Labor Parlamentaria

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos policiales, de persecución criminal y de inteligencia en torno a la supuesta existencia de pruebas falsas en el marco de la denominada “Operación Huracán”.

De conformidad con los acuerdos de Comités, se destinarán diez minutos para rendir el informe y una hora para el debate del mismo, distribuida proporcionalmente según los siguientes tiempos: Comité Renovación Nacional, 13,56 minutos; Comité Unión Demócrata Independiente, 11,37 minutos; Comité Partido Socialista, 7,21 minutos; Comité Demócrata Cristiano, 5,25 minutos; Comité Partido Revolución Democrática, 4,39 minutos; Comité Partido Comunista-Progresista, 3,29 minutos; Comité Partido Radical Social Demócrata, 3,06 minutos; Comité Partido por la Democracia, 3,06 minutos; Comité Mixto Humanista, Liberal, Poder, Ecologista Verde , 3,06 minutos; Comité Partido Evolución Política, 2,19 minutos, y Comité Federación Regionalista Verde Social-Independientes, 1,56 minutos.

Diputada informante de la comisión especial investigadora es la señora Andrea Parra .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos policiales, de persecución criminal y de inteligencia relativa a supuesta pruebas falsas en la denominada “Operación Huracán” (CEI 1), sesión 94ª, de la presente legislatura, en 6 de noviembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 32.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora PARRA, doña Andrea (de pie).-

Señor Presidente, cumplo con rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora referida a la actuación de los organismos policiales, de persecución criminal y de inteligencia en torno a la supuesta existencia de pruebas falsas en el marco de la denominada “operación Huracán”.

La comisión mencionada cumple con emitir su informe -según la competencia que le fuera asignada por acuerdo de la Cámara de Diputados-, planteando las conclusiones y recomendaciones que al final se consignan.

La integración de esta comisión, la asistencia, intervenciones y documentación complementaria se encuentran publicadas en el sitio web de la Cámara de Diputados.

Conclusiones y proposiciones aprobadas por la comisión

A continuación leeré una versión resumida de todas conclusiones y recomendaciones aprobadas por esta comisión especial investigadora. El texto íntegro está a disposición de todos en el informe evacuado.

Conclusiones

1. Respecto del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado de Chile:

Desde un punto de vista jurídico, la comisión concluye que funcionarios de Carabineros de Chile extralimitaron el ejercicio de sus funciones, haciendo uso indebido de las facultades entregadas por la ley de inteligencia, lo que permitió la introducción de evidencia dentro del proceso penal que, según lo establecido por las investigaciones judiciales en curso, a todas luces no cumplían con los estándares mínimos de juridicidad y protección de garantías constitucionales. Es el Ministerio Público quien tiene la facultad exclusiva y excluyente de la persecución penal y, en función a esa facultad, ordena la realización de ciertas diligencias a Carabineros de Chile, sin que esta institución tenga una actuación autónoma ni independiente.

Esta comisión concluye que los hechos investigados tienen su origen en la falta de control externo e interno de las direcciones de inteligencia que posee cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

Es fundamental que se entienda y se profundice el principio de que la exclusividad de la investigación penal, por mandato constitucional, le corresponde al Ministerio Público. No cabe confundir las tareas de inteligencia con la investigación en el proceso penal.

Esta conclusión fue aprobada en forma unánime.

2. Respecto de la responsabilidad institucional de Carabineros de Chile:

A juicio de la comisión, resulta de extrema gravedad que Carabineros de Chile haya impedido, mediante el acuartelamiento de su personal, el allanamiento instruido por el Ministerio Público de las dependencias de la Unidad de Inteligencia de Carabineros de Temuco.

Aún cuando algunos exfuncionarios de Carabineros de Chile aseguraron ante la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que no hubo implantación de pruebas en la denominada “Operación Huracán”, el Ministerio Público determinó, con el cierre de la investigación judicial, que existió una eventual manipulación de la evidencia que originó la detención y posterior formalización de una serie de personas absolutamente inocentes.

La comisión concluye, en virtud de antecedentes de público conocimiento y elementos vertidos en las sesiones, que Carabineros de Chile llevó adelante intervenciones telefónicas desde, a lo menos, el 1 de agosto del 2017, es decir, en un período en que no se encontraba expedida la autorización judicial correspondiente.

En consecuencia, es del todo evidente que los procedimientos especiales de obtención de información realizados antes de la autorización judicial por funcionarios de la Unidad Operativa de Inteligencia de Carabineros de Chile no se ajustaron a la normativa vigente.

En síntesis, la comisión concluye, en función de todos los elementos recabados y que son de público conocimiento, que la utilización de pruebas falsas u obtenidas fraudulentamente en el marco de la “Operación Huracán” fue un montaje conducido por la Unidad de Inteligencia de Carabineros de Chile para incriminar a personas pertenecientes al pueblo mapuche, resultando particularmente grave que, en el marco de un sistema democrático, Carabineros haya llevado adelante prácticas que nuestro país presenció en el marco de la dictadura cívicomilitar y que escapan de los preceptos de un Estado de derecho y el debido proceso.

Resulta altamente complejo que pruebas que recayeron sobre hechos de gran impacto social y que revestían un importante grado de gravedad carecieran de un control interno por parte de Carabineros, pruebas que, por lo demás, implicaron un alto nivel de intrusión en la privacidad de las personas investigadas y que derivaron, además, en la privación de libertad de los investigados.

Otro hecho inaceptable que ha podido identificar esta comisión guarda relación con la adquisición por parte de Carabineros del software Oxygen Forensic . La compra se efectuó mediante trato directo y pago en efectivo, con cargo a gastos reservados, a la empresa Xmartlab Limitada , por un monto total de 21 millones de pesos.

Para esta comisión investigadora resulta insoslayable que la falta de control interno descrita en los párrafos precedentes deja en evidencia la responsabilidad de mando de los entonces generales señores Gonzalo Blu y Bruno Villalobos .

Puesta en votación la conclusión Nº 2, fue aprobada por 8 votos a favor y 3 votos en contra.

3. Respecto de las responsabilidades del Ministerio Público

Esta comisión ha llegado a la convicción de que el Ministerio Público tiene responsabilidad en los hechos objeto de investigación, ya que actuó de manera poco diligente al haber ordenado la detención e, incluso, solicitar la prisión preventiva de personas involucradas en el caso, sin determinar previamente que la evidencia aportada por Carabineros de Chile cumplía con los estándares mínimos de juridicidad y protección de los derechos fundamentales.

Adicionalmente, a esta comisión le merece reproche la existencia de versiones encontradas respecto del grado de participación que tuvieron la Fiscalía Regional de La Araucanía y Carabineros de Chile durante el proceso investigativo.

La conclusión N° 3 fue aprobada sin enmiendas y por unanimidad.

4. Respecto del actuar de la ilustre Corte de Apelaciones de Temuco

La comisión estima que la ley de inteligencia no precisa de manera adecuada las hipótesis específicas sobre la base de las cuales se pueden solicitar por parte del director de Inteligencia o entregar por parte de un ministro de la Corte de Apelaciones las autorizaciones judiciales para llevar adelante procedimientos especiales de obtención de información, manteniéndose, por tanto, un espacio en la ley para la discrecionalidad de la ilustre Corte de Apelaciones al momento de calificar los antecedentes para autorizar las respectivas intervenciones.

De acuerdo con lo anterior y las declaraciones recogidas por esta comisión, el ministro de la ilustre Corte de Apelaciones de Temuco, de la Región de La Araucanía, ante quien se requerían las autorizaciones conforme al turno, autorizó la interceptación de comunicaciones, sin disponer de antecedentes o indicios que permitieran establecer de manera fehaciente la procedencia de las mismas, lo que en definitiva transformó a los imputados en víctimas de una prisión ilegal producto de la eventual falsificación de pruebas de cargo, como latamente se ha detallado en el presente informe.

La conclusión N° 4 fue aprobada en forma unánime.

5. Sobre del actuar del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Es evidente que las autoridades vinculadas al Sistema Nacional de Inteligencia, de todas las administraciones, no han desplegado las acciones necesarias a objeto de analizar la pertinencia de una reforma integral que restrinja el uso abusivo de las herramientas que permiten limitar severamente las garantías constitucionales explicadas en el presente informe.

El Ministerio del Interior, dentro del marco de dichas funciones, mantuvo con Carabineros una comunicación general de las operaciones que estos desarrollaban, haciéndose eco en términos comunicacionales de los resultados que Carabineros le entregaba, sin mayores cuestionamientos al origen y a la calidad de las pruebas aportadas.

Luego de conocidos los antecedentes entregados por el Ministerio Público, la cartera del Interior se hizo parte en los procesos. No obstante lo anterior, la comisión concluyó que las autoridades respectivas solicitaron tardíamente los sumarios e investigaciones internas a Carabineros para determinar la existencia de ilícitos y responsabilidades.

La conclusión N° 5 fue aprobada por unanimidad.

6. Respecto de la criminalización del pueblo mapuche

Es evidente que la discriminación y la estigmatización de las personas, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, solo por ser mapuches, han ido en aumento y no se sitúan solamente sobre este caso puntual.

Apelativos discriminadores a lo largo de la historia de Chile son signos evidentes de esa estigmatización contra todo un pueblo.

El actuar de las instituciones y sus miembros en esta “Operación Huracán” es una prueba concreta de la negación permanente de la preexistencia del pueblo mapuche en nuestro país y de sus derechos, lo que se hace evidente al constatar que ningún texto constitucional, desde 1810 a la fecha, los ha reconocido como parte importante de una sociedad diversa e inclusiva.

