Labor Parlamentaria

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

A petición de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, la Sala guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de Alixon Pizani, joven de 16 años que falleció en las protestas antigubernamentales en Caracas, Venezuela.

Los invito a ponerse de pie.

-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Muchas gracias.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados hoy, el plazo para renovar las indicaciones y solicitar votación separada vence hoy a las 18.30 horas.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos a cada bancada, más dos horas 20 minutos distribuidas proporcionalmente entre ellas.

Los tiempos por Comités serán los siguientes: Renovación Nacional, 37 minutos 31 segundos; Unión Demócrata Independiente, 32 minutos 06 segundos; Partido Socialista, 22 minutos 10 segundos; Democracia Cristiana, 17 minutos 38 segundos; Revolución Democrática, 15 minutos 50 segundos; Partido Comunista-PRO, 13 minutos 08 segundos; Partido por la Democracia, 12 minutos 14 segundos; Partido Radical Social Demócrata, 12 minutos 14 segundos; Comité Mixto, Partido Humanista e independientes, 12 minutos 14 segundos; Evópoli , 10 minutos 25 segundos; Frente Regionalista, Verde, Social, 9 minutos 31 segundos.

Diputados informantes de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda son los señores Jorge Alessandri y Manuel Monsalve , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 60ª de la presente legislatura, en 21 de agosto de 2018. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 129ª de la presente legislatura, en 22 de enero de 2019. Documentos de la Cuenta N° 13.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 2 de este boletín de sesiones.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

El señor ALESSANDRI (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara: en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica.

El objetivo del proyecto consiste en la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, el cual tendrá por objeto la protección especializada de niños y niñas, entendida como la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados de niños y niñas debido a abuso o maltrato, y la reparación de las consecuencias provocadas por dichas vulneraciones.

Así, al ser este un servicio especializado, se dirigirá a la protección de los niños y niñas que han sido “gravemente” vulnerados y no a cualquier vulneración de derechos. En este sentido, constituirá vulneración grave lo que el Código Penal, la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, y las demás leyes respectivas definan por abuso y maltrato, incluyendo asimismo el abandono o la negligencia grave.

Durante la discusión del proyecto, la comisión escuchó a las siguientes personas: el ministro de Desarrollo Social, señor Alfredo Moreno ; la subsecretaria de la Niñez, señora Carol Bown , y diversos asesores del ministerio y de la subsecretaría; el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia señor Max Pavez ; la defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz ; el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, señor Ignacio Irarrázaval ; el director de la Escuela de Derecho de la Universidad La República, señor Magdiel Nicholls ; el asesor de la Fundación Jaime Guzmán señor Carlos Oyarzún ; la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, señora Alicia del Basto ; el representante del Movimiento ProAcogida señor Matías Sime ; el representante del Hogar de Cristo señor Paulo Egenau ; la directora de educación de la Mesa de Residencias, señora Teresa Izquierdo ; la coordinadora de la Mesa Técnica de Residencias, señora Ximena Calcagni ; las representantes de la Corporación Opción señoras Milagros Nehgme y Camila de la Maza ; el representante del Centro de Estudios de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián señor Arturo Squella ; el director de Estudios de la Fundación Ciudad del Niño, señor Claudio Andrade ; las representantes de la Comunidad de Organizaciones Sociales señoras Paulina Fernández y Nicole Romo ; la coordinadora de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados, señora Mónica Jeldres ; la magistrada señora Gloria Negroni , y el representante de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (Antrase) señor Walter Arancibia .

Durante la discusión del proyecto la comisión celebró 22 sesiones, en las cuales se analizó en profundidad su contenido, visto como una oportunidad histórica de mejorar las condiciones de la infancia y la adolescencia más vulnerables. Por ello, surgió una multiplicidad de propuestas, la inmensa mayoría de ellas de consenso, que se tradujeron en modificaciones encaminadas a perfeccionar el proyecto. Desde ya, la denominación del servicio que se crea se cambió por la que acabo de mencionar, a fin de especificar que se trata de dar una protección especializada a la infancia y a la adolescencia susceptible de medidas de protección, la cual ha de ser especializada, de manera que sean tales medidas las que se adapten a las necesidades de los menores y no al revés, como ocurría hasta hoy.

Asimismo, se introdujeron medidas para perfeccionar el control y fiscalización de los organismos colaboradores, no solo en el empleo de los recursos, sino en que efectivamente se brinde una protección adecuada a los menores; se perfeccionó el rol de los colaboradores en los procesos de adopción para evitar que influyan subjetivamente en el mismo; se incrementaron los recursos para atender las necesidades de este nuevo servicio, en especial en los costos fijos; se exige un perfil adecuado a quienes van a trabajar con los menores; se establece como ultima ratio la internación de los menores como medida de protección; se aborda en forma integral la salud física y mental de los menores; se estableció una normativa adecuada para los menores que egresen del sistema, de manera que no queden en el abandono, y se establecieron otros múltiples cambios que sería largo de enumerar en este informe.

Serán sujetos de atención de este nuevo servicio todos los niños y las niñas que hayan sido vulnerados en sus derechos debido a abuso o maltrato, incluyendo a sus familias, sean estas biológicas, adoptivas o de acogida, o a quienes los tengan a su cuidado, en los casos que ello corresponda.

Serán principios rectores del nuevo servicio el interés superior del niño, su derecho a ser oído, la autonomía progresiva, el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, el fortalecimiento del rol protector de la familia y el derecho de los niños y las niñas a su vida familiar.

Se establece una Comisión Coordinadora de Protección, la que tendrá como función la coordinación intersectorial de los órganos de la administración del Estado que desarrollen acciones, prestaciones o servicios orientados a la protección de los derechos de los niños y niñas.

Los programas deberán ser diseñados sobre la base de evidencia y evaluaciones anteriores. Dichas evaluaciones y estudios deberán considerar, necesariamente, la realidad territorial, cultural y geográfica del lugar donde los programas se ejecuten. En el mismo sentido, en el nuevo servicio se propenderá a la flexibilidad, de acuerdo con el sujeto de atención, y a las particularidades de cada territorio, de manera que la intervención se adapte a las necesidades de cada caso.

El nuevo Servicio de Protección a la Niñez se hará cargo de los niños y las niñas menores de catorce años de edad que incurren en conductas delictuales, evitando su estigmatización, pero a la vez ofreciendo programas de protección exclusivamente dirigidos a su reparación, en virtud de la complejidad de cada caso, y a su reintegración social, con el objeto de prevenir la cronificación o agravamiento de este tipo de conductas.

