Labor Parlamentaria

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

En discusión el informe de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, dado que no hay diputado informante, le sugiero que le ofrezca la palabra primero al diputado Leonardo Soto , que participó en la Comisión Mixta, para que nos ponga al día sobre el informe, especialmente porque el proyecto prácticamente fue renovado en su totalidad.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Diputado Auth , nunca hay diputado informante sobre los informes de comisión mixta.

Sin embargo, en vista de su argumento, le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, quiero destacar que este proyecto de ley es un tremendo avance, histórico, en la lucha que debe dar nuestro país para enfrentar, contener y reducir los niveles de corrupción que se presentan en las instituciones públicas y políticas en su relación con las empresas privadas y los ciudadanos.

En ese sentido, el informe de la comisión mixta propone un nuevo estatuto penal contra la corrupción, producto de un proyecto de ley muy extenso y trabajado, resultado del esfuerzo colaborativo de muchas personas, las que durante casi tres años de tramitación legislativa realizaron una contribución que es justo reconocer.

El contenido de este proyecto, que esperamos sea ley de la república en pocos días más, surge de la fusión o integración de tres iniciativas legales de distinto origen.

La primera es una moción del entonces diputado Jaime Pilowsky y de los diputados Leonardo Soto y Tucapel Jiménez , entre otros, cuya finalidad es modificar el Código Penal con el objeto de aumentar las penas en los delitos de cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias, el cual se encuentra contenido en el boletín N° 9956-07, de 19 de marzo de 2015.

La segunda se inicia en un mensaje de la entones Presidenta de la República Michelle Bachelet y tiene por objeto aumentar las penas en los delitos de corrupción, contenido en el boletín N° 10155-07, y fue presentado a tramitación legislativa el 17 de junio de 2015, iniciativa que, a su vez, recogió las propuestas que realizaron los integrantes del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, instancia presidida por el profesor Eduardo Engel .

Esos dos proyectos se fusionaron y se aprobaron en la Cámara de Diputados.

Con posterioridad fue integrado el tercer proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores Pedro Araya , Alfonso de Urresti , Felipe Harboe , y de los entonces senadores Hernán Larraín y Alberto Espina , el que tenía por propósito modificar el Código Penal en materia de delitos de corrupción.

En la comisión mixta se hizo una revisión completa a los tres proyectos.

En los tres años que duró esta tramitación, quiero destacar la colaboración que hemos recibido de los profesores de derecho penal señores Gonzalo Medina , de la Universidad de Chile, y Héctor Hernández , de la Universidad Diego Portales, de los jefes de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tanto del anterior gobierno como del actual, señores Ignacio Castillo y Sebastián Valenzuela , respectivamente, y la permanente participación del entonces senador y actual ministro de Justicia y Derechos Humanos señor Hernán Larraín .

El trabajo que desarrollamos en la comisión mixta se materializó en una extensa discusión que duró varios meses, con un alto nivel de consenso final, que se expresa en este informe.

El debate de este proyecto de ley relativo a los delitos funcionarios se da en un contexto nacional e internacional muy especial, con una percepción en cuanto a que esta materia se ha desbordado, lo que se refleja en los niveles de corrupción general del país.

Todos los días desayunamos, comemos y cenamos mientras escuchamos noticias de grandes empresas que se adjudican contratos públicos obtenidos mediante sobornos a gran escala, como en el caso Odebrecht o Petrobras en esta parte del continente, que han alcanzado a expresidentes, algunos de los cuales están siendo investigados, han sido formalizados e incluso algunos ya han sido condenados por la justicia, como ocurre en Perú, en Argentina y en Brasil. Sin ir más lejos, en Chile también hubo autoridades que recibieron pagos indebidos, como el señor Jaime Orpis y el exministro Pablo Longueira , o los involucrados en el caso Penta. También hemos sabido de sobornos a alcaldes y concejales en licitaciones para la recolección de la basura, o de los ya crónicos fraudes que se han producido en la instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, como Carabineros y el Ejército, que han pasado a ser el pan nuestro de cada día.

La corrupción es un fenómeno nefasto que produce la más grave indignación ciudadana entre los chilenos y chilenas, debido a la estrecha vinculación que tienen estos abusos con los espacios de privilegio en que se mueven las altas autoridades del poder político y de las demás instituciones públicas.

Por eso, necesitamos enfrentar este problema de manera robusta, con una reacción importante y concreta de nuestra democracia, razón por la cual debemos cambiar nuestra legislación penal, que en esta clase de delitos, de cuello y corbata, tiene uno de los sistemas de penas más bajas del mundo occidental civilizado, tal como lo graficó el exfiscal nacional Sabas Chahuán al señalar que no puede ser lo mismo “cohechar” a un funcionario público o defraudar al fisco con muchos millones de pesos, que robar una gallina, como ocurre en la legislación aún vigente.

En cuanto al resultado de la comisión mixta, debo partir señalando que ante las controversias y diferencias que tuvimos con el Senado, mayoritariamente se impusieron las definiciones propuestas por la Cámara de Diputados.

¿Qué reformas se podrían destacar? Primero, el aumento de penas. Ese es el núcleo de este proyecto de ley, que hace una revisión y una mejora fundamental en los delitos funcionarios más relevantes, elevando fuertemente todas las penas y sanciones, porque las que hoy tenemos son francamente ridículas. Los techos de las penas actuales pasan a ser el piso en que partirán los tramos de las nuevas penas para estos delitos.

Varios tipos penales de cohecho, soborno, fraude al fisco, malversación de fondos y otros fueron mejorados, y en cuanto a la sanción, pasaron a tener penas que llegan a ser de crímenes; es decir, conllevan cárcel efectiva para sus autores.

Estoy convencido de que para desalentar a los delincuentes de cuello y corbata de cometer estos delitos el mejor disuasivo es, por lejos, que enfrenten la posibilidad cierta de cumplir con cárcel las penas privativas de libertad. Nada los disuade más.

Por eso reforzamos la posibilidad de pena de cárcel efectiva, para lo cual aprobamos una norma que establece que se debe aplicar el máximo de las penas a ciertas personas, aquellas que tengan la calidad de ser las autoridades más altas del país. Establecimos que cuando los delitos hayan sido cometidos por un empleado público que desempeñe un cargo de elección popular, de exclusiva confianza, de Alta Dirección Pública, del primer nivel jerárquico, o por un fiscal del Ministerio Público, por jueces, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas o directores generales, entre otros, se les aplicará el máximo de la pena establecida para el delito funcionario.

Esta es una gran innovación. Las altas autoridades del país, las que están cerca del poder, ejerzan o no cargos de elección popular o del Poder Ejecutivo o de los municipios están más expuestas a la corrupción -de eso no cabe duda-, por lo cual deben tener una amenaza de sanción penal mayor: la de pasar una buena temporada en la cárcel.

Entonces, todos están advertidos de que eso puede ser una realidad.

Una gran polémica se instaló en la comisión mixta a partir del nuevo delito de cohecho. Estamos conscientes de que de poco puede servir subir las penas si no buscamos herramientas para facilitar la comprobación del delito por la justicia, medios para que las fiscalías puedan obtener condenas. Pensando en eso, creamos el delito de cohecho sin contraprestación, también llamado cohecho por mera actividad o cohecho en razón del cargo, que marcó la gran polémica en la comisión mixta.

Se trata de que el delito de cohecho se configure con el solo pago del beneficio económico indebido al funcionario, sin necesidad de acreditar el favor, la contraprestación que el funcionario haría o hizo para recibir esa coima, ese soborno. Eso facilitará enormemente el trabajo de la justicia y permitirá, por ejemplo, que haya condenas en casos en que hoy, lamentablemente, por falta de prueba, se libera a los responsables y quedan en impunidad, no obstante que hayan participado en delitos extremadamente graves.

La nueva regla en este cohecho sin contraprestación es muy simple de seguir: ningún funcionario público, de cualquier nivel, debe recibir dinero o beneficios económicos de particulares en razón de su cargo.

Este es un delito que existe desde hace más de cien años en España y ha sido fundamental en Italia y en Alemania para desbaratar redes de corrupción pública.

Existe también una nueva regla de prescripción. En los delitos funcionarios, el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr, no desde que se comete el delito, porque muchas veces eso está oculto, sino desde que el empleado público que intervino en él cese en su cargo o función, para evitar que encubran la situación.

También se establece una especie de delación compensada, que entrega un incentivo de rebaja de penas para aquel funcionario que, sin ser autoridad política, confiesa y colabora con la persecución y condena de los autores.

Otra innovación es el establecimiento de un nuevo delito de corrupción entre privados y uno de administración desleal, para aquellos que administran patrimonios ajenos.

La ciudadanía está cansada y ha dejado de creer en las instituciones y en los políticos, lo que se ve reflejado en los índices de aprobación ciudadana y en el porcentaje de abstención en las elecciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado el tradicional “himno” de que todos los políticos son iguales?

Hemos sido testigos del posicionamiento de figuras políticas, tanto en Chile como en el resto de América y del mundo, que se anclan en un discurso anticorrupción, pero además promueven la xenofobia, la homofobia, el racismo y la misoginia. No dejemos que eso le pase a nuestro país.

Tenemos la oportunidad histórica de tomar una decisión de justicia, al aprobar los aumentos de penas por estos delitos de corrupción.

¡No defraudemos a Chile y hagamos la pega!

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Informo que el tiempo asignado para hacer uso de la palabra será de diez minutos para los integrantes de la Comisión Mixta y de cinco minutos para cada bancada.

Entonces, tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Gabriel Silber , miembro de la Comisión Mixta.

El señor SILBER.-

Señor Presidente, este proyecto puede marcar, por su mérito y su rigurosidad jurídica, un antes y después en el estatuto legal que regula los delitos que atentan contra la probidad en el desempeño de la función pública, ligados a la corrupción.

