Labor Parlamentaria

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios, para la discusión del informe se asignarán cuatro minutos por bancada.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta, sesión 110ª de la presente legislatura, en 11 de diciembre de 2018.Documentos de la Cuenta N° 1.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Cito a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.

Tiene la palabra el diputado Jaime Tohá .

El señor TOHÁ.-

Señora Presidenta, hoy tenemos frente a nosotros un trabajo colectivo que es fruto del esfuerzo mancomunado de parlamentarios, tanto de la Cámara como del Senado, quienes con todas sus diferencias a cuestas han sacado adelante una necesaria y urgente reforma, sobre todo pensando en hacer justicia a los abnegados trabajadores de este servicio del Estado.

Este proyecto y otros en trámite marcan un antes y un después en la regulación pesquera de este país. El escenario que teníamos antes de esta regulación ya no daba para más: estábamos llegando a un punto terminal debido, en primer lugar, al sostenido proceso de agotamiento de los recursos, y, en segundo lugar, a la corrupción que por años se había dejado sentir en este sector tan vital para la economía chilena.

El Congreso Nacional seguirá avanzando en estas materias para que se establezcan derechos legítimos a la pesca artesanal y se reconozcan los derechos ancestrales de los pueblos originarios. En ese ánimo y disposición, hoy vamos a apoyar y a aprobar lo que hemos consensuado luego de meses de análisis y propuestas para tratar las diferencias surgidas respecto del proyecto que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca, diferencias que se zanjaron mediante acuerdos en la Comisión Mixta, que permiten que hoy la tramitación de la iniciativa llegue a su fin, lo que hará avanzar al Sernapesca en un sentido que nos reconforta.

Uno de los aspectos que quiero destacar del trabajo de la Comisión Mixta es, primeramente, el haber arribado a un acuerdo en materia de regulación del posicionamiento automático de las naves. Al respecto hay un claro avance, pues se establecen obligaciones de informar, de dar publicidad y de actualizar mensualmente la información emanada del sistema de posicionamiento, a la vez que racionaliza la pena destinada al delito de destrucción, inutilización o alteración del sistema de posicionamiento, bajándola en un grado respecto de lo que proponía el Senado.

No debemos olvidar que las penas deben se proporcionales y ajustadas a la gravedad intrínseca de los hechos. El texto inicial proponía llegar a los cinco años de presidio, lo cual nos pareció excesivo.

Finalmente, destacamos la incorporación de un nuevo concepto de pesca: la pesca de subsistencia, después de que la Comisión Mixta considerara imprescindible generar una propuesta para enfrentar las discrepancias surgidas.

Sabemos que la FAO, en su legislación sobre la materia, así como legislaciones de países como México, Ecuador , Perú y Colombia, han señalado que la pesca de subsistencia es aquella en la que los peces capturados son consumidos directamente por las familias, en lugar de ser vendidos por intermediarios en el mercado vecino más grande.

Por eso, presentamos una indicación para establecer un nuevo concepto de pesca de subsistencia, la que fue consensuada y aprobada, con el objeto de dejar atrás el concepto antiguo, mediante la incorporación de la posibilidad de que el remanente de dicha pesca de subsistencia no consumido pueda ser directamente comercializado dentro de mercados restringidos.

Por las razones señaladas, anuncio que votaré a favor las proposiciones de la Comisión Mixta.

He dicho.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Con el mayor de los respetos, quiero recordar a los asistentes a las tribunas, los que han sido invitados y autorizados para estar en este espacio democrático, que no pueden hacer manifestaciones ni interrumpir mientras intervienen los diputados. Espero que lo entiendan, para no tener que tomar otro tipo de medidas. Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio .

El señor ASCENCIO.-

Señor Presidente, este proyecto fue enviado a Comisión Mixta para resolver las discrepancias surgidas entre ambas del Congreso Nacional luego de que nuestra Corporación rechazara las modificaciones introducidas por el Senado a esta iniciativa, que propone la modernización del Servicio Nacional de Pesca y el establecimiento de normas muy severas en contra de la pesca ilegal.

Nosotros manifestamos nuestro desacuerdo especialmente por la falta de proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones, y porque no se establecía el reconocimiento de la pesca de subsistencia, entre otras materias.

En mi opinión, esta iniciativa, que fue elaborada entre todos: diputados y senadores, la Subsecretaría de Pesca y el Sernapesca, es una buena solución alcanzada hasta hoy, por lo que pido a todos los diputados y diputadas que aprobemos las proposiciones de la Comisión Mixta.

Respecto de los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, a quienes saludo anticipadamente, porque en unos días se cumplirán cuarenta años desde la creación de ese organismo, queremos señalar que seguirán estando regidos por el Estatuto Administrativo. Por lo tanto, se termina el problema que tenían con el horario nocturno.

Otro de los logros relevantes en esta materia es que las embarcaciones pesqueras de menos de 12 metros de eslora que operan cercos en las pesquerías pelágicas tendrán la obligatoriedad de certificar sus desembarques, pago que será efectuado por las plantas que se abastecen de esas naves.

Asimismo, es un logro relevante el establecimiento de la definición de la figura de pesca de subsistencia, la que no se encontraba establecida en la actual ley. Con este avance podrán mantenerse prácticas ancestrales propias de la cultura de muchas localidades, como la mía, en la Región de Los Lagos.

En cuanto a las áreas de manejo, se sanciona especialmente a aquellas personas ajenas a la organización que extraigan recursos bentónicos de esas áreas de manejo.

En materia de caducidades -esto es bien relevante-, la actual ley señala que todos los meses de junio de cada año, el Servicio Nacional de Pesca deberá emitir la resolución de caducidad de todos aquellos armadores, buzos y recolectores que no hayan operado en tres años.

La comisión ha concordado en que como el Registro de Pesca Artesanal requiere una reingeniería, habrá una moratoria de las caducidades hasta fines de 2019.

Otro aspecto de gran relevancia es que a las causas que están hoy en tribunales por infracciones a la ley y que aún no se han resuelto, les serán aplicables las disposiciones que hemos incorporado en este proyecto.

Quiero aclarar que no es cierto que se castigue como delito al pescador artesanal si falla el posicionador satelital; eso es falso. Se sanciona la destrucción, inutilización, alteración del sistema de posicionamiento automático, así como de la información contenida en él. Pero la comisión tuvo el cuidado de señalar que esta debe realizarse maliciosamente para que exista delito, lo cual significa hacerlo intencionalmente.

No es cierto que las nuevas infracciones que afectan a la etapa de poscaptura de menor escala serán susceptibles de apremiarse con arresto sin alternativas.

Las nuevas infracciones que se agregan al artículo 114 de la Ley General de Pesca y Acuicultura permitirán al juez graduar la multa, sobre la base de la consideración del beneficio económico y la capacidad económica del infractor.

Además, se incorporó el pago de las multas por parcialidades, y, en caso de no contar con bienes, con servicios comunitarios, previa amonestación. Asimismo, solo en caso de que no se acepte el pago con servicios comunitarios, no procede el arresto total, como ocurre hasta hoy, sino la reclusión nocturna, lo que claramente es mucho menos restrictivo de lo que hoy señala la ley.

No es cierto que las actividades de poscaptura resulten directamente sancionadas con penas de cárcel por la pesca de recursos vedados, que es un tipo de pesca ilegal.

La incorporación de la ley de subsistencia la amonestación para las primeras infracciones, la rebaja del 20 por ciento de la multa, la rebaja de los pisos de multa en que normalmente se incurre, la necesaria consideración del beneficio económico, el pago de la multa en cuotas, la posibilidad de servicios comunitarios, la pena de reclusión nocturna y la aplicación inmediata de procesos pendientes son logros que conseguimos mediante el trabajo realizado por la Comisión Mixta, de manera que solicito a la Sala votar a favor sus proposiciones, por cuanto las considero positivas.

He dicho.

-Aplausos en la Sala y manifestaciones en las tribunas.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

¡Señora, no puede interrumpir!

(Manifestaciones en las tribunas)

Me veo en la obligación de solicitar el desalojo de las tribunas.

(Manifestaciones en las tribunas)

¡Efectivamente, en democracia se respeta, y ustedes lo saben!

(Manifestaciones en las tribunas)

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor MULET (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

(Manifestaciones en las tribunas)

Advierto a los señores y señoras que están en las tribunas que deben escuchar el debate parlamentario en silencio. Si persisten en su actitud, me obligarán, desgraciadamente para mí, a ordenar el desalojo de las tribunas.

La idea es que los parlamentarios puedan terminar de discutir hoy el proyecto de ley en debate, y para ello deben poder intervenir. Por ello, los invitados a las tribunas, que son muy bienvenidos, por supuesto, deben escuchar el debate en silencio, para que cada sector político se haga responsable de su decisión.

Si nos ponemos de acuerdo y respetamos las reglas de la democracia, podemos continuar el debate.

Por lo tanto, les pido que guarden silencio.

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, durante los meses de tramitación del proyecto en la comisión mixta, evaluamos distintas formas de solucionar las discrepancias que se suscitaron entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto de este proyecto de ley, y semana a semana pude ver una amplia capacidad de diálogo, tanto de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca, como de la mayoría de los parlamentarios de oposición y oficialistas.

Atribuyo ese ánimo de colaboración principalmente a que en todos existió la noción de que este proyecto es sumamente importante para garantizar el trabajo digno, seguro y de calidad a los funcionarios del Sernapesca y, por sobre todo, para el futuro del sector pesquero nacional, al otorgarse las atribuciones básicas y suficientes para fiscalizar y poner atajo a la pesca ilegal en nuestro país.

La iniciativa en debate, que llegó a la comisión mixta en términos muy deficientes, ahora se presenta como un proyecto sólido, coherente, mucho más humano y que responde de cara a la ciudadanía.

