Labor Parlamentaria

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Esta sesión tiene por objeto analizar el grave problema que afecta a los usuarios de los peajes y tag de rutas y autopistas, en lo que respecta a las tarifas, cobros y seguridad; conocer las políticas públicas adoptadas por los diferentes gobiernos en esta materia, así como las medidas legislativas que se pretende impulsar.

A esta sesión ha sido citado el ministro de Obras Públicas y han sido invitados el subsecretario de Obras Públicas y el director general de Concesiones.

De conformidad con el acuerdo de los Comités Parlamentarios del día 29 de mayo del año pasado, los proyectos de resolución relacionados con temáticas de sesiones especiales y que deban ser votados en ellas, solo podrán ser presentados durante los primeros treinta minutos de la sesión.

El tiempo previo de 15 minutos, correspondiente al Comité Socialista, ha sido cedido al diputado señor Tucapel Jiménez .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor JIMÉNEZ.-

Señor Presidente, el jueves 11 de octubre del año pasado, varios diputados, de distintas bancadas, solicitamos una sesión especial para tratar la grave problemática que afecta a usuarios, en cuanto a los servicios relacionados con los peajes y tag de rutas y autopistas, y las tarifas, cobros y seguridad, a fin de analizar las políticas públicas adoptadas por los diferentes gobiernos, junto con su eficacia, y conocer las medidas legislativas a impulsar.

Los chilenos y chilenas están cansados, indignados por los constantes y tremendos abusos que ocurren en nuestro país. Por ejemplo, el abuso de pagar para pagar. Esto parece raro e ilógico, pero ocurrió hace poco con los medidores de luz y también con el tag, cuando nos cobraron el famoso dispositivo. Las personas pagan mes a mes por esos dispositivos para que las empresas puedan cobrar sus servicios y tener una rentabilidad mejor.

Resulta completamente ilógico que cualquier empresa, sea autopista o de otro tipo, que quiera mejorar su negocio y aumentar su rentabilidad, haga inversiones y se las cobre a los usuarios. Esto es más abusivo que otros abusos que se cometen día a día.

Es justo que una empresa quiera mejorar su servicio y rentabilidad, pero bajo ningún punto de vista los usuarios deben asumir esos costos. Ese es un tremendo abuso que sucede en nuestro país. Estamos en el peor de los mundos para la gente y en el mejor de los mundos para las empresas.

Los chilenos y chilenas también están indignados, y con justa razón, porque día a día y año a año ven cómo el aumento de precios de peajes y tag avanza sin límites. Ejemplo de esto es el dramático aumento de 6,4 por ciento a partir del 1° de enero de este año. Cabe recordar que este incremento se debe a los contratos que mantienen las concesionarias, que consideran un aumento fijo de 3,5 por ciento más IPC. Ojalá todos los trabajadores de Chile pudieran tener ese reajuste todos los años: un reajuste de acuerdo con el IPC más un reajuste real, como el que tienen las empresas concesionarias.

¿Cómo las personas no van a estar indignadas si, cuando se les acumula el pago de tag de autopistas urbanas, les pueden cobrar hasta 15 veces el valor de la deuda y tienen que ir al juzgado de policía local a pagar otras multas? Se suma abuso tras abuso, lo que genera más indignación.

Quiero recordar que estos abusos no solo afectan a personas ABC1, sino también a ciudadanos de clase media y de sectores vulnerables, gente de esfuerzo, emprendedores que tienen pequeñas y medianas empresas. Es decir, todos los chilenos sufren por estos abusos que vemos día a día, pero principalmente los santiaguinos.

Con ese nivel de abuso, la vida se hace sumamente difícil, el país deja de ser amable y se transforma en un país abusivo, injusto y caro.

Todo esto ocurre mientras las utilidades de las autopistas urbanas aumentaron 507 por ciento en siete años. En cualquier lugar del mundo esa cifra es escandalosa. Estos son datos de los balances que las propias empresas enviaron a la Comisión para el Mercado Financiero.

Con esas altísimas ganancias, el sistema de autopistas concesionadas solo se compara al negocio de las AFP y al negocio de los bancos.

Me pregunto cómo es posible que las concesionarias tengan la tarifa más alta en horario punta, donde se forman los tacos, los vehículos gastan más combustible y las personas no gozan de un servicio de calidad, expedito y seguro. Eso ocurre en Chile.

En horario punta se debería cobrar menos, porque no se está entregando un servicio como corresponde, y que prometieron. Los problemas o déficits de las rutas y autopistas no deben transformarse en aumento de cobro de tarifas para los usuarios, sino todo lo contrario.

Por tanto, las palabras del presidente de Copsa son impresentables, cuando dijo que a la gente se le olvida el combustible que ahorra cuando usa una autopista y que ahí está el bien del usuario; o bien, cuando escuchamos a algunos expertos decir que modificar los contratos con las concesionarias sería muy complicado porque se dañaría la imagen de Chile.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es más importante para un gobierno: dañar la imagen de Chile frente a otros países o mejorar la calidad de vida de millones de familias chilenas que se ven afectadas directamente por los constantes abusos permitidos por aquellos contratos? Por lo demás, cuando uno lee esos contratos, queda convencido de que fueron redactados por los abogados de las empresas concesionarias. Son tan leoninos para el Estado que no se encuentra otra explicación.

Aquí no hay que perderse; lo importante son las familias chilenas. Por tanto, modificar los contratos con las concesionarias no es difícil; simplemente hay que tener la voluntad de gobernar en favor de la gente y no de las empresas.

No quiero desaprovechar la ocasión de destacar la tremenda labor que realizan los representantes de la organización No + abuso de TAG y Peajes -me imagino que están en las tribunas-, porque han sido importantísimos en esta tarea. Ellos se han reunido con diferentes parlamentarios y han hecho un tremendo trabajo, incluso, para que esta sesión especial se pudiera realizar.

En esta sesión especial, varios parlamentarios presentaremos un proyecto de resolución para solicitar al Presidente de la República que respalde las demandas y las propuestas de los ciudadanos que viven día a día con tremendos abusos y exigen, con justa razón, un cambio positivo ahora.

Algunas de las demandas y propuestas son las siguientes:

1) Reducir las tarifas de tag y peajes junto con la eliminación del 3,5 por ciento adicional al IPC.