Asimismo, desde el punto de vista de las políticas públicas, el esfuerzo que se hizo en la Comisión Mixta recoge un conjunto de otras materias en las cuales, afortunadamente, nuestro país marcó la diferencia, por la indignación que expresó ante hechos que motivaron escándalo entre la opinión pública, relativos al financiamiento electoral y a la corrupción que, derechamente, permeó a instituciones importantes del Ejecutivo, como también al Congreso Nacional. Se trata de una situación que no podemos invisibilizar, pues se expresó en hechos que están en el primer lugar de la agenda pública en materia de persecución penal y revelaron temas sustantivos en cuanto al financiamiento de la política, la contaminación de esta actividad con intereses cruzados económicos; el rol que han cumplido las empresas en el financiamiento de las campañas, y por hechos más graves que hoy incluso están siendo investigados y perseguidos en el ámbito internacional, en lo que se refiere al cohecho y al soborno.

Como país, sin perjuicio de la reacción ciudadana de indignación, enhorabuena actuamos con altura de miras, entendiendo que no podíamos quedarnos de brazos cruzados, sino que había que reaccionar desde el punto de vista de políticas públicas.

Me parece que este proyecto, junto con otros que aprobamos el año pasado y este año en el Congreso Nacional, demuestra que nuestra sociedad entendió que había temas que era prioritario y urgente poner sobre la mesa. Me refiero a la ley sobre el financiamiento público de los partidos políticos, para que nunca más ocurra que empresas, a través del financiamiento, se transformen en una suerte de gran elector, por sobre las atribuciones que inexorable e inabdicablemente tienen los ciudadanos para elegir a sus representantes. También a la ley que fortalece el Servicio Electoral, con una musculatura real en términos persecutorios o investigativos. Recordemos la contabilidad ideal que entregaban muchos candidatos después de las campañas, que no se ajustaba a la realidad. La opinión pública conoce cómo se financiaban esas campañas.

En esto hay un mea culpa de carácter colectivo. Quienes pertenecemos a los partidos políticos más tradicionales tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades desde los puntos de vista judicial y ciudadano. Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público nos obligan a pedir perdón también desde el punto de vista institucional. Creo que es el siguiente paso, después de los cambios legislativos que estamos llevando a efecto en el Congreso Nacional, para instalar una verdadera muralla china esperamos que sea así- entre el dinero y la política.

En este escenario de proyectos sobre probidad y transparencia que despachamos el año pasado -es algo que debe continuar durante este año y este cuadrienio- se inserta el proyecto en discusión, que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica.

Muchas acciones que más bien estaban tipificadas respecto de empresas que se transan en la bolsa, como atentado a dichas empresas, hoy se expanden al ámbito privado en términos transversales. Me refiero a la administración desleal, a la corrupción en la administración de patrimonio ajeno, a la obtención de ganancias indebidas por uso de posición o información privilegiada en operaciones bursátiles, perjudicando un intangible que tiene que ver con la defensa de los mercados y la buena fe de quien administra o quien tiene una posición privilegiada, por ejemplo, como director, como gerente o como administrador de una empresa.

No se trata de reducir lo público solo a los funcionarios públicos, pues también hay una esfera pública en los mercados o las sociedades anónimas de responsabilidad limitada, que administran patrimonios de terceros y toman decisiones avalados en la fe pública.

Las penas que se imponen buscan terminar con la sensación de impunidad.

Además, establecimos un elenco de personas, principalmente de las elegidas por mandato popular. Al respecto, se elevan los actuales pisos desde el punto de vista de las sanciones. Ahora, el “desde” va a ser pena de cárcel efectiva; ya no más salidas alternativas en que la Fiscalía ocupaba sus herramientas jurídicas desde el punto de vista persecutorio, y que permitían a los acusados acceder a penas remitidas, sin cárcel efectiva, lo que provocaba mucha desconfianza en los ciudadanos, pues no veían un efecto punitivo, persecutorio y real.

Además, se entregan otras herramientas persecutorias a la Fiscalía, que a nuestro juicio son importantes, como la delación compensada, que antes se contemplaba para los delitos de colusión o para aquellos ligados a cárteles de narcotráfico, materia regulada en la ley Nº 20.000.

La iniciativa contempla herramientas poderosas para que en la etapa previa a la formalización podamos tener un cooperador eficaz, lo que permitirá a la Fiscalía aplicar medidas intrusivas, como allanamientos e interceptaciones telefónicas, de manera de lograr la condena de las personas involucradas.

Cuando se llegaba a la etapa de formalización era difícil acreditar conductas como el cohecho, porque tenía -y sigue teniendo- un estándar probatorio muy alto. En efecto, había que acreditar la prestación, lo que requería allegar muchas pruebas a la investigación, por lo que la prueba documental se hacía insuficiente.

La cooperación eficaz muchas veces marca la diferencia entre tener a una persona importante sentada rindiendo cuentas ante la justicia o tener la impunidad como resultado legal.

Establecemos como pena accesoria la de inhabilitación efectiva para ocupar cargos de carácter público o volver a la administración pública. La cárcel no es la única pena; también es necesario marcar la diferencia en estos aspectos.

El cohecho sin contraprestación, si bien es una figura de carácter residual -así como tenemos la estafa residual en materia privada-, va a ser una herramienta con la que contará el Ministerio Público a la hora de buscar la aplicación de condenas. Muchas veces cuando la prueba no cumplía el estándar probatorio, este tipo de conducta quedaba sin ningún tipo de sanción.

En consecuencia, llamo a aprobar el informe de la Comisión Mixta, que es fruto de un acuerdo prácticamente unánime de todos los miembros de la Comisión, a quienes agradezco su labor.

Finalmente, quiero agradecer el trabajo realizado en el Senado y en la Cámara de Diputados. La señal que estamos dando al votar favorablemente este informe es la que el país espera frente a un tema...

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, quiero agradecer la labor del ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín , de su equipo y de los abogados que nos ayudaron a transformar el proyecto original y colocarlo en sintonía con las necesidades de transparencia del siglo XXI.

Tal como lo han dicho los diputados Leonardo Soto y Silber , no solo se modificaron las normas en materia de cohecho, sino todas aquellas disposiciones que tipifican los delitos relacionados con el mal uso de los fondos públicos, la administración desleal, así como las estafas y otros engaños, cuya penalidad en la legislación chilena actual es increíblemente baja.

Cuando analizamos el proyecto de ley original y las propuestas de la Cámara de Diputados y del Senado, nos dimos cuenta de que había que endurecer mucho más la mano. Así, prácticamente respecto de la totalidad de los delitos que aborda la iniciativa, la Comisión Mixta estableció considerar como base lo que hoy se dispone como tope en materia de sanciones.

Aprobar esta iniciativa significará que prácticamente podremos tener la seguridad de que si una persona comete el delito de cohecho, irá a la cárcel. En la actualidad, la pena para ese delito es prácticamente inexistente. Es casi imposible que alguien que tenga una atenuante vaya preso, sin importar el monto o la cuantía por la que fue formalizado o imputado; de hecho, en Chile es excesivamente barato cometer ese tipo de delitos.

Por esa razón, en la Comisión Mixta buscamos los consensos necesarios que permitan avanzar en una penalidad dura, sobre todo para los casos más graves. La idea es que la justicia no sea burlada a través de distintos mecanismos procesales que lo permiten. Por ello, buscamos asegurar que la pena para aquellas personas que cometan esos delitos sea la cárcel, sobre todo para los funcionarios públicos y autoridades, que somos los que mayor influencia tenemos en la toma de decisiones.

Durante toda la tramitación del proyecto de ley imperó el clima de buscar acuerdos, de consensuar esta normativa con el resto del ordenamiento penal y civil, y de buscar la posibilidad de establecer y de asegurar que todos los “delitos de cuello y corbata” concluyan con una severa penalidad.

Tal como señaló el diputado Gabriel Silber , debemos reconocer que llegamos tarde, porque las primeras luces y alarmas sobre esta situación ocurrieron a principios de 2000, con el denominado “caso MOP-Gate”, donde, como políticos, no fuimos capaces de dar una solución a tiempo que permitiera que el exministro Carlos Cruz , quien recibió una condena, pagara con la sanción que ahora se propone. En ese entonces no se concretó ninguna modificación a los distintos tipos de sanciones con los que se podía penalizar el delito de cohecho, de estafa, de malversación de fondos públicos, entre otros.

Este tema explotó con el desvelamiento de financiamientos irregulares para campañas políticas, momento en que fuimos testigos de que personas de todos los sectores políticos estaban involucradas. Quizás lo más relevante es lo que pasó con el financista o recaudador de campaña de la ex-Presidenta Bachelet, tema que aún nos queda pendiente.

Como Parlamento aún nos queda un tema por resolver, el que debemos solucionar a la brevedad posible. No puede ser que en todo este tiempo no hayamos avanzado en legislar sobre la posibilidad de que personas puedan prestar testimonio en el extranjero, considerando que esa ayuda podría ser una colaboración sustancial. Un ejemplo de ello es el denominado caso Odebrecht, que nos reveló la realidad de que cuando hay personas que están dispuestas a hablar sobre presuntas irregularidades, como cohecho, estafa o malversación de fondos públicos, no lo pueden hacer en nuestro país pues corren el riesgo de ser perseguidas. En otros países, como Perú o Colombia, se puede contar con esta sustancial colaboración, lo que ha permitido procesar y condenar a políticos y expresidentes. En Chile, lamentablemente, no hemos avanzado en esa iniciativa, y personas que tuvieron toda la intención de colaborar con la investigación del caso Odebrecht no pudieron hacerlo.

Como bancada de la Unión Demócrata Independiente llamamos a aprobar este proyecto de ley, no sin antes hacer un punto respecto de la urgencia de avanzar en una futura iniciativa que permita que aquellas personas que deseen colaborar de forma sustancial desde el extranjero, puedan hacerlo. De esa manera podremos esclarecer, por ejemplo, casos como el de Odebrecht, que sigue pendiente y que no ha sido investigado con debida profundidad.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señora PÉREZ (doña Catalina).-

Señor Presidente, a mediados de 2013 la Fiscalía investigaba el caso fraude al FUT, por mal uso de utilidades al Fondo de Utilidades Tributarias por parte del Grupo Penta.

