Labor Parlamentaria

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la Ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para Empresas de Menor Tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas.

Conforme a lo acordado ayer por los Comités Parlamentarios, el plazo para renovar indicaciones y solicitar votación separada vence una hora después de iniciado el Orden del Día.

Diputados informantes de las comisiones de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, y de Hacienda son la señora Sofía Cid y el señor Carlos Kuschel , respectivamente.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 18ª de la presente legislatura, en 14 de agosto de 2014. Documentos de la Cuenta N° 18.

-Segundo informe de la Comisión de Hacienda, sesión 60ª de la presente legislatura, en 21 de agosto de 2018. Documentos de la Cuenta N° 21.

La señora FERNÁNDEZ doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

La señora CID, doña Sofía (de pie).-

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, paso a informar la moción de los senadores Andrés Allamand , Alfonso de Urresti , Iván Moreira y Andrés Zaldívar , y del entonces senador Eugenio Tuma , en segundo trámite constitucional y reglamentario, que modifica la ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para Empresas de Menor Tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas.

El propósito de la iniciativa consiste en promover el pronto pago de las deudas contraídas por empresas por la compra de un producto o prestación de servicios.

En el segundo trámite reglamentario del proyecto, expusieron ante la comisión los señores José Ramón Valente , ministro de Economía, Fomento y Turismo, y Claudio Alvarado , subsecretario general de la Presidencia.

El ministro José Ramón Valente expresó que la primera de las indicaciones del Ejecutivo se relaciona con el plazo del pago, que en la proposición del Senado era de 60 días y que el Ejecutivo mantuvo en un primer momento, porque consideraba que no había un número preciso y exacto que pudiera determinar un plazo menor para el pago, y, al no constar ese plazo, parecía adecuado el indicado. Posteriormente, en la comisión, se trató una indicación por la que el plazo se reducía, después de dos años, a 45 días.

En la búsqueda de los necesarios consensos, el Ejecutivo presentó una indicación para bajar el plazo de 60 días en 3 años a 45 días en los primeros 18 meses y a 30 días en los 18 meses siguientes. Esa indicación concuerda con lo presentado por los parlamentarios en su momento, por lo que espera que ella sea aprobada. Sin embargo, no se desconoce que el plazo de 30 días sea riesgoso, pero se debe abordar y los emprendedores lo han hecho presente y el Ejecutivo ha recogido ese sentir.

La segunda indicación dice relación con la presentación de un informe del Servicio de Impuestos Internos respecto de la aplicabilidad del crédito IVA. En su oportunidad se aprobó que fuera en un plazo de 24 meses; sin embargo, se presentó una indicación para reducir ese plazo a 12 meses.

La tercera indicación precisa que los acuerdos entre las partes son la excepción y no la regla general, y que estos casos quedarían para situaciones especiales que necesiten una modificación del plazo general para el pago.

En este trámite se han formulado dieciséis indicaciones al proyecto, que fueron discutidas por la comisión, como se refleja en la discusión particular consignada en el segundo informe, entre las que cabe destacar las siguientes:

El número 1 del artículo 1° del proyecto despachado por la comisión en el primer trámite reglamentario, que pasa a ser 2, establece, en el artículo 2° de la ley N° 19.983, un plazo máximo de sesenta días desde la recepción de la factura, a excepción de los productos del sector primario, que se pagarán a treinta días, no prorrogables. Además, contempla la posibilidad de concordar un plazo mayor a sesenta días, siempre que conste por escrito y sea suscrito por quienes concurren a ese acto, y casos en que las estipulaciones se tienen por no válidas.

Una indicación parlamentaria, que fue aprobada por mayoría de votos, dispone la obligación de pagar el saldo insoluto contenido en la factura en el plazo máximo de treinta días corridos contados desde la recepción de la factura. Sin perjuicio de ello, durante los veinticuatro primeros meses de vigencia de la disposición, el plazo máximo de pago será de sesenta días corridos, contados desde la recepción de la factura.

Solo en casos excepcionales las partes podrán establecer, de común acuerdo, un plazo que exceda el ya referido, siempre que dicho acuerdo conste por escrito y sea suscrito por quienes concurran a él. No producirán efecto alguno en este contrato las cláusulas o estipulaciones que intenten demorar indebidamente el pago de la factura al vendedor o prestador del servicio, en especial las cláusulas o estipulaciones que indica el artículo.

En ausencia de mención expresa del plazo de pago en la factura y su copia transferible, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura.

En el artículo 2° bis, que se incorpora por el número 3 del artículo 1° del proyecto, no se innova respecto al esquema de intereses aplicable al deudor que incurre en mora.

En el artículo 2° ter se incorpora, por indicación del Ejecutivo, un párrafo que regula la situación de las compras hechas por internet, que se aprobó por mayoría de votos.

En el artículo 2° quáter se establece que los organismos públicos deben dictar una resolución que determine el proceso interno para cumplir con los plazos señalados en el artículo anterior y determinar el funcionario responsable de la gestión de los pagos.

El inciso tercero, aprobado en el primer trámite reglamentario y segundo constitucional, señala que el funcionario responsable por la falta de pago oportuno podrá ser sancionado con multa de 10 por ciento de su remuneración mensual, multa que se puede duplicar en caso de reincidencia.

Mediante indicación parlamentaria, se propuso suprimir el inciso tercero, lo que se aprobó por mayoría de votos.

En el artículo sexto transitorio, aprobado por la comisión en el primer trámite reglamentario, que pasa a ser quinto transitorio, se establece que el Servicio de Impuestos Internos deberá presentar a las Comisiones de Economía de la Cámara de Diputados y del Senado un informe sobre la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del IVA en el período tributario en que el contribuyente pague el monto de la factura. El plazo máximo para presentar ese informe será de veinticuatro meses.

Por indicación del Presidente de la República, se propone reemplazar en ese artículo la palabra “veinticuatro”, por “doce “, lo que se aprobó por unanimidad.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ doña Maya (Presidenta).-

Cito a reunión de Comités sin suspensión de la sesión de Sala.

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor KUSCHEL (de pie).-

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para Empresas de Menor Tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas, en cumplimiento del artículo 228 del Reglamento de la Corporación, esto es, porque la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, en su segundo trámite reglamentario, modificó una norma ya vista por la Comisión de Hacienda, al ser sometida a su conocimiento en el primer informe por la señalada comisión técnica.

La norma que se encuentra en esa situación es el artículo quinto transitorio, que tiene la siguiente redacción:

“Artículo quinto transitorio.- El Servicio de Impuestos Internos deberá presentar a la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado, en un plazo máximo de doce meses desde la publicación de la presente ley, un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del impuesto al valor agregado en el período tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura. “.

Al respecto, se hace presente que el primer informe de la comisión técnica señaló de competencia de esta Comisión de Hacienda la misma norma, pero que consideraba un plazo de veinticuatro meses para que el Servicio de Impuestos Internos presentara el informe a que se refiere la señalada disposición.

En la vista del primer informe de la Comisión de Economía se presentó una indicación para acortar el referido plazo de veinticuatro a doce meses, la que fue rechazada. Su fundamento fue que el extenso plazo dejaba trabada la elaboración de un insumo por parte del Servicio de Impuestos Internos, que será necesario en el contexto de la reforma tributaria.

Posteriormente, el Ejecutivo patrocinó la indicación, cuyo autor fue el diputado Lorenzini , presidente de la Comisión de Hacienda, y la hizo presente en la comisión técnica de Economía, reduciendo el plazo a doce meses, como indica el referido artículo quinto transitorio.

La modificación explicada no produce gasto fiscal y fue aprobada por la unanimidad de los once diputados presentes, señores Pepe Auth , Nino Baltolu , Giorgio Jackson , Pablo Lorenzini (presidente), Patricio Melero , Manuel Monsalve , José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez , Alejandro Santana y quien habla, Carlos Kuschel .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en que los pequeños y medianos emprendedores son el motor de nuestra economía y del empleo, y son quienes normalmente llegan a todos los rincones de nuestras regiones, donde muchas veces no van las grandes empresas.

Además, el emprendimiento es una forma de vida, que tiene que ver con sacar adelante a sus familias, con pequeños locales, con pequeños y medianos agricultores, con pequeños y medianos emprendedores.

Por lo tanto, cuando debatimos sobre la forma de pago de nuestros emprendedores, nos referimos a si estamos disponibles o no para dar oxígeno a quienes son el motor de sus familias y de nuestra economía. De eso estamos hablando cuando nos referimos a este proyecto de ley de pago a treinta días.

La idea no es solamente llenarse de contenido y decir que estamos por los emprendedores, sino si estamos disponibles o no para generar las condiciones que permitan el emprendimiento y que la economía no sea solo patrimonio de unos pocos, sino de muchos.

El objetivo que tenemos quienes nos sentimos parte de una centroderecha social es que la economía esté al servicio de todos, que tengamos un Chile de propietarios y de emprendedores, y que, en definitiva, la economía social de mercado permita a todos surgir a partir de sus propias herramientas.

Señor Presidente, fíjese en la evolución del proyecto, que partió llamándose “del pago oportuno”“ y que hoy se denomina “del pago a treinta días “, porque quisimos dejar en claro que debíamos fijar un plazo específico para cumplir las obligaciones. No era suficiente dar una señal al acotar el periodo de pago, sino que debíamos dar un plazo suficiente para que nuestros emprendedores contaran con las condiciones que se merecen.

La evolución ha sido tal que, actualmente, el proyecto expresa que en un plazo de dos años ya podremos contar con un pago a treinta días, lo cual es una tremenda noticia, que deja muy tranquilos a los emprendedores, especialmente a aquellos que se relacionan con el Estado. Quiero decirlo con fuerza: el peor pagador es el Estado y es el que peor se comporta con nuestros emprendedores, por lo que nuestra tarea como parlamentarios es fiscalizar que los servicios públicos cumplan sus obligaciones cuando se relacionen con los pequeños emprendedores.

En el plano personal, me parece una gran noticia que el artículo 2º establezca una serie de cláusulas como abusivas, porque -digámoslo con mucha claridad cuando nuestros emprendedores se relacionan con proveedores grandes, deben sujetarse a verdaderas camisas de fuerza, pues no tienen capacidad de negociar los términos de sus contratos, lo que ocurre debido a que las grandes multitiendas y empresas de retail imponen condiciones adversas a nuestros proveedores. Eso se acaba con el proyecto, porque su artículo 2º fija cláusulas específicas referidas a prácticas abusivas, que no pueden ser aceptadas.

Nuestra tarea será fiscalizar que los pequeños emprendedores no sufran condiciones abusivas cuando se relacionen con esas grandes cadenas.

