Labor Parlamentaria

-Del diputado señor Alessandri por la cual informa que ha retirado su patrocinio al proyecto que “Modifica la Carta Fundamental en materia de urgencias en la tramitación legislativa”. Boletín N° 11902-07.

-Del diputado señor Schalper , quien informa que, de conformidad con el artículo 195 del Código del Trabajo, hará uso del permiso parental por un plazo de 1 día, el día de mañana, 19 de julio de 2018.

-De la diputada señora Leuquén , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 17 de julio de 2018, por impedimento grave.

-Del diputado señor Teillier , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 17 de julio de 2018, por impedimento grave.

-De la diputada señora Sabat , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta, por medio día, para ausentarse, por razones personales, a las sesiones celebradas el día 17 de julio de 2018 (desde las 10:00 hrs. hasta las 14:00 hrs.).

-Del diputado señor Andrés Molina , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la Corporación, informa la participación en una actividad oficial con el Presidente de la República, el día 19 de julio de 2018.

-De la Jefa de Bancada de Diputados del Partido Revolución Democrática, y del Jefe de Bancada Mixto e Independientes, por el cual informan que el diputado señor Bernales reemplazará al diputado señor Crispi en la “Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno respecto al eventual fraude en la ANFP y los efectos que tuvo su reestructuración posterior en su relación con las organizaciones deportivas profesionales, entre el año 2015 y el día 4 de abril de 2018”. (CEI 2)

-Del Jefe de la Bancada de Diputados del Partido Unión Demócrata Independiente por la cual se informa que el diputado señor Baltolu reemplazará a la diputada señora Amar, en la Comisión Especial Investigadora por acuerdo entre Corfo y Soquimich sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama.

-Del diputado señor Lavín por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 13 de julio de 2018, para dirigirse a Buenos Aires, Argentina.

-Del diputado señor García , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 12 de julio de 2018, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada en esa fecha.

-Del diputado señor Torrealba , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 12 de julio de 2018, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada en esa fecha.

-De la diputada señora Sabat , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 12 de julio de 2018, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada en esa fecha.

- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Bellolio , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de catorce días, a contar del 11 de julio de 2018.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS

El señor MULET (Vicepresidente).-

El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de Comités.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Mulet y con la asistencia de las diputadas señoras Sofía Cid , María José Hoffmann y Alejandra Sepúlveda , y de los diputados señores Brito , Cruz-Coke , Gahona , Hirsch , Ilabaca , Kuschel , Núñez, don Daniel ; Pérez, don José ; Rocafull ,

Urrutia, don Ignacio ; Venegas y Walker acordaron por unanimidad lo siguiente:

1.- Formar la tabla de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento (en anexo).

2.- Destinar setenta minutos a la discusión del proyecto de ley que otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica (boletín N° 11570-06).

3.- Trasladar el proyecto de reforma constitucional que establece el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres (boletín N° 11758-07) al segundo lugar del Orden del Día de la sesión de hoy miércoles 18 de julio.

4.- Fijar como plazo para solicitar votación separada y para renovar indicaciones en el proyecto indicado en el número anterior hasta el término del Orden del Día de la sesión de mañana jueves 19 de julio.

5.- Citar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, a los señores ministros de Hacienda, de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social a la sesión especial que tendrá lugar el martes 21 de agosto, para analizar la delicada situación de endeudamiento de adultos mayores en Chile que nos obliga a replantear el sistema previsional chileno y, además, por las discriminaciones que sufren por la banca y entidades comerciales.

6.- Autorizar el ingreso a la Sala durante la referida sesión al director del Servicio Nacional del Adulto Mayor y al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.

7.- Distribuir el tiempo de Incidentes que correspondía a la sesión del martes 17 de julio entre las sesiones de hoy miércoles 18 y mañana jueves 19 de julio.

8.- Rendir homenaje en Sala el miércoles 12 de septiembre a la folclorista señora Margot Loyola Palacios , con motivo de cumplirse el 15 de septiembre el centenario de su nacimiento.

SALUDO A DELEGACIÓN PARLAMENTARIA DE BRASIL

El señor MULET (Vicepresidente).-

Se encuentra en la tribuna de honor una delegación del Congreso de Brasil, encabezada por el presidente del Senado, señor Eunício Oliveira , y el presidente de la Cámara de Diputados, señor Rodrigo Maia , a quienes saludamos cordialmente.

¡Bienvenidos a la Cámara de Diputados!

-Aplausos.

DESARCHIVO DE PROYECTO

El señor MULET (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud del diputado señor Daniel Verdessi , en orden a desarchivar el proyecto de ley que dicta normas sobre valoración y protección del árbol (boletín N° 2238-12).

¿Habría acuerdo?

Acordado.

SALUDO A DELEGACIÓN DIPLOMÁTICA DE JAPÓN

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

En nombre de la Cámara de Diputados de Chile, saludo la presencia en la tribuna de honor de una delegación de la embajada de Japón en Chile, encabezada por su titular, el excelentísimo embajador señor Yoshinobu Hiraishi . ¡Bienvenidos a la Cámara de Diputados!

-Aplausos.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL QUE ESTABLECE EL DEBER DEL ESTADO DE PROMOVER LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE MUJERES Y HOMBRES BOLETÍN N° 11.758-07-1

__________________________________________________________________

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, con urgencia suma.

Durante la discusión de este proyecto de ley, vuestra Comisión contó con la asistencia de:

MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO:

Sra. Isabel Plá, Ministra.

Sra. Carolina Cuevas, Subsecretaria.

Sr. Cristóbal Aguilera, Jefe de Departamento de Reformas Legales.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA:

Sr. Gonzalo Blumel, Ministro.

Sr. Máximo Pavez, Jefe División de Relaciones Políticas e Institucionales de la SEGPRES

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Sra. Consuelo Contreras, Directora.

OTROS INVITADOS

Señor Jaime Bassa, Académico Universidad de Valparaíso.

Señora Liliana Galdámez, Investigadora Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

Señora Manuela Veloso, Profesora de Derecho UBO e Investigadora Fundación Decide.

Señora Camila Maturana, Corporación Humanas

Sra. Claudia Sarmiento, docente.

Sr. Leonardo Estradé-Brancoli, asesor legislativo.

Sra. Alejandra Ovalle, académica.

Sr. Víctor Manuel Avilés.

AGRUPACIÓN LÉSBICA ROMPIENDO EL SILENCIO

Sra. Erika Montecinos, coordinadora general de la agrupación (expositora).

Sra. Nicole Rojas, área comunicacional.

Sra. Solange Vásquez, área legislativa.

POR LA ASOCIACIÓN DE ABOGADAS FEMINISTAS DE CHILE

Bárbara Sepúlveda Hales, directora ejecutiva.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto es la de establecer que es deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.

2) Quórum de votación.

De conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 127 de la Carta fundamental, las modificaciones que inciden en los capítulos I y III requieren la aprobación de las dos terceras partes de los diputados en ejercicio, y las modificaciones que inciden en los capítulos V y VI, requieren la aprobación de tres quintas partes de los diputados en ejercicio

3) Requiere trámite de Hacienda.

No.

4) Aprobación del proyecto en general.

El proyecto se aprobó en general por unanimidad. Votaron por la afirmativa los diputados (as) señores (as) Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker.

5) Se designó Diputado Informante al señor René Saffirio

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

ANTECEDENTES.

El mensaje explica que hoy en día son diversas las discriminaciones injustas y arbitrarias que sufren las mujeres en la sociedad, que impiden un desarrollo equitativo entre hombres y mujeres y obstan a que nuestro país avance hacia un desarrollo cultural en esta materia. Existen, en efecto, barreras sociales, culturales, económicas, legales, entre otras, que afectan el trato a la mujer, lo que se traduce en prácticas discriminatorias de diversas índoles.

Agrega el mensaje que en concordancia del Programa de Gobierno, con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que nuestro país ha ratificado y que se encuentran vigentes, y con un compromiso social y político profundo de propender a erradicar las desigualdades de derechos que sufren las mujeres, es un deber institucional de primer orden impulsar aquellas reformas que requiera nuestro ordenamiento jurídico para terminar con todo tipo de discriminación arbitraria hacia la mujer.

Hace presente que el pasado 23 de mayo del presente año, como Presidente de la República, presentó una agenda de equidad de género con el objeto de impulsar con fuerza, decisión y urgencia las medidas necesarias para avanzar a una sociedad que, a la vez que respeta las naturales y complementarias diferencias entre hombres y mujeres, reconozca a ambos los mismos derechos, deberes, dignidad y oportunidades.

Estima que así lo exige la equidad de género, dado que ella implica, conforme lo dispone la Ley Nº 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, reconocer y dar “trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación arbitraria contra las mujeres por ser tales, en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos humanos”.

Afirma que dentro de las medidas que se han impulsado, una fundamental constituye un cambio constitucional que avance en el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, consagrando explícitamente el deber del Estado de promover la igualdad de derechos. Esta consagración se propone a través de una modificación al artículo 1º de la Constitución Política de la República, con el fin de que no haya duda alguna de que este deber constituye un elemento fundamental de las bases de la institucionalidad.

Estima que la relevancia de una reforma constitucional de estas características, se puede advertir también en los diferentes proyectos de ley que se han ingresado al Congreso con un objetivo similar. A título ejemplar, cabe mencionar el proyecto de ley que modifica la Constitución Política a fin de consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer impulsado por los entonces diputados Hernán Bosselin Correa, Sergio Elgueta Barrientos, Hernan Rojo Avendaño, Mario Hamuy Berr, Sergio Pizarro Mackay, Eliana Caraball Martínez, Rubén Gajardo Chacón, Ramón Elizalde Hevia, Hugo Rodríguez Guerrero y Sergio Jara Catalán (Boletín 197-07, del año 1990); el proyecto de ley que reforma la Constitución Política de la República con el objeto de incorporar normas sobre la eliminación de todo tipo de discriminación en contra de la mujer impulsado por los entonces diputados Adriana Muñoz D’Albora, Sergio Rodrigo Ojeda Uribe, Jose Miguel Ortiz Novoa, Víctor Reyes Alvarado, Sergio Aguiló Melo y Jaime Naranjo Ortiz(Boletín 302-07, del año 1991); el proyecto de ley que modifica el N°22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República con el objeto de reforzar los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria, impulsado por los entonces diputados Roberto Sepúlveda Hermosilla y Francisco Chahuán Chahuán (Boletín 4867-07, del año 2007); y el proyecto de ley de reforma constitucional que otorga rango constitucional al principio legal de igualdad de las remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo impulsado por los diputados Gaspar Rivas Sánchez, María Antonieta Saa Díaz y Marcela Sabat Fernández (Boletín 7954-07, del año 2011).

Opina que el desarrollo humano, integral, inclusivo y sustentable de nuestro país sólo será posible en una sociedad en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas oportunidades y la misma dignidad. La reforma que ahora se presenta, contribuirá a un cambio cultural en nuestra sociedad, haciéndose cargo de una noble y justa causa, que no es sólo la causa de las mujeres, sino que la causa de todos los hombres y mujeres de nuestro país.

Fundamentos del proyecto

Refiere que tiene plena conciencia que esta noble y justa lucha es un proceso que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y también, en forma simultánea, en muchos países.

Indica que el compromiso que debe asumir el Estado es establecer una cultura de tolerancia cero contra todo tipo de violencia, abuso, acoso, discriminación o maltrato hacia las mujeres, en todos los espacios donde éstas se desenvuelven.

Expresa que por lo anterior, en el ámbito de la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres, es que hay ciertos antecedentes o hitos a los cuales se debe atender:

a)Historia de la lucha de la mujer en Chile.

Un recorrido por la historia de Chile, nos obliga a recordar con admiración los grandes momentos en los que la mujer debió luchar y alzarse por tener mejores condiciones de vida, más justas y equitativas.

La Ley de Instrucción Primaria, de 1860, en su artículo 1º estableció que la educación en dicho nivel sería de responsabilidad del Estado y, en el artículo 2º, señalaba que sería gratuita y comprendería a personas de uno y otro sexo, reconociendo de este modo a niños y niñas.

En el año 1877 se dictó el denominado “Decreto Amunátegui”, bajo la presidencia de don Aníbal Pinto, que otorgó a la mujer el derecho a ingresar a la universidad y obtener, de este modo, títulos profesionales. En este sentido, Chile fue pionero en la formación de mujeres profesionales, tanto así que en 1887 se titularon de médicos Eloísa Díaz Insunza y Ernestina Pérez Barahona, las primeras de Chile y Latinoamérica.

Avanzando en la historia legislativa de nuestro país, en el año 1917 se presenta el primer proyecto de ley para dar derecho de ciudadanía a las mujeres.

Como un hecho de gran envergadura a nivel nacional, en el año 1925 se promulga el Decreto Ley Nº 328 conocido como “Ley Maza”, que otorgó a la madre legítima la patria potestad sobre sus hijos no emancipados; derogó todas las prohibiciones e incapacidades impuestas a la mujer por la sola razón del sexo, dando plena capacidad a la mujer casada separada de bienes o cuando el matrimonio hubiese sido declarado nulo. Por otro lado, se creó la institución del patrimonio reservado de la mujer casada. Gran importancia tuvo esta medida que fue apoyada por don Pedro Aguirre Cerda y don Arturo Alessandri, entonces Presidente de la República.

A medida que pasaban los años y que la mujer se organizaba y alzaba la voz en materias que hoy parecen tan evidentes, es que, en el año 1934, durante el segundo gobierno del Presidente Arturo Alessandri, se dictó la Ley N° 5.357 que otorgó a la mujer el derecho a elegir y a ser elegidas en ámbitos municipales, hecho que marcó el inicio de un proceso que, con fecha 7 de abril de 1935, contó con mujeres participando por primera vez en una elección municipal. En dicha instancia se presentaron 98 candidatas, de las cuales fueron elegidas 26.

Como un gran hito nacional, con fecha 8 de enero de 1949 se promulgó la Ley Nº 9.292, que concedía la plenitud de derechos políticos a la mujer, entre ellos, el voto político. Es en razón de este sobresaliente y destacado hito que, en 1950 doña Inés Enríquez es elegida diputada por Concepción, convirtiéndose así en la primera parlamentaria chilena. Dos años después, en 1952, las mujeres participan por primera vez en la historia de Chile en una elección presidencial, resultando elegido don Carlos Ibáñez del Campo, lo cual fue ampliando progresivamente la participación de las mujeres en los procesos electorales, hasta llegar en 1970 a la paridad con los votantes masculinos.

Ya en la historia más contemporánea, no podemos dejar de desconocer la simbólica y relevante reforma a la Constitución Política de la República impulsada en el gobierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en virtud de la cual se modificó el artícu¬lo 19 Nº 2, estableciendo la igualdad ante la ley para hombres y mujeres.

La creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Ley N°20.820, bajo la presidencia de doña Michelle Bachelet, y que inició sus funciones el día 1 de junio de 2016, sin duda ha contribuido con las políticas públicas para la equidad de género, las cuales han tenido un desarrollo sostenible. De este modo, con la creación de este ministerio, las necesidades, los derechos y la dignidad de las mujeres adquieren un espacio socialmente relevante, visibilizando situaciones de injusticia que constituyen una preocupación central del Estado de Chile.

La reforma constitucional que se propone y toda la agenda de equidad de género anunciada por este Gobierno el pasado 23 de mayo, pretenden enmarcarse dentro de este cuadro histórico, con la conciencia de que aún quedan diversos desafíos para avanzar a la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

b)Responsabilidad familiar y mujer.

Históricamente, los cuidados a otros miembros familiares, tales como niños, adultos mayores o personas con baja autonomía, como también las tareas del hogar, han recaído principalmente en las mujeres. Es así como, según la Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo (ENUT 2015) desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile las mujeres destinan 5,89 horas promedio diarias al trabajo doméstico y al cuidado de otros miembros de la familia, mientras que los hombres destinan 2,74 horas promedio a nivel país. Así, las mujeres destinan 3 horas más que los hombres al trabajo no remunerado, situación que limita la autonomía de la mujer, especialmente la económica.

Es en razón de lo anterior que la igualdad de derechos tiene como correlato, en el ámbito familiar, la idea de que la corresponsabilidad debe ser un criterio ético fundamental en la relación entre hombres y mujeres sustentado en el respeto y compromiso mutuo.

c)Mercado laboral y mujer.

Las mujeres enfrentan importantes brechas con respecto a los hombres en el mercado laboral. La tasa de participación laboral de hombres y mujeres, conforme a la Encuesta Nacional de Empleo (2010-2017 trimestre móvil enero-marzo) del Instituto Nacional de Estadísticas, es de 71% y 49,3% respectivamente, lo que equivale a una brecha de participación de 21,7 puntos porcentuales. La participación laboral de las mujeres en Chile está por debajo del promedio de los países de la OCDE, que en 2015 registraban en promedio una tasa de participación laboral femenina en torno al 61%, según la base de datos estadísticos de la OCDE. Sumado a lo anterior, la participación laboral femenina también se encuentra bajo el promedio de Latinoamérica, que en 2015 se situaba en un 55,4%, según la misma base estadística. Dicho todo lo anterior, la brecha de participación que tiene nuestro país es la tercera más amplia de los países OCDE.

Es un hecho notorio que la participación laboral femenina decrece a medida que disminuye el nivel de ingresos de las mujeres. De acuerdo con la Casen 2015, las mujeres que pertenecen al quintil de mayores ingresos tienen una participación laboral similar a la de los países europeos, y por sobre el promedio de la OCDE, mientras que las mujeres del quintil de menores ingresos, alcanzan sólo un 29,8% de participación en el mercado laboral.

Es así, que en el ámbito laboral la mujer no tiene una, sino que muchas brechas que la distancian de la situación con los hombres.

Una importante discriminación con la que se encuentran las mujeres al entrar al mercado laboral es la brecha salarial, donde los ingresos percibidos por el mismo trabajo, en promedio, son un 31,7% menor que el de los hombres, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas.

Sumado a lo anterior, las mujeres enfrentan una menor capacidad de ascenso que los hombres. Según la Cuarta Encuesta Longitudinal de Empresas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2016), sólo un 12,8% de las gerentes generales de grandes empresas son mujeres, evidenciando que hay espacios donde, a pesar de la lucha y esfuerzo, la mujer se ve desplazada por barreras culturales.

Cabe señalar que las brechas enfrentadas por las mujeres en el mercado laboral referidas anteriormente, son sólo aquellas cuantificables y respecto de las cuales existen datos disponibles para identificar. Sin embargo, no se pueden desconocer todas las discriminaciones arbitrarias que diariamente padecen las mujeres, como los tratos injustos en sus lugares de trabajo, la poca valoración del aporte femenino en espacios de decisión, como también la exposición a situaciones que denigran su condición de mujer.

d)Violencia contra la mujer.

La violencia contra la mujer es uno de las principales desgracias sociales de nuestro país. Su origen cultural y normalización ha permitido que sea un fenómeno invisible a los ojos de la sociedad.

Las mujeres, sólo por el hecho de ser mujeres, han sufrido de diversas formas de violencia a lo largo de la historia, por parte de sus parejas o de su entorno que van desde el control psicológico hasta la agresión física y la muerte.

La violencia ha afectado a mujeres de diversas edades y condiciones económico-sociales, tanto al interior de sus relaciones de pareja como en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio y en los espacios públicos.

Los datos disponibles confirman que las mujeres sufren mayor violencia en comparación con los hombres. De acuerdo con la tercera encuesta nacional de violencia intrafamiliar contra la mujer y delitos sexuales del año 2017, realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, la violencia intrafamiliar contra la mujer ha aumentado de un 18% a un 21% entre 2012 y 2017, siendo la violencia psicológica la más común y la que ha experimentado una mayor alza (de un 31% a un 36% entre 2012 y 2017) en comparación a la violencia física y sexual.

Lo anterior resulta especialmente grave, ya que la violencia contra mujeres y niñas tiene un impacto que puede ser inmediato o de largo alcance, lo que incluye múltiples consecuencias tanto físicas como sexuales o psicológicas, generando una afectación negativa en el bienestar de las mujeres que impide su valiosa participación en la sociedad, impactando a sus familias, comunidad y finalmente a Chile.

e)Mujer y proyectos de vida.

La igualdad entre hombres y mujeres también conlleva el respetar la diversidad de proyectos de vida que asuman las mujeres. En este sentido, bajo esta propuesta de reforma constitucional subyace la idea de valorar y respetar los diferentes roles que quieran asumir las mujeres ya sea en su vida laboral, familiar, social, cultural, económica, y en los más diversos ámbitos de la vida.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL.

El proyecto de reforma constitucional establece en el Capítulo I de la Constitución Política de la República, de las Bases de la Institucionalidad, el deber del Estado de promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres.

Texto del proyecto propuesto:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

Artículo único.- Agréguese en el inciso 5º del artículo 1º de la Constitución Política de la República, luego del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente frase:

“Asimismo, es deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.”.

II.- DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.

1.- Discusión General.

El proyecto se aprobó en general por unanimidad. Votaron por la afirmativa los diputados (as) señores (as) Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker

Sesión N° 17 de 5 de junio de 2018.

Gonzalo Blumel, ministro Secretario General de la Presidencia, partió valorando el proyecto que aprobaron que permite crear la Comisión de Mujer y Equidad de Género, porque efectivamente, estimó, ponía a la Corporación a tono con los tiempos y, en segundo lugar, además los ayudaba a como gobierno a impulsar con mayor agilidad su agenda mujer, que fue una agenda que lanzó el Presidente de la República hace aproximadamente tres semanas. Era una agenda que tenía 22 compromisos, de los cuales 11 eran iniciativas legales, varias estaban en el en la Cámara de Diputados, en el Senado y otras tantas irían llegando progresivamente.

Además, tenían un compromiso muy grande, como se ratificó en la cuenta presidencial del viernes pasado, de llevar adelante esta agenda, que no era la solución a todos los problemas, posiblemente la solución a todos los problemas de discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres tomaría muchísimo más que estos cuatro años, porque era un problema cultural que tenía siglos o milenios, pero sí querían contribuir en encaminar en una agenda transversal que generara amplia adhesión, y que pudieran avanzar con la máxima agilidad posible y poder instalar algunos ejes fundamentales de trabajo que puedan servirle a esta Comisión, y a este Congreso Nacional, para ir resolviendo varios de los aspectos fundamentales que creían que la agenda mujer tenía que contemplar.

La agenda mujer la explicaría la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, pero tenía fundamentalmente dos aspectos que era importante mencionar. El primero era que estaba construida sobre la base lo que era el programa de gobierno, pero también recogía el trabajo de mociones parlamentarias y proyectos de ley que venían del gobierno anterior, eso era bien importante plantearlo. Habían buscado complementar sus iniciativas con las iniciativas que ya se discutían en esta Corporación, en el Senado, y también con otros proyectos de ley que venían de la anterior legislatura, como por ejemplo la ley contra la violencia, la ley contra la violencia integral que venía del gobierno de la presidenta Bachelet, o algunas mociones parlamentarias que estaban alojadas aquí en el Congreso Nacional.

Era importante señalarlo, porque el proyecto que ahora discutirían era el primer proyecto que enviaban, pero formaba parte de un conjunto más amplio y coherente de iniciativas que tenía tres objetivos fundamentales. El primer objetivo era fortalecer la autonomía de la mujer en todos los ámbitos posibles, en la mayor cantidad de campos, y en particular, en lo que era la autonomía económica, que seguía siendo un aspecto en el cual las mujeres todavía observaban, o vivían, una gran discriminación y retraso respecto a la situación de sus pares hombres.

En segundo lugar, retomar con mucha fuerza todo lo que era la agenda contra la violencia que sufrían las mujeres. Ahí había distintas iniciativas que se estaban impulsando, como por ejemplo, la iniciativa que establece sanciones a la violencia en el pololeo, la que ya comentaba sobre violencia integral, y varias más que creían que era importante también volver a potenciar, porque era un tema que lamentablemente no habían podido erradicar, las cifras de violencia contra las mujeres eran inaceptablemente altas.

Y el tercer eje, que era en el cual se insertaba esta reforma constitucional, era un eje que apuntaba a ir terminando, o terminar derechamente, con todas las discriminaciones legales que regían en contra de las mujeres. Había varias discriminaciones, por ejemplo la reforma a la sociedad conyugal era una de ellas, también una que a varios les sorprendió, relativa a la restricción que tenían las mujeres para contraer nupcias después del divorcio. Eso era algo que por lo menos él reconozco que no sabía esto de los 270 días, y era una cuestión bien inaceptable.

De igual manera, estaba el proyecto de la sala cuna universal, que era una discriminación legal porque lo que hacía era establecer un beneficio para cierto tipo de trabajadoras, o sea, para trabajadores que estaban en empresas que tenían cierto tamaño, y para otras trabajadoras que en las mismas circunstancias, pero la empresa era de menor tamaño, no podían acceder a ese beneficio, lo cual establecía una discriminación legal que las castigaba en su ingreso al mundo del trabajo.

Esta reforma constitucional al artículo 1, y la ministra explicaría con mayor detalle cuál era el objetivo de la reforma, lo que venía a hacer era fundamentalmente a establecer en el artículo 1 la consagración del deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, evitando todas las formas de violencia, abuso o discriminación, alineándose con los ejes señalados en la agenda mujer que fue presentada por el Presidente de la República hace algunas semanas.

Les parecía que esto era importante consagrarlo a nivel constitucional. Él era ingeniero, así que en esta Comisión donde abundaban los expertos en derecho les pedía que le excusaran por su falencia en esta materia, y por eso venían con algunos asesores para que los reforzaran en este ámbito, pero les parecía importante consagrarlo a nivel constitucional porque la Constitución en particular, en sus primeros capítulos y de sus primeros artículos, emanaban una serie de principios rectores a partir de los cuales se consagraban ciertos elementos del bien común y, adicionalmente, ciertas directrices, ciertas normas que tenían que de alguna manera ir poblando todo el entramado legal-institucional que los rige en sociedad.

En el fondo, estimaban que otorgarle esta responsabilidad en forma directa y explícita al Estado tendría como consecuencia, pese a ser una reforma bastante sencilla a primera vista, bastante simple, tendría una consecuencia bien profunda, que era recoger en las instituciones públicas el deber de cautelar esta igualdad entre hombres y mujeres y evitar todo tipo de violencia, abuso o discriminación, para que eso después rigiera para todos los cuerpos legales y normativos vigentes, o que eventualmente pudieran irse incorporando a la legislación en el futuro.

Por eso estimó que este era el puntapié inicial más apropiado que podrían darle a la agenda mujer, y por eso estaban muy contentos de estar acompañando ahora a la Ministra en este momento en la Comisión, para dar inicio a la discusión legislativa de esta tan importante reforma constitucional, pequeña en extensión, pero profunda en sentido.

Isabel Plá, ministra de la Mujer y Equidad de Género, señaló en primer lugar que celebraba la constitución, o la próxima constitución, de una comisión que planteado en términos prácticos, les ayudaba muchísimo a impulsar los proyectos de ley que lideraba el ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, porque enfrentaban tacos en varias comisiones que también estaban viendo otros proyectos que eran importantes.

En segundo lugar, reiteró lo que planteó el ministro Gonzalo Blumel, en el sentido que el programa de gobierno estaba estructurado en torno a cuatro grandes ejes, el programa mujer. Uno que tenía que ver con la igualdad de derechos y deberes, en segundo lugar autonomía y muy, muy especialmente, lo que tenía que ver con autonomía económica, porque en la práctica, y lo conversaron esta mañana con las ministras, convocaron a todas las ministras de la Mujer esta mañana a propósito del segundo aniversario del ministerio de la Mujer, desde la ex senadora y ex ministra Soledad Alvear hasta la ex ministra Claudia Pascual, y ellas compartieron que, efectivamente, la autonomía económica era un punto elemental para enfrentar discriminaciones arbitrarias, también para escapar de la violencia, también para reinventarse en su vida, también para ser protagonistas de su vida.

El tercer eje tenía que ver con la tolerancia cero a la violencia en nuestro país. Diciéndolo con total responsabilidad, tenían que reafirmar una política de tolerancia cero a la violencia contra la mujer. No contaban hoy con los recursos suficientes, a ratos el sistema pareciera algo desbordado por el número de denuncias, las mujeres estaban atreviéndose a romper el silencio, y eso significaba que le ponían mucha presión, como debía ser por cierto, a la policía, a la fiscalía, al sistema judicial y tenían, en el marco de la modernización del Estado, que enfrentar ese tema, porque era un tema, era un dolor que cruzaba la sociedad transversalmente.

Y finalmente tenían un cuarto eje, aun cuando pudiera no ser objeto especial de esta Comisión, pero era importante mencionarlo, lo lideraba la subsecretaria Carolina Cuevas, y tenía que ver con la participación activa y efectiva de las mujeres en cargos de alta dirección, pública y privada.

Pasando inmediatamente a la presentación de la reforma constitucional, más que una opinión, era un antecedente el que la mujer en Chile y no obstante el avance significativo que había experimentado su situación en las últimas décadas, seguía afectada por diversas manifestaciones de discriminaciones arbitrarias. Existían, en efecto, barreras sociales, culturales, económicas, legales, entre otras, que afectaban el trato de la mujer, lo que se traducía en prácticas discriminatorias de diversa índole. Ese hecho y las consecuencias concretas de ser discriminadas arbitrariamente, social e incluso legalmente, y tal como lo había señalado el presidente Sebastián Piñera, impedía que nuestro país pueda proyectar un desarrollo humano integral, inclusivo y sustentable o, dicho de otro modo, la igualdad de derecho de dignidad entre hombres y mujeres era un elemento decisivo para la prosperidad de nuestro país.

Les parecía que el momento que vivíamos ahora, el movimiento de las estudiantes y el consiguiente clima social en torno a la equidad de género que se había generado, había hecho visibles las discriminaciones arbitrarias. Por ejemplo, la que mencionaba el ministro Blumel, que a muchos periodistas e incluso a parlamentarios les había sorprendido, el que las mujeres debían esperar 270 días antes de contraer segundas nupcias, exigencia que no se le aplicaba al hombre, aun cuando existía un medio probatorio, ya que se estaba poniendo en duda la posible paternidad de un hijo, existía ya desde hace por lo menos 20 o 25 años un medio probatorio que tenía un 99% de certeza, que era la prueba de ADN. Ese movimiento había hecho visible, el clima social había hecho visible estas discriminaciones, varias de las cuales ya arrastraban desde hace varias décadas, pero también había muchas que les parecían hasta hace poco naturales, o incluso invisibles.

Debía dejar constancia y era muy importante manifestarlo de esa manera, que de los 24 anuncios que hizo el presidente Sebastián Piñera el 23 de mayo entre proyectos de ley, entre políticas públicas y decisiones, de 24, 17 formaban parte del programa de gobierno sobre esta materia y que fueron estructurados en torno a cuatro ejes.

Estimó que la agenda mujer era una expresión bastante clara y manifiesta del compromiso que tenía el gobierno en esta materia, y respecto de la cual también era muy posible visibilizar un espacio importante de convergencia, había un espacio importante de convergencia en torno a los cambios que debían hacerse, justamente para cerrar las brechas que arrastraban desde hacía décadas.

Era cierto que la Constitución contemplaba el derecho a la igualdad ante la ley, al disponer explícitamente en el artículo 19 N°2 que hombres y mujeres eran iguales ante la ley. Sin embargo, esta reforma explicitaba el deber del Estado de promover esta igualdad de derecho o dignidad, y tenía un sentido normativo que les parecía mucho más contundente y decisivo. En primer lugar, esta igualdad ya no era sólo un derecho sino que constituía un deber del Estado, que también podía comprenderse como un principio constitucional. En ese sentido, la declaración sobre la igualdad, derecho o dignidad entre hombre y mujer era una declaración eminentemente política, por eso les interesaba especialmente impulsarla con la suma urgencia que había puesto el ejecutivo.

Esa declaración se unía a otras igualmente importantes, como aquella que señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, o que la familia era el núcleo fundamental de la sociedad, o que era deber del Estado resguardar la seguridad nacional, de manera tal que esta reforma constituía un punto de inflexión en cuanto a que consagraba que el deber del Estado era promover la igualdad de derechos, un elemento fundamental de las bases de la institucionalidad de nuestra República. Era, por así decirlo, una definición política de primer orden.

Cabía destacar no obstante, que una reforma de esta envergadura si tendría consecuencias, tal como lo había mencionado el diputado Saffirio. La primera consecuencia era que todos los actos del Estado debían cumplir con ese deber de promover la igualdad de derechos y deberes, y de reconocer la igual dignidad entre hombres y mujeres. Por de pronto, ello significaba hacer esfuerzos para superar discriminaciones legales que hoy subsistían. Por ejemplo, si no estuviera en tramitación un proyecto que moderniza la sociedad conyugal, o incluso algunas de las mociones que van a impulsar para terminar con las condiciones para contraer segundas nupcias, si esta reforma constitucional se constituyera en una ley, si efectivamente se consagrara esta reforma, tendría el Estado de Chile que impulsar proyectos de ley para alcanzar esos niveles de igualdad de derechos y deberes.

Finalmente, al consagrarse este deber del estado, el mismo adquiría la calidad de criterio interpretativo cuyo efecto se verá, por ejemplo, en las disputas judiciales o como argumentos para futuras iniciativas legales.

La igualdad era un concepto fundamental para el derecho constitucional. De hecho, muchas de las controversias jurídicas se resolvían actualmente en alusión a ese derecho. Sin embargo, aquí se debía hacer una precisión importante, pues la reforma no hablaba del, entre comillas, ‘derecho a la igualdad ante la ley’, sino que elevaba la igualdad de derechos y dignidad al nivel de principio constitucional, consagrando el deber del Estado de promoverla.

Cuál era la relevancia de esta distinción. Había una relevancia que les parecía que era muy fundamental de tener en cuenta, que era que el derecho de la igualdad ante la ley no lograba abarcar de manera correcta lo que ahora se disponía. En efecto, y citando al Tribunal Constitucional en la sentencia número 28, la igualdad ante la ley consistía en que las normas jurídicas debían ser iguales para todas las personas que se encontraran en las mismas circunstancias, y consecuentemente, diversas para aquellas que se encontraran en situaciones diferentes.

Sin embargo, cabía advertir que los hombres y mujeres jamás estarán en situaciones o circunstancias diversas en cuanto al reconocimiento de sus derechos fundamentales y dignidad. En otras palabras, la igualdad de derecho o dignidad no aludía a ninguna circunstancia o situación específica que se pudiera tener o no tener, como sí ocurría, por ejemplo, a la hora de reclamar. Por poner un ejemplo, que era bastante recurrente en el Estado de Chile, reclamar una beca en base a la igualdad ante la ley, porque se la concedieron a una persona y a otra no, a pesar de tener, de estar en la misma condición.

Esto no significaba, y también le parecía muy importante tener presente, que en nuestra legislación hayan tratamientos diferenciados también para hombres y mujeres. Por ejemplo, los derechos que establecía el Estado de Chile a las mujeres por su condición de maternidad, aún cuando también formaban parte de la agenda mujer y del programa de gobierno distribuir varios de esos derechos entre hombres y mujeres, puesto que varios de ellos no tenían directa relación con las diferencias biológicas, sino que también correspondían a efectos de corresponsabilidad, lo que, entre paréntesis, contribuiría de manera muy importante y significativa a disminuir varias de las brechas que enfrentaban las mujeres.

Le parecía que uno de los principales, uno de los pilares del gobierno del presidente Sebastián Piñera, así se habían propuesto demostrar desde el 11 de marzo pasado, había sido abrir las puertas del diálogo, el diálogo democrático y el diálogo siempre buscando frutos y buscando acuerdos. Sabían que había diferencias, que los partidos políticos que tenían representación parlamentaria, en todo el espectro democrático de Chile había diferencias, algunas de ellas bastante esenciales en la mirada que tenían respecto de la mujer y en la equidad de género. Sin embargo, también les parecía que tenían puntos de partida que eran en común, y un punto de partida común estaba establecido ya en la Constitución, que era el reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes, y que era incluso más allá, el reconocimiento de que las personas en nuestro país tenían iguales derechos y, sobre todo, igual dignidad.

El diputado Walker agradeció a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género su exposición. Tuvo la posibilidad y agradecía la invitación de haber estado en la firma del proyecto de reforma constitucional por parte del Presidente. Le parecía una reforma constitucional muy bien orientada y muy adecuada su contenido, además de su ubicación.

Consultó si, además de establecer este deber del Estado en el capítulo primero, en las bases de la institucionalidad, en el artículo 1º de la Constitución, se pensó o se pensaba, porque estimó que podía ser materia de este debate, sin perjuicio que se aprobaría este proyecto de reforma constitucional, incorporarlo en el capítulo de derechos, en el artículo 19, establecer un derecho correlativo a este principio, a este deber del Estado, y garantizarlo, además, con el recurso de protección del artículo 20.

Se tenía una constitución, y era parte del debate de la reforma constitucional y el debate de la nueva constitución, como decía su profesor de derecho político Gastón Gómez, que se había transformado en abogado del gobierno en temas constitucionales, era una constitución bastante programática, sobre todo el artículo 1 y el capítulo primero, era una constitución bien programática en sus propósitos. Entonces, la pregunta era si se evaluó, aparte de esta declaración, que estimó que era muy potente, pues en el artículo 1º estaban las bases de la institucionalidad, establecer un correlato de este deber en un derecho y en una garantía en el artículo 19 y consecuencialmente, para el artículo 20 en lo relativo al recurso de protección.

Sin perjuicio de eso, que era una pregunta, le parecía un avance muy importante. Adelantó que desde luego, en su caso particular por lo menos, aprobaría este proyecto de reforma constitucional.

El diputado Díaz estimó que este era un proyecto que estaba en una dirección correcta y era bueno que incorporaran, que se hicieran cargo de la incorporación de esto a nivel de la Constitución. Sería ideal si pudieran hacer una nueva constitución, pero bueno, mientras tanto harían lo que se pudiera.

Estaba como Navarro, repitiendo todas las sesiones lo mismo, empezaría a preocuparse, ‘nueva constitución’, ‘no más AFP’, no sabía que más, ‘Patagonia sin represas’, ‘no Dominga’, ya y con eso terminaba.

Sugirió solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional que pudieran mirar otras constituciones. Conocía el caso de la constitución alemana, o la ley fundamental de la República Federal Alemana, y de la constitución española, que tenían un matiz que no era irrelevante, y era que se obligaba al propio Estado a la realización efectiva de esta igualdad por la vía de acciones positivas. En el caso de la constitución española se hablaba de remover los obstáculos que impedían la plena igualdad, había un mandato imperativo que obligaba al Estado a realizar acciones.

Poniendo un ejemplo, hace 20 años se modificó la Constitución, en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, para establecer la igualdad entre hombres y mujeres, que tuvo consecuencias prácticas, o sea, no fue solamente una reforma cosmética. Entendía, así lo entendía del mensaje del presidente, no estuvo en la firma de este proyecto a pesar de que lo invitaron, pero sí estuvo en el lanzamiento de la agenda mujer, que el objetivo era que este fuera el marco constitucional que sirviera de paraguas para la agenda y otras normas que estaban en preparación.

Lo mismo regía a propósito de infancia con el proyecto de reforma constitucional que habían presentado, esperaban que el gobierno corrigiera su posición expresada por la Subsecretaria de la Niñez, pero le gustaría que tuviera un carácter mucho más que simbólico. Si miraban por lo menos dos casos de constituciones dignas de respeto, la constitución española y la constitución alemana, había un mandato más específico. Por ello, quería saber si el gobierno estaba disponible a evaluar o valorar otras redacciones, que pudieran establecer ese mandato objetivo, específico, concreto.

La diputada Núñez señaló que estaba contenta, había sido una muy buena jornada para la Cámara de Diputados, para las mujeres, con un apoyo transversal, con el gobierno. A veces cuando se preparaban mucho las cosas no resultaban, pero cuando terminaban siendo así, sin mucho acuerdo, sin mucho debate, sin mucho diálogo, y se lograban acuerdos, resultaban mejor.

No solamente valoraba este proyecto, sino que creía que era el primer paso que había que dar para el cumplimiento de toda una agenda de mujer, que si bien el Presidente anunció y lanzó hace un par de días, muchos de esos temas, de esos compromisos, eran parte de un programa de gobierno que se difundió en época electoral y eso también había que decirlo. Concordó y valoraba lo que miles de mujeres estaban haciendo en todo el país a través de las marchas, las movilizaciones, porque eso también los empujaba y les ponía a los legisladores un mayor acelerador para ir sacando adelante aquello que podía estar en un programa, que podía estar en su moción, o que podía estar debatiéndose, discutiéndose en el Congreso Nacional.

Pero yendo a esta reforma constitucional, le gustaría marcar el punto en dos cosas. Primero, en este deber que a su juicio quedaba más que claro en el proyecto, porque no solo va a ser una consecuencia para que el Estado cumpla con ese deber, sino que les va a permitir como la máxima ley, la carta fundamental, ordenar y evitar toda discriminación en cualquier otra ley y en cualquier otra norma.

Recordó que le preguntaban una vez que se anunció esta reforma constitucional por parte del Presidente, cuál iba a ser la gran consecuencia de esto, o si esto simplemente era una medida más, un saludo a la bandera, y no. Estimó que era de las propuestas, de los compromisos que tenía una de las mayores consecuencias para sacar adelante una agenda mujer, pues de aquí en adelante toda nueva ley en nuestro ordenamiento tenía que cumplir y ajustarse a lo que diga la constitución. Por eso quería marcar ese punto, porque era clave y era relevante que pudieran sacar esta reforma constitucional adelante.

Cuántos proyectos, y en esta misma Comisión a propósito que el otro día planteaban un ordenamiento en los proyectos que estaban acá, quedaban porque siempre se quiere más o se cree que una redacción distinta sería mejor. Estimó que hoy habían dado muestra que en materias, y sobre todo en estos tiempos, en una agenda de mujer podían perfectamente llegar a acuerdo, podían perfectamente sacar los proyectos adelante y el llamado del Presidente a esta Comisión era avanzar en esa línea.

Le gustaría que esta reforma constitucional, necesaria con consecuencias legislativas, con consecuencias legales, pudiera ser aprobada porque, insistió, era un paso importante y les va a permitir no solamente para las nuevas iniciativas legales, sino que hacer el esfuerzo para la que ya estaban rigiendo en el país, adecuarlas al cumplimiento en esta Constitución, y evitar entonces toda norma discriminatoria en contra de la mujer. Por ello, el llamado era no solamente votar a favor, sino que poder, con esta suma urgencia, aprobar esta reforma constitucional.

La diputada Flores señaló que parecía casi impactante tener que estar discutiendo temas que, por cierto, no debiesen prácticamente estar en el ordenamiento jurídico, en la legislación, tener tan marcadamente estas diferencias arbitrarias que tenían que sufrir las mujeres, y que pareciera que eran casi de siglos muy pasados, pero que hoy día estaban muy presentes.

Valoró profundamente que el presidente Piñera a través del Ministerio haya tomado estas legítimas demandas de las mujeres, que en lo personal compartía profundamente, y lo haya puesto como uno de los ejes fundamentales en materia legislativa. Le parecía de toda justicia y, además, de toda la necesidad el avanzar en ese sentido. Esperaba también que el debate se pudiera dar con esta altura de miras, con celeridad y que de cierta forma lo que había imperado entre las parlamentarias, también pudiera permear al resto de la Cámara, al resto de los diputados, en el sentido de entender que estos grandes temas los podían trabajar y avanzar entre todos. Que acá, más allá de las legítimas diferencias ideológicas o políticas que pudieran tener entre los diversos sectores, había temas que eran mucho más importantes y mucho más relevantes.

Por lo tanto esperaba y hacía un llamado, con mucha humildad también, al resto de los parlamentarios, a que pudieran avanzar con la rapidez que este tema requería, porque las mujeres ya habían esperado mucho, habían esperado muchos años en resolver temas como que en un mismo cargo, en un mismo trabajo tenían que ganar menos, temas como el de la sociedad conyugal y tantos otros que en el fondo hacían impensado que en el tiempo que estaban viviendo, donde tenían una sociedad, por lo demás, tan activa, no se pusieran al corriente con lo que Chile demandaba.

Esperaba que estos temas los pudieran poner rápidamente en debate y en discusión, y los pudieran sacar a la celeridad posible, porque no podían seguir esperando.

El diputado Hirsch señaló que al igual que el Ministro, él tampoco era abogado, también era ingeniero, así es que sus reflexiones y preguntas podían ser las de cualquier persona. En primer lugar, estimó que todo estaban de acuerdo que había que buscar todos los mecanismos, todas las fórmulas y todas las redacciones necesarias para poder promover, apoyar y garantizar, en realidad, la igualdad de derechos, y sobre todo, promover los derechos de la mujer en una sociedad que había sido discriminatoria, tal como dijo el Ministro, desde hacía cientos o miles de años.

Dicho eso y estando muy claro en que había que avanzar en esa dirección, tenía algunas dudas o reflexiones y que quizás podían ser aclaradas en el debate en esta Comisión. La primera era que en el artículo primero de la Constitución ya se expresaba la igualdad de derechos entre las personas, para todas las personas, no recordaba cómo estaba redactado, pero hablaba de las personas y entendía que cuando hablaba de las personas, claramente se refería a hombres y mujeres, por eso que estaba puesto personas, justamente ese era el término que se utilizaba.

Por ello, no le quedaba claro qué agregaba el hecho de poner hoy día ‘hombre y mujer’, y le encantaría poder responder eso, qué agregaba el hecho que diga hombre y mujer, si es que ya estaba considerado el término personas, y personas incorporaba, efectivamente, en su concepto mismo la idea de hombres y mujeres.

Por otra parte, el artículo 19 N°2 explícitamente hablaba que hombres y mujeres eran iguales ante la ley. Entonces, se preguntaba por qué no podría en este caso agregarse en el artículo 19 N°2, ampliarse ese artículo 19 N°2 y dejarse ahí establecido este tema que estaban tocando. Por ejemplo, una posible redacción sería ‘hombres y mujeres son iguales ante la ley, será deber del Estado promover esa igualdad evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria’.

Entendía que una de las gracias si se quiere del artículo 19 es que podía ser resguardado por el recurso protección que estaba en el artículo 20. Por lo tanto, le daba la impresión que representaba una ventaja, incluso, el hecho de que estuviera en el artículo 1, puesto que si había alguna omisión, o si había alguna acción arbitraria, permitiría, justamente contar con el recurso de protección, que era de algún modo algo que contribuía a defender ese derecho. Esa era una primera cuestión que le parecía que merecía alguna reflexión o, en su caso, esa ignorancia alguna respuesta.

Por otra parte, había una cuestión que llama su atención, que era lo binario del artículo. Ahora se hablaba de las personas, y al expresarlo en estos términos entre hombres y mujeres lo consideraban en términos binarios, y se podría preguntarse por qué no otras categorías también en el artículo 1 de la constitución. No sabía si se seguía lo que estaba diciendo, es decir, podría perfectamente estar en la categoría del Estado protegerá o promoverá la igualdad de las distintas etnias, de tales y tales etnias, o de tales y tales culturas.

Cuando se empezaba a abrir, si estaba solamente hombre y mujer, alguien podría decir ‘bueno, pero no está entonces la de otras categorías que eventualmente deberían también poder estar en el artículo 1 de la constitución’. Si es que lo empezaban a abrir, quizás debiera esto ponerse en el artículo 19 N°2 ampliándolo.

Y por último, aprovechó de preguntar a ambos ministros, si se hablaría del tema de incluir hombres y mujeres, si se había pensado integrar también en este debate público en esto, el debate que se había dado respecto de la identidad de género. Estaban en una situación, en un mundo que había cambiado profundamente, y había quienes dicen hombres, o mujeres, o transexuales, o intersexuales, o bien otros términos que había.

Se podría discutir la lógica binaria con la que habían venido trabajando y funcionando durante tanto tiempo, el Ministro señaló que venían teniendo una discriminación hacia la mujer por miles de años, y más aún había existido una discriminación hacia la diversidad sexual y hacia el no reconocimiento de distintos géneros.

Por ello, al abrir esta cuestión de las personas a esta lógica binaria, perfectamente se podría pensar que debieran abrirse a otras categorías, y que la lógica binaria de hombre y mujer no alcanzaba para representar, definir o captar la diversidad que hoy día existía en materia de género. Por ello, expresaba esas reflexiones.

El diputado Boric, en primer lugar, quiso destacar del proyecto algunos aspectos del mensaje. Los mensajes muchas veces eran declaraciones de intenciones que servían para el estudio de la ley, pero que también iban marcando un poco el tono del debate. Estimó que en los mensajes, que generalmente eran ignorados, se expresaba un poco el termómetro del debate sobre el cual se trataba de hacer cargo el proyecto de ley, y destacó en particular cuando el mensaje señala que la igualdad de derechos tenía como correlato en el ámbito familiar la idea de que la corresponsabilidad debía ser un criterio ético fundamental, la relación entre hombres y mujeres, sustentada en el respeto y compromiso mutuo.

La idea de corresponsabilidad, de valoración del, no lo mencionaba explícitamente, pero entendía que subyacía al debate la valoración del trabajo reproductivo que han asumido las mujeres históricamente, y que acá se hablaba de corresponsabilidad respecto de esto. Después impulsarían también una agenda para que este trabajo fuera valorado, le parecía que era tremendamente destacable el tema de la violencia que había tratado largamente, los diferentes proyectos de vida que pueden tener las mujeres, le parecía súper relevante para el debate.

Ahora, el artículo primero de la Constitución era un artículo bien polémico. Cuando se presentaba esta reforma, que en el fondo era una adenda al último inciso, se dejaba de ver el artículo en su totalidad. Era un artículo que contenía varios preceptos que eran bien ideológicos, la idea de los grupos intermedios, de la protección a los grupos intermedios, la idea de que la familia era el núcleo esencial de la sociedad estaba en el artículo primero también. Entonces, era un artículo con harta carga.

Lo que decía el inciso quinto era importante que lo vieran en contexto. El inciso quinto dispone que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar, con igualdad de oportunidades, en la vida nacional. Y la propuesta agregaría que asimismo, es deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad entre las mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso, o discriminación arbitraria.

En términos de técnica legislativa y de coherencia, en particular, en materia constitucional, le parecía que el artículo 1 en general era bastante, no incoherente, pero tenía como una serie de declaraciones de principios de temas que eran bastante diferentes entre sí, y estimó que el addendum que se proponía contribuye un poquito a esto, porque en el mismo párrafo en donde se hablaba de resguardar la seguridad nacional, de promover la integración armónica de los sectores, de participar con igualdad de oportunidades, de dar protección a la población, se va a hablar en particular, y ahí recogía lo manifestado por el diputado Hirsch, de promover la igualdad de derecho y dignidad entre mujeres y hombres, le parecía que el texto que se agrega, o sea, no podía sino estar de acuerdo, partía de esa base, estimó que todos acá tendrían la disposición, incluso como se trataba de un artículo único, se imaginó que la votación en general era la misma que la votación en particular, pero todos quería que esto saliera.

Sin perjuicio de lo anterior, estimó que el lugar donde se proponía no es el, tenía la impresión de que podría no ser el mejor. Le hacía sentido lo que señaló el diputado Hirsch, de que esto estaría mejor y podría tener más fuerza en el artículo 19 N°2. Cabía recordar que el artículo 19 es aquel en que la Constitución asegura a todas las personas, y ahí habría que reformarlo, para aseguraba la igualdad de derechos y dignidad entre las mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso, discriminación arbitraria.

Estimó que el diputado Hirsch tenía razón cuando expresaba que si en el párrafo quinto del artículo primero lo abrían, y salían del concepto de personas, que abarcaba a todo ser humano básicamente, y en donde no había una distinción de sexo, porque la discusión de género era otra, no había una discusión de sexo, perfectamente después podría abrirse esa discusión que tuvieron antes, por ejemplo, respecto a la modificación que proponía el diputado Díaz para incluir a la infancia, la protección especial a la infancia, visto eso estimó que el artículo primero podría terminar en una majamama media complicada.

Estimó que era una cuestión, insistió, no de fondo sino de técnica legislativa, que en particular la Constitución debe guardar una coherencia particular que le parecía interesante.

Por último, el debate que lo esbozó algo el diputado Hirsch, respecto de sexo y género, sabía que para algunos podía sonar un poco pasado para la punta este debate, pero el mismo implicaba también hacerse cargo de los tiempos que estaban viviendo. Él, por lo menos, se sentía representado por ampliar los márgenes de lo posible o los márgenes en torno a los que tradicionalmente se ha dado este debate. La agenda en la cual se enmarca este proyecto era la equidad de género, y así se reconocía en el mensaje, la equidad de género, y se imaginó que todos a estas alturas convenían en que había una diferencia entre sexo y género.

El sexo eran las condiciones biológicas, y el sexo había sólo dos tipos de sexo, hasta podía que se equivocara, no era experto en el tema, pero el sexo era hombre y mujer, y el género era la construcción social a partir de la cual uno, una, une, se siente de una determinada manera. Por lo tanto, el género iba mucho más allá del sexo, el género no estaba, no era algo que estuviera determinado. No estaba seguro si iniciar este debate acá, porque no le gustaría contribuir a un entrampamiento del mismo, pero si hablaban de equidad de género, tenían que salir de la binarización de los sexos, y ese era un debate que a ellos, por lo menos desde el Frente Amplio les interesaba poner sobre la mesa. Y como los géneros no eran binarios, ni eran sólo tres, ni cuatro, eran más, estimó que a la hora de discutirlo debieran dejarlo abierto.

Ahora, en este caso esto lo entendía como una definición en torno al sexo, y por lo tanto, no proponía, tendría que estudiarlo más, conversarlo con más gente, pero no proponía abrir ese debate acá. Pero sí le parecía totalmente pertinente la discusión sobre el lugar donde se pone este artículo.

El diputado Soto manifestó sin duda una aprobación en general a legislar en favor de la mujer en esta iniciativa y en muchas otras. Sin duda uno reconocía que la tarea de garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con las categorías que también se consideraran, era una tarea que nunca terminaba y por consiguiente, que fuera este uno de los primeros proyectos que llegaba en materia de reforma constitucional a esta comisión lo veía de manera muy positiva.

Sin embargo, cuando se comenzaba a revisar la propuesta se iban encontrando algunos ripios y algunas situaciones que lo obligaban a tener una mirada también un poco más de análisis crítico sobre qué era lo que realmente se quería, y qué oportunidad tenían como parlamento para mejorar la situación de la mujer.

Varios ya habían controvertido el tema de la ubicación de esta propuesta, y él también tendía a compartirla. Que estuviera en el artículo primero tenía un tremendo valor simbólico, era una norma que inspiraba a otras, que permitía interpretar el resto de la legislación, pero no tenía un poder normativo directo que pudiera resolver problemas directamente, y lo que necesitaban las mujeres en este país era precisamente que se removieran los obstáculos que tenían de todo tipo para poder lograr la ansiada equidad.

En consecuencia, veía que ahí se fortalecía una inserción simbólica de esta reforma, pero no se le entregaba un derecho exigible a las mujeres para poder realmente remover obstáculos y, estimó, esa era una debilidad que tenía claramente el proyecto que se resolvía de manera muy simple, tal como plantearon, incluso, parlamentarios que ni siquiera eran abogados, y era buscar que estos derechos que se establecían acá, pudieran tener tras de sí todo el poder judicial, que las personas puedan traducir esto en acción directa para remover los obstáculos materiales, sociales, sexuales o de todo tipo que permitan mejorar de verdad la situación de la mujer.

La ubicación era positiva en términos simbólicos, pero nula en términos de avances prácticos para la mujer, y ahora estaban verdaderamente buscando dar avances significativos y, estimó, la ubicación no producía ese efecto. Sin duda tenía que estar en el artículo 19 N°2, aquí ya lo habían dicho los diputados Walker, Díaz, Hirsch, pues ahí era donde se garantizaba en la Constitución, se aseguraba a todas las personas, que hombres y mujeres sean iguales ante la ley, y esa era una afirmación poderosísima, era la base de toda nuestra institucionalidad, y lo que faltaba en este artículo, precisamente, eran acciones directas que pudieran entregarse a las mujeres, o a los que sea, para poder producir cambios en su estatus actual.

Estimó que aquí tendrían que buscar la manera de resolver que esta propuesta estuviera ubicada en un lugar donde se pudiera hacer exigible en derechos concretos para las personas. La propuesta del mensaje tenía dos partes, una primera parte donde dispone que asimismo, era deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres. Esa era una muy buena frase que establecía un deber del Estado, un deber que al estar en el artículo primero no era exigible en términos directos, era solamente una norma que inspiraba a otras, que daba consejos, que daba mandatos si se quería, pero al no ser exigible, se podrá ver si lo hace o no.

La segunda parte, que le parecía que era mucho más práctica, se refiere a evitar de toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria. Ahí ya se colocaba enteramente en lo que eran los obstáculos concretos que enfrentaban las mujeres de manera cotidiana y, estimó, esa segunda parte sin duda no tenía nada que hacer ahí, porque precisamente combatir la violencia material, simbólica, económica, sexual, etc., era la lucha cotidiana que ahora tenía a todas las mujeres, y a muchos, marchando en las calles.

Esa segunda parte tenía que estar en una norma que le diera sentido y que le diera exigibilidad, o sí no, qué estaban haciendo. Si estaban para producir cambios en la sociedad, cambios de verdad y hablar de evitar la violencia, colocarle una norma que no tenía ninguna exigibilidad, estimó, era dispararse en los pies. Este proyecto tenía deficiencias, y tenían la mejor disposición para contribuir a mejorarlo, pero claramente tenía que dejar de ser una norma simbólica, que repita lo que ya existía prácticamente, y buscar transformarse en una herramienta de cambio social para las mujeres. O si no, no estarían haciendo su trabajo.

Máximo Pavez, jefe de División de Relaciones Políticas Institucionales de la Secretaría General de la Presidencia, señaló que en la presentación que estaba en los pupitres de cada diputado y diputada, había harta jurisprudencia que reforzaba un poco cual era el sentido práctico de la reforma, sin perjuicio de lo cual, quiso apuntar solamente dos comentarios.

Lo primero, era que el Tribunal Constitucional ha resuelto que las bases de la institucionalidad, es decir, los artículos 1 al 9, y el 1 especialmente, no eran sólo mandatos declarativos, eran mandatos expresos para el Estado. La Constitución chilena no tiene un preámbulo, sino que tiene bases que eran vinculantes para todo el ordenamiento jurídico, y dentro de esos mandatos existen los deberes del Estado, que no eran los únicos.

Había varios deberes del Estado en la Constitución. Deberes del Estado en materia de ambiente, en materia de salud, hay varios deberes, pero los que estaban en el artículo 1 eran deberes que la doctrina ha calificado como deberes de excelencia. Por eso que para el gobierno era importante la ubicación, más que por la exigibilidad, porque esta era una reforma que en el fondo, el recurso de protección y la garantía de la no discriminación arbitraria si cubría, y lo que buscaba esta reforma era establecer en el pacto político un deber para el Estado que se enmarcara en toda la estructura jurídica.

Para terminar, señaló ejemplos concretos de por qué esta norma no era lo mismo acá que en el reconocimiento de derechos, porque el reconocimiento de derechos lo que hacía simplemente era reconocer que uno tenía ciertos derechos, pero acá estaban, como lo dijeron los dos Ministros, en la lógica de deberes del Estado.

Primero, el estándar subía, y lo dijo el ministro Blumel muy bien, toda la legislación se tenía que adecuar a este mandato del Estado, eso no era lo mismo dejarlo en el número 1 que en el artículo 19. El 19 al final era un deber ante la transgresión, no había un mandato, y acá si habrá un mandato. Entonces, una reforma constitucional o una reforma legal en cualquier materia con un artículo 19 con el que se estaba proponiendo, tenía un estándar distinto que la sola discriminación arbitraria. Antes, lo que se rechazaba era solo la discriminación arbitraria, ahora no. Con esta reforma habrá un mandato para que la legislación se adecue al mandato de igualdad.

Segundo, un ejemplo concreto, ésta era una reforma constitucional que habilitaría mecanismos de discriminación positiva, mal llamadas cuotas. O sea, si se ponía en el artículo 19, que era reconocimiento y el derecho a la no discriminación arbitraria que está bien escrito ahí, eso no habilitaba a que la legislación pueda tener mecanismos de discriminación positiva. Ahora había, y por supuesto que por ejemplo las cuotas electorales no requerían esta reforma constitucional, pero en el fondo, esto daba un marco para que ese tipo de iniciativas prosperaran.

Finalmente, durante el gobierno del presidente Frei, se hizo este cambio de hombres y mujeres en la ley 19.611 y por eso que cambió la palabra ‘hombres’ por ‘personas’. En ese minuto el constituyente consideró que era mejor ‘personas’, que incluía a ambos sexos, pero ahora creían, y el gobierno así lo creía, que la reivindicación de la igualdad entre hombre y mujer estaba en condiciones de ser evaluada, de ser elevada a una base de la institucionalidad, que no era lo mismo solamente que reforzar la no discriminación.

La reforma era una reforma política, relevante, para que en el fondo lo que hiciera fuera establecer un principio que en el fondo, también, era de interpretación constitucional a la igualdad entre hombre y mujer, que el constituyente en su minuto ya intentó. Esto también era una forma de poder reivindicar cosas que el constituyente derivado ya había intentado.

El Estado tenía varios deberes en este caso, eran deberes eminentes, y por eso estimaban que se justificaba que la reforma estuviera en este artículo, y no en otro.

El diputado Díaz señaló que no sabía si era un aporte, pero por lo menos manifestar alguna inquietud, porque a propósito de la ley electoral que suprimió el binominal, lo reformó o puso final al binominal, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que señaló que no se requería texto expreso para establecer las cuotas electorales. Entonces, que el gobierno diga que con esta norma se va a poder hacer, le gustaría que lo explicara más, porque ya tenían, por ejemplo, cuota en el directorio de TVN, o en CODELCO, es un caso solo se designaron hombres, sabía pero el gobierno venía entrando, no habían alcanzado a leer las leyes, en fin, había que entender esas cosas. Por ello, le preocupaba, porque le hacía cierto sentido lo que dijo Máximo Pavez, pero seguía pensando que eso los llevaba a lo que dijo el abogado Hirsch, porque entonces esto se les complicaba.

Como se hacía una reforma al artículo 1 omitiendo todo, era más fácil hacerlo en el artículo 19 N°2 por su naturaleza, para no aparecer obstruyendo una reforma constitucional que todos querían que se aprobara. O sea, más bien tenía dificultades de cómo poder avanzar.

Además, reiteró la pregunta sobre las demás constituciones, en particular las constituciones españolas y alemanas que tenían verbos rectores más explícitos, más nítidos. Por ello, quisiera que el gobierno examinara la posibilidad de incorporar algo así en la redacción, porque le parecía que era más imperativo eso.

Isabel Plá, ministra de la Mujer y Equidad de Género, quiso que quedara registrado en esta sesión que la intención del gobierno estaba muy lejos de hacer una propuesta simbólica. Lo anterior, en relación al diputado que había mencionado en reiteradas oportunidades que el gobierno lo que quería hacer era una reforma simbólica, que la verdad que no tendría ningún sentido.

En segundo lugar, y sólo para establecer algo que pareciera obvio, pero no lo era, una cosa era el reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes, o de la igualdad ante la ley, y otra cosa era imponerle al Estado el deber de poner fin o de garantizar la igualdad de derechos y, especialmente, de evitar todo tipo de discriminación.

En tercer lugar, y era una materia que era interesante que también la Comisión pudiera conocerla, porque de esa forma también se iba haciendo parte, se iba familiarizando con la envergadura de los cambios que podrían derivar desde esta reforma, las discriminaciones arbitrarias que afectaban a las mujeres eran de un amplísimo rango. Tan amplio era el rango que incluso había muchas que todavía no descubrían, estaban permanentemente descubriendo casos, como por ejemplo la inmensa mayoría de los chilenos, incluso diputados y medios de comunicación y gente muy informada, acababa de descubrir que había una disposición en el Código Civil, que databa desde hacía 185 años, que le imponía a las mujeres 270 días de distancia entre la disolución del vínculo matrimonial para contraer un nuevo matrimonio.

Se mencionó el tema de las cuotas, por ejemplo, pero había muchas otras materias, las cuotas electorales, había muchas otras instancias, situaciones, discriminaciones arbitrarias, muchas de las cuales estaban por descubrirse en la ley o en las prácticas del mundo privado o público, en una serie de normas que regían nuestra vida social, democrática, cultural, etc.

Gonzalo Blumel, ministro Secretario General de la Presidencia, agradeció los comentarios y observaciones. Lo primero era señalar que esta era una discusión que solía darse cuando se discutían reformas constitucionales, que finalmente le empezaban a pedir a la Constitución que resolviera muchas más cosas de las que debiese resolver, y se olvidaban que también muchas de estas materias quedaban a resolución de lo que las leyes, los distintos cuerpos normativos, establecían.

El objetivo del ejecutivo al impulsar esta reforma era fundamentalmente establecer un principio para el Estado, tal como lo recogía, lo reconocía, insistió en que no era abogado, pero trataba de estudiar y ponerse a tono y recoger algunos antecedentes sobre estas materias, pero tal como lo señalaba Karl Schmidt, la Constitución era un texto de carácter jurídico-político, y lo que querían establecer acá, además de una disposición jurídica, era también una disposición normativa, valorativa, que estableciera un principio, un deber para el Estado que le diera rango constitucional a una exigencia que se le pueda hacer al Estado, que era promover la igualdad entre hombres y mujeres, y evitar o promover todas las acciones posibles para evitar todo tipo de abuso o discriminación. Por eso les parecía bien incorporarlo en el artículo 1, de bases de la institucionalidad del Estado, porque le asignaba un mandato muy superior y con un rango muy privilegiado.

Respecto a lo señalado, sobre considerarlo o no en el artículo 19, era legitima la discusión, era muy legítima, pero estimaba que estaba bien recogido dentro de lo que era el artículo 19 N°2 que dispone la igualdad ante la ley, que los hombres y las mujeres eran iguales ante la ley y que ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Eso estimaba que recogía las acciones que se pudieran establecer a partir del artículo 19, donde la Constitución aseguraba estos derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación bajo ningún punto de vista.

En tal sentido, el objetivo de establecer este principio en el artículo 1 era para darle este rango constitucional y establecer este deber para el Estado, y formaba parte de una agenda, este era un elemento de la agenda, la agenda tenía muchas más iniciativas, acciones y reformas que se iban a considerar.

Le parecía que desde la perspectiva, como se señaló, de la buena técnica legislativa, que los problemas los fueran abordando de uno, y acá el problema era uno solo, era establecer esta atribución constitucional o este deber constitucional para el Estado, y eso era lo que como ejecutivo habían querido hacer con esta reforma, que era simple, tenía un carácter simbólico muy marcado, pero también era profundo en sus consecuencias, porque establecía a partir de este elemento que se le otorgaba al Estado, una serie de consecuencias en la forma en que se establecían las normativas y las distintas regulaciones que iban emanando a partir del texto constitucional.

El diputado Alessandri señaló que había escuchado atentamente las posiciones de los distintos señores parlamentarios y señoras, y estimó que lo importante aquí era ver cuál iba a ser la segunda etapa de esto, cuando esto se convirtiera en legislación, cuando esto se convirtiera en equiparar los sueldos, en reconocimientos y en todas las leyes que iban a venir a raíz de esto.

Pensaba que si se tenía eso en la mente, era más potente estar en el artículo 1, y gracias a que estaría en el artículo 1 habrían mayores legislaciones que iban a salir de eso y finalmente se convertirían en ley, cuando pasaran de una mera aspiración a una realidad, cuando se convirtiera en ley, cuando una mujer que desempeñaba el mismo trabajo que un hombre ganara lo mismo, cuando una mujer que se divorciaba o quedaba viuda pudiera casarse sin esos 270 días, ahí estas cosas empezaban a ser palpables para la población.

Estimo que igual tenía valor en el artículo 19, pero si era un peor paragua o un peor punto de partida para todas las legislaciones posteriores, lo dejaba más tranquilo, al menos que tendrían más realidad, tendrían más legislación palpable para la gente si lo ponían en las bases de la institucionalidad del Estado y no en el artículo 19, que tenía un objetivo más bien de recurso de protección y todas las cosas que se habían mencionado aquí.