Dentro de nuestras atribuciones, pudimos generar una norma que sanciona las conductas que atenten contra la propiedad de los recursos o que contravengan nuestra legislación, pero que también entiende que era necesario generar una gradualidad en las sanciones, en atención al mal producido y a las capacidades de los distintos pescadores.

No criminalizar a los pequeños pescadores fue una meta, y la logramos. Así, primero consagramos la pesca de subsistencia como eximente; estipulamos que las dos primeras infracciones quedaran sujetas tan solo a amonestación, que de la tercera infracción en adelante se apliquen multas, las cuales se rebajaron y se puede optar por pagarlas en cuotas, y que, en caso allanarse el infractor, podrán disminuirse hasta en 20 por ciento. En caso de no poder pagar la multa por falta de bienes, la propuesta establece que podrán realizarse servicios comunitarios, y en caso de no haber acuerdo al respecto, se podrá proceder a aplicar como sanción la reclusión nocturna.

En definitiva, se trata de un proyecto de viene a limpiar un sector, una legislación y un actuar legislativo que, desafortunadamente, han sido objeto de malas prácticas y que ha llenado de desconfianza y lejanía a la opinión pública.

Por eso, estoy convencido de que a través de este proyecto de ley avanzaremos hacia una pesca más transparente, sustentable, responsable y social, sin situaciones ilegales y sin que se limite la capacidad para emprender. Tendremos una actividad pesquera en la que se resguardarán los derechos de los que la desarrollan y en la que, a la vez, se velará por los recursos, con una mirada a largo plazo, asegurando a las futuras generaciones de chilenos que puedan seguir gozando de estos recursos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, es muy difícil resumir en cuatro minutos el trabajo que realizó la comisión mixta por meses.

Debo aclarar que no asistí a ella con ningún ánimo que no fuera el de avanzar hacia una legislación justa y sustentable. ¿Justa por qué? Porque los senadores que en un inicio nos propusieron cárcel para los pescadores artesanales que incumplían la ley Longueira o la ley de pesca corrupta son los mismos que eliminaron la cárcel para los políticos que recibían financiamiento irregular de grandes grupos económicos.

(Aplausos)

Hago un llamado a la responsabilidad, porque hay una campaña a la que hemos podido acceder en redes sociales que contienen cinco puntos referentes a este proyecto de ley, que en realidad, a mi juicio, por lo que trabajé y por lo que veo, no son verdad, por lo menos la mayor parte de ellos. En consecuencia, subiré a Twitter un informe que aclara muchos de esos puntos, porque me interesa avanzar.

Entiendo el escepticismo de parte de los pescadores artesanales, porque han sido pisoteados y les han pegado en el piso, pero es importante hablar en función de la verdad.

Voy a destacar un par de puntos de este informe que me interesan especialmente.

Uno de ellos es que el Sernapesca, que es como la policía de la ley de pesca, debe aplicar una ley que es injusta, por lo cual el Sernapesca también termina siendo injusto. Por ende, obviamente, tenemos que anular la ley vigente y construir una nueva ley, justa y sustentable.

(Aplausos)

Creo que esos aplausos podrían cambiar, por lo que voy a decir.

El año pasado, el Sernapesca realizó menos de 2.000 acciones de fiscalización a naves industriales, y más de 26.000 a embarcaciones artesanales. Entonces, si uno genera una entidad fiscalizadora sin las capacidades suficientes, esta buscará al más chico. No sé si han visto imágenes de carabineros que persiguen a vendedores de sopaipillas en las calles de alguna ciudad. En la misma esquina puede haber tres farmacias que se ponen de acuerdo para subir los precios de los medicamentos, y pareciera que nadie se entera. Bueno, lo mismo hará el Sernapesca, porque es para eso que tiene capacidad fiscalizadora.

Entonces, tenemos que generar las capacidades, para lo cual logramos dejar un texto explícito en el proyecto que dice que la fiscalización se realizará de acuerdo con el riesgo de la sustentabilidad de los ecosistemas. Solo así se logrará que el Sernapesca fiscalice a los buques de arrastre y no a los pescadores de las caletas que tienen botes de solo ocho metros. Así se logrará rectificar el comportamiento que ha tenido el Sernapesca en los últimos años.

Con esto no hago una crítica a los funcionarios en particular, porque no cuentan con las capacidades necesarias. En el trabajo de la comisión pude ver una mirada brillante entre los funcionarios, porque ven que por fin podrán ampliar la planta en 253 fiscalizadores y que con su aporte tendrán un poco más de capacidad y de garantías para hacer su trabajo, y eso les parece un avance.

Este proyecto lo pudimos dar vuelta -lo digo con toda claridad-, respecto de lo que había aprobado el Senado y lo que proponía el Ejecutivo. Creemos que es importante, pues garantiza la pesca de subsistencia. No puede ser que el gobierno quiera poner por delante el poder punitivo del Estado, de vigilar y de castigar, antes que garantizar el alimento para las comunidades indígenas, que quedó consagrado en esta ley, así como para los boteros con embarcaciones menores a siete metros, sin motor.

Si el Ejecutivo quiere cuidar los ecosistemas mediante la persecución de la pesca ilegal, también debe prohibir la pesca de arrastre y debe exigir que las salmoneras se hagan cargo de la “cochinada” que generan.

Enfrentemos con democracia los intereses mezquinos de unos pocos, porque los gobiernos pasan, las subsecretarías pasan, pero Corpesca se mantiene.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, he seguido la tramitación de este proyecto con mucho entusiasmo, pues constituye un paso importantísimo para la modernización del Sernapesca ante la necesidad de dar mayor efectividad a la gestión pública en el ámbito de la pesca y la acuicultura.

Este proyecto pretende establecer una mayor fiscalización en el cumplimiento del marco normativo, lo que, a mi juicio, es el eslabón más importante de la iniciativa.

Largo tiempo ha estado detenido este importante proyecto, debido a las discrepancias relativas a la figura de la asociación ilícita que aparece cuando se establecen las nuevas infracciones, que resultaron ser desproporcionadas.

Por ningún motivo podemos criminalizar ni sancionar de manera excesiva la pesca ilegal; por el contrario, debemos propender a mejorar la situación en que se encuentran los pescadores artesanales, la comunidad ribereña con la pesca de subsistencia y los pueblos originarios, producto de disposiciones que los perjudican ante la actual legislación.

Por eso, alabo las disposiciones de esta iniciativa que dicen relación con castigar con mayor dureza a los grandes comerciantes e industrias que lucran con la pesca ilegal y aquellas normas que protegen nuestros recursos que corren mayor riesgo, ya que convierte en delito la comercialización de especies colapsadas o sobreexplotadas, como es el caso de la merluza.

Otro aspecto muy relevante es el reconocimiento de la pesca de subsistencia para proteger las prácticas tradicionales y de los pueblos originarios.

Además, hago un merecido reconocimiento a las disposiciones que protegen al pequeño pescador artesanal infractor, al establecer sanciones más justas, puesto que considera la situación socioeconómica de dicho pescador artesanal infractor.

Finalmente, anuncio que apoyaré el texto del proyecto que propone la comisión mixta.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA.-

Señor Presidente, qué difícil es votar este proyecto, porque, más allá de la discusión técnico-legislativa del mismo, hay un problema inicial que no dice relación con las sanciones -leoninas, en algunos casos- que se establecen para la pesca ilegal, desde la persona que vende en un puesto hasta la que saca el producto del mar y lo comercializa.

El problema inicial es que tenemos una ley de pesca que desequilibró la balanza en favor de los industriales y que las cuotas asignadas a la pesca artesanal simplemente no alcanzan para vivir, y como no alcanzan…

(Aplausos)

…y lo digo en representación de los pescadores de la Región del Maule. Las cuotas de merluza no alcanzan para vivir, ya que el monto en las cuotas permite que cada tripulante gane aproximadamente 120.000 o 150.000 pesos mensuales.

Entonces, no estamos atacando el fondo del problema, pues la pesca ilegal existe porque tenemos una ley de pesca corrupta que dejó a la pesca industrial gran parte de nuestras especies, obligando a la pesca artesanal a recurrir a esto.

Por otra parte, como si eso fuera poco, incorporamos el proceso de modernización del Sernapesca, que, eventualmente, incrementa y amplía las sanciones a la pesca artesanal.

Estoy disponible para discutir el proyecto, pero solo una vez que resolvamos el problema de la ley de pesca, de la “ley Longueira”, ley corrupta que perjudicó a la pesca artesanal.

Tal como dije en la comisión, estoy disponible a avanzar en este proceso, pero en la medida en que solucionemos lo que origina la pesca ilegal y que claramente es la distribución de la cuota.

Sin ninguna duda, voy a rechazar el proyecto, porque mantengo lo que dije en la discusión en la comisión, porque no puedo estar por avanzar en sanciones a la pesca artesanal si no solucionamos el problema de fondo, que fue la ley que dio manga ancha a la pesca industrial.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, también intervengo en nombre de mi colega Celso Morales .

Consideramos que el proyecto en debate es positivo, pues fortalece la función del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y establece herramientas para combatir la pesca ilegal, principalmente a efectos de hacer carne los principios de servicio y protección consagrados en el artículo 1° de nuestra Constitución Política, mediante el reforzamiento de la función fiscalizadora de esta actividad, no solo asignando recursos en su apoyo, sino también promoviendo personal especializado para la ejecución de esta labor.

Así las cosas, el proyecto promueve el fortalecimiento de la asignación pública y los viáticos, el incremento de la dotación de personal y la regulación de la pesca irregular, mediante la definición de pesca ilegal.

