Labor Parlamentaria

-Del diputado señor Fuenzalida, don Juan , por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 23 de septiembre de 2018, para dirigirse a Centroamérica.

-Del diputado señor Jürgensen por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 14 de septiembre de 2018,

-Del diputado señor Pérez, don Leopoldo , por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 14 de septiembre de 2018, para dirigirse a Europa.

-Del diputado señor Santana, don Alejandro , por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 14 de septiembre de 2018, para dirigirse a Estados Unidos.

-Del diputado señor Carter por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 14 de septiembre de 2018, para dirigirse a Estados Unidos.

-Del diputado señor Castro, don José Miguel , por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 21 de septiembre de 2018, para dirigirse a Estados Unidos.

-Del diputado señor Macaya por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 15 de septiembre de 2018, para dirigirse a España.

-Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Boric , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de catorce días, a contar del 20 de septiembre de 2018.

-Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Bianchi , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de tres días, a contar de hoy, 25 de septiembre de 2018.

-Del diputado señor Urruticoechea , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión especial celebrada el día 13 de septiembre de 2018, por impedimento grave.

-Del diputado señor Fuenzalida, don Juan , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones que se celebrarán entre el 25 y el 27 de septiembre de 2018.

-Del diputado señor Kuschel , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2018, por impedimento grave.

-Del diputado señor Jiménez , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, los días 20 y 21 de septiembre de 2018.

-Del diputado señor Macaya , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, el día 13 de septiembre de 2018.

-Del diputado señor Rocafull , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la Corporación, informa la participación en una actividad oficial con el Presidente de la República el día de hoy, 25 de septiembre de 2018.

-Del diputado señor Pérez, don Leopoldo , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, entre el 25 y el 27 de septiembre de 2018.

-Del diputado señor Castro, don José Miguel , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, entre el 25 y el 27 de septiembre de 2018.

-Del diputado señor Santana, don Alejandro , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, entre el 25 y el 27 de septiembre de 2018.

-Del diputado señor Macaya , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones que se celebrarán entre el 25 y el 27 de septiembre de 2018, por impedimento grave.

-Del Jefe de la Bancada de Diputados del Partido Socialista por la cual informa que los diputados señores Espinoza y Rocafull integrarán la Comisión Especial Investigadora de los actos del Ministerio del Interior y Seguridad pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, con ocasión del denominado “Caso Harex”, correspondiente a la desaparición del joven Ricardo Harex González , acaecida en 2001, en la ciudad de Punta Arenas (CEI 10).

- Que acredita que el diputado señor Velásquez, don Pedro , ha justificado su inasistencia a las sesiones comprendidas entre el 5 y el 6 de septiembre de 2018, por impedimento grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités Parlamentarios.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Mario Venegas y con la asistencia de la diputada señora Hoffmann y de los diputados señores Berger , Celis, don Ricardo ; Cruz-Coke , Hirsch , Ilabaca , Núñez, don Daniel ; Pérez, don José ; Urrutia, don Ignacio , y Walker , acordaron por unanimidad lo siguiente:

1.Formar la tabla de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento.

2.Postergar la sesión especial pedida para mañana miércoles, que tiene por objeto “analizar los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua, Venezuela, México y Colombia”, para una fecha próxima.

3.Guardar un minuto de silencio, en la sesión de hoy, por los sensibles fallecimientos del exdiputado señor José María Hurtado-Ruiz-Tagle y del destacado músico y premio nacional de artes musicales don Vicente Bianchi , recientemente fallecidos.

4.Guardar un minuto de silencio, en la sesión de mañana, por el sensible fallecimiento del funcionario de Carabineros sargento Raúl Yáñez .

REUNIÓN DE PRESIDENTA Y PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN CON SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El señor LANDEROS (Secretario).-

Por último, por especial encargo de la Presidenta de la Cámara de Diputados, informo a la Sala que la señora Maya Fernández ; el Primer Vicepresidente, señor Jaime Mulet , en calidad de presidente del partido Federación Regionalista Verde Social; el señor Mario Desbordes , en calidad de presidente del partido Renovación Nacional, así como los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y los señores Nino Baltolu y Renzo Trisotti , en su calidad de diputados de los distritos N°s 1 y 2, fueron invitados a reunirse con el Presidente de la República a partir de las 10.30 horas de hoy, a fin de conocer antecedentes en relación con el fallo cuya exposición tendrá lugar en la Corte Internacional de Justicia, en el proceso relativo a la demanda presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia en relación con nuestro país.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA, (doña Alejandra).-

Señor Presidente, la semana pasada acordamos invitar al ministro de Hacienda para que asista a una sesión especial para analizar los recortes presupuestarios. No sé si es posible que en el transcurso de la mañana se ponga en la agenda esa reunión para que quienes queremos participar podamos preparar nuestras intervenciones sobre el tema.

En segundo lugar, durante la semana antepasada algunos diputados reparamos sobre el hecho de que determinadas leyes todavía no se pueden implementar porque no se han dictado los reglamentos respectivos.

Dado que el diputado señor Lorenzini está acá, nos gustaría ver la posibilidad de que el Departamento de Evaluación de la Ley confeccione una lista con aquellas leyes que no tienen reglamento dictado. Incluso más, en algunas de ellas parte de su articulado se encuentra fuera de contexto porque el reglamento no se dictó a tiempo. Esto es gravísimo, porque muchos cuerpos legales no pueden operar y otros están quedando obsoletos en parte de su articulado por no contar con las precisiones necesarias en los respectivos reglamentos.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Honorable diputada, respecto del primer punto, quiero informar a usted y al resto de los diputados que la Mesa ya está tomando las medidas pertinentes para resolver a la brevedad su solicitud, materia que se informará en su momento.

En relación con el segundo punto, que compartimos, respecto de la falta de dictación de los reglamentos necesarios para aplicar ciertas leyes, la Mesa ha oficiado al Departamento de Evaluación de la Ley, la que está reuniendo la información necesaria para hacer un barrido que determine todas estas faltas o carencias, a fin de adoptar resoluciones en el transcurso de la próxima semana sobre las acciones a tomar.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EXDIPUTADO JOSÉ MARÍA HURTADO RUIZ-TAGLE Y DE DESTACADO MÚSICO VICENTE BIANCHI ALARCÓN , RECIENTEMENTE FALLECIDOS

RÉPLICA A IMPUTACIONES (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO)

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Torres, Ascencio; Flores, don Iván; Saffirio; Soto, don Raúl; Venegas y Walker, y de las diputadas señoras Castillo, Hernando y Sepúlveda, doña Alejandra, que “MODIFICA LA LEY N° 19.947, QUE ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, EN MATERIA DE PLAZOS DEL CESE DE LA CONVIVENCIA Y DE LAS PRUEBAS QUE LO ACREDITEN, PARA EFECTOS DE SOLICITAR EL DIVORCIO” Boletín N°12103-18

Luego de una extensa discusión, se publicó el 17 de mayo de 2004 la Ley N°19.947 que Establece la Nueva Ley de Matrimonio Civil, innovando entre otros puntos en la creación de la institución del divorcio vincular, que permite poner término al matrimonio cumplidos los requisitos legales que la misma ley establece.

En nuestro sistema de matrimonio civil existen 2 tipos de divorcio, indicados en los artículos 54 y 55. El primero, denominado en la doctrina como “divorcio por culpa”, permite a uno de los cónyuges demandar la acción de divorcio por una falta imputable al otro cónyuge por violación grave de los deberes y obligaciones del matrimonio, o los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne la intolerable la vida en común.

El segundo grupo, es el divorcio por cese de la convivencia, el cual tiene como causa fundante el término de la vida en común de la pareja, que para legitimar la acción de divorcio debe cumplir con los requisitos de plazo que el artículo 55 dispone, de 1 año con el común acuerdo de los cónyuges, o de 3 años si uno de los cónyuges inicia unilateralmente la acción.

Respecto a esta regulación del divorcio, denota una preocupación del legislador por prescindir de la voluntad de las partes que han suscrito el contrato de matrimonio, entendido que es una regulación de orden público regido por los principios de los artículos 1° al 3° de la Ley de Matrimonio Civil, que ve al matrimonio como la base fundamental de la familia y que la ley deberá proteger siempre el interés superior de los niños y del cónyuge más débil; y más aún por la propia definición del matrimonio presente en nuestro Código Civil, en el artículo 102, que señala que “el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”. Responde esta circunstancia además a la época en que la Ley N°19.947 fue discutida en el Congreso, en que el establecimiento de divorcio vincular fue un cambio radical que genero mucha discusión en la sociedad, dado el carácter tradicional y religioso en el concepto de matrimonio que era considerado para toda la vida.

El avance legislativo, sin embargo, y como fue fundamentado en la discusión de la ley, vino a transparentar la situación en que se encontraban un gran porcentaje de parejas, que solo podían acceder a una separación sin término del vínculo matrimonial, aun cuando hubiesen rehecho sus vidas con otras parejas sin poder a volver a contraer el vínculo matrimonial por no estar disuelto el anterior, y solo quienes podían financiar los costos legales de un trámite judicial hasta los tribunales superiores de justicia, accedían a terminar el matrimonio por medio de una acción de nulidad que en los hechos intentaba suplir la falta de una regulación de divorcio.

Por tanto, si bien se abrió la posibilidad a las parejas que por distintas circunstancias de la vida no pueden o no desean seguir con su vida en común para dar término al matrimonio y poder rehacer sus vidas, sus causales quedaron limitadas a las que la propia ley estableciera, y en el caso del divorcio por cese de convivencia, con un plazo alto y que solo puede ser acreditado por medio de determinadas pruebas.

Más aun, nuestra legislación, en el artículo 55 de la LMC, establece causales para perpetuar el matrimonio contra la voluntad de los mismos cónyuges, con una intención de mantener el vínculo matrimonial y proteger el concepto de familia que se deriva de ello, al establecer en el inciso final que los plazos para poder alegar cese de convivencia se ven interrumpidos por la reanudación de la vida en común de los cónyuges, aun cuando aquellos estén en común acuerdo para terminar el matrimonio.

Otro impedimento que enfrentan quienes desean iniciar una acción de divorcio, aun de común acuerdo, es el período desde el que se entiende que se inicia el plazo del cese de convivencia, que con la Ley 19.947 se reguló de forma que solo puede ser acreditado el plazo con los medios que aparecen en los artículos 22 y 25, es decir, con una escritura pública o acta ante Notario Público, Oficial del Registro Civil o transacción aprobada en tribunales, y que además haya sido notificada al otro cónyuge. Esta limitación probatoria, si bien ha sido morigerada por la última jurisprudencia en tribunales que parecen tender a la libertad probatoria en esta materia, ha dificultado el trámite para muchas parejas que, sin saber de este procedimiento para iniciar el plazo de cese de convivencia, se enteran de ello solo una vez que han decidido iniciar los trámites de divorcio y deben, por tanto, esperar el periodo completo que establece la ley.