Actualmente, en el sistema de protección existen instituciones conocidas como entidades “coadyuvantes”, que se dedican al cuidado residencial de niños y niñas sin recibir a cambio una subvención por parte del Sename. Se elimina esta figura. Además, se exige que todas las personas jurídicas que desarrollen funciones que son objeto del nuevo servicio se constituyan necesariamente como colaboradores acreditados. Asimismo, se crea un registro de personas naturales que brinden servicios.

En el presente proyecto de ley se prioriza el cuidado alternativo familiar por sobre el residencial, de manera de resguardar en todo momento el derecho de los niños y las niñas a vivir en familia. Además, se establece la misma banda de subvención respecto del cuidado alternativo familiar o residencial, incentivando así el cuidado en familias de acogida.

Se centran los esfuerzos en que los niños y las niñas que viven en residencias lo hagan de la mejor manera posible, mejorando la infraestructura de las residencias y reduciendo su sobrepoblación, entendiendo que esta nunca será la mejor opción para el desarrollo de los niños y las niñas. Por esto, se impulsan mejoras en el sistema de cuidado alternativo de tipo residencial, destinando mayores recursos a esta línea de acción y favoreciendo las residencias pequeñas con cuidados más personalizados respecto de las residencias masivas.

Se incorpora un sistema integrado de información, que tendrá como objetivo el seguimiento y monitoreo de los niños y las niñas sujetos de atención del servicio y de sus familias, y el monitoreo de las prestaciones que reciban. Dicho sistema será interoperable con los sistemas de información que mantengan otros organismos, resguardando en todo momento la confidencialidad y protección de los datos personales.

Se incorporan capacitaciones periódicas, en las que deberán participar, obligatoriamente, los funcionarios del servicio, a las que podrán acceder los trabajadores de los colaboradores acreditados, con el objeto de mejorar sostenidamente las habilidades y conocimientos del personal para el desarrollo de las tareas propias de sus cargos.

Se establecen mayores exigencias respecto de los colaboradores acreditados y se establecen sanciones en caso de no cumplir con los estándares de funcionamiento que establezcan el servicio y el Ministerio de Desarrollo Social, a propuesta de la Subsecretaría de la Niñez. Se incluye la exigencia de realizar auditorías externas, anuales y obligatorias respecto de los programas ejecutados directamente por el servicio. Se toman medidas para garantizar oferta de protección en todas las regiones.

Se crea un Consejo de Expertos, compuesto por especialistas en el área de la niñez, que tendrá como función asesorar al servicio en diversas materias, así como aprobar ciertas propuestas que realice el director regional o nacional del servicio, según corresponda, de manera de otorgar una mayor imparcialidad en las definiciones que se adopten. Este consejo tendrá representantes de la sociedad civil.

Finalmente, por las razones señaladas, la comisión propone a la Sala aprobar este proyecto de ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor MONSALVE (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en primer trámite constitucional, en lo que respecta a la incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado, el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique , ingresado a tramitación el 16 de agosto de 2018, que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica.

La iniciativa fue informada en primer trámite constitucional y reglamentario por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con urgencia calificada de discusión inmediata.

La comisión contó con la presencia de la señora Carol Bown , subsecretaria de la Niñez, del Ministerio de Desarrollo Social; del subsecretario de Justicia, señor Juan José Ossa Santa Cruz , en calidad de ministro subrogante; del señor Rodrigo Montero , jefe del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, y de la señora Susana Tonda , directora nacional del Sename.

En representación de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse), asistió la señora Alicia del Basto , presidenta nacional, y el señor Christian Araya , secretario nacional.

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley es brindar protección especializada a niños y niñas en diversas situaciones de riesgo, mediante la creación del Servicio de Protección a la Niñez, con el fin de lograr la restitución del ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de las consecuencias provocadas en el marco de los principios que el proyecto reconoce, por una parte, la preeminencia del interés superior del niño, su derecho a ser oído, la autonomía progresiva, el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, el fortalecimiento del rol de protector de la familia y el derecho de los niños y las niñas a su vida familiar, y, por otra, desde la perspectiva institucional, la centralidad de la familia en la labor socioeducativa, el rol subsidiario del Estado en estas materias, la importancia de la colaboración público-privada para asegurar la adecuada oferta de programas y la necesidad de establecer mejoras tanto en las condiciones materiales de los niños y las niñas como en los sistemas de información, seguimiento y monitoreo.

El nuevo servicio que crea el proyecto forma parte de uno de los tres pilares institucionales básicos de la protección de la niñez, junto con el proyectado Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y la recién creada Subsecretaría de la Niñez.

Incidencia en materia financiera y presupuestaria del Estado

El informe financiero Nº 136, acompañado en el proyecto a su ingreso el 17 de agosto de 2018, explicita los siguientes antecedentes:

Los sujetos de atención del Servicio de Protección de la Niñez serán todos los niños y las niñas que hayan sido vulnerados en sus derechos debido a abuso o maltrato, incluyendo a sus familias, sean biológicas, adoptivas o de acogida, o a quienes los tengan a su cuidado, en los casos que corresponda.

Este proyecto de ley propone que este nuevo servicio cuente con:

Una Comisión Coordinadora de Protección, a la que corresponderá la coordinación intersectorial de los órganos de la administración del Estado que desarrollen acciones u otorguen prestaciones o servicios orientados a la protección de los derechos de los niños y niñas.

Un Consejo de Expertos, compuesto por especialistas en el área de la niñez, el cual tendrá como función asesorar al servicio en diversas materias, así como aprobar ciertas propuestas que realicen el director nacional o algún director regional, según corresponda, a fin de que haya mayor imparcialidad en las definiciones que se adopten.

Una oferta programática diseñada con base en la evidencia y las evaluaciones anteriores, que considere la realidad territorial, cultural y geográfica del lugar donde serán ejecutados los programas, de manera que la intervención se adapte a las necesidades de cada caso.

Inclusión de programas de apoyo para la vida independiente, dirigidos a niños y niñas que no logran ser revinculados con sus familias de origen ni son adoptados.

Inclusión de niños y niñas inimputables dentro del ámbito de acción del nuevo servicio, para así evitar su estigmatización, y una oferta de programas de protección dirigidos a su reparación y reintegración social.

Eliminación de las entidades coadyuvantes, exigiendo así que todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen funciones que son objeto del nuevo servicio se constituyan necesariamente como colaboradores acreditados. Lo anterior requiere el cumplimiento de estándares mínimos para el cuidado de los niños, y realizarles supervisión y monitoreo.

