Labor Parlamentaria

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el segundo sábado de octubre de cada año como el Día del Artista Local.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, este proyecto tendrá tratamiento de tabla de Fácil Despacho.

Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el señor Alejandro Bernales .

Antecedentes:

-Moción, sesión 87ª de la legislatura 365ª, en jueves 9 de noviembre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 18.

-Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 115ª de la legislatura 366ª, en martes 18 de diciembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 12.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BERNALES (de pie).-

Señora Presidenta, saludo a los artistas locales que nos acompañan en las tribunas para presenciar la tramitación de este proyecto de ley, tan importante para nuestra cultura.

En nombre de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley que establece el segundo sábado de octubre de cada año como el Día del Artista Local.

Esta iniciativa tiene su origen en una moción de las diputadas Alejandra Sepúlveda y Marcela Hernando , del diputado Vlado Mirosevic y de los entonces diputados Miguel Ángel Alvarado y Claudio Arriagada .

Idea matriz o fundamental

La idea central del proyecto consiste en establecer un día determinado en el calendario nacional destinado a conmemorar al artista local.

Constancias reglamentarias previas

El artículo único no contiene disposiciones que revistan carácter de normas orgánicas constitucionales ni de quorum calificado, ni contiene disposiciones que sean de competencia de la Comisión de Hacienda.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Votaron las diputadas Carolina Marzán y Marisela Santibáñez , y los diputados Florcita Alarcón , Nino Baltolu , Andrés Celis , Miguel Ángel Calisto , Marcelo Díaz , Gonzalo Fuenzalida , Amaro Labra , Renzo Trisotti y quien habla, Alejandro Bernales .

Fundamentos

Los autores de la iniciativa destacan la importancia de los artistas locales desde tiempos inmemoriales, pues desempeñan una función relevante en las sociedades, ya que constituyen la base cultural de una comunidad. No obstante, en los tiempos modernos, el rol de estos artistas ha quedado relegado tanto por el Estado como por la sociedad civil y se ha dado paso a la vigencia de grandes artistas por sobre quienes son la primera fuente de contacto en cada agrupación humana.

Asimismo, los autores consideran que el artista local es trascedente en la cultura nacional, pues es representativo de su comunidad, en la que se encuentra arraigado, y participa en los actos culturales de la vida diaria de las personas, como peñas folclóricas, encuentros en juntas de vecinos, actividades en escuelas, en fiestas locales, entre otros eventos de relevancia para la sociedad.

En esa línea, indican que la visión del artista local debería enfocarse en ser el principal colectivo a nivel nacional en la creación y fomento artístico, ya que su aporte en las diversas manifestaciones del arte no es sino expresión de la comunidad a la que pertenece. De ahí, sugieren, la necesidad de resaltar y visualizar el valor de la producción intelectual en las comunidades rurales y urbanas del país.

Por otro lado, hacen presente la deuda que el Estado chileno tiene con el artista local, tanto en lo que se refiere al enfoque de la política cultural, en lo concerniente a su promoción y difusión, y en el mejoramiento de sus condiciones económicas.

Por todo lo expuesto, señalan la importancia de visualizar el rol del artista local, fijando un día en el calendario que lo conmemore por su aporte a la formación cultural de la sociedad y, además, reconozca su contribución diaria en las distintas manifestaciones artísticas en su entorno territorial.

III.- Relación descriptiva del proyecto

La moción consta de un artículo único que establece el segundo sábado de octubre de cada año como el día del artista local.

IV.- Discusión en general y en particular del proyecto

Los integrantes presentes de la comisión coincidieron con el fundamento de esta iniciativa y con la legítima aspiración de sus autores de contar con una ley que otorgue un justo reconocimiento a los artistas locales y que contribuya a darles la relevancia que se merecen en el escenario nacional.

Así, la comisión procedió a dar su aprobación al proyecto en general y en particular, por la unanimidad de sus integrantes presentes, en la forma descrita en las constancias reglamentarias previas.

Por los argumentos y las razones señalados, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recomienda a la Sala aprobar el texto del proyecto de ley propuesto en el informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Damos la bienvenida a don Rigoberto Meriño , líder de los artistas locales, y a don Félix Bugueño , concejal de la comuna de Chimbarongo, quienes fueron invitados por la diputada Alejandra Sepúlveda .

(Aplausos)

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, quiero transmitir a esta Sala la importancia de lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos relevando a los personajes más importante de nuestro país; a aquellos que representan el alma de nuestro pueblo, el alma de las localidades rurales y urbanas, en fin, el alma de todo lo que es muy nuestro.

Los artistas locales se han ganado un espacio importantísimo en sus comunas en la tarea de hacer cultura día a día.

Agradezco a todos los diputados que ayudaron en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones a aprobar este proyecto de ley, que busca establecer el segundo sábado de octubre de cada año como el Día del Artista Local, y a la Federación Regionalista Verde Social, mi partido, pues me ayudaron a conseguir que esto se hiciera carne a través de múltiples colaboraciones.

Asimismo, a todos los diputados de las regiones Cuarta y Quinta, donde se han hecho importantes encuentros con artistas locales, como en todo nuestro territorio nacional.

Agradezco especialmente a Rigoberto Meriño , pues ha recorrido todo el país intentando conseguir que los artistas locales sean reconocidos; a doña Olga Cruz Manterola , poeta; a Margarita Elgueda , poeta; a Patricia Silva , una cantante espectacular; a Gilberto Acevedo , poeta y cantautor; a Sergio Terán , músico y poeta; a Ángel Chota , cantante y poeta; a Elio Bugueño , narrador, como muchos otros, de la reforma agraria en los sectores rurales; a Luis Faúndez , poeta; a Jorge Albornoz , poeta y gestor cultural; a Luz María Cordero , a Isabelle Brenda Carreño y a María Parraguez .

También quiero agradecer al diputado Amaro Labra , porque él, quien fue un artista local en San Joaquín, hizo posible que existiera el grupo Sol y Lluvia.

(Aplausos)

Agradezco a Parral, porque nos dio a Pablo Neruda , y a Vicuña, porque nos dio a la gran Gabriela Mistral . Ambos fueron artistas locales.

En suma, agradezco a todos aquellos que nos han entregado el germen de la cultura, del amor y de la pasión por el arte, las letras y la música. La oratoria de todos ellos nos entregó el germen de la cultura.

Los artistas locales nos entregan día a día un alimento para el alma, que nos permite conocer y reconocer nuestras raíces y nuestra tierra.

Por ello, quiero hacer una mención especial al canto a lo divino, canto que enraíza lo religioso con nuestra cultura ancestral.

Agradezco a todos los artistas locales del pueblo mapuche, quienes han hecho posible que su cultura, su lengua, sus tradiciones y su canto sean también parte de la cultura de Chile, pero desde lo local, desde nuestros territorios.

Vaya también mi reconocimiento a artistas como José Morales, de Arica, y Héctor Pumarino , de Calama.

En la Cámara de Diputados no solo aprobamos proyectos que se transformarán en leyes; también somos capaces de reconocer nuestra cultura que surge de las propias localidades. Por eso, vemos la pasión con la que los artistas locales cantan sus versos.

Agradezco a todos por la perseverancia que han demostrado, y espero que este proyecto de ley se apruebe por unanimidad, ya que reconoce una labor que se ha realizado durante mucho tiempo en el anonimato, sigilosamente y detalle por detalle en todas las localidades.

No me voy a cansar de repetir que Rigoberto Meriño es el líder de los artistas locales. Tampoco me voy a cansar de agradecer a cada uno de los artistas que hoy nos vinieron a acompañar desde Chimbarongo , la capital del mimbre, y a aquellos que nos ven y escuchan a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados.

Este proyecto de ley sirve para homenajear, valorar, potenciar y entender la importancia que tiene el reconocimiento a nuestros artistas locales.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, quiero saludar a todos los artistas que nos acompañan en las tribunas.

No traigo un discurso preparado para este proyecto de ley, pero decidí intervenir porque me llamó la atención escuchar hablar de los artistas locales.

Quiero saludarlos y destacar la labor que realizan, que hemos podido apreciar cuando recorremos nuestro país y nos encontramos con estas personas, que tienen un talento especial para pintar, tejer o a crear diversas cosas. De hecho, a veces uno siente un poco de envidia sana por no tener ese talento, por haber conocido en el colegio a compañeros que eran muy buenos para distintos tipos de arte.

¿Por qué me interesa y valoro este proyecto? Primero, porque creo que hay que reconocer la labor del artista, de las personas que crean y que nos enseñan muchísimo a través de su arte. Muchas veces comparo el deporte con el arte. El arte, como el deporte, traspasa valores que son muy importantes en la vida de todas las personas.

Este proyecto nos señala que el Estado de Chile mantiene una deuda con el artista. Hoy tenemos la oportunidad de saldar en parte esa deuda para que en algún momento, ojalá, ya no exista.

Además, este proyecto ayuda e invita a visibilizar y a difundir aún más el trabajo que desarrollan los artistas locales.

Por eso, felicito a los parlamentarios que llevaron adelante esta iniciativa, la que votaré favorablemente. Espero que en el futuro nuestros artistas locales cuenten con todas las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo.

Como parlamentaria, recorro mi distrito y me encuentro con muchos pequeños artistas, jóvenes artistas que cantan, que bailan, que sacan adelante sus proyectos y sus sueños. Nosotros tenemos el desafío y la oportunidad de apoyar esos talentos y llevarlos adelante.

Un saludo a todos quienes están en las tribunas; un saludo a todos nuestros artistas nacionales.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, como artista, como actriz, no podía quedar fuera de este maravilloso homenaje. La creatividad, la identidad y el arraigo son elementos fundamentales y propios de un artista local, que es la persona que encarna lo más profundo de lo identitario de su barrio, de donde creció y de donde se forjó como artista.

En el año en que se discutirá la nueva ley de patrimonio, resulta indispensable reconocer la labor intangible de rescate de la cultura y su fomento por parte de los artistas locales.

Se me va el tiempo. Espero que este día se apoye a lo largo de todo Chile. Ojalá, todo el año se reconozca a los artistas locales de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestros distritos y de nuestra nación.

Un abrazo y los felicito. Sepan que siempre contarán con el apoyo de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, así como el de todos los diputados y diputadas.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, pido que recabe la unanimidad de la Sala para que se me permita hablar acerca de este proyecto, pues me interesa mucho.

Pueden decirme que no sin problemas, pues no conozco el Reglamento. La verdad es que no tengo idea de si se trata de un asunto de Reglamento.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Diputado Alarcón , este es un proyecto que se discute bajo las reglas de Fácil Despacho, es decir, solo se dispone de diez minutos para su discusión.

Ahora, si la Sala acoge por unanimidad su petición, podrá usar de la palabra ¿Existe acuerdo para que intervenga el diputado Alarcón ?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, estoy feliz de que se realice este pequeñísimo reconocimiento al artista local.

Jamás fui artista local, por el centralismo que existe en este país. Yo aparecí acá, en el Festival de la Canción de Viña del Mar, donde sí somos artistas locales, pues allí solo se hace referencia a los famosos, a los mundiales.

En general, siempre se me pregunta por qué la mayoría de los artistas tienen sensibilidad humanista. La razón es que nos oponemos a las convicciones políticas que dan preferencia estrictamente al dinero, a la riqueza lograda por el sufrimiento de la mayoría de un país.

Esa es nuestra sensibilidad, por lo que jamás vamos a apoyar determinados proyectos de ley. Quiero destacar a todos los artistas locales con la envidia de no haber sido jamás uno de ellos.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Corresponde continuar el tratamiento del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el Código Procesal Penal para imponer a las autoridades religiosas o eclesiásticas la obligación de denunciar hechos que revistieren caracteres de delito contra menores de edad y personas impedidas de ejercer con autonomía sus derechos, y de que tomaren conocimiento en virtud de sus funciones.

