Labor Parlamentaria

-Del diputado señor Durán, don Jorge , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 5 de julio de 2018, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.

-Del diputado señor Castro, don José Miguel , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 5 de julio de 2018, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.

-Del diputado señor Álvarez, don Sebastián , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 5 de julio de 2018, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.

-De la diputada señora Luck , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 5 de julio de 2018, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.

-Del diputado señor Mulet , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 5 de julio de 2018, por impedimento grave.

-De los Jefes de las Bancadas de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional por la cual informan que el diputado señor Prieto reemplazará al diputado señor Urrutia, don Osvaldo , en la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno respecto al eventual fraude en la ANFP y los efectos que tuvo su reestructuración posterior en su relación con las organizaciones deportivas profesionales, entre el año 2015 y el día 4 de abril de 2018 (CEI 2).

IX. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN PROYECTO DE LEY REFUNDIDO QUE MODIFICA EL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES EN MATERIA DE PRÁCTICA PROFESIONAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO. BOLETÍNES N°s 10.307-07-2 9874-07-2 8476-07-2 7793-07-2

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HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, viene en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en mociones refundidas.

Durante la discusión de este proyecto de ley en segundo trámite reglamentario , la Comisión contó con la asistencia de:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

-Sr. Héctor Mery, Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia.

-Sra. Simone Hartard, Jefa Departamento Asistencia Jurídica de la División Jurídica.

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La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria celebrada el día 19 de junio de 2018, aprobó en general el proyecto de reforma constitucional de la referencia.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley con todas las indicaciones cursadas durante su tramitación, fue remitido a esta Comisión para segundo informe reglamentario.

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En conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, en este informe se debe dejar constancia de lo siguiente:

I.- ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 131 DEL REGLAMENTO.

Ninguno.

II.- ARTÍCULOS DE QUÓRUM ESPECIAL.

No hay.

III.- ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.

No hay.

IV.- ARTÍCULOS MODIFICADOS.

No hay.

V.- DEBATE DEL PROYECTO.

Sesión N° 23, de 3 de julio de 2018.

Indicaciones parlamentarias:

De los diputados señores José Miguel Castro Bascuñán, Andrés Longton Herrera, Karin Luck Urban, Andrés Molina Magofke y señora Marcela Sabat Fernández:

- Para modificar el artículo único en el siguiente sentido:

1. Para sustituir la conjunción “y”, que se encuentra entre las expresiones “Pública” y “las”, por una coma.

2. Para intercalar, entre la voz “Judicial” y la expresión “que postulen”, la siguiente oración: “, la Administración del Estado y del Congreso Nacional”.

3. Para incorporar al inicio del numeral 2° la siguiente expresión: “Para los funcionarios del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y las Corporaciones de Asistencia Judicial,”.

4. Para incorporar un numeral 3, nuevo, del siguiente tenor pasando el actual a ser 4:

“3. Para los funcionarios de la Administración del Estado y del Congreso Nacional, haber desempeñado labores de índole jurídica por el plazo indicado en el numeral 1°. Para acreditar esta circunstancia el postulante deberá acompañar certificado suscrito por el jefe del Servicio o por el Secretario General de la Corporación respectiva y copia del acto donde conste su contratación y los servicios que, de conformidad a él, desempeñó, señalando la unidad y fechas en que las labores fueron ejercidas.”.

- De los diputados señores Carlos Kuschel Silva, Andrés Longton Herrera y Alejandro Santana Tirachini y señora Aracely Leuquén Uribe:

- Para modificar el artículo único en el siguiente sentido:

1. Para sustituir, en el inciso tercero, la expresión “cinco años” por “tres años”.

2. Para sustituir, en el numeral 1 del inciso tercero, la expresión “cinco años” por “tres años”.

La señora Simone Hartard, jefa del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se refirió a las indicaciones que fueron presentadas en Sala. Al respecto recordó que el proyecto que se había despachado a la Sala contemplaba dos situaciones. Por una parte, planteaba ampliar la posibilidad de realizar la práctica en otras instituciones u organismos con los cuales las Corporaciones de Asistencia Judicial podían celebrar convenios, siempre que tuvieran dentro de sus objetos el prestar asistencia u orientación jurídica a personas vulnerables.

Por otra parte, el proyecto despachado a la sala contemplaba la posibilidad de que la convalidación de la práctica, que actualmente está considerada en el proyecto para los funcionarios del Poder Judicial, se extienda al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública y a las Corporaciones de Asistencia Judicial, en el entendido que se trata de instituciones que permiten cumplir a cabalidad con el objeto de la práctica profesional del abogado.

Respecto de las indicaciones que se presentaron en la sala, recordó que ambas se refieren a la posibilidad de dar por válida la práctica profesional, una de ellas disminuye el plazo de 5 a 3 años relativo al tiempo que deben haber tenido los funcionarios en la institución respectiva, y la otra amplía la posibilidad de solicitar esta convalidación a los funcionarios de la Administración del Estado y del Congreso Nacional.

Manifestó que no era conveniente ampliar el sistema de convalidación, menos aún en los términos en que está planteada la indicación, toda vez que ésta se refiere a funcionarios de la Administración del Estado y del Congreso Nacional que hayan desempeñado labores de índole jurídica, término demasiado amplio que a su parecer no se condice con el objeto de la práctica profesional que dice relación con otorgar asistencia jurídica gratuita a personas que no pueden proveerse defensa por sí mismos.

El señor Héctor Mery, Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos planteó que, en consecuencia, la opinión del Ministerio es contraria a las indicaciones, propuso que fueran rechazadas y que se aprobara el texto originalmente despachado por la Comisión.

La diputada Nuñez sostuvo que era necesario considerar con más detalle lo relativo a la disminución del plazo de 5 a 3 años, pues en ese punto le parecía razonable la indicación.

El señor Mery explicó que le parecía atendible la propuesta, pero que no guardaría armonía con el plazo de 5 años que ya está considerado para los funcionarios judiciales.

Por el acuerdo unánime de los diputados (as) presentes, señores (as) Hugo Gutiérrez; Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Marcelo Díaz; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsh; Paulina Núñez; René Saffirio, y Leonardo Soto, se rechazan las indicaciones parlamentarias presentada en Sala, más arriba transcritas.

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VI.- ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.

No hay.

VII.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

No hay.

VIII.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

Fueron rechazadas por unanimidad las Indicaciones siguientes:

De los diputados señores José Miguel Castro Bascuñán, Andrés Longton Herrera, Karin Luck Urban, Andrés Molina Magofke y señora Marcela Sabat Fernández:

- Para modificar el artículo único en el siguiente sentido:

1. Para sustituir la conjunción “y”, que se encuentra entre las expresiones “Pública” y “las”, por una coma.

2. Para intercalar, entre la voz “Judicial” y la expresión “que postulen”, la siguiente oración: “, la Administración del Estado y del Congreso Nacional”.

3. Para incorporar al inicio del numeral 2° la siguiente expresión: “Para los funcionarios del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y las Corporaciones de Asistencia Judicial,”.

4. Para incorporar un numeral 3, nuevo, del siguiente tenor pasando el actual a ser 4:

“3. Para los funcionarios de la Administración del Estado y del Congreso Nacional, haber desempeñado labores de índole jurídica por el plazo indicado en el numeral 1°. Para acreditar esta circunstancia el postulante deberá acompañar certificado suscrito por el jefe del Servicio o por el Secretario General de la Corporación respectiva y copia del acto donde conste su contratación y los servicios que, de conformidad a él, desempeñó, señalando la unidad y fechas en que las labores fueron ejercidas.”.

De los diputados señores Carlos Kuschel Silva, Andrés Longton Herrera y Alejandro Santana Tirachini y señora Aracely Leuquén Uribe:

- Para modificar el artículo único en el siguiente sentido:

1. Para sustituir, en el inciso tercero, la expresión “cinco años” por “tres años”.

2. Para sustituir, en el numeral 1 del inciso tercero, la expresión “cinco años” por “tres años”.

IX.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

En consecuencia la Comisión aprobó el texto del proyecto en los mismos términos que lo fue en el primer trámite reglamentario, siendo este del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Sustituyese el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente:

“Art. 523. Para poder ser abogado se requiere:

1°) Tener veinte años de edad;

2°) Tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad, en conformidad a la ley;

3°) No haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva;

4°) Antecedentes de buena conducta.

La Corte Suprema podrá practicar las averiguaciones que estime necesarias acerca de los antecedentes personales del postulante, y

5°) Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la ley N" 17.995 y N° 18.632, circunstancia que deberá acreditarse por el Director General de la respectiva Corporación. Las Corporaciones de Asistencia Judicial, para este efecto, podrán celebrar convenios con el Ministerio Público, con la Defensoría Penal Pública y otros organismos, servicios e instituciones que, con arreglo a la ley o sus estatutos, presten asistencia jurídica o judicial gratuita. Tales convenios se celebrarán previo acuerdo del Consejo Directivo de la respectiva Corporación.

Un reglamento determinará los requisitos, forma y condiciones que deban cumplirse para que dicha práctica sea aprobada.

La obligación establecida en el N° 5 se entenderá cumplida por los postulantes que sean funcionarios o empleados del Poder Judicial por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años, en las primeras cinco categorías del escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría. Asimismo, los funcionarios o empleados del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y las Corporaciones de Asistencia Judicial que postulen al título de Abogado podrán solicitar se tenga cumplida la misma exigencia siempre que reúnan los siguientes requisitos:

1. Haber servido al menos cinco años en la institución.

2. Haber desempeñado funciones de orientación jurídica o de asistencia judicial por 6 meses dentro de dicho periodo. Para acreditar esta circunstancia el postulante deberá acompañar un certificado suscrito por el Jefe del Servicio en el que se acredite el cumplimiento de estas labores, señalando la unidad y fechas en que fueron ejercidas.

3. Observar una buena conducta funcionaría.

Artículo transitorio.

El reglamento a que se refiere el inciso segundo del artículo 523 propuesto por el artículo único, deberá ser dictado dentro del plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigencia de esta ley.”.”.

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Diputado Informante se designó al señor Marcelo Díaz.

Tratado y acordado en sesión de 3 de julio de 2018, con la asistencia de los diputados (as) señores (as) Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto; y Raúl Soto (por el señor Walker).

Asimismo, asistió la diputada señora Maite Orsini.

Sala de la Comisión, a 3 de julio de 2018.

PATRICIO VELASQUÉZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE CREA UN ESTATUTO LABORAL PARA JÓVENES QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR BOLETÍN N° 8996-13

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HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República don Sebastián Piñera Echenique, ingresado a tramitación durante su primer período el 14 de mayo de 2013, e informado en primer trámite constitucional y reglamentario por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. La referida iniciativa se encuentra con urgencia calificada de Suma.

La Comisión contó con la presencia del Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monckeberg Díaz, quien asistió acompañado por el Subsecretario del Trabajo señor Fernando Arab Verdugo y por el asesor legislativo señor Francisco del Río Correa, como asimismo, por el jefe de gabinete del Director de Presupuestos señor José Ignacio LLodrá Vial.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.-Idea matriz o fundamental del proyecto de ley:

Favorecer, por una parte, a los estudiantes que tengan entre 18 y 24 años de edad, (fue sustituido por hasta 28 años en la comisión técnica) y que cursen estudios regulares de educación superior, con normas específicas incorporadas en el Código del Trabajo en un nuevo Título, de manera que les permita compatibilizar sus responsabilidades académicas con una actividad laboral remunerada mediante una jornada de trabajo reducida y especial, con un máximo de 30 horas semanales, y, por otra parte, y como consecuencia, favorecer el trabajo formal a temprana edad, otorgándoles cobertura de seguridad social y mejores pensiones futuras, sin que por ello pierdan los derechos que les asisten en su calidad de estudiantes.

2.-Comisión técnica:

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

3.-Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidas por esta Comisión de Hacienda.

El artículo 152 quáter E nuevo, que el artículo primero permanente incorpora en el Código del Trabajo; y segundo transitorio, por incidir en materias presupuestarias o financieras del Estado.

4.-Normas de quórum especial

No hay, toda vez, que las normas de seguridad social a las que refiere, no alteran las normas generales ya consagradas sobre la materia.

5.-Artículo modificado: segundo transitorio

6- Diputado Informante: Se designó al señor José Miguel Ortiz Novoa.

II.--LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE INCENTIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES[1]

I.Legislación Extranjera

A continuación, se da cuenta de las distintas alternativas regulatorias del trabajo juvenil agrupando los casos analizados bajo tres criterios: i) países OCDE con baja tasas de desempleo; ii) países OCDE con regulación especial en las contrataciones de jóvenes y iii) países latinoamericanos con regulación especial en las contrataciones de jóvenes estudiantes. Previo a detallar las modalidades regulatorias sobre la materia, se entrega una caracterización del mercado laboral de jóvenes.

1.Países OCDE con bajas tasas de desempleo

Para determinar los países que tienen baja tasa de desempleo en la población joven, se recurrió a la base de datos OECD.Stat de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE.a). La base de datos tiene los grupos etarios definidos, por lo cual se optó por determinar los países de acuerdo a las siguientes características: i) jóvenes entre 15 y 24 años sin distinción de sexo, ii) tasa de desempleo anual en porcentaje y iii) serie histórica comprendida entre 2010 y 2016.

En relación al grupo etario, se ha considerado a los jóvenes de 15 años y más por ser esta una de las estadísticas que han determinado los organismos internacionales – especialmente la OIT – como población en edad de trabajar, o lo que es lo mismo como parte de la fuerza de trabajo.

La OCDE define como “desempleado [….] a aquellos que no trabajan actualmente pero que están dispuestos a hacerlo y que están buscando empleo activamente.” (OCDE)

•Ranking de países según tasa de desempleo en jóvenes

Una de las razones importantes de disminuir las tasas de desempleo, y en particular las juveniles dice relación con el efecto de largo plazo que tiene el desempleo, tanto en el bienestar como en la autoestima de las personas. Además como señala la OCDE, el desempleo de largo plazo puede generar pérdida de capacidades contribuyendo a disminuir la posibilidad de conseguir un empleo remunerado.