Puesta en votación la conclusión Nº 6, fue aprobada por 6 votos a favor y 5 votos en contra.

7. Respecto de la comparecencia de exfuncionarios públicos y de particulares a comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados

Actualmente se encuentran en tramitación a lo menos diez proyectos de ley, presentados desde el año 2007 a la fecha, que pretenden perfeccionar el funcionamiento de las comisiones investigadoras aprobadas por la Cámara de Diputados y, en particular, establecer normas para asegurar la comparecencia a estas instancias de particulares y exfuncionarios públicos.

En atención al rol fiscalizador de esta Cámara, es fundamental que se avance en la tramitación de iniciativas legislativas que establezcan la obligación de comparecencia ante esta Cámara de Diputados de exservidores públicos, aun cuando ya no estén en funciones, de modo de evitar que quienes tienen responsabilidades superiores se escuden en la inexistencia de esta obligación legal.

Esta conclusión fue aprobada por unanimidad.

8. Respecto del plazo de la acusación constitucional

A juicio de la comisión investigadora, el plazo para acusar constitucionalmente a las autoridades es absolutamente insuficiente, pues, en la mayoría de los casos, los hechos que eventualmente pudiesen ser objeto de dicha instancia son de conocimiento público una vez que han expirado sus respectivos cargos.

Es pertinente recordar que la ley establece que, en el caso del Presidente de la República, la acusación podrá interponerse hasta seis meses después de dejar el cargo, mientras que para el resto de las autoridades el plazo se reduce a tres meses.

Esta última conclusión también fue aprobada por unanimidad.

Recomendaciones de la comisión (todas aprobadas por unanimidad):

1.- Reformar profunda e integralmente el Sistema Nacional de Inteligencia chileno. Esto significa, entre otras cosas:

a) Establecer una coordinación y control centralizado de todas las actuaciones que se realicen en el marco de la ley de inteligencia.

b) Modificar la ley de inteligencia, en el sentido de establecer expresamente el principio de uso exclusivo de la información.

c) Incorporar en el Código Penal la regla del entrampamiento. En este sentido, la propuesta de la comisión tiene como propósito evitar montajes.

d) Incorporar en el Código Penal una figura agravada de obstrucción a la investigación, cuando esta práctica delictiva es perpetrada por funcionarios de las policías, sean estos miembros de Carabineros o de la Policía de Investigaciones.

e) Establecer modificaciones en la ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, a objeto de exigir la autorización previa de un ministro de la Corte de Apelaciones, tratándose de agentes encubiertos.

f) Modificar el artículo 25 de la ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, exigiendo que la solicitud de autorización de medidas intrusivas sujeta a control judicial debe fundarse en hechos determinados.

g) Sancionar expresamente el ardid en estos casos, ampliando los alcances del tipo penal previsto en el artículo 23, sancionando con el límite máximo de la pena allí prevista, cuando el sistema sea utilizado por funcionarios públicos con métodos engañosos a objeto de obtener las autorizaciones judiciales a que se refiere la ley.

2.- Reforma integral a Carabineros de Chile, que considere, al menos:

a) Crear un sistema de control de la contratación de organismos colaboradores en el marco de sus unidades, organismos de inteligencia de Carabineros de Chile.

b) Establecer órganos de control civil interno y externo sobre las actuaciones de sus funcionarios.

c) Modernizar e institucionalizar un perfil profesional de ingreso de funcionarios de Carabineros a las unidades de Inteligencia y a la Dirección de Inteligencia de Carabineros, que incorpore altos estándares de formación técnica y profesional, a través de la implementación de un sistema de desarrollo profesional al interior de la institución.

d) Generar protocolos internos de validación técnica de las pruebas y de su respectiva cadena de custodia.

3.- Modificar la ley Nº 19.863, que contiene normas sobre gastos reservados, en orden a establecer un mayor control por parte de la Contraloría y de la Cámara de Diputados.

4. Ampliar las hipótesis de comparecencia a estas instancias de fiscalización de la Cámara de Diputados contenidas en el artículo 52 de la Constitución Política de la República a exfuncionarios públicos y a particulares que hayan tenido contratos con el Estado, municipios, corporaciones o fundaciones de derecho público y empresas del Estado.

5. Establecer la obligación de comparecencia a las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados a los exfuncionarios públicos y particulares que especifica el proyecto de reforma constitucional hasta los seis meses posteriores al término del ejercicio del cargo o cese efectivo de sus funciones.

6. Establecer sanciones en caso de infracción de la norma, las cuales dicen relación con la prohibición de ejercicio de cargos públicos por hasta un plazo de dos años para los exfuncionarios públicos y de un año para los particulares, y multa a beneficio fiscal.

7. Modificar las reglas sobre la responsabilidad administrativa para los funcionarios públicos, de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

8. Permitir la interposición de una acusación constitucional hasta los seis meses siguientes a la expiración en su cargo, sin importar la autoridad involucrada.

9. Ampliar el catálogo de autoridades que pueden ser acusadas constitucionalmente, extendiéndose al general director de Carabineros y al director general de la Policía de Investigaciones.

10. Perfeccionar la capacitación y procedimientos de utilización de sistemas informáticos para la obtención de evidencia, así como también la cadena de custodia de la evidencia, implementando estándares internacionales con el fin de evitar el uso fraudulento de o la implantación de pruebas falsas.

11. Que se considere en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad tipificar sanciones penales por el mal uso de datos obtenidos por medios informáticos, o la utilización de pruebas falsas por parte de organismos o funcionarios públicos, así como también, la prohibición de herramientas como el malware o phishing para la obtención de pruebas por parte de organismos como el Ministerio Público, Carabineros o Investigaciones.

Es todo cuando puedo informar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Recuerdo a la Sala que, por acuerdo de los Comités, cada bancada dispone de un tiempo limitado para las intervenciones, el cual deberá ser distribuido entre los diputados. Por ello, pido los jefes de bancada que hagan llegar a la Mesa los nombres de los diputados que van a intervenir y los tiempos que asignaron a cada uno de ellos.

En discusión el informe.

Tiene la palabra el diputado Mario Desbordes .

El señor DESBORDES.-

Señor Presidente, respecto de las conclusiones de la Comisión Investigadora sobre la denominada “operación Huracán”, es obvio que dicen relación con hechos extremadamente graves, que atentan contra la credibilidad de una institución y del sistema de persecución penal, y que, por tanto, afectan al sistema completo. En consecuencia, deben ser investigados, y quienes resulten responsables deben ser sancionados penalmente con la máxima dureza.

Valoro mucho que autoridades del Ministerio del Interior del anterior gobierno y que hoy están en la Cámara de Diputados tengan un juicio tan crítico también. Eso es extraordinariamente valorable. No cabe duda.

Se trata de hechos que están siendo investigados judicialmente y que están en pleno proceso, por lo que no sabemos si las conclusiones de la comisión van a concordar o no con lo que la justicia finalmente determine.

Comparto la visión de la comisión en cuanto a que deben hacerse profundas reformas al sistema nacional de inteligencia y al actuar de los organismos que bajo ese sistema se coordinan. En ese sentido, les tengo una buena noticia: el gobierno del Presidente Piñera envió una propuesta de ley sobre el particular; por tanto, aquí en el Congreso podremos discutir cuál es el sistema de inteligencia que queremos tener para Chile, cuánto estamos dispuestos a invertir y cuánto estamos dispuestos a gastar en ello.

Probablemente, tenemos una de las inversiones en inteligencia más bajas de América Latina en relación con la población, y ni hablar en relación con el PIB. Por ello, es muy importante que el Congreso Nacional apoye el fortalecimiento de este sistema con la fiscalización, con el control y con la obligación de responder ante el Congreso Nacional cada vez que se requiera.

Los hechos investigados son extraordinariamente graves; no obstante, quiero hacer un paralelo entre lo que se está diciendo hoy y lo que se dijo ayer.

Reitero una vez más lo que he planteado muchas veces en esta Sala ante mis colegas: hay que actuar, cuando se es oposición, con la misma vara con que se actúa cuando se es gobierno. Hay que pedir al gobierno y a las autoridades de hoy lo mismo que exigimos a las autoridades de turno cuando éramos gobierno. Digo esto porque hoy se plantea que el general director de Carabineros debe renunciar. Los hechos que vimos ayer en un video de Chilevisión entiendo que no agregan nada nuevo a lo que se está investigando en el caso Catrillanca. No obstante ello, hago siempre este ejercicio para no ser injusto: revisé todo lo que encontré en redes sociales, en Google, etcétera, y no logré encontrar ninguna actuación de un parlamentario de esta Cámara que hoy pide la salida de Soto, que en su momento pidiera la salida del entonces general Villalobos .

Se dice que el actual general director debe responder porque se le ha mentido. Me da la idea de que en el caso que estamos investigando y que se investigó por la comisión investigadora del caso Huracán, estamos de acuerdo en que hay una mentira gigantesca. ¿Hasta dónde llega la mentira? No lo sabemos, porque se está investigando.

Pero en derecho decimos: “A la misma razón, la misma disposición”. ¿Pidieron la renuncia del entonces general director en ese minuto? No. ¿Se planteó la posibilidad de una acusación constitucional contra el entonces ministro del Interior? No. ¿En esa época se hizo algo de lo que se está pidiendo hoy? No.

