal sustento económico y la extracción que realiza un establecimiento comercial.

Finalmente, me parece muy importante que podamos continuar la discusión de las respectivas modificaciones en una comisión mixta, pues en las disposiciones de esta iniciativa está en juego el trabajo de los pescadores artesanales, que se verían perjudicados por la tipificación de conductas que, más que delitos, constituyen su principal fuente para generar ingresos y proveer a sus familias. Detrás de su trabajo encontramos un estilo de vida, personas que ven en la pesca una oportunidad para sustentar sus necesidades cotidianas.

No solo estamos legislando para regular una actividad económica muy importante para nuestro país, sino que también, con nuestras decisiones, estamos condicionando la realidad de una gran cantidad de chilenos. Por lo mismo, debemos ser muy rigurosos y responsables a la hora de determinar las disposiciones de este proyecto, con el propósito de garantizar que los pescadores artesanales puedan seguir realizando sus actividades extractivas en virtud de un marco normativo adecuado.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señora Presidenta, este proyecto responde a la creciente necesidad de cuidar nuestros recursos pesqueros, en constante peligro debido a la pesca ilegal. Para la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, que represento, este proyecto cobra una gran importancia, porque entrega nuevas atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias para resguardarnos de la pesca ilegal, que merma profundamente la biomasa de los recursos marinos que abundan en nuestras costas.

Este proyecto contempla una serie de mejoras, como son la asignación para los funcionarios del Servicio, el fortalecimiento de su función pública, el incremento de la dotación de personal, el perfeccionamiento de las funciones y gestiones de fiscalización del Servicio, en fin, y una serie de nuevas regulaciones a las empresas pesqueras en cuanto a las infracciones y delitos, como es la falta de acreditación del origen legal de algún recurso hidrobiológico que esté siendo comercializado, entre otras, lo cual me parece bastante bien.

Quiero resaltar la modificación realizada por el Senado al artículo 7 del proyecto, en que se aumenta la dotación máxima del personal del Servicio Nacional de Pesca para mejorar la certificación de las exportaciones y la certificación de desembarque, que hoy realizan auditores privados. Se trata de una modificación que incorporó el Senado en el segundo trámite constitucional para hacer más efectiva la fiscalización a la pesca y que labor sea realizada por un funcionario público.

También son importantes el nuevo numeral 4 del artículo 8, que incorpora la función de coordinar el sistema de certificación de la información del desembarque, como también el numeral 8 del artículo 9, que incorpora la obligación de certificación de las naves, obligando además a los armadores artesanales que pescan con cerco, cualquiera que sea su eslora, para de esta forma evitar el ocultamiento de infracciones mediante el hecho de no ser fiscalizados por el largo de la nave.

Estas y otras modificaciones son bastante importantes para potenciar este proyecto en lo que a fiscalización se refiere.

Asimismo, hay algunas modificaciones que fueron rechazadas por la Comisión de Pesca, como el numeral 1 del artículo 9, que cambia el concepto de “pesca ilegal” por “acreditación legal de origen”, que fue rechazado por cambiar el concepto de pesca ilegal reconocido internacionalmente por la FAO.

La Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo es única en el mundo por la calidad de sus aguas marinas y por la extensión de sus caladeros, lo que genera condiciones propicias tanto para la pesca industrial como para la pesca artesanal. Esta industria pesquera y acuícola genera un desarrollo y un encadenamiento positivo entre pescadores artesanales e industriales, y representa casi el 30 por ciento del PIB de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, solo comparable con la actividad del Estado. La agricultura y la minería rondan entre el 7 y el 8 por ciento, mientras el turismo no alcanza al 1 por ciento.

Por eso es tan importante la discusión que hoy día estamos dando para dotar de más herramientas de fiscalización a Sernapesca, con el fin de evitar que se sigan explotando de manera indiscriminada los recursos marinos de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Por lo mismo, también hemos insistido en la regionalización de los recursos marinos.

Por lo anterior, respaldo el trabajo realizado por la Comisión de Pesca. He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señora Presidenta, como lo plantearon los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, incluido el Presidente de la comisión, este es un proyecto de ley importante para el país, para combatir el millonario negocio, como aquí se ha dicho, de la pesca ilegal, pero también para proteger la dignidad y el rol público de los funcionarios de Sernapesca.

Este proyecto -no van a faltar quienes una vez más se quieran vestir con ropa ajena- tiene una discusión de larga data en la Cámara de Diputados. En la Comisión de Pesca partió bajo la presidencia del entonces diputado Iván Fuentes ; luego continuó bajo mi presidencia, durante la cual lo sacamos adelante después de una ardua discusión en dicha instancia.

Es un proyecto que, de una u otra manera, termina con algunas graves injusticias que todavía existen en el país. Por ello, le pido al señor ministro que me preste atención que merezco, porque, en definitiva, el hecho de poder exteriorizar nuestras opiniones aquí va justamente en la línea de que los ministros y subsecretarios nos escuchen.

Quiero dar un ejemplo.

Antes de esta futura ley, si un pescador de Maullín era sorprendido con diez kilos de almejas en veda, debía pagar una multa de 2.000.000 o 2.500.000 de pesos, y si no tenía la plata, terminaba en la cárcel, como acá se ha dicho. La cárcel Alto Bonito de Puerto Montt es testigo de cómo muchos de nuestros pescadores de Hualaihué, Chiloé , Maullín y Calbuco tuvieron que pagar con cárcel porque fueron sorprendidos con esa mínima cantidad de recursos.

Cuando no existía esta ley en proyecto que ahora queremos aprobar, un industrial de la Región del Biobío que era sorprendido con toneladas de pesca ilegal, terminaba pagando multas de cuatro millones o cinco millones de pesos. Esa era la proporción. Sin embargo, obviamente hay una distancia sideral entre ellos, porque ese empresario tiene la asesoría jurídica y todos los elementos para defenderse de las multas. Por lo tanto, finalmente, terminaba reduciéndolas y pagando prácticamente lo mismo que el pescador artesanal.

Por eso, quiero partir mi intervención destacando que este proyecto sufrió ciertos ataques al inicio, porque muchos decían que era una fórmula para criminalizar a los pescadores artesanales. Sin embargo, logramos hacer entender a nuestros dirigentes de la pesca artesanal que este proyecto hace todo lo contrario, pues otorga más facultades, pero persigue la pesca ilegal.

El ministro habló del compromiso del Presidente Piñera en relación con el tema de la pesca ilegal y de la pesca en general. Ojalá que ese compromiso del Presidente se vea traducido en grandes modificaciones a la ley de pesca, que todos sabemos que fue construida en el Parlamento sobre la base del cohecho y el soborno de ciertos empresarios de la pesca.

Quiero decirlo con todas sus letras, y disculpe la franqueza: como usted dijo, no solo realizan pesca ilegal mafiosa aquellos que violan el sistema de la pesca legal. Desde mi punto de vista, también son mafiosos, señor ministro, aquellos que corrompieron el sistema político; aquellos que cometieron cohecho; aquellos que financiaron ilegalmente la política y que permitieron que muchos de los que llegaron acá vinieran no a defender los intereses ciudadanos, sino los intereses de empresarios que hacen un daño tremendo al sistema de pesca en nuestro país.

Por eso, creemos que este proyecto, de una u otra manera, es un avance importante.

Me queda una duda.

Usted, señor ministro, hace un llamado a que hoy aprobemos este proyecto. Mi interpretación -me gustaría que usted lo pudiera clarificar en algún momento- es que usted nos pide que votemos a favor todas las modificaciones que el Senado introdujo al proyecto. Sin embargo, estimados colegas, creo que las modificaciones al proyecto son un retroceso; significan volver atrás, volver a lo mismo, volver a la nula proporcionalidad en las condenas entre un pescador artesanal y los grandes industriales que realizan pesca ilegal, y no contribuye en esencia a mejorar las condiciones y la dignidad de la función pública de los funcionarios del Sernapesca.

Por lo tanto, hago un llamado a los colegas a rechazar íntegramente las modificaciones del Senado y a que sea una comisión mixta la que dirima qué es lo mejor para esta iniciativa.

Pata terminar mis palabras, deseo expresar al diputado Hernández que se equivoca cuando señala que las anteriores administraciones no lograron nada en el tema de la pesca; se equivoca y falta a la verdad de manera descarada. El gobierno de la Presidenta Bachelet avanzó en muchas materias de pesca, en el tema de las caletas y en muchas otras materias vinculadas a potenciar el desarrollo de los pescadores artesanales.

No fue el gobierno de la Presidenta Bachelet el que generó un proyecto de ley viciado, un proyecto de ley corrupto, como el que tuvimos en 2012; no fue el gobierno de la Presidenta Bachelet el que tuvo un ministro que hoy esta formalizado por la justicia producto de las conductas que allí ocurrieron, y no fue el gobierno de la Presidenta Bachelet el que tiene parlamentarios acá, que llegaron incluso ahora de la Octava Región -dos-, que vinieron con financiamiento ilegal de las empresas pesqueras a defender -yo creo- esos intereses más que los de la gente.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA (don Alexis).-

Señora Presidenta, el diputado Javier Hernández expuso bastante bien sobre los aspectos que se discutieron en la comisión en relación con este proyecto, además del relato que hizo el presidente de la comisión, el diputado Ascencio .

Más allá del articulado y de la discusión técnico-política que se dio en la comisión, lo que es cierto es que existe pesca ilegal. Esa es una realidad ineludible.

La pesca ilegal es realizada por pescadores industriales y artesanales. Hay que señalar también que la pesca ilegal en el mundo artesanal es potenciada y fomentada con mucha fuerza por el mundo industrial, que compra toneladas para su procesamiento.

¿Por qué existe la pesca ilegal?