Para el año 2016, la tasa de desempleo promedio en los países OCDE para la población entre 15 y 24 años era de 12,9%. Sobre esta media se encuentran 17 países, en tanto con tasas de desempleo mayores al promedio OCDE se encuentran 21 países con datos en el año 2016. La tabla 1 muestra los países ordenados según los con menor tasa de desempleo a los de mayor tasa.

Tabla 1. Tasa de desempleo jóvenes entre 15 y 24 años. Periodo 2010-2016.

Fuente: OCDE

a.Alemania

De los países OCDE que tienen baja tasa de desempleo se ha escogido una muestra de países. En primer lugar, de acuerdo a la información Alemania presenta una tasa de desempleo juvenil de 7% en 2016, mostrando una baja desde el año 2010. El gráfico 1 muestra la tendencia que ha seguido la tasa de desempleo juvenil en Alemania.

Gráfico 1. Tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 24 años. Alemania. Periodo 2010-2016.

Fuente: OCDE

Se destaca que en Alemania el 75% la tasa de la población en edad laboral (15 a 64 años) cuenta con un empleo remunerado, respecto de la tasa de desempleo a nivel general esta es de 1,7% inferior al promedio OCDE, en tanto la tasa de desempleo juvenil es - tal como se dijo- en el año 2016 de 7%, solo superior a Japón e Islandia.

•Incentivos en la contratación de jóvenes

Según un documento elaborado por la OIT “Formular y validar buenas experiencias a la inserción laboral de jóvenes” (2016), las bajas tasas de desempleo comenzaron con importantes reformas laborales (Reformas Hartz- del año 2003), que en general persiguieron tres objetivos: i) mejorar los servicios del sistema de búsqueda de empleo, ii) normas más estrictas para recibir el subsidio por desempleo y iii) el estímulo a la demanda de trabajo a través de una rebaja impositiva y un proceso de flexibilidad regulada del mercado laboral (OIT,2016).

Específicamente, las reformas permitieron la disminución progresiva de la tasa general de desempleo del país, tanto a nivel nacional como la de los jóvenes. No obstante, estas reformas también, según Montorial-Garrida (2013) han tenido efectos pocos deseados para el mercado laboral, como son: aumento de trabajos temporales y de trabajadores con bajos salarios

Respecto al empleo juvenil y su incentivo, en el documento indicado de la OIT se cita al Presidente de la Agencia Alemana de Empleo Federal, Frank J. Weise, quien señala que el resultado de los bajos niveles de desempleo juvenil se debe principalmente:

[…] a la facilidad que tienen los jóvenes alemanes en el paso a la vida laboral con el sistema de formación dual.

Este programa de formación dual, de larga data en Alemania, consiste en un esquema donde la formación profesional de jóvenes se realiza tanto en la empresa como en el centro de enseñanza. Su objeto es que jóvenes que hayan finalizado la Hauptschule (nivel básico de estudios de los 11 a 15 años con duración de cinco o seis años) puedan acceder al mismo tiempo a una formación teórica en centros de formación profesional (uno o dos días a la semana) y a una formación práctica en la empresa (tres o cuatro días a la semana), y luego de obtener el título respectivo, puedan tener la posibilidad de solicitar trabajo en esa misma empresa u otra (OIT, 2016).

Las empresas involucradas deben ofertar puestos de empleo formativos, por medio de un contrato de formación (Ausbildungsvertrag), en que jóvenes aspirantes se convierten en aprendices de los contenidos que son determinados conjuntamente por el gobierno y los representantes de las organizaciones empresariales, con una remuneración promedio mensual de 650 euros. El financiamiento del sistema es compartido entre el gobierno y los empleadores (Handwerskammer, 2018).

La formación dual alemana se ha convertido en el modo de incorporar a los jóvenes al mercado del trabajo, evitando altas índices de desempleo juvenil, y permitiendo contar con personal calificado, siendo considerado un modelo de éxito también en otros países (Janet, 2017).

Por este contexto, cuando la crisis del desempleo juvenil alcanzo su máximo histórico en el año 2012 en los países de la UE, siendo Alemania uno de los pocos miembros donde la tasas de desempleo de jóvenes se mantuvo estable o disminuyo, este país puso a disposición el programa de formación dual para jóvenes de países de UE (Bundesagentur fur arbeit, 2018).

Así, el año 2013 el Gobierno alemán presentó el programa a MobiPro-UE o The Job of my Life (nombre comercial) dirigido a jóvenes europeos entre 18 y 35 años en situación de desempleo y en posesión, como mínimo, de un título de educación secundaria obligatoria (ESO). La finalidad de este programa es que los jóvenes puedan completar su formación profesional dual en Alemania en cualquiera de las 350 diferentes ocupaciones profesionales que incluyen posiciones de personal técnico, personal sanitario, educadores, técnicos en mecánica e informática, diseñadores multimedia, técnicos en hotelería, vendedores, entre otros( Bundesagentur fur arbeit 2018)

b.Dinamarca

En Dinamarca el 75% de la población tiene empleo remunerado, siendo mayor al promedio OCDE. Sin embargo, la tasa de desempleo juvenil se ubica en el año 2016 en un 12%, solo 0,9 puntos porcentuales por sobre el promedio de los países OCDE. En términos de tendencia esta ha disminuido sistemáticamente entre el 2010 y el 2016. El gráfico 4 muestra estas tasas.

Gráfico 4. Tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 24 años. Dinamarca. Periodo 2010-2016.

Fuente: OCDE

Destaca que si bien la tasas de desempleo juvenil experimenta una baja a lo largo del periodo analizado, el año 2016 respecto al año 2015 sube en 1,2 puntos porcentuales.

•Incentivos en la contratación de jóvenes

Algunos elementos particulares del mercado del trabajo danés, son la flexiseguridad y la garantía juvenil, que han hecho que éste país se haya visto menos afectado por la crisis económica (European Comission, 2018).

En primer término, el modelo danés de la flexiseguridad se basa en la movilidad de los trabajadores. Es un sistema donde el trabajador despedido no cuenta con ningún tipo de indemnización, pero si con un seguro de cesantía que otorga prestaciones de hasta el 90% de su remuneración; y donde los actores sociales fijan las reglas del mercado de trabajo. Asimismo, el modelo está acompañado de políticas de activación que incitan a los desempleados a encontrar rápidamente un nuevo empleo (Denmark, 2018).

Por su parte, la garantía juvenil es una iniciativa de la UE para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral y esta implementada en este país desde los años noventa mediante los siguientes mecanismos:

-Programa Apoyo en educación y capacitación ante el desempleo juvenil

El programa de desempleo juvenil danés se enmarca dentro de las reformas a las políticas de mercado laboral iniciadas en el año 2004. El objetivo general del programa es estimular a los jóvenes con baja capacitación en un oficio o empleo para participar en un plan educacional a fin de aumentar sus capacidades y transformarse en un trabajador capacitado (Danish Agency for Labori Market and Recruitmente, 2018).

El programa, en un comienzo, fue dirigido a jóvenes menores de 25 años poco calificados y/o que no tenían derecho a las prestaciones por desempleo regular. Dado su éxito, fue ampliado a todos los jóvenes mayores de 25 años que fueran desempleados, tuvieran o no calificaciones suficientes para incorporarse al Programa. Actualmente, el gobierno ha adoptado medidas para jóvenes desempleados entre los 18 y 30 años de edad que consisten en facilitar su transición al trabajo si tienen educación, y si no la tienen es proporcionar una inserción en el mercado del trabajo.

El sistema opera de la siguiente manera: después de cuatro meses de cesantía, un job centre llama al joven desempleado para determinar si éste se encuentra en proceso de búsqueda de un trabajo o no y le ofrece ayuda para “colocarlo” en algún empleo regular. Si el joven sigue sin empleo, no habiendo podido el job centre conseguir uno, se activa el seguro de desempleo y el plan de educación individual.

Además, los jóvenes menores de 30 años desempleados se encuentran sujetos a la activación obligatoria después de sólo tres meses de desempleo y no después de seis meses como las personas mayores de 30 años desempleadas. Esta activación significa que el joven tienen el derecho y el deber de participar a tiempo completo en programas de educación vocacional o formación especial (en la educación ordinaria o en otras actividades, tales como capacitación laboral) durante al menos 18 meses. Su negativa a participar en los cursos de educación especial tiene como consecuencia la pérdida del derecho a la prestación por desempleo.

Asimismo, tratándose de jóvenes desempleados de 24 años o menos, la prestación de desempleo se reducirá además en un 50% después de seis meses de desempleo con el objetivo de darles un mayor incentivo para emprender un programa regular de educación.

-Acuerdo tripartito de garantía de mano de obra calificada

En el año 2016, el gobierno con una serie de interlocutores sociales acordaron un plan para garantizar mano de obra calificada. Para dichos efectos, los empleadores se comprometieron a suministrar entre 8.000 a 10.000 puestos de trabajo de aprendizaje adicionales, lo que constituye una medida de incentivo a los jóvenes para comenzar su formación vocacional (European Comission, 2018).

-Jobcenter

Estas organizaciones son parte del sistema de apoyo a los desempleados y constituyen organismos municipales especializados en la ayuda para encontrar trabajo orientado a la población joven, a través de ofrecimiento de pasantía, de formación o de la búsqueda de empleo (Jobnet, 2018).

-Youth Guidance Centres

Son Centros de orientación juvenil distribuidos en los 98 municipios del país que evalúan el grado académico, competencias sociales que tienen los jóvenes para completar su educación o iniciar la educación superior. Su foco está en la transición de los jóvenes luego de terminar su educación obligatoria hacia la educación superior, o en su defecto el mercado del trabajo (Ministry Educación, 2018).

c.México

México es otro de los países con una buena tasa de desempleo juvenil, sigue a Alemania con una tasa de 7,7%, mientras el promedio OCDE es de 12,9%, es decir, México tiene una tasa 5,2 puntos porcentuales menores que el promedio OCDE. En términos de tendencia desde el 2010 a la fecha ha reducido su tasa de desempleo juvenil aunque a una tasa menor que Alemania. El gráfico 2 muestra esta evolución.

Gráfico 2. Tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 24 años. México. Periodo 2010-2016.

Fuente: OCDE

En términos generales, el porcentaje de la fuerza laboral que ha estado desempleada durante un año y más en México es de 0,1%. En 2012 México realizó una reforma importante en el mercado laboral al disminuir las rigideces, especialmente en la contratación de mujeres, ello permitirá que el empleo aumente así como el PIB.

En términos del empleo juvenil, la tasa de desempleo llega como se dijo al 7,7%, encontrándose dentro de los países con mejor ranking.

•Incentivos en la contratación de jóvenes

El año 2012, este país implementó una reforma laboral que tuvo como objetivo incentivar la creación de empleos estables, por medio de medidas flexibilizadoras del mercado del trabajo (Anguiano, 2013:1). Uno de los ejes de la reforma laboral fue incorporar nuevas modalidades de contratación laboral, que no obstante ser de aplicación general a todos los trabajadores están dirigidas especialmente a ciertos grupo de trabajadores, como jóvenes y mujeres, entre otros.

Estas nuevas modalidades de contratación, según dispone la Ley Federal del Trabajo, deben constar por escrito, cuentan con los mismos derechos de la seguridad social y antigüedad que las otras formas contractuales, y poseen ciertas restricciones para evitar la precarización del trabajo, por ejemplo son improrrogables los contratos con esta modalidad. Estas nuevas modalidades son las siguientes:

-Contratos a prueba: permiten contratar trabajadores de uno a seis meses (art. 39-A, Ley Federal del Trabajo).

-Contratos de capacitación inicial: permiten contratar a los trabajadores por un periodo de tres a seis meses con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado (art. 39-B, Ley Federal del Trabajo).

-Contratos de temporada: permiten contratar por día, semana o mes (art. 39-F, Ley Federal del Trabajo).

-Teletrabajo: Trabajo en domicilio con todas la prestaciones de la Seguridad Social. Permite utilizar los medios informáticos, computadoras, para desarrollar el trabajo desde la casa.

Las modalidades de contratación al ser más flexibles benefician a los jóvenes que estudian, o a mujeres con tareas del hogar y a aquellos trabajadores que necesiten flexibilidad de horario (Secretaria de Trabajo y Previsión Social, 2014).

Específicamente, respecto de la norma del artículo 39 F de la Ley Federal de Trabajo, Juárez (2015:13) sostiene que este tipo de contrato de relaciones discontinuas, facilita a los empleadores contratar por ejemplo a estudiantes, para trabajar solo jornadas de medio tiempo, fines de semana o en temporadas.

2.Países OCDE con regulación especial en las contrataciones de jóvenes, con independencia de la tasa de desempleo

a.España

En el caso de España, las tasas de desempleo juvenil son una de las mayores de la OCDE alcanzando casi al 50% de los jóvenes. Para el año 2016, se observa que la tasas de desempleo juvenil era de 44,4% mostrando un leve descenso respecto de años anteriores, en particular del 2012 al 2014 donde la tasa de desempleo juvenil superó el 50%. El gráfico 6 muestra cómo ha evolucionado la tasa de desempleo en jóvenes entre 15 y 24 años en España para el periodo 2010-2016.

Gráfico 6. Tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 24 años. España. Periodo 2010-2016.

Fuente: OCDE

Si bien en España, la fuerza de trabajo ocupada alcanza al 60% de la población, el porcentaje de la fuerza laboral que se encuentra desocupada por un periodo superior a un año o más, es del 9,5%. Dentro de este contexto se enmarcan las altas tasas de desempleo juvenil.