Me parece de suma importancia el artículo 2º bis, ya que como dijo la diputada Cid en su informe, que fue muy completo, no sacamos nada con fijar un plazo de pago si finalmente quien no paga a tiempo no debe cancelar intereses.

El proyecto de ley dispone que quien no pague a tiempo se constituye en mora, incluso tratándose de organismos del Estado. Es más, el artículo 2º quater establece que el funcionario público que no pague a tiempo incurre en responsabilidad administrativa, lo cual es una gran noticia, porque ya basta de los abusos del Serviu en contra de los pequeños constructores, así como del de muchos servicios públicos respecto de nuestros emprendedores.

No hay nada más que decir, excepto que tenemos plena disposición para apoyar el proyecto, que considero que es una tremenda noticia para nuestros emprendedores. Quienes venimos de regiones sabemos que los pequeños y medianos emprendedores de las regiones sufren aun más abusos cuando deben relacionarse con empresas santiaguinas, de modo que el proyecto de ley es una gran noticia.

Que los emprendedores cuenten con nosotros para sacar adelante el motor de nuestra economía.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA (don Alexis).-

Señor Presidente, soy miembro de la Comisión de Economía, donde nos tocó trabajar en este proyecto durante aproximadamente tres meses.

Esta iniciativa fue aprobada inicialmente en el Senado, pero la que analizamos hoy es bastante distinta y, por cierto, mucho mejor que el proyecto que debimos estudiar en la comisión.

Partimos bajo la premisa de que las facturas no pagadas generarían el cobro de intereses una vez pasados los sesenta días.

Al respecto, quiero hacer una precisión, porque podrían confundirse en la pequeña y mediana empresa.

En relación con los plazos, el proyecto establece los tiempos en que se podrán cobrar los intereses respectivos y ejercer las acciones legales para resarcirse económicamente. No se trata necesariamente de que la factura se vaya a pagar en los plazos señalados. La primera propuesta que hizo el Ejecutivo a la comisión fue que el plazo para el pago de facturas y cobro de intereses fuera de sesenta días.

Planteamos eso en su momento con un voto de minoría, incluido el mío, y presentamos indicaciones, de las cuales una fue aprobada, para reducir el plazo a 45 días, después de dos años.

El Ejecutivo finalmente cambió su postura, lo que fue bienvenido. No considero que debamos establecer derrotas o triunfos en esto. Lo único que puedo señalar es que el proyecto beneficia a cientos o miles de pequeños y medianos empresarios; ese es su sentido.

El Ejecutivo ingresó una indicación para bajar el plazo de 60 días, a 45 días en los primeros 18 meses después de promulgada, y a 30 días en los siguientes 18 meses. Por lo tanto, en un lapso de tres años llegábamos a 30 días.

Tras una indicación presentada por diputados, el Ejecutivo se allanó. De esa manera, se votó y se aprobó partir con un plazo de 60 días, y en un lapso de dos años pasar a 30 días.

A mi juicio, se trata de una buena noticia. Si avanzamos rápido, podemos tener implementado esto a la brevedad para beneficio de los pequeños y medianos empresarios.

También es un avance la emisión electrónica de la guía de despacho.

Lamentablemente, no tuvimos la posibilidad de avanzar en el IVA crédito fiscal. Algunos pensábamos que incorporar la idea de que quien no pagara la factura no pudiera utilizar el IVA crédito fiscal, sería una herramienta de presión que permitiría agilizar el pago de la factura respectiva. Sin embargo, el Ejecutivo dio a conocer las dificultades tecnológicas que presenta el Servicio de Impuestos Internos para lograr aquello.

Además, el subsecretario Alvarado señaló que una medida de esa naturaleza requería la modificación de otros cuerpos legales -otro diputado profundizará sobre este aspecto-, lo que podría, incluso, ser inconstitucional.

Por lo tanto, no hay certeza, pero sí hay una petición y el compromiso de solicitar, en un lapso de 12 meses, un informe al Servicio de Impuestos Internos sobre la implementación del IVA crédito fiscal. El Ejecutivo puede pedir el informe en cualquier momento, pero establecerlo en la futura ley da una mayor fortaleza y seguridad.

Lo que realmente nos interesa es saber de qué manera, en el futuro, perfeccionaremos la ley en proyecto y avanzaremos en el IVA crédito fiscal, que, sin duda, será un mecanismo que gatillará el pronto pago de la factura, que es el objetivo de la iniciativa en estudio.

En mi opinión, aquí tenemos un tema complejo, delicado, porque se establece una excepción. Si bien el Ejecutivo la coloca en esa condición, clara y nítidamente la excepción permite generar plazos distintos entre privados. Es allí donde uno se cuestiona la relación entre un grande y un pequeño. Esta norma puede ser una ventana que abra a las grandes empresas la posibilidad de presionar a las más pequeñas para establecer un plazo distinto.

Existe cautela y preocupación en relación con este tema, por lo que parte de los integrantes de la comisión lo votaron en contra.

Me parece que estamos ante un buen proyecto, un avance sustancial. A mi juicio, demorarnos más tiempo en su despacho por detalles, pese a que son relevantes, lo único que haría sería perjudicar a la pequeña y mediana empresa. Ya son largos años los que nos hemos demorado en la discusión de este proyecto.

Algunos dirán por qué no partir con los 30 días de forma inmediata. Hay dos razones: la primera es que no sabemos cómo se va a mover el tema, y la segunda es que si nos seguimos demorando en estas discusiones, pueden transcurrir otros dos años, tiempo que este proyecto considera para alcanzar los 30 días de plazo para el cobro de las facturas, o de los intereses respectivos a aquellos que no paguen.

Felicito y agradezco a todos los integrantes de la comisión por su trabajo, y también al Ejecutivo, que reconoció los errores contenidos en algunas de sus indicaciones y estuvo dispuesto a corregirlos.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique van Rysselberghe .

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Señor Presidente, hoy discutimos y votaremos en Sala por segunda vez este proyecto. Espero que podamos despacharlo, ya que esta iniciativa generará un cambio cultural en materia de pago de facturas a proveedores, en especial aquellas que se deben pagar a nuestras pymes, que a lo largo de los años han sufrido la falta de liquidez para sustentar su negocio.

Quiero recalcar un aspecto sumamente relevante de la iniciativa, que no aparece en los medios de comunicación. Me refiero a que este proyecto no solo disminuye de infinito a 30 días el plazo máximo del pago de una factura, sino que además tiene la virtud de atender a toda la cadena de pagos.

En concreto, el establecimiento de la guía de despacho electrónica, la imposibilidad de modificar las facturas a través de notas de crédito y el que las facturas no pagadas sean consideradas deudas financieras de las compañías, sumado a fijar un plazo máximo de pago, permitirán ir cerrando todas las posibles situaciones en las cuales se puede ampliar el plazo de pago.

Recordemos que el plazo empieza a correr cuando se emite la factura, que puede ser varios meses después de que se entrega el bien o se realiza el servicio, por lo que atender exclusivamente al establecimiento de un plazo máximo de pago no solucionaría el problema de fondo.

Además, quiero resaltar que esta futura ley es de carácter general, es decir, regula el pago de la factura de todas las empresas, y no solo el de las grandes empresas a las pymes, como sostenía la moción original ingresada al Senado.

Así, las pymes podrán competir en igualdad de condiciones respecto de la posibilidad de ser proveedores de grandes empresas.

Las políticas de apoyo a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas en América Latina pueden contribuir a elevar la productividad y permitir que aporten en forma significativa al producto interno bruto nacional.

Atendidas las necesidades de nuestro país en esta materia, la aprobación del proyecto se torna urgente no solo para solucionar y dejar de asfixiar financieramente a las pymes, sino también para contribuir al crecimiento de nuestro país.

En definitiva, considerando las indicaciones que aprobamos en la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, insto a la Cámara de Diputados a votar favorablemente este proyecto de ley, tan esperado por las pymes y por nuestro país durante tanto tiempo.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) somos el país con más emprendedores, pero también el más desigual. Desde esta desigualdad nace la necesidad por crear y promover esta ley en proyecto.

En promedio, 19.000 pequeñas y medianas empresas mueren al año en Chile simplemente porque sus proveedores no les pagan a tiempo, y más del 20 por ciento de las pequeñas empresas ni siquiera logra sobrevivir en sus primeros tres años de vida.

Esto, sumado a la dificultad de financiamiento y de acceder a créditos, las obliga a recurrir al factoring o préstamos informales, lo que termina por encarecer el costo en la cadena de producción. Como resultado, el emprendimiento termina siendo un espacio para unos pocos privilegiados.

Pero no podemos apuntar solo al sistema económico, pues lo correcto es visibilizar las malas prácticas de quienes hoy tienen una situación de privilegio dentro del sistema, es decir, las grandes empresas, las que saben perfectamente cómo usar la estructura organizacional a su favor, y muchas se aprovechan de eso. Hasta el Estado es reconocido como un mal pagador, dando como resultado retrasos en el pago de facturas de más de tres años, como ocurre en el sector municipal y en el de la salud.

Que hoy existan más emprendedores implica que las políticas públicas para este sector deben mejorar sustancialmente, igualando las oportunidades de todos los sectores involucrados. Automáticamente, esto reduciría de manera drástica las posibilidades de continuar con las malas prácticas que, por años, han mantenido dentro del sistema.

Las diferentes organizaciones que asistieron a la Comisión de Economía manifestaron constantemente la necesidad de que se les pagara a 30 días, pero el Ministerio de Economía nos dijo que se les iba a pagar a 60 días o más si el más fuerte logra imponer un acuerdo al más pequeño.

Estos acuerdos deben desparecer de raíz. Tenemos que evitar a toda costa que vuelvan a concederse este tipo de convenios que solo perjudican el crecimiento económico emergente y a los más pequeños.

El cumplimiento del plazo establecido de 30 días es una de las prioridades de este proyecto. Hoy lo vuelvo a ratificar: este plazo fue negado en reiteradas ocasiones por el gobierno, insistiendo constantemente en las comisiones en los 60 días o más.

Por otro lado, es lamentable que esta sintonía haya llegado debido a la presión que diferentes organizaciones y asociaciones ejercieron directamente sobre el gobierno y su tozuda determinación de insistir en los 60 días.

Desde el Partido Liberal y el Frente Amplio hemos defendido incansablemente los 30 días. Afortunadamente, luego de varios cambios en la denominación de este proyecto, que se inició como pronto pago, luego como pago oportuno y hoy como pago a 30 días, finalmente podemos decir que esta definición es la indicada y esperamos que apunte a la real solución que hoy se necesita. Sin embargo, el corazón de este proyecto continúa siendo el mismo de antes, es decir, poner fin a las asimetrías de poder que existen entre las pequeñas y las grandes empresas, y regular a quienes no son capaces de cumplir con los plazos establecidos.