Por su intermedio, señora Presidenta, deseo expresar al ministro que la pesca ilegal, sobre la cual nadie podría estar de acuerdo, porque altera la sustentabilidad de nuestros recursos pesqueros, que ya están en una situación difícil -nadie podría estar de acuerdo en aquello-, se sostiene porque efectivamente tenemos una ley de pesca que en su fraccionamiento dejó a la pesca artesanal -es lo que me preocupa sustancialmente- con cuotas que hacen insostenible vivir a las familias dedicadas a esta actividad.

En su momento expuse al subsecretario la situación del Maule, que tiene una zona norte y una zona sur. De acuerdo al fraccionamiento de la merluza, que entrega 40 por ciento a la pesca artesanal y 60 por ciento a la pesca industrial, en la zona norte, que tiene un promedio de tres personas en cada embarcación, cada pescador tendría aproximadamente 170.000 pesos mensuales para vivir, ello considerando el precio estándar de la merluza.

En la zona sur esa cifra es más dramática aún: 90.000 pesos promedio por cada miembro de la embarcación. Con eso no se puede vivir, ministro. Esos son datos concretos y el subsecretario los conoce. Si quiere, hacemos el ejercicio matemático; no tengo ningún problema.

Por lo tanto, ese fraccionamiento que se sustenta en una ley de pesca ilegal y corrupta -digámoslo con todas sus letras- ha propiciado o empujado a muchos pescadores artesanales a tener que involucrarse en la pesca ilegal. Esa es la realidad. Con esta ley en proyecto no estamos solucionando el problema de fondo, sino castigando, con tipificaciones bastante fuertes, la pesca ilegal, la cual seguirá existiendo en la medida en que no solucionemos el problema de fondo, que es esta ley de pesca corrupta.

¡Qué insólito, ministro, sería ver a pescadores artesanales presos como consecuencia de la pesca ilegal, y por la calle libres a aquellos que crearon esta ley de pesca, que recibieron los maletines y que finalmente generaron esta situación! Miren esta situación y lo disparejo de esta realidad. Quienes estuvieron detrás del financiamiento ilegal para sacar una ley de pesca que beneficia a la industria y perjudica a la pesca artesanal caminan libres por las calles de Chile, y los pescadores artesanales que sufren con esta ley, eventualmente irán a la cárcel.

¡Eso no es sostenible, ministro!

Quiero decir que, por lo menos en lo personal, estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por el presidente de la comisión. Hay una parte que tiene que ver con la modernización del Sernapesca -en eso nadie puede estar en contra-; pero, lamentablemente, en algunas de las normas no está claramente despejado hacia quiénes va la tipificación de los delitos y sus sanciones.

Por cierto, uno entiende e intuye -así lo ha señalado el subsecretario y quienes han defendido el proyecto desde Sernapesca - que esto apunta a las grandes mafias. Lo han dicho claramente: esto apunta a la industria, a industriales que están comprando grandes volúmenes de recursos pesqueros prohibidos e ilegales, los están procesando y distribuyendo. Sin duda, uno puede intuir que es así; pero la ley no hace esa separación. En ese mismo saco puede estar el gran industrial, y también un humilde pescador.

Por lo tanto, es necesario darle una segunda vuelta; es necesaria una comisión mixta. En eso estoy totalmente de acuerdo; ese fue el objetivo del rechazo de una parte de los artículos para poder propiciar una discusión distinta. Sin embargo, sigo insistiendo en que mientras no solucionemos el problema de fondo y no modifiquemos esta ley de pesca corrupta seguiremos teniendo pescadores artesanales forzados a incorporarse a la pesca ilegal para llevar el sustento a sus familias durante los meses más complejos.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Prieto .

El señor PRIETO.-

Señora Presidenta, quiero hacer un análisis del proyecto en discusión, el cual inició su tramitación en esta Cámara con la idea matriz de establecer el pago de una asignación mensual al personal de planta y a contrata del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), que era diferenciada respecto de la labor fiscalizadora y dejaba afuera a los directivos de la institución.

Dicha asignación es en razón de las nuevas responsabilidades que se le otorgan en este mismo proyecto, con un aumento de dotación de veinte personas, para mejorar el servicio en materia de inocuidad alimentaria y facilitar el comercio exterior con la destinación de esos funcionarios, por ejemplo, a algunos pasos fronterizos y aeropuertos.

En la tramitación del proyecto en el Senado, se incorporó una nueva función a Sernapesca, que dice relación con las certificaciones de los desembarques, lo cual hizo que del guarismo “20” pasáramos a lo que hoy votaremos, que es un aumento de dotación de 253 personas que ingresarán gradualmente en un período de cuatro años.

Estoy completamente de acuerdo con esta modificación del Senado. Si bien, el número puede resultar escandaloso, por el salto cuantitativo en la dotación de personal, ello es sumamente necesario para hacer frente a la pesca ilegal en nuestro país, dado que, como ha señalado el ministro, se ha cuadriplicado a la pesca licita, generando algo más de 300 millones de dólares.

En este punto voy a detenerme un segundo. Se ha dicho que la merluza común tiene una cuota legal de 25.000 toneladas y una estimación de pesca ilegal de 100.000 toneladas. Sin embargo, cuando pregunté en la comisión respecto de las zonas en que existe la pesca ilegal y si se puede individualizar a quienes la realizan, los pescadores artesanales o la industria, la respuesta no me dejó conforme producto de que solo era una estimación. Con estimaciones no puedo formarme una idea para votar a favor o en contra, pues me gustan los hechos reales.

Sin querer ser exhaustivo, puedo señalar que el Comité de Manejo de la Pesquería de Merluza Común, en el acta de reunión N° 1, de 9 de septiembre de 2014, se refirió al respecto y expresó: “Se estima que en la pesquería de merluza común se ha capturado varias veces la cuota decretada para el presente año.”.

Sin lugar a dudas, se requiere un mayor número de fiscalizadores para que se desplieguen a lo largo de nuestro país, pero también necesitamos herramientas legales más eficaces para perseguir y sancionar a quienes integran las redes de pesca ilegal.

Este proyecto de ley no llega solo al primer eslabón de la cadena, sino que avanza hacia las etapas de procesamiento y comercialización, y sanciona la falta de acreditación de origen legal e incorpora, incluso, a los restaurantes, locales de ventas al por menor o similares.

A su vez, aumenta las sanciones para quienes introduzcan agentes contaminantes químicos o biológicos en el mar, los ríos, los lagos o cualquier otro cuerpo de agua, con lo cual se hace frente a situaciones como la que vivió la gente de la zona sur de nuestro país producto del vertimiento de salmones al noroeste de la isla Grande de Chiloé.

En cuanto a los delitos que se propone tipificar en el proyecto de ley, muchos colegas y quien habla tratamos de evitar la criminalización con penas privativas de libertad en caso de violación de ciertas normas que regulan la pesca artesanal. En ese sentido, muchos delitos propuestos por el Senado fueron rechazados por este principio, por lo que espero que pasen a comisión mixta para su discusión. No obstante se establece una vía de sustitución de la sanción si el sancionado no tuviese bienes.

Finalmente, con el fin de avanzar en esta iniciativa y, de una vez por todas, hacer frente a la pesca ilegal que ha sumergido al sector en precariedades producto de la sobreexplotación del recurso, espero que el proyecto vaya a comisión mixta, para ser lo más justo posible y, sobre todo, para que tengamos números reales…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señora Presidenta, no pensaba intervenir en este proyecto, porque fundamentalmente se tramitó en el anterior período legislativo. Pero al leer y analizar el proyecto, observo a gente conocida, como el señor Raúl Súnico , exsubsecretario de Pesca y exdiputado, y también al señor Iván Fuentes , entonces presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. “Sospechosa la huevá”, como dice un conocido humorista.

(Aplausos)

¡Muy sospechosa!

Después de una rápida lectura del proyecto, puedo decir que está conformado de dulce y de “grasa”, aunque más grasa que dulce, lo que llama a confundir, porque se habla de pesca ilegal, pero no define bien las situaciones.

Tampoco se separa la pesca ilegal, que supuestamente hacen los pescadores artesanales, de la pesca ilegal que sí hace la gran industria, que ha devastado y contaminado los mares de nuestro país, particularmente de la Patagonia chilena.

Reconozco el trabajo realizado últimamente por los diputados Ascencio y Espinoza , porque este proyecto mejoró. Sin embargo, el Senado revirtió las propuestas positivas que contenía para la protección de las riquezas y de los verdaderos dueños del mar, que son los pescadores artesanales. Eso es preocupante, porque, al parecer, las siete familias dueñas del mar chileno tienen una gran influencia en el Senado. De lo contrario, no se habría producido esta reversión.

Anuncio mi voto a favor de lo que sugiere la comisión, pero también digo que esto es más de lo mismo. Siempre estamos legislando a medias, a través de soluciones parche.

Un diputado señaló que la solución es que debemos legislar en forma seria, responsable y definitiva, con proyectos de ley profundos. Y eso pasa, primero, por derogar o tener una nueva ley de pesca, que refleje el sentimiento de los sectores involucrados, que defienda los intereses de la patria y que considere la protección de nuestras riquezas naturales.

Por lo tanto, aunque en parte estoy a favor de este proyecto de ley -reitero que voy a votar a favor lo que sugiere la comisión-, creo que tenemos, en conjunto, que redactar y proponer al Ejecutivo una nueva ley de pesca, definitiva, participativa y democrática.

Cuando se aprobó la “ley Longueira” que tenemos, fui testigo de cómo los grandes empresarios andaban recorriendo los pasillos del Congreso, y no con un maletín, sino con dos.

A esos no los veo hoy, porque esa ley les dio la propiedad de nuestro mar por cuarenta años.