Por ello, termino solo pidiendo coherencia a la actual oposición, y nuevamente le ruego y le suplico que actúe igual cuando es oposición que cuando fue gobierno.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señora NUYADO (doña Emilia).-

Señora Presidenta, así como lo señaló el diputado Desbordes , quiero interpelar a los diputados y diputadas con quienes conformé la Comisión Investigadora sobre la denominada “Operación Huracán”, quienes señalaron con mucha fuerza que era necesario encontrar las responsabilidades de mando, las cuales, en este caso, recaían en el general Blu y en el general director Bruno Villalobos . Efectivamente, eso se aprobó.

Asimismo, los entonces diputados del oficialismo manifestaron con mucha fuerza que había que encontrar la responsabilidad política en el subsecretario Aleuy y en el ministro Fernández , y eso así también se estableció.

Por lo tanto, hoy, que estamos en una situación similar, en que es necesario que cada uno de quienes estuvimos de acuerdo votemos por encontrar la responsabilidad de mando y política, también interpelo al oficialismo para que actúe de la misma manera.

Señora Presidenta, por su intermedio quiero responder al diputado Desbordes : yo era diputada electa, y como diputada electa solicité la renuncia del entonces general director de Carabineros Villalobos. Posteriormente, como diputada, insistí en ello. Por lo tanto, espero que en las redes sociales encuentre mi nombre, porque así lo planteé.

He mantenido la consecuencia y la convicción en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, en especial del pueblo mapuche, y por eso quiero señalar que no se puede seguir con más montajes, pues se han sobrepasado todos los límites. Por eso, es necesario que hoy, desde la oposición, haya un pronunciamiento respecto de la interpelación a un ministro que tiene la responsabilidad política y respecto de la salida del general director de Carabineros, Hermes Soto , quien tiene la responsabilidad del mando. Esa es la urgencia. Por lo tanto, los convoco a que así sea.

Lamentablemente, en el informe de la comisión especial investigadora no queda claro cuál será la reparación que se otorgará a los líderes mapuches que han sido víctimas de la persecución, de la criminalización y de la estigmatización solo por ser mapuches, por luchar por la reivindicación territorial, pues hoy muchos han sido encarcelados y perseguidos bajo la misma fórmula de la fabricación de pruebas, como ha ocurrido con el montaje del asesinato del weichafe Camilo Catrillanca .

Hay muchos mapuches en las cárceles, y por eso hoy, en el Congreso Nacional, interpelo a cada uno de los diputados y de las diputadas para que, de una vez por todas, exijamos justicia y digamos: ¡basta! La consecuencia de cada uno de nosotros debe permanecer; los derechos de cada uno de nosotros debemos hacerlos exigibles, pero, lamentablemente, eso solo se transforma en discursos y no en acciones. Por lo tanto, es necesario que hoy cada uno de nosotros exijamos la responsabilidad del mando y la responsabilidad política.

En consecuencia, convoco e interpelo a cada uno de los diputados y diputadas a que así se haga.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra, hasta por seis minutos, el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señora Presidenta, en una sociedad democrática como la nuestra, en donde el principio de Estado de derecho, probidad y transparencia de la función pública constituyen la piedra angular de la legalidad y legitimidad de nuestro sistema jurídico e institucional, los hechos que estamos analizando resultan incompatibles y del todo reprochables en el Chile de hoy.

La sociedad espera mucho más de todas las autoridades públicas: espera corrección, probidad, apego a las normas que nosotros mismos juramos respetar y hacer respetar, de tal forma que todo hecho que se aparte de estos solemnes acuerdos con la ciudadanía los convierten en una autoridad arbitraria que finalmente no representa los mandatos por los cuales desempeñan tales funciones.

En el caso de nuestras policías, Carabineros e Investigaciones, tales principios públicos tienen una especial connotación. Carabineros, en lo atinente, son los guardianes del orden público e institucional; son el cuerpo garante del Estado de derecho y de la debida aplicación del derecho.

Los antecedentes de pruebas falseadas, trasgrediendo los estándares mínimos de probidad y corrección propias de estos garantes de la justicia, parecen inaceptables, sobre todo si consideramos la historia de Carabineros, su vocación de profesionalismo, amor por la patria y excelencia en el manejo de su función, pues sin duda constituyen un orgullo para Chile, que no debe ser manchado.

Por lo mismo, se hace necesario que la justicia actúe en estos asuntos y promueva las mayores sanciones que nuestro orden jurídico establece, a fin de que este y otros hechos de corrupción no vuelvan a repetirse.

No está de más afirmar, en esta oportunidad, que Carabineros sigue siendo, para la inmensa mayoría de los chilenos, una institución cercana, amigable y profesional. ¡No dejemos que estas máculas se enquisten en la institución!

Por ello, en esta oportunidad, y como imperativo moral, manifiesto mi voto favorable a las conclusiones de esta comisión, y espero que esto sirva para abrir una nueva era en esta institución tan relevante para nuestra república y democracia.

Por todo lo anterior, no vamos a permitir que por unos pocos se manche a miles de carabineros que, día y noche, a lo largo y ancho de nuestro país, con alto honor, llevan el sagrado uniforme verde.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señora Presidenta, esta comisión investigadora fue la primera en la que me ha tocado participar, y desde un inicio nos dimos cuenta de que iba a ser un camino sin muchos resultados, puesto que se invitó a que asistencia a esa instancia a muchos exfuncionarios de gobierno y a exoficiales que constituían el alto mando de Carabineros, y lo que pasó durante el devenir de esta comisión fue que, simplemente, no concurrieron.

A modo de ejemplo, el exsubsecretario del Interior, Mahmud Aleuy , a quien citamos de distintas maneras, entregó una información por escrito, justo un día antes de que concluyera el trabajo de la comisión especial investigadora, lo que nos deja ver que este tipo de instancias deben ser objeto de una reforma potente, para dotarlas de mayores facultades, con el objeto de que quienes sean requeridos realmente entreguen la información que se les ha pedido.

Por eso, durante el funcionamiento de esta instancia, presentamos una propuesta para reformar las comisiones especiales investigadoras, para que realmente sean leones con dientes y no solamente shows políticos, como ha venido sucediendo en los últimos años.

Finalmente, luego de muchas discusiones y bastantes asperezas, las que se produjeron al comienzo del trabajo de la comisión, esta tomó el rumbo y fue buscando lo que realmente necesitaba: entregar información a la ciudadanía sobre lo que había pasado. Y lo que había pasado, de lo que nos dimos cuenta finalmente, es que el gobierno anterior simplemente puso bajo la alfombra toda la cochinada que había detrás del caso de la Operación Huracán, que escondió información y simplemente no hizo nada para evitar lo que sucedió. No hizo nada, y esa es una verdad, y así quedó establecido en el informe de la comisión investigadora. Lamentablemente, esta acción hoy se cruza con lo que está pasando en La Araucanía.

Pero hay una diferencia muy grande entre lo que ha hecho este gobierno, respecto del terrible caso del comunero Catrillanca , y lo que hizo el gobierno anterior. Este gobierno ha actuado con transparencia, con eficacia y buscando siempre la verdad, caiga quien caiga, no como actuó el gobierno anterior, el cual, repito, metió la cochinada bajo la alfombra y tapó a los responsables de la Operación Huracán.

Quiero reiterar que necesitamos determinar quiénes fueron los responsables de esta situación, y hoy hay investigaciones que están encargadas de eso, pero espero que la ley sea muy dura con aquellos que pasaron a llevar la norma o con aquellos que, simplemente, no hicieron su trabajo.

Sin embargo, tenemos también un trabajo urgente que hacer en el Congreso Nacional para fortalecer a las comisiones investigadoras, a fin de que no se transformen en shows mediáticos cada vez que existe una duda sobre algo, porque lo que hay detrás de la Operación Huracán es simplemente lo peor que le puede pasar a una institución, ya que la confianza que depositan en ella todos los chilenos se encuentra en crisis, la que en el caso que estamos debatiendo ha sido provocada por el alto mando de Carabineros, aunque sería más apropiado decir por el ex alto mando, porque hoy todos están afuera.

Sin embargo, los carabineros de a pie, que todos los días están resguardando nuestra seguridad, son aquellos a los que tenemos que aplaudir, y a los que no quieren cumplir con las normas y las leyes, simplemente que no representen a una institución que tiene el apoyo de todos los chilenos. Debemos velar por que Carabineros de Chile siga siendo una institución que todos los chilenos queremos.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señora Presidenta, Arauco tiene una pena, Chile tiene una vergüenza. Parafraseando a Violeta, digo sí, que son injusticias de siglos. Pero no podemos descansar en esa enorme cantidad de años para no asumir la responsabilidad que nos compete como Estado.

Durante el desarrollo de esta investigación, más de algún colega trató de instalar la idea de que no habláramos de criminalización del pueblo mapuche, que no dijéramos que el Estado tenía una responsabilidad ahí. ¡Cómo no lo va a tener, si el Poder Ejecutivo, en particular el ministro del Interior, obviando su deber de supervisión y control sobre Carabineros, actuó con una actitud temeraria e irresponsable al asumir sin cuestionamientos que las supuestas evidencias proporcionadas por dicha institución eran reales.

Esa institución se encuentra hoy en el ojo del huracán por haber instalado pruebas, por haber vulnerado garantías procesales y garantías fundamentales, por haber contratado civiles sin escrúpulos para tareas de una sensibilidad importantísima.