2) Que se cumplan los compromisos del contrato con las concesionarias, en especial en inversiones de caleteras o alternativas de vías de no pago y seguridad vial, junto con caleteras continuas, expeditas y de calidad, sin baches ni reducción de pistas que dificulten el normal desplazamiento de los usuarios.

3) Derogar la vinculación que existe entre la deuda con un privado, como es la concesionaria, y la obtención del permiso de circulación. Las municipalidades no pueden seguir haciendo el papel de cajas recaudadoras de un privado.

4) Eliminar las multas cursadas por deudas tag, aplicando la prohibición de dos o más enjuiciamientos por cada caso -non bis in idem y la indemnización retroactiva para todos los perjudicados desde que se puso en vigencia la ley.

5) Impedir el reajuste de tarifas de plazas de peaje más de una vez al año y supervisar eficientemente que las alzas se ajusten a lo que específica el contrato de concesión, como así también la supervisión continua, constante y efectiva de los horarios base y tarifa alta.

6) Eliminación inmediata de la tarifa de saturación, ya que no es comprensible que las tarifas más altas se cobren mientras los vehículos están detenidos en tacos en horarios punta, donde el flujo no es expedito ni seguro. Fracasó la idea de desincentivar el uso del vehículo.

7) Obligatoriedad de adecuar la tarifa tag aplicada a motocicletas, ya que estas generan un desgaste de infraestructura vial y un espacio utilizado significativamente menor que vehículos que pagan la misma tarifa, como los autos y camionetas.

8) Estudios de impacto ambiental y participación ciudadana vinculante para las nuevas licitaciones y las próximas relicitaciones que se vienen. La opinión de la ciudadanía y el cuidado de su entorno deben ser prioridad.

9) Junto con velar por el concepto inicial de fin a la concesión, las rutas deben volver al Estado. Es decir, que, una vez finalizada la concesión -el término de concesión más cercano es en 2032-, las rutas vuelvan a manos del Estado, que es lo que corresponde después de cada concesión. Lo que ocurre es que estas empresas, cada vez que está por finalizar la concesión, ofrecen al Estado hacer inversiones, con el fin de que este les renueve por 20 o 30 años esa concesión, lo que les permite seguir haciendo ese tremendo negocio. Nadie está en contra de que esas empresas tengan utilidades, pero la cifra que acabo de dar es realmente escandalosa: 507 por ciento de aumento de utilidades en siete años.

Espero que al final de esta sesión la Sala apruebe el proyecto de resolución señalado, para pedir que el Estado, o el gobierno -insisto en dejar claro que este no es un problema de este gobierno; también ha sido un problema en todos los gobiernos anteriores-, al menos, revise los contratos para constatar si se están cumpliendo todas las condiciones. Por ejemplo, cuando se formaban los famosos tacos de salida hacia la costa, todos opinaban que, después de diez o quince minutos, los concesionarios debían subir las barreras, pero eso nunca se hizo. Esos son compromisos que están en los contratos, pero que no se han cumplido. Siempre he creído que, si hay voluntad, esos contratos deben revisarse, deben adecuarse a la realidad chilena, deben ser justos y que, cuando se termine la concesión, el Estado debe tener la capacidad de asumir definitivamente el negocio -si se puede llamar así-, para que las utilidades sean suyas y no de la empresa privada.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Hago presente que en este momento hay diputados y diputadas que están participando en distintas comisiones. En particular, casi la totalidad de los integrantes de mi partido está reunido en el Senado, con motivo de la despedida del presidente de esa Cámara, don Carlos Montes , a quien le enviamos un caluroso saludo.

Valoro la presencia del ministro de Obras Públicas, del subsecretario de esa cartera y del director de Concesiones.

En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, agradezco al Comité de la UDI por concederme este tiempo para intervenir.

Por su intermedio, saludo a las autoridades que nos acompañan, especialmente al ministro de Obras Públicas.

Estoy sorprendido por esta sesión especial, no por el fondo; lo que me sorprende es quién pidió la sesión. Si los parlamentarios recuerdan, por lo menos los antiguos -los nuevos a lo mejor no lo recuerdan-, uno de los más grandes accionistas de las autopistas urbanas era precisamente el Partido Socialista. Este partido no solo era accionista, sino que era socio de las autopistas urbanas. Parece que eso se les olvidó y hoy piden una sesión especial para alegar en contra de sus propios socios. Algo curioso, por lo demás. No me consta que sigan siendo socios; puede que hayan vendido las acciones, pero hasta hace un tiempo eran accionistas de las autopistas urbanas.

Por lo tanto, me parece que, antes de citar a una sesión de este tipo en la Cámara de Diputados, los Comités Parlamentarios deberían analizar este tipo de peticiones, porque aquí hay intereses creados. ¿Cómo va a ser posible que un grupo de parlamentarios que pertenecen al Partido Socialista “S.A.”, que fue accionista de las concesionarias, pida una sesión especial para reclamar por las tarifas. ¡Curioso! ¡Me parece recontra curioso!. Ellos fueron parte de ese más de 500 por ciento de utilidades que mencionó el diputado Jiménez . Ellos participaron de ese porcentaje de utilidades en los últimos siete años. Entonces, la verdad es que es un poco vergonzoso, por decir lo menos, el hecho de que hoy pidan una sesión especial para analizar el tema de las tarifas en las concesiones, cuando ellos mismos son parte, o fueron parte, de esa actividad.

Yendo al fondo del tema, comparto mucho lo que dijo el diputado Jiménez , quien me antecedió en el uso de la palabra, porque efectivamente hay que recordar algo muy importante, pero que él no lo dijo: las concesiones se hicieron durante el gobierno de Ricardo Lagos. Nunca olvidemos eso, porque no va a faltar quien diga que esto es culpa del gobierno de Pinochet. ¡No! Esto se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos. Ahora, lo que hay que analizar es si fueron buenas o no esas concesiones, si sirvieron o no para que nuestro país avanzara fuertemente en materia vial. Eso es lo que hay que analizar: si fueron convenientes o no los contratos que se hicieron en esa época. Reitero, esos contratos se hicieron en esa época. Recién ahora están venciendo algunos de esos contratos suscritos en el gobierno de Ricardo Lagos, ocasión en la que se desarrollaron la licitación y la concesión de las vías públicas. Recién ahora este gobierno va a tener la oportunidad de revisar algunos de esos contratos y de realizar algunos cambios, lo que antes no se pudo, porque los contratos se hicieron a largo plazo; se suscribieron a 20 o más años en el gobierno de Ricardo Lagos. En esa época se hizo la fijación tarifaria y todo lo que vivimos hoy en relación con los TAG y con los peajes.