Un fortalecimiento de las familias de acogida, para privilegiar así el cuidado alternativo y familiar por sobre el residencial, estableciendo además la misma banda de subvención respecto del cuidado alternativo familiar o residencial.

Perfeccionamiento del sistema residencial, que considere el mejoramiento de la infraestructura de las residencias y favorezca la utilización de residencias pequeñas, pero con cuidados más personalizados.

La incorporación de un sistema de información que permita una adecuada evaluación, monitoreo y seguimiento de las prestaciones que reciban los niños y niñas que son sujetos de atención del servicio y de sus familias. Adicionalmente, este sistema debe ser interoperable con los sistemas de información que mantengan otros organismos, con el debido resguardo de confidencialidad y protección de los datos.

La exigencia de contar con personal capacitado e idóneo, para mejorar sostenidamente las habilidades y conocimientos del personal para el desarrollo de las tareas propias de sus cargos.

La exigencia de contar con auditorías externas, anuales y obligatorias respecto de los programas ejecutados directamente por el servicio. Se establecen mayores exigencias y sanciones para los programas ejecutados por los colaboradores acreditados.

La exclusividad en la línea de acción de diagnóstico, para evitar cualquier conflicto de interés entre el diagnóstico del niño o niña y su derivación a la oferta de intervención ambulatoria.

Por otra parte, el proyecto de ley propone modificaciones a las siguientes leyes:

-La ley Nº 20.032, respecto de la cual los cambios se enfocan en que el articulado sea consistente con el proyecto de ley que se presenta.

-La ley Nº 20.530, en cuyo caso los cambios buscan que, dada la creación de este nuevo servicio, algunas funciones que correspondían a la Subsecretaría de Servicios Sociales se radiquen en la Subsecretaría de la Niñez.

-La ley Nº 20.248, para establecer que los alumnos que sean sujetos de atención del nuevo servicio tengan la calidad de prioritarios.

¿Cuál es el efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal? El proyecto de ley irroga gastos por los siguientes conceptos:

a) Gastos en personal, que se originan en el mayor número de cargos asociados a la institucionalidad del nuevo servicio.

b) Gastos permanentes de operación, que también se asocian a la institucionalidad del nuevo servicio, así como a la formulación, operación, evaluación y monitoreo de los programas, y a los procesos de acreditación, tanto de programas como de los prestadores, entre otros.

c) Gasto por concepto de dieta de los integrantes del Consejo de Acreditación y Estándares.

d) Gastos transitorios asociados al proceso de capacitación inicial, a la habilitación de las nuevas dependencias y al mobiliario, equipos y programas informáticos para las nuevas dependencias.

e) Gasto asociado al desarrollo de un programa informático para implementar los distintos registros que se crean.

El gasto total inicial del nuevo servicio será de 336.000 millones de pesos y el gasto que supondrá una vez que esté operando en régimen será de 330.000 millones de pesos.

¿Cuáles son los supuestos de la gradualidad que incluye el proyecto?

La institucionalidad del nuevo servicio, incluido el Consejo de Expertos, se implementará durante el primer año de vigencia de la ley.

La implementación de los programas ambulatorios y de cuidado alternativo se realizará en un periodo de seis años.

Respecto del gasto incremental, habrá un gasto incremental permanente cercano a los

94.000 millones de pesos y un gasto incremental transitorio de aproximadamente 4.700 millones de pesos. Esto incluye el mayor gasto considerado en el informe financiero Nº 038, de 3 de abril de 2018, que acompañó el ingreso a tramitación del proyecto de ley que modifica el valor de la subvención en la línea residencial.

El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta futura ley en su primer año presupuestario se financiará con cargo al presupuesto vigente del Servicio Nacional de Menores. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. En los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

En relación con las exposiciones de los invitados, los integrantes de la comisión centraron su atención en los siguientes puntos:

Por una parte, consideraron de suma relevancia los mayores recursos que esta iniciativa asigna a la protección de la niñez. Estimaron necesario que dichos fondos sean utilizados principalmente en la capacitación especializada de aquellos funcionarios del actual Servicio Nacional de Menores que continuarán desarrollando funciones en el nuevo servicio que se crea a través del proyecto en estudio.

Asimismo, coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de estos funcionarios, avanzando hacia un sistema similar al que tienen actualmente los trabajadores de la salud pública.

Por otra parte, estimaron que esa mayor asignación de recursos debe ir acompañada necesariamente de los mecanismos que garanticen su uso adecuado, transparente y eficiente, de manera tal que sean destinados de manera íntegra y óptima a sus objetivos.

En definitiva, la comisión concordó en la necesaria asignación de más recursos, sin desconocer y relevar los que entrega este proyecto, pero también se puso énfasis en velar por la eficiencia y el cuidado del capital humano. Concordó además en que este es el tercer proyecto que apunta a la reforma estructural del Sename, por lo que no es posible demorar su tramitación, sin perjuicio de llamar al Ejecutivo a conformar una mesa de trabajo con las organizaciones de trabajadores de la institución para revisar las normas que se refieren a ellos, varios de cuyos dirigentes nos acompañan hoy en las tribunas.

Los artículos sometidos a consideración de la Comisión de Hacienda fueron aprobados por la unanimidad de los integrantes presentes en la ocasión, en los mismos términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Durante el tratamiento del proyecto en la comisión, aprobamos, también por unanimidad, la incorporación de un nuevo artículo transitorio, mediante el cual se establece: "Ninguno de los reglamentos a que se refiere esta ley podrá exceder el plazo de dieciocho meses contado desde su publicación en el Diario Oficial.". Los autores de la indicación, los diputados Auth , Jackson , Schilling y Ortiz , hicieron presente que los reglamentos no contemplaban plazos para su dictación.

El proyecto fue tratado con la asistencia de los diputados señores Pepe Auth , Giorgio Jackson , Carlos Kuschel , Pablo Lorenzini , Patricio Melero , Manuel Monsalve , Daniel Núñez , José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez , Alejandro Santana , Marcelo Schilling y Gastón von Mühlenbrock .

En la votación en particular, el diputado Pablo Lorenzini fue reemplazado por el diputado Matías Walker .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, hasta por siete minutos, el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, para nadie resulta un misterio la gran deuda que el Estado de Chile mantiene con sus niños. Durante años hemos visto un servicio público donde el cuoteo político, la falta de recursos, la escasez de profesionales y de especialistas idóneos a la problemática infantil han mermado las perspectivas de vida de miles de niños y niñas, quienes han sufrido penosas condiciones de vida, principalmente en lo que respecta a su alimentación, vestuario, núcleo familiar y, quizá, lo más impactante: la vulnerabilidad ante ataques a su dignidad sexual, a su inocencia, sin duda, el valor más alto y preciado de un niño.