La institución orquestó una puesta en escena criminal en contra de dirigentes mapuches, pero su objetivo era un pueblo entero. Esa puesta en escena no fue analizada críticamente por el Poder Judicial, en particular por la Corte de Apelaciones de Temuco, que incluso validó intervenciones de comunicaciones de manera retroactiva, lo que tampoco fue analizado a tiempo por parte del Ministerio Público, que asumió la dirección de una investigación viciada solicitando prisiones preventivas al por mayor, por lo que también le cabe responsabilidad por sus negligencias.

Por su intermedio, Presidenta, pregunto a esos colegas que piensan que el Estado no es el gran responsable en estos hechos, ¿cómo entienden entonces que Carabineros, el ministro del Interior, la Corte de Apelaciones de Temuco y las demás instituciones del Estado que participaron en esto se hayan vuelto parte de una trama que incluyó pruebas falsas y procesos ilegítimos? Si eso no es criminalización por parte del Estado, ¿qué lo es, colegas?

Hay un problema con el pueblo mapuche -¡claro que lo hay!-, pero en lugar de ofrecer soluciones, hemos enviado “huracanes” y “junglas” a La Araucanía, donde cabe todo, menos la justicia. Quizás lo correcto sería hablar de “justicias”, porque en La Araucanía no hay ni justicia procesal ni justicia histórica.

La iglesia Católica se demoró siglos en ofrecer disculpas por la masacre que propició junto a la corona española y a la corona portuguesa contra los pueblos indígenas. ¿Cuánto más nos vamos a demorar nosotros, como Estado de Chile, en reconocer lo que hemos hecho, sin matices, y pedir disculpas por un asunto que es más antiguo que esta república y en una cuestión muy importante: en reparar? ¿Siglos? ¿Décadas? ¿O nos haremos cargo ahora, antes de que sigamos regando de muerte La Araucanía?

Si logramos un informe Rettig que dio cuenta de parte importante de los crímenes de la dictadura, ¿por qué no podemos avanzar en este tema? ¿Por qué no podemos partir dando un paso similar frente al historial de crímenes, perpetrados tanto durante la colonia como ya en la república, cometidos en contra del pueblo mapuche? ¿Por qué en algunos, incluido el ministro del Interior, hay tanto rechazo a la idea de un Estado plurinacional y tanto cariño por la mirada transnacional de la economía? ¿Por qué algunos defienden tanto que todo Chile hable inglés, pero, curiosamente, se molestan y hacen burlas cuando en este hemiciclo se habla en mapudungun? Colegas, la operación Huracán usó como herramienta la mentira; el “comando Jungla ” ha utilizado como herramienta la muerte. Nuestra historia no puede estar hecha de eso, no puede ser esta una historia que se cimente en mentiras y muertes. Es hora de más verdad y de más justicia.

Tenemos una oportunidad histórica para hablar abiertamente de interculturalidad, de plurinacionalidad, de tierras, de representación política de los pueblos originarios. ¿Les suena muy radical? Pues entonces soy radical. Soy radical, como también lo han sido Canadá, el Estado Plurinacional de Bolivia y Nueva Zelanda.

Por todo esto, por su intermedio, Presidenta, pregunto a mis colegas, ¿qué haremos hoy en esta votación? Acaso vamos a sumarnos al triste camino que han seguido los otros dos poderes del Estado en esta trama de criminalización y terror contra un pueblo. ¿No existe la Operación Huracán? ¿No existe el “comando Jungla ”? ¿No existe el video que da cuenta de la muerte de Camilo Catrillanca? Por favor, seguir sosteniendo eso lo único QUE logra es que lo que no exista sean la ética y la responsabilidad histórica.

Arauco tiene una pena, y este Congreso tiene una responsabilidad. He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señora Presidenta, la verdad es que la lectura de este informe resulta indignante, tanto por la consecuencia de los ilícitos cometidos, como por la facilidad con que se manipuló la administración de la justicia en nuestro país para perseguir propósitos discriminatorios e injustificados.

Todo lo que se dijo en la prensa respecto de la conspiración entre uniformados para fabricar pruebas destinadas a inculpar a la etnia mapuche de supuestos delitos terroristas, a través de la llamada Operación Huracán, resultó ser cierto, y eso, inevitablemente, genera una sensación de desconfianza permanente respecto de la actuación de Carabineros y del trato que se ha dado a las etnias originarias.

En este sentido, es muy decisorio que el informe haya sido aprobado por unanimidad, dado que se trata de un asunto que ha estado en el centro del debate político en los últimos días, respecto del cual es claro que gobierno y oposición tenemos miradas muy distintas. Pero como no podemos ser mezquinos con la institucionalidad pública, la Democracia Cristiana, como bancada -yo la representé en ese espacio, dio su voto a favor del informe, y no tuvo en consideración el que las autoridades cuestionadas, en este caso el ministro del Interior y el subsecretario de la misma cartera, hayan sido de uno u otro color político, porque aquí hay una responsabilidad mayor, que es analizar el problema con visión de Estado y con miras a lograr unidad para lo que se nos viene.

Por lo tanto, creemos que es necesario abordar todas las sugerencias y conclusiones de este informe, que surgieron de un trabajo serio y responsable, y luego de escuchar a muchos actores, en cuanto a realizar una reforma estructural en Carabineros de Chile.

Hay una comisión nacional de seguridad que también tiene propuestas, así que se puede avanzar mucho.

Tanto el desfalco en Carabineros como lo que está sucediendo hoy en esa institución hacen necesario que todos no pongamos detrás de un acuerdo nacional para abordar estas materias y que el Congreso Nacional se haga cargo, con decisión y con premura, de abordar el conjunto de problemas que afectan a nuestra institucionalidad pública.

Votaré a favor del informe, por supuesto, y le he pedido a mi bancada que seamos…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señora Presidenta, ocurre que en las tribunas hay varios funcionarios que trabajan a honorarios para el Estado, quienes, al parecer, fueron engañados por el ministro del Trabajo, porque les prometió que hoy se votaría el proyecto del gobierno, cuando lo cierto es que no está en tabla.

Me gustaría que la Mesa aclarara esa situación, porque es irresponsable que tengamos acá a dirigentes sociales que tienen que pagar muchos costos por venir a esta sesión, a causa del engaño de un gobierno que no ha asumido su situación con responsabilidad.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Estimado diputado, si pide la palabra para tratar una cuestión reglamentaria, debe referirse a un asunto de esa naturaleza.

En todo caso, le informo que hubo reunión de los Comités Parlamentarios, que fue presidida por el Vicepresidente señor Mulet , y no hubo acuerdo con respecto a la situación por la cual usted consulta. Le pido que le solicite al jefe de su Comité que le informe sobre lo que ocurrió.

A los demás diputados que me están pidiendo la palabra, les solicito que no hagamos diálogo de esto. Además, no puedo dar más explicaciones, porque no estuve en esa reunión.

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señora Presidenta, llamo a mis colegas a centrarnos en el debate que nos motiva, esto es, el informe de la “operación Huracán”. Ya tendremos tiempo para discutir el informe de la otra comisión investigadora, para la cual el diputado Saffirio ya juntó las firmas necesarias. En su oportunidad discutiremos ese informe.

No hagamos una comparación, porque en ese parangón obviamente el gobierno del Presidente Piñera actuó de mejor manera que el de Michelle Bachelet con la “operación Huracán”. Por eso, por unanimidad de los miembros de la comisión, consideramos que había responsabilidades políticas, no solo del general Blu y del general Villalobos , quien tuvo que interrumpir sus vacaciones en el extranjero para hacerse cargo de lo que estaba pasando ese día, sino también de los entonces subsecretario del Interior Aleuy y ministro del Interior Fernández, por lo que no hicieron ante lo que estaba pasando frente a sus ojos.

Analizamos y cuestionamos un procedimiento que tiene como protagonista a una institución que debemos rescatar. Muchos podrán estar en desacuerdo con ciertas actitudes, pero Carabineros es una institución que todos los chilenos debemos cuidar. Por eso, veo con buenos ojos que el Presidente de la República haya enviado un proyecto de ley al Senado para modificar la organización de Carabineros.

Todos debemos cooperar en esta tarea. Hay que cuidar al carabinero que atiende un parto, al que está de guardia en una esquina, al que está vigilando la frontera. No por unos pocos podemos culpar a toda la institución de Carabineros.

La “operación Huracán” fue una verdadera comedia de errores e irresponsabilidades. Situaciones inaceptables han provocado los niveles de desconfianza que hoy existen. Es una tremenda herida, difícil de cicatrizar.

En la comisión nos sorprendimos de la poca disposición de los personeros para aclarar las dudas. Algunos, como decía el diputado Torrealba , ni siquiera se aparecieron en la comisión, y a otros insistentemente tratamos de citarlos, pero no fueron. ¿Qué escondían?

Vimos un afán permanente de culparse unos a otros y comprobamos que la relación entre la fiscalía y las policías era tensa y confusa. También nos sorprendió que los protocolos, las normas y los procesos permitan que estas cosas pasen. Eso deja en evidencia que es urgente modernizar el sistema y afinar los protocolos para que no quede duda alguna de lo que ahí sucedió. Quienes son los responsables de cada una de las unidades deben delimitar claramente las responsabilidades y velar por que en cada puesto haya personal capacitado e idóneo. No puede ser que cada quien actúe de acuerdo a lo que le parece. Es necesario reestructurar el sistema, higienizar la institución y poner orden.

Nos encontramos con falta de información, con funcionarios que aparentemente se saltaron los protocolos; digo “aparentemente”, porque es poco lo que se pudo aclarar debido a la inasistencia de invitados y de autoridades que definitivamente no dieron la talla para sacar adelante una investigación tan importante como esta.

