Labor Parlamentaria

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Francisco Eguiguren .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 57ª de la presente legislatura, en 13 de agosto de 2018. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Certificado de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Documentos de la Cuenta N° 12 de este boletín de sesiones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor EGUIGUREN (de pie).-

Señora Presidenta, en representación de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de suma, que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia (boletín Nº 12.008-13).

A las sesiones que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron el ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monckeberg Díaz ; el subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab Verdugo , y el asesor legislativo de dicha cartera señor Francisco del Río Correa .

El proyecto que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social somete a vuestro conocimiento modifica el Código del Trabajo, incorporando un nuevo Capítulo VIII, en el Título II del Libro I, con el objeto de generar las certezas que permitan promover el trabajo a distancia y el teletrabajo, atendida la relevancia que cobra en el mundo laboral actual y las oportunidades de trabajo que entrega.

El mensaje con el cual el Ejecutivo inicia el presente proyecto de ley indica que el mundo del trabajo ha evolucionado en las últimas décadas, no solo por el ingreso de nuevas tecnologías, sino también porque la sociedad y la mentalidad de los chilenos ha cambiado. Hoy en día, nuestros intereses son distintos respecto de los que tenían nuestros padres y abuelos; cada día somos más conscientes de la importancia que tiene la conciliación entre vida laboral, personal y familiar; nos preocupamos más del medio ambiente, de la sustentabilidad, de aprovechar los tiempos de ocio; ha aumentado considerablemente la expectativa de vida de nuestra población, y tenemos el desafío de mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores.

Agrega que como país tenemos el gran desafío de adecuarnos a esta nueva realidad y de estar a la altura de las circunstancias. No podemos hacer oídos sordos ante la demanda de los trabajadores chilenos, que anhelan mayor libertad y adaptabilidad para trabajar. Debemos aspirar a que nuestros trabajadores y empleadores no solo destaquen por su trabajo y aporten a sus empresas, a la economía y al país, sino que lo hagan en condiciones que permitan su máxima realización personal y profesional y el goce de la vida en familia.

Por lo demás, cada día surgen nuevos trabajos producto del desarrollo tecnológico, lo que crea nuevas oportunidades en el mercado laboral.

El mensaje añade que el proyecto de ley que se somete a nuestra consideración se hace cargo de estas nuevas motivaciones y de las necesidades que tienen los trabajadores actualmente, así como de las que eventualmente tendrán en el futuro. Todo esto, a partir del uso de los avances tecnológicos y de las nuevas formas de comunicación como herramientas de inclusión laboral, que permiten el desarrollo integral de los trabajadores, sin que ello signifique un menoscabo en sus condiciones laborales ni salariales.

Nuestra actual legislación laboral reconoce el trabajo a distancia, de conformidad con las modificaciones que la ley Nº 19.759 introdujo en el artículo 22 del Código del Trabajo, a fin de señalar que los trabajadores contratados que prestan sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones, se encuentran excluidos de la limitación general de jornada laboral. Ya en normas más antiguas se aludía a que las labores y servicios prestados desde el propio hogar no estaban sujetos a limitación de jornada.

Sin perjuicio de lo expuesto, nuestra legislación no contempla una regulación sistemática del trabajo a distancia, por lo que el referido artículo 22 es insuficiente y genera incertezas a las partes de la relación laboral.

Así, en razón de los vacíos legales existentes en la materia, se genera un desincentivo al uso de esta modalidad, la cual permite mayor adaptabilidad a los trabajadores y beneficia la conciliación entre trabajo y familia.

En consecuencia, el presente proyecto, recogiendo iniciativas parlamentarias, entre las que se cuentan la del boletín Nº 4712-13, de los senadores Carlos Bianchi y Pedro Muñoz , entre otras, pretende generar las certezas que permitan promover el trabajo a distancia, atendida la relevancia que cobra en el mundo laboral actual y las oportunidades de trabajo que genera.

Contenido del proyecto aprobado por la comisión

Durante la discusión particular del proyecto, la comisión introdujo numerosas enmiendas al proyecto original contenido en el mensaje que le dio origen, las que, resumidamente, se exponen a continuación.

1.Concordancias.

En primer lugar, la iniciativa propuesta actualiza la terminología de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, incorporando el concepto de tecnología en general para referirse al tipo de servicios prestados bajo la modalidad de teletrabajo.

2.Modalidad de trabajo a distancia y teletrabajo.

Bajo un nuevo capítulo del Título II del Libro I del Código del Trabajo se desarrollan las regulaciones del trabajo a distancia y teletrabajo, básicamente sobre las siguientes materias:

A)Se caracteriza esta modalidad como aquella que, en general, se desarrolla fuera de las instalaciones de la empresa bajo dependencia y subordinación del empleador, pero, especialmente, aunque no en forma excluyente, por motivos de corresponsabilidad familiar, discapacidad o reducción de tiempos de traslado.

B)La prestación de servicios bajo esta modalidad puede darse desde el inicio de la relación laboral, así como también acordarse durante el transcurso de esta, bajo ciertas reglas y condiciones. Con todo, se permite volver a una modalidad de trabajo presencial o acordarla, según sea el caso.

C)El proyecto establece que para los trabajadores a distancia se apliquen las reglas generales de límites de jornada; sin embargo, las partes podrán acordar que, cuando la naturaleza de los servicios así lo permitan, el trabajador pueda elegir libremente sus turnos y horarios respetando los límites diarios y semanales, conforme a las reglas generales. En estos casos, el trabajador podrá distribuir libremente su jornada de trabajo, debiendo el empleador, a su costo, implementar un sistema adecuado para el control de los referidos límites.

D)Por su parte, el contrato de trabajo en el que se adopte esta modalidad deberá contener todas las estipulaciones del artículo 10 del Código del Trabajo y, adicionalmente, las siguientes menciones: si el tiempo servido fuera de la empresa es total o parcial; el lugar o los lugares acordados con la empresa desde donde se prestarán los servicios; el tiempo de duración del acuerdo, el cual podrá ser indefinido o por un tiempo determinado; los sistemas de control y gestión que utilizará el empleador respecto de los servicios convenidos con el trabajador, los que no podrán vulnerar los derechos fundamentales de este último; la determinación de la propiedad de los equipos y materiales con los que se prestarán los servicios pactados y las condiciones físicas y técnicas de restitución de aquellos elementos que sean de propiedad de la empresa; los gastos, costos de operación, mantenimiento y reparación relacionados con esta modalidad de trabajo, que serán de cargo del empleador, los que no constituirán remuneración para todos los efectos legales; la circunstancia de haber acordado que el trabajador podrá distribuir su jornada en el horario que mejor se adapte a sus necesidades, y el plazo acordado por las partes, dentro del cual cualquiera de ellas podrá, unilateralmente, decidir volver a las condiciones laborales iniciales.

3. Seguridad y salud en el trabajo

La norma propuesta no podría estar completa si la ley no se hiciera cargo de las condiciones de seguridad en las que el trabajador prestará sus servicios en su domicilio u otro lugar.

En este sentido, cabe señalar que el proyecto considera la aplicación de las normas reglamentarias correspondientes con las debidas adecuaciones que esta nueva legislación requiera al efecto.

Si las partes pactan un lugar único y determinado desde el cual el trabajador podrá prestar sus servicios, el empleador deberá comunicar al trabajador las condiciones de seguridad y de salud que, en virtud de la normativa reglamentaria aplicable, debe cumplir su puesto de trabajo. Asimismo, el empleador deberá verificar el cumplimiento de tales condiciones, sin perjuicio de que podrá solicitar la asesoría técnica del organismo administrador del seguro de la ley Nº 16.744.

Con todo, el empleador siempre mantiene su obligación en orden a advertir y representar al trabajador los riesgos asociados a las labores de que se trate, dando así cumplimiento al derecho a saber, como norma general de nuestro ordenamiento laboral.

4. Obligación de registro

Finalmente, en lo pertinente a las normas permanentes del proyecto, se establece la obligación del empleador de registrar el acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo en la Dirección del Trabajo, a fin de permitir una adecuada fiscalización. Por su parte, la Dirección del Trabajo deberá remitir dicho registro a la Superintendencia de Seguridad Social y al respectivo organismo administrador del seguro de la ley Nº 16.744.

5. Normas transitorias

Un último aspecto dice relación con las normas transitorias a que se encuentra sujeto el presente proyecto de ley:

a)La ley entrará en vigencia a contar del mes subsiguiente al de la dictación del reglamento que fije las condiciones de higiene y seguridad específicas en las que se podrá desarrollar esta modalidad de contratación y dictarse en un plazo de seis meses de la publicación de la ley.

b)En segundo término, el articulado transitorio señala un plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la ley para que las empresas cuyos trabajadores ya prestan servicios en alguna modalidad a distancia puedan adecuar sus contratos de trabajo a la normativa legal aprobada.

A las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron el señor ministro del Trabajo y Previsión Social, don Nicolás Monckeberg Díaz ; el señor subsecretario del Trabajo, don Fernando Arab Verdugo , y el asesor legislativo de dicha cartera de Estado, don Francisco del Río Correa .

Asimismo, la comisión recibió en audiencia durante sus sesiones al señor Manuel O´Brien Hughes , gerente de Asuntos Corporativos de IBM; al señor Pedro Neira Sáez , jefe de Comunicaciones del Sindicato de Trabajadores del Banco Santander; a la señora Andrea Garrido Pérez , secretaria del Sindicato Interempresa del Banco Santander; a la señora Claudia Muñoz Ramírez , presidenta del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas; al señor Felipe Welch Petit , jefe del Departamento de Estrategia Institucional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), acompañado del señor Cristóbal Jara Nilsson , jefe de gabinete de dicho instituto; al señor Francisco Tapia Guerrero , abogado, director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile; al señor Diego Guaita Burgo , gerente general de la Consultora de Recursos Humanos Mercer Chile; al señor Nolberto Díaz Sánchez , vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); a los señores Rafael Palacios Pardo , director del Área de Políticas Públicas, y Marcelo Soto Ulloa , delegado del Comité de Políticas Públicas, ambos de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); al señor Humberto Villasmil Prieto , especialista en normas internacionales, y a la señora Carmen Bueno Pareja, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, ambos de la Oficina de la OIT para el Cono Sur y América Latina; a la señora Patricia Silva Meléndez , abogada y coordinadora del Programa Laboral del Instituto Igualdad; a la señora Ruth Miranda Bruna , presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto de Propiedad Industrial (Anfinapi), acompañada de los señores José Pérez Debelli , secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); a Raúl de la Puente Peña, ex-Presidente de la ANEF; a la señora María Dolores Fariña , gerente de Recursos Humanos de la empresa Siemens, acompañada de la señora Patricia Lizama Sepúlveda , colaboradora de la Empresa Siemens; al señor Patricio Zeballos Saavedra , gerente general del Instituto de Salud y Tecnología de Chile (Isatec); a los señores Manuel Sandoval Pastene y Cristián Neira Vargas , representantes de la Coordinadora Sindical del Sector Privado, y al señor Eduardo Caamaño Rojo , abogado, académico en derecho laboral de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

El proyecto en informe fue aprobado, en general, por 8 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor los diputados señores Barros, don Ramón ; Calisto, don Miguel Ángel ; Durán, don Eduardo ; Eguiguren, don Francisco ; Ramírez, don Guillermo ; Sauerbaum, don Frank ; Soto, don Raúl , y Van Rysselberghe, don Enrique (en reemplazo del señor Melero, don Patricio) .