El diputado Saffirio señaló que si leía el tenor literal del texto propuesto, aquí había un cambio sustantivo, importante en la Constitución y toda la legislación futura tendrá que adecuarse a estos principios que están definidos en el artículo 1º de la Constitución. Pero la verdad era que si no se dictaba esa reforma, se podía hacer lo mismo.

Entonces, la pregunta era qué efecto práctico producía el aprobar esta norma, que no se podría producir sin ella, pues tenía la impresión que si se quisiera por ejemplo, se había mencionado el tema de la paridad en materia electoral, lo podría hacer modificando nuevamente la ley electoral. Si se quisiera hablar de la misma remuneración a la misma función, se podría pensar en una modificación no de la Constitución sino que del Código del Trabajo, y los ejemplos podrían ser muchos.

Entonces la pregunta era esa, que era lo que no se podía hacer sin esta reforma, que hacía que ella fuera tan importante.

El diputado Coloma señaló que llegó un poco atrasado, porque estaba en una comisión investigadora. Pero de repente cuando escuchaba esto, quizás llegando un poco después, costaba entender cuál era el foco de este debate. Estimó que había pocas cosas más relevantes que modificar el artículo 1º de la Constitución, por algo el artículo 1º eran las bases, o sea aquí estaba la piedra angular de todo lo que venía después.

Cuando se estudiaba derecho constitucional uno, lo primero que habla sobre el sustento, cuál era aquella parte granítica sobre lo cual se iba a ir construyendo, no solo el resto de la Constitución, sino que también el resto de la legislación, era evidente que el artículo 1 dentro de esto era el más relevante, era la verdadera declaración de principios que hacía la Constitución, y cuando se quiere agregar algo tan relevante como que el Estado deba promover la igualdad de derecho y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso, discriminación arbitraria, es decir, que para el Estado, para la constitución esto era parte de la esencia de aquello que regiría todo el resto de la Constitución, era relevante.

Cuando se escuchaba que había una intención de ponerlo, quizás, en el artículo 19 N°2 para poder requerir el recurso de protección, cabía preguntarse tal idea pues comenzaba la lectura de los distintos o parte de los distintos numerales del artículo 19, y se encontraba con que había declaraciones de principios que por mucho que estuvieran en el artículo 19, no eran susceptibles, no por estar ahí se terminaban cumpliendo a rajatabla.

Ahí el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que era el caso más evidente, se sabía que no era así, pero cuando se preguntaban donde le importaba como Estado, como política pública fijar una promoción de igualdad entre mujeres y hombres, evidentemente que tenía que ser en el artículo 1, si ahí estaban las bases de todo lo que venía después.

Entonces, sentía que a ratos, y lo decía con mucho cuidado, a ratos veía un interés más de oponerse a una tramitación que a poder sacar esto adelante. Costaba entender, y quizás pensando qué hubiese pasado si hubiese sido el gobierno de la presidenta Bachelet el que hubiese promovido una modificación como esta, sinceramente estimaba que se habría aprobado inmediatamente. Lo que acá había era una reforma que permitía fijar las bases de lo que venía hacia adelante, y era difícil encontrar un mejor lugar que donde se establecían las bases, precisamente las bases de la institucionalidad.

El diputado Cruz-Coke valoró que el gobierno se haya hecho cargo también de la gran agenda que tomó el presidente Piñera en su momento respecto de lo que estaba sucediendo en el país, de lo que está sucediendo en las calles. Le parecía que efectivamente, y era curioso porque aquí estaban en las antípodas con el diputado Hirsch, estaban en lugares ideológicos totalmente contrapuestos, parecía que finalmente los valores de la derecha los estuviera defendiendo uno y el otro estuviera defendiendo los del otro, pero aquí lo que sucedía era finalmente que él era partidario efectivamente de constituciones más mínimas, tal vez más resumidas, que precisamente le pudieran dar a la cámara política otro tipo de debate respecto de estos mismos temas, y que no los consagrara necesariamente en un texto constitucional.

Pero dada la contribución que tenían, y que sí creía también en un cambio constitucional, precisamente, hacia una constitución tal vez más sintética, tal vez más liberal y si bien, eventualmente, era cierto que el hecho de agregar a la ‘mujer’ siendo que ‘las personas’ ya estaba contenido dentro del artículo 1, podría parecer reiterativo, podría parecer que no cooperaba, pero sin embargo, dadas las señales que se querían mandar ahora, lo que estaba sucediendo en el mundo, lo que estaba sucediendo en Chile, la urgencia que requerían estos temas, le parecía que era tremendamente razonable y valioso que se incorporara también en una reforma constitucional.

Quería valorar eso, y valorar también el hecho de que esta Comisión parecía entenderlo así, y no parecía haber una razón muy relevante para oponerse a ella.

El diputado Díaz primero quiso afirmar que lo simbólico en este tema no le parecía irrelevante, estimó que jugaba un papel también, no era lo que le preocupaba en verdad, creía que había que dar señales simbólicas también de que avanzaban a la construcción de una sociedad distinta. Eso tenía que ver con el modo que trataban el tema, con el no decir ‘nuestras mujeres’, lo simbólico tenía mucha importancia en esta materia, porque esto finalmente más que legislativo o normativo, era cultural. Por lo tanto, no minimizaba aquello.

Pero lo que le estaban contando sus asesores era que efectivamente, por la vía de la construcción jurisprudencial y doctrinaria se había ido haciendo exigible la igualdad entre hombre y mujer, a través del diseño del artículo 19 N°2, pero que no lo garantiza por sí mismo, porque simplemente hablaba de igualdad, de la igualdad de hombre y mujer ante la ley, y hasta ahora había sido acogido así tradicionalmente por el Tribunal Constitucional, pero aquello podía variar.

Entonces, tenían un problema de exigibilidad. Le gustaba esta idea del establecimiento del deber del Estado, le parecía correcto, pero insistió, sería majadero en que esto tenía que ir acompañado de una labor activa y quizás, como él no tenía la solución, debiesen pensar a lo mejor en tener que tocar dos teclas, había que buscar la mejor forma, la vía más adecuada, y a lo mejor habrá que tocar el artículo 1, mejorando quizás un poquito la redacción, quizás no mejorando pero mirando otra experiencia, y a lo mejor el artículo 19 N°2, para que se consagrara constitucionalmente lo que la práctica y la doctrina había venido resolviendo, y que de esa forma no quedara al arbitrio de la mayoría del Tribunal Constitucional, que varían. También podrían suprimir el Tribunal Constitucional de pasada, pero podía ser un poco más difícil.

El diputado Hirsch aclaró al diputado Coloma que quizás por no haber llegado al comienzo de la reunión se confundió un poco, pero era bueno comentarle que aquí había una voluntad de todos y todas de avanzar en este proyecto de ley, de aprobarlo. Habían manifestado que les parecía un excelente proyecto y habían tenido un gran diálogo con el Ministro y la Ministra.

Por lo tanto, no le parecía en absoluto que coincidiera la visión que estaba teniendo de que aquí se estaba trabajando algo. Por el contrario, estaban buscando cómo ayudar a mejorar un proyecto que creían que era muy bueno, pero que estaban pensando que quizás era mejor incluirlo en el artículo 19 N°2 y con eso no buscaban trabar nada, sino ver cómo garantizaban de mejor modo estos derechos. Estimó adecuado hacer esa aclaración.

El diputado Fuenzalida estimó que finalmente esta discusión se transformaba casi en una discusión geográfica, porque de alguna manera la cuestión era donde ubicar un artículo en el que todos estaban de acuerdo. Pero quiso recoger lo señalado por el profesor Pavez, porque tenía una lógica, era verdad que cuando la Constitución establecía los valores y principios no eran solamente o meramente declaraciones pragmáticas, eran mandatos expresos. Entonces, justamente el incorporarlo en las bases de la institucionalidad era un mandato expreso no solamente para gobernantes, sino que también para gobernados, e iba en concordancia con el artículo 6, sobre la acción del Estado.

Por ello, adscribía la ubicación que el gobierno le estaba dando por razones jurídicas y por razones de mayor conveniencia geográfica, a la vez que estimaba que más que símbolo, eran formas y eran necesarias.

La diputada Núñez, remitiéndose a lo dicho por el diputado Soto, si dividían el artículo estaban todos contestes de que en el artículo único debería llegar la propuesta del gobierno hasta la palabra ‘hombres’, ‘asimismo, es deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres’, hasta ahí no había mayor discusión.

Entonces, el punto era cuál era la importancia, la relevancia o la razón jurídica de que en el mismo artículo único quedara establecido ‘evitando toda forma de violencia, abuso, discriminación arbitraria’. Ante esa consulta, ante esa pregunta, ante ese cuestionamiento, si leían el artículo 19, eventualmente ahí quedaría mejor.

Con todo, descartaba que esto dijera relación con el artículo 19 N°2, eso de plano, porque ahí en definitiva se establece la igualdad ante la ley, pero sí se leía el artículo 19 N°1 se encontraba con una sorpresa, porque en el artículo 19 N°1 se establece el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas, por lo que coincidían o estaban los mismos derechos resguardados.

La segunda parte del proyecto refiere a la frase ‘evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria’, y entonces si eso ya estaba contenido en el artículo 19 N°1 en el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas, más allá que incluso, a lo mejor, esto se pueda completar, eso ya estaba contenido.

Por ello, la cuestión que querían era relevar, asegurar y dejarlo en las bases constitucionales, y no encontraba otro lugar que el artículo 1, simplemente porque ya estaba y porque entendía que el objetivo de esto era, precisamente, además de distinguir para evitar discriminación entre hombres y mujeres, que quedara en aquel precepto que no solamente eran las bases, sino que como dijo el diputado Fuenzalida, no eran meras declaraciones, eran mandatos expresos para las mismas autoridades y para los gobernados.

El diputado Gutiérrez (presidente) señaló que estaban todos con la buena voluntad, se sabía que querían aprobar este proyecto y hacer las mejoras que fueran pertinentes, pero lo que le preocupa es que en la redacción se dispone que es deber del Estado promover la igualdad de derechos, mientras que ya el artículo 19, asegura. Entonces, por un lado ya tenían asegurados los derechos, ahora se señala promover, pero promover era menos que asegurar, y si ya estaban asegurados entonces para qué promoverlos. Solicitó mayor claridad.

Ahora, lo que sin duda se valoraba era que aquí, y era lo novedoso, se estaba evitando toda forma de violencia, lo que sin duda era algo novedoso y estimó que por ese solo hecho ya valía este proyecto.

Con todo, pensando como abogado y poniéndose del lado de los abogados que litigan, se encontraban con que no era suficiente con que se promueva o asegure un derecho si no tenía como exigirlo. A veces ese era el problema, el de la exigibilidad del derecho, cómo se le exige al Estado que cumpla, porque en eso era lo que a veces se sentía la fragilidad del estado de derecho, en que no tenían mecanismos para que, efectivamente, esta promoción a que se obligaba el Estado o este derecho que estaba asegurado por el Estado se le pudiera exigir al mismo Estado.

Si bien valoraba la inclusión de la palabra dignidad en la propuesta, le parecía un muy buen concepto que por lo demás estaba bastante ausente de la Constitución, estimó que habría que poner una frase del tipo ‘la ley asegurará este derecho’, había que poner algo para que efectivamente se hiciera exigible este deber del Estado, pues al final del día uno se encontraba como abogado del foro sin la posibilidad de exigirle al Estado que efectivamente, por ejemplo, el día mañana evite una discriminación odiosa entre hombre y mujer.

Había que buscar fórmulas, y aquí lo que querían era buscar fórmulas .Ya tenían este proyecto que era muy pertinente, lo compartían y querían solo ayudar a que pudiera ser, eventualmente, el día mañana mucho mejor de lo que era.

El diputado Walker reiteró su mejor disposición a poder legislar sobre este proyecto, y también lo que señaló desde el principio, relativo a que el artículo 1 en la Constitución y el capítulo primero de la Constitución, sobre bases de la institucionalidad, era por definición un artículo y un capítulo muy programático. Era ius naturalista en lo filosófico y era neoliberal en lo económico, una definición muy propia de los años ‘80 y muy lejos de lo que uno aspiraba en una constitución del siglo XXI.

En ese sentido, no se cerraba a la posibilidad de establecerlo en el artículo 1, pero eso debía tener un correlato en el capítulo de derechos. Quizás después de escuchar a algunos constitucionalistas podrían llegar a la conclusión de que ya estaba incorporado tanto en el artículo 19 N°1 como en el N°2 y se quedaban tranquilos, pero estimó que era tan rica la finalidad de este proyecto, tan ambicioso, tan importante, tan necesario, que estimó que había que agotar esa parte de la discusión, sobre si esto debía tener un correlato o no en el artículo 19 y por ende, lo más importante, si era susceptible de ser garantizado por el recurso de protección de manera directa ante la judicatura.

Isabel Plá, ministra de la Mujer y Equidad de Género, valoró el debate que había tenido lugar en esta Comisión. Señaló que cuando no se era abogada y hablaba de estas cosas se arriesgaba, pero quiso marcar el punto, especialmente para aquellos diputados que habían estado manifestando sus dudas respecto del efecto que produciría una reforma de esta naturaleza, más allá de si quedaba en el artículo 19 o en el 1.

Insistiría en el lenguaje, una cosa era el reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes, que ya estaba, o la igualdad de derechos y dignidad que ya estaba establecida en la Constitución, y otra era imponerle al Estado el deber de promover la igualdad de derecho y dignidad entre mujer y hombre, no solamente a través de reformas a legislaciones como ya se había mencionado, que establecían una discriminación arbitraria, arbitraria a estas alturas, sino que a través de otras decisiones que provengan del Estado, ya sea promoción de políticas públicas, en fin, las decisiones que se estimaran pertinentes para alcanzar este rango, para cumplir el deber que se le estaba imponiendo al Estado.

A su vez, esta reforma tenía que ser pensada, analizada a la luz de una agenda, de un programa de gobierno y de una agenda en particular que estaba siendo impulsada desde el gobierno y que contemplaba no solamente proyectos de ley que venían del primer gobierno del presidente Piñera, no solamente mociones parlamentarias, de parlamentarios por cierto de la oposición actual, sino que también, al menos, una iniciativa, un mensaje de la presidenta Michelle Bachelet. De esa manera, le parecía que los parlamentarios no podían separar la discusión de esta reforma del contexto de lo que estaban impulsando, y que había incorporado ideas, sugerencias, experiencias de un rango muy amplio de mundo político, de representación democrática.

El diputado Gutiérrez (presidente) estuvo de acuerdo, sabían que se habían refundido mociones, proyectos de ley de la presidenta Bachelet y también en su programa de gobierno. En ese sentido, les alegraba mucho que haya sido así, que vinieran y lo dijeran, y eso les alegraba mucho porque sabían que efectivamente la expresidenta Bachelet hizo un esfuerzo también por la equidad de género, y ese esfuerzo le alegraba que también lo reconocieran.

Votación en general

El proyecto se aprobó en general por unanimidad. Votaron por la afirmativa los diputados (as) señores (as) Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker.

Sesión N° 18 de 6 de junio de 2018.

La señora Consuelo Contreras, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante ‘INDH’), señaló que el presente proyecto se debe en gran parte a los avances logrados por miles de mujeres y sus organizaciones que han demandado a través de la historia igualdad. Con ello han activado los mecanismos internacionales de protección de sus derechos cuando así ha sido requerido. Lo anterior se enmarca en una cultura de discriminación arbitraria hacia las mujeres. Ahora bien, el fenómeno de discriminación y violencia hacia las mujeres ha cobrado visibilidad en las últimas décadas pasando del plano privado al público y luego al ámbito de responsabilidad de los Estados. Las preocupaciones por el fenómeno de discriminación lo son desde el plano local hasta el internacional poniendo énfasis en la necesidad de ampliar su comprensión desde sus raíces sociales, culturales, institucionales y económicas como forma de contrarrestar aquellos prejuicios, costumbres y prácticas basadas en suponer una inferioridad de las mujeres o asignarles roles estereotipados. En el debate público presente se han presentado temas referentes a la situación que afecta a la vida y la dignidad de las mujeres los cuales han sido tratados previamente en los informes anuales del INDH 2010, 2011, 2012 y 2017 sobre violencia física y sexual, discriminaciones y derechos humanos de las mujeres. En el plano internacional, el marco conceptual al cual debemos tratar de apuntar en primer término es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que este año cumple 70 años, la cual ya expresaba la preocupación de los Estados por la igualdad y no discriminación entre las personas, constituyéndose en un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos.

Así también en el párrafo primero del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966 se establece la obligación de cada Estado parte de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y están sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el pacto sin discriminación alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Luego, en el artículo 26 se indica que todas las personas no solamente son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley sino que también se prohíbe cualquier discriminación en virtud de la ley y garantizan a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivo de raza, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante ‘CEDAW’) de 1979, desde su establecimiento ha dejado en claro que todas las formas de violencia contra la mujer están comprendidas en la definición de discriminación contra la mujer establecida en la convención pidiendo a los Estados partes adoptar las medidas necesarias para poner fin a dicha violencia.

El artículo 1 de la CEDAW define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales, civiles o en cualquier otra esfera”.

Por su parte, la Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, del año 1993, vino a complementar lo dispuesto en la CEDAW entregando una definición de violencia contra la mujer a su artículo 1 como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Pues bien, el instrumento específico en esta materia es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención Belem do Pará, del año 94, como asimismo los pronunciamientos de los órganos tales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sean en decisiones de fondo, sentencias e informes temáticos del país.

En el preámbulo de la Convención Belem do Pará se identifica la violencia contra la mujer no solamente como una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales sino que como una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres.

El artículo 1 de la Convención define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. En ese orden un claro ejemplo de violencia en el ámbito público son las brechas salariales existentes.

Cabe recordar lo dispuesto en el artículo 3 de la CEDAW que señala “los Estados partes tomarán en todas las esferas y, en particular, en las esferas política, social, económico y cultural todas las medidas apropiadas e incluso de carácter legislativo para asegurar el pleno desarrollo de la mujer con el objeto de garantizarles el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres.

En ese mismo orden señala el artículo 5° que “los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los dos sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

En términos generales, observó que la modificación de carácter constitucional del proyecto representa un avance, puesto que va en armonía con la CEDAW y la Convención Belem do Pará. De esta manera, el Estado de Chile está promoviendo medidas para eliminar formas de discriminación que aún se mantienen en la sociedad chilena.

Actualmente existen normas, prácticas, discursos institucionales, sociales y culturales que reproducen el lugar de subordinación de las mujeres y la vulneración de sus derechos, tanto en el ámbito de la intimidad y del mundo privado como en el espacio público, las mujeres siguen enfrentando barreras y obstáculos que limitan la autonomía de su proyecto vital y el pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con el hombre.

En este contexto preocupa que el verbo rector sea ‘promover’, lo que supone la difusión del contenido y alcance de los derechos a la ciudadanía en general. Por su parte, la no incorporación del verbo rector ‘garantizar’ supone que la obligación del Estado no implica generar las condiciones materiales e institucionales necesarias para el reconocimiento y ejercicio de los derechos. En ambos casos hablamos de obligaciones incorporadas en los textos de los instrumentos internacionales ratificados por Chile. En ese sentido el marco general establecido en la reforma constitucional, al incorporar el término ‘promover’ registró un avance pero no se condice con los tratados vigentes por Chile, toda vez que las obligaciones adquiridas dicen relación con garantizar y promover, como dos obligaciones distintas y tratadas de forma conjunta.

En ese sentido, dable es revisar lo observado por el informe inicial de cumplimiento de la CEDAW presentado por el INDH en los siguientes ejes temáticos: a) en materia de igualdad y no discriminación, reforma al régimen de sociedad conyugal; b) autonomía económica y trabajo, diferencia salarial, participación en el mercado laboral, contrato de trabajo, condiciones laborales, trabajo reproductivo y participación laboral; c) salud y derechos sexuales y reproductivos, embarazo adolescente; d) derecho a una vida libre de violencia, proyecto de ley actualmente radicado en la Comisión Familia con urgencia calificada de simple y el día miércoles 6 de junio se retomará su discusión en primer trámite constitucional; e) acceso a la justicia; f) campañas y prevención; g) educación, educación sexual, tasas de deserción, barreras a la permanencia en el sistema escolar de adolescentes embarazadas.

Finalmente, cabe señalar las principales obligaciones que emanan de los tratados de derechos humanos son para el Estado las de respeto y garantías de derechos fundamentales de todas las personas que habitan el territorio. El cumplimiento de esta obligación debe hacerse sin incurrir en discriminaciones, es decir, sin que el Estado haga distinciones arbitrarias en el trato, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho humano. En ese sentido la obligación de respetar implica que el Estado de Chile debe abstenerse de violar los derechos humanos y que todo aparato estatal está impedido realizar acciones que entorpezcan el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas.

Por su parte, la obligación de garantía supone que el Estado debe emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas estén en condiciones de ejercer y gozar plenamente de sus derechos humanos, lo que implica adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento efectivo a los derechos humanos, lo que no se satisface con la actividad sólo de promoción.

El señor Jaime Bassa, académico de la Universidad de Valparaíso, aclaró que parte importante del contenido del proyecto de reforma constitucional en estudio ya está en la Constitución Política de la República.

El proyecto propone incorporar en el artículo 1º, inciso 5º, una mención expresa relativa al deber del Estado de promover la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, el artículo 1º de la Carta Fundamental ya señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado está al servicio de la persona humana. Asimismo, el artículo 19 número 2 señala que la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Por su parte, el artículo 19, número 3, señala que la Constitución asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

En consecuencia, cuestionó cuál es el contenido de la reforma propiamente tal; qué es lo que se está reformando. Es importante de revisar porque tratándose de una reacción a un contexto social y político determinado un error en el diagnóstico de lo que motiva la reforma podría terminar siendo un paso en falso e incluso jugarle en contra, no sólo al Gobierno sino también a la institucionalidad.

Este es el marco constitucional desde el cual se debe analizar el presente proyecto de reforma, especialmente en cuanto a su incorporación en el ordenamiento jurídico y el efecto tanto político como jurídico-institucional que su aprobación podría generar. En tanto proyecto que reforma el sistema de fuentes formales, su pertinencia debe ser medida respecto de los efectos que genera en él. En principio, las normas constitucionales actualmente vigentes parecen indicar que el objetivo declarado por el proyecto se encontraría cubierto, por cuanto no es posible concluir que éste satisfaga la necesidad de generar "un cambio constitucional que avance en el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres" (página 2 del proyecto), toda vez que las normas transcritas ya reconocen dicha igualdad.

Sí constituye un cambio en la medida que consagra "explícitamente el deber del Estado de promover la igualdad de derechos" (página 2 del proyecto). Sin embargo, se trata de un cambio más bien débil, no sólo porque este nuevo deber no tiene un correlato específico en acciones exigibles al Estado, sino porque, además, este mismo deber se desprende de lo señalado por el artículo 1°, inciso 5°, de la Constitución ("es deber del Estado… asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional") y está expresamente recogido en el artículo 5°, inciso 2°, ("es deber de los órganos del Estado respetar y promover [los] derechos, garantizados por esta Constitución"). Parece ser que el ordenamiento constitucional no solo declara suficientemente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino que establece con claridad distintos deberes del Estado relacionados con el respeto de estos derechos, incluso en la Ley 20.820 que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, como se verá.

En razón de esta constatación, y ante la necesidad de enfrentar las demandas sociales de carácter feminista que interpelan las estructuras de opresión de la sociedad chilena, es necesario preguntamos por la insuficiencia de este tipo de declaraciones normativas para conseguir los objetivos que se están declarando. En otras palabras por qué, a pesar que estas declaraciones normativas son necesarias y se encuentran vigentes, no son suficientes para conseguir los objetivos que se proponen. Una respuesta que se haga cargo de esta dificultad debe asumir el desafío de pensar el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas desde la diversidad de sujetos políticos que reclaman su condición de titulares de los mismos y que demandan condiciones materiales de vida que les garanticen su ejercicio. No basta, evidentemente, con una declaración de principios de rango constitucional, aun cuando ésta es necesaria. Se requiere de un diseño normativo construido desde la especificidad del sujeto político que sostiene la reivindicación social, precisamente porque es esa especificidad la que explica y, a la vez, nos permite entender cuáles son las fallas de un diseño normativo que, ya reconociendo derechos constitucionales de manera universal, genera condiciones estructurales de discriminación.

Esta cuestión comparte el mismo contenido con la discusión relativa al reconocimiento constitucional de los derechos de NNA (Boletín 11.700-07): sujetos que obviamente caben dentro de la categoría genérica de persona —y, por tanto, de titular de derechos— pero que, dadas ciertas particularidades propias que explican su posición en el entramado de relaciones sociales y políticas, habitan condiciones materiales de vida que les impiden ejercer esos derechos en condiciones de igualdad. Eso es lo que justifica el establecimiento de estatutos especiales de derechos constitucionales, que es lo que debería discutir esta Comisión.

El proyecto de ley en comento, sin ninguna duda, responde a las actuales demandas que surgen desde los movimientos sociales y estudiantiles, formando parte de una agenda de género que ha sido anunciada recientemente por el Presidente y compuesta por diversas iniciativas, tanto legislativas como de otro orden. Este proyecto de ley debe ser analizado, asimismo, a la luz del contenido feminista de las reivindicaciones sociales formuladas en las últimas semanas, para evaluar cómo se responde a dicho movimiento y si dicha respuesta está a la altura de las expectativas. Es importante considerar que la movilización social se explica por una determinada estructura de relaciones de poder actualmente vigente en la sociedad, respecto de la cual el Derecho cumple una función primordial, ya sea porque es funcional a la construcción y consolidación de dichas estructuras, o bien, porque ha sido incapaz de disolverlas, a pesar de los derechos y garantías que establece. En consecuencia, avanzar en una reforma constitucional destinada a responder a las demandas sociales requiere una mínima claridad respecto del impacto que esta reforma tendrá frente a lo que se demanda desde la sociedad.

No se trata de una cuestión sencilla, pues el contenido de la reivindicación feminista es amplio y diverso, por cuanto integra diversos ámbitos de la vida privada de las mujeres que impactan en la vida social, así como diversas perspectivas frente a aquellos conflictos que se encuentran a la base de estas demandas, los que van del acoso callejero al femicidio, de la postergación profesional a la discriminación arbitraria, de la estigmatización de los roles a la despolitización de los mismos.

Se ha afirmado insistentemente en las últimas semanas, que se está verificando un cambio cultural en torno a la conciencia que la sociedad está adquiriendo sobre el tipo de relaciones sociales que se han normalizado respecto de la mujer. Se ha comenzado a discutir cómo evitar y sancionar aquellas conductas que vulneran la dignidad de la mujer, así como su seguridad individual y su indemnidad sexual. Se trata de asuntos en los que es indispensable avanzar y cuya consolidación supone un cambio cultural relativo a la forma como se construyen las relaciones sociales y afectivas entre hombres y mujeres, de modo que sea posible establecer condiciones mínimas de respeto a la dignidad individual y al desarrollo de la autonomía personal.

Sin embargo, el asunto no se acaba en la prohibición, regulación y eventual sanción de conductas individuamente consideradas, pues éstas no solo responden a un fuero interno de hombres con determinadas configuraciones sicológicas y de personalidad, sino que se entienden en el contexto de una sociedad marcada por determinadas estructuras de poder social, donde el hombre —especialmente heterosexual— se encuentra en una posición de privilegio respecto de la mujer. Esta dimensión de la cuestión no es propiamente cultural, sino política, en la medida que configura relaciones de poder entre las diversas categorías de sujetos políticos que dan forma a las sociedades plurales y democráticas, caracterizadas por su diversidad. Dado que no es una cuestión exclusivamente cultural, no podremos encontrar una solución si sólo vemos el fenómeno —el contenido de las reivindicaciones feministas— desde la óptica de las relaciones individuales. Esto es algo que atraviesa a la sociedad en su conjunto y a la forma en que se configuran todas sus relaciones políticas, marcadas por la acumulación del poder en favor de sujetos privilegiados, por ejemplo, el hombre.

Este parámetro es fundamental para poder evaluar la efectividad de la agenda propuesta, especialmente en lo relativo al reconocimiento constitucional de los derechos de la mujer y de la necesidad de establecer un estatuto diferenciado que genere las condiciones normativas para superar las condiciones estructurales de opresión y de discriminación. En ese sentido, el proyecto de reforma constitucional en comento es, evidentemente, insuficiente.

El informe que preparó da cuenta también de algunos elementos relacionados con la CEDAW, cuyo protocolo facultativo está todavía pendiente de ratificación. Esa es una agenda en la cual claramente se puede avanzar durante esta legislatura. Hay algunas normas relevantes relativas a la cuestión que estamos discutiendo que están citadas de la misma convención.

Parte importante de las declaraciones normativas contenidas en la CEDAW, así como de los derechos allí reconocidos, han sido incorporadas en la Ley 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, vigente desde 2015. En sus definiciones base, declara que "la equidad de género comprende el trato idéntico o diferenciado entre hombres, mujeres que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación arbitraria contra las mujeres por ser tales, en lo que respecta al goce y del-cirio de todos sus derechos humanos" (artículo 1°, inciso final). Específicamente, a este Ministerio le corresponde "Planificar y desarrollar políticas y medidas especiales con pertinencia cultural, destinadas a favorecer la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres, mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género, la plena participación de las mujeres en los planos cultural, político, económico y social, así como el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales" (artículo 20), lo que evidencia la necesidad de avanzar significativamente más allá respecto de los derechos fundamentales reconocidos de manera universal, precisamente porque esas formas de discriminación arbitraria se verifican respecto de la mujer en atención a los elementos características estructurales que caracterizan a las relaciones sociales y políticas atravesadas por el género en nuestro país.

Por otro lado, la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, contiene una serie de normativas destinadas tanto a evitar la discriminación arbitraria como a promover el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales. Su objetivo fundamental es "instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se corneta un acto de discriminación arbitraria" (artículo 1°), mostrando alguna coherencia con el mecanismo de tutela contemplado en el artículo 20 de la Constitución. El propio artículo 2° de esta Ley explicita cuáles son las categorías sociales que dan paso a una discriminación arbitraria, entre las que se encuentran el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil y la apariencia personal. Es decir, existen normas a nivel legal destinadas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, a evitar la discriminación arbitraria y a promover un ejercicio igualitario de los derechos fundamentales.

Sin embargo, esta misma ley es un buen ejemplo para llamar la atención respecto de las limitaciones del ordenamiento jurídico y del tipo de reformas que debiéramos considerar, con el objetivo de garantizar condiciones estructurales favorables a la igualdad que el Proyecto declara perseguir. Así, el mismo artículo 2° de la llamada Ley Antidiscriminación jerarquiza, en su inciso final, los derechos que van a ser objeto de la protección de esta ley en particular, al afirmar que "se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso primero, se encuentren justificadas en el ejercido legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6°, 11° 12°, 15°, 16° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima".

Es decir, derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a determinados sujetos, enfrentando las condiciones sociales y materiales que impiden un ejercicio igualitario de los mismos, son relegados a una condición de subalternidad frente a aquellos derechos que la Constitución reconoce en titularidad universal, consolidando la posición de subalternidad de quienes reivindican el reconocimiento de nuevos derechos, frente a quienes se ven favorecidos por las estructuras de poder social actualmente vigentes.

En su opinión, este es el tipo de obstáculos que es necesario remover, en orden a garantizar las condiciones mínimas necesarias para el ejercicio igualitario de los derechos de todas las personas, pero no solo de aquellos derechos que las personas tenemos "por el solo hecho de ser personas", sino de aquellos que se identifican más directamente con las condiciones materiales de vida de quienes no alcanzan el mínimo umbral de garantía constitucional: la igualdad ante la ley y en el ejercicio de los derechos.

El informe también contiene algunas referencias de Derecho Constitucional comparado que abordan este desafío, destacando las Constituciones Argentina, Ecuador, Italia, Finlandia y México.

A modo de conclusiones señaló que no es posible determinar cuál será el rendimiento legal de esta declaración de principios o cuál será su correlato en materia de reconocimiento y ejercicio de los derechos de la mujer —de esos que garantizan su autonomía frente a las estructuras de opresión que caracterizan a la sociedad chilena y no solo de aquellos destinados a protegerla en tanto persona— o el impacto que la aprobación de esta norma tendrá en la discusión de los otras discusiones actualmente en desarrollo, tales como el proyecto de ley que establece el derecho a una vida libre de violencia, la aprobación del protocolo facultativo de la CEDAW, la discusión de la ley de identidad de género o el reconocimiento de los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes (NNA), materias que, en su conjunto vienen a evidenciar los límites de la comprensión tradicional de los derechos de las personas.

En ese sentido, parece ser una iniciativa que va en el camino correcto pero, a su juicio, no alcanza a tener la entidad suficiente para justificar una reforma constitucional que avance en lo que la Constitución ya reconoce: solo opera al nivel de las declaraciones normativas que reconocen una igualdad formal entre sujetos titulares de derechos, cuestión que ya está presente en el texto. Incluso la dimensión simbólica de la iniciativa se diluye, pues no alcanza a situarse al nivel de unas reivindicaciones feministas que crecen, progresivamente, en intensidad.

Hay una serie de materias que deben ser analizadas en conjunto, en orden a conseguir los objetivos que declara este proyecto de reforma constitucional. Entre ellos, i. garantizar la efectividad de la no discriminación arbitraria, contenida en el artículo 19 N° 2 y en el artículo 1°, contemplando un desarrollo normativo de rango legal y revisando la Ley Antidiscriminación; ii. avanzar con mayor decisión en una agenda contra la violencia de género y la violencia intrafamiliar (que también considere a NNA), que considere políticas de prevención y educación, pues la aproximación penal, siendo necesaria, no es suficiente; iii. garantizar la igualdad en las relaciones laborales, que forma parte de una reivindicación general en este ámbito de la vida social, especialmente si consideramos que la brecha de género crece con la desigualdad económica: no basta con atacar la brecha salarial (30% promedio) si las condiciones del mercado del trabajo siguen siendo las mismas; iv. lo propio respecto de la importante brecha que se verifica respecto en pensiones y seguridad social; v. por otro lado, avanzar en el reconocimiento de los derechos de la paternidad permitiría avanzar en igualar las condiciones materiales para el ejercicio igualitario de los derechos de la mujer, así como reconocer el cuidado familiar como un trabajo que debe ser remunerado.

El desafío es avanzar hacia un nuevo estadio de reconocimiento constitucional: la mujer como pleno sujeto de derechos y no como un objeto de protección. Eso supone no solo reconocer formalmente que hombres y mujeres se encuentran en condiciones de igualdad formal en la titularidad de los derechos que reconoce la Constitución, sino que requiere avanzar en formas de reconocimiento de los derechos que avanzan en garantizar la autonomía de la mujer respecto de las estructuras machistas que caracterizan a la sociedad chilena y a su ordenamiento jurídico, ya sea a través de derechos específicos (como los derechos sexuales y reproductivos), ya sea generando las condiciones normativas y materiales necesarias para un ejercicio de los derechos en condiciones de plena autonomía, no solo respecto del hombre, en oposición al hombre, sino en condiciones de igualdad, donde el factor género no sea determinante para el reconocimiento y ejercicio de los derechos. Esa es la dirección en la que debiéramos avanzar, en orden a terminar con el género como un criterio de discriminación que condiciona el ejercicio de los derechos de las personas, especialmente de aquellas que hacen visible esta estructura de discriminación: la mujer, el mundo trans, la niñez.

En definitiva, identificar cómo operan las estructuras de poder opresivas, incluso aquellas que se encuentran reguladas por el Derecho vigente (sociedad conyugal, salud, seguridad social, etc.) e ir más allá del mero reconocimiento y pensar cómo hacer efectiva una agenda pública centrada en la distribución del poder, pues es la acumulación del poder en el hombre la que sitúa a la mujer en una condición estructural de desventaja.

Finalmente, concluyó que el proyecto de ley es una buena declaración de intenciones pero no es mucho más que eso.

La señora Liliana Galdámez, profesora de la Universidad de Chile, en primer lugar, reconoció que la Constitución de 1980 ha tenido cierta evolución en lo que se refiere al lenguaje inclusivo o en la manera de ubicar quiénes son los sujetos de derechos.

El lenguaje original de la Carta de 1980, tal cual la Declaración Universal de Derechos Humanos, señalaba “los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, entendiendo que la palabra ‘hombre’ incluía también al género femenino, así lo interpretó en general la doctrina y la jurisprudencia. Sin embargo, en otros ámbitos se debía entender a la mujer excluida de ciertos derechos, particularmente en el régimen original del Código Civil, parcialmente modificado.

Parcialmente se ha ido modificado ese lenguaje masculino, tanto en la Constitución de 1980 como en el derecho internacional de los derechos humanos, a un lenguaje andrógeno, que utiliza la palabra ‘persona’ comprensiva tanto de los hombres como de las mujeres.

Una siguiente etapa constitucional significó la utilización de un lenguaje binario, como la reforma que incluye la igualdad ante la ley del hombre y de la mujer.

Si la reforma busca hacerse cargo de las demandas, tanto de las mujeres como de otros colectivos, preocupa que no utilice la palabra ‘género’, que incluiría efectivamente otros sujetos de derecho.

Luego, a propósito de la reforma en concreto, señaló que la palabra ‘promover’ parece ser de menor alcance que incluso lo que ya es actualmente derecho interno, por cuanto la Convención Belem do Pará y la CEDAW han sido ratificados por Chile. Incluso, hay fórmulas mucho más ricas en cuanto a su alcance, como la que utiliza la misma CEDAW al señalar que los Estados partes deben tomar en todas las esferas y, en particular, en las esferas política, social, económica y cultural todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizar el ejercicio y goce de derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones que el hombre. Por lo tanto, hay otras alternativas al uso de esta palabra tan acotada.

En segundo término, la reforma considera una igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres pero no existe un avance verdadero, profundo, consistente en esta propuesta, en atención a que el artículo 1º de la Constitución ya refiere que las personas nacen libres e iguales en igualdad y derechos, entendiendo que este lenguaje andrógeno incluye a los hombres y las mujeres. Por tanto, ya somos iguales en dignidad y derechos antes de que se apruebe esta reforma.

Observó que reconocer una igualdad de derechos entre hombres y mujeres deja fuera nuevos derechos propios de las mujeres, como los derechos sexuales y reproductivos, que no encontrarían una puerta de entrada o una posibilidad de desarrollo en el marco de la presente reforma constitucional.

Insistió en que una reforma constitucional de esta naturaleza debiera aspirar a más, ya que al señalar ‘evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria’ pareciera decirnos que aquello que se pretende evitar seguirá existiendo. En cambio, si utilizara la expresión ‘eliminando’ generaría una obligación para el Estado de mayor naturaleza y alcance, ya que tendría que generar políticas que promuevan efectivamente condiciones que vayan en la dirección de eliminar la violencia contra las mujeres, aunque sea una aspiración constitucionalmente imposible de practicar el día de hoy.

Por último, llama su atención que se establezca una obligación fundamentalmente para el Estado, manteniéndose en el ámbito público la promoción de la igualdad y la no discriminación, en circunstancias que estas cuestiones tienen un desarrollo visible, concreto y frecuente en el ámbito privado, como en el ámbito de las relaciones laborales.

La señora Manuela Veloso, profesora de derecho de la UBO e investigadora de la Fundación Decide, manifestó que hasta el 15 de junio de 1999 el artículo 1° de la Constitución Política de 1980 señalaba ‘Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos’. Este inciso fue reformado mediante la introducción de un concepto universal: ‘personas’. Este cambio fue una modificación importante porque el lenguaje es parte de un orden simbólico que configura prácticas e instituciones y, en tal sentido, el uso correcto del lenguaje siempre ha sido una preocupación del movimiento feminista y de las organizaciones que han abogado por la equidad de género. Manifestó que para quienes son feministas es fundamental que los órdenes de representación sean lo suficientemente inclusivos como para no generar exclusiones arbitrarias o injustas. Sin embargo, la otra cara de la moneda, es que la utilización de conceptos abstractos y universales puede abrir paso a la invisibilidad y al menosprecio del ser humano de carne y hueso en su realidad concreta, esto es, la vida situada más allá de los formalismos con el que opera el derecho y las categorías jurídicas.

En esta línea, respecto al proyecto de reforma constitucional en discusión, planteó dos interrogantes. En primer lugar, si acaso el sistema jurídico tiene género y, en segundo lugar, si la Constitución y el sistema jurídico siguen teniendo género a pesar de que utilicen categorías universales, como la expresión ‘personas’.

A lo anterior, señaló que es un hecho que la reforma constitucional de 1999 al artículo 1º buscaba neutralizar, desde el punto de vista del género, a la Constitución. Cree que efectivamente la Constitución y el sistema jurídico tienen género o, más estrictamente, que el sistema jurídico de un lado está permeado y, de otro, es funcional a la reproducción de un sistema social normativo patriarcal. Como dice la jurista estadounidense señora Catherine Alice MacKinnon “la estructura fundamental de la sociedad es el género, siendo ésta la línea que determina primariamente la distribución de poder y, con ello, el contenido y la operatividad del derecho”. En esta misma línea, la profesora de derecho de la Universidad Austral, señora Yanira Zúñiga, ha señalado que “la manera en que el ordenamiento jurídico regula extensas parcelas de la vida social lanza mensajes a los sujetos, hombres y mujeres, sobre cuáles deben ser sus roles de género”.

Hay múltiples ejemplos que dan testimonio de lo anterior, entre ellos, que la regulación del divorcio y del adulterio están históricamente ancladas a una concepción patriarcal de la familia; las protecciones especiales que los Estados han dispensado a las madres viudas en contraste con la desprotección de las madres solteras; la manera en que los derechos de seguridad social han estado vinculados tradicionalmente al trabajo remunerado, en circunstancias que buena parte del trabajo que realizan las mujeres no es remunerado en el seno de los hogares; que los propios Estados han promovido especialmente la empleabilidad de los varones respecto a la inserción laboral de las mujeres en el entendido que los primeros son los proveedores de la familia y las segundas las cuidadoras. El mismo Mensaje hace referencia a la precaria situación laboral de las mujeres y del porcentaje de inserción laboral femenina que tenemos en Chile, que está muy por debajo del promedio de América Latina; en la forma que el sistema jurídico chileno regula las limitaciones del dominio que afectan a las mujeres en el marco de la sociedad conyugal; la estructura de los permisos maternales, entre otros.

Por consiguiente, la introducción de la modificación que propone la reforma constitucional no sólo representa una mera especificación de lo señalado por el inciso primero sino que además implicaría incorporar en la Carta Constitucional una norma que permitiría un enorme potencial de desarrollo crítico frente a los valores patriarcales, defendidos y protegidos por varias de nuestras instituciones jurídicas y que impiden a la mujer y a las personas feminizadas gozar de suficiente soberanía sobre sus cuerpos, identidad de género y proyectos vitales.

Por último, invitó a cuestionarse si la violencia, desigualdad, injusticia, abuso y discriminación originada en razón del género sería de mayor relevancia que estos mismos fenómenos pero suscitados por otras categorías de exclusión, como lo son la clase, la raza, o la edad. Respondió que el género es la primera categoría de exclusión en torno a la cual se intersectan las demás categorías de exclusión, como son la clase, la raza y la edad. Eso explica por qué es tan difícil hacer una historia del género, como si fuese un asunto natural, cristalizado en el tiempo y que provoca que sea extremadamente difícil modificar la presión de género. La antropóloga argentina, señora Rita Segato, señala que “el cuerpo de la mujer es la primera colonia en la historia de la humanidad”. Por lo tanto, la incorporación de la categoría de género en el artículo 1° no debe leerse como si esta fuente de opresión fuese de primer orden de importancia frente a las demás fuentes de opresión pero sí lo es en tanto orden lógico, puesto que en el género se anclan las otras categorías de exclusión social.

Si bien este no es un proyecto de ley que venga a dar una solución inmediata frente a los problemas de opresión que vivimos las mujeres, sí representa un cambio que pudiese significar y devenir en fundamental en la estructura simbólica de nuestra Constitución. Por lo expuesto, recomendó legislar a favor del proyecto de reforma constitucional.

La señora Camila Maturana, por la Corporación Humanas, en primer lugar, valoró la presentación y discusión legislativa de esta reforma constitucional porque apunta a instituir como un principio fundamental del más alto rango la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, junto con consagrar expresamente que es deber del Estado promover dicha igualdad. Sin perjuicio de ello, manifestó que Chile debe contar con una nueva Constitución Política, de origen democrático, emanada de un proceso deliberativo, amplio y participativo, que constituya efectivamente el pacto político-social fundante del ordenamiento jurídico en un Estado democrático de derecho. Dicho lo anterior, reconoció que se trata de un proceso de largo alcance y que Chile ha dado pasos significativos, principalmente, de parte de la ciudadanía.

Sobre la propuesta, reflexionó que se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado de Chile al ratificar y ser parte de un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos, que expresamente reconocen la igualdad de mujeres y hombres, en el goce de los derechos humanos y, expresamente, prohíben la discriminación por sexo y por género. Además, el propio Estado de Chile, en 1989, al ratificar la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, se comprometió expresamente a consagrar constitucionalmente el principio de igualdad del hombre y la mujer.

Sobre su importancia y alcance, al consagrase el principio constitucional de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el Capítulo de Bases de la Institucionalidad, la presente reforma constitucional pasa a tener una función creadora del derecho, una función interpretativa de carácter general y una función integradora frente a eventuales lagunas normativas. A su vez, mandata expresamente al conjunto de los órganos del Estado a desarrollar acciones directas que permitan el efectivo goce de derechos por parte de las mujeres en condiciones de igualdad e impide a los órganos del Estado a realizar conductas que puedan atentar contra dicha igualdad.

Asimismo, destacó la expresa proscripción de la discriminación y de la violencia contra las mujeres. Con ello, debe entenderse que pasa a incorporarse al Capítulo de Bases de la Institucionalidad la definición internacional de discriminación contra la mujer contenida en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada en el año 1989. También puede entenderse que esta reforma permite integrar al mencionado capítulo la conceptualización internacional de violencia contra las mujeres, contenida en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer.

Agregó, que para lograr la igualdad de derechos buscada puede ser necesario la adopción de medidas especiales, de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, que deben cesar cuando se alcanzan los objetivos para los cuales fueron planteadas. Garantizar la igualdad de derechos entre hombre y mujer y la prohibición de discriminación requiere necesariamente de recursos judiciales eficaces para enfrentar la violación a los derechos humanos de las mujeres.

Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en una recomendación general del año 2010, exige que los Estados partes proporcionen resarcimiento a las mujeres cuyos derechos protegidos por la Convención han sido violados. Si no hay resarcimiento no se cumple la obligación de proporcionar un recurso apropiado. Estos recursos deberían incluir diferentes formas de reparación y debería ajustarse a los estándares internacionales, en atención que los marcos normativos nacionales han mostrado ser insuficientes.

En consideración a que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado “la discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer como la raza, el origen étnico, la religión, las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género”, lo que se conoce como interseccionalidad de la discriminación, dentro de las obligaciones jurídicas que corresponden al Estado de Chile para asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres se encuentra reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo combinado en las mujeres afectadas.

En cuanto a los contenidos mínimos de una reforma constitucional sobre igualdad de derechos entre hombres y mujeres, enunció: 1°, el reconocimiento expreso, de rango constitucional, de los derechos humanos establecido en los tratados internacionales vigentes en el país, conforme a la interpretación autoritativa emanada de los órganos internacionales competentes. También, incluye la necesidad de ratificar aquellos tratados internacionales que están pendientes y, en particular, el protocolo facultativo de la convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, pendiente durante 17 años; 2°, un enunciado normativo en ese sentido con los ajustes que corresponden para que sean obligaciones jurídicas de carácter fuerte y serio; 3°, la prohibición de discriminación contra la mujer; 4°, la expresa mención de la conformidad de las medidas de acción afirmativas con la Carta Política; 5°, un mandato expreso a los órganos del Estado en orden a respetar proteger y garantizar los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad; 6°, inclusión de derechos o garantías constitucionales de las mujeres en conformidad al derecho internacional de los derechos humanos; y 7°, mecanismos de exigibilidad de los derechos constitucionales y de la garantía de igualdad de derechos entre hombres y mujeres y, en particular, de la prohibición de discriminación contra las mujeres.

Por último, hizo referencia al catálogo de derechos fundamentales que una Constitución que se enmarca en el principio constitucional de igualdad de derechos entre hombres y mujeres debe contener. Sobre el punto, señaló que no basta con mencionarlos en el catálogo de derechos si no hay mecanismos de protección de los mismos. Entre ellos destacó: la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres; la prohibición de discriminación contra las mujeres; el derecho a la integridad física, sexual y psíquica; la prohibición de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el espacio privado como en el espacio público; los derechos sexuales y reproductivos; igualdad de derechos y deberes en las relaciones familiares y corresponsabilidad entre hombres y mujeres; reconocimiento a los derechos de filiación de parejas del mismo sexo; protección especial a las mujeres jefas de hogar; igualdad de acceso a la justicia y protección jurídica al pleno ejercicio de los derechos y frente a la discriminación; iguales derechos de participación política y de acceso a cargos y funciones públicas, conforme a criterios de paridad; derecho a la educación no sexista y a la educación sexual; igualdad de acceso y protección al trabajo y derechos laborales, incluyendo igualdad de remuneraciones por trabajo de igual valor; igualdad de derechos de seguridad social, incluyendo el reconocimiento y protección al trabajo doméstico o de cuidado no remunerado.

La señora Catalina Valenzuela, Representante de la Sociedad Civil, afirmó “soy mujer, soy feminista y trabajo hace más de 20 años con mujeres”, lo que a su entender la faculta a opinar en este debate.

Así, señaló que si bien esta propuesta parece perfecta le genera extrañeza lo que se ha expuesto respecto a que Chile ya ha suscrito diversos convenios internacionales que reconocen el derecho que la reforma pretende, porque en la actualidad no existen protocolos fuertes que permitan ejercer esos derechos plenamente.

En esa misma línea, mencionó distintos casos en que el ordenamiento jurídico ha mal entendido la igualdad entre las mujeres y los hombres. Es muy importante entender que las feministas luchan por la igualdad en la diferencia, porque las mujeres no son hombres.

También, hizo ver que si no se hace la debida concordancia legislativa en el artículo 19, número 2 y en todos los acápites específicos las buenas intenciones y declaraciones de principios no se van a traducir en acciones concretas. Preguntó cómo se garantiza que estos principios rectores se van a ejecutar.

S. 19 de 12 de junio de 2018.

Bárbara Sepúlveda Hales, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, agradeció la invitación hecha como Asociación para exponer en este proyecto de ley que representaba una reforma que era de toda trascendencia, necesaria y urgente para el país. Se le ha puesto suma urgencia a un proyecto de ley que quizás hubiese, como asociación y representando a la sociedad civil también, deseado haber tenido un mayor tiempo para procesar y analizar.

Este proyecto, en particular, establece la igualdad formal entre hombres y mujeres en la Constitución Político. Destacó el concepto de igualdad formal, porque querían hacer en primer lugar hincapié en el hecho de que estaban a favor de la consagración de una igualdad sustantiva y material entre hombres y mujeres, entre los géneros, en la norma fundamental, y porque les parecía problemático que sólo se establezca una igualdad formal.

Esto en términos generales por razones muy sencillas. En primer lugar, en la igualdad formal no existe una correspondencia entre la norma y la realidad, que permita representar las desigualdades sociales o estructurales que existen, lo que se traduce en que la mayoría de los conflictos reales que se presentaban entre individuos, y entre los individuos y el Estado, normalmente no se resolvían en el ordenamiento jurídico.

El problema de la igualdad formal era que tampoco reconocía diferencias como las culturales, socioeconómicas, las étnicas o las de clase, y tampoco establecía medidas sustantivas que implicaran posicionar a las mujeres en igualdad de condiciones respecto de los hombres, pero tampoco garantizaba su propio desarrollo y autonomía.

Por ello, es que darían una opinión respecto de cómo sería una constitución que avanzara realmente en materia de igualdad de género entre hombres y mujeres.

Estimó que en primer lugar una constitución que avanzara efectivamente en esta materia debía consagrar obligaciones y deberes específicos para el Estado. De la sola redacción de la frase ‘es deber del Estado’ no se desprendía ninguna actuación específica ni un mandato general al legislador como algunos constitucionalistas han querido deducir. Asimismo, consideraban que tampoco existía una obligación para el ejecutivo de generar políticas públicas con enfoque de género, y tampoco le otorgaba garantía alguna a la ciudadanía para hacer valer sus derechos ante la justicia.

En segundo lugar, una constitución con equidad de género tenía que establecer dentro de su catálogo de derechos aquellos que eran específicos de las mujeres y de las niñas. El reconocimiento constitucional de los derechos de las mujeres cumplía un doble rol, primero en el plano simbólico y en segundo lugar en el plano real mediante su justiciabilidad, es decir, la exigibilidad de estos derechos ante los tribunales de justicia.

Aunque sabían que el garante de los derechos siempre era el Estado, normalmente se producía un problema al garantizar derechos específicos, que era la indeterminación de su destinatario. Al respecto, estimó también que en este sentido mientras más específico fuera el derecho, mayor posibilidad había de que pudieran hacerse exigibles por la ciudadanía. Por ejemplo, un enfoque sustantivo de igualdad de género debiera establecer como derechos constitucionales, entre otros, y aquí solo daría algunos ejemplos, la igualdad en derechos políticos y el derecho a acceder y ejercer cargos públicos sin discriminación, garantizar el derecho a la salud y específicamente a la salud reproductiva, reconocer y valorar el trabajo doméstico no remunerado, la igualdad en el acceso y ejercicio de la propiedad sobre bienes muebles y raíces, el deber de promover el respeto y reconocimiento de los conocimientos ancestrales de las mujeres indígenas, el derecho a una vida libre de violencia, a la integridad física y síquica, además de la igualdad ante la ley.

Aún más, los convenios internacionales en la materia que habían sido ratificados por Chile establecían que era un deber de los Estados el promover y alcanzar, además, la realización efectiva de la equidad de género. Pero qué significaba esto, significaba que había una obligación para los Estados de modificar también los patrones socioculturales donde se edificaban las relaciones de desigualdad.

Era muy relevante fomentar, por ejemplo, la corresponsabilidad social del cuidado, tratando de evitar que se produzcan y se reproduzcan estereotipos del tipo de discriminación de género, no sólo en la constitución sino también en las leyes. En ese sentido, les parecía que era el Estado y la sociedad los que debiesen avanzar, por ejemplo, a desmitificar que el cuidado de los niños, de los enfermos, de los ancianos quedaba radicado solo en las familias, porque sabían que esto se traducía específicamente en una sobrecarga y, en algunos casos, casi exclusivamente como una carga para las mujeres.

Estimó también que si no iban a reproducir estereotipos, no podían seguir exacerbando el rol social de la maternidad, porque negaba de alguna manera también la existencia de las mujeres como sujetos de derechos. Además, y en esto en particular, creían que era necesario que se establecieran límites y alcances claros del derecho a la vida y se reconociera jurídicamente la autonomía sobre el cuerpo.

En tercer, lugar la constitución debía establecer y garantizar el derecho a la igualdad de género y no discriminación con su deber correlativo del Estado y, de esta manera, proteger la diversidad al mismo tiempo que establecer el deber específico y la obligación del Estado de no discriminar.

El deber del Estado, por ejemplo, a adoptar medidas contra la violencia de género, y hacia las mujeres en particular, comprendía el establecimiento de medidas afirmativas en la redistribución del poder. En esto en particular pensaban también que era imposible alcanzar la igualdad, y para esto se habían planteado medidas a nivel internacional y que quizá este Congreso Nacional debiese discutir en este momento, con esta reforma, la posibilidad de hacer medidas afirmativas como la elección de miembros de distintos poderes del Estado con paridad de género, o la modificación de las reglas de acceso a las Cortes, o además tener una justicia con perspectiva de género, además de la exigibilidad de los derechos constitucionales, entre otras medidas.

Aquí era fundamental el rol que cumplían las instituciones que eran independientes, que monitorean, organizan, supervisan y educan respecto de los derechos fundamentales y los derechos humanos, como es la figura del Ombudsman o la defensora, o defensor del pueblo.

Era determinante también para la igualdad de género que se establecieran derechos sociales y colectivos, que se acabaran las discriminaciones institucionales en salud y previsión, y se reconociera y garantizara la educación gratuita laica y no sexista.

En cuarto lugar, la Constitución debía por fin pronunciarse respecto del catálogo de derechos humanos y resolver el problema de la jerarquía normativa de la incorporación de los tratados de derechos humanos en el ordenamiento jurídico, en particular en la constitución.

Asimismo, y estimó que la Comisión ya conocía de sobremanera la urgencia que significaba para las organizaciones feministas, para organizaciones de mujeres y en particular para la vida de las mujeres, el hecho que todavía Chile no haya ratificado el protocolo facultativo de la Convención contra todas las formas de discriminación contra la Mujer, que no era simplemente un tratado más. Querían recalcar que la exigibilidad de los derechos de las mujeres a través de la denuncia ante este organismo, también significaba evidenciar que quizás el Estado puede también cometer violaciones graves o sistemáticas a esta Convención.

El Estado de Chile se había mantenido ausente de todos los informes que se habían hecho, en todas las evaluaciones, en particular los últimos informes que había presentado Chile ante la Convención en materia de derechos humanos.

Haciendo un alcance respecto de la redacción de la norma, cuando el ejecutivo estaba manifestando que se evitara toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria, el Estado de Chile también estaba al debe en esta materia respecto al término discriminación arbitraria.

Quiso ser bien enfática en esto, porque toda la legislación internacional en materia de derechos humanos, y en específico en materia de discriminación, ya establecían a la discriminación en sentido negativo, no existía la discriminación positiva, eso tenía otra denominación y hacía 30 años que los organismos internacionales le dicen al Estado de Chile que por favor modifique, evite decir discriminación arbitraria, pues la discriminación siempre era negativa, y lo que necesitaban era que el Estado haga la diferencia de si estaba haciendo una acción afirmativa, una medida positiva, una medida que avanza a la igualdad, o estaba discriminando.

Agradeció esta instancia porque creían que la legitimidad de los procesos de reforma constitucional hoy en día, y dadas también las características que tenía el país y el grado de movilización que habían alcanzado las demandas feministas, se requería que el ejecutivo como el legislativo incorporaran a la ciudadanía de forma activa en el pronunciamiento y en la redacción de este tipo de reformas.

Hizo hincapié en que no importaba quizás ya tanto cuál fuera el mecanismo que fuera a utilizar, pero una reforma que se planteaba y que pretendía también educar a la ciudadanía a través de mecanismos democráticos, tenía que incorporar de forma paritaria a las mujeres, hombres y mujeres por igual.

En conclusión, querían abogar por una constitución que realizara un cambio sustantivo y de manera transversal hacia la igualdad de género, que se tradujera en mejorar las vidas de las mujeres y las niñas, porque si no hacían eso y si solo lo dejaban en una igualdad formal, quedarían exactamente dónde estaban después de la reforma del año 1999, que ya estableció la igualdad formal entre hombre y mujeres.

La diputada Orsini consultó si conocían alguna constitución de otro país que estableciera una igualdad sustantiva, no meramente formal, que estableciera derechos específicos para las mujeres con su correlativo deber por parte del Estado, de su garantización.

Bárbara Sepúlveda Hales, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, señaló que efectivamente todas las constituciones que avanzaban en materia de igualdad de género establecían derechos y derechos específicos de las mujeres y las niñas, y deberes correlativos para el Estado.

En particular, quiso rescatar aquellas constituciones que establecían un mandato expreso al legislador para establecer la igualdad. En este caso estaban la constitución de Argentina en su artículo 75, la de Ecuador en sus artículos 65 y siguiente y 324 y siguiente, la constitución de Italia en su artículo 117, la constitución de Finlandia en su artículo 6º, al igual que la constitución de México, sólo por nombrar algunas constituciones que establecían esta manera de consagrar el deber específico para el Estado de actuar, más allá de sólo establecerlo como un mandato genérico, o en un fraseo genérico de ‘será deber del Estado’, siendo deber en este caso del legislativo el realizar todas estas modificaciones e incorporar la perspectiva de género en toda la legislación, futura y actual.

El diputado Gutiérrez (presidente) consultó si eso decían la constitución argentina o la ecuatoriana.

Bárbara Sepúlveda Hales, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, señaló que había mandato expreso al legislador, en particular, en las constituciones Argentina, la de Ecuador, la de Italia, Finlandia y Méjico, y había muchas más constituciones en el mundo que consagraban los deberes, los derechos específicos de las mujeres. Pero un mandato expreso a actuar, en esas constituciones.

El diputado Díaz estimó que esto entroncaba con la discusión que habían tenido respecto de la incorporación de los derechos específicos de niños, niñas y adolescentes, y al final un poquito iba en la misma dirección. Respecto del caso español, o el caso alemán que citó la semana anterior, que también hablaban de remover los obstáculos, de labor activa, consultó si lo interpretan también como un mandato expreso o seguía siendo formal.

Bárbara Sepúlveda Hales, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, señaló que se podría decir que había mandatos en sentido fuerte y en sentido débil. Un mandato en sentido débil decía o utilizaba frases como ‘tendrá que remover los obstáculos’, ‘tendrá que evitar que’, o ‘va a promover lo siguiente’, sin establecer quien lo hace.

En ese sentido sabían que el Estado era el garante de los derechos, pero también necesitaban establecer quién en el Estado sería el que tuviera que actuar para evitar o promover. Todo esos verbos rectores estaban bien en términos generales, y estimaban que eso siempre era un avance, la igualdad formal era un avance, pero la igualdad no se lograba a través de la redacción del texto, porque quedaba en el aire y no tenían aquí a nadie a quién hacerle exigible, por ejemplo, el establecimiento de una medida.

En el caso de un mandato fuerte se sabía quién era el responsable de establecer, no sólo como el ejecutivo una política pública, sino que por ejemplo una legislación con enfoque de género, y también era importante, así como se establecía quién era el responsable de la medida, que se estableciera específicamente el destinatario del derecho. Por eso, estimó que había que consagrar los derechos específicos de las mujeres y las niñas.

Erika Montecinos Urrea, coordinadora general de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, agradeció la invitación a la agrupación, principal referente del movimiento lésbico feminista en Chile. Para ellas era muy importante dar su visión, como mujeres con su orientación sexual y manifestar también en este proyecto de ley las violencias que también ellas vivían por, además de ser mujeres, su orientación sexual.

Con este proyecto de reforma constitucional debían manifestar que si bien resultaba de importancia para el desarrollo de reestructuración y justicia de la posición de la mujer en el país, no era menos importante reflexionar sobre la necesidad de construir en conjunto, como sociedad y ciudadanía, un proyecto de Constitución tal como lo estaban señalando las compañeras abogadas feministas, originariamente legítima y acorde con los avances actuales en materia de derechos fundamentales, fueran estos civiles, políticos, sociales o mundiales, en lo que se reconociera valor y fortaleciera e integrara la diversidad, no solamente la diversidad sexual, sino que también la diversidad de mujeres que habitaban en Chile, con una educación laica y no sexista.

Recordó a algunas autoras feministas que sustentaban lo que estaba diciendo, un breve paso por el pensamiento de varias mujeres feministas les ayudaría a ilustrar más o menos la posición de la mujer en la sociedad. Por ejemplo Flora Tristán, quien dijo ‘todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer’; Susan B. Anthony, ‘igual salario, por igual trabajo’; Amanda Labarca, ‘que nos brinden a todos y a todas justicia, libertad, democracia y bienestar y que permitan a la mujer laborar de igual a igual que el hombre, en el logro de estas ansiadas y queridas esperanzas’; Elena Caffarena, ‘soy feminista por vocación democrática’; Simone de Beauvoir, ‘el hombre es definido como ser humano, mientras la mujer es definida como hembra, cuando la mujer se comporta como ser humano se dice que imita al hombre; Susan Sontag, ‘no está mal ser bella, lo que está mal es la obligación de serlo’; Monique Wittig, ‘las mujeres, aunque extremadamente visibles como seres sexuales, permanecen invisibles como seres sociales’; Judith Buttler, ‘la categoría de sexo no es ni invariable ni natural, más bien es una utilización especialmente política de la categoría en la naturaleza que obedece a los propósitos de la sexualidad reproductiva, y la argentina Malena Pichot, actriz y comediante, ‘las mujeres van golpeadas a las comisarías y no les creen, la justicia es relativa’.

Con estas citas quería decir, en términos generales, cuáles eran las expectativas que tenían con respecto de esta reforma. Querían protección y promoción de la institucionalidad para la participación igualitaria de las mujeres en todos los aspectos de la vida de la sociedad. Favorecimiento de la autodeterminación de las mujeres y la eliminación del mainsPlánning. Establecimiento de una educación no sexista, acceso equitativo a todas las etapas de ésta. Desarrollo, implementación de políticas públicas equitativas en el área de salud y de previsión social, considerando la carga histórica injusta y casi exclusiva de la maternidad en la familia sobre los hombros de las mujeres, con inclusión del aborto sin causales. Cautela eficaz del acceso igualitario y equitativo a la vida laboral y montos salariales.

Específicamente en lo que les concernía como mujeres lesbianas, además de los enunciados e incluyendo toda la diversidad de mujeres como sujetas políticas y con derechos, solicitaban desarrollo y aplicación de políticas públicas penales y de protección material que sancionaran los crímenes, delitos y la violencia de toda clase de la que eran objeto por su orientación sexual. Con eso recordó el caso de Nicole Saavedra, mujer joven lesbiana, secuestrada de Quillota, torturada y asesinada no solo por ser mujer, sino por asumirse como lesbiana y tener una expresión de género que no acomodaba en general a la sociedad. Ella fue asesinada el año 2006 y su caso aún estaba en la fiscalía, todavía no se encontraban culpables.

Asimismo, querían fomento de una educación no sexista que incluyera la legitimidad de las mujeres con orientaciones sexuales disidentes a la heterosexual, o la introducción de cambios legislativos que reconocieran la efectiva existencia de diferentes tipos de familias, siendo una de tales situaciones la posibilidad de adopción por mujeres que hayan suscrito el acuerdo de unión civil, y el reconocimiento legal en igualdad de condiciones la afiliación legal entre la madre no biológica y sus hijas e hijos a través de la reproducción asistida. Es decir, derechos filiativos y desarrollo de políticas públicas en salud sexual, según las necesidades de las mujeres lesbianas y bisexuales.

En ese sentido, el proyecto de reforma constitucional debía considerar un concepto de mujer íntegro, diverso, que dejara fuera toda creencia religiosa o personal que invisibilizara o acallara la existencia de mujeres que desafiaban el statu quo imperante debido a su orientación sexual, o que se les negara también derechos. El Estado de Chile era laico, gustara o no, y debía incluir como sujetas de protección constitucional y legal a todas las mujeres que no eran cisgéneros o heterosexuales. De lo contrario, esta reforma sólo reflejaría que imperaba una vez más la mirada hetero normativa que regía las relaciones entre hombres y mujeres y que nada aportaba a la igualdad que pretendía subsanar este cuerpo legal en trámite.

Por último, mencionó también a sus compañeras las mujeres trans, que además de las cuestiones anteriores, se requería protección legal e implantación efectiva y rápida del derecho al cambio registral de género para todas las mujeres trans, incluyendo a las personas menores de edad.

En conclusión, la posición de la mujer era fruto de una construcción social caduca, inmoral e interesada, pues en efecto no existía un orden natural o divino que lo justificara en pleno siglo XXI. Solo se trataba de educación y de voluntad política.

El diputado Díaz consultó a la Asociación de Abogadas Feministas si concordaban con lo que algunos de los diputados expresaron en la sesión anterior, respecto a la ubicación o la insuficiencia de una reforma sólo al artículo 1, y la necesidad de incorporar un artículo 19 o 19 bis como algunos han señalado.

A la Ministra le expresó que veía un problema, porque lo que había manifestado Erika Montecinos le parecía que era correcto, que debieran recoger esa perspectiva porque de lo contrario era una reforma insuficiente, que no se hacía cargo de la diversidad de la realidad de género de Chile.