Un año más tarde, Penta anunciaría la salida de su gerente general, señor Hugo Bravo . Lo que ellos pensaron que sería el final de la mala prensa en su contra, se volvió el comienzo, porque el señor Bravo se convertiría en el delator de uno de los más grandes -si no el más grande- escándalos de corrupción en nuestro país, con todas las aristas que más tarde conoceríamos.

Este caso dejó salir a la luz cómo diversos políticos solicitaban dinero al señor Bravo para financiar sus campañas electorales. Luego, comenzó un desfile de políticos por tribunales. El desfile aún no termina, eso es claro, pero ya no se tiene la misma expectativa que al comienzo, porque todos hemos visto con mucha decepción cómo los delitos de “cuello y corbata” no han sido sancionados como corresponde. Ha habido una grotesca impunidad para la mayoría de quienes han participado en esos casos. De hecho, sin ir más lejos, algunos de los involucrados incluso votaron este mismo proyecto de ley ayer en el Senado. El chiste se cuenta solo. Así está el panorama en nuestro país.

Por eso, el presente proyecto de ley es tan importante. ¿Cómo combatimos la corrupción con penas irrisorias y con fiscales sin garras para investigar sofisticadas organizaciones político-criminales? Algunos dicen que es bueno elevar las penas. Es cierto. Efectivamente, elevamos las penas para las figuras de cohecho, soborno, malversación de caudales, fraude al fisco y negociación incompatible. Además, subimos en un grado el piso y en dos grados el techo de las penas, pero ello no es suficiente. Y no lo es porque no sirve de nada contar con altas penas para delitos graves si el Ministerio Público carece de las herramientas necesarias para perseguir esos delitos y lograr que los culpables sean sancionados.

Por eso, además de subir las penas, establecimos una serie de normas para que dichas penas no queden en el texto del Código Penal sin aplicación alguna.

El avance más significativo, desde mi punto de vista, es haber establecido el cohecho sin contraprestación, incluso contra la resistencia de algunos parlamentarios. No olvidemos que votamos esta figura dos veces, la segunda cambiando la posición que el Ejecutivo había presentado en una primera oportunidad, lo que, a mi juicio, ocurrió gracias a la presión mediática y ciudadana.

¿En qué consiste el cohecho sin contraprestación? Consiste en que un particular le paga a un funcionario público solo por el hecho de que ese funcionario ocupa un cargo determinado. Le paga para tenerlo “en la nómina” y para usar su influencia cuando la necesite, sin solicitarle que realice o que deje de realizar una función propia, es decir, sin pedirle ninguna contraprestación a cambio del beneficio entregado.

La no tipificación de este delito ha sido un gran obstáculo a la hora de perseguir criminalmente a los responsables de los delitos de cohecho, al no poder probar que estos funcionarios efectivamente realizaron una actividad en favor de quienes les entregaron millones de pesos. Esto fue lo que pasó en el “caso Wagner”, en el cual no se pudo probar que el exsubsecretario de Minería realizó una actividad en favor de los controladores del Grupo Penta por los pagos recibidos. El señor Pablo Wagner recibió dos años de prisión, que cumple en libertad; una multa de 42.000.000 de pesos, e inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos, es decir, en 2022 podrá volver a cualquier servicio público del Estado. Si ese delito hubiera estado tipificado, esto no habría sucedido.

Otro avance importante es el establecimiento de una norma especial para altas autoridades o funcionarios con un especial poder de decisión, para excluir el mínimo de la pena cuando se trate, por ejemplo, de cargos de elección popular, o cargos de exclusiva confianza, como comandantes en jefe del Ejército, de la Armada o de la Fuerza Área, o general director de Carabineros, entre otros.

También incorporamos mecanismos a este proyecto de ley, como la cooperación eficaz, que permite a los fiscales contar con una herramienta para romper los pactos de silencio entre los imputados, que impiden dar con los responsables, debido al encubrimiento.

Finalmente, como último tema a destacar, entre los muchos que tiene este proyecto de ley, me parece necesario hacer una referencia especial al establecimiento de listas negras con las empresas sancionadas por delitos de corrupción, para que no puedan recibir concesiones del Estado ni contratar a cualquier título con organismos estatales, empresas del Estado o empresas en que el Estado tenga participación mayoritaria. Así nos aseguramos de que no solo los funcionarios públicos que han sido condenados por delitos vinculados a la corrupción no vuelvan a la administración del Estado, sino también que las empresas que han sido condenadas por delitos vinculados a la corrupción no puedan volver a relacionarse con el Estado.

Más allá de las modificaciones mencionadas, del aumento de las penas, del perfeccionamiento de los mecanismos de persecución penal y de la creación de nuevos tipos penales, a la que hicieron referencia otros diputados, lo importante es el mensaje que deja este proyecto: la corrupción daña la democracia, quita a las personas la confianza en las instituciones y nos sume a todos en un clima de derrota constante. No importa cuánto nos esforcemos por obtener legítimamente algo del Estado, el funcionario a cargo de mi subsidio, de mi beca, de entregarme un permiso, de fiscalizarme o de imponerme una multa ya está comprado. ¡Esa es la lógica de la corrupción!

¿Para qué ir a votar? ¿Para qué postular a un cargo de elección popular si los políticos cocinan sus campañas en una oficina de Las Condes, con plata que, además, les entregan las empresas a las que luego favorecen en sus votaciones? ¡Esa es la dinámica de la corrupción en Chile! Todo eso produce la corrupción.

Es hora de que este Congreso Nacional entregue un mensaje potente al país, de que nos tomemos en serio estos delitos, de que no contemplemos el inútil desfile de políticos por tribunales, y que la próxima vez que suceda esto los responsables sean castigados efectivamente con penas justas, como cualquier otro ciudadano que comete un delito.

Por lo señalado, anuncio el voto a favor de la bancada de Revolución Democrática y del Frente Amplio. Hago un llamado a que aprobemos este proyecto de ley y nos hagamos responsables de la tremenda crisis democrática que hoy tenemos en nuestro país.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, celebro este nuevo estatuto que recoge grandes materias relacionadas con las malas prácticas, como el cohecho y el soborno, a las cuales hoy se sigue reaccionando. Eso me pone muy contenta, porque Chile debe ser un referente en estas materias.

Las malas prácticas deben ser repudiadas y, por ello, debemos poner todas las trabas posibles para que estas no ocurran.

Las malas prácticas, muchas veces, pueden cambiar el curso de la historia, y en el caso mencionado que hace referencia a la política eran muy evidentes: había campañas millonarias versus campañas modestas o de menos recursos financieros, pero no con mejores candidatos o candidatas. A eso me refiero cuando afirmo que la historia puede ser cambiada a través de estos medios.

Hay que decir fuerte: “No al cohecho, no a la malversación de fondos y no a la impunidad”. Chile -repito- debe ser un referente en materia de probidad, pero nos falta camino por recorrer.

En este punto me quiero detener. El primer proyecto que presenté en esta misma línea es un cambio al Código Penal, en que se hace referencia al mal uso de las platas del Estado; me refiero a cambiar el destino de los recursos del Estado. Las platas que nos llegan responden a ciertos objetivos, a programas que han sido previamente diseñados y pensados, que no deben ser cambiados.

Por ejemplo, ayer el contralor en su exposición -y también después de ella- se refirió especialmente al mal uso de las platas SEP, algo que hoy la Contraloría tiene absolutamente detectado. ¡Qué injusticia más grande! Esa plata, que está destinada para los niños más vulnerables, muchas veces es usada para otros fines, y esos niños no saben que perdieron una oportunidad. Esto pasa en muchos ámbitos, pero no profundizaré al respecto.

Espero que sigamos avanzando en esta materia. Si por las buenas y la lógica humana no se puede llegar a buen puerto, que la ley resguarde el erario fiscal y castigue con penas efectivas los delitos de cuello y corbata.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, solo quiero señalar, como lo han planteado nuestros colegas, que este proyecto es tremendamente importante para nuestro país, pues permite avanzar en uno de los principales flagelos que hoy tenemos: la corrupción.

No se trata de un flagelo nuevo en Chile, porque la corrupción en nuestro país viene de los tiempos de la dictadura militar; por más que algunos han querido ocultarlo durante muchos años, es así. La familia del exgeneral hoy es parte de profundos cuestionamientos éticos, morales y también legales, producto de la fortuna que hoy posee, y la justicia está pretendiendo aplicar las sanciones que correspondan. No es un tema menor.

Hoy no podemos desconocer que, con este proyecto de ley, nuestro país va a ser distinto, por lo menos, en los temas relacionados con la corrupción, porque los delitos de cohecho y de soborno van a tener una sanción, a lo menos, ejemplificadora.

Quiero felicitar en esta Sala la personalidad del diputado Juan Antonio Coloma , porque él ocupó los diez minutos de su partido, en circunstancias de que fue jefe de gabinete del señor Wagner . Si hubiera existido este proyecto de ley en su momento, el señor Wagner , que recibió millonarios recursos -más de 40 millones de pesos-, hubiera estado preso.

Reitero: felicito al diputado Coloma , porque debe tener mucha personalidad para hacer uso de la palabra en la discusión de este proyecto de ley, como ayer ocurrió también en el Senado. ¡Hay que tener mucha personalidad!

En estos breves minutos, al igual que señaló la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, quiero plantear que los delitos de cuello y corbata en Chile han tenido durante largos años -en el último tiempo se ha demostrado a partir del caso Penta- condenas irrisorias.

¿Cuántos casos más tenemos, como el de los señores Wagner , Longueira , Orpis y Novoa? Recibieron millonarios recursos en la ley de pesca y en otras leyes. Eso le hace mal a las democracias en el mundo; es un cáncer que, de una u otra forma, hay que exterminar. Con este proyecto no solucionamos los problemas de fondo, pero avanzamos profundamente.