Votaron en contra las diputadas señoras Orsini , doña Maite ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Yeomans , doña Gael , y los diputados señores Jiménez, don Tucapel , y Saavedra, don Gastón .

Durante la discusión particular del proyecto, la comisión escuchó el testimonio de sus invitados, quienes entregaron sus opiniones y minutas y antecedentes que ella tuvo en consideración al momento de la votación de su articulado y que quedaron a disposición de los señores parlamentarios en la Secretaría de la Comisión.

En el trascurso de ella, la comisión aprobó diversas indicaciones presentadas por sus integrantes y por el señor Undurraga , que se contienen en el certificado que tienen en su poder mis colegas y que se destacan en letra cursiva.

Por último, me permito hacer presente a esta Sala que la comisión no calificó de normas orgánicas constitucionales ni de quorum calificado ninguna norma contenida en su texto.

Asimismo, consideró que este proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, por no incidir en materias presupuestarias y financieras del Estado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, este proyecto busca dotar de una regulación flexible y protectora, a la vez, a los trabajadores que desempeñan sus servicios fuera del lugar en que se encuentra la empresa.

Esta modalidad puede revestir el carácter de trabajo a distancia, es decir, cualquier labor realizada desde un lugar libremente elegido por el trabajador en acuerdo con el empleador o bien en el carácter de teletrabajo, en el cual priman las condiciones de servicios basadas en el uso de las tecnologías de la información, medios tecnológicos e informáticos y de telecomunicaciones.

Hoy, estos trabajadores laboran en su gran mayoría en la informalidad, careciendo de cotizaciones de seguridad social, protección frente a accidentes, gratificaciones legales, por lo que se encuentran en la más absoluta precariedad. Es decir, la idea central es compatibilizar la necesaria flexibilidad laboral que requieren varias nuevas formas de contratación, con las protecciones a que tiene derecho todo trabajador dependiente.

Adicionalmente, se permite que, si un trabajador ya tiene una relación laboral de carácter presencial en la empresa, pueda acordar con su empleador el cambio total o parcial a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, combinando así de mejor forma las responsabilidades laborales con las familiares y su vida social. En el mundo este sistema ha probado elevar en forma significativa la productividad del trabajador y descomprimir las relaciones laborales.

Este proyecto tiene varios aspectos novedosos. Uno de ellos es que, mediante la obligación de suscribir un contrato a quienes prestan servicios fuera de la empresa, se está formalizando una relación laboral que muchas veces se disfraza de relación civil de prestación de servicios, sin ninguna protección laboral.

En segundo término, el contrato de trabajo, además de las cláusulas regulares de todo contrato, debe contener el pacto explícito de tratarse de un trabajo a distancia o teletrabajo.

Asimismo, al pactarse esta modalidad, las partes deberán acordar el lugar o lugares en que el trabajador prestará los servicios, pudiendo ser el domicilio del trabajador u otro lugar único y determinado convenido con el empleador.

Si por la naturaleza de los servicios estos pueden prestarse en distintos lugares, o bien mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, las partes podrán acordar que el trabajador esté facultado para elegir libremente el lugar desde donde ejercerá sus funciones, sin que por ello se trate de un servicio de carácter civil, sino de una relación laboral.

La modalidad de trabajo a distancia podrá abarcar toda o parte de la jornada laboral, combinando tiempos de trabajo de forma presencial en las instalaciones de la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella.

También la modalidad de trabajo a distancia y su continuidad siempre deberá contar con el consentimiento del trabajador, y ello no podrá implicar, en ningún caso, un menoscabo a los derechos que le reconoce el código al trabajador o trabajadora, en especial en su remuneración.

Dentro de los tres primeros meses de pactada la modalidad, el trabajador tendrá derecho a retomar de forma unilateral las mismas condiciones laborales pactadas con anterioridad a la suscripción de la modalidad de trabajo a distancia.

Por último, el contrato de trabajo o el pacto de trabajo a distancia o teletrabajo deberá contener, para resguardar al trabajador, la determinación de la propiedad de los equipos y materiales con los que se prestarán los servicios.

Asimismo, se deberán consignar las condiciones físicas y técnicas de restitución de aquellos elementos que sean de propiedad de la empresa. El trabajador no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. De la misma forma, los gastos asociados a los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos relacionados a esta modalidad de trabajo serán siempre de cargo del empleador y no constituirán remuneración para todos los efectos legales.

Se trata de un proyecto de ley presentado por el Presidente Sebastián Piñera en su primera administración, el que quedó trabado en aquella ocasión por la amplitud de la descripción de los servicios, los cuales no solamente abarcaban el teletrabajo por medios informáticos.

En la actualidad, se logró un convencimiento de la comisión técnica de trabajo, a la que pertenezco, en orden a que es necesario regular estos servicios para una mayor protección del trabajador.

En este sentido, la gran mayoría de sus normas fueron aprobadas por unanimidad o por mayorías consistentes, y sus diferentes normas captaron aportes de todos los sectores representados en la comisión.

Es así como se aprobaron indicaciones de la oposición y de parlamentarios de gobierno, así como también del Ejecutivo, y se lograron acuerdos importantes en materias referidas especialmente a la definición de trabajo a distancia y teletrabajo como a los regímenes de jornada laboral de uno y otro.

Finalmente, es necesario decir que se trata de un proyecto importante en el marco de la generación de empleo, puesto que se trata de una nueva forma de contratación que incorpora al mundo del trabajo a trabajadores informales y personas que prestan servicios a uno o más empleadores.

Por último, es importante comprometer el componente regional señalado por varios diputados, en orden a que esta iniciativa permite trabajar a personas cuyo traslado desde zonas aisladas puede ser un impedimento severo a la hora de firmar un contrato de trabajo.

Por lo señalado, la bancada de Renovación Nacional va a apoyar este proyecto. Además, nos alegra que en la Comisión de Trabajo la iniciativa haya concitado gran apoyo. He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar al ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monckeberg ; al subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab , y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín , que nos acompañan en la Sala.

Han abundado las críticas en relación con las cifras de empleo durante el actual gobierno. Nadie niega que el incremento de la tasa de desocupación es un factor a considerar; sin embargo, poco colaboramos con solo preocuparnos si no tomamos medidas para contrarrestar esta situación.

En ese sentido, el gobierno ha sabido tener una visión a largo plazo, moderna y con visión de trascendencia al proponer, vía mensajes o con indicaciones y urgencias, una batería de reformas al actual Código del Trabajo, que buscan transformar una legislación sencillamente obsoleta y que no atiende a la realidad, en un cuerpo normativo vigente, con proyección en el tiempo y con capacidad de adaptación.

Esta transformación permitirá hacer un cambio sustancial y de fondo en nuestro mercado laboral, ya que se les está otorgando a los trabajadores y empleadores más libertades y nuevas formas de trabajar, siempre respetando sus derechos individuales y colectivos, pero por sobre todo respondiendo a sus necesidades y falta de tiempo, en beneficio de sus prioridades.

Pero no es solo eso. Proyectos como el trabajo a distancia y el estatuto laboral para los jóvenes se hacen cargo de situaciones abismalmente injustas de nuestra sociedad.

Hoy existen miles de personas que se ven impedidas de trabajar por distintas circunstancias. Hablo de las personas con discapacidad. Estas personas no encuentran dónde desarrollar su inmensa potencialidad, pues o las empresas no están lo suficientemente adaptadas para sus necesidades o porque deben recorrer tortuosos trayectos. Hablo de aquellas personas que viven en localidades alejadas y que deben trasladarse durante horas para trabajar, o sencillamente dejar por largos períodos a sus familias; de madres y padres que tienen a hijos que no pueden desatender; de adultos mayores que, con el paso de los años, ven con mayor complejidad llegar a sus lugares de trabajo; de jóvenes que no quieren hipotecar sus estudios y dejar de asistir a clases, pero que necesitan el dinero para solventar sus gastos o ayudar a sus familias, y de miles de personas que tienen a su cargo a enfermos y que siempre deben estar cerca de ellos.

¿Por qué estas personas u otras que, por ejemplo, no conciben como necesario trasladarse en la locomoción colectiva durante horas, no pueden trabajar desde sus casas, en circunstancias de que hoy existen los medios tecnológicos suficientes para ello?

¿Por qué, si el trabajo a distancia ya existe en la práctica, no lo robustecemos, y dejamos en claro cuáles son los derechos de trabajadores y empleadores?

Sin ser integrante de la Comisión de Trabajo seguí y participé activamente en la discusión de este proyecto, porque mi experiencia como emprendedor me dice que estos avances son claves.

Presenté indicaciones; algunas las gané y otras las perdí. Por lo mismo, estoy convencido de que el producto de la comisión es bueno, de que su tramitación fue sana y de que se escucharon y recogieron las distintas posturas. Así, se hizo una distinción clara entre trabajo a distancia y teletrabajo con respecto a la jornada.

Los derechos sindicales quedaron expresamente reconocidos y no se afectó el fondo sustancial de las libertades que se querían dar a trabajadores y empleadores, quienes podrán pactar de común acuerdo esta nueva modalidad que viene a abrir el mercado.

Por lo anterior, espero que hoy aprobemos en general y en particular este proyecto de ley, porque lo que tenemos hoy enfrente va más allá de ser un nuevo tipo de contrato. Tiene que ver con una ciudad justa y sostenible, donde no haya grandes distancias que recorrer para llegar a trabajar y así se reduzcan las congestiones y los índices de contaminación.