Antecedentes:

-El debate del proyecto se inició en la sesión 137ª de la legislatura 366ª, en jueves 7 de marzo de 2019, oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Mario Desbordes .

El señor DESBORDES.-

Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar mis felicitaciones por la presentación de esta iniciativa, por medio de la cual se intenta agregar en el tipo penal respectivo una sanción para aquellas personas que tomen conocimiento de determinados delitos.

Aquí hay que hacer un distingo: el Código Procesal Penal ya contempla para algunas autoridades y funcionarios la obligación de denunciar, e impone sanciones en caso de que no lo hagan. Sin embargo, es evidente que no es lo mismo el carabinero de guardia o el médico o matrona que cumple labores en servicios de urgencia que una autoridad eclesiástica que toma conocimiento de un delito que se produce en un contexto en el cual la víctima confió en la persona y confió en la institución. Es mucho más grave ese tipo de delito, porque, además, dicha autoridad conoce a la víctima y porque el delito se produce generalmente en su casa.

Soy católico y veo con dolor lo que pasa en la Iglesia. Hubo encubrimiento y hubo asociación ilícita. Fue una organización la que cometió los delitos más atroces contra niños, niñas y adolescentes, por lo que es legítimo -creo que es el mejor calificativo considerar a las personas que consumaron esos delitos como depredadores sexuales.

Me parece estupendo que esto se sancione de manera drástica. Ojalá fuera de manera más drástica aún. Soy contrario a seguir aumentando penas como cosa general, pero hay casos como este en el que creo que estamos al debe. En relación con este tipo de delitos, debemos ser mucho más activos como Congreso Nacional.

En su momento, legítima y adecuadamente se constituyeron comisiones para determinar si había corrupción y situaciones anómalas en relación con el manejo de recursos públicos en materia de financiamiento de la política. En este caso se trata de una crisis grave, más generalizada de lo que quisiéramos, por lo que creo que sería saludable analizar el contexto completo de la legislación que busca cuidar sobre todo a nuestros niños.

Dentro de esa lógica, hay que recordar que las personas jurídicas tienen responsabilidad penal solo respecto de un tipo de ilícito: estamos hablando de casos fundamentalmente vinculados a la corrupción. Por eso, el año pasado presenté un proyecto, que se encuentra en la larga fila de espera de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que obliga a las personas jurídicas a establecer e implementar protocolos contra el abuso sexual que puedan sufrir niños, niñas y adolescentes que están bajo su responsabilidad, entiéndase colegios, clubes, hogares de menores y un largo etcétera.

Como hoy esas personas jurídicas no tienen obligación alguna de establecer protocolos al respecto, ¿qué pasa cuando se producen abusos dentro de un hogar o dentro de un colegio? Escuchamos a directores, hermanos o rectores decir con todo descaro que como el ilícito lo cometió un profesor u otro hermano o padre, ellos no tienen responsabilidad alguna. En otras palabras, la institución no se hace responsable porque se trata de actuaciones individuales.

Sin embargo, lo que hemos descubierto en estos años es que no son actuaciones individuales, sino colectivas y concertadas, a través de las cuales se abusa de la confianza de niños y de padres.

Muchas veces ello se acompaña del silencio que provoca en esos niños el terror de lo que vivieron y el terror que les produce la institución en la que sufrieron el abuso, por las penas que podrían tener en esta o en otra vida, porque esos desalmados también se aprovechan psicológicamente de la posición que tienen.

Las instituciones que tienen menores a su cargo no pueden eximirse de la obligación de establecer protocolos. Aquellas que los establezcan, los implementen adecuadamente y realicen las acciones de formación, de educación y de prevención de los abusos contra menores, no deberían tener miedo.

Alguien del Ejecutivo me dijo: “Mario, aquí podría tener problemas el Sename”. Bueno, si el Sename no establece e implementa el protocolo, claro que podría tener problemas.

¿Cuál es la sanción? El término de su vida jurídica, la cancelación. Quizás algunos dirán: “No podemos cerrar colegios de cien años”. ¿Y por qué no? Si en esos colegios se han ocultado abusos por décadas.

Entonces, en primer lugar, valoro esta iniciativa, porque va en la línea correcta. Ojalá pudiéramos revisar toda la legislación que hoy busca proteger a las niñas, niños y adolescentes de abusos en general y, sobre todo, de abusos sexuales.

En segundo lugar, pido a mis colegas parlamentarios que analicemos la posibilidad de que las personas jurídicas, en las cuales se amparan muchas veces estos depredadores sexuales, también tengan una responsabilidad. Ahí es donde más les va a doler, porque la congregación, el colegio, la agrupación que se hace responsable de esos niños, cuando se producen estos hechos, se lava las manos como Pilatos, y eso no puede seguir pasando.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señora Presidenta, voy a dar lectura al testimonio de una víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote de la Iglesia católica chilena:

“El sacerdote citaba a estudiantes en su oficina o dormitorio para hacerles mediciones corporales bajo la excusa de un estudio de biotipo físico. Fue una práctica que mantuvo durante años, décadas quizás, y sobre la que les pedía reserva a los seleccionados. Aparentemente, elegía a determinados alumnos, a los más deportistas y atléticos. Les explicaba, a grandes rasgos, el supuesto estudio y les pedía que se fueran desnudando. Con una cinta de sastre iba midiendo bíceps, tríceps, muslos y pantorrillas. Las sesiones partían por el torso, continuaban en las piernas y llegaban a los genitales. Cuando eso ocurría -en la primera o segunda sesión de medidas-, les pedía que se concentraran para lograr una erección. Si no la alcanzaban por sí mismos, entonces él los tocaba hasta que el pene se irguiera y así él podía extender la cinta de medir y anotar el resultado. Uno de los testimonios recopilados en esta revista describía a Leturia abrazando y besando a un adolescente mientras le susurraba al oído la frase: “Hijo, yo te quiero, esto es amor de padre, siente que te estoy pariendo”. En la misma nota, otro exalumno aseguraba que las prácticas del sacerdote eran un asunto conocido en el colegio, pero que preferían -¿las autoridades?, ¿los demás sacerdotes?, ¿los mismos alumnos?, ¿los apoderados? pasarlas por alto, hacer como si no existieran: “Si uno averigua bien, se va a dar cuenta de que, a pesar de todo, él fue padrino de confirmación de muchos, a otros los casó y a algunos incluso les bautizó a sus hijos”, fue su reflexión después de dar su testimonio.”.

Señora Presidenta, este es un extracto del libro El rebaño, de Óscar Contardo , y es uno de los testimonios más suaves que encontré entre los cientos -quizás miles que hoy existen en la literatura chilena y en la literatura mundial.

Este tipo de situaciones da cuenta de un problema de fondo en la cultura chilena, que denunció el propio papa Francisco el año pasado, cuando señaló que en Chile existe una cultura de encubrimiento y de impunidad en torno a los casos de abusos sexuales en la Iglesia católica.

Esos sacerdotes son delincuentes que hoy están amparados en una institucionalidad como la iglesia y en una reglamentación, como el derecho canónico, para quedar en un manto de protección judicial que impide a la justicia civil chilena investigar esos casos, conocerlos, juzgarlos y condenar a esos delincuentes.

Finalmente, esos casos quedan en la impunidad y muchas veces en el desconocimiento. Por eso muchos de nosotros, en forma bastante transversal, consideramos que era necesario que el Parlamento y la clase política dejaran de ser cómplices pasivos de esta cultura de encubrimiento y tomáramos una actitud mucho más proactiva en orden a actualizar nuestra legislación, para evitar que este tipo de situaciones, que son las más perversas y horrorosas de nuestra sociedad, siguiera sucediendo.

Por eso, quiero agradecer a cada uno de los colegas que ha apoyado esta iniciativa, que busca establecer en forma expresa en nuestra legislación, siguiendo el ejemplo de países como Australia y México, un deber de denuncia para el clero, los sacerdotes, los pastores, todas aquellas personas que ejercen algún tipo de cargo en cualquier credo religioso y, además, los que se desempeñan como directivos de instituciones juveniles, deportivas, culturales o sociales, porque había que incorporarlos en el artículo 175 del Código Procesal Penal.

Por el estatus que estas personas tienen en la sociedad, en la cual ejercen una relación de autoridad y de asimetría sobre las personas, particularmente sobre niños, niñas y adolescentes, y también relaciones de confianza, de las que muchas veces se aprovechan para cometer este tipo de abusos, había que exigirles de manera legal un estándar de conducta mucho mayor al que tienen hasta hoy.

Por eso, les vamos a exigir que, en cuanto tomen conocimiento de un eventual abuso sexual hacia un menor o una persona con capacidades que le impidan tomar decisiones por su propia voluntad, tengan la obligación de poner esos antecedentes inmediatamente en conocimiento de los entes estatales que inician los procedimientos judiciales, en este caso el Ministerio Público o la fiscalía, de manera que se lleven a cabo las investigaciones que hoy no se están realizando y se puedan levantar las respectivas pruebas. No esperemos que el paso del tiempo haga que estos delitos sigan prescribiendo.

Hay que valorar y aplaudir la aprobación de ayer en el Senado del proyecto que establece la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores. Este proyecto viene a complementarlo, no solo para que los delitos se investiguen en cualquier momento, más allá del tiempo que haya pasado, sino para que se empiecen a investigar también en forma oportuna.

Avanzamos significativamente en terminar, de una vez por todas, con la cultura del encubrimiento y de la impunidad en nuestro país. Además, lo hicimos de manera bastante transversal con el proyecto original que fue presentado y respaldado por la bancada de la Democracia Cristiana, y con un proyecto complementario que presentamos junto a diputados de oposición y de Chile Vamos, que finalmente se tradujo en una indicación en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en que buscamos aumentar las penas para este tipo de omisiones a los deberes de denuncia, porque el artículo 175 del Código Procesal Penal establece los deberes de denuncia, por ejemplo, para las autoridades académicas y funcionarios públicos, pero con una sanción que es una multa, y creemos que, por la gravedad de este tipo de delitos, de los abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, había que aplicar sanciones penales mucho más drásticas. Por eso decidimos equiparar la omisión del deber de denuncia al encubrimiento.

Aquellos sacerdotes y directivos de instituciones religiosas o afines que no entreguen los antecedentes a la fiscalía para que se inicien las investigaciones van a ser considerados inmediatamente como encubridores, para efectos de la justicia y de la aplicación de la pena.

¡Nunca más una cultura de encubrimiento; nunca más una cultura de impunidad!

Para tranquilidad de todos, en el debate legislativo en la Comisión de Constitución aclaramos que el objetivo de este proyecto no es atacar el secreto de confesión, que está regulado en otra normativa. Sin embargo, a pesar de que quedó registrado para la historia de la ley, presentamos una indicación de manera transversal para que quedara expresamente aclarado. Los hechos nos muestran que todos o la gran mayoría de los casos, que son cientos en nuestros país y que hoy están siendo investigados por la fiscalía, particularmente por el fiscal Emiliano Arias , a quien saludo porque ha tenido una actitud mucho más proactiva e incisiva para dar a conocer esos casos que durante décadas habían estado escondidos bajo la alfombra y no habían salido a la luz.

Colegas, hemos avanzado significativamente en esta materia. Por ello, les pido que aprobemos este proyecto por unanimidad, tal como salió en su origen, con apoyo transversal; tal como salió de la Comisión de Constitución, con apoyo también transversal, y que demos una señal clara, potente, a todo el país, particularmente a esos cientos de víctimas, niños, niñas y adolescentes chilenos, compatriotas que han sido abusados, muchos de los cuales son víctimas en silencio y a quienes durante años, incluso décadas, la legislación chilena no les permitió dar a conocer sus casos para que fueran investigados y no les permitió alcanzar la justicia que ellos y sus familias esperaban.