Repito que votaré a favor de lo que sugiere la comisión, pero insisto en que necesitamos una nueva ley de pesca y también la creación del Ministerio del Mar.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señora Presidenta, hace unas semanas, en esta misma sala, con ocasión de la discusión del proyecto que regula la captura de la jibia con línea de mano, advertí sobre lo perjudicial que podría ser para el sector pesquero artesanal un proyecto de ley que venía del Senado, que criminalizaba a buena parte de los pescadores artesanales de Chile. Pues bien, dicho proyecto es el que estamos debatiendo el día de hoy, descrito como que “Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca”.

Este proyecto de ley contiene dos grandes capítulos: uno, relativo al fortalecimiento del Sernapesca, cuestión que desde ya valoro y apruebo con mucha energía, puesto que, junto con mejorar la situación de los funcionarios del servicio, permitirá enfrentar de mejor forma la pesca ilegal.

El otro acápite del proyecto dice relación con el establecimiento de figuras penales y de sanciones ante el incumplimiento de la normativa, que, para ser sinceros, persiguen y criminalizan principalmente a la pesca artesanal. De allí arranca la advertencia que realicé hace tiempo, en el evento de que se aprueben los cambios introducidos en la legislación por el Senado. Esos temores han sido resueltos favorablemente por la Comisión de Pesca de esta Cámara -en buena hora-, lo cual valoro enormemente, ya que nos propone rechazar varios artículos nefastos del proyecto, lo cual, de ser ratificado por la Sala, permitirá revisar el texto en una comisión mixta a fin de introducirle mejoras.

En tal sentido, expreso mi satisfacción frente al buen criterio de la Comisión de Pesca de no aprobar los siguientes temas: el concepto de acreditación del origen legal, que tal como estaba redactado significaba dejar en manos del Sernapesca el procedimiento, condiciones y requisitos para que opere, en circunstancias de que debe ser la ley la que fije tales parámetros.

El proyecto crea nuevas faltas y endurece sanciones aplicables, pero sin hacerse cargo de las deficiencias del sistema sancionatorio existente en la ley de pesca, que permite que los pescadores artesanales paguen con cárcel sus faltas en el evento de que no paguen las multas impuestas. El proyecto opta por mantener la cárcel para el pescador artesanal que no paga una multa impuesta.

Por tanto, rechazar el catálogo de penas que arrancan del concepto de acreditación del origen legal me parece positivo.

Ahora, sin perjuicio de valorar el trabajo hecho en la comisión, me permito disentir en un par de aspectos. Desde ya solicito votación separada del número 8, nuevo, del artículo 9 del proyecto, que modifica el artículo 64 E de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que impone un costo adicional para los pescadores artesanales pelágicos de embarcaciones menores de doce metros, quienes ahora tendrán que pagar por la certificación de sus desembarques.

Esta disposición me parece fuera de lugar, ya que hace más gravosa la actividad e impone un costo a los pescadores, quienes precisamente hoy reclaman por la falta de recursos, dadas las miserables cuotas de pesca que deben administrar. Con esta disposición queremos seguir imponiéndoles costos. No estoy disponible para ello, por lo que he pedido que se vote separadamente este número que la comisión propone aprobar.

Además, cabe señalar que esa norma es absolutamente discriminatoria, ya que impone la carga solo para las embarcaciones pelágicas. Desde ya hago reserva de constitucionalidad de la misma.

Durante el debate en la comisión, el Ejecutivo señaló que no había que preocuparse, ya que ese costo lo va a pagar la planta de proceso que recibe el producto. ¡Qué engaño más grande! Cualquiera sabe que el costo finalmente se va a trasladar al pescador artesanal.

Junto con lo anterior, también pido votación separada del número 21, letra b), que modifica el artículo 125, Nº 10, párrafo final de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el cual, frente a la pena de cárcel, genera como única alternativa el trabajo comunitario, lo cual supone que el sancionado no tenga bienes para pagar la multa; además, se requiere el acuerdo del infractor. El pescador, a lo menos, tiene su hogar, su embarcación y su permiso de pesca, bienes que supondrán un obstáculo para acceder al beneficio, no obstante su precaria situación económica.

También quiero hacer mía la preocupación expuesta en la comisión por el consejo de gobierno de la asociación indígena Identidad Territorial Lafkenche, que están presentes en las tribunas, quienes manifestaron su abierta disconformidad con el proyecto en los términos en que venía del Senado, más aún porque no reconoce la pesca de subsistencia ni aquellas que realizan nuestros pueblos originarios. Adicionalmente, existen serias dudas respecto de su legalidad, ya que no hubo consulta indígena, en abierta contravención del Convenio Nº 169 de la OIT.

En resumen, salvo en el caso de las normas de las que he solicitado votación separada, el texto que nos presenta la Comisión de Pesca me parece un acuerdo que facilita las cosas.

Agradezco la presencia constante de pescadores artesanales de las comunas de mi distrito, particularmente de Lota y de las comunas de la provincia de Arauco.

Sigo lamentando el silencio y la falta de voluntad política del gobierno para enfrentar los problemas de fondo de la pesca artesanal, de los que este proyecto no se hace cargo. La respuesta del Ejecutivo es perseguir con las penas del infierno al pescador artesanal, condenándolo a la cárcel, en lugar de analizar la raíz del problema: la informalidad existente y no considerar que la pesca no es un negocio como tal, sino una forma de vida. Reitero: se prefiere perseguir y castigar, sin educar.

Cuándo el gobierno va a debatir abiertamente acerca de los problemas reales de la pesca, como el término de la pesca de arrastre, la definición del fraccionamiento en varias pesquerías, que solo privilegian a la industria; la situación de los registros pesqueros, y abordar con claridad una nueva ley de pesca y no los cambios cosméticos que se han anunciado en semanas pasadas, que deja a la actual ley signada bajo el manto de la corrupción. He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, creo que nunca va a ser posible que debatamos un proyecto de ley que tenga alguna vinculación con materias relacionadas con la pesca, por pequeño que sea, sin que tengamos que volver a discutir nuevamente el origen de los problemas que se generan con la forma en que el Congreso Nacional resolvió en algún momento la aprobación de la actual ley de pesca.

Siempre vamos a tener que retornar al fondo del tema, porque si bien aquí lo que estamos haciendo es modificar la estructura de funcionamiento de un órgano del Estado cuya función es fiscalizar, entre otras cosas, materias relacionadas con la pesca, ese órgano del Estado, irremediablemente, va a tener que moverse dentro del contexto de una ley de pesca cuya ilegitimidad de origen no podemos obviar.

Esto simplemente refleja la necesidad de tener que tomar el toro por las astas y adoptar decisiones que permitan que desaparezca del Congreso Nacional la sombra, la duda, respecto de quiénes aprobaron la ley de pesca influenciados, por distintos métodos, por la gran industria pesquera y que permitieron que el contexto en que se da la actividad hoy sea claramente favorable para pequeños grupos empresariales y que cause grave deterioro a los pescadores artesanales, que es uno de los grupos más modestos de nuestro país.

Digo esto porque en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recibimos ayer a representantes del pueblo lafkenche, instancia en que se adoptó el acuerdo de poner en tabla el proyecto de ley que declara la nulidad de la ley de pesca.

(Aplausos)

El acuerdo con los representantes del pueblo lafkenche fue poner en tabla ese proyecto, no obviar la discusión y la decisión respectiva, la que cada uno tomará en forma soberana, de acuerdo con su leal saber y entender, y se hará responsable.

Lo que no puede ocurrir es que cada vez que tengamos que efectuar una modificación, por pequeña que esta sea, de alguna norma relacionada con la pesca, vuelva a recaer sobre el Congreso Nacional la duda acerca de la legitimidad para normar esa actividad.

Ese es un estigma que nos duele a muchos. Para un país que ha logrado avanzar en materia de transparencia es una deuda pendiente que tienen la Cámara de Diputados y el Senado.

Hubo diputados que recibieron dinero de la industria pesquera y que están formalizados y procesados; hubo senadores de la república formalizados y procesados, en juicios que dejaron de manifiesto la intervención de la industria para torcer la voluntad del Congreso Nacional. Se presentaron indicaciones al proyecto de ley de pesca elaboradas por la industria pesquera y enviadas por correos electrónicos, para ser solo firmadas por los parlamentarios.

Si no tenemos la capacidad para enfrentar esta situación, que subyace en toda discusión en materia pesquera, evidentemente nunca vamos a poder normar y regular la actividad para que se desarrolle en plenitud.

Por último, quiero hacer presente un hecho que me parece grave. Se podrá o no estar de acuerdo con las implicancias que puede tener lo que establece el Convenio 169 de la OIT respecto de la necesidad de consultar a las comunidades indígenas cuando se trate de materias como esta. Hay quienes desean derogar esa norma; pero mientras siga vigente, debemos respetarla. Esa consulta no se efectuó en el caso de este proyecto.

Por eso, creo que en comisión mixta es el momento oportuno para resolver y salvar esa omisión.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, creo que este debe ser uno de los temas más complejos de abordar, y también, sin lugar a dudas, el más vergonzoso. Por lo tanto, cada vez que tratemos algún proyecto como este, el que en este caso ha sido modificado por el Senado, debemos analizarlo más allá de su contexto.

Nuevamente llegamos al mismo punto: debemos cambiar la ley de pesca. Se hace necesario hacerlo; de lo contrario, estaremos legitimando un sistema injusto, que fue impuesto a través de acciones corruptas.

La nueva ley que se requiere establecer debe considerar por lo menos tres principios básicos: que el mar es patrimonio de todas las chilenas y todos los chilenos, la necesidad de disponer de políticas que den sustentabilidad a la actividad pesquera y que esta sea un pilar en el desarrollo económico de nuestro país.

Entrando al proyecto, sobre cuyas modificaciones hoy nos debemos pronunciar, debemos, primero, separar la iniciativa en dos partes.