Asimismo, la iniciativa tiene que ver con poner a los niños primero, porque los padres podrán estar más tiempo con ellos y adecuar sus horarios a sus necesidades. Además, se relaciona con la inclusión, para que todos aquellos que han sido desplazados puedan gozar de un derecho tan básico como trabajar y valerse por sí mismos.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA.-

Señor Presidente, si bien es cierto al país le hace bien discutir en su Parlamento la modernización de la regulación del sistema laboral, también le hace bien porque se incorporan tecnologías de la información y del conocimiento de última generación. También es dable considerar los efectos en la vida y en las personas que viven de su trabajo cuando se incorporan las tecnologías.

Es cierto, además, que se requieren contratos de trabajo que regulen la dependencia, la subordinación y la jornada, pero también es verdad que debemos considerar qué pasa con la organización de los trabajadores, que es la que representa en sí las demandas más legítimas de aquellos.

Este proyecto busca, dentro del camino ideado por el gobierno, atomizar la organización sindical y, en muchos casos, flexibilizar y precarizar el empleo.

Por eso, la discusión se dio legítimamente dentro de la comisión, y se aprobó por mayo- rías circunstanciales.

Por otra parte, quedó pendiente el tema de la salud, porque la tendencia de quien trabaja a distancia, cuando está enfermo, es a seguir trabajando. Por tanto, se precariza el derecho a la salud.

Por otro lado, los mecanismos de control de la jornada de trabajo no son claros.

Uno de los llamados de atención que nos hicieron, sobre todo los organismos internacionales, es que no diéramos paso a la ciberdependencia. Eso también debe quedar explícito, claro y taxativo en una futura ley, porque después no va a haber cómo modificarla, como nos ha ocurrido tantas veces en el Parlamento.

Por eso, después de todo el esfuerzo que se hizo por legislar y modernizar, hoy no estamos en condiciones de aprobar este proyecto mientras no se incorporen muchas de las indicaciones que quedaron pendientes o fueron rechazadas por la mayoría circunstancial.

Una nueva discusión le hace bien al proyecto, al país, al Código del Trabajo, que regula las relaciones laborales, y a los trabajadores, porque se sentirán interpretados por el Parlamento a la hora de ver qué pasó con sus derechos cuando trabajen a distancia o tengan un cibertrabajo, que son dos cosas distintas.

El trabajo a distancia no se llevó a cabo, porque quedó estancado hace bastante tiempo, desde el primer gobierno del Presidente Piñera. Hoy incorporamos el teletrabajo, que es una condición de trabajo distinta que se realiza a través de las nuevas tecnologías.

Debemos abordar un mundo nuevo y distinto, y nadie se niega a aquello; pero debemos hacerlo con racionalidad y no poniendo por delante que, con este proyecto, vamos a resolver el problema de generar más empleo, porque estamos hablando de personas que ya están trabajando y solo necesitan una regulación. Por consiguiente, no debemos decir que con este proyecto vamos a ampliar la capacidad de generar más empleo y se van a generar más empleos, porque no es así. Simplemente, los que ya están contabilizados serán contados de nuevo. Eso no es bueno para el país, porque vamos a alterar las cifras de empleo.

En definitiva, como socialistas no tenemos las condiciones para dar el voto favorable y aprobar este proyecto. Por lo demás, así votamos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, junto con cinco compañeros de la oposición, lo cual también explicamos latamente.

Por tanto, llamo a quienes quieran generar un proceso de reflexión profunda y legislar como corresponde a rechazar este proyecto en esta oportunidad, para dar curso a una nueva discusión que permita incorporar las indicaciones que quedaron pendientes.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley es de aquellos a los que el país, y menos este Parlamento, no puede dar la espalda. El avance de la tecnología, la inteligencia artificial y la era digital hacen que en Chile y en el mundo cada vez más personas quieran trabajar en un lugar distinto a una oficina, empresa o industria, es decir, hacerlo desde sus domicilios o un lugar distinto a los tradicionales.

Por consiguiente, este proyecto de ley sobre trabajo a distancia y teletrabajo se pone a la vanguardia de los cambios que Chile necesita y que otro país latinoamericano, Colombia, que ha evolucionado en esta materia, tiene vigente desde hace tiempo. Se hace urgente y necesario legislar para que podamos regular y salvaguardar los derechos de los trabajadores y establecer reglas del juego claras para que no exista ningún abuso y ninguna situación que debilite la relación de los trabajadores con sus empleadores.

Esta iniciativa no busca la precarización, sino la humanización, para que pueda haber un desarrollo pleno de los trabajadores con la integralidad de sus familias, compatibilizando el trabajo con otras actividades y, desde luego, disminuyendo los tiempos de desplazamiento en la ciudad. Al respecto, como sabemos, los trabajadores destinan muchas horas todos los días a viajar desde un lugar a otro.

Hoy, según las cifras que tenemos, poco más de 55.000 chilenos y chilenas trabajan a distancia con una regulación que, sin duda, es insuficiente, porque lo hacen solo con el marco que establece la legislación civil, el cual no está incorporado en el Código del Trabajo. Por ello, este proyecto de ley incorpora ese marco al Código del Trabajo, de manera de tener todos los elementos que permitan avanzar en esa dirección.

Este proyecto es, de los que conozco, uno de los pocos que ha tenido tantos cambios ampliamente consensuados en la Comisión de Trabajo. De hecho, diecinueve de sus normas fueron aprobadas por unanimidad. Por eso, sorprende que hoy algunos anuncien su voto en contra, en circunstancias de que fueron grandes artífices de esos acuerdos.

En la Comisión de Trabajo todos buscamos en conjunto establecer elementos muy importantes, como la nitidez del derecho a desconexión de los trabajadores a distancia que en un momento quieran dejar de cumplir su función, de manera que eso no sea motivo de sanción alguna; el respeto a los derechos de los trabajadores a formar sindicatos y a la fiscalización adecuada de la Dirección del Trabajo, con facilidades de acceso; el pleno y total respeto, tal como lo recomendó la OIT -prácticamente incluimos todas sus indicaciones-, a las normas de salud y seguridad en el trabajo, que es un concepto más amplio que el de higiene. Establecimos con nitidez todos los resguardos necesarios que debe contener el contrato de trabajo, de manera de garantizar a las partes que cada uno de los derechos individuales y colectivos contenidos en el Código del Trabajo será debidamente acotado.

Es muy necesario modernizar las relaciones y los incentivos laborales, a fin de volver a crear empleos de calidad, mejorar los salarios, fortalecer la inclusión laboral, asegurar los derechos de los trabajadores y favorecer una mejor armonía entre el descanso y la vida familiar.

Rechazar esta iniciativa es dar la espalda a los cambios que el mundo está teniendo y no entender la necesidad de una cantidad importante de profesionales, especialmente mujeres y hombres jóvenes que necesitan trabajar y que, gracias al desarrollo de la tecnología, pueden hacerlo desde su hogar.

Por lo tanto, la bancada de diputados de la UDI va a apoyar con entusiasmo esta iniciativa, porque es un paso determinante en una regulación que hoy no existe, para que el trabajo a distancia o desde un lugar distinto sea una realidad, con un equilibrio armonioso donde se resguardan los derechos de los trabajadores y la capacidad de generar empleo, y se toman todos los elementos para que se pueda hacer en la forma establecida en el Código del Trabajo y no de manera desregulada, como ha sido hasta hoy.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley que, por fin, regula el trabajo a distancia, algo que ha venido ocurriendo en el mercado laboral. Estamos en el siglo XXI; desde hace mucho tiempo hacía falta una regulación sistemática al respecto.

Me correspondió participar en las sesiones de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social cuando se presentó el proyecto. Por consiguiente, como jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, quiero destacar un aspecto propuesto por nuestros diputados miembros de la comisión, los diputados Raúl Soto y Miguel Ángel Calisto: el derecho a la desconexión. Hoy es parte de la realidad laboral y, probablemente, una mala práctica que también ocurre en el Congreso Nacional. En efecto, cuántas veces nosotros mismos llamamos a nuestros asesores en la noche para pedirles que nos envíen una minuta o que nos aclaren algo relacionado con un proyecto de ley, o pedimos a los periodistas de nuestras bancadas que envíen una nota de prensa, y no respetamos el derecho a desconexión que tienen los trabajadores, que es el derecho a estar con sus familias o a poder descansar fuera del horario laboral.

Con la indicación incorporada por los diputados democratacristianos Miguel Ángel Calisto y Raúl Soto se logró un equilibrio en este proyecto de ley, porque si bien no se van a aplicar, como es lógico, las normas relativas a la limitación de la jornada de trabajo a los trabajadores que ejercen sus funciones mediante un trabajo a distancia, se les va a respetar el derecho a desconexión, por el cual el trabajador podrá gozar de su tiempo sin estar obligado a responder a su empleador, en respeto a sus tiempos de descanso, permisos y vacaciones, debiendo el empleador elaborar una política interna dentro del reglamento interno para fijar las modalidades del ejercicio de ese derecho.

Eso es algo muy importante. Es un equilibrio que le faltaba a este proyecto de ley y que fue incorporado por diputados de nuestra bancada. Con ese equilibrio consideramos que este necesario proyecto de ley, que se venía discutiendo desde hace mucho tiempo, está en condiciones de ser aprobado. He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, hace diez años, en Los Ríos, partimos con un proyecto muy interesante para la Corfo en esa época y para el Fonasa. Se trata del proyecto de telesalud, aplicado desde la esfera pública en los hospitales y redes de salud de Los Ríos, y, en paralelo, el de ficha electrónica pública, que era necesario implementar para atender a distancia.

Quiero destacar la presente iniciativa desde el punto de vista de la importancia que tiene regular esta área. Por varios años, quienes hemos estado en el desarrollo de la ciencia médica a distancia hemos tenido que librar una dura batalla para que los funcionarios, radiólogos y especialistas en general puedan ser contratados en sistemas de urgencias para trabajar a través de la telesalud.

Con los avances que ha habido durante esos diez años en materia de redes, de fibra óptica 4G y 5G, estamos en una era digital que nos permite hacer teleconsultas, efectuar exámenes a distancia, tales como espirometrías y electrocardiogramas; realizar evaluaciones de distinto tipo e, incluso, procedimientos que parecieran imposibles, como la teleortodoncia -especialidad odontológica- y la telecirugía, que es una modalidad que se desarrolló a propósito de la guerra de Irak. Esto no es ciencia ficción; es parte de lo que va a ser la salud en poco tiempo.