Es tiempo de terminar con aquello. Demos una señal clara y potente al país de que el Parlamento está por terminar con el encubrimiento, está por terminar con la impunidad y está por terminar con las injusticias.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señora Presidenta, hoy no es un día cualquiera, toda vez que estamos cumpliendo un año desde que se suscribió el Acuerdo Nacional por la Infancia, un conjunto de políticas públicas que denota una decisión clara de poner a los niños primero en la fila.

Es así como tenemos un conjunto de iniciativas que está llevando adelante el gobierno; pero el Parlamento tampoco se ha quedado atrás, toda vez que hoy discutimos una modificación al Código Procesal Penal que tiene como objetivo también la protección de todos aquellos jóvenes y niños que fueron víctimas de abusos por parte de autoridades eclesiásticas.

Creo que ello nos ha generado a todos, y no solo a quienes profesamos la religión católica, un profundo dolor, una profunda impotencia. Por eso este proyecto de ley es una herramienta muy concreta para tratar de corregirlo.

Es así como este proyecto, originado en una moción, tiene por objeto modificar dos artículos del Código Procesal Penal: en primer lugar, el artículo 175, que establece un listado de aquellas personas que se encuentran obligadas a denunciar la comisión de un delito del que hayan tomado conocimiento, y, en segundo término, el artículo 177, en el sentido de establecer una especie de agravante que dice relación con aquellos casos en que el delito sea cometido en contra de menores y la persona obligada a denunciarlo no lo haga. En esta situación se aplicarán las penas que la legislación penal contemple para los casos de encubrimiento.

El proyecto incorpora en el artículo 175 a las autoridades eclesiásticas en el listado de las personas que están obligadas a denunciar la comisión de un delito del que hayan tenido noticia. Es decir, incorpora una nueva categoría dentro de ese listado.

En el marco de quiénes son las personas que actualmente se encuentran obligadas a efectuar la respectiva denuncia, lo anterior resulta de toda lógica, toda vez que en el listado se incluyen los jefes de establecimientos hospitalarios, los directores de establecimientos educacionales, los miembros de Carabineros de Chile, de la PDI, de Gendarmería, los fiscales; es decir, personas que tienen bajo su mando a un grupo determinado de trabajadores, de alumnos; derechamente de otras personas.

Por otra parte, el proyecto de ley también propone una especie de agravante respecto de aquellos casos en que las referidas personas que se encuentran obligadas no denuncien el delito si este involucra como víctima a un menor de edad o a personas que tengan algún tipo de incapacidad física o mental. En tal situación, se les aplicará la pena que la legislación penal contemple para el delito de encubrimiento.

El proyecto resulta de toda lógica. No se trata de un estatuto especial ni arbitrario en contra de autoridades de la Iglesia, toda vez que establece un deber que actualmente existe para una serie de otras personas que, por la función particular que ejercen todos los días, deben realizar este tipo de denuncias. Ese es el punto central de la discusión: la naturaleza de su función las obliga a realizar este tipo de denuncias.

Por otra parte, en relación con la pena que conlleva el delito de encubrimiento, se parte de la base de que la obligación de denunciar es un mandato general para todas las autoridades mencionadas en el artículo 175 y no solo para las autoridades eclesiásticas. Merece el análisis determinar si efectivamente es arbitrario o proporcional castigar a esas autoridades cuando omitan denunciar en aquellos casos en que el delito sea cometido en contra de personas que, por su naturaleza, se encuentren en indefensión. Efectivamente, resulta racional.

Valoro, sobre todo en un día como hoy, el esfuerzo y el cumplimiento de un deber ético, de una obligación, del Congreso Nacional de no legislar a medias tintas, sino de establecer normas muy concretas, muy reales y muy ejemplarizadoras, para que todos estos hechos totalmente dolorosos no sigan ocurriendo y, sobre todo, para que no continúe el encubrimiento y nunca más seamos testigos de este tipo de delitos en cualquier iglesia.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban).-

Señora Presidenta, como Federación Regionalista Verde Social, sin duda, vamos a respaldar este proyecto. Pero también creo que es el momento para las reflexiones, como las que se han expresado en esta sesión.

Es bueno reconocer que, por mucho tiempo, por muchos años, muchas familias hicieron denuncias de este tipo. Probablemente se golpearon hartas puertas para denunciar, para que alguien escuchara y atendiera este tipo de aberraciones que ocurría al interior de la Iglesia católica, de la cual soy parte. Yo profeso la religión católica. Por supuesto que han sido años de molestia y de dolor.

Es el momento para reconocer que en esos casos hubo encubrimiento, hubo redes de protección, hubo familias poderosas que encubrieron a muchos curas, a muchos sacerdotes. Muchos sectores políticos también callaron y silenciaron. Existen algunas castas que se han creado en nuestro país. Y ahora, entre comillas, se torna una moda sumarse a todo lo que implique castigar a la Iglesia católica. Por supuesto que, respecto de estas aberraciones y de otras, hay que actuar. Obligar a denunciar los delitos suena como una cuestión tan lógica. Si se trata de un delito, prácticamente es una cuestión ética: tenemos el deber de denunciarlo, y la iglesia y sus integrantes tienen que hacerlo.

Pero también tenemos que hacerlo en otras esferas, de modo que no tengamos que ir paso a paso viendo qué puertas toca la ciudadanía. Cuando hablamos de estar obligados a denunciar los delitos -no tiene mucho que ver con el tema, pero sí me parece un ejemplo-, cabe mencionar que el Servicio de Impuestos Internos no está obligado a denunciar ciertos delitos, y vemos cómo aparece la impunidad. Ante ello, la ciudadanía engloba todo y dice: “Hay varios sobreseídos”. Esto también ocurría en la Iglesia católica: hubo varios sobreseídos en su momento, porque tenían protección, y todavía la tienen.

Debemos felicitar la valentía de algunos que públicamente fueron capaces de hacer todo lo que otros probablemente no habrían hecho.

Hemos avanzado en abordar esta materia y se está legislando al respecto, pero creo que es un poco ilusorio pedir que no haya más defensas corporativas; no es fácil echar por tierra aquello. No obstante, lo reitero, considero que en cierta medida se ha avanzado para terminar con este problema.

En ese sentido, hemos escuchado una declaración de principios muy positiva, no tan solo de buena parte de diputados y de senadores, sino de distintos sectores de la comunidad, entre ellos, los medios de comunicación conservadores, que antes silenciaban este problema o que ridiculizaban a las personas que denunciaban este tipo de hechos, que revisten carácter de delito. Los medios de comunicación han cesado de proceder de esa manera. Por su parte, el Congreso Nacional se ha hecho eco de lo que está sucediendo y finalmente procederá a modificar el Código Procesal Penal, con el objeto de establecer la obligatoriedad que propone esta iniciativa.

Sin embargo, habrá un sentimiento de molestia y enardecimiento de los ánimos mientras no se desmoronen las redes de protección, no solo en el caso de este tipo de delitos, que son aberrantes, sino también las redes de encubrimiento político, de encubrimiento de los gobiernos y ministros, más allá del gobierno de que se trate, del gobierno que sea, puesto que eso permitirá dar tribuna y cobertura a determinados temas que hoy, dependiendo de con qué pierna se chutee, son abordados por los medios de comunicación.

En el último tiempo, en razón de lo que discutimos, nos hemos ido enterando de una serie de cuestiones que enfadan y molestan a la ciudadanía. Me pregunto qué va a pasar mañana, cuando la ciudadanía ya no crea en estos sectores democráticos que aún tenemos en el Parlamento. Por eso, no nos sorprendamos cuando la gente se manifieste de otra forma.

Finalmente, este marco legal es casi un llamado a la reflexión, un llamado a revisar en términos éticos y morales cómo avanzamos, no porque la ciudadanía nos esté empujando, sino porque creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto.

Hoy se está dando duro y parejo a la Iglesia católica. Quiero aprovechar de rescatar el accionar de varios curas y sacerdotes de distintas regiones, a los curas del pueblo; a los curas que estuvieron verdaderamente con la familia, a los que realmente respaldaron y acuñaron el concepto de la Doctrina Social de la Iglesia, otrora Teología de la Liberación, los que tal vez no eran ni tan espirituales ni tan materialistas, pero que se interesaban por aspectos sociales, que eran capaces de sintonizar con el bien común. Lamentablemente, esos curas también se han visto manchados.

No puede repetirse el actuar de muchos líderes políticos, de muchos actores políticos que encubrieron, que taparon y que también pagaron suculentas cifras cada domingo cuando se pasaba la colecta para recoger los donativos, porque con esos aportes también depositaban determinados silencios mutuos. Esperamos que eso no vuelva a ocurrir.

Por eso, espero que este proyecto, que, sin duda, aprobaremos, se transforme en una forma de disuadir a aquellos que siempre están con dientes de lobo.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señora Presidenta, en la actualidad hablar de la Iglesia no parece nada popular. Quisiéramos que pagara por todas sus culpas, por los errores y horrores que ha cometido -con muchos de los sacerdotes y algunas monjas también en forma deliberada, como es el caso del encubrimiento al que el proyecto alude.

A su vez, queremos ver, por lo menos yo, como católica, una Iglesia sin privilegios, porque no los necesita y porque muchas veces no los sabemos manejar. La vocación de la Iglesia, como institución al servicio de la humanidad, no se condice con los privilegios.

Por lo mismo, si algo bueno puede sacarse de este horror que ha salido a la luz es el progresivo desprendimiento de la Iglesia de sus privilegios y puestos de poder. Hace no mucho tiempo, Benedicto XVI decía que los movimientos seculares han significado siempre una profunda liberación de la Iglesia de formas mundanas, despojándola de su riqueza terrena para volver a abrazar plenamente su pobreza terrena.

El papa emérito Benedicto XVI también dijo que prefería una Iglesia mucho más pequeña, cohesionada y en la línea de su fundador que la que tenemos. Los católicos también esperamos lo mismo, e imagino que los que están en la Sala también. Esperamos que la Iglesia católica -esto lo digo con mucho dolor deje de ser una institución muchas veces encubridora del mal, y que se renueve, se convierta, como lo ha hecho otras veces durante la historia de la humanidad, se purifique y, lo más importante, que vuelva la mirada hacia su fundador, puesto que el haber alejado su mirada de él ha sido la causa de todo el problema que hoy existe. La Iglesia tiene que volver la mirada hacia Cristo ; cuando dejó de hacer eso se fue desviando.

En ese contexto, celebro lo que propone este proyecto, porque contribuirá a lo que recién dije. En efecto, la Iglesia se debe poner a disposición de la justicia chilena, sobre todo a la penal, a fin de que se investiguen los hechos que puedan constituir delitos por parte de sus autoridades. Ya no puede resistir más el dicho de que la ropa sucia se lava en casa; eso le hace mal a la Iglesia, ya que esta debe estar al servicio de los hombres, no servirse de ellos.

Reconozco que me cuesta hablar de este tema. Me duele muchísimo lo que está pasando, pero me da por lo menos una luz de esperanza. La Iglesia chilena ha tenido un invierno muy largo; pero no debemos olvidar que siempre después del invierno viene la primavera.

Cabe hacer una consideración sobre el impacto de la Iglesia en la sociedad. Mientras el Estado mantenga su independencia frente a las iglesias, es bueno que ellas se fortalezcan.

Quiero finalizar mi intervención con una frase de Vargas Llosa : “Una sociedad democrática no puede combatir eficazmente a sus enemigos -empezando por la corrupción si sus instituciones no están firmemente respaldadas por valores éticos, si una rica vida espiritual no florece en su seno como un antídoto permanente…”.

Las iglesias, no solo la católica, tienen que estar firmes, porque son muy importantes en nuestra sociedad, al igual que el Estado. Por ello, deben mantener su independencia.

