Labor Parlamentaria

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer sanciones a la decodificación ilegal de los servicios limitados de televisión.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en sesión 77ª de la presente legislatura, en 27 de septiembre de 2018, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Tohá

El señor TOHÁ.-

Señora Presidenta, la tecnología hoy nos proporciona la posibilidad de acceder a la producción audiovisual de las estaciones de televisión de todo el mundo a través de internet y ello trae desafíos que es necesario abordar con la óptica del bien común.

La era de la digitalización de las señales televisivas ha llegado para quedarse, y por ello debemos tomar posición en torno a lo crucial que significa tener, en un mundo abierto a la técnica, la chance de que los consumidores dispongan de aparatos para decodificar las señales de los servicios televisivos de pago.

Si bien no nos cabe duda de que se trata de una práctica que puede ser calificada de ilegal, debemos pensar, al mismo tiempo, que dicha tecnología no necesariamente sirve para acceder a contenido de pago, sino a cualquier tipo de señal que se transmita digitalmente y que de manera legítima puede ser vista por el cibernauta.

En términos simples, los decodificadores, por sí mismos, no son el problema, sino el uso que puede dárseles.

Como legisladores, entendemos las recomendaciones que se han dado en la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel), en el marco de la vigésimo quinta reunión del Comité Consultivo Permanente. Sin embargo, debemos avanzar en soluciones propias de un Estado que se preocupa más de los consumidores que de las empresas, y que presume la buena fe de los ciudadanos, y no lo contrario.

Nos parece excesivo e imprudente que este proyecto de ley busque sancionar en forma tan drástica la utilización de decodificadores digitales y, sobre todo, que se haga a través del mecanismo de calificar la urgencia de discusión inmediata, y que se impongan cuantiosas multas, las cuales llegan a los 48 millones de pesos para los casos en que se distribuya o comercialicen dispositivos tangibles o intangibles destinados a la decodificación de señales.

De igual manera, encontramos un despropósito que se persiga a la persona que preste servicios de instalación de los dispositivos decodificadores, aplicándole multas, según este proyecto de ley, también de forma excesiva, de hasta 100 UTM.

¿Cuál es la razón para pensar que debemos sancionar con tal dureza a quienes infrinjan la ley al utilizar decodificadores digitales y no sancionemos con igual severidad a quienes, por ejemplo, forman asociaciones para fijar precios o asignarse cuotas de mercado?

El derecho penal y las sanciones pecuniarias que promueve el proyecto de ley deben ser sanciones de ultima ratio, es decir, deben ser propuestas para casos realmente graves, en que se atente contra la confianza pública y se infrinjan valores de convivencia social fundamentales o derechamente para casos en que el bien de la comunidad se vea seriamente comprometido. En una economía de mercado, en la que se transan libremente bienes y servicios, es el consumidor quien debe tener una protección especial por parte de la ley.

Para el caso de las empresas que lucran con la televisión de pago legítimamente, se les debe instar a que, en el ejercicio de su giro, tomen las medidas de resguardo pertinentes, incentivándolas a invertir parte de sus recursos para encriptar de forma eficaz las señales que comercializan al mercado cautivo, conformado por cientos de miles de familias en todo el país.

Hoy existe en el mercado internacional tecnología suficiente para apagar estos decodificadores e, incluso, para impedirles su entrada a la red cuando lo que se busca es captar señales de servicios limitados de pago. Creemos que la labor del legislador en este punto no es tanto facilitar el desenvolvimiento empresarial de compañías que proveen servicios de pago, sino más bien proteger a los consumidores precisamente en la interacción con dichas empresas, para evitar fraudes y cobros excesivos e injustificados en las cuentas, como tantas veces lo hemos visto.

Llamamos a las empresas y al Estado a entregar herramientas que estimulen la inversión que deben hacer las compañías en sistemas tecnológicos de alta gama que permitan bloquear los decodificadores digitales que estén siendo mal utilizados. Imponer brutales multas a los consumidores y a quienes instalen un decodificador y cobren por ese trabajo nos parece que es solo acentuar la endémica asimetría que ya existe en nuestro país entre empresas y consumidores.

Por esos motivos, votaremos en contra de la iniciativa.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Galleguillos .

El señor GALLEGUILLOS.-

Señor Presidente, se estima que el 84 por ciento del mercado de la televisión es pagado y regido por las empresas que todos ya conocemos: VTR, DirecTV , Entel , Telefónica, etcétera. El otro 16 por ciento corresponde, según cifras de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel), a decodificación sindicada como pirata. A pesar del porcentaje muy menor, supone grandes pérdidas para las empresas de televisión limitada.

Este proyecto tiene como objetivo, en teoría, velar por la protección de los derechos de propiedad intelectual, tipificando y sancionando la importación de los dispositivos decodificadores en la Ley General de Telecomunicaciones. Sin embargo, me pregunto: ¿se protegen los derechos de autor o se protege a las grandes empresas que entregan los servicios de televisión limitada?

Esa duda me surge puesto que uno de los fundamentos del proyecto es que el uso de los referidos dispositivos atentaría contra el desarrollo de la industria en la región, lo cual derechamente no es creíble, considerando el porcentaje señalado y los altos montos involucrados.

Otro motivo para mi duda es el nuevo artículo 37 bis que se propone, el cual nos dice, en resumen, que las empresas que comercialicen televisión digital deben exhibir, en lugar destacado y claramente visible, las prohibiciones y sanciones relacionadas con la decodificación de señales que no sean las de ellas. Es decir, las propias empresas en sus sucursales van a advertir que ellas mismas son la única alternativa, so pena -entiéndase “el que no obedezca”de sanciones y multas. ¿No es acaso este un traje a la medida de las empresas?

Pero lo que me produce más reparos es, lejos, el hecho de que el Estado de Chile, a través de la Subtel, tenga que destinar personal y recursos para garantizar la seguridad del negocio de empresas privadas. En la misma lógica, sin ir más lejos, hace meses veíamos cómo Carabineros tenía que destinar personal para proteger camiones de valores de empresas privadas. Esto, sin ninguna duda, no corresponde. Las empresas privadas que lucran con ganancias multimillonarias, especialmente aquellas del mercado de la televisión digital, deben invertir en la seguridad y codificación de sus propias señales. No corresponde que el Estado entre en este tema activamente, dado que, en sí, la decodificación de las señales por parte de otro dispositivo que no sea de la empresa en cuestión ya es considerado como ilegal.

Entretanto, no debemos olvidar algo: las empresas como VTR, Movistar , DirecTV, etcétera, nos venden lo que ellas nos quieren vender: una parrilla de treinta canales HD, otros tantos canales sin HD, que en estos tiempos -hay que ser sincerosno sirven de nada, y nos cobran excesivos valores por ver canales especiales, como el Canal del Fútbol. Así, fácilmente, uno puede pagar desde 50.000 a 70.000 pesos mensuales por un servicio que yo considero que no es bueno y que es extremadamente limitado. En contraposición, un decodificador, que vale entre 100.000 y 150.000 pesos, sirve para todo el año y tenemos a disposición, en algunos casos, más de ochocientos canales HD de todos los lugares del mundo.

Con un simple análisis, podemos decir que es falso que se desincentiva la industria. Por el contrario, pienso yo, se fomenta la competencia y que las empresas de televisión mejoren sus parrillas y precios.

Para terminar mi exposición, anuncio que votaré en contra el proyecto, pero dejando muy en claro que mi voto no es en contra de sancionar la piratería; mi voto dice relación con desaprobar la intervención del Estado en los temas propios de empresas privadas, que son las llamadas a invertir en su propia seguridad y en la calidad de sus servicios, que hasta ahora, en el caso de la televisión digital, son pésimos y extremadamente caros. Sin embargo, no descarto aprobar más adelante una legislación más integral y más justa con el Estado y con las personas en lo referente a este tema.

He dicho.

-Aplausos.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Se lo agradecemos, ministra. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, junto con saludar a la ministra y a la subsecretaria de Transportes y Telecomunicaciones, quiero plantear dos puntos respecto de este proyecto de ley.

En primer lugar, quiero saber si como Cámara vamos a prestarnos a rechazar un proyecto de ley que viene a poner fin a ilegalidades y robos intelectuales. ¿Estamos dispuestos a avalar el robo de propiedad intelectual? Si es así, si hay diputados que están dispuestos a aquello, que por favor lo declaren y voten en contra este proyecto.

En segundo término, cuando hablamos de la comercialización de este tipo de decodificadores, desde luego exenta de todo impuesto, porque es una venta pirata que se hace, por así decirlo, por debajo de la mesa, no solamente nos estamos refiriendo a un delito propiamente tal, sino a una actividad ilegal por la que el Estado de Chile deja de percibir alrededor de 57 millones de dólares al año.

Repito: ¿Estamos dispuestos a dejar fuera de la caja del Estado esos 57 millones de dólares al año, los que podrían servir para desarrollar proyectos sociales, de vivienda, salud y educación?

Finalmente, estamos hablando del robo de propiedad intelectual, lo que atenta contra el esfuerzo que realizan empresas nacionales y transnacionales por llevar de la mejor forma posible el contenido pactado a todos y cada uno de nuestros hogares. Estamos refiriéndonos a una actividad ilegal que, honestamente, esta Cámara no puede prestarse a avalar.

Este diputado y esta bancada apoyaremos el proyecto en discusión, que no tiene por objeto castigar ni perseguir a quien actualmente ya tiene el producto en su casa y lo está utilizando. Hago un llamado a mis colegas a no avalar, mediante el rechazo de este proyecto, ningún tipo de ilegalidad y a honrar nuestros compromisos internacionales, puesto que nuestro Estado suscribió un tratado de libre comercio que, entre otras materias, tiene por finalidad la defensa de la propiedad intelectual. De eso estamos hablando.

Por las razones señaladas, reitero mi invitación a todos los colegas a apoyar este proyecto.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, primero, voy a hacer una consideración de orden reglamentario, en el sentido que es muy inusual, tal como lo plantearon varios diputados la semana pasada, que un proyecto de esta naturaleza, que crea un nuevo tipo penal, esté siendo discutido con urgencia de “discusión inmediata”, porque eso impide contar con el tiempo suficiente para estudiarlo como corresponde en la comisión técnica respectiva y que después sea enviado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Al margen de eso, entiendo que esa urgencia tenía que ver -varios lo dijeron con la visita del Presidente Piñera a los Estados Unidos de América y con una presión permanente, constante que ese país ha ejercido sobre Chile en materia de normas de propiedad intelectual.