Lo anterior se manifestaba en la existencia de una infraestructura deficitaria para la atención de los niños y niñas, lo que conllevó al establecimiento de un ambiente propicio para una continua vulneración de sus derechos fundamentales. Se trata de una situación que tuvo su momento de mayor visibilidad con la muerte de niños y niñas en centros del Sename, lo que evidentemente despertó la consternación general de nuestra sociedad.

Para terminar con esta realidad se necesita promover una nueva institucionalidad política, jurídica y social, que tenga como principal finalidad la protección y promoción de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Lo anterior, concebido bajo aspectos de tanta relevancia como la eficiencia de las instituciones públicas competentes, el buen trato, la especialización de los profesionales, mayores recursos para la fiscalización en torno al cumplimiento de las normas que regulan la institucionalidad y la descentralización en la toma de decisiones, aspectos inspirados en cuestiones más de orden técnico que puramente políticopartidista.

De acuerdo con esta problemática y en consideración a la orientación gubernamental de poner primero a los niños en la fila, el proyecto de ley se enmarca en una reforma profunda respecto del trato de la infancia por parte de nuestro país.

En efecto, con este nuevo enfoque se apunta a dividir lo que hoy conocemos como Sename en dos servicios focalizados en cuanto al objeto. Uno se dedicará exclusivamente a los menores de edad infractores de ley, entre 14 y 17 años, y el otro destinará sus servicios hacia el espectro de niños y niñas vulnerables.

De tal manera que nos encontramos ante un proyecto de ley que crea un servicio público de carácter descentralizado y que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social, focalizado en la atención de niños vulnerables, pero que no han sido infractores de ley.

Así las cosas, el servicio propuesto en este mensaje tiene por objeto la protección especializada de niños, niñas y adolescentes, entendida como el diagnóstico, la restitución del ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de las consecuencias provocadas por tales vulneraciones.

A nuestro juicio, tres son los valores más importantes de este mensaje. Primero, la existencia de una mayor supervisión y fiscalización; segundo, la descentralización y flexibilidad en la toma de decisiones, y tercero, la mayor exigencia al personal, sea este público o privado.

Todos estos aspectos, ignorados por nuestra actual legislación y que posibilitaron funestas consecuencias para nuestros niños, que todavía están viviendo, se encuentran presentes en este proyecto de ley, lo que avizora un mejoramiento en las condiciones de vida de estos niños.

Además, la existencia de un enfoque familiar promueve políticas de acción más eficientes y que diseñan una política más clara por parte de las autoridades competentes en la detección y solución de los problemas y flagelos que afectan a los niños.

Finalmente, el incremento presupuestario, del orden del 40 por ciento, implica la entrada en marcha de un mecanismo serio, eficiente y altamente exigente, sobre el cual el Estado promoverá un nuevo trato en este sensible asunto de la agenda pública.

Vivimos las primeras décadas del siglo XXI, época de un cambio profundo en los cimientos institucionales y culturales de Chile, en donde la democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos se erigen como faroles fundamentales sobre los cuales debe basarse la acción estatal ante la infancia.

Este es el compromiso y la tarea que debemos asumir en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. A eso nos convoca Chile y su destino; por ello debemos estar siempre presentes.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, este es un proyecto que hemos esperado por mucho tiempo. Sabemos que el Estado chileno tiene una tremenda deuda en este ámbito. Si bien se ha avanzado en temas de infancia, dada la situación crítica del Sename, estamos ciertos de que esto tiene que cambiar.

Debemos ser claros: tenemos una oposición que ha dado todo por aportar en la elaboración de un buen proyecto, siempre en función de lo que necesitan los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

En los debates, hemos querido ser parte protagónica del cambio. En ese sentido es bueno destacar que el gobierno ha acogido y recogido las propuestas que se hicieron en el gobierno de la Presidenta Bachelet . Eso, de alguna manera, fue conformando y estructurando el proyecto que hoy se presenta.

Respecto de lo que, en esencia, aborda la iniciativa, cabe aclarar que el nuevo Servicio de Protección a la Niñez ya no dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino del Ministerio de Desarrollo Social. Eso es muy importante, porque marca un hito respecto de la visión que tenemos de los niños y niñas.

Este proyecto, que crea el Servicio de Protección a la Niñez, ha sido supervisado por el Ministerio de Desarrollo Social, y el proyecto que tiene que ver con la nueva ley de adopción, por el Ministerio de Justicia. Ello llama la atención, porque el nuevo servicio, en alguna parte, también considera el tema de la adopción. El subsecretario señalaba que ambos proyectos se sintonizarán cuando sean leyes de la república.

Integro la Comisión de Familia, no la de Constitución. En nuestro trabajo hemos tenido sumo cuidado con cada uno de los artículos relacionados con la nueva ley de adopción.

Hay procesos que a veces han inducido a errores. Hay una comisión especial investigadora, que se acaba de conformar, que se abocará justamente a las irregularidades en los procesos de adopción. Por ello, queremos tener mucho cuidado al respecto.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Señor diputado, su Comité le ha asignado dos minutos adicionales.

Puede continuar, señor diputado.

El señor ROCAFULL.-

Reitero: hemos tenido bastante cuidado en cada uno de los artículos; hemos sido muy detallistas en eso. En ese sentido, hemos eliminado del proceso específico de adopción a los organismos colaboradores. Habrá organismos colaboradores que estarán cooperando en el Servicio; pero queremos que todo lo relacionado con la adopción sea materia exclusiva del servicio, de modo que sea el único responsable de llevar adelante ese proceso. Eso colisiona con el artículo 25 del proyecto, que establece que, en algún momento, los temas de adopción podrán ser de cargo de los organismos colaboradores.

Hay una distorsión en los proyectos de ley. Por una parte, la Comisión de Familia encarga el proceso de adopción exclusivamente al Servicio de Protección a la Niñez; pero la Comisión de Constitución aprobó que los organismos colaboradores también podrán hacerse cargo de esa materia.

Me gustaría que el ministro subrogante de Justicia pudiera explicarnos cómo se va a coordinar y corregir eso. Por lo mismo, junto con otros diputados he solicitado votación separada del artículo 25, a fin de excluir a los organismos colaboradores de los procesos de adopción.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Marcela Sabat .