Como dije, me cuesta hablar de este tema. Pido disculpas a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas por las palabras que dije, pero lo que está sucediendo -en ese sentido, insisto en que celebro este proyecto es una tremenda oportunidad para tener una Iglesia que vaya de la mano de Cristo, no de los intereses personales de sus miembros.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señora Presidenta, el proyecto no es contra la Iglesia, sino contra aquellos lobos vestidos de ovejas, degenerados escondidos tras una sotana o pedófilos ocultos tras un confesionario. Eso es lo que nos convoca y es lo que buscamos sancionar.

Buscamos sancionar a todos aquellos protegidos y encubiertos durante años. Por ello es necesario que los miembros de la Iglesia tengan la obligación de denunciar a las autoridades religiosas o eclesiásticas hechos que revistan carácter de delito contra menores de edad y personas impedidas de ejercer con autonomía sus derechos. No podemos crear excepciones, sea por el uniforme, por la sotana o porque sean militares, católicos o protestantes, por mencionar algunos. La igualdad ante la ley es un principio básico de la democracia y de la justicia.

¡Cuánto daño se ha hecho a sí misma la Iglesia con hombres que son los supuestos representantes de Dios en la tierra y que han abusado de su poder y de la confianza que les entrega la fe!

Para los que creemos en un ser superior, esa imagen es lo más alejada de la fe, porque Dios no abusa, Dios no encubre, Dios no viola, Dios no vive en casas de oro. Dios tiene una esencia totalmente distinta a la que proyectan algunos representantes de la Iglesia católica. Esta institución es una más de las que sufre una crisis de credibilidad.

Se podría pensar que este problema se desencadena porque las víctimas son menores de edad o personas con alguna discapacidad mental y que, por tanto, son mucho más vulnerables; pero el problema es mucho más sensible y delicado, porque uno espera de las autoridades religiosas o eclesiásticas una capacidad moral, un estándar ético muy distinto al que quizá pueda tener una institución o un ciudadano común.

También es justo agradecer la valentía de quienes han denunciado públicamente los abusos que les ha tocado vivir. No es fácil revivir ese dolor, esos momentos de humillación, de un grito silencioso de dolor, y pensar en denunciar a una figura que podía ser, quizás, un líder para alguien.

Como dijo el diputado Saffirio , invocando como ejemplo a quienes denunciaron lo que se vio en el Senado, todo esto de la prescripción en el caso Karadima, tal vez acá hay un estándar similar en condiciones económicas, sociales; pero hay que hilar mucho más fino y llegar mucho más allá de lo que hicieron quienes se atrevieron a denunciar porque podían hacerlo dada su condición, pues hay muchas otras personas que fueron víctimas, pero estaban en una situación muy distinta, en condición de vulnerabilidad o de necesidad. Quizás aún tengan la misma necesidad o estén en la misma condición de vulnerabilidad, por lo cual aún no se atreven a denunciar.

Por eso, invito no solo a mirar este estándar, quizá, de igualdad que se ha dado en estas denuncias, sino también a quienes hoy son realmente las víctimas y que viven en silencio ese dolor.

Según el papa Francisco, el celibato no es un dogma de fe, sino una regla de vida que él aprecia mucho y que cree es un don para la Iglesia. Creo que en toda esta situación que hoy vive la Iglesia católica, lo que parece ser un don para el papa, para mí es lo más antinatural al ser humano.

¿Qué tiene de malo que un hombre ame a otra persona? Creo que eso no es pecado; el pecado es violar a un niño, el pecado es abusar de la confianza, abusar de la fe. Ese constante degeneramiento me ha arrebatado mi fe católica, como creo le ha ocurrido a muchas otras personas. He dejado de adorar a quienes parecían justos y bondadosos hombres de Dios en la tierra. No generalizo, pero, ¡perdónenme!, es mucho el daño, pues se ha callado, se ha protegido y se ha encubierto a delincuentes. Han sido amparados por la Iglesia.

Este proyecto de ley innova en sanciones que se aplicarán a las autoridades eclesiásticas que no cumplan con la obligación de denunciar. En la actualidad, las personas que tienen este deber de denunciar y no lo realizan, reciben solo una multa. Al respecto, la experiencia nacional nos ha demostrado que son precisamente las autoridades eclesiásticas las que impiden el esclarecimiento de los delitos ocurridos dentro de sus establecimientos. Por esa razón, la iniciativa busca que quien incumpla con la obligación de denunciar sea condenado como encubridor del delito no denunciado.

Las declaraciones de perdón, que han sido la tónica de muchos sacerdotes chilenos, pasarán a convertirse en confesiones judiciales. Hemos escuchado muchas peticiones de perdón; ya es momento de actuar y de encontrar a los responsables.

La modificación que propone este proyecto de ley incentivará la denuncia de todos los delitos que involucren a jóvenes dentro de las instituciones y tendrá como consecuencia un mayor número de delitos esclarecidos y de personas condenadas, las cuales en este momento se encuentran impunemente protegidas por autoridades eclesiásticas.

Presentamos una indicación para que se pierda la personalidad jurídica en el caso de reiteración de este delito por parte de alguna autoridad eclesiástica, y agregamos otra indicación para agravar esa falta.

En el Congreso Nacional lideramos la conformación de una comisión investigadora a propósito de la desaparición, en Magallanes, del joven salesiano Ricardo Harex , cuya búsqueda concluyó tras una investigación que no cumplió con los estándares mínimos esperados. En ese sentido, era muy probable que las diligencias realizadas no tuvieran éxito, dado el actuar negligente de las autoridades eclesiásticas de Punta Arenas.

Hago mención a ese caso, porque la persona que más apoyó esa causa, la que más apoyó ese caso fue quien hoy es el principal sospechoso de haber hecho que este joven desapareciera. Han transcurrido dieciocho años, y la madre, el padre y la familia de dicho joven, así como toda la Región de Magallanes no tienen idea de qué pasó con él.

Lamentablemente, ese caso, que quizás sea uno de los más importantes en materia policial, no ha tenido la visibilidad, tal vez por el hecho de que la Región de Magallanes está muy alejada o porque los padres no tenían las condiciones económicas para movilizarse y hacerlo más visible.

Por ello, invoco a Ricardo Harex con ocasión de la tramitación de este proyecto de ley. En caso de aprobarse la iniciativa, ojalá pudiésemos llamarla “ley Harex”, porque ese joven es una víctima del encubrimiento de la Iglesia.

El sacerdote Rimsky Rojas, abusador de otros jóvenes de la región, fue trasladado de Valdivia a Magallanes, justamente por haber cometido ese tipo de delitos. Él fue protegido por monseñor Ezzati , y por el obispo Tomás González en Magallanes . Sé que este no asistió a la comisión por su edad, por su salud, pero le pido que en lo que le quede de vida, tenga la valentía moral suficiente para ayudar a esclarecer el caso, dado que han transcurrido 18 años desde que desapareció este joven, víctima del encubrimiento de la Iglesia, de un sacerdote que luego se suicidó. Todo ello en medio de una denuncia eclesiástica, en medio de denuncias de abuso, en que ni la Policía de Investigaciones, ni el fiscal entraron a la habitación del sacerdote tras su suicidio asistido, donde estaba su hermano, sospechosamente, y se perdieron sus computadores, así como las cartas que pudieron haber permitido dar con la verdad de estos casos.

Por eso, pido consecuencia moral a quienes puedan tener la respuesta a ese caso en Magallanes. El obispo de la zona dijo, ante la comisión investigadora, que los sacerdotes estaban para la vida, para hacer creer a los demás, no para matar o hacer desaparecer; que había pedido perdón y que se le caía la cara de vergüenza, porque ello contradice lo que han profesado; que si tuviera que pedir perdón, sería a los padres de Ricardo, por no haber sido un buen pastor en su momento.

No queremos más solicitudes de perdón, sino que ayuden a dar justicia a las víctimas. Espero -lo digo con feque esto sirva para denunciar, para evitar encubrir, para evitar que pervertidos y degenerados sigan una carrera religiosa para encubrirse o protegerse en estas instituciones y cometer esta clase de delitos, que tanto daño hacen a la imagen de la Iglesia católica.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señora Presidenta, el proyecto que hoy discutimos constituye, sin duda, una herramienta poderosa que contribuirá a solucionar un problema de grandes consecuencias sociales y de una complejidad inconmensurable, el cual involucra, lamentablemente, a niños, niñas y adolescentes de nuestro país, y respecto del cual hoy existe bastante consenso en cuanto a la necesidad de legislar.

El problema social que se ha generado, desgraciadamente, ha repercutido tanto a nivel nacional como internacional. Hay una cifra que resulta escandalosa: existen casi 100.000 víctimas de pederastia clerical reconocidas en todo el mundo, según la organización Ending Clergy Abuse (ECA), de supervivientes de abuso clerical.

Lo anterior, solo tomando en cuenta casos comprobados e investigados por organismos independientes.

Por lo tanto, existe una cifra negra que no conocemos, y, según esta misma organización, resulta razonable pensar que hay centenares de miles de víctimas en todo el mundo.

Como dijo la diputada Ossandón , a los católicos nos duele, nos afecta lo que ha ocurrido con la Iglesia católica, ya que en Chile la justicia lleva alrededor de un año ocupada con el escándalo de estos lamentables hechos. Se están investigando alrededor de 200 casos que dieron lugar a más de 250 víctimas, según señala la Fiscalía.

Estos acontecimientos, que son de público conocimiento, han puesto en evidencia los graves y repudiables hechos de abusos sexuales y violaciones cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes por diferentes personeros, vinculados fundamentalmente a la Iglesia católica, y la "aparente" cultura de encubrimiento de estos casos, que incluso ha reconocido el papa Francisco. Además, han evidenciado que muchas investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, relacionadas con estos delitos, se han dilatado por demasiados años, provocando, por un lado, que estas causas no fueran conocidas por la justicia ordinaria, y, por otro, que muchas de ellas prescribieran.

Ha habido un contexto de indefensión y encubrimiento al que se han visto expuestos cientos de menores víctimas de pederastia clerical. Ellos siguen siendo vulnerados y transgredidos en sus derechos más íntimos, ya que su debida protección no se encuentra suficientemente cubierta por el marco jurídico vigente, por lo que se hace urgente normar para resolver legislativamente estos problemas.

El presente proyecto de ley, que impone a las autoridades eclesiásticas la obligación de denunciar casos de abusos y vulneraciones en contra de menores de edad y de personas impedidas de ejercer con autonomía sus derechos, a través de la modificación de los artículos 175 y 177 del Código Procesal Penal, es de todo sentido en función de resolver la problemática normativa que permite, hasta el día de hoy, sin desincentivo alguno, encubrir conductas tan atroces como las que hemos conocido en los últimos años.

Sin duda, podemos entender que, de haber tenido conocimiento público y una sanción apropiada como país respecto de la existencia de estos perversos actos ocurridos en las últimas décadas, probablemente se hubiesen evitado muchos abusos y, al menos, quienes los hubiesen cometido habrían podido ser puestos a disposición de la justicia de manera efectiva, con sanciones ejemplares.

Por otra parte, el proyecto de ley propone un agravante respecto de aquellos casos en que las mismas personas que se encuentran obligadas a denunciar el delito no lo hagan si este involucra como víctimas a menores de edad o a personas que tengan algún tipo de incapacidad física o mental, caso en el cual se les aplicará la misma pena que corresponde al delito de encubrimiento.

En términos generales, el proyecto resulta de toda lógica y no es un estatuto especial ni arbitrario en contra de las autoridades de la Iglesia, toda vez que lo anterior es un deber que actualmente ya existe para una serie de personas que, por la particular función que ejercen, deben realizar la denuncia. Ese es el punto central de la discusión: la naturaleza de la función que cumplen los obliga a realizar la denuncia.