Hubo desencuentros entre la Fiscalía y Carabineros, poca rigurosidad en la contratación de personal externo. Me refiero específicamente a la contratación del señor Álex Smith , del que hasta el día de hoy no se sabe dónde está su expediente de contratación. Se trata de un desorden que no fue posible revertir.

La oposición me enrostra mi permanente insistencia para determinar responsabilidades políticas en la “operación Huracán”. Hay responsabilidades políticas de los entonces ministro del Interior y subsecretario del Interior. El gobierno de turno y las autoridades de su confianza no cumplieron con su deber, no hicieron nada, y ahora solo tenemos información gracias a que todo esto llegó a la justicia. Hay que reformar a Carabineros.

Votamos por unanimidad en la comisión que había responsabilidad política del gobierno de turno ante estos hechos tan graves que sucedieron en la Región de La Araucanía.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señora Presidenta, en el Congreso hay algunos que siguen jugando al empate binominal entre la derecha y la Nueva Mayoría-Concertación, respecto a las políticas que sus gobiernos aplicaron en contra del pueblo mapuche, en un conflicto entre el Estado de Chile y un pueblo, como hizo, por ejemplo, el diputado Desbordes en su intervención.

Como Frente Amplio somos claros y no nos hacemos parte de la política represiva impulsada por los diferentes gobiernos: el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle -les recomiendo escuchar la canción Yo enterré a mis muertos en tierra, de Camila Moreno, a propósito de la creación de la represa Ralco y la historia de Nicolasa Quintremán-, el gobierno de Ricardo Lagos, los dos gobiernos de Michelle Bachelet, el primer gobierno de Piñera, y ahora el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera .

Como Frente Amplio no hemos sido parte de ese show, no hemos sido parte de esa política sistemática de represión. Incluso, actuales parlamentarias nuestras, como Gael Yeomans y Claudia Mix , fueron a La Moneda a pedir la renuncia del entonces general Villalobos por los actos de represión que el gobierno anterior estaba realizando en La Araucanía.

¿Qué es la “operación Huracán”? Es un intento deliberado por encarcelar de forma selectiva a dirigentes mapuches; un intento desesperado por vincular a la CAM, que sabotea a la industria forestal, con Temucuicui, territorio recuperado por el pueblo mapuche, que son los que lideran la recuperación de tierras en Malleco. En las cercanías de Temucuicui, donde Camilo era comunero, el gobierno apostó a su famoso “comando Jungla ”.

¿Es la “Operación Huracán” un hecho aislado? ¡No! Sabemos de varios montajes deliberados, con las mismas intenciones. Quizá el más emblemático es el del incendio al peaje Quino y el ataque a Turbus, en que cerca de veinte dirigentes de Temucuicui y Yeupeko , y dos niños, estuvieron casi dieciocho meses presos, inculpados por el testimonio de Castro Antipán , quien resultó ser un agente provocador de la policía. ¡Todos fueron absueltos!

La Corte Suprema acaba de confirmar la sentencia que condena a los hermanos Tralcal por el caso Luchsinger-Mackay, quienes antes estuvieron presos cinco meses sin razón por el caso del peaje Quino y fueron absueltos, y a José Peralino . Cualquiera que conozca los detalles del caso, sabe que estamos otra vez ante un montaje alarmante, y lamentablemente vamos a tener que esperar lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revertir esta tremenda injusticia.

¿Qué significa todo esto? Que el Estado de Chile está capturado por los intereses de las empresas forestales y de los grandes terratenientes de la zona. Los que creemos en el Estado de derecho trabajaremos firmes para que estas políticas sistemáticas y generalizadas de represión terminen, y eso significa buscar una solución dialogada con el pueblo mapuche, basada en el derecho internacional, que incluya la devolución de tierras y el reconocimiento de autonomía sobre esas tierras, que el pueblo mapuche debe tener en su territorio.

¿Cuántos montajes ha habido, como la “operación Huracán”, con la colaboración de los medios? ¿Cómo olvidar la infame complicidad de Canal 13 con la “operación Huracán”?

En el crimen de Álex Lemun , en 2002, se habló de enfrentamiento y, posteriormente, se demostró que era falso; cuando asesinaron por la espalda a Matías Catrileo , en 2008, hubo que demostrar en juicio la falsedad de la versión de Carabineros; en el crimen de Mendoza Collío incluso tuvieron la indecencia de mostrar un chaleco antibalas baleado. Luego, la PDI demostró que la versión era falsa. Y hoy, en el vil asesinato de Camilo Catrillanca se volvió a hablar de enfrentamiento, que el tiempo, un adolescente vulnerado en sus derechos y el buen periodismo se han encargado de develar como mentira.

Ayer, algunos parlamentarios del Frente Amplio nos reunimos con los werkenes que venían del trawun de Temucuicui para decirnos que ya no quieren dialogar con el Ejecutivo y que quieren que el Congreso Nacional tome parte en el asunto en una sesión especial donde se escuche a sus machis y a sus lonkos.

Señora Presidenta, ¿qué importa el Reglamento? Acá tenemos un problema mucho más serio. Debemos realizar una sesión especial para escuchar a machis y lonkos, independientemente de lo que diga un papel escrito mucho después de que ellos llegaran.

Por lo tanto, desde el Frente Amplio hacemos esa solicitud explícita. He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señora Presidenta, en estos escasos minutos, quiero, en primer lugar, felicitar a los integrantes de la Comisión Investigadora.

Comparto plenamente en lo sustantivo las conclusiones, enjuiciamientos y proposiciones del informe dado a conocer por la diputada Andrea Parra , en representación de la comisión.

Soy nacido, criado y vivo en la región y en el distrito en donde, por desgracia, se han concentrado estos hechos de violencia. Hoy no puedo sino sentir una profunda vergüenza por el actuar de una institución que para muchos de nosotros fue un orgullo; una institución respetada, querida por la inmensa mayoría de la ciudadanía. Pero parece que en el sustrato había conductas absolutamente repudiables.

Lo que se ha logrado concluir de la denominada “operación Huracán” evidentemente merece todo nuestro repudio, pero también merece nuestra preocupación en orden a ver de qué forma hacemos para, primero, solucionar los problemas evidentes que tiene una institución que, por ley, tiene la responsabilidad del orden público y la seguridad ciudadana. Es necesario proceder a su reestructuración profunda para superar los problemas que han quedado en evidencia.

Creo que es tiempo de crear una comisión del más alto nivel que aborde la situación de la institucionalidad de Carabineros, para los efectos de hacer ajustes y reingeniería.

Por otra parte, en el plano de lo que viene, que es lo que nos preocupa a quienes queremos que haya paz en la región, de modo de resolver los problemas gravísimos de desarrollo y de calidad de vida de la gente, debemos hacernos cargo de lo siguiente.

En la intervención que efectué hace unos días durante la interpelación no alcancé a señalar que he llegado a la conclusión más absoluta de que todos los esfuerzos que se han hecho por los gobiernos anteriores y por el actual, incluido el Plan Impulso Araucanía, no han tenido éxito porque no hemos asumido el desafío, ni hemos tenido voluntad política de poner encima de la mesa los problemas reales que los dirigentes del pueblo mapuche nos están planteando...

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, diputado. Tiene la palabra el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA.-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero manifestar mi preocupación porque esto le hace mal a toda la región, no solamente al pueblo mapuche, que busca la paz y que las instituciones funcionen.

Como dije en la interpelación efectuada al ministro Chadwick , Carabineros ha cometido errores. Probablemente eso es el reflejo de una autoridad pública que no ha funcionado y que no ha tenido la posibilidad legal, dentro de la ley orgánica de Carabineros, de tener responsabilidad en cuanto a temas operativos y financieros.

El gobierno del Presidente Sebastián Piñera por primera vez cita a una comisión y logra que hoy tengamos cambios en la legislación, que van a permitir a los políticos ser más responsables. El gobierno se ha comprometido y ha planteado algunos cambios legales que espero transformen el horizonte, que hoy es muy triste.

Aquí hubo una responsabilidad muy clara desde los generales, en particular de un general, que además era el director de Inteligencia. Ese uniformado tenía una relación directa con el señor Smith , el que recibía pagos con fondos reservados que estaban en conocimiento de ese general. Se trata de una situación muy distinta de la que vive hoy Carabineros a consecuencia de los últimos sucesos que involucran a la institución.

Ahora bien, quiero hacer un llamado a todos quienes hoy se muestran tan sensibles a que realmente avancemos en relación con los temas relacionados con La Araucanía. Hay que hablar de representación política, de los temas de tierras, de lo posible y no de lo imposible. Cuando se habla de entregar escaños a los pueblos originarios, me pregunto quiénes van a sacrificar los suyos en Santiago y cuántos serán. ¿Seis? ¿Siete?

Espero que la generosidad que hoy percibo en los discursos se traduzca en hechos cuando votemos ese tipo de cambios legales.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Miguel Crispi .

El señor CRISPI.-

Señora Presidenta, es un poco vergonzosa la pelea sobre qué gobierno lo ha hecho peor.

Al final, a las comunidades mapuches no les interesa si un gobierno lo ha hecho mucho peor que otro; lo que importa es que se reconozca que el Estado es el que ha fracasado y que en esto nosotros también tenemos responsabilidad.

El principal daño del montaje de la llamada “Operación Huracán” es que quienes son los ministros de fe hoy ya no lo pueden ser. Creo que todos en nuestro fuero interno ponemos en duda todos los casos que involucran a comuneros mapuches. Por tanto, debemos buscar una salida política.