Por eso es tan importante que abordemos este proyecto de ley con una mirada más allá de lo ideológico, con el fin de democratizar el acceso a servicios, sobre todo públicos, en las áreas más alejadas de la ciudad, como son las rurales. La inclusión de las áreas rurales para que accedan a la telemedicina, que es una práctica que hicimos en Los Ríos, en Valdivia, significó un antes y un después para los habitantes de localidades muy rurales como Rillinahue, Liquiñe o Panguipulli , que están a dos o tres horas de distancia de la capital regional, Valdivia . Con esta modalidad pudieron acceder en forma instantánea a un especialista, sin que tuvieran que trasladarse tantos kilómetros, con todas las dificultades que ello conlleva.

Por eso es tan importante que exista una regulación -hoy no existe- que considere toda la normativa pública contenida en las leyes Nos 18.834, 16.664 y 15.076, en relación con los turnos de urgencias médicas y con otras disposiciones de la ley médica y de la de profesionales de la salud, pues permitirá que ellos sean parte de la red de telesalud que tendrá nuestro país, la cual hoy no ha avanzado en algunos servicios de salud ni en el Ministerio de Salud producto de que no tenemos regulación.

Espero que todos apoyemos este proyecto, porque significa iniciar un pequeño avance en telemedicina, que es el desarrollo futuro de nuestra salud país. He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Señor Presidente, si bien este proyecto responde a una necesidad compartida por muchos sectores en materia de incorporación de tecnologías y de modalidades de prestación de servicios que se adapten mejor a las necesidades de las trabajadoras y de los trabajadores, desde nuestra perspectiva introducía una serie de precarizaciones a los potenciales beneficiarios.

Nos opusimos en su momento a la idea de legislar, porque no compartimos la forma en que el gobierno abordó el tema desde el punto de vista legislativo, pues creemos que se parte de un error conceptual importante.

El teletrabajo y el trabajo a distancia son modalidades distintas de prestación de servicios dentro de un contrato de trabajo. Su particularidad es que la prestación de servicios se hace a través de medios tecnológicos informáticos y de telecomunicaciones, por una parte -en el caso del teletrabajo-, o en lugares físicos que están fuera de las dependencias de la empresa. Sin embargo, en lo sustancial o medular, sigue siendo un contrato general, igual que cualquier otro contrato. No es un contrato especial que requiera de menciones o de normas especiales y distintas, como pretende el Ejecutivo en este proyecto.

La incorporación de esta modalidad de servicios debería regularse junto con las normas generales del Libro I del Código del Trabajo y no como un contrato especial. Aquello nos habría ahorrado tiempo y toda la regulación especial contenida en todos los aspectos del proyecto, lo cual también fue sugerido por profesores y académicos del derecho del trabajo; así lo hizo el doctor en derecho Eduardo Caamaño .

No compartimos la estrategia ni la técnica legislativa empleada por el Ejecutivo. No obstante, compartimos la necesidad de regular. Una regulación especial apareja más problemas y genera distinciones que devienen en discriminaciones eventuales en materia de derechos y condiciones laborales entre un trabajador y otro, solo por el hecho de tener una modalidad distinta.

Por otro lado, el debate legislativo -hay que decirlo- estuvo mal abordado. Partimos legislando respecto del teletrabajo; así lo señala el mensaje del texto de la propuesta del legislativo. Pero luego el gobierno, para salvar el punto de la extralimitación de la jornada laboral, propuso incorporar el trabajo a distancia, sin que hubiera siquiera una definición al respecto ni siquiera los expositores, académicos, actores sociales, sindicados y expertos se refirieron al tema del trabajo a distancia- y sin tratar esta modalidad de trabajo en su especialidad, escuchando a los actores correspondientes, que viven y trabajan bajo ella. Nos parece que eso generará problemas a futuro.

Por eso, creemos necesario que se legisle este tipo de trabajo, según su especialidad, pero no mezclando ambos tipos en el proyecto.

A nivel particular, la propuesta original contenía una serie de definiciones. Se daba una definición de teletrabajo amplia, como dije al principio, y, al mismo tiempo, esta modalidad se restringía a determinadas causales, lo que confunde conceptualmente el teletrabajo con trabajo a distancia.

Asimismo, en un principio se excluían los límites de jornada diarios y semanales a los trabajadores que lo pactaran, y se invertía la lógica de la obligación sobre las condiciones de salud e higiene en el trabajo, toda vez que, según la propuesta, era el trabajador quien debía hacerse responsable de aquellas, y el empleador quien lo fiscalizara, lo que a todas luces, por lo menos, llamaba la atención.

Sobre la jornada laboral, quiero detenerme un momento. Proyectos del Ejecutivo, no solo este, sino también el que crea un estatuto laboral para jóvenes y el que crea un estatuto laboral agrícola, entre otros, van en la línea de generar normas que vulneran la jornada laboral.

Ese es el denominador común que nos preocupa, al igual que el Ejecutivo tome este camino.

Finalmente, quiero hacer dos prevenciones.

En primer lugar, el gobierno no puede seguir usando las expectativas de las personas que quieren conseguir trabajo para someter a tramitación legislativa un proyecto que no aumentará los empleos; hay que ser muy cuidadoso al respecto, situación sobre la que quiero hacer un llamado de atención al ministro del Trabajo y Previsión Social, el que espero que me escuche.

En segundo término, me preocupa que el gobierno siga en el camino de responder a las necesidades de aumentar los empleos mediante la precarización y la flexibilidad laboral. Lo vimos con el estatuto laboral para jóvenes, tal como lo mencioné con anterioridad, y lo estamos viendo en otros proyectos que están a la espera de ser tramitados, iniciativas que dicen relación con la jornada laboral, que constituye el último derecho que tienen los trabajadores del país, y que se encuentra muy vulnerado.

Al respecto, si bien los diputados Calisto y Raúl Soto presentaron una indicación que, en cierta medida, establece una limitación a la jornada laboral haciendo alusión al artículo 22, nos parece que el proyecto queda sumamente interpretable, pues entre las definiciones -lo pueden verificar en el texto de la norma- hace referencia a quienes pueden quedar excluidos de la jornada laboral, lo que nos preocupa, porque si se va a utilizar este tipo de proyectos para, en algunos casos, contenerlos en la jornada y, en otros, hacerlos partícipes del artículo 22, inciso segundo, entonces se puede constituir en un peligro para los trabajadores y las trabajadoras.

En consecuencia, espero que ello sea arreglado en la tramitación de esta iniciativa, pero me parece que hay que ser mucho más cuidadosos en las próximas ocasiones.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, nos preocupa la tramitación de este proyecto, porque, al igual que en el caso del estatuto laboral juvenil, esta iniciativa emplea una retórica engañosa, que pretende dar la impresión de que se crean nuevas facultades para el trabajador, que este podría tomar decisiones basadas en sus intereses para pactar esta modalidad especial de contrato, desconociéndose, una vez más, la naturaleza de ese instrumento, una relación entre desiguales, en la que una de las partes impone las condiciones.

En el fondo, bajo la excusa de tener por objeto solucionar la necesidad de algunos trabajadores de realizar su trabajo desde su casa y con un poco más de flexibilidad, este proyecto pretende, sobre la base de esos argumentos, precarizar aun más el trabajo.

Por ejemplo, el proyecto indica que el trabajador podrá pactar por escrito con el empleador la modalidad de trabajo a distancia o la de teletrabajo, las que pueden operar tanto al inicio como durante la vigencia de la relación laboral. Sin embargo, esa segunda posibilidad es de alto riesgo desde el punto de vista de la estabilidad de las condiciones laborales del trabajador o de la trabajadora. En la práctica, el empleador podrá adoptar la decisión de usar el trabajo a distancia o teletrabajo en función de los incentivos económicos que tenga para ello.

En relación con la jornada del trabajo a distancia, se propone que las partes podrán pactar que el trabajador distribuya libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, respetando siempre los límites máximos de la jornada diaria y semanal.

Asimismo, agrega que en la modalidad de teletrabajo las partes podrán acordar que el trabajador quede excluido de la limitación de jornada de trabajo, de conformidad con lo señalado en el inciso cuarto del artículo 22, es decir, sin derecho a pago de horas extras.

En conclusión, en ambas modalidades se persigue la flexibilización de la jornada, sin considerar los momentos que debe tener cada trabajador o trabajadora para descansar.

En resumen, nos preocupa lo que se propone a través de este proyecto, porque se elimina el límite de la jornada de trabajo y el descanso, porque no existe el pago de horas extras, porque no se aplica el sueldo mínimo para este tipo de trabajos y porque la propiedad de los equipos, es decir, los materiales que se podrían ocupar para realizarlos, también podrían llegar a ser de costo del trabajador.

En consecuencia, llamamos a rechazar este proyecto, porque, tal como lo dije al inicio y como se ha venido anunciando, con la excusa de mejorar las condiciones laborales de los jóvenes, como ocurrió con ese proyecto, en el caso de los que quieran trabajar a distancia se pretende, como siempre, maximizar las utilidades de las grandes empresas en función del desmedro y la precarización laboral de las trabajadoras y de los trabajadores. He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esta Cámara, quiero señalar que en la tramitación de esta iniciativa se generó una discusión bastante rica desde el punto de vista conceptual, instancia en la que tuvimos la oportunidad de escuchar la opinión de muchas personas, fundamentalmente dirigentes sindicales, en relación con este proyecto tan importante.

En la comisión, planteamos que en este proyecto se debía establecer las diferencias que existen entre teletrabajo y trabajo a distancia, pues no nos parecía positivo fusionar ambas modalidades.

En ese sentido, uno de los aspectos más interesantes que se logró determinar luego de la gran cantidad de sesiones que celebramos, sobre la base de las vivencias que nos entregaron nuestros invitados y de lo señalado por los representantes de la OIT, fue que el teletrabajo, es decir, el trabajo a distancia, en que el trabajador está unido con el empleador a través de medios computacionales y electrónicos, entre otros, debía ser regulado.

Al respecto, cabe mencionar que las empresas, fundamentalmente internacionales, presentaban trabajadores con un nivel educacional que no significaban una gran asimetría entre el trabajador y el empleador, lo que hacía que, en materia de teletrabajo, sus niveles de negociación fueran muy similares y que sus condiciones de teletrabajo fueran bastante parecidas y muy convenientes, regidas incluso por legislaciones internacionales.

Por lo tanto, nos dimos cuenta de que había muchas diferencias entre el teletrabajo y el trabajo a distancia.

¿Qué nos complicaba? Hubiésemos preferido una iniciativa que propusiera modificar el Código del Trabajo en lugar de plantear un proyecto de ley absolutamente distinto, con un sistema que no era la modificación a la matriz fundamental.