Asimismo, este corazón tampoco está latiendo como debería. ¿Por qué? Porque aún existe en este proyecto la posibilidad de aumentar los plazos de pago, que es la letra chica que al parecer algunos no estaban dispuestos a transar.

Como se puede ver, la opción de la negociación entre ambas partes y la ampliación en los días de pago continúan presentes en el proyecto que votaremos hoy. Las pymes ya han soportado este escenario adverso durante demasiado tiempo, y al parecer se les continúa negando la importancia que tienen para el desarrollo de nuestro país.

Hoy, los emprendedores aportan el 65,6 por ciento de la fuerza laboral en Chile, y ahora es cuando debemos darles espacio y la regulación que necesitan y merecen.

Terminar con las actuales desigualdades que afectan a la mayoría de los emprendedores nos obliga a igualar las condiciones y fomentar la libre competencia y la igualdad de oportunidades. Esto es fundamental para que el emprendimiento no siga quedando solo en manos de algunos pocos privilegiados, un club selecto que tiene acceso a un financiamiento justo.

Es momento de ver estas crisis como señales de avance y cambio, el que hoy se presenta como más que necesario.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, este es un proyecto que viene a resolver un problema que se ha dilatado por demasiado tiempo.

Creo que los emprendedores de nuestro país y la pequeña y mediana empresa hace mucho tiempo que están esperando una respuesta a esta materia, que, sin duda, les acarrea graves dificultades, por ejemplo, en el flujo de caja, de endeudamiento y de acceso al crédito.

Repito: son problemas que desde hace mucho tiempo viene sufriendo la inmensa mayoría de los emprendedores de nuestro país. Sin embargo, la generación de estos problemas no solo es atribuible a las empresas de mayor tamaño, sino también -lo diré crudamentea los abusos que comete el Estado. Existen organismos públicos, por ejemplo, en el sistema de salud -también ocurre con las municipalidades-, que muchas veces exceden los plazos de pago acordados, los que en algunos casos superan los tiempos de pago de las empresas de mayor tamaño.

Reitero: el trato abusivo de que son objeto los emprendedores no solo es ejercido por las grandes empresas, sino también por organismos públicos, situación a la que, sin duda, debemos poner atajo a la brevedad.

El debate de esta materia, sin duda, ha sido para bien y ha mejorado el proyecto. Por ejemplo, el hecho de establecer el plazo de pago a 30 días solo para las pequeñas empresas o los emprendedores iba a traer problemas, pues a consecuencia de ello las empresas de mayor tamaño iban a seguir discriminando a las empresas más pequeñas. El hecho de haber fijado ese plazo para todas las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, sin duda que es una respuesta que apunta en la dirección correcta.

Por lo expresado en esta Sala, es indudable que este proyecto va a contar con la aprobación mayoritaria de los colegas presentes, porque esta es una respuesta categórica a los pequeños y medianos emprendedores de nuestro país, en el sentido de que estamos con ellos y entendemos perfectamente la situación por la que han atravesado durante mucho tiempo.

Anuncio con mucho entusiasmo mi voto favorable a la iniciativa. Estoy cierto de que a través de ella estamos dando respuesta a miles y miles de emprendedores a lo largo del país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, lo primero que debemos hacer es recordar el origen de este proyecto.

Esta iniciativa se origina en una moción parlamentaria a la que luego el Ejecutivo se ha sumado, pero introduciendo modificaciones que, a mi juicio, atentan contra el espíritu original de la moción, que era resolver un problema de asimetría, que se convertía en un abuso para las pequeñas y medianas empresas por la vía de la postergación ad aeternum del pago de las facturas, lo que afectaba la liquidez, e incluso, a veces, la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas.

Lo que se busca asegurar es que los grandes empresarios y los medianos empresarios paguen de manera oportuna, a 30 días, a las pequeñas y medianas empresas para, precisamente, asegurar la supervivencia de las pymes y para que las reglas de juego sean justas.

Es cierto que el proyecto mantiene elementos muy positivos de la moción original. Creo que la Comisión de Economía y la Comisión de Hacienda han corregido algunas de las cuestiones que se señalaron durante el primer debate en la Sala. Sin embargo, quiero plantear por lo menos dos o tres cosas que me parece que siguen siendo elementos negativos del proyecto.

En primer lugar, sigo pensando que un plazo tan prolongado como el que se ha planteado acá -24 meseses completamente innecesario, porque el plazo de un año era más que suficiente para el proceso de adecuación. Hoy se pretende dar 24 meses de plazo para que continúe el abuso contra las pequeñas y medianas empresas. Desde esa perspectiva, creo que esta es una solución a medias.

En segundo lugar -esto es de especial gravedad-, en las modificaciones propuestas por la Comisión de Economía se ha establecido una excepción que permitiría que por acuerdo de las partes se altere el plazo establecido como norma general o como criterio general en la ley. No se dice nada respecto de cuáles serían esos casos excepcionales, por lo que quedan al arbitrio del acuerdo entre las partes. Sin embargo, son partes que tienen -es el origen de este proyectouna relación completamente asimétrica.

¿Alguno de nosotros cree que las grandes empresas no van a tratar de hacer de la excepción la regla general? ¿Alguno de nosotros cree que las grandes empresas no van a obligar a los pequeños y medianos a suscribir acuerdos para postergar el pago más allá del plazo establecido en este proyecto de ley?

Entonces, en esta iniciativa tenemos un forado que hace que el proyecto eventualmente sea -es altamente probableletra muerta. Si no somos capaces de señalar de manera expresa y tácita cuáles serán las excepciones, para proteger a la parte más débil en esta relación, entonces derechamente no puede haber excepciones de ningún tipo, más allá de aquellas contempladas en las normas finales del proyecto, que tienen que ver con los organismos públicos, las licitaciones y los servicios de salud.

He pedido votación separada, en el evento de que se rechace la indicación renovada que presentó en su momento el diputado Jaime Naranjo en la Comisión de Economía, de la parte final de ese artículo, para eliminar la posibilidad de una excepción en la fecha de pago por acuerdo entre las partes, porque -reiterono tienen una relación simétrica y, por tanto, se mantiene un mecanismo o se abre una puerta para que se perpetúe el abuso.

Por otra parte, lamento que el Ejecutivo no se haya allanado a lo solicitado por muchos parlamentarios, en cuanto a que no se puedan descontar del IVA aquellas facturas que se encuentren impagas, y que se haya cambiado por un mero informe a las comisiones de Economía de ambas Cámaras que en su momento hará el Servicio de Impuestos Internos.

Parece justo y razonable que una de las sanciones, entre otras, sea no utilizar como crédito una factura que no se ha pagado. Me parece que esa es una consecuencia lógica. Si no se ha generado el gasto, ¿por qué vamos a premiar, dándole el carácter de crédito para descontar el IVA?

Esta es una de las cuestiones en que el Ejecutivo debió haberse pronunciado de una manera más explícita, y no comparto -no tenemos alternativa, porque es una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo que esto simplemente haya quedado convertido en un informe que tendrán que presentar a las comisiones de Economía de ambas cámaras vía Servicio de Impuestos Internos.

Finalmente, he pedido votación separada para rechazar la supresión de las sanciones que establecía el proyecto de ley aprobado por el Senado en primer trámite constitucional. Es decir, el pago de una comisión fija por recuperación de pagos, cuyo monto era establecido por tramos. Porque si bien se establece una sanción en relación con el interés que devenga la factura impaga, la comisión por tramos era mucho más disuasiva del no pago de las grandes empresas, las que a veces simplemente dejan de cumplir.

Valoro el espíritu del proyecto de ley, pero creo que los cambios que hemos planteado lo mejorarían y, efectivamente, lo convertirían en una ley que respaldaría a nuestras pequeñas y medianas empresas.

He dicho.

-Aplausos.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Sofía Cid .

La señora CID (doña Sofía) .-

Señor Presidente, tras largos quince años, Chile finalmente generará una respuesta pensando en la importancia de las pymes para el país. Si bien el eje de la discusión en el último tiempo ha estado en el plazo máximo para rea1izar el pago, quiero aprovechar esta intervención para destacar aspectos del proyecto en los que no se ha profundizado lo suficiente y también recordar a los colegas que hoy el pago de las facturas es infinito.

En primer lugar, está el efecto para el deudor por no pagar dentro de plazo. No solo se aplicará un interés moratorio, sino que además las deudas con proveedores serán contabilizadas como deuda financiera de la empresa, afectando los índices de riesgo y copando la capacidad de deuda de quien no paga.

De este modo, la empresa grande, que hasta ahora se financiaba dilatando el pago a sus proveedores, verá afectada negativamente sus finanzas.

Un segundo aspecto de gran importancia es la transformación de la guía de despacho en un documento electrónico, que, al igual que la factura, quedará registrada en el Servicio de Impuestos Internos y cuyo plazo de emisión será medible y fiscalizable por dicho organismo.

¿Por qué esto es relevante? Porque en la actualidad el proveedor entrega el producto o presta su servicio contra una guía de despacho y transcurre un amplio, por no decir excesivo, espacio de tiempo hasta la emisión de la factura.

En su actual estado, el proyecto busca generar un verdadero cambio cultural y para ello hace énfasis en cambiar los incentivos, de modo que sea más costoso, en todo el sentido de la palabra, el no pagar oportunamente.

Por esta razón, para seguir generando movilidad social y con la convicción de que se trata de un proyecto que va en la línea correcta, no puedo sino votarlo a favor e invitar a todos mis colegas, diputados y diputadas, comprometidos con las pymes de nuestro país y con la movilidad social, a votarlo favorablemente.

He dicho.

-Aplausos.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN.-

Señor Presidente, intervine en la sesión anterior en que tratamos este proyecto; por tanto, conocen mi opinión respecto de la liquidez en la economía chilena y de la importancia de que haya liquidez, particularmente en las pymes.

Quiero hacerme cargo de algunos puntos que subsisten como motivo de polémica.

En primer lugar, por acuerdo de la comisión y con el apoyo del gobierno, se cambió el nombre al proyecto. Inicialmente, el proyecto tenía un nombre que hablaba de “normas especiales “ para las pymes. El proyecto que hoy someteremos a votación no es de normas especiales, sino más bien de normas generales sobre cadenas de pago y liquidez.

¿Por qué no se pueden establecer normas especiales? Es una pregunta muy relevante que debemos contestar.