Se estaba discutiendo la ley de identidad de género y tenían varios desafíos pendientes en esta materia. Lo que entendía era que había una trilogía que no se satisfacía con la reforma que votaron en general, el marco general, la norma genérica que era el mandato, mandato claro con responsable claro y el estatuto de derechos específicos, y eso no lo iban a resolver en un artículo, ni con una indicación.

Al respecto, habían preparado una indicación, pero cada vez iba pareciendo que se quedaba corta y la suma urgencia no contribuía a esa reflexión. Entendía la señal política que el gobierno quiso dar y yo estimó que ya la dieron sobre que iban a generar la norma, pero la cuestión ahora era sacar una buena norma, y estaba claro que no bastaba con la reforma a un solo artículo, sino que había que ir mucho más allá.

Siempre les ocurría que el legislador iba, iba a decir unos metros, pero no, kilómetros más atrás que la sociedad. Entonces aquí había una oportunidad también de actualizarse. Por ello, la pregunta a la Ministra, si se comportaban como el Senado, donde la suma urgencia no importaba, no corrían las urgencias, recordó que el actual Ministro de Defensa cuando presidía la Comisión de Constitución en el Senado nunca respetó las urgencias, pero como en esta Comisión eran caballeros y señoras respetuosas, podían pedirle a la Ministra que considerara dar el espacio para esta discusión. Porque si no, lo que tendrían era una reforma muy formal que los podía dejar contentos, pero que no avanzaba nada y quedarían exactamente donde estaban el año 1999 con la reforma a la Constitución que se hizo en el gobierno de Eduardo Frei Ruíz-Tagle.

El diputado Gutiérrez (presidente) recordó que en la última jornada de esta comisión se hizo una jornada maratónica. Se escuchó a nueve personas que concurrieron a esta Comisión de diversas entidades y para su sorpresa se manifestaron todas muy de acuerdo con la norma, pero con la necesidad de hacerle una inclusión que hiciera exigible ese deber que estaba señalado en la reforma constitucional. Concordó que era posible tener que debatir un poco más, pero dependían también de las urgencias gubernamentales.

Isabel Plá Jarufe, ministra de la Mujer y Equidad de Género, señaló que no solamente el gobierno tenía interés de dar una señal política en esta materia, también interpretaban que la sociedad y el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado y con bastante unanimidad todos los sectores políticos también tenían, sentían, que esa suma urgencia que instaló el gobierno era bastante representativa del espectro democrático.

Además, como gobierno querían una reforma que fuera representativa, que quedara bien, que resolviera los problemas, los vacíos que tenían y estaban disponibles por supuesto a renovar la suma urgencia, y entendía también según le manifestaron extraoficialmente diputados y diputadas de Chile Vamos, que ellos estaban también solicitando o proponiendo la invitación de otros especialistas a quienes también sería interesante, para ellos como ejecutivo y también para la Comisión escuchar.

Estaban disponibles para renovar la suma urgencia, hacer una discusión, pero sí solicitó respetuosamente al poder legislativo y a la Comisión de Constitución, no extender excesivamente tampoco la discusión sobre el tema, que llegara a perder sentido la señal que querían dar como democracia en este momento. Al menos, esa era la posición del gobierno.

El diputado Cruz-Coke agradeció la exposición de la abogada feminista y de la asociación Lésbica. Estimó que habían sido muy ilustrativas y evidentemente, efectivamente, las cosas podían ser más exhaustivas y probablemente más específicas, abarcar tal vez un número mayor de modificaciones. Pero le parecía que lo que estaba proponiendo el gobierno era un paso, como había señalado la Ministra, que si bien podía ser genérico, era un buen paso. Entendía que las expositoras lo valoraban desde esa perspectiva también.

Respecto de lo que se señalaba sobre las urgencias, quería hacer sólo un punto. En las reuniones de comités que tenían con las distintas bancadas, a veces alegaban que los proyectos estaban tomando bastante tiempo en salir de las distintas comisiones, y le parecía que este era un proyecto bastante acotado en términos de lo que modificaba, a pesar de la importancia que tenía, y sin embargo tampoco le parecía que tuvieran que estar tomándose un tiempo excesivamente mayor, porque luego venían precisamente los reclamos de que no había proyectos en la Sala, se señala por los diarios que había sequía legislativa y en esto, como bien dijo la Ministra, estaban ante una urgencia social también.

Por ello, le parecía que estos proyectos había que aprobarlos y ojalá que lo discutieran, expusieran dentro de los plazos de urgencia que el gobierno se había puesto y que no se extendieran más allá de lo razonable en el debate.

El diputado Saffirio señaló que uno de los grandes temas que había estado en discusión en el último tiempo era el tema de la educación no sexista, pues se entendía que una sociedad no sexista no podía existir sin una educación no sexista, porque allí estaba el origen de todas las cosas, en la educación en todos sus niveles.

Por ello, un grupo de diputados habían presentado una indicación a este proyecto de reforma, para agregar un inciso segundo al número 10 del artículo 19 de la Constitución, señalando que ‘es deber del Estado promover una educación inclusiva y no sexista en todos los niveles’. En tal sentido, y aprovechando la presencia de las expositoras, y sin que eso las comprometiera, porque entendía que podía ser algo más complejo de opinar, ojala conocer alguna opinión sobre tal indicación.

Bárbara Sepúlveda Hales, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, señaló que no cabía preocuparse, porque si estaban acá era para comprometerse con sus opiniones. Respecto de una incorporación en la Constitución, específicamente en el artículo 19, en el número 10, estimó que sí era necesario incorporar en la Constitución que era deber del Estado promover una educación no sexista. Una educación laica y pública no podía discriminar en ningún sentido, específicamente por el hecho de que contaba con recursos públicos, es decir, el Estado no debiese financiar la discriminación, ni el sesgo de ningún tipo.

Por ello, saludaban esa indicación, y de todas maneras la habían considerado.

Erika Montecinos Urrea, coordinadora general de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, felicitó la indicación, pues estimó que era importante el hecho de incluir una educación, y que dijera ‘inclusiva’, para que también incorporara toda la diversidad de mujeres, de personas que habitaban este país, así es que era muy importante.

S. 20 de 13 de junio de 2018.

La señora Claudia Sarmiento, abogada, comentó que ha tenido la fortuna de observar en primera línea como el debate cultural político y normativo sobre la igualdad ha ido lenta pero consistentemente transformándose. Las demandas de los movimientos feministas eran hasta hace muy poco tiempo atrás no sólo rechazadas y ridiculizadas sino acusadas de constituir una ideología, que valiéndose de la categoría de análisis del género buscaba subvertir un orden, natural e inmutable, que se mantenía ajeno a cualquier interpelación cultural o a cualquier cambio histórico. Lo anterior, se indicaba, suponía un acto que, a la postre, era un engaño para las mujeres pues se les mantenía oculto el verdadero objetivo tras las demandas feministas que es pervertir su condición natural. Cuando dice poco tiempo atrás, se refiere honestamente a menos de un año y dentro de esta misma Corporación.

Con alegría y optimismo, distingue en la presentación de este proyecto el inicio de un tránsito hacia la construcción de un nuevo piso común de conversación y de avance, donde existe un consenso político acerca de la discriminación estructural que afecta a las mujeres, uno donde quizás lo más importante es que tal injusticia ya no es justificada como un sino maldito que persigue a las mujeres sólo por serlo, sino uno que permite y busca precisamente desnudar que no hay nada natural en la subordinación, la violencia, la discriminación y el abuso de un sistema que afecta radicalmente a las mujeres pero que no deja incólume a los hombres.

Adelantó que estructurará su presentación de la siguiente forma: 1°, objetivos que se persiguen tras la reforma y, en particular, qué constituye su explicación y justificación; 2°, la capacidad de la propuesta de cumplir con el objetivo planteado, sus virtudes y limitaciones; y 3°, la pertinencia del objetivo planteado.

Sobre lo primero, el artículo único el proyecto de ley propone agregar en el inciso quinto, del artículo 1º de la Constitución Política, la siguiente frase “Asimismo es deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria”. En el Mensaje se indica con claridad que se espera “que no haya duda alguna de que este deber constituye un elemento fundamental de las bases de la institucionalidad”. En concreto y respecto del ámbito de aplicación señala “el compromiso que debe asumir el Estado es establecer una cultura de tolerancia cero contra todo tipo de violencia, abuso, acoso, discriminación o maltrato hacia las mujeres, en todos los espacios donde éstas se desenvuelven”. Asimismo en el Mensaje se mencionan hitos y ámbitos de aplicación o de preocupación que permiten comprender la reforma que se propone, a saber, reformas políticas destinadas a garantizar el derecho a la participación política de las mujeres, la necesidad incorporar dentro de las tareas de cuidado la lógica de corresponsabilidad, mejorar las brechas en materia laboral y la incorporación de mujeres en cargos de decisión, la prohibición de violencia y el respeto por la diversidad de proyectos de vida de las mujeres.

En su presentación de 4 de junio recién pasado la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género indicó que es determinante la ubicación de la reforma en las Bases de la Institucionalidad pues coloca el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres evitando toda forma de violencia, abuso, discriminación arbitraria como un objetivo político de primer orden, cuya fuerza ordenativa debe irradiar todo el ordenamiento jurídico.

Resulta evidente que conforme con el Mensaje del proyecto y la presentación que del mismo hiciera la Ministra, el Ejecutivo constata la existencia una situación de discriminación que afecta a las mujeres, que excede con creces la situación individual de una de ellas o de un pequeño grupo. Que si las mujeres participan menos en política, si trabajan menos y por menos dinero, no es por falta de interés o capacidades sino porque son víctimas de violencia, tanto el ámbito público como privado, y que esto no se debe a un problema o una patología de unos pocos sino un sistema cultural, político y jurídico que lo ampara. Que existen limitaciones en el crecimiento de las mujeres y hombres que los obligan a ceñirse a ciertos relatos vitales como si hubiera un libreto que indicara qué vida debe vivirse y qué aquellas identidades que no se conforman no merecen igual respeto o protección.

Agregó que si ha leído correctamente el diagnóstico del Ejecutivo coincide con él. Si la propuesta busca dejar en claro que esta situación no es aceptable y que el Estado debe tomar un rol activo en la modificación de este status quo, le parece correcta y necesaria la incorporación de una cláusula de estas características.

Ahora, sobre si es la propuesta capaz de producir el objetivo esperado, analizó que la discriminación, el abuso y la violencia que padecen las mujeres tiene profundas raíces históricas y, como la mala hierba, crece fértil donde menos lo esperamos y es de difícil, pero no imposible, erradicación.

Señaló que está tarea supone poner en entredicho las estructuras de opresión que las sostienen, ya sea que esto sea parte del andamiaje institucional y legal, las relaciones económicas, los procesos de socialización y educación o el etnos cultural. Además, es de complejo abordaje pues afecta la distribución del poder político y económico, las representaciones sociales, los discursos admitidos y admisibles e, incluso, las más íntimas dinámicas familiares.

La igualdad es un concepto que pocos atacarían y al que muchos adhieren y abrazan, pero este elemento político y normativo es un concepto esencialmente controvertido pues quiénes son iguales, qué es lo que se igualará, dónde y quiénes han sido iguales, inquietudes que podemos rastrear hasta Aristóteles y que hasta nuestros días ha desatado las más enconadas discusiones y las más sangrientas revoluciones. Qué es lo que debemos esperar con este cambio, cuál debiera ser una razonable expectativa de cambio, por qué nuestro sistema requiere una modificación. Mirar el contexto total de la Constitución permitirá apreciar qué falta en la normativa actual que justifique la aprobación de esta reforma.

Mencionó que en el año 1999 fue modificado el artículo primero para reemplazar el vocablo ‘hombres’ por ‘personas’ y se preguntó si, en teoría, todas las personas son iguales por qué el Estado se debe comprometer con la promoción de la igualdad y derechos entre hombres y mujeres, evitando toda formas de violencia, abuso o discriminación. Responde que, tratándose de las mujeres, la mera declaración de su condición de persona y titular de derechos no ha bastado para que lo sean.

Este fenómeno no es nuevo ni único en nuestro país, si se revisa el derecho internacional de los derechos humanos podemos ver que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, convivió con situaciones de discriminación largamente extendidas. En Chile, las mujeres pudieron ejercer plenamente su derecho a sufragio recién en 1952, como cuatro años después de que adherimos a la mencionada declaración. Misma situación se generó en los tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos, universales en cuanto a su formulación, tienen comités que no fueron capaces de distinguir las violaciones de derechos humanos de las mujeres. Así, por años, se mantuvieron silentes frente a la violencia experimentada por las mujeres al interior de sus hogares. Los Estados indicaban que éste era un problema privado, lo que explica por qué hasta el día de hoy la violencia al interior del espacio doméstico que sufren las mujeres no es nombrada como tal, sino como una afectación a un bien familiar, donde no se distingue la direccionalidad del abuso.

Lo que siguió en materia internacional fue un proceso de especificación donde surge la CEDAW y, en el ámbito latinoamericano, la Convención Belém do Pará. Las virtudes de estos textos son varios pero, en síntesis, cuentan con cláusulas donde la igualdad, la prohibición de discriminación y la erradicación de la violencia son una obligación del Estado que se extiende el ámbito público y privado, que abarca incluso acciones destinadas a modificar la cultura machista y un catálogo de derechos que, a partir de una clara hermenéutica, reconoce el efecto pernicioso que el sistema patriarcal produce en las mujeres.

Con esta perspectiva en mente, la propuesta de reforma constitucional tiene la virtud de explicitar que frente a un sistema patriarcal que ha desafiado las declaraciones formales de igualdad el Estado debe abandonar un rol pasivo para ser un actor en el proceso de cambio cultural que subvierta el estado de cosas injusto en el que nos encontramos. Si bien esto ya debiera ser considerado parte de las obligaciones del Estado, a través de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, no es una materia sobre la cual existe un consenso suficiente. Por tanto, si es necesario que para eliminar dudas quede expresamente indicado dentro de las Bases de la Institucionalidad, bien vale la pena disipar cualquier posibilidad de vacilación.

Sin embargo, manifestó que la redacción propuesta adolece de la fuerza necesaria para provocar el efecto esperado. Sobre el punto, refirió que el profesor José Francisco García manifestó que el proyecto en estudio precisaba explicitar los límites, ya que la reforma jamás podría suponer cargas para los privados. Los cambios en estos ámbitos solo podrían ser el resultado de ejercicios de autorregulación. Bajo esta lógica, un proyecto de ley que disponga, por ejemplo, un criterio de paridad en la integración del directorio bajo esta interpretación sería inconstitucional y esta reforma no habría dado lugar al objetivo primigenio que se planteaba.

Si la discriminación contra las mujeres es estructural, sistémica e histórica la solución que se proponga debe disipar cualquier duda sobre su capacidad de superarla, no debe existir vacilación sobre la posibilidad de que el Estado promueve acciones que en los más distintos ámbitos permitan subvertirla. No debe existir duda sobre las facultades que existen, no sólo para eliminar discriminaciones, esto es, distinciones en el trato arbitrarias, sino para facilitar la plena participación de las mujeres en condiciones de igualdad, es decir, igualdad real.

Tal situación, a su juicio no queda clara en la reforma propuesta y, aunque es altamente valiosa su ubicación dentro de las Bases de la Institucionalidad, al no estar acompañado de mecanismos claros de exigibilidad a su potencial transformador se diluye vertiginosamente.

Como ideas finales, reflexionó que si esta reforma desea cumplir con los objetivos propuestos debe quedar claro que el Estado garantizará la igualdad y buscará activamente que se evite toda forma de violencia, abuso y discriminación. Además, debe analizarse si la reforma debe ir o no acompañada de una cláusula hermenéutica en el catálogo de derechos que obligue a su intérprete a reconocer los derechos de las mujeres. Acotó que la propuesta sólo tendrá real sentido cuando nos encontremos frente a un Estado capaz de cumplir con la palabra empeñada: social, democrático y de derecho, por lo que una clausula de igualdad robusta solo será efectiva de facto con una nueva Constitución, que considera indispensable si verdaderamente se quiere avanzar hacia la superación de una sociedad patriarcal.

El señor Leonardo Estradé-Brancoli, asesor legislativo, adhirió con todos los planteamientos teóricos recién expuestos. En términos generales se mostró conforme con la propuesta pero considera que lograría mayor eficiencia si utilizara la expresión ‘garantizar’ más que ‘promover’, porque supone para el Estado asumir un compromiso real.

Sobre la expresión ‘discriminación arbitraria’, sugirió eliminar el término ‘arbitraria’ puesto que da lugar a interpretaciones erróneas, para dejar claro que la discriminación es siempre negativa.

Respecto a la indicación presentada por el diputado Saffirio, le parece va en la línea correcta, porque profundiza y establece un compromiso mayor para el Estado. Ahora, si se consagran los derechos sexuales y reproductivos en el área de la educación, también debiese hacerse en el área de la salud, y la igualdad salarial en el ámbito laboral.

Preguntó si establecer expresamente la igualdad entre hombres y mujeres obliga o no a hacer modificaciones en otros cuerpos legales, porque en lo relativo al régimen de sociedad conyugal muchos todavía sostienen que no es inconstitucional.

Mencionó dos instancias históricas. Primero, la modificación constitucional al artículo 1 del año 1999, que inicialmente buscaba la igualdad entre el marido y la mujer. Sin embargo, el conflicto no se zanjó porque no había divorcio, ni ley de aborto, la patria potestad aún la ejercía el marido, entre otras. Segundo, la comisión constituyente del año 1973, que tuvo dos fases, donde este tema tuvo una larga discusión. El señor Enrique Ortúzar citó el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “hombres y mujeres de edad núbil gozan de iguales derechos durante el matrimonio y una vez disuelto”, a lo que Enrique Evans rebatió de que se trataba de proteger a la mujer. Por su parte, Jaime Guzmán argumentó que se debe distinguir entre hombres y mujeres como individuos y cómo se relacionan con el ordenamiento jurídico, sobre esto último el hombre era el jefe de familia, sea que lo ejerciera en el rol de padre o en el de marido. Sobre la igualdad ante la ley, don Alejandro Silva Bascuñán señaló que hay igualdades aparentes y puso como ejemplo “si jubilan los notarios de la A a la N con 35 años de servicio y los de la O a la Z con 40 años de servicio, hay igualdad entre los de la A a la N y entre los de la O a la Z”, pero es aparente, no es igualdad. Finalmente, se aprobó el texto vigente. Con posterioridad, la junta militar sacó la frase porque eran partidarios de mantener un sistema marital y familiar patriarcal.

Según lo expresado, concluyó que una propuesta de esta naturaleza obliga a efectuar un conjunto de modificaciones en distintos cuerpos legales, cuidando de no establecer igualdades aparentes.

El diputado Díaz, consultó a la señora Sarmiento si intervendría otras normas constitucionales.

La diputada Cariola preguntó cómo hacer efectivo el espíritu de la propuesta.

El diputado Boric preguntó a don Leonardo si la propuesta del Gobierno supone una igualdad aparente y, de ser así, si su incorporación al catalogo de derechos del artículo 19 con su respectiva acción solucionaría el problema.

A la ministra, consultó si el Gobierno está dispuesto en avanzar en la línea de lo señalado por la expositora señora Sarmiento, en orden a hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.

La diputada Núñez pidió a la profesora Sarmiento reiterar sus propuestas concretas, en aras de mejorar el presente proyecto.

El diputado Walker observó que las exposiciones van en la misma línea que lo señalado por varios diputados respecto a la necesidad de incorporar esta garantía en el catálogo de derechos constitucionales y dotarla de protección. En ese sentido, hizo lectura de una indicación que invitó a los demás integrantes a suscribir.

La profesora Sarmiento señaló que el proyecto, a su juicio, va en la línea correcta porque se necesita que la Constitución, como marco dentro del cual se construyen las políticas públicas, acoja lo que hora no existe: igualdad entre los hombres y las mujeres.

Pero, con esa perspectiva en mente, el objetivo propuesto es tremendamente ambicioso. La propuesta no puede dejar espacios de ambigüedad ni de interpretación. Por lo anterior, recomienda ser muy preciso en determinar cuáles serán las facultades del Estado, en qué ámbitos podrá promover la no violencia y la prohibición de discriminación, si contará con las herramientas necesarias para intervenir otras áreas de la legislación o de la vida nacional, hasta ahora intocables.

La igualdad es un principio político, que justifica que exista un orden coercitivo en el cual todos nos sentimos conminados a participar, pero también tiene una bajada mucho más pragmática, porque también es un derecho, consagrado en el catálogo del artículo 19, por lo que habría que revisarlos uno a uno para analizar si efectivamente se están interpretando en clave de derechos de las mujeres y no discriminación.

Si se quiere hacer una revisión completa de la Carta Fundamental, a partir de los criterios de no violencia, prohibición de discriminación y promoción de la igualdad, es determinante estudiar si la forma como se ordena el país genera acuerdos institucionales que propician la igualdad o no.

El señor Estradé-Brancoli aclaró que la propuesta no contiene una igualdad aparente pero sí insuficiente.

Aclaró que la distinción entre los términos ‘diferencia’ y ‘discriminación’, dejando claro que solo el primero puede o no ser arbitrario. La discriminación es en sí misma negativa, siempre.

La profesora Sarmiento acotó que en el derecho comparado el concepto de discriminación hace referencia a una distinción en el trato que es esencialmente arbitraria. Habitualmente esa distinción se encapsula en lo que se denomina ‘categoría sospechosa’. Frente a un hecho de discriminación se invierte la carga de la prueba y se presume que quien está haciendo la distinción está actuando de manera arbitraria.

Sin embargo, en nuestro derecho constitucional la definición de discriminación generalmente se acompaña del apellido ‘arbitraria’ porque se busca clarificar que existen distinciones de trato que no son arbitrarias.

En consecuencia, el uso de la expresión ‘arbitraria’ va a depender de la cultura jurídica de que se trate.

Para mejorar el proyecto sugirió revisar el verbo rector de la cláusula propuesta para que quede claro que el Estado tiene un deber de promover la plena igualdad. Además, es determinante que quede muy claro el ámbito de aplicación del mandato, si es solo al interior del Estado o alcanza al ámbito particular. Finalmente, reiteró que la reforma debiese estar acompañada de una revisión al catálogo de derechos del artículo 19 y de mecanismos que permitan asegurar algún grado de justiciabilidad de lo que se propone.

La Ministra Plá agradeció ambas intervenciones e hizo presente que esta reforma constitucional debe ser observada en el marco de una serie de reformas y de cambios que el Gobierno está impulsando.

Sin perjuicio de compartir algunas de las aprehensiones expresadas sobre el alcance de la norma y la solidez de los efectos de la reforma manifestó que los términos de la cláusula son suficientemente explícitos en sus objetivos. Sin duda establece un deber para el Estado, una acción positiva de promover la igualdad de derechos y de evitar toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.

Aseguró que avanzar en esta reforma conllevará una mayor celeridad en la agenda de igualdad de género, ya que podrá invocarse este principio constitucional en los debates de los demás proyectos de ley relacionados.

La diputada Orsini señaló que comparte el diagnóstico que los expositores hicieron sobre el proyecto en tabla, ya que si bien la reforma responde a una declaración de buenas intenciones que agradece su texto resulta insuficiente para mejorar ese diagnóstico. Anunció que presentará tres indicaciones que se hacen cargo de manera más contundente de las desigualdades e inequidades de género y que espera se puedan discutir en una próxima sesión.

La diputada Vallejo reafirmó la postura de su antecesora. Acotó que las indicaciones apuntan a que la reforma constituya realmente un avance en materia de igualdad de género, estableciéndose obligaciones y deberes específicos para el Estado en distintas materias.

El diputado Díaz, después de haber escuchado a la sociedad civil y a los expertos, concluyó que la reforma es insuficiente para alcanzar los objetivos señalados en el mismo mensaje, lo que requerirá intervención de otras disposiciones, además del artículo 1.

S. 21 de 19 de junio de 2018.

Alejandra Ovalle, profesora de derecho, agradeció la invitación a presentar o exponer sobre este proyecto de reforma constitucional. Comenzó señalando que la conservación y legitimidad de una constitución dependían, en buena medida, de la existencia de mecanismos que permitieran su adaptación y modificación.

Una de las razones que motivaban las reformas constitucionales eran precisamente los cambios sociales, y el proyecto de reforma constitucional en actual tramitación recogía una evolución de la sociedad que se había expresado en la preocupación por la situación de profunda desigualdad que ha experimentado la mujer en la vida política y social del país, y que eso sí que subsistía hasta nuestros días.

En esta presentación se referiría a cuatro temas. El primero era la incidencia de la Constitución en la promoción de la igual dignidad y derechos entre mujeres y hombres. El segundo era la protección y la promoción de la igual dignidad de derecho bajo la constitución vigente, bajo el texto constitucional actual. El tercer punto, los efectos que produciría una eventual aprobación de este proyecto de reforma constitucional. Para terminar, se referiría a la importancia de la deliberación democrática en la definición de los mecanismos específicos para la promoción de la igual dignidad y derechos entre hombres y mujeres.

El primer punto tenía que ver con preguntarse si influye o no influye, o tiene incidencia una constitución, o una reforma constitucional, en el logro de un objetivo como el señalado. Naturalmente que una reforma constitucional no iba a solucionar por sí sola el problema histórico de la discriminación de la mujer, tanto a nivel normativo como de trato. Un cambio cultural de esta envergadura requería una serie de acciones legislativas, administrativas, políticas públicas, de autorregulación, y el esfuerzo conjunto del Estado y toda la sociedad civil.

Sin embargo, tampoco se trataba de algo meramente simbólico o carente de efecto jurídico. Una reforma como la que se estaba discutiendo, y recordando que durante la tramitación de la reforma constitucional del año ‘99 que sustituyó la palabra hombre por persona en el artículo primero, y agregó hombres y mujeres son iguales ante la ley, durante ese debate parlamentario se expresaron opiniones en la línea de algunas de las objeciones que se habían oído respecto a este proyecto.

Se señaló que era una mera declaración de intenciones, que era algo exagerado, que era innecesario, una perspectiva jurídica que no producía daño. Esos comentarios estaban asociados a la reforma, y no obstante eso, el texto que establece el artículo 19 N°2, que hombres y mujeres eran iguales ante la ley, había tenido el importante efecto jurídico de elevar el estándar de la fundamentación en el caso de que el criterio de distinción fuera el sexo.

Como era bien sabido, las diferencias tanto a nivel de normas como de trato eran constitucionalmente admisibles en la medida en que fueran racionales y no arbitrarias. Pues bien, existían sentencias del Tribunal Constitucional en que se había expresado que la existencia de esta disposición expresa, que señala que hombres y mujeres eran iguales ante la ley, suponía que en el caso de que una diferencia estuviera sustentada en el sexo, la razonabilidad de la justificación debía ser especialmente fuerte. O sea, el estándar que exige el Tribunal para justificar por qué se estaba distinguiendo entre hombres y mujeres, cuando ese era el criterio, se había elevado, y eso respondía u obedecía a la reforma constitucional del año ‘99 que agregó ese texto legal.

Respecto a la constitución vigente, la mujer tenía protección constitucional ante la vulneración de la igualdad esencial entre ambos sexos. Había una serie de artículos, no los repasaría en aras del tiempo, pero había una serie de disposiciones que servían para proteger a la mujer ante la vulneración de la igualdad formal. Estaba el artículo 19 N°2, con la expresión expresa de prohibición de establecer diferencias arbitrarias, estaba prohibida la discriminación en el ámbito laboral, la igualdad en la admisión a funciones públicas.

Entonces, respecto a este primer grupo desde la perspectiva del derecho fundamental, la igualdad tenía una doble dimensión. Primero en cuanto a derecho o atributo de toda persona ante una vulneración o afectación, sea a través de la ley o sea a través del trato que puede dar el Estado, o los privados. Ante eso se podía recurrir y había diversas acciones, invocando ciertas disposiciones, la igualdad ante la ley y aquellas que estaban aquí mencionadas.

Pero, además de eso, existían también disposiciones constitucionales que permitían al Estado adoptar acciones y medidas orientadas a erradicar la violencia, el abuso y la discriminación arbitraria en contra de la mujer. O sea, existía sustento constitucional para que el Estado hoy, y bajo el texto vigente, adoptara medidas en esta línea. Algunas de las disposiciones podrían ser otras el reconocimiento de la dignidad inherente a toda persona. En el concepto de persona, evidentemente, estaban comprendidas las mujeres. O en la finalidad del Estado de promover el bien común, pues en la noción del bien común se hace expresa referencia que permita a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, el deber del estado de promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades, el deber del órgano del estado de respetar y promover los derechos humanos, etc.

En el caso en que el Tribunal Constitucional se pronunció respecto al sistema de cuotas que se incorporó en la ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, la cuota para las declaraciones de candidatura de las elecciones a diputados y senadores, el Tribunal admitió la constitucionalidad del sistema de cuotas precisamente en base a la norma del artículo 1º inciso cuarto, que es la de bien común, y la del deber específico del Estado de asegurar la participación en igualdad de oportunidades.

Lo que quería decir es que acciones destinadas directamente a promover la igualdad esencial entre hombres y mujeres encontraban sustento constitucional ya. Dicho lo anterior, se preguntaría o al menos ella se preguntaría si era o no necesaria una reforma de esta naturaleza, si es que existían esas y otras disposiciones constitucionales que permitían avanzar en este importante objetivo.

A su juicio, la reforma si agregaba ciertos elementos que no estaban presentes, que podrían contribuir a avanzar en la igual dignidad y derechos entre hombres y mujeres, y entonces, cuáles eran esos cambios que produciría la eventual aprobación de una reforma como ésta.

En primer término, incorporaba a las bases de la institucionalidad la promoción de la igual dignidad de derechos entre hombres y mujeres. La Constitución era una de las denominadas constituciones valorativas o axiológicamente definida, vale decir, asumía un compromiso con un conjunto de principios y valores que estaban contenidos fundamentalmente en el capítulo primero, bases de la institucionalidad.

En este sentido, esta reforma contribuiría a precisar el contenido material de la visión humanista, que era el atribuido a la constitución vigente, en el sentido que era el reconocimiento de la dignidad e igualdad esencial de toda persona, lo que suponía erradicar la violencia, el abuso y la discriminación arbitraria en contra de la mujer.

En otras palabras, consideraba que a través de esta reforma se nutría o se dotaba de contenido disposiciones que ya existían. Ya estaba reconocida la dignidad de toda persona humana, estaba reconocida la igualdad esencial, pero una norma como ésta incorporaría a esa noción la idea de que esa dignidad y esa igualdad esencial no era tan completa, en la medida en que subsistían acciones que dejaban a la mujer en una posición de menoscabo. Al respecto, las disposiciones que integraban las bases de la institucionalidad no eran una mera declaración de principios, no eran declaraciones de principio o intenciones similares a las que estarían en un preámbulo por ejemplo.

Los artículos, las disposiciones que estaban en este capítulo primero eran normas jurídicas propiamente tales, tenían fuerza normativa, aplicación directa. Eso significaba que se podían aplicar directamente, sin necesidad que existiera una ley que mediara esa aplicación. Por lo tanto, el hecho de que estuviera en este capítulo, donde se identificaban fundamentalmente los principios y valores, no le restaba la categoría de norma jurídica.

Y además, el hecho de incorporarse en este capítulo específico de la Constitución, le asignaba a ese objetivo fundamental un rol en la interpretación, en la interpretación de todo el resto del texto constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho expresamente que el capítulo primero era de un profundo y rico contenido doctrinario que reflejaba la filosofía que inspiraba la Constitución y orientaban al intérprete en su misión de declarar y explicar el verdadero sentido y alcance del resto de la preceptiva constitucional. De esta forma el objetivo de asegurar la igual dignidad de derechos entre mujeres y hombres pasaría a adquirir el carácter de principio constitucional fundamental, que debía ser considerado al momento de determinar el sentido y alcance al interpretar todas las demás disposiciones de la Constitución.

Un segundo efecto que se podría identificar respecto a esta reforma, era que establecía un mandato de rango constitucional de priorizar uno de los posibles objetivos que el Estado y la sociedad podían proponerse para el logro del bien común y el efectivo ejercicio de los derechos.

La finalidad del Estado, la dignidad de la persona humana, la promoción de los derechos humanos si bien sirven para sustentar medidas orientadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, también ofrecían un sustento a otras acciones del Estado destinadas a asegurar condiciones sociales esenciales para la vida digna y el efectivo ejercicio de los derechos. Eran las mismas normas que el Tribunal Constitucional invocó para efectos de justificar una medida como el sistema de cuotas en la ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios.

Estas mismas normas servían para fundamentar otras acciones estatales orientadas al logro del bien común, servirán de sustento para medidas asociadas a erradicar la pobreza, a avanzar en la protección de la salud, en la calidad de la educación o el acceso a la justicia por mencionar algunas de ellas, todas estas materias por cierto muy relevantes y necesarias. Al respecto, lo que hacía la Constitución era fijar un marco general que orientara la actuación del Estado y le entregaba a los órganos políticos, al poder ejecutivo y el poder legislativo, el definir cuáles serían esas prioridades y cuáles los mecanismos específicos.

Entonces, si es que se aprobaba esta reforma constitucional lo que se estaría haciendo era darle una prioridad, o priorizar, uno de los diversos y múltiples objetivos que podía asumir el Estado y la sociedad para el logro del bien común y el ejercicio, y el efectivo ejercicio de los derechos. Ahí había una guía, una orientación, una directriz de rango constitucional respecto a la actuación de los órganos políticos.

El tercer efecto, y último que se podría identificar, era que este mandato estaba asociado a un deber del Estado. La reforma del ‘99 incorporó la frase hombres y mujeres son iguales ante la ley a nivel de un derecho fundamental en el artículo 19. En cambio, esta reforma se incorporaba no solamente en el capítulo bases de la institucionalidad, sino que además se asociaba a un deber del Estado, por lo que su cumplimiento suponía la adopción de medidas positivas, legislativas y administrativas, y no solamente respetar la igualdad formal, absteniéndose de dictar normas o adoptar decisiones que supongan una discriminación arbitraria.

En otras palabras, el Estado no solamente debía respetar y proteger la igualdad, y esto lo tenía que hacer por la vía de no dictar normas que contuvieran una esquematización arbitraria y evitar que en el trato que hacen sus organismos existen esquemas arbitrarias. No bastaba con el cumplimiento de un derecho, del ejercicio de un derecho, sino que además el Estado debía comprometerse a adoptar medidas positivas, legislativas y administrativas, para avanzar en la promoción de este derecho.

Esto adquiría especial de relevancia si se consideraba que ante situaciones de discriminación histórica, como ocurría en el caso de la mujer, el sólo asegurar la igualdad formal o ante la ley no era suficiente para romper patrones culturales de desigualdad. Entonces, el texto que se proponía proporcionaba un sustento constitucional directo a las acciones afirmativas.

Frente a estos tres efectos que se habían identificado, la pregunta que cabía era si aseguraban que existiera un cambio sustantivo en este ámbito a nivel social, y su respuesta era que no. Si bien existía un efecto jurídico relevante, si es que se incorporaba como deber del Estado en las bases de la institucionalidad, evidentemente que eso no aseguraba que existiera un cambio profundo y sustantivo en este ámbito.

Sin embargo, propuso como ejemplo muy breve el caso de los principios de probidad y transparencia, que se incorporaron por primera vez en la Constitución el año 2005, a nivel de bases de la institucionalidad tal cual como se estaba haciendo ahora, se incorporó en el nuevo artículo 8, y en su momento cuando se aprobó esa reforma constitucional el año 2005 muchos expresaron su escepticismo relacionado con la real y genuina incidencia que iba a tener una reforma como ésta.

Había en ese momento una cultura del ejercicio de la función pública bastante distinta, había otros estándares relacionados con la publicidad y el acceso a la información pública. Y bueno, se aprobó esa reforma y esa reforma solo incorporó a nivel de principios y de base la disposición que ahora estaba vigente, no agregó un derecho fundamental, no agregó el derecho al acceso de la información pública, y producto de esa reforma se generó una acción no solamente del Estado sino que también de la sociedad civil, de ONG que han sido muy activas en el tema, que dio lugar a la ley de acceso a la información pública, luego a la ley de lobby, el trabajo del Consejo para la Transparencia, el reconocimiento jurisprudencial de un derecho hacia la información pública, en fin.

Ese era un ejemplo que ilustraba un cambio constitucional que produjo un cambio radical en una cultura que existía previa a su incorporación. No lo hizo por sí sola, pues si se hubiese dejado la pura reforma constitucional no existiría el cambio que existió, pero gatilló o generó una serie de medidas y acciones en esa línea.

El último punto al que se referiría era la importancia de la deliberación democrática en la definición de los mecanismos específicos. En el fondo, la pregunta era si resultaba conveniente la fórmula o técnica contenida en el mensaje, en el entendido que se había planteado en el debate público la necesidad de establecer derechos concretos y acciones específicas con rango constitucional.

A su juicio, el establecimiento de un deber del Estado asociado a un objetivo permitía establecer con rango constitucional una prioridad social, sin reemplazar o sustituir a los órganos políticos en la definición de los medios específicos. La constitución, y esa era su finalidad, fija un marco de acción, y dentro de ese marco de acción había múltiples opciones posibles y eran los órganos políticos, el poder legislativo y el poder ejecutivo, los llamados a elegir y determinar los mecanismos y opciones. Las decisiones de conveniencia política debían entregarse a la deliberación democrática, era éste el lugar o el espacio donde debían producirse y ponderarse el mérito, la conveniencia, la oportunidad del contenido de la regulación, respetando por cierto los márgenes y límites constitucionales.

Ese principio, que era un principio general, y a su juicio especialmente relevante en este caso, ante el objetivo de promover la igual dignidad y derechos entre mujeres y hombres, lo era por las siguientes razones.

Las acciones afirmativas se traducían en un trato especial a grupos que habían sido víctimas de una discriminación histórica, y entonces lo que se intentaba hacer era corregir patrones de desigualdad y exclusión. En razón de ello, las acciones afirmativas se aplicaban en distintos contextos, podía haber acciones afirmativas a nivel político, a nivel empresarial, laboral, a nivel educacional, se aplicaban en distintos contextos, podían adoptar distintas formas. En ocasiones suponía la disposición de recursos públicos, y además se concebían como transitorias, pues la idea era implementarla hasta corregir esa desigualdad histórica y luego volver al régimen normal de igualdad formal.

Todas esas notas asociadas a las acciones afirmativas reforzaban la idea de que su definición debía ser entregada al debate y deliberación democrática, y que no podían establecerse de un modo general con rango constitucional. En tal sentido, en el tema de las acciones afirmativas había que ponderar caso a caso la efectividad, la pertinencia, por qué, porque había diversidad de opciones. Pero además, porque si bien las acciones afirmativas eran una excepción a las reglas de igualdad formal, que se han entendido, en principio, constitucionalmente admisibles, las acciones afirmativas muchas veces suponían la limitación de otros derechos fundamentales.

Implementar una acción afirmativa podía suponer restringir o limitar otros derechos fundamentales, tales como el de la libertad de asociación, la libertad de trabajo, la autonomía de los cuerpos intermedios, la autonomía universitaria. Entonces, había que ponderar y analizar, y ese era rol de los órganos políticos, si es que la intensidad de la limitación o restricción del otro derecho era o no constitucionalmente admisible, porque por relevante que fuera un objetivo como este, el que trata el proyecto de reforma constitucional, eso no justificaba afectar el contenido esencial de otro derecho. Por lo tanto, cuando se va al mecanismo concreto, a la acción afirmativa específica, eran muchos los elementos que había que ponderar.

Los ejemplos existentes del caso chileno daban cuenta de esa diversidad de mecanismos. Había sistemas asociados a incentivos, como el incentivo a los partidos políticos en el caso de que sus candidatas hayan sido efectivamente electas, y el tema del financiamiento, que un porcentaje del financiamiento de los partidos políticos debía asignarse a esta materia, había cuotas y si se fijaban en el tema parlamentario, se escogió establecer las cuotas a nivel de creación de candidatura, no de escaños. En cambio, para el caso de los partidos políticos la solución fue distinta, se exige en los órganos colegiados centrales y regionales un número determinado de cuota. Las soluciones han ido siendo distintas, porque los principios involucrados eran distintos.

En síntesis, a su juicio una reforma constitucional como la propuesta podía contribuir a avanzar en la igualdad y derechos entre mujeres y hombres, por todas las razones que se indicaron.

Víctor Manuel Avilés, profesor de derecho, agradeció la invitación a exponer a esta Comisión y ante la Ministra aquí presente. Pensaba hablar poco, pero escuchando a la profesora Ovalle, prácticamente concluía que no debía hablar, por lo que acortaría sustantivamente su exposición y se referiría más concretamente al proyecto en cuestión.

El proyecto sin duda se hacía eco de un sentir nacional. El momento del país no estaba para referencias implícitas a la igualdad, el momento exigía referencias explícitas al hombre y a la mujer. A veces la palabra hacía acciones, a veces la palabra transformaba las sociedades, y el momento del país tenía que ver con eso.

Además, a través de este proyecto se estaban honrando serios compromisos internacionales adoptados ya el año 1989 por Chile, al ratificar el tratado del año 1979 de las Naciones Unidas en materia sobre discriminación de la mujer. De esta forma, se había visto como en el derecho comparado se habían adoptado medidas constitucionales, convencionales o de tratados, y también medidas legales.

En materia legal en Chile ya se había hecho algo. La profesora Ovalle se refirió a la ley de cuotas, aunque no profundizó en eso. En materia convencional tenían la Convención sobre la Discriminación de la Mujer, tratado contra la violencia de la mujer y otros acuerdos internacionales que habían permitido un avance, habían ido comprometiendo paulatinamente a los Estados en esta lucha.

Desde el punto de vista de la Constitución, ahora y honrando compromisos de esos tratados que obligaban al Estado a consagrar la igualdad, a prohibir la discriminación y a garantizar y establecer acciones en contra de ellas, se habían ido también adoptando distintas medidas en los textos constitucionales.

Así, en un primer momento existieron normas generales. Los hombres primero, después las personas, eran iguales.

Se avanzó en diferenciar entre hombres y mujeres. Hoy el artículo 19 N°2 señala los hombres y mujeres son iguales ante la ley, y posteriormente se estableció no solamente la igualdad ante la ley, sino la igualdad en la ley, pues ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias discriminatorias o arbitrarias. Diferencias en la ley era un mandato, y en consecuencia al legislador se establecieron también en algunas constituciones prohibiciones de discriminar.

En otras constituciones se ha ido más allá y se habían establecido deberes preferentes del Estado en materia de lograr una igualdad real entre hombres y mujeres, y el caso quizás más conocido era el caso alemán, donde derechamente se estableció la obligación del Estado alemán de garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer.

Analizaría el proyecto separándolo en dos partes. La simple lectura del proyecto para entendedores avezados como los aquí presentes, daba cuenta que regulaba dos cosas bastante diferentes. Señala el proyecto que se debía integrar al inciso número quinto del artículo primero de la Constitución la siguiente oración: “asimismo es deber del estado promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria”.

Propuso analizar este proyecto separándolo en dos partes. La primera parte era la que termina en la afirmación ‘hombres’, en la expresión hombres, y la segunda, la que comenzaba con la frase ‘evitando toda forma de discriminación’.

La primera parte lo que hacía era algo realmente original en nuestro sistema. Establecía un deber del Estado, un deber preferente que se incorporaba, además correctamente, dentro de la Constitución, por cuanto el inciso quinto lo que hacía precisamente era establecer deberes preferentes del Estado. Así, protección de la familia, asegurar la igual participación de los ciudadanos en el desarrollo nacional, etc.

En consecuencia, al incorporar este proyecto este deber preferente el Estado en este inciso, lo estaba haciendo de manera técnicamente correcta y, además, haciendo eco de lo que era un sentir o una demanda popular. Desde ese punto de vista le parecía adecuado el proyecto.

La segunda parte establecía, o parecía establecer, ciertas consecuencias de este deber del Estado, que se refieren a evitar toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria. La verdad era que la Constitución actual ya establecía este tipo de prohibiciones, establece por sí la prohibición de la discriminación arbitraria, es decir, aquella que no se fundamentaba ni en la razón ni en el bien común, y lo establecía explícitamente en el artículo 19 N°2.

Aun más, ya en el artículo 19 N°16 y tomando una tendencia que también había sido recogida en otras constituciones, donde la consagración de la igualdad entre hombres y mujeres no se había limitado a cosas generales, sino que había entrado en materias especiales, se plasmaba esta situación en materia laboral.

Algunas constituciones se abocan en materias de educación, en materia de salud, en materia política. La constitución argentina establecía que era deber del Estado asegurar la igual participación de hombres y mujeres en la vida política el país, y bueno, nuestra Constitución en el artículo 19 N°16 señala que se prohíbe cualquier discriminación en materia laboral que no se base en dos elementos, idoneidad y capacidad personal.

En consecuencia, ni siquiera un elemento de discriminación que pudiese estimarse no arbitrario, por no ser contrario al bien común o no ser irracional, estaba permitido en materia laboral. Ya se tenía una consagración más estricta en materia laboral que la que se estaba proponiendo en este proyecto. A su vez, en materia del Banco Central derechamente se prohibía la discriminación, al señalarse que no se podrá discriminar entre personas que desarrollan operaciones del mismo tipo. No importaba si había arbitrariedad o no arbitrariedad, si había buenos o malos argumentos, se prohibía derechamente la discriminación.

Que quería decir con todo esto. Que la segunda parte del proyecto parecía tener un efecto que no quedaba del todo claro. Había una regla clave al momento de interpretar una Constitución, y acá se estaba legislando para que se produjera un efecto, y en consecuencia quien ha de aplicar la constitución, tendrá que interpretarla.

La primera regla era que la constitución perseguía una finalidad, para algo se dictaba la norma, el constituyente no establecía repeticiones ociosas, y cada vez que creía que una palabra no tenía un sentido normativo específico era él quien se estaba equivocando al momento de interpretar la constitución, y parecía que no estaba encontrándole el sentido, pero alguno debía tener, por algo se dictó la norma.

Entonces, cuando se señalaba ‘evitando toda forma de violencia’, y ya sabían que la violencia estaba prohibida en la Constitución, pues existía una consagración del derecho a la vida y a la salud de las personas, estimaba que la violencia que le podía afectar no estaba permitida.

Pero había otros derechos también que tenían que ver con la violencia o abuso. Por ejemplo, existe una consideración de la dignidad de las personas, y en consecuencia, entendía que no se podía abusar de una persona o incurrir en una discriminación arbitraria, pues existía una prohibición explícita de discriminación arbitraria en lo que se refería a la igualdad en y ante la ley.

Entonces, que se estaba queriendo decir acá, y ahí era donde estimaba que el proyecto podría presentar alguna dificultad, porque si bien pareciera querer reforzar que no podía haber violencia, no podía haber abuso, ni podía haber discriminación arbitraria en esta materia, señalaba que debía evitarse, pero sabían que los textos constitucionales comparados cuando querían referirse a esta materia ocupaban una expresión levemente más fuerte, ‘prohíbase’ cualquier acto de violencia, prohíbase cualquier acto de abuso, prohíbase cualquier expresión de discriminación arbitraria.

Aún más, cuando se ha querido proteger una determinada igualdad con más fuerza, derechamente lo que se hace es prohibir una forma de discriminación, sea o no arbitraria. Esto ocurría en el artículo 19 N°16 en materia laboral, o incluso en materia de igualdad ante el Banco Central, y en consecuencia pareciera ser que la segunda parte podía crear más problemas, por cuanto se podría estimar por ejemplo que evitar quiere decir algo así como si ‘a’, entonces tratemos de que ‘no b, c y d’. Sí ‘a’, es decir, si se va a proteger la igualdad entre el hombre y la mujer, y la otra expresión es la dignidad de las mujeres, entonces había que evitar ‘b, c ó d’, cuando realmente pareciera que lo que correspondía era prohibir, y aunque no se dijese así, se entendería de conformidad a la actual Constitución.

En consecuencia, era más crítico de la segunda parte del texto que de la primera. En relación a la primera parte, simplemente propondría una pequeña adaptación, pues le parecía que la expresión ‘promover’ la igualdad de derechos y dignidad ante las mujeres era revisable. Se preguntó si acaso era necesario promover, o lo que se necesitaba era un mandato expreso para que la Constitución organizara el Estado a fin de resguardar una igualdad que ya existía, pero que no se había plasmado en la realidad precisamente y eso era lo que se quería solucionar, y si era así, no se estaba promoviendo como si fuera algo que se estaba entregando a personas que no lo tenían.

Ya la Constitución señalaba que los hombres y mujeres nacen libres e iguales en dignidad y derecho, ya la Constitución señalaba que los hombres son iguales y las mujeres son iguales ante la ley. En consecuencia, lo que simplemente planteaba, haciéndose cargo de la vieja discusión de si bastaba una consagración, en una constitución clásica y liberal si se quiere, el declarar un derecho, o también se requería dar alguna oportunidad y rol al Estado para asegurarse que ese derecho fuera efectivo.

Este proyecto venía exactamente en esa línea. La gracia que tenía el proyecto era que establecía un deber del Estado, ese deber no era promover sino que era proteger la igualdad y la dignidad de hombres y mujeres. En tal sentido, sobre la segunda parte sugería derechamente no aprobarla, porque en realidad lo que hacía era debilitar un mandato que era bastante más tajante en la Constitución.

Sí le parecería interesante que se estableciera una norma distinta, por ejemplo, manteniendo alguna flexibilidad para poder discriminar entre hombres y mujeres. Por ejemplo, para permitir una ley de cuota podría señalarse que se permite la discriminación entre hombres y mujeres sólo si una ley de quórum calificado así lo permitía. Ese mecanismo estaba utilizado en la Constitución para permitir la intervención del Estado en materia económica, pues como dijo la profesora Ovalle, si era tan clara la necesidad de una discriminación fundada en la razón y el bien común, por eso no era arbitraria entre un hombre y una mujer.

Si era, por ejemplo, necesaria una ley cuota, que haya un quórum especial para establecerla, pero por regla general había que siempre poner en duda esta discriminación, porque había sido fuente de mucho dolor para la mujer a lo largo de la historia de Chile.

El diputado Boric, junto con agradecer las exposiciones, señaló que tenía varias dudas en función de lo que habían discutido anteriormente en esta Comisión. Consultando a la profesora sobre algo que planteó, sobre que la especificidad de este derecho era más conveniente regularlo en normas o en leyes y no en la Constitución. Quería aclarar esa afirmación, si es que la comprendió correctamente, porque más bien la discusión que había ocurrido en la Comisión últimamente era que esta propuesta, por lo menos por parte de la oposición, era que esta propuesta era insuficiente, y por ello habían surgido propuestas de indicaciones, en particular trabajadas por una bancada feminista que se había conformado, y que se imaginó que hablarían después.

Esas indicaciones se ingresaron en el sentido de darle mayor profundidad a la igualdad entre hombre y mujer, en particular en los enunciados, en los diferentes enunciados del artículo 19, y agregando un numeral al artículo 19, en el entendido que esta reforma, que sólo se refiere a las bases de institucionalidad del Estado era insuficiente.

Tratando de complementar, porque le parecía que eran complementarias su exposición con la del profesor Avilés, pareciera de que la indicación o la propuesta del ejecutivo era reiterativa. Simbólicamente importante, pero que se quedaba corta a la hora de garantizar, y por eso era importante la pregunta respecto al verbo rector que utilizaba en la propuesta del ejecutivo para la no discriminación o la igualdad entre hombre y mujer.

Entonces su pregunta, que era para ambos, era si estimaban que fuera posible avanzar un poco más allá en términos constitucionales respecto de la igualdad, entre el cómo la Constitución aseguraba la igualdad entre hombre y mujer, o si era que este proyecto del ejecutivo bastaba para ello. Lo preguntó también pensando un poco en retrospectiva, pues tenía la impresión, a propósito de lo planteado sobre la discusión del año ‘99 y el cambio de hombre a persona, sobre que hubo sectores que se oponían por los mismos argumentos que parecieran ahora oponerse a una extensión del derecho, pareciera que la historia avanzara en una dirección y había algunos que pretendían siempre frenarla.

Su impresión era que la propuesta se quedaba corta y quería saber si eso lo compartían, y si era posible constitucionalmente avanzar un poquito más allá.

El diputado Díaz consultó, porque no recordaba, en qué capítulo ni qué extensión tenían las normas sobre la probidad o transparencia en la acción pública incorporadas en la Constitución, porque le hizo sentido lo que planteó la profesora Ovalle, en el sentido que a partir de eso se creó un conjunto de disposiciones e instituciones que dieron vida a esos principios constitucionales.

Segundo, le hacía ruido esto de que la incorporación de la reforma en el capítulo primero, que insistió, había que tocarlo pero no era el único que había que tocar, fuera el sustento de las acciones afirmativas, porque ya tenían acciones afirmativas. En rigor, de hecho la ley de cuotas en las candidaturas ya estaba habilitada con una acción afirmativa en nuestro elemento constitucional, por lo que no requería sustento constitucional adicional.

Tercero, la justiciabilidad de los derechos que surgieran a partir del reconocimiento ya no formal, sino material de la igualdad de derecho entre mujeres y hombres, que no sabía si lo entendió bien, pero que consideraban que surgían desde la propia reforma del capítulo primero, de los organismos públicos, no sabía si de la acción misma, pero se planteó que la propia reforma mandataba a los órganos públicos, pero hasta donde su conocimiento constitucional alcanzaba, lo que no estaba en el artículo 19 no tenía acción.

La diputada Orsini señaló que a diferencia de la reforma del año ‘99 a la que hizo mención la profesora, esta reforma no les parecía exagerada, sino que por el contrario, les parecía insuficiente y era muy probable que muchas de las indicaciones que presentaran desde la bancada feminista fueran acusadas de todo lo contrario, de ser exageradas o innecesarias.

Por eso, consultó a la profesora si creía que era importante establecer criterios concretos de equidad de género en el catálogo de garantías constitucionales del artículo 19, pues como dijo la profesora Sarmiento la semana pasada, la neutralidad del catálogo de garantías constitucionales era patriarcal en su parecer. Eso en primer lugar.

En segundo lugar, consultó a la ministra y también a la profesora si les parecía a lugar o atingente establecer un mandato al legislador como ocurría en la constitución de Argentina, para que a la hora de legislar primara una perspectiva de género en cada uno de los proyectos que se tramitaban en este Congreso Nacional, y no solamente en cuanto a la equidad de género entre hombres y mujeres, sino que también para todos los grupos que habían sido discriminados, como por ejemplo por etnia, por edad, etc.

El diputado Raúl Soto agradeció las exposiciones, e hizo presente que el profesor Avilés fue su profesor junto a Ana María García, así es que era un agrado tenerlo acá.

Según las exposiciones, estaba claro que había consenso respecto a la necesidad, más que la recomendación jurídica, la necesidad social de establecer expresamente estas garantías en la Constitución y este deber del Estado. En ese sentido, aprovechando el minuto de confianza también y ya que tenían a dos ministros acá, el ministro Blumel y la ministra Plá, agradeció también la voluntad del ejecutivo en adelantar el debate constitucional, algo que muchos venían peleando desde marzo de este año, porque era muy necesario avanzar en algunas materias.

Varios de los que estaban acá, como el diputado Díaz o el diputado Saffirio estimaban que era importante empezar por la infancia, y habían presentado una reforma constitucional justamente para establecer también en el artículo 1 el deber del Estado de dar protección y garantizar los derechos de los niño, niñas y adolescentes, y también en el catálogo de garantías del artículo 19. Pero se sorprendió gratamente cuando con una técnica legislativa bien similar, el ejecutivo finalmente se abocó a impulsar este carro a raíz, obviamente, de toda la ola feminista y que el tema estaba muy contingente. Lo valoraban y lo aplaudían.

Respecto al proyecto en particular, y a lo que señaló el profesor Avilés particularmente, entendía que la recomendación era más que nada valorar y destacar el reconocimiento de la primera parte del proyecto en el inciso 5º del artículo 1, pero desechar la segunda, relativo al evitando toda forma de violencia abuso o discriminación arbitraria, entendiendo que eso estaría ya reconocido o garantizado por otros derechos más genéricos, y segundo porque se habían presentado también varias indicaciones que justamente lo que hacían era agregar en el catálogo del artículo 19 una bajada más específica respecto a este deber de protección, y que parecieran en muchos casos ser incluso reiterativos de esa segunda parte del artículo 1.

Entonces, si la recomendación era del punto de vista de técnica legislativa, sería quizás mantener solamente la primera parte y que la segunda parte se vaya haciendo en la bajada del catálogo. Consultó si es que esa era la recomendación que daban sobre el artículo 19.

El diputado Alessandri agradeció las exposiciones. Recordó que habían discutido varias veces en la Comisión, más que la importancia y la necesidad de este cambio, su ubicación, si iba en el 1, si en el 19, y frente a ello, quiso dejar una pregunta planteada a los expositores, sobre esa afirmación que hizo el diputado Díaz, sobre que si no estaba en el artículo 19 no tenían acción, si acaso era tan así eso, pues entendió que la profesora Ovalle mencionó que había jurisprudencia en el sentido contrario, y frente a ello, no tendría que necesariamente estar en el 19 para tener acción, pues había cosas que no estaban en el artículo 19 y de todas formas se habían protegido. Pidió ahondar en el tema.

El diputado Gutiérrez (presidente) señaló que no le quedaba claro que de verdad fuera innecesaria la segunda parte de este artículo. Se podría plantear ‘prohibiéndose’, pero de todas formas podrían ser redundantes por lo que dijo el profesor Avilés, pero a le parecía que el artículo así como estaba, salvo cambiar lo que el mismo profesor planteó, que en vez de ‘promover’, ‘proteger’, procedería. Asimismo, lo que les habían manifestado también otras personas, sobre modificar ‘discriminación arbitraria’ y solamente dejarlo en discriminación.

Pero le daba la impresión que era necesaria la segunda parte. Por ello, pidió ahondar en el asunto.

Víctor Manuel Avilés, profesor de derecho, señaló que esto tenía directa relación con la justiciabilidad. Cuando se consagraba con mucha fuerza en una norma un determinado aspecto, los que litigan, cuando interpretaban para un conflicto que ni siquiera se imaginaban ahora, pero que podían tener en el futuro, buscaban eso, la justiciabilidad.

Cuando el Estado ha querido realmente reforzar una materia, lo ha hecho y ahí estaba la norma de la mujer. Se ha puesto en el artículo primero la prohibición de la discriminación y, por lo tanto, esta era una materia especial regulada ahí, y no era regulada en consecuencia en la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, que era precisamente lo que era justiciable ahora mediante la acción de protección.

Bajo su óptica, debilitaba la protección que se le quería dar a la mujer el regular esta materia que no tiene acción de protección directa, porque entregaba un argumento para señalar que era ahí, en el artículo 1º donde estaba regulado en relación a la mujer y no en el 19 N°2, que se referiría al resto de las materias. Desde ese punto de vista estimó conviene sacarlo del artículo primero, centrarse ahí en establecer el deber del Estado de resguardar, y dejar todo el resto, que era una prohibición, estaba prohibida la discriminación arbitraria, no era algo que se debía evitar, estaba prohibido derechamente y era justiciable precisamente porque estaba en el artículo 19 N°2 y no porque lo hayan sacado y lo hayan puesto en el artículo 1, justamente para evitar esa discusión a futuro cuando nadie más vuelva a leer, o quizás sólo los estudiosos que leyeran el acta de esta sesión, y vuelva a aparecer la pregunta de si estaba prohibida la discriminación arbitraria en el artículo 19 N°2 en materia de la mujer, o parece que no, que estaba en el artículo 1.

Alejandra Ovalle, profesora de derecho, señaló que si pudiese sugerir algo al respecto, consideró que antes de entrar a los verbos , si estaban mal redactados, porque igual derechos y dignidades eran la misma, mientras sugeriría poner la igual dignidad y derecho, esa era una cosa de redacción, pero le parecía que era más adecuado hablar de la promoción de la igual dignidad y derechos entre mujeres y hombres, porque la igualdad entre derechos y dignidades pareciera ser que tenían dignidades distintas, cuando era la misma a su juicio, de acuerdo a lo que entendía.

Respecto a la propuesta del profesor Avilés, todo el texto que estaba aquí ya existía. O sea, la igualdad en dignidad, en derecho, la prohibición de violencia, discriminación, todo eso ya existía. Entonces, le parecía que era adecuado, con todo el respeto que le merecía el profesor Avilés, mantener esa segunda parte porque precisaba en qué había consistido esa desigualdad. Si es que estaban estableciendo un deber específico, que ya podría tener otro sustento el hecho de la segunda parte, del ‘evitando toda forma de violencia, abuso y discriminación arbitraria’, precisaba que en eso había consistido la desigualdad.

Le parecía que el promover era más amplio que el resguardar, o se podrían poner las dos cosas, resguardar y promover, porque la protección o resguardo estaba asociado al derecho. Cuando a una mujer, en concreto, le vulneran su derecho a la igualdad ante la ley, ahí estaba el resguardo, ahí estaba la protección y ahí era donde se ejercían las acciones asociadas al recurso de protección.

En cambio, la promoción involucraba otras acciones activas distintas a la protección de una persona con nombre y apellido a quien se le ha vulnerado un derecho. Por ejemplo, si el Estado hacía una campaña para tratar de cambiar un tema para crear conciencia, ahí no estaba resguardando un derecho, sino que estaba promoviendo un cambio cultural, lo mismo que ciertas acciones afirmativas. Entonces, desde esa perspectiva, si bien le parecía adecuado agregar ‘proteger’ o ‘resguardar’, el promover le agregaba desde la perspectiva de la medida, algo que no estaba en el primer verbo.

Lo último era que tendrían que sentarse a redactar, pero estimó que él ‘evitando’ versus el ‘prohibiendo’, cabía tener presente que eso era como si se estuviese prohibiendo, que el Estado le prohibía a terceros la discriminación, pero lo excluía a él de esa obligación. Entonces, desde esa perspectiva el ‘evitando’ era tanto una obligación para el Estado de evitar toda forma de violencia, abuso y discriminación, como a su vez de evitar que lo privado, la sociedad etc., incurra en eso.

Habría que sentarse a buscar a lo mejor otra palabra, pero tendría cuidado en que se incorporen ambos, tanto una prohibición hacia el Estado como hacia el resto de la sociedad.

Sobre las consultas del diputado Boric, si las entendió bien, señaló que hoy la Constitución vigente sería en principio suficiente para garantizar la igualdad. Se daban cuenta que no había sido suficiente porque a nivel social y cultural subsistían problemas de discriminación, y entonces lo que hacía esta reforma constitucional era incorporar en el capítulo primero y base, este deber específico y ese deber se traducía en medidas y acciones, y lo que intentó plantear al final era decir que, dada la naturaleza de las acciones afirmativas, se estaba concentrando fundamentalmente en las acciones afirmativas, había otros mecanismos.

Dada la naturaleza de las acciones afirmativas le parecía que su análisis y discusión, su procedencia, su conveniencia, como juegan con otros derechos era caso a caso, mientras una constitución establecía mandatos amplios y generales. Entonces, si se dice ‘vamos a tener cuotas’ depende. Si le preguntaban si estaba a favor de las cuotas, depende.

Personalmente estaba a favor de las acciones afirmativas, pero creía que era muy importante analizar los contextos. Por ejemplo, en el caso del parlamento se optó bien o mal, ahí no se metería, pero se optó por las cuotas a nivel de declaración de candidatura, porque estaba en juego el principio de soberanía popular, del pueblo que se expresaba a través del sufragio. Entonces, cómo se iba a través de un mecanismo formal a adulterar o distorsionar esa voluntad del pueblo soberano.

Eso no estaba presente dentro de un partido político, entonces ahí la decisión fue, en ese caso, que tenían en juego un principio de la voluntad del pueblo soberano. Se sabía que se optaba por las cuotas a nivel de candidatura, no de escaños, no de resultados, mientras que en un partido político en que no estaba en juego eso, de frentón se les exigió en sus consejos respectivos a nivel general, central, un porcentaje que no fuera menor al 40% de mujeres en sus organismos.

Lo que quiso transmitir era que dada la particularidad, la diferencia de los contextos, la Constitución le parecía que no era el instrumento jurídico llamado a hacerse cargo de eso. O sea, a nivel de principio estaban los principios, estas reformas fuera como fuera que quedara redactada, contribuiría a que se avanzara en esa línea, pero que no era la constitución, dada su función, la llamada a regular en concreto y en específico cada uno de los mecanismos que decidiera este Congreso Nacional y o las políticas públicas que deseara implementar el ejecutivo.

Ahora, eso no significaba que no haya que tocar nada más. Ahí habrá que ver, no conocía las indicaciones, pero en el fondo eso no significaba que no tuviera ningún efecto la incorporación, pero también era importante tener claro cuál era el impacto real de una constitución. Depositar toda la confianza en la constitución, una cosa de equilibrio, no era una cosa meramente simbólica, la incorporación en las bases no era algo meramente simbólico, y el ejemplo que dio del año 1999 ilustraba como una modificación podía cambiar en cómo los tribunales van interpretando e invocando estos derechos.

Y no era que estuviese señalando que hubo un grupo que no dejaba avanzar, algo así se expresó, sino que el hecho de que una modificación fuera innecesaria no la tornaba carente de efectos, eso era lo quería decir. El hecho que haya otras normas generales que cubrieran esos aspectos no le quitaba efecto a una reforma Cuando se dijo en el año 1999 que hombres y mujeres eran iguales ante la ley, no sabía lo que pensarían en la Sala, pero estimó que antes del año 1999 también era igual a un hombre, nadie ponía en duda que cuando se decía que todas las personas eran iguales, que en la constitución aseguraba a todas las personas la igualdad ante la ley, estaba contenida también la mujer.

Desde esa perspectiva era innecesaria, para qué agregar que hombres y mujeres eran iguales ante la ley si ya estaba entendido eso, y así se entendía y nadie lo ponía en cuestión, pero esa reforma tuvo el efecto en los ejemplos jurisprudenciales que citó en el comienzo.

Sobre probidad y transparencia la regulación estaba en el capítulo primero, en las bases de la institucionalidad. El tema de las acciones afirmativas sí tenía sustento, pues en el caso concreto se consideró que eran admisibles constitucionalmente, pero cuando se le daba a los tribunales y a los órganos una disposición expresa y explícita, era más difícil que pudieran establecer una objeción constitucional. En ese caso ellos recurrieron, el Tribunal recurrió a otras normas, pero no había una habilitación expresa a hacer acciones afirmativas, y si se agregara esto sería más fácil.

Además, en ese caso concreto el Tribunal Constitucional se pronunció respecto a un tipo específico de cuota. Incluso se dice en la sentencia que era muy importante que en ese caso, en el sistema de cuotas se mantuvieran los mismos requisitos. Por ejemplo, ahí se estableció una cuota de 40 y 60 para las parlamentarias, pero tanto las mujeres como los hombres tienen que cumplir con los requisitos constitucionales para poder ser diputado o senador. Entonces, qué sucedería se preguntó si el día de mañana a lo mejor se presentara otro proyecto de ley en que se decidiera modificar algún requisito. No estaba segura si el Tribunal fallaría igual.

El diputado Gutiérrez (presidente) estimó que el tema de haber puesto, haber cambiado la palabra persona por hombre y mujer efectivamente, motivó una interpretación determinada en la Corte Suprema que potenció en los derechos. Es decir, que la interpretación debiera ser una interpretación que no discriminara nunca entre hombres y mujeres, aunque no fuera causal de discriminación.

Alejandra Ovalle, profesora de derecho, señaló que esa modificación, en verdad, se hizo para cumplir con ciertos compromisos internacionales. El cambiar hombre por persona en el artículo primero, la modificación que tuvo efecto fue cuando en el artículo 19 N°2 y se le agregó un punto y se le puso ‘hombres y mujeres son iguales ante la ley’, y eso era lo que los tribunales, el Tribunal Constitucional fundamentalmente había invocado para decir que si el legislador va a distinguir entre hombres y mujeres, la fundamentación que me tenía que proporcionar tenía que ser mucho más fuerte.