Parece necesario, nuevamente, transparentar la situación que viven nuestros ciudadanos, atendida la evolución social que hemos vivido en las últimas décadas, y mirar además la legislación comparada en la materia, como en Francia, España y Argentina, para, si bien no dejar de lado la necesidad de un cese de la convivencia, dejar un plazo más acotado que la legislación actual, unificando los plazos además para el divorcio por cese de la convivencia de común acuerdo y el divorcio unilateral, ya que no es comprensible esta distinción que la ley hace y que obliga a uno de los cónyuges a permanecer con el vínculo matrimonial contra su voluntad y sin perspectivas de querer reanudar el vínculo.

Aparte del cambio en los plazos, este proyecto incorpora el cambio en los medios probatorios que pueden utilizarse para acreditar el cese de la convivencia, eliminando la restricción que hoy existe y que ha dificultado el ejercicio de la acción de divorcio a muchas personas, aún de común acuerdo en terminar el vínculo matrimonial, reflejando dicho cambio en el artículo segundo transitorio de la Ley 19.947, ya que ya no habría razones para establecer una diferencia entre los casados antes o después de dicha ley, quedando en libertad probatoria para ambos casos.

En lo demás, se mantiene la regulación del divorcio, sobretodo en lo respectivo a la necesidad de pactar un acuerdo completo y suficiente, y en la mantención de los derechos personales y familiares que se haya generado durante la vigencia del matrimonio, cambiando por tanto solo los plazos y el acceso a la acción de divorcio, para hacerlo acorde a las necesidades de nuestros ciudadanos.

IDEA MATRIZ:

Este proyecto plantea adecuar las normas relacionadas a la acción de divorcio, rebajar los plazos de la acción de divorcio por cese de la convivencia, unificando la causal y plazos requeridos para el caso de divorcio por cese de la convivencia de común acuerdo y unilateral.

Además, plantea eliminar la restricción probatoria para acreditar en juicio el cumplimiento del cese de la convivencia, de forma que los cónyuges puedan acompañar pruebas al proceso para acreditar el cumplimiento de los plazos requeridos para acceder al cese efectivo de la convivencia.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Modifíquese la Ley N°19.947, que Establece la Nueva Ley de Matrimonio Civil, en el siguiente sentido:

a)Al artículo 55

i.Para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo anterior, el divorcio será decretado por el juez cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante un lapso mayor a seis meses.”.

ii.Para reemplazar en el inciso segundo, la frase “En este caso” por “En caso que el divorcio sea solicitado de común acuerdo”.

iii.Para reemplazar el inciso tercero por el siguiente:

“Para el caso del divorcio solicitado unilateralmente por uno de los cónyuges, la regulación de las relaciones mutuas y respecto a los hijos se hará de acuerdo a las normas del párrafo 2° del Capítulo VII de esta ley.

iv.Para reemplazar el inciso cuarto por el siguiente:

“Se presumirá fecha cierta de cese de la convivencia desde la fecha a que se refieren los artículos 22 y 25, según corresponda. Sin embargo, el juez podrá estimar por acreditado el plazo si se aportaren los medios de prueba suficientes para cumplir con el requisito de cese de la convivencia indicado en el inciso primero”.

b)Al inciso tercero del artículo segundo transitorio, para eliminarlo.

Diputados señores Torres, Ascencio; Flores, don Iván; Saffirio; Soto, don Raúl; Venegas y Walker, y de las diputadas señoras Castillo, Hernando y Sepúlveda, doña Alejandra

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Cruz-Coke; Álvarez, don Sebastián; Kast, Molina y Undurraga, que “Modifica la ley N° 19.585, en materia de determinación de filiación de los hijos naturales que hayan sido reconocidos mediante declaración ante el Servicio de Registro Civil, con anterioridad a su entrada en vigencia” Boletín N°12104-07

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo previsto en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido en el reglamento de la H. Cámara de Diputados y conforme a los fundamentos que se indican a continuación, vengo en presentar la siguiente moción.

I. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA

1. LEY 19.585 QUE MODIFICÓ EL CÓDIGO CIVIL Y OTROS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE FILIACIÓN

Con fecha 26 de octubre de 1998 se publicó en el Diario Oficial la ley 19.585, que modificó el Código Civil y otras normas relevantes en materia de filiación. Antes de su entrada en vigencia, la legislación distinguía entre hijos legítimos, naturales e ilegítimos, según si habían nacido dentro del matrimonio, fuera de él, pero habían sido reconocidos por su padre o madre o si no tenían reconocimiento alguno.

Adicionalmente, la ley 19.585, junto con eliminar las diferencias de tratamiento jurídico que se daba a los hijos según su filiación, suprimió las consecuencias discriminatorias derivadas de esa misma categorización, en materias tan relevantes como la patria potestad, el derecho de alimentos y por sobre todo en lo referido a derechos sucesorios. Esto significó un importante avance en la tarea de eliminar una serie de discriminaciones arbitrarias que lesionaban los principios más básicos de justicia.

Aunque tuvo una difícil tramitación, la denominada Ley de Filiación fue la consecuencia lógica de una evolución legislativa que comenzó tímidamente a principios del siglo XX. Recién en 1935, con la ley 5.750, se permitió investigar la paternidad, pero sólo para demandar alimentos. Casi 20 años después, mediante la ley 10.271 de 1952, se flexibilizaron las formalidades para el reconocimiento de hijos y se ampliaron los efectos de la investigación de la paternidad, a la sucesión del pretendido padre.

Con todo, no fue hasta la promulgación de la ley 19.585, que se logró la esperada igualdad entre los hijos. De este modo, hoy ya no hablamos de hijos legítimos, ilegítimos o naturales. Y aunque la ley distingue entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, de ello no se derivan diferencias en los estatutos de cada cual.

2. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS MODIFICACIONES EN MATERIA DE FILIACIÓN

La filiación es “el vínculo jurídico que une a un individuo con su padre (filiación paterna) y con su madre (filiación materna), o con uno de ellos solamente” . La filiación, como lo ha dicho la Corte Suprema, “es un hecho jurídico, que constituye un estado civil, es fuente de derechos y obligaciones […] ”. El estado civil, en cambio, es “la calidad de un individuo, en cuanto la habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles” (art. 304 del Código Civil).

En lo relevante para esta materia, para que una persona tenga derechos derivados de la filiación (alimentos, herencia y otros) es necesario que ésta esté “legalmente determinada” (art. 181 del Código Civil). Así, una vez determinada legalmente la filiación de una persona, recibe el estado civil de hijo, y en tal carácter queda habilitado para recibir alimentos de su padre o madre o para sucederle como heredero tras su fallecimiento.

A pesar del avance que significó la promulgación de la ley 19.585, se han podido evidenciar ciertos inconvenientes prácticos en la aplicación de esta normativa, específicamente en lo que tiene relación con la filiación y estado civil de aquellas personas nacidas con anterioridad a la modificación legal.

El problema se ha venido dando principalmente respecto de aquellos hijos nacidos fuera del matrimonio y que fueron reconocidos por acto posterior al nacimiento. En concreto hasta antes de la promulgación de la ley 10.271 del año 1952, el reconocimiento de un hijo no matrimonial (natural a la época) se debía hacer al momento de inscribir el nacimiento, o bien, en un acto posterior, mediante manifestaciones expresas de voluntad contenidas en una escritura pública o en un acto testamentario, el cual además debía subinscribirse al margen de la partida de nacimiento. Adicionalmente, ese reconocimiento debía ser aceptado por el inscrito (el hijo reconocido), debiendo subinscribirse la respectiva escritura de aceptación.

De este modo, y a pesar de que estamos hablando de un acto voluntario, si una persona concurría directamente al Registro Civil a reconocer a un hijo, se estampaba en la partida su nombre como padre o madre, pero esto no bastaba para tener por determinada la paternidad, por parte del progenitor que reconocía. Le faltaba adicionalmente, de acuerdo a la ley vigente, una escritura pública de reconocimiento y, de parte del reconocido, una escritura de aceptación. A pesar de aquello, si faltaban estos trámites adicionales, igual quedaba registrado el nombre del padre o madre que había reconocido a su hijo en esa calidad. Así también se consignaba en sus certificados de nacimiento.

Como se ve, había un sinnúmero de actos formales que dificultaban el término del proceso. Si eso lo llevamos al Chile de la época, donde la mayor parte de los nacimientos de hijos naturales se daba en hogares más modesto, donde el acceso a todas estas solemnidades era especialmente dificultoso, no es extraño que pocas veces haya podido cumplir con las solemnidades requeridas y contar con una filiación legalmente determinada.

Aunque la ley 10.271 aligeró los trámites, permitiendo el reconocimiento mediante el acto voluntario expresado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, las normas transitorias dictadas con ella fueron insuficientes. A pesar de que los certificados de nacimiento de quienes fueron reconocidos únicamente por un acto voluntario ante un oficial de Servicio de Registro Civil e Identificación figuran con el nombre del padre o madre que los reconoció, estos no han sido considerados como suficientes por parte del Estado para reconocer la filiación, y por lo tanto el estado civil de hijos, y así se les han negado de forma sistemática los derechos que emanan de la filiación y del estado civil de hijo, especialmente en lo referido a derechos hereditarios.

El problema radica en que esta negación no ha sido arbitraria ni contraria a derecho, sino que se trata de la aplicación de una norma con defectos en su redacción, en donde el Servicio de Registro Civil e Identificación se ha limitado a aplicar la norma transitoria de la ley 19.585. Así lo ha resuelto la Contraloría General de la República y la propia Corte Suprema. Como ya se ha dicho, el estado civil es consecuencia de la filiación, y si ésta no está “legalmente determinada”, conforme a la ley vigente a la fecha del reconocimiento, no puede reconocérsele por consecuencia, los derechos inherentes de hijo o de padre, según corresponda.

Hoy muchos de esos niños reconocidos sin todas las formalidades contenidas en la legislación previa a 1952, pero respecto de quienes el pretendido padre o madre concurrió voluntariamente al Registro Civil a declarar que ese niño o niña era su hijo, tienen, a lo menos, más de 65 años de edad. Ha sido en su vejez donde se dan cuenta que, a pesar de que el nombre de su padre o madre aparece en su certificado de nacimiento, y que han vivido toda su vida como hijos con la legítima convicción de que su filiación está legalmente determinada, el Estado chileno no les reconoce esa filiación.