Me parece bastante incongruente que quienes fueron parte de del gobierno de Ricardo Lagos hoy vengan a reclamar por las tarifas, cuando ellos mismos legislaron en el Congreso para que esas concesiones fueran entregadas.

Por favor, señores, discúlpenme, pero les pido con toda sinceridad, por su intermedio, señor Presidente, que la próxima vez los Comités Parlamentarios analicen mejor las peticiones de sesiones especiales, de manera que, cuando haya intereses creados, los parlamentarios no puedan pedirlas.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Pablo Prieto .

El señor PRIETO.-

Señor Presidente, por su intermedio aprovecho esta instancia para saludar al ministro, al subsecretario y al director de Concesiones. Estaba participando en la Comisión de Pesca, que se encuentra sesionando en forma simultánea con la Sala, en la que pronto llevaremos a cabo una votación; no obstante, quiero plantear aquí algunas inquietudes.

Si bien en mi región, la del Maule, no tenemos TAG, sí tenemos peajes. Todos sabemos que la licitación que se realizó en 1998 terminará el próximo año. Tengo entendido que en junio de este año, según las palabras del propio ministro, se va a llamar a licitación. Sin lugar a dudas, nuestra ruta, que comprende 193 kilómetros desde Talca a Chillán Viejo, fue la primera concesión de esa época, que partió en una ruta existente. Nos vimos bastante perjudicados, sobre todo en el ámbito local, en la ciudad de Talca, en sus accesos o en sus conectividades de poniente a oriente o de oriente a poniente. Existieron protocolos de algunos alcaldes de esa época, y algunos lo hicieron bien; pero el alcalde de la ciudad de Talca no lo hizo tan bien, y las consecuencias las estamos viendo hoy.

He sabido que en la nueva licitación -fue dicho por el propio ministro se quiere realizar un baipás. Por eso, por su intermedio, señor Presidente, quiero hacer una consulta, ya que lo que se pretende analizar en esta sesión es el problema que afecta a los usuarios de los peajes y de los TAG. Me puedo equivocar, pero don Hugo Vera conoce la ruta mucho mejor que yo. Calculo que en la Región del Maule tenemos alrededor de 14, 15 o 16 peajes laterales y mi consulta es si el día de mañana se considerará -como no me cabe duda que sucederá la implementación del sistema TAG en esta nueva licitación y si los peajes laterales serán eliminados o si también utilizarán ese sistema.

Ahora, si se contempla su eliminación, quiero saber cómo se compensará la pérdida de los ingresos respectivos, puesto que tenemos distintos peajes laterales a lo largo de la ruta, como en Talca, Unihue , El Tabaco y camino a Constitución, así como hacia Villa Alegre y Linares, entre otros.

Asimismo, deseo saber si está contemplada la construcción de otro troncal, el que se sumaría a los de Retiro y Río Claro.

Respecto del proyecto de construcción de un baipás para Talca, quiero señalar al ministro que no lo considero como una prioridad en estos momentos, aunque sí será necesario hacerlo a futuro, pero sí se generará un conflicto a nivel local si no se llevan a cabo las mejoras que solicitamos en su momento en materia de conectividad, tanto de poniente a oriente como en el sentido contrario, en especial en la salida de Talca, donde se producen congestiones muy grandes.

Para nosotros nunca ha sido un problema la carretera. Por lo tanto, las quejas que se producen por las dificultades que se observan en varias autopistas, en especial en las de Santiago, no es una realidad en nuestro caso. Recorro bastante la ruta del Maule, sus distintos sectores y entradas, y he observado que la carretera se mantiene bastante limpia y que existe la preocupación permanente en brindar un buen servicio a los usuarios.

Por último, junto con señalar que la construcción del baipás señalado es una política de Estado, pues así lo ha planteado el Presidente Piñera , quiero decir que espero que su construcción se lleve a cabo una vez que se nos solucione el problema local que nos afecta.

El tema de las tarifas viene de los gobiernos anteriores…

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN.-

Señor Presidente, saludo a quienes han pedido la celebración de esta sesión especial, porque el problema de las carreteras nos afecta a diario a todos los chilenos, en todo el territorio.

Represento a un distrito integrado por Melipilla, entre otras comunas, donde tenemos la triste experiencia de la Autopista del Sol, perteneciente a la empresa extranjera Abertis , carretera que es la que más veces ha rentado en Chile: más de catorce veces la inversión inicial, y digo bien la cifra, pues la he consultado recientemente. De hecho, tiene el peaje más caro de la zona urbana en la Región Metropolitana, ya que cobra más de 4.000 pesos los fines de semana para llegar a Rapel, en circunstancias de que es insegura, ya que solo tiene dos pistas, y debido a los tacos que se producen durante los fines de semana muchos automovilistas circulan por la berma. Por dicha autopista, debido a los tacos que se generan a las mañanas, la llegada a Santiago demora casi tres horas. Es decir, se trata de una ruta que funciona mal y que es cara.

Los problemas que se producen en la Autopista del Sol se repiten tanto en el norte como en el sur, en La Serena, Coquimbo y Antofagasta , cuyas carreteras y construcciones urbanas terminan siendo caras y peligrosas para los usuarios, pero un gran negocio para las grandes corporaciones. Debemos decirlo: son las grandes corporaciones las que hacen los negocios -y en esto estoy de acuerdo con el diputado conservador que intervino recién y que tienen gran poder de lobby en el Congreso Nacional, gracias a puertas giratorias que permiten que políticos, ex políticos y exfuncionarios de las concesionarias estén en permanente vinculación con el mundo público y también -seamos sinceros con el financiamiento de las campañas políticas.

Además, tenemos el problema de los TAG, ya que cada vez son más caros, y las concesionarias tienen una serie de derechos corporativos sobre los usuarios que son enormes, como impedir la renovación del permiso de circulación si no han pagado el TAG. ¿En qué otra industria el Estado sanciona una cuenta impaga de un servicio? ¡Es insólito! En el fondo, el Estado está sirviendo al TAG con mano firme y coactiva contra los usuarios, en circunstancias de que transitar por las rutas concesionadas resulta cada vez más caro, que el servicio que brindan cada día es peor y que cada vez presentan mayor congestión.

La agrupación denominada No + TAG ha dicho cosas muy interesantes: que las multas que se cobran son excesivas y que estas, incluso, podrían ser inconstitucionales, y sabemos que esas multas son un tremendo negocio.

Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa?, porque no quiero ser tan negativo. Lo hemos dicho y también lo ha señalado el Frente Amplio y diputados de todas las bancadas: el tren.

El tren en Chile está abandonado desde hace décadas; tenemos las líneas férreas construidas que el siglo XX nos legó en los gobiernos radicales, en el de Ibáñez o en el de Alessandri, que invirtieron en líneas férreas y que hoy no se ocupan o están funcionando a muy baja capacidad.

Tenemos que volver a la política del Metrotrén a Melipilla, iniciativa que todo Melipilla , Peñaflor , Talagante y Maipú están esperando, a fin de aliviar el tránsito de la Autopista del Sol y para disminuir las ganancias excesivas de sus dueños.

También podría haber un tren a Valparaíso, el cual sería una alternativa a esa carretera que usamos todos los días. Un tren al sur de alta velocidad que sea de nivel mundial, como los hay en otras capitales del mundo. ¡El tren es la alternativa real!

El Estado de Chile tiene que poner recursos, iniciativa e innovación en un tren de alta velocidad que comunique a Chile entero, ya que nuestro país está diseñado geográficamente para tener trenes, pero no los tenemos en parte por nuestra dejación, es decir, de la clase política, y por el tremendo negocio que significan las carreteras, porque qué buen negocio son las carreteras y los TAG para las grandes corporaciones, las que –insisto tienen un excesivo poder de lobby en esta Corporación, tienen vinculación con el financiamiento de las campañas políticas y, además, una extensa puerta giratoria, que permite el flujo de gerentes clave entre el mundo de las obras públicas y el mundo privado de las carreteras. Esto ha pasado no solo en los gobiernos de la centroderecha, sino también en los de la Concertación y de la Nueva Mayoría.

En consecuencia, debemos frenar esa puerta giratoria que permite el poder de las grandes corporaciones y dar a los usuarios el lugar de respeto que merecen, pues son los que pagan las cuentas al final del día.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, a pesar de que algunos estén en contra de su celebración, esta sesión especial pedida es muy importante, porque aborda un problema atingente, sobre todo, en esta época en que viene la renovación de los permisos de circulación y donde aquí, muchas veces, nos acordamos de la relación que tenemos, a través de los TAG, con las autopistas.

¡Qué duda cabe que las autopistas han cumplido un rol social tremendamente importante! Siempre he dicho que el Ministerio de Obras Públicas es una cartera de carácter muy social, porque afecta directamente la vida de las personas. En este caso, una autopista hace que una persona pueda llegar antes a su trabajo o antes para estar con su familia. No cabe duda de que su objetivo es muy loable, pero no me voy a extender al respecto, porque hay varios colegas que quieren hablar de lo mismo.

Hay un aspecto que me preocupa mucho, sobre todo en esta época: las multas que tienen que pagar los usuarios que transitan por las vías concesionadas y que no cuentan con este dispositivo.

Me preocupa el tema señalado, porque me parece que la regulación legal que aborda las sanciones es tremendamente injusta, y espero que los diputados que están en la Sala se lo hagan saber a los otros colegas, porque cuando uno transita sin el dispositivo del TAG o este se encuentra en mal estado o no ha comprado el pase diario, que cuesta alrededor de 6.000 pesos para un auto normal, se procede al cobra de una multa. En todo caso, quiero señalar que estoy de acuerdo con que la persona que comete una infracción pague una multa, pero no sé si ustedes saben que la multa a la que me refiero asciende a 1 UTM por cada pórtico que se atraviese. Es decir, una persona que transite desde Puente Alto o La Florida hacia Lo Barnechea puede pasar en un día por 4 o 5 pórticos, lo cual equivaldrá a una multa de 4 o 5 UTM.

Hace muchos años -en ese tiempo valía tres mil pesos-, tuve que pagar 178.000 pesos de multa por un día en que no compré el pase diario. Me parece que eso es tremendamente injusto. La infracción es una, no es múltiple, dado que se compra solo un pase diario. No obstante, les puedo mostrar la enorme cantidad de personas que me informó, a través de Facebook, que tiene que pagar sobre un millón de pesos por haber cometido esta infracción. Algunos lo hacen conscientemente, pero otros compraron un auto sin saber que mantenía una deuda.

Esas cosas las ve cada persona, pero la lógica y la justicia nos indica que la infracción es solo una y que, en consecuencia, se debe pagar una unidad tributaria mensual (UTM) por el primer pórtico que se pase, no por cada pórtico.

Hemos propuesto un proyecto de resolución en el que se pide al Presidente de la República que acelere y ponga urgencia, en la medida de lo posible, a un proyecto de ley que fue patrocinado transversalmente, acá en la Cámara de Diputados, que pretende resolver este problema, que me parece totalmente injusto.

No estoy diciendo que los infractores no deban pagar la multa, pero sí que paguen lo justo, lo que corresponde. Si hay que pagar seis mil pesos para transitar un día completo por las autopistas, parece absolutamente injusto que se deba pagar 200.000 o 300.000 pesos de multa por un día de tag no pagado.

Pido a los presentes, que no son muchos, que nos apoyen y voten favorablemente este proyecto de resolución, para que terminemos con esta injusticia que va a afectar a muchos chilenos cuando vayan a pagar y a renovar su permiso de circulación.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, parece que el lema o la canción de moda en Chile se refiere a los abusos reiterados, a las colusiones, a los abusos de las isapres, a los abusos de las farmacias, a la “colusión de los pollos”, etcétera.

Ahora nos encontramos con un problema latente entre los ciudadanos: la situación de miles de usuarios de vías concesionadas, del tag, que deben pagar peajes al circular por las rutas y autopistas de nuestro país, dadas las altas tarifas que se cobran y por las dudas respecto de los cobros que se les hacen.

Es evidente que las autopistas han sido un gran aporte para el tránsito por las ciudades, ya que evitan congestiones viales, disminuyen los tiempos de desplazamiento, se ahorra combustible, etcétera. En ese sentido, se debe reconocer su contribución al desarrollo vial del país. Sin embargo, son demasiadas las dudas respecto de los cobros por utilizarlas.

Las constantes alzas que hemos sufrido durante los últimos años y los factores que inciden en aquello no han sido debidamente transparentados ni se adecuan a la realidad de los chilenos que deben soportar, sin derecho a réplica, los incrementos tarifarios de las concesionarias.