Recuerdo que cuando dictamos la ley de propiedad intelectual, hace ya más de una década, transversalmente dijimos que no nos parecía razonable ni correcto ajustar el catálogo de la legislación nacional a las exigencias de Estados Unidos. No lo dijimos solo los diputados de izquierda o de centro, sino también muchos de derecha. Recuerdo, por ejemplo, la activa participación del entonces diputado Gonzalo Arenas , quien sobre estos temas tenía mucho conocimiento, en cuanto a liderar el derecho de Chile a dictar su propia legislación en materia de propiedad intelectual.

Dicho eso, por intermedio del señor Presidente quiero decir al diputado Undurraga y a la ministra -a quien saludo, y también a la subsecretaria que aquí hay un problema conceptual.

Cualquier abogado que mire razonablemente este proyecto se dará cuenta de que el bien jurídico que dice proteger no es aquel que está involucrado en su contenido. Aquí no está siendo afectada la propiedad intelectual, sino el patrimonio. Ese es el bien jurídico: el patrimonio, no la propiedad intelectual. Estamos hablando de que a través de ciertos decodificadores es posible, en forma teórica, aunque no haya aprehensión material -de manera que igual la figura del hurto es rara, porque no existe ese tipo de aprehensión-, hurtar una señal que permite transmitir sin pagar a la empresa la parrilla de canales que se pueden ver en los televisores de quienes tienen ese decodificador.

En primer lugar, eso no es hurto, porque no hay aprehensión material. Es una interpretación laxa de lo que podría ser un hurto.

En segundo término, lo que se afecta no son los derechos de propiedad intelectual, sino el patrimonio de la empresa dueña de los derechos de emisión.

Entonces, digamos las cosas como son.

Escuché atentamente al diputado Galleguillos y suscribo el ciento por ciento de las cosas que dijo, que, además, tienen que ver también con los abusos y con los cobros excesivos, con las cuentas no claras. Pero respecto de eso no hay discusión inmediata, no hay urgencia legislativa. Ahí no nos ponemos las pilas. Y vienen acá la ministra y la subsecretaria, todos a la carga, para resolverlo.

Sabemos que ese es un régimen de abuso. Desafortunadamente, el Sernac que habíamos aprobado fue mutilado en el Tribunal Constitucional, así es que ya no tiene las herramientas para hacerse cargo de aquello.

Después, hay una cosa muy extraña. No soy penalista -mis especialidades son más bien el derecho internacional y el constitucional-, pero me parece que cualquier penalista estará de acuerdo con que hay una cosa rara en este proyecto: que el objeto en sí mismo sea el potencial responsable del delito.

Me imagino que todos tenemos en nuestra casa un cuchillo. El cuchillo por sí mismo no es un delito; tenerlo, tampoco, ni usarlo para cortar carne. Herir o matar a alguien con ese cuchillo sí es delito. Lo curioso, en este caso, es que el decodificador es el delito en sí mismo.

Finalmente, algo que ya dijo el diputado Galleguillos , algo que me parece realmente impresentable: establecer acción pública en esta materia es un regalo, un subsidio estatal a la fiscalización o al control que las propias empresas deben hacer.

¿Qué pasará cuando el Ministerio de Justicia llegue con su proyecto para reformar el Código Penal, idea que respaldo, y veamos que en el catálogo de delitos de acción pública se incluye este? Es una cosa sui géneris: un delito de acción pública para “sapear” al vecino que tiene un decodificador. O sea, cualquiera de nosotros tendrá la posibilidad de denunciar a alguien porque suponemos que tiene un decodificador ilegal.

Este será un regalo envuelto en papel celofán para que las empresas tengan un ejército de fiscalización financiado por el Estado.

No corresponde, en un delito de esta naturaleza, en que el bien jurídico protegido es el patrimonio, no la propiedad intelectual, que le regalemos los recursos necesarios para su propio control y fiscalización a empresas que cuentan con recursos suficientes para hacerse cargo de la persecución de quienes estén infringiendo las normas de la ley de telecomunicaciones, que ya establece figuras penales.

Por lo tanto, rechazaremos con convicción este proyecto, dado que es una mala iniciativa que no resuelve los problemas que dice resolver.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, el proyecto en discusión se inició en una moción que proviene del Senado.

Me cuesta entender que este debate haya derivado -parece ser hacia rechazar un proyecto que está promoviendo el gobierno, pero que nace de las raíces mismas de la oposición.

Me pregunto, ¿pueden haber estado tan equivocados los senadores Girardi , Letelier y Ossandón , y los entonces senadores Matta y Patricio Walker ?

Es lo más profundo que tiene la oposición y parece ser que el único objetivo en esta discusión es infligir una derrota al gobierno.

Eso es inexplicable, porque si bien es cierto que tenemos compromisos internacionales, debemos defender la propiedad intelectual, y creo que nadie se puede oponer a eso.

El proyecto de ley que nos convoca busca, en términos generales, regular las prácticas ilegales de decodificación de televisión que se desarrollan en Chile.

Para tal efecto, la tipificación del proyecto contiene tres hechos punibles: en primer lugar, sanciona a quien distribuya o comercialice señales protegidas de servicios limitados de televisión; en segundo lugar, sanciona a quien importe, distribuya o comercialice dispositivos destinados a la decodificación de dichas señales -en ninguna parte dice que al usuario-, y, en tercer lugar, sanciona a aquellos que, con ánimo de lucro, presten servicios de instalación de los dispositivos mencionados. Cabe señalar que en este último caso la sanción es menor, en coherencia con el principio de proporcionalidad de las penas.

Dicho esto, me parece relevante mencionar que el propósito del proyecto, en su esencia, alude a establecer un marco normativo para combatir, principalmente, el trabajo informal de aquellos que lucran con la decodificación ilegal de televisión satelital de pago y proteger, de esta forma, a los usuarios y los derechos de propiedad intelectual.

Esto último es lo que, precisamente, hace de la decodificación ilegal y la piratería una realidad que no puede ser desconocida por nuestra legislación, más aún considerando que, de acuerdo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ya en 2016 alcanzaba el 16 por ciento del total del mercado de televisión de pago, con grandes pérdidas económicas y tributarias.

Dentro de este contexto, los perjuicios ocasionados a los usuarios por la decodificación ilegal de las señales de televisión no son menores, pues tienden a disminuir la calidad de los servicios contratados por las personas que debidamente pagan por ellos. Según la información proporcionada por una reconocida empresa de telecomunicaciones, un tercio de los reclamos por problemas de servicio presentados por clientes reales son producto de personas que están interviniendo ilícitamente las conexiones a servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, me parece relevante señalar que dentro de la comunidad internacional existe un compromiso para establecer una normativa como la que propone el proyecto en discusión. Sin embargo, debido a la ausencia en la legislación nacional de una disposición que regule la decodificación ilegal de señales encriptadas de televisión satelital, Chile se encuentra, desde hace varios años, en la lista de observación prioritaria de la oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos de América, debido a que no existiría una protección adecuada de la propiedad intelectual, entre otras circunstancias, a causa de la comercialización o distribución indebida de dichas señales satelitales.

Por otro lado, no debemos olvidar las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, principal instancia multilateral en la materia dentro de la región, la cual recomendó, tanto a sus Estados miembros como a los prestadores de servicios de televisión satelital, formular e implementar medidas que tengan por objeto evitar la decodificación ilegal ya mencionada.

En este orden de cosas, votaré a favor el proyecto en discusión, pues constituye un avance para combatir las malas prácticas existentes en cuanto a las señales protegidas de servicios limitados de televisión, las cuales perjudican, principalmente, a los usuarios y a la propiedad intelectual. Además, sus disposiciones van en la línea de las tendencias internacionales y de los compromisos asumidos por Chile en este aspecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señora Presidenta, en 2003 el entonces Presidente Ricardo Lagos firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos de América, en el que se comprometió a proteger los derechos de autor y a pelear contra todo tipo de piraterías.

Aquí, en esta honorable Cámara de Diputados, tenemos varios parlamentarios relacionados con el arte, con las letras, con el mundo de la cultura, quienes vienen luchando desde hace mucho tiempo contra la piratería.

Entonces, llamo a no mezclar los temas. Sabemos que hay empresas que lucran y que abusan de la televisión satelital; lo puedo decir con conocimiento de causa, porque reconozco que cada vez pago más y veo menos. Pero esa es materia de otro proyecto de ley que deberemos presentar para evitar ese abuso que están cometiendo estas pocas compañías que están involucradas en la televisión satelital.

Por otro lado, quiero dejar sumamente claro que no se sancionará a la persona que tenga en su poder estos decodificadores, porque el proyecto dice explícitamente que se va a penar solo a aquel que los instale con fines de lucro. Entonces, no se va a dar -como dijo un diputado que una persona acuse a su vecino. Eso no está contemplado en este proyecto.

Es importante no mezclar los temas, porque una cosa es el abuso de estas grandes empresas, que es reconocido por todos y que debiera ser materia de otro proyecto de ley, y otra distinta es defender con mucha fuerza los derechos de autor y luchar contra la piratería. En ese sentido, me sumo a las palabras del diputado Undurraga , en cuanto a que no existe ningún diputado que esté a favor de legalizar la piratería. Es muy distinto tener un receptor en la casa para recibir la señal de la televisión abierta que tener un decodificador que intercepte una señal en la que hay derechos de autor involucrados.

La iniciativa es bastante más simple de lo que uno piensa y por eso no la llevaría al ámbito de la política o de la guerra entre las empresas y los usuarios, porque eso –reitero sería materia de otro proyecto de ley, cuyo objetivo debiera ser la defensa de los usuarios frente a las grandes empresas de televisión satelital, que efectivamente cometen abusos, pero algo distinto es el marco regulatorio relacionado con la lucha impulsada por el entonces Presidente Lagos para defender los derechos de autor y combatir la piratería.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra y a la subsecretaria presentes.