Pero sigamos con los puntos polémicos. Dijo bien el diputado Marcelo Díaz que el problema en esta materia es que existe asimetría en la negociación entre las grandes corporaciones y sus proveedoras pymes. En este caso específico, las grandes corporaciones utilizan su poder de negociación en contra de las pymes y establecen condiciones privilegiadas para sí mismas en detrimento de las pymes. ¿Qué significa esto? Que las grandes corporaciones utilizan el capital de trabajo de las pymes para rentar financieramente. Esta es la manera en que las grandes corporaciones se apropian, de alguna manera, de los excedentes que genera la producción de bienes y servicios de las pymes. Por ende, es altamente complejo que dejemos abierta la puerta para un pacto en contrario, es decir, para un pacto que permita pagar más allá de los plazos establecidos por la ley.

Sin embargo -en esto hay que ser justo-, tiene un punto el ministro Valente al decir que también hay muchísimas relaciones económicas de pyme a pyme. Por tanto, también debemos ser conscientes de que un plazo legal no siempre va a favorecer las relaciones económicas entre pyme y pyme. Por ende, si vamos aislando el problema, comprobaremos que el problema real que existe es el de la distorsión, dada la asimetría de la negociación entre la gran corporación y la pyme. Ese es el punto que tocó el diputado Díaz y que debemos discutir. Me parece poco razonable establecer un pacto en contrario que deje la ley como letra muerta.

En tercer lugar, hay un tema con las multas. Las multas deben ser disuasivas y deben invitar a la gran corporación a pagar en 30 o en 60 días, según establezca la ley, y no a utilizar su poder de negociación para perjudicar a las pymes. Por eso las multas deben ser disuasivas. Me parece más razonable lo que ha propuesto el Senado al respecto que lo que hemos trabajado nosotros.

Hay un punto central en la economía comunal de nuestro país. Las municipalidades se han transformado en cajas negras donde las cadenas de pago se rompen. Esto ocurre en las grandes municipalidades y también en las pequeñas. Cuando una municipalidad deja de pagar a sus proveedores, altera todo el campo de la cadena de pagos en la comuna. El endeudamiento masivo que en los últimos 30 años se ha llevado a cabo en las municipalidades de Chile es un atentado contra la economía de las localidades de cada comuna del país.

Por ejemplo, la municipalidad de Valparaíso, que administra el Frente Amplio, con nuestro alcalde Jorge Sharp , que asumió su cargo con una deuda flotante de 70.000 millones de pesos, que corresponden a deudas con el sector salud y con otros sectores municipales, que terminan ocasionando un déficit en la cadena de pagos de esta ciudad, un déficit en la economía porteña. ¿Por qué? Porque la representación del Estado, que es la municipalidad, no colabora con la cadena de pagos y hoy es parte del problema y no de la solución.

En mi distrito, municipalidades como Melipilla, Peñaflor e Isla de Maipo también cargan con pesadas deudas que, comparadas con sus ingresos anuales, no les permiten sustentar los pagos a los proveedores.

Por ende, las municipalidades y el Estado de Chile son parte del problema de la cadena de pagos. Probablemente el sector de las municipalidades y el sector de la salud son los más problemáticos hoy en la economía chilena.

Por eso es muy relevante que las coaliciones políticas, más allá de nuestras diferencias ideológicas, tengamos la capacidad de reformar la manera en que se financian las municipalidades en Chile, porque no solo es un tema de administración, sino de que la cadena de pagos en las comunas más importantes del país se termina rompiendo porque las municipalidades son parte del problema.

Finalmente, el tema del IVA es muy importante. Muchos diputados quieren que las facturas que están impagas no descuenten el IVA. Me parece una idea interesante. Sin embargo, más allá del informe técnico que deberá emitir el Servicio de Impuestos Internos, puede haber un problema de constitucionalidad, porque el principio estructural de la Constitución, que es el de la igualdad en las cargas públicas, podría dar origen a una especie de “téngase presente “ -siguiendo la cadena de Pilar Armanet-, que traería consigo que el retail lleve este asunto al Tribunal Constitucional, y que sea este tribunal el que, por la vía de declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, nos termine botando esta regla.

Por lo tanto, el informe técnico del Servicio de Impuestos Internos también deberá venir con un informe de constitucionalidad. En el fondo, la Constitución nos impide crear normas especiales, porque las normas generales son la única manera de regular este problema.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a todas y a todos los dirigentes de las organizaciones de pymes que se encuentran en las tribunas. Todos ellos merecen un buen proyecto, que de verdad ayude al sector de la pequeña y microempresa, que siempre escucha discursos a su favor, pero muchas veces las prácticas no han sido favorables. En efecto, la ayuda real a la pequeña y microempresa nunca ha sido suficiente para que se convierta cada vez más en un motor de nuestra economía, dada la importancia que tiene en la generación de empleo. Las pymes generan 3.757.433 empleos; el 42 por ciento de sus trabajadores tiene contrato. Un porcentaje elevadísimo de las empresas que existen en Chile constituyen el sector de pequeñas y microempresas.

Por tanto, ayudar a que este sector de la economía se desarrolle, así como también el de las cooperativas y otros actores de la economía social, es absolutamente fundamental.

Dicho esto, me sumo a algunas observaciones que han planteado a este proyecto los diputados Díaz y Garín .

En primer lugar, el plazo de 24 meses en que se dará aplicación al proyecto es demasiado prolongado. Debería establecerse un plazo máximo de un año para que el proyecto entre en vigencia. No hay ninguna razón de peso ni fundamentada para que ese plazo sea tan largo.

En segundo lugar, se hace excepción a muchas empresas del Estado y se da un plazo de tres años para que se puedan aplicar estas medidas, especialmente en el sector salud y en el municipio -lo decía muy bien el diputado Garín -, pero no debería hacerse excepción alguna. Las empresas del Estado deberían ser las mejores pagadoras, las más responsables y las que cumplen mejor con sus obligaciones, tanto con sus trabajadores como con sus proveedores. Eso no está ocurriendo, y en el proyecto se está haciendo una excepción para que no cumplan con las pequeñas y microempresas, tal como se señala en el artículo tercero transitorio.

Por otra parte, creo que es necesario revisar el artículo quinto transitorio, puesto que es demasiado largo el plazo máximo establecido, de doce meses, desde la publicación de la presente ley en proyecto, para que el Servicio de Impuestos Internos presente un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del impuesto al valor agregado en el período tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura. Es necesario disminuir dicho plazo, pues cuanto antes entre en vigencia esta futura ley, mejor será, ya que debiera ser verdaderamente beneficioso para las microempresas y pequeñas empresas.

Por lo anterior, me voy a sumar a las indicaciones que se han presentado en relación con esta materia, especialmente a la petición de discusión separada de algunos artículos, con el objeto de que el proyecto al final sea enviado a Comisión Mixta, instancia que deberá analizarlo para que realmente sea de verdadera ayuda para el sector de las microempresas y pequeñas empresas, en especial para las más pequeñas, que son las que necesitan mayores beneficios.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señora Presidenta, qué duda cabe de que estamos llegando al final de lo que ha sido una larga discusión respecto de un proyecto muy importante en relación con los incentivos económicos de uno de los sectores de nuestro país que requiere mayor empuje, por la importancia y dinamismo en términos de la sinergia que genera en el resto de la economía.

Tal como se ha señalado, qué duda cabe de que en nuestro país las cifras son elocuentes: el 15 por ciento de nuestras ventas, de acuerdo con datos del Servicio de Impuestos Internos en referencia al producto interno bruto, provienen de este sector de la economía, monto que está muy lejos de aquel 50 por ciento de otras economías a las cuales Chile mira con atención como modelo, como aquellas de los países de la OCDE en que la pequeña y la mediana empresa son mucho más gravitantes en materia de empleo, de volúmenes de compras, de ventas y de servicios, lo que demuestra que en nuestro caso se requiere mucho trabajo.

Entendemos que el ministro de Economía, Fomento y Turismo sabe que lo que voy a señalar es prioritario, pero queremos insistir en hacer presente que en un país pequeño como el nuestro, con un mercado de 18 millones de habitantes, seguimos viendo las mismas carencias respecto de la concentración de los grandes grupos económicos en materia de acceso al financiamiento y al capital, y que se requiere una visión de Estado, de apalancamiento particular de una política de largo plazo en esta materia, con el objeto de redistribuir la torta en términos más ventajosos para todos los chilenos.

En el fondo, queremos que haya un verdadero estímulo, un premio al emprendedor, a la meritocracia, al esfuerzo; pero, lamentablemente, los indicadores demuestran que si no hay un cambio regulatorio desde el punto de vista financiero, aquello no es posible.

¡Qué duda cabe respecto del sector bancario! Todos conocemos los ingresos que tiene la banca. No es por estar en contra de ese sector de la economía, pero hay que señalar que eso refleja, en gran parte, que muchos trabajan con recursos apalancados por terceros por la vía del crédito, no con fondos propios.

En consecuencia, proyectos de ley como este vienen a solucionar en parte el corazón del dilema que tenemos en economía, el cual dice relación con la libre circulación de los bienes o servicios, la inmediatez que debe existir entre las cadenas de pago en el país, sobre todo para quienes tienen menor espalda financiera para aguantar un retraso o la dilación en los pagos.

Esperábamos que este proyecto estableciera en serio la fijación de un procedimiento de pago a 30 días, sin mayor dilación; pero nuevamente nos enfrentamos a un período de 24 meses para la plena ejecución de la futura ley. Hasta su dictación se van a permitir pagos de hasta 60 días, en circunstancias de que hoy, a nivel nacional, el promedio es de 49 días. Nos habría gustado que el gobierno se hubiese allanado a un plazo distinto.

En segundo término, queremos ser vehementes en lo que ya hemos señalado respecto de los pactos en contrario.

Si bien en el proyecto se establecen algunas excepciones o cláusulas que igualmente no van a ser válidas a la hora de ser estipuladas en los contratos, en verdad la necesidad tiene cara de hereje. Lo señalo porque, lamentablemente, la excepción va a terminar siendo la regla general, por cuanto estas cláusulas igual pueden quedar establecidas en los contratos, de modo que la única manera de solicitar su nulidad será por medio de una demanda de carácter civil, y todos sabemos la cantidad de años que genera una demanda de acuerdo en nuestro sistema judicial actual. En muchos casos, los tiempos de la economía no son los de la justicia.

En consecuencia, muchas veces pequeños microempresarios van a omitir solicitar el desahucio de dicha cláusula a sabiendas de su ilegalidad, porque todos sabemos que finalmente se debe recurrir a tribunales para solicitar su nulidad, en circunstancias de que lo que se requiere en realidad es un pago con cierta celeridad y apalancar capital, y lo que muchas empresas finalmente hacen es trabajar con dinero de terceros.