Evidencia de esto son los numerosos casos en que se ha solicitado al Servicio de Registro Civil e Identificación la declaración de posesión efectiva de quien se creía el legítimo padre, madre, tío o hermano (porque así lo consignaba su certificado de nacimiento). El Servicio de Registro Civil e Identificación ha sistemáticamente rechazado estas solicitudes fundándose en que, como no se cumplieron todas las formalidades anteriores a la ley 10.271, señalando que “no es posible establecer ningún vínculo jurídico de parentesco” y que “el solicitante no ha acreditado su calidad de heredero respecto del causante”,

Al establecerlo así, el Servicio de Registro Civil e Identificación termina por difuminar los logros y avances en materia de igualdad entre los hijos, perviviendo aquella diferenciación odiosa entre hijos naturales e hijos legítimos. Y llevado al extremo, deja sin filiación determinada a quien durante toda su vida creyó tenerla.

Lo que parece más grave es que, una vez que esto ocurre, y se les niega a quienes se creían herederos sus derechos en la herencia de quien creían su pariente, ha sido el Fisco de Chile quien reclame dicha herencia como yacente. Es decir, hoy nuestro Estado está privándolos de su vínculo familiar y, además, expropiándolos de una herencia que les corresponde.

Muchos de estos casos se han ventilado por la vía de la acción de protección, y cada vez son más numerosos. Nuestra jurisprudencia ha sido vacilante, y, por un lado, se rechaza, al estimarse que no puede por medio de un recurso de protección, resolverse un asunto que es de lato conocimiento, como lo es una acción de filiación, y que ese es el camino para tal fin. Pero una vez más pierden los ciudadanos, puesto que los sujetos activos y pasivos de esa acción ya están fallecidos.

En otros casos, las Cortes de Apelaciones les han dado lugar, considerando que debe prevalecer la igualdad ante la ley.

Son tan diversos los criterios, incluso en la Excelentísima Corte Suprema, que se hace preciso resolver por medio del presente proyecto de ley la situación de quienes fueron reconocidos por un acto voluntario ante el Registro Civil por su padre o madre o ambos, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N.º 10.271.

II. OBJETO DEL PROYECTO

Este proyecto de ley tiene por finalidad darle efecto retroactivo a las normas que determinan la filiación incorporadas por la ley 19.585 para que se tenga por determinada la filiación de aquellas personas que bajo el imperio de la ley anterior no tuvieran filiación determinada, pero que sí cumplen con los requisitos actualmente vigentes para determinar la filiación. Para ello se señala de forma expresa que las normas que regulan la determinación de la filiación tendrán efecto retroactivo en su aplicación, a partir de la fecha en que entre en vigencia esta ley.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo Único: Modifíquese en la ley 19.585, que modifica el Código Civil y otras normas en materia de filiación, el artículo 1° Transitorio, agregándose al inciso 1° la siguiente frase luego del punto aparte, pasando por consiguiente a ser punto seguido:

“Aquellas personas que, con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, hubieran sido reconocidas por su padre, madre o ambos, mediante requerimiento o declaración realizada ante oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, se entenderán como legalmente reconocidas y, por tanto, de filiación determinada, aun cuando la ley vigente a la época de la declaración hubiere exigido otras solemnidades adicionales.””

Diputados señores Cruz-Coke; Álvarez, don Sebastián; Kast, Molina y Undurraga

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Prieto, Alessandri; Celis, don Andrés; Fuenzalida, don Juan; Ilabaca, Rentería, Schalper, Undurraga y Urrutia, don Ignacio, y de la diputada señora Troncoso ”Modifica la ley N°19.327, de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional, en materia de sanciones a quienes ejecuten actos de violencia en los estadios” Boletín N°12108-29

I.- IDEAS GENERALES.

Como es sabido, el deporte constituye una de las actividades más necesarias para una persona, fundamentalmente a partir de los positivos efectos que genera ésta en la salud física y psíquica, pero también por los innumerables consecuencias generadas en los múltiples ámbitos de la vida personal y social.

En efecto, la práctica del deporte, se erige como una acción promotora de buenos hábitos al interior de la sociedad, constituye un ámbito de política pública que no reviste elementos negativos de ninguna especie y que su estimulación promete efectos inmediatos en materias de tanta trascendencia como es la salud, la delincuencia, la calidad de vida, y la promoción social. En este marco, toda actividad deportiva debe ser estimulada por las autoridades nacionales, a partir de tales beneficios a nivel general y, por ello, se hace necesaria la introducción de una cultura del deporte y la vida sana, mediante el mejoramiento e incremento de áreas verdes, centros deportivos para la comunidad y un sin número de otras medidas destinadas a que cada vez más chilenos accedan a esta forma de vida tan positiva para nuestro país.

Sin perjuicio de ello, vemos con profundo desconcierto que con ocasión de una actividad de tanto raigambre popular como es el fútbol, se han generado indeseados sucesos de violencia en los estadios, particularmente en lo que respecta a nuestro fútbol profesional chileno.

Los acontecimientos delictuales registrados en los estadios de nuestro fútbol, hacen reflexionar en torno a la eficacia de la acción de las autoridades en materia de prevención de hechos comúnmente llamados de violencia en los estadios, pero que a la luz de tales sucesos bien podemos llamarlos de vandalismo, delincuencia, terror o cualquier otro epíteto, sin la más mínima exageración.

A nivel europeo, el control de la violencia en los estadios se ha abordado a partir de diversos enfoques. Es así como en la Unión Europea las medidas incluyen campañas educativas a través de los medios de comunicación y políticas de cooperación entre los diferentes servicios policiales involucrados en la seguridad de un evento[1].

A mayor abundamiento, diversas legislaciones contemplan cuerpos legales especiales en materia de violencia en los estadios, estableciendo normas de prevención. Control y responsabilidad de los directivos. Así las cosas, en materia de prevención en ciertos países se establecen una serie de exigencias referidas a los recintos deportivos propiamente tales y a los clubes de fútbol. En lo que respecta al control, en otras naciones se contempla la activación de penas accesorias para el caso de conductas violentas realizadas al interior o dentro del perímetro de los establecimientos deportivos, las cuales incluso pueden aplicarse por actos acaecidos durante el trayecto hacia o desde el estadio. En términos generales, dicha pena consiste en la prohibición de acceder a eventos deportivos por un determinado tiempo a quienes hayan cometido delitos o actos de violencia con ocasión de espectáculos deportivos.

Finalmente, ante la ocurrencia de hechos de violencia, las legislaciones vigentes en España y Argentina señalan que los representantes legales de los clubes participantes en el espectáculo serán solidariamente responsables de los daños patrimoniales que ocasionaren con motivo de la realización de un encuentro de fútbol, siempre y cuando no hayan tomado las medidas pertinentes[2].

De acuerdo a lo indicado, el presente proyecto de ley apunta a medidas que vinculadas al control por un lado y la responsabilidad por el otro. En efecto, el proyecto promueve la imposibilidad de ingresar a cualquier recinto deportivo a aquellas personas autoras de desórdenes al interior de los estadios, como también respecto de aquellas que generen desmanes en la propiedad pública o privada en el trayecto al estadio o devuelta una vez finalizado el encuentro futbolístico.

Junto a lo anterior la iniciativa establece la figura de la asociación ilícita respecto de aquellos barristas que provoquen actos catalogados por la ley como de violencia y finalmente prohibir toda colaboración entre dirigentes y barristas sancionados en virtud de esta ley, la que será sancionada en caso de incumplimiento con la pérdida de la categoría del club infractor.

II.- CONSIDERANDO.

1.Que, la presencia indeseable de delincuentes en los establecimientos deportivos constituye un hecho que debe ser puesto en la palestra de la opinión pública, y en ese sentido, se erige como una situación intolerable para las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales, de tal manera que urge el establecimiento de mejores medidas que apunten a que el fútbol profesional sea una actividad para la familia chilena, de encuentro nacional y no un escenario destinado a la comisión de ilícitos.

2.Que, fruto de lo anterior, se han establecido desde casi 30 años grupos de hinchas, muchos de ellos constituidos en organizaciones ilícitas que deben ser perseguidos por las autoridades, agrupaciones que en muchas oportunidades se encuentran patrocinadas por los propios dirigentes del fútbol, situación que nos parece inadmisible.

3.Que, ante esta nefasta realidad, requerimos no sólo de normas, sino también de un compromiso de las autoridades, un compromiso político en torno a que definitivamente erradicar tales deleznables actos del fútbol profesional.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

De acuerdo a lo indicado los diputados firmantes de esta iniciativa promovemos:

a)La imposibilidad de ingresar a cualquier recinto deportivo a aquellas personas autoras de desórdenes al interior de los estadios, como también respecto de aquellas que generen desmanes en la propiedad pública o privada en el trayecto al estadio o devuelta una vez finalizado el encuentro futbolístico por un plazo de 10 años, junto a lo anterior, la iniciativa contempla el arraigo nacional a objeto que hinchas sancionados o formalizados en virtud de la ley no puedan salir del país siguiendo a un club de futbol o incluso a la selección chilena.

b)Junto a lo anterior la iniciativa establece la figura de la asociación ilícita respecto de aquellos barristas que provoquen actos catalogados por la ley como de violencia.

c)Sancionar la colaboración de dirigentes con barristas fuera de los casos previstos en la ley con la inhabilitación perpetua de la directiva.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Modifíquese la ley 19.327 Sobre Derechos y Deberes en los Espectáculos del Fútbol Profesional en los siguientes puntos.

1)Reemplácese en la letra b) del artículo 16 de la ley la expresión “de dos a cuatro años” por la expresión “10 años”

2)Incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 16 de la ley, de acuerdo al siguiente tenor:

“Los que se hallen condenados o actualmente formalizados por actos de violencia en los estadios se les decretará arraigo nacional a fin que no puedan salir del territorio nacional cuando un equipo de fútbol profesional o la selección chilena disputen algún encuentro en el extranjero”.