Quiero pedirles que hagamos el siguiente ejercicio: imaginemos un mundo donde solo quienes puedan pagar pueden informarse, entretenerse y acceder a los contenidos de la televisión. ¿Eso es una realidad o una ficción?

Puede que a muchos nos cueste imaginarlo, pero esto ya es una realidad para muchos chilenos. De hecho, la semana pasada discutimos el proyecto sobre la transmisión de los partidos del fútbol profesional y nos dimos cuenta que muchos chilenos y chilenas ni siquiera pueden acceder a ver los goles del fútbol profesional chileno.

Luego de leer en detalle la escueta presentación expuesta en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acerca de este proyecto, aún no puedo creer que esta modificación busque la protección de los servicios limitados de la televisión, apelando al incumplimiento de las normas de propiedad intelectual y al robo de señales.

En lo expuesto en dicha comisión se dice que la función principal del dispositivo en cuestión consiste en ayudar a decodificar una señal de satélite portadora de un programa codificado sin la autorización del distribuidor legal de dicha señal. Pero estas señales son de libre recepción, es decir, cualquiera puede recibirlas si cuenta con el aparato que transforma estas señales. Eso -como se ha dicho no es piratería; es libre recepción.

La televisión satelital de libre recepción (FTA, por su sigla en inglés), tal como su nombre lo indica, se recibe de forma legal en cualquier lugar del mundo, sin la necesidad de pagar un costo de suscripción. En este caso, el decodificador recibe la señal del satélite y la convierte al formato deseado.

En Chile también tenemos señales abiertas y de libre recepción, como los canales locales, comunitarios, regionales o nacionales, cuyas señales se pueden recibir en nuestros televisores. La única diferencia es que estas señales, al ser locales, son transmitidas por aire y no a través de un satélite.

Los canales abiertos, ya sean nacionales o extranjeros, se reciben sin encriptar, es decir, no están ocultos bajo algún tipo de clave, como es el caso del video bajo demanda (VBD) o el pago por visión (pay per view) y la televisión por suscripción, cuya señal se desencripta mediante una tarjeta inteligente u otro dispositivo que obliga a los televidentes a contratar el servicio para acceder a la programación que está pagando. Estas emisiones son cifradas digitalmente y su acceso puede ser restringido a ciertas áreas geográficas.

Ahora bien, las emisiones que son recibidas por los decodificadores en cuestión son distintas a las usadas para ofrecer servicios de pago por visión o video bajo demanda.

Si se están solicitando infracciones civiles o penales a quienes recepción en o distribuyan señales satelitales que han sido decodificadas sin la autorización del distribuidor legal de la señal, entonces entramos en un debate distinto, porque ya no estamos hablando de señales de libre recepción, sino de la interrupción de un servicio de VOD o pay per view, y es aquí donde se estaría infringiendo la ley sobre propiedad intelectual.

Por otra parte, se ha dicho que de no aprobarse este proyecto se incumple el tratado de libre comercio con Estados Unidos al no cumplir con las normas de propiedad intelectual, en especial aquellas referidas a la piratería online o robo de señales encriptadas.

Sancionar la comercialización de un dispositivo o software con la capacidad de recibir y decodificar señales que son libres es una cosa, pero proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor es otra completamente distinta. Los liberales nos revelamos, porque estamos a favor de una economía de mercado muy distinta a la impulsada por los neoliberales, que detrás de su supuesta defensa del mercado defienden intereses de algunas grandes empresas y dañan la libre competencia.

Por lo tanto, no tiene ningún sentido sancionar a quienes vendan o comercialicen estos aparatos, ya que estos solo reciben señales de libre recepción y no pasan a llevar la propiedad intelectual, los contenidos ni el supuesto software desencriptador de la señal.

Este proyecto podría ser el primer eslabón de una larga cadena de censura y de manejo de la información, el inicio del control en las comunicaciones. Con el tiempo, probablemente nos obliguen a pagar por todo tipo de señales de libre recepción, de radio o de televisión, impidiéndonos el acceso a todo tipo de contenido. Sin in más lejos, intenten recepcionar en sus televisores algún tipo de señal nacional por aire sin un decodificador. Hoy es prácticamente imposible.

Luego, quienes tengan el control de la distribución de estos contenidos podrán elegir lo que podemos ver, escuchar o leer.

Suena lejano, tal vez distópico, pero es lo que sucede en los países en dictadura, y no creo que alguno de nosotros esté dispuesto a retroceder en aquellos derechos que alguna vez perdimos y que recuperamos con el regreso a la democracia.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señora Presidenta, sabemos que la presente modificación tiene una larga vida de debate y discusión al interior del Parlamento.

El hecho de estar ad portas de una resolución es, sin duda, de suma importancia para la industria legal y regulada de telecomunicaciones, que, sistemáticamente y con el desarrollo de tecnologías piratas, se ha visto gravemente afectada en su capacidad de desarrollo y crecimiento como industria y, también, por la calidad del servicio que entrega a los usuarios legales, por lo que esto, derechamente, constituye un acto ilícito.

Dentro de estas tecnologías piratas, los decodificadores satelitales han sido por excelencia el instrumento más famoso y prevalente dentro de la gama de opciones que un individuo tiene disponible en el mercado negro para acceder a contenidos protegidos, interceptar señales satelitales y, en definitiva, violar la propiedad intelectual de los titulares de dichos contenidos.

Las estimaciones hechas a través de los registros del Servicio Nacional de Aduanas nos muestran un número aproximado de 300.000 decodificadores ilegales en el país, hasta el momento. La importación de estos decodificadores se ha camuflado fraudulentamente como instrumentos destinados a la captación de señales aéreas de libre recepción, pero con el pasar de los años la explosiva demanda comercial de este tipo de productos y las sucesivas investigaciones, tanto de Carabineros como de la PDI, hacen evidente que finalmente el real objetivo de estas tecnologías solo se relaciona con interceptar maliciosamente señales de televisión de pago.

Así, el usuario de este tipo de decodificadores no debe pagar suscripciones o contratos de autorización con los titulares del contenido protegido, infringiendo derechamente la propiedad intelectual de estos últimos.

También es relevante señalar que, a través de esta modificación, se asentará de manera pública que el uso de estos aparatos es, sin lugar a dudas, ilegal, tema que en los últimos años, con la escasa y poco tajante legislación, ha estado en discusión, algunas veces por desconocimiento y otras solo por interés lucrativo.

Otro punto muy relevante de esta modificación se traduce en el impacto en la recaudación impositiva, la que actualmente está siendo desviada de las arcas fiscales, por cuanto los distribuidores informales de este tipo de oferta de televisión de pago, ilegal por cierto, corren por cuentas separadas de la institucionalidad vigente. Luego de la presente modificación, dichos servicios podrán ser prestados solo por los proveedores legales de contenidos, lo que significará un aumento de la recaudación fiscal en beneficio de todos los chilenos.

Todas las sanciones y previsiones de la letra e) agregada al actual artículo 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones están destinadas a imponer barreras materiales a quienes ilegalmente han lucrado durante años mediante el robo de señales y la violación de la propiedad intelectual de otros.

Además, es muy importante recalcar la incorporación del artículo 37 bis, el cual cumple el objetivo de socializar a la población e informar de manera definitiva que la interceptación de señales satelitales es un delito penado por la ley. De esta forma se resuelve la antigua discusión de si es legal, ilegal o está en tierra de nadie la existencia de estos decodificadores y su uso.

Durante la discusión en la comisión se generaron dudas en torno a la preocupación de si se fiscalizará o sancionará a los dueños de los decodificadores; sin embargo, desde el gobierno señalaron que la moción no tiene por objeto perseguir y sancionar a los dueños, meros tenedores o poseedores de los dispositivos y/o softwares descritos, ya que el objetivo es sancionar a quienes lucran con el negocio de piratería satelital de pago.

En esa línea, para resguardar cualquiera ambigüedad respecto de las sanciones, el Ejecutivo presentó una indicación en la que se agrega la siguiente oración: “El que con ánimo de lucro preste servicios de instalación de los dispositivos señalados.”.

Por todo lo anterior, creo muy necesario aprobar la presente iniciativa de ley que, sin lugar a dudas, reforzará la debida protección del derecho de propiedad intelectual y del derecho de autor en el mercado de la televisión satelital, con el objetivo claro de impedir la importación o comercialización de dispositivos que tienen la capacidad de decodificar señales satelitales encriptadas, sin la autorización del dueño del contenido o del distribuidor legal.

Votaré a favor la iniciativa. He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señora Presidenta, no cabe duda de que es importante la protección del espectro electromagnético, por ser un recurso natural limitado que posee un alto valor estratégico. Por ello, preferiría que estuviéramos discutiendo sobre el estatus que debe tener este bien que nos pertenece a todos los chilenos y a todas las chilenas, dado su carácter de bien público inajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado de Chile.

Sin embargo, el proyecto que hoy nos convoca en ningún caso va en beneficio de la población o del Estado de Chile, sino que es una iniciativa proteccionista del negocio que hace Estados Unidos a través de la venta de una serie de subproductos, los cuales son ofrecidos por transnacionales en nuestro país.

Siempre dijimos que el tratado de libre comercio con Estados Unidos sería libertad para Estados Unidos y restricciones de derechos para chilenos y chilenas. Nos opusimos activamente a la firma de este tratado y no será hoy el día en que aprobemos propuestas que van en función de la protección del negocio norteamericano y en desmedro de la libertad de elección de los chilenos y chilenas.

Hoy se puede acceder a la televisión satelital no solo por decodificadores, sino también mediante internet, y estoy seguro de que el día de mañana existirán aplicaciones para descargar señales. ¿Estados Unidos nos dirá, entonces, que debemos castigar civil y penalmente a quienes usen internet, IPTV o aplicaciones de celulares?

Nos hablan de la libertad, pero las empresas emiten la misma parrilla de canales, ofrecen el mismo pack y se ponen de acuerdo en cobrar casi los mismos precios. ¿Y qué pasa con las personas que no están conformes con esa parrilla de canales y que hoy tienen la oportunidad de decodificar o de tener IPTV, que algunos televisores smart ofrecen de manera gratuita?