Uno de los problemas que presenta esta iniciativa es que no fortalece la sindicalización, sino que la precariza, ya que los trabajadores no conversan, no interactúan ni se conocen entre sí, porque cada uno está en su lugar de trabajo, o sea, en sus casas, lo que generaba dudas respecto de la organización de los trabajadores para negociar. Por lo tanto, la negociación en materia de remuneraciones o de condiciones laborales, entre otros aspectos que se quieran negociar, se llevará a cabo solo entre el empleador y el trabajador, sin la mediación de una organización que le brinde apoyo al trabajador, que equilibre un poco la balanza en las negociaciones.

Por otra parte, ¿cómo se fiscalizará el lugar de trabajo? ¿Cómo se determinará si este reúne las condiciones laborales necesarias? ¿Qué pasará con los accidentes laborales que se puedan producir en ese lugar? ¿Qué ocurrirá con la ley relativa al resguardo de la salud del trabajador, por ejemplo, en relación con las mutuales de seguridad?

Hay muchas cosas que deberíamos regular para tratar de proteger mejor al trabajador, como, por ejemplo, en materia de negociación colectiva, de las negociaciones que deberán darse entre los trabajadores y los empleadores sobre las condiciones en el lugar de trabajo y respecto de la protección de la salud del trabajador.

Otra preocupación que tenemos es la que dice relación con el concepto de desconexión, esto es, con cuándo el trabajador o la trabajadora podrá desconectarse de ese trabajo, si no existe la suficiente regulación. Nosotros hablamos de jornada de trabajo. No debería permitirse que un trabajador reciba requerimientos de su empleador a las 9 o a las 10 de la noche. Deben regularse mejor tanto la jornada de trabajo para este tipo de contratos como el concepto de conexión.

Uno entiende conceptos como el de modernidad y que, en ese contexto, pueda haber modalidades de trabajo diferentes, como el trabajo desde el hogar. Se mencionó especialmente la posibilidad de que las mujeres puedan realizar su trabajo desde el hogar, pero sobre eso tengo una apreciación particular. Lo importante es cómo hacemos para que no se confundan los espacios del trabajo con los del hogar y la familia.

Por otra parte, ¿qué ocurrirá con la salud de los trabajadores respecto del lugar donde desarrollará sus labores, si este no está debidamente acondicionado?

Otra situación que debe preocuparnos es cómo el trabajador negociará bilateralmente con su empleador.

Tratamos de modificar varios de estos aspectos, para dejarlos en términos que protejan a los trabajadores, pero estas son las aristas que nos complican en relación con el teletrabajo. Además, deberíamos haber diferenciado el teletrabajo del trabajo a distancia.

Finalmente, debo señalar que votamos en contra la idea de legislar porque pensamos que esto debería haberse implementado, corregido y protegido en el Código del Trabajo, y no en una ley especial.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto , a quien aprovecho de saludar, dado que se encuentra de cumpleaños.

-Aplausos.

El señor SOTO (don Raúl).-

Muchas gracias por el saludo, señora Presidenta.

La verdad es que este proyecto de ley fue ampliamente discutido en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Quiero partir con un par de precisiones, porque se ha escuchado de todo en este rato que llevamos debatiendo el proyecto en la Sala.

Lo que hace esta iniciativa es modificar el Código del Trabajo. No se crea ninguna legislación paralela, sino que se modifica el Código del Trabajo. ¿Y qué establece dicho código en la actualidad? ¿Cuál es la realidad hoy? El inciso cuarto del artículo 22 del Código del Trabajo es claro: esta modalidad de trabajo ya existe en nuestro país, pero, según lo que señala el inciso mencionado, no tiene ningún límite de jornada laboral ni los demás resguardos que hemos tratado de establecer a través de las indicaciones que presentamos a este proyecto de ley.

Por lo tanto, aclaro ese primer punto.

La importancia de esta iniciativa sobre trabajo a distancia, teletrabajo o como se le quiera llamar radica en que marcará un punto de inflexión respecto de cómo nuestro país afrontará los desafíos del futuro en el mercado del trabajo. Estamos hablando de nuevas formas de contratación, de nuevas formas de relacionarse de los trabajadores con los empleadores, que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con cómo vamos haciendo más cercana la relación del trabajo con la familia, del trabajo con el ocio, del trabajo con el tiempo libre, del trabajo con las tareas del hogar, del trabajo con el cuidado de los niños, etcétera.

Creo que hay una serie de interrogantes que hoy se están haciendo todos los países desarrollados del mundo, y era necesario que nuestro país también tuviera este debate.

No le tengo miedo a la modernidad ni a los desafíos del futuro; debemos afrontarlos ahora. Sin embargo, la respuesta que Chile dará debe asumir aquellos desafíos, pero con las garantías necesarias a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país en cuanto a que sus derechos se consagrarán y respetarán y que, por lo tanto, en ningún caso tendremos precarización del empleo. Ese no es el objetivo de esta iniciativa.

El proyecto original, que fue modificado en gran parte mediante indicaciones de los parlamentarios de la comisión, buscaba avanzar en esa dirección, reconociendo y garantizando los derechos de los trabajadores. La idea central era que ninguno de los trabajadores a distancia, de los teletrabajadores, tuviera ningún derecho menos que los que tiene cualquier trabajador de nuestro país regido por el Código del Trabajo. Eso está debidamente garantizado.

Además, debíamos garantizar, por ejemplo, el derecho a sindicalización. Efectivamente existe esa posibilidad. Para eso presentamos indicaciones que establecen la obligación del empleador de informar a los trabajadores de la existencia de sindicatos, y a estos de que existen trabajadores que se pueden afiliar a ellos. De esa manera, garantizamos ese derecho.

Otro hecho importante, sobre el cual quiero detenerme, es que de manera inédita -lo dijo el ministro del Trabajo y Previsión Social-, por acuerdo unánime de los integrantes de la comisión, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, en primer término, al que adhirieron después los parlamentarios de Chile Vamos, y con el apoyo del gobierno, se garantiza un derecho que en nuestra legislación no existía, y que constituye una garantía muy importante para este tipo de trabajadores. Me refiero al derecho a desconexión, es decir, a que durante las horas de descanso del trabajador, el empleador no tiene derecho a exigirle, a mandarlo, a darle tareas o a enviarle comunicaciones vinculantes. El empleador debe respetar necesariamente los tiempos de descanso de esos trabajadores.

Este es un gran avance. Garantizar la desconexión laboral es un derecho nuevo para los trabajadores; un derecho laboral que no existía en nuestra legislación, cuya importancia quiero destacar, pues tanto el gobierno como los parlamentarios de Chile Vamos lo apoyaron.

Junto con los colegas de oposición trabajamos esta indicación. Al respecto, queremos garantizar el derecho a desconexión no solo de los trabajadores a distancia o teletrabajadores, sino de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, porque todos merecen que sus empleadores respeten sus tiempos de descanso, sus tiempos libres, sus tiempos con su familia, algo que, lamentablemente, no está garantizado en nuestra legislación.

Por lo tanto, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana apoyará este proyecto y vamos a seguir colaborando para que nuestro país tenga una legislación moderna que dé plenas garantías a nuestros trabajadores.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señora Presidenta, que buena coincidencia es el hecho de que nos toque discutir y votar este proyecto, que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia, justamente cuando algunos colegas han querido poner en la palestra la supuesta necesidad de reducir las jornadas laborales en cinco horas semanales. Varios de mis colegas ya han ahondado sobre la superficialidad que tiene una propuesta de ese tipo en un país que tiene uno de los índices más bajos de productividad de la OCDE, lo que aumentaría los costos del trabajador y repercutiría negativamente en el empleo y en la inversión extranjera.

Sí me parece interesante contrastar este tipo de propuestas facilistas con propuestas que se aproximen de manera más innovadora y más responsable al mercado laboral, que es parte de lo que ha buscado este gobierno como línea de acción en materia laboral, lo que dice relación, también, con la protección de los derechos de los trabajadores, los cual, por supuesto, no deja de lado este proyecto.

Permitir y facilitar a los trabajadores el trabajar a distancia en un mundo altamente tecnologizado, en el que la comunicación está en la palma de la mano a través de un iphone, de un smartphone o de un laptop es de Perogrullo.

Si no ponemos ahora al día nuestra legislación respecto de los cambios tecnológicos que están ocurriendo, tendremos que hacerlo necesariamente mañana, pues, como han señalado muchos filósofos, como Yuval Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, necesitamos que en sociedades que son más móviles, más líquidas, las personas tengan también facilidades para, convenidamente con su empleador, poder trabajar a distancia.

Dentro de esa lógica, los trabajadores sienten que pueden adaptar su jornada laboral a las posibilidades que la tecnología les va dando y no seguir en la lógica en la cual todavía seguimos trabajando, de la Revolución Industrial.

Hoy, el mercado laboral y las condiciones de empleabilidad son móviles. Ojalá pudiéramos tener un sistema de empleabilidad lo más flexible posible, en el que también se respetaran todos los derechos conquistados por los trabajadores y que son relevantes.

Ya discutimos el proyecto de ley que establecía un estatuto para los jóvenes trabajadores, el que permitía ampliar las posibilidades laborales de los jóvenes, uno de los grupos más marginados del mercado laboral. Hoy se continúa por ese camino de cambio con este proyecto de ley.

Aumentar o disminuir las horas de trabajo no mejora en nada la calidad de vida de los trabajadores ni la productividad del trabajo. Se necesita entregar herramientas a las personas para que ese trabajo se adecue a la vida real de cada trabajador, no que el trabajador tenga que adaptar su vida al trabajo. Hacia allá debieran avanzar el mundo y la tecnología.

Cualquier persona que ha tenido un pequeño emprendimiento y le ha tocado contratar o despedir a alguien, pagar IVA y PPM, comprende que lo mejor que puede hacer es tener las mejores relaciones posibles con sus trabajadores, y dentro de ellas está el derecho a que esas personas, eventualmente, puedan efectuar parte de sus labores a distancia, aprovechando las ventajas que da el mundo moderno.

Considero que este proyecto mejorará la calidad de vida de los trabajadores, al mismo tiempo que mejorará en el largo plazo la productividad de las empresas. Además, es posible que el empleo sea más fácil de conseguir, y es legítimo presumir que los principales beneficiados serán jóvenes que podrán realizar distintas tareas en forma simultánea, compatibilizando el trabajo con los estudios.

En ese contexto, las mujeres no deberán elegir entre su carrera profesional y su vida familiar.

Ahora bien, la flexibilidad laboral se debe implementar sin poner en riesgo los derechos laborales que se han afianzado con el paso de los años.