El pasado 1 de enero hubo una fuerte alza en el tag, de 6,4 por ciento, revelándose además las millonarias utilidades de las empresas: 507 por ciento, principalmente en las autopistas urbanas de la Región Metropolitana. Obviamente, es una situación que genera descontento generalizado y legítimo en la ciudadanía. Digo “legítimo”, porque continúan los cuestionamientos acerca de la verdadera inversión que realizan o las medidas que se implementan para la seguridad de los usuarios.

Otros puntos relevantes son las multas excesivas que se aplican por circular sin el dispositivo y el hecho de que las multas se cursen por cada comuna por la que se transita y no por autopista.

¿Es legítimo que debamos pagar un arriendo por el dispositivo del tag? Hoy, el valor aproximado de arriendo del dispositivo es de 500 pesos. ¡Eso no puede ser! No podemos seguir abusando de la gente. Les cobramos permiso de circulación, seguro, revisión técnica, etcétera. Cada vez son más los costos que deben asumir los usuarios. ¡Hasta cuándo! ¿Hasta cuándo la ciudadanía va a tener que soportar los abusos? Muchas veces, cuando el Estado suscribe los contratos con las empresas concesionarias, más que velar por los intereses de los ciudadanos, dan todas las facilidades a las empresas para que cobren lo que quieran.

Hoy, a modo de ejemplo, el cobro del dispositivo del tag es de 5.000 pesos y cobran durante cinco años un arriendo. Al final se paga 30.000 pesos por dicho aparato.

La gente está cansada de los abusos.

Quiero insistir en que muchas veces no velamos por los intereses de la ciudadanía. Como dijo uno de los oradores que me antecedió, es curioso que en un gobierno socialista, como el del Presidente Lagos, se dieran todas las facilidades a las empresas concesionarias y no velaran de ninguna manera por el interés ciudadano.

¡Basta! ¡No más abusos! No hay que ser populista. Hay que pagar por los servicios, pero eso no justifica que se abuse de los ciudadanos por usar las carreteras concesionadas. Seamos justos. Las empresas ya han ganado bastante, y tienen todo el derecho a ganar, porque han hecho una inversión; pero no es legítimo que abulten sus ganancias mediante el abuso.

Imagínense, la utilidad entre 2010 y 2017 fue de 507 por ciento para las concesionarias de la Región Metropolitana. ¡Basta de abusos! ¡Preocupémonos de la gente de una vez por todas! Leamos los contratos que firmamos.

Nosotros también tenemos una responsabilidad en eso, porque cuando votamos los proyectos de ley debemos velar por el interés de la ciudadanía y no debemos dar créditos a las empresas y entregarles más beneficios.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Obras Públicas y al subsecretario de esa cartera.

El tema de las concesiones es tremendamente relevante. A más de veinte años desde su implementación, podemos evaluar positivamente lo que ha ocurrido.

El Estado no contaba, ni cuenta, con los recursos presupuestarios necesarios para dotar a Chile de una infraestructura vial y portuaria para la competitividad. Son inversiones que traspasan a los gobiernos. Desde luego, el país no se habría desarrollado como lo ha hecho durante los últimos treinta años si no hubiésemos contado con un sistema de inversión privado, con una alianza público-privada que permitiera el desarrollo que ha vivido el país.

Es evidente que las concesiones tienen externalidades positivas y negativas. Por ello, como representante de zonas rurales, quiero mencionar las externalidades positivas, en el sentido de que esto ha permitido liberar una cantidad importante de recursos para mejorar los caminos básicos y para incrementar el número de proyectos de pavimentos básicos de los sectores rurales que podemos financiar, que son tan fundamentales para mejorar la calidad de vida en el mundo rural.

Al ritmo que se hacían antiguamente, con el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, seguramente todavía tendríamos a millones de chilenos que viven en el sector rural comiendo polvo en el verano y barro en el invierno.

Esto ha sido posible porque el ministerio ha liberado recursos que hoy los privados invierten para atender a la población más vulnerable. Esto no ha ido al ritmo que uno quisiera, pero es evidente que ha significado una mejora.

Conocemos las externalidades negativas. Al ser la autopista una vía segregada, muchas localidades han quedado encerradas, obligando a sus habitantes a dar más vueltas en su automóvil para evitar el pago del peaje; también ha provocado la muerte de muchas personas al cruzar por sectores no habilitados debido a la ausencia de pasarelas.

Al respecto, hemos hecho muchas gestiones para adecuar los contratos, con el fin de construir obras complementarias; sin embargo, como muy bien saben nuestras autoridades, es tremendamente complejo, pues hay que acudir a la Contraloría General de la República. La tramitación es lenta porque los contratos son verdaderas convenciones pétreas por lo difícil que es su modificación. Incluso, las concesionarias pueden tener la buena voluntad de realizar esas obras complementarias o de disminuir el plazo de la concesión, pero están amarradas por los bancos, que exigen condiciones difíciles de modificar.

La comunidad paga las consecuencias.

Reitero que estas obras complementarias han sido difíciles de ejecutar, por lo que se han hecho lentamente y no al ritmo que quisiéramos.

Quizás la externalidad negativa más evidente es que hay ciudades que han quedado encerradas, pues para ingresar y salir de ellas hay que pagar peaje. En la Región de Ñuble está el caso de la comuna de Ránquil.

Esperamos que con el avance tecnológico podamos disponer de sistemas más modernos en los que se cobre por el tramo de la carretera efectivamente ocupado y no como ocurre en el caso del puente Ñuble , en que las personas cruzan el puente y deben pagar el peaje para ingresar a Chillan. Ejemplos como este hay en todo el país.

Por ello, solicitamos al ministro que en las nuevas concesiones se puedan incluir sistemas más modernos, como el free flow, para que se pague por lo transitado efectivamente, no como sucede hoy en que se cobra una cantidad fija.

En cuanto al reajuste de las tarifas, es evidente que se trata de un aspecto que debemos transparentar y mejorar mucho más, junto con eliminar la llamada tarifa por saturación. Al respecto, resulta curioso, raro, que las personas tengan que pagar una tarifa mucho mayor por estar detenidas en un taco.

Hay muchos aspectos que podemos mejorar, como el reajuste anual que se aplica a los peajes, lo que molesta a las personas, porque, además, ha aumentado el parque vehicular y la calidad del servicio no mejora.