Si bien el proyecto fue presentado durante la administración anterior, su contenido es consistente con el programa de gobierno del Presidente Piñera. Dentro de sus principales medidas en la materia está el enfrentar el problema de la pesca ilegal y racionalizar el esfuerzo pesquero y cuyos principios se manifiestan en mejorar la gestión pública mediante la elaboración de un diagnóstico integral sobre la pesca ilegal, fortalecer la gestión del Sernapesca, para darle mayor eficiencia; incrementar el rol de la Armada de Chile en la fiscalización pesquera y avanzar gradualmente en los esfuerzos por introducir e implementar herramientas tecnológicas para el control eficaz de la pesca ilegal.

Por lo indicado, anunciamos nuestro voto favorable a esta iniciativa, toda vez que se encuentra en línea con los esfuerzos emprendidos por nuestro país en este ámbito en su economía y cuya plena vigencia posibilitará un mayor bienestar a los miles de chilenos vinculados a esta industria.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, es complejo abocarse a temas tan arraigados y determinantes en el quehacer de una actividad económica en cuatro minutos.

Es complejo, porque están mezclados dos temas relevantes. Por un lado, el fortalecimiento de la función pública del personal de planta y a contrata del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y, por otro, la sanción a la llamada pesca ilegal.

Tenemos claridad sobre la necesidad y la urgencia de fortalecer el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, pero no estamos disponibles para sancionar la pesca ilegal por una razón obvia: el origen de todos los males está en la llamada “ley Longueira”, una ley corrupta. No por casualidad Francisco Mujica , ex gerente general de Corpesca, fue sancionado y reconoció que había sobornado y coimeado a parlamentarios, fundamentalmente de la UDI. Lo dijo con toda claridad e incluso está dispuesto a sentarse a declarar en el juicio en contra de Jaime Orpis, para decir que coimeó a Orpis para que votara de determinada forma.

En consecuencia, están mezclados dos temas que no podemos juntar. Tenemos la urgencia de fortalecer el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, pero, puestos en la disyuntiva de votar el informe de la comisión mixta, donde la Cámara de Diputados opinó A y el Senado opinó Z, tuvimos que llegar a un punto de encuentro.

Es importante que los pescadores que están en las tribunas nos escuchen. Los artículos refrendados en la comisión mixta permiten despejar algunas cuestiones muy complejas en torno al tema pesquero, como son los referidos al concepto de pesca ilegal, que fue retirado, pues era una propuesta que consideraba penas de cárcel para los pescadores artesanales y miembros de pueblos originarios que accedieran a pesquerías sin tener registro de pesca artesanal. Eso no va a ocurrir. Las penas son ahora para los que comercializan, es decir, para los que estén disponibles a comprar. En ese sentido, hemos invertido los fundamentos que en un principio impulsó el gobierno.

Se resolvió de mejor manera respecto de los criterios para acceso, consumo y comercialización de excedentes en el caso de los pueblos originarios.

También se avanza en clarificar la relación entre la industria procesadora y la pesca industrial y artesanal, en cuanto al correcto uso de los recursos hidrobiológicos y las sanciones a conductas que atenten contra las normativas tratadas.

El artículo 114, desde la letra a) a la g), que tratan sobre procesamiento, elaboración o comercialización de recursos hidrobiológicos, es un avance, porque se fijan criterios más claros y las respectivas sanciones a la industria. De hecho, se incorporan importantes sanciones a la industria salmonera. Si este proyecto fuera ley, se hubiesen aplicado cuantiosas sanciones pecuniarias a las empresas que hubieran vertido productos contaminantes, químicos, biológicos o físicos en el mar, ríos o lagos. La iniciativa es un avance significativo al respecto.

El meollo está, sin duda, en lo que hemos planteado hasta la saciedad: el problema está en la llamada “ley Longueira”, cuerpo legal que debe ser anulado, pues no se puede seguir beneficiando a la industria en perjuicio de los pescadores artesanales, que requieren más y mejor distribución de las cuotas pesqueras.

He dicho.

-Aplausos

El señor MULET (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el pago a treinta días.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada bancada.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 2 de este Boletín de sesiones.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA.-

Señor Presidente, se trabajó en el proyecto durante largos meses. Hubo -hay que decirlo- altos y bajos, pero siempre primó la convicción de que era importante sacar adelante la iniciativa.

La situación que tenemos en la actualidad es cero. Hoy existe total canibalismo en la relación comercial entre empresas para pagar oportunamente las facturas.

Hay que decirlo: sin bien no llegamos al ciento por ciento de lo que queríamos, hay, sin duda, avances sustanciales.

La guía electrónica.

Hubo algunas dudas al respecto, pero el Servicio de Impuestos Internos aclaró que dadas ciertas condiciones se puede emitir la guía electrónica, que, por sobre todo, establece certeza en los plazos para la emisión de la factura. Es la factura la que gatilla los plazos que empiezan a correr para contabilizar los treinta días y, eventualmente, para contabilizar los intereses. Si la factura se demora, si la factura se detiene, claramente se termina perjudicando a la pequeña y mediana empresa.

El proyecto establece una comisión moratoria y el cobro de intereses, así como la obligación del sector público de pagar oportunamente. Se impone el plazo de un año para que el sector público, con excepción de las reparticiones de Salud y las municipalidades, implemente el pago a treinta días, so pena de pagar intereses. Hoy esa obligación existe, pero no hay ninguna sanción si aquella no se cumple.

En el caso del Ministerio de Salud y las municipalidades, se fija un plazo de veintiocho meses para implementar el pago a treinta días, obligación que se focaliza en la pequeña y mediana industria.

Creo que el único tema que queda pendiente en este proyecto es, sin duda, el IVA crédito fiscal. Me parece que ahí había un elemento gatillador que potenciaba y apuraba a las grandes empresas a pagar las facturas en deuda para descontar el IVA crédito fiscal. Ese tema quedó pendiente.

Se avanzó en el sentido de que se deberá evacuar un informe en un plazo de doce meses. En los veinticuatro meses siguientes esperamos trabajar en la implementación del IVA crédito fiscal y, por qué no, en el cobro de intereses directamente por el Servicio de Impuestos Internos, para evitar todo este entramado judicial al cual va a tener que recurrir la pequeña y mediana empresa cuando quiera cobrar intereses por facturas no pagadas dentro de treinta días.

He manifestado a mi bancada que estoy por aprobar este proyecto, que fue sancionado positivamente por prácticamente toda la Comisión Mixta, pues en general recoge los planteamientos que se han hecho en distintos aspectos.

La duda -hay que señalarlo- recae sobre los plazos especiales, pero se establecieron condiciones que hacen frente a esa posibilidad. Siempre existe una ventana que puede abrirse para que algunos abusen de ello; sin embargo, claramente el proyecto no podía ser una camisa de fuerza que no recogiera las distintas realidades comerciales en las diferentes áreas económicas del país.

Por lo tanto, va a existir un plazo excepcional acotado, que se va a tener que concordar, que se deberá poner por escrito y que deberá figurar en un registro especial. En doce meses evaluaremos cómo ha funcionado. En caso de que se transforme en una ventana para el abuso de algunos sectores, avanzaremos en las correcciones necesarias.

En términos generales, se trata de un proyecto que le da viabilidad a la relación comercial entre pequeños y grandes, establece condiciones para que la pequeña y mediana empresa puedan actuar ante los abusos en el pago de las facturas por las grandes empresas; pero, por sobre todo, este es un proyecto que claramente nos coloca en una ruta que nos va a permitir evaluar en el futuro cómo ha caminado la nueva normativa y ver de qué manera la podemos perfeccionar.

Estoy por aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Sofía Cid .

La señora CID (doña Sofía) .-

Señor Presidente, después de un largo recorrido, como dijo mi colega Alexis Sepúlveda , estamos en la última instancia para que el proyecto de pago a treinta días sea ley de la república.

Esta iniciativa entraña una modificación legal que busca impulsar un verdadero y profundo cambio cultural en la forma en que se hacen negocios en Chile.

Se incorpora la guía de despacho electrónica, que se implementará a partir de un año de publicada la ley en el Diario Oficial. Nació de la preocupación de quienes viven en sectores rurales y no tienen acceso a internet, por lo que el proyecto establece dos opciones.

En primer lugar, la ley de IVA ya considera la opción para que los contribuyentes sean eximidos de emitir documentos en formato electrónico si no poseen acceso a red de datos o a red eléctrica. Para otorgar esa autorización, el contribuyente debe hacer la solicitud al Servicio de Impuestos Internos, que entregará la visación correspondiente.

En segundo lugar, se puede utilizar una aplicación que permita la emisión de guías de despacho sin la necesidad de estar conectado a una red de datos. Esta guía de despacho electrónica sería enviada al Servicio de Impuestos Internos, en forma automática por la aplicación, apenas se tenga disponibilidad de la red de datos.

Esta iniciativa lleva mucho tiempo en discusión. Llegó la hora de marcar un punto de quiebre y generar este primer cambio legislativo que busca asegurar el pago oportuno a los pequeños y medianos proveedores de bienes y servicios en Chile.

El texto que llega hoy a la Sala es fruto del trabajo y la buena disposición del equipo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Por consiguiente, quiero agradecer al ministro y al subsecretario de esa cartera, quienes nos acompañan; a su equipo de asesores que ha trabajado con nosotros para llegar a un consenso, y también a todos los parlamentarios que integran la Comisión de Economía, incluyendo a quienes son de oposición y a quienes somos de gobierno.

Este proyecto de ley fue aprobado ayer con amplio apoyo en la Sala del Senado, por cuarenta votos a favor y una abstención. Ahora corresponde que se vote en la Cámara de Diputados. En ese sentido, hago un llamado a todos los diputados a aprobar esta iniciativa y avanzar en la línea correcta.