3)Modifíquese el inciso sexto del artículo 10 de esta ley por el siguiente texto:

“La infracción de las prohibiciones señaladas serán sancionadas con la inhabilitación perpetua de la directiva del equipo u organización deportiva”

4)Incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 12 de la ley de acuerdo al siguiente texto:

“Serán consideradas como asociaciones ilícitas para todos los efectos legales las barras de cualquier equipo de fútbol profesional que incurran en alguna de las conductas establecidas en el inciso anterior”

Diputados señores Prieto, Alessandri; Celis, don Andrés; Fuenzalida, don Juan; Ilabaca, Rentería, Schalper, Undurraga y Urrutia, don Ignacio, y de la diputada señora Troncoso

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jarpa, Bellolio; González, don Rodrigo; Gutiérrez; Mellado, don Cosme; Santana, don Juan, y Venegas, y de las diputadas señoras Girardi y Hoffmann, que “Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, con el objeto de incorporar medidas destinadas al cuidado de la voz en los docentes” Boletín N°12109-04

Vistos:

Lo dispuesto en los Artículos 63° y 65° de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.

Considerando:

1.- El estatuto docente es la normativa que regula, entre otros aspectos, los derechos y deberes de los profesionales de la educación, además de la carrera docente, la forma de contratación de los distintos docentes de acuerdo al establecimiento en el que se desempeña, las asignaciones que perciben, la jornada de trabajo, etc.

2.- Entre sus normas generales se encuentra el artículo 8° bis que hace mención de manera amplia a los derechos que mantienen los docentes en el desempeño de sus funciones.

El mencionado artículo indica en su inciso 1°:

“Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa”.

3.- La idea del presente proyecto es poder incorporar dentro de estos derechos, la protección específica de la voz de aquellos docentes que trabajan en aula y en exteriores, debido a los graves problemas que pueden acarrear la afectación de esta fundamental herramienta fisiológica para quienes a diario deben mantener el control de niños y adolescentes, captar su atención y traspasar las enseñanzas que corresponden.

4.- El profesor español, José María VilaLa señala al respecto: “la voz es un instrumento valioso. En la voz, expresamos las intencionalidades, damos valor y significado a aquello que decimos. El alumnado entiende la importancia del mensaje en la voz del docente. Por eso los maestros y profesores queremos una voz flexible, clara, resistente, que dure (...) Pero la voz es frágil. Está generada por un conjunto de órganos de nuestro cuerpo que funcionan gracias a un complejo sistema de equilibrios. Si los equilibrios se rompen, la voz sufre y enferma.

Muchos docentes tienen problemas de voz: presentan fatiga vocal, mala calidad de la voz y algunos presentan lesiones en las cuerdas vocales (nódulos, edemas, pólipos,...). La patología de la voz aparece cuando, en un contexto de trabajo con la voz, alguno de los equilibrios emocionales, posturales, respiratorios, del entorno... se desajustan. El cuerpo compensa el desequilibrio con un sobreesfuerzo y aparece la fatiga, la mala voz y, finalmente, la lesión”.[1]

5.- De acuerdo a una nota de prensa del periódico argentino La Nación, los malestares que comúnmente se dan por afectación y esfuerzo vocal desmedido son: ronquera, pérdida de volumen y cambio del timbre al hablar, ardor, picazón o sensación de tener un cuerpo extraño en la garganta y hasta dolores o contracturas en el cuello. La falta de entrenamiento en foniatría, grupos de 30 chicos o más y ambientes sin preparación acústica, tampoco promueven la prevención.[2]

6.- El mismo medio señala que la mayoría de las personas con trastornos de garganta son justamente las que trabajan con la voz, como los locutores, los actores, los periodistas de radio y TV, los docentes, los intérpretes de idiomas, los cantantes, niños y adolescentes que hacen doblaje de películas y los telemarketers. “Pero de todas estas profesiones algunas están más en riesgo que otras, porque durante su formación no aprenden las técnicas para prevenir las lesiones. Vemos que los más desprotegidos son los docentes y los chicos que trabajan en los call centers, puesto que no reciben el entrenamiento vocal que necesitan para hacer frente a su trabajo", explicó la licenciada María Elena Vaccari, profesora titular de Fonoaudiología Preventiva de la Facultad de Medicina de la UBA y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de la Voz (SAV).

7.- En el caso de Chile, un estudio realizado en el año 2014 por fonoaudiólogos de la Universidad Mayor y del Hospital del Trabajador de Santiago mostró un importante número de profesores que sufren de disfonía, problema que se produce debido al mal uso o abuso de la voz. La investigación mostró que el 75% de los docentes tiene una alteración en su voz en grado leve o moderado.[3]

El estudio, en donde intervino la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), a través de su Fundación Científica y Tecnológica (FUCYT-ACHS) reveló que tres de cada cuatro docentes sufren de disfonía. En total, el 75,5% de los docentes presentaba este mal en grado leve o moderado en el momento que se efectúo el sondeo, en establecimientos educacionales de la comuna de Santiago, a partir de una muestra de 402 profesores y profesoras.

Además, se indicó que los educadores mayores a 45 años que se desempeñan en el nivel de Educación Básica, presentan un mayor riesgo de padecer esta patología.

8.- Ahora aún cuando la laringopatía se encuentra dentro de las enfermedades profesionales definidas en la Ley 16.744 del seguro social obligatorio contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y el estudio indicado demuestra que la enfermedad tiene un carácter multi causal, la idea del presente proyecto y la necesidad del mismo es incorporar dentro de los programas de capacitación de docentes, cursos sobre el apropiado cuidado de la voz, y el uso de sistemas de audio electrónicos o micrófonos para llevar a cabo las clases de aula y de exterior, como medidas de protección y prevención de eventuales malestares y enfermedades que afecten la voz de los docentes.

9.- Misma opinión mantiene la Fonoaudióloga de la Universidad de Antofagasta, Vivian Cortez Guevara quien menciona “el uso de micrófonos no puede asegurar la disminución en el sobre esfuerzo de la voz para los profesionales que usan ésta como una herramienta esencial de su trabajo, no existen estudios que puedan garantizar que esta medida va a mitigar de forma sustancial la disminución de patologías laringeas, ya que se entiende que estas patologías tienen un origen multifactorial, sin embargo, en la teoría, un instrumento que aporte a disminuir el esfuerzo siempre va a ser mejor que no tenerlo. Luego si es importante tener presente que la raíz del problema es la falta de técnica vocal, la falta de capacitación docente sobre el auto cuidado en la higiene vocal y la falta de educación en los planes de formación profesional”.[4]

10.- En la medida que los mecanismos antes mencionados se implementen de forma satisfactoria en los distintos establecimientos educacionales y escuelas de formación, se evitaría la emisión de licencias médicas a causa de las patologías relacionadas con el uso de la voz.

11.- Por tanto, y en mérito de lo expuesto los diputados que suscriben, vienen en someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Modifíquese la ley N° 19.070 que aprueba el Estatuto Profesional Docente en el siguiente sentido:

1.- Incorpórese un artículo 10 bis nuevo que señale:

“Dentro de la formación de los docentes, las universidades acreditadas deberán incluir ramos que desarrollen técnicas vocales, además de incentivar el correcto cuidado de la higiene vocal y el uso de la voz.

Por su parte, los establecimientos educacionales en donde los docentes se desempeñen, procurarán fomentar toda formación, capacitación y perfeccionamiento, dentro del desarrollo profesional docente, que diga relación con el cuidado de la voz. Asimismo facilitarán el uso de medios tecnológicos y aparatos de reproducción y expansión de la voz para ser usados dentro del aula y en exteriores con el fin de proteger y evitar las afecciones derivadas de patologías laringeas”.

2.- Incorpórese un artículo 37 bis nuevo que señale:

“Los profesionales de la educación tendrán derecho a capacitarse en ámbito de técnicas vocales y de contar con instrumentos que permitan evitar el esfuerzo excesivo en el uso de la voz, como micrófonos u otros medios tecnológicos de reproducción y expansión de la misma.

Diputados señores Jarpa, Bellolio; González, don Rodrigo; Gutiérrez; Mellado, don Cosme; Santana, don Juan, y Venegas, y de las diputadas señoras Girardi y Hoffmann

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Noman, Baltolu, Bobadilla, Melero, Norambuena, Van Rysselberghe y Von Mühlenbrock, y de las diputadas señoras Amar, Hoffmann y Troncoso, que “Modifica la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en lo relativo al crédito en operaciones de consumo, las cláusulas de aceleración y las condiciones para proceder a su cobranza” Boletín N°12110-03

I.ANTECEDENTES

La cláusula de aceleración es una institución propia del derecho privado civil, que puede ser imperativa o facultativa. En el primer caso, la falta de pago de una cuota conlleva de manera automática la caducidad del plazo de las cuotas futuras, haciendo exigible la obligación en su totalidad y de manera inmediata, sin necesidad que se manifieste la voluntad del acreedor en tal sentido. En el segundo caso, en cambio, se exige una manifestación de voluntad del acreedor en orden a hacer efectiva la cláusula, por lo que la sola falta de pago de una o más cuotas no acarrea la exigibilidad total de la obligación.

De acuerdo al presidente de Conadecus, Hernán Calderón, hoy en día, en la mayor parte de las operaciones de crédito de dinero, en los contratos de mutuo y sus variantes, en apertura de líneas de crédito, líneas de sobregiro, tarjetas de crédito entre otras, el deudor se obliga, en caso de mora o retardo en el pago a cancelar el monto total del crédito, sus reajustes e intereses devengados o por devengar, hasta la última cuota. La deuda, en consecuencia, se hace exigible íntegramente y de manera anticipada. Más aún, estas obligaciones así pactadas, permiten ordinariamente que se sobrecargue la deuda con cláusulas penales, lo que constituye una cancelación anticipada de perjuicios.

Esto implica un fuerte abultamiento de las deudas, sin que exista un límite a esta cláusula por parte de los acreedores; que en realidad las obligaciones de los consumidores con los acreedores, son contratos de adhesión, en los cuales no tienen posibilidad de cambiar estas cláusulas, en consecuencia, de no aceptar las cláusulas de aceleración contenidas en el contrato, significa no contratar, lo cual puede resultar en abuso.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el endeudamiento de los consumidores en América Latina ha aumentado desde un 15% en 2013 a un 20% en 2016, siendo Chile el país que lidera el ranking de endeudamiento en relación al PIB con un 42%. Para el tercer trimestre del año 2017, el endeudamiento llegó a 69.8% de acuerdo al Banco Central, asimismo la SBIF publicó en Diciembre del 2017 un informe que revela que casi 5 millones de chilenos son deudores bancarios, y en muchos casos la cifra de endeudamiento es cinco veces mayor que el sueldo que perciben mensualmente

En Chile un 50% de las personas se encuentra endeudada, así lo demuestra el Estudio “CHILE3D GfK” Adimark, 2016, en el que 47% de los chilenos declara que tiene algún tipo de deuda, donde se indica que el 45% cuenta con créditos de consumo con el retail y el 34% tiene un préstamo bancario. En el mismo período, la cifra de morosos llegó a 4.295.957, de acuerdo al XV Informe de Deuda Morosa a diciembre 2016 USS-Equifax. Del total de chilenos endeudados, hay un 7% de chilenos que no le alcanza para pagar la deuda y se re-endeudan, lo que representa a cerca de 900.000 chilenos, por edades, los más endeudados son los mayores de 65 años.