Aquí no se trata de identificar una responsabilidad individual en la cadena de mando de Carabineros de Chile o de otra institución de orden, sino que se trata de entender que el problema es político y que las instituciones han fallado a quienes habitan en La Araucanía, en particular a quienes son parte de las comunidades mapuches.

Quiero dar cuenta de la generosidad y de la altura con la que los werkenes vinieron a hablar con un poder del Estado, que somos nosotros, en circunstancias de que, al mismo tiempo, Marcelo Catrillanca , padre del asesinado Camilo Catrillanca , miraba el video que muestra cómo mataban a su hijo. En esas circunstancias -se encontraba presente la Presidenta-, señaló que el diálogo debía continuar, que la reunión debía continuar, porque su intención es parlamentar.

Un pueblo que ha sido atropellado de esa manera por el Estado de Chile y que mantiene la voluntad de dialogar, creo que merece un nivel de atención distinto del que está ofreciendo el Parlamento.

El Congreso puede ser parte del problema o parte de la solución, pero no puede mantener neutralidad frente al conflicto más importante que tiene el Estado, conflicto que lleva más de doscientos años con el pueblo mapuche, por lo que espero que adoptemos todas las medidas con el fin de ser parte de la solución.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MEZA (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio, y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Juan Santana .

Antecedentes:

-Moción, sesión 17ª de la legislatura 364ª, en 4 de mayo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Minería y Energía, sesión 93ª de la presente legislatura, en 25 de octubre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 6.

El señor MEZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SANTANA, don Juan (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Minería y Energía, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, y sin calificación de urgencia, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras Karol Cariola y Camila Vallejo ; de los diputados señores Hugo Gutiérrez , Daniel Núñez y Guillermo Teillier , y de los entonces diputados señores Sergio Aguiló y Lautaro Carmona , que declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio, y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (boletín N° 10638-08).

El propósito de esta moción al declarar de interés nacional la explotación, industrialización y comercialización del litio consiste en fijar expresamente un mandato normativo que oriente la política del Estado en función del resguardo del patrimonio de todos los chilenos y el desarrollo de un horizonte estratégico a la minería de dicho recurso.

La propuesta no contiene normas de quorum calificado ni orgánico constitucional y no debe ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda.

Debo hacer presente que la idea de legislar fue aprobada por mayoría de votos.

Exponen sus autores que el concepto de interés nacional no resulta una novedad en la regulación normativa de la explotación del litio. En tal sentido, señalan que el artículo 8º de la ley N° 16.319 funda en el interés nacional el control de los actos jurídicos sobre dicho mineral, lo que, a su juicio, constituye un antecedente relevante para la propuesta que formulan.

Agregan que la citada ley N° 16.319 entregó a la Comisión Chilena de Energía Nuclear la facultad de autorizar o denegar la celebración de actos jurídicos relacionados con el litio. Asimismo, señalan que el decreto ley N° 2.886, de 1979, establece en su artículo 5º que el litio queda reservado al Estado por exigirlo el interés nacional.

De esta forma, expresan que el propósito de esta moción, al declarar de interés nacional la explotación, industrialización y comercialización del litio, consiste en fijar expresamente un mandato normativo de mayor amplitud que oriente la política del Estado en función del resguardo del patrimonio de todos los chilenos y el desarrollo de un horizonte estratégico que sirva a las necesidades de las mayorías.

Por otro lado, la presente moción declara de interés nacional la industria de explotación del litio, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 19, Nº 24°, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, lo que constituye, a juicio de sus autores, un acto soberano que habilita el comienzo del proceso de recuperación de una empresa estratégica para el desarrollo nacional.

Durante el estudio de esta iniciativa se contó con la asistencia y colaboración de los señores Luis Cuello, abogado asesor de la bancada del Partido Comunista; Jaime Bassa , doctor en derecho y docente de la Universidad de Valparaíso; Pablo Terrazas , subsecretario de Minería; de la señora María Elina Cruz , fiscal de la Corporación de Fomento de la Producción, y Jaime Gajardo , profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

El abogado asesor de la bancada del Partido Comunista señor Luis Cuello destacó que el proyecto persigue dos objetivos. El primero consiste en declarar de interés nacional la explotación y comercialización del litio, y el segundo, en declarar de interés nacional a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Luego, explicó que en nuestra legislación no existe una definición de lo que se entiende por interés nacional. Solo la Constitución de 1925 contempló este concepto, a propósito de la prohibición de ciertos trabajos que se opusiesen a las buenas costumbres, a la seguridad, o que lo exigiese el interés nacional. También lo contemplaba dicha Carta Fundamental respecto de la expropiación, cuando se refería a que esta podía ser declarada por utilidad pública o bien en aras del interés social. De allí parece haber evolucionado al concepto de interés nacional de la Constitución de 1980, en relación con la propiedad.

Trajo a colación que durante 1971 se invocó el interés nacional como una causa para la nacionalización del cobre.

Además, señaló que la Constitución de 1980 contempla el concepto de interés nacional como una excepción a la publicidad de los actos del Estado, como una excepción a la libertad de trabajo y, finalmente, como una limitación al derecho de propiedad, que habilita la expropiación por causa de utilidad pública. Por lo tanto, este concepto no tiene una definición legal clara.

También la jurisprudencia se ha pronunciado al respecto. Así, la Corte Suprema sostuvo en un fallo de 2013 que, pese a su complejidad, este concluye en el establecimiento de un estándar genérico encaminado a proteger un aspecto relevante del bien común de la sociedad política, conformada por quienes habitan la república.

Más tarde, en otra materia, el Consejo para la Transparencia se pronunció en relación con el concepto, y señaló que el interés nacional expresa un bien jurídico que se relaciona directamente con la nación toda, entera, y jamás, por lo importante que sea, con un sector ella. También se relaciona con el beneficio superior de la sociedad política globalmente considerada.

Finalmente, precisó que ninguno de los dos artículos del proyecto serían de iniciativa exclusiva del Ejecutivo ni que tampoco se trataría de normas expropiatorias, toda vez que el artículo 1 establece una norma de tipo programática y el artículo 2 constituiría un título; por lo tanto, no requeriría de gasto público.

El señor Jaime Bassa , profesor de derecho constitucional de las universidades de Valparaíso y Viña del Mar, manifestó, a modo de introducción, que la definición relativa a la actividad económica en torno a la explotación del litio configura una de las discusiones más significativas de las últimas décadas, en atención al potencial impacto en el desarrollo económico del país, pero también social, cultural y político.

La forma en que se ha desarrollado la actividad económica presenta cierta continuidad en la historia de Chile, especialmente a partir de la implementación de un paradigma extractivista que ha generado rentas a partir de una explotación intensa de recursos naturales, pero sin un modelo de desarrollo sostenible y sustentable. Así lo demostraría la experiencia histórica con el salitre y el cobre.

Desde esa perspectiva, parece evidente, a su juicio, que detrás de la actividad económica que sea posible desarrollar con el litio hay un interés nacional, dada la posibilidad de cambiar el paradigma que ha caracterizado a la explotación extractivista de los recursos naturales en nuestro país.

Respecto del proyecto de ley, manifestó que se integra al sistema de distribución de competencias normativas que establece la Constitución, puesto que el legislador lo discute al alero del mandato y de la habilitación constitucional contenidos en su inciso tercero del número 24° del artículo 19. Dicha norma establece que una persona puede ser privada de su propiedad o de los atributos propios del dominio cuando una ley especial o general autorice su expropiación, luego de haber calificado el interés nacional del bien en cuestión que se justifique en su utilidad pública.

Así, el legislador está constitucionalmente habilitado para calificar un bien determinado de interés nacional. Los fundamentos de dicha declaración forman parte del ámbito competencial propio del legislador, quien deberá valorar los distintos antecedentes disponibles y evaluar la forma en que dicha declaración de interés nacional satisface la utilidad pública, considerando los efectos, tantos positivos como negativos, que dicha regulación puedan generar. Eso forma parte del juicio de oportunidad propio de la actividad legislativa.

El subsecretario de Minería, señor Pablo Terrazas , señaló que el litio tiene la calidad de mineral no concesible, conforme lo establece la Ley N° 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones. Sin embargo, su explotación es libre para los titulares de la concesiones amparadas por el Código de Minería de 1932 y vigentes a 1979.

Respecto del proyecto de ley en estudio, señaló que por su artículo 1 se declara de interés nacional la explotación, industrialización y comercialización del litio. Sin embargo, criticó que la protección que se desea brindar a este mineral ya está establecida por nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que la Constitución Política de la República, la ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, el Código de Minería, el decreto ley N° 2.886, de 1979, y la ley N° 16.319, constituyen el marco regulatorio aplicable al litio, estableciéndose como un mineral no concesible y que, por interés nacional, queda reservado al Estado.

Por su parte, respecto del artículo 2, que declara de interés nacional la Sociedad Química y Minera de Chile Sociedad Anónima, en los términos del artículo 19, Nº 24°, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, manifestó que la declaración de interés nacional propuesta va dirigida a sustentar la privación del dominio pretendido, lo que conforme al mecanismo constitucional, en principio, es correcto, pero debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

Además, agregó que la Carta Fundamental se pone en el caso de que la ley que autorice la expropiación, ya sea por causa de utilidad pública o por interés nacional, debe ser calificada por el legislador, lo que en la especie no ocurre, sino que la iniciativa solo hace una mera referencia a la norma constitucional y dispone la declaración referida.