¡Chile y sus pymes lo necesitan!

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, con mucha esperanza participé en la Comisión Mixta. Sin embargo, debo decir con mucha claridad -excúseme, señor ministro- que, lamentablemente, este proyecto no va a responder a las expectativas que se han generado. Creo que, incluso, estamos engañando a las pequeñas empresas.

El título del proyecto habla de establecer el pago a treinta días, de tal manera que cuando la gente lea aquello, creerá que va a comenzar a regir un pago a treinta días. ¡Falso! ¡Absolutamente falso, porque durante dos años se va a pagar a sesenta días! Después de esos dos años van entrar a regir los treinta días.

Pero, ¿cuál es el forado? ¡Digámoslo claramente! Se establecen normas excepcionales que permiten -lo quiero decir así- que nunca se pague a treinta días. Porque en una relación de asimetría entre un grande y un pequeño, claramente, aunque lleguen a un acuerdo para que se pague en otro plazo, ¿quién va a imponer la fecha, la hora y el día? El grande.

Entonces -lo digo con mucha claridad-, estamos legitimando el abuso en la relación asimétrica entre los grandes y los pequeños.

Por esa razón, la bancada del Partido Socialista va a votar en contra, aun cuando entendamos el esfuerzo que han hecho el señor ministro y su equipo de asesores para tratar de que esta iniciativa vaya por buen camino. Lamentablemente, no va a ocurrir así. La historia y el tiempo me van a dar la razón. La cantidad de acuerdos que se van a establecer en el registro cuando las partes no lleguen al pago en los treinta días va a ser infinita. ¡Infinita!

Tengo aquí el proyecto original, que no tiene nada que ver con lo que hoy se someterá a votación. Los senadores que presentaron esta iniciativa, de buena voluntad, plantearon establecer una mayor simetría en las relaciones de comercio y prestación de servicios, como dicen en sus ideas matrices, y que el pago ojalá fuera a treinta días, y, en forma excepcional, a cuarenta y cinco días. Incluso más, en sus ideas matrices plantearon que cuando los productos fueran frescos o perecederos, el pago nunca debiera exceder los treinta días.

Insisto: el proyecto original presentado por esos senadores no se condice en absoluto con la iniciativa que votaremos hoy en esta Sala.

Por eso, debemos ser fieles a lo que dicen los proyectos. No podemos decir que se va a pagar a treinta días, cuando después de leer el articulado y cada paso que se da en el proyecto, constatamos que lo único que no se hará, a la larga, es pagar a treinta días.

Alguien habló de que hoy existe canibalismo. Quiero decir a quien planteó aquello que hoy estamos legitimando el abuso en esta relación asimétrica que existe entre los pequeños y los grandes, porque si el día de mañana no se cumple el acuerdo, los pequeños tendrán que ir a los tribunales de justicia, y todos sabemos que ese camino es largo, tortuoso, difícil y oneroso, y los pequeños no lo van a hacer.

Entonces, lo que se hará hoy, si se aprueba esta iniciativa legislativa, será decir a los grandes: “Sigan haciendo lo que han hecho durante todos estos años, con la única diferencia de que ahora les hemos hecho una ley para que sigan abusando de los pequeños.”.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, tal como dijo el colega Naranjo , hay que hacer un poquito de historia.

El proyecto que llegó originalmente a nuestra comisión era completamente distinto del que está saliendo en estos momentos. En ese tiempo era el proyecto de pronto pago; después el gobierno lo empezó a llamar proyecto de pago oportuno. Sin embargo, resulta que para el gobierno el pago oportuno era sesenta días, tal como lo establece al comienzo este proyecto.

Se hizo una campaña. De hecho, recuerdo cuando el señor ministro estuvo en Quinta Normal, comuna perteneciente al distrito que represento, donde lanzó la campaña del pago oportuno a sesenta días, en circunstancias de que el promedio de pago, según los expositores en la comisión, es de 45 días; o sea, estamos estableciendo un plazo mayor.

Afortunadamente, gracias a la lucha de muchos gremios de microempresarios y pequeños empresarios, y también de algunos diputados que en la comisión defendimos el pago a treinta días -digo “algunos diputados”, porque otros defendieron la otra posición, lo que está en la historia de la ley-, el gobierno cambió de rumbo, se dio vuelta la chaqueta, como se dice popularmente, y el Presidente salió con el anuncio de que ahora el proyecto se llamaba pago a treinta días. Ese fue un anuncio con luces y mucha propaganda.

Es importante destacar que en ese momento hubo una indicación que decía que ese plazo se podía extender. Afortunadamente, en la Cámara nos dimos cuenta de que era perversa y, por lo tanto, la sacamos. El proyecto se fue sin esa indicación a la Comisión Mixta.

Por eso, nos sorprende -es lo más grave- que en la Comisión Mixta, el Presidente Sebastián Piñera haya introducido nuevamente la indicación para extender el plazo si las dos partes lo convienen. Entre sus argumentos, había comparados de otros países, como Alemania, Austria y Bélgica . No nos engañemos: debemos compararnos con países que tengan un producto interno bruto parecido al de Chile, no el doble. La distribución de la riqueza no es la misma; aquí hay desigualdad. Por lo tanto, las pequeñas empresas y las microempresas no tienen la capacidad de sostenerse si el pago es en un plazo mayor a treinta días.

Otro de los argumentos era que las microempresas y las pequeñas empresas también iban a estar forzadas a pagar a treinta días, lo cual es falso, porque la mayoría de las pequeñas empresas pagan al día. Por eso, necesitan que les paguen a treinta días para poder cumplir, por lo menos, con sus obligaciones.

¿Por qué el gobierno pone al proyecto el título de pago a treinta días, hace esa parafernalia y, al final, retrocede y dice que no es viable? Nuevamente aparece la tónica de siempre: la letra chica. El gran anuncio en todos los medios es el pago a treinta días; pero la letra chica dice que ese plazo se podrá extender por acuerdo de las dos partes, y si a la pequeña empresa no le gusta, que lo demande, que lo denuncie, que lo judicialice.

Por lo tanto, ¿qué hace esa indicación? Viene a matar el nombre y el corazón del proyecto, que era “pago a 30 días”, porque ya no lo es.

Al no existir el pago oportuno a 30 días, muchas micro y pequeñas empresas quebrarán o, finalmente, deberán endeudarse con la banca y los factorings. Eso es lo que busca y eso es lo que va provocar esa extensión del plazo.

¿Cuándo lo vamos a saber? En tres años, porque primero el pago será a 60 días; después, esto se evaluará en 12 meses más, pero el informe deberá ser evacuado en 60 días. O sea, en más de tres años recién lo vamos a saber, cuando ya hayan muerto miles de micro y pequeñas empresas, o cuando todas ellas estén “hundidas hasta el cogote”, como decía mi madre.

De manera que también vamos a llamar a rechazar el informe, porque el pago ya no será a 30 días, sino que ahora, por ley, el plazo del pago será indefinido.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro y al subsecretario.

Las inquietudes de los emprendedores y de las pymes fueron escuchadas y se reflejan en esta futura ley.

Una gran noticia es la solución que se generó para el plazo excepcional pactable entre las partes. Hacer que sea exigible solo una vez registrado en un registro público habla de transparentar el comportamiento de pago de los compradores, habla de aumentar las certezas de proveedores de que se les pagará a tiempo y habla de equiparar el poder de negociación de pequeñas, medianas y grandes empresas.

Así, letra que había sido ampliamente catalogada como muerta, revive, y es un medio eficaz para generar crecimiento en nuestras pymes y en nuestros emprendedores.

En la misma línea de la transparencia, si bien no es parte del proyecto de ley, me alegra la información que dio el ministro Valente a la comisión de que la deuda morosa a proveedores deberá ser considerada en los estados financieros como deuda financiera. Mayor certeza habrá para proveedores sobre la capacidad de pago de sus compradores, y mayor control y conocimiento tendrán los accionistas o socios minoritarios sobre la gestión de sus empresas.

Pero, sobre todo, esta iniciativa es una gran medida, porque si bien acorta los plazos para que ocurra el pago, también es capaz de atender las particularidades y necesidades de distintas industrias, en especial la agrícola, la frutícola y la ganadera, fuentes gigantescas de empleo y de crecimiento para el país, las cuales requieren, por su naturaleza, de mayor flexibilidad.

Me enorgullece este proyecto de ley, una iniciativa inteligente, apoyada por los gremios de pequeños y medianos productores, que impulsa a nuestro país a ser una tierra de mejores oportunidades, que crea un mercado más sano y que, en definitiva, otorga mejores condiciones tanto a aquellos que hoy son emprendedores como a quienes en un futuro quieran emprender y hacerse cargo del crecimiento de nuestro país.

Solo pido al señor ministro que busque las formas de acelerar el estudio comprometido al Servicio de Impuestos Internos para que así el IVA de una factura pueda ser aprovechado como crédito solo en el caso de que el monto señalado en la factura haya sido pagado. Con esto, los objetivos de esta futura ley estarán ciento por ciento cumplidos.

Muchas gracias, ministro; muchas gracias a todos los diputados que van a votar a favor no solo de este proyecto de ley, sino también del emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, como indiqué en su oportunidad, nos encontramos en presencia de una de las buenas iniciativas promovidas por el gobierno del Presidente Piñera en cuanto a la protección de los derechos e intereses de millones de chilenos, particularmente de nuestra clase media, cada día más próspera y más emergente.

Por lo mismo, no cabe duda de que la iniciativa privada requiere de normas jurídicas y políticas adecuadas, a fin de dar a nuestros compatriotas las condiciones necesarias para un mejor desarrollo, lo que evidentemente redundará en un mejor porvenir para los trabajadores y sus familias, lo que constituye un círculo virtuoso, que siempre es deseable en economías como la nuestra.