•Incentivos en la contratación de jóvenes

A partir del año 2010, en este país se crearon un conjunto de políticas con el objeto de reformar el mercado del trabajo, incentivando la contratación de jóvenes y los grupos más vulnerables de la población, mercado que, luego de la crisis económica mundial e inmobiliaria, se vio muy afectada (El país, 2010). Situación que no se ha revertido completamente con las políticas implementadas, considerando que la tasa de desempleo juvenil fue de 44,4% para el año 2016.

Una de las primeras medidas implementadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en proceso de diálogo con los interlocutores sociales, fue la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven que contempla actuaciones para mejorar empleabilidad, facilitar la inserción en el ámbito laboral, y promover el emprendimiento (Ministerio del Empleo y Seguridad Social, 2018).

Dentro de la Estrategia, en el año 2014 se dictó la Ley 18/2014 que introdujo el Sistema de Garantía Juvenil que permite que todos los jóvenes menores de 25 años o menores de 30 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, acceder a una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en el plazo de cuatro meses inmediatamente posterior a la finalización de la educación formal o de la situación de desempleo. Posteriormente, la Ley 25/2015, extendió esta garantía a los jóvenes de 30 años mientras su tasa de desempleo supere el 20%.

Además, se introdujeron una serie de incentivos a la contratación de las personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en materia de contratación indefinida y contratos formativos. Se contempla un total de 100 medidas para facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, fomentar el emprendimiento y mejorar su empleabilidad. Entre ellas, destacan (Ministerio del Empleo y Seguridad Social, 2018):

-La rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social, con reducciones y bonificaciones de hasta el 100%, para las empresas que contraten a jóvenes menores de 30 años.

-Programas para que los jóvenes que abandonaron sus estudios de forma prematura puedan terminar la Educación Secundaria Obligatoria.

-Programas formativos con compromiso de contratación o el incentivo de los contratos formativos para la mejora de empleabilidad de los jóvenes cesantes.

-Además, del establecimiento de una tarifa plana de 50 euros para jóvenes autónomos que inicien un emprendimiento con su compatibilización de la prestación por desempleo, y la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo.

En materia de apoyo a la contratación, se establecen nuevos incentivos para propender a la contratación indefinida y a los contratos formativos.

•Contrato para la Formación y el Aprendizaje

Este contrato tiene una reducción del 100% de las cotizaciones para las empresas de menos de 250 trabajadores y del 75% para las de 250 o más trabajadores. Además, tiene una bonificación de hasta el 25% por la actividad formativa, que debe ser como mínimo del 25% el primer año y del 15% el segundo y tercer año.

•Contrato en Prácticas

Este tipo de contratos está dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantías Juvenil y cuenta con incentivos de hasta el 50% en las cotizaciones por contingencias comunes.

•Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa

Permite la reducción de hasta el 100% de la cuota empresarial a la seguridad social por contingencias comunes durante 12 meses (75% para empresas de más 250 trabajadores y 100% por el resto) por la contratación de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantías Juvenil desempleados menores de 30 años sin empleo anterior, con una experiencia laboral inferior a tres meses o que procedan de otro sector (recalificación profesional), y que compatibilicen empleo con formación.

Actualmente, se mantienen como beneficiarios de este incentivo las personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

•Trabajadores autónomos

Por medio de Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se establecen bonificaciones para los trabajadores por cuenta propia o autónomos inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

b.Francia

Francia se encuentra entre los seis países con las mayores tasas de desempleo juvenil, de acuerdo a los datos de la OCDE. Mientras el promedio OCDE es de 12,9% para el año 2016, en Francia para el mismo año la tasa de desempleo juvenil alcanza a 24,1%. En términos generales para el periodo 2010-2016, la tendencia de la tasa de desempleo juvenil en Francia es al alza. El gráfico 5 muestra estos datos.

Gráfico 5. Tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 24 años. Francia. Periodo 2010-2016.

Fuente: OCDE

Pese a la alta tasa de desempleo juvenil en Francia, el 65% de la población en edad de trabajar (15 a 64 años) se encuentra con empleo remunerado.

•Incentivos en la contracción de jóvenes

A continuación, se presentan algunas medidas de incentivo para la contratación de jóvenes tomadas por el gobierno francés, a saber:

-Acompañamiento en el empleo

La Agencia de empleo - Pole Emploi - es un establecimiento público administrativo que tiene a su cargo el seguimiento de solicitudes de inserción laboral en Francia y reconocida por el artículo L. 5312-1 del Código de Trabajo francés ( Pole Emploi, 2018).

El procedimiento de inserción opera de la siguiente manera: luego de 15 días de la inscripción, el interesado realiza un proyecto, junto a su consejero, basado en sus competencias profesionales, situación personal y familiar. Posteriormente, el interesado podrá disponer de ofertas razonables de empleo.

-Contratos de aprendizaje

El contrato de aprendizaje es un contrato de trabajo de duración determinada que permite obtener un diploma o un título profesional para jóvenes entre 16 y 25 años, y que por la Ley del 8 de agosto de 2016 "sobre el trabajo, la modernización del diálogo social y la obtención de una carrera" permitió el acceso a personas hasta la edad de 30 años. El trabajo se desarrolla en una empresa o en un Centro de Formación. Según la edad del estudiante/trabajador éste ganará entre 25 y 78 % del salario normal de un trabajador (Ministerio de Trabajo Francés, 2018).

Este contrato permite que la empresa contratante se beneficie de ayudas financieras, exoneraciones de cargas sociales y beneficios fiscales. Las ayudas financieras, en principio se aplican sólo a empresas que posean hasta 250 trabajadores y corresponde a 1.000 euros y se duplica en caso que la empresa hubiere contratado a un aprendiz por primera vez. Respecto de la exoneración de cargas sociales, todo empleador queda exonerado, a condición que éste posea menos de 11 trabajadores, o se dedique a labores artesanales, entre otras situaciones. Finalmente, respecto de los beneficios tributarios, todo empleador dispone de un crédito en materia de impuesto a la renta de 1.600 euros y se multiplica por el número de personas contratadas bajo la modalidad de aprendizaje (Ministerio de Trabajo Francés, 2018).

-Contrato de profesionalización

Permite la adquisición, en el marco de la formación continua, de una calificación profesional (diploma, título, certificado de calificación profesional) reconocida por el Estado y/o la rama profesional. El objetivo es la inserción o el retorno al empleo de jóvenes entre 16 a 25 años y otros colectivos como adultos mayores o personas discapacitadas. La remuneración recibida es según la edad del beneficiario y el nivel de capacitación inicial (Ministerio de Trabajo Francés, 2018).

-Garantía Juvenil

Garantie jeunes - Garantía Juvenil – es un derecho de los jóvenes entre 18 y 25 años que se encuentren en precariedad, sin escolaridad, formación ni apoyo familiar, pudiendo sólo excepcionalmente beneficiar a otros jóvenes, como por ejemplo estudiantes superiores o aquellos que sólo poseen entre 16 y 18 años de edad. Los objetivos del programa son garantizar una primera experiencia profesional, el acompañamiento en este trayecto, así como también otorgar recursos, los que van acompañados de asistencia financiera para facilitar su acceso al empleo (Garantie Jeunes, 2018). En todos los casos, consiste en beneficios de naturaleza contractuales, que se celebran entre el interesado e instituciones administrativas que le acompañan, en principio, durante 12 meses a lo menos, por períodos renovables.

Después de un período de experimentación en varios departamentos, la Garantía Juvenil está muy extendida en toda Francia, incluidos los departamentos de ultramar desde el 1 de enero de 2017.

-Programas de integración de jóvenes

El programa EPIDE, Établissement pour l’insertion dans l’emploi, tiene por objetivo la integración social y profesional de los jóvenes en dificultad. Se materializa con un contrato voluntario (no de trabajo) de 8 meses recibiendo capacitación conductual, general y profesional en centros que operan bajo el régimen de pasantías, administrados por EPIDE. El voluntario recibe un subsidio mensual de 210 euros (Mesures Jeunes, 2018).

Por su parte, el FIPJ, Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes, es otro programa que permite financiar acciones para promover el acceso al empleo para jóvenes de entre 16 y 25 años por las autoridades locales u otras misiones ministeriales.

Finalmente, se hace presente que en el Código del Trabajo francés no existe regulación sobre un contrato de trabajo especial para estudiantes mayores de 18 años, por lo que para contratar a jóvenes estudiantes se deben utilizar las modalidades contractuales generales existente en dicho Código, como por ejemplo, el contrato de duración determinada, el de temporada o el de tiempo parcial, este último si se celebra para estudiantes puede tener una jornada menor que la regulación general, de 24 horas.

c.Portugal

Por último, en el caso del desempleo juvenil en Portugal, se observa – de acuerdo a los datos OCDE – que se encuentra entre los países con mayores tasas de desempleo, llegando en el año 2016 a un 28%. Respecto de la evolución de la tasa de desempleo juvenil, se constata que desde el 2010 y hasta el año 2012 está aumenta sistemáticamente para luego disminuir, no obstante, sigue manteniéndose en niveles sobre el promedio OCDE. El gráfico 7 muestra la evolución de la tasa de desempleo juvenil para Portugal en el periodo 2010-2016.

Gráfico 7. Tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 24 años. Portugal. Periodo 2010-2016

Fuente: OCDE

En el caso de Portugal, según señala la OCDE la economía se contrajo entre 2011 y 2013 a raíz de la crisis financiera global

“El gobierno ha tomado medidas importantes para restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y reanudar el crecimiento. Continuas reformas se dirigen a mejorar la regulación de los mercados laboral y de productos, optimizar la educación y las competencias, y aumentar la innovación.”(OCDE.a)

[E]n 2013, el gobierno [….] [desarrollo] el programa INOVA, Jóvenes Creativos: Emprendedores para el Siglo XXI, con el fin de desarrollar un entorno favorecedor de la innovación y la creatividad en escuelas primarias y secundarias. El programa se propone fomentar las competencias analíticas de los jóvenes y la mentalidad necesaria para identificar oportunidades empresariales, asumir riesgos y hacer frente a la competencia.

•Incentivos en la contracción de jóvenes

En Portugal, la Garantía Juvenil es una iniciativa para jóvenes menores de 30 años, que tiene como objetivo otorgar una oportunidad de educación, formación y empleo en un plazo de cuatro meses desde que se encuentre desempleado o fuera del sistema educativo. En materia de empleo, se entregan beneficios económicos a los empleadores que ofrezcan oportunidades de empleo a esta categoría de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil (GarantiaJovem, 2018).

Por su parte, en el año 2017 se dictó el Decreto Ley Nº 72/2017 que estableció incentivos para la contratación de los jóvenes hasta los 30 años de edad que buscan su primer empleo o que se encuentran en un largo periodo de desempleo. Este beneficio solo procede respecto de contratos de trabajo de duración indefinida y consiste en la reducción temporal del 50% de la tasa contributiva de responsabilidad del empresario a la Seguridad Social por un periodo de cinco años, tratándose de contratación de jóvenes en su primer empleo y por tres años para la contratación de desempleados de larga duración. Además, este beneficio permite su portabilidad, en el sentido que, produciéndose el término de la relación laboral por un hecho no imputable al trabajador, este último mantiene el derecho al beneficio por el periodo restante en la nueva empresa que lo contrate.

•Contrato de trabajo para trabajadores estudiantes

El Código del Trabajo, regula al trabajador estudiante, entre los artículos 89 y 96. En primer lugar, define a este trabajador como aquel que asiste a cualquier nivel de la enseñanza escolar y postgrado, maestría o doctorado en una institución educacional o curso de formación profesional o un programa de empleo temporal para los jóvenes con la misma longitud y hasta seis meses (artículo 89). Para efectos de la acreditación, el trabajador debe certificar a su empleador, su condición de estudiante, presentando además la agenda de sus actividades educativas a las que debe asistir (artículo 94 del Código).

El Código regula una serie de aspectos para compatibilizar la condición de estudiante y trabajador. Así, establece (artículo 90) que, en la medida de lo posible, se deberá ajustar las horas de trabajo para que el estudiante pueda asistir a clases o para su desplazamiento a las aulas. En caso que no sea posible aplicar la regla citada, el estudiante puede ausentarse de su trabajo para asistir a clases. Esta posibilidad de ausentarse, puede ser utilizada una sola vez o fraccionadamente, según escoja el trabajador estudiante, teniendo la siguiente duración máxima, dependiendo del periodo normal de trabajo semanal:

-Tres horas semanales, para un periodo igual o superior a 20 horas e inferior a 30 horas.

-Cuatro horas semanales para periodo igual o superior a 30 horas e inferior a 34 horas.

-Cinco horas semanales para periodo igual o superior a 34 horas e inferior a 38 horas.

-Seis horas semanales para periodo igual o superior a 38 horas.

De la misma manera, el artículo 90 dispone que el trabajador estudiante cuya jornada de trabajo es imposible de ajustar los turnos, de acuerdo con lo señalado anteriormente, tendrá preferencia para ocupar puestos de trabajo compatibles con su calificación profesional y con la frecuencia de sus clases.

El Código dispone que si las horas de trabajo ajustadas al tiempo para asistir a clases, claramente pone en peligro el funcionamiento de la empresa, sobre todo por el número de trabajadores y estudiantes existentes, el empleador promoverá un acuerdo con el trabajador afectado y el Comité de trabajadores, o en su defecto con el comité intersindical, comités sindicales o delegados sindicales sobre la modalidad en que el interés de funcionamiento puede ser satisfecho o, a falta de acuerdo, decidirá con motivos razonables e informará al empleado por escrito (artículo 90).

El trabajador estudiante no está obligado a trabajar horas extraordinarias salvo por fuerza mayor o bajo un esquema de adaptabilidad, banco de horas o en horario concentrado, excepto cuando coincide con sus horas de clase o pruebas de evaluación (artículo 90).