La corrupción no está radicada en un solo partido o color político. Donde haya corrupción hay que perseguirla, y también cuando la haya en nuestro sector tenemos que condenarla, porque no tiene apellido ni colores. Pero, repito, hay que tener mucha personalidad para hablar de estos temas cuando ha habido problemas, como todos los que…

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Diputado Espinoza , su tiempo ha terminado. Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, lo primero que diré es: “¡Por fin!”, porque el trámite en la comisión mixta fue muy duro, demoró muchísimo tiempo. Por consiguiente, para comenzar mi intervención, felicito a quienes representaron a la Cámara de Diputados en esa discusión, porque buena parte de la resolución de los debates tuvo que ver con la opinión de esta Sala.

Por supuesto, este proyecto se inscribe dentro de la construcción de un muro para separar la política y la administración pública de la influencia del dinero.

Fueron muy importantes los cambios a la ley de financiamiento de la política y los cambios radicales a las normas de campañas electorales; diría que este es el penúltimo ladrillo de la muralla que separa la política del dinero.

Digo que es el penúltimo, porque siempre habrá maneras en que el dinero tratará de penetrar y comprar a la política para que esta haga lo que él desea. Por consiguiente, debemos estar vigilantes y atentos para actualizar las leyes y enfrentar los nuevos problemas que van a venir.

Esta futura ley será muy importante, y no trepidaría en decir que tendrá una importancia histórica, primero, porque, por primera vez, se incorpora el cohecho entre privados, es decir, a aquellos que quieren distorsionar el mercado al “comprar” a un jefe de abastecimiento de una empresa. Hoy se puede hacer eso sin tener consecuencias penales, pero desde que esta iniciativa se convierta en ley tendrá consecuencias penales también la corrupción entre privados.

En lo que se refiere a la protección de la función pública de la influencia del dinero, la primera cuestión importante, obviamente, es el aumento de las penas; se trata de aumentos significativos. Se incorpora la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se multiplican todas las sanciones pecuniarias y se asegura la cárcel efectiva.

Pero quiero destacar un elemento que debería estar presente también en otras legislaciones. En el proyecto se establece de manera nítida que mientras más alta es la autoridad, tanto más merece castigo. Nosotros, los parlamentarios, vamos a votar un proyecto de ley que establece castigos mayores para los parlamentarios, por el hecho de que representamos la confianza del pueblo que nos puso aquí, y violar esa confianza, frustrarla y transgredir esos valores tiene una consecuencia sobre la credibilidad de las instituciones mucho mayor que cuando lo hace cualquier funcionario público. Por eso, merecemos mayores sanciones, y también merecen mayores sanciones los ministros, los subsecretarios, los fiscales y las altas autoridades que son objeto de cohecho.

Pero nada de esto tendría sentido si no hubiéramos modificado la figura penal del cohecho, porque, hasta ahora, para configurarse el cohecho se necesitaba establecer con claridad la contraprestación. Piensen ustedes lo difícil que es establecer que el diputado o el subsecretario que recibió un saco de dinero hizo lo que hizo no por convicción propia, sino por el hecho de haber recibido ese dinero. Pues bien, se establece con claridad que el hecho de solicitar o recibir recursos privados es constitutivo del delito de cohecho.

Junto con los diputados Soto , Bellolio , Boric y otros habíamos presentado un proyecto de ley que felizmente fue integrado en la proposición de la Comisión Mixta. Esto es fundamental, porque se refiere a lo que, retrospectivamente, nos genera frustración: el hecho de que delitos que se cometieron ayer no hayan sido condenados con las penas disuasorias con las que hoy condenaríamos los delitos del presente. Si hoy alguien hace lo que hicieron el entonces ministro Longueira , los diputados, los subsecretarios, el entonces senador Rossi y otros parlamentarios, sería inhabilitado de manera perpetua y tendría cárcel efectiva.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, junto con saludar al señor ministro que nos acompaña, manifiesto de inmediato mi conformidad con este proyecto de ley que establece mayores penas para los delitos de cohecho y soborno, y avanza sustantivamente en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas.

Este es un proyecto de ley cuya discusión comenzó en 2016 y que hoy, por fin, ve la luz de la mano de un amplio consenso entre la oposición y el oficialismo.

Es precisamente este tipo de legislación el que construye democracias sólidas y estables en el tiempo y nos permite como Estado recuperar la confianza de las personas.

Me alegra que el llamado “principio de probidad” tenga una aplicación concreta y práctica, y que no sea solo un lindo concepto que adorna nuestra legislación.

Hace tan solo unos meses, mientras en Evopoli preparábamos el proyecto de ley sobre integridad pública, que entregamos como aporte al gobierno, constatamos con cierto estupor que desde 2013 a la fecha habíamos caído cinco puestos en el ranking de percepción de la corrupción. Escándalos tales como el financiamiento irregular de la política, el caso de corrupción de Carabineros, el caso Caval, nos pusieron con justa razón en tela de juicio y nos hirieron en lo más preciado que tenemos como Estado, que es la confianza ciudadana en las instituciones.

Quienes nos desempeñamos en la función pública debemos siempre mirar el fin superior de la población. Así nos ordena la Constitución y la serie de cuerpos legales que nos regulan.

Espero que pronto sea discutido en este hemiciclo el proyecto de ley sobre integridad pública, que también viene a hacerse cargo de esta problemática y que acabará de una vez por todas con el nepotismo y con muchas otras prácticas reñidas con la probidad.

Repito: este es el tipo de legislación que necesitamos y que nos pide la gente, que realmente se haga cargo de la peor enfermedad que puede sufrir un Estado, como es la corrupción.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban).-

Señor Presidente, comparto la mayor parte de las reflexiones y algunos mensajes de mucho entusiasmo respecto de la modificación del Código Penal en lo que dice relación con el cohecho y el soborno. Nos parece bien que se establezcan medidas concretas y profundas.

Sin embargo, me pregunto si todo el poder político estará muy feliz, como uno lo escucha; no sé si todos están aplaudiendo esta iniciativa con franqueza, y que no se trata solamente de palabras para la foto y la prensa.

Quiero destacar a aquellos diputados que en su momento imprimieron fuerza a este tema, cuando en la comisión mixta algún senador pretendía que de esta iniciativa saliera cualquier cosa, menos lo que estamos discutiendo ahora: a la diputada Catalina Pérez , al diputado Soto y probablemente a algún otro diputado que nos representó de buena forma en esa instancia, imprimiendo la fuerza en los temas que hoy nos convocan. Porque combatir todo tipo de corrupción es la tarea que deberíamos tener todos, de la cual se habla mucho, pero en la que hasta el momento se ha hecho poco.

El proyecto constituye un esfuerzo importante, pero no es todo lo que necesitamos. No sé si habremos llegado en buena hora, si hay que pedir perdón y todas esas cuestioncitas que uno las viene escuchando desde hace por lo me nos treinta años.

La corrupción debe ser combatida en todas sus formas, porque existe la corrupción grosera y la corrupción elegante. La corrupción grosera es la que vemos a través de los medios de comunicación y de la ciudadanía que la expresa y la denuncia. Pero también está la corrupción elegante, esa que se hace en las reuniones sociales, esa que se hace en los clubes de amigos, entre la gente influyente, en el poder económico y en el poder político, y en la que no hay miramientos para perjudicar. No solo tenemos los casos MOP-GATE, Penta , SQM y las colusiones, sino muchos otros negocios públicos, como los que hemos conocido en varias regiones, particularmente en las regiones mineras, en que se han visto involucradas empresas mineras públicas y privadas.

Otra cuestión que creo importante tener presente es la responsabilidad de los partidos políticos, porque quienes llegan a la Cámara de Diputados, al Senado, al mundo municipal tienen que ser escaneados. Los partidos políticos tienen mucho que decir al respecto cuando eligen a los candidatos, cuando proponen nombres, cuando llegan a ser gobierno. En ese aspecto, me parece que ha habido mucha irresponsabilidad, porque finalmente hay personas que estuvieron involucradas en actos de corrupción, por los cuales, debido a que no existían estos marcos legales, no fueron castigadas, pero aparecen como figuras públicas. Por ello, la ciudadanía anida aún más la molestia, el enojo y la desconfianza. ¡Y después nos preguntamos por qué hay ciertas manifestaciones de violencia, de agresividad; por qué se producen esas situaciones irracionales! La respuesta está en el mismo debate que hoy estamos realizando.

Los regionalistas valoramos lo que hoy se está avanzando; destacamos y aplaudimos a los que apuraron esta iniciativa y creyeron en ella, y nos sumamos a ellos. Pero no olvidamos a los que intentaron que finalmente resultara una ley débil, hecha solo por cumplir. Eso no nos sirve hoy. Por el contrario, la responsabilidad debe ser de todos.

Estaremos atentos, porque si hay una cuestión que socava una sociedad democrática es la corrupción.

Estoy seguro de que no todos deben estar muy felices por estos grados de avance. De hecho, probablemente en el Senado no todos los aplaudirán con el mismo entusiasmo, pero lo importante es que de una vez por todas se acabe con la corrupción grosera y con la corrupción elegante.

En consecuencia, los diputados de la Federación Regionalista votaremos a favor las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en este proyecto de ley, por el esfuerzo que se ha hecho para poner fin a los actos que hemos señalado.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palaba el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN.-

Señor Presidente, quiero valorar que hayamos llegado a este momento tan importante para la democracia chilena. Por eso es sorprendente que en la Sala estemos presenten solo un tercio de los diputados que la integramos, lo que da cuenta de la gran metáfora de democracia semisoberana en la que vivimos.

Hemos llegado a esto porque la democracia chilena está bajo el asedio de la corrupción, del cohecho y de quienes creen que las grandes corporaciones tienen que decidir todo, desde la vida de los ciudadanos hasta las grandes políticas públicas. Las grandes corporaciones que han asediado a la democracia y los políticos que se han prestado a la corrupción son los que nos trajeron hasta acá.