La primera tiene que ver con el personal de Sernapesca, materia sobre la que el proyecto propone un aumento de la planta y el mejoramiento de las remuneraciones, y la segunda dice relación con la aplicación de sanciones a quienes practiquen la pesca ilegal.

Todos queremos eliminar la pesca ilegal; nadie está en desacuerdo con eso. Sin embargo, el error de este proyecto está en establecer las mismas sanciones a quien realiza una actividad extractiva para poder comer y alimentar a su familia que a quien lo hace de forma industrial, a sabiendas de su ilegalidad y de que está robando recursos ajenos.

La iniciativa criminaliza a los pueblos originarios, a la pesca de subsistencia, entre otras, de la misma manera que a una empresa industrial.

En efecto, cuando digo que se criminaliza a la pesca artesanal es porque el proyecto parte de una construcción falsa de la realidad, al desconocer la práctica y costumbre del sector artesanal, haciéndonos creer que estamos frente a ladrones y depredadores del mar, en circunstancias de que en realidad se trata de trabajadores y de familias que viven de los recursos del mar.

(Aplausos)

A modo de ejemplo, el número 11, artículos 114 ter y 114 quáter, modificados por el Senado, imponen una sanción para quien extraiga, comercialice o transporte recursos hidrobiológicos que se encuentren en plena explotación, con multa que va desde las 5 hasta las 2.000 UTM, es decir, desde aproximadamente 237.000 pesos hasta 95 millones de pesos, sumado a una multa variable que va desde el doble hasta el triple del valor comercial por producto extraído.

El problema -quiero ser enfático en esto- no es que sancione la extracción ilegal, sino que este proyecto no distingue si estamos hablando de la pesca de dos lenguados o de cuarenta toneladas de ese recurso.

Por supuesto, hablo por Arica, donde la pesca de orilla y de subsistencia es propia de nuestra cultura y donde ahora, de aprobarse así como está esta iniciativa, con las modificaciones del Senado, podría costarle una multa millonaria al extractor, poseedor o mero tenedor de una docena de almejas.

Esta carencia de un criterio cualitativo en las multas, sumado a una amplia arbitrariedad del servicio para la determinación de su cuantía, se repite en la mayoría de los artículos sancionatorios, como son el artículo 114, letras c), d), e), entre otros, los que espero que sean perfeccionados en comisión mixta.

Especial preocupación es la descripción de la certificación de origen, esto es la obligación de demostrar que el producto marino tiene un origen legal, cuya redacción es tan ambigua que deja su regulación particular a un decreto. Es decir, la norma medular del proyecto, que define qué debemos entender por ilegalidad, es dejada en su contenido material a discreción de un simple decreto, lo que, incluso, genera dudas sobre su constitucionalidad.

Por su intermedio, señor Presidente, hago un llamado a mis colegas a votar a favor la parte de las modificaciones del Senado que se refiere al personal de Sernapesca, porque mejora la institución, pero en contra de la segunda parte, con el objeto de darnos una oportunidad de perfeccionar este proyecto, de legislar bien, en conciencia, de manera de no perder la oportunidad de realizar mejoras sustanciales en esta materia.

Esperaría que los esfuerzos de este gobierno se encaucen en corregir una ley ilegítima, en vez de darle un marco penal protector del statu quo de la pesca industrial. He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos discutiendo busca modernizar el Servicio Nacional de Pesca y modificar la Ley General de Pesca, la cual voté en contra en su oportunidad. Voté en contra de la idea de legislar y de todos sus articulados, al igual que hicieron los tres diputados que tenía el Partido Comunista en ese momento y no más de dos de otras colectividades.

Perdí mi reelección por mil votos. Si hubiese querido, podría haber abierto mis bolsillos y estaría cumpliendo doce años de ejercicio parlamentario en este hemiciclo. Pero había que pensar en nuestros pescadores, en nuestra gente, tal como estamos haciendo hoy.

El pueblo es muy sabio. Me alegro mucho de que exista una bancada como la del Frente Amplio, compuesta mayoritariamente por jóvenes, porque viene a despejar la política de nuestro país, a colocar sus capacidades intelectuales y su corazón al servicio de nuestra sociedad, no de sus intereses personales. Los insto a que sean la barrera para terminar con todas las malas costumbre que algunos podamos seguir teniendo. En ellos y en el resto de los que estamos acá se encuentran depositadas las posibilidades de construir un Chile sin malas costumbres para legislar. En ese sentido, nadie puede sentirse tocado.

En el gobierno anterior del Presidente Piñera voté en contra del articulado que significaba doblar las concesiones, de veinte a cuarenta años, porque era la sinvergüenzura más grande que se podía cometer. El gobierno de la Presidenta Bachelet no tuvo la capacidad para modificar la ley, aun cuando tenía mayoría en el Congreso Nacional. No se hizo.

No veo la política -en el buen sentido de la palabra- en blanco o negro, porque también hay grises. Lo que me molesta es que seamos oposición férrea para algunas cosas y para otras escondamos con guante blanco nuestros errores.

Insisto: el gobierno anterior tuvo mayoría en el Congreso Nacional, pero no modificó la ley de pesca. Eso duele, porque, al menos en sociología, se entiende que el mundo de centroizquierda tiene, aparentemente, un mayor compromiso con la gente, especialmente con los pescadores, que son los más vulnerables, pues no tienen un sistema regulado de beneficios de salud ni uno de pensiones. No molestan al Estado, pero son los más perjudicados cuando este quiere regular.

(Aplausos)

Ante esta situación, lo primero que debemos hacer es reflexionar y preguntarnos a quién beneficia sancionar la pesca ilegal: ¿Al ecosistema o a las grandes empresas pesqueras? Porque quien pesca con sus propios anzuelos, con su bote de madera, cotidianamente o cada cierto tiempo, no tiene la capacidad de generar un daño considerable a nuestros mares, pero sí lo tiene la industria pesquera, a la que le vendimos el sector pesquero cuando se aprobó la ley de pesca.

Es un hecho que el Estado tiene una deuda con el sector pesquero artesanal de nuestro país. Si tomamos como ejemplo la matanza de merluza que se evidenció en 2017, sabemos fue producto de la flota industrial, que devolvía la merluza muerta al mar, y deterioró el resto de los recursos pesqueros.

Entonces, si queremos proteger nuestro mar y los recursos que provee a las personas, a los consumidores y a la economía nacional, claramente debemos promover las sanciones. Sin embargo, a través de este proyecto estamos sancionando a las personas equivocadas, porque son los industriales los que deben ser criminalizados, ya que no siguen los estándares y la normativa para pescar de manera sustentable.

Si aprobamos este proyecto, estaremos criminalizando al pescador artesanal, cuyo único recurso para vivir es la pesca, independiente de si está inscrito en el registro o si lo hace de modo ilegal. Si lo hace de este modo es porque falta que legislemos para promover la regularización de la pesca artesanal, no su criminalización.

Hace algunas sesiones logramos dar un gran paso para nuestros pescadores, cuando, transversalmente, gobierno y oposición aprobamos el proyecto de ley que regula la pesca de la jibia para que deje de ser controlada exclusivamente por el sector industrial y quede como exclusividad para nuestros pescadores artesanales.

Esperamos, señor ministro, que al gobierno no se le vaya a ocurrir vetar el proyecto, porque quienes colaboramos en su aprobación de alguna manera vamos a apoyar a los pescadores artesanales, desde Arica hasta Punta Arenas, dado que es algo que necesitan, y es sano que así haya ocurrido.

Finalmente, señor ministro, voy a votar a favor todos aquellos artículos que benefician a los pescadores artesanales y, por cierto, no hay duda de que debemos apoyar todo lo concerniente a los trabajadores del Servicio Nacional de Pesca, pues incluso merecen más que lo que se les está concediendo en este proyecto. He dicho.

El señor MULET (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, este proyecto fue presentado el 31 de diciembre de 2015, pensando en los desafíos de la fiscalización de la actividad pesquera y de las crisis sectoriales asociadas a la sustentabilidad.

Es interesante consignar que, dentro de las ideas basales del proyecto, se partió por asignar un rol central a la función pública, lo que se vincula con una mayor efectividad del proceso fiscalizador; se concibe a la función pública como un factor activo en la actividad económica, y, por último, se visualiza esta función en la perspectiva de disuadir conductas reñidas con la ley.

Nos parece saludable y positiva esta concepción de la función pública.

Uno de los debates centrales propuestos en este proyecto es abordar la conceptualización de pesca ilegal. Asimismo, es necesario mejorar las prácticas, terminar con la pesca ilegal y acabar con las organizaciones que sacan provecho de forma ilícita de la actividad pesquera. Sin embargo, también creemos que la definición de pesca ilegal que contiene el proyecto, en los términos aprobados por el Senado, puede ser mejorada, por ejemplo, excluyendo de ella la pesca de subsistencia.

Además, nos parece necesario resaltar lo dispuesto en la ley N° 20.249, cuyo artículo 6o señala: “Uso consuetudinario. El espacio costero marino de pueblos originarios deberá fundarse siempre en el uso consuetudinario del mismo que han realizado los integrantes de la asociación de comunidades o comunidad solicitante…”. Eso implica claramente que una actividad que estamos reconociendo consuetudinariamente como normada, debe ser considerada como tal al momento de la fiscalización.

No obstante, el proyecto coloca toda la carga de probar el origen legal de lo que anda trayendo una persona en cuanto a recursos pesqueros. Esta persecución de conducta ilegal está objetivamente reñida con la construcción penal y sancionatoria de la legislación chilena en la actualidad. No se trata de cercenar las facultades fiscalizadoras, pero es una presunción que nos parece exagerada.

En relación con el régimen de penas, el proyecto que viene del Senado tiene una serie de incorporaciones que parecen más propias de un Código Penal que de un proyecto que moderniza el Sernapesca. Sanciones que oscilan entre 5 y 2.000 UTM parecen ser demasiado amplias y discrecionales. El problema es que tampoco se fijan criterios para determinar el monto exacto.