En cuanto a las transformaciones que ha experimentado, desde su presentación hasta hoy, este proyecto, próximo a su sanción legislativa, podemos mencionar los siguientes tópicos:

1.Existencia de un plazo general de pago que será de 30 días a contar del mes 25 de publicada la correspondiente ley. Así, hasta el mes 24, el plazo será de 60 días, sin perjuicio de los plazos excepcionales de pago descritos en el proyecto y bajo las modalidades allí consignadas.

2.Existencia de comisiones moratorias. Además de intereses corrientes en caso de mora, se establece el pago de una comisión fija por recuperación de pagos, equivalente a 1 por ciento del saldo insoluto adeudado.

3.En materia de plazo aplicable al sector público, se establecen 30 días corridos y se podrá establecer un plazo de pago de hasta 60 días en caso de licitación o contratos.

4.Además, el Servicio de Impuestos Internos deberá emitir un informe, en el plazo máximo de un año desde la publicación de la ley, que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del IVA en el período tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura.

Estas y otras menciones son incorporadas al proyecto, situación que hace de esta iniciativa una propuesta racional, sensata y apegada a los tiempos y circunstancias que vivimos.

Sin duda, nos encontramos ante una gran noticia para millones de personas a lo largo de Chile, quizá una de las mejores noticias del año, cuyas repercusiones dicen relación con el Chile de los próximos años y décadas.

Esperamos que esta futura norma constituya el cambio de conciencia e instale no solo la cultura del pago oportuno, sino también en nuestras relaciones económicas y comerciales la ley de la buena fe y de las buenas prácticas, en beneficio de Chile y de todos los chilenos.

Por todo lo anterior, agradezco y felicito a los señores ministro y subsecretario de Economía por el esfuerzo y perseverancia para sacar adelante la iniciativa, que en pocos minutos será despachada para convertirse en ley de la república, porque se lo van a agradecer cientos de miles de chilenos.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, este es un proyecto largamente discutido, anhelado y que ha generado muchas expectativas en la opinión pública, a través de los medios de comunicación, pero principalmente en el mundo pyme, de la pequeña y mediana empresa.

Todos sabemos de la importancia, desde el punto de vista económico, de este sector, pero, sobre todo, de la creación de empleos de calidad que generan las pymes para el país. Obviamente, el acceso al capital es condición sine qua non o el corazón del negocio para que este tenga robustez y viabilidad desde el punto de vista económico, y sostenibilidad en términos de su crecimiento. Desgraciadamente, el talón de Aquiles de nuestra economía estaba dado por el hecho de que las grandes empresas, en condiciones bastante asimétricas, muchas veces jugaban con el capital de nuestros emprendedores, lo que se traducía en no pagar los costos, en generar dilación excesiva respecto de los pagos. Esta iniciativa, de alguna manera, viene a corregir todo aquello.

En verdad, hemos seguido atentamente el debate. Obviamente, en una comisión mixta se está frente al dilema de aprobar o rechazar el proyecto. Muchas veces, como decía Di Lampedusa en El Gatopardo, es mucho más fácil ponerse en las antípodas de la discusión para que no haya ningún cambio. Hace poco tiempo fuimos parte del gobierno y nos hubiese gustado avanzar con mayor celeridad en esta materia.

Qué duda cabe que nosotros, de manera responsable, apoyaremos la propuesta, en el entendido de que en una Comisión Mixta se puede votar a favor o en contra. Pero, en el debate en esa instancia, presentamos indicaciones para, por ejemplo, reponer la alternativa del crédito IVA, que, a nuestro juicio, en términos de apalancamiento, desde el punto de vista fiscal, es un esfuerzo respecto del cual aún está al debe no solo el Servicio de Impuestos Internos, sino también el gobierno.

En ese sentido, hay un compromiso de un año respecto del estudio que debe evacuar dicho servicio. En esta materia esperábamos más. Por eso, en la comisión mixta, junto con la senadora Rincón propusimos reponer esta iniciativa.

Al respecto, el gobierno señaló que el fisco no estaba disponible en esta materia. Creo que esta es una de las “patas cojas”, porque, de alguna manera, el proyecto queda trunco si ello no se incorpora. No obstante lo anterior, sentimos que, con todo, se delimitará la cancha y será una herramienta que incorporará elementos que generarán una mayor asimetría desde el punto de vista de las condiciones entre grandes y pequeñas empresas.

También se incorpora, lo cual no se hizo en la Cámara de Diputados, el interés moratorio, lo que, en nuestra opinión, también es un avance que incorporó la comisión mixta.

Además, a la hora de sincerar la deuda que había con terceros, la cual no se reflejaba en los balances, ello será obligatorio respecto de todas las empresas. Sin duda, uno de los elementos centrales que uno conoce desde el punto de vista del endeudamiento para acceder al capital y negociar la tasa de interés es conocer el perfil de deuda mediante el Ebitda de dicha empresa. La salud de la empresa está dada justamente si se refleja o no en el balance. Creo que aquí también se gana de manera importante en esta materia.

Lo mismo ocurre con el tema de las condiciones, que también discutimos en la comisión mixta, respecto de la posibilidad de revisar o eliminar todo pacto en contrario. Consideramos que las condiciones son bastante restrictivas al incorporar este registro de carácter obligatorio, pero lo más importante es establecer un plazo. En ese sentido, así como ocurre en materia tributaria, si se mal utiliza o se abusa de esta norma, no el Servicio de Impuestos Internos, sino el propio ministro que se encuentra presente en la Sala -me gustaría que se refiriera al punto a la hora de intervenir en nombre del Ejecutivo- señaló claramente que, frente a condiciones de uso, la norma quedará derogada en el estudio que se comprometió a realizar el respectivo servicio.

En consecuencia, aprobaremos las proposiciones, en el entendido de que este año también es de estudio de la norma. Pero qué duda cabe que el mundo de las pymes, los pequeños y medianos empresarios y emprendedores, se verán fortalecidos con el proyecto.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, cuando empezamos a analizar este proyecto en la Sala, recordé una discusión que tuvimos hace como 15 años en la Cámara de Diputados, época en que integré una comisión en la que se analizó la situación de las pymes. Lo señalo porque hoy estamos exactamente frente al mismo problema: el autocrédito que se otorgan las grandes empresas respecto de sus proveedores y que estas pagan cuando quieren.

Cuando leí el texto y vi el título del proyecto, relativo al establecimiento del pago a treinta días, sentí que por fin se trataría la materia. Ahora que he vuelto a ser parlamentario por mi región, he visto el peregrinar de pequeños empresarios abusados semana tras semana por las grandes compañías mineras y constructoras, como Interchile, que está construyendo una gran línea de transporte de energía eléctrica. Lo que sucede es que las dueñas de pensiones y los dueños de transportes, entre otros, que constituyen proveedores de distintos niveles y de diferentes áreas productivas, están esperando sus pagos desde hace más de un año. Señalo el caso de Interchile, porque fue una situación que implicó a decenas de pequeños empresarios de Atacama, los cuales están financiando a las grandes empresas. Por eso me entusiasmó este proyecto, porque pensé que al fin teníamos una solución. Pero la verdad es que esta iniciativa tiene mucha letra chica.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al ministro que no me atrevo a votar a favor. No me atrevo a decir a los pequeños empresarios, con los que me he reunido una y otra vez en Atacama, que ahora tendremos el pago a treinta días, porque eso no es efectivo. Este proyecto no lo garantiza.

Esta iniciativa se desnaturalizó durante su tramitación. Se vulneró la razón de legislar, que era pagar las facturas a treinta días, lo cual no ocurre. Lo que sucederá es que usarán las normas excepcionales, por cuanto estamos hablando de un contrato bilateral, el cual generalmente consiste en consensuar entre un proveedor y una empresa, entre pequeñas y grandes empresas, para proteger, ayudar o emparejar la cancha a las pymes, con el objeto de que no sean abusadas. Nosotros no les estamos otorgando nada. Solo queremos que les paguen, que les den lo suyo, lo que les corresponde, ni más ni menos, porque hoy las grandes empresas no están pagando a los pequeños proveedores. Y eso no se garantiza con este proyecto, porque, sin duda, se usará la norma excepcional.

Esto es lo mismo, y quizá peor, porque después de un proceso legislativo tan largo, visto durante el periodo legislativo anterior y el actual -es decir, esta materia ha sido debatida por el Congreso Nacional en dos periodos-, terminaremos santificando esto, cuestión que no me atrevo a hacer.

En definitiva, no votaré a favor del informe, sino que me abstendré, aun cuando hay dos o tres normas que son un avance, pero lo sustantivo no viene. Incluso, se advierten ciertos errores, puesto que, por ejemplo, se establece que el no pago generará intereses corrientes. ¡Pero eso no es novedad, ya que el pago de dichos intereses se encuentra contemplado en la ley N° 18.010, de 1980! Entonces, no hay ningún avance.

Entiendo que hubo una discusión difícil, pero creo que no corresponde. Si queremos apoyar a las pymes, debemos definir muy bien el tema, más que la entrega de las facturas, pues todos sabemos lo que eso significa para los pequeños y medianos empresarios, pues la pyme tiene que comprar las mercaderías o los implementos que necesita. Es decir, uno compra treinta días antes, luego entrega el producto o presta el servicio y, normalmente, después de un mes entrega la factura. O sea, ya han transcurrido entre 60 y 70 días. Durante estos últimos años, mientras no estuve en el Congreso Nacional, pues tuve una pequeña empresa -a todo esto, me iba muy bien- y he sido proveedor. Cuando uno entrega los productos, las empresas se toman entre diez o quince días para ver si paga o no paga. Normalmente encuentra alguna dificultad y no paga, por lo que ya han transcurrido noventa días. Posteriormente, si hay una disposición, se acogen a la negociación y establecen un plazo distinto.