Cuando el criterio de distinción era otro, ya si se podía establecer distintas distinciones, por ejemplo por nivel socioeconómico, la ley podía establecer distinciones, lo que ha dicho el Tribunal era que dado que la Constitución innovó, que siguió los textos anteriores respecto a la igualdad ante la ley, pero que el año 1999 se le agregó hombres y mujeres son iguales ante la ley, en razón de eso, la justificación o fundamentación tenía que ser más alta.

Víctor Manuel Avilés, profesor de derecho, señaló que la inserción era correcta, de este artículo, de esta norma, en el artículo 1º de la Constitución. El artículo 1º no contenía ninguna expresión negativa, solamente mandato de acción. Entonces, ya la forma ‘evitando toda forma de violencia, abuso, discriminación’ ya era una inserción extraña en el artículo 1º.

Segundo, de la simple lectura de eso no quedaba claro cuál era el sujeto pasivo en la norma, por cómo estaba redactado. A su forma de interpretar, el sujeto pasivo era el Estado, el Estado era el que debía evitar y no necesariamente la sociedad toda. Cómo se entendía lo que se quería hacer, y no tenía ninguna duda de que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N°2 de la Constitución, la sociedad toda tenía prohibido discriminar arbitrariamente, cometer abuso o ejercer cualquier forma de violencia sobre una persona.

En consecuencia, estimó que confundía, la normativa constitucional no era de una buena técnica. Establecer, concretamente, la segunda parte en el inciso, en el artículo 1º inciso quinto, podía debilitar la protección de la mujer, que era lo que se perseguía con este proyecto.

Por eso, su propuesta era simplemente separar el proyecto. La primera parte dejarla en el artículo quinto, primero inciso quinto con la idea de resguardar, y si se quería analizar alguna forma de reforzar la prohibición de la discriminación en materia de género. La primera podría ser derechamente decir ‘se prohíbe toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria’.

La segunda podría ser ‘se prohíbe toda forma de abuso, de violencia, abuso o discriminación en materia de género’. El problema que tendría esta segunda alternativa era que complicaría la posibilidad de aprobar ley de cuotas en materias que hoy día tenemos, o en alguna otra materia habría que establecer una norma transitoria que dijera que quedaba vigente la ley de cuotas, y abrir la posibilidad a futuro.

Una tercera alternativa, derechamente, podría decir que se puede discriminar en materia de género, pero en virtud de una ley de un quórum especial, que también podría ser una alternativa, pero eso regulado en el artículo 19 N°2 y no en las bases de la institucionalidad.

El diputado Saffirio señaló que de lo que había escuchado de los dos, había ido borrando, agregando, borrando y agregando. Por qué, y se atrevía, entendiendo que el profesor Avilés era partidario de separar la segunda parte, pero pareciera que de las intervenciones de los diputados no había mucho acuerdo en eso, pero en cambio, cabía revisar si dijeran ‘asimismo, es deber del Estado resguardar y promover la igualdad de dignidad y derechos entre mujeres y hombres’, ‘prohibiéndose’, para evitar el efecto que se dijo, prohibiéndose incluido el Estado, toda forma de violencia, abuso o discriminación.

Víctor Manuel Avilés, profesor de derecho, señaló que le parecía que, por lo menos, quedaba claro que todo esto no era solamente del Estado, sino que de la sociedad completa.

Gonzalo Blumel, ministro Secretario General de la Presidencia, señaló a propósito de un planteamiento de la diputada Orsini, respecto al tema del enfoque de género en el trabajo legislativo, que hace algunos días, un par de semanas, se firmó un Instructivo para todos los ministerios, para que incorporaran el enfoque de género en su trabajo prelegislativo, y que eso fuera parte del proceso previo a la discusión o a la presentación de la ley al congreso.

Para ser justos, y en honor a lo hecho, esto venía de antes, no era primera vez, el gobierno anterior también lo tenía. De hecho la Ministra le comentó que esto era algo que se venía haciendo hace harto tiempo, pero como instructivo formal, concreto, un mandato para los ministerios ya se hizo en la administración anterior, y el actual gobierno lo actualizó, se incorporaron algunos elementos adicionales, y presentaron un instructivo para los ministerios para que eso fuera considerado.

Alejandra Ovalle, profesora de derecho, señaló que había un tema que era político, sobre donde se ponían las prioridades, y eventualmente se podrían agregar en otras partes de la constitución alguna referencia. En su parecer, o a mi juicio, a lo mejor más que llenar de referencias todos los demás derechos y al final empezar a distorsionar un poco la finalidad de la Constitución, pues la Constitución no era el lugar donde se fijaban las políticas públicas, etc., lo que a lo mejor podría hacerse era establecerse un mandato explícito al legislador, pero no solamente a incorporar el tema de género, sino que este mismo deber del Estado de promover la igual dignidad y derechos entre mujeres y hombres, que eso esté explícitamente contenido, y habría que ver en qué parte.

A lo mejor en el artículo 73, quizás en la regulación del Congreso Nacional, eventualmente podría ser en las materias de ley, habría que verlo. Pero a su juicio, más que llenar de referencias constitucionales, que la verdad era que no iban a causar gran efecto si es que no se bajaba a la legislación, se podría decir que tener una base de la institucionalidad que refuerce esta prioridad, asociado a un mandato explícito al legislador de dictar normas en esta materia, podía ir un poco más en la línea, resguardando un poco la casuística asociada a cada una de las acciones que se podían establecer.

Respecto a la justiciabilidad que indicaban los dos diputados, no daba acción, pero una cosa es que se pueda invocar como norma lo que estaban en las bases, y eso era lo que podía hacer jurisdiccionalmente era fortalecer un argumento. Cuando los tribunales interpretan, tienen a la vista distintos elementos, y entonces la existencia de una disposición como esta podía inclinarlos hacia una solución, por ejemplo, más favorable a las cuotas en esa línea, pero no es que a partir del artículo 1º inciso quinto se llegara a tener una acción específica. Ahora bien, en la igualdad ante la ley, y la igualdad entre hombres y mujeres como derecho, eso estaba ya consagrado en el artículo 19 N°2, y si estaba cubierto por la acción de protección.

El diputado Díaz señaló que ese era su punto, que lo que estaba propuesto era insuficiente. Por eso es que presentaron una propuesta para modificar el artículo 19 N°2 también, porque lo que estaba vigente ahí no había sido suficiente para corregir la desigualdad estructural. La propuesta le parecía bien, efectivamente la propuesta en el artículo 1 va a ser objeto de construcción jurisprudencial y los tribunales los van a usar en una u otra dirección y era un avance, estaba de acuerdo en que había que modificarlo, pero si no iba acompañado de alguna innovación en el artículo 19 N°2, se quedaban en el mismo punto desde la perspectiva de la acción.

Alejandra Ovalle, profesora de derecho, señaló sobre reformar el artículo 19 N°2, que más que modificarlo, la fórmula para fortalecer la eficacia, porque la acción ya existía, no le iban a agregar más que generar acciones distintas o instrumentos distintos, estimó que había que dotar a los tribunales de instrumentos y herramientas que le permitieran ir fallando de manera más fuerte en esta materia, y podía ser más relevante el efecto que tuviera una base de la intencionalidad que generaba una regulación, unas políticas públicas, un poco en la línea de lo que pasó con la transparencia, con la publicidad, la probidad, de la transparencia. Eso podía tener más efecto a nivel de derecho fundamental, que a lo mejor seguir cambiando la redacción del artículo 19 N°2.

Víctor Manuel Avilés, profesor de derecho, señaló que existían al menos dos alternativas. En el artículo 19 N°2 se podría avanzar en esta materia o establecer un requisito especial de quórum para cualquier discriminación en materia de género, que ya sería un avance, o derechamente prohibir cualquier discriminación, del modo, por ejemplo que existía en materia laboral. Eso sí, sería un avance en esta materia que el lugar para regular esto fuera el artículo 19 N°2.

Como una última acotación, le parecía que el hecho que estuviera incorporado en las bases de la institucionalidad la materia que estaban proponiendo como regulación, que se estaba proponiendo como regulación, daba cuenta de un deber del Estado como un todo. Por de pronto, ya incumbía al legislador, y no solo a legislador, también a la administración y al juez, el hecho que se estableciera una norma especial. Para el legislador, además, podía ser fuente a partir de una mala técnica legislativa, de problemas interpretativos, porque se habría establecido un deber especial para una determinada forma de expresión de la soberanía, la legislativa, y no para otras, con lo cual podría generarse argumentos en contra de lo que se quería lograr en la materia.

S. 22 de 20 de junio de 2018.

El diputado Gutiérrez (presidente) hizo presente que los invitados a la presente sesión se excusaron de asistir.

El diputado Diaz preguntó si es posible acceder al comparado que elabora la Secretaría antes del 3 de julio del presente, día acordado para iniciar la votación particular.

El diputado Gutiérrez (presidente) sugirió fijar como último plazo de presentación de indicaciones el día miércoles 27 de junio hasta las 23.59 horas, lo que permitirá a la Secretaría trabajar en el comparado y enviarlo vía electrónica antes del día de la votación. Así se acordó.

La señora Isabel Plá, Ministra de la Mujer y Equidad de Género, aseguró que todas las opiniones vertidas durante la discusión del presente proyecto serán debidamente consideradas. También, valoró que en la mayoría de las intervenciones se reconociera la importancia que tiene una propuesta de esta naturaleza.

S. 23 de 3 de julio de 2018.

Votación en particular

La señora Isabel Plá, ministra de la Mujer y Equidad de Género, manifestó que antes de iniciar la votación particular quería hacer una breve introducción. Precisó que el Presidente Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto que propone establecer en el artículo 1° de la Constitución Política de la República como un deber del Estado el promover la igualdad de derechos y dignidad para mujeres y hombres.

Puntualizó que no es trivial la decisión presidencial, y desde luego está muy lejos de pretender ser un cambio cosmético o meramente simbólico como alguna de las personas que expusieron en la Comisión señalaron, sino que es ni más ni menos que una propuesta para comprometer la igualdad de derechos y el reconocimiento de igual dignidad para hombres y mujeres en las bases de nuestra institucionalidad con efectos concretos en toda nuestra legislación, y con la voluntad política, expresada en la suma urgencia que se le ha puesto a estas reformas, puesto que se estima que es un objetivo que es ampliamente compartido por todos los sectores políticos y sociales. Si bien ya nuestra Constitución dispone la igualdad de derechos y la igual dignidad para todas las personas, el proyecto propone adjudicar al Estado una acción positiva y le impone el deber de promover esa igualdad, lo que implica un compromiso activo que exigirá, por de pronto, modificaciones en aquellos cuerpos legales que aún mantengan desigualdades arbitrarias en esa materia, y un antecedente para iniciativas legales y para la formulación de políticas públicas.

Acotó que les parecía muy importante puntualizar que es una propuesta que no es aislada. El Presidente Sebastián Piñera no sólo está promoviendo esta reforma constitucional sino que es una propuesta que forma parte de una agenda de equidad de género, que es la agenda que comprometió con el país el día 23 de mayo pasado y se suman por tanto a esta iniciativa otras, algunas de las cuales están siendo analizadas en esta comisión, como por ejemplo la derogación del impedimento de segundas nupcias, la reforma de la administración de la sociedad conyugal en el Senado, la consagración del fuero maternal para las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, entre otras.

Destacó que no es tampoco trivial que la propuesta de reforma constitucional se radique en el capítulo que señala las bases de la institucionalidad, que establece los principios ordenadores de toda la Constitución, y de esta manera la igualdad entre hombres y mujeres ya no sólo se considerará un derecho sino que también un principio interpretador de los demás capítulos de la Constitución.

Finalmente recalcó que el espíritu que inspira esta reforma constitucional es la incorporación de manera expresa y explícita que tanto hombres como mujeres somos iguales en derecho y dignidad, y que el Estado debe promover dicha igualdad y evitar toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.

Respecto de las indicaciones que han sido propuestas por los señores y señoras diputados, recalcó que estimaban que el texto que ha propuesto el Presidente de la República es suficientemente explícito respecto de los objetivos que propone la reforma constitucional, que es por una parte entregarle una acción positiva al Estado, que se agregue a la acción declarativa que está incorporada en el artículo 1° de la Constitución y que reconoce la dignidad y la igualdad de derechos, entendiendo además que la redacción que tiene el texto del mensaje es suficientemente explícito también para impulsar todos los cambios que sean necesarios en la legislación actual y modificar aquellos espacios que mantengan discriminaciones arbitrarias en perjuicio de la mujer y, por otra parte, para señalar el camino de la de las reformas que se estén formulando y de las políticas públicas que se estén impulsando.

El diputado Boric preguntó que si de lo expuesto por la Ministra debe entenderse que no se recoge nada de lo que se discutió en la Comisión por parte del Ejecutivo.

La señora Plá corroboró lo anterior explicando que, a su parecer, el proyecto está completo tal y como fue presentado por el Ejecutivo.

INICIO DE VOTACION

Texto del proyecto:

“Artículo único.- Agrégase en el inciso 5º del artículo 1º de la Constitución Política de la República, luego del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente frase:

“Asimismo, es deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.”.”.

*****************

Indicación N°1 a) del diputado Tucapel Jiménez.

Reemplázase el artículo único del proyecto por el siguiente:

a) Reemplázase el inciso segundo del artículo 1° de la Constitución Política de la República por el siguiente: “La familia, en sus diversas modalidades, es el núcleo fundamental de la sociedad”.

Esta indicación fue declarada inadmisible por el diputado Gutiérrez (Presidente) por encontrarse fuera de la idea matriz del proyecto, por referirse claramente esta reforma a la igualdad entre hombres y mujeres, y no a la institución de la familia.

Indicación N°1 b) del diputado Tucapel Jiménez.

b) Agrégase en el inciso quinto del artículo 1° de la Constitución Política de la República, luego del punto y aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Asimismo, es deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad para todas las personas, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.”

Puesta en votación la indicación 1b) es rechazada por unanimidad.

Votaron en contra las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez Gálvez (Presidente), Jorge Alessandri Vergara, Gabriel Boric Font, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Marcelo Díaz Díaz, Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Tomás Hirsch Goldschmidt, Paulina Núñez Urrutia, René Saffirio Espinoza, Leonardo Soto Ferrada, Raúl Soto Mardones en remplazo del diputado Matías Walker.

Indicación N°2 de los diputados Boric, Díaz, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio y Walker.

Reemplázase “promover” por “respetar, promover y garantizar”.

Indicación N°3 de los diputados Boric, Díaz, Flores, Fuenzalida, Gutiérrez, Hirsch, Orsini y Saffirio.

Reemplázase el texto propuesto, que se agrega en el inciso quinto, por el siguiente: “Asimismo, es deber del Estado resguardar y promover la igualdad de dignidad y derechos entre mujeres y hombres, prohibiéndose toda forma de violencia, abuso o discriminación.”.

Indicación N°4 del diputado Meza.

a) Reemplázase ‘promover’ por “promover y garantizar”; b) Elimínase la palabra final “arbitraria”.

Indicación N°5 de los diputados Boric, Díaz, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio, Walker.

Reemplázase “evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria”, por la siguiente frase “comprometiéndose a eliminar toda violencia contra la mujer o de género y a implementar políticas públicas eficaces con enfoque de género.”.

Las indicaciones N° 2, 3, 4 y 5 fueron debatidas conjuntamente.

El diputado Saffirio recordó que la sesión pasada, y luego de recoger todas las intervenciones que hubo desde los distintos sectores, se hizo una suerte de refundido en una indicación para agregar estos dos verbos, pero además se presentó otra indicación, la número 3, que no incorpora el carácter arbitrario de la discriminación. Pidió la opinión de la Ministra, puesto que en el actual artículo primero se hace referencia a dicho carácter, asunto que fue ampliamente debatido en las sesiones anteriores.

La señora Plá señaló que les parecía bastante adecuado agregar el adjetivo “arbitraria” en dicha indicación, y que de ser así, sería altamente probable que se aprobara.

El diputado Díaz recordó que estaba prácticamente zanjado, de acuerdo a todo lo que se había debatido en al Comision, que el término “arbitraria” se eliminaría.

El señor Máximo Pavéz, Jefe División de Relaciones Políticas e Institucionales, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género precisó que en la Constitución chilena el estándar de la discriminación es la razonabilidad. Así lo ha resuelto el Tribunal Constitucional cuando ha señalado que el estándar no es la discriminación, sino que la discriminación sin criterios de razonabilidad, es decir aquella discriminación que en el fondo no puede dar una razón de razonabilidad y por tanto es arbitraria, de otro modo, evidentemente, para efectos de los Planes de Justicia va a significar un problema porque lo que está prohibido no es no discriminar sino que no discriminar con un estándar de razonabilidad. Hizo un llamado a acoger la indicación propuesta por el diputado Saffirio y otros, pero haciéndola coherente con el ordenamiento jurídico e incorporando la arbitrariedad como estándar, es decir, que lo que se establece es no es la prohibición de diferenciar sino que diferenciar sin motivo, pues aquello es actualmente el estándar de la discriminación arbitraria como lo ha dicho la jurisprudencia Tribunal Constitucional.

El diputado Boric recalcó su disconformidad con que el Ejecutivo no acogiera las sugerencias que fueron vertidas en la Comision por diversas posturas que enriquecieron el debate, señalando que le parecía un desprecio a la actividad de las comisiones. Respecto de las indicaciones en comento, puntualizo que a su parecer lo relevante es preservar el verbo garantizar, y que el término “las personas” es que les parece más inclusivo.

El diputado Saffirio sostuvo que le parecía más correcta la expresión “mujeres y hombres” por cuanto esa sería la dirección a la que apunta esta ley, avanzando como sociedad en Chile, y atendiendo a que el mismo artículo 19 N° 2 de la Constitución establece que hombres y mujeres son iguales ante la ley, por ende se preservaría la lógica constitucional. Por su parte, planteó que estimaba relevante incluir el verbo prohibir en la norma pues le otorga una consistencia muy superior a los verbos que estaban incorporados en la propuesta original del gobierno.

La diputada Nuñez destacó que no solo se escuchó a académicos sino que justamente lo que se está discutiendo es una indicación firmada por parlamentarios de oposición mayoritariamente. No se puede decir entonces que no se ha escuchado nada, el no escuchar nada sería votar a secas el proyecto de ley contemplado en la segunda columna del comparado, sin indicaciones. En lo concreto planteó que es relevante entender el cambio de los verbos, pues entendimos que había que ir más allá que el solo “promover”, entendiendo que lo adecuado sería “resguardar”, considerar hombres y mujeres, y modificar la redacción en que se prohibía la violencia por “toda forma de violencia”. Respecto de incluir el verbo garantizar, estimó que no se puede dejar un verbo sin peso legal, y que además, la protección en ese sentido será debatida a partir de las indicaciones presentadas al artículo 19 de la Constitución.

El diputado Díaz hizo notar que es necesario arribar a un acuerdo integral ya que esta reforma requiere de los dos tercios de los diputados.

Aclaró que para la oposición modificar sólo el artículo 1° sin tocar el 19° no es suficiente, es importante tener presente aquello en el interés de poder aprobar esta reforma. Recalcó que entendía que al Ejecutivo le preocupe el término “garantizar” porque ello implica recursos económicos, sin embargo planteó que a su parecer, en el verbo “resguardar” en cierta forma también está subsumida la expresión garantizar, e implica una activa proactiva del Estado que se verá obligado a desarrollar políticas públicas. Por ende no observa dificultad en incorporar el verbo “garantizar”. Ahora bien, manifestó su disposición, si es que el Ejecutivo reconsideraba aquello, a reconsiderar por su parte la expresión “arbitraria” atendiendo a que es lo que se ha usado en nuestro ordenamiento. Lo anterior, dejando de todos modos de manifiesto en la historia del establecimiento de la ley que nos referimos siempre a discriminación positiva.

El diputado Raúl Soto manifestó que le parecía inútil que la discusión se entrampara por algo irrelevante, pues más allá de que se agregue o no el adjetivo “arbitraria”, no va a cambiar el criterio que tienen los tribunales y la ley.

El diputado Coloma concordó en la necesidad de buscar algún acuerdo, opinó que el proyecto le parecía adecuado, y que respecto de la indicación número 3, si se cambia la palabra “discriminación” por “diferencia” queda redactado del modo más conciliador posible de modo que tenga viabilidad luego en la Sala.

La señora Plá, en respuesta al diputado Boric, aclaró que todos los debates le aprecian valiosos, pero no quiere decir que porque se plantea una diferencia se obliga a aceptarla, más allá que se puedan respetar, no necesariamente hay que acogerlas. Respecto de los cambios a la indicación número 3, señaló que más que una indicación es el remplazo del texto y que le parecía correcto el remplazo de “discriminación” por “diferencia arbitraria”.

El diputado Leonardo Soto lamentó que el Ejecutivo no estuviera dispuesto a abarcar también con la modificación el artículo 19° de la Constitución, pues ello consolidaría un mecanismo que garantice lo que se propone para el artículo 1º, de modo que no se tratara solo de un proyecto simbólico. Por su parte, precisó que incluso la llamada Ley Zamudio prescribe que es discriminación arbitraria toda distinción exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual, la identidad de género o el estado civil, es decir, tiene suficientes conceptos para definirlo con bastante claridad. Podría innovarse y poner solamente discriminación pero con ello se estaría apartando de un concepto que ya está instalado y podríamos estar estableciendo una distinción entre ambos que parece que no es el sentido y podría llamar a confusión.

El diputado Raúl Soto indicó que el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución, habla de diferencias arbitrarias, pero en otras partes la Constitución habla de discriminación a secas, y se ha entendido que en ambos casos debe considerarse como principio de razonabilidad según la jurisprudencia.

La diputada Nuñez hizo presente que cuando el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la discriminación lo ha hecho con el nombre completo, como “discriminación arbitraria” y no es una cuestión ideológica ni sesgada o antojadiza. En ese sentido se encuentran los fallos Nº734 considerando 19, Nº 1.138 considerando 24, Nº 140 considerando 19, y muchos otros que hablan de la razonabilidad como estándar para calificar una infracción al derecho de igualdad ante la ley, donde para efectos de dilucidar si se produce una infracción al derecho a la igualdad ante la ley es necesario determinar en primer lugar si realmente estamos frente a una discriminación o diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar para luego examinar si tal diferencia tiene el carácter de arbitraria, importando una transgresión a la carta fundamental si esa discriminación tiene el carácter de arbitraria.

El diputado Díaz recordó que el utilizar el vocablo “arbitraria” ha ido siendo abandonando por la doctrina según lo señalado por los invitados, y que, por su parte, estaban optimistas respecto de que el Ejecutivo abriría a introducir modificaciones al artículo 19°, sin embargo es evidente que no existe esa voluntad, lo que convierte al proyecto en un acto simbólico. No se busca un gran cambio, sino que elevar al estándar español.

El diputado Fuenzalida señaló que concordaba con los planteamientos del diputado Leonardo Soto, en el sentido que la consideración de la discriminación como arbitraria es que no es un mero capricho.

El señor Blumel precisó que el objetivo de reforma necesita utilizar los términos “hombre y mujer” y no “personas” porque es una reforma a favor de la mujer, de otro modo se desnaturaliza. En cualquier caso, además, la primera frase del primer inciso del artículo 1° establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad derechos, entonces se quiere relevar un punto distinto que tiene que ver con establecer dentro de los deberes del Estado el promover la igualdad entre hombre y mujer.

Indicación de consenso al artículo 1°.

Luego de un largo debate la Comisión acordó una redacción de una indicación de consenso, presentada por los diputados Boric, Díaz, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio, Soto (Raúl), Soto (Leonardo) y Orsini, para la modificación del inciso 5º del artículo 1º de la Constitución Política de la República en los siguientes términos:

“Agrégase en el inciso 5º del artículo 1º de la Constitución Política de la República, luego del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente frase: “Asimismo, es deber del Estado respetar y promover la igualdad de dignidad y derechos entre mujeres y hombres, prohibiéndose toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.”.

Dicha indicación fue aprobada por unanimidad de los miembros de los Comisión, entendiéndose en consecuencia rechazadas las indicaciones N° 2, 3, 4 y 5, más arriba transcritas.

Votaron a favor de la indicación las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez Gálvez (Presidente), Jorge Alessandri Vergara, Gabriel Boric Font, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Marcelo Díaz Díaz, Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Tomás Hirsch Goldschmidt, Paulina Núñez Urrutia, René Saffirio Espinoza, Leonardo Soto Ferrada, Raúl Soto Mardones en reemplazo del diputado Matías Walker.

INDICACIONES N° 8, 9, y 11.

8. (Boric, Díaz, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio, Walker)

‘(…) evitar e impedir toda forma de violencia de género, abuso o discriminación’.

9. (Álvarez, Cariola, Carvajal, Castillo, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo)

‘(…) eliminar e impedir toda forma de violencia de género, abuso o discriminación.’.

11. (Gutiérrez, Soto, Walker). Agrégase en el N°2 el siguiente inciso tercero:

“Es deber del Estado asegurar y promover la igualdad ante la ley, dignidad y los derechos emanados por su calidad de personas, mujeres y hombres, eliminando toda forma de abuso, violencia y discriminación arbitraria.”.

La Comisión acuerda pasar al debate y votación de la indicación N° 10 del comparado.

Al artículo 19, numeral 2°, para agregar en el inciso primero, luego del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase:

10. (Díaz, Hirsch, Orsini, Saffirio, Walker).

“Será deber del Estado evitar e impedir toda forma de violencia de género, abuso o discriminación. Para ello, impulsará la eliminación de las desventajas existentes, removiendo los obstáculos que la impidan o dificulten, facilitando la participación de todas las personas en la vida política, económica, social, social y cultural.’”.

Indicación señores Boric y otros (as) que sustituye el texto a de la indicación N° 10 del comparado.

Nueva indicación de los diputados Boric, Díaz, Hirsch, Soto (Raúl), Soto (Leonardo) y Orsini, para agregar en el inciso 1° del numeral 2 del artículo 19° de la Constitución Política de la República, luego del punto a parte, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “Será deber del Estado evitar e impedir toda forma de violencia de género, abuso o discriminación arbitraria. Para ello garantizará la eliminación de las desventajas existentes, removiendo los obstáculos que le impidan o dificulten, facilitando la participación de todas las personas en la vida política, económica, social y cultural.”.

Puesta en votación la indicación, fue rechazada por mayoría de los miembros presentes. (6-7-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez Gálvez (Presidente), Gabriel Boric Font, Marcelo Díaz Díaz, Tomás Hirsch Goldschmidt, Leonardo Soto Ferrada, Raúl Soto Mardones en reemplazo del diputado Matías Walker.

Votaron en contra las señoras y señores diputados Jorge Alessandri Vergara, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Paulina Núñez Urrutia y René Saffirio Espinoza.

Votación de la indicación N° 10

La Comisión acuerda, por unanimidad, proceder a votar la indicación N°10, pero sustituyendo la expresión “ de género” por “ contra la mujer”; agregando después del vocablo “discriminación” el adjetivo “arbitraria” y sustituyendo la palabra “ impulsará” por “garantizará”, facultando a la Secretaría de la Comisión para hacer las adecuaciones del caso.

Dicha indicación fue, con las adecuaciones ya acordadas por la Comisión, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de los Comisión, entendiéndose rechazadas las indicaciones N° 8, 9, y 11.

Votaron a favor de la indicación las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez Gálvez (Presidente), Jorge Alessandri Vergara, Gabriel Boric Font, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Marcelo Díaz Díaz, Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Tomás Hirsch Goldschmidt, Paulina Núñez Urrutia, René Saffirio Espinoza, Leonardo Soto Ferrada, Raúl Soto Mardones en reemplazo del diputado Matías Walker.

S. 24 de 4 de julio de 2018.

Se deja constancia que con fecha 04 de julio de 2018 la diputada Natalia Castillo retiró su patrocinio a las indicaciones N° 6, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 29.

Indicación N° 6, de los diputados Alvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo, para modificar el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República en el siguiente sentido:

a) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo:

‘El derecho de cada persona a la autonomía sobre su cuerpo y la protección de su libertad e indemnidad sexual.’.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

‘Será un deber del Estado asegurar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de todo tipo de violencia, así como adoptar las medidas necesarias para su eliminación, prevención y sanción.’.

El diputado Coloma afirmó que estas indicaciones no tenían que ver con la idea matriz del proyecto, pues el proyecto lo que busca es modificar el artículo 1° de la Constitución Política de la República sobre las Bases de la Institucionalidad.

El señor Patricio Velásquez, Secretario de la Comisión, precisó que una de las causales de inadmisibilidad de una indicación es la determinación de si ella incide o no en las ideas matrices del proyecto, en este caso, promover la igualdad entre mujeres y hombres.

La diputada Orsini, una de las autoras de la indicación, observó que según el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional sólo serán admitidas las indicaciones que digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Luego, para determinar cuáles son las ideas matrices o fundamentales del proyecto hay que revisar cuál es su objeto. Revisando el Mensaje aparece que el objeto del proyecto es modificar la Constitución Política de la República estableciendo el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, pero luego, en los fundamentos del Mensaje encontramos que se establece que el compromiso que debe asumir el Estado es establecer una cultura de tolerancia cero contra todo tipo de violencia, abuso, acoso, discriminación o maltrato hacia las mujeres, en todos los espacios donde éstas se desenvuelven.

Además, más adelante hace una revisión de toda la normativa que se ha aprobado en materia de género en distintos ámbitos, como la Ley de Instrucción Primaria, de 1860, en su artículo 1º estableció que la educación en dicho nivel sería de responsabilidad del Estado y, en el artículo 2º, señalaba que sería gratuita y comprendería a personas de uno y otro sexo, reconociendo de este modo a niños y niñas, o el denominado “Decreto Amunátegui” de 1877, bajo la presidencia de don Aníbal Pinto, que otorgó a la mujer el derecho a ingresar a la universidad y obtener, de este modo, títulos profesionales. En este sentido, Chile fue pionero en la formación de mujeres profesionales, tanto así que en 1887 se titularon de médicos Eloísa Díaz Insunza y Ernestina Pérez Barahona, las primeras de Chile y Latinoamérica.

Finalmente, manifestó que estimaban que solo con la modificación del artículo 1° de la Constitución Política de la República no se alcanza a cumplir el objetivo que el mismo proyecto establece, pues no basta con determinar solo derechos formales sin introducir acciones afirmativas y deberes concretos para el Estado, que es el objetivo que se busca con las indicaciones presentadas.

La diputada Núñez hizo presente que el artículo 69 de la Constitución Política de la República establece claramente que en ningún caso se admitirán adiciones o correcciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. En ese sentido, más allá de lo que se estime respecto del si el proyecto cubre o no todo lo que se busca, primero hay que estarse a si las indicaciones dicen relación o no con las ideas matrices del proyecto. Pidió además que respecto del debate de admisibilidad de las indicaciones, éstas fueran agrupadas según el artículo que modifican, ya sea el artículo 19 y 20, 54 bis ó 78 de la Constitución Política de la República.

La señora Plá, ministra de la Mujer y Equidad de Género, precisó que la indicación es inadmisible porque excede la idea matriz, y por su parte, estimó que el deber del Estado se encontraba debidamente consagrado en la redacción del artículo 1°, con la corrección que los diputados acordaron en la sesión anterior.

La diputada Orsini reiteró que la idea matriz es clara y muy amplia, esto es, modificar la Constitución Política de la República estableciendo el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y todas las indicaciones presentadas tienen ese objeto.

El diputado Díaz estimó que, en búsqueda de economía procesal, todas estas indicaciones debían ser aprobadas por 7 votos contra 6 en un solo acto.

El diputado Walker, adhiriendo a lo manifestado por el diputado Díaz, propuso que no se vote la admisibilidad de las indicaciones, pues estima que sí son admisibles, toda vez que hay en ellas un intento de concreción respecto de la igualdad, sino que se vote el fondo de éstas, pero una a una, cada una en su mérito.

El diputado Coloma señaló que si se votaban una a una, pediría votar la admisibilidad.

El diputado Gutiérrez (Presidente) precisó que se votaría la admisibilidad de la indicación N°6 declarada admisible, decisión reclamada por el diputado Coloma.

El diputado Coloma retiró el reclamo respecto de la declaración de admisibilidad de la indicación N°6.

Sometida a votación la indicación N°6 letra a), fue rechazada por mayoría de los miembros de la Comisión. (5-6-1)

Votaron a favor de la indicación las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez Gálvez (Presidente), Marcelo Díaz Díaz, Tomás Hirsch Goldschmidt, Maite Orsini Pascal en reemplazo del diputado Gabriel Boric Font, René Saffirio Espinoza.

Votaron en contra de la indicación las señoras y señores diputados Jorge Alessandri Vergara, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa y Paulina Núñez Urrutia.

Se abstuvo de votar el diputado señor Matías Walker Prieto.

El diputado Walker fundamentó su voto señalando que el problema que presentaba era que el concepto de “autonomía sobre su cuerpo” podía entenderse como un derecho sobre el aborto libre. Expresó que habría preferido una discusión más amplia donde se hubiese escuchado una explicación de la indicación respecto de su sentido y alcance, puesto que lo que se aprobó en el Congreso Nacional es la despenalización del aborto en tres casuales especialísimas.

Sometida a votación la indicación N°6 letra b), fue rechazada por unanimidad de los miembros de la Comisión.

El diputado Saffirio estimó que había una imprecisión en la indicación al referirse a los derechos de “mujeres y niñas”, pues entre ambos conceptos hay una relación de género a especie, de modo que bastaría con precisar que se trata de “mujeres”, de lo contrario habría que incluir todas las otras especies, como adolescentes, ancianas, etc.

La diputada Orsini, una de las autoras de la indicación, sostuvo que esta indicación se encontraba recogida en aquella que modifica el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República que se aprobó en la sesión anterior.

Tomando en consideración lo anterior, la indicación fue rechazada por unanimidad de los miembros de la Comisión.

Votaron en contra de la indicación las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez Gálvez (Presidente), Jorge Alessandri Vergara, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Marcelo Díaz Díaz, Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Tomás Hirsch Goldschmidt, Paulina Núñez Urrutia, Maite Orsini Pascal en reemplazo del diputado Gabriel Boric Font, René Saffirio Espinoza y Matías Walker Prieto.

Indicación N° 7, del diputado Meza, para modificar el artículo 19°, número 2, inciso primero de la Constitución Política de la República de modo que la frase ‘Hombres y mujeres son iguales ante la ley’ pase a ser inciso segundo, y el segundo, tercero.

Sometida a votación la indicación N°7 del diputado Meza, fue aprobada por mayoría de los miembros de la Comisión. (8-5-0)

Votaron a favor de la indicación las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez Gálvez (Presidente), Marcelo Díaz Díaz, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Tomás Hirsch Goldschmidt, Maite Orsini Pascal en reemplazo del diputado Gabriel Boric Font, René Saffirio Espinoza, Leonardo Soto Ferrada y Matías Walker Prieto.

Votaron en contra de la indicación las señoras y señores diputados Jorge Alessandri Vergara, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Camila Flores Oporto y Paulina Núñez Urrutia.

Sesión N° 25 de 10 de julio de 2018.

El señor Patricio Velásquez, Secretario de la Comisión, hizo una breve síntesis del estado del proyecto y explicó que correspondía continuar con la votación de la indicación N°12 del comparado.

Indicación N°12 de los diputados Álvarez, Carriola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans y Vallejo.

En el artículo 19 N°6 de la Constitución Política de la República intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo: “El Estado tiene el deber de asegurar el respeto y reconocimiento de los conocimientos ancestrales de las mujeres indígenas.”.

La diputada Orsini, una de las autoras de la indicación, explicó que lo relevante de esta indicación era relevar la libertad de conciencia de los pueblos originarios en general, ahora bien, dados los límites del proyecto y su idea matriz, se concibió la indicación en el sentido de proteger a las mujeres indígenas y el rol que cumplen éstas en el traspaso de los conocimientos ancestrales, recalcando que deben enfrentarse no solo al machismo sino que también al racismo, como un ejemplo de discriminación acumulativa. Hizo hincapié en que para la bancada feminista resulta urgente este reconocimiento a nivel constitucional.

El diputado Coloma pidió a la Secretaria que precisara si declara admisible o no esta indicación.

El diputado Díaz (Presidente accidental) aclaró que ya se había declarado admisible.

La diputada Cariola argumentó que esta indicación presentaba una oportunidad, pues busca entregar protección a las mujeres indígenas en relación con sus conocimientos ancestrales aun cuando la Constitución no reconoce a los pueblos indígenas como quisiera.

La diputada Nuñez consultó si no se requería consulta indígena previa.

El diputado Saffirio fundamentó su voto en contra explicando que, a su parecer, no existiendo en la Constitución un reconocimiento de los pueblos indígenas, establecer esta norma reconcomiendo a la mujer como la única capaz de transmitir el conocimiento no parece adecuado, y ello porque la discriminación a los pueblos indígenas se hace referencia sin distinción de género. Una norma especial respecto de la mujer indígena establece una suerte de discriminación en perjuicio de los machis que son, en número y conocimiento, a lo menos iguales a las mujeres que tienen esta condición.

El diputado Silber explicó que votaría a favor por cuanto esta indicación se entiende como un reconocimiento en positivo respecto de las mujeres, no obstante que desde la hermenéutica constitucional suele aseverarse que mientras más extensos o desarrollados los derechos fundamentales de las personas, no necesariamente se vigoriza la protección desde la legislación común.

El diputado Cruz-Coke pidió que se dejara constancia de la misma salvedad hecha notar por la diputada Nuñez, en el sentido que entienden que es necesario hacer la consulta indígena en casos como éste, de modo de dar cumplimiento a lo prescrito en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Sometidas a votación la indicación fue rechazada por mayoría de los miembros de los Comisión. (6-7-0)

Votaron a favor de la indicación las señoras y señores diputados Karol Cariola en reemplazo del diputado Hugo Gutiérrez, Marcelo Díaz Díaz (Presidente accidental), Tomás Hirsch Goldschmidt, Maite Orsini Pascal en reemplazo del diputado Gabriel Boric, Gabriel Silber Romo en reemplazo de Matías Walker y Leonardo Soto Ferrada.

Votaron en contra de la indicación las señoras y señores Jorge Alessandri Vergara, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Paulina Núñez Urrutia y René Saffirio Espinoza.

Sesión N° 26 de 11 de julio de 2018.

El diputado Díaz (Presidente accidental) señaló que correspondía continuar con la votación del proyecto.

Indicación N° 13 del diputado Meza

Reemplázase en articulo 19 N°9 de la Constitución Política de la República, en el inciso segundo, la palabra ‘salud’, por ‘salud física, psicológica, reproductiva y sexual’, y la expresión ‘de rehabilitación’ por ‘así como la rehabilitación’.

El señor Leonardo Estradé-Brancoli, asesor legislativo, explicó que el fundamento jurídico de esta indicación dice relación con reconocer que entre las normas constitucionales existe lo que se llama principio de interrelación de normas, principio que fuera reconocido ya por el comisionado constituyente Ovalle durante la sesión 87 de la Comisión Constituyente. En este caso, la interrelación a la que se refiere la indicación sería la integridad física y síquica en relación a la salud física, psíquica, sexual, y en cuanto a lo reproductivo se refiere al derecho que tienen las personas, y en especial las mujeres, a tener una sexualidad autónoma, libre, plena, consentida y a tener los hijos que se desee, con el espaciamiento que se desee, lo que se relaciona con el bien jurídico protegido en derecho penal denominado libertad o indemnidad sexual, y a su vez corrobora lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.

Sometida a votación la indicación, fue rechazada por no reunir la mayoría de votos de los diputados presentes. (6-5-1)

Votaron a favor de la indicación las señoras y señores diputados Boris Barrera Moreno en reemplazo de Hugo Gutiérrez, Marcelo Díaz Díaz (Presidente accidental), Tomás Hirsch Goldschmidt, Maite Orsini Pascal en reemplazo de Gabriel Boric, René Saffirio Espinoza y Matías Walker Prieto.

Votaron en contra de la indicación las señoras y señores diputados Jorge Alessandri Vergara, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Camila Flores Oporto y Paulina Núñez Urrutia.

Se abstuvo el diputado Gonzalo Fuenzalida Figueroa

Indicación N°14 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo.

Intercálase en artículo 19 N°9 de la Constitución Política de la República el siguiente inciso quinto, nuevo: ‘Al Estado le corresponde, además, el deber de garantizar especialmente el derecho a la salud sexual y reproductiva.’.

La diputada Orsini explicó que la indicación especifica una esfera del derecho a la salud que es la salud sexual y reproductiva, y que era relevante hacerlo, porque como se ha dicho antes, el espíritu de las indicaciones es garantizar los derechos de las mujeres en igual medida que los de los hombres, por ello es necesario introducir criterios de género en las garantías del artículo 19 de la Constitución. Agregó que esto era importante porque tradicionalmente los debates que se han dado en torno a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer siempre están enmarcados en la discusión sobre otros derechos. Por ejemplo, cuando se debatió hace algunos años sobre la píldora del día después la discusión estaba dada en torno a si era abortiva o si no era abortiva, por ende, en torno al derecho a la vida, y ocurrió lo mismo en el reciente debate sobre el aborto en tres causales terapéuticas. Cuando se discutió el acceso a los anticonceptivos por niñas, niños y adolescentes el debate se centró en torno al derecho que tenían los padres de educar a sus hijos. Así, nos olvidamos muchas veces cuando damos estos debates que el derecho a la salud sexual y reproductiva son también parte del derecho a la salud de las mujeres, por eso, para que nunca más nos olvidemos de esto, es que creemos que este derecho debe ser explícito y concreto en nuestra Constitución, y ya que estamos legislando para establecer el deber del Estado de eliminar las discriminaciones en contra de las mujeres es que creemos que la protección de este derecho debe hacerse de manera especial.

El diputado Walker, fundamentando su voto a favor, recordó que desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que introdujo como política pública la planificación familiar en nuestro país, siempre se ha reconocido el derecho de la mujer a la salud sexual y reproductiva, desde que se estableció en aquel gobierno el deber del Estado de distribuir la píldora anticonceptiva en los establecimientos de salud. Incluso hace pocas legislaturas, mediante un proyecto presentado con el diputado Víctor Torres, se introdujo en el Código Sanitario la autorización para que las matronas pudieran prescribir anticonceptivos, puesto que hasta ese momento solo lo podían hacer los médicos. La norma era anacrónica y las mujeres en las postas rurales se quedaban sin esta posibilidad. Precisó que entendía que esta indicación no se extiende al caso del aborto, porque hay otro precepto constitucional que protege la vida del que está por nacer.

Sometida a votación la indicación, fue rechazada por no reunir la mayoría de votos de los diputados presentes. (6-6-0)

Votaron a favor de la indicación las señoras y señores diputados Boris Barrera Moreno en reemplazo de Hugo Gutiérrez, Marcelo Díaz Díaz (Presidente accidental), Tomás Hirsch Goldschmidt, Maite Orsini Pascal en reemplazo de Gabriel Boric, René Saffirio Espinoza y Matías Walker Prieto.

Votaron en contra de la indicación las señoras y señores diputados Jorge Alessandri Vergara, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa y Paulina Núñez Urrutia.

Indicación N°15, de los diputados Díaz, Girardi, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio, Sepúlveda, Vallejo y Yeomans.

Agrégase en artículo 19 N°10 de la Constitución Política de la República, en el inciso segundo, luego del punto y aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase: ‘Es deber del Estado promover una educación inclusiva y no sexista en todos los niveles.’.

El diputado Walker pidió que se aclarara por los autores de la indicación si es posible hacerla extensiva a una interpretación que pudiera establecer los colegios mixtos de carácter obligatorio

La diputada Orsini explicó que lo expresado por el diputado Walker tiene que ver más con la libertad de enseñanza que con el derecho a la educación. El alcance de la indicación es establecer la prohibición de educación sexista respecto de los colegios o liceos de responsabilidad el Estado, entendiendo por educación sexista el entregar una educación de un tipo para hombres y una educación de un tipo distinto para las mujeres, más no se involucra en el otro campo de acción que tienen los particulares a la hora de ejercer su derecho a la libertad de enseñanza.

Además, adelantándose en el debate, advirtió que la indicación siguiente era muy similar a ésta, pero la diferencia está en que la N°15 establece el deber del Estado de promover una educación inclusiva y no sexista en todos los niveles, y la N°16 establece que dicho deber recae en la comunidad.

Finalmente, fundamentando su voto, recalcó que ésta es una de las demandas más importantes que dieron pie al movimiento feminista universitario y que son también quienes dieron pie a esta agenda de género que ha presentado el Gobierno, demandando que el sistema educativo debe fomentar e incentivar a niñas y niños por igual, debe tener criterios de género tanto en la enseñanza como en la evaluación, y que se debe erradicar el acoso y las prácticas sexistas en general, reconociendo que el machismo se encuentra radicado en momentos iniciales de la educación.

Argumentando que para que lo expuesto no quede solamente en palabras, aportó los siguientes datos que hacen evidente que hoy día nuestro sistema educativo es preferente para los niños por sobre las niñas. Así, el año 2017 de los puntajes nacionales en matemáticas solamente el 16% fueron de mujeres, en ciencias sociales el 7 % fueron de mujeres, en ciencias naturales el 1%, y en lenguaje un 56%, y ello ocurre, en su opinión, porque a los niños desde que son muy pequeños se les enseña que los niños varones son buenos para las matemáticas, para la ciencia y los guiaron en un camino que los lleva a estudiar las carreras que son mejor remuneradas o que sirven para mantener una familia, en cambio a las niñas les enseñan y fomentan las artes, el lenguaje y la literatura. Ello no puede pasar hoy día en el siglo 21. Está comprobado que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades cognitivas, tenemos un cerebro que funciona de la misma forma, y por algo hoy día en las pruebas de matemáticas, de ciencia y de historia son los hombres los que tienen los mejores resultados, porque en algo estamos fallando a la hora de educar a nuestros niños. Comentó que hay un estudio del BID que dice que los textos del Ministerio de Educación reflejan a la mujer en roles domésticos mientras que a los hombres en roles protagónicos o profesionales, que el 80% de los libros obligatorios son escritos por hombres, y finalmente, otro dato que también me gustaría poner sobre la mesa, es que en carreras como ingeniería mecánica, por ejemplo, el 93% de los ingresos son hombres, y en ingeniería electrónica el 92% son hombres, entonces esta indicación para la banca feminista y el movimiento feminista en general, resulta clave para lograr este objetivo que es la igualdad entre hombres y mujeres.

El diputado Cruz-Coke explicó que votaría en contra pues entiende que la Constitución debiese ser lo más sintética posible. Si se agregan estos adjetivos sería necesario agregar también otra serie de adjetivos que son válidos como no homófoba, no xenófoba, no clasista u otros que se relacionan a otros tipos de discriminación que obviamente existen y que nadie puede desconocer, donde algunos están probablemente más en la opinión pública que otros.

Sometida a votación la indicación, fue rechazada por mayoría de votos de los diputados presentes. (5-6-0)

Votaron a favor de la indicación las señoras y señores diputados Boris Barrera Moreno en reemplazo de Hugo Gutiérrez, Marcelo Díaz Díaz (Presidente accidental), Tomás Hirsch Goldschmidt, Maite Orsini Pascal en reemplazo de Gabriel Boric y René Saffirio Espinoza.

Votaron en contra de la indicación las señoras y señores diputados Jorge Alessandri Vergara, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa y Paulina Núñez Urrutia.

Indicación N°16 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans y Vallejo.

En artículo 19 N°10 inciso final de la Constitución Política de la República reemplázase el punto y coma (;) por lo siguiente: ‘, así como promover una educación inclusiva y no sexista en todos los niveles educativos;’

El diputado Barrera manifestó que le extrañaba que en el discurso del Presidente de la República siempre se hable de igualdad de género y resulta que aquí su coalición vota en contra todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, agregando que todo queda grabado y la gente se da cuenta de que el discurso del Gobierno no tiene relación con lo que se vota en el Congreso.

La diputada Núñez señaló que quería aclarar el error en que habría incurrido el diputado Barrera, por cuanto esta reforma lo que busca precisamente es avanzar en materia de igualdad y lo que se está votando son las indicaciones, respecto de un proyecto que ya está aprobado que es el artículo único que modifica nuestra Constitución y que tuvo una larga discusión. Pidió al diputado Barrera que no se atribuyera una superioridad moral en una discusión que se está llevando a cabo en esta Comisión hace largo rato.

El diputado Barrera acotó que independientemente que estuviera reemplazando a otro diputado, tenía derecho a opinar en igualdad de condiciones, y agregó que la gente saca sus propias conclusiones.

Sometida a votación la indicación, fue rechazada por no reunir la mayoría de votos de los diputados presentes. (6-6-0)

Votaron a favor de la indicación las señoras y señores diputados Boris Barrera Moreno en reemplazo de Hugo Gutiérrez, Marcelo Díaz Díaz (Presidente accidental), Tomás Hirsch Goldschmidt, Maite Orsini Pascal en reemplazo de Gabriel Boric, René Saffirio Espinoza y Leonardo Soto Ferrada.

Votaron en contra de la indicación las señoras y señores diputados Jorge Alessandri Vergara, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa y Paulina Núñez Urrutia.

La Comisión decidió votar en conjunto todas las indicaciones siguientes, esto es, las N°s 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, que a continuación se transcriben, y facultar a la Secretaría de la Comisión para realizar cualquier adecuación formal que sea necesaria.

Sometidas a votación las indicaciones N°s 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, fueron aprobadas por la mayoría de votos de los diputados presentes. (7-6-0)

Votaron a favor de las indicaciones las señoras y señores diputados Boris Barrera Moreno en reemplazo de Hugo Gutiérrez, Marcelo Díaz Díaz (Presidente accidental), Tomás Hirsch Goldschmidt, Maite Orsini Pascal en reemplazo de Gabriel Boric, René Saffirio Espinoza, Leonardo Soto Ferrada y Matías Walker Prieto.

Votaron en contra de las indicaciones las señoras y señores diputados Jorge Alessandri Vergara, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa y Paulina Núñez Urrutia.

Indicación N° 17 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo.

En artículo 19 N°11 de la Constitución Política de la República, reemplázase la frase ‘y la seguridad nacional’ por ‘, seguridad nacional y la equidad de género’.

Indicación N°18 del diputado Meza.

En artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República intercálase el siguiente inciso segundo: ‘Es deber del Estado dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo.’

Indicación N°19 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo.

En artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República agrégase en el inciso tercero, luego del punto y aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: ‘Se prohíbe cualquier discriminación en el trabajo, tanto en su acceso como en su ejercicio, que esté basada en el género, sexo, étnica, o en otra categoría que no sean las indicadas en este inciso. La ley garantizará la igualdad de remuneraciones a mujeres y hombres por el ejercicio de un trabajo de igual valor.’.

Indicación N°20 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo.

Modifícase el artículo 19 N°17 de la Constitución Política de la República en el siguiente sentido:

a) Intercálase entre ‘empleos públicos,’ y ‘sin otros’, lo siguiente: ‘sin discriminación basada en el género ni en otra categoría, sexo, etnia, y’.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo: ‘El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de funciones públicas, así como en las instancias de dirección y decisión. Promoverá también la paridad en los partidos y movimientos políticos, así como en los cargos de representación popular.’.

Indicación N°21 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo.

Modifícase el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República en el siguiente sentido:

a) En el inciso final, reemplazar el punto y coma (;) por lo siguiente: ‘, asimismo, debe asegurar que no se podrán imponer cargas en materia de seguridad social basados en el género.’.*

b) Agrégase el siguiente inciso final: ‘El Estado tiene el deber de implementar los mecanismos legales necesarios para reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado;’.

* el literal a) fue aprobado conforme con la modificación al texto original, en base a nueva indicación de la diputada Maite Orsini.

Indicación N°22 Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo.

Intercálase en el artículo 19 N°23 de la Constitución Política de la República el siguiente inciso segundo, nuevo: ‘El Estado debe asegurar el acceso al dominio sin discriminación en base al género, sexo, etnia u otra categoría.’.

Indicación N°23 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo.

Agrégase en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República el siguiente inciso tercero, nuevo: ‘El Estado tiene el deber de asegurar igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad, sin discriminación basada en el género, sexo, etnia, o en otra categoría.’.

Indicación N°24 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo.

En el artículo 19 de la Constitución Política de la República intercálase el siguiente N°26, nuevo, pasando el N°26 a ser 27: ‘26°.- El derecho a la igualdad de género y la no discriminación. Por discriminación se entiende toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato diferente que directa o indirectamente se base en el género y que tenga por objeto o resultado privar, perturbar o amenazar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos que esta Constitución establece. La discriminación también comprende la incitación a la discriminación y el acoso.’.

Indicación N°25 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo.

En el artículo 19 N°26 de la Constitución Política de la República, que pasaría a ser 27, reemplázase ‘o requisitos’ por lo siguiente: ‘, requisitos o discriminaciones basadas en el género, sexo, etnia, o en otra categoría’.

Indicación N°26 del diputado Gutiérrez.

Agrégase en el artículo 19 de la Constitución Política de la República después del numeral 26, el siguiente inciso final: ‘El Estado garantizará el ejercicio de estos derechos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.’.

Indicación N°27 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo.

Modifícase el artículo 20 de la Constitución Política de la República en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la frase ‘9° inciso final’ por ‘9° incisos quinto y final’.*

b) Reemplázase ‘y libre contratación’ por ‘, libre contratación, no discriminación’.

c) Reemplázase ‘y 25°’, por ‘25° y 26°’.

* No habiendo sido aprobada la indicación N° 14, el Presidente en ejercicio de sus facultades adecuatorias eliminó el literal a) en el texto final del proyecto.

Indicación N°28 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo.

Agrégase en el capítulo V, de la Constitución Política de la República, Congreso Nacional, el siguiente título luego del artículo 54:

‘Deberes del Congreso

Artículo 54 bis.- El Congreso Nacional tiene el deber de tutelar, legislar y promover medidas afirmativas que garanticen la igualdad plena de goce y ejercicio de los derechos establecidos por la Constitución, especialmente respecto de niños, niñas, mujeres, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.’.

Indicación N°29 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo.

Modifícase el artículo 78 de la Constitución Política de la República de la siguiente forma:

a) En el inciso segundo, intercalar entre ‘ministros’ y el punto y aparte, la frase ‘y ministras’.

b) En el inciso tercero:

i. intercalar entre ‘ministros’ y ‘y los fiscales’, la frase ‘, ministras’.

ii. intercalar entre ‘Corte’ y ‘, y con acuerdo’, la frase ‘con un criterio de paridad de género’.

iii. intercálase entre ‘rechazado’ y ‘, repitiéndose’, la frase ‘o rechazada’.

c) En el inciso quinto:

i. Intercálase entre ‘en ella’ y ‘el ministro’ la frase ‘la ministra o’.

ii. agrégase después de ‘de los candidatos’ la frase ‘, con un criterio de paridad de género’.

iii. Intercálase entre ‘correspondiente a’ y ‘abogados’ la frase ‘abogadas o’.

d) En el inciso sexto:

i. Intercálase entre ‘ministros’ y ‘y fiscales’ la frase ‘, ministras’.

ii. Agrégase después de ‘Corte Suprema’ la frase ‘, respetando la paridad de género’.

e) En el inciso séptimo, reemplázase ‘Los’ por ‘Las juezas y’

f) En el inciso octavo,

i. Reemplázase ‘El’ por ‘La jueza o

ii. Reemplázase la frase ‘Corte o el juez letrado’ por ‘Corte o la jueza o jueza letrado’.

iii. Agrégase después de ‘los candidatos’ la frase

‘, respetando la paridad de género’.

g) En el inciso noveno, agrégase después de ‘mediante sorteo’, la frase ‘, excepto que se trate de un hombre y una mujer, en cuyo caso se preferirá a quien garantice la paridad de género’.

h) En el inciso décimo:

i. Intercálase entre ‘ministros’ y ‘de Corte’, la frase ‘o ministras’.

ii. Reemplázase ‘los jueces’ por ‘las juezas o jueces’.

Despachado el proyecto.

Diputado informante señor René Saffirio

La señora Isabel Plá, Ministra de la Mujer y Equidad de Género, a nombre del Gobierno hizo un especial reconocimiento a la Comisión, tanto a los miembros permanentes como a los que ha remplazado, agradeció el debate que se ha impulsado en esta materia, tanto por la aprobación en general del proyecto como por la aprobación en particular de un proyecto que representa muy de cerca el espíritu del proyecto del Presidente Piñera que busca concretar en acciones precisas la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión y que dicen relación principalmente con la modificación del artículo 1° y del 19 N°2 de la Constitución representan en lo fundamental la idea matriz del proyecto.

III.- DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Vuestra Comisión recibió a las siguientes autoridades, personas y entidades:

MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO:

Sra. Isabel Plá, Ministra.

Sra. Carolina Cuevas, Subsecretaria.

Sr. Cristóbal Aguilera, Jefe de Departamento de Reformas Legales.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA:

Sr. Gonzalo Blumel, Ministro.

Sr. Máximo Pavez, Jefe División de Relaciones Políticas e Institucionales de la SEGPRES

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Sra. Consuelo Contreras, Directora.

OTROS INVITADOS

Señor Jaime Bassa, Académico Universidad de Valparaíso.

Señora Liliana Galdámez, Investigadora Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

Señora Manuela Veloso, Profesora de Derecho UBO e Investigadora Fundación Decide.

Señora Camila Maturana, Corporación Humanas

Sra. Claudia Sarmiento, docente.

Sr. Leonardo Estradé-Brancoli, asesor legislativo.

Sra. Alejandra Ovalle, académica.

Sr. Víctor Manuel Avilés.

AGRUPACIÓN LÉSBICA ROMPIENDO EL SILENCIO

Sra. Erika Montecinos, coordinadora general de la agrupación (expositora).

Sra. Nicole Rojas, área comunicacional.

Sra. Solange Vásquez, área legislativa.

POR LA ASOCIACIÓN DE ABOGADAS FEMINISTAS DE CHILE

Bárbara Sepúlveda Hales, directora ejecutiva.

IV.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que no existen disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

INDICACIONES INADMISIBLES

Indicación N°1 a) del diputado Tucapel Jiménez.

Reemplázase el artículo único del proyecto por el siguiente:

a) Reemplázase el inciso segundo del artículo 1° de la Constitución Política de la República por el siguiente: “La familia, en sus diversas modalidades, es el núcleo fundamental de la sociedad”.

Esta indicación fue declarada inadmisible por el diputado Gutiérrez (Presidente) por encontrarse fuera de la idea matriz del proyecto, por referirse claramente esta reforma a la igualdad entre hombres y mujeres, y no a la institución de la familia.

INDICACIONES RECHAZADAS

Indicación N°1 b) del diputado Tucapel Jiménez.

b) Agrégase en el inciso quinto del artículo 1° de la Constitución Política de la República, luego del punto y aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Asimismo, es deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad para todas las personas, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.”

Indicación N°2 de los diputados Boric, Díaz, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio y Walker.

Reemplázase en el artículo único del proyecto la palabra ‘promover’ por ‘respetar, promover y garantizar’.

Indicación N°3 de los diputados Boric, Díaz, Flores, Fuenzalida, Gutiérrez, Hirsch, Orsini y Saffirio.

Reemplázase el texto propuesto del proyecto, que se agrega en el inciso quinto, por el siguiente: ‘Asimismo, es deber del Estado resguardar y promover la igualdad de dignidad y derechos entre mujeres y hombres, prohibiéndose toda forma de violencia, abuso o discriminación.’.

Indicación N°4 del diputado Meza.

Reemplázase en el artículo único del proyecto la palabra ‘promover’ por ‘promover y garantizar”, y elimínase la palabra final “arbitraria”.

Indicación N°5 de los diputados Boric, Díaz, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio y Walker.

Reemplázase en el texto propuesto del proyecto la frase ‘evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria’, por la siguiente: ‘comprometiéndose a eliminar toda violencia contra la mujer o de género y a implementar políticas públicas eficaces con enfoque de género’.

Indicación N° 6, de los diputados Alvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo, para modificar el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República en el siguiente sentido:

a) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo:

‘El derecho de cada persona a la autonomía sobre su cuerpo y la protección de su libertad e indemnidad sexual.’.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

‘Será un deber del Estado asegurar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de todo tipo de violencia, así como adoptar las medidas necesarias para su eliminación, prevención y sanción.’.

Indicación N°8 de los diputados Boric, Díaz, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio, Walker.

Para modificar el artículo 19°, número 2, inciso primero de la Constitución Política de la República, agregando en el inciso primero, luego del punto y aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase: ‘Será deber del Estado evitar e impedir toda forma de violencia de género, abuso o discriminación’.

Indicación N°9 de los diputados Álvarez, Cariola, Carvajal, Castillo, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans y Vallejo.

Para modificar el artículo 19°, número 2, inciso primero de la Constitución Política de la República, agregando en el inciso primero, luego del punto y aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase: ‘Será deber del Estado eliminar e impedir toda forma de violencia de género, abuso o discriminación.’.

Nueva indicación de los diputados Boric, Díaz, Hirsch, Soto (Raúl), Soto (Leonardo) y Orsini, para agregar en el inciso 1° del numeral 2 del artículo 19° de la Constitución Política de la República, luego del punto a parte, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “Será deber del Estado evitar e impedir toda forma de violencia de género, abuso o discriminación arbitraria. Para ello garantizará la eliminación de las desventajas existentes, removiendo los obstáculos que le impidan o dificulten, facilitando la participación de todas las personas en la vida política, económica, social y cultural.”.

Indicación N°11 de los diputados Gutiérrez, Soto y Walker.

Para modificar el artículo 19°, número 2, inciso primero de la Constitución Política de la República, agregando en el N°2 el siguiente inciso tercero:

‘Es deber del Estado asegurar y promover la igualdad ante la ley, dignidad y los derechos emanados por su calidad de personas, mujeres y hombres, eliminando toda forma de abuso, violencia y discriminación arbitraria.’.

Indicación N°12 de los diputados Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans y Vallejo.

En el artículo 19 N°6 de la Constitución Política de la República intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo: “El Estado tiene el deber de asegurar el respeto y reconocimiento de los conocimientos ancestrales de las mujeres indígenas.”.

Indicación N° 13 del diputado Meza

Reemplázase en articulo 19 N°9 de la Constitución Política de la República, en el inciso segundo, la palabra ‘salud’, por ‘salud física, psicológica, reproductiva y sexual’, y la expresión ‘de rehabilitación’ por ‘así como la rehabilitación’.

Indicación N°14 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans, Vallejo.

Intercálase en artículo 19 N°9 de la Constitución Política de la República el siguiente inciso quinto, nuevo: ‘Al Estado le corresponde, además, el deber de garantizar especialmente el derecho a la salud sexual y reproductiva.’.

Indicación N°15, de los diputados Díaz, Girardi, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio, Sepúlveda, Vallejo y Yeomans.

Agrégase en artículo 19 N°10 de la Constitución Política de la República, en el inciso segundo, luego del punto y aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase: ‘Es deber del Estado promover una educación inclusiva y no sexista en todos los niveles.’.

Indicación N°16 de las diputadas Álvarez, Cariola, Carvajal, Fernández, Girardi, Marzán, Orsini, Parra, Pérez, Santibáñez, Yeomans y Vallejo.

En artículo 19 N°10 inciso final de la Constitución Política de la República reemplázase el punto y coma (;) por lo siguiente: ‘, así como promover una educación inclusiva y no sexista en todos los niveles educativos;’

VI.- TEXTO DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:

I.- En el artículo 1º, inciso quinto, agrégase a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Asimismo, es deber del Estado respetar y promover la igualdad de dignidad y derechos entre mujeres y hombres, prohibiéndose toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.”.

II.- En el artículo 19:

1.- En el numeral 2°:

a) La frase final “Hombres y mujeres son iguales ante la ley.” del párrafo primero, pasa a ser párrafo segundo, pasando a su vez el actual párrafo segundo a ser tercero.

b) Agrégase en el nuevo párrafo segundo, luego del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente oración. “Será deber del Estado evitar e impedir toda forma de violencia contra la mujer, abuso o discriminación arbitraria. Para ello, garantizará la eliminación de las desventajas existentes, removiendo los obstáculos que la impidan o dificulten, facilitando la participación de todas las personas en la vida política, económica, social, y cultural.’”.

2.- En el numeral 11°, párrafo segundo, reemplázase la frase “y la seguridad nacional” por “, la seguridad nacional y la equidad de género”.

3.- En el numeral 16°:

a) Intercálase el siguiente párrafo segundo, pasando el actual segundo a ser tercero, y así sucesivamente: “Es deber del Estado dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo.”.

b) Agrégase en el párrafo tercero, que ha pasado a ser cuarto, luego del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) lo siguiente: “Se prohíbe cualquier discriminación en el trabajo, tanto en su acceso como en su ejercicio, que esté basada en el género, sexo, etnia, o en otra categoría que no sean las indicadas en este párrafo. La ley garantizará la igualdad de remuneraciones a mujeres y hombres por el ejercicio de un trabajo de igual valor.”.

4.- En el numeral 17°:

a) Intercálase entre las expresiones “empleos públicos,” y “sin otros”, lo siguiente: “sin discriminación basada en el género ni en otra categoría, sexo, etnia, y”.

b) Agrégase el siguiente párrafo segundo: “El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de funciones públicas, así como en las instancias de dirección y decisión. Promoverá también la paridad en los partidos y movimientos políticos, así como en los cargos de representación popular.”.

5.- En el numeral 18°:

a) En el párrafo final, reemplázase el punto y coma (;) por lo siguiente: “, asimismo, debe asegurar que no se podrán imponer cargas en materia de seguridad social basadas en el género.”.

b) Agrégase el siguiente párrafo final, nuevo: “El Estado tiene el deber de implementar los mecanismos legales necesarios para reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado;”.

6.- En el numeral 23°: intercálase el siguiente párrafo segundo, nuevo, pasando el actual segundo a ser tercero: “El Estado debe asegurar el acceso al dominio sin discriminación en base al género, sexo, etnia u otra categoría.”.

7.- En el numeral 24°: agrégase el siguiente párrafo tercero, nuevo, pasando el actual tercero a ser cuarto y así sucesivamente: “El Estado tiene el deber de asegurar igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad, sin discriminación basada en el género, sexo, etnia, o en otra categoría.”.

8.- Intercálase el siguiente numeral 26°, nuevo, pasando el actual numeral 26° a ser 27°:

“26°. El derecho a la igualdad de género y la no discriminación. Por discriminación se entiende toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato diferente que directa o indirectamente se base en el género y que tenga por objeto o resultado privar, perturbar o amenazar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos que esta Constitución establece. La discriminación también comprende la incitación a la discriminación y el acoso.”.

9.- En el numeral 26°, que ha pasado a ser 27°, reemplázase la expresión “o requisitos” por lo siguiente: “, requisitos o discriminaciones basadas en el género, sexo, etnia, o en otra categoría”.

10.- Agrégase el siguiente inciso final: “El Estado garantizará el ejercicio de estos derechos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.”.

III.- En el artículo 20:

a) Reemplázase “y libre contratación” por “, libre contratación y no discriminación”.

b) Reemplázase “y 25°”, por “25° y 26°”.

IV.- Agrégase en el capítulo V, de la Constitución Política de la República, Congreso Nacional, el siguiente título luego del artículo 54:

“Deberes del Congreso

Artículo 54 bis.- El Congreso Nacional tiene el deber de tutelar, legislar y promover medidas afirmativas que garanticen la igualdad plena de goce y ejercicio de los derechos establecidos por la Constitución, especialmente respecto de niños, niñas, mujeres, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.”.