De la misma manera, el artículo 90 dispone que al trabajador estudiante que trabaje en régimen de adaptabilidad, banco de horas o en horario concentrado, se le debe proporcionar un día al mes de dispensa, sin pérdida de derechos, contando como día efectivamente trabajado.

En relación a los días que coinciden con pruebas o evaluaciones, el artículo 91 del Código establece, como regla general que el estudiante trabajador puede ausentarse justificadamente por dichas razones, de la siguiente manera:

-El día de la prueba o evaluación y el inmediatamente anterior;

-En el caso de pruebas en días consecutivos o más de una prueba en el mismo día, los días inmediatamente anteriores, en relación a las pruebas a rendir;

-Los días indicados incluyen días de descanso semanal y vacaciones;

-Las ausencias indicadas, no podrán exceder de cuatro días por materia, en cada año escolar.

El derecho antes indicado sólo puede ejercerse hasta por dos años académicos para cada materia.

En materia de feriados, el trabajador estudiante, (artículo 92 del Código) tiene derecho a utilizar el período de vacaciones de acuerdo a sus necesidades educativas y puede tomar hasta 15 días intercalados, en la medida en que ello sea compatible con las exigencias imperiosas de operación de la empresa. Asimismo, el trabajador estudiante tiene derecho, en cada año calendario, a un permiso sin sueldo, de duración de 10 días seguidos o intercalados (artículo 92).

El artículo 94 señala que, por regla general, el trabajador estudiante debe escoger, entre las posibilidades existentes, el horario más compatible con su horario de trabajo, bajo sanción de no beneficiarse de los derechos. Asimismo, este trabajador estudiante no puede acumular los derechos previstos en este Código, con otros posibles regímenes destinados a la misma finalidad, en particular con respecto a ausentarse del trabajo para asistir a clases, licencias por razones educativas o ausencias para proporcionar pruebas de evaluación.

El Código del Trabajo (artículo 95) dispone de las causales de término de los derechos reseñados, sea por el no uso del mismo durante un periodo determinado o bien por declaraciones falsas.

Por último, el artículo 96 dispone que el trabajador estudiante deberá comprobar ante su empleador el uso apropiados de sus derechos, al final de cada año lectivo; asimismo, se deberá determinar el mecanismo de control de asistencia educacional y se dispone el plazo para que el trabajador deba solicitar los permisos antes indicados : i) 48 horas, si no es factible tan pronto como sea posible, en el caso de una licencia de un día; ii) ocho días para permisos de dos a cinco días; iii) 15 días, en el caso de más de cinco días de permiso.

3.Países latinoamericanos con regulación especial a trabajadores estudiantes

a.Colombia

Colombia a través de su Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), entrega estadísticas en su Boletín Técnico. En el Boletín del 10 de abril de 2018, presenta estadísticas del mercado laboral juvenil, mostrando una evolución de la tasa de desempleo de los jóvenes entre 14 y 28 años, a nivel nacional, y para los trimestres móvil diciembre – febrero. El Gráfico 8 muestra esta evolución.

Gráfico 8. Tasa de desempleo de jóvenes entre 14 y 28 años. Colombia. Trimestre móvil diciembre-febrero 2008-2018

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

Como se observa en el gráfico hasta el trimestre móvil diciembre-febrero 2015, la tasa de desempleo juvenil alcanza un mínimo de 16%, para posteriormente comenzar a subir hasta igual trimestre móvil de 2018, llegando a 17,7%.

Hay que señalar que Colombia se encuentra en un proceso de revisión desde el año 2013 para ingresar a la OCDE lo que podría concretarse en 2018. Por esta razón, es que la OCDE muestra estadísticas para este país. De acuerdo a ellas el desempleo juvenil en Colombia es levemente más alto que el mostrado por la DANE, lo que puede deberse a la forma es que son “levantados” los datos. Así, la DANE muestra trimestres móviles para jóvenes entre 14 y 28 años, en tanto la OCDE presenta datos anuales para jóvenes entre 15 y 24 años. El gráfico 9 muestra la tasa de desempleo juvenil.

Gráfico 9. Tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 24 años. Colombia. Periodo 2010-2016

Fuente: OCDE

•Incentivo a la contratación juvenil

En el año 2016 se dictó la Ley ProJoven que incorpora una serie de medidas que eliminan las barreras para el ingreso de los jóvenes al mercado laboral, entre ellas, se mencionan:

-Las pequeñas empresas jóvenes que inicien actividades luego de la publicación de la ley, quedarán exentas del pago de la patente mercantil y de la renovación del primer año. Asimismo, la ley contempla la creación de un fondo para promoción del emprendimiento.

-Incorporación de jóvenes talentosos al Estado: Por medio del Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se desarrolla una política con la que los jóvenes sin experiencia pueden realizar prácticas laborales en las entidades públicas, las cuales contarán como experiencia para el acceso al servicio público.

-Incentivos a la contratación joven: Las empresas que vinculen personas entre los 18 y los 28 años no tendrán que realizar aportes a Cajas de Compensación Familiar por dichos trabajadores durante el primer año de vinculación.

•Régimen especial de aportes para trabajadores estudiantes

De acuerdo al artículo 14 de la Ley N° 789 de 2002, existe un régimen especial de aportes para estudiantes. En virtud de éste, los estudiantes menores de 25 años y mayores de 16 años con jornada de estudio diaria no inferior a cuatro horas, que a su vez trabajen en jornadas hasta de cuatro horas diarias o jornadas flexibles de 24 horas semanales, sin exceder la jornada diaria de seis horas, se regirán por las siguientes normas:

- Estarán excluidos de los “aportes obligatorios parafiscales” al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (que debe realizar el empleador), Servicio Nacional de Aprendizaje y a las Cajas de Compensación Familiar, siempre que no representen más del 10% del valor de la “nómina de la respectiva empresa”;

- Sus empleadores deberán efectuar los aportes para pensiones, salud y riesgos profesionales, en las proporciones y porcentajes establecidos en las leyes que rigen el Sistema de Seguridad Social, y su base de cotización será como mínimo un salario mínimo mensual legal vigente.

Cabe señalar que el Código Sustantivo del Trabajo (artículo 161), dispone que la jornada semanal de trabajo es de 48 horas y la diaria de ocho horas. Asimismo, por acuerdo del empleador y del trabajo se podrá acordar que la jornada semanal se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo 4 horas continuas y hasta 10 horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de 48 horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6:00 a 22:00.

b.Uruguay

Para obtener información de la tasa de desempleo juvenil en Uruguay, se recurrió a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas de ese país. La tabla 2 muestra la tasa de desempleo en Uruguay de los jóvenes entre14 y 24 años.

Tabla 2. Tasa de desempleo juvenil, periodo 2015-2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base.

(1): Cifras revisadas a abril de 2016.

(2): Cifras revisadas a abril de 2017.

Como puede observarse, se cuenta con una serie de tres años. En los cuales se constata que la tasa de desempleo juvenil sigue una trayectoria creciente.

•Incentivos en la contratación de jóvenes

Con la Ley de empleo Juvenil, N° 19.133 de 2013, este país quiso dar un impulso a la promoción del trabajo decente de las personas jóvenes de 15 a 29 años, incentivando su empleabilidad y promoviendo la compatibilidad entre el trabajo y el estudio (Ministerio de Trabajo, 2018).

Se contemplan una serie de beneficios para la empresa como la intermediación laboral sin costo, subsidios por la contratación de personas jóvenes y los jóvenes podrán acceder a beneficios como reducción de horarios y licencia por estudio temporal.

•Incentivos de los estudios para trabajadores jóvenes

La ley contempla en su artículo 24 y siguientes la reglamentación del incentivo, disponiendo:

-Subsidio a la Reducción del horario por estudio para jóvenes trabajadores de entre 15 y 24 años que se encuentren estudiando, siempre en acuerdo con el empleador.

-Subsidio a la Licencia adicional por estudio: jóvenes trabajadores de entre 15 y 24 años que se encuentren estudiando. Estos/as jóvenes podrán hacer uso de hasta ocho días adicionales de licencia por estudio.

Respecto a la jornada de trabajo de los jóvenes trabajadores acogidos a esta ley, se dispone que la debe ser compatible con los horarios de sus estudios. Así, el artículo 27, establece que los empleadores no podrán establecer un régimen de horario rotativo a aquel personal de entre 15 y 24 años que se encuentre cursando los estudios curriculares de [educación primaria, secundaria básica o superior, educación técnico profesional superior, enseñanza universitaria de grado y terciaria de naturaleza pública o privada habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, realizando cursos en el marco del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional u otros reconocidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por su parte, el mismo artículo 27 establece que las entidades educativas o formativas ante las que los jóvenes acrediten fehacientemente que realizan una actividad laboral, en caso de contar con la oferta de cursos necesaria, “deberá acceder a las solicitudes de cambios de horarios de cursos para que él o la joven pueda compatibilizar el trabajo y el estudio”.

III.- INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

El informe financiero N°59 de 14 de mayo de 2013, actualizado y sustituido por el informe financiero N°73 de 12 de junio de 2018, señala lo siguiente:

Antecedentes

1.- El proyecto de ley modifica el Código del Trabajo, creando un nuevo contrato especial que tiene por objetivo establecer una regulación acorde a las necesidades de los estudiantes de educación superior, entendiéndose por tales a quienes tengan entre 18 y 24 años de edad inclusive, que se encuentren cursando estudios regulares en alguna institución de educación superior reconocida por el Estado y quieran compatibilizar sus responsabilidades académicas con una actividad laboral.

2.- El proyecto establece un contrato de trabajo con jornada reducida, que no excederá de 30 horas semanales, no pudiendo pactarse horas extraordinarias ni distribuirse en más de seis días seguidos, con la posibilidad de dlscontlnuarla durante el día para adaptarse a los horarios de clases y de esta manera el trabajador estudiante pueda seguir atendiendo sus responsabilidades académicas.

3.-En el caso de los trabajadores que sean causantes de asignación familiar o han sido aceptados por una institución de salud prevlslonal como cargas médicas, no cotizarán en salud, por lo que el empleador estará exceptuado de la obligación de declarar y pagar las cotizaciones destinadas a financiar prestaciones de salud de acuerdo a lo señalado en el artículo 84 del decreto ley Nº 3.500, de 1980. Sin embargo, el estudiante podrá optar, si así lo desea, por cotizar para salud y de esta manera accederá a los mismos beneficios que cualquier trabajador cotlzante en el sistema.

4.-Por otro lado, los empleadores estarán obligados a declarar y pagar las cotizaciones para pensiones, para el seguro de cesantía, y para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley Nº 16.744.

5.-Además, conforme a esta iniciativa, las remuneraciones obtenidas en virtud de este contrato no se considerarán para efectos de determinar la condición socloeconómlca del estudiante o su grupo familiar a objeto de acceder diversos mecanismos que tienen por objeto financiar los estudios en una institución de educación superior o los gastos asociados a ellos.

2.-Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

La Dirección de Presupuestos estima que el proyecto de ley permitirá que 18.108 jóvenes accedan a este nuevo tipo de contrato, cobertura estimada de acuerdo a la información de la Encuesta CASEN 2015.

Para el cálculo de la cobertura señalada anteriormente se proyectó que accederá a un empleo el 30% de los desocupados entre 18 y 24 años, que se encuentren estudiando, y que tengan disponibilidad para empezar a trabajar. Esta cifra corresponde a 15.179 personas. Adicionalmente, se supuso que se ocupará el 1% de los inactivos entre 18 y 24 años, que se encuentren estudiando, y que tengan disponibilidad para empezar a trabajar, lo que corresponde a 2.929 personas.

De esta manera, los costos fiscales anuales son los siguientes:

En materias de prestaciones de salud, el proyecto de ley señalado tiene un costo fiscal de $28.644 miles asociado a los trabajadores estudiantes que opten por cotizar para salud en el Fondo Nacional de Salud y hagan uso de las prestaciones médicas y pecuniarias a las que tengan derecho, estimándose que un 2,8 % de los jóvenes que accederán al nuevo contrato cotizarán en este sistema de salud.

Adicionalmente y en el caso de todas aquellas mujeres jóvenes que opten por cotizar para salud podrán acceder a los Subsidios Maternales y Enfermedad Grave del hijo Menor de un año, estimándose que de las mujeres que entrarán a trabajar, correspondiente a un 60,8% del total, un 3% iniciará este subsidio. Esto implica 9 casos, con un costo fiscal de $14.892 miles.

Complementariamente, se debe considerar el costo fiscal asociado a las prestaciones del seguro de la Ley Nº 16.744 a que tendrán acceso estos trabajadores a través del Instituto de Seguridad Laboral, lo que significa $106.218 miles.

El informe financiero precisa que para efectuar las estimaciones de costo fiscal anteriormente señaladas se consideró lo siguiente:

1.-En materia de cotización para salud en FONASA y para accidentes del trabajo en el Instituto de Seguridad Laboral, se consideró como ingresos de estos trabajadores la mediana del ingreso laboral, equivalente a 30 horas semanales, para quienes estudian y trabajan, y tienen entre 18 y 24 años, lo que corresponde a $235.188 mensuales.

2.-Respecto de los gastos en salud, subsidios maternales y accidentes del trabajo, se calculó el gasto per cápita por trabajador, se utilizó información relevante de FONASA, SUSESO e Instituto de Seguridad Laboral, respectivamente.

En consecuencia, el costo fiscal del proyecto de ley ascenderá a $149.754 miles anuales.

Durante el primer año de vigencia, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley, se financiará con cargo al presupuesto vigente de las respectivas instituciones y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarios con los recursos que se traspasen de la Partida Tesoro Público.

En los años siguientes los recursos serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.

IV.-SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

1.-DISCUSIÓN

Los integrantes de la Comisión solicitaron al Ministro señor Monckeberg una exposición sucinta y general sobre los principales lineamientos del proyecto de ley, -puesto que el conocimiento de fondo y específico no es materia de esta Comisión de Hacienda- con el propósito de contar con mayores antecedentes para la aprobación de una iniciativa cuya idea matriz fue compartida por todos, de modo de poder hacer presente en la Sala, en la discusión general cuando corresponda, las aprensiones hechas presentes por algunos integrantes surgidas del tenor de algunos artículos.