Todos estos cuestionables aspectos pueden ser corregidos con la modificación de los contratos de manera que la ciudadanía vea una real mejoría en la calidad del servicio prestado y la aplicación de tarifas razonables.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro y a sus asesores.

Quiero resaltar algunas cosas que ya dije en mi primera intervención y en las que es importante insistir en esta sesión especial.

En primer lugar, aclaro que lo que diré no se lo digo en particular al ministro, pues esta no es una política de este gobierno, sino que viene desarrollándose desde hace años. Por eso, cuando el colega Ignacio Urrutia afirmó que es inconsecuente nuestra presentación, yo creo que no lo es; por el contrario, es de la mayor consecuencia que sea el Partido Socialista de Chile el que pida esta sesión especial, porque no tiene que ver con una intención política, sino con velar por el interés ciudadano y la protección de los ciudadanos frente a los abusos.

Alguien dijo que hacemos mucho uso de la palabra “abuso”; pero este país realmente está lleno de abusos. ¡Cómo no va a ser abuso que una empresa tenga 507 por ciento de utilidad! Eso es impresentable en cualquier lugar del mundo, no solo en Chile. Nadie dice que las empresas no hagan un negocio, pero ese margen de utilidad no puede ser.

No se logra entender por qué no se pueden revisar los contratos. Es cosa de ponerse de acuerdo, sentarse alrededor de una mesa, revisar los contratos y adecuarlos. Se dice que la imagen de Chile va a quedar mal. No, aquí lo que nos debe preocupar son los ciudadanos de nuestro país.

Quiero recordar que al principio el monto de las multas correspondía a cuarenta veces el valor original. Después de una larga batalla, eso se logró bajar.

¿Cómo es posible que se ocupe a los municipios para facilitar el negocio a las empresas?

¡Eso no puede ser!

Recuerdo que una lucha que dimos con mi amigo el exdiputado Ramón Farías fue cuando quisieron instalar los dispositivos para el cobro del tag en los autos y les cobraban a los automovilistas. Lo lógico sería que el usuario les cobre un arriendo por la colocación de este dispositivo en su auto; pero cobraban por el dispositivo cuyo objetivo era mejorar el negocio y despedir gente, porque la tecnología genera cada vez más cesantía. Está bien que la empresa se modernice, pero, ¡por favor!, no cobren eso a los usuarios.

¡Y tuvimos que pagar! Después de esa gran lucha logramos que el precio del dispositivo bajara a la mitad, es decir, ya no fueron 20.000 pesos, sino 10.000 pesos los que pagamos para que ellos mejoraran su negocio y pudieran ganar más dinero.

Eso es lo que resulta impresentable y es lo que le pedimos revisar al ministro.

Por último, señor Presidente, le solicito que pida la unanimidad de los presentes en la Sala para que podamos presentar un proyecto de acuerdo, que no dice nada distinto de lo que he dicho acá, debido a que por un par de minutos no lo alcanzamos a presentar; de lo contrario, lo deberíamos mandar por oficio.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado Tucapel Jiménez ?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, vengo de la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, donde nos resistimos a que se instalara el tag.

Nos ofrecieron para la ruta 160 dos pistas más, una por cada sentido, a cambio de secuestrar esa ruta, que es la única que tenemos para ir a trabajar o a estudiar, a fin de entregarla en concesión. Eso fue hace un par de gobiernos atrás.

Me alegro de que como comunidad hayamos logrado impedir que llegara el tag a la ruta 160. En esa oportunidad, nos dijeron que si no la entregábamos en concesión no íbamos a tener nunca otra ruta. Sin embargo, en este momento se están construyendo, con dinero del fisco, sin peaje y sin tag, esas pistas que nos ofrecieron.

Entonces, es necesario investigar en profundidad este tremendo negocio -cada vez que pago el peaje recuerdo a quien trajo este negocio o lo exacerbó: el ex-Presidente Ricardo Lagos -. Lo digo, porque me llama mucho la atención que se construyan rutas pensando en su rentabilidad y no en que sean el camino más lógico de acuerdo a los planes reguladores.

También me llama la atención que en las licitaciones internacionales las concesiones se adjudiquen permanentemente a empresas españolas. ¿No hay más países? ¿Solo existe España?

Se adjudicó el puente industrial a OHL, el estadio regional de Concepción se le entregó primero a Copasa; la ruta 160, desde Coronel hasta Tres Pinos, a la empresa española Acciona; otra empresa española está construyendo la ruta a Cabrero. La única gran obra que no se entregó a una empresa española es el puente Chacao , que se entregó a Hyundai con OAS, esta última, una empresa investigada y sancionada por corrupción.

Pido investigar por qué cada vez que se realiza una licitación internacional terminan ganando, prácticamente en todas ellas, empresas españolas ligadas al Partido Popular español, como Acciona y Copasa .

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, por su intermedio, me voy a tomar de las palabras del diputado Garín y de la diputada Ossandón para referirme a un tema puntual.

El diputado Garín hablaba del tema de la renovación del permiso de circulación si uno no paga el TAG, y la diputada Ossandón se refería al cobro de 1 UTM por cada pórtico si es que uno no tiene ese sistema.

¿Qué pasa con aquellas personas cuyo vehículo fue robado, cuyas patentes fueron clonadas o cuyos TAG también fueron clonados?

Lamentablemente, hoy las concesionarias no tienen un protocolo de acción para suspender el pago o no iniciar el procedimiento para cursar multas. Son miles de usuarios los que se encuentran en esta situación. Algunos casos han sido mostrados en televisión. También se me han acercado muchas personas a señalarme lo injusto de esta situación.

Lamentablemente, las concesionarias siguen cobrando miles y miles de pesos a personas que hoy la ley no tiene la posibilidad de identificar, porque, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tránsito, los equipos de detección no tienen cómo descifrar la clonación o el robo de vehículos para no cursar cobros a los verdaderos titulares o dueños. Esta es una situación tremendamente injusta, sobre todo cuando las concesionarias quedan alejadas de las comunas donde viven las personas afectadas, a las que se les dificulta acercarse a estas para abordar el problema.

Los invito -está la autoridad presente a impulsar una iniciativa en este sentido. Nosotros presentamos un proyecto de ley que aborda las denuncias. Este propone que cuando haya una denuncia, una prueba clara de que el vehículo fue robado o de que la patente fue clonada, pueda suspenderse el cobro por parte de las concesionarias. Creemos que es de toda justicia abordar esta situación.