V.- En el artículo 78:

a) En el inciso segundo, intercálase entre el vocablo “ministros” y el punto aparte (.) la expresión “y ministras”.

b) En el inciso tercero:

i. Intercálase entre las expresiones “ministros” y “y los fiscales’, el vocablo “, ministras”.

ii. Intercálase entre el vocablo “Corte” y la expresión “, y con acuerdo”, la frase “con un criterio de paridad de género”.

iii. Intercálase entre los vocablos “rechazado” y “, repitiéndose”, la frase “o rechazada”.

c) En el inciso quinto:

i. Intercálase entre las expresiones “en ella” y “el ministro” la frase “la ministra o”.

ii. Agrégase después de la expresión “de los candidatos” la frase “, con un criterio de paridad de género”.

iii. Intercálase entre las expresiones “correspondiente a” y “abogados” la frase “abogadas o”.

d) En el inciso sexto:

i. Intercálase entre los vocablos “ministros” y “y fiscales” la frase “, ministras”.

ii. Agrégase después de la expresión “Corte Suprema” la frase “, respetando la paridad de género”.

e) En el inciso séptimo, reemplázase el artículo “Los” por ‘Las juezas y’

f) En el inciso octavo:

i. Reemplázase el artículo “El” por “La jueza o”.

ii. Reemplázase la frase “Corte o el juez letrado” por “Corte o la jueza o juez letrado”.

iii. Agrégase después de “los candidatos” la frase “, respetando la paridad de género”.

g) En el inciso noveno, agrégase después de la expresión “mediante sorteo”, la frase “, excepto que se trate de un hombre y una mujer, en cuyo caso se preferirá a quien garantice la paridad de género”.

h) En el inciso décimo:

i. Intercálase entre las expresiones “ministros” y “de Corte”, la frase “o ministras”.

ii. Reemplázase la expresión “los jueces’ por “las juezas o jueces”.

***********

Tratado y acordado en sesiones de 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de junio; y de 3, 4, 10 y 11 de julio, todas de 2018, con la asistencia de los (as) diputados (as) señores (as) Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; Leonardo Soto, y Matías Walker. También asistieron los diputados (as) Karol Cariola y Boris Herrera (por el señor Gutiérrez); Raúl Soto (por el señor Walker); Gabriel Silber (por el señor Walker); Maite Orsini (por el señor Boric). Asimismo asistieron los (as) diputados (as) Maya Fernández (Presidenta de la Cámara de Diputados); Emilia Nuyado; Marcela Sabat; Camila Vallejos; Alejandro Bernales; Guillermo Teiller, y Esteban Velásquez.

Sala de la Comisión, a 11 de julio de 2018.

PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

INDICE

Constancias Reglamentarias Previas2

Antecedentes Generales.3

Fundamentos del proyecto4

Contenido del Proyecto de Reforma Constitucional.8

Discusión General.9

Votación en general29

Votación en particular79

Documentos Solicitados, Personas Escuchadas por la Comisión.102

Artículos e Indicaciones Rechazadas o Declaradas Inadmisibles.103

Texto del proyecto.106

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.416, QUE FIJA NORMAS ESPECIALES PARA EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO, EN MATERIA DE PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE PAGO A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. BOLETÍN N° 10.785-03 (S)

La Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, de origen en una moción de los senadores señores Andrés Allamand, Alfonso De Urresti, Iván Moreira, Eugenio Tuma, y Andrés Zaldívar, con urgencia calificada de “simple”.

La iniciativa ingresó a tramitación en el Senado, con fecha 5 de julio de 2016.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.- Idea matriz o fundamental del proyecto

El proyecto tiene como propósito promover el pronto pago de las deudas contraídas con pequeñas y micro empresas cuando efectúan la venta de un producto o prestación de servicios. Se establecen plazos, se regula el no cumplimiento de los mismos, se garantiza el derecho a la aplicación de intereses por morosidad, se define como cláusula abusiva cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en la ley y por último, se incorpora el derecho a indemnización. En la tramitación del proyecto en el Senado la iniciativa fue modificada estableciendo una regulación de carácter general, abarcando las operaciones comerciales entre todo tipo de empresas.

2.- Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado

No hay.

3.- Trámite de Hacienda

Tienen trámite de Comisión de Hacienda el artículo 2° bis que incorpora el número 2 del artículo 1° del proyecto, y los artículos quinto y sexto transitorios.

4.- Artículos e indicaciones rechazadas

- Indicación de los diputados Naranjo, Sepúlveda, Garín y Bernales para modificar el numeral 1 del artículo 1°, por el siguiente:

“En el artículo 2° de la ley N° 19.883:

a) Modifíquese el comienzo del inciso segundo, por la siguiente oración inicial:

“En todo caso el plazo pactado no podrá ser superior a treinta días corridos, contados desde la emisión de la factura”.

b) Sustitúyase en el inciso cuarto nuevo, la palabra “contado”, por las siguientes: “corridos, contados”.

- Indicación del diputado Barrera para suprimir la letra a) del numeral 1).

- Indicación del diputado Barrera para reemplazar el vocablo “treinta” por “siete” en el inciso cuarto propuesto y que ha pasado a ser inciso quinto.”.

- Indicación de los diputados Naranjo, Sepúlveda, Garín y Bernales para reemplazar el artículo 2° ter, por el siguiente:

3) Incorpórese el siguiente articulo 2°ter.- “Siempre que el comprador este en mora exista o no acuerdo entre las partes respecto de la aplicación y cálculo de los intereses moratorios establecidos en la presente ley, el comprador deberá pagar una comisión fija por recuperación de pagos, cuyo monto se determinara en función del monto total adeudado por el comprador, de acuerdo a la siguiente tabla:

a) 5 unidades de fomento, si el monto total adeudado es inferior a 100 unidades de fomento.

b) 10 unidades de fomento, si el monto total adeudado es superior a 100 unidades de fomentos e inferior a 500 unidades de fomento.

c) 15 unidades de fomento, si el monto total adeudado es superior a 500 unidades de fomentos e inferior a 1000 unidades de fomento.

d) 20 unidades de fomento, si el monto total adeudado es igual o superior a 1.000 unidades de fomento e inferior a 1.500

e) 50 unidades de fomento si el total adeudado es igual o superior a 1.500 unidades de fomento.

f) 100 unidades de fomento si el total adeudado supera las 3.000 unidades de fomento.

Sin perjuicio de lo anterior e independiente de la naturaleza jurídica del deudor, la empresa afectada podrá demandar la resolución del contrato o el cumplimiento forzado del mismo, más las indemnizaciones de perjuicios que deriven del incumplimiento.”.

- Indicación del diputado Barrera solicitando votación separada del inciso tercero del artículo 2° quinquies propuesto por el Ejecutivo.

5.- Indicaciones declaradas inadmisibles

- Indicación de los diputados Naranjo, Sepúlveda, Garín y Bernales para agregar el siguiente inciso segundo al artículo 2° bis:

“Las grandes empresas no podrán utilizar el créditos fiscal del IVA, hasta que se verifique el pago de la factura en virtud del procedimiento que establezca el Servicio de Impuestos Internos y que permita corroborar su pago.”.

- Indicación del diputado Mellado para agregar el siguiente inciso segundo en el artículo 2° bis:

“Las empresas estarán imposibilitadas de usar crédito fiscal, hasta que la factura electrónica no esté completamente cancelada al emisor. Dicho pago debe ser realizado a través de transferencia bancaria y verificado e informado al Servicio de Impuestos Internos por el Centro de Compensación Automatizado. Salvo aquellos productores que estén exentos de facturación electrónica.”.

- Indicación del diputado Barrera para agregar el siguiente inciso final en el artículo 2° de la ley 20.416:

“Las empresas definidas en el inciso segundo de este artículo, tendrán la obligación de pagar el Impuesto al Valor Agregado una vez que haya sido pagado el saldo insoluto de la factura emitida conforme a las reglas establecidas en la Ley Nº19.983.”.

- Indicación del diputado Barrera para reemplazar en el artículo transitorio, inciso segundo, la oración “vigésimo quinto” por “décimo tercer”.

- Indicación del diputado Bernales para intercalar el siguiente inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto: “Respecto de las pequeñas y medianas empresas morosas, las normas contenidas en los artículos 2° bis y 2° ter, que se incorporan a la ley N° 19.983, se aplicarán el primer día del vigésimo quinto mes de publicada la ley en el Diario Oficial.”.

- Indicación de los diputados Naranjo, Sepúlveda y Garín para agregar el siguiente inciso cuarto:

“Se eximirá a las municipalidades de esta norma en el caso que las obras sean financiadas por el Gobierno regional o algún Ministerio y de cuyos fondos dependan dichas obras.”.

- Indicación de los diputados Naranjo, Sepúlveda, Garín y Bernales para incorporar los siguientes incisos quinto y sexto:

“Respecto a la prohibición contemplada en el inciso segundo del artículo 2°bis, el Servicio de Impuestos Internos, en el plazo de un año, desde publicada esta ley, establecerá un procedimiento que permita corroborar el pago de la factura, autorizando su uso como crédito fiscal.

En el plazo de un año desde promulgada esta ley, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo implementará el reglamento sobre pago oportuno y establecerá los mecanismos para fomentar el pago a 30 días para las empresas proveedoras del estado. De igual forma establecerá la elaboración de un ranking de plazos de pagos, el cual dará cuenta de las prácticas de pago oportuno a las PYMES.”.

6.- Adiciones y enmiendas que la comisión aprobó en la discusión particular.

Al artículo 1°

Ha reemplazado el numeral 1, por el siguiente:

“1.- En el artículo 2°

a)Agrégase al comienzo del inciso segundo, la siguiente oración:

“En todo caso, el plazo pactado no podrá ser superior a sesenta días corridos contado desde la recepción de la factura.”.

b) Agrégase en el inciso segundo, a continuación del punto final, la siguiente frase: “Sin perjuicio de lo anterior, en el caso del sector primario, es decir, actividades productoras o extractivas de materias primas, como la pequeña y mediana agricultura, ganadería, silvicultura; pesca artesanal y pequeña minería, el plazo máximo para el pago de la factura será de 30 días corridos, no prorrogables.”.

c)Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“Con todo, las partes podrán establecer de común acuerdo un plazo que exceda los sesenta días referidos en el inciso anterior. Dicho acuerdo deberá constar por escrito y ser suscrito por quienes concurran a él.

No producirá efecto alguno en este contrato las cláusulas o estipulaciones que:

1. Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato, sin requerir del consentimiento previo y expreso de la otra parte, sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen;

2. Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad que puedan privar a cualquiera de las partes de su derecho de resarcimiento frente a incumplimientos contractuales;

3. Establezcan intereses por no pago inferiores a los que se establecen en el artículo siguiente, y

4. Las demás que establezcan las leyes.”.

En el numeral 2:

Ha eliminado el artículo 2° ter, cambiando los siguientes su numeración correlativa.

Ha reemplazado el artículo 2°quáter, que pasa a ser 2°ter, por el siguiente:

“Artículo 2° ter.- Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán establecer un plazo de hasta sesenta días corridos en las bases de licitación respectivas, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. Estos motivos deberán señalarse en las respectivas bases de licitación o contratos. En este caso, deberán informar la fecha de pago a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, establecido en el Capítulo IV de la ley N° 19.886. Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente la respectiva Entidad certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por aquella.

Para los efectos del cumplimiento del presente artículo, los organismos públicos mencionados en el inciso anterior deberán publicar en el citado Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos. A través de aquel sistema deberán efectuar el envío de sus órdenes de compra, la recepción y aceptación de sus facturas, la información sobre la recepción conforme de los bienes y servicios adquiridos, así como la información y gestión de sus pagos. La Dirección de Compras y Contratación Pública asesorará a los organismos públicos en la gestión de sus procesos de pago para el cumplimiento de los plazos que establece esta ley e informará a la unidad de auditoría interna de cada servicio y ministerio o aquella que cumpla tales funciones.”.

Ha reemplazado el artículo 2°quinquies, que ha pasado a ser 2° quater, por el siguiente:

“Artículo 2° quater.- Los organismos públicos señalados en el artículo anterior, deberán dictar una resolución que determine los procedimientos internos que permitan dar cumplimiento a los plazos señalados en el referido artículo. Asimismo, deberán determinar el o los funcionarios que serán responsables de la gestión de los pagos, a quienes les corresponderá velar porque éstos se efectúen conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y en dicha resolución.

Si no se efectuare el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo precedente, se generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios que, de acuerdo a la legislación vigente, pudieran corresponder, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° bis.

En todo caso, los funcionarios responsables de la falta de pago oportuno a que se refiere el inciso anterior podrán ser sancionados con una multa adicional de hasta un 10% de su remuneración mensual, la que podrá ser duplicada en caso de reincidencia.

El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior será verificado por la unidad de auditoría interna de cada servicio y ministerio o por aquella que cumpla tales funciones, complementada con información que genera la Dirección de Compras y Contratación Pública. Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos deberá informar semanalmente a la Dirección de Compras y Contratación Pública el número, monto e identificación del emisor de cada una de las facturas y notas de crédito recibidas por los respectivos Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, y sus redes asistenciales correspondientes, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las municipalidades.

Las sanciones administrativas previstas en este artículo serán aplicadas por la autoridad competente, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.”.

Ha agregado el siguiente numeral 3:

“3.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 3°.

“Asimismo, serán inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.”.

Artículo 2°.

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo 2°.- Modifícase el artículo 54 del Decreto Ley N°825, de 1974, que establece la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, de la siguiente manera:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la expresión "compra" y antes de la coma (,) la frase “guías de despacho,”.

b) Elimínase, a continuación del primer punto seguido, la frase “Las guías de despacho y”.

c) Agrégase, a continuación de la frase “en papel” y antes del segundo punto seguido la siguiente oración:

“Los contribuyentes que solo emitan documentos en papel podrán emitir guías de despacho que no importen ventas por este mismo medio.”

Artículo 3°, nuevo.

Ha agregado el siguiente artículo 3°, nuevo:

Artículo 3°.- Agrégase al artículo 1° de la ley N° 20.416, el siguiente inciso segundo:

“Asimismo, tiene por objeto promover el pronto pago de los bienes y servicios que provean o presten las micro y pequeñas empresas.”.

Artículos transitorios.

Ha reemplazado el artículo primero transitorio por el siguiente:

Artículo primero transitorio.- La presente ley, salvo las excepciones contempladas en los artículos siguientes, entrará en vigencia a partir del primer día del cuarto mes de publicada en el Diario Oficial.

Ha incorporado los siguientes artículos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios.

Artículo segundo transitorio.- Transcurridos dos años desde la entrada en vigencia de esta ley, el plazo que se agrega en el artículo 2° inciso segundo de la ley N° 19.983, respecto al plazo pactado, se reducirá a un máximo de cuarenta y cinco días.

Artículo tercero transitorio.- Respecto de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y sus redes asistenciales correspondientes; la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud; y, las municipalidades, las normas contenidas en los artículos 2° bis y el inciso tercero del artículo 2°quáter que se incorporan a la ley N° 19.983, se aplicarán a las facturas emitidas por empresas de menor tamaño, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 20.416, recibidas a contar del primer día del trigésimo séptimo mes de publicada la ley en el Diario Oficial. Luego de transcurridos doce meses desde dicha fecha, las normas referidas se aplicarán a las facturas emitidas, sin distinción de emisor.

Se eximirá a las municipalidades de esta norma en el caso que las obras sean financiadas por el gobierno regional o algún ministerio y de cuyos fondos dependan dichas obras.

En el tiempo que medie entre la publicación de la presente ley en el Diario Oficial y los plazos especiales que establece este artículo, los organismos que aquí se indican tendrán la obligación de informar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, en el plazo y forma que ésta fije al efecto, sobre el nivel de cumplimiento respecto de las obligaciones que establece la presente ley.

El reporte a que se refiere el inciso anterior deberá publicarse en el sitio WEB institucional de la Dirección de Compras y Contratación Pública y remitirse a las Comisiones de Economía y de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente.

Artículo cuarto transitorio.- Las modificaciones introducidas al artículo 54 del decreto ley N° 825, de 1974, sobre la obligación de emitir guías de despacho electrónicas, entrarán en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo quinto transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará, en lo que les corresponda, con cargo a los presupuestos vigentes de las Partidas incluidas en el articulado. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.

Artículo sexto transitorio.- El Servicio de Impuestos Internos deberá presentar a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado, en un plazo máximo de veinticuatro meses desde la publicación de la presente ley, un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del impuesto al valor agregado en el período tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura.”.

7.-El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presentes señores Barrera, don Boris; Garín, don Renato; Jürgensen, don Harry; Lavín, don Joaquín; Mellado, don Miguel; Rentería, don Rolando; Sepúlveda, don Alexis; Van Rysselberghe, don Enrique, y Velásquez, don Pedro.

8.- Se designó Diputado Informante al señor ALEXIS SEPÚLVEDA.

+ + +

Asistieron a la Comisión el señor ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, acompañado de las señoras Michèle Labbé, jefa de asesores, y Cecilia Flores, asesora legislativa. También asistieron los señores Ignacio Guerrero, subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño; Felipe Commentz, jefe de la División Empresas de Menor Tamaño, Ricardo Pizarro, jefe del Departamento de Operaciones de la Subdirección de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos; el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza, el señor Mario Arand, jefe de estudios de la DIPRES, y la señora Ximena Contreras, asesora del ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Asiste, asimismo, el señor Gonzalo Blumel, ministro secretario general de la Presidencia.

Concurrieron también los señores Enrique Román, representante de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme); Rodrigo Bon, por la Comunidad Empresarial de Micros, Pequeños Empresarios y Emprendedores (Propyme); Rodrigo Abumohor, consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA); Humberto Solar, secretario general de la Confederación Nacional Unida de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, Artesanado y Servicios (CONUPIA); la señora Alejandra Mustakis y Francisco Gazmuri, presidenta y director ejecutivo de la Asociación Emprendedores de Chile (ASECH), respectivamente; Iván Borcoski, secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades; Nicolás Shea, presidente ejecutivo del directorio de Cumplo Chile S. A.; la señora Josefa Monge, directora de Cumplo Chile S.A.; Jorge Hermann, director de Hermann Consultores; Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos de Chile S. A., Rodrigo Sprohnle, director de Empresas de Factoring Chile A.G., junto a los señores Marcelo Lazen, presidente; Andrés Hortal, vicepresidente, y Sergio López, gerente general, y el presidente del Colegio de Contadores de Chile, señor Alejandro Vera .

II.- ANTECEDENTES

A.De derecho

- Ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño.

- Ley N°18.010 sobre operaciones de crédito de dinero.

- Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura.

- Ley N° 20.169, sobre competencia desleal.

- Decreto ley N° 825, de 1974, sobre Impuestos a las Ventas y Servicios.

B.De hecho

En la moción se menciona que la iniciativa busca establecer mayor simetría en las relaciones de comercio y prestaciones de servicio que efectúan las empresas de menor tamaño, particularmente las pequeñas y micro empresas, considerando su posición en el mercado.

Agregan sus autores que el proyecto recoge la experiencia comparada, particularmente, las directivas emanadas de la Unión Europea, y la legislación de España y de Reino Unido sobre la materia.

I. Realidad de las pymes en Chile

Entre los antecedentes que sirven de fundamento al proyecto se indica que el año tributario 2014, el Servicio de Impuestos Internos registró un total de 867.863 empresas con actividad en el país. El sector de la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) representaba el 99% de las empresas en Chile y solamente participan del 16% de las ventas. Sin embargo, las MIPYME son un sector relevante en material laboral, ya que aportaban 3.757.433 empleos, lo que corresponde al 42% de los trabajadores con contrato.

Respecto a las ventas, la moción destaca que el 29% de las empresas en Chile tiene ventas promedio mensual de $ 169.095, el 21% registra ventas por $798.753, y el 25% presenta un promedio de $2.718.601. Esto refleja la importancia que tiene el pronto pago para unidades económicas más pequeñas o la barrera que representa para su escalamiento en los pagos diferidos, porque hace imposible su operación al comprometer el capital de trabajo y las obliga a recurrir a fuentes de financiamiento cuyas tasas de interés son elevadas, alcanzando a al 36,66% para operaciones inferiores o iguales a 50 UF y 29,66 % para operaciones inferiores o iguales a 200 UF y superiores a 50 UF.

En relación a las fuentes de financiamiento para la inversión, se observa que para cada segmento de empresas, con excepción de la micro, la principal fuente de financiamiento son los recursos propios. En el caso de las pequeñas empresas, el 50,6% de la inversión se realiza con recursos propios. En las medianas empresas, los recursos propios financian el 56,1% de la inversión. En el caso del segmento micro empresa, ésta busca el financiamiento mediante el endeudamiento.

II. Prácticas abusivas

En segundo término, la moción aborda la problemática que fundamenta esta iniciativa.

Señala que el problema de los plazos de pago excesivamente amplios es causa de un abuso de posición dominante por parte de las grandes empresas. Es decir, el deudor obtiene una liquidez a expensas de la micro y pequeñas empresas.

Otra problemática a la que se enfrentan las pequeñas empresas es la falta de transparencia en la determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales. De este modo, impedir plazos de pago excesivos es proporcionar certeza a las pequeñas empresas proveedoras de bienes y servicios a la hora de la organización de su contabilidad y proyección de su escalamiento productivo.

III. El incumplimiento del plazo de pago en la experiencia comparada.

El informe “Políticas para las Mipymes frente a la crisis”, EuropAid-OIT, 2009 plantea que "el retraso en el pago es una situación que afecta profundamente el capital de trabajo de la empresa" (EuropAid-OIT, 2009:56), siendo los primeros afectados los proveedores de la misma, que a su vez experimentan retrasos en sus respectivos pagos. Asimismo, luego agrega que "Estos retrasos con proveedores, reducen las opciones de compra de la empresa y, además, al elevarse el "riesgo del cliente" para el proveedor, éste suele castigarlo por la vía del aumento de precio de los insumos o de la tasa del financiamiento.

Estos retrasos afectan a la micro y pequeñas empresas en sus relaciones con el sistema bancario y financiero, cotizaciones laborales y tributarias. Frente a estas situaciones, el informe sostiene que las pequeñas empresas en América Latina se encuentran más vulnerables que en la UE debido a que éstas cuentan con mayor disponibilidad de recursos e implica que es una situación que pueden sostener por más tiempo.

Lo anterior se sustenta en que "En América Latina constituye una práctica muy generalizada utilizar el crédito de proveedores, siendo éste mucho más caro”.

III.- PROYECTO APROBADO POR EL SENADO

“Artículo 1°.- Modifícase la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura, en los siguientes términos:

1.- En el artículo 2°:

a) Añádese, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “En todo caso, el plazo pactado no podrá ser superior a sesenta días corridos.”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“Las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas serán inoponibles a sus futuros cesionarios.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, el plazo de pago asociado a la venta de alimentos frescos y perecederos no excederá de treinta días contado a partir de la fecha de la entrega de los mismos. Para estos efectos, se entenderán como tales, aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisan de condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte.”.

2.- Incorpóranse los siguientes artículos 2° bis, 2° ter, 2° quáter y 2° quinquies:

“Artículo 2° bis.- Si no se verificare el pago dentro de los plazos señalados en el artículo anterior, se entenderá, para todos los efectos legales, que el deudor ha incurrido en mora, devengándose desde el primer día de mora o simple retardo y hasta la fecha del pago efectivo, un interés igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de noventa días, por montos superiores al equivalente a 200 unidades de fomento e inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento, que rija durante dicho período, en conformidad a la ley N° 18.010, sobre las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero. En el caso de los órganos del Estado, este interés será pagado con cargo a sus respectivos presupuestos.

Artículo 2° ter.- Siempre que el comprador esté en mora, exista o no acuerdo entre las partes respecto de la aplicación y cálculo de los intereses moratorios establecidos en la presente ley, el comprador deberá pagar una comisión fija por recuperación de pagos, cuyo monto se determinará en función del monto total adeudado por el comprador, de acuerdo a la siguiente tabla:

a) 1 unidad de fomento, si el monto total adeudado es inferior a 100 unidades de fomento.

b) 5 unidades de fomento, si el monto total adeudado es superior a 100 unidades de fomento e inferior a 1.000 unidades de fomento.

c) 10 unidades de fomento, si el monto total adeudado es igual o superior a 1.000 unidades de fomento.

Sin perjuicio de lo anterior y cualquiera sea la naturaleza jurídica del deudor, la empresa afectada podrá demandar la resolución del contrato o el cumplimiento forzado del mismo más la indemnización de los perjuicios que deriven de dicho incumplimiento.

Artículo 2° quáter.- Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la ley N° 19.886, los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán establecer un plazo de hasta sesenta días corridos en las bases de licitación respectivas, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de contratación directa, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. En este caso, deberán informar a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, establecido en el Capítulo IV de la ley N° 19.886. Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente la respectiva entidad certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por ella.

Artículo 2° quinquies.- Si no se efectuare el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo precedente, se generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios que, de acuerdo a la legislación vigente, pudieran corresponder, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 2° bis y 2° ter.

En todo caso, los funcionarios responsables de la falta de pago oportuno a que se refiere el inciso anterior podrán ser sancionados con una multa adicional de hasta un 10% de su remuneración mensual, la que podrá ser duplicada en caso de reincidencia.

Las sanciones administrativas previstas en este artículo serán aplicadas por la autoridad competente, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.

Para los efectos del cumplimiento del presente artículo, los organismos públicos mencionados en el artículo 2° quáter deberán publicar en el citado Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos. A través de aquel sistema deberán efectuar el envío de sus órdenes de compra, la recepción y aceptación de sus facturas, la información sobre la recepción conforme de los bienes y servicios adquiridos, así como la información y gestión de sus pagos.”.

Artículo 2°.- Reemplázase el literal i) del artículo 4º de la ley N° 20.169, que regula la competencia desleal, por el siguiente:

“i) El establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores, el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con éstos o la infracción a los plazos dispuestos en la ley N° 19.983 para el cumplimiento de la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura.”.

Artículo transitorio.- La presente ley, salvo la excepción contemplada en el inciso siguiente, entrará en vigencia a partir del primer día del cuarto mes de publicada en el Diario Oficial.

Respecto de los Servicios de Salud, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las municipalidades, las normas contenidas en los artículos 2° bis y 2° ter y en el inciso segundo del artículo 2° quinquies, que se incorporan a la ley N° 19.983, se aplicarán el primer día del vigésimo quinto mes de publicada la ley en el Diario Oficial. Con todo, en el tiempo que medie entre la publicación de la presente ley en el Diario Oficial y el plazo a que se refiere este inciso, los organismos que aquí se indican tendrán la obligación de informar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, en el plazo y formato que ésta fije al efecto, sobre el nivel de cumplimiento respecto de las obligaciones que establece la presente ley.

El reporte a que se refiere el inciso anterior deberá publicarse en el sitio web institucional de la Dirección de Compras y Contratación Pública y remitirse a la Comisión de Economía del Senado y a la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados.”.

IV.- DISCUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Resumen de las exposiciones:

El señor José Ramón Valente señala que el asunto del pronto pago es un anhelo de un gran número de chilenos, contando casi un millón de empresas de menor tamaño que enfrentan problemas con su capital de trabajo y de financiamiento.

Es un tema de larga data y por ello se revisaron los proyectos de ley que se habían presentado a tramitación con la idea de poder dar solución a este tema. Hubo varias iniciativas en distintos gobierno, pero hay una del año 2015, en que se estableció una mesa de trabajo que logró acuerdos, pero que ninguno de ellos fue implementado. Explica que el actual subsecretario lideró una mesa de trabajo con actores relevantes en este tema, desde emprendedores a grandes empresas.

En primer lugar, expone que hay temas que se han obviado, pero que son importantes. Precisa que siempre se ha puesto la relevancia en el plazo de pago de la factura, sin considerar que la cadena de pago que debe enfrentar una empresa pequeña, comienza antes de la facturación. Explica que se produce con el capital que se tiene, se entrega el producto con una guía de despacho y entre la guía de despacho y la factura, hay un tiempo que puede estar establecido por ley, pero no hay forma de supervisar que ese tiempo, efectivamente, se cumpla.

Al respecto, señala que no se ha intentado regular ese tiempo intermedio entre la guía de despacho y la factura, sino a partir de este documento. Esto refleja que se debe regular ese tiempo que es anterior a la factura y anuncia que las indicaciones que presentarán, incluyen una propuesta al respecto. Sostiene que se ha conversado con el Servicio de Impuestos Internos para poder digitalizar la guía de despacho y con ello tener una fecha cierta que pueda ser objeto de seguimiento y supervisar que el tiempo entre la guía de despacho y la factura sea el tiempo que se ocupa realmente, que la referida indicación señala que serán 20 días.

Considerando la factura, se ha señalado la preocupación por la fecha de pago de la factura que ha sido emitida. Sin embargo, se ha obviado otro problema relativo al financiamiento de la pyme, y es el relacionado con el alto costo de ese financiamiento, además de ser escaso. Destaca por ello el monto y el plazo de la factura, ambos, como elementos relevantes y no sólo la consideración del plazo y más aún, estima que el monto es de mayor importancia que el plazo.

Explica que en el caso de la pyme que vende a una gran empresa, productos o servicios por cien. Cuando la pyme concurre al factoring, al banco o a la bolsa de productos en busca de financiamiento, estos financistas le hacen presente que el comprador al tener la posibilidad de una nota de crédito hace que en realidad tenga una factura que no es por cien, sino por menos y ese monto no se sabe con exactitud y por ello parte del pago final debe hacerlo la pyme, todo lo que resulta en que no se le puede cobrar la tasa de interés que le cobraría a la gran empresa que es el deudor verdadero de la factura y el deudor pyme en otra proporción por lo que el proveedor pyme, sigue siendo sujeto de pago.

Al fijarse el monto de la factura, lo que se pretende es que el proveedor no sea sujeto de pago, sino el comprador, la gran empresa en el ejemplo anterior, que puede endeudarse a intereses de 6% en tanto un proveedor pequeño puede hacerlo al 20 % anual. Por tanto, la idea es que el mercado pueda tomar esa factura como un crédito al comprador y así cobrar la tasa de interés a ese precio por ese crédito. Por eso explica que el mayor beneficio para la pyme es reducir la tasa de interés que se cobra al equivalente del gran comprador.

Respecto del plazo, señala que muchos países han intentado determinarlo, sin perjuicio que al ser períodos muy cortos, finalmente terminan por no cumplirse. Por ello, es mejor tener un plazo posible de cumplir, después de lo cual se generen los intereses altos para quienes no cumplen con el pago, como una forma de penalidad.

De esta manera anuncia que se establece mediante las indicaciones la invariabilidad del monto de la factura, impidiendo notas de crédito después del plazo de 8 días que señala la ley y en segundo lugar, se establece un pago de 60 días como plazo máximo a partir del cual se generan intereses corrientes, como lo viene planteando el proyecto de ley, siendo ellos más altos que el interés a que se pueden endeudar las empresas en el mercado. Ello sería un incentivo para pagar a tiempo, por la gran empresa.

Agrega que han conversado con la Comisión de Mercados Financieros porque consideran que el pago a plazo y por montos indefinidos no le conviene a las pyme ni a las grandes empresas y que hay un claro problema de agencia entre los dueños de la gran empresa y sus ejecutivos.

Explica que muchas veces el gerente de finanzas de la empresa presenta como logro el haber extendido los plazos de pago, que mejora el uso del capital de trabajo de la gran empresa, pero nunca se muestra el costo de esta decisión, y que se presenta de dos maneras.

La principal manera es entender que este es un mundo dinámico y ello puede significar que el proveedor salga del mercado, sea por la quiebra o porque no desea seguir prestando servicios a esa empresa, o se incorpora el costo que la gran empresa obliga a incurrir por plazos inciertos de pago por costos financieros adicionales en el futuro y, finalmente, termina por vender más caro a esa gran empresa. Entonces, el principal efecto es que las grandes compañías compran más caro los productos en el mercado por la demora en el pago a los proveedores.

Se ha conversado con la Comisión de Mercados Financieros para que ante las situaciones de facturas impagas se establezca que en esos casos se considere como deuda financiera y no de pago a proveedores. De esta manera el gerente de finanzas de una empresa deberá presentar en la información que el aumento del plazo de pago a proveedores significará un aumento de la deuda, lo que simplemente significa pagos de deuda a proveedores, que no se encuentra hoy en el estado financiero de la compañía y por lo tanto no tendría costos. Al obligar esta presentación el beneficio se anula con el costo y el gerente deberá responder porque ese aumento de plazo en el pago a proveedores significará un aumento de deuda financiera.

Adicionalmente, señala que con la Comisión de Estados Financieros han establecido que existan normas adicionales de información de las políticas de pago a proveedores y si ellas se cumplen, al menos de manera trimestral, darse cuenta al presentarse los estados financieros de las compañías.

Destaca que esto último no era un punto en discusión en los proyectos de ley anteriores, de manera que habrá tres elementos novedosos en las indicaciones: la guía de despacho electrónica, fijar el monto de las facturas y solucionar el problema de agencia entre ejecutivos y dueños de empresa.

Adicionalmente, señala que hay materias que los emprendedores y las pyme consideran necesarias hace mucho tiempo y que se refiere al uso del IVA de la factura no pagada por la gran empresa de acuerdo al sistema tributario, en definitiva puede descontar ese IVA sin pagar la factura. Plantea que las acciones tomadas en este sentido harán más oneroso a la empresa el retraso del pago a los proveedores.

Señala que se ha desarrollado un trabajo conjunto con el SII para ver el trabajo que se requiere y el impacto que se genera en la cadena productiva, según sea el tamaño de empresa, para no producir perjuicios con las propuestas que se planteen.

El representante de Conapyme, señor Enrique Román, hace presente que el tema en discusión ha sido debatido largamente; sin embargo, expresa que concurre a la Comisión para manifestar las siguientes aprensiones:

En primer lugar, señala que es un proyecto que aparentemente beneficia a la pequeña empresa, pero que durante su discusión se introdujeron dos elementos que benefician claramente a las grandes empresas y perjudican notoriamente a las pequeñas.

Informa que las pequeñas empresas venden sólo el 14 por ciento de las ventas totales del país, situación que califica como preocupante, si se considera que en 1989 ellas facturaban el 30 por ciento y que desde entonces han ido perdiendo consistentemente participación en las ventas, por montos que se aproximan a los tres mil millones de dólares anuales, de manera que lo que las pequeñas empresas han dejado de vender desde el año 1990 a la época, es superior al Fondo Reservado del Cobre.

Esto se asocia con situaciones informadas por el INE en que la informalidad sería de un millón de pymes, pero en realidad son dos millones de ellas, este es un proceso creciente en la informalización y en las pérdidas de los mercados y de concentración de mercado, básicamente en 30 grupos económicos que excluyen a un número importante de agentes del mercado como las pyme.

Explica que una de las razones de estas situaciones, se encuentra en las denominadas asimetrías de mercado, en las que los grandes compradores tienen el poder de fijar condiciones de pago, de manera que son ellos los que financian el capital de trabajo y la operación corriente de una gran cantidad de empresas, porque entregan sus productos y se les paga a 60, 180, incluso más días, los retornos por las ventas que realizan. Agrega que deben pagar el IVA, desde el momento en que están facturando, aunque últimamente se les ha entregado algunas facilidades, pero reciben el reembolso muy tarde.

Señala que es una vieja aspiración de los pequeños empresarios, que se establezca en una ley, el pronto pago para las pequeñas empresas. Sin embargo, advierte que cuando se incluye en el texto que esto ha de regular las relaciones de las empresas con las empresas y no habla ya de las relaciones entre las grandes empresas con las pequeñas empresas, se ha convertido en una iniciativa que favorece a las grandes empresas, es decir, señala, se ha convertido en una ley para los grupos económicos.

Explica que si esas empresas venden el 86 por ciento de todo lo que se vende, esas empresas son, básicamente, los prestamistas a quienes se encuentran financiando, a quienes las pyme les deben mucho más de lo que las grandes empresas les deben a ellos.

Aclara que las grandes empresas jamás han tenido problemas para cobrar lo que las pyme puedan deber, sino que es a la inversa, las pyme tienen problemas para poder cobrar a las grandes empresas. Precisa que así, las grandes empresas se pagan por la pyme al momento en que estas les compran a aquellas, pero que la pyme debe esperar entre 60 a 120 días, incluso más, para que les paguen. De esta manera, si la ley establece que regula la relación de todos los agentes económicos que se relacionan por acciones de compra y venta, de manera que la ley se aplica en sus sanciones para todos aquellos que no van a pagar, quienes en definitiva se verán sometidos a situaciones draconianas, que no existen hoy, serán las pyme.

Esto ocurrirá porque entregará a las grandes empresas condiciones que hoy no tienen y si se entregan nominalmente hoy a las pyme, que no tienen posibilidad de ejercerlas, porque además, hay incontables maneras para que no puedan recibir su pago a tiempo de la gran empresa. Lo fundamental es que se establece que el 86 por ciento de la facturación en Chile, pueda ejercer acciones de cobro sobre las pyme, lo que le parece muy mal, considerando que este proyecto no se concibió con ese sentido.

El segundo problema que enfrentan las pyme, es que tienen un cliente que no paga, que es el Estado de Chile.

El resultado es un proyecto que impone sanciones que no existían para las micro, pequeñas y medianas empresas en el evento que ellas no le paguen a las grandes empresas, se entrega la posibilidad nominal de comprar a uno de sus clientes, las grandes empresas, que tienen la posibilidad de presionar por otras vías no cauteladas de manera suficiente por la ley y además, excluye de esta regulación a otro cliente, importante, que es el Estado. Recalca que en vista de ello, no se logra saber cuál es el sentido de este proyecto, siendo una normativa que los perjudica y a la cual se van a oponer.

El director ejecutivo de Comunidad Empresarial de Micros, Pequeños Empresarios y Emprendedores, Propyme, señor Rodrigo Bon, sostiene que en una encuesta a sus asociados, el 53 por ciento de ellos habría manifestado que el plazo de pago a las pymes por sus servicios, trabajo o productos debería fijarse en una ley que determine los plazos de pago a las micro y pequeñas empresas, mientras que, el 36, 5 por ciento es de opinión que debería ser acordado sólo por ambas partes del negocio y el 10 por ciento, que bastaría un acuerdo de buena voluntad basado en la responsabilidad social empresarial. Señalaron los encuestados, además, que al 56 por ciento de ellos se les paga dentro de 30 días, al 17 por ciento se le paga en 60 días, al 18 por ciento en 45 días, al 5 por ciento, se les paga a 90 días y al 4 por ciento se le paga en plazos superiores. Agrega que este es un tema que como asociación se encuentran trabajando desde hace un tiempo y que en los últimos 5 años ha aumentado la opinión respecto a requerir una ley de pronto pago para las pyme.

La mayoría, esto es, el 60,4 por ciento señaló que determinar por ley los plazos de pago entre las pymes y las grandes empresas sería una medida que fortalecerá la relación de su empresa y sus grandes clientes, un 28 por ciento lo considera una medida que no repercutirá en su empresa y sólo el 14 por ciento lo ve como un problema para su empresa, ya que puede perjudicar en la relación comercial que hoy tiene con sus clientes.

En relación con el proyecto de ley, advierte la necesidad de separar la situación de los pagos hechos por el Estado de los pagos de particulares.

Respecto al pago del Estado señala que hay un trabajo desarrollado por más de dos años con distintos gremios de las pyme, que tiene que ver con el reglamento de compras públicas. Sostiene que en la situación del pago de los privados debe avanzarse hacia una situación similar a la que se ha logrado con el Estado, en que si bien existen los temas del MOP, de las municipalidades y de salud, el plazo de pago por el Estado ha bajado, lo que ha movido a que exista un alto interés en contratar con el Estado y más del 90 por ciento de las transacciones que se hacen entre privados con el Estado corresponden a micro y pequeños empresarios, de manera que si no fuera buen negocio no se harían y se asemejaría a la situación de 10 años atrás.

Aclara que la situación de hoy no sólo es producto de un reglamento en el sistema de compras públicas, respecto del cómo se paga, sino también con ese trabajo de dos años que realizó el Contralor; sin embargo, en el intertanto hubo mesas de trabajo y elaboración de códigos en los que se avanzó bastante. Considera que la ley por sí sola no será suficiente, porque ninguna pyme irá a cobrarle a una empresa, ya que significará salir de la lista de proveedores. Plantea que es necesario que exista ese registro de buenos y malos pagadores, porque de esa manera la pyme es capaz de saber qué empresa tiene buen comportamiento y ello es posible por Chile Compra. Aclara que, así también el Estado debe tener claridad respecto del pago a las microempresas, no es posible que las empresas constructoras sigan ganando licitaciones mientras hacen quebrar a las pyme.

Manifiesta la convicción de establecer el pago a 30 días por parejo, pero lo que el proyecto de ley establece respecto de la procedencia de las multas, es necesario que se simplifique y aclare, aunque estima que debe ser una multa única aplicable a todos. Señala ser contrario a la negociación respecto al plazo del pago, porque es imposible negociar cuando las diferencias son demasiado grandes y ello puede terminar siendo un problema. Finalmente, señala que se debe repensar esta propuesta, porque hay cambios, los ciclos económicos son distintos y hay otras expectativas frente a ella.

El consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), señor Rodrigo Abumohor, hace presente la importancia que tiene el desarrollo normativo de regulación y de autoregulación, que aborde las causas en el sector público y privado de la demora en el pago a los proveedores. Esta es una problemática compleja que requiere soluciones integrales, enfatiza.

Menciona que el proceso comienza con una negociación, donde se consideran cantidades, precios y plazos de pago. Se generan las órdenes de compra, que al ser aceptadas deben ser liberadas, en esto puede transcurrir un tiempo, especialmente cuando hay mucho stock en el mercado. Con esta aprobación se despacha la mercadería y se generan los plazos de despacho, en que pueden haber exigencias técnicas importantes que aumentan la eficiencia de la cadena, pero que pueden ser difíciles de cumplir para compañías pequeñas. A continuación, se procede a la recepción, con la respectiva guía y luego se inicia la facturación.

Durante la facturación puede ocurrir que entre ambos clientes puedan negociar nuevos asuntos, que considere negocios futuros, por ejemplo. Es entonces donde se produce la revisión de la factura que puede afectar los plazos, según las circunstancias que se hayan negociado. Finalmente, se produce el pago de la factura.

Observa que el proyecto de ley apunta a un área, a una parte del proceso, que en definitiva se puede ver afectada por otras circunstancias que afectan el pago oportuno.

Entre los elementos que lo pueden afectar se encuentra la asimetría de la posición negociadora, por diferencias de tamaño entre los contratantes, pero hay que desmistificar en cuanto a que las empresas más grandes son las que mejor pagan, y a veces dentro de la cadena, pueden haber subcontratistas, y que sea este el punto que crea los denominados cuellos de botella.

Otro punto que se debe observar es la heterogeneidad de los modelos de negocio. Dependen del tipo de industria y cada una tiene un proceso diferente y mecanismos distintos que deben ser entendidos para que la industria, como un todo, pueda beneficiarse con el pago oportuno y no solo algunos.

Expone que Sofofa tiene una línea de evolución empresarial. En ellas se aplican las ideas de valor compartido y de sustentabilidad y autorregulación. La frustración de las personas no es por el mal manejo económico, sino porque tienen poco que ofrecer ante alguien que tiene mucho que ganar.

Sostiene que las pequeñas empresas tienen problemas que identifica como problemas administrativos, operativos y logísticos para poder cumplir con los estándares operativos de las industrias de hoy, de manera que es de primordial importancia que la pyme se profesionalice aún más, que pueda entender mejor los procesos, y en eso Sofofa les puede ayudar de distintas maneras, pero si ellas no lo hacen, entrampan el proceso y se afectan a sí mismas, porque el pago termina siendo muy tarde.

Un tema importante es que las pequeñas y medianas empresas generen más valor. Para ello hay distintas modalidades en que se puede hacer, pero deben entender que cuando su propuesta incorpore mayor valor, el poder negociador de la pyme habrá aumentado y el pago oportuno será parte de ese mayor valor.

A continuación, expone sobre la necesidad de hacer algunas consideraciones generales para tener un enfoque integral. El enfoque integral es necesario porque se considera que debe haber un marco normativo de regulación y autorregulación sectorial y transversal, con convenios de capacitación en que las pyme tengan mejores modelos de negocio para que puedan capturar un mayor valor en la transacción que se crea.

Otro elemento es el trato justo, de procesos simples, transparentes y colaborativos y no de simple negociación.

Un tercer punto, se relaciona con explorar sistemas de incentivo para empresas y para ejecutivos, positivos y negativos, porque ellos son los que harán el movimiento de la empresa. Advierte que es necesario que ellos sean bien estudiados, porque el comportamiento desde y hacia las pyme en el futuro, debe tener estos elementos, focalizados en las causas que hay detrás.

En relación con los problemas administrativos, de logística y operación de la pyme, ellas deben ser capacitadas en estos asuntos, de manera que se facilite el cumplimiento de los estándares de la industria. La participación de universidades e institutos, de las gerencias de las empresas que puedan ayudar a la pyme a tener mejores procesos que resulten en un pago oportuno y en un mejor pago.

Destaca que las pyme deben tener mejor acceso a financiamiento, principalmente de bajo costo.

Por estas razones reitera la necesidad de una visión integral respecto de actores que son tan importantes para la economía.

Llama la atención respecto de la situación de los plazos máximos de pago porque los actores son diferentes, lo son sus ciclos económicos, las estructuras y formas de financiamiento. Por ello la forma de pago que acuerden las partes puede ser una mejor solución a parte de la problemática que se plantea y mejor que el pago a un plazo máximo para todas las industrias.

Respecto de las multas, señala que es muy difícil decirle a la contraparte, cuando se está negociando con desventaja, que se establezcan multas, salvo que se trate de una única transacción, porque de lo contrario se rompen las relaciones y sin duda se hará más caro y complejo. Por ello, se opta por caminos de consenso.

Señala que igualmente hay diferentes visiones respecto de quienes debieran participar, de acuerdo al tamaño de la empresa y se declara partidario que participen todas las empresas, no sólo la pyme, porque de ser sólo con ellas, se puede generar un efecto contrario.

Plantea que hay inquietud respecto de la situación del sector público con el privado, porque las causas por las que la pyme no recibe un pago oportuno son distintas en uno u otro sector.

En cuanto a la cadena de incumplimientos, expone que el proyecto contempla el proceso de facturación y no el proceso completo, integral, que es la principal observación respecto de que esto se transforme en aliciente y motivación para el buen desarrollo de la pyme. Advierte que deben analizarse los nodos del proceso, de manera de obtener las mayores certezas posibles en estas materias.

A manera de conclusiones, señala que tienen la mejor disposición para discutir un marco normativo que permita tener regulación y una autorregulación que apunte a los problemas de fondo y que las pyme puedan avanzar no solo en el pago oportuno, sino en desarrollar de mejor manera su negocio.

Explica que el enfoque debe tener elementos cualitativos y cuantitativos, como reemplazar topes máximos por el acuerdo entre las partes; además de la necesidad de considerar las particularidades del sector económico y del sector público.

Advierte finalmente, que una mala regulación en estas materias puede llevar a generar informalidades entre las pyme y la gran industria, porque nadie quiere generarse problemas y algunos prefieren estar como hoy, pero es necesario que las pyme puedan avanzar. Anuncia que si lo solicita la Comisión, pueden sugerir modificaciones al proyecto de ley.

El secretario general de la Confederación Nacional Unida de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, Artesanado y Servicios (CONUPIA), señor Humberto Solar, manifiesta que este es un tema central, que se arrastra por décadas y el proyecto es un paso importante para resolver los problemas de las empresas.

Recuerda que el mandante puede y debe considerar el devengo de una orden de compra en sus registros contables, situación que ocasionalmente no ocurre. Por lo demás, el proveedor efectúa las compras de insumos para producir el bien y contrata mano de obra, desarrolla el proceso productivo, entrega con guía de despacho contra la orden de compra, el mandante recibe conforme y se emite la factura.

El plazo transcurrido durante todo este proceso es de no menos de 30 días a los cuales se deben sumar los 30 días de pago en condiciones ideales. Como hoy ello no ocurre el proceso se prolonga a 60 y/o 90 días, a lo menos. Por lo antes dicho, la EMT se constituye en una fuente de financiamiento.

Estos hechos, manifiesta, confirman la existencia de asimetrías en el mercado que afectan a las EMT en materias económicas y de financiamiento en relación a las grandes y medianas empresas. Por lo antes dicho, considera que es necesario y urgente corregir esta situación.

Por otra parte, agrega que los derechos de EMT deben formalizarse en una normativa única y general, a través de una política pública orientada a este sector, que mediante un diseño y gestión adecuada identifique las necesidades insatisfechas y los problemas no resueltos, la acción participativa de todos los actores de este subsector y que dé cuenta de su misión en el contexto de la estructura económica del país. En dicha política pública se deben formular las alternativas posibles de satisfacción de los problemas no resueltos. Asimismo, en materia de decisión, se deben adoptar alternativas políticas según la naturaleza y perspectiva técnica en base a criterios de capacidad real de intervención financiera y organizacional, efectividad, factibilidad política social y legal.

Por lo antes dicho, plantea que es necesario dar curso al estatuto Pyme de manera consensuada con los gremios de su sector; cabe señalar que la discusión de este estatuto se arrastra ya por los últimos tres periodos presidenciales sin lograr concretizarse en una normativa pública.

Sostiene que por ahora es urgente y necesario asumir la situación de la inadecuada competencia y malas prácticas comerciales en el mercado entre el Estado, las grandes empresas y las EMT. Es necesario pronunciarse, resolver y superar las condiciones abusivas, pues las establecidas resultan ser ineficaces, pues mediante acciones elusivas e incumplimientos de los plazos por parte de las grandes empresas se mantiene y sostiene una situación de desigualdad e inequidad respecto de las EMT.

A contrario sensu, el programa de Chile Compra/Chile proveedores ha demostrado que las EMT logran aumentar su nivel de participación en el mercado que alcanza a la fecha al 46% de un presupuesto de 12 MMUS$.

Respecto de la regulación del plazo de pago (30 días) recuerda que en el Diario Las Últimas Noticias, del lunes 1 de junio de 2015, se señalaba:

Gremios de grandes y pequeñas empresas firmaron un acuerdo sobre el tema. SE ACABA PROBLEMA DE LOS PLAZOS DE PAGO. La Subsecretaria de Economía, Karen Trusich, organizó la mesa de trabajo, que terminó el 13 de mayo con la firma de un acuerdo. El acuerdo se denominó Código de Pago Oportuno a los Proveedores, en este acuerdo participaron: La Confederación de la Producción y del Comercio(CPC), Sofofa, Cámara Nacional de Comercio, Sonami, Cámara Chilena de la Construcción, Asociación de Bancos, Cámara de Comercio de Santiago, Asociación de Supermercados Unapyme, Conapyme, Asociación de Ferias Libres, Asexma, y Propyme.

Dijo la subsecretaria, de aquella época…”de esta manera estamos evitando que la empresa grande se aproveche e imponga condiciones arbitrarias y distintas a sus proveedores”.

Esta situación podría repetirse nuevamente y el tiempo ha probado que no basta el consenso, es necesario la dictación de una ley.

De acuerdo a lo expuesto en el punto anterior sobre competencia de mercado, reitera que las grandes empresas han mantenido de manera sistemática malas prácticas comerciales con las pyme. Igualmente, el Estado y sus instituciones también han caído en estas prácticas de no pago a las empresas de menor tamaño, en los tiempos que se ha acordado en las facturas respectivas.

La resolución de la Controlaría General de la República de fecha 20.03.2018, establece que “se pagara oportunamente a los proveedores dentro del plazo de 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro.”. Hace presente que la ley debiera contemplar el plazo que se solicita a todo el mercado y no como se establece en el caso del sector salud donde queda dicho que será 25 meses más un día.

Esta resolución de la autoridad ratifica y confirma la posición del gremio en el sentido de que se le pague a las empresas del sector a 30 días de la fecha de emisión de la factura.

A mayor ahondamiento, señala que las grandes empresas, al no respetar el compromiso dentro del plazo de pago a 30 días a las EMT producen efectos dañosos respecto de un subsector de empresarios no menores, suficientes y necesarios para dar estabilidad al sistema económico-productivo y de servicios, como a la esfera política, operativa y administrativa del país.

Proponen, en consecuencia, cambiar el “sujeto del IVA” del proveedor al mandante, siendo las grandes empresas mandantes las obligadas a cancelar y pagar el 19% del IVA de la factura, dentro de los plazos establecidos por la ley, de acuerdo a la fecha de emisión de la factura objeto de la venta del bien o prestación de servicios. Les parece positivo, si así lo estima la autoridad, dar un determinado incentivo siempre y cuando este no provenga de las facturas de las empresas de menor tamaño.

El señor Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos de Chile S. A., hace presente en relación con el proyecto de ley en discusión, que la Bolsa de Productos ha identificado 3 grandes problemas recurrentes en los procesos de pagos: Uno es el de los pagos fuera del plazo acordado entre las partes, otro el de los pagos por montos inferiores a lo indicado en las facturas y los pagos a beneficiarios erróneos.

Este proyecto de ley se hace cargo de los primeros 2 problemas señalados, incentivando el pago oportuno por la vía de devengar intereses de mora en caso de atrasos, y prohibir notas de crédito y débito para facturas irrevocablemente aceptadas.

El último punto está regulado en la ley N° 19.983 a través del registro de cesiones electrónicas que lleva el SII. Por otro lado, la propuesta de obligatoriedad en la emisión de la guía de despacho electrónica ayudará a acelerar los plazos para la emisión y pago de las facturas.

Respecto de los intereses moratorios, es necesario aclarar que los intereses de mora son en favor del beneficiario de la factura (emisor o cesionario), se debe permitir que el cesionario pueda renunciar a los intereses de mora para facilitar el financiamiento a los pagadores que no puedan acortar sus plazos de pago y procurar que el cobro de los intereses posea una vía ejecutiva o mecanismos para facilitarlo.

En cuanto a la posibilidad para extender el plazo, es necesario asegurar que las eventuales condiciones pactadas en este contrato estén contenidas en las propias facturas para evitar que afecten su autonomía y libre circulación. Es necesario entender que la factura se ha transformado en un instrumento de crédito altamente competitivo, por lo que la ley debe evitar incertidumbres y asimetrías de información.

Sobre la obligatoriedad de la guía de despacho, señala que se considera una buena medida para acelerar la facturación, por otro lado, por esta vía podría acelerarse el acuse conforme de las guías facilitando la aprobación posterior de las facturas.

En relación con los descuentos por pronto pago, este proyecto no se hace cargo de regular los eventuales conflictos de interés en las políticas de descuento por pronto pago. Así, por ejemplo, cuando el pagador define la tasa de descuento y el plazo aplicable. Sin perjuicio que existe un mercado financiero alternativo para el descuento de facturas, estas políticas podrían coartar la libre elección de los proveedores pequeños por la asimetría en los poderes de negociación. Por ello considera que es relevante incentivar una mayor transparencia en los pagadores.

En conclusión, señala que este proyecto de ley apunta en la dirección correcta, incentivando un mejor cumplimiento en los plazos de pago. En él se plantean algunas medidas que buscan otorgar mayor flexibilidad a los pagadores con menor capacidad de pago, acelerar la aprobación de las guías de despacho y regular los eventuales conflictos de interés en las políticas de pronto pago.

Agrega que el financiamiento basado en el descuento de facturas (bolsa o factoring) ha sido eficaz en acelerar los plazos de pago, por lo que se debe mantener o mejorar las certezas jurídicas y económicas inherentes al mercado de facturas. En general, el proyecto debe promover una mayor trasparencia de los pagadores para efectos de nivelar la cancha en favor de los proveedores de menor tamaño.

El señor Rodrigo Sprohnle, director de Empresas de Factoring Chile A.G., aclara algunas dudas manifestadas en el debate.

Señala que los primero es entender la problemática de la pyme y eliminar paradigmas sobre el factoring. Afirma que esta no es una mala ley para los factoring. Precisa que las pyme pagan los sueldos cada 30 días, pagan los derechos de aduana al día siguiente que llega su mercadería, pagan sus impuestos cada 15 días, de manera que el problema de la pyme no es a 50, 60 o más días, sino que es semanal.

Hace un llamado a no enredarse con el factoring, que desde el comienzo de la facturación electrónica, se ha convertido en un mercado muy competitivo. Señala que en Chile hay tres grandes cadenas de supermercado, tres cadenas de farmacia, cuatro cadenas de servicentros, tres grandes retailers y más de 200 factoring en la industria y con ello no existe otra industria con tantos actores en el país y por ello muy competitivo, en el día a día de la pyme, el plazo no es un tema para ellos.

El promedio en la industria del factoring, a diferencia de la bolsa, tiene tiempos de cobro estimados de 55 días y ello significa que hay empresas que se les paga en menores plazos y a otras en mayores plazos.

Destaca también que la mora en la industria del factoring, ocurre en promedio, entre el 15 y 30 por ciento de los activos, los demás son vigentes.

Reitera que su opinión no es que se deban preocupar del factoring, sino de un problema semanal que vive el pyme.

Opina que esta es una excelente oportunidad para regular el pronto pago. Apunta que hay una situación arbitraria donde los grandes pagadores eligen a quienes hacerle el pronto pago y a tasas distintas, de manera que no es lo mismo hacérselo a la pyme al 2 por ciento que a una gran empresa al 0,5 por ciento. Aboga por que el pronto pago se aplique a todos los proveedores del país y en las mismas condiciones. El gran tema que la ley debe considerar es establecer y sancionar, independientemente del plazo, el no pago, especialmente el de los grandes pagadores que no pagan de acuerdo al plazo pactado. Por ello opina que no se debiera discutir el número de días, sino dejar que proveedor y pagador lleguen a un acuerdo y que éste se cumpla.

Aclara que hay distintos sectores en la economía que tienen, por sus ciclos económicos, distintos plazos de pago y cobro como salmones o metalmecánica. Señala que al contrario de los que se piensa, el sector público es un buen pagador, sin perjuicio que los malos pagadores allí son los ministerios de salud y de vivienda y en este caso, especialmente entre noviembre y marzo, cuando debe hacer los ajustes presupuestarios.

Por lo expuesto plantea que se deben cuestionar si esto es, necesariamente un asunto de número de días y en esto aclara su posición, que las partes deben fijar un plazo de común acuerdo, pero en el caso que el pagador no pague, debe tener una sanción sea multa, afectación al IVA, interés corriente, etc.

Señala que hay desafíos para poner en práctica esta ley.

En primer lugar, señala que el plazo que se pacte, no puede ser superior al que se fije de acuerdo a la autonomía de la voluntad, porque establecer un plazo máximo atenta contra la libertad contractual. Se debe sancionar que no se pague, pero no establecer un plazo, por ejemplo de 60 días, porque ello generará imperfecciones del mercado. Agrega que hay muchas pyme que son pagadoras, de tamaño pequeño y vemos en el posible abuso o arbitrariedad del sistema sólo respecto de los grandes pagadores.

Observa que esta ley apunta a modificar la ley N° 19.883, que es una ley relativa a las facturas, sin embargo, este proyecto de ley no es sobre las facturas, sino con la moratoria del pago y, por lo tanto, debe pensarse en una norma autónoma, sin modificar una ley que ha funcionado bien.

Sostiene que una ley bien hecha otorgará competitividad y será eficaz y permitirá bancarizar a más pyme. Del millón de empresas 850.000 son pyme y de ellas poco de más de la mitad son micro empresas y sólo el 1 por ciento de ellas accede al factoring.

Pregunta por la forma en que se materializará el cobro de los intereses que deba enterar el pagador por no cumplir oportunamente y esto importa porque se trata que la ley sea verdaderamente operativa.

La regulación al sector público establece que los 8 días que fija la ley actual, comenzarán a contarse desde que se certifique los productos o servicios han sido recibidos o prestados.

Explica que hecha la cesión de la factura, no se pueden emitir notas de crédito, según la ley N° 19.883. Señala que eso ya está perfeccionado y se pregunta por qué se le debe dar más plazo.

Destaca que en el caso del sector público los plazos comenzarán a corres después de los 8 días que fija la ley. Pero no se entiende por qué esta diferencia respecto del resto de la economía.

Se deben adecuar normas del proyecto a lo que ha interpretado el Servicio de Impuestos Internos. Muchas de las cosas que se consideran en la ley actual son una interpretación inversa a lo que hoy está funcionando de manera correcta con la facturación electrónica y la nueva ley y advierte que se debe tener cuidado de evitar problemas de aplicabilidad.

Agrega que no se debe confundir la discusión de los efectos sobre el factoring, porque esa es la industria más competitiva del mercado chileno y como asociación han presentado a las comisiones de Economía y Hacienda, proyectos de regulación, que estiman necesario para este sector y que debe hacerse desde la transparencia. Concluye señalando que en el país debieran haber más pyme, porque las que viven y mueren en el año, alcanzan el 90 por ciento de ellas.

El presidente del Colegio de Contadores de Chile, señor Alejandro Vera, expresa, en primer lugar, su preocupación respecto a que el proyecto de ley señala que “las notas de crédito y débito emitidas por facturas irrevocablemente aceptadas serán inoponibles a sus futuros cesionarios”.

Advierte que en este caso ocurren una serie de situaciones especiales, porque las notas de crédito y débito corrigen lo originalmente facturado, ya sea aumentando o disminuyendo el precio, respectivamente, que fue originalmente facturado. En la práctica, muchos de estos documentos se emiten con errores, notas de débito que tienen que ver con diferencias de cálculos mal realizados. Señala que, en la práctica, lo que habría que precisar es la referencia en torno a las líneas de crédito, y no tanto referirse a la nota de débito.

Explica que se debería actuar como ocurre en la práctica con las facturas, que tienen un período de aceptación de 8 días, plazo que debiera ampliarse también a las notas de crédito y débito.

Otra observación hace al artículo 2° quáter, que habla de los contratos de suministro y prestación de servicios. Ocurre por los retrasos de las facturas y muchas veces cuando se presta el servicio y se entrega una nota de cobro, esta se dilata en el tiempo y pueden pasar hasta 4 meses antes que se dé el visto bueno; por ejemplo, en las instituciones públicas, por temas administrativos, y esa nota de cobro se desfasa con la facturación, de manera que el problema es entre la aceptación de la prestación del servicio y la facturación.

Agrega que es necesario abordar ese lapso porque es una práctica habitual en las empresas del sector público.

El tercer punto al que se refiere, es a la aplicación de multas en caso de atraso que equivale a una unidad de fomento, cantidad pequeña si se considera la espera del pago por tiempos prolongados, independiente que exista una tasa de interés.

El señor Vera responde a continuación algunas preguntas que se le formularon por los diputados señores Sepúlveda, Lavín, Mellado y Silber, aclarando que en el caso del sector público se refiere a la prestación de los servicios, porque cuando se procede a la entrega de productos, evidentemente hay una guía de despacho y nace la obligación de emitir la factura y el desfase no ocurre, pero es en la prestación de servicios donde hay problemas, en que las instituciones públicas para emitir esa guía trabajan con una serie de documentos que deben pasar por distintas etapas de aprobación, que es lo que lleva a la demora, en algunos casos de 5 meses en el pago. Esto no ocurre en todo el sector público, sino en empresas que deben trabajar con el sistema “ERP” , que significa pasar el documento por distintas etapas. Por ejemplo, en el sector municipal los procesos pasan por un pequeño número de personas, por lo que no es tan complejo, pero en las grandes empresas del sector público los procesos son más extensos.

Respecto del cambio del sujeto tributario, ello no es complejo desde el punto de vista contable y los sistemas pueden operar bien.

Declara, asimismo, respecto a la posibilidad de usar el IVA sólo sobre facturas efectivamente pagadas, que hubo un proyecto de ley en ese sentido hace algunos años. Si bien el proyecto no prosperó, es una idea rescatable, acota.

Respecto de las multas, declara que si ellas se logran operativizar, por ejemplo, a través de las declaraciones de IVA, en que el contribuyente se vea compelido a no incurrir en la reiteración de esas infracciones, se podría lograr el objetivo que se busca en el proyecto de ley.

El director nacional del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza, expresa la necesidad de poder contextualizar la situación de la administración tributaria en este tema.

En primer lugar, señala que se encuentra plenamente operativa la facturación electrónica. La ley N° 20.727, de 2014, estableció una gradualidad para la incorporación de las distintas empresas, según tamaño y ubicación, para hacer obligatorio el uso de factura electrónica. Así, las últimas empresas que tenían ventas inferiores a 2.400 unidades de fomento al año y aquellas que son de sectores rurales ingresaron en los primeros días de febrero a esta modalidad, quedando obligados a emitir factura electrónica. Esto significa que casi el 100 por ciento de las empresas en Chile se encuentran facturando electrónicamente y la obligación rige para las facturas exentas y afectas, las facturas de compra, notas de débito, notas de crédito.

Aclara que no se trata del 100 por ciento de las empresas sometidas a facturación electrónica, porque la ley se coloca en el caso, principalmente, de que no existan suficientes conexiones para poder hacer efectiva la factura electrónica. Este número de empresas alcanza cerca de las 30.000, pero se han emitido cerca de 500 millones de facturas electrónicas. Para estos efectos, el SII dispone de un portal en que casi el 90 por ciento de las empresas usa para su facturación.

Entre los últimos cambios de la ley N° 19.983 que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura, recordó que se estableció un plazo de 8 días para reclamar de una factura, sea por falta total o parcial del pago de mercaderías o servicios. Si no se entrega el recibo dentro de los 8 días, se presume que las mercaderías se entregaron y el servicio fue prestado sin necesidad de requerir acuse de recibo de la factura. Esto implica que el crédito contenido en la factura puede usarse en el período que se da el acuse de recibo o pasados los 8 días sin que sea reclamada. Esto se encuentra funcionando y para facilitar el funcionamiento tributario de los contribuyentes, el SII dispuso de una herramienta para informar el acuso de recibo o reclamo en la plataforma de internet.

Señala que es interesante conocer los datos de los primeros 3 meses de este año. Durante enero, de las poco más de 29 millones de facturas, casi 6 millones fueron acusados de recibo, 13.782.047 no fueron reclamadas dentro de los 8 días, mientras que solo 134.00 facturas fueron reclamadas y un tercio del total de facturas son de pago contado, de manera que no son objeto de acción alguna en este sentido. Entre los meses de febrero y marzo las cantidades y proporciones son semejantes.

Esto ha permitido la implementación del factoring de la ley N° 19.983 que junto con establecer la sesión de los documentos electrónicos entrega la administración del registro público de cesión de créditos al SII, de manera que un documento electrónico sólo puede ser cedido a través de este registro público.

Las cifras muestran que el año pasado más de 3,7 millones de documentos fueron cedidos electrónicamente, con montos sobre los 19 billones de pesos, lo que aún es bastante bajo respecto al total de documentos factorizados y en 2017 alcanza sólo el 1,7 por ciento del total de documentos emitidos, de manera que hay un amplio espacio para el crecimiento en el financiamiento de las pyme.

Como una manera de incentivar que las pyme tengan acceso a capital de trabajo, se implementó una nueva herramienta que permite publicar las facturas que el contribuyente desea ceder, para que las empresas de factoring los puedan contactar y ofertar condiciones de financiamiento, de manera que hay una suerte de competencia por ofrecer financiamiento a las pyme.

A partir de agosto del 2017, el SII eximió a los contribuyentes de la obligación de llevar el Libro de Compras y Ventas, ofreciendo un Registro Electrónico de Compras y Ventas. En base a dicho registro se elabora la nueva propuesta de declaración mensual del IVA. Este registro es construido con toda la información de los documentos tributarios electrónicos del contribuyente.

El contribuyente sólo ingresa la documentación tributaria en papel que pueda poseer. Señaló que cerca del 83 por ciento de los contribuyentes que recibe la declaración de IVA ya la están usando, lo que simplifica mucho el trabajo. De esta manera se reducen los costos de transacción de los contribuyentes, especialmente las pyme.

Respecto al proyecto de ley en discusión manifiesta dos observaciones.

La primera dice relación con lo que se establece en el artículo 1°, cuando se modifica la ley N° 19.983, en la parte final del inciso segundo del artículo 2°.

Precisa que de acuerdo a la forma en que se ha redactado el inciso referido, se generan dudas respecto de cómo se debe interpretar el plazo de pago, pero no deja claro si esto es a todo evento o solo ante falta de mención expresa en la factura. Esto se relaciona más bien con temas de redacción, puesto que si bien se establecen cuáles son los tres momentos en los que la factura debe ser cumplida, al señalar que “en ausencia de mención expresa en la factura y de su copia transferible en algunos de los casos señalados, se entenderá que debe ser pagado dentro de los 30 días siguientes a la recepción.”. Agrega que “en todo caso el plazo pactado no podrá ser superior a 60 días corridos”.