El Ministro expuso que este proyecto es de relevancia por cuanto la tasa de trabajos de jóvenes en condiciones de informalidad en Chile es alta y alcanza un 40%, aun cuando señaló que la tasa promedio es de un 30%. Por su parte los jóvenes que estudian y trabajan en Chile son un 7%, aun cuando esta tasa en los países de la OCDE supera el 50%. La razón por la cual en Chile se manejan estas tasas es fundamentalmente por dos razones. La primera, porque todo ingreso que percibe un joven tiene incidencia en otros beneficios como becas de alimentación, de traslado y de estudios (podría perder la gratuidad si goza de ella y percibe rentas muy altas). Lo segundo, es que un joven al percibir ingresos pierde el plan de salud familiar, esto es, deja de ser carga legal del padre o de la madre. Tales son las razones que llevan y sustentan hoy día la informalidad laboral en este segmento de personas, precisó.

A mayor abundamiento, entre las principales razones de las cifras señaladas, se encuentran las dificultades para compatibilizar tiempos de estudio y trabajo; la rigidez de la contratación formal, especialmente, en materia de distribución de jornada, y el riesgo de que, al trabajar y estudiar, el joven pueda exponerse a perder beneficios sociales que se otorgan en relación a los ingresos del grupo familiar.

Del punto de vista de horario laboral y visto la rigidez horaria de las distintas casas de estudio, es que se ha regulado en esta iniciativa presidencial una fórmula de flexibilidad horaria, para que el estudiante pueda adecuar su horario a los estudios. Al respecto, esta iniciativa, permite incentivar el trabajo formal de los jóvenes, teniendo protección social, laboral, seguros de accidente del trabajo, etc, que hoy no tienen.

Aclaró que éste es un contrato especial, no un estatuto especial, y la gracia es que en su silencio rige todo el Código del Trabajo.

Características del contrato de trabajo

Añadió que el plazo máximo de trabajo es de 30 horas a la semana, a fin de permitir las horas de estudio. Asimismo, su jornada diaria de trabajo no puede exceder de 12 horas y en ellas está comprendido el tiempo que el joven destine a trabajo como a estudios. Así, si estudia 6 horas al día, no podrá destinar para trabajo más de 6 horas. Y si un día no tiene que estudiar, pues bien, ese día no podrá destinar para trabajo más de 10 horas que es el máximo establecido para la jornada ordinaria en el propio Código del Trabajo, o sea, rigen en ese caso, las reglas generales o supletorias.

Por otra parte, aclaró que este contrato especial no devenga horas extras, porque este joven no va a trabajar dichas horas, así está regulado en la iniciativa y tiene por finalidad no desnaturalizar el sentido que se le ha querido dar a este proyecto de ley.

Beneficios especiales

Los estudiantes trabajadores mantendrán su calidad de causantes de asignación familiar y pueden seguir siendo carga legal de salud, en su caso, aun cuando perciban ingresos y la remuneración que perciba no se considerará renta para la entrega de beneficios del Fondo Solidario, crédito fiscal universitario y crédito con garantía estatal o cualquier otro sistema de crédito, subsidio o beneficio que tenga por objeto financiar estudios en una institución de educación superior o gastos asociados a ellos, como también para la gratuidad.

Además, conforme a esta iniciativa, las remuneraciones obtenidas en virtud de este contrato no se considerarán para efectos de determinar la condición socioeconómica del estudiante o su grupo familiar a objeto de acceder a diversos mecanismos que tienen por objeto financiar los estudios en una institución de educación superior o los gastos asociados a ellos.

2.- VOTACIÓN

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social calificó los artículos 152 quáter E nuevo, incorporado en el Código del Trabajo por el artículo primero permanente del proyecto; y segundo transitorio, de competencia de esta Comisión de Hacienda por incidir en materias presupuestarias o financieras del Estado, los cuales se consignan a continuación y fueron tratados del modo que se pasa a explicar:

“Artículo 152 quáter E.- Los estudiantes trabajadores contratados bajo el régimen de este capítulo, que sean beneficiarios del régimen de prestaciones de salud conforme a lo dispuesto en las letras b) y c) del artículo 136 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, o beneficiarios de un contrato de salud que un tercero haya celebrado con una institución de salud previsional, podrán optar por mantener dicha calidad, según corresponda, y no adquirir la calidad de afiliado al régimen de prestaciones de salud conforme al artículo 134 de aquel texto normativo, hasta la edad que corresponda de acuerdo a las reglas generales. En dicho caso, su empleador estará exceptuado de la obligación de declarar y pagar las cotizaciones destinadas a financiar prestaciones de salud de acuerdo a lo señalado en el artículo 84 del decreto ley N° 3.500, de 1980.

Con todo, los empleadores estarán obligados a declarar y pagar las cotizaciones para pensiones, para el seguro de cesantía y para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley N° 16.744, siendo estas últimas de su cargo.

Sin perjuicio de lo anterior, los estudiantes trabajadores cuyos empleadores estén exceptuados de la obligación de declarar y pagar cotizaciones de salud conforme al inciso primero, podrán presentar a éstos, cuando corresponda, la licencia o certificado médico que acredite su incapacidad temporal, con el objeto de justificar durante el período de reposo prescrito su ausencia a sus labores”.

“Artículo segundo transitorio.- Durante el primer año de vigencia de esta ley, el mayor gasto fiscal que represente su aplicación, se financiará con cargo al presupuesto vigente de las respectivas instituciones y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlos con los recursos que se traspasen de la Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público”.

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El diputado señor Lorenzini, (Presidente) le hizo ver al Ejecutivo, presente en la sesión, que el informe financiero N° 73 de 12 de junio del año en curso, no guardaba relación con las modificaciones efectuadas con posterioridad en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en cuanto extendió la edad de los estudiantes trabajadores a quienes se les aplicará el contrato especial, de 24 años, que señalaba como edad tope el proyecto original del Ejecutivo, a 28 años, -extensión no objetada por el Ejecutivo en su momento en la comisión técnica- de manera que era necesario que éste precisara los efectos de la modificación sobre el presupuesto fiscal, materia que a pesar de no haberse señalado de conocimiento de la Comisión de Hacienda, sin embargo, consideró pertinente su mención.

Asimismo, y en lo que respecta al artículo 152 quáter E., sometido a consideración de la Comisión de Hacienda de modo expreso y que se refiere a la especial condición con que el proyecto trata a los estudiantes trabajadores respecto de la aplicación del decreto con fuerza de ley N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, específicamente, sobre las prestaciones de salud, igualmente, se solicitó al Ejecutivo una precisión sobre los derechos adicionales que lleva aparejado el contrato de trabajo según las reglas generales, tales como la obligación de cotización para el seguro social contra riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, y para el seguro de cesantía, el cual, sin embargo, el proyecto original no contempló y fue incorporado vía indicación y acuerdo de la Comisión, en la norma en análisis.

Por lo anterior, la Dirección de Presupuestos ingresó, un informe financiero complementario, N° 95, con fecha 4 de julio del año en curso, en el transcurso del debate y a solicitud de la Comisión de Hacienda, en el cual se precisa lo siguiente:

I.Antecedentes

Mediante indicaciones parlamentarias, se modifica y se amplía la cobertura del proyecto de ley que crea un estatuto laboral para jóvenes estudiantes de educación superior:

a.Se amplía la edad máxima para optar a este contrato, de 24 a 28 años, quedando exceptuados del rango superior los estudiantes con discapacidad.

b.Se establece que no podrán celebrar este contrato aquellas empresas que durante el año calendario anterior registren accidentes graves o fatales en los que el empleador hubiere sido condenado por culpa o negligencia.

c.Se le otorga el derecho al estudiante a un permiso sin goce de remuneración con ocasión de rendir sus exámenes académicos.

d.Se otorga la posibilidad de suspender, mantener o aumentar la carga horaria del estudiante durante el período de vacaciones.

e.Se incluye la obligación del pago de la cotización para el seguro de cesantía por parte del empleador.

II.Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Las estimaciones realizadas para evaluar el costo fiscal de estas indicaciones arrojan que:

a.La cantidad de estudiantes que se encuentran en el tramo de edad de 25 a 28 años es significativamente menor a los considerados en el proyecto original (18 a 24 años).

b.Adicionalmente, la gran mayoría de los estudiantes entre 25 a 28 años ya se encuentra dentro del mercado laboral, y su condición de estudiante no representa un impedimento para trabajar como asalariados.

c.Los trabajadores estudiantes entre 25 a 28 años poseen ingresos laborales significativamente mayores a los observados para los trabajadores estudiantes entre 18 a 24 años, por lo que sus cotizaciones para previsión de salud y para el seguro de accidentes laborales les permitirá cubrir su gasto per-cápita.

a.El resto de las indicaciones no implican un mayor gasto fiscal.

De acuerdo con lo anterior, las indicaciones presentadas al proyecto de ley no irrogarán un mayor gasto fiscal.

V.-ACUERDOS ALCANZADOS EN LA COMISIÓN DE HACIENDA SOBRE LOS ARTÍCULOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN POR LA COMISIÓN TÉCNICA

La Comisión, en consecuencia, alcanzó los siguientes acuerdos respecto de los artículos sometidos a su conocimiento por la comisión técnica, en virtud del inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación:

1.-Ha aprobado el artículo 152 quáter E, en los mismos términos propuestos.

Votaron por la afirmativa, los siguientes diputados y diputada (en reemplazo del diputado señor Jackson): señores Auth, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Monsalve, Ortiz, Pérez, don Leopoldo, Ramírez, Santana Schilling, Von Mühlenbrock y señorita Yeomans. Se abstuvo el señor Núñez, don Daniel.

2.- Ha aprobado el artículo segundo transitorio con la modificación que se indica:

Indicación presentada

El diputado señor Lorenzini presentó una indicación, conjuntamente con los señores Auth, Melero, Ortiz, Pérez, don Leopoldo, Ramírez, Santana, Schilling, Von Mühlenbrock y señorita Yeomans, para agregar, después de la palabra “año”, el vocablo “presupuestario”, con el objeto de precisar su alcance.

Sometido a votación el artículo con la indicación presentada, fue aprobado por la misma votación anterior.

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar los artículos señalados en la forma descrita.

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Tratado y acordado en la sesión celebrada el día 4 de julio del año en curso, con la asistencia de los diputados señores Pepe Auth Stewart, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, Daniel Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling Rodríguez, Gastón Von Mühlenbrock Zamora y diputada señorita Gael Yeomans Araya (en reemplazo del diputado señor Giorgio Jackson Drago).

Sala de la Comisión, a 4 de julio de 2018

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER

Abogado Secretaria de la Comisión

INFORME DE LA COMISIÓN DE CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 5.200, DE 1929, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA ELIMINAR EL PLAZO DIFERENCIADO QUE SE EXIGE EN ALGUNAS REGIONES DEL PAÍS PARA EL INGRESO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO NACIONAL Boletín N° 11722-24

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HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de los siguientes señores (as) diputados (as):

Luis Rocafull López

René Alinco Bustos

Nino Baltolu Rasera

Marcelo Díaz Díaz

Hugo Gutiérrez Gálvez

Marcela Hernando Pérez

Vlado Mirosevic Verdugo

Paulina Núñez Urrutia

René Saffirio Espinoza

I.-IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO

Eliminar la letra e) del artículo 14 del D.F.L., N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, que otorga a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes un plazo diferenciado y menor al resto de las regiones del país para el ingreso de determinados documentos públicos y privados al Archivero Nacional, por considerar dicho trato arbitrario e infundado.

II.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

1.-No existen normas en carácter de quórum especial.

2.-No requiere trámite de Hacienda.

3.-El proyecto fue aprobado, en general y particular, por la unanimidad de los miembros presentes diputados (as) señores (as) Marcelo Díaz (Presidente de la Comisión); Florcita Alarcón; Alejandro Bernales; Miguel Ángel Calisto; Andrés Célis; Gonzalo Fuenzalida; Carolina Marzán; Hugo Rey , y Renzo Trisotti.

4.-Diputado Informante: el señor Luis Rocafull.

III.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Al respecto, los autores de la moción señalan lo que se transcribe a continuación.

“El Decreto con Fuerza de Ley 5,200, publicado en el año 1929, y emanado del entonces Ministerio de Educación Pública, regula disposiciones comunes al resguardo de documentos, cultura y patrimonio considerados relevantes para la nación, y que creo la Dirección de Bibliotecas y Archivo.

Entre los órganos regulados se encuentra el Archivero Nacional, encargado de la custodia y conservación de documentos históricos, de carácter público, pero también privados, tales como protocolizaciones notariales, inscripciones conservatorias e incluso expedientes judiciales de los juzgados de letras y de los desaparecidos juzgados del crimen.

En artículo 14 de dicha norma establece la documentación que debe ser ingresada al Archivo Nacional, cumplido determinado número de años de antigüedad, a través de una lista taxativa distribuido en cinco literales, de la a) a la e).

Este último literal, dispone expresamente que "Los protocolos notariales, los registros de hipotecas, los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio y de minas, los libros copiadores de sentencias de los Tribunales de Justicia y los Expedientes judiciales de las provincias de Tarapacá y Antofagasta y de los Territorios de Aysén y Magallanes, que hayan cumplido treinta años de antigüedad, deberán ser ingresados al Archivero.e

La antigüedad de 30 años prescrita en la norma citada se diferencia de la regla general que dispone su literal inmediatamente antecesor. La letra d) del artículo 14 dispone un plazo de 80 años de antigüedad para los mismos documentos. Entonces, ¿cómo se explica esta diferencia de cincuenta años?