En términos simples, esto no constituye un avance, y por eso no puedo aprobar las proposiciones. Hay una asimetría que no se corrige, pues la cancha sigue dispareja para las pymes.

Por último, quiero señalar que, en mi opinión, el ministro no está arreglando el problema, pero tampoco lo hizo su antecesor. Hay una cuestión ideológica en el Ministerio de Hacienda desde hace más de veinte años, por cuanto no se atreve a emparejar la cancha, y se mantiene una asimetría injusta entre pequeños y grandes empresarios.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN.-

Señor Presidente, es la tercera vez que me corresponde intervenir en la Sala en relación con este proyecto.

Lamentablemente, el Frente Amplio no logró un cupo en esta Comisión Mixta, dadas las normas que se aplican para su integración. Sin embargo, leí el informe y escuché a los colegas parlamentarios que critican el proyecto y a los que lo apoyan.

Es muy compleja la situación de las cadenas de pago en nuestro país; son un problema no solo en la Región Metropolitana, sino fundamentalmente en el mundo rural agrario, donde es muy importante que existan normas para garantizar a los productores que en una fecha determinada obtendrán el pago de lo que venden.

Los productores de mermeladas de Peñaflor, por ejemplo, venden a supermercados y grandes tiendas, y reciben sus pagos noventa o ciento veinte días después, cuestión que se repite en todo el arco de la periferia metropolitana, donde pequeños productores, de pequeñas pymes, venden a los supermercados y a las grandes tiendas del retail, y reciben sus pagos noventa o ciento veinte días después de entregarlos.

Como dijo mi estimado colega Jaime Mulet , lo que ocurre es que las grandes empresas y las grandes corporaciones supermercadistas se otorgan una especie de autocrédito con los dineros de las pymes y logran rentabilidad financiera con esos dineros.

Efectivamente, puede haber críticas al informe que ha emitido la Comisión Mixta, puede haber razones por las cuales dudar respecto de la aplicación de esta normativa en el futuro; pero nuestra convicción, como bancada, así como expresó el senador Latorre en el Senado, es que debemos aprobar este informe y esperar que esta futura ley logre cambiar la cultura empresarial chilena respecto del pago a las pymes y a los pequeños productores.

No obstante, junto con aprobar el proyecto, hay que dejar claro que se corre un enorme riesgo al permitir los acuerdos excepcionales, los pactos en contrario, pues se pueden transformar en la regla general, y puede ocurrir que esta ley en proyecto, en vez de garantizar el pago oportuno, termine legislando y legalizando el pacto en contrario al pago oportuno.

Para evitar aquello será fundamental el quehacer del Ministerio de Economía y la fiscalización que hagamos los parlamentarios de ese quehacer, en cuanto a controlar que se pague efectivamente en los plazos razonables establecidos por la ley y que no tengamos pactos en contrario que anulen la norma general. Puede ser muy contradictorio que del Congreso Nacional salga una ley que en teoría garantice el pago oportuno, pero que en realidad termine legalizando el pacto en contrario al pago oportuno, porque las grandes corporaciones, los grandes supermercados utilizan su asimetría, su poder negociador, para ir reduciendo las posibilidades de las pymes, de modo que aquella que se niegue al pacto en contrario del pago oportuno, perfectamente puede ser excluida de la cadena de productores y distribuidores de los supermercados.

Entonces, ¿qué hacer para impedir que se utilice el poder asimétrico de las grandes corporaciones en contra de las pymes? Esta es una pregunta muy difícil de responder, y creo que recorrerá los cuatro años de gestión -ojalá así sea- del ministro Valente en la cartera de Economía.

En el fondo, se trata de determinar qué hacer para que la actual situación de asimetría comercial entre las pymes y las grandes corporaciones se equilibre, así como también reducir los costos de transacción en los trámites que deben realizar las pymes y las personas naturales que invierten en el país.

Vuelvo a la idea central: el Frente Amplio fue excluido de esta Comisión Mixta, lamentablemente, por las normas de integración que aplica esta Corporación, pero hemos participado en este debate y hemos dado nuestra opinión en varios foros, en varias instancias, respecto de lo importante que es legislar para ir corrigiendo la cadena de pago en la economía nacional.

Lamento que en esta Sala semivacía, que se encuentra funcionando con menos de un tercio de los parlamentarios que la integran, no pueda darse un debate más informado, más profundo, respecto de la cadena de pago en Chile. Con todo, esta bancada va a aprobar el informe de la Comisión Mixta; vamos a seguir la recomendación que hizo el senador Latorre en el Senado de la república, y esperamos que, junto con esta futura ley, venga también -reitero- la fiscalización del Ministerio de Economía y la de nosotros, como parlamentarios, para que el pago oportuno sea una realidad y para que las excepciones no se vuelvan la regla general.

He dicho.

-Aplausos.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO.-

Señor Presidente, felicito al Presidente Sebastián Piñera y a su ministro, porque colocaron la urgencia necesaria para que este proyecto pudiera salir adelante.

Esta es una iniciativa legislativa de parlamentarios, de senadores, y le quiero recordar al diputado Naranjo que se presentó en 2016, cuando gobernaba su conglomerado político, que no le puso la urgencia necesaria para sacarla adelante en el tiempo preciso y con la máxima garantía, no obstante que tenían mayoría parlamentaria en ambas cámaras.

Por lo tanto, ya no es tiempo para llorar. Lo que sí hay que hacer es seguir adelante en estos meses que restan para terminar este primer año de colocación de esta ley, una ley que pondrá amarras en un mercado que en estos momentos es selvático, donde los pequeños sufren ante los grandes proveedores, que les imponen cláusulas demasiado abusivas en los contratos que suscriben.

¿Qué viene a hacer este proyecto? Viene a colocar lo justo, el acento donde debe estar: el pago a treinta días a aquellos productores que responden.

También quiero decir a los pequeños productores y a las personas que están en contra de aprobarlo, que este proyecto protegerá a aquellos pequeños productores que deben pagar a las grandes empresas por la producción que realizan. Me expreso mejor: un productor agrícola que saca sus insumos en distintos lugares, a veces no los puede pagar a treinta días, sino a sesenta, noventa, ciento veinte días, o a la cosecha. Por lo tanto, ¿qué hacemos con ese pequeño? Lo hacemos quebrar si es que en principio lo obligamos a ajustarse a los treinta días. Debe haber un proceso que le permita entrar en el sistema.

Lo mismo ocurre con aquel pequeño productor que hace muebles y va a una gran tienda y le pide crédito para poder empezar a producir. Tenemos que darles espacios para que puedan generar lo que corresponde.

Por lo tanto, lo felicito, ministro; siga adelante. Esperamos que en un año más podamos tener la evaluación perfecta y que el crédito del IVA sea un elemento que incentive a pagar antes a las pequeñas empresas.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, voy a iniciar mi intervención haciendo un poco de historia respecto de este proyecto de ley.

Cuando iniciamos el funcionamiento de la actual Comisión de Economía, el primer proyecto que pusimos en tabla fue este. Estamos en diciembre, así es que somos testigos de cómo se ha dilatado su tramitación, de cómo se ha generado la conversación. Hemos tenido problemas, sí; pero también hemos encontrado caminos de acuerdo.

Aquí nos recordaron que el proyecto partió con el nombre de “pronto pago”, que después pasó a “pago oportuno” y que finalmente quedó como “pago a 30 días”.

Tanto aquí, en la Sala, como en la comisión, varios diputados, incluidos algunos que ya intervinieron en este debate, fuimos muy categóricos en aclarar que no debía existir la norma del pacto por mutuo acuerdo, porque con eso se rompería el pago a treinta días, que es la esencia de este proyecto. Perdimos en la comisión, así es que trajimos la indicación a la Sala, donde logramos echar abajo la disposición respectiva. Luego, el proyecto pasó a la Comisión Mixta, donde, como expresó el diputado Renato Garín , debiese haber representación de todos los sectores; pero ninguno de los dos diputados del Frente Amplio que formamos parte de la Comisión de Economía pudimos integrarla y dar a conocer nuestra opinión.

Lamentablemente, en la Comisión Mixta volvió a instalarse el mutuo acuerdo. No obstante, no creo que haya que actuar de mala fe, pensando en que todo se va a hacer mal, sino en que esto ayudará o que podría ayudar. De hecho, desde la convicción de que no se podía, doy mi brazo a torcer en ese sentido y acepto que pueda existir el mutuo acuerdo para establecer un plazo mayor a treinta días. Lo hago, y retrocedo un poco mi postura, porque habrá un registro.

Confío en que dicho registro, en el cual estarán adecuadamente inscritos los que estén haciendo eso, nos ayudará a saber quiénes piden prórrogas de plazos, porque no lo tenemos muy claro.

¿Queremos acabar con la asimetría entre grandes y chicos? Sí, queremos hacerlo; pero debemos tener claro que esas solicitudes de plazos también ocurren entre chicos. En este punto, recojo lo que me dijeron pequeños emprendedores con los que me reuní en la Región de Los Lagos, en cuanto a considerar también esa situación.

En el Partido Liberal estaremos siempre a favor del emprendimiento y de las pymes. Si rechazamos el informe de la Comisión Mixta sobre este proyecto, no tendremos nada. Lo importante es dar un paso, aunque sea pequeño. Las pymes ya han dado a conocer su pensamiento en comisiones.

Estaremos muy atentos a que el proceso de inscripción se cumpla, de manera que podamos verificar quiénes hacen esos acuerdos. Lo ideal sería dar pronto el segundo paso, que es el pago a treinta días.