Enhorabuena vamos a legislar sobre esta materia, porque el país conoció a los Giorgio Martelli , a los Hugo Bravo y al señor Contesse , de SQM. El país no los conocía, pero muchos políticos sí. Ese escándalo fue atajado por la elite política y empresarial, mediante un grupo de abogados y de lobbistas, como el señor Enrique Correa , quien salió a decir que el boleteo no era corrupción pura y simple, o como el señor Eugenio Tironi , quien salió a decir que había una histeria en la reacción de la clase política por la corrupción.

¡Mire qué curioso: los que atajaron esta crisis impidieron conocer a las más de doscientas empresas que rectificaron boletas ante el Servicio de Impuestos Internos, porque en esto no solo están involucrados SQM y Penta: más de doscientas empresas de los más grandes grupos económicos de este país rectificaron boletas ante ese servicio! Esta ha sido una corrupción a la chilena, una corrupción con boleta, una corrupción en que el Servicio de Impuestos Internos debía intervenir judicialmente; pero se bloqueó a dicho Servicio y se hizo renunciar al señor Michel Jorratt , para que no interviniera en los casos, para que no se abriera la caja de Pandora del financiamiento de la política en Chile: el boleteo sistemático, la corrupción a la chilena, cuyo esclarecimiento fue frenado por la elite política y empresarial.

No nos olvidamos de lo que ocurrió: se frenó la investigación y se atajó la verdad, para que esta no fuera conocida por la opinión pública. Por eso la investigación se centró solo en SQM y Penta, en circunstancias de que hay muchas más empresas que han rectificado boletas.

Hay algunos -lo digo con todo respeto- que tienen rostro de nalga, que nos dicen que nosotros somos los antisistema porque nos vestimos con camisas a cuadro y no usamos corbata. Pero les quiero decir que no es así. ¡Los antisistema son los Penta, los antisistema son los Ponce Lerou ! ¡Esos son los antisistema!

¡Miren qué curioso: los que venimos a hacer la revolución democrática queremos poner orden, y los que defienden el orden son los antisistema! Este es el mundo al revés de la transición chilena.

En Chile se ha planteado una lucha entre la fronda política, la casta política empresarial que ha dividido al país, y la democracia. Hay que querer la democracia, y quererla significa respetar la Sala de la Cámara de Diputados y dar quorum para poder sesionar, no estar permanentemente con un tercio de los diputados. Eso es respetar la democracia. Respetar la democracia implica no despreciar al pueblo de Chile, al que se desprecia cuando se miente, se engaña y se tapa la verdad. El pueblo de Chile no es tonto, el pueblo de Chile es mucho más habiloso que nosotros.

Ojalá que en el futuro al señor Ponce Lerou , al señor Contesse , al señor Délano y al señor Lavín los pillen vendiendo jugo de naranja afuera del GAM o los pillen evadiendo el Tran- santiago. ¿Sabe por qué? Porque esa es la única manera en que se pueden ir presos, porque en este país los delitos de bagatela involucran cárcel, pero no los delitos de “Sanhattan”, hechos en inglés, con boletas. ¡Con esos delitos no se va a la cárcel! ¿Saben por qué no se va a la cárcel? Porque está el grupo de abogados para defenderlos; porque está el grupo de lobbistas, encabezado por Enrique Correa , para defenderlos. Porque los alumnos de Enrique Correa han bloqueado la democracia y han bloqueado la verdad, y van a seguir bloqueando la verdad hasta que los derrotemos.

A todos los demócratas de esta Sala les digo: ¡Unámonos en favor de la democracia; unámonos en favor del respeto de esta Cámara; demos quorum para sesionar, y dejémonos de abrir la puerta a las grandes corporaciones que tienen bajo asedio a la democracia!

¡Espero que Ponce Lerou abra pronto su negocio con un carrito de jugo de naranjas fuera del GAM, para que ese caballero se vaya preso y deje de ser un senador autodesignado en el Congreso de la República!

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palaba el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho, pero me parece que nuevamente llegamos tarde. Digo “llegamos” porque me siento involucrado, porque estoy sentado aquí con ustedes. Llegamos tarde respecto de algo en relación con lo cual el pueblo en su conjunto tenía una claridad increíble.

Digo eso, porque estamos legislando sobre una materia en la que nuestro pueblo ya tiene muy claro quiénes debieran estar sentenciados por el gravísimo daño que han provocado a la confianza en la política y en las instituciones públicas. Se trata de un daño irreparable, porque no se puede resarcir hacia el pasado.

Me han dicho que la Constitución Política impide que las leyes sobre la materia tengan efecto retroactivo; me dicen que es un problema constitucional, que la academia y los abogados no tienen una buena opinión de lo que podría ser que delitos que ya están tipificados o que se van a tipificar por este proyecto de ley puedan ser castigados hacia atrás, porque el daño que han hecho es muy grande.

Asimismo, me dicen que es un asunto de quorum calificado, que es casi imposible lograrlo aquí, porque hay gente que se opondría y no se contaría con la disposición para lograr unanimidad.

A estos delitos yo no los llamaría de cuello y corbata; son delitos contra la fe pública y son…

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, no iba a intervenir en este proyecto, pero no puedo dejar pasar las palabras destempladas del diputado Fidel Espinoza en contra de un diputado de nuestra bancada.

Hay que ser mucho más patudo de lo que pudo haber sido el diputado de nuestra bancada. Me refiero al señor Espinoza , puesto que su partido político ha cometido cohecho desde hace mucho tiempo. Su partido político, el Partido Socialista, ha sido socio de las principales empresas de Chile. En el Parlamento se ha legislado muchas veces en favor de esas empresas, y ellos no se han inhabilitado nunca, han recibido dividendos de esas empresas para su partido político. Si eso no es cohecho, ¿díganme qué es?

Entonces, no venga aquí el señor Espinoza a lavarse la boca, las manos, inculpando a un parlamentario nuestro, cuando él y su propio partido han cometido delitos durante años, y los siguen cometiendo hasta el día de hoy, porque tengo entendido que aún siguen siendo accionistas de estas grandes empresas, entre ellas Soquimich , para no ir más lejos. Tanto que alegan contra el litio, contra esto, contra lo de más allá, y son socios de Ponce Lerou, ni más ni menos; reciben dividendos y legislan en favor de ellos. Estoy hablando del Partido Socialista, el partido del señor Fidel Espinoza .

No me venga a hablar aquí de cohecho el señor Espinoza , cuando tiene una “recachá” de radios en el sur a nombre de sus hijas y recibe auspicio de distintas empresas, como diciendo: “No, no son mías, son de mis hijas”, cuando en realidad él las maneja al revés y al derecho.

No me venga a hablar acá de cohecho, señor Espinoza . Si hay alguien que no puede hablar de cohecho en esta Sala es precisamente el diputado Espinoza .

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, en estos cinco minutos haré un breve intento espero lograrlo- para elevar un poco el nivel del debate, hablar del proyecto de ley y explicarle a la ciudadanía el excelente trabajo que llevó a cabo, en forma silenciosa, una comisión mixta que integraron, entre otros, el diputado Gabriel Silber , quien ya hizo uso de la palabra, y el senador Francisco Huenchumilla .

Dicha comisión, que también contó con la participación del ministro de Justicia, señor Hernán Larraín , tuvo por propósito emitir este informe en un plazo prudente, atendidos los requerimientos de la OCDE para ponernos a tono con los estándares internacionales en materia de cohecho, sobre todo en materia de cohecho internacional.

El proyecto dice relación no solo con aumentar las penas de los delitos de cohecho y soborno, tanto sus pisos como sus techos, estableciendo penas efectivas de privación de libertad para los denominados delitos de cuello y corbata, sino también con tipificar el delito de soborno entre particulares y el de administración desleal. Además, se hace cargo de todo lo que dice relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.

Señor Presidente, un tema muy importante del que no se ha hablado dice relación con las penas accesorias. Hay altas autoridades que han sido condenadas por fraude al fisco, por defraudación, pero luego se presentan como candidatos a cargos de representación popular.

Este proyecto se hace cargo de aquello, estableciendo, como es lógico, una inhabilitación perpetua para que estas personas condenadas ejerzan cualquier cargo público. En la actualidad hay un vacío evidente en nuestra legislación, que deja a la decisión de los jueces la determinación de cuál es esa inhabilidad, de esa pena accesoria. Eso se limita a través de esta iniciativa.

Por otra parte, me parece muy bien que se tipifique el delito de cohecho sin contraprestación. Este fue un tema debatido, pero, por la dificultad de la prueba, se tomó en cuenta lo señalado por el Ministerio Público.

Creo que con esta legislación completa y sistemática estamos dando un paso muy importante contra la impunidad en los delitos que afectan la probidad en la función pública. En todo caso, considero que es mucho lo que podemos hacer aún en materia de municipios.

En ese sentido, celebro el anuncio que hizo hace algunos días el ministro Blumel en cuanto a que se hará un especial esfuerzo en lo que dice relación con el combate a la corrupción en los municipios. Todos hemos visto cómo en distintas municipalidades se repiten los mismos proveedores, bases de licitación que son subidas a último minuto al sistema de ChileCompra y sin información para el resto de los oferentes.

Ese es un tema que la comisión Engel , que hizo un tremendo trabajo, no abordó en toda su profundidad. En la actualidad, las principales fuentes de corrupción en nuestro país están en los municipios, y lo vemos en contratos chicos y en contratos grandes.

Espero que este proyecto, que expresamente se aplica a todas las autoridades elegidas en cargos de representación popular, no solo a los parlamentarios, por los bullados casos que se han mencionado en esta sesión especial, permita avanzar en materia de transparencia y combate a la corrupción en todos los municipios a lo largo del país, que, lamentablemente, son una fuente muy importante de corrupción, como vimos en el informe que el contralor entregó a la Cámara de Diputados hace dos días.