No existiendo acceso a la historia de dicha norma, sólo se puede suponer que la escasez de técnicas y materiales de conservación de documentos hizo necesario el traslado anticipado de escritos de regiones extremas, con el objeto de otorgar mejores condiciones de conservación en Santiago.

Hoy por hoy, gracias a la masificación de las técnicas de conservación y al mayor acceso y capacidad presupuestaria de las regiones para adquirir la mano de obra, los insumos e infraestructura necesarios, dicha diferenciación temporal no se justifica. Es más, desde su promulgación, Archivo Nacional ha abierto dos sedes regionales, a saber, Tarapacá y Araucanía, con competencia de custodia sobre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes respectivamente.

A pesar de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.045, de noviembre del 2017, que creo el Ministerio de Las Culturas, Las Artes, y el Patrimonio, y que constituyó una nueva institucionalidad en la materia al crear los Sistemas de Museos, Bibliotecas y Archivos, específicamente el Sistema Nacional de Archivos, y por el cual se derogó una serie de disposiciones del D.F.L. 5.200, dejó vigente el artículo 14.

La diferenciación temporal impuesta por la normativa indicada genera en las personas que habitan las regiones extremas una mayor carga al momento de solicitar de los servicios que presta el Archivo Nacional. Esto porque, al ser menor el plazo de antigüedad para el ingreso de los documentos notarias, conservatorios y judiciales, aumenta sustancialmente el número de solicitudes.

Sumado a lo anterior, las distancias entre la ciudad de origen del documento [como libro de hipotecas del conservador de bienes raíces de 1970 — ejemplo en Mea] y la ciudad de custodia [sede de Archivo Nacional — por ejemplo en lquique] supone un costo pecuniario y de tiempo mucho mayor en términos comparativos al que debe implementar la mayoría de los ciudadanos de regiones más céntricas por un mismo trámite.

Para mayor claridad, un residente de Arica que requiere un certificado de hipoteca que se encuentra en Archivo Nacional, deberá solicitarlo en Iquique, a más de trescientos kilómetros de distancias, incurriendo en costos de transporte y, por su puesto, de tiempo. Así, un servicio público que en esencia es gratuito, se transforma en excesivamente oneroso para los ciudadanos de Mica y Parinacota, cuestión que no sucede de igual manera en Santiago.

Cabe hacer presente que este no es el primer proyecto de ley en la materia, ya en el 2011 los senadores Aburto Muñoz y Patricio Walker ingresaron el Boletín N° 7.982-04, que ingresó a la comisión de Educación del Senado pero que, lamentablemente, fue archivado el 20 de marzo del 2014.

Por lo anterior, e insistiendo en la necesidad de eliminar criterios arbitrarios y discriminatorios completamente anacrónicos de una normativa de casi noventa años de antigüedad, es que los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Elimínese la letra e) del artículo 14° del Decreto con Fuerza de Ley N° 5.200 de 1929 del Ministerio de Educación Pública.”.

IV.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO

Texto del proyecto:

“Artículo único.- Elimínese la letra e) del artículo 14° del Decreto con Fuerza de Ley N° 5.200 de 1929 del Ministerio de Educación Pública.”.

El diputado Rocafull, uno de los autores del proyecto, puso énfasis en la necesidad de su aprobación, considerando que no contempla sino una situación que discrimina y menoscaba a los habitantes de las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Magallanes y Aysén, puesto que sus documentos deben ser enviados al Archivo Nacional dentro de un plazo de 30 años, y no de 80 como ocurre con el resto del país, por ende, en muchas ocasiones se debe esperar largos plazos antes de poder disponer de los documentos que se necesitan en la región, porque hay que pedirlos a Santiago. Sin perjuicio que probablemente se tuvo presente el año 1929, cuando se dictó este decreto con fuerza de ley, la necesidad de especial cuidado respecto de las zonas extremas. Por lo anterior, solicita se apruebe la eliminación de la letra e), del artículo 14 del DFL 5200.

Recordó que tanto la Directora y Conservadora del Archivo Nacional, Sra. Emma de Ramón Acevedo, como el Presidente de la Corte de Apelaciones de Arica han manifestado su acuerdo y apoyan el presente proyecto, que vendría a aliviar trabajo y evitar confusiones.

El diputado Díaz (Presidente) reiteró que si bien el origen de esta norma tenía que ver con mejorar la situación de las zonas extremas, hoy en día no tiene sentido darles un tratamiento distinto respecto de la demás regiones. No poder contar con documentos que cuenten con más de 30 años resulta sumamente gravoso en localidades donde existen grandes distancias y dificultades de desplazamiento, generando un impacto directo en los ciudadanos.

La diputada Marzán agregó que las leyes deben ser iguales para todos, y lo que subyace en la persistencia de estas regulaciones es falta de entendimiento de las dificultades de regiones.

El diputado Celis precisó que votará favorablemente este proyecto, y que incluso sería necesario avanzar aún más en evitar procedimientos engorrosos, para ello pidió oficiar al Ministerio de Justicia para que se incluya ello en el plan de modernización que se está impulsando por dicha cartera.

VOTACIÓN

La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por la moción, procedió a dar su aprobación, tanto en general como en particular al proyecto de ley por la unanimidad de los miembros presentes diputados (as) señores (as) Marcelo Díaz (Presidente de la Comisión); Florcita Alarcón; Alejandro Bernales; Miguel Ángel Calisto; Andrés Célis; Gonzalo Fuenzalida; Carolina Marzán; Hugo Rey , y Renzo Trisotti.

Diputado informante el señor Luis Rocafull.

Las señoras Emma de Ramón Acevedo, Directora y Conservadora del Archivo Nacional, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y Patricia Huenuqueo Canales, Jefa de Transferencias Documentales del Archivo Nacional, quienes se incorporaron tardíamente a la sesión, precisaron que el artículo 14 del DFL 5.200 establece plazos para que variados organismos hagan la transferencia de diversos documentos al Archivo Nacional. En el caso de las regiones extremas, en vez de tener el plazo general que tienen las demás regiones, tienen uno considerablemente menor, así, tratándose de protocolos notariales, registros de hipotecas, registros conservatorios de bienes raíces, de comercio y de minas, los libros copiadores de sentencias de los Tribunales de Justicia y los expedientes judiciales de las provincias de Tarapacá y Antofagasta y de los Territorios de Aysén y Magallanes, dicha transferencia debe efectuarse cuando los documentos cumplan treinta años de antigüedad, en cambio, en todas las demás regiones, dicha transferencia debe realizarse cuando cumplan 80 años de antigüedad.

Explicaron que el decreto con fuerza de ley 5200 fue promulgado el año 1929 en el mes de noviembre, en medio de un contexto histórico que explica el particular tratamiento de las zonas extremas. Respecto del norte, en junio de ese mismo año se había firmado el Tratado de Lima que fijaba la Línea de la Concordia como frontera entre Chile y Perú, y estaba latente la crisis del salitre, es decir, se trataba de una zona de alto conflicto; y por su parte, el extremo sur era una zona de poca población y pocos servicios, y se entendía que una forma de proteger las propiedades era traer su documentación con anticipación a la zona central.

Actualmente el Archivo Nacional tiene, sólo respecto de estas regiones, 3,5 km lineales de documentación, es decir, 8 millones de documentos, y se está esperando el arribo de alrededor de 1 millón de documentos más.

Estimaron que sostener en el tiempo una medida así no corresponde, constituye una discriminación respecto de estas regiones, dado que además han evidenciado que en 30 años de antigüedad no se producen cambios sustantivos, por ejemplo, en el registro de propiedad. Por su parte, obtener estos documentos por parte de los interesados es engorroso, y no se justifica seguir concentrado la información importante de las personas en Santiago.

Hicieron presente que además de esa dificultad persiste otra, no abarcada por este proyecto, que dice relación con que todos los documentos que emanan del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural deben ser firmados por su Directora y Conservadora Nacional, con sede en Santiago, ello sin perjuicio de que se han creado ya Direcciones Regionales, y se seguirán creando hasta completar la totalidad del país. Es decir, buscando desconcentrar el Archivo Nacional se crearon los conservadores regionales, pero no se les delegó la facultad de firmar sus propios documentos. Es perentorio introducir esa modificación que plasme la real intención de desconcentrar el Servicio.

El diputado Díaz (Presidente) propuso enviar oficio a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio manifestando una opinión favorable respecto de legislar en esta última materia.

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Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Elimínase el literal e) del inciso primero del artículo 14 del decreto con fuerza de ley N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública.”.

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Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente en la sesión de 3 de julio de 2018 con la asistencia de los diputados (as) señores (as) Marcelo Díaz (Presidente de la Comisión); Florcita Alarcón; Alejandro Bernales; Miguel Ángel Calisto; Andrés Célis; Gonzalo Fuenzalida; Carolina Marzán; Hugo Rey, y Renzo Trisotti.

Sala de la Comisión, a 3 de julio de 2018.

PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Marzán, que “Modifica la ley N°18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión, para asegurar la exhibición de producción cinematográfica chilena en el porcentaje y horario que indica” Boletín N°11867-24

FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA.

Dentro de las expresiones culturales de Chile, el cine nacional constituye una de las manifestaciones artísticas que está adquiriendo cada vez ribetes más populares e influyentes, aportando decididamente en el desarrollo cultural del país. Por ello, debiese ser preocupación permanente del Estado de Chile promover la creación, la interpretación y la difusión de producciones cinematográficas nacionales.

Sin lugar a dudas, la televisión abierta tiene un rol o función social en nuestra sociedad contemporánea y, más aún, presenta el desafío constante de que las parrillas programáticas cumplan las expectativas de las audiencias, incluyendo en éstas contenidos de índole cultural.

No debemos olvidar que la comunicación siempre debe ser pensada en tres dimensiones: técnica, económica y socio-cultural, “especialmente en esta última como un intercambio que responde a una identidad, definida como “la suma de imaginarios de orden valórico como la relación con la geografía, relaciones productivas, costumbres, comidas, tradiciones, creencias, etc., que hacen de la comunidad un ente único y de un conjunto de identidades locales una identidad nacional. La identidad se vincula con el imaginario, las representaciones, la memoria y la conciencia de los pueblos; y en ese marco las industrias culturales también cumplen un rol en la promoción de la diversidad cultural que debe ser asumida como riqueza para tal desarrollo, tal como lo afirma el artículo 6º de la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de UNESCO (2001)” .

Chile, en el año 2007 ratificó la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales adoptada por la UNESCO que subraya la función primordial que tienen la interacción y la creatividad culturales, que alimentan y renuevan las expresiones culturales, y han de fortalecer la función que llevan a cabo quienes participan en el desarrollo de la cultura para el progreso de la sociedad toda.

Así, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley Nº 18.838 que viene a crear el Consejo Nacional de Televisión (en adelante CNTV), en lo referente a la promoción cultural, establece en su artículo 1º como “correcto funcionamiento” de la televisión el “permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Según lo anterior, es posible afirmar que una de las funciones del Consejo es supervigilar y fiscalizar que se respeten los valores culturales en los contenidos emitidos por la televisión chilena. Así también, dentro de las funciones del Consejo se contempla en su artículo 12 letra b) “promover, financiar o subsidiar la producción, los costos de transmisión o la difusión de programas de alto nivel cultural, de interés nacional, regional, local o comunitario; de contenido educativo; que propendan a la difusión de los valores cívicos y democráticos, o que promuevan la diversidad en los contenidos televisivos y reflejen la conformación plural de la sociedad, así calificados por el mismo Consejo”, para lo cual podrá organizar comités asesores en distintas materias, entre las cuales se encuentran las culturales.

Igualmente, está entre sus competencias lo dispuesto por la letra l)del mismo artículo mencionado y es en ejercicio de ésta competencia, entre otras –incluyendo el ejercicio de sus facultades constitucionales- que el año 2014, el Consejo Nacional de Televisión, acordó la dictación de “Normas sobre la obligación de los servicios de televisión de trasmitir un mínimo de programas culturales a la semana” la cual destaca como una de las primeras normas generales vinculadas a la Ley de Televisión Digital y significa, en la práctica, duplicar las horas de programación cultural obligatoria que existían y asegurar una buena vitrina para dichos contenidos.

Este Reglamento señala que “se entenderán como programas culturales aquellos que se refieren a los valores que emanan de las identidades multiculturales existentes en el país, así como los relativos a la formación cívica de las personas, los destinados al fortalecimiento de las identidades nacionales, regionales o locales, como fiestas o celebraciones costumbristas, y aquellos destinados a promover el patrimonio universal y, en particular, el patrimonio nacional”.

Así, a partir de octubre del año 2014, las concesionarias de radiodifusión televisiva de libre recepción –canales de TV abierta– y los permisionarios de servicios limitados de televisión –operadores de cable satelitales–, deben transmitir un mínimo de cuatro horas de programas culturales a la semana. En el caso de tener más de una señal, ésta obligación debe cumplirse en cada una de ellas.

En cuanto al horario, al menos dos de las cuatro horas deben ser transmitidas en horario de alta audiencia entre las 18:30 horas y las 00:00 horas de lunes a viernes y, las restantes entre las 09:00 horas y las 00:00 horas de los días sábado y domingo.

Sin perjuicio de lo anterior, hemos constatado que son pocas las producciones cinematográficas nacionales transmitidas por los canales de TV abierta y, aun ocurriendo ello, se emiten en un horario posterior al obligatorio para la transmisión de programas culturales lo que genera una bajísima audiencia.

La línea lógica de este proyecto quiere dejar en evidencia que parte fundamental de la programación cultural está constituida por la exhibición de producciones nacionales cinematográficas y que éstas debiesen exhibirse en horario prime.