Hemos pedido votación separada de esa disposición, porque creemos que tal como lo planteó el Ejecutivo al final será una ventana para la impunidad, por la asimetría de la musculatura que tiene el más grande respecto del más chico, razón por la que en muchos casos esas cláusulas terminarán por transformarse en la regla general.

En tercer lugar, quiero referirme a un punto respecto del que queremos ser majaderos.

En relación con el informe del Servicio de Impuestos Internos, sentimos que se ha hecho mucha pirotecnia, mucho ruido, pero aquello tampoco apunta al otro corazón del proyecto.

Un informe lo puede hacer hoy o mañana el gobierno, o sea, cuando lo estipule. El Servicio de Impuestos Internos y los ministerios de Hacienda y de Economía tienen divisiones de estudios; no se necesita una ley para encargar un informe. No da ni siquiera para un guiño desde el punto de vista fiscal a la posibilidad de utilizar el sistema del crédito fiscal mediante una factura que ha sido emitida y, por tanto, devengada en materia de crédito, de tal manera de obtener liquidez…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señora Presidenta, en primer lugar, saludo a los representantes de gremios y organizaciones de microempresarios y pequeños empresarios presentes en las tribunas.

Se han dado varios argumentos sobre las mipymes que hablan de la cantidad de empleos que generan y de la poca participación que tienen en las ventas, lo que hemos repetido varias veces.

Hay estudios que dicen que gran parte de los emprendimientos mueren o quiebran durante el primer año, principalmente por falta de liquidez. Este proyecto viene justamente a tratar de mejorar ese problema, para que las microempresas y las pequeñas empresas puedan tener liquidez y no quiebren al primer o segundo año.

Lo anterior dio origen a esta iniciativa. De hecho, se leyó que en el Orden del Día se iba a tratar el proyecto que fijaba normas especiales para las pequeñas empresas y que modificaba la ley Nº 20.416, situación que cambió sustancialmente cuando el Ejecutivo empezó a meterle indicaciones. Así, después pasó a ser el proyecto sobre pronto pago y, finalmente, con un fin mediático, lo bautizaron como el proyecto del pago a treinta días.

No obstante, debemos recordar que cuando esta iniciativa partió, el pronto pago sería a sesenta días. De hecho, recuerdo que cuando el ministro de Economía fue a Quinta Normal -mi distritopara lanzar este proyecto, lo que hizo en una panadería, dijo que el pronto pago sería a sesenta días.

Por esa alternativa se la jugaron el gobierno y gran parte de los parlamentarios de su coalición, de Chile Vamos, en la comisión. Ellos votaron por el pago a sesenta días; sin embargo, gracias a la presión que hicieron los gremios de los microempresarios y pequeños empresarios, y a lo que insistimos nosotros desde que empezamos a discutir la iniciativa, en cuanto a que el pago debería ser a treinta días -lo ideal es que el pago sea al contado, pero ya sabemos cómo actúa la gran empresa-, el Ejecutivo se dio cuenta de que no podía seguir con esa farsa del pronto pago a sesenta días y se allanó a bajar el plazo a treinta días.

¿Cuál es el problema? El problema es que tengo una discrepancia con el señor ministro. Creo que no es un buen proyecto, ya que ese plazo entrará en vigencia después de transcurridos dos años desde que se promulgue la ley en proyecto, no obstante que las microempresas y pequeñas empresas llevan toda la vida esperando que les paguen a treinta días. ¿Por qué deben esperar dos años más?

El gobierno no consideró una serie de indicaciones que presentamos, que fueron recogidas de las proposiciones formuladas por los gremios que pasaron por la comisión, vinculadas con que el pago a treinta días debía empezar a aplicarse en forma inmediata, desde que se promulgara la ley.

Otra cosa que pedían las microempresas, pero también quedó fuera, es que el crédito del IVA no debía utilizarse por las empresas que debían el pago de las facturas hasta que se hiciera efectivo ese pago.

También presentamos una indicación para que las microempresas no pagaran el IVA en tanto su factura no haya sido pagada.

Lamentablemente, todas esas indicaciones fueron declaradas inadmisibles y, obviamente, las perdimos. Por eso creo que este no es un buen proyecto. El gobierno podría haber hecho un gesto y habérsela jugado por patrocinar esas indicaciones. A lo que más llegó es a comprometer un estudio, en un plazo máximo de doce meses, del Servicio de Impuestos Internos, que seguramente se transformará en letra muerta, porque es solo un informe, no compromete a que se lleve a cabo. Además, si al final de dos años el pago se llega a realizar a 30 días, esta indicación del crédito del IVA no servirá de nada.

También distinguíamos en cuanto a que este pago debía ser hacia la microempresa, hacia la pequeña empresa, para tratar de asegurar un poquito de simetría, como mencionó el diputado Díaz .

Por lo tanto, en caso de que hubiese resultado ser un avance, en cuanto a que finalmente el pago llegará a ser a treinta días, creemos que las condiciones no son las que corresponden, así es que vamos a pedir votación separada de algunas de las indicaciones, para ver si podemos mejorar un poquito este no tan buen proyecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, estoy absolutamente de acuerdo con el diputado Boris Barrera en cuanto a que este no es un buen proyecto. Señora Presidenta, por su intermedio se lo digo, con toda claridad, al señor ministro.

Quizá porque tenemos más experiencia que usted, ministro, por lo menos en lo que tiene que ver con todas las aristas que puede tener un proyecto de ley y cómo van quedando vacíos, sabemos que esos vacíos finalmente son ocupados, que dejan de ser una excepcionalidad y se transforman en algo rutinario, no en la excepción.

Entonces, uno se pregunta si realmente el gobierno quiere hacer las cosas bien o si quiere hacerlas en forma mediocre. ¿De verdad quiere dar ayuda y respuestas a las demandas de los microempresarios, como corresponde?

Converso mucho con los microempresarios, sobre todo con los pequeños productores agrícolas, y estudio su situación. Aquí se ha hablado fundamentalmente de los pequeños empresarios y microempresarios urbanos, pero no de los rurales, y ¡por Dios que tienen dificultades y problemas que necesitan resolver!

Entonces, ¿sabe una cosa? Esto de que el pago sea a treinta días me parece perfecto, ¡pero no les dé la salida, pues ministro! Esa salida es gratis, y se va a ocupar rutinariamente; no será una excepción, sino la regla general.

Lo que estamos por aprobar es una futura ley sin contenido, porque no tendrá sustancia en la realidad, en el día a día de los microempresarios.

Lo segundo -en esto el diputado Boris Barrera tiene toda la razón, ¡toda la razón! es que no se le puede pedir a un pequeño agricultor que venda sus productos, que incorpore la factura y la declare, porque, como usted sabe, ministro, deberá pagar el IVA sin haber recibido un solo peso. ¡No habrá recibido un peso y tendrá que pagar el IVA!

Uno se pregunta por qué no se establece una excepción y el Servicio de Impuestos Internos…

¡Qué informe, ministro, por Dios! No se necesita ese informe, porque esto tiene lógica, tiene lógica. Si a mí no me llegan los recursos, ¿por qué voy a pagar el IVA? ¿Por qué? ¿Por qué voy a pagar el IVA si no tengo los recursos para eso? ¡Eso es lo que debemos cuestionar aquí! No importa el partido político que representemos o por qué estamos aquí; esto tiene que ver con la lógica. ¿Por qué voy a tener que pagar el IVA si no tengo la plata? ¿Por qué el que emite la factura y que no ha pagado podrá hacer uso del crédito fiscal que da el IVA de esa factura? ¡¿Por qué?!

Hoy, nosotros estamos admitiendo eso aquí. Eso es lo que discuto.

No hagamos cosas que no van a tener sentido para la gente, que no van a tener sentido para los microempresarios, porque lo que va a ocurrir, por su intermedio, señora Presidenta, al ministro… Mire ministro, usted es un hombre inteligente; haga las cosas bien, haga las cosas bien. No diga que va a ser a treinta días si deja un forado que usted sabe perfectamente que no será excepcional. ¡No será excepcional!

¿Por qué usted le dice al microempresario que pague el IVA cuando no ha recibido ni un peso? ¡Ni uno! ¿Y por qué los que aún no han pagado un peso a ese microempresario van a usar el IVA de la factura respectiva como crédito fiscal? ¿Por qué? ¿Por qué?

Entonces, quiero llamar la atención de los diputados y diputadas que están en la Sala y decirles, con todas sus letras, que esto no está bien; lo que estamos haciendo no está bien. Debemos entender que lo que vamos a hacer es crear grandes expectativas que no se verán satisfechas con lo que estamos por aprobar, y me parece que eso no es lo que queremos.

Se perderá el sentido original de la moción, indistintamente de quien la haya presentado, sea de izquierda, de derecha, de centro, del planeta Júpiter o de donde sea.

Que no se engañen los microempresarios que están en las tribunas. No se engañen con esto, porque habrá dificultades, sea que se aprueben treinta, quince días o el día siguiente, porque lo que se plantea como excepcionalidad pasará a ser la regla general. ¡Esa va a ser la regla!

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señora Presidenta, nuevamente nos toca discutir acerca del proyecto de pago a 30 días a las pymes.

Aprovecho estos minutos para recalcar la importancia que tiene la pequeña y mediana empresa en el desarrollo de un país como el nuestro.

Las pymes corresponden al 51,8 por ciento del total de las empresas de nuestro país, y junto con la microempresa, corresponden a casi el 97 por ciento de ellas.

Además, en términos de empleo, aportan con poco más del 45 por ciento de los cupos de trabajo para nuestra gente; es decir, cientos de miles de compatriotas pueden llevar el pan a su mesa desde las pymes. Y somos unos convencidos de que cuando estas empresas salen adelante, es Chile el que avanza y crece.

Ahora bien, si entendemos que las pymes son sumamente importantes para el desarrollo de nuestra economía, ¿cuál es el afán de los gobiernos de proteger a los poderosos y desamparar a los más débiles?

En las últimas décadas hemos sido testigos de perdonazos de multas a grandes empresas, como a La Polar o Johnson, para cuidar los supuestos empleos que generan, pero no existe ninguna compasión con el pequeño empresario.

¿Queremos verdaderamente cuidar los emprendimientos en nuestra patria? ¿En serio que nos importa el empleo de nuestra gente o son solo lindas palabras para cautivar votantes o subir en las encuestas?