La señora SABAT (doña Marcela).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a quienes nos acompañan hoy. Ellos han participado tanto en las comisiones investigadoras como en las permanentes en la discusión de temas relativos a la infancia. Llevamos varios años conversando sobre ello y, claramente, el proyecto que se votará hoy no trata de un mero cambio de nombre, sino de un pilar fundamental, parte de una hoja de ruta que contiene estrategias y propuestas. Ese pilar es consecuencia del trabajo transversal entre parlamentarios, académicos y actores de la sociedad, quienes se unieron en el último Acuerdo Nacional por la Infancia convocado por el Presidente Piñera y generaron aportes importantes.

La estructura del actual Sename data de 1979. Son bases muy antiguas. Es una institucionalidad que no ha sufrido grandes modificaciones desde entonces. Ello llevó a ese servicio a ser protagonista de tristes episodios que han enlutado a todo un país. Hemos conocido casos como el de Lissette y el de tantos otros niños que han pasado por residencias que están en manos del Estado. El Estado ha fallado. Por lo mismo, creemos que urge una nueva y robusta institucionalidad en materia de niñez.

En la actualidad, el espectro del Servicio Nacional de Menores es muy amplio y complejo. Atiende a niños y niñas vulnerados en sus derechos, y, simultáneamente, a adolescentes infractores de ley. Es complejo tener enfoques tan disimiles bajo la misma estructura; ello le quita fuerza al accionar, distrae, y los únicos afectados son los niños. Por eso es tan importante cambiar las políticas públicas.

Se ha buscado, formalmente, una separación de roles. Existe una Subsecretaría de la Niñez, que se encarga de la prevención de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; se encuentra en tramitación en el Senado la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que se encargará de los adolescentes entre 14 y 18 años que hayan cometido una infracción penal, y ahora discutimos la creación del Servicio de Protección a la Niñez, que se encargará de los niños y niñas que hayan sido vulnerados en sus derechos.

El nuevo servicio tendrá ocho puntos claves. Quiero recalcarlos, porque últimamente hemos tenido discusiones relacionadas con el aumento de la subvención a organismos colaboradores y se ha cuestionado si realmente va a haber un cambio real para los niños, niñas y adolescente que hoy se encuentran acogidos al sistema. Claramente, por sí solo, cada proyecto que se está tramitado en el Congreso no generará ese cambio. Esto tiene que ver con una modificación integral, que parte por un cambio cultural.

Principalmente, es el Estado el que debe hacerse responsable. Por eso creo que este proyecto es tan importante.

Por lo anterior, quiero recalcar los puntos claves: mayor supervisión y fiscalización, con mejores estándares y mayores exigencias para el nuevo servicio, el que deberá elaborar una normativa técnica y administrativa; mayores exigencias para el personal que va a estar a cargo de nuestros niños, niñas y adolescentes, lo que tiene que ver con capacitación y selección. Los niños no pueden quedar a cargo de personas que hayan cometido delitos contra menores o que hayan sido adictas. Lamentablemente, eso ocurría y, en casos extremos, el propio personal que tenía el deber de cuidar a los niños llegó incluso a asesinarlos.

Habrá cambios respecto del financiamiento de colaboradores acreditados.

En cuanto al enfoque familiar del nuevo servicio, va a ser importantísima la política que estamos aplicando en relación con la revinculación familiar. Es un pilar que estamos recalcando en el trabajo de la Subsecretaría de la Niñez.

Mejoramiento de la oferta programática. Los programas los reciben de acuerdo a lo que hemos visto en muchas oportunidades, pero no enfocados a las necesidades de cada uno de los niños y a los distintos lugares. Por lo tanto, hoy es muy importante reenfocar la oferta programática.

Señor Presidente, pido que me sume el tiempo adicional que me otorgó mi bancada.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Así se hará, señora diputada. Puede continuar con su intervención.

La señora SABAG (doña Marcela).-

Muchas gracias, señor Presidente.

Como señalé, hay que diseñar los programas, según las necesidades de las niñas y niños vulnerados.

También hay que mejorar la coordinación intersectorial, con una comisión coordinadora de protección a nivel nacional y regional, trabajo que hoy están haciendo los departamentos a nivel de todo el país.

Por último, se requiere mayor descentralización y flexibilidad, así como también colaboración entre el ámbito público y el privado.

Quise destacar estos ocho puntos para insistir en que una medida por sí sola no basta. Aquí son muchos los proyectos que estamos generando. Insisto en que la transversalidad ha sido muy importante y, por ello, cada vez que podemos, agradecemos el aporte que han hecho los distintos sectores y partidos políticos, y el hecho de que pudimos sentarnos a conversar y generar esa transversalidad.

Hace pocos días, tuvimos una reunión los mismos que comenzamos esta unión, esta transversalidad, con el Acuerdo Nacional por la Infancia, para hacer el seguimiento de las 94 medidas que anunciamos hace algunos meses, pues no queremos que sean solo anuncios. Hoy hemos visto que efectivamente hay un seguimiento contundente a esas medidas, y vamos a seguir fiscalizando para que no solo sean bonitos anuncios, sino que efectivamente se apliquen y ejecuten.

Hoy, más que una simple separación de funciones, estamos anunciando una nueva y robusta institucionalidad, y por ello quiero celebrar. Este proyecto representa un paso más, de muchos que debemos dar, para saldar la deuda que tenemos como Estado, porque el Estado ha fallado a nuestros niños desde hace más de cuarenta años.

Me duele profundamente ser parte de una generación que ha presenciado la vulneración de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero hoy tenemos la gran oportunidad de ser quienes finalmente generemos estos cambios. Vamos a tener que seguir muy atentos para que el Estado nuevamente no falle y viole los derechos humanos de nuestros niños.

Nuevamente agradezco a las autoridades del gobierno que encabeza el Presidente Piñera: a la directora del Servicio Nacional Menores, al ministro de Justicia y Derechos Humanos y al subsecretario, que se encuentra presente en la Sala.

Esta es la forma de hacer las cosas bien cuando se ha fallado en forma importante a los más vulnerables, a quienes no marchan, a quienes no pueden gritar lo que les está pasando. Finalmente nos estamos haciendo cargo de esa gran deuda.

Celebro el diálogo, la mesa transversal y la forma en que hemos ido avanzando. Este debate, además de tener un tono amigable, ha sido propositivo y ha tenido resultados realmente buenos, y aquí, de alguna u otra forma, lo celebramos con proyectos claros, contundentes, que tienen transversalidad y que van a lograr cambios importantes.