El día de mañana también se podrá restringir la libertad de cualquier forma a través de este tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Recordemos que estamos en presencia de una moción impulsada por una serie de senadores. El gobierno, para calificar con urgencia el proyecto, ha utilizado argumentos distintos de los esgrimidos por los autores, a saber, la existencia de este tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Repito, dicho argumento no está entre los entregados por los mociónantes. Son razones distintas. Cuando uno analiza las razones que da el gobierno para crear este delito, cual es respetar el tratado de libre comercio con Estado Unidos, puede constatar que ni siquiera guardan relación con el argumento que los autores entregan. Ese tratado señala que tiene que buscarse la protección de los intereses de los proveedores privados con sanciones civiles o penales.

¿Por qué Chile optó de inmediato por la sanción penal, por la ultima ratio, esto es, sancionar penalmente al que importe, comercialice e instale estos decodificadores? ¿Por qué se adoptó la opción más radical, es decir, la protección mediante la creación del delito? ¿Por qué no otorgamos protección basados en otro argumento contenido en el mismo tratado? El acuerdo dice: “Opten por una protección civil o penal.”. Y Chile opta por sancionar penalmente; es decir, eventualmente, el que no pague puede ir preso. ¿Por qué vamos a meter presa a una persona por ese hecho? El proyecto se refiere a multas, pero si la multa es reiterada y no se paga, la persona puede ir presa.

No olvidemos nunca al famoso “guatón de los CD”, que murió quemado en la cárcel de San Miguel por cometer un delito contra la propiedad intelectual. Todos hemos dicho que cómo es posible que una persona que andaba vendiendo unos CD piratas termine en la cárcel, presa, quemada y muerta. Todos recuerdan esa historia. Bueno, eso es lo que se pretende hacer ahora: permitir que cientos de personas eventualmente terminen privadas de libertad.

¿Por qué no optamos por la sanción civil? Tomamos la opción por la sanción penal, por el ejercicio del ius puniendi del Estado, esto es, por sancionar penalmente a una persona.

Incluso, si se recoge lo que plantea el tratado de libre comercio, podríamos haber actuado de una manera distinta, sin tener que llegar a la irracionalidad de encarcelar a una persona por instalar un decodificador. Eso demuestra la irracionalidad de lo que estamos haciendo hoy.

Se podría haber implementado un camino distinto, pero hoy pareciera que la figura penal, la sanción penal, es la forma de asustar, de intimidar a un ciudadano para que haga lo que el tratado de libre comercio espera de nosotros.

Por supuesto, votaremos en contra el proyecto, porque no nos agrada que se ejerza esta irracionalidad penal sobre nuestros ciudadanos.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señora Presidenta, por su intermedio quiero aclarar algo al diputado que me antecedió en el uso de la palabra.

El diputado Gutiérrez argumentó como si este fuera un proyecto del Estado o del gobierno de Chile. Quiero decirle, diputado, que este no es un proyecto del gobierno de Chile. Lo que ha hecho el gobierno actual es calificar con discusión inmediata un proyecto de ley originado en una moción de senadores de su lado político. Esta es una moción de don Juan Pablo Letelier , senador socialista; de don Guido Girardi , senador del PPD; de don Patricio Walker , ahora exsenador democratacristiano, y de don Manuel Antonio Matta , entonces senador y actual diputado democratacristiano.

Se reclama al gobierno que tomó una u otra actitud; pero no es el gobierno el que tomó una actitud, sino los senadores de vuestro sector. Ellos decidieron las sanciones de carácter penal y civil, no el gobierno, que lo único que ha hecho es calificar con urgencia de discusión inmediata el proyecto presentado por esos parlamentarios.

Quiero agradecer a la ministra y a la subsecretaria por estar presentes aquí en la Sala.

La semana pasada, cuando se inició la discusión de este proyecto, existían muchas dudas. El primero que intervino fue el diputado Ascencio . Reconozco que sus palabras me hicieron sentir que estábamos iniciando la discusión de un proyecto que podía ser perjudicial para las personas, porque creí que las multas caerían en los usuarios.

Por lo menos en los sectores rurales donde vivo, la gran mayoría de la gente tiene televisión satelital, que funciona a través de los decodificadores. Por lo tanto, se me produjo una aprensión al respecto.

Con la aclaración de la ministra, me ha quedado sumamente claro que los usuarios no serán quienes tendrán problemas con este proyecto, sino quienes proveen ilegalmente esos decodificadores.

Ahora, al revisar quiénes fueron los senadores autores de la moción, resulta curioso lo que está ocurriendo en la Sala de la Cámara de Diputados, porque de los cinco senadores, cuatro son de izquierda, y, curiosamente, la izquierda aquí está rechazando una moción de sus propios senadores. O sea, nadie sabe para quién trabaja.

Entonces, cuando uno ve la curiosa actitud que están teniendo parlamentarios de la Cámara de Diputados en contra de sus propios correligionarios, de su propia gente, no queda más que pensar que se está actuando políticamente y no con base en lo que representa realmente la moción presentada, entre otros, por los senadores Girardi y Letelier .

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señora Presidenta, quiero saludar con mucho aprecio y respeto a la ministra y a la subsecretaria, quienes están presentes en la discusión de este proyecto.

He escuchado dos intervenciones en que se ha señalado que este proyecto enfrenta al gobierno y a la oposición. El diputado Hernández dijo que era una señal política querer quitar la sal y el agua al gobierno en este proyecto. Aquello fue ratificado por el diputado Ignacio Urrutia , tratando de hacer de esta iniciativa legal una confrontación entre las dos coaliciones políticas -de gobierno y de oposición presentes en la Sala, aparte del Frente Amplio, que también ha manifestado su posición al respecto.

Quiero decir que ellos están absolutamente equivocados. Podemos aplaudir muchas iniciativas de los señores Girardi y Letelier en los años que han sido parlamentarios, porque han hecho buenas contribuciones al país en muchas materias; pero esos senadores no son los dueños de la verdad absoluta, y con este proyecto se han equivocado rotundamente. No se trata de tener que estar de rodillas apoyando un proyecto porque fue presentado por un diputado o un senador de un determinado sector político, en circunstancias de que no se está de acuerdo.

Por eso, el diputado Ignacio Urrutia se equivoca en ese sentido. Esta es la casa de la democracia. Aquí estamos 155 diputados y diputadas, que somos representantes no de las grandes empresas, sino de los ciudadanos del país.

En consecuencia, tenemos el legítimo derecho a discrepar en un proyecto presentado por alguien de la misma coalición, y en este proyecto discrepo absolutamente.

La primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿A quién beneficia esta iniciativa? Y la respuesta es una sola y categórica: este es un proyecto hecho a la medida de grandes empresas que se creen dueñas de todo el poder de las telecomunicaciones en este país.

El diputado Ignacio Urrutia señaló que le había encontrado razón al diputado Ascencio , que fue uno de los que promovió la indicación que sacó a los usuarios de las penalizaciones que establecía esta iniciativa. Él dijo que le había dado la razón al parlamentario respecto de la intervención que tuvo en esta Sala en la primera sesión en que se discutió el proyecto y que, al escuchar a la ministra, encontraba que el proyecto no perjudicaba en nada a los usuarios que representa en su distrito.

Quiero decirle que en ese punto también está profundamente equivocado, porque sí se va a afectar a los usuarios. Los decodificadores que muchos llaman ilegales o piratas entraron al país y pagaron impuestos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, son legales. Hay una discusión jurídica al respecto, pero está claro que no ingresaron al país haciéndolos pasar por otros productos, sino como decodificadores. Incluso, en muchos lugares se venden emitiendo las facturas correspondientes.

Entonces, cuando el diputado Ignacio Urrutia plantea que este proyecto no afectará a los usuarios, le digo que sí los va a afectar, porque si en este país alguien compra algo ilegal, está cometiendo un acto ilegal desde todo punto de vista. ¿Acaso ese usuario en el futuro será acusado de receptación? Esa es la pregunta que debemos hacernos.

Efectivamente, en el proyecto no hay sanción para los usuarios; pero puede ocurrir que el día de mañana un vecino sea abordado por la PDI en la entrada de su casa porque compró un decodificador ilegal, porque será ilegal. En esta Sala algunos pretenden que los decodificadores sean categorizados como algo ilegal.

En consecuencia, como señaló el diputado Bernales en su intervención, hasta dónde queremos llegar en este país, en donde se debe pagar por todo. Hoy, una persona a la que le gusta el fútbol sabe claramente que si quiere ver un partido de fútbol chileno, debe pagar, y el Canal del Fútbol no es barato.

En muchos sectores rurales, la gente hace tremendos esfuerzos para tener la posibilidad de una diversión.

Por eso, en este caso, no podemos permitir que se diga que todos estos constituyen decodificadores de carácter ilegal, porque, en definitiva, esos canales están en el aire, están en el radio respectivo y guardan relación con señales que son absolutamente abiertas. En este caso, no hablamos de decodificadores que lleven al televisor del usuario señales de compañías como DirectTV o VTR, sino de canales que efectivamente están en el aire.

Por eso, tengo serias aprensiones respecto del proyecto.

Creo que es un error argumentar que el proyecto protege el derecho de propiedad intelectual y el derecho de autor.

Asimismo, me parece una equivocación circunscribir este debate al gobierno o a la oposición, porque no es así. Este debate tiene que ver con otras cosas. Muchas veces aquí nos explicamos cómo, a veces, cuando terminan las campañas políticas, vemos tremendos aportes...

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones y a la subsecretaria de Telecomunicaciones.

Al escuchar argumentaciones como las emitidas por el diputado Espinoza , uno tiende a creer que algunos no leyeron este sencillo proyecto de ley. Lo único que se establece en él es una sanción, pero no a la persona que tiene el decodificador ni a aquella que lo tiene instalado en su casa, sino a la persona que, con ánimo de lucro, presta el servicio de instalación, o a la persona que, sin autorización del distribuidor legal, comercializa o distribuye una señal que está protegida. Eso es lo que regula el proyecto de ley. No estamos sancionando -así fue discutido y votado en la Comisión de Obras Públicas a la persona que hoy es dueña de un decodificador y que capta una señal. Eso no es lo que se está discutiendo, porque eso no ocurrirá con este proyecto de ley.