El endeudamiento no es de por sí negativo, ya que puede ser señal de la activación de la economía, propio de economías avanzadas, pero se debe resguardar que los consumidores no pidan un préstamos que a futuro les sea imposible pagar.

Jorge Espinoza, gerente de la aseguradora Confuturo señala que es fundamental prestar atención a la tasa de interés fijada, y a veces, algunas entidades fijan la máxima convencional, por lo que personas con poca información financiera podría no saber cuánto terminará pagando.

En nuestro país el acceso al crédito se ha ido masificando con mucha fuerza en los últimos años, y hoy, bancos e instituciones financieras junto a grandes tiendas comerciales otorgan créditos a millones de personas de la más diversa extracción social. Debemos reconocer que esta nueva realidad de acceso al crédito si bien ha traído muchos beneficios, también ha significado el sobreendeudamiento de muchas familias, especialmente de aquellos con menor capacidad económica, los que en el caso de aceleración por el cobro deudas se encuentran en una situación de debilidad e indefensión absoluta ante el acreedor. En muchos casos, el simple atraso de un día en el pago de sus cuotas, se traduce en que las empresas les cobren intereses y a los 15 días ya se comienzan a devengar gastos por cobranza judicial.

Esta situación resulta imposible de sobrellevar para las personas de menores recursos, que por un breve retraso arriesgan ser embargados pues están impedidos de pagar altos montos de una sola vez.

En virtud de lo anterior hemos propuesto diversas medidas para evitar que se sigan cometiendo abusos en virtud de esta figura legal, entre las cuales destacamos:

1.Establecer un plazo mínimo de 3 meses para hacer efectiva la cláusula o al menos después de tres cuotas vencidas.

2.Que los intereses que se apliquen en deudas por mora sean los mismos establecidos en el contrato.

3.Que aquel consumidor que pague un 25% de la deuda, pueda paralizar la cláusula de aceleración de forma inmediata.

4.Prohibir expresamente las cláusulas que obligan al deudor a pagar todos los intereses que genere el capital prestado hasta el día del vencimiento de la última cuota, permitiendo solamente, el cobro de intereses que se ganan o devengan día a día y no hasta el final.

5.Que en los procesos de repactación de deuda o reprogramación, se prohíba expresamente aplicar intereses superiores a los pactados en el contrato original.

II.PROYECTO DE LEY

Artículo primero: Modifíquese el art.37 letra f) de la ley 19.496 en los siguientes términos:

Para que se agregue al final de la letra f) del artículo 37, y luego de la frase: “procedimientos de dicha cobranza.” La siguiente expresión: “La tasa de interés moratorio será la misma previamente establecida en el contrato”.

Artículo segundo: Para agregar un Artículo 39-D a la ley 19.496 que señale lo siguiente:

“Para proceder a la cobranza de los saldos insolutos del crédito, se deberá esperar 3 meses, o al menos 3 cuotas vencidas para proceder al cobro de lo restante adeudado.

La cobranza de la totalidad del crédito impago se podrá paralizar siempre que se pague al menos un 25% de la deuda que se adeude. Asimismo, constituyen infracciones a esta ley las cláusulas que obliguen al deudor a pagar todos los intereses que genere el capital prestado hasta el día de vencimiento de la última cuota, pudiéndose cobrar solamente los intereses que se devengan día a día. Igualmente constituye infracción a esta ley que al momento de la repactación se apliquen intereses superiores a los pactados originalmente”.

Diputados señores Noman, Baltolu, Bobadilla, Melero, Norambuena, Van Rysselberghe y Von Mühlenbrock, y de las diputadas señoras Amar, Hoffmann y Troncoso

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Von Mühlenbrock, Gahona, Lavín, Noman, Rentería, Sanhueza, Trisotti; Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, y de la diputada señora Troncoso, que “Modifica la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en materia de información al solicitante de un crédito, respecto de la carga anual equivalente (CAE) de la operación” Boletín N°12111-03

I.- IDEAS GENERALES.

Durante más de 40 años nuestro país ha experimentado un formidable progreso económico y social, fruto del entendimiento de su clase política y de la sociedad en su conjunto, que ha sabido transitar por el camino de la prosperidad y cohesión social.

Este crecimiento y desarrollo económico ha dado pie al establecimiento de nuevos inconvenientes, precisamente propiciados por este proceso constante de desarrollo económico, financiero por parte de los chilenos, lo que ha traído aparejado nuevas tecnologías, principalmente vinculadas al ámbito crediticio. En efecto, el acceso al crédito, el denominado “dinero plástico”, han constituido una de las manifestaciones más prístinas de estos tiempos y en donde la generalidad de los chilenos tenemos acceso, previo a la acreditación de antecedentes generales.

El referido fenómeno, sin duda, abrió el consumo a Chile y los chilenos, lo que posibilitó el acceso inusitado a bienes y servicios; junto a ello, la suscripción por parte de nuestro Estado de tratados de libre comercio con la mayoría de las naciones del mundo, ha generado un explosivo enriquecimiento de nuestro mercado interno, sirviendo de caldo de cultivo para el crecimiento exponencial del consumo interno, particularmente a partir de los años 90 del siglo recién pasado.

Junto a los efectos positivos, el incremento del consumo en Chile ha traído consigo perniciosas consecuencias en materia de endeudamiento de los chilenos. Como nunca antes en nuestra historia, el pago de las deudas, el incremento del pasivo personal y familiar de los chilenos, la multiplicación de necesidades que antes perecían suntuarias y que hoy resultan cotidianas y básicas generó en nuestro país una cultura del endeudamiento, peligrosamente la salud mental de los chilenos se ha ido deteriorando precisamente por este pernicioso efecto.

Múltiples son las causas de este fenómeno, sin embargo no debemos desconocer que la avalancha modernizadora que se generó en nuestro país, en los últimos 40 años, del progreso social innegable, tuvo también aspectos que es necesario corregir, como es el caso de la escasa cultura y educación financiera que tenemos los chilenos, situación que en estos tiempos se ha agudizado.

Es por esta razón, que los diputados firmantes de esta moción parlamentaria promovemos como mecanismos de educación financiera un sistema de prevención acerca de los efectos de tomar un crédito por parte de un consumidor, tomando en consideración la carga anual equivalente del crédito, y que se explicará en lo sucesivo de esta presentación.

II.- CONSIDERANDO.

1.Que, la ley 19.496 sobre protección de los derechos del consumidor establece toda una normativa vinculada al crédito al consumidor, precisamente como un mecanismos destinados a regular de un modo preciso las prerrogativas de los consumidores y derechos esenciales en las operaciones financieras de que son partícipes, con la finalidad que éstos no se vean expuesto a situaciones de arbitrariedad o abuso por parte de los oferentes de estos servicios financieros.

2.Que, efectivamente, distintas normas de la Ley del Consumidor, establecen reglas de educación o información por parte de los consumidores. Así las cosas, la letra f) del artículo 3° de este cuerpo normativo establece que “Son derechos y deberes básicos del consumidor (…) f) La educación para un consumo responsable, y el deber de celebrar operaciones de consumo con el comercio establecido”. Específicamente en el ámbito financiero, el inciso 8° de este mismo artículo establece como derechos de los consumidores “recibir la información del costo total del producto o servicio, lo que comprende conocer la carga anual equivalente a que se refiere el artículo 17 G, y ser informado por escrito de las razones del rechazo a la contratación del servicio financiero, las que deberán fundarse en condiciones objetivas”.

3.Que, a mayor abundamiento, son también derechos del consumidor en el ámbito financiero “Conocer las condiciones objetivas que el proveedor establece previa y públicamente para acceder al crédito y para otras operaciones financieras”. Por consiguiente, no es extraño que el legislador establezca normas vinculadas a la formación del consumidor en materia financiera, como una herramienta eficaz en torno a promover finanzas sanas a través de buenas prácticas en este ámbito. Junto a lo anterior, el conocimiento de derechos, prerrogativas o ventajas por parte de los consumidores, posibilita la maximización de las bondades el sistema y por ello siempre son medidas adecuadas en nuestro sistema.

4.Que, el artículo 17 G, de la propia ley del consumidor establece que “Los proveedores deberán informar la carga anual equivalente en toda publicidad de operaciones de crédito en que se informe una cuota o tasa de interés de referencia y que se realice por cualquier medio masivo o individual”. De esta manera, la ley establece como obligación por parte del proveedor de servicios financieros la información del CAE. Sin perjuicio de ello, la referida información en muchas oportunidades es pasada por alto, por los consumidores y la función informadora sencillamente no se materializa en los hechos, por esta razón los diputados firmantes de esta iniciativa parlamentaria, promovemos una iniciativa tendiente a la consagración de un sistema de prevención al consumidor bajo la forma de un semáforo y siguiente en tal sentido, el sistema de sellos, escogido para la determinación de los alimentos altos en grasas saturadas, sodio u otros componentes nocivos para la salud, y que se detallará a continuación.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

De acuerdo a lo indicado precedentemente, el proyecto modifica la ley del consumidor con el objeto de establecer un sistema de prevención al consumidor, determinando los riesgos en el endeudamiento, en atención a la carga anual equivalente del producto. Lo anterior, a través de un mensaje de prevención con los colores del semáforo, donde el rojo es el crédito más gravoso y el verde el de menor intensidad.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Agréguese un nuevo inciso 2° en el artículo 17 G de la Ley 19.496 sobre Protección de los derechos del Consumidor, pasando el actual inciso 2° a ser 3°, de conformidad al siguiente texto:

“Asimismo, en la información referida en el inciso anterior deberá incluirse la calificación del riesgo que asume el consumidor al tomar un crédito, en virtud de los siguientes criterios: color rojo para aquellos créditos con carga anual equivalente superior a un 21 por ciento, amarillo para aquellos créditos con carga anual equivalente que oscile entre el 6 y 20 por ciento y verde respecto de aquellos créditos cuya carga anual equivalente fluctúe entre el cero y el 5 por ciento”.