Finalmente, concluyó que el proyecto de ley propuesto no está en armonía con nuestro ordenamiento jurídico vigente, porque persigue la declaración de interés nacional respecto de las actividades de explotación del litio, lo que hoy ya existe, conforme a las normas previamente citadas.

Por lo tanto, la expropiación propuesta es meramente enunciativa, porque no se establece la calificación que prescribe la Constitución Política, situación que vulneraría los principios establecidos en nuestra Carta Fundamental y, consecuencialmente, podría ser nociva para el desarrollo económico de nuestro país.

El profesor titular de derecho constitucional de la Universidad de Chile señor Jaime Gajardo señaló que el interés nacional es un concepto amplio y sin una definición constitucional ni legal. En tanto, para la doctrina se podría catalogar como un bien público de rango constitucional, que consiste en aquellas materias de relevancia clave para la comunidad política, definidas por ley, y en virtud del cual se autoriza al legislador a restringir o limitar un derecho fundamental o autorizar la reserva o secreto de información pública.

Además, el profesor Gajardo señaló que el interés nacional constituye un bien público de rango constitucional; es una materia clave para la comunidad política, que debe ser establecida por ley, y en virtud de la cual se autoriza al legislador a restringir o limitar un derecho fundamental o a autorizar la reserva o secreto de información pública.

Además, el concepto de interés nacional que se contempla en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política constituye una de las causales que autoriza la expropiación de un bien y, por ende, constituye una privación del derecho a la propiedad.

Ahora, en el caso del proyecto de ley en estudio, se trata de aquellos que podemos clasificar como una ley especial de expropiabilidad, por cuanto señala específicamente el bien a expropiar y se limita a calificar el interés nacional de la misma y, por ende, a autorizar a la Administración para que dicte los actos expropiatorios concretos, conforme a la Constitución y a la legislación vigente.

Puesto en votación en general el proyecto iniciado en moción se aprobó por mayoría de votos. Votaron a favor las diputadas señoras Daniella Cicardini , Marcela Hernando y Alejandra Sepúlveda -en reemplazo del señor Esteban Velásquez -, y los diputados señores Juan Santana , Silber y Vidal . Votaron en contra la diputada señora Sofía Cid y los diputados señores Noman y Paulsen -en reemplazo del diputado Jorge Durán -.

La discusión particular del proyecto consta en el informe y podrá ser consultada por las señoras diputadas y los señores diputados.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Minería y Energía recomienda aprobar el siguiente proyecto de ley:

“Artículo 1º.- Declárese de interés nacional la explotación, industrialización y comercialización del litio.

Artículo 2º.- Declárese de interés nacional toda operación emanada de la explotación del litio, cuyo titular del contrato de operación sea persona natural o jurídica, en los términos del artículo 19 N° 24 inciso tercero de la Constitución Política de la República.”.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señora Presidenta, los acuerdos de los Comités Parlamentarios señalan que los últimos diez minutos del Orden del Día se destinarán a conocer el informe de la comisión especial investigadora del eventual fraude en la ANFP, pero hay 21 diputados inscritos para intervenir en el debate del proyecto que estamos tratando.

Considero que no tiene sentido iniciar la discusión de un proyecto en circunstancias de que es imposible terminar de debatirlo hoy, ya que con suerte alcanzarán a intervenir uno o dos diputados. Por ello, me parece que lo lógico es que ese informe se rinda antes de iniciar la discusión de este proyecto.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Entiendo su planteamiento, señor diputado, pero eso es lo que señalan los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, y debo remitirme a ellos.

Tiene la palabra el diputado José Pérez .

El señor PÉREZ (don José).-

Señora Presidenta, la naturaleza ha sido tremendamente sabia, porque en cada rincón del mundo ha puesto riquezas, tanto en la superficie como en las profundidades del planeta. Lo importante es que los pueblos sean capaces de explotarlas adecuadamente y de comercializarlas de la mejor manera que les sea posible, para que su población obtenga los beneficios que espera y, con ello, la prosperidad que anhela cualquier persona.

El litio fue declarado recurso de interés nacional. Por ello, sin duda, su explotación y comercialización son fundamentales para el país.

Lamento la escasez de parlamentarios en la Sala para abordar un tema tan importante como este, porque hay que dejar claramente establecido que estamos hablando de un asunto de tremenda relevancia para Chile. En este momento, el litio es uno de los minerales más preciados a nivel mundial, porque posee propiedades muy especiales, valoradas principalmente por su potencial electroquímico.

Su demanda ha crecido de modo exponencial debido especialmente a sus aplicaciones en materia energética. Los depósitos de litio en las regiones de Arica y Parinacota , de Antofagasta y de Atacama tienen gran potencial, pues están entre los más grandes depósitos de litio en salares, situación que permite su extracción a un costo menor que el que pueden alcanzar otros países que también poseen este mineral.

Las baterías de los autos del futuro lo requieren, tal como ocurre hoy con las baterías de los teléfonos celulares, las computadoras, las cámaras digitales y todos los productos tecnológicos recargables. Desde hace años, el futuro de la industria del automóvil tiene su horizonte puesto en el litio, mineral que posee alta capacidad de conducción de calor y de electricidad, pero, por sobre todo, de almacenaje de energía. De hecho, no estaría mal reconocer que, aunque soterradamente, es de especial interés de parte de Europa incorporar en las cláusulas del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea la exclusividad de este recurso, lo que nos hace tener aún más recelo en la protección de este mineral.

Los pocos países que tiene litio, lo cuidan como hueso de santo. En la “ Arabia Saudita del litio”, como se denomina al triángulo formado por el sur de Bolivia, el norte de Argentina y el norte de Chile, está el 83 por ciento de la reserva mundial de este mineral.

El más importante depósito nacional de litio es el salar de Atacama, con 26,5 millones de toneladas, seguido de otros de una condición semejante, pero cuya explotación supone un costo mayor.

El litio es un mineral importante que permitirá aumentar las inversiones mineras y los ingresos para el país y, al mismo tiempo, diversificar nuestras exportaciones, de manera de moderar la fuerte dependencia del cobre. El metal rojo se mantendrá como nuestro principal producto de exportación, pero, sin duda, este y otros son agotables en Chile y en el mundo, por lo que el litio puede ayudarnos a tener la independencia que requerimos en cuanto a nuestra matriz de ingresos.

La industria del litio puede transformarse en un subsector de nuestra economía, alcanzando en sus exportaciones valores similares a los de otros sectores económicos del país, como el vitivinícola, el salmonero o el forestal si se mantiene un ritmo creciente de inversiones para aumentar la capacidad productiva nacional.

Esta fuerte alza en el consumo del litio nos da la oportunidad para desarrollar este sector con una visión integral, no solo enfocada en el aumento de la producción y atracción de las inversiones exclusivamente mineras, ya que el país debe realizar un esfuerzo en la cadena de valor y manufactura del litio.

Así como en otros países se está pensando en la construcción de baterías, ¿por qué no podría hacerse en Chile también, para generar demanda de mano de obra y sacar un mejor provecho a este mineral, que es tan escaso y tan codiciado en el mundo entero, especialmente por los países desarrollados?

Políticas públicas en el campo de la investigación y el desarrollo son fundamentales para que el país dé un paso adelante y se convierta en un referente a nivel mundial, no solo en el campo de la producción de litio, sino también en la generación y explotación del conocimiento y en la innovación para encontrar nuevas aplicaciones de este metal.

El Chile de hoy demanda con urgencia la nacionalización del litio. La recuperación del litio es algo tremendamente importante para el país, para su pueblo y para su desarrollo. Este es un recurso que pertenece, sin duda, a todos los chilenos, por lo que no es justo que, por la ambición de unos pocos, hipotequemos el futuro de millones de chilenos.

No perdamos nunca de vista que el cobre no tiene un potencial de explotación infinito y que el sector público debe ser capaz de diversificar su matriz productiva, a fin de ser realmente eficiente y rentable para el país.

El litio es de todos los chilenos y debe ser explotado por el Estado de Chile. Avancemos hacia la nacionalización del litio, antes de que sea demasiado tarde y debamos arrepentirnos de no haberlo hecho oportunamente.

Lamentamos la decisión del entonces vicepresidente de Corfo, señor Eduardo Bitrán , de cerrar acuerdos con el sector privado para que esta explotación sea realizada a través de empresas que, finalmente, se quedan con la mayoría de los recursos. Deben ser empresas del Estado de Chile las que se interesen en esta explotación, que lo hagan de manera eficiente y que le saquemos el mejor provecho posible, para que podamos invertir en salud, en educación, en trabajo, en escuelas, en caminos, en bien de la gente. También utilicemos esos recursos para pagar las deudas históricas que tenemos pendientes.

Para todo eso es fundamental que el Estado de Chile sea capaz de nacionalizar la explotación del litio.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

El debate de este proyecto continuará en una próxima sesión.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del gobierno respecto del eventual fraude en la ANFP y los efectos que tuvo su reestructuración en su relación con las organizaciones deportivas profesionales, entre 2015 y el 4 de abril de 2018.

Diputado informante es el señor Pablo Prieto .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora de eventual fraude en la ANFP y sus efectos en organizaciones deportivas profesionales, sesión 98ª de la presente legislatura, en 12 de noviembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 6.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor PRIETO (de pie).-

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión Especial Investigadora de los actos del gobierno respecto del eventual fraude en la ANFP, paso a informar sobre las actuaciones, conclusiones y proposiciones derivadas de la investigación que realizamos.