Lo que se busca con esta iniciativa es proteger la propiedad intelectual. Hay que entender que si uno no empieza a proteger cosas tan básicas como la propiedad intelectual, el problema no lo tendremos hoy, sino después, cuando esos equipos estén aún más masificados. Existen más de 300.000 decodificadores en Chile. ¿Qué compañía se va a interesar en traer la señal a Chile cuando haya dos millones de decodificadores? Ninguna.

En consecuencia, este servicio que hoy prestan distintas empresas -independientemente de que se pueda discutir su calidad y su preciodejará de existir.

Ese es el sentido de la protección de la propiedad intelectual; no es otro. Es el mismo sentido respecto de muchos mercados. Por algo se protege a la persona que crea la señal y que la comercializa. Por lo tanto, como país tenemos que ser capaces de defenderla.

Señora Presidenta, por su intermedio pido a los parlamentarios que van a votar en contra que, antes de votar, se den el tiempo de leer el proyecto de ley. Es un proyecto sencillo, que no busca criminalizar, que no busca penalizar, que no busca sancionar al que hoy tiene el decodificador. Por el contrario; el proyecto de ley dispone que el que quiera ganar plata con un decodificador que robe señal satelital, será sancionado.

A partir de ahora, el que gane plata vendiendo una señal que está siendo robada, tendrá una sanción. Eso es lo que se votará. De lo contrario, ni Chile ni ningún país del mundo podrá tener un sistema que permita dar garantías a las distintas empresas que se quieran instalar en el país.

Comprendo que haya personas a las que les gustan otros modelos de país y de empresas; eso se ha estado poniendo en práctica en otros países. Pero creo que Chile se ha caracterizado por ser un país serio que defiende cosas básicas como la propiedad intelectual.

Así es que, antes de votar el proyecto de ley, invito a quienes están en la duda a leer la indicación incorporada en la Cámara, que dice: “El que con ánimo de lucro preste servicios de instalación...”. El inciso anterior dispone: “El que sin la autorización del distribuidor legal, comercialice o distribuya una señal...”. Es bien fácil el proyecto de ley.

Espero que no se caiga en caricaturas y se apruebe esta iniciativa, que lo que viene a hacer es proteger la propiedad intelectual.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señora Presidenta, con preocupación he escuchado algunas intervenciones, por lo que creo que es necesario aclarar algunos términos.

Se ha dicho que el proyecto beneficia a las grandes compañías. Sin embargo, ¿qué pasa con las grandes compañías que producen y comercializan los decodificadores a escala mundial, que están destruyendo el comercio lícito? ¿Qué pasa con los usuarios que pagan el servicio mensual, que pagan impuestos y que reciben un servicio legal versus aquellos que de buena fe compran un decodificador pirata? Es lo mismo que si legisláramos para legalizar la llave ganzúa con el fin de permitir que sea utilizada para intervenir o entrar a nuestras propiedades. El decodificador es eso: es una ganzúa para engañar a quienes están haciendo una transmisión legal y están cumpliendo con un servicio de difusión legal.

Me sorprende que quienes han defendido con tanta pasión los derechos de autor y los derechos de los actores y de los músicos estén a favor de legalizar un sistema que precisamente vulnera los derechos de esas industrias culturales, que han defendido con tanta pasión en otros proyectos de ley.

Creo que en este debate hay que poner las cosas en su lugar. No estamos legislando en contra de aquellos ciudadanos que de buena fe compran en el comercio establecido un decodificador pirata, sin saber que lo es. Me parece bien que el proyecto de ley no penalice al usuario final. Sin embargo, es necesario penalizar y sancionar a quienes están lucrando con una actividad ilícita, tanto desde el punto de vista de los derechos de autor y conexos comprometidos, como también desde el punto de vista de la certeza jurídica que deben tener las compañías de telecomunicaciones y aquellas que proveen los servicios de forma legal.

Creo que se han confundido los términos y, probablemente, quienes defienden esta ilegalidad no saben que están defendiendo algo que vulnera completamente los derechos no solo de las compañías que prestan el servicio, sino también los de las industrias culturales que están detrás y los de los usuarios, que tienen derecho a recibir y a comprar servicios legales y no servicios piratas. Todo eso implicaría no legislar respecto de esta materia.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que aprueba la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo Previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y sus Anexos I y II, firmados por la República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, en Washington D.C., Estados Unidos de América, el 14 de octubre de 2017.

Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Hacienda son los señores Manuel Matta y Pepe Auth , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 44ª de la presente legislatura en 5 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 54ª de la presente legislatura, en 7 de agosto de 2018. Documentos de la Cuenta N° 12.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 66ª de la presente legislatura, en 4 de septiembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 31.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

El señor MATTA (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo Previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y sus Anexos I y II, firmados por la República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, en Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de octubre de 2017, el que se encuentra sometido a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, número 15º, y 54, número 1), de la Constitución Política de la República.

Según señala el mensaje, de conformidad con el texto de la Declaración de Paracas, firmada por los Presidentes de la República de Chile, de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú, países que conforman la Alianza del Pacífico, el 3 de julio de 2015, en Paracas, Perú , tras la X Cumbre de la Alianza del Pacífico llevada a cabo en dicha localidad y, con el objeto de consolidar la relevancia de la Alianza del Pacífico como un espacio de integración profunda en lo económico y financiero, los ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico asumieron el compromiso de homologar el tratamiento fiscal previsto en sus convenios para evitar la doble imposición, en las disposiciones que regulen ingresos obtenidos en los mercados de capitales.

Agrega que el trabajo que implica el compromiso asumido por los ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico comenzó en agosto de 2015, bajo la presidencia pro tempore de la República del Perú, precisándose por parte de los equipos técnicos involucrados en el trabajo que la finalidad de la homologación es que, en los convenios tributarios bilaterales existentes entre los países que conforman la Alianza del Pacífico, la atribución de la potestad tributaria sobre las rentas obtenidas por los residentes de dichos países sea la misma en todos ellos.

Asimismo, bajo la referida presidencia se acordó que dicha homologación comenzaría por el tratamiento tributario en el país de la fuente de los intereses y ganancias de capital, obtenidos por fondos de pensiones reconocidos de los países que conforman la Alianza del Pacífico cuando invierten en otro país miembro de Alianza del Pacífico.

Asimismo, hace presente que, bajo los actuales convenios para evitar la doble imposición que Chile tiene con cada uno de los países miembros de la Alianza del Pacífico, los fondos de pensiones establecidos en cada uno de los países miembros de la Alianza del Pacífico, al no estar sujetos bajo las legislaciones internas de sus países a imposición por sus rentas, no son considerados residentes según definición contenida en dichos convenios y, por ende, no gozan de los beneficios establecidos en tales convenios.

La convención modificará los convenios para evitar la doble imposición y sus protocolos vigentes entre la República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, para que los fondos de pensiones reconocidos sean considerados personas residentes para efecto de dichos convenios y beneficiarios efectivos de las rentas que perciban y para que, respecto de las ganancias de capital percibidas por un fondo de pensiones reconocido, que cumplan con los requisitos establecidos en la convención, la potestad tributaria sea atribuida en forma exclusiva al país de residencia del fondo de pensiones, quedando exentas de tributación en el país de la fuente y, respecto de los intereses, también percibidos por un fondo de pensiones reconocido, la potestad tributaria sea compartida entre el país donde el referido fondo es residente y el país de la fuente, pero en este último caso el impuesto no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los intereses. La convención establece que dentro de los intereses se incluyen las rentas obtenidas por la enajenación de títulos de deuda emitidos por un residente de un Estado que es parte de la convención. Por tanto, la renta derivada de la enajenación de dichos títulos quedará cubierta bajo el artículo sobre intereses del respectivo convenio y no bajo el artículo sobre ganancias de capital.

Respecto de las ganancias de capital percibidas por un fondo de pensiones reconocido de Chile, si bien de conformidad a la convención la potestad tributaria se atribuye en forma exclusiva al país de residencia -esto es, Chile-, este no aplicará tributación, toda vez que, bajo la legislación interna de Chile, los referidos fondos no están afectos a impuesto a la renta. Asimismo, respecto de los intereses, si bien de conformidad a la convención la potestad tributaria es compartida entre Chile y el país de la fuente de los intereses, Chile no aplicará tributación.

Cabe recordar que los convenios para evitar la doble imposición no imponen tributación entre los Estados contratantes, sino que establecen una serie de disposiciones que regulan la forma en que dichos Estados se atribuyen la potestad tributaria para gravar los distintos tipos de renta. Es así que, respecto de algunas rentas, la potestad tributaria se atribuye exclusivamente al país de residencia del perceptor de ellas, renunciando el país de la fuente a gravarlas.

Respecto de otras rentas, se establece una potestad tributaria compartida, que puede ser con y sin límite en el país de la fuente. Esto significa que tanto el país de residencia del perceptor de las rentas como el país de la fuente de las rentas podrán gravarlas de conformidad a su legislación interna, pero, si se ha acordado un límite en el convenio respectivo, el impuesto bajo la legislación interna en el país de la fuente no podrá exceder dicho límite.

Cabe destacar que, al acordar la convención que los fondos de pensiones reconocidos serán considerados personas residentes para todos los efectos de los convenios para evitar la doble imposición y beneficiarios efectivos de las rentas que perciban, les serán aplicables todos aquellos artículos de dichos convenios que asignan potestad tributaria entre los Estados contratantes, con los límites en el Estado en que la renta tenga su fuente, cuando así se establezca en el respectivo convenio en aquellos casos en los que se establece una imposición compartida. Así, por ejemplo, los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a un fondo de pensiones reconocido de Chile podrán someterse a imposición en ambos Estados. Sin embargo, el impuesto exigido sobre dichos dividendos en el Estado donde reside la sociedad que los paga no podrá exceder los límites establecidos en el convenio respectivo. Estos límites no aplicarán en el caso de dividendos pagados por una sociedad residente en Chile, por cuanto todos los convenios impositivos suscritos por nuestro país incluyen una cláusula que permite que Chile aplique el impuesto adicional sobre dividendos, sin ninguna limitación.

La convención consta de un preámbulo, quince artículos y dos anexos, a los cuales no me referiré, en aras del tiempo y por encontrarse ellos explicitados en el informe que mis colegas tienen en su poder.