Vayamos un poco más allá. Las micro, pequeñas y medianas empresas pagan proporcionalmente mayores impuestos por sus ganancias, los que incluso terminan asfixiándolas, mientras que las grandes empresas los eluden y evaden a través de mecanismos legales que lo permiten.

¿Quieren que creamos que desean fortalecer el emprendimiento, en circunstancias de que siempre se ponen del lado de los poderosos y de sus amigos de la bolsa?

Justo este año las grandes empresas se verían obligadas a pagar impuestos, emparejando un poco más la cancha; pero este gobierno nos presenta una reforma tributaria que irá en la dirección opuesta, para proteger nuevamente a la gran empresa, que es la que menos aporta al desarrollo del país. ¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo?

Las barreras que tienen las pymes son mucho más estructurales que solo el pago a 90 y a 120 días, pero no nos perdemos, ya que este proyecto, que busca acortar claramente los plazos de pago a 30 y 60 días en el sector privado y público, será una solución para que muchos de los que crean empleos en Chile no tengan que pedir créditos para subsistir hasta que se realice el pago, lo que los asfixia monetariamente.

Nos hubiera gustado que el proyecto se hubiese fundamentado en la existencia de una asimetría enorme de poder en las relaciones entre las grandes empresas y las pymes. ¡No me vengan a decir que la negociación que se hace con una pyme es la misma que se lleva a cabo con las multinacionales gigantescas que hacen lo que quieren!

Toda esta normativa debió estructurarse sobre la base de la premisa de proteger a las empresas y no dejar espacios para la negociación entre estas, porque las pequeñas empresas no tienen ningún elemento ni recursos para desarrollar esa negociación.

Por medio del proyecto, el Ejecutivo quiere hacernos creer que está del lado de los pequeños y microempresarios, que quiere fomentar el desarrollo del país y que está de parte de nuestra gente; pero no es así. ¿Cómo podemos creerle a un Presidente que fue dueño de LAN y de Chilevisión, y es uno de los empresarios del país con mayor riqueza basada en la especulación financiera?

El Presidente está del lado de los grandes empresarios, porque es uno de ellos. Y seamos honestos, no es que haya partido de cero como la mayoría de los dueños de las pymes; si no lo creen, pregunten en Talca.

Cuando las grandes empresas hacen lobby y usan sus influencias en la agenda política y pública, cuando las empresas se salen con la suya después de saltarse las leyes, cuando las grandes empresas financian, incluso ilegalmente, a muchos de los que están sentados aquí para que legislen en favor de ellos; en definitiva, cuando existe un poder en las sombras que hace lo que quiere, créanme que se torna muy difícil construir patria para todos los chilenos y chilenas que se levantan al alba para echar a andar sus proyectos de vida y sus sueños de un negocio que contribuirá al desarrollo del país, mucho más que aquellos multimillonarios que dicen controlarlo todo.

Finalmente, hago un llamado a quienes nunca han querido subir el sueldo mínimo, para no afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas, a protegerlas ahora y potenciarlas a través de medidas más estructurales, que vayan al fondo de las barreras con las que se enfrentan a diario.

Llamo a todas las parlamentarias y parlamentarios a ponernos del lado de los emprendedores honestos, que ayudan a tener mayor crecimiento económico en nuestro país, y no a los especuladores que poco nos han aportado.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Galleguillos .

El señor GALLEGUILLOS.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a quienes se encuentran en las tribunas y a todos los dueños de micro, pequeñas y medianas empresas que están viendo esta sesión en todo el territorio nacional, que son uno de los ejes centrales del motor productivo y laboral de nuestro país.

Mediante este proyecto se busca terminar con la angustiosa situación que viven muchas de las mipymes de Chile.

En efecto, la Ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para Empresas de Menor Tamaño, no contempló originalmente ciertas protecciones para ese tipo de empresas, como un plazo para el pago de la venta de bienes o servicios por parte de las pymes, quedando estas, en la gran mayoría de los casos, al arbitrio del adquirente o comprador de esos bienes o servicios, que normalmente es otra empresa de gran tamaño o alguna institución de derecho público, como una municipalidad.

Esta realidad ha llevado a muchas mipymes a la quiebra o insolvencia. Es más, algunas cifras hablan de una supervivencia de, a lo sumo, dos años, porque las mipymes también deben cubrir gastos inmediatos, como remuneraciones o adquisición de materias primas, por lo que, debido al no pago del comprador de sus productos o servicios en un tiempo razonable, se ven obligadas a recurrir al endeudamiento en la banca con altos intereses, los que terminan por absorber sus utilidades, o deben recurrir a recursos provenientes del bolsillo de cada micro, pequeño o mediano empresario.

Existen casos en que el pago de los adquirentes de bienes o servicios se demora 180 días o más, lo que constituye un abuso en contra de quien debe mantener su pyme. Adicionalmente, afecta la contabilidad, programación, estabilidad y certeza económica de la pyme y de sus trabajadores, quienes no saben cuándo obtendrán los recursos por bienes o servicios que ya fueron vendidos.

Si consideramos que sobre el 98 por ciento de las empresas en Chile son mipymes y que ellas aportan formalmente sobre el 40 por ciento de los empleos, es claro que este tema afecta al país completo.

El proyecto representa una oportunidad de avance en la protección de las pymes, pues busca poner un plazo máximo de 30 días corridos para el pago de los bienes o servicios; además, regula el no cumplimiento de este plazo, al establecer intereses por morosidad, y protege también a la pyme de las cláusulas abusivas que puedan ser incluidas en los contratos de venta o suministro de bienes o servicios, entre otras medidas.

Muchos no están de acuerdo con el plazo y algunos estiman que debiera ser de 30 días; sin embargo, debemos legislar con responsabilidad, tomando también en consideración todas las experiencias internacionales, que nos dicen que establecer plazos tan cortos desincentivaría la compra de bienes o servicios de las mipymes puesto que igualmente no cumplirían estos plazos y los intereses serían insostenibles. En definitiva, debemos legislar con realismo y mesura.

Una vez que el proyecto se convierta en ley, irá en directo beneficio de las empresas proveedoras, que son las mipymes, las cuales, desde esta modificación legal, podrán organizar su contabilidad y economía de mejor manera, aferrándose a los plazos que se imponen y, a su vez, utilizando las herramientas legales para que su emprendimiento no se vea afectado en caso de incumplimiento por quien adquiere esos bienes o servicios.

En consecuencia con lo dicho, aprobaré la iniciativa.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señora Presidenta, hace unas semanas manifesté que el presente proyecto constituía una señal clara del gobierno del Presidente Piñera para generar en nuestro país mejores condiciones en la protección de la clase media, en particular de nuestras pequeñas y medianas empresas. En ese sentido debemos entender este proyecto de ley, así como otras iniciativas propuestas por el Ejecutivo.

Ayer mismo, en cadena nacional, su excelencia el Presidente de la República anunció la presentación de una reforma tributaria, cuyo objetivo es aliviar la situación apremiante que viven las empresas, lo que constituye una señal clara y precisa de esta administración en materia de defensa y protección de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Según un estudio realizado en conjunto por la OCDE y la Cepal, las políticas de apoyo a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas en América Latina pueden contribuir a elevar la productividad y a permitir a las mipymes aportar en forma significativa al PIB nacional. Hoy en día, las grandes empresas producen el 70 por ciento del PIB regional, mientras que el promedio de la OCDE es de un 40 por ciento.

El acceso al crédito por parte de las micro y pequeñas empresas es significativamente menor que el de las medianas y, obviamente, que el de las grandes empresas. En ese sentido, podemos estar satisfechos, puesto que prontamente se establecerán, como nunca antes, mecanismos de protección para este importante segmento de nuestra economía en lo que respecta al pago oportuno de las facturas emitidas por la prestación de bienes o servicios, escenario que en la actualidad está lleno de ambigüedades, fraudes a la ley, incumplimientos y cláusulas exorbitantes en favor de uno de los contratantes.

Concretamente, se estableció que la legislación regirá para todos, ya sean empresas privadas o el Estado. Incluso, el plazo de pago por parte del Estado es menor.

Por lo indicado, y luego de su paso por la Comisión de Economía, el proyecto de ley fue sometido a una depuración en ciertas materias que era necesario clarificar, particularmente en los siguientes puntos:

El proyecto aprobado en segundo trámite reglamentario por la Comisión de Economía establece un plazo de 30 días para el pago de las facturas. Sin embargo, en los primeros 24 meses el plazo será de 60 días. La lógica de esta transición dice relación con que el proyecto es común a todas las empresas, y no solo a las de mayor tamaño, por lo que se estima que las medianas y pequeñas empresas tendrán dificultades importantes para pagar a 30 días. Además, la experiencia comparada europea así lo ha demostrado.

En el caso de la posibilidad de extender el plazo de común acuerdo, esto se realizó para no rigidizar en extremo el mercado, considerando la especificidad de ciertas actividades. Además, se incorporan limitaciones al acuerdo que extiende el plazo (debe ser por escrito y hay cláusulas que no producen efecto) y, vía indicación, se estableció la excepcionalidad de la medida.

En materia del crédito fiscal IVA, lo único que pudo incorporarse fue un artículo transitorio que señala que el Servicio de Impuestos Externos debe emitir, en un plazo máximo de 12 meses -eran 24 inicialmente un informe de factibilidad de implementar la medida.

Así las cosas, el proyecto que estamos debatiendo busca solucionar un conjunto de inconvenientes que experimentan las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. En ese sentido, la iniciativa es histórica, porque como nunca el Parlamento y el gobierno han promovido una legislación protectora de los pequeños emprendedores, lo que sin duda traerá a Chile mayor prosperidad, crecimiento y desarrollo, que es lo que en definitiva reclama y espera nuestro país de sus autoridades.

Dicho eso, nos encontramos ante una iniciativa robustecida en muchos aspectos, que en términos generales vigoriza aún más la posición de los prestadores de servicios, por lo que anuncio mi voto favorable.

Las pymes no pueden seguir esperando y no viven de la demagogia política.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señora Presidenta, las pymes operan como bancos de las grandes empresas, pues, en la práctica, les prestan dinero sin cobrarles intereses, y lo peor es que, para hacerlo, se ven obligadas a pedir créditos a los bancos, los cuales, por supuesto, cobran un interés particularmente alto cuando se trata de una pyme. Eso ocurre cuando vendes hoy y te pagan en 60, 90, 120 o más días. Esto es precisamente lo que quiere terminar el proyecto impulsado por el entonces senador Tuma y otros, recogido por el Ejecutivo, pero me temo -lo digo derechamente que existe el alto riesgo de que este proyecto corra la misma suerte que iniciativas anteriores que no tuvieron el impacto buscado.