Todo ello genera más dudas que certezas en relación con el modo de tomar decisiones sancionatorias, desmejorando con ello la pretensión disuasiva de la norma, al no dejar clara la sanción a la que se ve expuesto el infractor.

Señor Presidente, Chile requiere fortalecer el Sernapesca, robustecer la institucionalidad pública sectorial. Necesitamos asegurar el cumplimiento de la ley y garantizar la sustentabilidad pesquera; pero para eso es indispensable anular la ley de pesca, la “ley Longueira” o, como la llamaban también los pescadores artesanales, la ley maldita,…

(Aplausos)

…para terminar con las infames licencias de pesca entregadas en propiedad. Compartimos la importancia de enfrentar esos desafíos.

Por intermedio de la señora Presidenta, saludo a los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, quienes ayer acordaron colocar en tabla el proyecto que anula la ley de pesca.

(Aplausos)

La iniciativa tiene que ser modificada, con el objeto de mejorar la acción del Sernapesca desde el convencimiento, la educación, la acción decidida en la práctica y también para otorgarle un conjunto de facultades que le dé dientes para actuar en forma efectiva, así como también debiera hacerse respecto del Sernac, al que el Tribunal Constitucional le quitó todo ese tipo de facultades.

Sin embargo, el foco central del proyecto no puede ser solo castigar y punir, ya que además debe enseñar, explicar, inculcar, respetar, etcétera. Ojalá existiera esa misma implacabilidad con los que corrompieron la ley Longueira, pero lamentablemente no es así, porque cuando aprobamos leyes que serán aplicadas a los trabajadores, a los pescadores artesanales o a los pueblos indígenas, siempre les dejamos caer todo el rigor. No compartimos la criminalización de ciertos sectores.

Quiero que el proyecto vaya a comisión mixta, como señalé desde el inicio del debate, pues estoy convencido de que se puede perfeccionar, que podemos mejorar algunas definiciones, la descripción de los tipos penales y su modo de persecución, pero, sobre todo, mejorar los énfasis en la política pública.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señora Presidenta, por fin llegamos a un debate necesario, el que además había sido solicitado hace mucho tiempo por los pescadores artesanales.

Era evidente la necesidad de fortalecer una institucionalidad como la del Sernapesca. Represento a la Región de Atacama, donde teníamos un funcionario encargado de fiscalizar en la comuna de Chañaral, quien ni siquiera tenía vehículo. Tuvimos que exigir que en la Ley de Presupuestos del año pasado se consideraran recursos para adquirir uno, con el objeto de hacer una buena fiscalización. A lo anterior se debe sumar algo que diré con mucha responsabilidad, ya que lo he visto en mi región, cual es la colusión que se genera con personal de Carabineros, lo que es una situación brutal.

Hemos visto que la ley de pesca está viciada; en consecuencia, esa estructura hace que esté mal repartida la torta y que se generen estas competencias desleales. ¡Ese es el problema!

En la actualidad, tenemos problemas con los pescadores artesanales y con los algueros. ¿Saben lo que está pasando en la Región de Atacama? La pesca ilegal ha crecido tanto en los últimos años que la recolección de algas superó con creces la extracción de recursos marinos pelágicos. Y hoy hemos estado debatiendo que cada cierto tiempo tenemos que golpear las puertas de la subsecretaría para que subamos un poco más la cuota. Estoy disponible para hacer todos esos esfuerzos a fin de mejorar las condiciones de los pequeños pescadores, pues hay una gran diferencia entre la pesca industrial y los pescadores artesanales y recolectores de algas.

(Aplausos)

¡Ellos viven de eso! ¡Ellos se esmeran, día a día, para extraer recursos y poder mantener a sus familias!

Estamos de acuerdo con asegurar la protección de los recursos marinos, de nuestro medio marino en su totalidad y de la ecología. ¡Perfecto! Pero no podemos mezclar a los pescadores artesanales con la pesca ilegal, porque son las siete familias, que son prácticamente dueñas de nuestro mar, las que hacen una extracción desproporcionada de nuestros recursos marinos, de estas riquezas que pertenecen a todos los chilenos y chilenas.

Quiero ser muy franca y aprovechar la oportunidad que brinda este debate para decir que tengo pocas expectativas respecto de la modificación que anunció el Ejecutivo, porque vamos a reducir la renovación de las patentes solo a veinte años. ¡Es lo mismo que existe hoy! Creo que es una irresponsabilidad y que se pasa a llevar a todos los chilenos y chilenas. En consecuencia, espero una señal potente de este gobierno para anular la ley de pesca. ¡Hagámonos cargo de eso! ¡Veamos este tema con responsabilidad!

(Aplausos)

Estoy de acuerdo con lo que ha planteado la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, y espero que no enviemos el proyecto a comisión mixta, porque efectivamente hay que definir ciertos conceptos, como el volumen de extracción y el almacenamiento, lo que despeja ciertas dudas.

Como bióloga marina, espero que nos hagamos cargo de esta actividad productiva tan potente, como es la pesca en nuestro país. Y en ese sentido, ¿hacia dónde tenemos que avanzar? A la creación del ministerio del mar, de pesca y de acuicultura. ¡Eso es lo que necesitamos! ¿Cómo es posible que la minería o la agricultura sí tengan un ministerio? Tenemos 4.500 kilómetros de costa y recursos renovables estratégicos para nuestro país. Por ejemplo, las algas tienen grandes propiedades: son biocombustibles, tienen vitaminas C y D, por lo que se utiliza mucho en la cosmetología; tienen propiedades regenerativas, por lo que se usan mucho en el tratamiento de enfermedades como el cáncer. ¿Y qué está pasando hoy? Las exportamos a China y Corea, cuyos ciudadanos tienen sus ojos muy bien puestos en nuestro país, porque está pasando lo mismo con el cobre.

En consecuencia, creo que este es un paso, pero todavía falta mucho para dar ciertas garantías a los pescadores artesanales si no arreglamos o anulamos la ley de pesca. Espero que pronto tengamos un ministerio del mar, como merece nuestro país.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Saludamos la visita de la exdiputada y actual senadora señora Yasna Provoste .

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señora Presidenta, he escuchado con atención a mis colegas de oposición, lo que me ha dejado la impresión de que recién vienen asumiendo sus cargos, al igual que yo. No obstante, debo recordar que algunos han ocupado el cargo por varios períodos, pero no hicieron nada. ¡Basta de populismo! ¡Basta con motivar el aplauso fácil! ¡Basta! ¡Por favor, seamos honestos con lo que queremos hacer y digámoslo y comprometámonos con eso!

Soy un diputado nuevo de gobierno. He tenido serias dificultades por haber aprobado hace unos días el proyecto que regula la pesca de la jibia, de lo que no me arrepiento. No obstante, hoy veo con preocupación que se habla de la nefasta “ley Longueira” o la corrupta “ley Longueira”, pero ustedes no la cambiaron. ¡No hicieron nada para cambiarla, a pesar de que tenían mayoría! Sin embargo, el aplauso fácil de las tribunas les gusta, los motiva, los incentiva.

Vengo de una región y represento a un distrito donde hay una gran cantidad de caletas de pescadores y conozco su realidad. Por eso, cuando escucho algunas intervenciones me pregunto: ¿estarán hablando de los tripulantes de las embarcaciones o de los armadores? Escucho algunas intervenciones que quieren cambiarlo todo para no cambiar nada.

Yo espero, de verdad, cambiar la ley de pesca y pueden contar con mi voto para aquello, pero al escuchar, en forma transversal, que representantes de todos los colores políticos fueron corrompidos por los recursos económicos, soy muy responsable para decir que sacaríamos una ley peor que la actual, porque solo se habla de atribuciones, pero nadie habla de obligaciones.

Sé que no me van a aplaudir, y no me importa; sé que van a inventar cosas, y tampoco me importa.

Hoy estamos debatiendo el proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín 10482-21), que cuenta con todo mi respaldo, porque es necesario fiscalizar el blanqueo y la pesca ilegal, prácticas que se dan a nivel nacional.

El proyecto establece el pago de una asignación mensual al personal del Servicio Nacional de Pesca para retribuir y fortalecer el cumplimiento adecuado de las nuevas responsabilidades del servicio. Asimismo, busca modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura para combatir la pesca ilegal mediante el fortalecimiento de las facultades del servicio y el establecimiento de nuevas obligaciones para los agentes pesqueros.

Anuncio mi voto favorable a todas las modificaciones del Senado.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señora Presidenta, reconozco el trabajo que realizó la Comisión de Pesca. Estuve en alguna de sus sesiones y agradezco a su Presidente que me haya permitido participar. Mi único objetivo en esa y en otras comisiones es lograr que a los pueblos indígenas se les consulte antes de adoptar una decisión, y lograr eso ha sido complejo. He participado en sesiones de las comisiones de Vivienda y de Pesca, porque históricamente a los pueblos indígenas no se les ha consultado.

El ministro y el subsecretario de Pesca deben adecuar los instrumentos en favor de los pueblos indígenas, porque hay que hacer la consulta y hacerla de buena fe. Es necesario que en Chile se apliquen los tratados internacionales, especialmente el Convenio 169 de la OIT. Es una ley y por lo tanto lamentamos que los gobiernos hayan hecho oídos sordos y no hayan cumplido con su obligación de hacer las consultas respectivas.

Las organizaciones y las familias lafkenches no han sido consideradas en la ley de cuotas de pesca y no se les ha consultado al respecto, ni siquiera en el Congreso Nacional. Eso es triste y lamentable.

(Aplausos)

Por esa razón, valoro la decisión de tomar en consideración, en diversas intervenciones, a las organizaciones lafkenches y a las organizaciones de pescadores.