Por último, espero que este año legislativo sea el que termine con todos los espacios de impunidad. Por eso pedimos al gobierno y a los parlamentarios de Chile Vamos que apoyen el informe de la Comisión Mixta respecto de la libertad condicional, para terminar con la puerta giratoria, tanto respecto de delitos comunes como de delitos contra los derechos humanos.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, entiendo la intervención del diputado Juan Antonio Coloma , pero lamento que haya enumerado casos que se refieren a un sector político, porque así otros mencionan casos que se refieren al otro sector, y, al final, no nos hacemos cargo del tema de fondo, que es que esta legislación surge como consecuencia de un conjunto de fenómenos de corrupción que han afectado transversalmente a la política y al mundo de los negocios. Esa es la verdad.

Se trata de una situación que ha provocado un profundo descrédito de las instituciones, en particular de esta, así como de los partidos políticos a los que pertenece la inmensa mayoría, que son parte de sus principales afectados.

Hay una epidemia populista en América Latina y en el resto mundo. Eso es Trump, eso es Bolsonaro, eso es Maduro, eso es Ortega. Esa es mi opinión, y la digo con franqueza. Hay quienes aprovechan el descrédito de las instituciones para levantar discursos que cuestionan la validez del sistema democrático. Un estudio de opinión reciente señala que el 33 por ciento de los chilenos considera que la democracia no es un buen sistema político, y eso tiene que ver con la pérdida de legitimidad en las instituciones, en general, pero de las políticas en particular.

Hay que hacerse cargo de eso. Si el Congreso fue capaz de impulsar en tiempo récord una agenda de probidad promovida por el gobierno de la Presidenta Bachelet y hoy tenemos una agenda de integridad pública -así la ha denominado el actual gobierno-, lo que debiésemos tener es la convicción de la responsabilidad histórica que nos cabe en lograr que esa agenda avance, como avanza el informe de la Comisión Mixta en estudio, y dar una señal a la sociedad en cuanto a que no hay un grupo de privilegiados protegidos que tienen derecho a abusar de las instituciones y de los recursos de que disponen esas instituciones y de los chilenos, y que serán sancionados de la manera más drástica posible si incurren en esas acciones.

A partir de la aprobación del informe de la Comisión Mixta tenemos que volver a una nueva agenda de probidad y reformar sustantivamente la ley de partidos políticos, para que haya trazabilidad de cada peso que entreguemos a los partidos políticos, para que haya escrutinio público a la función de los partidos políticos, para que no haya ninguna posibilidad de corrupción en el sector privado ni entre este y el sector público.

Solo si actuamos así podremos impedir el derrumbe de la legitimidad de las instituciones, fenómeno que afecta a América Latina y del que Chile no está ausente.

Eso debiese ser lo que nos motive, no la guerra de trincheras entre unos y otros, apuntándonos con el dedo.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Constitución en el período pasado, en que dimos una larga y profunda discusión sobre este proyecto de ley, que hoy viene de comisión mixta, para mí es una enorme satisfacción que una regla especial de prescripción, que planteé como indicación al proyecto mandado por el Ejecutivo, haya sido acogida, porque es relevante.

En efecto, el proyecto establece que los plazos de prescripción de la acción penal empezarán a correr desde que el empleado público que intervino en el delito cese en su cargo o función, ya no desde la comisión del ilícito.

Créanme que ese es un salto espectacular, porque mientras el funcionario público está en el cargo, puede obstaculizar la investigación para obtener impunidad respecto de su responsabilidad penal. Hoy todos los funcionarios públicos de Chile tienen que saber que mientras están en sus cargos pueden gozar de esa impunidad, pero que una vez que cesen en ellos, recién empezará a correr el plazo de prescripción para los delitos que hayan cometido, delitos para los cuales este proyecto aumenta las penas.

Que las penas aumenten es una buena señal, como también lo es el que las inhabilidades aumenten y puedan incluso llegar a ser perpetuas.

Todos estos son grandes pasos en la lucha que estamos dando contra la corrupción.

En ese sentido, ya habíamos puesto limitaciones, por ejemplo, en las leyes de partidos de políticos y de transparencia pública. Me parece que hemos dado pasos significativos en el país para ir acorralando a la corrupción y, derechamente, a los corruptos.

Un aporte también significativo del proyecto de ley es que para que se configure el delito de cohecho pasivo propio no se requiere contraprestación. En particular, este ha sido materia de un debate histórico en los tribunales, pues para acreditar que el funcionario público recibió la coima o el soborno, había que probar que había hecho algo en favor de la persona que lo había coimeado.

En el proyecto de ley no hay que probar esa contraprestación, pues basta el solo hecho de ofrecer una dádiva, una recompensa, y que esta sea recibida. No interesa que el funcionario público posteriormente no haga lo solicitado, pues no se requiere la contraprestación por lo recibido para condenar por el delito de cohecho pasivo propio.

Sin duda, hay detalles que deberemos mejorar con el tiempo. Ejemplo de ello es que la sanción de la coima hay que establecerla en función del monto recibido, porque no es lo mismo recibir 10.000 pesos que recibir 500 millones de pesos. No podemos pedir todo a esta legislación, pero creo que estamos dando un paso significativo en la lucha contra la corrupción.

Nuestro país merece que todos luchemos contra la corrupción, para que haya más probidad, más transparencia y se coloque fin a los abusos de los particulares a quienes hoy se les ponen restricciones.

En consecuencia, estamos en presencia de un gran proyecto, que merece ser aprobado.

He dicho.

El señor DÍAZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y treinta segundos, el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro que nos acompaña hoy.

Espero que la ley en proyecto no solo sea una excelente noticia para nuestras instituciones, sino también para nosotros.

Desafortunadamente, en los últimos tiempos hemos presenciado situaciones que nos parecían lejanas o ajenas, pero ocurrían con mayor cotidianeidad y gravedad de lo que lamentablemente creíamos.

Lo anterior ocasionó que en la ciudadanía y en las distintas organizaciones de la sociedad civil aumentara de forma generalizada la suspicacia hacia el quehacer de los entes administrativos, lo cual irremediablemente conlleva a un clima que dificulta la administración y el gobierno del país.

Si queremos que el país progrese y que los frutos de ese progreso sean percibidos por todos, la desconfianza es un elemento que tenemos que erradicar, y la única forma de hacerlo es responsabilizar en mayor medida a quienes atenten contra la probidad.

El proyecto de ley, entre los muchos aspectos que aborda, da un gran paso: la mejor tipificación y ampliación de los delitos funcionarios, y el aumento de las sanciones penales y administrativas a las que se ven expuestos quienes incurran en este tipo de delitos, sin duda, son el corazón de este proyecto.

Quiero destacar principalmente la agravante contemplada para los altos cargos, quienes no podrán optar al grado mínimo de la pena, lo cual es una clara señal de que mejores cargos no implican solo más beneficios, sino también mayores responsabilidades y un estándar superior de probidad.

Pero este proyecto no solo es una excelente noticia en orden a mejorar la confianza pública en nuestras instituciones, sino también en la percepción de las empresas.

La tipificación de los delitos de corrupción entre particulares y la administración desleal fomentarán una mejor relación de responsabilidad interna entre los diversos estamentos de las empresas y también ayudarán a evitar la colusión interempresas, lo que socialmente se traducirá en un mercado más perfecto, transparente y competitivo.

He dicho.

El señor DÍAZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y treinta segundos, el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, tuve la oportunidad de participar en la Comisión Mixta en reemplazo de uno de los titulares. Por lo tanto, algún conocimiento tengo del proyecto, desde su tramitación.

El proyecto modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, al aumentar las penas, y tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal.

¡Qué bien que haya un cambio de criterio! En el período legislativo anterior, parlamentarios de centroizquierda señalaron que el aumento de penas no era disuasivo para impedir que las personas cometieran nuevos delitos. Hoy, con alegría, veo ese cambio de criterio que significa aumentar las penas para determinados delitos, justamente para que no se reiteren.

Finalmente, la gente de centroizquierda se ha convencido de ello y, de hecho, hay parlamentarios que han iniciado la tramitación de iniciativas para aumentar las penas o establecer algún tipo de agravante en el caso de agresión a profesores y asistentes de la educación en el proceso educativo. Esa es una buena noticia, porque finalmente han entendido el mensaje que como centroderecha les habíamos enviado hace muchos años.

Por lo tanto, apoyaremos el informe de la comisión mixta, porque va en el camino correcto que señalamos hace muchos años, cual es que el aumento de las penas actúa como elemento disuasivo para evitar que se cometan nuevos delitos.

Con gusto y con satisfacción apoyaré proyectos de esta naturaleza, que aumentan las penas en determinados delitos. Espero que en el futuro también sean apoyados por la totalidad de los diputados porque de esa manera podremos dar mayor seguridad a la ciudadanía.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

Diputados informantes de las comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda son los señores Manuel Matta y Pablo Lorenzini , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 49ª de la presente legislatura, en 18 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Defensa, sesión 85ª de la presente legislatura, en 16 de octubre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 92 de la presente legislatura, en 25 de octubre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional.

El señor MATTA (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Defensa Nacional, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

Este proyecto de ley tiene por objeto dotar de una legislación interna que garantice que la química y la biología solo sean utilizadas para usos pacíficos, evitando la desviación de sustancias y agentes hacia manos equivocadas, su modificación química o biológica, o su manipulación sin resguardos de seguridad, todo en el contexto de las obligaciones acordadas, por un lado, en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, y, por otro, en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

El mensaje señala que la necesidad de avanzar en forma concreta y eficaz ante los distintos desafíos en materia de desarme hace necesario contar con una legislación nacional que implemente plenamente las obligaciones acordadas en la convención sobre los términos ya señalados.

La primera de estas convenciones fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno mediante el decreto supremo Nº 1.764, de 2 de diciembre de 1996, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo de 1997. A su vez, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción fue incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante el decreto supremo Nº 385, de 5 de mayo de 1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicada en el Diario Oficial el 7 de julio de 1980.

Por lo tanto, ambos son instrumentos jurídicos internacionales que requieren contar con un marco jurídico nacional que permita asegurar el pleno cumplimiento de los objetivos de cada uno de ellos.