Felicito al gobierno y al ministro, y anuncio que como bancada vamos a votar a favor este proyecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que sustituye al decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta, sesión 102ª de la presente legislatura, en 15 de noviembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 2.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En discusión el informe de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señora Presidenta, el informe de la Comisión Mixta que nos corresponde votar esta mañana trata sobre nuevos requisitos para obtener la libertad condicional para las personas que cumplen condenas de encierro en las cárceles del país.

Este proyecto de ley surge de una moción que presentaron, entre otros, los entonces senadores Hernán Larraín -actual ministro de Justicia y Derechos Humanos- y Alberto Espina , y los senadores Harboe y Araya en 2016, a raíz de la indignación ciudadana que produjo que en solo un día y solo en una región, la de Valparaíso, fueron liberados ochocientos delincuentes comunes, a los cuales al poco tiempo se les hizo un seguimiento y se comprobó que varios cometieron nuevos y graves delitos, es decir, reincidieron.

Se tuvo que reconocer en el debate público que la ley que regulaba la libertad condicional estaba completamente obsoleta. Tenía casi cien años y era una verdadera puerta giratoria, como le gusta decir a la derecha, que permitía recuperar fácilmente la libertad.

Pues bien, este proyecto de ley que queremos aprobar hoy cambia completamente esta regulación. Modifica el decreto ley Nº 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, mediante el aumento de los requisitos para postular a beneficios. Por ejemplo, junto con exigir un tiempo mínimo de condena, que puede ser la mitad y hasta dos tercios de la misma, exige muy buena conducta. Y una gran novedad: para postular se requiere de la existencia de un informe psicosocial favorable de reinserción social, que examina las posibilidades de que el condenado pueda volver a reincidir si recupera la libertad. La idea es evitar que la persona siga con su carrera delictiva.

Sobre estas nuevas regulaciones más estrictas y severas aplicables a los delincuentes comunes, hubo consenso total y transversal en la comisión. Pero, curiosamente, varias bancadas de gobierno hoy nos anuncian que van a votar en contra las proposiciones de la Comisión Mixta. Dicen que van a oponerse para que, ojalá, el proyecto no sea despachado por el Congreso Nacional como ley de la república

¿Por qué ocurre eso, a pesar del acuerdo unánime de la Comisión Mixta? Simplemente porque no quieren, no aceptan que se aumenten los requisitos y exigencias para las libertades de los hoy condenados no por delitos comunes, sino por delitos de lesa humanidad; para los que cometieron genocidio en Chile; para los criminales que asesinaron, secuestraron y torturaron chilenos bajo el apoyo y autorización de la dictadura cívico-militar. Esa es la razón por la cual van a votar en contra.

¿Qué regulación aprobó la Comisión Mixta en la que participé? Aprobamos un régimen de libertad condicional especial, porque se trata de delitos especiales, aplicando los principios del derecho internacional relacionados con los derechos humanos; adaptando las normas sobre reducción de penas aplicadas por el Estatuto de Roma, tratado vigente suscrito por Chile, pero también recogiendo la realidad de la justicia chilena, que exhibe altos niveles de impunidad por la existencia de pactos de silencio entre los agentes de seguridad que participaron en esos crímenes.

El artículo 3° bis del proyecto dispone que en estos casos el condenado que solicite la libertad condicional deberá cumplir copulativamente tres requisitos:

1.Haber cumplido, a los menos, dos tercios de la pena, por regla general;

2.Haber colaborado al esclarecimiento del delito, confesado su participación o aportado antecedentes serios y efectivos en otras causas criminales, y

3.Haber manifestado su arrepentimiento mediante una declaración pública que signifique una condena de los hechos y las conductas por las cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y a sus familiares.

Es lo mínimo, señora Presidenta.

Algunas bancadas no solo dicen que van a votar en contra el proyecto, sino que, si se aprueba, también amenazan con que van a recurrir al Tribunal Constitucional para impedir que llegue a ser ley, impugnando el artículo 3° bis.

Claramente, hay un incomprensible doble estándar. Anuncian un voto en contra, que no logro comprender por lo contradictorio. Por un lado quieren mano dura para los delincuentes comunes, para que permanezcan en la cárcel y cumplan toda la condena, pero quieren mano blanda para aquellos otros delincuentes que practicaron verdaderos genocidios de la mano de los aparatos del Estado.

A ellos les digo que en la actualidad la colaboración y el arrepentimiento no solo se exigen por aplicación de la normativa internacional en materia de derechos humanos, sino por el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios -decreto Nº 518, de 1998-, que dispone que para optar a cualquier permiso de salida -les pido que revisen los artículos 97 y 109-, esta clase de delincuentes deben acreditar que han colaborado en las investigaciones judiciales, y también que se haya establecido una condena en los hechos en que habrían participado.

Eso ya es ley y se aplica permanentemente. Sin embargo, ahora que lo ponemos en otro proyecto, a algunos no les parece necesario.

Es bueno precisar que este proyecto zanja la discusión doctrinaria sobre la naturaleza jurídica de la libertad condicional. La totalidad de la comisión acordó que este no es un derecho, sino un beneficio penitenciario al que se debe postular y que puede ser aprobado o rechazado por la autoridad.

¿Se aplica a los que hoy están cumpliendo condena en la cárcel? Por supuesto. Esta es una norma modificatoria, no derogatoria. No deroga las penas que establece el Código Penal ni tampoco las penas dictadas por la justicia. Lo que hace simplemente es modificar los requisitos para que los condenados que están cumpliendo su encierro, puedan postular a un beneficio carcelario. Es una norma sobre ejecución de la pena, que puede y debe ser aplicada in actum. Así ha sido aplicada por nuestros tribunales de justicia.

En 2016, cuando aprobamos la ley corta antidelincuencia, también subimos los requisitos para que los delincuentes que cometían delitos graves contra la propiedad -portonazo, robo con homicidio, etcétera- obtuvieran la libertad condicional. Los tribunales comenzaron a aplicar dicha modificación inmediatamente. Varios condenados, mediante recursos de amparo, fueron a reclamar sobre ello. Sin embargo, los tribunales de justicia exigieron el cumplimiento de los dos tercios de la condena establecidos en el proyecto.

Señora Presidenta, no es cierto que los requisitos más exigentes de colaboración y de arrepentimiento que establecimos sean imposibles de cumplir por los que hoy se encuentran condenados en Punta Peuco; por el contrario, son muy fáciles de cumplir, porque dependen solo de los condenados, de su sola voluntad y conciencia. Basta con que se acerquen a un juez y colaboren aportando antecedentes de los secuestros, asesinatos, torturas y otros delitos cometidos por los servicios de seguridad o en las instituciones en las que trabajaron. Basta con que tomen conciencia de lo sucedido, que empaticen con el dolor de las víctimas y el daño causado, y que condenen lo ocurrido. ¡Mire qué simple! ¡Se pide que condenen lo ocurrido! Eso ayudaría mucho para que nunca más vuelvan a ocurrir crímenes de esta naturaleza.

Señora Presidenta, voy a votar favorablemente el proyecto, para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer crímenes atroces como esos y exista una justa condena para sus responsables.

Voy a votar a favor la iniciativa con la esperanza de que contribuya para que algunos de los miles de chilenos que aún no saben dónde están sus familiares asesinados, puedan encontrar sus restos y darles digna sepultura.

Señora Presidenta, voy a votar a favor el proyecto para que nunca más nos veamos obligados a ser testigos de la perseverancia y el compromiso de compañeras, como Anita González , que al igual que muchas otras mujeres buscó incansablemente a su marido, hijos y nuera, secuestrados por militares en dictadura. Ella nunca obtuvo respuesta de la justicia, la que nada pudo hacer frente a la nula colaboración militar.

Señora Presidenta, voy a votar a favor la iniciativa por los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine, que en los últimos cuarenta años, entre los meses de septiembre y octubre, fechas en que se llevaron a sus familiares, se reúnen y piden a Dios conocer el paradero de sus padres, hijos o esposos, y que la justicia castigue a los culpables, que caminan libres por las calles.

Señora Presidenta, por todos los compañeros y compañeras que piden justicia y castigo, y por los que ya no están entre nosotros, votaré a favor este proyecto de ley. He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Mario Desbordes .

El señor DESBORDES.-

Señora Presidenta, se está abusando de una norma reglamentaria que impide que más parlamentarios hagamos uso de la palabra.

El diputado Soto nos está emplazando de manera ofensiva; está mintiendo abiertamente y abusa de la imposibilidad de defendernos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Diputado, refiérase al Reglamento.

El señor DESBORDES.-

Así es que les pido a los que van a intervenir que al menos tengan la decencia, habiendo abusado de ese derecho, de no interpelarnos, sabiendo que no nos podemos defender.

¡No dice nada de los terroristas que no requieren de nada para salir en libertad!

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Diputado, es un asunto de Reglamento, no un discurso.

Se pidió el acuerdo para que hablaran todas las bancadas, pero no hubo unanimidad.

El señor DESBORDES.-

Bueno, ¿habrá unanimidad para que pueda hablar alguien de este lado?

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

No, porque se pidió...

El señor DESBORDES.-

Señora Presidenta, se nos está interpelando de manera grosera.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Diputado, refiérase al Reglamento.

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señora Presidenta, en representación de nuestra bancada, el diputado Iván Flores había propuesto que todas las bancadas hicieran uso de cinco minutos para intervenir en la discusión del informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que sustituye el decreto ley que establece la libertad condicional para los penados. Lamento que no haya habido acuerdo.

Quiero referirme al fondo, porque trabajamos mucho en la comisión mixta para resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto de este proyecto de ley, que lleva años de tramitación. Valoro el trabajo realizado por el senador Francisco Huenchumilla , presidente de la comisión, en la conducción del debate.

Este proyecto de ley se inició, entre otras mociones, en una moción que presentó, junto con otros senadores, el entonces senador y hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos, presente en la Sala, don Hernán Larraín , a raíz de la liberación masiva de presos de la cárcel de Valparaíso, en que hubo más de doscientos condenados que obtuvieron el beneficio de la libertad condicional, lo que generó toda una conmoción y un debate público, porque entre ellos había condenados por delitos graves.

La moción del entonces senador Hernán Larraín tenía como objeto exigir mayores requisitos, mayores barreras, para el otorgamiento de la libertad condicional respecto de delitos comunes.

Para quienes pudimos participar en la comisión mixta, es importante ilustrar a la Sala -ojalá lo puedan hacer diputados del gobierno y de la oposición- respecto de la historia del proyecto. El diputado Leonardo Soto y diputados de nuestra bancada pedimos incorporar en el trámite legislativo mayores requisitos, mayores barreras, mayores restricciones, respecto de delitos de lesa humanidad, sobre todo incorporando las restricciones que establece el Estatuto de Roma en ese tipo de delitos: cumplimiento de dos tercios de la condena, disociación respecto del delito, colaboración eficaz, etcétera.