Entregaré copia del proyecto al subsecretario y al ministro para que puedan impulsarlo. Ustedes no saben el alivio que ello va a significar para miles y miles de personas, sobre todo considerando que tenemos un parque automotor de más cinco millones de autos. Los portonazos y el robo de vehículos han aumentado en alrededor de 7 por ciento en los últimos años. Lamentablemente, las concesionarias no han mostrado voluntad ni han sido lo suficientemente criteriosas para solucionar esta situación.

Termino señalando que las concesiones tienen que ser mucho más flexibles. Existen obras complementarias de gran envergadura que se podrían llevar a cabo en momentos en que se encuentra en marcha una concesión. Como las ciudades no crecen en forma armónica, muchas veces es necesario realizar una nueva concesión, por ejemplo, para aumentar la cantidad de calzadas. Eso no puede ser. Las ciudades van creciendo -algunas mejor que otras y el tema debe ser mucho más flexible. Debería haber sistemas de compensación, como existen en el sector eléctrico y como lo considera el Sernac cuando los estándares no corresponden a lo estipulado o acordado.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente, en un minuto es poco lo que se puede decir.

Tuve la suerte de ser uno de los que participó en la elaboración de esta ley y que la voté a favor. Esta normativa se originó cuando Carlos Hurtado era ministro. Él fue el primero que abordó lo que posteriormente sería la ley de concesiones de obras públicas. Posteriormente, pasó al ministro Lagos. Y les quiero contar más: gracias a esa ley se liberaron más de 1.000 millones de dólares en esos años para asfaltar -ese fue el compromiso con el ministro Lagos todas las capitales comunales. Hoy ese proceso está absolutamente completado.

Es bonito decir todo lo que se ha dicho aquí. Estoy absolutamente de acuerdo con todo, pero no sacamos nada con patalear, mandar proyectos de acuerdo, pues hay un contrato de por medio. Las empresas no tienen problema en construir desvíos, pasos peatonales, vías elevadas, escaleras de caracol, todo lo que uno quiera, pero le deben pagar. ¿Saben por qué? Porque estas obras no están dentro de la concesión, pues cuando se llevó a cabo el trato este se hizo en determinadas condiciones. Ese es el problema que tenemos.

En consecuencia, lo que tiene que hacer el gobierno ahora es esperar a que venzan las concesiones y poner más ojo cuando negocie nuevamente con las empresas. Además, hay otra cuestión de la cual la gente poco sabe y es que una vez que termina la concesión, esta pasa a ser automáticamente del Estado de Chile.

Por lo tanto, se han ganado algunas cosas.

Indudablemente, aquí reclamamos por la gente que no paga…

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, saludo al ministro, al subsecretario y al director de Concesiones.

En la ruta 5 Sur, en la región que me corresponde representar en esta Sala, particularmente en las comunas de San Fernando y Chimbarongo, existen complicaciones muy graves que hemos venido denunciando durante muchos años en esta Cámara. Se trata de una de las rutas más importantes para nosotros.

Hace bastante tiempo -esto tiene que ver con lo que planteaba el diputado García se realizaron estudios y se efectuaron modificaciones que fueron aprobadas incluso por el Ministerio de Hacienda y que se suponía que se iban a implementar hace alrededor de dos años. Lamentablemente, no hemos visto ningún avance. Por ejemplo, en el sector de Los Huertos, en la comuna de San Fernando, iba a realizarse una inversión para construir un paradero para los vecinos. A ese lugar lo llaman la ruta de la muerte, porque ha habido accidentes gravísimos en el sector.

Pido que el ministro, el director de Concesiones de Obras Públicas y el subsecretario puedan responder -a pesar de que están conversando con los diputados sobre qué pasa con esas inversiones, como, por ejemplo, con la salida lateral del sector de Miraflores, en la comuna de San Fernando, obra que se iba a realizar, y con las vías alternativas en la comuna de Chimbarongo. Esa comuna no cuenta con ninguna vía lateral y los usuarios necesariamente deben entrar a la carretera…

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. En el tiempo restante de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, antes de comenzar mi intervención pido autorización a la Sala para presentar un proyecto de resolución que va en beneficio de los usuarios. No tenía idea del horario tope para entregar propuestas en ese sentido.

Por lo tanto, solo si la Sala acepta, presentaré este proyecto de resolución.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado Hernández ?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, las concesiones han permitido dar un salto en infraestructura importante a nivel país. Todos estamos de acuerdo con que el problema es el reajuste de tarifas, el maltrato a los usuarios, etcétera. Se trata de problemas que se pueden mejorar. En ese sentido, creo que los proyectos de resolución tienen gran importancia.

Además, quiero advertir al Ministerio de Obras Públicas que tengo entendido que en 2021 están a punto de finalizar algunas concesiones en la Región de Los Lagos. Por lo tanto, se debe tener la precaución suficiente como para volver a la tarifa normal, para no excederse en los precios. También se debe tener consideraciones importantes en cuanto a estudiar y analizar si es factible construir una tercera pista entre Puerto Varas y Puerto Montt, o entre Llanquihue y Puerto Montt; ver accesos nuevos a diferentes comunas, donde se produce una gran congestión, como sucede en Frutillar…

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Si usted quiere complementar la temática vinculada con su distrito, le pido que nos haga llegar su intervención.

Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA (don Alexis).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Obras Públicas y al director general de Concesiones.

Sin duda que las autopistas y las concesiones de rutas han sido un aporte a la infraestructura vial del país; eso es indiscutible. Sin embargo, desde la primera experiencia de este proceso, que partió en el gobierno del Presidente Lagos, hubo errores en las negociaciones y en los contratos que se firmaron.

Lo peor sería que cometiéramos los mismos errores en aquellas concesiones que se tienen que renovar. La experiencia y el conocimiento sobre el tema nos permiten abordar de mejor manera esos nuevos contratos y desafíos. Por ello, quiero reponer un tema que en su momento planteamos al ministro con el senador Álvaro Elizalde , que es la gran discusión que tiene la provincia de Talca respecto de este nuevo proceso de licitación de la ruta Talca-Chillán. Es evidente que tenemos un tema pendiente en torno al movimiento que dice: “No al baipás”.