La convención sobre armas químicas fue promovida por la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas, quedando a disposición para ser firmada por los Estados el 13 de enero de 1993. Fue suscrita por más de 130 países en los tres días siguientes a la apertura para la firma, entre los cuales estuvo Chile, y entró en vigor internacional el 29 de abril de 1997.

Este hecho da cuenta de la relevancia y del consenso internacional sobre la materia. Es el primer tratado multilateral de desarme global que estipula plazos para la eliminación de toda una categoría de armas de destrucción masiva, y es el primer tratado de desarme que incorpora un régimen de verificación de amplio alcance para el cumplimiento de las obligaciones acordadas por los Estados partes, estableciendo la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

Consecuentemente con lo anterior, y en el cumplimiento de una de las obligaciones de la Convención de Armas Químicas, mediante el decreto supremo N° 364, del 13 de marzo de 1997, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 11 de julio del mismo año, se designó como autoridad nacional para los efectos de la convención a la Dirección General de Movilización Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.

Dicha convención establece en su artículo VII la obligación para los Estados partes de adoptar las medidas necesarias en el ordenamiento jurídico interno para cumplir las obligaciones contraídas en virtud de la convención. En especial, exige promulgar leyes penales que sancionen a las personas naturales y jurídicas que se encuentren en cualquier lugar de su territorio o en cualquier otro lugar bajo su jurisdicción reconocido por el derecho internacional, que realicen cualquier actividad prohibida por la convención, y establece la obligación para los Estados partes de informar a la OPAQ las medidas legislativas y administrativas que hayan adoptado para implementar la convención.

Han transcurrido más de veinte años desde que se incorporó la CAQ en el ordenamiento jurídico nacional. Por ello, es necesario contar con una ley que aplique adecuadamente dicha convención, garantizando el pleno cumplimiento de sus objetivos, a fin de regular y controlar las sustancias químicas y sus precursores.

En relación con la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas y sobre su Destrucción, ella fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional mediante el Decreto Supremo N° 385, de 5 de mayo de 1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 7 de julio del mismo año. Posteriormente, a través del decreto supremo N° 176, de 20 de agosto de 2007, del Ministerio de Defensa Nacional, publicado en el Diario Oficial el 3 de noviembre de 2008, se designó como autoridad nacional para los efectos de la antedicha convención a la Dirección General de Movilización Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.

No obstante que esta convención carece de obligaciones para los Estados partes en los mismos términos que la Convención de Armas Químicas, han transcurrido 37 años desde su promulgación y el país no cuenta aún con un correlato en el ordenamiento jurídico interno que permita promover adecuadamente los fines de la convención, regulando y controlando los agentes y vectores biológicos, permitiendo su uso para fines pacíficos, a objeto de evitar el desarrollo de armas bacteriológicas o toxínicas, lo cual resulta indispensable para materializar las políticas de desarme nacional.

El proyecto en informe consta de dos artículos: el primero de ellos tiene como objeto dar su aprobación al cuerpo normativo interno que regulará ambas convenciones; en el artículo segundo se establece la extraterritorialidad de la ley penal cuando ocurra la comisión de delitos referidos a armas químicas o biológicas.

En cuanto a detalle, el referido artículo primero se compone de siete títulos. El Título I, sobre disposiciones generales, regula el objeto del proyecto de ley, el ámbito de aplicación, la designación de la autoridad nacional en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, y definiciones varias.

El Título II trata sobre el control de las sustancias químicas y sus instalaciones, señalando las actividades prohibidas por la ley, estableciéndose con claridad las obligaciones de los sujetos sometidos a control y las atribuciones de la autoridad nacional, distinguiendo diversas obligaciones para las distintas sustancias químicas enumeradas en las listas Nos 1, 2 y 3 de la Convención de Armas Químicas.

El Título III regula las inspecciones y las verificaciones internacionales de la OPAQ, sus facultades, y las obligaciones y atribuciones del Grupo Nacional de Acompañamiento.

El Título IV establece el control de los agentes y vectores biológicos y sus instalaciones, señalando las actividades prohibidas y el establecimiento del respectivo sistema de control.

El Título V, sobre disposiciones comunes a ambos regímenes de control, regula el hallazgo de armas químicas y biológicas y la clausura de las instalaciones de producción de estas.

El Título VI establece un régimen compuesto de medidas administrativas, sanciones y tipificación de delitos. De este modo, el título se divide en dos párrafos: el primero, sobre las medidas de control de riesgo y sanciones administrativas, y el segundo, sobre los delitos de la presente ley.

El párrafo primero establece las medidas administrativas que se pueden aplicar, permitiendo determinar medidas provisionales antes y durante el procedimiento administrativo que puede efectuar la autoridad nacional en caso de peligro, de riesgo inminente o de daño para la salud humana o el medio ambiente. Luego, se establecen las sanciones administrativas y se entregan criterios (agravantes y atenuantes) para efectos de graduar la aplicación de las medidas o sanciones administrativas.

El párrafo segundo dispone los delitos. Primero lo hace con aquellos vinculados a las armas químicas y biológicas; luego, los delitos respecto de las sustancias químicas y agentes biológicos controlados; posteriormente, los delitos de incumplimiento de los regímenes de control; por último, se establece un delito de revelación de información, resguardando la información de los sujetos controlados.

El Título VII, sobre disposición complementaria, permite el reenvío a un reglamento de ejecución para tratar diversas materias de la ley, entre ellas, la forma de ejercicio de las funciones y atribuciones de la autoridad nacional; el registro nacional de personas naturales y jurídicas que operan con sustancias químicas de la ley; el registro de sanciones administrativas; la destrucción o acondicionamiento y sus respectivos procedimientos, entre otras regulaciones sobre la materia.

Finalmente, en las disposiciones transitorias se determina que esta ley entrará en vigencia una vez que haya transcurrido un año desde su publicación, en cuyo plazo deberá dictarse el correspondiente reglamento de ejecución. Además, se incluye una disposición en virtud de la cual se concede un plazo de 120 días hábiles de dictado el reglamento para que los sujetos obligados por la ley puedan cumplir con las obligaciones descritas en ella.

Por otra parte, el artículo segundo del proyecto consagra la extraterritorialidad de la ley penal en el Código Orgánico de Tribunales respecto de los delitos relacionados con las armas químicas y biológicas. De este modo, quedan sometidos a la jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos perpetrados por chilenos fuera del territorio de la república y que se refieran al empleo de armas químicas o biológicas, así como también a la producción, transporte, tenencia o transferencia de las mismas.

Sometido a votación en general, el proyecto se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.

Finalmente, cabe señalar que durante la discusión particular se aprobaron algunas indicaciones tendientes a precisar las siguientes materias:

a)Se explicita la dependencia de la autoridad nacional al Ministerio de Defensa Nacional.

b)Se regula entre las actividades prohibidas el que un chileno pueda producir y/u operar armas químicas en alguno de los países que no han suscrito la convención.

c)Se suprime el cobro de tasas para las autorizaciones, ya que el otorgamiento de licencias está gravado con dicho impuesto.

d)Se precisan de mejor manera los tipos penales contemplados en los artículos 33 y 34, y las penas asignadas a esos delitos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor LORENZINI (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, quiero resaltar que este proyecto da atribuciones a nuestros tribunales en forma extraterritorial y que para ser aprobado requiere el voto favorable de cuatro séptimos de los diputados en ejercicio. Por lo tanto, es importante que estemos de acuerdo.

Por otra parte, cabe señalar que en la Comision de Hacienda nos llamó la atención -como dijo mi colega Matta - que recién estemos hablando de algo que viene de hace décadas. La pregunta que uno se hace es por qué Chile no había firmado este convenio antes, puesto que han pasado muchos años y recién ahora se propone, mediante este proyecto de ley, que nos pongamos al día con esta convención internacional.

En representación del ministro de Defensa Nacional concurrió a exponer ante la comisión respecto de este proyecto el señor Pablo Urquizar , jefe de gabinete, acompañado por el teniente coronel señor Cristián Díaz , jefe del Departamento de Convenciones de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN); la comandante Marisol O`Ryan , encargada de la Convención de Armas Biológicas, y el señor Enrique Cuéllar , encargado de la Convención de Armas Químicas, todos de la Dirección General de Movilización Nacional.

No me voy a referir a la parte técnica, porque no es lo nuestro, pero uno de los temas que surgió en esa materia y que quizá debo mencionar es que todo esto queda garantizado, recibido y manejado por la Dirección General de Movilización Nacional. Alguien señaló que todo queda en el ámbito militar, como si no hubiera otras instituciones.

Por otro lado, desde el punto de vista económico, el informe financiero revela que no hay gastos adicionales. Todo está incorporado dentro de los recursos asignados a la Dirección General de Movilización Nacional, aunque la plata no es mucha, porque estamos recién partiendo con la ley.

Las funciones que otorga este proyecto de la ley a la Dirección General de Movilización Nacional implica gastos por alrededor de 104 millones de pesos, por concepto de pago de remuneraciones para 4 fiscalizadores, pasajes y viáticos asociados a las fiscalizaciones y a reuniones nacionales e internacionales para tratar materias sobre la implementación de la ley.

Otro tema revisado fue respecto de que se establecen multas, una de ellas de hasta 1.000 unidades tributarias mensuales, la que puede ser impuesta por esta autoridad.

La Comisión aprobó el proyecto y dejó establecido que si bien no hay recursos adicionales, los dineros deben estar asignados este año, pero también deben estar contemplados en el presupuesto del próximo año dentro de la Dirección General de Movilización Nacional, para que no tenga que acceder a otro tipo de recursos.

Puesta en votación la iniciativa, en lo que dice relación con la competencia de esta Comisión de Hacienda, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes señores Auth , Jackson , Kuschel , Melero , Ortiz , Leopoldo Pérez , Ramírez , Alejandro Santana , Schilling , Von Mühlenbrock y quien habla, Lorenzini .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ.-

Señor Presidente, estoy muy satisfecho y contento de que hoy estemos discutiendo este proyecto de ley, y hago un llamado para que lo aprobemos por unanimidad.