Por lo tanto, hacemos un llamado a apoyar a las pymes y a aprobar otros proyectos sobre esta materia en la comisión. Estaremos muy atentos a lo que pase con este proyecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece pago a treinta días.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 1 abstención.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; CruzCoke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; González Gatica, Félix ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia, Paulina ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos , Patricio ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barrera Moreno, Boris ; Cariola Oliva, Karol ; Castro González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Díaz Díaz, Marcelo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hertz Cádiz, Carmen ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Monsalve Benavides, Manuel ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Rocafull López, Luis ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime .

-Se abstuvo el diputado señor Mulet Martínez, Jaime .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Despachado el proyecto.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Corresponde continuar la discusión de las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en las condiciones que indica.

De conformidad a los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, los discursos de los diputados inscritos serán de cuatro minutos.

Antecedentes

-El debate sobre las modificaciones del Senado se iniciaron en la sesión 115ª de la presente legislatura, en 18 de diciembre de 2018.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, nuestra Constitución, la ley y múltiples tratados internacionales establecen que las diferencias injustificadas respecto de personas, ya sean hombres o mujeres, que se encuentran en idénticas situaciones importan una discriminación totalmente arbitraria.

Este proyecto de ley, del cual soy coautor, viene a modificar una arbitrariedad permitida por la ley y extiende los derechos contemplados en el Código Laboral a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

Por otro lado, viene a ser un eslabón más de lo que, en conjunto con el Ejecutivo, hemos venido trabajando, en el sentido de proteger el núcleo central de nuestra sociedad, que es la familia, y, como consecuencia de ello, la maternidad y el interés superior del niño.

Hoy en día es una realidad el hecho de que existe un gran número de madres trabajadoras, y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública hoy no son la excepción a esa realidad, ya que hemos podido constatar un aumento vertiginoso de la presencia femenina en la institucionalidad.

En definitiva, este es un tremendo paso en el reconocimiento y en la igualdad de derechos, de lo cual nuestras instituciones castrenses y las mujeres que la integran no podían seguir al margen.

Apoyo completamente este proyecto de ley.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Virginia Troncoso .

La señora TRONCOSO (doña Virginia).-

Señor Presidente, nuestra patria está en deuda con todos los talentos jóvenes que deciden con valentía entregar su vida por el país, pero, sin lugar a duda, las mujeres que sirven a la seguridad del país tienen un doble reconocimiento, porque, muchas veces, se postergan como madres al no contar con todas las garantías del Código del Trabajo en términos de fuero maternal. Reitero: estamos en deuda.

La maternidad no puede ser un privilegio. Se requiere de fuero maternal para las funcionarias de las fuerzas Armadas, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Es de toda y plena justicia extender el beneficio del derecho al fuero maternal.

Invito a todos en la Sala a apoyar el presente proyecto de ley, ya que permite equiparar la balanza en materia de igualdad de derechos y otorgar una clara protección, sin distinguir el tipo de función, servicio o labor que se presta.

Con mucha energía anuncio mi voto favorable a la iniciativa.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Sabat .

La señora SABAT (doña Marcela).-

Señor Presidente, estoy particularmente emocionada por ser autora de este proyecto y porque hoy estemos analizándolo en tercer trámite constitucional. Es un proyecto que, estoy segura, nadie podría negarse a votarlo a favor, porque estamos marcando un antes y un después en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres en Chile, de las madres y, particularmente, de las mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.

¿Por qué digo eso? Porque en 2015 conocimos el caso de Andrea Neira , una mujer que fue dada de baja cuando su hijo tenía 4 meses. Se esgrimen fundamentos que tienen que ver con la salud, con una comisión médica que pasaba por alto la maternidad y el fuero maternal, derecho que se supone universal. Bueno, junto con ese caso, conocimos muchísimos otros más.

Gracias a que tenemos un gobierno decidido en esta materia, a la primera dama Cecilia Morel y al general Soto , esas mujeres pudieron volver a sus instituciones. Quienes tomaron esas decisiones se dieron cuenta de que se habían equivocado, de que habían pasado a llevar un derecho tan importante como el fuero maternal. Lamentablemente, hubo muchas resoluciones emanadas de la Contraloría que desestimaban el fuero maternal por considerar que, al tener estatutos propios, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile no podían regirse por el Código del Trabajo y por las normas que establecen ese derecho.

Por lo tanto, lo que hace esta normativa es justamente corregir eso y no dejar nunca más en duda que una mujer funcionaria de las Fuerzas Armadas también tiene derecho al fuero maternal. Insisto: se trata de un derecho universal que a ninguna madre se le puede negar.

Agradezco el apoyo transversal que ha tenido la iniciativa. Creo que con esto estamos avanzando y dejamos este problema, que no debiese estar sucediendo en este siglo, en el pasado.

Hago un llamado a aprobar en forma unánime el proyecto y a avanzar en todos los derechos en los que lamentablemente hoy vemos que existe discriminación o algún problema.

Gracias, señor Presidente, por convocar a esta instancia. El trabajo puede seguir ahondando en esta misma línea, pero lo más importante es recalcar que lo que estamos haciendo es no discriminar a ninguna mujer por ser madre.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Me parece absolutamente razonable. ¿Habría acuerdo respecto de lo planteado por el diputado Castro?

Acordado.

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans.

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Señor Presidente, la Cámara despachó un texto que introducía modificaciones al Código del Trabajo como norma genérica, donde se encuentra regulado el fuero maternal en nuestra legislación.

Ese texto incorporó al estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, al estatuto del personal de Carabineros y al estatuto del personal de la Policía de Investigaciones, en todos ellos, la referencia expresa de la procedencia del fuero maternal. Es decir, primero, se hacía la modificación en el Código del Trabajo como referencia genérica y, luego, en los estatutos específicos, como referencia expresa para que fuesen complementarios.

Sin embargo, el proyecto acaba de ser devuelto por la Cámara revisora, donde se suprimió el artículo 1, que introducía las modificaciones al Código del Trabajo, dejando en el proyecto solo las normas que introducen las modificaciones a los estatutos especiales, en virtud de la opinión del senador Pedro Araya , quien estimó que la norma incluida en el Código del Trabajo podría abrir la puerta para que se judicializaran conflictos en las Fuerzas Armadas ante los tribunales laborales, argumento que me parece a todas luces insuficiente, puesto que excluye de la protección del fuero a trabajadoras del personal civil de las Fuerzas Armadas o a aquellas que se encuentran en un régimen laboral distinto al estatuto del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Por eso la importancia de que también quede establecido en el Código del Trabajo.

Incluso, en las sesiones de la comisión, varios expertos, entre los cuales se encuentra el contralor general de la República, sostuvieron que era deseable que aquella norma fuera incluida en el Código del Trabajo, ya que en aquella materia puntual la expertise la tienen los tribunales del trabajo, y no otros tribunales, por lo que incluso es mejor que aquellos conozcan de esos procedimientos cuando existan irregularidades.

Aquí existe una diferencia sustancial con lo aprobado por esta Cámara, donde efectivamente reconocimos el derecho a fuero maternal para todas las mujeres que estuviesen trabajando en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el Senado introdujo esa modificación que nos deja en una disyuntiva.

Por eso, solicitaremos votación separada de dicha modificación, para que volvamos al proyecto que inicialmente había sido despachado por esta Cámara, de manera de resguardar a todas las mujeres que son parte de las Fuerzas Armadas y permitir que realmente se les reconozca el fuero maternal sin distinción.

Además, queremos tener la garantía de que en un tribunal laboral realmente va a ser reconocido este derecho, porque hemos visto -y por eso fue iniciado este proyecto de ley- que en los tribunales especiales de orden militar no ha sido reconocido, razón por la cual tenemos que resguardarlo.

Por lo tanto, pido a los colegas rechazar esta modificación realizada por el Senado, cuya votación separada vamos a solicitar, para poder resguardar el derecho de las mujeres.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, estamos debatiendo el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, específicamente en su artículo 201.

Como se ha dicho, este proyecto tiene su origen en una situación extraordinariamente anómala y condenable, que mereció el rechazo de prácticamente toda la ciudadanía y que, por cierto, hizo eco en la Cámara de Diputados.

No puede ser que la teniente de Carabineros Andrea Neira, que a la sazón padecía una lesión de cadera absolutamente temporal, haya sido desvinculada de su trabajo en momentos en que estaba embarazada. Es decir, incapacitada para el servicio, con una lesión de cadera y embarazada: ¡a la calle!

Esa tremenda injusticia motivó que este proyecto de ley se pusiera en discusión en esta honorable Cámara de Diputados.

El artículo 201 del Código del Trabajo hace extensivo el fuero maternal a los funcionarios y las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

En el caso de enfermedades incurables o curables, que imposibiliten temporalmente la realización del trabajo o servicio, la desvinculación debe tener lugar, incluso, una vez que haya expirado el fuero maternal.

Entonces, ¿qué ocurre con este proyecto de ley? En la actualidad, hay madres y madres: mujeres que sí tienen derecho al descanso o al fuero y mujeres que tienen en sus vientres la vida y pertenecen a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que no tienen el derecho de igualdad ante la ley.

Esta irregularidad, esta injusticia, se subsanará con este proyecto de ley, porque no habrá distinción alguna entre el hijo de una mujer y el hijo de otra mujer. Todos merecen la misma atención por parte de la sociedad. Las mujeres, con mayor razón, tienen derecho a este fuero que les permite atender como corresponde su embarazo y a esa criatura que ha venido al mundo para ser cuidada y no discriminada, como sucede hasta ahora en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

En razón de lo anterior, la bancada del Partido Radical concurrirá con su voto a favor para aprobar este proyecto de ley que viene a poner justicia en otra de las injusticias que desgraciadamente existente en Chile hasta el día de hoy.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción porque hoy se hace justicia con una parte de las mujeres de este país. Digo con parte de las mujeres del país, porque el Ejecutivo y los parlamentarios de turno siempre legislamos mirando al mundo civil.