Diputados señores Von Mühlenbrock, Gahona, Lavín, Noman, Rentería, Sanhueza, Trisotti; Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, y de la diputada señora Troncoso

Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Sabat y de los diputados señores Alessandri; Flores, don Iván; Fuenzalida, don Gonzalo; Leiva y Longton, que “Modifica el Código Penal en materia de aplicación de las penas a los individuos mayores de dieciocho años que actuaren junto a menores de edad en la comisión de un delito” Boletín N°12112-07

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- La ley 20.084 conocida como “Ley de Responsabilidad Penal Adolescente” (LRPA), trajo consigo la modificación del artículo 72 del Código Penal, eliminando la eximente incompleta de la minoróia de edad contemplada en el inciso primero de dicha norma, dejando subsistente el inciso segundo el cual figura en un contaxto inconexo que debe ser modificado para una mejor aplicación. Pues el inciso sobreviviente trae un error conceptual importante en cuanto se refiere al término “responsables”, pero sabemos que la responsabilidad es determinada por el tribunal luego de finalizar el proceso, siendo posible que el juzgamiento de mayores de edad se lleve a cabo de forma separada a la de los adolescentes responsables, y aun más si pensamos en delitos en que han participados personas exentas de reponsabilidad penal como lo son los menores de 14 años.

Además esta agravante entra en conflicto con la reseñada en el artículo 12 Nº 11 y otras de carácter especial para algunos delitos, las cuales también merecen ser revisadas, incluso podemos señalar que con aquellas que implican la participación de un conjunto de personas en la acción delictual también se daría una suerte de conflicto solucionado por medio del principio de especialidad.

2.- Desde el año 2015 los ingresos al sistema de responsabilidad penal adolescente superan los 110.000, esto según el reporte estadísitico del Ministerio Público, siendo los hurtos con un 16,17%, las lesiones con un 16,06%, las faltas con un 15,11%, delitos contra la propiedad un 10,02% y los robos con un 8,19%, los ilícitos penales de mayor ocurrencia.

3.- Por otro lado no existe un dato certero de los menores de 14 años que han transgredido la ley penal, sin embargo, la Subsecretaría de Prevención del delito a estimado una cifra cercana a los 5.000 niños inimputables, mientras que el trabajo de la Fundación San Carlos de Maipo, en conjunto con la Fundación Paz Ciudadana dan cuenta de un promedio de 2.700 niños inimputables involucrados en figuras delictuales al año.

4.- Según estudios de Gendarmería de Chile, más del 50% de quienes se encuentran privados de libertad comenzaron a delinquir en promedio a los 13 años de edad.

5.- La objetivización de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos se ha transformado en una circunstancia normal dentro de la crónica policial, los denominados “niños soldados”, frente a lo cual nos hemos encontrado con reacciones de lo más diversas, que apuntan a la rebaja de la edad de la responsabilidad penal, hasta la creación del delito especial de actuar prevalido de menores de edad para la comisión de determinados delitos, sin embargo creemos que una solución adeacuada en ordenar nuestra legislación penal en orden a entregar de forma general un efecto a la actuación típica con menores de edad, cualquiera sea el rol que cumplan estos en la comisión del ilicito.

6.- Que sin duda la utilización de menores de edad en la comisión de delitos, cualquiera sea su naturaleza merece un reproche mayor, por lo compleja que son las etapas de adolecencia y pubertad en la evolución del desarrollo, pues en esta encricijada de la vida se definen aspectos de la personalidad sumamente determinantes en el futuro, haciendose mucho más vulnerables dada su necesidada de valoración, inclusión, validación y reconocimiento.

IDEA MATRIZ

Establecer una circunstancia agravante especial, que opere una vez finalizado el proceso de determinación de la pena, correspondiente a la actuación con personas menores de edad, debiendo aplicarse la pena aumentada en un grado en caso de que se trate de menores de 18 y mayores de 14, y en dos grados en el caso de menores de 14.

En razón de lo señalado es que venimos a someter a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE LEY

ARTICULO UNICO.- Sustituyase el artículo 72 por el siguiente:

“Artículo. 72. En los casos en que un mayor de edad hubiere cometido un delito actuando con personas menores de edad, se aplicará la pena que hubiera correspondido sin esta circunstancia, aumentada en un grado.

Cuando se actúe con personas menores de catorce años se aplicará la pena correspondiente, aumentada en dos grados.

Las reglas contempladas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de las reglas especiales contempladas en este Código o en leyes especiales.”.

Diputada señora Sabat y de los diputados señores Alessandri; Flores, don Iván; Fuenzalida, don Gonzalo; Leiva y Longton

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González, don Félix; Ibáñez, Jackson y Mirosevic, y de las diputadas señoras Cariola, Girardi, Mix, Rojas y Santibáñez, que "Modifica la ley N° 20.380, Sobre Protección de Animales, y la ley N° 20.216 que Establece Normas en Beneficio del Circo Chileno, para considerar como maltrato animal el rodeo y otras actividades que indica” Boletín N°12113-12

Los animales no humanos son seres vivos que sienten y tienen conciencia de sí mismos. En este sentido, la Declaración de Cambridge, suscrita por un grupo de destacados científicos en 2012, señala:

“La ausencia de un neocórtex no parece prevenir que un organismo experimente estados afectivos. Evidencia convergente indica que los animales no humanos poseen los substratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes, así como la capacidad de exhibir comportamientos deliberados. Por consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros, y muchas otras criaturas, incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos”.

Esta evidencia otorga nuevos argumentos a quienes desde hace décadas demandan la protección de los derechos de los animales, y debería instar a los Estados a modificar su legislación para adecuarla a los conocimientos científicos y a los principios éticos de la sociedad.

En Chile, el ordenamiento jurídico nacional contempla leyes para la protección de los animales no humanos, entre las que destacan la Ley N° 20.380 sobre protección animal y la Ley N° 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Sin embargo, esta normativa resulta insuficiente para hacerse cargo de la adecuada protección de los animales, siendo una de sus principales deficiencias la decisión del legislador de excluir del ámbito de aplicación de la ley, algunas actividades que constituyen actos de maltrato animal, tales como el rodeo.

Según la sentencia definitiva dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 2 de abril de 2015, en causa caratulada “Sociedad Protectora de Cocheros de Viña del Mar y otros con Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”, Rol 491-2015, los animales, no son sólo objetos sino que son sujetos de cuidado, por lo que existe un imperativo ético en prohibir los actos de maltrato y sufrimiento injustificado, con la finalidad de garantizar el bienestar animal, entendiendo que este comprende su salud física y emocional.

Para tal efecto, resulta interesante analizar las iniciativas internacionales sobre la materia, tales como la Declaración Universal de los Derechos del Animal -aprobada por la UNESCO y la ONU- en cuanto establece que ningún animal debe ser sometido a malos tratos ni actos crueles, ni ser explotado para el esparcimiento del hombre, disponiendo que las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirven de animales son incompatibles con la dignidad del animal. En el mismo sentido, United Kingdom Animal Welfare Council (FAWC), propone cinco libertades esenciales para los animales: 1) Ser libre del hambre y de la sed por medio del acceso al agua fresca y una dieta diseñada para mantener la salud y vigor; 2) Ser libre de la incomodidad por medio de la creación de un ambiente apropiado que incluya refugio y un área de descanso cómoda; 3) Ser libre del dolor, del daño o de la enfermedad por medio de la prevención o diagnóstico y tratamiento rápido; 4) Ser libre para expresar su comportamiento normal por medio de la entrega de espacio suficiente, instalaciones adecuadas y la compañía de otros seres de su propia especie; 5) Ser libre del miedo y la angustia por medio de la garantía de condiciones que eviten el sufrimiento mental.

1.Prohibición del rodeo y otras actividades similares

En el rodeo dos jinetes montados sobre caballos deben arrear y atajar a un novillo en tres oportunidades consecutivas, sobre dos quinchas, provocando lesiones y sufrimiento a estos animales, sometiéndolos a una situación estresante que les provoca miedo y dolor. Sin embargo, el artículo 16 de la Ley 20.380 señala que: “Las normas de esta ley no se aplicarán a los deportes en que participen animales, tales como el rodeo, las corridas de vaca, el movimiento a la rienda y los deportes ecuestres, los que se regirán por sus respectivos reglamentos”.

Dicha limitación del ámbito de aplicación de la ley impide que se sancionen los actos de maltrato animal propios de la actividad u otros de mayor gravedad.

Los defensores del rodeo suelen argumentar que se trata de una actividad tradicional que forma parte de la idiosincrasia chilena. No obstante, debemos tener en cuenta la plasticidad de la cultura y su capacidad de transformación a lo largo del tiempo a través de los cambios morales, éticos e ideológicos de sus integrantes, sus nuevas sensibilidades y demandas.

En esta materia, los datos demuestran que el rodeo es cada vez menos apreciado por los chilenos y chilenas. Así, la encuesta Adimark del año 2016 reveló que solo un 14% de la población siente simpatía por el rodeo. Además, dicha encuesta diferenció entre tres generaciones distintas: 52 o más años (22%), 36 a 51 años (15%) y 15 a 35 años (7%), lo cual demuestra que las nuevas generaciones valoran cada vez menos esta práctica. De igual manera, según la encuesta Cadem del año 2017, que midió la identificación de la población con tradiciones, símbolos nacionales y personajes públicos del país, un 61% de la población no se siente identificada con el rodeo.

2.Prohibición del uso de animales en circos

El estado de bienestar no existe en la vida de animales que son exhibidos en los circos. Ellos son adiestrados para realizar conductas no naturales con métodos violentos, y obligados a repetirlas a pesar de que estas les ocasionen dolencias físicas o psicológicas. Además, se les obliga a permanecer encerrados y a convivir con otros animales con los que normalmente no conviven, provocándoles estrés crónico y otras alteraciones fisiológicas.

Los excesivos niveles de ruido y de luz, su transporte durante largos trayectos y la alimentación que reciben, provocan alteraciones en sus ciclos naturales e impiden su normal desarrollo, por lo que es necesario adecuar la legislación actual, prohibiendo la participación de animales no humanos en los espectáculos circenses.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO PRIMERO: Incorpórense la siguiente modificación a la Ley N° 20.380, sobre protección animal.

a)Eliminase del artículo 5° la palabra: “circos”.

b)Reemplázase el artículo 16° por el siguiente: “Se considerará maltrato hacia los animales la práctica del rodeo, las corridas de vaca, las jineteadas y cualquiera otra actividad recreativa que constituya una expresión de violencia y crueldad hacia los animales. Asimismo, se considerará maltrato el uso de animales en circos fijos e itinerantes”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórense la siguiente modificación a la Ley N° 20.216, que establece normas en beneficio del circo chileno.

a) Eliminase del artículo 2° la frase: “animales amaestrados”.