OBJETO DEL PROYECTO

Se ha estimado necesario introducir una modificación a la ley Nº 18.838 con el objeto de asegurar con mayor eficacia la transmisión de producciones cinematográficas chilenas, de profundizarla y de visibilizarla otorgándole cercanía con la audiencia nacional. De esta forma, lo que en la actualidad es una facultad del CNTV en cuanto a fijar, de manera general, un porcentaje de hasta un 40% de producción nacional en los programas que transmitan los canales de TV abierta en el cual se debe incluir la exhibición de películas, documentales y cortometrajes de producción chilena independiente, buscamos modificar la legislación de tal manera que, dentro de lo mencionado, se dé lugar al establecimiento de un porcentaje de un 25% de exhibición de producciones cinematográficas chilenas y, que ésta se realice dentro de horarios de alta audiencia.

El proyecto de ley establece que se deberá incluir un porcentaje consistente en un 25% de exhibición de producción cinematográfica chilena que transmitan los canales de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y establecer que, se velará porque ésta se desarrolle obligatoriamente dentro de horarios de alta audiencia de conformidad con el artículo 12 letra d) de la Ley Nº 18.838 y las Normas sobre la obligación de los servicios de televisión de trasmitir un mínimo de programas culturales a la semana, con el objetivo de que dichas entidades–concesionarias de radiodifusión televisiva de libre recepción y los permisionarios de servicios limitados de televisión– incluyan en su programación en horarios de alta audiencia producciones de cine chileno, logrando así la posibilidad y más aún el desarrollo de una audiencia en el territorio nacional.

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único: Modifica el artículo 13 de la Ley 18.838 que Crea el Consejo Nacional de Televisión estableciendo lo siguiente:

Reemplácese la siguiente frase contenida en la letra d) del artículo 13: “Este porcentaje deberá incluir la exhibición de películas, documentales y cortometrajes de producción nacional independiente”, por la siguiente:

“Este porcentaje deberá incluir desde un 25 % de exhibición de producción cinematográfica chilena. El Consejo Nacional de Televisión velará porque ésta exhibición se realice dentro de los horarios de alta audiencia en conformidad con el artículo 12 letra l) de esta ley y las normas sobre la obligación de los servicios de televisión de trasmitir un mínimo de programas culturales a la semana”.

Diputada de la República Carolina Marzán Pinto

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Kast; Álvarez, don Sebastián; Cruz-Coke, Keitel, Molina, Norambuena, Paulsen, Undurraga y Winter, y de la diputada señora Castillo, que “Modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de instalación de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, centros diurnos de adultos mayores, jardines infantiles y salas cunas” Boletín N°11868-14

I.Antecedentes:

Que Chile enfrenta un escenario de envejecimiento acelerado, donde las personas mayores de 60 años representan el 16,7% de la población, con una proyección de 37,9% para el mismo segmento al año 2100, según datos del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).

Que esto presenta un desafío a la sociedad chilena como un todo, el Estado y las ciudades, las que se tienen que preparar y adaptar para acoger a una población con necesidades específicas. En este sentido, y con el objetivo de avanzar en esta línea, es que se hace fundamental trabajar en una ciudad inclusiva para los adultos mayores y donde la planificación urbana los incorpore a plenitud.

Este desafío, compartido por muchos países, ha llevado a que la temática de la integración en la ciudad se haya ampliado en su concepción, pasando de temas socio económicos, a incorporar consideraciones de edad. Al respecto cabe destacar que Chile concurrió a la firma de la Nueva Agenda Urbana en 2016, en donde este aspecto fue explícitamente abordado al señalar:

15. Nos comprometemos a trabajar en pro de un cambio de paradigma urbano hacia la adopción de una Nueva Agenda Urbana que: (…)

c) Adoptará enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles e integrados, centrados en las personas, que tengan en cuenta la edad y el género, mediante la aplicación de políticas, la formulación de estrategias, la creación de capacidad y la adopción de medidas a todos los niveles, sobre la base de factores impulsores del cambio fundamentales.

20. Reconocemos la necesidad de hacer especial hincapié en poner fin a las múltiples formas de discriminación a que se enfrentan, entre otros, las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas que viven con el VIH/SIDA, las personas de edad (…).

26. Nos comprometemos a fomentar un desarrollo urbano y rural centrado en las personas, que proteja el planeta y tenga en cuenta la edad y el género (…).

De igual forma, este nuevo enfoque de igualdad de oportunidades y provisión de servicios para las personas de edad, también ha sido recogido en diversos aspectos entre los 17 Objetivos para Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la ONU y cuyo objetivo es 2030.

Otro aspecto a tener en consideración es la acuciante situación de desigualdad y segregación urbana existente en nuestras ciudades, evidenciado de forma clara por la inequitativa distribución de los bienes públicos [1]. Haciéndose cargo de lo anterior, la Política Nacional de Desarrollo Urbano (2013), propone avanzar hacia ciudades más integradas mediante el desarrollo de zonas de uso mixto, en que se integren los diferentes usos de suelo y destinos, evitando situaciones de zonificación exclusiva o excluyente.

Así dentro de los principios de la PNDU se considera:

Equidad: Se debe asegurar un acceso equitativo a los bienes públicos urbanos, a participar en las oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Por otra parte, en cuanto a os objetivos de la planificación urbana la PNDU plantea:

2.1.3. Promover en la planificación urbana los usos de suelo mixtos, que posibiliten el trabajo de las personas cerca del lugar donde residen, incluidos los usos comerciales, de servicios y de industrias compatibles.

Cabe destacar que el artículo 27 LGUC señala que los “objetivos y metas que dicha política establezca para el desarrollo urbano serán incorporados en la planificación urbana en todos sus niveles”. Es decir es un deber de los niveles inferiores de planificación incorporar estos lineamientos sobre usos mixtos y equidad.

Actualmente en nuestro país, normativamente se reconocen diferentes situaciones en cuanto a las instalaciones para el uso y estadía de los adultos mayores; estos son los Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores (ELEAM), definidos como “aquellos en que residen adultos mayores que por motivos biológicos, sicológicos o sociales requieren de un medio protegido y cuidados diferenciados para la mantención de su salud y su funcionalidad, el cual cuenta con autorización para funcionar en esa calidad otorgada por la secretaria regional ministerial de salud competente del lugar que se encuentra ubicado”; y los Centros Diurnos de Adulto Mayor que son “casas donde se atiende, durante el día, a personas mayores con dependencia leve, prestándole servicios socio sanitarios y de apoyo familiar preventivo, a través de la promoción de las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, actividades socio culturales y de promoción de un envejecimiento activo”.

Al igual que cualquier otra edificación en nuestro país, estos centros están sujetos al cumplimiento de todas las regulaciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones así como de las regulaciones de los planes reguladores comunales de los territorios en donde se construyen. En este sentido tanto para los ELEAM como para los Centros diurnos se requieren lograr condiciones normativas que propicien una integración urbana plena y que reviertan las restricciones, explícitas o tácitas, que dificultan o imposibilitan su desarrollo, tal como podemos constatar en la existencia de planes reguladores comunales que excediendo las facultades que la ley les otorga,[2] establecen requisitos que impiden la locación de hogares de acogida, ya que establecen condiciones y regula los usos de suelo en función de las vías, tipo de edificación, número de estacionamientos proyectados entre otro

Lo anterior se opone abiertamente a los objetivos que nuestro país ha suscrito en esta materia y excede las facultades que permite la ley, ya que las normas urbanísticas deben establecerse en relación a la zona o subzona de que se trate y no en función por ejemplo de la calle que enfrenta al terreno. Así quedó establecido además en dictámenes de la Contraloría General de la República.[3]

Estas prohibiciones arbitrarias que se han establecido tienen como consecuencia que los hogares de adulto mayor no puedan emplazarse en todas las zonas, y en la práctica se traduce en una limitación para su instalación, lo que a todas luces genera un problema de integración, distribución al interior de la ciudad y acceso a equipamientos, que además afecta directamente a la labor social que prestan.

II. Normativa involucrada

La Ley General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza, junto con los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), conforman las regulaciones que establecen el marco para el desarrollo espacial de las ciudades y comunas chilenas. En ellos se establecen los estatutos, derechos, restricciones y normas sobre el uso de la tierra y la construcción.

Que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. (OGUC) señala en su artículo 2.1.24. que corresponde a los Instrumentos de Planificación Territorial, en el ámbito de acción que les es propio, definir los usos de suelo de cada zona. Y se establecen seis tipos de uso: Residencial, Equipamiento, Productivas, Infraestructura, espacio público y área verde.

Como antecedente adicional podemos señalar que esta misma norma establece que los destinos de salas cuna y jardines infantiles se entenderán siempre admitidos en las zonas con usos de suelo residencial y/o en las que se permita cualquiera clase de equipamiento. Para efectos de su autorización, se deberá cumplir con las restantes normas urbanísticas establecidas en el plan regulador. En caso que en la zona en que se emplacen se establezca más de una norma urbanística se deberá aplicar la más restrictiva.

Que a su vez el artículo 2.1.25. señala que el tipo de uso Residencial contempla preferentemente el destino vivienda, e incluye hogares de acogida, así como edificaciones y locales destinados al hospedaje, sea éste remunerado o gratuito, siempre que no presten servicios comerciales adjuntos, tales como bares, restaurantes o discotecas, en cuyo caso requerirán que en el lugar donde se emplazan esté admitido algún uso comercial.

Que en atención a las normas antes señaladas los jardines infantiles a nivel reglamentario cuentan con un resguardo respecto a su posibilidad de ser emplazados en zonas con usos de suelo residencial y/o en las que se permita cualquier clase de equipamiento. Mismo resguardo que buscamos que quede en forma expresa y a nivel legal para los ELEAM y centros diurnos de adulto mayor.

Lo anterior, porque en la práctica nos encontramos con planes reguladores que van más allá de lo que la normativa permite estableciendo restricciones que finalmente impiden su emplazamiento en todas las zonas, y esto claramente afecta la integración urbana que debe existir respecto del adulto mayor.

2.1 Los antecedentes consultados

-Ley General de Urbanismo y Construcciones

-Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

-Circulares DDU

-Planes Reguladores

-Reglamento de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, (DS14/05 del Ministerio de Salud)

2.2Normativa aplicable

A continuación, se presenta una revisión de las normas de urbanismo y construcción que impactan directamente en el desarrollo de proyectos destinados a ser residencias para adultos mayores.

Si bien se entiende que a nivel general son variadas las condicionantes que determinan si el desarrollo de un proyecto de este tipo es posible de ejecutar o no, existen algunas normas que son gravitantes para que un proyecto pueda iniciar su estudio de prefactibilidad, y con posterioridad evaluar su modelo de negocios o estudio económico.

2.2.1Uso de Suelo

Una primera condicionante para el desarrollo de este tipo de proyectos es que el Plan Regulador Comunal permita el uso de suelo residencial con destino hospedaje en el terreno en que se ubicará el proyecto.

En efecto, según lo establecido por el artículo 2.1.24. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), existen seis tipos de uso de suelo: Residencial, Equipamiento, Actividades Productivas, Infraestructura, Espacio Público y Área Verde.

Por su parte, el artículo 2.1.25. de la OGUC, define que el uso de suelo Residencial contempla preferentemente el destino de vivienda, incluyendo también hogares de acogida, así como edificaciones y locales destinados al hospedaje.

Cabe destacar que en el marco de lo señalado por la propia LGUC, la planificación de escala comunal es potestad exclusiva de los municipios, de forma tal que cada comuna define los usos de suelo y destinos que se encontrarán permitidos y prohibidos en las diferentes zonas que fije en su instrumento de planificación de su territorio, siendo estas definiciones tan variables como comunas tenga el país dada la inexistencia de lineamientos generales

Restricción

Prohibición del plan regulador comunal del destino hospedaje, hogares de acogida o equipamiento de salud entre sus usos de suelo.

2.2.2Estacionamientos

Otra condicionante para el desarrollo de este tipo de proyectos es que el Plan Regulador Comunal establezca una exigencia de estacionamientos muy alta para el destino de hospedaje.

Según lo establecido por el artículo 2.4.1. de la OGUC, todo edificio que se construya deberá considerar una dotación mínima de estacionamientos según lo defina el plan regulador comunal.

Junto con lo anterior, contempla una excepción para aquellos proyectos que se emplacen cerca de una estación de tranvía o de ferrocarril urbano o interurbano, permitiendo que, si la distancia a dichas estaciones es menor a 300 o 600 metros respectivamente, se rebaje a la mitad la dotación de estacionamientos exigida. Sin embargo, permite que el mismo instrumento prohíba tal excepción, dejando nuevamente a la decisión comunal la aplicación de esta disposición.

Por su parte el artículo 2.4.1. bis de la OGUC establece la exigencia de cuotas de estacionamientos de bicicletas, señalando expresamente que de no ubicarse a nivel de la vía que da acceso al edificio, se deberán proveer los medios adecuados a su acceso expedito para adultos mayores y niños, tales como rampas de pendiente inferior a 15° y/o ascensores.

Restricción

Potencial exigencia desmedida de dotación de estacionamientos por parte del plan regulador comunal para el destino hospedaje.

2.2.3Accesibilidad Universal

Según lo establecido por el artículo 4.1.7. de la OGUC, todo edificio de uso público y todo aquel que sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así como las edificaciones colectivas[4], deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida, para la cual establece una serie de requisitos que deben cumplir dichas edificaciones, relativas a: existencia de una ruta accesible, rampas antideslizantes, características de ascensores, ancho de puertas y pasillos, entre otras.

Lo anterior implica un mayor valor de los costos de inversión que requiere un proyecto de residencias para adultos mayores, si es que su modelo de negocios sea del tipo hotel. Esto porque, por ejemplo, la norma de accesibilidad universal define pendientes especificas a cumplir, lo que en algunos casos implican obras complejas para la construcción de la ruta accesible.

Restricción

Exigencias universales de accesibilidad que no consideran las restricciones propias que puedan presentar los terrenos en que se desarrollan los proyectos. (Ejemplo: terreno con pendiente alta que imposibilita la implementación de la ruta accesible.