Por lo anterior, considero el presente proyecto de ley como un gran avance legislativo en el camino de desarticular esta cultura de secretismo y de encubrimiento, que ha permitido miles de casos de abusos en contra de los más vulnerables de nuestro país y que, de continuar existiendo, seguirá constituyendo el manto de protección de quienes han cometido o pretenden cometer conductas tan perversas en contra de nuestros niños y jóvenes.

Votaré a favor de la iniciativa.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señora Presidenta, agradezco a quienes impulsaron esta iniciativa que aborda un tema que puede parecer tan obvio, pero que no lo es, porque en Chile existe un historial de abusos que se han ido destapando de a poco. Hay 81 religiosos denunciados en Chile: 4 obispos, 66 sacerdotes, 1 diácono y 6 hermanos maristas. Es un listado enorme que se ha conocido de a goteras, sin que nadie sienta el deber de hacer la denuncia.

Esta situación es una más dentro de la gran cantidad de abusos que vive nuestra sociedad, pero este caso es particularmente especial porque involucra a la persona humana y, lo más contradictorio, es que quienes han atentado, abusado y dañado son personas que han hecho un voto de fe, que tienen un compromiso y valores religiosos. Además, se trataba de un abuso de poder sistemático, especialmente contra niños y adolescentes.

El caso del sacerdote Karadima remeció a Chile porque nadie pensó que una persona tan importante, considerado un referente debido a su rol formador de muchos sacerdotes y obispos, cometiese este tipo de abusos y de daños a la persona humana en lo más íntimo, en lo más sagrado que tiene la persona.

Modificar el Código Procesal Penal para imponer la obligación de denunciar este tipo de hechos es una cuestión que a todos los chilenos nos parece lógico e importante. En ese sentido, creo que cuando votemos a favor de este proyecto vamos a honrar a personas como Juan Carlos Cruz y otros que han dado una pelea importantísima, fuerte, valiente y honesta.

Así vamos a correr el velo de una situación realmente miserable que ha ocurrido al interior de la Iglesia católica, aunque no es exclusivo de ella, pues esta situación también ha afectado a iglesias de otros credos.

La gente va a sentir que estamos haciendo justicia con Juan Carlos Cruz y otras personas que han sido verdaderos héroes en esta lucha, en esta cruzada, que los ha llevado incluso al Vaticano. Ellos han realizado una cruzada por la dignidad de las personas y para que finalmente se terminen esos casos de abusos.

El proyecto honra a las personas que han dado una lucha valiente. De hecho, los colegas autores de la moción han colocado la dignidad de las personas como el elemento más importante.

Votaré favorablemente la iniciativa porque Chile lo merece.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, este proyecto de ley responde a la serie de casos de abusos que se han cometido dentro de la Iglesia y que han venido acompañados por verdaderas tramas de encubrimiento, que han logrado dificultar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, que son quienes, a la larga, sufren las peores consecuencias.

Sobre esta cuestión es posible distinguir otro aspecto no menos relevante que también ha sido referido en esta Sala y que guarda relación con la caracterización de las víctimas, ya que corresponden a personas con cierto grado de vulnerabilidad o bien menores de edad.

Obviamente, este elemento complejiza aún más el tratamiento de los delitos cometidos por parte de personeros de la iglesia, ya que si bien las relaciones jerarquizadas generan situaciones de encubrimiento y complicidad, la propia identidad de las víctimas se torna un factor que dificulta el acceso a información relevante y oportuna, a raíz de la complejidad que implica denunciar y el estigma social que conlleva ser víctima de abuso o violación.

No cabe duda de que el acceso a la justicia, entendido como un derecho fundamental, ha sido negado sistemáticamente a distintos sectores de nuestro país.

Hoy discutimos acerca de cómo se ha impedido acceder a la justicia a personas vulnerables que han sido víctimas de abusos y de violación de parte de autoridades eclesiásticas.

Que los hechos que constituyen los delitos se lleven a cabo dentro de las dependencias de las instituciones eclesiásticas, sus relaciones jerarquizadas y las particularidades de las víctimas que no están en condición de ejercitar por sí mismas sus derechos ha generado un manto de impunidad que no nos podemos seguir permitiendo como sociedad.

Nada muy distinto de las violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo en el Ejército y que, a través de pactos de silencio y de protección institucional, están en la impunidad hasta el día de hoy.

Si bien este proyecto obliga a las autoridades eclesiásticas y de otras instituciones a denunciar en caso de que cuenten con información de un delito, cabe hacer una autocrítica como sociedad y replantearnos el acceso a la justicia como un derecho fundamental.

Este derecho, básico en cualquier sociedad decente, se le impide a minorías sexuales, mujeres, indígenas, menores de edad, personas en situación de discapacidad y otros, lo que constituye una injusticia que no podemos seguir tolerando.

En cuanto al proyecto, saludamos su avance, debido a que hemos podido constatar, a través de la prensa y de expedientes de la justicia civil, que existe una verdadera política de encubrimiento que pretende mantener la impunidad de aquellas autoridades de la Iglesia que cometieron delitos en contra de personas vulnerables.

En este sentido, además de una situación de desprotección en que se mantienen las víctimas, se genera, sin duda, una situación de desigualdad respecto del tratamiento que reciben las autoridades de la Iglesia que es promovida por sus distintos escalafones.

En la misma línea, consideramos favorable la incorporación de la norma que sanciona como complicidad la omisión de la denuncia, entendiendo la importancia de la falta al deber de actuar cuando las víctimas son personas en situación de vulnerabilidad.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, este proyecto, que tratamos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, es profundamente necesario. Y hablo no solo como diputado e integrante de la comisión, sino también como católico.

Hay una carta preciosa del papa Francisco a las víctimas de abuso en Irlanda del Norte. En ella les habla a las familias y a las víctimas de los abusos en los siguientes términos: “Sé que nada puede borrar el mal que habéis soportado. Vuestra confianza ha sido traicionada y vuestra dignidad ha sido violada. Muchos habéis experimentado que cuando teníais el valor suficiente para hablar de lo que os había pasado, nadie quería escucharos.”.

También les habla a los sacerdotes y religiosos que han abusado a niños y niñas: “Habéis traicionado la confianza depositada en vosotros por jóvenes inocentes y por sus padres. Debéis responder de ello ante Dios todopoderoso y ante los tribunales debidamente constituidos.”.

¡Cuánto daño han infligido estos abusadores que utilizan su investidura, abusando de la confianza de aquellos movidos por la fe, por lo sacro, por lo trascendente, por aquello que configuraba un cierto sentido en vidas que estaban en formación! ¡Cuánto daño se ha hecho a la fe, a la ilusión y también a la promesa de una vida mejor!

Se ha truncado quizás lo más importante que puede tener un creyente: la capacidad de dejarse llevar, de confiar en alguien que se supone que lo va a cuidar, a proteger, no solo en lo que respecta a su integridad física, sino -esto quizás es más importante aún en la estructura psicológica sobre la cual ese creyente comienza a construir sus valores, su moral, su ética.

¿Qué puede esperar un niño, una niña, un adolescente después de que aquel que se hace llamar pastor traiciona finalmente su misión más sagrada? El pastor no solo es el depositario de una tradición enorme, sino también tiene un rol social. Ese abusador, ese delincuente, incumple su rol social de manera agravada y lleva a un extremo perverso y deforme la misión que le compete.

Pero también le cabe un rol particular y esencial a aquel que encubre, a aquel que tiende un manto de silencio sobre uno de los delitos más ruines, más condenables, más canallescos que puedan perpetrarse: traicionar la fe de los niños y de las niñas que están bajo su tutoría.

Como bancada de Evópoli vamos a votar a favor este proyecto.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN.-

Señor Presidente, para partir, quiero felicitar al diputado autor de la moción que dio inicio al proyecto, el diputado Raúl Soto , de la Democracia Cristiana, y a quienes concurrieron con su firma a patrocinarlo.

La semana antepasada, antes de la distrital, se recabó la unanimidad de la Sala para seguir discutiendo y despachar el proyecto durante esa semana. No hubo acuerdo, pues lo negó el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Ascencio . Son ese tipo de cuestiones las que confunden, creo yo, cuando uno mira este tipo de debates: que un diputado de la DC presente un proyecto de ley que toca los intereses de la Iglesia católica y que el jefe de bancada de ese mismo partido, el diputado Ascencio , niegue la unanimidad frente a toda la Corporación.

Señor Presidente, el papa Francisco -antes cardenal Bergoglio , de Buenos Aires y el cardenal Ratzinger , luego papa Benedicto XVI, dejaron muy en claro que la crisis de la Iglesia católica era global, tanto que se extendía desde Australia hasta Chile, desde Europa hasta África , y que no había ningún país en el mundo donde no existieran casos de sacerdotes pederastas.

No se trata de una crítica institucional a la Iglesia. Aquí quiero volver a interpelar a quienes suscriben el humanismo cristiano como filosofía política. Sé que hay diputados en Renovación Nacional y en la DC que suscriben el humanismo cristiano como filosofía política y, por ende, la doctrina social de la Iglesia y las encíclicas papales de cada época.

Pues bien, el humanismo cristiano, la filosofía política de la Iglesia católica, no puede ser útil para defender a personas en específico. ¿Qué quiere decir esto en español? El humanismo cristiano no significa defender a Errázuriz y a Ezzati.

Errázuriz y Ezzati son símbolos de la manera en que el poder vertical se ha apropiado de la Iglesia católica y ha dañado la convivencia interna de los católicos. Es importante para una república que las iglesias tengan paz dentro de sus instituciones, que la Iglesia evangélica tenga paz en su institución, que la Iglesia católica tenga paz en su institución, que la masonería tenga paz en su institución. De eso se trata la convivencia religiosa en una sociedad democrática y pluralista.

Hemos visto cómo tres jóvenes -Murillo, Hamilton y Cruz se han convertido en símbolos contra la jerarquía eclesiástica representada en los cardenales Ezzati y Errázuriz . Han llegado a Roma a entrevistarse con el mismísimo papa para contar la verdad de lo que ocurría en Santiago.

Si bien el caso del sacerdote Karadima es el más conocido, porque toca a la élite, esto ha repercutido en todas las zonas del país, y tenemos sacerdotes pederastas prácticamente en todos lados.

¿Es esto una crítica al sacerdocio? No, no lo es. ¿Es una crítica política al celibato? No, tampoco lo es. ¿La Iglesia católica tiene derecho a organizarse bajo sus normas y con su derecho canónico? Por supuesto que sí, pero es el Estado el que debe ir a buscar a los delincuentes que han cometido delitos dentro de cada institución. Así es como funciona la república.

Entonces, quienes ponen en duda el derecho que tiene esta Corporación para, por ejemplo, cuestionar la nacionalidad conferida por gracia a Ricardo Ezzati se equivocan; tenemos derecho a cuestionar la nacionalidad por gracia de Ricardo Ezzati.

Felicito a Ximena Rincón, otra democratacristiana, que presentó en el Senado un proyecto, junto a la senadora del PPD Adriana Muñoz , para quitar la nacionalidad por gracia a Ezzati. Están en su derecho. Si este Congreso le otorgó la nacionalidad por gracia, este Congreso tiene derecho a cuestionar ese beneficio.

Entonces, no hay que ofenderse ni en público ni en privado; no tienen por qué interpelarnos a quienes somos agnósticos o ateos respecto de nuestras críticas a la Iglesia católica. No estamos criticando el catolicismo, ni el humanismo cristiano, ni al profeta de Galilea, ni a los papas Francisco y Benedicto XVI: estamos haciendo el punto político respecto de lo que esta república debe hacer, que no es otra cosa que ir a buscar a los delincuentes que han cometido pederastia dentro de la Iglesia católica.