Manifiesta que esta última frase induce a equívocos, porque entiende que se refiere a los momentos y al estar en esa mención aparece asociado a la falta expresa de la factura. Dicho así parece raro, porque la falta de factura no puede generar el pacto de un plazo. Añade que si bien se entiende el propósito y el fin, es necesario precisar esta redacción y colocar la frase “en todo caso el plazo pactado no podrá ser superior a 60 días corridos” antes del último párrafo y quede asociado a los momentos.

La segunda observación, coincide con lo dicho por el presidente del Colegio de Contadores, al señalar el mismo artículo 1° del proyecto de ley, en la letra b), agregando un inciso tercero y cuarto, quedando:

“Las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas serán inoponibles a sus futuros cesionarios…..”

Expone que esto es necesario cambiarlo, porque de la manera que se expresa parece poner en riesgo las cesiones futuras de las facturas, de hecho puede ocurrir que una nota de crédito modifique la factura completa, que al ser inoponible se corre el riesgo que de ser cedida, quede nula y dar pie a que el financiamiento no se produzca.

El señor Fernando Barraza responde a diversos planteamientos formulados por los diputados señores Jürgensen, Garín, Silber, señalando que no ven como Servicio y operativamente, mayor inconveniente, en que la boleta no pagada no descuente IVA, pero debiera haber algunas adaptaciones. De ser como se plantea, es necesario saber la fecha y el momento en que se efectúa el pago, que es algo que hoy no se sabe, porque en las facturas no siempre vienen las condiciones de pago y aun que vengan las condiciones, no se sabe si ello se cumplió. Para implementar esta política se debe conocer el monto y la fecha del pago porque ellos están indexados al monto del crédito y tal vez habría que obligar al mercado financiero para concurrir con la información relativa al pago.

Sobre la resolución exenta N° 2, de 2018, que se asocia a cambio de sujeto, ocurre que aun con facturación electrónica hay contribuyentes de difícil fiscalización respecto de los cuales había esperanza que cambiaran sus conductas tributarias con la facturación electrónica, y que siguen sin cumplir adecuadamente sus obligaciones tributarias, razón por la cual la norma se establece sólo respecto de contribuyentes de difícil fiscalización.

A la fecha se encuentran en revisión diferentes gremios pyme, los impactos y se precisará de mejor manera los requisitos para que los contribuyentes sean incorporados en la norma. En la práctica, se sabe que si bien esos contribuyentes facturan, lo que ocurre es que no ingresan en arcas fiscales el pago del IVA. Es comprensible que el contribuyente tenga hasta 60 días para cumplir con el IVA que recaudan, pero hay un segmento de esos contribuyentes que no lo cumple y no paga el IVA y es ese contribuyente a quien se quiere someter al cambio de sujeto.

Precisa que esto es necesario porque a través de la facturación electrónica se sabe qué contribuyente cumple con el pago del IVA, no es un tema de plazos, es un tema de no pago.

Respecto de posibles inconstitucionalidades explica que no es el llamado para resolver aquello, sin embargo es una interrogante válida que debe plantearse y resolverse.

Sobre la situación de los plazos y si ello genera o no elusión, estima que se trata de situaciones distintas, considerando en primer lugar que el plazo de 8 días está fijado en la ley. Se trata que las empresas puedan o concordar con el proveedor y el cliente el momento del pago, lo que no se contrapone con el plazo de 8 días, porque si no hay acuerdo entre comprador o vendedor, si el vendedor pasados los 8 días sin manifestación en contrario, lo estima necesario, puede salir a vender la factura, de manera de buscar financiamiento con un tercero por la demora del cliente en pagar. De esta manera no hay contrariedad de las normas, sino más bien un complemento.

Tampoco se ve que la norma pueda afectar la elusión. Chile tiene una evasión de IVA que se estima en 20 por ciento, que es muy alto y que en un país desarrollado la evasión, por este concepto, no supera un dígito.

El fenómeno de la evasión se relaciona con el comercio informal y, en todo caso, no es causal del comercio informal el uso de la facturación electrónica. Aclara que esta será una norma para una gran mayoría de contribuyentes que cumplen sus obligaciones, que son formales y a quienes se les debe favorecer y hacer fácil el pago y el acceso al crédito y capital de trabajo.

Finalmente, califica el proyecto como un avance, aunque advierte la dificultad para eliminar las asimetrías entre proveedores pequeños y grandes clientes, con las precisiones y correcciones necesarias, ya que considera la posibilidad de establecer el pacto de un plazo, aunque él pueda ser efecto o reflejo de asimetrías.

La presidenta de la Asociación Emprendedores de Chile (ASECH), señora Alejandra Mustakis hace presente que hay tres cosas fundamentales para un emprendedor. La primera es el financiamiento, donde se opera con Corfo, Sercotec, la familia y amigos, es decir, desde instituciones formales a relaciones personales que permiten contar con capital inicial.

La segunda parte importante en el emprendimiento consiste en tener ventas, porque estas son el motor de la empresa.

En tercer lugar está el flujo de caja, tan importante que podría hacer quebrar una empresa si no es el adecuado. Este es el problema de quien ha cumplido los pasos anteriores, pero sus pagos son a plazos muy largos, situación que ocurre cuando alguien tiene mayor poder para negociar.

Por ello, señala que han asumido esta causa, porque lograr modificar esta circunstancia puede ser de gran beneficio para el emprendedor.

El director ejecutivo de Asech, señor Francisco Gazmuri, expone en primer lugar, que el proyecto se hace cargo de la parte final del proceso, porque se busca regular éste desde el momento de la emisión hasta el pago de la factura. Por ello, se requiere dar una solución sistémica, acordándose cuáles son los pasos previos.

Reflexiona que el proyecto de ley entra como una ley de exclusión, porque genera un estatuto particular para las pyme, que establece ciertos plazos máximos de pago, entre 30 y 45 días, y un plazo de recepción de factura, es decir, se encuentra en el plazo previo de emisión de la factura, estableciendo un plazo máximo entre la prestación de servicio o la entrega y la autorización del servicio, que era de 15 días, hay una morosidad, se habla de interés máximo convencional y propone una entrada en vigencia de treinta días desde la publicación.

Cuando el proyecto de ley es despachado por el Senado, se convierte en un proyecto de aplicación general, se habla de plazos máximos de pago, según si se trata de privados o entes públicos, 60 días y 30 días, con posibilidad de ampliarse a 60 días, respectivamente, y hace una distinción entre alimentos perecibles y no perecibles, lo que tiene sentido al considerar los ciclos propios del negocio, de manera que si un producto rota en la góndola del supermercado en 7 días, no tiene por qué pagarse en 60 días. Si fuera un producto que rota en mayores plazos, por ejemplo 90 días, haría sentido que se considere que afecta en términos de caja para poder pagar.

Se habla de plazos en la recepción de la factura, no hay cambios en cuanto a la emisión de la factura, se habla de morosidad y de interés corriente, con lo que manifiesta su acuerdo, hay una comisión fija extra según el monto de la morosidad.

En la Unión Europea la comisión fija es de alrededor de 40 euros, que en todo caso aparece como insuficiente, finalmente dependerá mucho de los montos que se transen según el valor de la factura.

Destaca la determinación de la responsabilidad administrativa del funcionario público, lo que se ha hecho pensando en las empresas públicas. Si hay atrasos por demoras en los procedimientos, identificados así en el servicio público, lo que se ha hecho aquí es atacar la responsabilidad administrativa funcionaria.

Señala que si se saca el sector salud y el municipal, que son los más complejos en términos de pagos a proveedores, el plazo dentro del sector público tiene una clara tendencia a disminuir.

En términos de vigencia de la ley, se daban cuatro meses para su entrada en vigencia y dos años para que esa vigencia se aplique al sector salud, Cenabast y municipios.

Explica que se deben responder tres preguntas para solucionar el problema del pronto pago a las pyme.

En primer lugar, hay que responder a la pregunta de si el proyecto de ley debe ser para todas las empresas por igual o sólo para aquellas de menor tamaño y su relación comercial con grandes compradores y si debe considerar las relaciones de empresas de menor tamaño entre sí o de empresas de menor tamaño que son cliente final que se relacionan con empresas de mayor tamaño, relaciones que invierten las asimetrías de poder.

La primera propuesta que formulan es que debe dictarse una ley general.

Respecto del poder dominante en las grandes empresas al generar un estatuto particular para un sector de empresas, lo que se hace es aumentar el interés en integrarse con el sector de negocios de esa pyme y con ello, se evitaría el problema de las condiciones especiales de ciertas empresas.

Reitera la necesidad de contar con una solución sistémica, se trata de generar una cultura de pago oportuno, más que una ley que proteja a la empresa de menor tamaño.

La segunda pregunta a responder es si se deben incluir o no plazos máximos de pago. Manifiesta estar de acuerdo con los plazos que señala el proyecto, sin perjuicio que después de esos plazos, se generen intereses por la demora. Por ello sugieren plazos máximos de 30 días, pero debe considerarse la posibilidad de establecer condiciones particulares, pero que entre el día 31 y el 90, por ejemplo, se paguen intereses que deben ser conocidos por todos.

Advierte que la determinación de un plazo puede generar informalidades en los acuerdos comerciales. Esto es algo que ocurre de manera muy común, en alguna parte alguien paga esto y tienden a alargarse los plazos entre la prestación del servicio, la emisión de la guía y la autorización para emitir facturas. Esta es la razón por la que se creó el GES, que es una autorización para facturar. Añade que este documento no se emite el día que se efectúa la entrega, que hay ciertas buenas prácticas del retail que pueden ser ilustrativas. Así, por ejemplo, explica el caso de los camiones que llegan a los centros de distribución del retail, como Walmart, deben ir con factura en mano, de lo contrario no se los recibe.

Hace presente que Walmart, por ejemplo, es una empresa gigantesca en términos de facturación, pero han logrado acortar los plazos de pago a menos de 25 días, con una tasa de reclamo por incumplimiento por mora, menor al 1 por ciento.

Respecto de los plazos máximos, señala que la evidencia de la Comunidad Económica Europea indica que ellos han fijado 30 y 60 días y la experiencia señala que están en un plazo de 56 días. No han logrado enmarcarse dentro de los 30 días, pero se puede considerar que existe una convergencia en términos de plazo. Agrega que el proyecto de ley en discusión recoge muchos elementos de la ley que rige en la CEE.

Llama a no caer en lo que denomina un legalismo mágico, que dictada la ley se soluciona todo. Hay que preocuparse de la ley para que sea aplicable y como se implementa, es decir, se requiere que sea fiscalizable, de lo contrario puede ser letra muerta.

Finalmente, pregunta si es que el no cumplimiento del pago oportuno debe tener una sanción expresada en la ley. Expresa su parecer en cuanto la ley debe generar incentivos y castigos para el pago, que permitan modificar efectivamente ciertas conductas. En su opinión la ley debe tener incentivos y castigos para no ser letra muerta y por ello se debe establecer el cobro de intereses y reales incentivos para el buen pagador. Dentro de estas ideas sugiere que el crédito del IVA no se pueda usar mientras no se pague la factura.

Observa que surge un nuevo desafío. Efectivamente es posible que las morosidades sean letra muerta, pero la pyme debe cobrar ese interés y por ello es necesario que quien realice el cobro no sea la pyme. Da el ejemplo de una empresa que tiene un solo producto y que depende del gran retail, cuando tenga problemas con el pago dentro de plazo no irá a hacer este ejercicio ante su gran y único comprador por razones obvias, lo que debe ser analizado.

Señala que se debe apuntar a una estructura de información que exista y opere. Podría pensarse que con el mercado público y Chile compra hay espacio para tomar algunas acciones. Por ejemplo, hoy se exige que las empresas para poder operar en esos portales, deban tener sus pagos laborales al día. ¿Podría pensarse en que una empresa que no paga dentro de los 30 días no pueda participar de contratos con el Estado? Este es un incentivo concreto.

Sugiere que en esta discusión se debe escuchar a la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS. La empresa que está operando en bolsa debe, cuando habla de políticas de sustentabilidad, referirse al pago de proveedores y así hay mecanismos que se pueden aplicar en base a información que ya existe.

Como propuestas, señala el darle mérito ejecutivo a la guía de despacho electrónica para productos y servicios; pensar en modificar el sujeto que debe retener el IVA, considerando la opinión del Servicio de Impuestos Internos, con efectos que se verán en el no pago de la factura en el plazo convenido. Se puede postergar el pago del IVA, pero son 920.000 empresas que facturan menos de 100.000 unidades de fomento al año, que representa entre el 50 y el 70 por ciento de las contrataciones en el país.

Por último, señala la necesidad de un registro público transparente con los plazos de pago de las grandes empresas. Manifiesta que el hecho de licitar le permite ejercer la libertad de saber a quién le vende y a quién no le vende y para ello es necesario tener un ranking de pagadores, lo que tiene connotación no solo negativa, sino que se debe pensar en premiar el buen comportamiento donde se muestren los buenos pagadores.

Finalmente, señala que hay que preguntarse cómo se ejercen mecanismos que eviten la dilatación de emisiones de facturas, que es algo que no está en el proyecto de ley, pero que debe abordarse, cómo se hace para que la pyme que va al factoring le presten a la tasa que corresponde al riesgo asociado a quien paga la factura y no al que cede la factura.

Hace presente que se deben considerar otros actores en esta discusión, como la Tesorería General de la República, que puede embargar facturas cuando hay deudas a favor de ella, siendo precisamente los más endeudados con Tesorería, las pyme, como puede bajar mi riesgo si Tesorería puede embargar facturas cedidas a un factoring, lo que es parte de las asimetrías que hay en este mercado. Reitera que estas son preguntas que precisan respuestas pensando más allá del proyecto de ley, que apuntan a una forma de operación del mercado.

El secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Ivan Borcoski, explica que la situación fiscal o financiera de las municipalidades chilenas, en general, es muy precaria. Algunos de los motivos más importantes son la exención del impuesto territorial del 75% de las propiedades en el país, la capacidad de gestión de recursos propios es limitada y la alternativa de financiamiento para el diseño y desarrollo de proyectos depende en una alta medida de las transferencias que realizan una multiplicidad de actores (ministerios y servicios) en ciclos, montos, condiciones, procesos y tiempos distintos. Esta situación, constituye el primer escollo para comprometer condiciones de pago y, lo más importante, cumplirlas a cabalidad.

Las formas de financiamiento municipal son de orden interno o externo. Las internas corresponden a patentes municipales, permisos de circulación, derechos de aseo y otros derechos, el fondo común municipal y el impuesto territorial, entre otros. Por su parte, el financiamiento externo se compone por convenios y proyectos con el gobierno regional (Gore), fondos sectoriales, subsecretaría de desarrollo regional, entre otros, más los fondos provenientes de salud y educación. Destaca que los recursos de estas fuentes externas, están sujetas a desfase. Alrededor del 80% del gasto de las municipalidades depende de recursos externos. Es decir, no parece adecuado hacer responsables a estas corporaciones de faltas que podrían derivarse de elementos ajenos a la voluntad de las mismas.

El flujo de la caja municipal corresponde a una serie de movimientos de ingresos y egresos predecibles que están dentro del presupuesto y que pueden ser planificados. En este tipo de flujos es posible definir cumplimientos previos ya que solo depende de la gestión interna en cuanto a que están definidos los procedimientos y estos se cumplen. Además, es posible cumplir con pagos dentro de plazos de 30 días de recepción de factura, tal cual lo que aspira el proyecto de ley.

Los flujos externos corresponden a ingresos que no dependen de la gestión del municipio, están asociados a proyectos, convenios, sujetos a remesas de instituciones externas, como ministerios, gobiernos regionales, subdere, etcétera. En estos casos, los flujos no están garantizados y dependen de los tiempos propios de esas instituciones, por tanto, se da frecuentemente que los fondos tardan meses en llegar, que las remesas están condicionadas a procesos de rendiciones y revisión cuyas etapas o reparos implican la devolución de documentos con nuevas exigencias de cumplimiento, luego, las facturas quedan en espera. Muchas veces, para el inicio de proyectos los primeros pagos del personal o de gastos se hacen con fondos propios municipales, quedándose a la espera de la llegada de fondos provenientes de los convenios y/o proyectos. Destaca que en estos casos, no es posible asegurar el pago a 30 días.

Explica el ciclo de pago municipal, que es similar a otros, pero con importantes diferencias. Deben añadirse algunos pasos adicionales que se traducen en mayores tiempos de gestión y respuesta, ya que conlleva un doble chequeo; el que hace el municipio y el que hace la institución mandante y que dispone de los recursos. Dichos pasos adicionales puede significar alargar el ciclo de pago entre 30, 60 e incluso más días, dependiendo si ésta cuenta con los recursos y/o no hay un impedimento (u error) técnico, legal o administrativo que entrabe el proceso de pago.

A grandes rasgos, el ciclo de pago municipal tiene variantes ya sea se trate de recursos propios (10% a 20%) o recursos externos (80%). Los plazos son estimaciones ya que depende de la capacidad institucional de cada administración municipal, y esta es muy dispar entre las 345 municipalidades del país (por ejemplo, los recursos y la situación del RRHH -en cantidad y calificación- en cada comuna es muy dispar, aun cuando el trámite o la norma es la misma que deben cumplir todos).

La Asociación Chilena de Municipalidades cree que tratándose de recursos de otras entidades del Estado, y que por convenio el municipio administra, el pago oportuno, y los plazos que puedan considerarse, deben ser contados a partir del momento en que los recursos transferidos de dichos ministerios y servicios, se hacen efectivos en las cuentas municipales. De lo contrario, por mucha voluntad que exista, no habiendo disponibilidad (flujos) de recursos, se hace imposible cumplir con compromisos de pagos oportunos sin correr el riesgo de vulnerar otras normas de responsabilidad administrativa – financiera.

Proponen que quede estipulado en este proyecto de ley que los demás organismos del Estado que contraten con el municipio, vía proyecto o convenio, cumplan con las transferencias dentro de los plazos, bajo sanción, que se incorpore una norma que permita que previamente se certifique que dichos fondos han sido transferidos y se encuentran en la tesorería municipal que, para el caso municipal, el plazo para el pago se cuente en días hábiles y no corridos y ante todo, se debe tener en cuenta que la realidad municipal en cuanto al financiamiento, es completamente diferente y que se encuentra en una crisis.

El señor Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, expone que las principales causas del atraso en el pago son la etapa del ciclo económico en que se ubica el país, la cultura empresarial con una falta de pago intencional común entre las empresas; por ejemplo, los países mediterráneos de Europa han presentado históricamente un mayor plazo de pago en relación a los países nórdicos. Cuando un comprador grande con alto poder de negociación impone una extensión del plazo de pago al proveedor pequeño, el efecto es tener insuficiente capital de trabajo para cubrir la operación del negocio y para pagar las obligaciones financieras de corto plazo, pudiendo desencadenar la insolvencia de la empresa.

El pago oportuno a proveedores afecta positivamente la creación de empleo, impacto de Quickpay que obliga al pago a 15 días del Gobierno de EE.UU.

El plazo de pago efectivo de las facturas en la bolsa de productos de Chile (BPC) fue 51 días en la pyme y 55 días en las grandes empresas, en el primer trimestre de 2018, medido como la diferencia entre la fecha de emisión y pago real de la factura. En el ranking de la BPC, el sector sanitario es el mejor pagador con 71 puntos promedio y el peor pagador es el sector comercio con 56 puntos.

En el Estado existen 28.400 reclamos pendientes de los proveedores por solucionar al 23 de abril del 2017. El peor pagador son las municipalidades con un 78% de los reclamos, seguido por los hospitales con un 16% de los reclamos. El 74 por ciento de los reclamos son por no pago a 30 días y un 25,5 por ciento de los reclamos es por adquisición irregular.

Respecto al proyecto de ley opina que no es recomendable fijar un plazo de pago por ley, la experiencia europea es la mejor consejera. La directiva sobre pagos tardíos del 2011 establece que las empresas deben pagar sus facturas en un plazo de 60 días, el sector público debe pagar hasta en 30 días y se fija un interés moratorio de, al menos un 8%, sobre la tasa de referencia del Banco Central Europeo.

Una evaluación regulatoria mostró que un 86% de las empresas conocen su derecho a reclamar y el 60% de los encuestados nunca ejercieron sus derechos, en especial pymes. La principal razón para no ejercer sus derechos es el temor de perjudicar la relación comercial y la falta de un procedimiento eficaz de reparación. Así, se concluye que la iniciativa no ha mejorado el comportamiento de los pagos.

Señala que es recomendable que el pago oportuno se monitoree por medio de la implementación de un control centralizado de condiciones de pago. El sistema registrará los plazos, montos y beneficiarios de los respectivos pagos a través de la creación de un registro público de facturas, extensión del actual registro público electrónico de transferencia de crédito del Servicio de Impuestos Internos (SII).

El pagador o proveedor informa las facturas que están siendo pagadas. Una empresa podrá utilizar el IVA crédito sólo cuando la factura sea realmente pagada, aplicable a pymes y grandes empresas. En México existe un sistema similar llamado el complemento para recepción de Pagos.

Expone incentivos para el pago oportuno.

Caso 1: El pagador informa que pagó la factura. Las empresas grandes pagan a través de planillas de pagos de nóminas de proveedores, que es estándar en los bancos para poder informar y coordinar los pagos en el Centro de Compensación Automatizado (CCA). Así, el CCA envía la información al SII.

Las pymes informan el pago de cada factura, no es engorroso, porque un 80% emite menos de 10 facturas mensuales según SII.

Caso 2: El proveedor informa que le pagaron la factura.

La pyme ingresa al sistema de facturación gratuito del SII e indica en la nueva sección recepción de pago, qué facturas han sido pagadas. Trámite simple.

Las grandes empresas, principalmente, y algunas pymes utilizan software de facturación electrónica para emitir sus facturas y con este sistema se informa al SII sobre la recepción del pago. Cuando el proveedor que recibe el pago no emite la recepción de pago, el comprador podrá presentar una denuncia al SII y, en caso de verificarse, se cursará una multa de X% del valor de la factura. El caso 2 es recomendable porque nivela el poder de negociación entre grandes empresas y pymes.

A continuación formula otras propuestas.

Para el sector privado:

– El Estatuto Pyme (Ley N° 20.146) incorpora la obligación de que las empresas grandes informen si tienen prácticas de “pago oportuno a Pyme” al SII, anualmente. Requiere modificarse la ley.

– Reformular el programa sello pro pyme del Ministerio de Economía por el sello pago oportuno a 30 días para todo tamaño de empresas, el cumplimiento es fácil de fiscalizar. Gestión interna.

– Todas las empresas (grandes y pymes) que son proveedores del Estado e inscritos en el sello pago oportuno podrán obtener un puntaje adicional en las licitaciones del Estado. Gestión interna.

– Crear un registro de factoring en la SBIF para corregir el grado de informalidad que existe en este mercado con el sistema de pronto pago que tienen varias grandes empresas. Requiere modificarse la ley.

Para el sector público:

Reestructurar el programa Chilepaga para monitorear el pago de las municipalidades y sector salud, interviniendo la gestión administrativa cuando sea necesario. Requiere modificarse la ley.

Chilecompra elabore un ranking de plazos de pagos a proveedores del Estado. De poco sirve tener un sistema eficiente de reclamos, pues lo que ahoga a los emprendedores es la falta de información y la poca certeza en la fecha de pago. Gestión interna.

Fortalecer los convenios marcos de Chilecompra según las recomendaciones del informe OCDE, de mayo 2017, para incrementar la eficiencia y extraer una mejor relación entre precio-calidad y ahorro de costos del sistema al consolidar la demanda, adaptar la duración según la complejidad y tendencias del mercado, implementar una plataforma electrónica que cubra la totalidad del ciclo de compra entre otros aspectos. Gestión interna.

A manera de conclusión, señala que el atraso en el pago a las pymes es un tema de nunca acabar, que en el actual contexto de descontento social, debe ser solucionado a la brevedad por el sector empresarial y sector público.

El Estado es el principal grupo económico del país y, por ende, debe empezar por enseñarse así mismo antes de enseñar a los demás, en especial municipalidades y sector salud.

Por lo tanto, es recomendable avanzar en el pago oportuno a proveedores para que las empresas pequeñas desarrollen sus negocios aprovechando al máximo sus ventajas comparativas en igualdad de condiciones con las grandes empresas.

Debate

En respuesta a diversas consultas formuladas por los diputados de la Comisión señores Garín, Sepúlveda, Mellado, Barrera, Rentería, Jürgensen y Velásquez, el señor José Ramón Valente complementa su exposición general señalando, en primer lugar, que comparte que las soluciones no deban ser para un sector particular de la economía, porque ello es un simple traspaso de recursos. Aclara que se trata de establecer normas para un mejor funcionamiento de la economía, mercados más competitivos y con ello se beneficien todos, especialmente las empresas de menor tamaño.

Respecto del factoring, la indicación planteada no busca el beneficio de esta actividad. Ello porque al factoring tendrá la competencia de los bancos, la bolsa de productos y cualquier otro fondo de inversiones porque hay un instrumento, que es la factura, que el mercado la verá con interés. Hoy el factoring es el único que está en ese mercado y que cobra altos intereses por ese riesgo. Estima que en las nuevas condiciones, la factura generará mucha competencia para el financiamiento.

Sobre el tema de la constitucionalidad, aclara que para no entrar en problemas, proponen solo el cobro de intereses y no multas. Hay jurisprudencia respecto de los estatutos pyme que establecen diferencias entre empresas pequeñas y grandes, acota.

Respecto del plazo de 30 días, señala que no hay evidencia en un solo plazo. Sin embargo, advierte que se debe ser cuidadoso respecto de establecer ciertas restricciones legales, lo ideal sería que funcionara voluntariamente entre las partes, pero respecto de lo cual hay consenso es que se debe intervenir porque no funciona bien. Recuerda que en el caso que se plantea de pago a 25 días, Walmart es una empresa del retail, la más grande del mundo y por ello se debe tener cuidado con fijar ese estándar respecto de empresas que no tienen las mismas características.

Hace hincapié en que se propone un pago máximo de 60 días y en ningún caso puede aceptarse que ello incentive a prolongar los plazos de pago de quien hoy lo hace de manera oportuna, que es algo que además le conviene desde distintos punto de vista, porque también pagar oportunamente es beneficioso para la compañía.

Llama la atención respecto de la experiencia de otros países que han sido estrictos en establecer reglas respecto del plazo, por ejemplo de 30 días, pero que en la práctica los plazos son más extensos, sin perjuicio de considerar que la evolución de las tecnologías pueda movernos como país a legislar sobre la materia nuevamente.

El diputado señor Alexis Sepúlveda sostiene que lo que se establece en materia de plazo es el inicio del cobro de los intereses y salvo eso, nada obliga a las empresas a pagar oportunamente.

El señor Ministro de Economía coincide con ello; sin embargo, hace presente que el tipo de interés que se aplica en este caso, y que pagará la empresa, son intereses más altos que los que puede acceder en el mercado.

Agrega que es necesario solucionar el problema del financiamiento del capital de trabajo de emprendedores y pequeñas empresas del país; cuando se establece un mercado competitivo para ese financiamiento, se está solucionando su mayor costo aunque sea a un plazo más largo, porque le permite a partir del octavo día obtener al proveedor condiciones financieras mejores por esa factura, condiciones que hoy no tiene. Estima que el valor económico de ese beneficio es mayor que obtener plazos que van de 60 a 30 días, sin arriesgar la cadena de pagos y proveedores.

Respecto del cobro por el Servicio de Impuestos Internos no es algo que se encuentre dentro de sus funciones y ello sería introducir un cambio muy grande en el Servicio y que no está dentro de su diseño. Señala que en la medida que se pueda establecer que es deuda financiera de las compañías, pasa a ser parte del crédito y ello le cuesta a la compañía el no poder tener otros créditos por facturas impagas. De manera que se introduce un elemento importante como incentivo para que quiera pagar con más rapidez, para que el gerente se endeude a una tasa menor lo que es la decisión racional.

En relación con las indicaciones que incumben al Ejecutivo, explica que conversó con el director de Presupuestos y concordaron en que se opere de la misma manera que las empresas en el mercado y es eso lo que se plantea en las indicaciones. Esto significa que el Estado debe ajustarse a las normas con que las empresas operan en el mercado, pero se establecerán excepciones, las que en todo caso ya se consideran en el proyecto de ley y que corresponden al sector salud y al de municipalidades.

Informa que el sector salud tiene una situación financiera precaria con una gran deuda, originada por gastos mayores a los presupuestos y ello ha ido aumentando la deuda, de manera que el Estado no se encuentra en situación de poder afrontar esta deuda, por el momento. Por esto se ha generado, mediante un artículo transitorio, que cuenta con un plazo mayor, de tres años, para adecuarse y la administración del Estado debe tomar las medidas para entregar saneada esta deuda.

Complementa lo anterior la jefa de asesores del Ministerio de Economía, señora Michèle Labbé, expresando que recoge y comparte la preocupación respecto del plazo y las pequeñas empresas, ya que considera que lo que más las afecta con el aumento del plazo es la dificultad y el alto costo del precio por financiarse. Explica que la pyme tiene un alto riesgo y debe financiarse a largo plazo a un alto costo por las tasas de interés.

El proyecto tiene dos maneras de beneficiar a las pyme. Uno es acortar los plazos de pago, pero las cifras establecen que es un décimo del efecto sobre la pyme, que tiene el efecto de que, al ser la factura un documento cedible que no cambia de valor, la tasa de interés a la que se puede endeudar la pyme con esa factura, sin importar cuál sea el plazo de ella, es mucho menor que la tasa a la cual se podía endeudar antes. Por esto, explica que cambiar en 30 días el plazo de pago, no afecta ni una décima parte la tasa de interés. Efectivamente, señala que el plazo de 30 días es algo que se ve muy bien, pero lo que realmente es una mejora para la pyme, es el efecto en la tasa de interés, que en vez de ser de 2,5 por ciento podrá ser del 0,5 por ciento mensual.

El diputado señor Alexis Sepúlveda hace presente que es esa perspectiva la que hace parecer que esto es un proyecto que favorece más el factoring que a la pyme y el pronto pago.

El señor subsecretario de Economía señala que se ha conversado sobre la aplicabilidad de este proyecto sólo para la pyme. Además, han sido ellos quienes han advertido del posible perjuicio para la pyme, porque se podría generar un incentivo a la gran empresa, que al tener trabas para comerciar con la pyme, busque finalmente comerciar con grandes empresas proveedoras.

Argumenta que esta es la razón por la cual se aplica a todas las empresas, sin discriminar por tamaño.

Observa que el análisis hecho por la Bolsa de Productos, corresponde a un análisis hecho con grandes empresas, pero se trata que no se perjudique a la pyme a los 60 días. Para las grandes empresas no costará adaptarse tecnológicamente para cumplir ese plazo, pero sí lo tendrá la pyme.

El señor Felipe Commentz, jefe de la División Empresas de Menor Tamaño del ministerio de Economía recuerda que la Bolsa de Productos señaló que han tranzado mil millones de dólares al año en facturas, pero el total de ventas del país en 2016, según el Servicio de Impuestos Internos es de 850 mil millones de dólares, de manera que lo califica como no representativo de la economía.

El subsecretario de Economía explica que siempre han tenido la mejor voluntad de legislar en este proyecto de ley, pero advierten que problemas operativos mayores han hecho imposible poder legislar respecto de la hipótesis de crédito fiscal IVA.

Puesto en votación general el proyecto de ley, se aprueba por la unanimidad de los diputados presentes señores Barrera, don Boris; Garín, don Renato; Jürgensen, don Harry; Lavín, don Joaquín; Mellado, don Miguel; Rentería, don Rolando; Sepúlveda, don Alexis; Van Rysselberghe, don Enrique, y Velásquez, don Pedro.

V. DISCUSIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO

En la discusión particular del proyecto el subsecretario de Economía, señor Ignacio Guerrero, explica las indicaciones del Ejecutivo. En relación con el plazo de pago, el proyecto de ley considera el inicio del pago de intereses a los 60 días, como regla general, con excepción de los alimentos perecederos, lo que ocurriría al cabo de 30 días.

La indicación que ha presentado el Ejecutivo apunta a mantener el carácter general de la norma, es decir, se aplicará a todo tipo de relaciones comerciales sin distinguir el tamaño o el tipo de empresa, con un plazo común de 60 días para todas las operaciones, eliminando la excepción de los 30 días que se estableció para el caso de los alimentos perecederos, porque consideran que esta condición de los alimentos no es especial para establecer una plazo especial.

Agrega que en los países que se han desarrollado o establecido plazo máximo de pago se genera una mayor cultura y se reducen los plazos de pago.

En cuanto a la posibilidad de pactar plazos mayores, estos deben ser acordados por las partes y por ello la indicación propone que el acuerdo sea suscrito por ambas partes y se establecen clausulas para modificar unilateralmente los contratos y fijar intereses inferiores a los establecidos en el proyecto. Señala que en otros países esta posibilidad se establece, siempre que sea de común acuerdo, y se usa una regulación similar a la que se establece en la ley N° 19.496 en materia de contratos de adhesión.

En cuanto a los intereses, el actual proyecto contempla intereses corrientes para operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días por montos superiores a 200 Unidades de Fomento e inferiores o iguales al equivalente a 5.000 unidades de fomento que rija durante ese período.

La indicación propone mantener el interés moratorio que transparente el costo financiero al proveedor y crea incentivos para el pago en una fecha estipulada y al devengar intereses, la factura pasará contablemente de facturas por pagar a deuda financiera de corto plazo.

El proyecto de ley contempla una comisión moratoria fijada según el monto de la transacción: 1 UF si el monto es menor de 100 Unidades de Fomento, 5 UF si el monto va entre las 100 y las 1000 UF y 10 UF si el monto es superior a 1000 unidades de fomento.

La indicación propone la eliminación de esta comisión moratoria por cuanto se constituye en doble sanción, los intereses y esta comisión, y es una norma de carácter general que se aplica transversalmente.

El proyecto de ley hace referencia a la ley de competencia desleal. Considera que el incumplimiento de los plazos previstos en esta ley es una infracción a ella. Proponen eliminar esa sanción porque ella se aplica a pequeñas y medianas empresas y que las conductas de competencia desleal en desmedro de los proveedores y el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos.

En cuanto a limitar el valor original de la factura cedida, se contempla que las notas de crédito y débito serán inoponibles a cesionarios de las facturas irrevocablemente aceptadas. Esto se mantiene en el proyecto y se considera que es importante darle certeza mayor al valor de las facturas cedidas a efectos del factoring y del riesgo que se les cobra al proveedor y el costo de su financiamiento.

En las indicaciones se ha incluido la obligatoriedad de la emisión electrónica de la guía de despacho, de manera de fijar un punto a partir del cual se debe emitir la factura.

En materia de uso de crédito fiscal del impuesto al valor agregado, IVA, el Ejecutivo ha considerado no incluir esta idea, por cuanto considera que tiene algunas dificultades de implementación operacional que ha hecho ver el Servicio de Impuestos Internos siendo, además, de sumo interés contar con este proyecto de ley aprobado en breve tiempo.

Finalmente, en lo que se refiere a las medidas del sector público, se mantiene el plazo de pago en 30 días y 60 días en el caso de las concesiones. Se propone un cambio en el tiempo de aplicación de la ley para los municipios y el sector salud, que actualmente es de dos años que se ha extendido para permitir ese ajuste con responsabilidad.

El ministro de Economía explica la situación del crédito IVA. Señala que hubo voluntad del Gobierno para que esta materia se introdujera en los términos que se discutió en sesiones anteriores. Sin embargo, no se pudo abordar la situación de medir el momento en que se paga una factura y esa es la razón técnica por la cual la medida quedaría excluida, sin perjuicio que una vez resuelto el problema, se pueda incluir en un próximo proyecto de ley.

El subsecretario de Economía responde algunas observaciones formuladas por los diputados señores Lavín, Garín y Sepúlveda, destacando en primer lugar que las indicaciones obedecen al concepto de una ley de carácter general. Además, en los países en que se ha establecido esta regulación, se ha pensado en eliminar la sanción por comisión moratoria, porque ella no se aplica.

Respecto de los productos perecibles, señala que la regulación se hace independiente de las características del bien, y esto no dice relación con lo que se busca regular. Se ha propuesto 60 días porque parece que es un plazo razonable y considerando el carácter general de la ley, es aplicable tanto a la pyme como a la gran empresa y tendrá costos administrativos que deberán soportar las empresas.

El ministro señor Valente recuerda que se trata de regular actos entre privados y el Estado debe ser cuidadoso al regular esas transacciones de manera de crear las menores distorsiones posibles, porque las relaciones entre privados son variadas y complejas y no se trata de entorpecer el desarrollo de los negocios, sino de corregir excesos que se puedan cometer. Se establece un mercado de corto plazo importante para estos proveedores, de manera que ellos podrán contar con capital de trabajo lo antes posible, en el plazo de 8 días cuando por ley, la factura sea inalterable y cualquier nota de crédito después se desarrolla entre el comprador y el proveedor y no con la factura en particular. Ello hace que no importe de cuanto es el plazo realmente, porque podrá financiarse a menor plazo y a menor tasa de los que puede hacerlo hoy. Recuerda que el IVA es complementario a eso.

El Presidente de la Comisión, diputado señor Alexis Sepúlveda, recuerda que se ha planteado la necesidad de ver la posibilidad que la factura impaga no pueda ser usada en el crédito fiscal del IVA, como mecanismo para dinamizar el pago oportuno.

El señor Ricardo Pizarro, jefe del departamento de operaciones de la subdirección de asistencia al contribuyente del Servicio de Impuestos Internos aclara, en primer lugar, que el problema de la implementación del mecanismo de no pago del crédito IVA por facturas no pagadas no es un problema tecnológico, de hecho con un sistema de factura electrónica es factible de implementar, afirma.

Precisa, sin embargo, que la dificultad ocurre por problemas de información, es decir, es necesario definir quién será el sujeto que informe sobre el pago efectivo de una factura; la manera cómo afectaría la naturaleza del impuesto el uso del crédito, que es un tema de índole normativa, y por ello el Servicio solicita que se le dé el tiempo necesario para poder dimensionar los efectos que tiene asumir una medida como la que se discute; además, habrá que pedir facultades para el acceso a cierto tipo de información. Reitera que es esencial poder determinar quién será el que informe el pago, porque puede ser el pagador, ambas partes o un tercero, como lo son las instituciones financieras y, también, se debe resolver cómo se afecta la naturaleza del impuesto, y como puede impactar en la cadena de pago del IVA.

Artículo 1°

Se modifica la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura

Por el numeral 1), letra a), se modifica el inciso segundo del artículo 2°, agregando la siguiente oración final: “En todo caso, el plazo pactado no podrá ser superior a sesenta días corridos.”.

Además, en la letra b), se agregan los siguientes incisos tercero y cuarto:

“Las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas serán inoponibles a sus futuros cesionarios.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, el plazo de pago asociado a la venta de alimentos frescos y perecederos no excederá de treinta días contados a partir de la fecha de la entrega de los mismos. Para estos efectos, se entenderán como tales, aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisan de condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte.”.

El Ejecutivo formula una indicación para reemplazar el numeral 1), por el siguiente:

En el artículo 2°:

a) Agrégase al comienzo del inciso segundo, la siguiente oración inicial: “En todo caso, el plazo pactado no podrá ser superior a sesenta días corridos contado desde la recepción de la factura.”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Con todo, las partes podrán establecer de común acuerdo un plazo que exceda los sesenta días referidos en el inciso anterior. Dicho acuerdo deberá constar por escrito y ser suscrito por quienes concurran a él.

No producirá efecto alguno en este contrato las cláusulas o estipulaciones que:

1. Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato, sin requerir del consentimiento previo y expreso de la otra parte, sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen;

2. Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad que puedan privar a cualquiera de las partes de su derecho de resarcimiento frente a incumplimientos contractuales;

3. Establezcan intereses por no pago, inferiores a los que se establecen en el artículo siguiente;

4. Las demás que establezcan las leyes.”.

El ministro de Economía, señor José Ramón Valente, explica que este es un proyecto importante que puede beneficiar a más de cuatro millones de chilenos. Señala que el Ejecutivo ha propuesto una serie de indicaciones que buscan consensuar los temas en debate, como también revisar en 24 meses la posibilidad de aplicar el pago del IVA contra el pago de la factura correspondiente, lo que se ha manifestado como intención del Ejecutivo, aunque la factibilidad de hacerlo responsablemente, no estaría.

Previo al estudio del articulado, el secretario de la Comisión, señor Javier Rosselot Jaramillo explica que es necesario que la Comisión acuerde concordar el título del proyecto con el texto de las disposiciones del mismo, puesto que durante la tramitación se introdujeron modificaciones en el Senado que han hecho perder la vinculación entre ambos textos y que, por razones de buena técnica legislativa, ello debería adecuarse.

Tras un breve debate, la Comisión acuerda que ello será objeto de pronunciamiento al final de la votación del articulado, en atención a lo que resulte de las enmiendas propuestas.

El señor ministro de Economía reitera lo dicho en sesiones anteriores respecto de la indicación del Ejecutivo; que lo deseable sería que en transacciones entre privados, prime el ejercicio de la voluntad entre los contratantes y fijen ellos las condiciones, sin que tuviera que hacerlo el Estado. Como debe intervenir el Estado se debe cuidar que no se produzcan efectos adversos para quienes se estima deben ser protegidos por la norma, en este caso específico por el plazo.

Como se estima que la norma se aplica al pago de todos los agentes del mercado, pyme y gran empresa, por igual, se establece simplemente que el pago debe hacerse en un plazo determinado.

Recuerda que se está regulando toda la cadena de pago que incluye proveedores pyme y no pyme y que reducir el plazo pone en problemas a estas industrias que no tienen las posibilidades o capacidades para poder hacerlo. Se trata de no intervenir de manera que se obligue a las empresas pequeñas a recurrir a la informalidad.

Por las razones expuestas, la indicación presentada busca que el plazo de pago sea de 60 días y no de 30 días.

El diputado señor Jaime Naranjo hace ver que muchos de los expositores que vinieron invitados por este proyecto de ley, informaron a la Comisión que los pagos se hacían antes de 60 días. Señala que recogiendo ese espíritu y el de la moción que fue presentada se propone el plazo de 30 días para el pago, sin generar trastornos en las empresas si se estipula que las partes pueden convenir un plazo superior a 30 días para el pago.

El diputado señor Harry Jürgensen plantea que es entendible la posición del ministro de Economía, pero que ha planteado una diferenciación en su indicación, y es una diferencia que existe en otras partes del mundo, porque es diferente una empresa pequeña del sector primario, que está bien definida según el ministerio y el Servicio de Impuestos Internos.

El diputado señor Miguel Mellado recuerda a la Comisión que en realidad no se paga después de un plazo, sino que después que se emite la factura, pero entre la guía de despacho y la factura, puede haber otro período de tiempo que puede ser considerable. Señala que habrá una guía de despacho on line que tendrá relación con la facturación inmediata, de manera que la facturación se hará con la entrega de la mercadería y ahí una diferenciación y los 60 días aparecen en armonía con el resto del proyecto de ley.

La diputada señora Sofía Cid coincide con el diputado Mellado en que la factura es emitida recién a los 60 días y por eso se pedía que se bajara el plazo de pago; sin embargo, con la guía de despacho on line que contempla plazos determinados, es bastante coherente el plazo de 60 días.

El diputado señor Boris Barrera señala que las regulaciones del mercado no siempre funcionan. Por ello hay colusión entre las grandes empresas, hay abusos con las empresas más pequeñas en materia de pagos y entonces urge regularlo y poner el pronto pago en la discusión, el proyecto no beneficia a la pyme, así lo dijeron los invitados. Por esa razón está de acuerdo en que sean 30 días para el pago, además que las empresas pequeñas no pagan a plazo, sino que al contado, porque no tienen crédito y necesitan caja. Esas son las razones del pronto pago para la pyme.

El diputado señor Alexis Sepúlveda manifiesta su convicción en mantener los 30 días para el pago. Sin embargo, es posible que el pago a 30 días pueda producir externalidades que de aquí no se puedan visualizar y que se debe ser medianamente previsor en los impactos, positivos o negativos, que se puedan producir.

Sostiene que su deseo es llegar a un plazo de 30 días y por ello plantea que un transitorio señale que en el plazo de 24 meses se baja este plazo de 60 a 30 días.

El señor ministro de Economía señala que el proyecto plantea un mecanismo que le permitirá el financiamiento a los proveedores, especialmente a los más pequeños, casi inmediatamente de emitida la factura, lo que es importante y hoy no ocurre. Es importante aclarar que los proveedores buscan financiarse casi inmediatamente en el mercado con la factura y eso es más relevante que fijar el plazo para el pago de la factura.

Señala que como Ministerio también se juntaron con las organizaciones en una mesa de trabajo y que se logró un consenso en torno a los 60 días porque la guía de despacho electrónico y los otros elementos que tiene el proyecto, produjeron ese consenso.

Por último recuerda que el Senado aprobó un plazo de 60 días y no de 30 días y sin guía de despacho electrónica que ampliaba más el plazo.

El diputado señor Joaquín Lavín señala que las organizaciones no estaban muy de acuerdo en el proyecto que venía del Senado, porque solo se ocupaba del plazo y los intereses. Hoy se encuentran con un proyecto que contempla una serie de normas que propician el pago oportuno.

Hace ver que esta materia se está legislando hace tiempo en Inglaterra y la Unión Europea, más de 20 años, y hoy están a 60 días y no se han planteado en reducir esos tiempos porque han visto complejidades que esta Comisión aún no puede determinar por ser el primer paso en ese sentido.

Expresa que no hay información oficial para poder determinar cuál es realmente el plazo de pago a las pyme ya que los datos expuesto se refieren al 2 por ciento de la facturas que se factorizan, no hay información respecto de las demás empresas y sus facturas, por lo que opina que 60 días es un buen plazo. Como se trata de una ley de aplicación general, que no distingue el tipo de empresa, el plazo propuesto de 60 días parece prudente, porque a las pequeñas empresas les será más difícil poder adaptarse a los plazos de pago.

El diputado señor Jaime Naranjo expresa que hay una incoherencia entre lo propuesto en la letra b) de la indicación con lo propuesto en la letra a) de la misma, porque finalmente en una situación dispar, probablemente no se va a respetar el plazo de 60 días y el proveedor chico deberá pactar a plazos superiores, porque se lo permite la letra b) de estas indicaciones del Ejecutivo. Las alternativas serían rechazar la propuesta de la letra b) o proponer un artículo transitorio que permita ajustar los plazos en un tiempo después de entrada en vigencia esta ley, según se evalúe el funcionamiento de la ley.

El presidente de la Comisión explica que por un artículo transitorio se propone la rebaja del plazo después de 24 meses de vigencia de la ley, pero para ello se debe aprobar la indicación del Ejecutivo, de manera que tenga sentido esa propuesta.

El diputado señor Pedro Velásquez señala que el artículo 2° de la ley N° 19.983 sería ambiguo, porque si no se hace mención expresa en la factura y su copia transferible de los plazos señalados en ese artículo, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días siguientes a su recepción.

El ministro de Economía reitera que ha realizado todas las consultas necesarias para poder traer una propuesta a este proyecto de ley. Señala que hay 15 años de malas experiencias en la tramitación de este tema y que se está en deuda para dar una solución. Explica que han propuesto una solución integrada llevando el plazo a 60 días proponiendo un buen proyecto que da solución a los problemas de financiamiento de los proveedores en Chile.

Fundamenta que legislar en torno a los 30 días para el pago, sin tener toda la información necesaria, terminará perjudicando a quienes se busca favorecer con esta ley.

Agrega que el Ejecutivo no tiene problemas en avanzar, pero que plantear un plazo a partir del cual se establezca que el plazo se reduce a 30 días, sin tener toda la información, no le parece responsable.

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, para reemplazar el numeral 1, del artículo 1° del proyecto, se pide votación separada de los literales a) y b).

Puesta en votación la letra a), se aprueba por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados (as) Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Enrique van Rysselberghe y Pedro Velásquez. Votaron en contra los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda (7x5x0).

Puesta en votación la letra b), se aprueba por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados (as) Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Enrique van Rysselberghe y Pedro Velásquez. Votaron en contra los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda (7x5x0).

Se pone en discusión la indicación de los diputados Naranjo, Sepúlveda, Garín y Bernales para modificar el numeral 1 del artículo 1°, por el siguiente:

“En el artículo 2° de la ley N° 19.883:

a) Modifíquese el comienzo del inciso segundo, por la siguiente oración inicial:

“En todo caso el plazo pactado no podrá ser superior a treinta días corridos, contados desde la emisión de la factura”.

b) Sustitúyase en el inciso cuarto nuevo, la palabra “contado”, por las siguientes: “corridos, contados”.

Puesta en votación la indicación precedente, se rechaza por mayoría. Votaron por la afirmativa los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda. Votaron en contra los diputados (as) Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Enrique van Rysselberghe y Pedro Velásquez (5x7x0).

Se pone en discusión la indicación de los diputados Jürgensen y Garín para agregar en el inciso segundo del artículo 2°, a continuación del punto final, la siguiente frase: “Sin perjuicio de lo anterior, en el caso del sector primario, es decir, actividades productoras o extractivas de materias primas, como la pequeña y mediana agricultura, ganadería, silvicultura; pesca artesanal y pequeña minería, el plazo máximo para el pago de la factura será de 30 días corridos, no prorrogables.”.

Lo anterior apunta a establecer la diferencia respecto de las economías primarias, porque ellas son las que inician el ciclo económico y no venden a grandes empresas. Más aún, ellas deben enfrentar adversidades propias de su actividad, así también en la cadena de comercio.

El diputado señor Boris Barrera comenta que en este caso de productores primarios, el supermercado deberá vender su producto a más tardar en una semana antes que ese producto se dañe, de manera que no tiene sentido esperar su pago a 60 días, cuando debiera estar solucionado en 7 días.

Puesta en votación la indicación precedente, se aprueba por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Rolando Rentería, Alexis Sepúlveda. Votaron en contra los diputados(as) Sofía Cid, Joaquín Lavín, Enrique van Rysselberghe y Pedro Velásquez (8x4x0).

Indicación del diputado Boris Barrera para suprimir la letra a) del numeral 1).

Puesta en votación la indicación precedente, se rechaza por mayoría. Votaron por la afirmativa los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda. Votaron en contra los diputados (as) Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Enrique van Rysselberghe y Pedro Velásquez (5x7x0).

Indicación del diputado Boris Barrera para reemplazar el vocablo “treinta” por “siete” en el inciso cuarto propuesto y que ha pasado a ser inciso quinto.”.

Puesta en votación la indicación precedente fue rechazada por mayoría. Por la afirmativa se pronunciaron los diputados Boris Barrera y Alejandro Bernales. En contra votaron los diputados (as) Sofía Cid, Renato Garín, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Rolando Rentería, Alexis Sepúlveda, Enrique Van Rysselberghe, y Pedro Velásquez (2x10x0).

Las indicaciones de los diputados señores Barrera y Mellado que agregan un inciso tercero y una frase al inciso final del artículo 2°, respectivamente, fueron retiradas.

Artículo 2° bis

Se incorpora el artículo 2° bis, que regula el no pago dentro de los plazos que indica, constituyéndose el deudor en mora y afecto a intereses.

Indicación de los diputados Naranjo, Sepúlveda, Garín y Bernales para agregar el siguiente inciso segundo al artículo 2° bis:

“Las grandes empresas no podrán utilizar el créditos fiscal del IVA, hasta que se verifique el pago de la factura en virtud del procedimiento que establezca el Servicio de Impuestos Internos y que permita corroborar su pago.”.

El ministro de Economía señala respecto de la indicación precedente que ella se refiere al destino del crédito IVA, materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo con el inciso tercero y cuarto, número 1° artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Indicación del diputado Bernales para modificar el artículo 2° bis, de la siguiente manera:

a) Para sustituir la expresión “interés corriente” por “interés máximo convencional.”.

b) Para eliminar la frase ““por montos superiores al equivalente a 200 unidades de fomento e inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento, que rija durante dicho período.

c) para agregar a continuación de la frase “sobre las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero.”, la siguiente frase: “En el caso de operaciones de noventa días o menos, se devengará el interés corriente.”.

Esta indicación fue retirada por su autor.

Indicación del diputado Miguel Mellado para agregar el siguiente inciso segundo en el artículo 2° bis:

“Las empresas estarán imposibilitadas de usar crédito fiscal, hasta que la factura electrónica no esté completamente cancelada al emisor. Dicho pago debe ser realizado a través de transferencia bancaria y verificado e informado al Servicio de Impuestos Internos por el Centro de Compensación Automatizado. Salvo aquellos productores que estén exentos de facturación electrónica.”.

Esta indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión por ser de iniciativa del Presidente de la República.

El Presidente de la Comisión, diputado señor Alexis Sepúlveda, declara la inadmisibilidad de las indicaciones de los diputados Barrera al artículo 2° quáter y de los diputados Naranjo, Sepúlveda, Garín y Bernales al referido artículo, por ser materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Respecto de la indicación del Ejecutivo que elimina el artículo 2 ter, explica el señor Ministro que es procedente porque se establece una doble sanción, multas e intereses. Señala que el objetivo del Ejecutivo es que el proveedor pueda, llegado el momento, recurrir al mercado con su factura para financiarse con un interés adecuado. Interesa establecer una tasa de interés alta para el comprador, de manera que no haya incentivos para pagar con retardo.

El señor Mario Arend, jefe de estudios de la DIPRES, expresa que la indicación parlamentaria que reemplaza el artículo 2° ter establece una comisión fija en términos que también tiene impacto fiscal, por lo que opina que ella sería inadmisible.

El diputado señor Jaime Naranjo opina que la indicación es admisible, ya que establece una proporcionalidad respecto de lo adeudado por el comprador.

El señor Mario Arend, expresa que las referidas indicaciones establecen normas de impacto fiscal, por lo que se deberían declarar inadmisibles.

Respecto de la indicación del Ejecutivo que reemplaza el artículo 2° quinquies, que pasa a ser 2° quáter, el diputado señor Jaime Naranjo señala que se exige al Estado que pague en 30 días, pero a los privados se les permite el pago en un plazo superior, 60 días y no queda clara la razón de esa diferencia.

El diputado señor Miguel Mellado señala que se debe otorgar un tiempo prudente para el sistema de salud y las municipalidades.

.

El ministro de Economía explica que esta es la forma en que se regula la situación que afectará al Estado, con un plazo de 30 días y de 60 días cuando se trata de licitaciones. A continuación, explica la forma en que esto se lleva a cabo.

Explica, también, que el Estado es una institución que tiene un presupuesto, que está bien establecido y en esa condición se le puede exigir lo que no se le puede exigir a la pyme. La discusión se ha hecho en torno a generar una buena cadena de pago y no hay que confundirse en ello, agrega.

El diputado señor Jaime Naranjo manifiesta que se debe ser igualmente cuidadoso con los dineros fiscales que con los dineros privados.

El diputado señor Pedro Velásquez observa que en el 70 por ciento de las comunas pequeñas, el comercio de la comuna gira en torno al quehacer municipal, que requiere del supermercado, de la ferretería, del carpintero, etc., al igual que en los hospitales. A veces errores de administración dejan al comerciante de ese municipio a la espera del pago de sus servicios o bienes. El problema es que los recursos están previamente establecidos y deben cumplir con los proveedores.

Este proyecto de ley apunta a que efectivamente el municipio cumpla con sus obligaciones.

En el mismo sentido se manifiestan los diputados (as) Sofía Cid y Joaquín Lavín.

El diputado señor Boris Barrera señala que los mismos argumentos para que el Estado pague a 30 días, son los que ha esgrimido para que los privados paguen a 30 días.

El diputado señor Alexis Sepúlveda señala que la discusión del plazo en 30 o 60 días no debería interferir esta discusión respecto del pago del Estado y permitir una mejor solución para la pyme. Califica como positivo que el Estado pague prontamente. Reflexiona señalando que hay empresas que han quebrado por problemas en la demora del estado de pago de las instituciones públicas.

Consulta respecto de la situación de las municipalidades, especialmente cuando son contratos que no administra la municipalidad y que los pagos se hacen a través de visados de instituciones como los gobiernos regionales y eventualmente los ministerios, a través de la Subdere. Solicita que ello se considere al final, en la indicación presentada, porque esto traerá efectos sobre las municipalidades.

El diputado señor Pedro Velásquez señala que en su momento cuando se discutió la situación de los municipios y del ministerio de Salud, se propuso un artículo transitorio que ordena en un plazo de 3 años esta situación, lo que permitirá que las actuales administraciones en ejercicio puedan corregir la situación y entregar saneado la próxima administración.

El diputado señor Sepúlveda replica que pasados esos tres años, el problema seguirá vigente, como el caso de los recursos FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local, que se transfieren a los municipios a través de los gobierno regionales, pero para poder establecer los estados de pago y pagar dependen del gobierno regional.

El diputado señor Lavín señala que hay que hacer la diferencia en el plazo de 30 y de 60 días. Se dice que el Estado es como una gran empresa y el Ministro, como representante del Estado, se compromete a llegar a esos 30 días. Recuerda que esta es una relación no solo de grandes empresas entre sí y de grandes empresas con pyme, sino que también de pyme entre sí y es por ello que la exigencia de 30 días no aparece correcta, porque finalmente será una imposición muy gravosa.

El diputado señor Mellado observa que el comentario del diputado Sepúlveda estará a salvo en la indicación que propone el Ejecutivo, donde se establece una multa de 10 por ciento de la remuneración mensual para los funcionarios responsables de falta de pago oportuno, es decir, que hay presión también al gobierno regional para adaptarse al cumplimiento de esta norma.

El diputado señor Alexis Sepúlveda precisa que el contrato es con el titular, el contrato no lo firma el municipio con la empresa que prestara el servicio o venderá el bien, pero el pago de eso pasa por un tercero y la sanción que menciona el diputado Mellado en este caso, se hará efectiva en el funcionario municipal.

La señora Michéle Labbé recuerda que el artículo 79 bis del Reglamento de Compras Públicas indica que existe para el sector público un plazo máximo de 30 días corridos para el pago, de modo que no es novedad, sólo pasa del reglamento a la ley. Agrega, que la Contraloría General de la República ha emitido un dictamen recordando que se debe pagar a 30 días.

Por ello lo que se hace es dar un plazo adicional para ajustarse a esta medida. Quien no paga en los plazos establecidos, tiene responsabilidad administrativa.

El diputado señor Pedro Velásquez señala que es un problema muy grave, porque la municipalidad tiene muchos proyectos que se financian por los FNDR, pero con las referencias que hace la indicación queda subsanada esa inquietud planteada por el diputado Sepúlveda.

El diputado señor Boris Barrera aclara la necesidad que existan procedimientos para asegurar el pago oportuno, observa que no está de acuerdo con el tenor de la indicación del Ejecutivo, por lo que propone una indicación para suprimir la multa del 10 por ciento para la persona responsable de efectuar el pago. Señala que esto es un castigo más y es una discriminación respecto de la situación de los privados, porque debería multarse al gerente de la empresa que no paga.

Manifiesta su intención de aprobar la indicación, siempre que se elimine esa referencia a la multa para el funcionario.

El diputado señor Alexis Sepúlveda señala que el responsable del pago es siempre la autoridad política, porque el funcionario, sobre quien hay un sumario administrativo, tiene las complicaciones en el pago de las facturas porque la autoridad, ministro o ministra, alcaldesa o alcalde, es quien ha adoptado decisiones que llevan a esa dificultad, por haber privilegiado otras acciones. Aplicarle una sanción del 10 por ciento de su remuneración, le parece que es una doble sanción para el funcionario.

Propone que la indicación del diputado Boris Barrera sea hecha al texto de la indicación presentada por el Ejecutivo.

El diputado señor Pedro Velásquez explica que lo que debe hacer el funcionario en ese caso es señalar a la unidad de auditoría interna de cada servicio o ministerio, la situación irregular que se está produciendo, comunicación que debe hacer por escrito. Si el funcionario no cumple con esta exigencia, quedará sujeto a sumario y a la eventual multa.

El diputado señor Joaquín Lavín señala que esta disposición es facultativa, por cuanto el artículo propuesto establece que “podrá…”.

El diputado señor Miguel Mellado señala su conformidad con la indicación. Expresa que corresponde al funcionario hacer presente estas situaciones para limitar su responsabilidad administrativa, sin perjuicio que obligará a la institución pública a estar pendiente del cumplimiento de sus pagos.

El Presidente de la Comisión propone que se pueda votar la indicación del Ejecutivo y reformular la indicación del diputado Barrera para que sea al inciso tercero de la indicación del Ejecutivo.

Puesto en votación el artículo 2° bis se aprueba por unanimidad. Votaron por la afirmativa los diputados (as) Barrera, Bernales, Sofía Cid, Garín, Jürgensen, Lavín, Mellado, Naranjo, Rentería, Sepúlveda, Van Rysselberghe y Velásquez. (12x0x0).

Artículo 2° ter

Se establece el pago de una comisión que deberá pagar el comprador que esté en mora

Indicación del Ejecutivo para modificar su numeral 2, en el siguiente sentido: Elimínase el artículo 2° ter, cambiando los siguientes su numeración correlativa.

Puesta en votación la indicación precedente se aprueba por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados (as) Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Enrique van Rysselberghe y Pedro Velásquez. Votaron en contra los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda (7x5x0).

Indicación de los diputados Naranjo, Sepúlveda, Garín y Bernales para reemplazar el artículo 2° ter, por el siguiente:

3) Incorpórese el siguiente articulo 2°ter.- “Siempre que el comprador este en mora exista o no acuerdo entre las partes respecto de la aplicación y cálculo de los intereses moratorios establecidos en la presente ley, el comprador deberá pagar una comisión fija por recuperación de pagos, cuyo monto se determinara en función del monto total adeudado por el comprador, de acuerdo a la siguiente tabla:

a) 5 unidades de fomento, si el monto total adeudado es inferior a 100 unidades de fomento.

b) 10 unidades de fomento, si el monto total adeudado es superior a 100 unidades de fomentos e inferior a 500 unidades de fomento.

c) 15 unidades de fomento, si el monto total adeudado es superior a 500 unidades de fomentos e inferior a 1000 unidades de fomento.

d) 20 unidades de fomento, si el monto total adeudado es igual o superior a 1.000 unidades de fomento e inferior a 1.500

e) 50 unidades de fomento si el total adeudado es igual o superior a 1.500 unidades de fomento.

f) 100 unidades de fomento si el total adeudado supera las 3.000 unidades de fomento.

Sin perjuicio de lo anterior e independiente de la naturaleza jurídica del deudor, la empresa afectada podrá demandar la resolución del contrato o el cumplimiento forzado del mismo, más las indemnizaciones de perjuicios que deriven del incumplimiento.”.

Puesta en votación la indicación precedente se rechaza por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda y en contra los diputados (as) Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Rolando Rentería, Enrique van Rysselberghe y Pedro Velásquez (5x7x0).

Indicación del Ejecutivo para reemplazar el artículo 2°quáter, que pasa a ser 2°ter, por el siguiente:

“Artículo 2° ter.- Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán establecer un plazo de hasta sesenta días corridos en las bases de licitación respectivas, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. Estos motivos deberán señalarse en las respectivas bases de licitación o contratos. En este caso, deberán informar la fecha de pago a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, establecido en el Capítulo IV de la ley N° 19.886. Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente la respectiva Entidad certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por aquella.

Para los efectos del cumplimiento del presente artículo, los organismos públicos mencionados en el inciso anterior deberán publicar en el citado Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos. A través de aquel sistema deberán efectuar el envío de sus órdenes de compra, la recepción y aceptación de sus facturas, la información sobre la recepción conforme de los bienes y servicios adquiridos, así como la información y gestión de sus pagos. La Dirección de Compras y Contratación Pública asesorará a los organismos públicos en la gestión de sus procesos de pago para el cumplimiento de los plazos que establece esta ley e informará a la unidad de auditoría interna de cada servicio y ministerio o aquella que cumpla tales funciones.”.

Puesta en votación la indicación precedente, se aprueba por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados (as) Barrera, Bernales, Sofía Cid, Garín, Jürgensen, Lavín, Mellado, Rentería, Sepúlveda, van Rysselberghe y Velásquez. Se abstuvo el diputado Naranjo (11x0x1).

Artículo 2° quinquies

Regula las responsabilidades administrativas de los funcionarios si no se efectúa el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato.

El Ejecutivo formula una indicación para reemplazar el artículo 2° quinquies, pasando a ser 2° quáter, por el siguiente:

“Artículo 2° quáter.- Los organismos públicos señalados en el artículo anterior, deberán dictar una resolución que determine los procedimientos internos que permitan dar cumplimiento a los plazos señalados en el referido artículo. Asimismo, deberán determinar el o los funcionarios que serán responsables de la gestión de los pagos, a quienes les corresponderá velar porque éstos se efectúen conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y en dicha resolución.

Si no se efectuare el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo precedente, se generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios que, de acuerdo a la legislación vigente, pudieran corresponder, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° bis.

En todo caso, los funcionarios responsables de la falta de pago oportuno a que se refiere el inciso anterior podrán ser sancionados con una multa adicional de hasta un 10% de su remuneración mensual, la que podrá ser duplicada en caso de reincidencia.

El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior será verificado por la unidad de auditoría interna de cada servicio y ministerio o por aquella que cumpla tales funciones, complementada con información que genera la Dirección de Compras y Contratación Pública. Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos deberá informar semanalmente a la Dirección de Compras y Contratación Pública el número, monto e identificación del emisor de cada una de las facturas y notas de crédito recibidas por los respectivos Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, y sus redes asistenciales correspondientes, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las municipalidades.

Las sanciones administrativas previstas en este artículo serán aplicadas por la autoridad competente, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.”.

El diputado señor Boris Barrera presenta dos indicaciones: la primera, para suprimir el inciso segundo del artículo 2° quinquies que establece una multa adicional de hasta el 10% y la segunda, para suprimir en el inciso tercero del artículo 2° quinquies la expresión “previstas en este artículo”, las que fueron retiradas por su autor, solicitando votación separada del inciso tercero del artículo 2° quinquies, propuesto en la indicación del Ejecutivo.

El diputado señor Jaime Naranjo solicita a los representantes del Ejecutivo precisar la indicación, pues no le parece que la responsabilidad por el no pago oportuno caiga en funcionarios subalternos de la administración pública, siendo que el responsable es el jefe del servicio.

El señor ministro de Economía precisa que dicha materia estaba contemplada en el artículo propuesto por el Senado, respecto de la cual la indicación sólo hace precisiones para una mejor aplicación de la norma, de manera que en lo que se consulta, no es una propuesta que hiciera el Ejecutivo.

La señora Michèle Labbé explica que esta norma tiene su antecedente en pronunciamientos que ha hecho la Contraloría General de la República, que ha sancionado de esa manera. Como Ejecutivo han tratado de racionalizar y dar certidumbre respecto del responsable. Respecto de los funcionarios de menor rango, ellos son responsables de representar la situación, no de hacer el pago.

El señor subsecretario de Economía hace presente que la Contraloría General de la República, por oficio de marzo de 2018, emitió un pronunciamiento sobre este punto.

El diputado señor Alexis Sepúlveda entiende que un funcionario tendría responsabilidad en el pago, y si no están los recursos, debe comunicar formalmente a su superior el hecho y esa acción limita su responsabilidad administrativa.

El diputado señor Pedro Velásquez señala su desacuerdo con lo aprobado por el Senado. Agrega que tampoco se señala cuál es la condición del funcionario y espera una proposición distinta del Ejecutivo que considere la responsabilidad del jefe del servicio.

El diputado señor Joaquín Lavín observa que el inciso tercero establece que se podrá sancionar, no es un imperativo por el no pago.

Habida discusión sobre la procedencia de la división de la votación de este artículo, el Presidente determina poner en votación la indicación del Ejecutivo y en caso de aprobarse ella, procedería votar la indicación del diputado Barrera.

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, se aprueba por mayoría de votos. Votan por la afirmativa los diputados (as) señores Barrera, Bernales, Cid, doña Sofía, Jürgensen, Lavín, Mellado, Rentería, Sepúlveda, van Rysselberghe y Velásquez. Votan en contra los diputados señores Garín, Naranjo y señora Pérez, doña Joanna (10x3x0).