Queremos que mañana este proyecto sea aprobado por unanimidad y que, más allá de las ideologías de todos los partidos políticos -por cierto, válidasy de los intereses políticos, lo que realmente importe sean nuestros niños, niñas y adolescentes.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, adhiero a todas las intervenciones de los parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra.

Quiero agradecer al Ejecutivo por haber puesto urgencia a la tramitación de este proyecto. Lamento los meses que nos hemos tomado para reflexionar al respecto; espero que hayan sido para que salga un mejor producto.

Todos esperamos y confiamos en que la creación de este servicio vendrá a subsanar, de alguna manera, la vulneración de derechos que ha sufrido una cantidad importante de niños, aun cuando estamos llegando a un universo muy pequeño. Por los datos que analizamos en la comisión, sabemos que llegaremos a un universo de aproximadamente 10.000 niños -unos más o unos menos que estaban bajo la tutela del Sename. Obviamente, quisiéramos que la protección de la niñez abarcara al ciento por ciento de los niños y adolescentes de nuestro país. En ese contexto, la separación de funciones que establece el proyecto apunta en la dirección correcta.

Ahora, quiero dejar establecido que no solo el Estado ha vulnerado los derechos de los niños, sino la sociedad completa. Los niños han estado ausentes de las políticas públicas de todos los ministerios y de todas las municipalidades. Espero que eso se corrija cuando tratemos el resto de los proyectos de ley que forman parte del paquete de iniciativas que apuntan a mejorar las condiciones de la niñez en nuestro país.

En este proyecto se proponen algunos cambios que quiero destacar, como, por ejemplo, el derecho de los niños a ser oído en los tribunales de familia; la separación de los niños de sus familias realmente va a ser –espero una medida excepcionalísima, transitoria y revisable; por primera vez se establece en la ley la necesidad de coordinación periódica y un consejo que deberá estar vigilando y fiscalizando que exista periodicidad en la coordinación entre los diferentes ministerios e instituciones.

No quiero dilatar más mi intervención. Solo quiero decir que cuando vengan los otros proyectos de ley que tienen que ver con el tratamiento integral de la infancia y el servicio que va a depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para los temas de protección, también nos tendremos que hacer cargo de esa otra parte.

Mientras las municipalidades y los ministerios no pongan este tema en primer lugar, como parte de sus deberes y obligaciones, no va a haber un cambio significativo de nuestra sociedad e instituciones, en el sentido de poner a los niños por delante, lo cual todos debemos hacer.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, no es novedad sostener que la institucionalidad asociada a la protección de los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos posee falencias que deben ser tratadas por medio de la acción permanente del Estado, independientemente del gobierno de turno. En este sentido, pareciera ser que todos coincidimos en la idea de que la niñez siempre debe ser prioridad en nuestro país.

Dentro de ese contexto, se devela que el sistema de protección no considera los cambios que han ido surgiendo en el tiempo respecto de las diferentes realidades y del entorno que rodea a los niños y niñas que se encuentran en estado de vulneración social, más aún si se considera que la creación del Sename data de 1979, fecha desde la cual no se han realizado modificaciones sustanciales para mejorar el actual sistema de protección.

Durante la tramitación de este proyecto, se dejaron en evidencia los principales aspectos que requieren con urgencia ser modificados, entre los cuales destaca la poca idoneidad del personal que, muchas veces, trabaja sin capacitación. De acuerdo con datos proporcionados por el ministro de Desarrollo Social, más del 50 por ciento de quienes trabajan directamente con los niños y niñas solo tienen cuarto medio y no cuentan con una preparación específica ligada al tratamiento de menores que viven realidades complejas, marcadas por el abuso, el maltrato, problemas de salud mental, narcotráfico, entre otras circunstancias.

Por lo anterior, y entendiendo que existe la necesidad urgente de reformar la institucionalidad vigente en este aspecto, el Presidente Sebastián Piñera se hace cargo del panorama descrito, presentando el proyecto de ley en discusión.

El texto de la iniciativa establece que el nuevo Servicio de Protección de la Niñez tiene por objeto lograr la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados de niños y niñas debido a abusos y maltratos, y la reparación de las consecuencias provocadas por dichas vulneraciones. Para lograr tal objetivo, el proyecto establece una serie de instancias estándares y principios rectores que están orientados a asegurar la protección de la niñez más vulnerable de nuestro país.

Una de las innovaciones que cabe destacar dentro de este proyecto es el rol que se asigna a las familias en el trabajo de reparación, haciendo énfasis en la importancia de su intervención en la formación, desarrollo y futuro de los niños que se encuentran en estado de vulneración social. De esta forma, también se incluye a la familia como sujeto de atención del nuevo Servicio de Protección de la Niñez, entendiendo que su participación es fundamental para lograr, en conjunto con dicho servicio y de manera integral, la protección y reparación de los niños y niñas.

Por otro lado, cabe destacar que el nuevo servicio contará con un consejo de expertos, conformado por especialistas en temas de niñez, quienes deberán, entre otras funciones, asesorar, supervisar y realizar recomendaciones al nuevo servicio, estableciendo nuevos estándares orientados a asegurar el éxito del trabajo con los niños y niñas que han sufrido vulneraciones a sus derechos.

En definitiva, este proyecto constituye un aporte para enfrentar los problemas que hoy se detectan en la institucionalidad ligada a la protección de los niños y niñas que se encuentran en estado de vulneración social y que requieren de un nuevo servicio que les asegure de manera efectiva y oportuna la reparación y la protección integral.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, el tema de los niños y niñas vulnerados quizás sea uno de aquellos en los que más se hace de manifiesta la hipocresía de nuestra sociedad. Por décadas se viene diciendo que los niños y las niñas son el futuro de nuestro país, y cada vez que alguna autoridad pronuncia dicha frase lo hace con un tonito de voz “piadoso” y con una expresión facial propia de una laminita de primera comunión.

Esta hipocresía viene de los tiempos de la Colonia y de los albores de la república. Cada vez más, diversos historiadores, como Gabriel Salazar , rescatan y documentan la dolorosa realidad de muchedumbres de niños abandonados que deambulaban por los campos y las calles de nuestro país, que dormían donde los pillaba la noche o que fijaban su hogar debajo de los puentes. Resulta que esos niños abandonados eran la consecuencia de la violencia sexual de los colonizadores sobre los pueblos indígenas, y posteriormente de las violaciones del hacendado sobre las hijas adolescentes de sus peones, haciendo uso del supuesto y macabro “derecho” para violarlas.