Estos beneficios eclesiásticos conviven también con otros beneficios procesales de otras instituciones, como, por ejemplo, la justicia militar. La justicia militar es un beneficio estructural que tiene una pequeña institución que son los militares.

Si vamos a cuestionar los beneficios procesales del sacerdocio, cuestionemos otros beneficios procesales de otras instituciones corporativas del país. Hagamos ese ejercicio y no nos neguemos a la reflexión política que implica decir que hay culpabilidad también en la clase política respecto de lo que ocurrió en la Iglesia católica, porque la clase política ha sido su cómplice durante décadas, no solo en materia de delitos de pederastas, sino también, durante más de un siglo, en las propiedades con que ella se quedó y en los beneficios en materia educacional y tributaria que obtuvo.

Solo el Presidente Arturo Alessandri pudo deshacer la hermandad entre la Iglesia y el Estado; pero se tuvo que ir al exilio y volver siete años después a implementar recién la Constitución de 1925, después de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, los beneficios procesales y políticos de la Iglesia católica han costado muy caro al país.

En cincuenta o sesenta años más, los historiadores del futuro van a mirar esta época de crisis de la Iglesia católica y van a ver, en las actas del Congreso Nacional, lo que dijimos los políticos sobre la crisis de pederastas en esa institución; van a recordar a un diputado valiente, Raúl Soto , de la Democracia Cristiana, quien presentó este proyecto, y podrán comprobar que nosotros lo aprobamos.

Por eso, llamo a todos los diputados a que aprobemos por unanimidad este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, para iniciar mi intervención, quiero dar las gracias a Dios porque, como diputado evangélico, hoy me permite estar en esta Sala discutiendo un tema tan importante como es sancionar a los delincuentes que violan a niños, jóvenes y adultos.

En verdad, es impresionante lo ocurrido en las últimas décadas en nuestro país. He escuchado con atención a algunos colegas, pero, desgraciadamente, lo que han señalado no es privativo de la Iglesia católica. También tenemos a algunos delincuentes que, ocupando el cargo de pastor, han violado a niños y jóvenes.

La fe, la confianza y la esperanza deben estar en el Dios de la vida y no en la persona que está ocupando el cargo de sacerdote o pastor. Ese es un grave error. También se cometen graves errores en el mundo evangélico cuando hay sectas que, más que adorar a Dios, adoran a la persona humana.

No entiendo cómo es posible que en un país democrático como el nuestro, donde existen leyes, si se tiene conocimiento público de que un sacerdote viola a un niño, a un joven o, incluso, a un adulto -nos enteramos por la prensa de que un sacerdote drogó a un hombre para violarlo-, se deba consultar a Roma. No lo entiendo, porque el delito fue cometido en nuestro país. Independientemente de que ese sacerdote tenga nacionalidad extranjera, si cometió el delito en nuestro país, debe ser sancionado inmediatamente y cumplir la condena en el país.

Días atrás, cuando empezó la discusión del proyecto, escuché con atención a un parlamentario decir: “Algunos dicen representar a Dios en la tierra”. Bueno, de todo hay en la viña del Señor: hay buenos y malos. Efectivamente hay hombres, tanto católicos como evangélicos, que representan fielmente los mandamientos de Dios en la tierra. Así como hay parlamentarios buenos y no tan buenos, en la religión también tenemos aquello.

Hay otro punto que me acaba de comentar un colega, y creo que tiene toda la razón: ¿Por qué mantener el secreto de confesión cuando la víctima de un sacerdote o un pastor evangélico denuncia que fue violada o abusada sexualmente? ¿Por qué no hacer llegar la confesión a la justicia? ¡Basta de impunidad!

Insisto en que, a mucha honra, soy evangélico y me siento orgulloso de estar representando al mundo evangélico en la Cámara, a pesar de que algunos me han criticado diciendo que no represento a todo el mundo evangélico.

Repito: creo en el Dios de la vida y creo representar a los evangélicos que estamos en esta Sala y a aquellos que nos están viendo a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados.

Es nefasto lo que está ocurriendo y debemos denunciarlo. Los autores de esos hechos deben ser sancionados drásticamente, porque quien viola, sobre todo a un niño, comete un delito gravísimo.

Repito: esto ha ocurrido no solo en el mundo católico, porque en las iglesias evangélicas también hay personas que han abusado y violado a niños y jóvenes, por lo que deben ser sancionadas con las penas más drásticas que corresponda.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, valoro este proyecto de ley del diputado Raúl Soto , quien tomó la iniciativa en un tema tan sensible y complejo como son los abusos cometidos por eclesiásticos en contra de niños, niñas y adolescentes.

Este proyecto centra su foco en la protección de ellos. No podemos perder de vista que esa es su finalidad: proteger la indemnidad sexual y la integridad física y psíquica de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Estas son situaciones gravísimas y dolorosas para todos, pero especialmente para quienes somos católicos y profesamos la fe cristiana, porque se trata de delitos cometidos por personas que han sido ungidas para el servicio de la Iglesia. Son situaciones indescriptiblemente dolorosas que deben ser denunciadas, y la denuncia debe partir desde el interior de la propia casa. Por eso, valoramos esta iniciativa.

Sabemos que el Código Procesal Penal establece la obligación genérica de denunciar a quienes han cometido delitos, para el director de una corporación, de un establecimiento educacional o de un establecimiento de salud. Toda persona que ejerza autoridad tiene la obligación de denunciar los delitos de los cuales tomare conocimiento en el ejercicio de su cargo.

Si esta situación hubiera sido denunciada en su momento, la crisis que vive la Iglesia se habría detenido hace mucho tiempo. Lamentablemente, eso no ocurrió, y el propio papa Francisco ha dicho que se ha instaurado una cultura del encubrimiento. Incluso más, esa frase fue utilizada en el último fallo de la Corte Suprema sobre esta materia. Por eso, esa situación debe terminar.

Este proyecto, además de mantener la obligación genérica de denunciar que recae en las autoridades, establece una obligación específica para las autoridades eclesiásticas, pastores evangélicos y todos quienes tengan relación con niños, niñas y adolescentes.

Valoramos esta iniciativa, porque esos abusos atentan contra la integridad física y psíquica de los menores y les afectan para toda su vida. Por eso, también valoramos que se haya aprobado en el Senado el proyecto que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, porque pasa mucho tiempo hasta que los niños llegan a una edad adulta, momento en que recién toman conciencia del daño que les han causado y están en condiciones de denunciar. Cuando eso ocurre, de acuerdo con la actual legislación, se ha cumplido el plazo de prescripción. Lo importante es que las propias autoridades de la Iglesia denuncien los delitos que se cometen.

Por cierto, hay que respetar la libertad de culto. Los colegios profesionales también tienen su secreto profesional. Existe el secreto de los médicos, de los periodistas y de los abogados con su cliente, y también el secreto de confesión, que ya está contemplado en la ley de libertad de culto.

Vamos a apoyar este proyecto porque dice relación con los derechos humanos, los cuales hay que proteger y cautelar desde la más tierna infancia. Siempre pensábamos que los derechos humanos estaban relacionados con los adultos, pero los derechos humanos se pueden violar y se violan desde la más tierna infancia. Por eso, respaldo el proyecto y felicito a sus autores, especialmente al diputado Raúl Soto , quien tomó esta iniciativa.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, manifiesto mi rechazo absoluto y categórico a cualquier conducta impropia que revista el carácter de delito y que afecte o se ejerza sobre niños, niñas o adolescentes de nuestro país. Es nuestro deber, como autoridades legislativas, desplegar todas las herramientas sociales y jurídicas disponibles para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de cualquier conducta ilegítima que ejerzan profesionales o representantes de alguna religión.

Dicho lo anterior, sin perjuicio de reiterar mi compromiso con la protección de la infancia y la niñez, y condenar todos los actos de los que se ha hablado en esta sesión y que se han hecho públicos, cometidos por representantes de la Iglesia católica o de otros credos, quiero prevenir sobre una posible vulneración de derechos fundamentales por parte de este proyecto. En su intervención anterior, el diputado Raúl Soto , autor del proyecto, mencionó la presentación de una indicación. A la materia de esa indicación me voy a referir, a fin de crear cierta conciencia y de llamar a los diputados a que la aprueben.

Tenemos un punto que es relevante y que no podemos dejar de mencionar, que dice relación con el derecho a la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias y al ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, así como con el derecho al respeto y protección de la vida privada y de la honra de la persona y su familia.

Esos derechos humanos están consagrados en los números 4° y 6° del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y también han encontrado un reconocimiento expreso en el plano internacional. En efecto, la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, reconoce la libertad de conciencia y de religión en su artículo 12, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas reconoce la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en su artículo 18.

En el ejercicio de estos derechos fundamentales, de los que somos titulares todas las personas en virtud de nuestra dignidad intrínseca, se enmarcan los conceptos de “secreto profesional” -secreto médico, secreto del abogado con su cliente, secreto periodístico, secreto del funcionario público-, de “secreto religioso” -o secreto ministerial y de “secreto de confesión”.

El secreto religioso es aquel secreto que debe guardar todo ministro de algún culto o religión respecto de los hechos que le fueren revelados o de que hubiere adquirido conocimiento en el ejercicio de sus funciones ministeriales. Por esta razón, los ordenamientos jurídicos suelen eximir a los ministros de culto de la obligación de testificar en juicio o de denunciar hechos conocidos cuando dicho conocimiento ha sido adquirido en el ejercicio de sus funciones.

El secreto de confesión o sigilo sacramental consiste en la prohibición que recae sobre el confesor de manifestar lo que ha sabido por medio de la confesión. En el caso de la Iglesia católica -a la cual pertenezco-, el artículo 983 del Código de Derecho Canónico señala: “El sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo.”.

En Chile, el secreto religioso y el secreto de confesión se manifiestan principalmente en las siguientes normas jurídicas:

1. El número 1° del artículo 360 del Código de Procedimiento Civil dispone que no serán obligados a declarar en los juicios civiles: “1º. Los eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, médicos y matronas, sobre hechos que se les hayan comunicado confidencialmente con ocasión de su estado, profesión u oficio;”.

2. El número 2° del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal señala que no están obligados a declarar: “2º. Aquellas personas que, por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tienen el deber de guardar el secreto que se les haya confiado, pero únicamente en lo que se refiere a dicho secreto.”.

3. Finalmente, el artículo 303 del Código Procesal Penal reproduce el principio anterior de la siguiente manera: “Facultad de abstenerse de declarar por razones de secreto. Tampoco estarán obligadas a declarar aquellas personas que, por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tuvieren el deber de guardar el secreto que se les hubiere confiado, pero únicamente en lo que se refiriere a dicho secreto.”.

Estoy de acuerdo con el proyecto y lo votaré favorablemente, pero solicito que se considere la indicación presentada, toda vez que he señalado cada uno de los artículos que protegen la confianza que puede generar un ejercicio profesional o un credo religioso tanto para la persona que confiesa como para la que recibe la confesión, el argumento o el dicho. De otra manera, nos involucraríamos en una materia que no nos pertenece y que nos puede producir ciertos inconvenientes legales en este proyecto.

Reitero: estamos ante una iniciativa loable; la votaré a favor. Felicito a sus autores; pero también felicito la indicación que ha propuesto el diputado Raúl Soto , que dispone que se excluye terminantemente que los secretos confesionales o los secretos de que pudo tomar conocimiento algún profesional en la realización de sus actividades sean conocidos públicamente o se requiera que sean conocidos públicamente.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, saludo a la Mesa, a los diputados y diputadas, y a los funcionarios y colaboradores que día a día nos apoyan en nuestra actividad.

Felicito al diputado Raúl Soto por esta iniciativa. Es un momento histórico en la vida de la Iglesia católica, en un país que fue colonizado bajo la cruz y la espada, y donde se nos impuso una fe que, de acuerdo con quienes lo hicieron, era algo propio de la divinidad.