Pareciera que el mundo militar nos asusta, porque muchas veces dejamos a un lado temas que creemos que no deben considerarse o que pueden ser objeto de sensibilidades distintas.

Por ejemplo, cada verano hay carabineros, hombres y mujeres, que dirigen el tránsito con un calor que sobrepasa los 35 o 40 grados en localidades como las que represento, hasta altas horas de la noche. Sin embargo, como las mujeres que integran las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad están regidas por leyes completamente distintas, no tienen derecho, como se dice vulgarmente, a decir ni “pío”, y deben estar bajo las órdenes de la autoridad de turno: del capitán, del teniente, del coronel, etcétera.

Eso hace que muchas veces nos encontremos con que, luego de la ocurrencia de un hecho, inmediatamente aparezca el oficial mayor de carabineros y diga: “Se ha dado baja a dos o tres carabineros”, sin ninguna explicación. Eso ha ocurrido con las mujeres en este país.

Nos alegramos de lo que significa reconocer en todas las mujeres el fuero maternal. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la modificación introducida por el Senado.

Por eso, llamo a todos mis colegas en general a que la votemos en forma separada, de modo de lograr que definitivamente todas las mujeres de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones tengan derecho al fuero maternal. Lo que se señaló en el Senado en términos de que la inclusión de la norma en el Código del Trabajo podría abrir la puerta a que litigios del mundo militar se judicialicen en el mundo civil es una insensatez. El mejor resguardo que tienen las mujeres es poder recurrir a los tribunales, sean estos laborales o civiles. Esa es la única forma de lograr equidad en las mujeres.

Por eso, hago un llamado a mis colegas varones, pero especialmente a las honorables diputadas a que concurran a votar en forma separada la modificación del Senado, de modo que no se continúe discriminando a aquellas mujeres que hoy ofrecen un tremendo servicio a nuestro país.

Vaya nuestro reconocimiento a todas las mujeres de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, que cada día con su esfuerzo nos entregan horas de tranquilidad, lo que nos permite vivir en un país tranquilo. A cambio de ello, muchas veces esas funcionarias dejan sus hogares, con bajos sueldos, sin horas extraordinarias y sin bonos en Navidad, en Año Nuevo o en verano. Por eso, merecen el reconocimiento de todos los presentes.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señorita Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, tal como lo dijimos en el primer trámite constitucional, es muy difícil no respaldar este proyecto, originado en moción.

Saludamos la iniciativa de los diputados y las diputadas autores del proyecto, porque hemos conocido situaciones complejas, arbitrarias e injustas en relación con las trabajadoras de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Particularmente hace un tiempo conocimos el caso de una carabinera que fue injustamente destituida de la institución, fue dada de baja, en virtud de ciertas órdenes que nos parecen incongruentes con la realidad.

El hecho de que una mujer tome la decisión de llevar adelante una labor pública, sea cual fuere, en las Fuerzas Armadas, en las de Orden y Seguridad Pública, en el Parlamento o en otras entidades, no puede ser impedimento alguno para que ejerza la labor de maternidad. Esa es una decisión personal, es una decisión que toma cada una de nosotras; cada persona tiene la posibilidad de decidir.

Hemos dicho muchas veces que la maternidad es una opción que las mujeres tenemos la posibilidad de elegir y por la cual podemos tener el resguardo de que nuestras fuentes laborales serán protegidas. El Código del Trabajo establece el fuero materno en su artículo 201. Se trata de una protección que se entrega a la mujer trabajadora embarazada a fin de que tenga cierta estabilidad y permanencia en su relación laboral. La iniciativa se presenta precisamente en la búsqueda de que no se vulnere ese derecho, que además fue un triunfo tremendamente importante en la historia de los trabajadores y trabajadoras.

Sabemos -quiero hacer un punto al respecto- que este debate también debería ampliarse a la posibilidad de que el fuero laboral se extienda para los padres y no solo para las madres, porque hemos apelado a que la corresponsabilidad en la crianza también se encarne y se demuestre a través de las leyes que protegen la paternidad y la maternidad. Hoy, el fuero paternal solamente se puede ejercer siempre y cuando el padre haya tomado algunos de los días que el posnatal le permite. Pero sabemos que eso, en relación con el cuidado del recién nacido, del menor, durante los primeros días de vida, no se corresponde con la necesidad o con la realidad de la corresponsabilidad en la crianza, sino que más bien pasa a ser un elemento testimonial y simbólico.

Por eso, hemos elaborado un proyecto de ley, que esperamos que sea tramitado prontamente, que busca extender e igualar el fuero maternal -que hoy existe- a los padres trabajadores. Además, el embarazo ha sido una causa de discriminación para las mujeres en el ámbito laboral: nos discriminan para la contratación en un trabajo producto de aquello.

Pero más allá de eso, y para no desviar la atención de esta discusión, por supuesto que creemos justa la modificación legal que propone el proyecto, de ampliar el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Nos llama la atención la modificación que hizo el Senado en orden a no incorporar esta normativa en el Código del Trabajo, como se establecía en el proyecto original, y consagrarla en el estatuto particular de esas instituciones.

No obstante, creemos que de todas formas se cumple el objetivo. Por eso, vamos a concurrir a lograr que el proyecto se convierta en ley de la república lo antes posible, porque lamentablemente una comisión mixta no nos garantiza nada al respecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley, que hace aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, es un avance muy importante para consagrar este derecho de manera completa y eficiente. Sin duda, el Senado perfecciona y sitúa el derecho de fuero maternal donde tiene que estar consagrado.

Hasta el día de hoy, en la discusión que tuvimos sobre la iniciativa en la Comisión de Trabajo, dicha protección se había visto relativizada por algunos casos especiales que conocimos, que han sido mencionados por la diputada Marcela Sabat y por otros parlamentarios, y que generaron esta iniciativa.

Por lo mismo, quiero ser muy categórico y muy claro, para despejar toda posible duda en la Cámara, en el sentido de que todas las mujeres, tanto las uniformadas como las que conforman el personal civil de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, quedan con total protección en materia de fuero maternal.

La diputada Gael Yeomans , creo que por una incomprensión de la norma, no aprecia que el personal civil que trabaja en las Fuerzas Armadas tiene esta protección, porque ellas están regidas por el Código del Trabajo. No hay desprotección alguna. Por el contrario, la tienen y la han tenido siempre, y la mantienen.

Lo nuevo que dispone esta iniciativa dice relación con el personal uniformado, y lo consagra donde tiene que estar establecido, que es en los estatutos de las Fuerzas Armadas.

Por consiguiente, podemos, con total confianza, votar favorablemente el proyecto, porque no va a quedar nadie excluido. Es más, la Contraloría no podrá volver a confirmar desvinculaciones argumentando que la ley lo permite, como ocurrió en el caso polémico que generó esta iniciativa. Ello también queda perfectamente corregido.

Las modificaciones a los estatutos del personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones que introduce esta iniciativa tienen por objeto prohibir el retiro de dicho personal durante el período del fuero maternal, reconociendo explícitamente el derecho a fuero contemplado en el artículo 201 del Código del Trabajo.

Por consiguiente, el proyecto reconoce el derecho al fuero a todas las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública regidas por su estatuto del personal. El proyecto alude específicamente a las funcionarias que tienen esa categoría, que pueden ser desvinculadas por motivos de salud y cuyo fuero no se respeta en esos casos.

Por su parte, como señalé, el personal civil, que está regido por el Código del Trabajo o por el Estatuto Administrativo, ya estaba legalmente protegido desde antes.

Por tanto, en esa materia no se innova. Se equipara la cancha con las mujeres que se encuentran contratadas bajo el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo, que ya están protegidas por el fuero y que tienen también la protección en esta materia. Me refiero al personal uniformado.

En consecuencia, es técnica y sustantivamente correcto aprobar las modificaciones introducidas por el Senado.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señora Presidente, este proyecto, que fue discutido en la Comisión de Trabajo, hace justicia a casos lamentables que ya se han expuesto en la Sala, como el de Andrea Neira , teniente de Carabineros de Chile que fue dada de baja cuando su hijo tenía cuatro meses de vida. Después se sumaron otros casos, como el de la sargento 2° Romina Zepeda y de otras carabineras que estaban en servicio activo.

Lo más irrisorio de este proceso fue la respuesta que dio la institución cuando se desvinculó a estas funcionarias. Se defendió señalando que no tendría la obligación de regirse por la ley al tener su propio reglamento en el que se establece que la institución tiene las facultades para poner término a las funciones de un uniformado en caso de existir imposibilidad física.

Justamente, este proyecto garantiza los derechos de la maternidad, que deben quedar establecidos de manera expresa.

Sin embargo, me llama la atención y me preocupa lo señalado por la diputada Yeomans , porque si se señalan estas dudas que vienen desde el Senado, se pone en tela de juicio el trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo.

Soy partidario de que quede expresamente señalado, para que no queden dudas respecto de los derechos que tienen todas las madres de Chile, independientemente de la institución en la cual trabajen, como también lo relativo al cuidado de un hijo enfermo.

En general, estamos ante una buena iniciativa que hace justicia a las mujeres de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

En definitiva, propongo revisar las modificaciones introducidas por el Senado, porque no quiero que tengamos errores al legislar y que terminemos afectando el derecho de maternidad y de cuidado de los hijos que tiene toda mujer de Chile.

He dicho.