Puesta en votación la indicación del diputado Barrera, es rechazada por mayoría de votos. Votan por la afirmativa los diputados señores Barrera, Bernales, Garín, Naranjo, Sepúlveda y Velásquez. Votan en contra los diputados (as) Cid, Jürgensen, Lavín, Mellado, Rentería, Joanna Pérez y van Rysselberghe (6x7x0).

Indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente numeral 3:

3.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 3° de la ley N° 19.983:

“Asimismo, serán inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.”.

El señor ministro de Economía pide se considere la importancia de esta indicación en el conjunto que forma el proyecto de ley. Recuerda que se trata que la factura que emite la pyme sea por un monto invariable, lo que permitirá a la pyme acceder a un monto determinado en el mercado de capitales y con una tasa menor a la que tiene hoy, que son tasas hasta 5 veces más altas de lo que accede una gran empresa y ello porque no existe claridad respecto del monto de la factura. Con esta indicación se revierte ello y no habrá razón para aplicar tasas más altas a las facturas de las pyme.

Puesta en votación la indicación se aprueba por unanimidad. Votaron por la afirmativa los diputados Barrera, Bernales, Sofía Cid, Garín, Jürgensen, Lavín, Mellado, Naranjo, Rentería, Sepúlveda, Joanna Pérez, van Rysselberghe y Pedro Velásquez. (13x0x0).

Artículo 2°

El artículo 2° aprobado por el Senado modifica la ley N° 20.169 que regula competencia desleal, reemplazando el literal i) del artículo 4°. Este nuevo literal señala que el establecimiento de cláusulas contractuales abusivas en perjuicio de los proveedores, el incumplimiento de las obligaciones contraídas con éstas y la infracción de los plazos de la ley N° 19.883 para cumplir el pago de saldo insoluto de la factura, son considerados actos de competencia desleal.

El Ejecutivo presentó la siguiente indicación, para reemplazar el artículo 2° por el siguiente:

“Artículo 2°.- Modifícase el artículo 54 del Decreto Ley N°825, de 1974, que establece la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, de la siguiente manera:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la expresión "compra" y antes de la coma (,) la frase “guías de despacho,”.

b) Elimínase, a continuación del primer punto seguido, la frase “Las guías de despacho y”.

c) Agrégase, a continuación de la frase “en papel” y antes del segundo punto seguido la siguiente oración:

Los contribuyentes que solo emitan documentos en papel podrán emitir guías de despacho que no importen ventas por este mismo medio.”.

El señor Ministro de Economía señala que una de las razones por las que no se le había dado solución al problema del pago a las pyme, era porque el problema no estaba sólo en la factura, ya que se origina junto con el despacho del producto al comprador y el aplazamiento del pago con la postergación de la factura. Para tener una certeza respecto del ciclo de pago, es necesario tener certeza respecto de la fecha en que se produce el despacho de las mercaderías o la prestación de los servicios y la fecha en que se factura, de manera que tenga sentido la facturación para el plazo total del pago al proveedor pyme.

Afirma que esta es una innovación importante en el proyecto, agregando la guía de despacho electrónica.

El diputado señor Alexis Sepúlveda señala que esto es coherente con lo anterior, precisa la guía de despacho electrónica y en relación con ciertas empresas que no están incorporadas al sistema electrónico.

El diputado señor Boris Barrera señala que la indicación propuesta es necesaria y la comparte, sin perjuicio de lo cual consulta la razón para reemplazar la normativa que alude a la competencia desleal.

El señor Ministro de Economía señala que lo que se está eliminando está contenido en otra ley y, por lo tanto, es redundante.

Puesta en votación la indicación se aprueba por unanimidad. Votaron por la afirmativa los diputados Barrera, Bernales, Sofía Cid, Garín, Jürgensen, Lavín, Mellado, Naranjo, Rentería, Sepúlveda, Joanna Pérez, van Rysselberghe y Pedro Velásquez. (13x0x0).

Indicación del diputado Boris Barrera para agregar el siguiente inciso segundo al artículo 1° de la ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño:

“Asimismo, tiene por objeto promover el pronto pago de los bienes y servicios que provean o presten las micro y pequeñas empresas.”.

El diputado señor Boris Barrera explica que esta indicación retoma la idea original del proyecto de ley, que era modificar la ley N° 20.416.

Sin mayor discusión, sometida a votación la indicación se aprueba por unanimidad. Votaron por la afirmativa los diputados Barrera, Bernales, Sofía Cid, Garín, Jürgensen, Lavín, Mellado, Naranjo, Rentería, Sepúlveda, Joanna Pérez, van Rysselberghe y Pedro Velásquez. (13x0x0).

Indicación del diputado Boris Barrera para agregar el siguiente inciso final en el artículo 2° de la ley 20.416:

“Las empresas definidas en el inciso segundo de este artículo, tendrán la obligación de pagar el Impuesto al Valor Agregado una vez que haya sido pagado el saldo insoluto de la factura emitida conforme a las reglas establecidas en la Ley Nº19.983.”.

El Presidente de la Comisión, diputado señor Alexis Sepúlveda, declara la indicación inadmisible por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, ya que dice relación con la administración financiera del Estado.

Explica que el IVA débito fiscal tiene un plazo de 60 días para ser enterado en arcas fiscales. Si al proveedor no se le paga la factura, este podría retrasar el pago del IVA y ese retraso a un plazo mayor de lo que establece la ley, es lo que afecta a la administración financiera del Estado.

El señor Mario Arend señala que la indicación al modificar los plazos de pago del IVA, hace que la indicación sea inadmisible, en los términos expresado por el Presidente de la Comisión.

Declarada la inadmisibilidad, el diputado Boris Barrera solicitó que ella sea votada por la Comisión.

Puesta en votación la inadmisibilidad, ella es sostenida por la mayoría de la Comisión. Votaron por sostener la inadmisibilidad los diputados (as) Sofía Cid, Jürgensen, Lavín, Mellado, Rentería, Sepúlveda, van Rysselberghe y Pedro Velásquez. Votan contra la declaración de inadmisibilidad los diputados Barrera, Bernales, Garín, Naranjo y Joanna Pérez. (8x5x0).

Indicación del diputado Boris Barrera para agregar los siguientes artículos decimoquinto, decimoquinto bis y decimoquinto ter a la ley N° 20.416.

“Artículo décimo quinto: Del Pago a las micro y pequeñas empresas.

Todo contrato de venta de productos o prestación de servicios en que intervengan como proveedoras micro y pequeñas empresas, se regirán, en cuanto a al pago, cualquiera sea la naturaleza del deudor, por las siguientes reglas:

a) El plazo máximo de pago será de 30 días corridos, contados desde la fecha en que el deudor haya recibido la factura o la solicitud de pago, en caso de dudas sobre dicha fecha, el plazo se aplicará desde la fecha de recepción de los productos o prestación de los servicios.

b) Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, los plazos de pago asociados a la venta de productos de alimentación frescos y perecederos no excederá en ningún caso de 7 días, contados a partir de la fecha de la entrega de los mismos. Para efectos de esta ley, se entenderán como tales, aquéllos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisan de condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte.

c) La recepción de las facturas deberá efectuarse antes de quince días desde la fecha de entrega y recepción de los productos o la prestación de los servicios.

En caso que el deudor rechace el documento tributario emitido por dichos proveedores no podrá fundarlo invocando plazos superiores a los establecidos en el presente artículo o la estipulación de intereses por morosidad. Se entenderá por no escrito cualquier acuerdo en contrario.

d) Los deudores cualquiera sea su naturaleza jurídica no podrán imputar o compensar total o parcialmente dicho pago con obligaciones adeudadas por los proveedores a éstas.

e) Si la micro o pequeña empresa proveedora realizare varias entregas de bienes o prestaciones de servicios dentro de un periodo no superior a treinta días y emitiere una factura consignando todas las entregas verificadas durante dicho período, la fecha de inicio del cómputo del plazo para efectos del pago será la que corresponda a la mitad del periodo de las guías de despacho o el documento que consigna la entrega del producto o prestación del servicio. Toda entrega que supere dicho plazo deberá obligatoriamente ser registrada de un modo separado en otra factura.

Artículo decimoquinto bis. Si no se verificare el pago dentro de los plazos dispuestos en las normas precedentes, se entenderá, para todos los efectos legales, que ha incurrido en mora, y se aplicarán intereses conforme a lo siguiente:

i) Cuando el plazo de pago exceda los treinta días y no sea superior a cuarenta y cinco días y no exista acuerdo expreso entre las partes, conforme el numeral N°2 de la presente ley, el interés de mora corresponderá al Interés Máximo Convencional para operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de noventa días, inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento, vigente a la fecha en que se produce la mora, en conformidad a la Ley N°18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero;

ii) Cuando el plazo de pago exceda los treinta días y no sea superior a cuarenta y cinco días y exista además acuerdo expreso entre las partes, el interés de mora, corresponderá al Interés Máximo Convencional aplicado a operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de noventa días, superiores al equivalente a 5.000 unidades de fomento, en conformidad a la Ley N°18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero;

iii) Cuando el plazo de pago exceda los cuarenta y cinco días y no exista acuerdo expreso entre las partes, según lo dispuesto en el artículo precedente, el interés corresponderá al Interés Máximo Convencional aplicado a las operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de noventa días inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento, vigente a la fecha en que se produce la mora, en conformidad a la Ley N°18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero.

Sin perjuicio de lo anterior y cualquiera sea la naturaleza jurídica del deudor, la empresa de menor tamaño afectada podrá demandar la resolución del contrato o el cumplimiento forzoso del miso con indemnización de los perjuicios que deriven del incumplimiento de las reglas de pago establecidas en este artículo. Dicha acción podrá ser ejercida por el afectado personalmente, en demanda colectiva o representado por la entidad gremial que les agrupe, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo noveno números dos al cinco de esta ley.

Artículo décimo quinto ter. Las partes podrán acordar la reserva de propiedad según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 680 del Código Civil, pacto que siempre deberá ceñirse a los plazos establecidos en esta ley, debiendo quedar constancia del mismo en el documento tributario al que hace mención el literal a) de este artículo.”.

El diputado señor Joaquín Lavín observa que esta indicación es contradictoria e incompatible con lo ya aprobado, por lo que solicita se declare así.

El diputado Boris Barrera reitera que originalmente el proyecto establecía modificaciones a la ley N° 20.416 que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño y por eso estas indicaciones se refieren a esa ley.

El secretario de la Comisión señor Javier Rosselot aclara a solicitud de la Comisión, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 296 del Reglamento no pueden ponerse en votación artículos o indicaciones que, a juicio del Presidente, sean contradictorios con las ideas ya aprobadas de un proyecto de ley.

El Presidente de la Comisión, diputado Alexis Sepúlveda, señala que comparte la indicación, sin perjuicio de lo cual declara que ella es contradictoria con lo aprobado, especialmente en lo referente a los plazos de 60 días.

El señor Mario Arend, jefe de estudios de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), señala que adicionalmente esta indicación establece nuevos plazos, habla de cualquiera que sea la naturaleza del deudor y tasa de interés por mora lo que genera un impacto fiscal y debiera ser declarada inadmisible.

El Presidente de la Comisión declara inadmisible la indicación, de acuerdo con la parte final del inciso segundo del artículo 296 del Reglamento.

Indicación del diputado Alejandro Bernales para agregar el siguiente artículo 3°.

“Artículo 3°.- La guía de despacho será título ejecutivo.”.

La indicación fue retirada por su autor.

Artículo transitorio

El texto aprobado por el Senado contiene un artículo transitorio que establece la entrada en vigencia de la ley a contar del primer día del cuarto mes de publicada en el Diario Oficial.

El inciso segundo establece la excepción para los Servicios de Salud, Cenabast y municipalidades que señalaban los artículos 2° bis y 2° ter y el inciso segundo del artículo 2° quinquies que se incorporaban a la ley N° 19.983. En este caso el plazo se aplica desde el primer día del vigésimo quinto mes después de la publicación de la ley. En el tiempo intermedio entre la publicación de esta ley en el Diario Oficial y este plazo especial, los organismos tienen la obligación de informar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, en la forma y plazo que esta señale, sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley.

Este reporte debe publicarse en el sitio web de la Dirección de Compras y Contratación Pública y remitirse a las respectivas Comisiones de Economía del Senado y de la Cámara de Diputados.

Indicación del Ejecutivo para reemplazar el artículo transitorio por el siguiente:

“Artículo primero transitorio.- La presente ley, salvo las excepciones contempladas en los artículos siguientes, entrará en vigencia a partir del primer día del cuarto mes de publicada en el Diario Oficial.”.

Indicación del diputado Boris Barrera para reemplazar en el artículo transitorio, inciso segundo, la oración “vigésimo quinto” por “décimo tercer”.

Indicación del diputado Alejandro Bernales para intercalar el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto: “Respecto de las pequeñas y medianas empresas morosas, las normas contenidas en los artículos 2° bis y 2° ter, que se incorporan a la ley N° 19.983, se aplicarán el primer día del vigésimo quinto mes de publicada la ley en el Diario Oficial.”.

Indicación de los diputados Naranjo, Sepúlveda y Garín para agregar el siguiente inciso cuarto:

“Se eximirá a las municipalidades de esta norma en el caso que las obras sean financiadas por el Gobierno regional o algún Ministerio y de cuyos fondos dependan dichas obras.”.

Indicación de los diputados Naranjo, Sepúlveda, Garín y Bernales para incorporar los siguientes incisos quinto y sexto:

“Respecto a la prohibición contemplada en el inciso segundo del artículo 2°bis, el Servicio de Impuestos Internos, en el plazo de un año, desde publicada esta ley, establecerá un procedimiento que permita corroborar el pago de la factura, autorizando su uso como crédito fiscal.

En el plazo de un año desde promulgada esta ley, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo implementará el reglamento sobre pago oportuno y establecerá los mecanismos para fomentar el pago a 30 días para las empresas proveedoras del estado. De igual forma establecerá la elaboración de un ranking de plazos de pagos, el cual dará cuenta de las prácticas de pago oportuno a las PYMES.”.

Sin mayor discusión, sometida a votación la indicación del Ejecutivo, se aprueba por unanimidad. Votaron por la afirmativa los diputados Barrera, Bernales, Sofía Cid, Garín, Jürgensen, Lavín, Mellado, Naranjo, Rentería, Sepúlveda, Joanna Pérez, van Rysselberghe y Pedro Velásquez. (13x0x0).

Respecto de las demás indicaciones formuladas al artículo transitorio, el Presidente de la Comisión las declara inadmisibles, de acuerdo con la parte final del inciso segundo del artículo 296 del reglamento.

Artículo segundo transitorio

Indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente artículo segundo transitorio, que pasa a ser artículo tercero transitorio:

“Artículo segundo transitorio.- Respecto de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, y sus redes asistenciales correspondientes; la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud; y, las municipalidades, las normas contenidas en los artículos 2°bis y el inciso tercero del artículo 2°quáter que se incorporan a la ley N° 19.983, se aplicarán a las facturas emitidas por empresas de menor tamaño, de conformidad a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N°20.416, recibidas a contar del primer día del trigésimo séptimo mes de publicada la ley en el Diario Oficial. Luego de transcurridos doce meses desde dicha fecha, las normas referidas se aplicarán a las facturas emitidas, sin distinción de emisor.

En el tiempo que medie entre la publicación de la presente ley en el Diario Oficial y los plazos especiales que establece este artículo, los organismos que aquí se indican tendrán la obligación de informar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, en el plazo y forma que esta fije al efecto, sobre el nivel de cumplimiento respecto de las obligaciones que establece la presente ley.

El reporte a que se refiere el inciso anterior deberá publicarse en el sitio web institucional de la Dirección de Compras y Contratación Pública y remitirse a las Comisiones de Economía y de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente.”.

El señor ministro de Economía explica que el sentido de este artículo es que el sector público debe cumplir con las mismas normas que se exige cumplir a los privados, sin perjuicio de lo cual se entiende que atendido la especial situación de algunas municipalidades y parte del sector público, este cumplimiento requiere de un plazo especial que es el que se ha analizado y se propone para su cumplimiento.

Sin mayor discusión, sometida a votación la indicación del Ejecutivo, se aprueba por unanimidad. Votaron por la afirmativa los diputados Barrera, Bernales, Sofía Cid, Garín, Jürgensen, Lavín, Mellado, Naranjo, Rentería, Sepúlveda, Joanna Pérez, Van Rysselberghe y Pedro Velásquez. (13x0x0).

Artículo tercero transitorio

Indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente artículo tercero transitorio, que pasa a ser artículo cuarto transitorio:

“Artículo tercero transitorio.- Las modificaciones introducidas al artículo 54 del Decreto Ley N°825 de 1974 sobre la obligación de emitir guías de despacho electrónicas, entrarán en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial.”.

Sin mayor discusión, sometida a votación la indicación del Ejecutivo, se aprueba por unanimidad. Votaron por la afirmativa los diputados Barrera, Bernales, Sofía Cid, Garín, Jürgensen, Lavín, Mellado, Naranjo, Rentería, Sepúlveda, Joanna Pérez, van Rysselberghe y Pedro Velásquez. (13x0x0).

Artículo cuarto transitorio

Indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente artículo cuarto transitorio, que pasa a ser artículo quinto transitorio:

“Artículo cuarto transitorio. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará, en lo que les corresponda, con cargo a los presupuestos vigentes de las Partidas incluidas en el articulado. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.”.

Sin mayor discusión, sometida a votación la indicación del Ejecutivo, se aprueba por unanimidad. Votaron por la afirmativa los diputados Barrera, Bernales, Sofía Cid, Garín, Jürgensen, Lavín, Mellado, Naranjo, Rentería, Sepúlveda, Joanna Pérez, van Rysselberghe y Pedro Velásquez. (13x0x0).

Indicación de los diputados Lavín, van Rysselberghe y Rentería, para agregar el siguiente artículo quinto transitorio:

“Artículo quinto transitorio.- “El Servicio de Impuestos Internos deberá presentar a la Comisión de Economía, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de la presente ley, un informe que dé cuenta de la factibilidad técnica de utilizar el Impuesto al Valor Agregado como Crédito Fiscal sólo después de pagada la respectiva factura, y los efectos que dicha medida puede generar en el normal funcionamiento del Servicio”.

La indicación fue retirada por sus autores.

Artículo quinto transitorio

Indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente artículo quinto transitorio, que pasa a ser artículo sexto transitorio:

“Artículo quinto transitorio.- El Servicio de Impuestos Internos deberá presentar a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado, en un plazo máximo de veinticuatro meses desde la publicación de la presente ley, un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del impuesto al valor agregado en el periodo tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura.”.

El señor ministro de Economía señala que este artículo recoge la voluntad que manifestó el Ejecutivo en cuanto a que el IVA crédito fiscal hubiese estado incluido en el proyecto de ley. Si bien existe la voluntad de legislar en este sentido, expresa que se debe atender a la realidad en estas materias y ella demuestra que técnicamente no es posible hacerlo.

La indicación propone un plazo máximo de 24 meses, podría ser antes, para que el Servicio de Impuestos Internos concurra ante las Comisiones de Economía del Cámara de Diputados y del Senado para que informe la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal IVA en el período tributario que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura.

El diputado señor Alexis Sepúlveda recuerda que en un inicio se consideró el crédito fiscal IVA. En un principio se habló de un plazo de 6 meses, pero ahora se propone que ese plazo sea de 24 meses.

Considera que esta propuesta transformada en indicación no se acerca a lo que se proponía originalmente y esperar dos años para tener un informe no es razonable.

El ministro de Economía reitera los conceptos iniciales de esta indicación, estima que el plazo de 24 meses es un tiempo suficiente para poder contar con una opción técnica posible para abordar este tema en especial.

Puesta en votación la indicación, se aprueba por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados (as) Sofía Cid, Jürgensen, Lavín, Mellado, Rentería, van Rysselberghe y Pedro Velásquez. Votan por el rechazo los diputados Barrera, Bernales, Garín, Naranjo, Sepúlveda y Joanna Pérez (7x6X0).

Artículo sexto transitorio

Indicación de los diputados Alexis Sepúlveda, Renato Garín, Boris Barrera, Pedro Velásquez, Jaime Naranjo y Alejandro Bernales para incorporar el siguiente artículo transitorio:

“Transcurrido dos años de la entrada en vigencia de esta ley, el plazo señalado en el artículo 2°, letra a), respecto del plazo pactado, se reducirá a un máximo de cuarenta y cinco días.”.

El diputado señor Alexis Sepúlveda señala que la indicación se refiere a los plazos de pago pactados entre particulares y no se afecta o no se refiere a los plazos que se han establecido respecto de las instituciones del Estado.

Puesta en votación la indicación se aprueba por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Harry Jürgensen; Miguel Mellado, Jaime Naranjo; Alexis Sepúlveda, Joanna Pérez y Pedro Velásquez. Votaron en contra los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Rolando Rentería y Enrique van Rysselberghe. (9x4x0).

Artículo séptimo transitorio

Indicación de los diputados Alexis Sepúlveda, Jaime Naranjo, Pedro Velásquez para agregar el siguiente artículo transitorio, que pasa a ser inciso segundo del artículo tercero transitorio:

“Se eximirá a las municipalidades de esta norma en el caso que las obras sean financiadas por el Gobierno Regional o por algún Ministerio y de cuyos fondos, dependan dichas obras.”.

El diputado señor Alexis Sepúlveda señala que esta indicación no modifica nada de lo que se ha aprobado por las indicaciones del Ejecutivo y lo que se hace es dejar a salvo los casos en que los recursos no dependen del municipio. Señala que se refiere a proyectos en que los fondos generalmente comprometen recursos que no son del municipio, como ocurre con proyectos de Gobierno Regional o Subdere, que dependen de estados de pago que finalmente son retrasos del Gobierno Regional que afectan la responsabilidad de las municipalidades. Precisa que esta es una situación que ocurre en los primeros meses de cada año, a propósito de las adecuaciones presupuestarias regionales, donde los pagos pueden demorarse 60 días o más.

El representante de la Dirección de Presupuestos señala que existe en estos casos un contrato que indica quien paga el respectivo bien o servicio, de manera que se ha determinado quién es el responsable.

En segundo lugar señal que habría algún efecto sobre el gobierno central.

La diputada señora Sofía Cid expresa que, a su parecer, la norma es demasiado amplia, no se identifica en obras de inversión de construcción, por ejemplo.

El señor ministro de Economía señala que según el parecer de DIPRES la indicación sería inadmisible, pero este caso de las municipalidades que explica el diputado Sepúlveda, es lo que ocurre siempre a las pyme.

La diputada Joanna Pérez señala que esta situación depende de la planificación financiera del respectivo servicio público y en este caso la unidad financiera es el Gobierno Regional, que es quien planifica el respectivo presupuesto.

El Presidente de la Comisión declara la indicación admisible y procede a someterla a votación.

El diputado señor Joaquín Lavín formula reserva de constitucionalidad de aprobarse esta indicación basada en los argumentos entregados por los representantes del Ejecutivo.

Puesta en votación la indicación, se aprueba por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Renato Garín, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda, Joanna Pérez y Pedro Velásquez. Votaron en contra los diputados Sofía Cid, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Rolando Rentería y Enrique van Rysselberghe. (7x6x0).

Se despacha el proyecto y se designa diputado informante al señor Alexis Sepúlveda.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las demás consideraciones que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado Informante, la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Modifícase la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura, en los siguientes términos:

1.- En el artículo 2°

a)Agrégase al comienzo del inciso segundo, la siguiente oración:

“En todo caso, el plazo pactado no podrá ser superior a sesenta días corridos contado desde la recepción de la factura.”.

b) Agrégase en el inciso segundo, a continuación del punto final, la siguiente frase: “Sin perjuicio de lo anterior, en el caso del sector primario, es decir, actividades productoras o extractivas de materias primas, como la pequeña y mediana agricultura, ganadería, silvicultura; pesca artesanal y pequeña minería, el plazo máximo para el pago de la factura será de 30 días corridos, no prorrogables.”.

c)Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“Con todo, las partes podrán establecer de común acuerdo un plazo que exceda los sesenta días referidos en el inciso anterior. Dicho acuerdo deberá constar por escrito y ser suscrito por quienes concurran a él.

No producirá efecto alguno en este contrato las cláusulas o estipulaciones que:

1. Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato, sin requerir del consentimiento previo y expreso de la otra parte, sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen;

2. Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad que puedan privar a cualquiera de las partes de su derecho de resarcimiento frente a incumplimientos contractuales;

3. Establezcan intereses por no pago inferiores a los que se establecen en el artículo siguiente, y

4. Las demás que establezcan las leyes.”.

2.- Incorpóranse los siguientes artículos 2° bis, 2° ter, y 2° quáter:

“Artículo 2° bis.- Si no se verificare el pago dentro de los plazos señalados en el artículo anterior, se entenderá, para todos los efectos legales, que el deudor ha incurrido en mora, devengándose desde el primer día de mora o simple retardo y hasta la fecha del pago efectivo, un interés igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de noventa días, por montos superiores al equivalente a 200 unidades de fomento e inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento, que rija durante dicho período, en conformidad a la ley N° 18.010, sobre las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero. En el caso de los órganos del Estado, este interés será pagado con cargo a sus respectivos presupuestos.

Artículo 2° ter.- Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán establecer un plazo de hasta sesenta días corridos en las bases de licitación respectivas, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. Estos motivos deberán señalarse en las respectivas bases de licitación o contratos. En este caso, deberán informar la fecha de pago a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, establecido en el Capítulo IV de la ley N° 19.886. Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente la respectiva entidad certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por aquella.

Para los efectos del cumplimiento del presente artículo, los organismos públicos mencionados en el inciso anterior deberán publicar en el citado Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos. A través de aquel sistema deberán efectuar el envío de sus órdenes de compra, la recepción y aceptación de sus facturas, la información sobre la recepción conforme de los bienes y servicios adquiridos, así como la información y gestión de sus pagos. La Dirección de Compras y Contratación Pública asesorará a los organismos públicos en la gestión de sus procesos de pago para el cumplimiento de los plazos que establece esta ley e informará a la unidad de auditoría interna de cada servicio y ministerio o aquella que cumpla tales funciones.

Artículo 2° quáter.- Los organismos públicos señalados en el artículo anterior, deberán dictar una resolución que determine los procedimientos internos que permitan dar cumplimiento a los plazos señalados en el referido artículo. Asimismo, deberán determinar el o los funcionarios que serán responsables de la gestión de los pagos, a quienes les corresponderá velar porque éstos se efectúen conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y en dicha resolución.

Si no se efectuare el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo precedente, se generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios que, de acuerdo a la legislación vigente, pudieran corresponder, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° bis.

En todo caso, los funcionarios responsables de la falta de pago oportuno a que se refiere el inciso anterior podrán ser sancionados con una multa adicional de hasta un 10% de su remuneración mensual, la que podrá ser duplicada en caso de reincidencia.

El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior será verificado por la unidad de auditoría interna de cada servicio y ministerio o por aquella que cumpla tales funciones, complementada con información que genera la Dirección de Compras y Contratación Pública. Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos deberá informar semanalmente a la Dirección de Compras y Contratación Pública el número, monto e identificación del emisor de cada una de las facturas y notas de crédito recibidas por los respectivos Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y sus redes asistenciales correspondientes, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las municipalidades.

Las sanciones administrativas previstas en este artículo serán aplicadas por la autoridad competente, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.”.

3.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 3°:

“Asimismo, serán inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.”.

Artículo 2°.- Modifícase el artículo 54 del decreto ley N° 825, de 1974, que establece la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, de la siguiente manera:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la expresión "compra" y antes de la coma (,) la frase “guías de despacho,”.

b) Elimínase, a continuación del primer punto seguido, la frase “Las guías de despacho y”, y

c) Agrégase, a continuación de la frase “en papel” y antes del segundo punto seguido la siguiente oración:

“Los contribuyentes que solo emitan documentos en papel podrán emitir guías de despacho que no importen ventas por este mismo medio.”.

Artículo 3°.- Agrégase al artículo 1° de la ley N° 20.416, el siguiente inciso segundo:

“Asimismo, tiene por objeto promover el pronto pago de los bienes y servicios que provean o presten las micro y pequeñas empresas.”.

Artículo primero transitorio.- La presente ley, salvo las excepciones contempladas en los artículos siguientes, entrará en vigencia a partir del primer día del cuarto mes de publicada en el Diario Oficial.

Artículo segundo transitorio.- Transcurridos dos años desde la entrada en vigencia de esta ley, el plazo que se agrega en el artículo 2° inciso segundo de la ley N° 19.983, respecto al plazo pactado, se reducirá a un máximo de cuarenta y cinco días.

Artículo tercero transitorio.- Respecto de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y sus redes asistenciales correspondientes; la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud; y, las municipalidades, las normas contenidas en los artículos 2° bis y el inciso tercero del artículo 2°quáter que se incorporan a la ley N° 19.983, se aplicarán a las facturas emitidas por empresas de menor tamaño, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 20.416, recibidas a contar del primer día del trigésimo séptimo mes de publicada la ley en el Diario Oficial. Luego de transcurridos doce meses desde dicha fecha, las normas referidas se aplicarán a las facturas emitidas, sin distinción de emisor.

Se eximirá a las municipalidades de esta norma en el caso que las obras sean financiadas por el gobierno regional o algún ministerio y de cuyos fondos dependan dichas obras.

En el tiempo que medie entre la publicación de la presente ley en el Diario Oficial y los plazos especiales que establece este artículo, los organismos que aquí se indican tendrán la obligación de informar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, en el plazo y forma que ésta fije al efecto, sobre el nivel de cumplimiento respecto de las obligaciones que establece la presente ley.

El reporte a que se refiere el inciso anterior deberá publicarse en el sitio WEB institucional de la Dirección de Compras y Contratación Pública y remitirse a las Comisiones de Economía y de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente.

Artículo cuarto transitorio.- Las modificaciones introducidas al artículo 54 del decreto ley N° 825, de 1974, sobre la obligación de emitir guías de despacho electrónicas, entrarán en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo quinto transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará, en lo que les corresponda, con cargo a los presupuestos vigentes de las Partidas incluidas en el articulado. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.

Artículo sexto transitorio.- El Servicio de Impuestos Internos deberá presentar a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado, en un plazo máximo de veinticuatro meses desde la publicación de la presente ley, un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del impuesto al valor agregado en el período tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura.”.

Tratado y acordado en las sesiones de fechas 10, 16, 17 de abril, 8, 29 de mayo, 5, 12, 18, 19 de junio, y 3 de julio de 2018, con la asistencia de la diputada señora Cid, doña Sofía; y los diputados señores Barrera, don Boris; Bernales, don Alejandro, Garín, don Renato; Jürgensen, don Harry; Lavín, don Joaquín; Mellado, don Miguel; Naranjo, don Jaime; Rentería, don Rolando; Sepúlveda, don Alexis; Silber, don Gabriel (Joanna Pérez); Van Rysselberghe, don Enrique y Velásquez, don Pedro.

Asistieron también, la diputada señora Marcela Hernando y los diputados señores Sebastián Álvarez, Carlos Abel Jarpa, Carlos Ignacio Kuschel y Cosme Mellado.

Sala de la Comisión, a 10 de julio de 2018.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO

Abogado Secretario de la Comisión

ÍNDICE

Páginas

1.Constancias reglamentarias previas 1

2.Diputado Informante 8

3.Asistentes 8

4.Antecedentes 9

5.Discusión general 13

6.Discusión particular 42

7.Texto aprobado por la Comisión 70

8.Tratado y Acordado 75

9.Documentos adjuntos

-Informes de la BCN respecto de experiencias legislativas sobre morosidad en el pago de operaciones comerciales y análisis de algunos requisitos para la procedencia del crédito fiscal IVA en Chile y México

-Comparado del proyecto utilizado por la Comisión para su despacho

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.845, DE INCLUSIÓN ESCOLAR, EN CUANTO A LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMISIÓN ÚNICO PARA LA REGIÓN QUE INDICA. BOLETIN N° 11.833-04-S

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Educación pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

Durante el análisis de esta iniciativa legal la Comisión contó con la asistencia del Subsecretario de Educación, señor Raúl Figueroa Salas, y Jorge Avilés Barros.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en aplazar en un año la entrada en vigencia del nuevo sistema de admisión escolar en la Región Metropolitana, disponiendo que la admisión se realice a partir del cuarto año de postulación respecto del menor nivel o curso que tengan los establecimientos educacionales de esa región, extendiéndose a todos los cursos o niveles desde el quinto año de postulación.

2) Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

No hay normas de ese carácter.

3) Normas que requieren trámite de Hacienda.

El articulado del proyecto de ley debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.

4) Aprobación del proyecto.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor los diputados Jaime Bellolio, Sergio Bobadilla, Cristina Girardi, Rodrigo González, María José Hoffmann, Luis Pardo, Hugo Rey, Camila Rojas, Juan Santana, Diego Schalper, Camila Vallejo, Mario Venegas y Gonzalo Winter.

5) Diputado informante.

Se designó como Diputado Informante al señor Jaime Bellolio Avaria.

II. ANTECEDENTES.

A) Fundamentos del proyecto.

El proyecto de ley en estudio se origina en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, el que señala que la ley N° 20.845 -de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacional que reciben aportes regulares del Estado-, tiene dentro de sus principales objetivos reemplazar, para todos los establecimientos educacionales que reciben subvención o aportes regulares del Estado, sus propios procesos de selección de estudiantes por un nuevo y único sistema de admisión aplicable a todos estos, estableciendo un nuevo proceso de admisión centralizado y gestionado por el Ministerio de Educación para todos los establecimientos educacionales que reciben subvención o aportes regulares del Estado.

Añade la iniciativa que atendida la alta complejidad técnica de la implementación y puesta en marcha de este nuevo proceso centralizado de admisión, así como el impacto directo que éste tiene en la postulación y matrícula de la gran mayoría de los postulantes al nivel escolar del país, la mencionada ley establece en sus artículos transitorios un sistema gradual de implementación. Dicho sistema gradual se justifica por la gran magnitud de postulaciones que deben ser recibidas y procesadas, puesto que este mecanismo será obligatorio para más del 90% de los establecimientos educacionales del país, lo que se traduce anualmente -en régimen- en alrededor de 600.000 usuarios del Sistema de Admisión Escolar.

La ley N° 20.845 contempla que la primera implementación nacional del sistema sea para la admisión 2019. De este modo, la admisión 2019 debería incorporar los aprendizajes de los primeros dos años; escalar la implementación del sistema desde un 20% a un 100% de la población; e incluir una zona urbana (Santiago) que es cerca de 15 veces mayor que la mayor zona urbana implementada en los primeros dos años (La Serena-Coquimbo).

Para hacer efectiva la implementación del nuevo sistema centralizado de admisión, el Ministerio de Educación requirió la asistencia técnica del Departamento de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile (DII-UChile). El DII-UChile puso a disposición del Ministerio de Educación su equipo de docentes y especialistas en matemáticas, economía e investigación de operaciones para desarrollar el diseño, programación y ejecución del algoritmo de asignación, con el compromiso de seguir evaluando la implementación de la ley en cada uno de los procesos de admisión realizados, referidos en forma previa.

En el mes de mayo del presente año, el DII-UChile hizo llegar al Ministerio de Educación su recomendación y petición de aumentar la gradualidad en la implementación del sistema de admisión establecido en la mencionada ley N° 20.845, particularmente en lo que se refiere a la Región Metropolitana. Esta solicitud fue fundada en tres razones de carácter técnico:

En primer lugar, que a la fecha se ha incorporado un 20% del universo total de estudiantes conforme a lo que actualmente señala la ley, debiendo avanzar a un 100% de la cobertura el año 2019. De esta manera, la postergación del ingreso de la Región Metropolitana permite moderar la tasa de crecimiento, de forma que para el próximo año 2019 se alcanzaría una cobertura del 60%, para finalizar con la cobertura total el año 2020.

Un segundo aspecto dice relación con el hecho de que la Región Metropolitana es la más competitiva de Chile en razón de su gran concentración de población y el considerable volumen de interacciones que existe entre estudiantes y establecimientos. Es de esperarse que, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta hoy en otras regiones, una mayor proporción de estudiantes postulen a determinados establecimientos educacionales. Esto generará un mayor ciclo de rechazos, con la ralentización y mayor complejidad exponencial de la ejecución del algoritmo, abriendo espacios a situaciones inesperadas que son potencialmente muy dañinas para el goce efectivo de los derechos de los estudiantes y sus familias.

En tercer término, y en línea con lo señalado anteriormente, la realidad de la Región Metropolitana es difícilmente comparable con aquella de las regiones y núcleos urbanos de menor tamaño que ya han sido incorporados al nuevo sistema de admisión. En este sentido, la falta de experiencia previa con respecto a núcleos similares a los del gran Santiago no permite conocer las eventuales situaciones inesperadas que se podrían dar en tales circunstancias. Por lo mismo, es prudente y razonable avanzar de tal forma que la incorporación de núcleos de un tamaño intermedio, como es el caso de Valparaíso-Viña del Mar o Concepción-Talcahuano, permitan adquirir más experiencia y conocimiento antes de enfrentar el mayor desafío del sistema, como lo será la Región Metropolitana en su conjunto.

B) Leyes que se relacionan con la materia.

El proyecto modifica los siguientes cuerpos legales:

1.- Ley N° 20.845.

Se modifica el artículo vigésimo sexto transitorio de la ley de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacional que reciben aportes regulares del Estado, con el objeto de hacer efectiva la postergación en un año de la implementación del sistema de admisión en la Región Metropolitana.

2.- Decreto con fuerza de ley N° 4, de 2016, del Ministerio de Educación.

Este decreto con fuerza de ley establece la vigencia del proceso de admisión e indica las regiones para el tercer año de postulación, según las normas de gradualidad territorial a que se refiere el artículo vigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.845. Se modifica su artículo 1, aplazando también en un año el ingreso de la Región Metropolitana al nuevo sistema de admisión, y los artículos 2 y 4, para eliminar los guarismos de los nombres de las regiones, sin alterar calendario de entrada en vigencia del nuevo proceso de admisión escolar establecido.

III. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.

Conforme lo dispone el número 2° del artículo 304 del Reglamento, el texto aprobado por el Senado señala, en síntesis, lo siguiente:

Por el artículo 1 se modifica la ley N° 20.845, con el objeto de hacer efectiva la postergación en un año de la implementación del sistema de admisión en la Región Metropolitana.

Por el artículo 2 se modifica el decreto con fuerza de ley N° 4, de 2016, del Ministerio de Educación, aplazando también en un año el ingreso de la Región Metropolitana al nuevo sistema de admisión.

Finalmente, y con el objeto de ajustar el decreto con fuerza de ley N° 4, de 2016, del Ministerio de Educación, a las disposiciones de la ley N° 21.074, se eliminan todos los guarismos de los nombres de las regiones, sin alterar el calendario de entrada en vigencia del nuevo proceso de admisión escolar establecido.

En las Comisiones de Educación y Hacienda del Senado el proyecto fue aprobado por unanimidad, siguiendo las recomendaciones de los académicos y profesionales del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, que constituyen el equipo técnico asesor de la implementación del sistema centralizado de admisión. Por su parte, el Senado, lo aprobó por mayoría de votos, con una abstención y ningún voto en contra.

IV. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN GENERAL EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS.

El señor Figueroa expresó, en la sesión 17ª, de fecha 17 de julio de 2018 , que la implementación del sistema de admisión, de acuerdo con lo establecido en la ley de Inclusión, debe hacerse gradualmente en un plazo de cuatro años:

El primer año -proceso de admisión 2016- se realizó en la Región de Magallanes y se implementó en los niveles de ingreso. El segundo año (2017), se realizó en los niveles de ingreso de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Los Lagos y en todos los niveles de la Región de Magallanes. El tercer año (2018) contempla los niveles de ingreso de todas las regiones del país y el cuarto año (2019) todos los niveles en todas las regiones de Chile.

Manifestó que la postergación de la Región Metropolitana dice exclusiva relación con asegurar una correcta implementación del Sistema, que pasaría de un 20% a un 80% de los postulantes.

En relación a la implementación general del sistema, precisó que actualmente se cuenta con la totalidad de los encargados de admisión, que corresponde a uno por establecimiento educacional. Además, explicó que se está trabajando en que estén totalmente capacitados y con claridad de su función.

Por otra parte, hizo presente que ya se inició el proceso de difusión, que será más fuerte a medida de que se acerque al mes de septiembre de este año, fecha en la que corresponde realizar las postulaciones.

Aclaró que el foco del Ejecutivo consiste en implementar el sistema tal cual fue diseñado, sin perjuicio, de las adecuaciones internas que se requieran para cumplir ese objetivo. Precisó que el programa de gobierno del Presidente Piñera se refiere a algunos cambios en la priorización, pero ello no está previsto hacerlo este año, y de hacerse en el futuro requerirá tramitación legislativa.

Acentuó que son conocidas las posturas que existen en torno al intenso debate que dio el país en materia de educación escolar y universitaria. En consecuencia, no debe llamar la atención que quienes tuvieron una postura durante esa discusión la mantengan al día de hoy, pero en ningún caso ello puede confundirse o llevar a pensar que el Gobierno no esté dispuesto a cumplir o implementar las leyes ya aprobadas.

Finalmente, junto con asegurar que para el Ejecutivo el informe y los argumentos de los especialistas de la Universidad de Chile son suficientes y contundentes para postergar el ingreso de la Región Metropolitana, pidió a la Comisión votar favorablemente el proyecto, entregándole certeza al país en cuanto a su fecha de implementación.

Puesto en votación general el proyecto, resultó aprobado por unanimidad. Votaron a favor los diputados Jaime Bellolio, Sergio Bobadilla, Cristina Girardi, Rodrigo González, María José Hoffmann, Luis Pardo, Hugo Rey, Camila Rojas, Juan Santana, Diego Schalper, Camila Vallejo, Mario Venegas y Gonzalo Winter (13-0-0).

V. DISCUSIÓN PARTICULAR.

Por acuerdo unánime de la Comisión, se pusieron en votación conjunta los artículos 1 y 2, los que resultaron aprobados por unanimidad de votos de los diputados Jaime Bellolio, Sergio Bobadilla, Cristina Girardi, Rodrigo González, María José Hoffmann, Luis Pardo, Hugo Rey, Camila Rojas, Juan Santana, Diego Schalper, Camila Vallejo, Mario Venegas y Gonzalo Winter (13-0-0).

VI. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

No hubo artículos ni indicaciones rechazadas por la Comisión.

VII. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.

No se presentaron indicaciones al proyecto de ley.

VIII. MENCIÓN DE ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN PARTICULAR.

El proyecto se aprobó en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, por lo tanto, de conformidad a lo establecido en el N° 7° del artículo 304 del Reglamento de la Corporación, la Comisión deja constancia de que no se introdujeron enmiendas al texto propuesto por el Senado.

IX. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Modifícase el artículo vigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.845, de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, de la siguiente manera:

1) Intercálase, en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “no consideradas en los incisos anteriores,”, la frase “con excepción de la Región Metropolitana,”.

2) Agrégase el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto y así sucesivamente:

“Para el cuarto año de postulación, se realizará el procedimiento de admisión en la Región Metropolitana, y exclusivamente para el menor nivel o curso que tengan los establecimientos educacionales de dicha región. Para el caso de las regiones señaladas en el inciso anterior, el procedimiento de admisión se extenderá a todos los cursos o niveles.”.

3) Reemplázase en el inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, la palabra “cuarto” por “quinto”.

Artículo 2°.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 4, del Ministerio de Educación, de 2016, en los siguientes términos:

1) Modifícase su artículo 1° de la siguiente manera:

a) Sustitúyese la palabra inicial “Dispóngase” por “Dispónese”.

b) Elimínanse los guarismos “XV”, “II”, “III”, “V”, “VII”, “VIII”, “IX” y “XIV”.

c) Reemplázase la expresión “; XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y Región Metropolitana de Santiago” por “y Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo”.

d) Incorpórase el siguiente inciso segundo:

“Dispónese el año 2019, como cuarto año de postulación para la Región Metropolitana.”.

2) Efectúanse, en su artículo 2°, las siguientes modificaciones:

a) Enmiéndase el inciso primero como se indica:

i) Sustitúyese la palabra inicial “Establézcase” por “Establécese”.

ii) Reemplázase la expresión “artículo 1°” por “inciso primero del artículo”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Establécese para el año escolar 2020 la entrada en vigencia del proceso de admisión escolar dispuesto en el numeral 6) del artículo 2° de la ley N° 20.845, en la Región Metropolitana.”.

c) Reemplázase en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la expresión “Dicho proceso se implementará” por “Dichos procesos se implementarán”.

3) Modifícase su artículo 4° de la siguiente manera:

a) Elimínanse, en el inciso primero, los guarismos “I”, “IV”, “VI” y “X”.

b) Enmiéndase el inciso segundo como sigue:

i) Suprímense los guarismos “XV”, “II”, “III”, “V”, “VII”, “VIII”, “IX” y “XIV”.

ii) Sustitúyese la expresión “; XI Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo; y Región Metropolitana de Santiago” por “y Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo”.

c) Incorpórase el siguiente inciso final:

“Para la Región Metropolitana, el procedimiento de postulación para el año 2020 y de admisión para el año 2021 de los establecimientos educacionales de esta región se extenderá a todos sus cursos o niveles reconocidos oficialmente.”.”.

Se designó Diputado Informante al señor JAIME BELLOLIO AVARIA.

SALA DE LA COMISIÓN, a 17 de julio de 2018.

Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión del día 17 de julio de 2018, con la asistencia de las diputadas Cristina Girardi Lavín, María José Hoffmann Opazo, Camila Rojas Valderrama y Camila Vallejo Dowling, y de los diputados Jaime Bellolio Avaria, Sergio Bobadilla Muñoz, Rodrigo González Torres, Luis Pardo Sáinz, Hugo Rey Martínez, Juan Santana Castillo, Diego Schalper Sepúlveda, Mario Venegas Cárdenas y Gonzalo Winter Etcheberry.

MARÍA SOLEDAD FREDES RUIZ

Abogada Secretaria de Comisiones

INFORME DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARRROLLO RURAL RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE EL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO. BOLETÍN N° 11.637-01

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, de origen en un mensaje.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1. Idea matriz o fundamental del proyecto de ley.

La iniciativa legal en informe fija una nueva planta de personal del Servicio Agrícola y Ganadero a fin de dotarla de una estructura acorde con las funciones que la ley le encomienda y permitir el desarrollo de una carrera funcionaria, otorgando facultades al Presidente de la República para hacerlo.

Además, tiene el objetivo de proveer al SAG de mejores herramientas de gestión con la finalidad de optimizar el uso de los recursos profesionales y presupuestarios y mejorar la labor de fiscalización propia del Servicio.

2. Normas de quórum especial.

El artículo 2, número 2, y el artículo 3 contienen normas de carácter orgánico constitucional, ya que implican una alteración a la normativa establecida en los artículos 44 y 45 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo Texto Coordinado, Refundido y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2000, D.O. de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

3. Normas que requieran trámite de Hacienda.

Los artículos 1, 2 y 3 permanentes y el artículo transitorio son de competencia de la Comisión de Hacienda.

4. Aprobación del proyecto, en general.

El proyecto fue aprobado, en general por la unanimidad de los diputados presentes (11) señoras Jenny Álvarez, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda, y de los señores René Alinco, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Iván Flores, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia.

5. Diputada informante.

Se designó Diputada informante a la señora Alejandra Sepúlveda Orbenes.

II. ANTECEDENTES, FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS

1. Antecedentes y fundamentos.

El mensaje alude a la necesidad de mantener la sanidad y calidad de la producción silvoagropecuaria del país, la que se ha constituido en uno de los elementos esenciales para una estrategia de crecimiento y desarrollo del sector agrícola y simultáneamente para la salud de la población.

En efecto, el Servicio Agrícola y Ganadero (en adelante, SAG o el Servicio) es la institución del Estado a la cual se le han encomendado funciones de control de la actividad de los particulares en materias fitozoosanitarias y de protección de los recursos naturales renovables, todos los cuales sirven como plataforma para la producción silvoagropecuaria.

En este sentido, el Gobierno ha buscado fortalecer al SAG como un servicio de carácter estratégico en el fomento y desarrollo del sector agroindustrial del país, fortaleciendo su acción fiscalizadora, y de ello da cuenta la ley N° 20.803 que establece una asignación de estímulo fito y zoosanitaria para el personal de planta y a contrata del Servicio.

Dicha contribución al desarrollo agropecuario del país, se efectúa mediante la protección, mantención e incremento de la salud animal y vegetal; la protección y conservación de los recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país y el control de los insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación en normas legales y reglamentarias. Así, también le corresponde asegurar la inocuidad de insumos y alimentos agropecuarios, contribuyendo, de este modo, con el desarrollo sustentable y competitivo del sector.

De igual forma, el Servicio Agrícola y Ganadero contribuye a la protección, mantenimiento y mejoramiento de los recursos productivos del país, evitando el ingreso y diseminación de plagas y enfermedades reglamentadas, mediante su control, vigilancia permanente y detección precoz, para posteriormente definir la situación fito y zoosanitaria nacional y la aplicación de planes de contingencia para propender a su control y erradicación.

Prosigue el mensaje, señalando que el efectivo ejercicio de las funciones antes descritas ha permitido, durante los 50 años de existencia del SAG, erradicar del país la enfermedad de NewCastle en aves, la anemia infecciosa equina, la roya del espárrago, la fiebre aftosa, la influenza aviar, la peste porcina clásica y la cosca del Mediterráneo; todas enfermedades y plagas con alto potencial de impacto en la producción nacional agropecuaria y en las restricciones de la exportaciones, lo cual ha permitido al Estado de Chile su ingreso a un creciente número de mercados para los productos y subproductos silvoagropecuarios.

La principal área de impacto económico de la acción del SAG, es el control de riesgo de mercado para las exportaciones silvoagropecuarias, las que alcanzan un gran volumen de recursos.

Exportaciones chilenas años 2015 y 2016, Miles US$:

20152016

Total Silvoagropecuario

14.817.037

15.210.441

Agrícola8.623.9339.250.449

Pecuario1.338.9451.237.090

Forestal4.854.1594.722.902

Fuente: ODEPA

A lo anterior, se suma la implementación de modernos sistemas de información para gestionar la situación zoosanitaria nacional. Se han establecido sistemas de certificación electrónica con China y Rusia, y en el marco de las ventanillas únicas del comercio exterior se implementó el intercambio de e-Cert fitosanitarios con los países de la Alianza del Pacífico.

Todos estos logros fito y zoosanitarios han conllevado a que Chile se haya convertido en el principal productor mundial de arándano, manzana y uva. En el ámbito pecuario, hubo un incremento sustantivo de la exportación de bovinos en pie, convirtiéndose en uno de los principales negocios de la actividad bovina del país, cuyos principales mercados han sido China, Paraguay y Turquía.

En el ámbito institucional, el Servicio Agrícola Ganadero tiene una representación territorial en las 15 regiones del país a través de las respectivas direcciones regionales y las 65 oficinas sectoriales emplazadas a nivel nacional.

2. Objetivos.

Considerando los numerosos desafíos que ha ido asumiendo el SAG, hace necesario que se siga avanzando en sus procesos estratégicos, para dar una respuesta más eficaz y oportuna a las necesidades y requerimientos de las unidades que demandan sus servicios.

Es por ello, que el 13 de septiembre de 2017 y el 29 de enero de 2018, el Gobierno y la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (AFSAG), suscribieron un protocolo de acuerdo con el objeto de fortalecer al Servicio en sus capacidades técnicas y de fiscalización, como asimismo, avanzar en su modernización, abordando los desafíos propios del cumplimiento del quehacer de esta institución.

En definitiva, el primer objetivo del proyecto de ley es facultar al Presidente de la República para fijar una nueva planta de personal del SAG, con el objeto de dotarla de una estructura acorde con las funciones que la ley le encomienda y permitir el desarrollo de una carrera funcionaria.

El segundo, es dotar al Servicio de mejores herramientas de gestión con la finalidad de optimizar el uso de los recursos profesionales y presupuestarios, habilitando la publicación en extracto de las resoluciones y mejorando el procedimiento de notificaciones que permitirá un mejor ejercicio de la labor de fiscalización. Para tales efectos se introducen modificaciones a la ley N° 18.755.

3. Normas legales o reglamentarias que se propone modificar o que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal.

El proyecto de ley, además de otorgar facultades al Presidente de la República para fijar una nueva planta de personal del SAG, modifica la ley N° 18.755, que establece Normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero y deroga la ley N° 16.640 y otras disposiciones.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley consta de cuatro artículos permanentes y uno transitorio, que establecen y regulan las siguientes materias:

El artículo 1, tal como se ha señalado anteriormente, otorga la Presidente de la República la facultad de fijar una nueva planta de personal del SAG. Para el ejercicio de esta facultad se establecen los grados superiores e iniciales de las plantas que fije, las cuales serán las siguientes:

a) Planta de Directivos:

i. Directivos Sujetos al Sistema de Alta Dirección Pública:

Grados 3° al 5°.

ii. Directivos de Tercer Nivel Jerárquico:

Grados 5° al 8°.

b) Planta de Profesionales:

Grados 4° al 16°.

c) Planta de Técnicos:

Grados 9°al 20°.

d) Planta de Administrativos:

Grados 11° al 22°.

e) Planta de Auxiliares:

Grados 18° al 23°.

Por otra parte, la presente iniciativa legal propone que el número total de cargos en la nueva planta del SAG ascienda a 3.009, distribuidos de la siguiente manera:

98 cargos en la planta de directivos;

1.284 cargos en la planta de profesionales;

1.233 cargos en la planta de técnicos;

327 cargos en la planta de administrativos, y

67 cargos en la planta de auxiliares

La creación de los cargos de la referida planta será gradual.

El artículo 2 de esta iniciativa legal establece las normas que deberán contemplarse en el encasillamiento de las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, sin perjuicio de las demás que pueda fijar el o los decretos con fuerza de ley a que se refiere el artículo 1. El encasillamiento contempla, a lo menos, dos etapas, a saber:

1. Los titulares de los cargos de las plantas antes indicadas se encasillarán en cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento y en la misma planta.

2. Practicado el mecanismo anterior y si quedaren cargos vacantes, se permite que mediante concursos internos, los funcionarios a contrata asimilados a dichas plantas, también, puedan acceder a los cargos de la planta siempre que en dicha calidad se hayan desempeñado, sin solución de continuidad, durante al menos cinco años en el SAG, anteriores al 1 de enero de 2018, y cumplan los demás requisitos establecidos en este proyecto de ley. La provisión de los cargos se hará en orden decreciente de acuerdo al puntaje obtenido por los postulantes.

El artículo 3 establece que una vez finalizado el proceso de encasillamiento, los cargos que defina el o los decretos con fuerza de ley a que se refiere el artículo 1 se proveerán mediante concursos internos, en los cuales podrán participar tanto los funcionarios de planta y a contrata, que reúnan las condiciones que establece este proyecto de ley. La provisión de estos cargos será en la gradualidad que defina el mencionado decreto con fuerza de ley, la que en todo caso no podrá ser inferior a 4 años y sólo una vez que concluya el proceso de encasillamiento señalado en el artículo 2.

El artículo 4, modifica los artículos 7° y 19 de la ley N° 18.755, con el propósito de posibilitar la publicación en extracto de las resoluciones del servicio y modificar el procedimiento de notificaciones que permitirá un mejor ejercicio de la labor de fiscalización propia del Servicio Agrícola y Ganadero, para lo cual se introducen.

Finalmente, el artículo único transitorio, establece que el mayor gasto fiscal que represente este proyecto de ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Servicio Agrícola y Ganadero.

IV. DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY

1. Discusión general.

El Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del SAG (AFSAG), don Claudio Banda, se refirió a la necesaria modernización del Servicio, al fortalecimiento de la función fiscalizadora y a los temas relevantes para los trabajadores en el marco del cumplimiento de los compromisos gubernamentales, tales como nueva planta del SAG, traspaso de trabajadores honorarios a la contrata con mejoramiento de sus remuneraciones y uso de la contratación por la vía del Código del Trabajo como modelo de transición.

Asimismo, dio cuenta del funcionamiento permanente de la mesa negociadora de AFSAG, del Protocolo de Acuerdo suscrito entre el Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, el Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero y la Asociación de Funcionarios, en septiembre de 2017 y su adendum, suscrito en enero de 2018.

Sobre el proceso de modernización de la planta del SAG, expresó que se requiere aumentar los cargos de planta en todos los estamentos y permitir promociones, las cuales se implementarán gradualmente, en un período de cuatro años y una vez que se haya finalizado el proceso de encasillamiento de la misma. Lo anterior, permitirá mejorar la relación planta-contrata y aumentar el número de cargos directivos.

Los cargos comprometidos son los siguientes:

Sobre el traspaso de trabajadores honorarios a la contrata, hizo presente que si el personal a honorarios cumple funciones permanentes y los requisitos de la contrata, se establecerá un plan gradual a 5 años para su traspaso, privilegiando a quienes cuenten con una mayor antigüedad en el Servicio. En tanto no sean traspasados a la contrata, se les ofrecerá un contrato por Código del Trabajo indefinido, manteniendo sus ingresos líquidos promedio mensuales.

Solicitó a la Comisión asegurar las nuevas demandas, entre ellas, que los actuales funcionarios de planta ingresen con un grado adicional al actual y que durante la tramitación del proyecto de ley se incorporen las condiciones de los decretos con fuerza de ley que fijarán la planta. Además, que asegure la partida presupuestaria para el cumplimiento del segundo año del Protocolo y su adendum, en la Ley de Presupuestos año 2019.

Por otra parte, expresó su disconformidad con las rebajas presupuestarias que se han efectuado por cuanto han afectado la función pública del SAG, entre otras, por la disminución de los tiempos de fiscalización y de las acciones comprometidas, no pago de viáticos, riesgos de incumplimiento del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) –lo que calificó de “chantaje oficial”, y falta de recursos asegurados para el año en curso en actividades programadas y aprobadas en la Ley de Presupuestos 2018.

Asimismo impugnó la aplicación del decreto N° 90, de marzo de 2018, del Ministerio de Hacienda, que define localidades para efectos del pago de viáticos, por cuanto la acción principal del Servicio es territorial, particularmente, en el área rural y el trabajo realizado en aeropuertos, puertos, controles fronterizos y un sin número de oficinas territoriales se quedaron sin derecho a viáticos. Expresó que los funcionarios deben volver a la oficina para su colación, lo que disminuye el tiempo de acción.

El tesorero de AFSAG, don Santiago Silva, enfatizó que el fortalecimiento del SAG se busca hacer cargo de las diferencias existentes entre diversos trabajadores del SAG, quienes cumpliendo las mismas funciones tienen diferencias salariales sustanciales. En complemento a ello, el vicepresidente de AFSAG, don Sergio Salas, se refirió a las dificultades operativas que ha generado la eliminación de los viáticos.

El Ministro de Agricultura, don Antonio Walker, expresó su voluntad de diálogo y su respaldo al proyecto de ley en consideración a la relevancia del Servicio y a la justicia de los requerimientos que busca atender, llevando a la estructura de planta funcionaria a 3.009 personas. Sin embargo, expresó no poder hacerse cargo de las nuevas demandas planteadas.

Hizo presente que el sector silvoagropecuario representa uno de los principales pilares económicos de Chile, aportando alrededor del 10% al PIB nacional, lo que ha provocado un aumento progresivo en la demanda de los servicios que presta el SAG.

La aparición de nuevos fenómenos como el cambio climático, la degradación de los recursos naturales y la presión creciente de ingreso de plagas y enfermedades han acrecentado la necesidad de una gestión eficiente y eficaz a lo largo del territorio nacional. Al efecto, se refirió al crecimiento de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas.

Sobre los antecedentes históricos del SAG, dio a conocer las siguientes cifras:

- Ley Planta SAG 1990: 1.205 funcionarios

- Ley Planta SAG 1994: 1.235 funcionarios. (Se ordenan y regularizan algunas situaciones existentes en la planta de 1990).

- Dotación actual: 147 Planta

2.251 Contrata

1.297 Código del Trabajo

3.695 Trabajadores

- Honorarios temporales:1.000 personas

- Conformación actual: 94% contrata y 6% planta.

Señaló que existen antecedentes que sustentan el crecimiento de la planta del SAG, entre ellos, el aumento de los inspectores en establecimientos pecuarios, el número de certificados zoosanitarios de exportaciones, de pasajeros inspeccionados, medios de transporte inspeccionados, atención de denuncias, conforme a los siguientes gráficos:

Sobre el proyecto de ley, destacó las siguientes materias abordadas:

a) Considera los siguientes rangos de grados:

3°- 5° Directivos Alta Dirección Pública

5°- 8° Directivos Tercer Nivel Jerárquico

4°- 16° Profesionales

9°- 20° Técnicos

11°- 22° Administrativos

18°- 23° Auxiliares

b) Propone que el total de cargos en nueva planta ascienda a 3.009 distribuidos en:

- 98 cargos en Planta de Directivos

- 1.284 cargos en Planta de Profesionales

- 1.233 cargos en Planta de Técnicos

- 327 cargos en Planta de Administrativos

- 67 cargos en Planta de Auxiliares

c) La dictación de decretos con fuerza de ley para:

- Fijar plantas del personal

- Requisitos para ingreso y promoción de cargos

- Determinar cargos de exclusiva confianza y de carrera

-Determinar denominaciones y niveles jerárquicos

- Encasillamiento del personal

- Gradualidad en la provisión de cargos: plazo 4 años

d) Modificación Ley N°18.755, orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero con el fin de disponer la publicación de las resoluciones en extracto en el Diario Oficial.

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Los diputados presentes compartieron la valoración del SAG y su importancia para el país y expresaron su conformidad con el entendimiento entre los funcionarios del SAG y el Ministerio de Agricultura para fortalecer la institución, especialmente, como parte de una política de Estado, más allá de cada Gobierno, y fruto de extensas negociaciones.

Asimismo, expresaron algunas inquietudes, entre ellas, la importancia de que los funcionarios obtengan la calificación administrativa necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones; las dificultades por la aplicación del decreto N° 90 y los viáticos, y consultaron la posibilidad de que el Ejecutivo aborde las nuevas demandas efectuadas por los trabajadores.

Para ello, requirieron al Ministro de Agricultura la evaluación de los costos de aumentar en un grado a los trabajadores actualmente en la planta, y la valoración de los servicios efectuados por el SAG a la industria, a fin de analizar su importante rol y alcance presupuestario.

2. Votación general.

Sometido a votación, el proyecto fue aprobado en general, por la unanimidad de los diputados presentes (11), señoras Jenny Álvarez, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda, y de los señores René Alinco, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Iván Flores, Harry Jurgensen, Jorge Rathgeb, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia.

3. Discusión y votación particular.

Artículo 1.

Faculta la Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del Ministerio de Agricultura y suscritos, además, por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias.

Número 1.

Fijar las plantas necesarias de personal del Servicio Agrícola y Ganadero y dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de ellas. En especial, podrá determinar el número de cargos para cada grado de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; los cargos de exclusiva confianza y de carrera; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, pudiendo crear, suprimir y transformar cargos y establecer normas para su encasillamiento.

El jefe del Departamento de Finanzas del Ministerio de Agricultura, don Gustavo Arcaya, explicó que el objetivo del proyecto de ley es que el Servicio Agrícola y Ganadero cuente con una nueva planta, más adecuada a la realidad actual. Para ello, la facultad de crear las plantas se ejerce a través de decretos con fuerza de ley, los que determinarán, conforme a esta ley, al sistema de Alta Dirección Pública y a las normas generales del Estatuto Administrativo, su estructura y composición.

El diputado Barros reparó en que existen pocas posibilidades de los parlamentarios de intervenir en la redacción de esta iniciativa legal porque gran parte de su contenido es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Consultó sobre el informe financiero y el presupuesto de Tesoro Público para asumir las obligaciones.

El presidente de la Asociación de Funcionarios del SAG (AFSAG), don Claudio Banda, recordó que el mensaje es fruto de una extensa negociación que culminó con acuerdos y protocolos suscritos entre las autoridades del SAG, la Dirección de Presupuestos y la Asociación de Funcionarios, y versan, principalmente, sobre la nueva planta y el mejoramiento de los trabajadores honorarios permanentes.

Expresó que los 3.009 cupos de planta del proyecto de ley responden a un reconocimiento de la realidad actual del SAG y a las necesidades institucionales de un organismo público de esta relevancia y envergadura, y el informe financiero aprobado por el Ministerio de Hacienda responde a ello.

El diputado Alinco manifestó que todo fortalecimiento institucional debe respetar los derechos adquiridos de los funcionarios e hizo hincapié en que los decretos con fuerza de ley que emanen con posterioridad deberán respetar el espíritu de esta ley y los acuerdos en que se funda.

Sometido a votación, el encabezado del artículo 1 y el numeral 1 fueron aprobados por la unanimidad de los presentes (8), señoras Álvarez, Nuyado y Sepúlveda y señores Álvarez-Salamanca, Barros, Flores, Jürgensen y Rathgeb.

Número 2.

Determina los grados superiores e iniciales de las plantas que se fijen en virtud de este artículo para las distintas plantas de Servicio.

Sin debate, puesto en votación, el numeral 2 del artículo 1 fue aprobado por la unanimidad de los presentes (9), señoras Álvarez, Nuyado y Sepúlveda y señores Álvarez-Salamanca, Barros, Flores, Jürgensen, Rathgeb y Sauerbaum.

Números 3, 4 y 5.

El número 3, determina el número de cargos totales para cada una de las plantas que se fijen: directivos (98); profesionales (1.282); técnicos (1.233); administrativos (327); auxiliares (67), con un total de 3.009 cargos. Asimismo, se establecerá la gradualidad en que los cargos serán creados.

El número 4, faculta al Presidente de la República para establecer las fechas de entrada en vigencia de las plantas que fije y la fecha de los encasillamientos que practique.

El número 5, lo faculta para establecer el número de cargos que se proveerán en conformidad a las normas de encasillamiento, los cargos que se proveerán de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3 de esta ley, la gradualidad en que podrán comenzar a proveerse, la que no podrán ser inferior a cuatro años.

Respondiendo de la diputada Sepúlveda sobre si el proyecto de ley refleja la actual proporcionalidad entre los cargos, el Director (S) del SAG, don Óscar Camacho, señaló que dicha proporcionalidad se explica por la forma en que se desarrolla la función del Servicio, que cuenta, mayoritariamente, con profesionales y técnicos.

En votación, los numerales 3, 4 y 5 del artículo 1 fueron aprobados por unanimidad, por los mismos participantes en la votación anterior.

Número 6.

Establece que el encasillamiento de un cargo de planta quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) No puede ser causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o términos de la relación laboral.

b) No podrán importar el cambio de residencia habitual de los funcionarios fuera de la región.

c) No puede significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones, ni modificación de los derechos previsionales.

d) Las diferencias de remuneraciones se pagarán por planilla suplementarias de conformidad a las normas que se señalan.

e) Los cambios de grados de que se produjeren por efecto del encasillamiento no serán considerados promoción y los funcionarios conservarán sus bienios y el tiempo de permanencia en el grado.

f) Exime del cumplimiento de los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan a los funcionarios titulares; a los funcionarios a contrata y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones.

El diputado Barros valoró esta norma por la que se explicita que los funcionarios, luego del encasillamiento, mantendrán las mismas condiciones y no les podrán aplicar nuevas exigencias. En el mismo sentido, el diputado Flores expresó que el artículo busca mantener el grado y la remuneración del funcionario, sin detrimento alguno.

La diputada Sepúlveda concordó con que la norma significa un reconocimiento a la experiencia y antigüedad de los funcionarios, sin afectar sus derechos y condiciones.

Se deja constancia que la letra d) del proyecto de ley utilizaba la expresión “funcionarios y funcionarias”, sin embargo, el resto del articulado no distinguía entre ambos, por lo que se acordó igualar la terminología para evitar erróneas interpretaciones, según propuso el diputado Rathgeb.