Así es como hasta la mitad del siglo pasado deambulaban multitudes de niños abandonados, quienes para poder subsistir debían apandillarse. A esos niños se les denominó “huachos”, palabra de origen quechua que significa: animal que se ha ido de su rebaño.

Solo desde esa condición de origen es que podemos entender esta terrible asociación que se ha hecho de la niñez vulnerada con la delincuencia, la que hasta hoy perdura, casi veinte años después de que Chile ratificara la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Y si antes a los niños se los abandonaba en la calle o en el campo, ahora se los encierra en los hogares o en los centros del Sename, donde han sufrido las peores pesadillas que nos podamos imaginar. ¡Las peores pesadillas! Es cierto que unos pocos centros hacen bien su pega, pero son demasiados los abusos, las crueldades y los crímenes que hemos conocido todos estos años, y, peor aún, con instituciones que lucran desvergonzadamente a costa de la tragedia de nuestros niños y niñas.

Este proyecto apunta en la dirección correcta, porque separa a los adolescentes infractores de ley de los niños y niñas vulnerados en sus derechos. Cuando un adolescente se convierte en un infractor de la ley, lo más probable es que ello se deba a que también fue vulnerado en sus derechos.

Por tanto, mientras no se protejan los derechos fundamentales desde el nacimiento y no se cumpla con el deber de prevención por parte del Estado, vamos a seguir teniendo niños, niñas y adolescentes víctimas, y niños, niñas y adolescentes llamados “victimarios”. ¡Todos son víctimas!

En ese contexto, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia genera avances importantes en la protección de los niños, niñas y adolescentes vulnerados, pero también se queda corto en otros aspectos.

Algunos ejemplos de los avances son, en primer lugar, el reconocimiento del niño, niña o adolescente como sujeto de derechos y, por tanto, foco de la protección por parte del Estado en sus derechos fundamentales, ya sean los reconocidos en la Constitución de Chile como en los convenios y tratados internacionales en esta materia.

En segundo lugar, la obligación del servicio de supervigilar y fiscalizar a los organismos colaboradores y a las personas naturales acreditadas. De esta manera, el servicio va a jugar un rol activo y relevante al momento de la implementación de las líneas de acción y de los programas para la restitución y reparación de los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes que sean intervenidos.

Es importante mencionar el enfoque familiar y de contexto social que tendrá la intervención del servicio, lo cual es una de las grandes deudas que ha tenido la política de infancia en nuestro país, al no entender que la problemática de la niñez no pasa por situaciones aisladas, sino que son parte de un contexto mayor en donde existe violencia constante, drogadicción, alcoholismo, explotación infantil y un muy largo etcétera.

En tercer lugar, la creación de un consejo de expertos que asesore al servicio en materias de infancia. Es importante resaltar que este consejo será integrado por un experto en las ciencias sociales y uno en educación, de modo que nuevamente no tengamos un consejo lleno solo de abogados y economistas.

En cuarto lugar, el proyecto avanza en reconocer que el Estado tiene una labor primordial e intransferible sobre la infancia, que tiene responsabilidad sobre los programas que se diseñen para la protección y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que el principio de subsidiariedad no puede dejar de lado la responsabilidad del Estado sobre esta materia.

Por último, importante es el avance que se hace al diferenciar de manera clara y precisa a los organismos colaboradores de las personas naturales, creando un registro para cada una con la obligación del servicio de fiscalizarlas adecuadamente.

Desgraciadamente, el nuevo servicio se quedará corto en otros temas. No es posible que el financiamiento aún siga con un economicista sistema váucher. Todos los organismos internacionales han repetido una y otra vez que se debe avanzar en un sistema de financiamiento basal y han dicho que el sistema de subvenciones genera una institucionalización perversa. Pero bueno, parece que para este gobierno los niños son prioridad hasta que se vuelven un gasto muy grande.

Lo más importante es que no se está avanzando de manera orgánica y ordenada con el sistema de infancia en Chile, y se lo hemos planteado al gobierno. Existen al menos cinco proyectos que versan sobre infancia y que no están conversando unos con otros. Se lo hemos dicho a la subsecretaria de la Niñez varias veces. El gobierno los ha estado viendo de manera aislada, y es un error que debemos denunciar.

Es por eso que invitamos al gobierno a dar un paso más allá, a pensar en grande el sistema de la infancia. Queremos invitar al gobierno a avanzar en un Código para la Infancia, como ya lo ha sugerido la Defensoría de la Niñez y los magistrados de familia de Chile. Avancemos hacia un cuerpo legal orgánico y sistematizado que nos permita abordar el problema de la infancia vulnerada de manera responsable y visionaria.

Aquí tenemos una gran oportunidad como sociedad que ve realmente el futuro en nuestros niños, que se preocupa verdaderamente de ellos, que los protege con cuidado y con amor.

Hago un llamado al gobierno a que busquemos que esos cinco proyectos dialoguen, de modo que logremos un verdadero avance hacia un posible Código para la Infancia, como ha sido sugerido.

Tenemos que avanzar en que no haya ningún niño, niña o adolescente vulnerado en sus derechos, ni tampoco infractor de ley, y para eso es necesario que nuestro país sea capaz de garantizarles -palabra en la que queremos insistir y que hemos repetido sistemáticamentelos derechos que les corresponden: alimentación, salud y educación, derechos que deben asegurarse a todo niño por el simple hecho de nacer, independientemente de su cuna o de quiénes son sus padres.

En definitiva, estamos en presencia de un proyecto que constituye un gran avance, pero todavía tenemos grandes desafíos y tareas por delante si queremos realmente defender y garantizar los derechos de todo niño, toda niña y todo adolescente en nuestro país.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, ojalá dispusiéramos de más tiempo para referirnos a esta iniciativa, puesto que dice relación con una materia cuyo debate no debiera ser objeto de restricción de tiempo para intervenir, porque se relaciona, al igual como sucede en otros casos, con un aspecto que es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad.

Señalo lo anterior porque estamos hablando de una deuda del Estado de Chile de larga data, referida a la invisibilización de la problemática que afecta a un segmento relevante de nuestra sociedad: los niños, las niñas y los adolescentes, los que, como no pueden votar, muchas veces no son parte de las prioridades de los agentes y actores políticos.