Quiero aclarar que no estoy en contra de los baipás, porque son una necesaria solución técnico-vial a la congestión en las ciudades, y en algunos casos son solicitados por numerosas autoridades comunales. El punto es que, a propósito de la licitación anterior, Talca fue cruzada de norte a sur por un socavón que cortó la ciudad en dos, y al plantear un baipás ese corte no tendrá solución en el nuevo proceso de licitación. Más allá de que se nos diga que serán incorporados en los programas de inversión del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Vivienda, se trata de compromisos futuros. Las autoridades y los gobiernos pasan y, finalmente, lo que sucederá es que nos vamos a quedar con ese tremendo problema que corta a Talca en dos y genera un alto grado de congestión.

Hay que revisar ese proceso; no hay que cegarse. Se pueden buscar fórmulas que permitan avanzar con un baipás, pero también, dentro del mismo proceso -o quizás en un período posterior-, dar solución a esos problemas que la comunidad está planteando.

Entrego solo un dato: la concesión Talca-Chillán obliga a la gente de la comuna de Parral, que está en el sur de la región, a pagar tres peajes troncales para salir de la región y dirigirse al norte. ¡Tres peajes troncales tiene que pagar una persona que vive en Parral cuando va camino a la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, para salir de la Región del Maule! Eso es insostenible; no es justo ni coherente con una racionalidad en la distribución de los costos que significan tener esa autopista o ruta concesionada.

Como segundo punto, no debemos concentrarnos solamente en las obras que requieren una nueva licitación, sino que también corresponde mirar hacia el entorno…

El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

Proyecto de resolución N° 481, de la diputada Ximena Ossandón , del diputado Francisco Undurraga , de la diputada Érika Olivera y de los diputados Mario Desbordes y Jorge Durán , que en su parte dispositiva señala:

La Cámara de Diputados resuelve:

Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que se sirva patrocinar el proyecto, iniciado en moción (boletín N° 11954-15), que esclarece y especifica cuál es el supuesto de la infracción relativa a transitar sin el dispositivo TAG (contemplada en el artículo 118 bis de la Ley de Tránsito).

El señor ROJAS (Prosecretario).-

Proyecto de resolución N° 482, de los diputados Tucapel Jiménez, René Manuel García , Fernando Meza , Patricio Rosas , Amaro Labra , Miguel Ángel Calisto , la diputada Carolina Marzán , el diputado Diego Ibáñez , la diputada Jenny Álvarez y el diputado Félix González , que en su parte dispositiva señala:

La Cámara de Diputados resuelve:

Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que instruya a los ministerios relacionados con la temática tratada en esta sesión especial coordinarse y hacer una revisión de la legislación referida a las concesiones viales, a fin de incorporar cambios en la misma que contemplen al menos las siguientes modificaciones:

1) Reducir las tarifas de TAG y peajes junto con la eliminación del 3,5 por ciento adicional al IPC.

2) Que se cumplan los compromisos del contrato con las concesionarias, en especial en inversiones de caleteras o alternativas de vías de no pago y seguridad vial. Junto con caleteras continuas, expeditas y de calidad, sin baches ni reducción de pistas que dificulten el normal desplazamiento de los usuarios.

3) Derogar la vinculación que existe entre la deuda con un privado, como lo es la concesionaria, y la obtención del Permiso de Circulación (municipalidad). Las municipalidades no pueden seguir haciendo el papel de “cajas recaudadoras de un privado”.

4) Eliminar las multas cursadas por deudas TAG. Aplicar la prohibición de doble -o más enjuiciamientos por cada caso non bis in idem e indemnización retroactiva para todos los perjudicados, desde que se puso en vigencia la Ley.

5) Impedir el reajuste de tarifas de plazas de peaje en más de una vez al año y supervisar eficientemente que las alzas se ajusten a lo que especifica el contrato de concesión, como así también la supervisión continua, constante y efectiva de los horarios base y tarifa alta.

6) Eliminación inmediata de la tarifa de saturación, ya que no es comprensible que las tarifas más altas se cobren mientras los vehículos están detenidos en tacos y horarios punta, donde el flujo no es expedito ni seguro. Fracasó la idea de “desincentivar el uso del vehículo”.

7) Obligatoriedad de adecuar la tarifa TAG aplicada a motocicletas, ya que estas generan un desgaste de infraestructura vial y espacio utilizado significativamente menor que vehículos que pagan la misma tarifa, como autos y camionetas.

8) Estudios de Impacto Ambiental y Participación Ciudadana Vinculante para las nuevas licitaciones y próximas relicitaciones; la opinión de la ciudadanía y el cuidado de su entorno deben ser prioridad.

9) Junto con velar por el concepto inicial de “Fin a la Concesión y las Rutas vuelven al Estado”, esto quiere decir que una vez finalizada la concesión, las rutas vuelvan al Estado como prioridad.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

Proyecto de resolución N° 483, de los diputados Javier Hernández , Ignacio Urrutia, Juan Antonio Coloma , Enrique van Rysselberghe , Celso Morales y Renzo Trisotti , que en su parte dispositiva señala:

La Cámara de Diputados resuelve:

Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que a través del Ministerio de Obras Públicas:

1) Implemente las medidas pertinentes para disminuir la congestión en las carreteras, mientras se amplía la capacidad actual de estas y se desarrollan nuevos proyectos.

2) Establezca estándares de seguridad más elevados en los futuros contratos de concesión de autopistas y que sean aplicadas en forma inmediata en los contratos actuales, acorde con el avance de la tecnología y que protejan la vida de las personas en casos de accidentes.

3) Establezca bases de licitación lo más competitivas posible, de manera de que la tarifa por concepto de peaje sea justa y proporcional en relación con uso de la infraestructura, examinando, por ejemplo, metodologías de cobro por kilómetro.

4) Estudie mecanismos de cobro que resguarden adecuadamente los derechos de los usuarios y que se negocie con las concesionarias estas modificaciones.

5) Amplíe a las demás carreteras, especialmente de regiones, el programa “Chile sin Barreras”, promoviendo la instalación de peajes electrónicos que reemplacen las casetas manuales de pago, a efecto de mejorar los tiempos de viaje y disminuir la congestión.

6) Se realice un estudio para liberar de cobros a los usuarios que circulen por autopistas donde se produzca alta congestión.

7) En el caso de las medidas especiales que toma el ministerio para los fines de semana largos, como son las ampliaciones de pista 3xl y 4x0, se tomen las medidas compensatorias o la liberación del pago para los usuarios que transitan por aquellas carreteras con menos pistas.

8) Se prohíba el paso o circulación de vehículos con dos o más ejes por autopistas concesionadas en las horas de mayor congestión vial.