¿Por qué planteo este temor? Primero, porque la ley contempla una excepción, pero sin señalar las condiciones excepcionales, es decir, deja abierta la posibilidad de fijar plazos superiores, bastando solo el acuerdo de las partes. Por eso, me sumo a la petición de votación separada, porque una empresa grande puede imponer fácilmente a una pequeña “un acuerdo de las partes”.

Segundo, porque continúa permitiendo descontar el IVA sin haber pagado la factura, y todos sabemos que este sería el único incentivo real para pagar. Establecer en la ley un año para que el Servicio de Impuestos Internos recién informe sobre la posibilidad de incorporar esta medida es muy poco. Distinto sería que en un año, o incluso en dos años, se comenzara a aplicar la prohibición de descontar el IVA.

Tercero, porque no se estableció un castigo pecuniario mayor cuando la demora supera los 90 días. Allí debiéramos aplicar la tasa máxima de interés convencional, porque son precisamente esas demoras las que terminan quebrando a las pymes.

Por último, ¿qué debe hacer una pyme urbana o un agricultor para que la gran empresa, cuando se atrase, le pague los intereses sobre la factura? ¡Debe interponer un recurso judicial! Pero ¿qué productor de uva va a querellarse contra la viña Concha y Toro porque no le pagaron a tiempo su producción? ¿Qué proveedor del retail va a presentar un recurso contra su comprador a riesgo de que este la haga desaparecer de los registros?

Ministro, hay que hacer tecnológicamente posible que el Servicio de Impuestos Internos cobre directamente los intereses por mora y los ponga a cuenta de los impuestos de la pyme. Hay que avanzar, pero debemos votar en contra de la excepción por solo acuerdo de las partes, y señalar desde ya nuestro compromiso para que rápidamente se prohíba descontar el IVA a los que no hayan pagado sus facturas y avanzar también para que las pymes no tengan que querellarse ante la justicia para hacer cumplir esta ley.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señora Presidenta, felicito a la Comisión de Economía, de la cual formo parte, por haber hecho un debate en profundidad sobre un proyecto que descansaba desde hace muchos años en el Senado, ya que no se había logrado el acuerdo para sacarlo adelante. Agradezco también la posibilidad de trabajar con el ministro, a veces con discusiones fuertes, y otras, con acuerdos rápidos.

¡Así se vive la democracia en las comisiones para llegar a acuerdos! Durante tres meses trabajamos en esta moción y se dio un paso tremendamente importante. Ya lo decía el ministro: desde hace 15 años que las pymes están esperando esto. Este es un paso importante, pues el proyecto original contemplaba un plazo de pago de las facturas de 60 días, que bajaba a 45 días en un año, y a los tres años el plazo sería de 30 días. Se logró modificar eso para pasar directamente de sesenta a treinta días.

Aquí se ha hablado de una asimetría que afecta a la pequeña empresa, pero también existe una asimetría al revés. Por ejemplo, hay mueblistas cuyos proveedores son grandes empresarios. Esos mueblistas a veces se “stockean “, esto es, no pueden vender toda su producción y, por lo tanto, no pueden pagar a treinta días al gran empresario. ¿Qué va a hacer el grande? Va a presionar al chico para que le pague a treinta días. Por eso se necesitan dos años para que el pequeño pueda tener los flujos adecuados y conocer su negocio de una manera impecable para pagarle al proveedor grande.

Como digo, aquí la asimetría no solamente se produce del grande al chico, sino también de pequeños empresarios a grandes proveedores.

Por lo tanto, creo que es un proyecto que termina de manera redonda, porque las guías de despacho antes podían emitirse en formato papel y hoy podrán despacharse en forma digital, igual que la factura. Eso genera una tranquilidad para aquel que va a facturar, porque después va a quedar a firme. Como se ve, el proyecto está hecho para que el flujo corra hacia la pequeña empresa y esta pueda destinarlo a pagar las remuneraciones como corresponde.

En cuanto a los intereses, como dicen algunos parlamentarios, hay un tema que debemos manejar un poco más, porque el chico no va a poder cobrar intereses al más grande, y ahí puede abrirse una puerta a un próximo estudio.

Algunos parlamentarios de Renovación Nacional creemos que el plazo que se puede establecer de común acuerdo y que excede los treinta días se debería estudiar en un tiempo prudente, que puede ser un año. Creo que no se puede aceptar que los grandes extorsionen a los chicos diciéndoles que si no aceptan el plazo de pago entonces se abre la puerta, porque hay otros veinte emprendedores esperando.

Me parece bien lo relacionado con el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de bajar el plazo de 36 meses a un año para que emita un informe de que el IVA crédito no sea usado por las empresas que no hayan pagado el IVA.

Creo que ahí va a estar completamente redondo este proyecto de ley, que, junto con lo que anunció el Presidente Sebastián Piñera anoche, va a generar mucho más inversión que la que ya está generando. Debemos recordar que con el solo anuncio hecho por el Presidente Sebastián Piñera llevamos 7,1 por ciento de aumento de inversión y 5,3 por ciento de crecimiento.

Por lo tanto, vamos adelante, porque vienen tiempos mejores para Chile.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señora Presidenta, es muy bueno contar con un proyecto que regule el tiempo de pago de las facturas. Sin embargo, he sido testigo de que la demora en el pago a algunos microempresarios ha llegado incluso a ciento ochenta días. Eso es lo que han tardado en pagar determinadas cadenas de supermercados, algunos municipios y servicios públicos. Dada la burocracia que existe, la mayoría no paga a tiempo y excede hasta en más de un año el pago de facturas.

Es bueno citar la reactivación de la economía y el mejoramiento de las arcas fiscales; pero ese no es el tema de la convocatoria. Sí podría serlo el tiempo que demoran las isapres en pagar a los hospitales.

Quiero poner énfasis en un aspecto, y pido que el ministro lo considere.

Acá se legisla en términos generales, para todo el país; pero quiero poner el ejemplo de la Región de Arica y Parinacota, que represento, región extrema ubicada a 2.000 kilómetros de cualquier proveedor. Allá es el microempresario el que se lleva la carga financiera de su proyecto, y espera que se le pague. A eso se suma también -por eso he citado a los microempresarios de mi región el tiempo ocupado en transporte de mercaderías desde Santiago hacia Arica.

Como si fuera poco, tenemos competencia con Tacna, donde, obviamente, las microempresas cuentan con mucho más subsidios y facilidades para producir. Esa realidad no la tienen otras regiones del país.

Ya se aprobó esta iniciativa en general, pero no nos parece justo, por más argumentos que se den, que durante los primeros veinticuatro meses de vigencia de la ley el plazo máximo de pago sea de sesenta días corridos contados desde la recepción de la factura. Al final, ello resulta contradictorio con el hecho de hablar de una agenda corta de reactivación de la economía, anunciada por lo demás por cadena nacional.

Repito: no es lógico que se deba esperar dos años para que se pueda normalizar el vínculo financiero entre grandes y pequeñas empresas.

Debemos recordar que a esta iniciativa todavía le faltan trámites legislativos, más los dos años que acabo de señalar. Por lo tanto, esto va a entrar en vigencia en tres años más, cuando haya terminado este gobierno.

Insisto: esto no me parece justo. No solo un grupo debe hacer los sacrificios, sino todos los actores involucrados.

Solicito que la Cámara de Diputados vote en contra lo relacionado con los veinticuatro meses.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señora Presidenta, las pymes y las minipymes nacen, en su mayoría, como un sueño personal, y con el tiempo se transforman en un sueño familiar. Por eso son tan importantes en la economía de la familia y en la economía de la nación.

En nuestro país las pymes, pequeñas y medianas empresas, generan una gran cantidad de trabajo. Hay que señalar también que los dueños de las pymes trabajan más y hacen un mayor esfuerzo, pues, como se dice, son trabajadores 24/7.

Pero esos sueños a veces son truncados, porque el sistema neoliberal impuesto hoy en Chile es la ley del más fuerte. Por lo tanto, las grandes empresas transnacionales presionan y pagan cuando quieren las deudas que tienen con las pymes que les prestan servicios.

Días atrás me reuní con algunos representantes de las pymes en la Región de Aysén, los cuales están muy esperanzados con este proyecto, porque en muchos casos las empresas no pagan en forma puntual. Por ejemplo, las salmoneras en la Región de Aysén pagan a sesenta o noventa días; las mineras pagan a sesenta o noventa días; los grandes ganaderos pagan al pequeño campesino cuando quieren.

Por lo tanto, los pequeños y medianos empresarios de la Región de Aysén ven este proyecto de ley con mucha esperanza. Entienden -lo han analizado que tiene algunas falencias que se han manifestado en esta Sala, pero lo fundamental es la propuesta de fondo que aquí se hace.

En consecuencia, obedeciendo el mandato que me dieron los habitantes de la Región de Aysén y la petición que me han hecho mayoritariamente los pequeños y medianos empresarios de mi tierra, anuncio mi voto a favor del proyecto. Espero que podamos subsanar las falencias en el más breve plazo.

He dicho.

El señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señora Presidenta, he escuchado algunos discursos sobre este proyecto de ley que llaman la atención.

Lamentablemente, no está presente la diputada Alejandra Sepúlveda , que siempre nos llama la atención, porque en esta oportunidad yo quería llamarle la atención, ya que probablemente el gobierno de Sebastián Piñera ha sido el que más ha hecho por los emprendedores, por los pequeños y medianos empresarios.

En ese sentido, quiero preguntarle qué hizo el gobierno de la Presidenta Bachelet por los pequeños y medianos empresarios. Yo voy a responder: una reforma tributaria que los ahoga, que los llena de trámites y que simplemente no los deja emprender. Eso aportó el gobierno de la Presidenta Bachelet a los pequeños y medianos empresarios. Por esa razón, quería llamarle la atención a la diputada Sepúlveda .

En segundo lugar, este proyecto de ley representa fuertemente el mensaje del Presidente Piñera , cual es que cada uno de nosotros sea el dueño de su futuro y emprenda para ser mejor en la vida.

Este proyecto de ley de pago a treinta días, más la reforma tributaria y la agenda de productividad que estamos impulsando, es un mensaje claro para los pequeños y medianos empresarios, que son, como todos han dicho, los generadores del 80 por ciento del trabajo de este país.

Por esa razón, señora Presidenta, por su intermedio quiero decir al ministro que estoy muy contento por la gestión que están llevando con respecto a los pequeños y medianos empresarios, porque, además, soy hijo de un pequeño y mediano empresario, al cual he visto toda la vida levantarse muy temprano en la mañana y acostarse muy tarde en la noche para sacar adelante su negocio y su familia.