Diputados señores González, don Félix; Ibáñez, Jackson y Mirosevic, y de las diputadas señoras Cariola, Girardi, Mix, Rojas y Santibáñez

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo; Longton y Rey, y de la diputada señora Sabat, que “Modifica la Carta Fundamental para definir la causal de notable abandono de deberes en la acusación constitucional en contra de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República” Boletín N°12114-07

Considerando

1.Que, el número 2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República dispone como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, la de declarar si ha o no lugar a las acusaciones constitucionales que fueren presentadas por cierto número de diputados en contra de distintas autoridades que allí se indican, entre las que se incluyen los magistrados de los altos tribunales de justicia del país y el Contralor General de la República (letra c del referido articulado).

2.En el esquema orgánico e institucional del sistema de república democrática que el país ha adoptado, se configura un modelo de contrapesos que permite, entre otras cosas, la fiscalización recíproca entre los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Este modelo cumple la función de equilibrar el poder público, asignando a cada rama del Estado una determinada atribución y función, resguardando siempre la Constitución y la ley[1].

3.Cabe agregar, que la institución de la acusación constitucional o “política”, tiene un origen considerablemente antiguo, vinculándose con similar facultad del impeachment inglés que se ejercía en contra de autoridades no inamovibles de Inglaterra, mecanismo que fue incorporado en la Constitución Chilena de 1828[2]. Este antecedente permite entender cómo es que hoy, dicha institución choca en determinados sentidos con otros mecanismos de responsabilidad y persecución de autoridades.

4.Lo dicho anteriormente sobre la data de esta atribución y su concepción como una herramienta de fiscalización recíproca de los poderes del estado, permite entender, que pese a no estar descrito en la norma lo que se debe entender por notable abandono de sus deberes, esta se circunscribe en materias netamente administrativas, ello, de acuerdo a la sistematización de las normas que prescribe el mismo texto constitucional, de otra forma, sería inadmisible calificar por esta vía el mérito de lo resuelto y lo conocido por los tribunales.

5.Así las cosas, resulta del todo necesario aclarar la causal contemplada en la ley para la procedencia de la acusación constitucional. Esto posibilitará un ejercicio responsable del mecanismo y le brindará mayor legitimidad, puesto que debe quedar claramente establecido que la facultad de fiscalización y acusación ejercida por la Cámara de Diputados no debe significar, bajo ningun pretexto, que esta corporación se está inmiscuyendo en funciones propiamente judiciales.

6.Efectivamente, la causal que posibilita el ejercicio de la acusación constitucional, esto es, el notable abandono de deberes, ha sido utilizada para la presentación de acusaciones que buscan calificar y evaluar el mérito de resoluciones judiciales, las que sí fueron debidamente expedidas por los tribunales involucrados, tal como en el caso de la última acusación constitucional presentada en contra de los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema, señores Hugo Dolmestch, Carlos Künsemuller y Manuel Antonio Valderrama. Por ello, realizar una clarificación de la causal permitirá superar este actual problema interpretativo y de aplicación.

Idea Matriz

El presente proyecto de ley busca explicitar la causal de procedencia de la acusación constitucional en contra de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, esto es, la de notable abandono de sus deberes, la que se encuentra contemplada en la letra c) del número 2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, en relación a sus deberes propios de la administración de justicia y los demas establecidos por la ley, todo ello en concordancia con lo dispuesto en el artículo 76 inciso primero de la misma Constitución.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: agréguese el siguiente párrafo inmediatamente a continuación de la actual redacción de la letra c del número 2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, del siguiente tenor:

“Se entenderá que existe notable abandono de deberes, cuando arbitraria y/o injustificadamente no diesen cumplimiento a sus deberes propios de la administración de justicia y los demas establecidos por la ley, todo ello en plena concordancia con lo dipuesto en el artículo 76 inciso primero de la Constitución"

Diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo; Longton y Rey, y de la diputada señora Sabat

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Carter, Baltolu, Barros, Kort, Lavín, Macaya, Melero, Moreira, Ramírez y Von Mühlenbrock, que “Modifica la Carta Fundamental para asignar a las municipalidades la función de resguardar la seguridad comunal” Boletín N°12115-07

I.IDEAS GENERALES.

Indudablemente la seguridad ciudadana constituye uno de los asuntos de mayor importancia atribuido por los chilenos, no sólo a partir de la violencia especialmente aguda con la que actúan los delincuentes, sino por el aumento en la comisión de delitos en Chile y el consecuente aumento de la tasa de victimización.

En este sentido el flagelo de la delincuencia se erige como un asunto presente ya hace varias décadas que requiere el esfuerzo de todas las autoridades para apoyar el trabajo de jueces, policías y la misma sociedad civil en torno a combatir el problema de un modo eficaz. Así las cosas, la debida coordinación entre las autoridades administrativas junto a la sociedad civil, constituyen una eficaz herramienta para lograr el objetivo común de vivir en un barrio, ciudad y país seguro.

Es así como uno de los talones de Aquiles más notorios en materia de seguridad ciudadana lo constituye la escasa organización de las propias juntas de vecinos, organizaciones que en la actualidad no se encuentran investidas de la suficiente fuerza para hacer frente a los sucesos de delincuencia que potencialmente pueden ser víctimas los vecinos, de tal forma que se requieren mecanismos a través de los cuales se les pueda empoderar a objeto de requerir de la autoridad correspondiente el tomar acciones directas y conducentes a prevenir hechos delictivos en el barrio.

Lamentablemente, las situaciones anteriores han devenido que, en el último tiempo, los vecinos de pasajes y caminos busquen mitigar los riesgos que implica la delincuencia, y en este sentido los diputados patrocinantes de esta moción, concordamos en la idea que corresponde otorgar al alcalde mayores facultades en esta materia, a fin de lograr una aplicación práctica de la ley, y evitar reparos o requerimientos de Contraloría, que limitan el uso de estas atribuciones.

Para esto, se presentarán dos mociones en la misma línea, la presente que busca modificar la Constitución, agregando como uno de los fines de la Municipalidad, el resguardo de la seguridad comunal, y una segunda moción, que simplifica el proceso de cerramiento de pasajes y otorga mayores facultades al alcalde en esta materia.

II.CONSIDERACIONES.

1.Que, en la actualidad la propia autoridad estatal, a través de la ley 20.499, a cargo de las municipalidades ejerce un cierto control preventivo de acceso a calles, pasajes o a conjuntos habitacionales, sean éstos urbanos o rurales con una misma vía de acceso o salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos, a través de la autorización que ellos despliegan por un plazo de cinco años.

2.Que, la referida autorización asimismo implica un consenso de los vecinos los que con la firma de al menos un 90%, previo informe de las direcciones de tránsito y de obras municipales y de la unidad de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos de la comuna, podrán requerir de la autoridad municipal la referida autorización.

3.Que, el aumento sostenido de la tasa de victimización de la población hace pensar que todo esfuerzo en materia de combate a la delincuencia es poco y que requerimos de una sociedad civil más empoderada y organizada a fin que la actividad policial sea más efectiva, principalmente en lo que respecta a la prevención.

4.Que, a nuestro entender regulación legal imperante, dificulta la puesta en marcha de todo un conjunto de medidas de carácter urgente que requieren de la autoridad estatal y policial una decisión expedita y expresa.

5.Que, además, los requisitos excesivos que contemplan las normas anteriormente citadas, han devenido en una dificilísima aplicación práctica de las mismas, obteniéndose en esta materia, múltiples dictámenes de Contraloría que se han pronunciado respecto al cerramiento de los pasajes y calles, obligando al alcalde a retrotraer los cerramientos efectuados.

6.Que, por tanto, este proyecto busca simplificar los procesos establecidos, para otorgar mayor autonomía al alcalde en esta materia; y agrega a la definición constitucional de municipalidad, la función de resguardar la seguridad comunal, sirviendo esta modificación, como sustento de las atribuciones anteriormente mencionadas.

III.CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El presente proyecto modifica la Constitución, consagrando en el artículo 118 de esta, la función de resguardar la seguridad comunal por parte de las municipalidades, a fin de facilitar el proceso de cierre de pasajes, siendo el fundamento último de esta facultad, la misma Constitución.

IV.PROYECTO DE LEY.

Artículo 1°: Modifíquese el inciso cuarto del artículo 118 de la Constitución Política de la República, de acuerdo al siguiente texto:

Las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local, asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, y resguardar la seguridad comunal.

Diputados señores Carter, Baltolu, Barros, Kort, Lavín, Macaya, Melero, Moreira, Ramírez y Von Mühlenbrock

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Carter, Baltolu, Barros, Kort, Lavín, Macaya, Melero, Moreira, Ramírez y Von Mühlenbrock, que “Modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en el sentido de simplificar el procedimiento para proceder al cierre de calles y pasajes, y reforzar las atribuciones de los alcaldes en esta materia” Boletín N°12116-06

I.IDEAS GENERALES.

Indudablemente la seguridad ciudadana constituye uno de los asuntos de mayor importancia atribuido por los chilenos, no sólo a partir de la violencia especialmente aguda con la que actúan los delincuentes, sino por el aumento en la comisión de delitos en Chile y el consecuente aumento de la tasa de victimización.

En este sentido el flagelo de la delincuencia se erige como un asunto presente ya hace varias décadas que requiere el esfuerzo de todas las autoridades para apoyar el trabajo de jueces, policías y la misma sociedad civil en torno a combatir el problema de un modo eficaz. Así las cosas, la debida coordinación entre las autoridades administrativas junto a la sociedad civil, constituyen una eficaz herramienta para lograr el objetivo común de vivir en un barrio, ciudad y país seguro.

Es así como uno de los talones de Aquiles más notorios en materia de seguridad ciudadana lo constituye la escasa organización de las propias juntas de vecinos, organizaciones que en la actualidad no se encuentran investidas de la suficiente fuerza para hacer frente a los sucesos de delincuencia que potencialmente pueden ser víctimas los vecinos, de tal forma que se requieren mecanismos a través de los cuales se les pueda empoderar a objeto de requerir de la autoridad correspondiente el tomar acciones directas y conducentes a prevenir hechos delictivos en el barrio.

Lamentablemente, las situaciones anteriores han devenido que, en el último tiempo, los vecinos de pasajes y caminos busquen mitigar los riesgos que implica la delincuencia, y en este sentido, los diputados patrocinantes de esta moción, concordamos en la idea que corresponde otorgar al alcalde mayores facultades en esta materia, a fin de lograr una aplicación práctica de la ley, y evitar reparos o requerimientos de Contraloría, que limitan el uso de estas atribuciones.