Ojalá el diputado Desbordes escuchara mi intervención con el mismo respeto que él pidió.

Pero, ¿qué pasó? Recuerdo que hace pocas semanas la Cámara de Diputados tuvo que pronunciarse respecto de una acusación constitucional contra tres ministros de la excelentísima Corte Suprema. Yo estuve entre aquellos que votó a favor de que se pudiera discutir el fondo de esa acusación constitucional y, en la votación de fondo, al igual que la mayoría de los diputados de la Democracia Cristiana, voté en contra porque, si bien no estábamos de acuerdo con el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, que había otorgado el beneficio de la libertad condicional a condenados por delitos contra los derechos humanos, estimamos que un fallo no configuraba la causal de notable abandono de deberes.

Pero entre los abogados que sustentaron la defensa de los altos magistrados, don Jorge Correa Sutil, señaló que éramos los legisladores y no los ministros de la Corte Suprema quienes habían incurrido en un notable abandono de deberes, porque no habíamos actualizado nuestra legislación interna a las normas del Estatuto de Roma, soslayando que, en virtud del artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución, como bien lo recordó la diputada Carmen Hertz en aquella oportunidad, los tratados internacionales de derechos humanos constituían un límite a la soberanía nacional.

Le hicimos caso al abogado Jorge Correa Sutil y en la comisión mixta incorporamos todos los requisitos exigidos en el Estatuto de Roma respecto de los delitos de lesa humanidad, como el cumplimiento de dos tercios de la condena y la colaboración eficaz. Efectivamente, incorporamos un requisito que ha provocado la mayor diferencia. Recién conversábamos con el diputado Jaime Bellolio -espero pueda hacer uso de la palabra- y él me decía que exigir arrepentimiento afecta la libertad de conciencia.

Nosotros no lo consideramos así, porque el Estatuto de Roma exige el requisito de la disociación respecto del delito. Es decir, la representación de que el condenado por un delito de tortura o de desaparición forzosa de una persona, como tuvimos miles de casos en nuestro país, pueda representarse a sí mismo que se trata de un delito que está sancionado, que no corresponde ni jurídica ni moralmente. Por lo tanto, lo mínimo que pueden pedir las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y sus familiares es que esos condenados por violación a los derechos humanos estén arrepentidos.

¿Arrepentidos de qué? ¡No de un robo! ¡No de un hurto! Porque ese requisito no lo estamos exigiendo respecto de los delitos comunes, sino respecto de asesinatos, respecto de ejecuciones sumarias sin el ejercicio del derecho a defensa, respecto de torturas, respecto de la desaparición forzada de personas. ¡A eso nos estamos refiriendo! A eso se refiere la disociación del delito exigida en el Estatuto de Roma, que también está incorporada en este proyecto.

Entonces, cuando nosotros exigimos justicia frente al magnicidio del ex-Presidente Eduardo Frei Montalva , lo hacemos porque estamos contra la impunidad. Cuando nuestros colegas de la UDI -y nos hemos unido en ese clamor- exigen justicia para el asesinato cobarde del senador Jaime Guzmán en democracia, están reclamando contra la impunidad. Cuando la gente en la calle exige que las personas que han sido condenadas por violación, por homicidio o por abuso sexual de menores estén disociadas respecto del delito y que se exija, como lo estamos haciendo en este proyecto, un informe de Gendarmería que dé cuenta de la efectiva resocialización de ese delincuente, estamos reclamando contra la impunidad y estamos estableciendo una escala de delitos, algunos de los cuales, en virtud del artículo 3°, van a exigir no solo la mitad del cumplimiento de la condena, sino dos tercios. Además, en el caso de los delitos de lesa humanidad, no solo se va exigir el cumplimiento de dos tercios de la condena, sino que también exista disociación respecto del delito, es decir, arrepentimiento en vez de la justificación de aquellas atrocidades que se cometieron en Chile y en otros países de Latinoamérica.

Esa es la doctrina sobre la cual se ha formado el derecho internacional de los derechos humanos, ratificado por nuestro país, y eso es lo que nosotros incorporamos plenamente en esta legislación.

Entonces, les vamos a hacer caso a los abogados defensores de los ministros de la Corte Suprema que fueron acusados constitucionalmente y vamos a aprobar la incorporación de esas normas establecidas en el Estatuto de Roma. Y si hoy algunos votan en contra, como lo hicieron los senadores de Chile Vamos, simplemente no están de acuerdo con la incorporación de estas normas universales contra la impunidad respecto de los delitos comunes más graves y de los delitos contra los derechos humanos.

Por eso, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, honrando el trabajo que hicimos junto con el senador Huenchumilla y los diputados y senadores de oposición en la comisión mixta, vamos a ratificar hoy el texto del proyecto que sustituye el decreto ley N° 321, de 1925, sobre libertad condicional.

Hoy vamos a ver quiénes están a favor y quiénes están en contra de la impunidad respecto de esos delitos.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, a fines de julio de este año, la Segunda Sala de la Corte Suprema, en menos de 48 horas, otorgó la libertad condicional a seis exmilitares recluidos en Punta Peuco. La mayoría de estos agentes del Estado fueron condenados por la desaparición forzada y ejecución de prisioneros políticos a penas irrisorias, ofensivamente bajas. Los ministros dejaron en libertad a sujetos que, como castigo por sus graves crímenes, pasaron apenas tres años en una cárcel llena de privilegios.

Prescindiendo de la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en materia de ejecución de la pena, los magistrados invocaron un estatuto aplicable a delitos comunes y dieron a los peores criminales el trato de delincuentes de bagatela.

Frente a estos fallos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió “que la aplicación de medidas que le resten sentido o eficacia a las penas impuestas en dichos tipos de crímenes, puede llevar a la impunidad de conductas que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar.”.

Precisamente, estas formas enmascaradas de impunidad motivaron la presentación de una acusación constitucional en contra de los magistrados que dejaron de aplicar los requisitos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el otorgamiento de estas libertades. Para esquivar su responsabilidad, los ministros arguyeron la inexistencia de un marco normativo.

Durante la discusión en particular del proyecto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en su segundo trámite constitucional, se aprobó una indicación que establecía que aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra no podrán optar al beneficio de libertad condicional, dando inicio a un debate necesario a la luz de las numerosas solicitudes de condenados por estos delitos.

En la comisión mixta se adoptó un acuerdo al respecto, sobre la base de lo dispuesto en tratados internaciones y lo elaborado por la jurisprudencia internacional. Ella ha establecido que, tratándose de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, las penas siempre deben cumplirse en su integridad, salvo que concurran requisitos especiales como el cumplimiento de los dos tercios de la pena, la colaboración con la investigación y la colaboración sustancial en el esclarecimiento del delito.

La cuestión principal es que, a partir de este proyecto, la ley establece expresamente la existencia de un estatuto de libertad condicional especial para los delitos de lesa humanidad, algo que ya el derecho internacional de los derechos humanos reconoce, pero que, sin embargo, fue desconocido abiertamente por algunos ministros de la Corte Suprema al dejar en libertad a reos condenados por graves crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar.

La aprobación de este proyecto es consecuencia directa de la acusación constitucional formulada contra tres ministros del máximo tribunal. La tramitación de esta moción estaba detenida, pero el impacto de la acusación constitucional, junto con el acompañamiento y respaldo de las organizaciones de familiares de las víctimas del régimen, permiten que hoy demos este paso, que debiera cerrar la brecha de impunidad que estamos enfrentando.

Hoy, la derecha amenaza, como ya es una costumbre, con ir al Tribunal Constitucional para seguir consolidando la impunidad para los criminales.

Como bancada del Partido Comunista y Progresista vamos a aprobar esta iniciativa.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Despachado el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, aunque no es necesario hacer reserva de constitucionalidad del proyecto recién aprobado, sobre todo porque, entre otras cosas, se persigue y se busca la impunidad para los asesinos de Jaime Guzmán al establecer un beneficio especial para quienes, cometiendo delitos terroristas…

-Hablan varios señores diputados a la vez.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Señor diputado, refiérase al punto, no pronuncie un discurso.

El señor COLOMA.-

…entre 1989 y 1998, van a poder acceder con mayor facilidad, con solo 10 años de haber cumplido la condena, a la libertad condicional.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se dejará constancia de lo señalado por el diputado.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el 27 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Cantineras, en conmemoración de la participación de la mujer chilena en la guerra del Pacífico.

Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el señor Alejandro Bernales .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 90ª de la presente legislatura, en 23 de octubre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Alejandro Bernales , rinde el informe el diputado Renzo Trisotti .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor TRISOTTI (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción, que establece el día 27 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Cantineras, en conmemoración de la participación de la mujer en la guerra del Pacífico, correspondiente al boletín N° 11936-24.

La iniciativa tiene su origen en una moción de las diputadas Marcela Hernando , Loreto Carvajal , Carolina Marzán y Marisela Santibáñez , y de los diputados Manuel Matta , Cosme Mellado , Fernando Meza , José Pérez , René Saffirio y Alexis Sepúlveda .

De conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara en su sesión 84ª, ordinaria, del 11 de octubre del año en curso, con la indicación presentada en la Sala y admitida a tramitación.

En el marco de las constancias reglamentarias, cabe señalar que el artículo único no fue objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la elaboración del segundo en la comisión.

Asimismo, no hay normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado. Tampoco hay disposiciones suprimidas ni se incorporaron artículos nuevos. Igualmente, no hay disposiciones de competencia de la Comisión de Hacienda ni artículos modificados.

Indicaciones rechazadas

En esta situación se encuentra la indicación presentada al título del proyecto, por el diputado René Saffirio , para sustituir la expresión “Día Nacional de las Cantineras, en conmemoración de la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico” por “Día Nacional de la mujer en la Guerra del Pacífico.”

La Comisión opinó que cambiar el título en el sentido propuesto desvirtúa el objetivo e idea matriz del proyecto, cual es rendir un homenaje y reconocimiento a las cantineras que participaron en la guerra del Pacífico y al importante papel que desempeñaron acompañando a los soldados, realizando labores domésticas, humanitarias y sanitarias.

Consecuentemente, se procedió a rechazar la indicación por siete votos en contra y un voto a favor. Votaron en contra los diputados Nino Baltolu , Alejandro Bernales , Andrés Celis , Marcelo Díaz , Amaro Labra , Carolina Marzán y quien habla, Renzo Trisotti . Votó a favor el diputado Florcita Alarcón .