En el estudio de este proyecto de acuerdo, la comisión contó con la asistencia del ministro de Relaciones Exteriores, señor Roberto Ampuero Espinoza , y la colaboración de la directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, señora Carolina Valdivia Torres ; de la coordinadora nacional de Chile para la Alianza del Pacífico, señora Elena Valpuesta Aristegui ; de las señoras Lisselot Kana y Carolina Araneda Maillet , jefa y abogada, respectivamente, del Departamento de Normas Internacionales del Servicio de Impuestos Internos, y de la asesora de coordinación tributaria del Ministerio de Hacienda, señora Javiera Suazo López , quienes, además de ratificar los contenidos expresados en el mensaje, manifestaron que esta iniciativa constituye la materialización de un compromiso destinado a homologar el tratamiento fiscal de las pensiones y sus intereses entre todos los Estados miembros de la Alianza del Pacífico.

Sometido a votación el proyecto de acuerdo en tratamiento, se aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Votaron a favor las diputadas señoras Hertz , doña Carmen ; Muñoz , doña Francesca , y Sabat , doña Marcela , y los diputados señores Jarpa, don Carlos Abel ; Kort, don Issa ; Mirosevic, don Vlado ; Moreira, don Cristhian ; Naranjo, don Jaime , y Undurraga, don Francisco . Se abstuvo el señor Vidal, don Pablo .

Por último, me permito hacer presente a la Sala que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, determinó que sus disposiciones deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la comisión decidió recomendar a la Cámara de Diputados aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el referido informe.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Pepe Auth , rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Fernando Meza .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor MEZA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo pertinente, la incidencia en materia financiera y presupuestaria del Estado del proyecto de acuerdo, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique , ingresado a tramitación el 5 de julio del año en curso, que aprueba la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo Previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico, y sus anexos I y II, firmados en Washington D.C., Estados Unidos de América, el 14 de octubre de 2017.

La iniciativa fue informada, en cumplimiento de su primer trámite constitucional y reglamentario, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, como acabamos de escuchar.

La idea matriz del proyecto de acuerdo es consolidar la relevancia de la Alianza del Pacífico como un espacio de integración profunda en lo económico y financiero, modificando los convenios para evitar la doble imposición y sus protocolos vigentes entre la República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, con el objeto de homologar el tratamiento fiscal previsto en las disposiciones que regulan los ingresos obtenidos en los mercados de capitales.

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional conformado por Chile, Colombia , México y Perú, establecido en abril de 2011 y constituido formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del acuerdo marco. Este proceso busca crear mercados atractivos entre sus países miembros para lograr una mayor competitividad a nivel internacional.

La agenda de la Alianza del Pacífico busca trascender el ámbito comercial, con el objetivo de fortalecer la acción conjunta y coordinada entre las agencias de promoción, así como la cooperación destinada a impulsar el fortalecimiento de la competitividad y la innovación de las pequeñas y medianas empresas. De igual manera, busca impulsar la investigación en materia de cambio climático, así como facilitar la movilidad estudiantil y académica, el tránsito migratorio, entre otros asuntos.

El producto interno bruto (PIB) de los países de la Alianza del Pacífico reúne el 39 por ciento del PIB total de América Latina y el Caribe.

Por otra parte, los países de la Alianza del Pacífico suman aproximadamente el 50 por ciento del comercio exterior de América Latina. Asimismo, representan el 44 por ciento del total de flujos de inversión extranjera directa de América Latina y el Caribe (Fuente: FMI, BM, OMC y Unctad).

Con la finalidad de fortalecer y consolidar el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), así como los mercados de capitales en general, el 14 de octubre de 2017, la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú suscribieron la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo Previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

El MILA es una integración entre la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Lima con la finalidad de integrar los capitales de dichos países.

La convención establece que serán considerados como residentes de un Estado contratante, y por ende que podrán reclamar los beneficios de los respectivos tratados para evitar la doble imposición, los mismos Estados contratantes, sus subdivisiones políticas, sus autoridades locales y los fondos de pensiones reconocidos de ese Estado. Asimismo, la convención establece una limitación para los Estados contratantes para gravar los ingresos por intereses y por ganancias de capital que perciban los fondos de pensiones reconocidos de los Estados contratantes.

En lo que respecta a los ingresos por intereses, la convención establece que el Estado contratante de donde proviene el pago de dichos intereses no puede imponer un impuesto sobre la renta mayor al 1O por ciento del importe bruto de los mismos. Asimismo, en caso de que algún convenio cubierto incluya la aplicación de una cláusula de nación más favorable para los ingresos por intereses, esta seguirá surtiendo sus efectos legales.

Respecto de las ganancias de capital que obtiene un fondo de pensiones por la enajenación de acciones de una sociedad que es residente de un Estado Parte de la Convención, la Convención establece que estas solo pueden ser sometidas a imposición en el Estado contratante del que la sociedad emisora sea residente, siempre y cuando la enajenación de las acciones se realice a través de una bolsa de valores que forme parte del MILA.

Efectos del proyecto de acuerdo sobre el presupuesto fiscal

El informe financiero Nº 86, de 25 de junio de 2018, de la Dirección de Presupuestos, consigna que la implementación del acuerdo en cuestión no debiera tener un efecto en la recaudación fiscal, según estimaciones efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos. En particular, en la legislación chilena, las ganancias de capital a las cuales apunta este acuerdo no están afectas a impuesto a la renta, por no constituir renta. En conformidad con el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, en la medida que cumplan con los requisitos indicados en dicha disposición, no constituirá renta, por lo que no se encontraría gravado con dicho impuesto.

Por otra parte, los intereses a los cuales apunta el acuerdo, pagados a no residentes ni domiciliados en Chile, bajo la legislación chilena, quedan afectos a un impuesto adicional. Sin embargo, la tasa de dicho impuesto adicional es inferior al límite de 10 por ciento señalado en el acuerdo en cuestión, por lo que tampoco debiese tener un efecto en la recaudación fiscal.

Por lo tanto, la implementación del acuerdo no debiera tener un efecto en la recaudación fiscal.

La Comisión de Hacienda procedió a la aprobación del proyecto de acuerdo en los mismos términos propuestos, por la unanimidad de los once diputados presentes, señores Giorgio Jackson , Carlos Kuschel , Pablo Lorenzini (Presidente), Patricio Melero , José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez , Alejandro Santana , Marcelo Schilling , Gastón von Mühlenbrock y Pepe Auth , a quien me ha correspondido reemplazar.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Se procederá a llamar a los diputados. Sin embargo, debo recordar que los integrantes de la Comisión de Hacienda están en pleno en el Senado a raíz de la discusión del proyecto de ley de presupuestos.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, voy a hacer uso de la palabra de manera muy breve. Quiero respaldar este proyecto de acuerdo.

Hemos llevado a cabo un proceso de integración en América Latina sobre la base de lo que se denominó la convergencia en la diversidad, política impulsada por el gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet para dar continuidad a la Alianza del Pacífico, que impulsó el Presidente Sebastián Piñera en su primer mandato.

Todo aquello que contribuya a derribar las barreras que impiden la integración entre los países latinoamericanos, que tienen necesidades y una presencia internacional relativamente similar, va en la dirección correcta.

Desde esa perspectiva, convenios que permitan homologar el tratamiento impositivo y eviten la doble tributación, favorecen el intercambio comercial. No hay que olvidar que, en general, el comercio internacional de Chile con los países de la región es un comercio más sofisticado. Estamos hablando de manufacturas, de inversiones. En Argentina, Brasil y Perú se concentran las principales inversiones de nuestro país en el extranjero, países que también son los principales destinatarios de nuestros productos con mayor valor agregado.

Por lo tanto, hay que perseverar en esta política de derribar barreras de todo tipo entre los países de la región e insistir en la doctrina de buscar espacios de convergencia entre los dos principales foros de integración económica y comercial de América Latina. Me refiero a la Alianza del Pacífico, de la que somos miembros plenos -es el único acuerdo regional del que somos miembros plenos-, y del Mercosur, en el que tenemos el estatus de miembro asociado.

Por lo expuesto, expreso mi apoyo a este proyecto de acuerdo. He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señora Presidenta, mi intervención tiene como objetivo apoyar el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la doble imposición, suscritos entre los Estados parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Nuestro gobierno ha insistido en que la integración de Chile en la Alianza del Pacífico ha traído y traerá nuevos empleos para los chilenos, así como una serie de otros beneficios, entre los cuales destaca una rebaja de impuestos y gravámenes.

Lo anterior se lleva a cabo por el acuerdo de incremento de las inversiones en Chile, Perú , México y Colombia. Según la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, esto también se reflejará posteriormente en otros países de Sudamérica.

La importancia de apoyar este acuerdo es que se establecen mejores posibilidades para nuestro país no tan solo en el ámbito empresarial, sino también para la ciudadanía, la que se verá beneficiada con la reducción de impuestos a productos y servicios.

La Alianza del Pacífico tiene una serie de otros beneficios, como la capacitación permanente de órganos del Estado, la entrega de becas y pasantías a estudiantes, el apadrinamiento para la especialización, centros de investigación, etcétera.

Por lo anteriormente mencionado, pido aprobar esta iniciativa legal, que cuenta con el respaldo del gobierno de Chile.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir la elaboración de un estudio de impacto ambiental en los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en zonas que indica.

Diputado informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el señor José Miguel Castro .

Antecedentes:

-Moción, sesión 49ª de la presente legislatura, en 18 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 20.

-Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sesión 66ª de la presente legislatura, en 4 de septiembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 29.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Castro .

El señor CASTRO, don José Miguel (de pie).-

Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales viene en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir la elaboración de un estudio de impacto ambiental en los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas que indica.

El proyecto se inició en moción de los diputados Sebastián Álvarez Ramírez , José Miguel Castro Bascuñán , Sofía Cid Versalovic , Francisco Eguiguren Correa , Camila Flores Oporto , Félix González Gatica , Harry Jürgensen Rundshagen , Ximena Ossandón Irarrázabal , Hugo Rey Martínez y Diego Schalper Sepúlveda .

La idea matriz o fundamental del proyecto es exigir un estudio de impacto ambiental para aquellos proyectos que ocasionen contaminación lumínica en zonas de desarrollo astronómico.