Las consideraciones que sirven de fundamento, las conclusiones en general y las proposiciones de esta comisión fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes, señoras Érika Olivera y Marisela Santibáñez , y señores Alejandro Bernales , Andrés Celis , Jaime Mulet , Pablo Prieto y Alexis Sepúlveda .

Cabe hacer presente que la comisión acordó remitir copia del informe al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para efectos de que se adopten las medidas que se estimen pertinentes y el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan.

La discusión de la comisión investigadora está contenida en el texto del informe. Los principales ámbitos discutidos y conclusiones fueron los siguientes.

1. En relación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se concluyó que el organismo no dio cabal cumplimiento a su deber de control y fiscalización sobre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

El órgano fiscalizador tuvo a la vista una gran cantidad de antecedentes que, luego de ser analizados por esta comisión, no quedó más que considerar que constituyen prueba suficiente de las múltiples irregularidades que tuvieron lugar en la ANFP y que no fueron tomadas en cuenta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su eventual investigación, tales como contratos y vínculos comerciales entre la ANFP y empresas en que tienen participación representantes de los clubes que forman parte de la misma, irregularidades en las cuentas de la Copa América, detallados en el informe auditor de Deloitte; préstamos irregulares efectuados a los clubes pertenecientes a la ANFP provenientes tanto de la misma ANFP como del Comité Organizador Local 2015 y la utilización de una fórmula para eximirse del pago de impuestos mediante la inversión en el fútbol joven.

Por su parte, aquellos hechos o actuaciones que sí fueron investigados por el ente fiscalizador, esto es, los contratos suscritos con el director técnico de la selección chilena y su cuerpo técnico, el pago de remuneración a los directores de la ANFP y los contratos celebrados con estudios jurídicos ubicados en Estados Unidos para la defensa particular del señor Jadue , solo tuvieron como resultado instruir modificaciones al interior de la ANFP que, una vez cumplidas, pusieron término al proceso de fiscalización, sin que hasta la fecha exista continuidad en el control del órgano privado.

Lo anterior es completamente reprochable, por cuanto el ministerio tuvo conocimiento de hechos que revestían la gravedad suficiente como para decidir aplicar la máxima sanción que dispone nuestro ordenamiento jurídico, esto es, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica, lo que no se efectuó, según se indicó en la comisión, por la relevancia que tiene la institución en el fútbol profesional, el interés público involucrado y la posibilidad de perjudicar a la selección chilena de fútbol, fundamentos que a juicio de esta comisión no son justificación suficiente para avalar la existencia de irregularidades de tal magnitud, como las que se expusieron durante el desarrollo de la comisión investigadora.

Lo que es aun más grave es que los fundamentos dados por el organismo para no solicitar la cancelación de la personalidad jurídica, como es el principio de razonabilidad o el interés público que ostenta la ANFP, no se encuentran contenidos en el acto administrativo por el cual se da por terminado el proceso de fiscalización, lo cual genera incerteza y la idea de que, por el solo hecho de efectuar una actividad relevante, la entidad se vuelve impune e intocable, con total libertad para actuar en forma ajena al ordenamiento jurídico.

2. La Comisión para el Mercado Financiero y su antecesora, la Superintendencia de Valores y Seguros, han dado cumplimiento a la potestad fiscalizadora que le encomienda el ordenamiento jurídico, al establecer un procedimiento en cuanto a la forma y oportunidad en que se requiere la información a las organizaciones deportivas profesionales.

Recalcó que la Comisión para el Mercado Financiero ha ejercido las potestades y ha aplicado el principio de coordinación, informando periódicamente a otros organismos públicos, como es el Instituto Nacional de Deportes. Sin embargo, parece una deficiencia el hecho de que no se haya implementado el envío de los oficios de requerimiento de información y procedimientos sancionatorios a la Dirección del Trabajo, institución a cargo de certificar el pago de las obligaciones laborales y previsionales de las organizaciones deportivas profesionales.

3. A juicio de esta comisión investigadora, las autoridades del Servicio de Impuestos Internos, entre 2015 y 2018, no cumplieron íntegramente con su deber de velar por la correcta aplicación y fiscalización de los impuestos de carácter interno, al no ejecutar los controles necesarios ni analizar la información de transferencias de dinero entre las entidades, las que en algunos casos resultan ser absolutamente anormales, por sus montos y oportunidades.

Si bien el servicio informó procedimientos de fiscalización, no se han considerado todas las irregularidades que, desde el punto de vista tributario, se han establecido en las auditorías efectuadas a la institución investigada. En ese sentido, se han planteado desórdenes contables desde 2015 hasta 2016, traspasos de gran cantidad de dinero provenientes de actividades que realiza la ANFP.

4. Sobre la Dirección del Trabajo en el periodo investigado, se concluyó que, si bien ejerció la facultad de control y fiscalización del cumplimiento de las normas laborales y previsionales sobre la ANFP y organizaciones deportivas profesionales, presenta una falta de diligencia y compromiso en el ejercicio de la potestad que la ley le otorga, por cuanto no resolvió -y hasta la fecha no lo ha resuelto establecer un programa de fiscalización a nivel nacional de todas las organizaciones deportivas existentes.

5. En lo que respecta al Instituto Nacional de Deportes en el período investigado, se concluyó que existió un absoluto incumplimiento en lo relativo a la fiscalización y control de las organizaciones deportivas profesionales, dado que no se actuó en orden a controlar el cumplimiento de las múltiples obligaciones que establece la ley Nº 20.019, sobre sociedades anónimas deportivas profesionales.

6. Sobre la estructura del fútbol en Chile, la comisión concluyó que, si bien se organiza en torno a una federación, como ocurre en las demás disciplinas deportivas, esta se integra por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, compartiendo directorios, lo cual genera desórdenes administrativos y campos de acción muy amplios que no permiten resguardar los intereses de ambas asociaciones.

Asimismo, se advirtió que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional no tiene una naturaleza jurídica acorde con una organización que mueve el negocio del fútbol, con ingresos anuales superiores a los 100 millones de dólares.

Su estructura de persona jurídica sin fines de lucro impide controles y fiscalizaciones efectivas, lo que genera un ambiente que se presta para los abusos de los que fue objeto durante la administración del señor Jadue .

Su naturaleza jurídica y falta de controles eficaces ha hecho que la organización también pudiera abusar, especialmente de los clubes más pequeños, o establecer reglamentos de campeonatos que radican facultades determinantes en lo deportivo, donde el directorio de la ANFP ordena repetir los penales de un partido ya terminado, como ocurrió en el caso que involucró a Deportes Vallenar.

Es así que la ANFP se visualiza como una institución privada a la que ingresan miles de millones de pesos, que controla la actividad deportiva más importante en nuestro país, que es el fútbol, y actúa con libertad y omnipotencia debido a los escasos controles.

Se acordaron unánimemente las siguientes propuestas:

1. Modificación de la naturaleza jurídica del ente que organiza, desarrolla y explota la actividad del fútbol profesional, de modo que quede sujeto a mayores controles y fiscalizaciones.

2. En tal sentido, se hace necesario establecer controles de distintos entes estatales y privados. Por ello, se propone fortalecer los controles externos, entre ellos, extender la potestad de fiscalización del Instituto Nacional de Deportes a la ANFP, con el objeto de promover un gobierno corporativo transparente en los clubes deportivos y tener control y vigilancia de los gastos que efectuare.

3. Se debiera exigir por ley la creación de entidades de control interno, como es el establecimiento de cuerpos independientes de auditores designados por los clubes asociados a la entidad privada.

Lo anterior tiene como propósito obtener que tanto las organizaciones deportivas como el ente superior que las reúne actúen de forma coherente con la realidad económica y jurídica del deporte-espectáculo, permitiendo el fortalecimiento de la competencia deportiva y, más aún, la responsabilidad laboral para con los trabajadores y jugadores profesionales de la industria del fútbol.

4. Un modo de mejorar el gobierno corporativo de la ANFP es someterla a la fiscalización de la Federación Chilena de Fútbol. Por tanto, no corresponde que los miembros del directorio de la ANFP sean a su vez miembros del directorio de la federación. Esa incompatibilidad debe ser establecida por ley.

Debo informar a los señores diputados que ya se presentó un proyecto de ley para dicha separación.

5. En lo que respecta a las organizaciones deportivas profesionales, se requiere establecer a nivel legal cuáles incumplimientos de obligaciones se consideran graves y cuándo existirá reiteración en el incumplimiento, con su correspondiente sanción, desde lo pecuniario hasta la eliminación del registro correspondiente.

6. Asimismo, se deben hacer modificaciones legales a la ley Nº 20.019, sobre sociedades anónimas deportivas profesionales, en orden a establecer con exactitud los organismos a los que les corresponderá aplicar una u otra sanción frente al incumplimiento de las obligaciones legales por parte de las organizaciones deportivas profesionales, para evitar confusiones o interpretaciones contradictorias entre los órganos públicos que detentan potestad fiscalizadora y sancionatoria.

7. Finalmente, es necesario introducir conceptos asentados en el mundo público, como las nociones de buenas prácticas a nivel dirigencial, incrementar la profesionalización y excelencia en la dirigencia del fútbol, exigir estricta probidad en el comportamiento de los mismos, ya que representan a las instituciones que albergan a tantos profesionales y trabajadores que desarrollan el deporte más significativo en nuestro país.

Por las consideraciones expuestas, solicito a la Sala que se apruebe el informe y las propuestas emitidas por la comisión investigadora.

He dicho.