Por los argumentos expuestos y las razones señaladas, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recomienda a la Sala aprobar el texto propuesto en el primer informe. Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, entiendo la indicación que buscaba cambiar el nombre del proyecto; sin embargo, quiero rescatar las palabras de la diputada Marcela Hernando , una de las autoras del proyecto, cuando se discutió por primera vez en la Sala.

Ella indicó que la moción surgió de una organización social del norte de Chile, integrada por mujeres, quienes se hacen llamar las cantineras. Por ello, la iniciativa es una muestra de cómo la Cámara de Diputados escucha a distintas organizaciones sociales y presenta mociones que tienen que ver, en este caso, con la historia de un lugar y las vivencias de ese grupo de mujeres.

Si bien entiendo que se quiera cambiar el título por uno que más bien represente a las mujeres en la guerra del Pacífico, creo que en este caso el proyecto tiene otro sentido que es cómo recogemos desde la ciudadanía iniciativas que buscan el reconocimiento de organizaciones sociales que son parte de la historia.

Por eso, votaré a favor de la idea original del proyecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señora Presidenta, lamentablemente, hace algunos días un diario publicó un reportaje respecto de una serie de iniciativas que hemos tratado en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, presidida por el diputado Marcelo Díaz .

Esa comisión ha hecho un trabajo muy eficiente en el despacho de los distintos proyectos que ha analizado, y a la cual, por su naturaleza, le corresponde ver iniciativas que buscan declarar “el día nacional de”. No tengo nada en contra de las cantineras, pero pareciera ser que a veces se frivoliza el trabajo de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.

Voy a apoyar el proyecto -me parece valioso-, pero quiero establecer que sería bueno que en el futuro los diputados que presenten mociones del tipo “día nacional de” acudan a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones a defender sus proyectos porque a veces la comisión se termina transformando en una suerte de resumidero de distintas solicitudes de las cuales ningún diputado se termina haciendo cargo, y públicamente pagamos los costos somos quienes integramos la comisión por el simple hecho de aprobar los proyectos.

¿Quién se puede oponer a celebrar el día nacional de las cantineras? ¡Nadie! Ayer ingresó a la comisión una iniciativa que celebra del día del artista local. Naturalmente, por respeto a esas instituciones o a esas personas que son homenajeadas, uno termina votando a favor, con el costo asociado que implica señalar que el trabajo que realiza la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones consiste únicamente en aprobar la celebración de “días de” o la construcción de un monumento en memoria de alguien.

Entonces, rogaría a mis colegas que cada vez que propongan un “día de” o erigir algún monumento, por favor tengan a bien presentarse en la comisión a defender aquello que nunca terminan defendiendo y que prácticamente termina aprobándose de oficio. He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señora Presidenta, cuando se discutió anteriormente el proyecto, dije que me oponía. Tengo mi visión acerca de la guerra del Pacífico y, por ello, voy a votar en contra del proyecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley General de Educación para asegurar la protección de los integrantes de la comunidad escolar en casos de violencia al interior de los establecimientos educacionales.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en la sesión 94ª de la presente legislatura, en 6 de noviembre de 2018, oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Educación.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Virginia Troncoso .

La señora TRONCOSO (doña Virginia).-

Señora Presidenta, referirse al tema hace sentido de manera bastante importante. Cuando hablamos de violencia en las comunidades escolares nos referimos a uno de los temas más delicados, si consideramos que justamente es allí donde se gesta la primera enseñanza, donde aún existen oportunidades para mejorar nuestro país, con nuevas generaciones y quizás nuevas ideas.

Sin embargo, si no nos hacemos cargo de los lamentables hechos de violencia al interior de nuestras escuelas y liceos, estaremos llegando tarde como sociedad y, peor aún, seremos cómplices de los ambientes de violencia y sin orden en los establecimientos educacionales.

En general, este proyecto contribuirá a evitar que las víctimas de hechos violentos dentro de un establecimiento sufran más daño y a que se desarrollen las instancias educativas para informar los mecanismos de denuncias.

Finalmente, el proyecto busca prevenir la violencia y establecer herramientas para frenar todo tipo de actos que puedan convertirse en agresiones físicas, sexuales o psicológicas. Por su parte, Aula Segura busca frenar y actuar contra la violencia extrema.

Desde ya anuncio mi apoyo a este proyecto, ya que es un complemento de la iniciativa denominada Aula Segura, impulsada por el Presidente Piñera .

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señora Presidenta, precisamente en este momento se está desarrollando un seminario en el salón de honor del Congreso Nacional que aborda el tema de la violencia escolar, como un aporte al debate legislativo. Si bien ese seminario está dirigido a nosotros y quienes exponen son investigadores que han trabajado mucho sobre el tema, había una clara ausencia de diputados en el evento. En este evento precisamente se exponen las investigaciones que se han realizado en torno de este tema y la importancia de abordarlo de manera más profunda y reflexiva.

Quiero compartir con ustedes algo que planteé en la inauguración del seminario, lo cual tiene que ver con una sensación de profunda desazón por el nivel de violencia que hemos alcanzado como sociedad. Ello es consecuencia de la comunidad adulta de esta sociedad. La sociedad está integrada por niños, jóvenes y adultos, pero somos estos últimos quienes la construimos. Los adultos son los principales responsables de lo que ocurre en los distintos sistemas: en salud, en educación y en la sociedad misma.

Sin embargo, al contrario de lo que manifestó la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, el proyecto Aula Segura tiene un gran defecto, ya que pone la responsabilidad de los problemas de violencia en los niños y en los jóvenes; los adultos quedan claramente eximidos de responsabilidad y de las sanciones por la sociedad que hemos construido.

Hace pocos días fue asesinado Camilo Catrillanca . Fuerzas especiales y comandos especializados invaden las comunidades indígenas. Los invito a observar cómo hoy esos mismos comandos también invaden las escuelas. Todos los días recibo mensajes y whatsapps de apoderados del Internado Nacional Barros Arana y de otros liceos, en que señalan que permanentemente se encuentran asediados por fuerzas especiales. Aparentemente, dichas fuerzas ya son parte de la comunidad educativa, porque se encuentran permanentemente fuera de las escuelas y liceos, para amedrentar a esas comunidades.

Ese es el tipo de sociedad que estamos construyendo. O sea, si carabineros no está afuera de los recintos estudiantiles, no es posible impartir educación. Esa es la señal que estamos entregando. Si no hay una sanción o una vulneración de derechos, aparentemente, no se pueden desarrollar tales derechos. Eso habla muy mal de la sociedad que estamos construyendo.

La educación tiene un rol fundamental en el tipo de sociedad que estamos construyendo. Las sociedades se construyen a través de sus sistemas educativos, y lo que estamos enseñando en el sistema escolar no tiene nada que ver con lo que aspiramos a que ocurra en la sociedad.

El Simce, la herramienta fundamental, el alma mater de la educación chilena actual, no desarrolla la educación, sino la competencia, el ganarle al otro y el ser superior a otros. La lógica de los colegios emblemáticos, donde se quiere seleccionar y establecer elites y alumnos superiores, habla muy mal del sistema educativo que tenemos y de la sociedad equitativa a la cual siempre nos referimos en los discursos, pero que solo se queda en ellos. En la realidad, esa sociedad equitativa no existe, pues cada vez tenemos más segregación escolar, a pesar de la ley de inclusión. Hoy tenemos una sociedad segregada que se ha dividido y polarizado. Las sociedades y comunidades polarizadas son, por excelencia, violentas y tienen respuestas violentas; sin embargo, eso no lo queremos ver ni abordar.

Boris Cyrulnik , un investigador y actor importante en todo lo que tiene que ver con convivencia y resiliencia en los seres humanos, a quien he mencionado muchas veces en esta Sala, plantea que los seres humanos necesariamente se desarrollan en vinculación con otros. El tema es cuál es ese otro con el cual se va a desarrollar ese ser humano. Si tenemos niños que se desarrollan en sistemas educativos violentos, tendrán respuestas violentas. Si tenemos niños que se desarrollan en ambientes familiares violentos, donde incluso pueden ser abusados sexualmente o maltratados, tendrán respuestas violentas.

Creo que perdemos una enorme oportunidad como sistema educativo cuando un niño de 9 o 10 años de edad, que ha sido abusado en su entorno familiar o en su barrio, es expulsado de su colegio o liceo por tener respuestas violentas en la sala de clases o dentro del sistema educativo. Con ello perdemos la oportunidad de reparar lo que le ocurrió a ese niño.

Lo primero que debemos hacer para abordar la violencia es, justamente, lo que no se hace en este Sala: escuchar. Tenemos que observar la forma en que actuamos en esta Sala: cuando alguien habla, nadie escucha.

Si no somos capaces de escuchar a quien ha sido violentado, nunca tendremos la oportunidad de reparar y de atender esa necesidad. Si queremos una sociedad que no tenga violencia, hay que aprender a escuchar al otro, a entender lo que le pasa a ese otro.

Hoy, en el sistema escolar no queremos entender ni escuchar, sino que preferimos decir que el estudiante es el responsable, el malo, el delincuente, creyendo que con eso resolvemos un problema que tenemos como sociedad. ¡Veamos cómo nos tratamos entre nosotros! Aquí nadie escucha a nadie, y eso claramente tiene que ver con el tipo de sociedad que estamos construyendo.

El proyecto de ley en discusión tiene solo un beneficio respecto del otro proyecto de ley que se aprobó en esta Sala, cual es que entiende que todos somos necesarios para prevenir y erradicar la violencia. Este proyecto pone el acento en la comunicación y en la relación que va a tener la comunidad educativa al interior del establecimiento.

Si no quiero que la persona que tengo enfrente me trate violentamente, y viceversa, tengo que construir un acuerdo social, el cual, según Rousseau , es un pacto social.

Ese pacto social se ha roto en este país, porque no sabemos convivir, no sabemos tratarnos bien entre nosotros. Hay que reconstruir ese pacto social, es decir, la forma en que tratamos a los demás.

Hace algunos días, cuando discutimos el otro proyecto de ley, pregunté qué tenía esa iniciativa de la pedagogía del amor que nos señala Humberto Maturana . La pedagogía del amor se hace cargo de que existe otro diferente a mí, que puede pensar distinto a mí y que, independientemente de ello, tiene derecho a existir por el solo hecho de ser humano. Eso es lo que tenemos que aprender.

Votaré a favor el proyecto, pero espero que sigamos avanzando en nuestro pacto social.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

En consecuencia, la discusión del proyecto continuará en una próxima sesión.