Hoy debemos legislar de cara a la ciudadanía, de cara a las personas que serán afectadas los pescadores artesanales, los recolectores de orilla y los pueblos originarios-, para respetar el ejercicio de su derecho consuetudinario de acceder a los productos del mar. Eso no ha sido analizado.

Probablemente, los nuevos parlamentarios y parlamentarias no saben lo que significa el Convenio 169 de la OIT, pero aquellos que han ejercido durante mucho tiempo su cargo deben tener claro ese derecho y hacerlo exigible y aplicable, porque muchas veces se habla con un carácter muy declarativo y simbólico de nuestros pueblos indígenas, entre ellos, de mi pueblo mapuche, del cual proviene cada uno de los parlamentarios, pero a la hora de aplicar la ley se hacen oídos sordos y no se legisla en favor de quienes han sido los más perjudicados con la ley de pesca.

Hubo quienes votaron favorablemente, favoreciéndose personal o familiarmente. ¡Qué vergüenza que el Congreso Nacional haya dado las cuotas más altas a los grandes empresarios y no a los pescadores artesanales! ¡Qué lamentable actitud!

Los diputados y las diputadas no estamos en condiciones de aprobar el texto propuesto por el Senado. Por eso, rechazaré su propuesta, para que se discuta en comisión mixta.

También rechazo esta modernización del Sernapesca porque no está contemplada la posibilidad de tener al interior de Sernapesca una unidad que reconozca e incorpore a los pueblos indígenas, en especial a los dirigentes y a las familias lafkenches.

Por lo tanto, mi rechazo a este proyecto será absoluto, porque no estoy de acuerdo con el actuar de los diversos gobiernos, que han pasado por sobre los derechos de nuestros pueblos indígenas.

Así, espero que cada uno de ustedes, que también tienen conciencia y han creído en nosotros, voten en contra.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señora Presidenta, este proyecto, que fue enviado en 2015 y que ha tenido una tramitación más larga de lo que hubiésemos esperado, busca modernizar y fortalecer la función del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

A propósito, hago una pregunta, para que quede en acta: ¿Qué pasó con el proyecto que sanciona a las personas que agreden a los funcionarios públicos que, en cumplimiento de su deber, ejercen la función fiscalizadora? Me refiero a los fiscalizadores del SAG, de Salud, del Sernapesca, del tránsito, de Aduanas y de tantas otras instituciones. Ese es un tema que nos debe preocupar, para no exponer a los funcionarios que, en el cumplimiento de su deber, sean agredidos por las personas fiscalizadas.

Ahora bien, con respecto al proyecto, no pienso que sea pequeño, como se ha dicho en la Sala. Pienso totalmente lo contrario.

La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, determinó que la pesca ilegal es uno de los tres negocios más lucrativos y de mayor tamaño de todas las actividades comerciales entre personas. Lagos, ríos, pero sobre todo nuestros mares, que parecían infinitos, hoy ya comienzan a mostrar agotamiento y una degradación que en ciertos lugares del planeta es cada vez más creciente e irreversible.

En Chile hay 45 pesquerías principales. De ellas nos nutrimos; ellas exportan productos; de ellas viven miles de familias de pescadores artesanales, pescadores de orilla. Se trata de familias que encarnan, que preparan los aperos, que arreglan las artes de pesca. Son miles las personas que dependen de estos recursos y que hoy se encuentran en una situación crítica. La mitad de nuestros recursos están en plena explotación y la otra mitad está en una situación que se acerca a lo crítico. Eso es lo que dice la autoridad. Aquí están el subsecretario de Pesca y el ministro, a quien saludo. Él puede dar fe de lo que hemos venido recibiendo por décadas como información.

Este es un proyecto grande; este es un proyecto importante para el país y para miles de familias cuyo sustento se encuentra en el mar. Estoy hablando de los pescadores artesanales, no de los industriales.

En este escenario, el proyecto en estudio busca fortalecer la capacidad de Sernapesca y hacer un poco más de justicia a los funcionarios de esa institución, reconociéndoles lo difícil de su labor y entregándoles herramientas y algunas mejoras laborales. Ese es parte del espíritu original del proyecto.

En otra parte, la iniciativa busca sancionar la pesca ilegal, pero también la cadena comercial que acompaña a esa pesca ilegal.

Entonces, me sorprende mucho, señora Presidenta y estimados colegas, lo que ha hecho el Senado. Por cierto, hay un par de mejoras, como establecer que es susceptible de sanción modificar los sistemas de pesajes, o los actos u omisiones que generen contaminación de los recursos. Ello me parece bien; sin embargo, no puedo apoyar lo que ha suprimido respecto de las labores de los trabajadores de Sernapesca. Aquí hay un desmedro respecto de lo que pretendía el proyecto original en términos de fortalecer y facilitar la labor de los funcionarios de esa repartición. Eso como primera cosa.

En segundo lugar, el hecho de que quienes controlen los desembarques no sean privados. La plata que se puede ahorrar el Estado es muchísima más fortaleciendo Sernapesca que pagando servicios externos.

Lo que no puedo aceptar, señora Presidenta y colegas, son algunas normas de las que hoy se presentan como rechazadas por parte del Senado y que van directamente en contra de lo que era el espíritu y el corazón del proyecto, como maquillar el término de pesca ilegal. Si los organismos internacionales y todo el mundo que está preocupado de la sustentabilidad de nuestros mares habla de pesca ilegal, ¿por qué disfrazar ese concepto con esto de que ahora hay que tener acreditación legal de origen? Ese es un maquillaje inaceptable.

Lo otro que no puedo aceptar es que a los funcionarios de Sernapesca no se les reconozca como trabajo extraordinario las labores nocturnas y las que se realizan en días festivos. No se puede recargar la mochila a una institución que de por sí ya la tiene extremadamente recargada.

Señora Presidenta, no puedo aceptar que hoy se pierda la proporcionalidad de la penalización para los pescadores artesanales, que muchas veces transitan con un par de pescados, versus el que transita con un camión y carro por la carretera con pesca ilegal. Aquí se está perdiendo la proporcionalidad; se está castigando al pequeño…

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, honorable Cámara, estimadas y estimados colegas:

Tenemos la obligación de legislar en favor del fortalecimiento y modernización del Servicio Nacional de Pesca. Se vuelve fundamental, en este sentido, legislar a la brevedad y aprobar los cambios necesarios para que Sernapesca cumpla con sus objetivos principales de la forma más eficiente y eficaz, que son fiscalizar el cumplimiento de las leyes pesqueras y la protección de los recursos marinos y de nuestras exportaciones pesqueras.

La pesca, como actividad extractiva de recursos naturales, es una de las áreas pilares del desarrollo económico de nuestro país, en la que intervienen diferentes actores: pescadores, terceros relacionados y otros. Debemos cuidar y proteger esta actividad de la pesca ilegal, de modo de no provocar disminución de los recursos marinos como consecuencia de la pesca indiscriminada, no sustentable, entre otros problemas que la aquejan en forma permanente.

Esto solo se puede lograr a través de una normativa sólida e instituciones fuertes, como debe ser Sernapesca, para que pueda desarrollar sus competencias, debiendo entregársele las facultades para tal realización, es decir, una dotación funcionaria necesaria, fondos públicos y leyes adecuadas o acordes para que siga cumpliendo con sus objetivos.

Hoy Sernapesca debe estar a la altura de la misión para la cual fue creado y para responder a los tiempos modernos del mundo pesquero. Los productos pesqueros dan sustento a un número no menor de la población. En tal sentido, la Región de Los Ríos, que represento, es un área de desarrollo pesquero relevante, y cuenta con una importante cantidad de pescadores artesanales y organizaciones afines.

Invito a todos los presentes a pronunciarse favorablemente sobre esta iniciativa, teniendo presente que tendrá que continuar su tratamiento en una comisión mixta, por las diferencias que se han originado entre la Cámara y el Senado.

En lo esencial, debemos aprobar la iniciativa que fortalece y moderniza el Sernapesca en su función pública.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado José Pérez .

El señor PÉREZ (don José).-

Señora Presidenta, saludo a todos los representantes de la pesca artesanal que se encuentran en la tribuna, especialmente a don Javier Marihuén y a Roberto Garrido , concejales de la comuna de Tirúa y dirigentes del territorio mapuchelafkenche; a don Carlos Vargas , concejal de Tirúa, quien concurre en representación de la pesca artesanal; a quienes vienen de Lebu, Tirúa , Quidico y de otros lugares de la Región del Biobío y del país, interesados en la pesca.

Una vez más estamos hablando acerca de este tema tan importante para el país y tan preocupante para nuestros pescadores artesanales.

Definitivamente, la ley de pesca vigente debe ser derogada. Se trata de una ley espuria, porque en su origen las grandes empresas sobornaron a senadores y diputados, lo que ha pasado a ser, sin duda, una vergüenza nacional.

Esas empresas debieron haber sido sancionadas por la justicia chilena; se debió haber impedido que siguieran operando y que hagan con el mar de Chile lo que se les ocurra, con el método de pesca de arrastre con el que han cosechado lo que no sembraron y que es de la naturaleza, de Chile y de su gente. Han arrasado con todos los recursos. Lo que ayer era un recurso imposible de exterminar, hoy está prácticamente extinguido en lo que respecta a muchas especies.

Las empresas y la gente que sobornó a tantos parlamentarios, lo que constituyó una vergüenza nacional y opacó al Congreso en su conjunto, deberían ser sancionadas.

Lo mismo debería ocurrir con los parlamentarios involucrados, para que nunca más vuelvan a representar a nadie, porque el que se vende, por mucha o poca plata, no merece ser parlamentario por motivo alguno.