Para lograr ese objetivo, esta iniciativa propone introducir una modificación en el artículo 11 de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y consta de un artículo único permanente.

En cuanto a los fundamentos del proyecto de ley contenidos en la moción, puedo señalar que la iniciativa inicia su exposición de motivos señalando que la contaminación lumínica es la emisión de radiación electromagnética que no cumple una función de mejorar la calidad de vida de los seres humanos, sino que únicamente eleva los niveles de iluminación natural de un lugar.

Al respecto, crecientes indicios darían cuenta de que la exposición a mayores niveles de iluminación interfiere en los ritmos circadianos de los seres humanos, y atendido el hecho de que el 60 por ciento de los animales son nocturnos, es razonable que también les afecte.

Luego, centra su motivación en cómo se ha intentado proteger el desarrollo de la astronomía de este tipo de contaminación en las regiones de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo, atendida la circunstancia de que en la actualidad esa zona concentra el 40 por ciento de la infraestructura astronómica del mundo, la que aumentará en 2024 a 60 o 70 por ciento. De modo paralelo, se está desarrollando un creciente interés por el astroturismo.

En tal sentido, si bien mediante el decreto Nº 43, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, se dispuso una regulación en la materia -evitación de luz horizontal, sobreiluminación y reducción en 15 por ciento del uso de luces contaminantes-, esta ha sido insuficiente por el incremento de uso de la tecnología LED en espacios abiertos y cerrados.

Por lo anterior, y tomando en cuenta la relevancia e importancia de nuestro cielo y el potencial de desarrollo que tiene tanto para la investigación científica como para el desarrollo turístico, resulta necesario que la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, disponga que aquellas actividades o proyectos que puedan generar consecuencias en la luminosidad de una zona caracterizada por el desarrollo astronómico, deban someterse a un estudio de impacto ambiental.

Respecto de la estructura del proyecto, la iniciativa consta de un artículo único permanente, mediante el cual se propone en la moción original introducir un literal g) en el artículo 11 de la referida ley.

Durante la discusión general del proyecto se escuchó la exposición del director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, señor Eduardo Unda-Sanzana , quien hizo ver la importancia de los extraordinarios cielos de Chile, sobre todo en la zona norte del país, y que los hace interesantes para invertir en astronomía, pero también en turismo.

Los cielos de Antofagasta, por ejemplo, son extraordinarios, con 350 días despejados. Para quien quiera invertir en astronomía, es una zona tremendamente atractiva, por lo que no es un misterio que haya muchos ojos puestos en el país para hacer esa inversión.

Las instalaciones astronómicas -esto es, los espejos instalados en la superficie de la tierrason el canal de comunicación con el cosmos. No hay otra forma de comunicación.

Sobre el particular, destacó el científico que mientras en 1970 el porcentaje de capacidad de observación astronómica instalada en Chile, comparada con las instalaciones mundiales, era marginal o cercana a cero, para 2020 será de 30 por ciento, y para el 2030 algo inferior a 60 por ciento.

De igual manera, mientras hasta 1990 no había instalaciones significativas en Antofagasta, para 2020 las instalaciones en esa región equivaldrán al 15 por ciento de las instalaciones mundiales, y para 2030 a algo menos del 40 por ciento del total mundial.

Dicha situación garantiza que el epicentro de la astronomía mundial estará en Chile. En materia de astronomía, el siguiente siglo se recordará por los descubrimientos que se harán desde Chile.

En tal sentido, el señor Eduardo Unda-Sanzana preguntó en la comisión qué tan dispuestos estamos a cuidar eso. Señaló que “si las instalaciones astronómicas son la pupila con que la humanidad mira el universo, esta puede mantenerse abierta o enceguecerla. Pero si la pupila se cierra, no es que en otro país vaya a resultar lo que resulta acá. No basta con trasladar las instalaciones para obtener el mismo resultado.”.

En Antofagasta ha aumentado la contaminación lumínica desde 1997. Incluso, lugares que se certificaron para turismo astronómico, donde se publicita que se verán los mejores cielos del planeta, están al borde de las zonas de mayor contaminación lumínica, por lo que si no se controla el problema, esos puntos se van a perder.

La ciudad es un obvio agente contaminante; también la actividad minera. Pero las regiones del norte están considerando plantas fotovoltaicas, campos eólicos, y todas esas situaciones podrían o no cumplir con la Estrategia Regional de Desarrollo 2009-2020, donde se dispuso potenciar y planificar el desarrollo de nuevos polos turísticos en la región, incorporando alternativas innovadoras, como el etnoturismo y el turismo cultural, científico, gastronómico y astronómico, entre otros.

Se ha hecho hincapié en temas de astronomía. Se ha enfatizado el turismo astronómico como polo de interés; pero existe una incompatibilidad al apostar al desarrollo de la región en la astronomía e ir generando situaciones que alejan la inversión astronómica.

Si el operador que muestra los cielos no puede mostrarlos, se mata el negocio.

Respecto de la discusión que se realizó en la comisión, puedo destacar que la iniciativa legal se estudió en la tabla de fácil despacho de una sesión.

En términos generales, los diputados valoraron la iniciativa legal y coincidieron en la necesidad de efectuar una real protección y regulación del sistema.

Terminada la exposición del invitado, los integrantes de la comisión hicieron presente que si bien las resoluciones de calificación ambiental (RCA) son una buena herramienta de control, igualmente pueden ser incumplidas.

Asimismo, consultaron cómo opera la regulación hoy; cuál es la mirada de los municipios en la instalación de proyectos contaminantes; si acaso la contaminación lumínica puede afectar las nieves cordilleranas; cómo puede abordar este proyecto lo enunciado en materia de turismo astronómico, y cómo delimitar el concepto de zona susceptible de desarrollo astronómico.

Finalmente, entendiendo que la investigación y la mirada del proyecto están pensando en el norte del país, preguntaron si existen estudios sobre el estado de situación materia del proyecto en otras regiones del país, incluso pensando en la actividad turística antes que en astronomía pura.

Se hizo hincapié en que el objetivo del proyecto consiste en que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental obligatoriamente tenga que pronunciarse cuando estas situaciones se avizoren, teniendo a la vista desde un inicio que estas son cuestiones en las cuales se debe poner atención, ello por cuanto si bien hoy existe una regulación, la misma es fiscalizada a nivel nacional solo por una persona que tiene a su cargo los temas de contaminación por ruido y contaminación lumínica. En tal sentido, la mayor fiscalización que realiza es por ruido, y el tiempo que queda para lo otro es mínimo, por lo que, en la práctica, no existe fiscalización.

Finalmente, si bien se constata que el proyecto es blando; que no pretende resolver todos los problemas que la contaminación lumínica puede generar, al menos intenta acotarlo a los problemas que genera en la astronomía y en las actividades conexas. Enfrentar el problema en su totalidad importaría una tramitación más prolongada y con mayores análisis técnicos que no son necesarios para pronunciarse sobre este asunto específico.

En cuanto al astroturismo, se puede hacer sin necesidad de ir a los observatorios, pero ello requiere cielos limpios, pues, si no, los turistas quedan desilusionados, y así lo han manifestado en reiteradas oportunidades en las redes sociales.

De igual manera, las inversiones en esta materia son significativas, tanto desde un punto de vista presupuestario como temporal. Son cientos de millones de dólares los invertidos en la construcción de las instalaciones, y las concesiones de construcción y operación no son inferiores a 50 años, por lo que la estabilidad del país y la conservación de la calidad de los cielos son centrales para decidir dónde se instalan.

Sobre estudios para otras regiones, los mapas de investigación en el tema son a nivel mundial. Su estudio se enfocó en el norte, pero se puede hacer para el sur. Sin embargo, se observó que nadie está financiando este tipo de investigaciones, por lo que se puede perder la información útil para ello.

En cuanto a astronomía o turismo astronómico en otras regiones del país, ello es posible. Será en menos días, por efecto de la humedad, pero la particularidad del norte de Chile es que sobre su cielo pasa el centro de la galaxia. El lugar del planeta con menos atmósfera y más cerca del centro de la galaxia está ahí. Más hacia el sur se pueden ver las nubes de Magallanes y otras observaciones, pero la humedad es el principal escollo.

Finalmente, sobre el concepto de zona de desarrollo astronómico, una respuesta orientadora es asumir que en regiones como Antofagasta, que tienen en sus estrategias el desarrollo de la actividad astronómica, en el momento en que eso esté aprobado todos deberán alinearse.

Fruto de la discusión, se ingresó una indicación que, en palabras de sus patrocinantes, persigue proteger el desarrollo astronómico y también el turismo astronómico.

Votación general del proyecto

La comisión, que compartió los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción, y luego de recibir las explicaciones del profesor y astrónomo invitado, que permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias y la incidencia real que tiene la modificación propuesta en el proyecto de ley, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados y diputadas presentes: Sebastián Álvarez , José Miguel Castro , Cristina Girardi , Diego Ibáñez, Félix González , María José Hoffmann , Amaro Labra , Karin Luck , Fernando Meza , Celso Morales , Catalina Pérez (Presidenta), Gastón Saavedra y Sebastián Torrealba .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, este proyecto puede parecer extraño para algunas personas. El diputado informante, señor José Miguel Castro , que es el autor de esta iniciativa junto con otros parlamentarios, hizo una reflexión sobre un tema que, aparentemente, carece de mayor importancia.

Cuando algunos de los que estamos en la Sala éramos adolescentes, a fines de los años 50 y comienzos de los 60, conocimos el lanzamiento de los famosos satélites Sputnik , de la ahora ex Unión Soviética. Incluso, a simple vista, los veíamos pasar a través de las estrellas por los limpios cielos del sur, donde nací y aún vivo.

Desde ese momento, la explosión científica ha sido descomunal. La gente empezó a mirar los cielos y a descubrir nuevas sensaciones, a tener nuevos conocimientos y también a erradicar algunos prejuicios que no correspondían con la realidad. Desde los tiempos de Colón, cuando se consiguió convencer a la ciudadanía de que la tierra era redonda y no plana, hasta hoy, en que hemos descubierto exoplanetas en cantidades enormes -todavía faltan muchos por descubrir-, se ha desarrollado esta búsqueda incesante del ser humano por tener más conocimientos.