Para esto, se presentarán dos mociones en la misma línea, la presente que busca simplificar el proceso de cerramiento de pasajes y otorga mayores facultades al alcalde en esta materia y una segunda moción, que modifica la Constitución, agregando como uno de los fines de la Municipalidad, el resguardo de la seguridad comunal,

II.CONSIDERACIONES.

1.Que, en la actualidad la propia autoridad estatal, a través de la ley 20.499, a cargo de las municipalidades ejerce un cierto control preventivo de acceso a calles, pasajes o a conjuntos habitacionales, sean éstos urbanos o rurales con una misma vía de acceso o salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos, a través de la autorización que ellos despliegan por un plazo de cinco años.

2.Que, la referida autorización asimismo implica un consenso de los vecinos los que con la firma de al menos un 90%, previo informe de las direcciones de tránsito y de obras municipales y de la unidad de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos de la comuna, podrán requerir de la autoridad municipal la referida autorización.

3.Que, el aumento sostenido de la tasa de victimización de la población hace pensar que todo esfuerzo en materia de combate a la delincuencia es poco y que requerimos de una sociedad civil más empoderada y organizada a fin que la actividad policial sea más efectiva, principalmente en lo que respecta a la prevención.

4.Que, a nuestro entender regulación legal imperante, dificulta la puesta en marcha de todo un conjunto de medidas de carácter urgente que requieren de la autoridad estatal y policial una decisión expedita y expresa.

5.Que, además, los requisitos excesivos que contemplan las normas anteriormente citadas, han devenido en una dificilísima aplicación práctica de las mismas, obteniéndose en esta materia, múltiples dictámenes de Contraloría que se han pronunciado respecto al cerramiento de los pasajes y calles, obligando al alcalde a retrotraer los cerramientos efectuados.

6.Que, por tanto, este proyecto busca simplificar los procesos establecidos, para otorgar mayor autonomía al alcalde en esta materia; y agrega a la definición constitucional de municipalidad, la función de resguardar la seguridad comunal, sirviendo esta modificación, como sustento de las atribuciones anteriormente mencionadas.

III.CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El presente proyecto busca atribuir mayores atribuciones al alcalde, en materia de cerramiento de calles y pasajes, eliminando la aprobación del concejo y simplificando los procesos establecidos. Además, permite al alcalde ejercer la facultad de oficio o a petición del interesado.

IV.PROYECTO DE LEY.

Artículo 1°: Modifíquese la el párrafo final de la letra c del artículo 5° del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del año 2006 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, de acuerdo al siguiente texto:

El alcalde podrá autorizar el cierre de pasajes a calles con una misma vía de acceso y salida con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos.

Dicha decisión deberá ser fundada y será una atribución exclusiva del alcalde, el que la podrá ejercer de oficio o a petición de los interesados.

Artículo 2°: Modifíquese el párrafo primero de la letra r), del inciso primero, del artículo 65 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del año 2006 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, de acuerdo al siguiente texto:

Otorgar la autorización a que se refiere el párrafo segundo de la letra c) del artículo 5º, previo informe de autoridades competentes. La autorización deberá ser fundada, especificar el lugar de instalación de los dispositivos de cierre o control; las restricciones a vehículos, peatones o a ambos, en su caso, y los horarios en que se aplicará. La municipalidad podrá revocarla en cualquier momento cuando así lo solicite, a lo menos, el 50 por ciento de los referidos propietarios o sus representantes.

Artículo 3°: Modifíquese el segundo párrafo de la letra r) del inciso primero, del artículo 65 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del año 2006 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, de acuerdo al siguiente texto:

La facultad señalada en el artículo 5° letra c) no podrá ser ejercida en ciudades declaradas patrimonio de la humanidad o respecto de barrios, calles, pasajes o lugares que tengan el carácter de patrimonio arquitectónico o sirvan como acceso a ellos o a otros calificados como monumentos nacionales.

Diputados señores Carter, Baltolu, Barros, Kort, Lavín, Macaya, Melero, Moreira, Ramírez y Von Mühlenbrock

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Kast, Álvarez, don Sebastián; Cruz-Coke, Keitel, Longton, Molina, Sabag y Undurraga, que “Modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en el sentido de simplificar el procedimiento para proceder al cierre de calles y pasajes, y reforzar las atribuciones de los alcaldes en esta materia” Boletín N°12117-06

I.FUNDAMENTOS

1.Que en estos últimos meses se ha instalado en el debate nacional la necesidad de avanzar hacia una sociedad en que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas oportunidades y la misma dignidad.

2.Que es deber del Estado garantizar y promover un ambiente libre de discriminación, violencia y un trato digno para todas las personas.

3.Que hoy resulta evidente que toda forma de abuso debe ser rechazada por todos quienes creen en una sociedad de individuos libres e iguales en dignidad y derechos, principios históricos del liberalismo.[1]

4.Que el contexto político actual exige que contemos con instrumentos que nos permitan prevenir y sancionar situaciones de discriminación o abuso en distintos ámbitos de la sociedad.

5.Que los partidos políticos no pueden quedar exentos de este deber. Por ello, se hace necesario que cuenten con protocolos y procedimientos a aplicar ante situaciones de acoso o abuso por parte de alguno de sus militantes.

6.Que un análisis realizado por la Fundación Ciudadano Inteligente señaló que sólo cinco partidos o movimientos políticos cuentan con protocolos que buscan enfrentar estas situaciones.[2] Por tanto, esto evidencia que la mayoría de los partidos políticos hoy existentes no cuentan con estos instrumentos y que a juicio de quienes suscribimos, su existencia se hace cada vez más necesaria. Además, consideramos que no sólo se hace necesario contar con los protocolos, sino que también debemos asegurar su aplicación.

7.Que la existencia de estos protocolos en los partidos políticos debiera permitir garantizar un tratamiento adecuado de situaciones de abuso y acoso, dando plena aplicación a principios como la no revictimización, celeridad, confidencialidad y debido proceso entre otros.

II. CONSIDERANDOS:

1.Que la ley Nº 18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos es el marco legal por el cual deben ceñirse en cuanto a su constitución, afiliación, organización interna, financiamiento, disolución entre otros aspectos.

2.Que el rol que juegan en la sociedad es muy relevante, tal como lo señala su propia definición del artículo primero “asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular, son instrumento fundamental para la participación política democrática, contribuyen a la integración de la representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado.

Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes.”

3.Que los partidos políticos al estar comprometidos con el respeto y la garantía de los derechos humanos, deben trabajar por una cultura de igualdad de género como un eje transversal que incluya la prevención y atención de casos de discriminación y violencia de género. Y una de las formas de aportar en esta tarea, es con la elaboración de protocolos para la prevención y sanción del abuso sexual.

4.Que la ley Nº 18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos no contempla que los partidos políticos deban contar con un protocolo de prevención y sanción del abuso y el acoso sexual, por lo que nos parece pertinente incorporarlo y poder asegurar su aplicación, contando con una persona encargada para tal efecto.

5.Que el acoso sexual es una expresión de la violencia de género y manifiesta la desigualdad de poder entre hombres y mujeres al interior de la sociedad, y como tal, impacta y determina situaciones de coacción y discriminación que afectan, fundamentalmente, a las mujeres. En las últimas décadas, las investigaciones y legislaciones referidas a hostigamiento sexual han mostrado un importante avance en el marco de los espacios laborales.[3] Sin embargo, de manera reciente, se ha comenzado a visibilizar la ocurrencia y gravedad de este tipo de prácticas en otros espacios como por ejemplo, establecimientos educacionales y partidos políticos.

6.Que en Chile, el acoso sexual se aborda básicamente en el ámbito laboral, con la Ley Nº 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual, modificando el Código del Trabajo y definiendo esta conducta como aquella en la que “una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”. Por otro lado, la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, que rige al sector público, en su artículo 84 establece la prohibición de “realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo”.

7.Por tanto, en otros contextos no hay norma aplicable, encontrándose tipificados solo los comportamientos más graves que configuran delitos como el abuso sexual o la violación en el Código Penal. En este sentido, nos parece aún más relevante la existencia de estos protocolos al interior de las colectividades políticas.

IDEA MATRIZ

Por todo lo anteriormente expuesto, es que venimos en presentar un proyecto de ley que pretende establecer una obligación para los partidos políticos en relación a contar con un protocolo de prevención y sanción para el abuso sexual.

Junto a lo anterior, el presente proyecto de ley busca asegurar la aplicación del protocolo en referencia, de manera tal que exista una persona (fiscal) en cada partido encargada de la aplicación y eficacia de dicho protocolo.

NORMATIVA VIGENTE AFECTADA POR EL PROYECTO

El proyecto de ley consta de dos artículos, que hacen modificaciones a la Ley Nº 18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos.

El artículo primero introduce en el título IV de la ley, que hace referencia a la organización interna de los partidos políticos, un artículo 38 bis nuevo que busca establecer la obligación de los partidos políticos de contar con un protocolo de prevención y sanción para el abuso sexual, así como también crear la figura de un fiscal que esté a cargo de su cumplimiento.

Además, se contempla un artículo transitorio que busca establecer un plazo a los partidos políticos para implementar el referido protocolo de prevención y sanción para el abuso sexual.

Quienes suscribimos presentamos la siguiente iniciativa:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO PRIMERO.- Incorpórese un nuevo artículo 38 bis a la Ley Nº 18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos que señale lo siguiente:

“Los partidos políticos deberán contar con un protocolo de prevención y sanción para el abuso sexual. Dispondrán de un plazo de 180 días corridos para su elaboración desde su constitución como partido.

Para efectos del cumplimiento de dicho protocolo, cada partido deberá nombrar a un Fiscal, quien tendrá la función de velar porque se cumpla con la obligación de investigar y resolver toda denuncia que se hubiera realizado en virtud del protocolo de prevención y sanción para el abuso sexual.

Sin perjuicio de la nomenclatura que utiliza esta ley para referirse a este protocolo, cada partido político podrá denominarlo de la manera que estime pertinente”

ARTÍCULO TRANSITORIO: Desde la fecha de publicación de esta ley, los partidos políticos tendrán un plazo máximo de 180 días corridos para implementar el referido protocolo de prevención y sanción para el abuso sexual.

Diputados señores Kast, Álvarez, don Sebastián; Cruz-Coke, Keitel, Longton, Molina, Sabag y Undurraga