Creo que la Subsecretaría de Pesca debe avanzar en la autorización de la pesca artesanal. Hay hombres que nacieron y crecieron haciendo este trabajo, y hoy están impedidos de realizarlo porque no cuentan con la respectiva autorización.

Estamos esperando que corran las listas y se haga el trabajo que debió haber terminado hace mucho tiempo, porque, insisto, estamos impidiendo que la gente que ha vivido, por generaciones, de la pesca artesanal pueda hacer el trabajo que ha realizado toda su vida.

(Aplausos)

Esta es una tarea urgente que debe abordar la autoridad competente para dar soluciones en forma definitiva al sueño, al anhelo, a la esperanza y al derecho que tienen los pescadores artesanales, que viven en la costa no solo de la pesca, sino también de la incursión en otras áreas importantes, como el cultivo de algas, para que sus familias tengan la posibilidad de tener nuevos ingresos.

Sabemos que hay un mercado internacional tremendamente importante que espera adquirir esos productos. Por consiguiente, debemos tener gente especializada en el cultivo de distintas especies que pueden ser exportadas, a fin de mejorar el ingreso de nuestros pescadores artesanales.

Espero que pronto tengamos la capacidad de derogar definitivamente la ley de pesca vigente y hacer una nueva ley que sea seria, responsable, equitativa y cuide el recurso pesquero, que en el pasado era inagotable y hoy tiene una escasez realmente preocupante. He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar al señor ministro que hay un clamor nacional que dice que es necesario derogar la ley de pesca, por la forma en que fue sacada adelante, lo cual ha sido latamente detallado en esta discusión.

En segundo lugar, nos hemos visto enfrentados a un proyecto de larga tramitación, que tiene dos elementos importantes, que son distintos. Uno de ellos tiene que ver con la institucionalidad y el fortalecimiento de Sernapesca. Hay poca discusión respecto de este punto, pues todos estamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer y dar atribuciones reales a este servicio, además de favorecer a sus trabajadores en cuanto a sus remuneraciones y condiciones de trabajo, materia en que es necesario avanzar. En términos generales, esto lo recoge el proyecto.

Lo que no recoge es la condición especial del pueblo lafkenche, el cual tiene una pesca de subsistencia que no está contemplada en el articulado. Por eso, es necesario rechazar varios artículos del proyecto -así vamos a proceder en nuestra bancada-, de tal manera que vaya a comisión mixta, a fin de hacer algunas redefiniciones.

Aquí se señaló algo que me parece importante, que es la desproporción en términos de las sanciones que se llevan adelante respecto de los trabajadores: multas de 2.000 UTM, más de 93 millones de pesos, y, en caso de reincidencia, de 6.000 UTM, más de 280 millones de pesos.

Todos estamos de acuerdo en que es necesario sancionar la pesca ilegal, pero nos parece que esos montos no son prudentes, sino desproporcionados, toda vez que la aplicación de multas de esa magnitud a algún pescador artesanal significa mandarlo para la casa y que haga nada. Nos parece que esas multas tienen una desproporción muy significativa.

En tercer lugar, respecto de la tipificación, es decir, lo que constituye ilegalidad, también hay un elemento que debe ser repensado y reconfigurado, que dice relación con determinar qué es pesca ilegal. La iniciativa, modificada por el Senado, tipifica una serie de conductas que constituirían la pesca ilegal y señala cuáles serían las sanciones asociadas a esas conductas, las que principalmente corresponden a multas de alta cuantía.

La forma de configuración del proyecto ha sido la razón principal de su demora. En ese sentido, respecto de la primera parte existe bastante acuerdo, pero no sobre lo que acabo de mencionar.

Por lo tanto, cuando se hace la tipificación de lo que es ilegal, se señala que hay que acreditar el origen legal de los recursos hidrobiológicos, lo que obliga a los pescadores a mantener, por el plazo de cinco años, la documentación que acredite la legalidad del origen de los productos. Es resulta ilógico e impropio, pues lo más probable es que no va a ser posible demostrar esa condición.

Asimismo, la trazabilidad expone a fuertes multas a cualquier tenedor de estos recursos, en caso de que, por la razón que sea, no pueda acreditar su origen. Se invierte la carga de la prueba, pues es el pescador quien debe demostrar la legalidad de la obtención de los recursos, dejando a Sernapesca en una posición distinta.

Este proyecto necesariamente debe ir a comisión mixta, donde deberá votado por separado. No estamos en condiciones de aprobar hoy este proyecto por las razones que se han señalado: no se hace una debida consideración de los pueblos lafkenches ni de su economía de subsistencia, lo que debiera ser incorporado en el artículo 9°.

Además, respecto del origen legal, todos entendemos que un lafkenche, que tiene derechos ancestrales a la práctica de la pesca en el litoral, no va a poder demostrarlo, pues no está en condiciones de hacerlo. Por consiguiente, se necesita reevaluar ese aspecto.

También es importante revisar la desproporcionalidad de las sanciones. Particularmente existe una desproporción con los pescadores artesanales, lo que no es sostenible y merece ser revisado.

Asimismo, la diputada Emilia Nuyado se refirió a que, en relación con esta materia, es necesario consultar a los pueblos originarios y, en especial, al pueblo lafkenche. En varias ocasiones ellos han conversado con nosotros sobre la necesidad de reevaluar la normativa.

En general, los pescadores están de acuerdo en que exista una institucionalidad y se fortalezca el rol fiscalizador de Sernapesca. Ahí no existen dos visiones distintas. Las visiones distintas están en la desproporcionalidad de las sanciones, en la necesidad de demostrar el origen legal de la pesca y en aquellos aspectos que dicen relación con la consulta a los lafkenches, lo que nos parece necesario, particularmente en la provincia de Cautín, Región de La Araucanía, donde ellos realizan una pesca de subsistencia que no está tipificada considerando su incapacidad de demostrar su origen legal.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

A fin de que puedan intervenir los últimos cinco diputados inscritos y votar hoy el proyecto de ley, recabo el acuerdo de la Sala para redistribuir el tiempo que queda del Orden del Día y dar tres minutos a cada uno de los diputados que queda para intervenir.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, antes de que tomara el acuerdo, quería transmitir la importancia de que todos los Comités tengan la oportunidad de tener cinco minutos para hacer uso de la palabra. Hay Comités que intervinieron seis, siete u ocho veces, y hay otros, como el Comité Mixto Humanista, Liberal, Poder, Ecologista Verde, donde está la diputada Camila Rojas, que es miembro de la Comisión Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, y el nuestro, Comité Revolución Democrática, que no han tenido la oportunidad de hablar cinco minutos. Ello lo hice saber antes del acuerdo de los Comités.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Señor diputado, acabo de tomar el acuerdo y hubo unanimidad.

El señor BRITO.-

Señor Presidente, yo no estoy de acuerdo. Lo dije antes de que tocara la campana.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Entonces, no hay acuerdo. Eso significará que se acabará el Orden del Día y hablarán menos diputados.

Nuevamente, recabo la unanimidad para dar tres minutos a cada diputado inscrito. ¿Habría acuerdo?

Acordado.

Muchas gracias, diputado Brito .

Tiene la palabra su señoría hasta por tres minutos.

El señor BRITO.-

Señor Presidente, entiendo la urgencia de la iniciativa.

Agradezco estos tres minutos para hablar sobre un proyecto con más de 167 páginas de antecedentes, que para nosotros es muy importante.

Hemos hecho un trabajo de hormiga en el análisis de cada uno de los puntos del proyecto, porque lo que significará para los pescadores artesanales y sus familias es muy significativo. Por eso queremos participar.

¿Cómo podría un botero, con un bote de 7 o 9 metros, afectar a la industria pesquera, que ya sabemos cómo adquirió los derechos?

Por lo demás, nos estamos preparando porque este proyecto es la antesala para la discusión de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en la que será muy importante hacer algunos gallitos.

En resumidas cuentas, el proyecto tiene algo bueno, algo malo y algo bastante raro. Lo bueno es que permite que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura se ponga al día y amplíe su capacidad de fiscalización. En la actualidad, con los pocos recursos y los pocos funcionarios que tiene, el servicio ha hecho una labor épica para poder decomisar miles de toneladas de pesca ilegal. Es un servicio público tremendo y con esta iniciativa se pondrá al día. Por ende, aprobaremos todas las indicaciones y todos los artículos que fortalezcan su capacidad de fiscalización. Incluso, hay fiscalizadores que ponen en riesgo su vida cuando cumplen con su deber.

Lo malo del proyecto es que no reconoce la pesca de subsistencia. Para qué voy a recordar la ansiedad de la industria por tramitar rápido una ley general de pesca que omitió estos asuntos importantes. Pero también me parece malo que el ministerio, por medio de la subsecreta- ría, intente poner por delante el poder punitivo del Estado, vigilando, castigando, antes de garantizar el resguardo de los derechos fundamentales de las personas, como el de no padecer hambre o el de tener una alimentación básica, consagrados en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que considera como mínimo la subsistencia.

Reitero: el proyecto no reconoce la pesca de subsistencia; la criminaliza y busca meter a los pescadores a la cárcel. Tampoco existe proporcionalidad en las penas que se establecen, cuestión que otros diputados ya mencionaron. Supuestamente, somos iguales ante la ley, pero ¿quién se atrevería en la Sala a contradecir que somos muy distintos cuando la ley se aplica? No es lo mismo que pesque sin permiso una comunidad lafkenche a que lo hagan los buques de don Anacleto .

El proyecto despachado en primer trámite por la Cámara de diputados decía con claridad: “Esto, esto y esto es ilegal, y se sanciona con esta multa”. El proyecto que nos envió el Senado dice: “Lo que no se acredite es ilegal”. Antes se ponía el foco de la fiscalización en la industria, y hoy se pone en la pesca artesanal.