Es ampliamente conocida la importancia de la Iglesia católica como eje rector de la vida social de las comunidades, como entidad abstracta en sus principios y motivaciones morales, filosóficas y religiosas, las que dieron fundamento a la religión cristiana como instancia organizadora de los procesos de propagación de la fe, pero sobre todo como espacio físico para el desarrollo de la vida en comunidad.

Las parroquias se constituyeron en las células fundamentales de las sociedades cristianas. En la Edad Media, durante los primeros años del siglo XIII, en virtud de los resultados jurídico-religiosos del Concilio de Lyon, se ordenó que los religiosos se distinguieran como personas honestas, de buen vivir y con costumbres y conocimientos suficientes para guiar espiritual y moralmente a sus feligreses y para administrar el bien preciado de los sacramentos. Sin embargo, la letra de la ley y de las disposiciones papales al respecto no siempre se correspondía con una realidad cuya crudeza y desmesura siempre rebasó cualquier cálculo al respecto.

Independientemente del celo con que se debía guardar el voto de castidad y, en algunas órdenes de mendicantes, también el voto de pobreza, los religiosos de la cristiandad estuvieron siempre en el centro del torbellino desatado al cometer el delito de solicitación, que, a pesar de ser concebido como un delito menor, que no tendría otra motivación más que la fragilidad de la carne, acusaba una gran problemática a la Iglesia porque ponía en entredicho los preceptos de la moral cristiana, la honradez y la decencia de los ministros encargados de preservarla y de hacerla valer como una forma de vida entre los miembros de la comunidad bajo su tutela espiritual.

A este respecto, la situación del tribunal para infligir castigo a los religiosos incontinentes fue una manifiesta tolerancia y ocultamiento, no obstante ser la instancia obligada para conocer, analizar y castigar los abusos de estos religiosos deshonestos.

Por la misma causa, pero con consecuencias diferentes, tales religiosos se apartaron de los principios básicos por los que habían sido ordenados para guiar a la feligresía hacia la búsqueda de la salvación de las almas. Por la desviación de la fe y la flaqueza de la carne, que los llevaron a solicitar a sus hijas e hijos de confesión, se alejaron del centro del desarrollo religioso y moral de sus feligreses.

En su caminar, la Iglesia católica ha actuado con doble estándar, lo que es intolerable. Primero, en mi calidad de católico, participé activamente y mis padres me bautizaron.

Hice la primera comunión y, al casarme, lo hice con los sacramentos correspondientes, pero posteriormente, cuando uno se va dando cuenta de que algo no está bien, se empieza a tomar conciencia de lo que ha sido la historia de la Iglesia en el mundo, y vemos cómo esta ha sido cambiada por el hombre en base a aquellos evangelistas que escribieron la historia de Jesús y del cristianismo, para beneficio propio. Es así como puedo compartir con ustedes los pecados de la Iglesia católica, mil veces santa y cinco mil veces pecadora a la vez.

El bautismo, tal como se realiza hoy, no es efectivo. Así se señala en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículos 35 al 38. La confesión y la penitencia tampoco están en la Biblia, como se ha querido dar a conocer. En relación con el término “sacerdote”, hago notar que la Biblia habla de diáconos y pastores, pero nunca de sacerdotes, monjas o monjes, y menos de papas; esto es una invención de la Iglesia. A su vez, el purgatorio no es mencionado en parte alguna de la Biblia, lo mismo que en el caso de las imágenes.

A través de la venta de indulgencias, el papa León X hizo que la Iglesia fuera la más rica a nivel mundial, con más dinero y propiedades. Una bula papal decía: “El eclesiástico que incurriere en pecado carnal será absuelto al pago de 67 libras, 12 sueldos.”. Pero ahora viene lo grave, que viene desde hace varios siglos: “Si el eclesiástico lo hiciere con niño, pagará 131 libras, equivalentes a 15 sueldos.”. Es decir, la Iglesia, desde siglos, ha aceptado el abuso hacia nuestros menores, hacia nuestros niños.

Veamos ahora la Inquisición. Nuestra Iglesia fue responsable de la matanza de cientos y miles de personas, en Europa y también desde el inicio de la colonización en América Latina. Solo en Suiza hubo más de 40.000 personas ejecutadas, 25.000 en Alemania y sobre 10.000 en Polonia, Lituania y otros países.

La Iglesia, en el nombre de Dios, desarrolló las cruzadas, campañas militares llevadas a cabo por religiosos contra los musulmanes, eslavos, paganos, judíos, etcétera, por razones de fe.

En el caso de la pedofilia, ¿por qué demoró tanto tiempo la adopción de medidas? Hubo una campaña permanente para que el papa Benedicto XVI combatiera los abusos sexuales de la iglesia. ¿Por qué renunció? Algunos responderán que porque era un anciano. ¡No! Simplemente, se cansó de las amenazas de aquellos líderes de las distintas iglesias mundiales que sabían que este papa tenía el “libro rojo” con todos los que habían cometido pecados.

Como cristianos, demos gracias a Dios por enviarnos a hombres como Martín Lutero , Ulrico Zuinglio y Juan Calvino , así como también a William Tyndale , que le dijo a un cardenal católico: “Si Dios me concediere muchos años de vida, haré que un campesino conozca la verdadera escritura de Dios, y no esta de la Iglesia Católica que ustedes han impuesto, para mantener en el silencio y la ignorancia a nuestros pueblos”.

Esa ignorancia nos ha llevado a creer más en el hombre vestido de sacerdote que en el propio Dios. Por eso, hoy nos alegramos de que este proyecto llegue a la profundidad de una institución que ha generado daños por siglos. Indudablemente, no todo puede ser malo, pero lamentablemente el nombre de Dios no puede ser utilizado, menos aún para la frase bíblica más importante que dijo Jesús: “Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios”.

Los que debían haberlo hecho no lo hicieron y merecen todo el castigo, y por eso celebramos este proyecto, que votaremos a favor con la mayor alegría y el mayor sentido de justicia.

He dicho.

El señor MEZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, este es un proyecto contra el silencio, contra la omisión, contra la complicidad, contra el reflejo equivocado, pero inveterado, de las instituciones de poner por encima la protección propia antes que la protección de las personas.

Me suena similar al proyecto que empujara hace poco en esta misma Cámara el diputado Tucapel Jiménez , que castigaba la omisión de los uniformados después del conocimiento de violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Es la extensión de la obligación del funcionario público de denunciar la irregularidad, so pena de ser castigado en caso de asumir la comprensión de que las instituciones se protegen con el silencio y barriendo sus problemas bajo la alfombra.

El diputado Garín dijo que el problema no es el celibato o, más bien, que el celibato y la manera en que se organiza la Iglesia no tenía que ver directamente con esto, y yo digo que es hora de plantearse la discusión sobre el derecho al particularismo que viola preceptos universales.

¿Es razonable, a estas alturas del siglo XXI, que haya instituciones que segreguen por género? A propósito de la discusión sobre el Instituto Nacional, ¿es razonable que esa comunidad defina en contra del principio universal de la igualdad de género? Desde mi punto de vista, en el caso del Instituto Nacional -por lo demás, se trata de una institución pública, y no de una corporación de derecho privado-, no es razonable.

¿Y es razonable que la Iglesia establezca que las mujeres son ciudadanas de segunda clase? ¿Por qué las mujeres no pueden oficiar misa? ¿Es razonable que impida el ejercicio de un derecho tan fundamental a sus sacerdotes, como es el de construir y establecer una familia?

¿Acaso hay alguien en la Sala que pueda asegurar que la masculinización de la Iglesia, que la existencia de la prohibición de constituir una familia y de mantener relaciones habituales y normales, como todos los ciudadanos, no tiene ninguna incidencia sobre los hechos que están ocurriendo y que han ocurrido desde hace siglos en la Iglesia y que felizmente hoy emergen a la luz pública? Creo que nadie podría decir que no hay correlación alguna entre el celibato y la masculinización de la Iglesia, por un lado, y la ocurrencia de abusos a niños, que no afecta solo a niños y que no solo son de índole sexual, aunque mayoritariamente tengan ese carácter.

Yo afirmo que existe esa relación. Por lo tanto, es hora de que la Iglesia reflexione sobre el derecho que tienen instituciones de importancia estratégica para el país a poner sus preceptos particulares por encima de valores universales, reflexión que también debe hacer también el resto del país.

Para concluir, quiero decir que las instituciones no se defienden cuando se esconden los problemas debajo de la alfombra, sino expulsando a quienes no practican lo que predican, a aquellas personas cuyas conductas constituyen una transgresión fundamental a los valores que predica la Iglesia, una de las instituciones fundamentales de la sociedad.

Naturalmente, no soy de los que celebran el debilitamiento de la Iglesia, pues creo que los países requieren instituciones que enarbolen valores, ideales y un deber ser fundamentales. Para mí, el debilitamiento de la Iglesia como referencia valórica, por la contradicción entre sus dichos y sus hechos, le hace mal a la sociedad chilena. Por eso digo que no se defiende a las instituciones y su relevancia escondiendo los problemas bajo la alfombra, sino expulsando a todo aquel que los oculte.

Y lo que digo sobre la Iglesia vale también para el Parlamento, porque deberíamos tener la misma obligación de denunciar cualquier trasgresión legal de nuestros colegas y debiéramos ser sancionados en el caso de callar frente a las faltas y delitos; no debiéramos caer en la tentación en que ha caído la Iglesia de defender a la corporación a como dé lugar, en la tentación del corporativismo defensivo, en lugar del castigo ejemplar a quienes violan los principios y las razones por las que la gente le ha entregado y depositado su confianza.

Entonces, los problemas de la Iglesia se resuelven expulsando de manera categórica, clara y definitiva a todos aquellos que trasgredan sus principios, pero también encarando las transformaciones necesarias para actualizarse a los tiempos que corren, y la actualización de la Iglesia supone el traslado y la aplicación de principios universales que han estado limitados por la manera en que se organiza la Iglesia católica, como la igualdad de género y el derecho de todo ciudadano a construir una familia.

He dicho.

El señor MEZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-

Señor Presidente, nobleza obliga a felicitar y agradecer a los autores de este proyecto de ley, que es muy necesario, pero que debe ser debatido, reflexionado y, sobre todo, aprobado, porque no es una iniciativa que busque debilitar o atacar a alguna institución eclesiástica, sino proteger a los niños, que son fuente inagotable de inocencia, de ingenuidad, de confianza, de fe, de amor, de respeto, pero también, lamentablemente, víctimas de violaciones a sus derechos esenciales, de violaciones sexuales, de violaciones corporales, de violaciones mentales, de violaciones al alma, lo que no debe ser aceptado nunca, bajo ninguna circunstancia y en ninguna institución.

No podemos hacer caso omiso a las violaciones que se producen en contra de nuestros niños, por lo cual recogemos el concepto de que los niños sean primeros en la fila. Y deben serlo sin colores políticos, sin intenciones ideológicas; deben serlo por compromiso político con su ingenuidad y con su futuro.

Por lo expuesto, esperamos que este proyecto sea aprobado y que pueda inspirar en los agentes religiosos, en los agentes pastorales, lo que su propia fe no fue capaz de hacer.

Lo digo porque, si entendemos los preceptos de la Iglesia católica, esta busca que los niños sean primeros, porque son la llave para el reino de los cielos, no obstante lo cual han sido víctimas de daños. Muchos de esos agentes pastorales no tienen temor a Dios, por lo que esperamos que al menos tengan temor a la ley que los sancionará. Es nuestra obligación, como legisladores, dar respuesta a una situación muy perversa en nuestra sociedad.