Sometido a votación, el numeral 6 del artículo 1 fue aprobado por la unanimidad de los presentes (10), señoras Álvarez, Carvajal, Nuyado y Sepúlveda y señores Álvarez-Salamanca, Barros, Flores, Jürgensen, Rathgeb y Sauerbaum.

Artículo 2.

Establece que el encasillamiento del personal del Servicio Agrícola y Ganadero, de las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares quedará sujeto a las condiciones que se establezcan en el o los decretos con fuerza de ley que fijen sus plantas y a lo dispuesto en los numerales siguientes, que sucintamente, señalan que:

1. Los funcionarios titulares de cargos de las plantas de profesionales, de técnicos, de administrativos y de auxiliares serán encasillados en los cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento y en la misma planta, manteniendo el orden del escalafón de mérito.

2. Una vez practicado el mecanismo anterior, los cargos que queden vacantes en las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, se proveerán previo concurso interno, en el que sólo podrán participar los funcionarios a contrata del Servicio Agrícola y Ganadero asimilados a las plantas respectivas, y que en dicha calidad se hayan desempeñado sin solución de continuidad, durante al menos, 5 años en la institución, anteriores al 1° de enero de 2018.

En el concurso interno a que se refiere este numeral, sólo podrán participar los funcionarios a contrata asimilados a la respectiva planta que se encuentren calificados en lista 1, de distinción, o lista 2, buena y que cumplan con los requisitos del cargo respectivo.

La provisión de cargos vacantes de los concursos internos a que se refiere este numeral, se efectuará en orden decreciente de acuerdo al puntaje obtenido por los postulantes.

En lo no previsto en el presente numeral, estos concursos se regularán por las normas de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

El presidente de AFSAG propuso que se modifique el numeral 1, en pos de efectuar un reconocimiento a los 80 funcionarios de la planta antigua, con el fin de que ingresen a la nueva planta en un grado adicional, siempre y cuando no estuvieren en el “techo” de sus respectivos estamentos. Dicha medida ascendería a una suma menor en relación al total del presupuesto, y no requeriría un presupuesto adicional sino que se imputaría al presupuesto de grados en la planta. Agregó que una medida similar se efectuó en el encasillamiento de la planta de la Dirección del Trabajo y del Instituto de Seguridad Laboral.

El jefe del Departamento de Finanzas del Ministerio de Agricultura hizo notar que, pese a ser atendible la solicitud, la regla general es que el encasillamiento se efectúe al mismo grado de la planta. Además, expresó que la propuesta implicaría un problema de financiamiento, ya que de acuerdo al informe financiero, el mayor gasto se haría en régimen y no en el primer año, por lo que se requeriría acomodar el flujo de caja.

Los diputados acordaron dejar constancia de la decisión de avanzar con la discusión y aprobar la redacción tal como está, sin perjuicio, de existir una clara voluntad de analizar una indicación del Ejecutivo que recoja este reconocimiento, sea en la Comisión de Hacienda o en Sala.

Sobre el numeral 2, el presidente de AFSAG observó su inquietud frente al marco temporal de la frase “serán encasillados en el mismo grado y estamento al que se encontraban asimilados al 31 de diciembre del 2017” en el caso de que la tramitación legislativa se dilatara.

La diputada Carvajal y el diputado Rathgeb propusieron que se evalúe una nueva redacción del siguiente tenor: “el encasillamiento de los funcionarios se efectuará en el mismo grado y estamento al que se encontraban asimilados al 31 de diciembre del año anterior al de la entrada en vigencia de la ley.”

La diputada Sepúlveda señaló que el informe financiero tiene la misma fecha. Por ello, y luego de un intercambio de opiniones, se acordó no modificar a priori la norma y priorizar el avance de la tramitación. En caso de ser necesario se deberá revisar la fecha contemplada.

Respondiendo a una consulta del diputado Barros, el jefe del Departamento de Finanzas del Ministerio de Agricultura clarificó que la referencia contenida en el último párrafo del numeral 2 dispone que en subsidio de estas normas operan las reglas generales del Estatuto Administrativo.

Puesto en votación, el artículo 2 fue aprobado por unanimidad, por los mismos participantes en la votación anterior.

Artículo 3.

Dispone que una vez finalizado el proceso de encasillamiento en las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, la provisión de los cargos se efectuará mediante concursos internos que se regirán por las siguientes reglas:

1. En los concursos internos podrán participar los funcionarios titulares de un cargo de las plantas antes señaladas y los funcionarios a contrata asimilados a las plantas antes indicadas, y que en dicha calidad se hayan desempeñado sin solución de continuidad, durante al menos, 5 años en la institución, anteriores al 1 de enero de 2018.

Los funcionarios titulares de un cargo de planta podrán postular sólo al grado inmediatamente superior al que posean. Los funcionarios a contratas podrán postular al mismo grado al que se encuentren asimilado al 31 de diciembre de 2017 o al grado inmediatamente superior al que poseían a dicha fecha.

2. En la convocatoria a los concursos internos deberán considerarse, a lo menos, los factores de experiencia calificada, antigüedad en el Servicio y evaluación de desempeño.

3. La provisión de los cargos de cada planta, se efectuará en cada grado, en orden decreciente, conforme el puntaje obtenido por los postulantes.

4. A estos concursos se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 53 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

En relación con el numeral 2, la diputada Sepúlveda preguntó sobre cómo se pondera cada factor, y qué aspectos se consideran para determinar la “experiencia calificada”, ya que la antigüedad y la evaluación de desempeño son factores objetivos. Al efecto, el Director (S) del SAG expuso que existen requisitos de perfiles del cargo, capacitaciones, perfeccionamientos, entre otros que permiten conocer la experiencia calificada.

El diputado Flores apuntó que la expresión “a lo menos” de ese numeral deja abierta la norma, sin embargo, el presidente de AFSAG precisó que la norma se encuentra en el marco de las negociaciones por lo que será acotada.

El presidente de AFSAG propuso que en la ponderación de los factores en los concursos internos, se remita al decreto N° 69, de agosto de 2004, del Ministerio de Hacienda, que establece el Reglamento sobre Concursos del Estatuto Administrativo, por sobre la regla del artículo 53 de Estatuto Administrativo, para dar un mayor realce a la antigüedad.

El jefe del Departamento de Finanzas del Ministerio de Agricultura precisó que en el numeral 2 se dispone la norma especial “la institución determinará previamente (los factores) y establecerá la forma en que ellos serán ponderados”, por lo que prevalece esta norma frente a la regla general. El numeral 4 señala que a estos concursos les será aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 53 del Estatuto Administrativo, por lo que el inciso cuarto, sobre la ponderación de los factores, no se les sería aplicable.

En votación, el artículo 3 fue aprobado por unanimidad, por los mismos participantes en la votación anterior.

Artículo 4.

Modifica la ley N° 18.755, que Establece Normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, en el siguiente sentido:

1. Incorpora en la letra r) del artículo 7°, a continuación de la palabra “Servicio”, la siguiente frase precedida de una coma (,): “pudiendo disponer su publicación en extracto en el Diario Oficial”.

2. Reemplaza en el artículo 19 la frase “se notificarán por medio de cédulas que contengan la copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia. Estas cédulas se dejarán por un funcionario del Servicio en el domicilio del interesado o de su apoderado, si lo tuviere, dejando testimonio escrito de su actuación.”, por la siguiente oración: “deberán notificarse de acuerdo a lo dispuesto en el Párrafo 1° del Capítulo III de la ley N° 19.880, que establece bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.”.

Sometido a votación, el artículo 4 fue aprobado por unanimidad, por los mismos participantes en la votación anterior.

Artículo transitorio.

Dispone que el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Servicio Agrícola y Ganadero. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.”.

Puesto en votación, el artículo transitorio fue aprobado por unanimidad, por los mismos participantes en la votación anterior.

V. ARTICULOS E INDICACIONES RECHAZADAS

No hay.

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Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente la diputada Informante, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural recomienda aprobar el siguiente:

“PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del Ministerio de Agricultura y suscritos, además, por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar las plantas necesarias de personal del Servicio Agrícola y Ganadero y dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de ellas. En especial, podrá determinar el número de cargos para cada grado de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; los cargos de exclusiva confianza y de carrera; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, para efectos del artículo 8 del Estatuto Administrativo, contenido en la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Además, determinará los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, que Regula la Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que indica. En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Además, podrá establecer normas de encasillamiento.

2. Los grados superiores e iniciales de las plantas que se fijen en virtud de este artículo serán los siguientes:

a) Planta de Directivos:

i. Directivos Sujetos al Sistema de Alta Dirección Pública:

Grados 3° al 5°.

ii. Directivos de Tercer Nivel Jerárquico:

Grados 5° al 8°.

b) Planta de Profesionales:

Grados 4° al 16°.

c) Planta de Técnicos:

Grados 9°al 20°.

d) Planta de Administrativos:

Grados 11° al 22°.

e) Planta de Auxiliares:

Grados 18° al 23°.

3. El número de cargos totales para cada una de las plantas que se fijen en virtud de este artículo serán los siguientes:

También se establecerá la gradualidad en que los cargos serán creados.

4. Establecer las fechas de entrada en vigencia de las plantas que fije y podrá establecer la fecha de los encasillamientos que practique.

5. Establecer el número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento. También señalará los cargos que se proveerán de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de esta ley, estableciendo la gradualidad en que podrán comenzar a proveerse. Dicha gradualidad será de 4 años.

6. El encasillamiento del personal titular de un cargo de planta a que se refiere este artículo quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.

b) No podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

c) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo de planta que sea encasillado, ni modificación de los derechos previsionales.

d) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

e) Los cambios de grado que se produjeren por efecto del encasillamiento no serán considerados promoción y los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios y, asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.

f) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan no serán exigibles respecto de los funcionarios titulares para los efectos del encasillamiento dispuesto en este artículo. Asimismo, a los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

Artículo 2.- El encasillamiento del personal del Servicio Agrícola y Ganadero, de las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares quedará sujeto a las condiciones que se establezcan en el o los decretos con fuerza de ley que fijen sus plantas y a lo dispuesto en este artículo:

1. Los funcionarios titulares de cargos de las plantas de profesionales, de técnicos, de administrativos y de auxiliares serán encasillados en los cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento y en la misma planta, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, estos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.

2. Una vez practicado el mecanismo anterior, los cargos que queden vacantes en las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares se proveerán previo concurso interno, en el que solo podrán participar los funcionarios a contrata del Servicio Agrícola y Ganadero asimilados a las plantas respectivas, y que en dicha calidad se hayan desempeñado sin solución de continuidad, durante al menos, 5 años en la institución, anteriores al 1 de enero de 2018. Dichos funcionarios serán encasillados en el mismo grado y estamento al que se encontraban asimilados al 31 de diciembre de 2017.

En el concurso interno a que se refiere este numeral, solo podrán participar los funcionarios a contrata asimilados a la respectiva planta que se encuentren calificados en lista 1, de distinción, o lista 2, buena y que cumplan con los requisitos del cargo respectivo. El o los decretos con fuerza de ley a que se refiere este artículo definirán los factores que, a lo menos, se considerarán en los concursos internos antes señalados. Con todo, aquellos funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio con posterioridad al 31 de diciembre de 2017, solo podrán ser encasillados como máximo en el grado que detentaban con anterioridad a dicho mejoramiento.

La provisión de cargos vacantes de los concursos internos a que se refiere este numeral, se efectuará en orden decreciente de acuerdo al puntaje obtenido por los postulantes. En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida. En el evento de mantenerse esta igualdad, decidirá el Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.

En lo no previsto en el presente numeral, estos concursos se regularán por las normas del Párrafo 1° del Título II del Estatuto Administrativo.

Artículo 3.- Una vez finalizado el proceso de encasillamiento en las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares a que se refiere el artículo anterior, la provisión de los cargos que señale el o los decretos con fuerza de ley a que se refiere el artículo 1, se efectuará mediante concursos internos que se regirán por las siguientes reglas:

1. En los concursos internos podrán participar los funcionarios titulares de un cargo de las plantas antes señaladas y los funcionarios a contrata asimilados a las plantas antes indicadas, y que en dicha calidad se hayan desempeñado sin solución de continuidad, durante al menos, 5 años en la institución, anteriores al 1 de enero de 2018.

Los funcionarios titulares de un cargo de planta podrán postular solo al grado inmediatamente superior al que posean. Los funcionarios a contrata podrán postular al mismo grado al que se encuentren asimilados al 31 de diciembre de 2017 o al grado inmediatamente superior al que poseían a dicha fecha.

En el concurso interno a que se refiere este artículo, solo podrán participar los funcionarios que se encuentren calificados en lista 1, de distinción, o lista 2, buena y que cumplan con los requisitos del cargo respectivo.

2. En la convocatoria a los concursos internos deberán considerarse, a lo menos, los factores de experiencia calificada, antigüedad en el Servicio Agrícola y Ganadero y evaluación de desempeño. La institución los determinará previamente y establecerá la forma en que ellos serán ponderados, lo que deberá ser informado a los funcionarios en el llamado a concurso, el que deberá publicarse, a lo menos, en la página web de la institución.

3. La provisión de los cargos de cada planta que señale el o los decretos con fuerza de ley a que se refiere el artículo 1, se efectuará en cada grado, en orden decreciente, conforme el puntaje obtenido por los postulantes. En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida. En el evento de mantenerse esta igualdad decidirá el Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero. Las vacantes que se generen producto de la provisión de los cargos antes señalados se sujetará igualmente a las normas de este artículo.

4. A estos concursos se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 53 del Estatuto Administrativo.

Artículo 4.- Modifícase la ley N° 18.755, que Establece Normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, deroga la ley N° 16.640 y otras disposiciones, en el siguiente sentido:

1. Incorpórase en la letra r) del artículo 7°, a continuación de la palabra “Servicio”, la siguiente frase precedida de una coma (,): “pudiendo disponer su publicación en extracto en el Diario Oficial”.

2. Reemplázase en el artículo 19 la frase “se notificarán por medio de cédulas que contengan la copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia. Estas cédulas se dejarán por un funcionario del Servicio en el domicilio del interesado o de su apoderado, si lo tuviere, dejando testimonio escrito de su actuación.” Por la siguiente oración: “deberán notificarse de acuerdo a lo dispuesto en el Párrafo 1° del Capítulo III de la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo único.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Servicio Agrícola y Ganadero. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.”.

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Se designó Diputada Informante a la señora Alejandra Sepúlveda Orbenes.

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Tratado y acordado, según consta en las actas de las sesiones de fecha 3 y 10 de julio de 2018, con la asistencia de las diputadas señoras Jenny Álvarez Vera, Loreto Carvajal Ambiado, Emilia Nuyado Ancapichún y Alejandra Sepúlveda Orbenes (Presidenta) y de los diputados señores René Alinco Bustos, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez, Ramón Barros Montero, Iván Flores García, Harry Jürgensen Rundshagen, José Pérez Arriagada, Jorge Rathgeb Schifferli, Frank Sauerbaum Muñoz e Ignacio Urrutia Bonilla.

Sala de la Comisión, a 10 de julio de 2018.

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS

Abogada Secretaria de la Comisión

INDICE

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS1

1. IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO DE LEY.1

2. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL.1

3. NORMAS QUE REQUIERAN TRÁMITE DE HACIENDA.1

4. APROBACIÓN DEL PROYECTO, EN GENERAL.1

5. DIPUTADA INFORMANTE.1

II. ANTECEDENTES, FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS2

1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS.2

2. OBJETIVOS.3

3. NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE SE PROPONE MODIFICAR O QUE INCIDEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTA INICIATIVA LEGAL.4

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY4

IV. DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY5

1. DISCUSIÓN GENERAL.5

2. VOTACIÓN GENERAL.11

3. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN PARTICULAR.11

V. ARTICULOS E INDICACIONES RECHAZADAS17

PROYECTO DE LEY18

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Torrealba, Eguiguren, Longton y Rey, y de las diputadas señoras Flores, doña Camila; Luck, Olivera y Ossandón, que “Modifica el Código Penal en materia de sanciones aplicables al delito de usurpación de inmuebles y de la responsabilidad por los daños ocasionados, durante la comisión de dicho ilícito, por sus hijos menores de edad” Boletín N°11908-07

Con fecha 04 de noviembre de 2014 la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N° 23.540-2014, “revocó en parte una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago recaída sobre dos recursos de protección presentados por apoderados del Instituto Nacional (IN) José Miguel Carrera. En términos generales, los apoderados del IN reclamaron ante la Corte de Apelaciones que la toma del establecimiento educacional llevada adelante por un grupo de estudiantes del IN, no obstante haber sido votada favorablemente, constituía una afectación ilegal y arbitraria de su derecho a la libertad de enseñanza, y los derechos a la educación e integridad síquica de sus hijos.”[1]

En su considerando 6° la Sentencia de la Corte señala que "la toma de una escuela es, por definición, un acto de fuerza que no constituye un medio legítimo de emitir opinión ni forma parte del contenido del derecho a manifestarse. Es un comportamiento antijurídico que no respeta los derechos de los demás"[2]

“De ello se sigue que las autoridades vinculadas al establecimiento educacional de turno -en este caso el IN- deban adoptar medidas que permitan restablecer el ejercicio de los derechos afectados. La sentencia de la Corte Suprema, logra ponderar adecuadamente las competencias y obligaciones de los diversos actores que concurren al caso concreto.”[3]

Son varias las iniciativas que han propendido a endurecer las sanciones a propósito de las llamadas “tomas de establecimientos educacionales”. Si ir más lejos el año 2011 se presentó un proyecto para modificar el artículo 269 del Código Penal el cual pretendía incorporar nuevas figuras delictuales, como la ocupación o invasión ilegal de inmuebles; el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos, como transportes, salud o agua potable. Además, de castigar falta de respeto a policías, regular sanciones por bombas incendiarias, facilita la obtención de medios de prueba y establecer como agravante el actuar “encapuchado”

Por otra parte, actualmente las autoridades Municipales recurren a las figuras establecidas en los artículos 484, 485, 486 y 487 del Código Penal, para lograr sanciones en el caso de que las denominadas “tomas” tengan asociadas daños a los inmuebles, y, en dicho sentido persiguen la dictación de la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, es decir, desde tres años y un día a cinco años, además de una multa de 11 a 20 UTM .

A mayor abundamiento, en caso de que el municipio constate la existencia de sustracción de especies desde los recintos educacionales, el delito contemplado en el artículo 442, por robo en lugar no habitado, el que también arriesga reclusión menor en sus grados medio a máximo para los involucrados.

Ahora bien, el artículo 457 inciso 1° del Código penal sanciona “Al que con violencia en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente, y al que, hecha la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, vuelto éste le repeliere, además de las penas en que incurra por la violencia que causare, se le aplicará una multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”

A su turno, el artículo 458 del mismo cuerpo legal establece que “Cuando, en los casos del inciso primero del artículo anterior, el hecho se llevare a efecto sin violencia en las personas, la pena será multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”

Sin, embargo, ambos preceptos no se pronuncian respecto de la ocurrencia de daños a consecuencia de la ocupación del inmueble.

A fin de subsanar esta situación el proyecto de ley que se somete a consideración del Congreso Nacional pretende:

1.Aumentar las multas asociadas a la ocupación de inmuebles. En este sentido se propone aumentar la multa para la ocupación con violencia en las personas de 21 a 30 UTM (veintiuna a treinta UTM) y en el caso de esta se llevare a efecto sin violencia en las personas de 10 a 20 UTM (diez a veinte UTM).

En todo caso el tribunal podrá, con acuerdo del condenado, conmutar la pena por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad o a la reparación del daño causado.

2.Establecer que para aquellos casos en que producto de una ocupación de inmuebles se produzcan algunas de las situaciones establecidas en los artículos 484, 485, 486 y 487 del Código Penal (daños) serán civilmente responsables los padres de los hechos de los hijos menores de edad y los tutores y curadores de la conducta de los pupilos que viven bajo su dependencia y cuidado.

En razón de lo anteriormente expuesto venimos en presentar, el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.-

Modifíquese el Código Penal en el siguiente sentido:

a.Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 457 inciso primero, reemplácese las palabras “once” por “veintiún” y “veinte” por “treinta”.

b.Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 458, reemplácese las palabras “seis” por “once” y “diez” por “veinte”.

c.Agrégase un nuevo artículo 458 bis al Código Penal, del siguiente tenor:

"En caso que la ocupación de una cosa inmueble o la usurpación de un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente sea efectuada con fuerza en las cosas, trayendo como consecuencia alguna de las conductas típicas sancionadas en los artículos 484, 485, 486 y 487 de este Código los padres, serán civilmente responsables de los hechos de los hijos menores. Asimismo, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado.

En todo caso, el tribunal podrá, con acuerdo del condenado, conmutar la pena por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad o a la reparación del daño causado , señalando expresamente el tipo de trabajo, el lugar o institución donde deba realizarse, su duración y la persona o entidad encargada de controlar su cumplimiento. La sanción tendrá una extensión de al menos seis meses y, en el caso de los menores de edad, no podrá exceder del límite establecido en el artículo 11 de la ley N° 20.084, sobre Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal. Los trabajos se realizarán, de preferencia, sin afectar la jornada laboral o de estudio que tenga el infractor, con un máximo de ocho horas semanales. La no realización cabal y oportuna de los trabajos determinados por el tribunal dejará sin efecto la conmutación por el sólo ministerio de la ley, deberá cumplirse íntegramente la sanción originariamente aplicada y no procederán las medidas alternativas de remisión condicional de la pena y reclusión nocturna.

Diputados señores Torrealba, Eguiguren, Longton y Rey, y de las diputadas señoras Flores, doña Camila; Luck, Olivera y Ossandón

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Yeomans, Hertz, Jiles, y de los diputados señores Hirsch, Ibáñez, Vidal y Winter, que “Instituye el Día de la Dignidad Nacional y Solidaridad Boletín N°11909-24

El 11 de julio de 1971 el Congreso Nacional en Pleno, y por unanimidad, aprobó el proyecto de ley de Reforma Constitucional al artículo 10 Nº 10 que fuera presentado por S.E. el Presidente de la República Salvador Allende Gossens el 21 de diciembre de 1970. De esta manera, la Ley 17.540 significó el paso decisivo en la nacionalización de actividades o empresas mineras calificadas legalmente como Gran Minería del Cobre, y por tanto, un ejercicio de soberanía en el marco del principio universal de autodeterminación de los pueblos.

La nacionalización del cobre constituye un hito fundamental en la conquista de objetivos históricos del Estado de Chile destinado a asegurar la independencia económica de la Nación y la integración de la sociedad chilena en la senda del desarrollo. La magnitud de la recaudación fiscal desde esa fecha ha sido determinante desde el punto de vista económico y social, expresado en el sostén que ha significado en el financiamiento presupuestario de las políticas sociales en los últimos 47 años, beneficiando particularmente a los sectores más carenciados del país.

Tal trascendencia se expresó en la aprobación por unanimidad del Congreso Nacional, contando con el respaldo de la totalidad de los partidos políticos de la época, en una muestra de unidad nacional jamás vista en nuestra historia republicana.

Es por estos motivos que resulta imprescindible legislar en torno al reconocimiento de este hito trascendental en la historia de nuestro país; son nuestros hijos e hijas y las generaciones por venir de chilenos y chilenas quienes conocerán esta luminosa página que recordará por siempre la grandeza de la obra heroica de recuperar para siempre las riendas de nuestro destino, sin dejar a nadie atrás y procurando la defensa de los intereses superiores del Estado y de la sociedad chilena.

La instauración del Día de la Dignidad Nacional será un fiel recordatorio del desafío nacional de conquistar para Chile nuestros recursos naturales como expresión de la voluntad soberana, imprescriptible e inalienable destinada a asegurar la independencia y el pleno desarrollo de sus habitantes, como refiriera S.E. Salvador Allende en el discurso del 11 de julio de 1971: “Hoy es el Día de la Dignidad Nacional y de la Solidaridad. Es el Día de la Dignidad, porque Chile rompe con el pasado, se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política”.

Por ende, sometemos a vuestra consideración el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Instituyese la fecha del 11 de julio de cada año como "El Día de la Dignidad Nacional y Solidaridad" destinado a conmemorar la aprobación, por unanimidad del Pleno del Congreso Nacional, la nacionalización del cobre en 1971.

Los establecimientos de enseñanza del país y las organizaciones de la sociedad civil podrán organizar actos cívicos conmemorativos los días 11 de julio de cada año por conmemorarse, en dicha fecha, el Día de la Dignidad Nacional y la Solidaridad.

Diputadas señoras Yeomans, Hertz, Jiles, y de los diputados señores Hirsch, Ibáñez, Vidal y Winter

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Urrutia, don Ignacio; Álvarez-Salamanca, Baltolu, Carter, Coloma, Lavín, Noman, Rentería, Sanhueza y Urrutia, don Osvaldo ”Autoriza erigir un monumento en memoria del ex Presidente de la República, General Carlos Ibáñez del Campo, en la ciudad de Linares” Boletín N°11911-24

I.- IDEAS GENERALES.

La figura del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, sin dudas, constituye una de las más excelsas que haya tenido la historia chilena durante el siglo XX. Su influencia es evidente en nuestros días y su forma de hacer política un ejemplo de honestidad, consecuencia y coraje para nuestros dirigentes públicos.

La fuerza con que desplegó sus ideas fue admirada y reconocida por adherentes y adversarios, erigiéndose como un hombre de Estado cuya estatura de estadista debe ser asumida con sincero orgullo en nuestro país.

BIOGRAFÍA.

Más allá de la trascendente figura que encarnó el Presidente Ibáñez, y de acuerdo a relatos de aquellas personas que conocieron su intimidad lo retrataban como un hombre sencillo, celoso de sus obligaciones parentales y conyugales y profundamente acogedor y educado en sus relaciones interpersonales. En consecuencia nos encontramos ante un hombre de una profunda chilenidad digno representante de la cultura e identidad criolla.

Nacido en la ciudad de Linares un 3 de noviembre de 1877, sus padres Francisco Ibáñez y María Nieves del Campo, plasmaron en sus hijos los valores más característicos de nuestro país en el fundo San Francisco donde el niño Carlos Ibáñez vivió sus primeros años.

Con 12 años ingresó a la Escuela Nº1 de Maipú y luego al Liceo de Linares, actual Liceo Valentín Letelier Madariaga.

Contrajo matrimonio con la salvadoreña Rosa Quirós y Ávila, perteneciente a la alta sociedad de su país, con quien tuvo dos hijos, y que fallecería después de diez años de matrimonio. Después de permanecer viudo unos años, contrajo matrimonio con Graciela Letelier Velasco el 3 de diciembre de 1927. De esta unión nacieron cuatro hijos, Ricardo, Nieves, Gloria y Margarita Ibáñez Letelier.

Luego de una carrera militar y política brillante murió a los 82 años de edad en la ciudad de Santiago el 28 de abril de 1960.

II.- CONSIDERANDO.

1.Que, dentro de los calificativos que asume el gobierno del Presidente Ibáñez podemos conceptualizarlos como una gestión de realizaciones, tanto en el orden social, político, económico y cultural de nuestra nación.

2.Que, tales realizaciones respondieron a un anhelo de cambio que experimentaba la sociedad chilena en las primeras décadas del siglo XX y en donde por primera vez en la historia la política no fue una cosa de elites, sino una actividad de encuentro entre todos los chilenos.

3.Que, efectivamente el establecimiento de la Contraloría General de República, del Banco del Estado, de la Línea Aérea Nacional (LAN), del Ministerio de Minería, del Código del Trabajo o de Carabineros de Chile, modificaron la fisonomía política, social, económica y cultural de nuestro país y en tal sentido el Presidente Ibáñez bien merece el calificativo de fundador de una nueva República, de un gran renovador de nuestros cimientos políticos, jurídicos y republicanos.

4.Que, particularmente la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de la Contraloría General de la República, marcó un claro hito en el esfuerzo del Estado de Chile para garantizar el Estado de Derecho en nuestra sociedad y bajo esta perspectiva consagrar una esfera del control de los actos de la administración a través del cual le otorga la necesaria legitimidad a los actos de la autoridad.

5.En otro ámbito el establecimiento del Cuerpo de Carabineros, como una institución policial que asegure el cumplimiento de la ley, de un Código del Trabajo que regule directamente las relaciones entre trabajadores y empleadores, asimismo como un conjunto de normas vinculadas a la seguridad social, manifiestan de una manera clara y precisa el diagnóstico que el Presidente Ibáñez tenía de Chile y los chilenos haciendo de nuestro país una nación de realizaciones. En un país en donde las promesas forman parte preponderante de nuestras vidas, el General Ibáñez supo con gran maestría hacer carne los ideales de toda una generación y plasmarlo en realizaciones concretas que moldearon nuestra fisonomía como Estado.

6.Que, así las cosas la altura y prestancia de este gran político debe ser enaltecida como uno de los más grandes dirigentes de nuestro país, como un estadista de altura inigualable, como lo fueron nuestros próceres de la independencia.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

Der acuerdo a las consideraciones formuladas en esta iniciativa parlamentaria se promueve a través de esta, la erección de un monumento en homenaje al Ex Presidente de la República, el General Carlos Ibáñez del Campo, en la ciudad de Linares, Región del Maule, lugar de nacimiento de este gran estadista nacional.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo 1.- Autorízase erigir monumento en la localidad de Linares, en memoria de el ex Presidente de la República el General Carlos Ibáñez del Campo.

Artículo 2.- La obra se financiará mediante erogaciones, por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se crea el artículo 4º.

Artículo 3.- Créase un fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el artículo anterior.

Artículo 4.- Créase una comisión especial ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por: a) El alcalde de la I. Municipalidad de Linares; b) Director Regional de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM); c) los diputados del distrito 18 de la región del Maule.

Diputados señores Urrutia, don Ignacio; Álvarez-Salamanca, Baltolu, Carter, Coloma, Lavín, Noman, Rentería, Sanhueza y Urrutia, don Osvaldo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, don José Miguel; Álvarez, don Sebastián; Eguiguren; González, don Félix; Jürgensen, Rey y Schalper, y de las diputadas señoras Cid; Flores, doña Camila, y Ossandón, que “Modifica la ley N° 19.300, que Aprueba ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental en los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas que indica” Boletín N°11912-12

Antecedentes:

1. La Contaminación lumínica es la emisión de radiación electromagnética que no cumple una función de mejorar la calidad de vida de los seres humanos, sino que únicamente eleva los niveles de iluminación natural de un lugar[1].

2. En el mes de mayo del año 2013, se dictó el Decreto Nº43 del Ministerio de Medio Ambiente, norma que nace con la finalidad de proteger las emisiones de luz innecesarias en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Normativa en la que se incluyeron medidas como evitar la instalación de luz horizontal, reducir en un 15% el uso de luces contaminantes, evitar la sobreiluminación e introducir mayores regulaciones para los letreros luminosos.

01

[2]

3. No obstante la aprobación y dictación del correspondiente Decreto, éste resulta insuficiente, ya que, en la última década, ciudades cercanas a observatorios astronómicos, como lo son Antofagasta, Coquimbo o La Serena, han incrementado el uso de la tecnología LED para iluminar viviendas, calles, especialmente, letreros y pantallas, provocó el aumento de la contaminación lumínica.[3]

4. Chile se prepara para concentrar desde el año 2024 entre el 60 y el 70% de la capacidad astronómica instalada de todo el mundo. Esto quiere decir que, ya que la capacidad de observación astronómica de los seres humanos se puede medir según la cantidad de luz que llega del espacio a nuestros telescopios, en Chile estará entre 60 y 70% del área de espejos que son usados por la humanidad completa para recibir esa información. A nivel regional es interesante constatar que tan sólo en un pequeño sector que informalmente estamos llamando el “Valle de los Fotones” se concentrará más de la mitad de esas superficies, de modo que el 40% de la capacidad astronómica del mundo completo estará en ese sector de la Región de Antofagasta, el otro 30% estará en la Región de Coquimbo[4].

5. Existen crecientes indicios de que la exposición a mayores niveles de iluminación, y con mayor efecto la luz de color “blanco frío” -que resulta ser la más contaminante para la astronomía también- interfiere con los ritmos circadianos de los seres humanos. Esto afecta a los ritmos de sueño y particularmente a la producción de melatonina, que es una hormona producida en la glándula pineal y que alcanza su máximo de secreción durante las horas que el cuerpo humano reconoce como “nocturnas”. La luz blanca fría altera esta percepción, reduciendo la producción de melatonina y potencialmente aumentando la incidencia del síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, desórdenes cognitivos y emocionales, envejecimiento prematuro y algunos cánceres como el de mama, próstata y colorrectal, así como al empeoramiento de patologías preexistentes. Adicionalmente, a nivel global en el mundo nos encontramos con que 60% de los animales son nocturnos. A primer orden es razonable esperar que entonces la diversidad ecológica del Desierto de Atacama se vea afectada en similar porcentaje al cambiar los niveles de iluminación lo que afecta, por ejemplo, los hábitos de procreación de aves e insectos, o interfiere con sus hábitos migratorios o de alimentación, aumentando la amenaza sobre sistemas que son endémicamente frágiles y que ponemos aún en mayor riesgo al no controlar esta problemática.[5] [6]

6. En nuestros días, los proyectos no consideran dentro de su evaluación de impacto ambiental, los efectos que las emisiones luminosas pueden traer para el desarrollo de la astronomía, ni la protección del patrimonio cultural y turístico que ello significa. El desarrollo de la astronomía ha alcanzado un nivel importante en el norte de nuestro país, al punto tal que Chile concentra el 40% de la infraestructura astronómica del mundo. Chile tiene ventajas competitivas y comparativas en materia de turismo astronómico, lo que hace que aproximadamente un 70% de los turistas extranjeros vienen a Chile de vacaciones motivados por la naturaleza de nuestro país y sus paisajes; con un creciente interés en el astroturismo[7].

7. Así, el problema se suscita en razón a que precisamente la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, no considera dentro los efectos, características o circunstancias que pueden generar los proyectos o actividades que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, aquellos que puedan generar efectos sobre la luminosidad de una ciudad o zona geográfica, y por lo tanto, tampoco se le impone el deber de disponer de medidas de mitigación para tal clase de contaminación.

8. Finalmente, considerando la relevancia e importancia de nuestro cielo y el potencial de desarrollo que tiene, tanto para la investigación científica, como para el desarrollo turístico, resulta indispensable establecer la obligatoriedad de que cada proyecto que pueda generar consecuencias en la luminosidad de una zona caracterizada por el desarrollo astronómico, deba someterse a un estudio de impacto ambiental, más aun considerando que, la calidad astronómica de los cielos de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo de nuestro país constituye un valioso patrimonio ambiental y cultural reconocido a nivel internacional como el mejor existente en el hemisferio sur para desarrollar la investigación astronómica, permitiendo a esta zona del país albergar varios observatorios astronómicos, y proteger de forma especial la calidad ambiental de los cielos señalados,[8] ya que, la luz artificial que emana de las ciudades no solo nos impide disfrutar de las estrellas, sino que además afecta a nuestra salud, a las plantas, a los animales nocturnos y a los microorganismos y, sin embargo, no para de crecer: la noche es cada vez más luminosa.[9]

PROYECTO DE LEY

Artículo único. Incorpórese una nueva letra g) al artículo 11 de la Ley 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente:

“g) Contaminación lumínica en zonas de desarrollo astronómico.”.

Diputados señores Castro, don José Miguel; Álvarez, don Sebastián; Eguiguren; González, don Félix; Jürgensen, Rey y Schalper, y de las diputadas señoras Cid; Flores, doña Camila, y Ossandón

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lavín, Bobadilla, Carter; Fuenzalida, don Juan; Hernández, Melero, Noman, Norambuena y Von Mühlenbrock, y de la diputada señora Amar, que “Modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de exigir que la construcción de viviendas sociales satisfaga las necesidades de las personas en situación de discapacidad” Boletín N°11914-14

I.- IDEAS GENERALES.

El artículo 1 de la constitución política de la república, en su inciso cuarto establece que “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. Es obligación estatal, por tanto, la creación de tales condiciones y asegurar a la población su máximo desarrollo personal posible. La idea que subyace es que todos deben poder alcanzar su máximo desarrollo, por tanto, no es posible consagrar el bien común a costa del mal individual.

La política de vivienda en Chile es considerada un éxito. Durante los últimos quince años se han construido casi dos millones de unidades. Esta producción masiva ha reducido el déficit acumulado. Esto es el producto de un mecanismo de financiamiento público, que subsidia la demanda y así garantiza la oferta: el "subsidio habitacional"[1].

Sin embargo, tal como lo señala Alfredo Rodríguez, el objetivo de reducir el déficit ya no es el foco. Hoy cobra importancia la calidad de vida que otorgan los proyectos de vivienda social, y la dignidad de la misma. De las más de doscientas mil viviendas sociales que se han construido, estas han sido de bajo estándar y con un diseño que no ofrece posibilidades de ampliación y mejoramiento; y que en muchos casos no satisface de forma adecuada los requerimientos de las familias, especialmente en el caso de los discapacitados.

II.- CONSIDERANDO.

1.Al año 2017, en Chile, vivían 40.551 personas en campamentos, las que se distribuyen en 702 asentamientos de este tipo. Esto significó un aumento del 41% en la última década, de hecho, sólo al año 2017 se registraron 87 nuevas tomas.

2.Las viviendas sociales son, una esperanza de miles de chilenos que ven en ellas la posibilidad de salir de las calles, de las tomas, o bien de cumplir al fin la casa propia. El Estado, como garante de derechos fundamentales, otorga protección al derecho de vivienda y establece distintos subsidios a los cuales se pueden optar.

3.El segundo estudio nacional sobre la discapacidad en Chile, realizado por el SENADIS, arrojó en sus resultados que el 16,7% de la población presenta algún tipo de discapacidad, esto corresponde a 2.836.818 de personas. Si se considera la situación de discapacidad por sexo, el 20,3% de las mujeres presenta algún grado de discapacidad, y el 12,9% de los hombres presenta discapacidad[2].

4.Ahora, si se consideran a estas personas insertas dentro del contexto de familia, las cifras nos dicen que en el 34,6% de los hogares en Chile, vive alguna persona en situación de discapacidad.

5.Dentro de los postulantes a los subsidios para viviendas del SERVIU del año 2015, el 3% representa algún nivel de discapacidad[3].

6.Dentro de estos subsidios, existen algunos de especial consideración para personas que se encuentran en “situación de discapacidad”, tales son (i) Fondo solidario de elección de vivienda, el que adiciona hasta 20 UF para implementar obras en la vivienda que contribuyan a paliar limitaciones que afecten a quienes presenten tal condición; y (ii) Subsidio para personas con discapacidad, y que tengan movilidad reducida. Este subsidio permite aumentar hasta en 80 UF el subsidio, las que se destinan a adaptar la vivienda acorde a las necesidades.

7.En atención a lo anteriormente expuesto, este proyecto busca establecer como obligación legal, en el contexto de construcción de viviendas sociales, la adaptación de las mismas a las necesidades personales de las personas que se encuentren en situación de discapacidad. Para esto, la empresa constructora que se hubiere ganado la licitación del proyecto, deberá sostener reuniones previas con los futuros propietarios, a fin de establecer los requisitos propios. Esto en ningún caso significará un costo mayor por propiedad, y si ocurriere, deberá ser soportado por la empresa constructora.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto de ley busca consagrar como obligación legal, el hecho de adaptarse las viviendas a los requerimientos propios de las personas que se encuentran en situación de discapacidad, con el objeto de otorgar una vivienda digna, que se adapte a la realidad personal y familiar, y que constituya una mejora en la calidad de vida de las personas discapacitadas.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Intercálese un nuevo inciso 4° en el artículo 162 del Decreto con Fuerza de Ley N°458, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, quedando el actual inciso 4° en 5° y este en 6° en orden sucesivo, de conformidad al siguiente texto:

“Las constructoras que se hubieren adjudicado las licitaciones para la construcción de viviendas sociales, deberán en la etapa de construcción, adaptar las mismas a las necesidades de las personas en situación de discapacidad”.

Diputados señores Lavín, Bobadilla, Carter; Fuenzalida, don Juan; Hernández, Melero, Noman, Norambuena y Von Mühlenbrock, y de la diputada señora Amar

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cid; Flores, doña Camila; Olivera y Ossandón, y de los diputados señores Álvarez, don Sebastián; Castro, don José Miguel; Eguiguren y Ramírez, que “Modifica el Código de Aguas en materia de singularización de los derechos de aprovechamiento en los actos o contratos, y del traslado de su ejercicio” Boletín N°11910-33

Antecedentes:

1. El actual Código de Aguas, siguiedo la tradición jurídica y legislativa chilena en esta matería, ha sometido los derechos de aprovechamiento de aguas al régimen de propiedad inscrita.

2. Actualmente, nuestro Código de Aguas no contempla un mecanismo secillo y seguro para individualizar los derechos de aguas en los actos juridicos, que evite confudir derechos y que facilite las actividades económicas y sociales cotidianas con estos bienes. Esta situación es opuesta a lo ocurre en el Código de Minería vigente, que desde su publicación contempla una norma al respecto (artículo 168) y cuyo objeto es precisamente simplificar la redacción de algunos contratos mineros y su posterior inscripción, atendido el régimen de propiedad al que están sujetos estos inmuebles[1].

3.- En efecto, la práctica juridica y comercial ha determinado que en escrituras públicas e insturmentos adminsitrativos se reproduzca el detalle de cada derecho, incluyendo coordenadas, caudales, caudal ecológico, etc. Al ser información eminetemente técnica y que con las reformas posteriores a su entrada en vigencia se han ido complejizando cada vez más, suelen producirse errores de transcripción o contenido, que inducen a confusión en perjuicio del titular y en ulitma instancia, de todo el sistema. A mayor abundamiento, no existe un crtierio único para singularizar derechos de aprovechamiento de aguas.

4. Esta situacion puede ser aún más complicada cuando se ha realizado uno o más traslados del derecho de aprovechamiento de aguas de conformidad al artículo 163 del Código de Aguas. Si se trata de varios traslados parciales, pueden resultar todo un problema individualizar y singularizar el derecho en cuestión.

5. Así las cosas, creemos que para dar mayor certeza jurídica a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas y a toda la sociedad, resguardardo de mejor manera la fe pública y perfeccionado el régimen de propiedad inscrita que rige para estos derechos, se hace imprescindible facilitar la individualización de este tipo derechos en los actos jurídicos de los que son objeto; con una regla única y de facíl implementación.

6. Finalmente, y considerando la importancia que tienen hoy los derechos de aprovechamiento de aguas como activos relevantes en la vida económica y/o componentes centrales de proyectos sociales para el desarrollo humano, se hace necesario actualizar este aspecto registral no abordado desde la publicación del cuerpo legal en 1981, buscando facilitar la singularización de tan preciado bien.

PROYECTO DE LEY

1. Modifíquese el artículo 113 del Código de Aguas, agregando el siguiente inciso segundo: “En los contratos y actos jurídicos sobre derechos de aprovechamiento de aguas y en las correspondientes inscripciones bastará, para singularizar su situación y características, citar los datos de la inscripción del respectivo derecho de aprovechamiento”.

2. Modifíquese el artículo 163 del Código de Aguas, agregando los siguientes inciso tercero y cuarto: “La resolución que autorice el traslado del derecho se reducirá a escritura pública que suscribirán el interesado y el funcionario que se designe al efecto y una copia de ella deberá inscribirse en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente. De este traslado se dejará constancia al margen de la inscripción respectiva del derecho de aprovechamiento objeto del traslado”.

“Autorizado un traslado del derecho de aprovechamiento de aguas, sea parcial o total, para singularizar el derecho en contratos y actos jurídicos deberán citarse los datos de la inscripción del respectivo derecho de aprovechamiento conjuntamente con los datos de la inscripción de la respectiva resolución que autoriza el traslado”.

Diputadas señoras Cid; Flores, doña Camila; Olivera y Ossandón, y de los diputados señores Álvarez, don Sebastián; Castro, don José Miguel; Eguiguren y Ramírez

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Urruticoechea, Jürgensen; Mellado, don Miguel, y Schalper, y de la diputada señora Del Real, que “Modifica la ley N° 20.000, que Sustituye la ley Nº 19.366, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, para tipificar el delito de suministración de drogas a una persona, sin su consentimiento o conocimiento” Boletín N°11915-07

1.- Antecedentes

En el último tiempo han aumentado exponencialmente los casos de personas que denuncian haber sido drogadas por sujetos inescrupulosos, con el fin de abusar sexualmente de ellos, robarles sus pertenencias, acceder a sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias, provocar adicciones, o burlarse de ellos a raíz de la pérdida de conciencia que trae aparejado su consumo.

Se trata de una situación preocupante, que no se encuentra contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, y que exige ser abordada en el plano legislativo. Actualmente, cuando a una persona se le suministra una sustancia o droga estupefaciente o sicotrópica, y falta su consentimiento y/o conocimiento, lo que se persigue penalmente es el delito cometido “a posteriori”, esto es, el posible robo, el posible abuso sexual, el posible aprovechamiento de la víctima, etc. Pero no se contempla el delito de suminstrar dicha sustancia o droga en forma autónoma.

Como señala el profesor Enrique Cury Urzúa: “Lo más característico del ordenamiento punitivo radica en que sus consecuencias constituyen las formas de reacción más severas con que cuenta el derecho, pues implican irrupciones muy enérgicas en la esfera de los derechos del afectado”[1].

Asimismo, “el derecho penal es secundario o subsidiario, porque la pena sólo debe emplearse cuando el ataque al bien jurídico no puede sancionarse de manera apropiada acudiendo a los medios de solucionarlo de que disponen las otras ramas del ordenamiento jurídico. La pena es, pues, un recurso de ultima ratio”[2].

No es aceptable que se suministre una sustancia o droga estupecaciente o sicotrópica a otra persona, faltando su consentimiento o conocimiento, y que el autor del acto quede impune, sin una severa sanción por parte de nuestro ordenamiento jurídico.

En algunos países, este fenómeno delictual se conoce bajo la expresión “sumisión química”. Como lo expresa Francisco Javier Nistal: “La administración de sustancias psicoactivas a una persona, sin su conocimiento ni consentimiento, con fines delictivos es el fenómeno que se conoce como sumisión química. Es una forma de comisión de delitos que facilita la acción a los autores de los mismos, pues se imposibilita la defensa de la víctima, dado que su voluntad se ve disminuida o anulada. Este término de sumisión química (SQ), se empleó por primera vez en 1982 por Poyen, Rodor, Jouve, Galland, Lots y Jouglard para referirse a la administración de un producto a una persona, sin su conocimiento, con el fin de provocar una modificación de su grado de vigilancia, de su estado de consciencia y de su capacidad de juicio”[3].

“Existen muchas sustancias que se podrían utilizar como drogas de sumisión, todas aquellas que produzcan efectos anestésicos y/o analgésicos en el Sistema Nervioso, que al fin y al cabo, es el principal objetivo de estos compuestos químicos. De estas sustancias hay cientos, aunque no todas ellas cumplen todos los requisitos que se consideran ideales para someter a la víctima sin que ésta lo detecte y lo evite”[4].

Se debe recordar que el artículo 19 n°1 de nuestra Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Suministrar una sustancia o droga estupecaciente o sicotrópica a otra persona, sin su consentimiento o conocimiento, atenta contra su dignidad humana, su libertad personal, su facultad de autodeterminación, y puede comprometer gravemente su salud física y psíquica.

Nuestro país “está viviendo un fenómeno muy grande que es la llegada de mezclas de sustancias y drogas que sí generan efectos de pérdida de memoria, pérdida de voluntad y que se usa con fines delictuales. Son las llamadas drogas de violación, drogas ilícitas modificadas muchas de ellas”[5].

Una de las drogas más utilizadas por los delincuentes es la droga conocida como “escopalamina o “burundanga”. Varias denuncias de víctimas de esta droga han aparecido en los principales medios de comunicación criollos durante el último tiempo.

“La escopolamina es un alcaloide que se extrae de ciertas plantas como el Helenio, Chamico o el Floripondio y tiene ciertas propiedades alucinógenas y estimulantes. La presentación por lo general es un polvo blanco cristalino, de sabor muy amargo, y provoca sedación, o una amnesia anterógrada, es decir la persona no recuerda lo que pasó previo al uso de la sustancia cuando se consume por vía oral, por ejemplo en bebidas, o en cápsulas"[6].

Además, esta clase de sustancias o drogas no solamente se suministran para cometer un delito posterior. También son utilizadas para vengarse, humillar o generar dependencia física y síquica en otra persona, atentando gravemente contra su dignidad humana. Y en esos casos resulta difícil subsumir la conducta en otro delito ya existente y tipificado, quedando impune la conducta de su autor y de los coparticipantes. Por tanto, se hace necesario tipificar este nuevo delito, pasando a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.

2.- Ideas Matrices

Suministrar una sustancia o droga estupefaciente o sicotrópica a una persona, sin su consentimiento o conocimiento, constituye un grave atentado contra su dignidad humana, contra su autonomía personal, contra su libertad de decisión y de autodeterminación.

3.- Contenido del Proyecto

En particular, el proyecto de ley tiene por objetivo incorporar en en la Ley 20.000 el delito de suministración de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas a una persona, sin su consentimiento o conocimiento. Para ello se busca introducir un nuevo artículo 5 Bis en la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Por consiguiente, y con el mérito de los antecedentes expuestos, vengo en someter a la consideración de ésta Honorable Corporación, el siguiente Proyecto de Ley:

Proyecto de Ley

ARTÍCULO ÚNICO: Introdúzcanse la siguiente modificación a la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas:

1)Agrégase un nuevo artículo 5 Bis del siguiente tenor: “El que suministre a una persona, sin su consentimiento o conocimiento, alguna de las sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas mecionados en el primer y segundo inciso del artículo 1° de esta Ley, cualquiera sea la forma en que ingrese al organismo de la víctima, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cien a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”.

Diputados señores Urruticoechea, Jürgensen; Mellado, don Miguel, y Schalper, y de la diputada señora Del Real

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Ossandón, Castillo, Cid, Del Real, Luck, Olivera y Yeomans, y de los diputados señores Leiva, Sabag y Sauerbaum, que “Modifica las leyes N°s 19.886 y 19.981, en el sentido de impedir a personas condenadas por delitos de connotación sexual o por acoso laboral la celebración de contratos que indica y el acceso a beneficios que señala” Boletín N°11916-07

I.FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Durante el presente año hemos sido testigos de una decena de casos de abusos contra las mujeres que se han desarrollado en el ambiente televisivo y cinematográfico, los cuales han demostrado la vulnerabilidad de las actrices y otras profesionales del medio en sus relaciones con sus empleadores y compañeros de trabajo. No es un fenómeno solamente nacional, es una realidad que mundialmente se ha visualizado e impactado por la crudeza de las historias que las víctimas relatan, historias que se caracterizan por el abuso del poder que determinadas personas del ambiente del espectáculo emplean contra mujeres. A partir de estos relatos, mundialmente se ha organizado una campaña por redes sociales llamada “#MeToo” que pretende concientizar respecto a la gravedad de las stuaciones de agresión y acoso sexual contra mujeres y los comportamientos avalados por diferentes industrias.

En nuestro país, el último año se han revelado connotados casos de agresión y acoso sexual, en distintos ámbitos y con distintas particularidades. Generalmente se tratan de situaciones en las cuales existe una relación de subordinación entre el agresor y la víctima, en la cual el primero se aprovecha de su posición a fin de manipular y forzar determinado comportamiento de la víctima, valiéndose de la dependencia o indefensión de ella.

Ejemplo de este tipo de situaciones son los casos de abuso y acoso en los cuales se encontrarían involucrados dos reconocidos directores de televisión y cine, siendo presuntamente víctimas jóvenes actrices que participaron en los proyectos llevados a cabo por ambos directores. En los dos casos, se ha generado una defensa mediática sin precedentes, a fin de callar los testimonios de las víctimas, cancelar los reportajes que abordan ambos casos y, en definitiva, desvirtuar las denuncias hechas por las víctimas.

Estos casos se encuadran dentro del concepto de acoso sexual que ha dado la Dirección del Trabajo, en cuanto “se produce un acoso sexual cuando una persona - hombre o mujer - realiza en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por la persona afectada - hombre o mujer - y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.”. Las conductas constitutivas de acoso no se limitan a acercamientos o contactos físicos, sino que se incluye cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda representar un requerimiento de carácter sexual indebido, el que puede producirse por cualquier medio, incluyendo las propuestas verbales, correos electrónicos, cartas o misivas personales, etc. A su vez, existe acoso no sólo cuando la persona afectada sufre un perjuicio o daño laboral directo en su situación al interior de la empresa, sino que también cuando por la creación de un ambiente hostil y ofensivo de trabajo, se pone en riesgo su situación laboral u oportunidades en el empleo.

Tal como lo preceptúa el artículo 2º del Código del Trabajo en su inciso segundo, “Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.”.

La legislación nacional no contempla un tipo penal que podamos considerar como “acoso sexual”. El criterio que al parecer a considerado el legislador para no tipificar esta conducta es la ausencia de contacto corporal entre la víctima acosada y el acosador. Respecto de tal vacío legal se hace cargo el proyecto de ley que sanciona el acoso callejero actualmente en tramitación.

Más allá de estos casos puntules, que si bien serán investigados detalladamente por el Ministerio Público y los responsables serán llevados ante los tribunales de justicia por los delitos que se les imputan, se hace necesario repensar las sanciones que se imponen a los responsables, ya no desde un punto de vista personal, sino mirando la problemática dentro del ámbito dentro del cual son propicios. En tal sentido, se hacen necesarias acciones por parte de Estado que nieguen determinados recursos entregados a particulares, cuando éstos han sido beneficiarios de contratos, licitaciones, fondos, subvenciones, subsidios u otra denominación similar. En la negativa a entregar dichos recursos se manifiesta el reproche que el Estado debe tener respecto a quienes han cometido agresiones de connotación sexual, y que en ocasiones han empleado su profesión u oficio para desplegar tales acciones con intención de que queden en la impunidad.

Este tipo de reproche no es una innovación en el Derecho chileno. Un ejemplo presente en este sentido es posible encontrarlo en la Ley Nº 19.881 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en cuyo artículo 4º establece una exclusión de contratar con el Estado respecto de aquellas personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que, durante los dos años anteriores al inicio de la contratación, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

Caso similar podemos encontrar en el Decreto Ley Nº 211 que fija normas para la defensa de la libre competencia, en cuyo artículo 26 se establece que, en caso de que haya condena por colusión, podrá imponerse la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración del Estado, sea centralizada o descentralizada, con órganos autónomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Etado efectúe aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, así como la prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

Como puede apreciarse, en ambos casos anteriores, el reproche por parte de Estado se manifiesta en una negativa a otorgar beneficios a particulares o bien a contratar con los mismos, el cual se fundamenta en un ilícito comprobado en el proceso judicial correspondiente.

En este sentido, el presente proyecto de ley incorpora dos exclusiones, ya sea para contratar con el Estado, como para ser beneficiario de fondos del fomento audivisual, en caso de que el particular haya sido condenado por delitos de connotación sexual tipificados en el Código Penal, como también en caso de que la persona natural o jurídica haya sido condenada en sede laboral por acoso laboral, según lo preceptuado y descrito en el artículo 2º del Codigo del Trabajo.

II.PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO:

1.- Modifíquese el artíiculo 4º de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, agregando en su inciso primero, luego del punto aparte, la siguiente frase:

“Asímismo, quedarán excluídos en los mismos términos las personas naturales que hayan sido condenadas por los delitos contemplados en los artículos 361, 362, 363, 365, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quater, 366 quinquies y 367 del Código Penal.”

2.- Modifíquese el artículo 10 de la Ley Nº 19.981 sobre Fomento Audivisual, incorporando un inciso final del siguiente tenor:

“En ningún caso podrán ser beneficiario de estos fondos aquellas personas naturales que hayan sido condenadas por los delitos contemplados en los articulos 361, 362, 363, 365, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quater, 366 quinquies y 367 del Código Penal, como tampoco aquellas empresas, dentro de los dos años anteriores a la postulación, hayan sido condenadas por acoso laboral o por cualquier vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores.”

Diputadas señoras Ossandón, Castillo, Cid, Del Real, Luck, Olivera y Yeomans, y de los diputados señores Leiva, Sabag y Sauerbaum

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Baltolu, Gahona, Noman, Norambuena, Sanhueza, Trisotti, y Urrutia, don Ignacio, y de las diputadas señoras Amar, Hoffmann y Troncoso, que “Autoriza erigir un monumento en homenaje a las cantineras de la Guerra del Pacífico, en la ciudad de Arica” Boletín N°11917-24

Entre 1879 y 1884, Chile se vio envuelto en uno de los conflictos más sangrientos y a la vez más heroicos que se recuerden en los anales de nuestra historia. Pero entre los nombres de miles de valerosos combatientes y héroes patrios, existe un lado de la historia que el tiempo y los historiadores fueron cubriendo con un manto de olvido, y que gracias al trabajo acucioso de otros tantos, se ha ido develando poco a poco: el rol de las mujeres durante la Guerra del Pacífico.

De los combatientes hay una infinidad de crónicas y fuentes, desgraciadamente las historias de las que podemos dar cuenta sobre las mujeres que sirvieron junto al Ejército chileno no son muchas. Pero sabemos que prestaron servicio no sólo desde las trincheras, apoyando a los moribundos, o en las tiendas de campaña alimentando y curando heridas, en los pueblos y ciudades las mujeres, juntando dinero, ayudando a los parientes de aquellos que partieron al frente, jugaron un rol importantísimo en los tiempos de guerra, por ejemplo, ocupándose de los huérfanos.

Es por lo cual creemos totalmente necesario que aquellas mujeres cantineras o también llamadas camaradas, que cumplieron un rol fundamental en nuestra historia, se le debe rendir un merecido reconocimiento, y que no sean olvidadas por nuestras generaciones, es por lo cual impulsamos este proyecto para erigir un monumento a estas compatriotas y otorgarle su merecido reconocimiento.

En tal virtud, estimamos que este monumento debe ser erigido en la ciudad de Arica, por lo cual venimos en someter a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. Autorízase erigir un monumento en homenaje a la mujer cantinera durante la Guerra del Pacifico, en la ciudad de Arica.

Artículo 2°. La obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones u otros aportes. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la Comisión Especial que se crea en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° de esta ley.

Artículo 3°. Créase un Fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que se señalan en el artículo precedente.

Artículo 4°. Créase una Comisión Especial ad honórem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, que estará constituida por un Senador y un Diputado, que representen en el Congreso Nacional a la región de Arica, designados por sus respectivas Cámaras; un miembro de la Ilustre Municipalidad de Arica; Un representante del Ejercito de Chile y el Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales.

La Comisión elegirá un Presidente de entre sus miembros y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.

Artículo 5°. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Llamar a concurso público de proyectos para la obra, fijar sus bases y resolverlo.

b) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas, como también realizar las gestiones legales destinadas a que éstas se efectúen.

c) Determinar la ubicación del monumento, en la ciudad de Arica; disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales.

Artículo 6°. Si al concluir la construcción del monumento resultaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la Comisión Especial determine.

Artículo 7°. El monumento deberá erigirse en un plazo de tres años, contado desde la publicación de la presente ley. Vencido dicho plazo sin que se hubiere ejecutado la obra, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones serán aplicados a los objetivos de beneficencia que la Comisión establezca.

Diputados señores Baltolu, Gahona, Noman, Norambuena, Sanhueza, Trisotti, y Urrutia, don Ignacio, y de las diputadas señoras Amar, Hoffmann y Troncoso

Proyecto iniciado en moción del diputado señor Pardo y de la diputada señora Hoffmann, que “Modifica la ley N° 20.845, de Inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, en cuanto a la entrada en vigencia del sistema de admisión único para la Región de Valparaíso” Boletín N°11918-04

Exposición de motivos:

La ley N° 20.845 fue promulgada el 29 de mayo de 2015 y comenzó a regir el 1 de marzo de 2016. La cual en resumen regula principalmente tres aspectos: 1) Transforma gradualmente la educación subvencionada en gratuita, para que todas las familias tengan la posibilidad de elegir establecimientos con libertad, sin depender de su capacidad económica, 2) Elimina el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado, lo que significa que todos los recursos deben ser invertidos en mejorar la educación y 3) Termina con la selección arbitraria, lo que permitirá a los padres elegir el colegio y el proyecto educativo que más les guste para sus hijos.

Uno de los principales objetivos de la ley es reemplazar para todos los establecimientos educacionales que reciben subvención o aportes regulares del Estado, sus propios procesos de selección de estudiantes por un nuevo y único sistema de admisión aplicable a todos estos. En este nuevo marco, los establecimientos deberán aceptar a todos los postulantes siempre que dispongan de vacantes. Solo de no haber cupos suficientes, se usará un sistema aleatorio que asegure que no habrá selección arbitraria (socioeconómica ni de otra índole), y se deberá dar preferencia en este proceso a los hermanos de alumnos que ya estudian en el establecimiento y a los hijos de los trabajadores del colegio, entre otros criterios.

De esta manera, el artículo 2º de dicho cuerpo normativo agrega, en su numeral 6), los artículos 7º bis, 7º ter, 7º quáter, 7º quinquies, 7º sexies, y 7º septies al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, estableciendo un este nuevo proceso de admisión centralizado.

En atención a la complejidad en la implementación y puesta en marcha de este nuevo proceso de admisión, dicha normativa establece un sistema gradual. Este sistema encuentra su justificación en la gran cantidad de postulaciones que deben ser recibidas y procesadas, ya que dicho mecanismo será de carácter obligatorio para más del 90% de los establecimientos educacionales del país.

Al respecto, se promulgó el Decreto con Fuerza de Ley N°3 de 2015 que dicha gradualidad, partiendo el año 2016 en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, continuando el 2017 con las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos y prosiguiendo, el 2018, con el resto del país. La puesta en marcha del Sistema, también considera una implementación progresiva según los principales niveles de ingreso, es decir, el primer año de implementación en una región se contemplan solo los niveles NT1 (pre-kínder), NT2 (kínder), 1º básico, 7º básico y 1º medio, el segundo año, en tanto, se incorporan el resto de los cursos. Es un proceso de postulación, asignación de cupos y matrícula para establecimientos, que utiliza en su implementación una plataforma web para la postulación de los apoderados y un algoritmo para la asignación aleatoria de cupos en aquellos establecimientos que cuentan con una mayor cantidad de postulantes que cupos disponibles.

Atendida la relevancia de una correcta implementación de este nuevo sistema de admisión para todos los miembros de la comunidad educativa, y en relación a la importancia de carácter estratégico que posee la incorporación gradual del territorio respecto a los aprendizajes que son posible obtener en escenarios que aumentan en tamaño y complejidad, es que este proyecto de ley busca ampliar la gradualidad en el ingreso de la Región de Valparaíso al nuevo sistema de admisión por el plazo de un año.

A mayor abundamiento, la gran concentración de postulantes y la variada oferta de establecimientos en la Región de Valparaíso son aristas relevantes a considerar, toda vez que entregan una alta complejidad al proceso de postulación establecido en la ley 20.845.

La región de Valparaíso es una de las más competitivas de Chile atendiendo, como dijimos, a la gran concentración de población y las diversas interacciones entre estudiantes y establecimientos educacionales. Es una de las regiones que posee mayor proporción de colegios subvencionados y la distancia entre comunas en muchos casos es considerable.

Por lo anterior es importante nutrirse de la experiencia respecto del sistema, en centros urbanos con menor concentración de postulantes y oferta de establecimientos, previo a la incorporación de la Región de Valparaíso. Lo cual permitirá predecir comportamientos de postulantes a establecimientos escolares subvencionados, facilitando la adaptación del sistema y asegurar la cabida de todo el universo de alumnos, respetando los criterios contenidos en la ley 20.845.

Finalmente, la intención es que frente al complejo proceso de implementación de este nuevo sistema de admisión escolar, no exponga a la comunidad educativa a eventuales fallas de implementación que pudiesen devenir en peligrosas consecuencias, resguardando así el derecho a la educación.

Es sobre la base de estos antecedentes y fundamentos que venimos en proponer el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.–Modifícase el artículo vigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.845 de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, de la siguiente manera:

1)Intercálase en el inciso cuarto, entre las expresiones “no consideradas en los incisos anteriores,” y “y exclusivamente para”, la frase “con excepción de la región de Valparaíso,”.

2)Agrégase el siguiente inciso quinto nuevo, pasando el actual quinto a ser sexto y así sucesivamente:

“Para el cuarto año de postulación, se realizará el procedimiento de admisión en la Región de Valparaíso, y exclusivamente para el menor nivel o curso que tengan los establecimientos educacionales de dicha región. Para el caso de las regiones señaladas en el inciso anterior, el procedimiento de admisión se extenderá a todos los cursos o niveles.”.

3)Reemplázase en el inciso quinto que ha pasado a ser sexto la palabra “cuarto” por “quinto”.

Artículo 2°.-Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 4, de 2016, del Ministerio de Educación, en el siguiente sentido:

1)Modifícase su artículo 1° de la siguiente manera:

a)Reemplázase la expresión “V Región de Valparaíso; VII Región del Maule; VIII Región del Biobío; IX Región de la Araucanía; XIV Región de Los Ríos; XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y Región Metropolitana de Santiago.” por “; VII Región del Maule; VIII Región del Biobío; IX Región de la Araucanía; XIV Región de Los Ríos; XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y Región Metropolitana de Santiago.”.

b)Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo:

“Dispóngase el año 2019, como cuarto año de postulación para la Región de Valparaíso.”.

2)Modifícase su artículo 2° en el siguiente sentido:

a)Sustitúyese en el inciso primero la expresión “artículo 1°” por “inciso primero del artículo”.

b)Intecálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual segundo a ser tercero:

“Establézcase para el año escolar 2020 la entrada en vigencia del proceso de admisión escolar dispuesto en el numeral 6) del artículo 2° de la ley N° 20.845, en la Región de Valparaíso.”.

c)Reemplázase en el inciso segundo que ha pasado a ser tercero la expresión “Dicho proceso se implementará” por “Dichos procesos se implementarán”.

3)Modifícase su artículo 4° de la siguiente manera:

a)Sustitúyese en el inciso segundo la expresión “; V Región de Valparaíso; VII Región del Maule; VIII Región del Biobío; IX Región de la Araucanía; XIV Región de Los Ríos; XI Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo; y Región Metropolitana de Santiago” por “; VII Región del Maule; VIII Región del Biobío; IX Región de la Araucanía; XIV Región de Los Ríos; XI Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo; y Región Metropolitana de Santiago”.

b)Incorpórase el siguiente inciso final nuevo:

“Para la Región de Valparaíso, el procedimiento de postulación para el año 2020 y de admisión para el año 2021 de los establecimientos educacionales de esta región se extenderá a todos sus cursos o niveles reconocidos oficialmente.”

4)Elimínanse en el artículo 1° los guarismos “XV”, “II”, “III”, “V”, “VII”, “VIII”, “IX”, “XIV” y “XI” ; y suprímanse en el artículo 4° guarismos “I”, “IV”, “VI”, “X”, “XV”, “II”, “III”, “V”, “VII”, “VIII”, “IX”, “XIV” y “XI”.

Diputado señor Pardo y de la diputada señora Hoffmann

Informe del diputado señor Meza sobre su participación, en conjunto con el diputado señor Hernández y con los exdiputados señores Farías, Melo y Rincón, en las sesiones ordinarias del Parlamento Andino, que se llevaron a cabo desde el 31 de enero al 2 de febrero de 2018, en la ciudad de Medellín, Colombia.

Informe de Delegación Parlamentaria

Diputado Fernando Meza Mondaca

Informe del diputado señor Meza sobre su participación, en conjunto con los diputados señores Espinoza y Fuenzalida, don Gonzalo, en las sesiones ordinarias del Parlamento Andino, llevadas a cabo desde el 21 al 23 de marzo de 2018, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Informe de Delegación Parlamentaria

Diputado Javier Hernandez Hernandez

Informe del diputado señor Meza sobre su participación en conjunto con la diputada señora Mix y con el diputado señor Fuenzalida, don Gonzalo, en las sesiones ordinarias del Parlamento Andino, llevadas a cabo desde el 17 al 19 de abril de 2018, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Informe de Delegación Parlamentaria

Diputado Fernando Meza Mondaca