Eso tiene que ver con el mensaje que toda la centroderecha genera al país: de esfuerzo y de trabajo, que son las únicas formas de salir del subdesarrollo y de llegar al progreso. Por eso estoy muy contento.

En relación con los detalles del proyecto, como soy hijo de un emprendedor, me tocó acompañarlo en ese trabajo y llamar por teléfono a las grandes empresas para preguntar si había o no cheque ese mes para el pago. Hice ese trabajo durante más de dos años; por consiguiente, entiendo lo que vive cada uno de los emprendedores de este país cuando no les pagan.

Lo que hoy se está haciendo es dar justicia a los pequeños y medianos empresarios de este país; lo que hoy se está haciendo es equilibrar la balanza. No tengo dudas de que este proyecto de ley va a generar una ola de emprendimiento en el país.

Estas nuevas condiciones van a hacer que otras personas decidan tomar el riesgo de ser emprendedores. Ser emprendedor no es fácil, pues significa tomar riesgos, dejar la comodidad a un lado y enfocarse en lo que uno quiere en la vida.

Por lo tanto, este proyecto de ley va a generar una ola de emprendimiento en este país, que la matriz de productividad sea diversa y que podamos salir de la estructura económica que tenemos hoy, que solo está concentrada en los recursos naturales.

Por eso, llamo a toda la Cámara de Diputados a entender este proyecto, a estudiarlo profundamente, a entender que el gobierno del Presidente Piñera ha puesto a los pequeños y medianos emprendedores por delante, y a estar contentos y felices porque, de una vez por todas, se está legislando por los pequeños y medianos emprendedores. En 15 años no se había hecho una reforma ni construido una política pública que impulsara el emprendimiento como lo hará este proyecto de ley.

Por lo tanto, adelanto mi voto a favor de este proyecto y también el apoyo de Renovación Nacional, que ha sido un actor relevante para ir mejorándolo todos los días. Este proyecto de ley no tiene que ver con eslóganes vacíos, sino con el convencimiento de que los pequeños y medianos empresarios son los motores del crecimiento del país.

He dicho.

-Aplausos.

El señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señora Presidenta, qué duda cabe de que hoy las pequeñas y medianas empresas son aquellos emprendedores que día a día entregan mucho trabajo y son los motores de la economía.

Qué duda cabe de que, en cada una de las comunas que representamos, la generación de empleos y de riqueza -este círculo virtuoso de la economía está en manos de los pequeños emprendedores; pero, también, qué duda cabe de que muchos grandes empresarios se aprovechan y ahogan constantemente estos emprendimientos.

Podemos decir que este proyecto de ley, interesante e importante, no nació en un mensaje del Ejecutivo, sino en una moción. Señora Presidenta, por su intermedio digo esto al colega Torrealba , que nos pidió estudiar más a fondo el proyecto de ley. Claramente, le quedó pendiente ese tema.

Por otra parte, pido conocer el proyecto de ley de reforma tributaria que ayer el Presidente anunció de manera bastante genérica, para saber cuáles son las grandes virtudes que el diputado Torrealba nos acaba de señalar. Me gustaría conocerlo más a fondo y ver esas grandes virtudes, cuestión que todavía no conocemos.

Claramente, este proyecto de ley empieza a entregar mayor certeza jurídica en término de las facturas. El tema de la inoponibilidad para los cesionarios de las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas es algo positivo.

También se fija un plazo máximo de ocho días para rectificar la factura y se entregan más herramientas a nuestros pequeños emprendedores para tener la seguridad del pago.

Pero también debemos decir que este proyecto de ley tiene muchos problemas que, en definitiva, pueden abrir la puerta para que sigan ocurriendo hechos que día a día ahogan a nuestros pequeños emprendedores.

Hace un tiempo, cuando era concejal, conocí a un pequeño emprendedor de la comuna de Valdivia, que distribuía suministros y productos a un gran supermercado de la comuna, quien me contó lo que le tocaba vivir. Me dijo: “Sabe, concejal, yo tengo que entregar los productos a la hora que el supermercado me pide, tengo que sacar los productos que el dueño no quiere que yo tenga en su supermercado, y tengo que recibir el pago cuando el supermercado me quiera pagar; pero también tengo que pagar a mis trabajadores, tengo que pagar los impuestos y tengo que pagar el IVA de la factura ya emitida”. ¡Esa historia se repite día a día! Pasa con ese pequeño emprendedor que entregaba sus productos a un supermercado, quien no podía decir que no, porque si lo hacía, se le cerraban las puertas de ese supermercado y no podía seguir vendiendo.

¿Qué pasa con aquellos emprendedores que prestan servicios a las entidades públicas?

¿Qué pasa con los emprendedores que prestan pequeños servicios a las municipalidades?

Creo que a todos nosotros nos ha tocado escuchar a muchos emprendedores decir que llevan más de seis meses con sus facturas impagas y que no pueden ejercer ningún tipo de acción, porque es imposible negociar entre entidades absolutamente asimétricas.

En ese sentido va mi primera objeción.

El proyecto de ley, que establece en general el pago a 30 días, abre la puerta para que, por acuerdo entre las partes, dicho plazo se pueda extender. ¿Pero qué acuerdo puede existir si existe esa asimetría negociadora? ¿Qué acuerdo puede existir entre ese pequeño productor y ese gran supermercado?

Lo cierto es que cuando se establece este tipo de excepciones, la empresa grande es la que define los plazos; por tanto, tendremos un contrato por adhesión. Abrir esta excepción implicará que la excepción será la regla general. No me diga que no, ministro, porque bien sabe que, cuando se enfrenta a un pequeño productor o a una pequeña empresa, la empresa grande, que tiene gran poder de negociación, es la que impondrá las condiciones y los términos, o le dirá: “Si usted no quiere negociar conmigo, busque otro comprador; o acepta o acepta “. Es lo mismo que les ocurre a muchos consumidores con las diferentes grandes empresas de nuestro país.

Al establecer esta excepción, estamos fijando una nueva regla general. Por lo tanto, el plazo establecido se hace ilusorio.

Señor ministro, otra excepción bastante compleja es abrir la puerta a la mora o al retardo en el pago. La aceptaría siempre y cuando la mora fuera más castigada, porque si establecemos un interés corriente en los casos de mora y retardo, estaremos incentivando la mora y el retardo. Considero que aplicar mayores límites a la mora sería muy importante.

Respecto del sector público, encuentro excesivo aplicar la futura ley 37 meses después de su publicación a las facturas emitidas por empresas pequeñas, y 12 meses después a las facturas sin distinción de emisor.

El proyecto contiene normas importantes para las pequeñas empresas, pero claramente tiene grandes deficiencias, que no es posible enfrentar…

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Economía, Fomento y Turismo, presente en la Sala.

Anteriormente me pronuncié totalmente a favor de este proyecto, pues representa un paso más en el gran esfuerzo desplegado por nuestro gobierno para desterrar la pobreza y reactivar la economía, que tan deteriorada ha quedado producto de reformas que probadamente no estuvieron bien diseñadas y que hoy pasan la cuenta a los más necesitados del país y a los emprendedores, que con gran esfuerzo sacan adelante a sus familias y dan empleo a gran cantidad de personas, cuya fuerza laboral, naturalmente, no puede ser absorbida solo por los grandes conglomerados.

El artículo quinto transitorio, aprobado por la Comisión de Hacienda, reduce el plazo de la presentación del informe por parte del Servicio de Impuestos Internos a 12 meses, lo que me parece de una total pertinencia.

Por ello, apoyo su aprobación.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, desde que se presentó el primer informe en la Sala hasta hoy que se trata el segundo, debemos reconocer que el proyecto ha tenido mejoras significativas; sin embargo, y si bien es un paso importante, creemos que todavía adolece de algunos inconvenientes.

Quiero decirlo de manera muy clara: el hecho de que en algún momento se estableciera en el proyecto un plazo de pago de 30 días y no de 60 días, como quería al comienzo el Ejecutivo, es un logro importante y una gran victoria de las pymes, pues fueron ellas las que obligaron al gobierno a modificar su postura.

Pero queda una gran interrogante: ¿podemos decir realmente que esta futura ley es de pronto pago, de pago oportuno, o de pago a 30 días propiamente tal? Quiero ser muy preciso y lo digo con mucho fundamento: aún no podemos afirmar aquello, porque sigue quedando establecido un plazo superior a 30 días si excepcionalmente entre las partes llegan a un acuerdo en ese sentido. Es decir, en este proyecto estamos estableciendo una letra chica que permitirá que las grandes empresas, en reiteradas ocasiones, puedan modificar el plazo de pago de 30 días.

Por eso las pymes siguen insistiendo. Espero que cuando discutamos y votemos en particular el proyecto, la Sala sea coherente, incluso con el propio nombre del proyecto, porque el nombre del proyecto también se modificó; ahora se llama “de pago a 30 días “. Pero, curiosamente, en el articulado del proyecto, se borró con el codo el pago a 30 días, al estipularse que entre las partes se puede negociar un plazo mayor.

Por eso, hemos presentado una indicación para que verdaderamente el plazo sea de 30 días y no exista ninguna posibilidad de que entre las partes, de manera asimétrica, desigual, puedan concordarse excepcionalmente plazos mayores. Como lo hicimos cuando se discutió el primer informe, volvemos a manifestar que ello es fundamental para subsanar una de las mayores dificultades que tiene el proyecto.

Por otra parte, también considero importante que se restablezcan, como venía el proyecto desde el Senado, reales incentivos para el plazo de pago en 30 días y sanciones que obliguen a las empresas a actuar con prontitud. Lamentablemente, el Ejecutivo presentó una modificación que elimina esta posibilidad planteada por el Senado.

De igual manera, el ejecutivo no incorporó una norma que señale que no se puede descontar IVA por las facturas que se encuentren impagas ni preceptos relacionados con el cambio del sujeto de IVA en esta clase de operaciones.

Disposiciones de esa naturaleza se consideran elementos fundamentales para garantizar el pago oportuno, pues se requiere un incentivo económico para que las empresas paguen esas facturas en el tiempo estipulado y no a través de acciones o comportamientos arbitrarios, impositivos o fuera del real sentido de este proyecto, ya que eso terminaría por transformar su objetivo: el establecimiento de una nueva forma de relación entre pequeñas y grandes empresas, a las que se trata de no perjudicar.

Por último, quiero reiterar que si queremos ser coherentes con la lógica y las ideas matrices del proyecto, es importante rechazar la norma excepcional que permite que entre las partes se pueda convenir un plazo mayor a 30 días.

He dicho.