¿Por qué digo esto? Porque hasta hoy, luego de haber transcurrido 22 años de la ratificación de la Convención sobre Armas Químicas y 38 años de la ratificación de la Convención sobre Armas Biológicas, Chile no cuenta con una ley de implementación de ambas convenciones.

El año pasado, junto con la Cámara de Diputados, el gobierno de Canadá y la organización Parlamentarios para la Acción Global (PGA) -a la cual pertenezco y pertenecen más de 1.500 parlamentarios del mundo, que se dedica a la defensa de los derechos fundamentales de las personas en el mundo y a la paz mundial- realizamos en Santiago un taller parlamentario sobre la Convención para la prohibición de armas biológicas y toxínicas.

El taller reunió a prominentes legisladores y varios funcionarios gubernamentales de Argentina, Bolivia , Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana , Haití , Honduras , Paraguay , Uruguay , autoridades nacionales, tanto civiles como militares, y representantes de la Organización de las Naciones Unidas, con el único objetivo de concientizar sobre la importancia de ratificar las convenciones e implementarlas en las normas internas de cada país.

Junto a los parlamentaros que llegaron a ese seminario sostuvimos reuniones con el subsecretario de Relaciones Exteriores -en calidad de ministro subrogante- y, posteriormente, con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, para pedir el pronto ingreso al Parlamento de este proyecto de ley y para discutir respecto de la implementación de la legislación sobre la Convención para la prohibición de armas biológicas y toxínicas.

En esa oportunidad, también solicitamos el ingreso del proyecto de ley de cooperación con la Corte Penal Internacional y la plena aplicación del Estatuto de Roma.

En el mes de abril ingresé el proyecto de resolución N° 64, el cual fue aprobado por 132 votos a favor y una abstención, cuya finalidad era solicitar al Presidente de la República el pronto cumplimiento del envío de un proyecto de ley que implementara esta Convención.

Como señalé, me siento muy contento y satisfecho, porque prontamente podremos contar con ley que prohíbe en el plano interno las armas químicas y biológicas, y regula las sustancias químicas y los agentes o vectores biológicos, para evitar que éstas deriven en armas químicas o biológicas.

No debemos olvidar que nuestro país tuvo armas de esas características. En dictadura existió elaboración y utilización de armas químicas y casos como el del químico Eugenio Berríos son un ejemplo claro de ello.

Actualmente, en democracia, la ciudadanía y las autoridades civiles y militares del país están de acuerdo en que este tipo de armas no son tolerables y que como país debemos contar con la legislación interna que implemente las convenciones de prohibición de armas químicas y biológicas.

Este proyecto de ley tiene una significativa importancia en cuanto al compromiso nacional, regional y global de nuestro país con el objetivo de mantener la paz y la seguridad, junto con garantizar la protección de la población así como la integridad de los territorios.

En la tramitación de este proyecto, en la Comisión de Defensa Nacional, presenté indicaciones para modificar los artículos 33 y 34 del proyecto de ley referido a esta materia, las que fueron acogidas por el gobierno y aprobadas por unanimidad, todo esto con la finalidad de robustecer el muy buen proyecto de ley que ingresó este gobierno y que fue trabajado también por la administración anterior a través de los ministerios de Defensa Nacional, Justicia y Derechos Humanos, y Relaciones Exteriores .

Por todo lo expuesto, este proyecto es uno de los que no tienen mucha atención mediática ni despiertan mucho interés de la ciudadanía, pero representa un tremendo avance en un anhelo que, creo, compartimos todos los que estamos sentados acá: la necesidad de velar por la paz en nuestra nación y en todo el mundo.

En consecuencia, llamo a mis colegas -creo que así va a ser, dado que el proyecto de resolución se aprobó en marzo- a aprobar esta importante iniciativa, humana y necesaria para nuestro país y el mundo.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, en nuestros días nadie discute que el terrorismo constituye un cáncer que afecta la conciencia moral de la humanidad. Se erige como una herramienta perversa, ideada por siniestros intereses, que no se condicen con la orientación democrática, de paz y de respeto a los derechos humanos, propia de las sociedades libres como la nuestra. De manera que la implementación cabal en nuestro país de la convención que prohíbe el uso de las armas químicas y biológicas constituye la manifestación más clara y precisa del ánimo de Chile de promover la paz en nuestro territorio y en el mundo entero.

El objetivo de este proyecto no es otro que dotar al país de una ley que se erija como una herramienta jurídica suficiente y eficaz para prohibir el desarrollo, fabricación y empleo de armas químicas y biológicas, cuyos monstruosos efectos los hemos podido apreciar a lo largo de la historia de la humanidad.

El proyecto de ley que se debate en esta oportunidad tiene como antecedentes la inquietud y anhelo a nivel mundial para erradicar las armas químicas y biológicas, sustentados en diversos instrumentos internacionales, como es el caso del Protocolo de Ginebra, de 1925, suscrito por Chile el 17 de junio de ese año; la Convención sobre Prohibición del Desarrollo de Armas Biológicas, suscrito por nuestro país en 1972, que entró en vigencia en 1980, y la Convención sobre Prohibición del Desarrollo de Armas Químicas, firmada por Chile en la década del 90 del siglo pasado.

Tales antecedentes han generado un necesario consenso político en torno a la necesidad de regular el uso de estas armas de destrucción masiva a partir de la tipificación de delitos penales, el establecimiento de sistemas de control más estrictos sobre ciertas sustancias químicas y agentes biológicos, así como también el establecimiento de competencias de entes administrativos en el control del uso de estos elementos.

En consecuencia, nos encontramos ante una iniciativa que pone los pantalones largos a Chile en esta materia, por lo cual nuestro país se constituye en una nación que está a la vanguardia en la lucha contra el terrorismo, haciendo carne los principios humanistas que han regido la política nacional e internacional de Chile en la materia.

Por las razones expuestas, manifiesto mi voto favorable, tal como hice en la Comisión de Hacienda. Espero que pronto estemos en presencia de una ley de la república.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Teillier .

El señor TEILLIER.-

Señor Presidente, si nos remitiéramos a la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, tendríamos mucho más clara la materia que estamos tratando. Los ataques con armas químicas causaron millones de muertos entre civiles, devastaron la naturaleza, y las consecuencias de estas armas letales todavía se observan en muchos cientos de miles de personas que las sufren.

La idea central de este proyecto consiste precisamente en establecer una garantía para que tanto las sustancias químicas como biológicas solo sean utilizadas para fines pacíficos, mediante su regulación en normas nacionales, para asegurar el pleno cumplimiento de los objetivos de las convenciones suscritas y, según indica el mismo cuerpo legal, “evitar la desviación de sustancias y agentes hacia manos equivocadas”.

Esto solo puede ser posible mediante la más total y completa prohibición y eliminación de este tipo de armas, respecto de las cuales, conforme se expuso en la Comisión de Defensa Nacional, nuestro país ha declarado no estar en posesión de ellas.

En este punto, es importante que nos detengamos y corrijamos, para hacer honor a la verdad, ciertos aspectos indicados en el mensaje del proyecto, que luego fueron reiterados durante la discusión en la comisión, que no dan cuenta del historial que Chile tiene con este tipo de armas.

En el mensaje del proyecto se indica que se busca impedir el desvío, transferencia y la adquisición de insumos por grupos terroristas u otros grupos anarquistas que se contraponen a la paz y a la seguridad nacional.

Podemos estar de acuerdo con ese párrafo, pero no existe registro alguno sobre actos terroristas o anarquistas que se hayan producido en Chile con armas químicas. La única experiencia que hemos vivido relativa al uso de armas químicas o biológicas fue la que el propio Estado, y no los pretendidos grupos anarquistas, utilizó en contra de la población civil durante la dictadura.

En Chile se fabricaron, se usaron y, hasta 2008, se almacenaron armas químicas y biológicas, que, supuestamente, hoy se encuentran destruidas. Todo ello ocurrió en el marco del llamado “Proyecto Andrea”, de la DINA, que buscaba el desarrollo de armas químicas para ser utilizadas contra la población civil, particularmente en contra de los disidentes del régimen y líderes políticos.

Entre los casos más emblemáticos que se conocen están el de Carmelo Soria, asesinado con gas sarín, y el de Eduardo Frei Montalva , asesinado con toxina botulínica, la misma que fue hallada en el subterráneo del ISP en cantidades capaces de matar a miles de personas, según las declaraciones de Ingrid Heitmann , exdirectora del ISP. Esa misma sustancia fue encontrada en la autopsia de Pablo Neruda, pero hasta la fecha no sabemos si fue la causante de su muerte. También se usó contra los dirigentes máximos del Partido Comunista, que fueron asesinados en la “casa de la muerte”, en la comuna de La Reina, en calle Simón Bolívar .

Entonces, dejando en claro que Chile sí vivió la tragedia de sufrir ataques con armas químicas en el pasado reciente; que su fabricación, uso y almacenamiento lo realizaron agentes del Estado de la dictadura de Pinochet sobre la población civil; que fueron ocupadas como un método de exterminio de la disidencia política, y dado que en el propio texto del proyecto no se menciona ninguno de estos antecedentes, que es imperativo y justo que la ciudadanía los conozca, vamos a concurrir con nuestro voto para la aprobación de este proyecto de ley, pero también lamentando que su envío se haya atrasado tanto y que su demora haya impedido la correcta integración de nuestro país a nivel internacional en cuanto a la cooperación y estrategias de reacción conjunta frente a posibles ataques de esta naturaleza, y el desarrollo de la academia y de la industria química con fines pacíficos.

Esperamos que con las normas internas y protocolos que implementen y desarrollen el contenido de ambas convenciones nuestro país se ponga al día en estas materias, colabore activamente en el plano internacional y que la fiscalización en el plano interno se haga rigurosamente y conforme a derecho.

Vamos a votar a favor porque estamos de acuerdo con que Chile reafirme su compromiso contraído a nivel internacional con las políticas de desarme y no proliferación, con la paz y con el respeto a los derechos humanos.

He dicho.