2.2.4Ascensores

Según lo establecido por el artículo 4.1.11. de la OGUC, los proyectos destinados a larga estadía para adultos mayores deberán contar con ascensor cuando tengan 2 o más pisos o niveles, incluyendo a los subterráneos.

Lo anterior implica un costo importante no solo para la construcción del proyecto, sino que también para su operación y mantención.

Sin embargo, la misma norma incluye una excepción para aquellos proyectos que posean solo 2 pisos, que permite reemplazar los ascensores por rampas para salvar el desnivel.

Exigencias de ascensores para proyectos de 3 o más pisos, incluyendo a los subterráneos.

Restricción

Exigencias de ascensores para proyectos de 3 o más pisos, incluyendo a los subterráneos.

2.2.5 DDU específica 54 de 2007

Esta DDU aborda la homologación de los ELEAM (Establecimientos de Larga Estadía para el Adulto Mayor) al uso residencial.

De esta se desprende que, si bien genéricamente se habla de residencias de adulto mayor, la normativa reconoce dos diferentes situaciones.

- La primera son los ELEAM que no incorporan dentro de sus instalaciones unidades de cuidado y tratamientos médicos permanentes, los que según señala la DDU Esp 54/07 se pueden asimilar al uso de suelo residencial (se asimila al hogar de acogida).

-la segunda son los ELEAM que sí cuentan con tratamientos y cuidados médicos permanentes, los que deberán localizarse en áreas que el PRC fije un uso de suelo de equipamiento de salud.

Estos dos casos, se rigen además por las disposiciones del Reglamento de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, (DS14/05 del Ministerio de Salud), que fija numerosas exigencias al diseño, personal, tamaño, condiciones de seguridad, etc para autorizar su funcionamiento, y que incluso hace referencias al Reglamento de hoteles, en cuanto a las consideraciones para el diseño de las habitaciones y algunos servicios anexos.

“Artículo 7°. - Los establecimientos de larga estadía para adultos mayores deberán disponer de una planta física que cumplirá a lo menos con los requisitos establecidos en los artículos 5° al 11, 18, 21 al 29, todos inclusive, del decreto N° 194 de 1978, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Hoteles y Establecimientos Similares.

Además, deberán cumplir con el reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo vigente, en lo que se refiere al personal que allí labora, en especial de las disposiciones de sus Títulos II y III, en lo que les sea aplicable”.

2.2.6 Restricciones en Instrumentos de Planificación

Por el lado de los Instrumentos de Planificación, por cierto, muchos de ellos fijan restricciones a su instalación. Por ejemplo, el PRC de San Miguel, en diversas zonas no se señala si los hogares de acogida están permitidos o no, ni tampoco su estándar de estacionamientos; lo mismo pasaba con el proyecto del PRI de Elqui. En el PRC de Vitacura se les pide que sean viviendas aisladas en terrenos de al menos 500 m2.

3Conclusiones

Respecto de las normas revisadas en el capítulo anterior, es necesario señalar que, si bien las seis implican diferentes grados de restricción para el desarrollo de proyectos de residencias para adultos mayores, por la naturaleza del usuario principal de los mismos, no parece razonable flexibilizar los criterios o eximir del cumplimiento respecto de las condiciones de accesibilidad universal y ascensores.

En relación con los usos de suelo y exigencias de estacionamiento, especial atención amerita el hecho de que son exigencias que, si bien se encuentran establecidas a nivel general en la LGUC y OGUC, su definición específica y particular ocurre a nivel del Plan Regulador Comunal, por lo cual, para su excepción o flexibilización, se deben proponer criterios que puedan aplicar en un nivel superior, es decir, en la LGUC y OGUC.

A modo de ejemplo se puede señalar que la modificación en la OGUC que permitió la instalación de los jardines infantiles en cualquier terreno cuyo uso de suelo permita el tipo residencial o de equipamiento, estuvo basado en un espíritu similar al que se busca para incentivar el desarrollo del tipo de proyecto pensado en el presente proyecto de ley.

4Propuesta de artículo de modificación de la LGUC

La presente iniciativa legal busca resguardar a nivel legal y no reglamentario la instalación de los destinos sala cuna y jardines infantiles, hoy presente en la OGUC, y a su vez homologarlo respecto de los establecimientos de larga estadía y centros diurnos de adulto mayor, prohibiendo además las limitaciones que puedan establecerse a su emplazamiento.

Artículo 41 de la ley general de urbanismo y construcción

De la Planificación Urbana Comunal

Artículo 41°.- Se entenderá por Planificación Urbana Comunal aquella que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo económico-social.

La planificación urbana comunal se realizará por medio del Plan Regulador Comunal.

El Plan Regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento.

Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos.

PROYECTO DE LEY

Para incorporar en el artículo 41 de la Ley General de Urbanismo y Construcción un nuevo inciso 5º que señale lo siguiente:

“Con todo, para la promoción de la integración urbana, los destinos de establecimientos de larga estadía para el adulto mayor, centros diurnos para el adulto mayor, jardines infantiles y salas cunas, se entenderán como complementarios a cualquier destino del uso residencial, incluyendo la vivienda y por tanto siempre admitidos en zonas que el plan regulador comunal defina con dicho uso de suelo. Asimismo, podrán localizarse en todas aquellas zonas en que el plan regulador comunal permita el uso de suelo equipamiento, aun cuando se excluya el uso residencial. En estos casos, serán considerados equipamiento menor, por lo que podrán localizarse en predios que enfrenten vías de servicio, colectoras, troncales o expresas.[5]

Para efectos de su autorización no les serán aplicables a estos recintos, restricciones tales como estacionamientos, uso de suelo, densidad, constructibilidad y en todo caso, deberán cumplir con las restantes normas urbanísticas establecidas por el plan regulador, así como cualquier otra regulación particular”.

Diputados señores Kast; Álvarez, don Sebastián; Cruz-Coke, Keitel, Molina, Norambuena, Paulsen, Undurraga y Winter, y de la diputada señora Castillo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Durán, don Jorge; Desbordes,Romero y Sauerbaum, y de las diputadas señoras Flores, doña Camila, y Sabat, que “Modifica la Carta Fundamental con el objeto de rebajar la renta que perciben en forma vitalicia los ex Presidentes de la República” Boletín N°11869-07

FUNDAMENTOS

De acuerdo a lo preceptuado en la Constitución Política de la República de Chile en cuanto a los beneficios de los que gozan los Ex Presidentes, en relación a su renta vitalicia mensual que actualmente asciende a la suma de $9.349.851 millones de pesos, equivalente al de un ministro de Estado, monto sobre el cual se le debe descontar previsión, salud e impuestos y aumentar con lo entregado por concepto de traslado y funcionamiento de las oficinas.

El hecho de recibir una pensión vitalicia, no es el problema, el problema está en que aquella renta vitalicia esta dentro de las más alta de Latinoamérica, siendo así, nos destacamos al igual que con las dietas de los parlamentarios por tener las brechas mas grandes entre sueldos, aumentando cada vez más las diferencias entre ricos y pobres.

Si comparamos a Chile con los sueldos de los demás países miembros de la OCDE, y consideramos lo que implica este salario respecto del PIB per cápita y del ingreso mínimo al interior de nuestro país, podemos percatarnos de lo que hablamos cuando nos referimos a los excesivos y poco proporcionales sueldos de nuestras autoridades, incluyendo a los Ex Presidentes de la República.

Actualmente a nivel Latinoamericano, nos destacamos negativamente junto con Guatemala por ser los países mas desiguales de la OCDE en cuanto a los salarios de los Ex Presidentes, motivos suficientes para revisar nuestro ordenamiento jurídico y hacer una revisión acaba de la normativa vigente.

Ha existido preocupación, no solo de los parlamentarios, sino que también del mismo Presidente de la República en el sentido de actualizar proporcionadamente la dieta parlamentaria, siendo así, parece razonable también revisar la renta vitalicia de la que gozan los Ex Presidentes, comparándola principalmente con la de sus pares y en definitiva rebajarla a la mitad de lo que actualmente perciben.

Idea matriz

El siguiente proyecto viene a modificar la Constitución Política de la República de Chile, en el sentido de establecer que la remuneración de la cual gozaran los Ex Presidentes de la República equivaldrá a la mitad de la renta establecida para los Ministros de Estado.

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Modificase la Constitución Política de la República en el sentido que indica:

1.Agréguese al Artículo 30 al final del inciso tercero, reemplazando el punto final por un punto seguido la siguiente expresión:

"tratándose de lo establecido en el articulo 62, los ex presidentes percibirán la mitad de la renta equivalente a la remuneración establecida en dicho articulo"

Diputados señores Durán, don Jorge; Desbordes, Romero y Sauerbaum, y de las diputadas señoras Flores, doña Camila, y Sabat

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Macaya, Alessandri, Bobadilla; Fuenzalida, don Juan; Melero, Moreira, Noman, Sanhueza, Urrutia, don Osvaldo, y Von Mühlenbrock, que “Modifica la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, para impedir que estudiantes que causen daños en la infraestructura y equipamiento de establecimientos educacionales accedan a estudios gratuitos en instituciones de educación superior” Boletín N°11870-04

I.- IDEAS GENERALES.

Como sabemos la educación constituye uno de los ámbitos de la vida comunitaria más importantes cuyo enfoque, desarrollo y fomento le compete a la sociedad entera, sin exclusiones. De acuerdo a esta lógica, la experiencia educacional se erige como una de las etapas de mayor trascendencia en los ámbitos materiales y espirituales de todo ser humano, el que no se reduce a una actividad de traspaso de conocimientos o destrezas de orden intelectual o físico, sino que también implica una experiencia integral que incluye valores y pensamiento que marcarán a las personas en sus relaciones interpersonales, como ciudadano y en general en todos y cada uno de los ámbitos de su vida.

De acuerdo a lo anterior, el proceso educativo constituye en la actualidad no sólo una instancia de aprendizaje unilateral en donde el profesor traspasa los conocimientos y experiencias de vida y culturales a los alumnos, sino que también la educación es concebida actualmente como una experiencia de retroalimentación entre cada uno de los componentes de la comunidad educativa mediante el continuo y permanente transmisión de intereses, experiencias y valores indispensables para el armónico desarrollo de los educandos.

En este sentido la ley 20.370 General de Educación establece que ésta es “El proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas.”, continúa la disposición expresando que la educación se “enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.”

Es por lo anterior, que a la comunidad nacional le corresponde la alta función de proteger y promover la excelencia en el sistema educativo, procurando con ello el desarrollo de una educación basada en la tolerancia, el respeto y valoración por el otro, de las normas, es decir de una educación republicana sustentadas en los valores de nuestra sociedad.

En por lo anterior, que los actos de tomas, destrozos y otros desmanes producidos por miembros de alumnado, muchas veces incentivados por oscuros intereses político-partidistas, introducen elementos de dejación de la función educativa fundamental y, que constituye una esfera torcida de los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución Política como lo es el de petición, y participación en la toma de decisiones públicas.

En este sentido, este abandono de los deberes y exaltación derechos existentes en materia educativa se contrastan con una seguidilla de beneficios estatales en el ámbito de la educación como es la gratuidad universitaria a través de la cual es el estado y, más que eso, los contribuyentes, los destinados a financiar la educación de personas que en no pocas oportunidades han actuado delictualmente utilizando su posición social, política o gremial.

Es así, que los diputados firmantes de esta moción promovemos como proyecto de ley, la pérdida de los beneficios que el estado le otorga a los estudiantes con ocasión de su vida estudiantil.

II.- CONSIDERANDO.

1.Que, en nuestro derecho existen experiencias en torno a la pérdida de beneficios estatales respecto de personas que han dejado de tener las condiciones para ser acreedores de éstos a partir de hechos que implican indignidades sobrevinientes. Este es el caso de los beneficios que perciben los grupos indígenas del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, fondo al que no se podrá acceder respecto de terrenos considerados “perturbados”.

2.Que, por otro lado, con la entrada en vigencia de la ley 20.529, la Superintendencia de Educación es la instancia administrativa encargada de fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, y fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de los establecimientos que reciban aporte estatal.

3.Que, en este sentido, nos parece de toda lógica, que frente al decaimiento de las finalidades de la ley en el sentido de maximizar la eficiencia en el empleo de los recursos públicos y como consecuencia la dejación, a lo menos por un tiempo prolongado, del proyecto educativo, los responsables de estos desmanes sean sancionados con la imposibilidad de acceso a los beneficios que el estado otorga en materia de gratuidad universitaria.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

Por tanto, de acuerdo a lo indicado en las consideraciones de este proyecto, la iniciativa consagra como causal de pérdida de los beneficios que establece el Estado a los estudiantes, en caso de ser autores de destrozos y otros desmanes a la propiedad y material educativo de los establecimientos educacionales tomados, como forma de protesta, reclamo u otra motivación a las autoridades.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Incorpórese una nueva letra d) en el artículo 103 de la ley 21.091 sobre Educación Superior de conformidad al siguiente texto:

“No haber sido expulsado el estudiante, en virtud de una sentencia judicial o resolución administrativa firme y ejecutoriada, en el marco de un debido proceso, por daños a la infraestructura, equipamiento docente y mobiliario de establecimientos educacionales públicos o privados, o por acciones de violencia hacia la comunidad escolar, sus autoridades, alumnos y profesores, o atentados a las fuerzas de orden y seguridad, tales como, lanzamiento de artefactos explosivos u otros elementos que pongan en riesgo la integridad física de Carabineros de Chile.

Con todo, la ejecución de acciones por parte del estudiante encaminadas a enmendar o indemnizar los daños ocasionados, constituirá motivo suficiente para reconsiderar su integración al sistema de beneficios que impone esta ley.”

Diputados señores Macaya, Alessandri, Bobadilla; Fuenzalida, don Juan; Melero, Moreira, Noman, Sanhueza, Urrutia, don Osvaldo, y Von Mühlenbrock.