Hoy, organismos que quienes tienen más dinero, como la NASA, destina veinte mil millones de dólares al año -es decir, el equivalente a nuestra reforma tributariaa buscar un sitio donde la especie humana pueda ir a vivir cuando la tierra deje de ser el hogar que ha sido hasta ahora, por el cambio climático y por los esfuerzos de muchos humanos para destruirla.

Entonces, aparece este proyecto de ley, impulsado por el diputado José Miguel Castro , para exigir un estudio de impacto ambiental en aquellos proyectos que pueden generar contaminación lumínica.

Aquí hay que tener dos miradas. Por supuesto, la mirada científica que implica utilizar la inteligencia artificial, hacer nuevos descubrimientos y digitalizar la actividad terrestre, que entusiasma a nuestros jóvenes y también a la gente adulta, para buscar y explorar otros destinos más allá de nuestras narices, y eso se consigue con cielos limpios.

¿Y dónde están los mejores cielos del mundo? En Chile. ¿En qué lugar de Chile? Diría que en todo el país hay mejores cielos que en cualquier otro lugar del planeta. Pero, naturalmente, Antofagasta , Atacama y Coquimbo se llevan la palma por los cielos limpios.

Tenemos que empezar por proteger en algún lugar de nuestro Chile los cielos de la contaminación lumínica, de los aparatos led y de la irresponsabilidad de muchos municipios y de muchas empresas, sobre todo en el norte, que terminan “oscureciendo” los cielos con una iluminación torpe e inadecuada.

Por otro lado, la actividad del astroturismo es una fuente económica importantísima. Otros países que tienen cielos menos limpios que Chile están haciendo su agosto -valga la expresióncon la promoción del turismo astronómico. Chile tiene la necesidad de diversificar sus actividades. No solo debemos producir cobre, salmón, manzanas, naranjas, madera, etcétera; el turismo astronómico también puede ser una fuente inagotable de ingresos para los pequeños emprendedores y para el país. Por eso apoyamos este proyecto tan importante e interesante, que nos abre los ojos para mirar más allá de nuestras nubes.

La contaminación lumínica altera los ritmos circadianos. Cuando hay mucha luz, nuestro sistema no entiende si es de día o de noche. Estas alteraciones no solo se producen en el ser humano, sino también en los animales. El 60 por ciento de las especies animales son nocturnas y estamos iluminándolas en demasía.

Por eso, defiendo los espejos instalados en la superficie terrestre, que nos comunican con el cosmos y hacen que la luz del sol, que es blanca, con las moléculas que están en nuestra atmósfera, se transforme en azul. Entonces, tratemos de proteger nuestros cielos, de incentivar la actividad turística astronómica y de proteger esta maravilla que la naturaleza nos ha entregado.

Anuncio que votaré a favor de este importante proyecto de ley y reitero mis felicitaciones a su autor, el diputado José Miguel Castro .

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .

El señor ÁLVAREZ (don Sebastián).-

Señora Presidenta, valoro este proyecto que presentó el diputado José Miguel Castro , pues, como él mismo señaló cuando rindió el informe, no solo favorece al norte, sino a todo el país, a Chile entero, porque la vinculación de la astronomía con el turismo se está produciendo también en diversas ciudades, por ejemplo, del sur de nuestro país.

Me quiero dar un minuto para dar a conocer que el día jueves 27 de septiembre -el jueves pasadose celebró el Día Mundial del Turismo. ¿Con qué objetivo se celebra este día? Para resaltar y potenciar esta actividad, que le hace tan bien a las distintas localidades y comunidades de nuestro país; para que se reconozca y se ponga en la agenda pública la visión de un país turístico; para que puedan desarrollarse las economías locales con la actividad turística, que generan su rédito durante distintas épocas del año, y algo muy importante: para cuidar el medio ambiente y generar políticas públicas al respecto.

¿Qué beneficios trae impulsar en nuestro país políticas públicas que consideren la industria del turismo? Primero, la democratización de la economía. El turismo es una industria altamente democrática, pues en la medida en que un turista recorre las distintas localidades, va dejando recursos a las personas que le proveen el alojamiento, la comida, el transporte, el comercio; va dejando recursos a los guías, a los operadores, a los artesanos, etcétera. En fin, el turismo permite que todos se vean beneficiados.

Segundo, produce aprendizajes significativos e intercambio cultural. Cuando científicos visitan nuestro país, por ejemplo para actividades relacionadas con la astronomía, se produce un círculo virtuoso, que permite que la comunidad local pueda aprender y generar un intercambio presente y futuro. Y, nuevamente, ¿qué beneficio trae esto para nuestro país? El impulso de políticas públicas que consideren el ámbito turístico y el cuidado y preservación de nuestra naturaleza y del medio ambiente.

¿Cuál es el potencial, entonces, que tiene esta industria, que el 27 de septiembre celebró su día? Esta es la industria del futuro, y todos lo dicen. Así como antes se miraba la minería o, específicamente, el cobre, hoy el turismo se mira como la industria del futuro, y nuestro país tiene todo el potencial para liderar esta actividad en Latinoamérica.

Además, hoy la industria del turismo crece por sobre la tasa de crecimiento de la economía latinoamericana y mundial, y en nuestro país, poco a poco, se está convirtiendo en el tercer actor clave del PIB.

Cuando uno ve lo virtuoso de la industria del turismo, se pregunta cuál es el desafío que tenemos por delante. El desafío es cuidar el turismo, porque trae beneficios reales a nuestro país y es la industria del futuro.

Por eso, votaré a favor del proyecto, porque permitirá resguardar y cuidar el principal activo y patrimonio natural de nuestro país: la transparencia de nuestro cielo, que permite la visibilidad de las estrellas.

Invito a los diputados a votar a favor, porque concitó el acuerdo de todos los miembros de la comisión: 12 votos a favor. Así se implementará una ley que traerá un beneficio a nuestro país, para asegurar que el turismo astronómico sea un pilar estratégico de la oferta de Chile como destino turístico, lo que permitirá que lleguemos a ser líderes a nivel mundial. ¡Ojo con lo que estoy diciendo! Nuestro país, por tercer año consecutivo, ha sido nombrado el país líder en oferta de turismo aventura. Si a ello le sumamos el turismo astronómico y otras actividades, podríamos ser la gran potencia latinoamericana del turismo de intereses especiales.

Esto es tomar decisiones de impacto en nuestro presente, que afectarán positivamente nuestro futuro.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señora Presidenta, me correspondió representar en la Cámara durante ocho años al antiguo distrito Nº 7 -La Serena, Vicuña , Paihuano , Andacollo , La Higuera-, que hoy representa mucho mejor que yo el diputado Raúl Saldívar , miembro de mi bancada.

Y quiero decir que ha habido un avance -por su intermedio, señora Presidenta, también voy a rendir un homenaje al exalcalde Saldívar , quien hizo un esfuerzo importante por que se efectuara un recambio de luminarias-, entre otras cosas, no solo en el desarrollo turístico, sino también en el hecho de que la Región de Coquimbo, junto con la de Antofagasta, se ha convertido en un epicentro mundial del desarrollo de la astronomía. Ello exige de Chile un compromiso especial en relación con la contaminación lumínica, que tiene, como dijo el diputado informante, consecuencias sobre el ritmo cardiaco, sobre los animales, particularmente los de vida nocturna, pero especialmente sobre el desarrollo de una actividad de primer nivel, con la que tenemos la posibilidad de reunir recursos de las principales potencias del mundo, como Japón, China, Estados Unidos y la Unión Europea, que se suman a proyectos para el desarrollo astronómico, lo que hoy nos convierte en la capital mundial de la astronomía. La mínima contraprestación que podemos hacer a esos países con alto nivel de desarrollo tecnológico e investigación en el campo de la astronomía es precisamente comprometernos a reducir los efectos de la contaminación lumínica.

Aprovecho la oportunidad de agradecer su labor al diputado Sergio Gahona , quien en su momento, como intendente de la Región de Coquimbo, también hizo su esfuerzo al respecto. Creo que abordar esta materia era una campaña de lógica regional.

Insisto en que lo mínimo que podemos hacer es garantizar que cumpliremos esta parte del compromiso. Para eso, lo que propone el proyecto me parece supersimple, pero muy notable: incorporar la contaminación lumínica como una variable de contaminación en aquellos proyectos que deban ser objeto de evaluación de impacto ambiental. Es muy simple, es muy claro, es muy nítido. Hasta hoy dicha forma de contaminación estaba fuera de nuestra mirada en relación con el impacto medioambiental. El proyecto pone el acento donde hay que ponerlo.

Por lo tanto, me sumo al respaldo a esta iniciativa.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señora Presidenta, quiero destacar la simplicidad de este proyecto, que hace un aporte tremendo, no solo a la Región de Antofagasta, sino también a todo el país.

Quiero relevar la importancia de que, a través de proyectos de ley simples como este, agreguemos valor a los activos que tiene cada una de las regiones. Es evidente que la Región de Antofagasta, al igual que la Región de Coquimbo, tiene ventajas comparativas respecto de otros lugares del mundo en lo relativo a la astronomía. Por lo tanto, es necesario que la Cámara de Diputados legisle para proteger esos importantes activos en cada una de las regiones.

Cuando este proyecto se presentó en la Comisión de Medio Ambiente, tuvo una discusión muy positiva. El ciento por ciento de los diputados estuvimos de acuerdo con él. Espero que siga ese camino, para que pronto se convierta en ley.

En Renovación Nacional tenemos puesto el foco en la protección del medio ambiente. Por ello, en las semanas que vienen presentaremos distintas iniciativas que van en la línea de este proyecto de ley. Por ejemplo, presentaremos un proyecto sobre el acceso libre a las montañas y sobre su protección, porque creemos que también es un activo relevante de nuestro país, que debemos proteger para que puedan disfrutarlo las futuras generaciones.

Finalmente, felicito al diputado José Miguel Castro por esta tremenda iniciativa, que parece simple, pero que genera un gran valor a la región, pues tendrá efectos, que quizás no dimensionamos, en la salud y, evidentemente, en el turismo regional.

Votaremos a favor el proyecto.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo del Orden del Día. La discusión de este proyecto continuará en una próxima sesión.