Espero que este proyecto de ley lleve a reflexionar a todos quienes tienen a su cargo el cuidado de niños, su formación, su educación, porque ellos son el futuro de Chile. El futuro de nuestro país no está en el cobre, en la minería o en la agricultura, sino en sus niños. Por eso debemos defenderlos.

Espero que este proyecto de ley sea despachado prontamente por el Senado, para que sea promulgado como ley de la república lo antes posible. Nunca dejemos de avanzar en proyectos de ley que defiendan la integridad de nuestros niños, porque no podemos seguir fallándoles.

He dicho.

El señor MEZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, me sumo a las palabras de felicitaciones a quien, de una u otra manera, fue el autor de este proyecto de ley: el diputado Raúl Soto .

Valoro cada uno de los discursos sobre esta iniciativa legal, que modifica el Código Procesal Penal para imponer a las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa la obligatoriedad de denunciar hechos vinculados a abusos de carácter sexual. Se trata, por cierto, de algo tremendamente necesario.

Quizá muchos podrán cuestionar que recién hoy estemos legislando sobre esta materia, podrán decir que es extemporáneo; sin embargo, los hechos ocurridos en nuestro país demuestran la necesidad de enfrentar el problema.

Reitero: valoro cada una de las intervenciones de mis colegas, pero muy pocos o ninguno ha hecho referencia a que todo lo que se ha conocido y destapado en la Iglesia católica en particular no ha sido mérito de ninguno de los que estamos acá, sino que ha ocurrido gracias a personas que tuvieron la valentía de dejar atrás sus temores y se decidieron a romper el silencio, a hablar. Son personas -hay testimonios que así lo grafican que han tenido que soportar las burlas de sus cercanos cuando ocurrieron las primeras denuncias; personas que callaban por miedo o que callaban por vergüenza, porque el cura era amigo de la familia o era admirado por la comunidad.

Hay que hacer un poco de memoria, por ejemplo, sobre quién era Karadima y cómo era defendido por algunos parlamentarios -uno de ellos, un reconocido senador de la República que quiso ser candidato presidencial-, cuando se decía que las acusaciones contra dicho sacerdote eran falsas y fraudulentas.

Hubo gente que lo defendía a muerte y a rajatabla; pero hubo quienes rompieron su silencio. Por eso, no puedo dejar de valorar a personas como James Hamilton , Juan Carlos Cruz y muchos otros que como ellos sufrieron la violencia al interior de la Iglesia y tuvieron la valentía de romper ese silencio siniestro.

No puedo dejar de mencionar en esta Sala al gran movimiento de laicos de Osorno, que recorrieron las calles de esa ciudad para pedir la salida del obispo Juan Barros , porque había sido el protector de todos los hechos violentos que cometió Karadima . ¡Y la voz de la gente de Osorno llegó al Vaticano! Recuerdo que en su momento el papa se burló de quienes, con viento, con frío y con escarcha, salieron a las calles osorninas para marchar a fin de exigir la salida del obispo Juan Barros .

Señor Presidente, por su intermedio ofrezco disculpas a mis colegas, pero no podemos discutir este proyecto sin recordar esa historia. En efecto, nada de lo que hoy está ocurriendo en Chile hubiera sido posible si el papa, en su visita a nuestro país, no hubiese escuchado la voz de los que no quiso escuchar cuando estaba en el Vaticano.

Hoy en muchas ciudades del país se han ido destapando y conociendo casos que estaban debajo de la alfombra; incluso, como lo dije en otra intervención, en la misma capital de la región que represento, Puerto Montt, se pretendió escudar la salida de un ex obispo argumentando su avanzada edad. Hoy se ha descubierto que la salida de ese obispo de debió a que encubrió una serie de actos violentos que ocurrieron en muchas diócesis de la Región de Los Lagos, tal como ocurrió en otros lugares del país.

Este proyecto es importante, porque a partir de su aprobación existirá la obligatoriedad de denunciar estos hechos.

Me sumo a las palabras del diputado Pepe Auth , quien señaló que este dolor del país no es solo por lo que sucede con la Iglesia, sino por lo que sucede en otras instituciones afectadas por la corrupción: Carabineros, el Ejército y la clase política. Todos debemos tener claro que estas cosas no pueden seguir así, pues provocan un dolor en el alma de los chilenos, que ven que los poderosos de la política o los poderosos del empresariado cometen delitos y el Servicio de Impuestos Internos no les hace nada, situación muy distinta a la que vive el dueño de un quiosco si no da una boleta, pues recibe una multa y hasta le pueden clausurar su negocio.

Entonces, tenemos que saber superar todas estas vergüenzas, incluida la de la Iglesia, para construir un país mucho mejor.

Este proyecto va en la línea de contribuir a denunciar los hechos constitutivos de delito al interior de la Iglesia. Ninguna autoridad eclesiástica podrá escudarse en que esto es materia del derecho canónico y que no puede ser investigado por los tribunales de justicia. Ojalá nunca más en nuestro país veamos abusos de este tipo; nunca más veamos cómo se mancilla a una iglesia que todos queremos, pero que hoy nos avergüenza por los hechos que se están conociendo.

Nuestra bancada en su mayoría votará a favor este proyecto de ley, porque es una contribución, a pesar de que algunos digan que es extemporánea. La legislación contribuirá a que nunca más se permitan los sufrimientos que se han conocido.

Hay personas que a los ochenta años de edad se decidieron a hablar y han dicho que no hay día de su vida en que no recuerden los abusos que sufrieron al interior de la Iglesia. Esto quiere decir que los daños que provocaron las autoridades eclesiásticas, curas o sacerdotes marcaron la vida de miles de personas.

Reitero: puede haber muchos méritos en esta iniciativa y de sus autores; sin embargo, el principal mérito lo tienen quienes perdieron el miedo a denunciar estos hechos ante el país, actitud por la cual fueron apuntados con un dedo.

A los señores Hamilton y Cruz, y a muchos más como ellos, el país les debe mucho; pero también a los laicos de Osorno, porque una ciudad pequeña, a 1.000 kilómetros de Santiago, logró sacar su voz al mundo, y eso no ocurre en todos los lugares.

Después de lo que hicieron los laicos de Osorno, el papa convocó a una cumbre para hablar sobre esta crisis.

Por eso, nunca dejaré de aplaudir la gesta heroica de esos laicos que –repito muchas veces sufrieron ataques de otros vecinos y de otros ciudadanos que decían que su manifestación era de carácter político. Incluso más, en algún momento el propio papa llegó a hablar de los zurdos. Esa gente logró alzar la voz de nuestro país al mundo, y hoy todos somos testigos de lo que está ocurriendo, para el bien de la Iglesia católica y para el bien de nuestro país.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, felicito a los autores de esta moción. No obstante, uno se pregunta por qué tenemos que presentar una moción para que se denuncien estos hechos que ocurren en el seno de la Iglesia católica. ¿Por qué tenemos que presentar una iniciativa de ley para que actos delictuales de este tipo deban denunciarse?

Esa es la reflexión que deberíamos hacer. Lo digo, porque cada uno de nosotros ha escuchado distintos relatos, respecto de los cuales uno no puede sino denunciarlos.

En ese sentido, quizá en la Iglesia católica y en todas las iglesias esto tiene una connotación distinta, por el valor moral y ético que tiene para cada una de las comunidades. Lo que sucede en la Iglesia católica tiene una connotación mucho más fuerte en la vida de los católicos y de los creyentes, entre los que me incluyo.

No quiero dejar de valorar la iglesia de los cardenales Caro y Silva Henríquez , esa que actuó en defensa de los derechos humanos y en la reforma agraria. Sin embargo, en este ámbito, en el cual la Iglesia católica tiene una tremenda deuda, tenemos que ser muy categóricos y obligar a la denuncia inmediata de este tipo de delitos.

Al igual que el diputado Fidel Espinoza -lo conversaba con el diputado Jaime Mulet -, quiero reconocer a aquellos que fueron los primeros que denunciaron esto; a aquellos que se atrevieron; a aquellos que fueron muchas veces cuestionados, privada y públicamente. Me refiero a los jóvenes Hamilton , Cruz y Murillo , quienes entregaron un tremendo y desgarrador relato de lo que les ocurrió.

Asimismo, quiero reconocer la labor de los medios de comunicación, que fueron fundamentales para esclarecer y destacar lo que estaba pasando. Mención importante merecen Ciper Chile y Mónica González , periodista que ha sido capaz de romper muchos esquemas, especialmente en este ámbito, pues denunció hace ocho o diez años lo que estaba pasando permanente y sistemáticamente en la Iglesia católica. Fue en 2010 cuando Ciper Chile comenzó a publicar crónicas de lo que estaba ocurriendo en la Iglesia católica y sobre las múltiples aristas que hemos mencionado acá.

Invito a todos los parlamentarios a votar favorablemente el proyecto. Sin embargo, hay que dar un paso adicional. Lo que estamos haciendo es reaccionar a hechos brutales que hemos conocido, pero el estándar que debemos tener es aún más alto. Creo que debemos revisar el derecho a confesión, especialmente lo contemplado en el § 1. del artículo 983 del Código Canónico, que tiene que ver con el sigilo sacramental. Me van a disculpar, porque también soy católica, pero si alguien se confiesa de la brutalidad de haber cometido abuso de menores queda exculpado; el pecado no está. En el derecho a confesión, la persona tiene la posibilidad de redimirse. ¿Qué pasa con el delito? ¿Qué pasa ahí? Creo que es algo que debemos estudiar, revisar y pedir la modificación del derecho canónico. Aquí hay una conexión entre el Estado y la Iglesia, y de alguna manera debemos dar un paso más en esta materia.

En cuanto al secreto profesional, ¿qué pasa con los abogados, quienes muchas veces reciben denuncias sobre este tipo de casos? También debemos tener un estándar superior. ¿Qué pasa con los que reciben permanentemente denuncias en el ámbito del secreto profesional? Ellos también deben tener un estándar distinto. ¿Por qué solo la iglesia? ¿Por qué no también quienes deben guardar secreto profesional?

Señora Presidenta, anuncio que votaremos favorablemente la moción parlamentaria y también las indicaciones que signifiquen mejorar los estándares para hacer justicia a niños y niñas cuyos derechos han sido vulnerados sistemática e institucionalmente.

Sobre ese tema, debemos llevar a la reflexión a la Iglesia católica y a todas las demás iglesias, así como a quienes pueden ejercer el secreto profesional, algunos de los cuales se encuentran presentes en esta Sala.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señora Presidenta, este proyecto comenzó a debatirse en la sesión del 7 de marzo. No sé si existe voluntad de la Sala para requerir de los señores diputados y señoras diputadas el acuerdo a fin de que quienes no han intervenido puedan insertar sus discursos y votar la iniciativa en esta sesión.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

¿Habría acuerdo para acoger la solicitud del diputado señor Saffirio ?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada señora Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señora Presidenta, nuestra bancada no ha intervenido en relación con este proyecto. Propongo que recabe la unanimidad de la Sala para que ello ocurra y luego se cierre el debate.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Señora diputada, no hay acuerdo para cerrar el debate, por lo que el mismo queda pendiente.

Hay un tema técnico que aprovecho de señalar.

Para solicitar el cierre del debate, todos los Comités deben haber intervenido. Quedaba pendiente la intervención del Comité del Partido Revolución Democrática, el que ha expresado que renuncia a ese derecho.

Repito: para concurrir a la votación del proyecto habría que clausurar previamente el debate, petición que debe ser formulada por escrito por un jefe de Comité. Al no haber sido solicitada, pasaremos al tiempo de Proyectos de Acuerdo y de Resolución.

Tiene la palabra la diputada señora Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señora Presidenta, nosotros vamos a solicitar la clausura del debate.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

La oportunidad ya pasó. Por lo tanto, la discusión de la iniciativa queda pendiente.