Tal como lo señaló la diputada Hernando , los problemas que los afectan hicieron crisis luego de que se conoció información muy terrible sobre la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en centros del Sename y en instituciones colaboradoras. No debemos olvidarlo: ha habido vulneración de sus derechos por parte de instituciones públicas y privadas. Por eso, la reforma que se debe llevar a cabo sobre la materia tiene que ser de fondo, a fin de establecer de qué forma el Estado asegurará que las prestaciones de protección a la niñez vulnerada estén a la altura de lo que los niños, las niñas y los adolescentes merecen.

Este, si no me equivoco, es el cuarto intento -me alegro de que parezca ser el definitivopara generar una institucionalidad distinta, con el objeto de poder hacernos cargo de la infancia vulnerada y de los menores en conflicto con la ley penal.

Quiero destacar el trabajo efectuado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el cual tuvo un carácter transversal y en el que primó la buena voluntad de efectuar un genuino y auténtico aporte a este proyecto.

También me parece relevante destacar la excelente disposición que el gobierno tuvo durante la discusión de esta iniciativa, particularmente durante su votación. Quiero expresar mi reconocimiento a esa actitud del gobierno en la persona de la subsecretaria de la Niñez, señora Carol Bown , que nos acompaña hoy, si no me equivoco, en calidad de ministra de Desarrollo Social subrogante, porque tuvo la voluntad, la flexibilidad y sobre todo la paciencia de acoger muchas indicaciones que presentamos y recoger nuestros puntos de vista. Espero que ese espíritu ojalá se repita en la tramitación de otros proyectos tan importantes como este.

Por otra parte, quiero señalar que el espíritu que ha estado tras la tramitación de esta iniciativa ha sido el de convertir las materias relacionadas con la infancia en política de Estado, no en una trinchera de la política contingente, como lo ha sido durante mucho tiempo, lo que nos permitirá contar con una nueva institucionalidad más robusta para la protección de la infancia vulnerada, con capacidad y competencia efectiva.

Creo importante señalar que hay un capítulo sobre el cual mantenemos algunas diferencias, referido a las subvenciones, que en la iniciativa han sido denominadas como aportes financieros del Estado.

Al respecto, qué duda cabe de que lo que se propone establecer es mucho mejor que la normativa vigente, la cual, sin ir más lejos, se promulgó hoy. Sin embargo, me habría gustado que se hubiesen recogido más de las ideas aportadas por la Defensoría de la Niñez en esta materia, lo que ojalá suceda en el resto de la tramitación de este proyecto. Por eso, llamo al gobierno a analizar detenidamente las últimas propuestas que hizo dicho organismo, porque creo que pueden enriquecer este proyecto, el cual, insisto, es muchísimo mejor que lo que tenemos hasta ahora.

Hemos renovado una indicación que no fue aprobada en la comisión, la cual nos parece justo que la Sala debata, discuta y vote, que establece que sin perjuicio de la existencia de la red de colaboradores del Estado, lo que corresponde consagrar a través de esta normativa es la responsabilidad principal del Estado en la provisión de oferta pública, tal como nos lo ha pedido las Naciones Unidas.

En este caso no puede operar el principio de subsidiaridad; no puede ser que se delegue y se tercerice en privados una responsabilidad que es inherente al Estado. En esta materia, el responsable principal es el Estado, sin perjuicio de que para cumplir con su rol pueda apoyarse en instituciones colaboradoras, las que serán objeto de mayores exigencias y estándares.

Por otro lado, quiero valorar que el gobierno se haya abierto a la posibilidad de que el ciento por ciento de las instituciones colaboradoras deban reacreditarse, y que haya accedido a que ese proceso sea más exigente. No obstante, reitero que lo más importante es consagrar que la responsabilidad primaria, esencial, indelegable, intransferible de proveer oferta pública para la infancia vulnerada, para los niños, las niñas y los adolescentes que son vulnerados, es del Estado, el cual se podrá apoyar en las instituciones colaboradoras, y no al revés.

Por eso renovamos dicha indicación que espero sea aprobada por la Sala.

Quiero destacar que si bien nos hemos tomado mucho tiempo en la tramitación de esta iniciativa, creo que un proyecto de esta naturaleza lo amerita. No habría sido posible discutir esta iniciativa con esta celeridad, con un plazo para votación que vence mañana, si el trabajo de las comisiones técnicas respectivas no hubiera sido tan acucioso como lo fue, si en esas instancias no nos hubiésemos dado el tiempo de debatir cada una de las indicaciones, cada una de las propuestas para arribar a los mayores consensos posibles. De hecho, creo recordar pocas votaciones divididas en este proyecto, y no porque tengamos opiniones o visiones unívocas sobre la materia, sino porque hubo voluntad de construir acuerdos a partir de lo que cada uno piensa, porque ese es también un legítimo espacio de construcción en el Congreso Nacional, como también la expresión de las diferencias. Ambas son, a mi juicio, expresiones de la propia democracia.

Finalmente, aunque no tiene que ver directamente con el proyecto, valoro que junto con esta iniciativa hayamos logrado despachar en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento un proyecto de reforma constitucional en materia de infancia. Esa iniciativa, que espero sea puesta en tabla en marzo próximo -hago una petición en ese sentido-, se asemeja mucho a la que aprobamos en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Consagra a nivel constitucional los derechos de niños, niñas y adolescentes, y establece la obligatoriedad de que los recursos de protección que se presenten sean interpretados a la luz de los tratados internacionales suscritos, ratificados y vigentes en Chile en esta materia.

Ese acuerdo transversal de diputados y diputadas de la UDI, Renovación Nacional, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Comunista, creo que puede ser un esfuerzo relevante para coronar toda la agenda de infancia que estamos discutiendo en el Congreso Nacional con un acuerdo que consagre a nivel de la Constitución Política de la República la importancia y la centralidad que el Estado de Chile y que Chile asignan a los niños, niñas y adolescentes.

En consecuencia, me congratulo por el esfuerzo que hicimos en la tramitación de esta iniciativa, la que, por cierto, votaremos a favor, sin perjuicio de las votaciones en particular que se llevarán a cabo. Felicito al Congreso Nacional por haber alcanzado este punto de reflexión y debate.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que asigna al gimnasio regional del Maule, ubicado en la ciudad de Talca, el nombre de “Gimnasio Regional Manuel Herrera Blanco”.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, esta iniciativa se votará sin rendición de informe y sin debate.

Hago presente a la Sala que el proyecto trata materias propias de ley simple o común.

Antecedentes:

-Moción, sesión 45ª de la presente legislatura, en 10 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Informe de la Comisión de Deportes y Recreación, sesión 103ª de la presente legislatura, en 20 de noviembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 15.