Y lo raro se da en el artículo 9, porque quien difunda la información contenida en las pesas de una planta de procesamiento podrá arriesgar entre 541 días y 5 años de cárcel. Este proyecto protege los intereses de las plantas, de los industriales.

Por eso, rechazaremos seis…

El señor MULET (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, una y otra vez en el debate sobre pesca nos encontramos con un nudo inevitable: las últimas modificaciones realizadas a la ley de pesca son ilegítimas tanto en su origen como en sus efectos. Es una ley hecha a la medida de la industria, industria que dictó la ley, compró su aprobación y es la única beneficiada con los recursos que deberían ser de todas y todos los chilenos.

Como contracara, la pesca artesanal se vio seria y vitalmente afectada. Legislar en materia pesquera sin tener en consideración dicha situación nos parece una irresponsabilidad, no consistente ni coherente con nuestra función de representación, como tampoco lo sería no referirse a la justificación de este proyecto.

Apoyamos a los trabajadores y trabajadoras del Sernapesca y la mejora en las condiciones laborales, situación que han demandando. Apoyamos el fortalecimiento de la función del Sernapesca y celebramos que sea el Estado, a través del servicio, quien realice la certificación de los desembarques, que hoy está en manos de privados. Por ello también apoyamos el aumento en la dotación propuesta en el proyecto.

Compartimos con el Ejecutivo que la pesca ilegal es un problema. Sin embargo, la superación de este problema no queda resuelta con el proyecto, ya que establece sanciones para la cadena productiva, lo cual es claramente necesario, pero no suficiente.

Al poner en marcha las leyes hay ganadores y perdedores. Mientras un puñado de familias se enriquece día a día con nuestro mar, tenemos pescadores con multas millonarias. ¿El motivo? Salir a pescar sin que esa pesca esté en sus registros. Mientras un puñado de familias se enriquece, la ley corrupta sigue vigente. Mientras un puñado de familias se enriquece, cientos de jóvenes tienen negada la posibilidad de ser pescadores artesanales, y los estamos condenando a la ilegalidad.

No tocar el registro, las cuotas y el fraccionamiento es acabar con la pesca artesanal, y hay que decirlo claramente. Los ganadores y los perdedores de esta historia están claros, y alterar esa realidad es nuestro desafío.

En responsabilidad con el trabajo de la comisión, apoyaremos la propuesta de esta instancia en orden a enviar gran parte de los artículos del proyecto a comisión mixta para su revisión y reformulación.

Sin embargo, repito: tenemos que discutir lo relativo al registro, las cuotas y el fraccionamiento. No vamos a perder la oportunidad de poner esta materia sobre la mesa y esta es precisamente una de esas ocasiones.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, en verdad, estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho sobre la ley de pesca. Creo que fui uno de los pocos diputados de gobierno en ese momento que votó en contra de esa ley, porque soy un convencido de que esa norma no representa el pensamiento de los que estamos en la Sala, y lo he dicho miles y miles de veces, lo cual me ha traído bastantes dolores de cabeza, que, en todo caso, se pasan con Migral. No he tenido que cargar sobre mis hombros con una ley que realmente ha sido nefasta para la pesca artesanal de Chile. Por lo menos, tengo mi conciencia tranquila; sé como se debe votar y en esto no me pierdo.

(Aplausos)

También quiero hacer una pequeña corrección a una colega que habló antes, que dijo que con este proyecto se favorecía a la gran industria pesquera. Le quiero decir que en Queule hay una cooperativa manejada por los pescadores artesanales, que también compra el producto, lo envasa y lo exporta. Esa no es una gran empresa, pero beneficia a miles y miles de pescadores que viven de esta actividad.

Veamos las dos “patas” de este proyecto. La primera es el fortalecimiento del Sernapesca, como dijeron muy bien nuestro subsecretario y el ministro, para que fiscalice de verdad a las personas que están cometiendo actos ilegales en el mar.

Pero quiero agregar una cosa, señor ministro y señor subsecretario: tenemos que decirle a la gente cuánta es la pesca que se le permite sacar para su abastecimiento, para su autoconsumo. Porque una persona que lleve 20 kilos de congrio o de lo que sea, pagará el almuerzo más caro de Chile porque le sacarán una multa del infierno; y si no tiene la plata para pagarla, irá preso.

Estoy de acuerdo con las multas, pero deberíamos hacerlo de la siguiente manera: si a un pescador artesanal le cobran 300.000 pesos por 10 kilos de congrio, que le cobren lo mismo, pero proporcionalmente, al barco industrial cargado con pesca ilegal. O sea, que le cobren 300.000 pesos por cada 10 kilos y veamos lo que pasa: pondrán el grito en el cielo, dirán que los desbancan.

(Aplausos en las tribunas)

Para que las multas sean justas deben ser iguales para todos. Porque si soy pescador industrial y me cobran una multa de 4 millones de pesos por llevar 200 toneladas, la pago feliz, porque “no me sale ni por curao”, como se dice en el campo, y me llevo todos los pescados para la industria, sigo sacando los peces del mar y dejo a la pesca artesanal sin sus recursos.

Por eso, muchas veces dijimos al subsecretario que la pesca de arrastre es nefasta, porque los barcos meten las redes hacia los sectores que pertenecen a los pescadores artesanales.

Por eso, en la ley debería considerarse el respeto a las millas exclusivas para los pescadores artesanales. Esas millas son inviolables; son solo para los pescadores artesanales.

Se dice que no se ha tomado en cuenta a los pueblos originarios. Yo, por lo menos, me he reunido con ellos en mi distrito, hemos conversado los temas y tan cierto es que seguimos siendo tan amigos como siempre, y he votado las normas de acuerdo con lo que creo, trabajando para engrandecer nuestra pesca artesanal.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER.-

Señor Presidente, en esta discusión, en que se ha hablado tanto de la ilegalidad y de lo nefasta que fue la ley de pesca, imagino que quienes están en las tribunas se deben preguntar cómo el Parlamento pudo haber hecho algo tan malo y que todos los diputados estén de acuerdo con ello.

Quiero hacer un aporte a esta discusión mediante la entrega de una pista: las pesqueras también son parte de los accionistas de la política chilena, y para que sepamos quién es quién voy a leer la lista de los políticos que han recibido financiamiento, tanto ilegal como legal, de las pesqueras, haciendo la distinción correcta.

Ilegal: señores Jaime Orpis , Sergio Bobadilla , Rodrigo Chandía , Marta Isasi , Raúl Súnico , Cristián Campos , Jorge Ulloa , Pablo Longueira , Frank Sauerbaum . Legal: Sebastián Piñera , Mónica Zalaquett , Clemira Pacheco , Jorge Sabag , Enrique van Rysselberghe , Pablo Galilea , Cristián Monckeberg , Daniel Contesse , Evelyn Matthei , Alberto Undurraga , Patricio Melero , entre otros.

Creo que esta lista explica por qué ocurren cosas como las que conocemos. Aclaro: la segunda lista que leí es de quienes recibieron aportes legales, pero creo que eso deja muy en claro por qué las pesqueras consiguen cosas como las que consiguen.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, creo que todos tenemos claro que este proyecto no resuelve el problema de fondo de la pesca en Chile, porque las grandes transformaciones que el país necesita en materia pesquera deben ser resueltas a través de una nueva ley de pesca, la que se debe encargar de aspectos claves, como la recuperación de los recursos marinos para todos los chilenos, los que tienen que dejar de ser propiedad de siete familias.

Mientras no recuperemos la propiedad de la biomasa marina para todos los chilenos y todas las chilenas, la discusión que llevemos a cabo sobre otras temáticas será falaz, mentirosa, engañosa y no dará cuenta de la problemática que tenemos que resolver.

Lo segundo de lo que debemos hacernos cargo es del fraccionamiento de las cuotas de pesca, que favorece a la industria. En el caso del jurel, se establece 90 por ciento para la pesca industrial y 10 por ciento para la pesca artesanal; en el de la merluza común, 60 por ciento para la pesca industrial y 40 por ciento para la pesca artesanal. ¡Y ustedes se preguntan por qué hay pesca ilegal! El fraccionamiento es, sin duda, uno de los grandes problemas que hay en la pesca, que no se resuelve.

Sabemos que hay pesquerías que están en vías de extinción a raíz de la sobreexplotación de los industriales pesqueros, y se quejan de que hay pesca ilegal. Creo que lo único ilegal que todos sabemos que hay, como se ha dicho suficientemente acá, incluso nombrando a los parlamentarios que de alguna forma se han involucrado en la construcción de una legislación ilegal, es la ley de pesca, la llamada “ley Longueira”, sin perjuicio de otros apelativos y descalificaciones que se le dan, los que nunca son suficientes.

Debemos abordar, de una vez por todas, lo que es relevante: una nueva ley de pesca para Chile, para lo cual se debe hacer frente a la norma vigente, que se obtuvo por el cohecho, por el soborno, por la coima, por la ilegalidad.

En consecuencia, debemos abordar los temas que he señalado: devolver los peces a todos los chilenos y chilenas y terminar con el fraccionamiento que favorece a la pesca industrial. Con ello aseguraremos la sobrevida de las pesquerías en nuestro país.

En esta iniciativa se debió haber separado dos aspectos: por un lado, el sancionatorio, y por otro, el referido a la modernización del Sernapesca. Uno no puede estar en desacuerdo con que termine la externalización de un servicio y que este vuelva al Sernapesca. Sin duda, eso lo debemos apoyar. Pero en lo que no se puede estar de acuerdo es que existan sanciones y se consideren ilegales a los pescadores artesanales, en circunstancias de que los únicos ilegales, los únicos que consiguieron sus cuotas de manera ilegal, son los industriales pesqueros.

Hay que decirlo de una vez por todas: ¡los únicos ilegales que están capturando en el mar chileno son los industriales pesqueros y no los pescadores artesanales!

He dicho.

-Aplausos.