Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, con ocasión del denominado caso Harex, correspondiente a la desaparición del joven Ricardo Harex González , acaecida en 2001 en la ciudad de Punta Arenas.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios el día de ayer, se destinarán diez minutos para la rendición del informe y cuarenta minutos para el debate, distribuidos proporcionalmente entre las bancadas según los tiempos que se indican a continuación:

Comité de Renovación Nacional, nueve minutos y diecisiete segundos; Comité Unión Demócrata Independiente, siete minutos y cuarenta y cinco segundos; Comité del Partido Socialista, cuatro minutos y cincuenta y cuatro segundos; Comité Demócrata Cristiano, tres minutos y treinta y siete segundos; Comité Comunista-Independientes, dos minutos y diecinueve segundos; Comité Radical Social Demócrata, dos minutos y cuatro segundos; Comité Mixto Liberal, Comunes e Independientes, dos minutos y cuatro segundos; Comité Revolución Democrática, un minuto y cuarenta y ocho segundos; Comité Partido por la Democracia, un minuto y cuarenta y ocho segundos; Comité Evolución Política, un minuto y treinta y tres segundos; Comité Federación Regionalista Verde Social-Independientes, un minuto y treinta y tres segundos; Comité Mixto Humanista Ecologista Verde e Independientes, un minuto y siete segundos.

Rinde el informe de la comisión investigadora el diputado señor Karim Bianchi .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, con ocasión del denominado “Caso Harex”, sesión 1ª de la presente legislatura, en martes 12 de marzo de 2019. Documentos de la Cuenta N° 25.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señor diputado, vamos a intentar corregir esa situación. Precisamente, dado que no alcanzan a aparecer todos los comités en la pantalla de la Sala, he leído los tiempos correspondientes a cada uno. No obstante, debería buscarse una solución para que aparezcan todos. La explicación de lo que ocurre es bastante simple: surgió un comité nuevo que ha desplazado los espacios en la pantalla.

Reitero que vamos a corregir esa circunstancia para que aparezcan todos. Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BIANCHI (de pie).-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo a la Mesa, a las diputadas y los diputados y al público presente en las tribunas.

Voy a rendir el informe. A pesar de que muchos no quisieron que se creara esta comisión, sacamos adelante este informe.

En mi calidad de diputado informante de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, con ocasión de la desaparición del joven Ricardo Harex González , acaecida en 2001, en la ciudad de Punta Arenas, y en cumplimiento del mandato otorgado por esta Corporación, me permito informar a esta honorable Cámara lo siguiente:

Las instituciones objeto de la presente investigación no cumplieron con los siguientes principios del derecho internacional:

1) No se dio cumplimiento al principio de oportunidad, que ordena que la investigación debe iniciarse de manera inmediata, ser llevada a cabo en un plazo razonable y ser propositiva.

A juicio de esta comisión, la presente investigación no comenzó de manera inmediata y ocurrió de manera descoordinada.

Además, luego del errático comportamiento de las policías en los primeros años, solo se designa una ministra en visita once años tarde, después de que la causa fue sobreseída temporalmente.

La investigación nunca ha sido propositiva. Si bien los informes fueron numerosos, la mayor cantidad de ellos no han logrado, luego de dieciocho años, ser un real aporte a la investigación, sea dilucidando el paradero del joven Ricardo Harex , sea logrando desvirtuar completamente las teorías del caso analizadas.

2)No observó el principio de competencia, que obliga a que la investigación deba ser realizada por profesionales competentes y empleando los procedimientos apropiados.

La ineficiente coordinación y cooperación de las policías ha quedado establecida sobre la base de las propias declaraciones de sus funcionarios.

3)No mantuvo el principio de independencia e imparcialidad de las autoridades investigadoras.

Resulta del todo preocupante para esta comisión que la Iglesia católica, particularmente la Congregación Salesiana, haya sido sindicada como una de los principales intervinientes en la investigación.

Debido al carácter confuso de la información recabada, la sola posibilidad de que alguno de sus miembros, como el sacerdote Rimsky Rojas, haya participado e interferido en la investigación, envuelve de dudas y empaña la labor realizada por Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, en sus primeros años.

4)Las instituciones no fueron rigurosas con el principio de oficiosidad. Este principio tiene directa relación con las acciones que deben realizar las instituciones públicas encargadas de la investigación al momento de conocer de un caso que violó los derechos humanos. Este principio básico subyace a todas las instituciones y esta comisión investigadora presume que fue llevado a cabo de buena fe por parte de las policías. Sin embargo, este principio se cumplió de manera parcial, porque debió ser relacionado con los principios antes mencionados.

5)Sin duda, no se cumplió con el principio de exhaustividad. Esto, debido a que desde la denuncia de presunta desgracia hasta hoy -dieciocho años más tarde- no se ha formalizado a ninguna persona por tales hechos. Adicionalmente, el tiempo transcurrido hace plausible sostener que ninguna de las diligencias efectuadas en todo este tiempo han sido conducentes a establecer siquiera una verdad jurídica al respecto.

Por todos los antecedentes antes expuestos, esta comisión investigadora concluye que existen suficientes antecedentes para afirmar que la investigación que busca aclarar la desaparición de Ricardo Harex ha sido llevada a cabo sin la debida diligencia en lo que respecta a los principios de independencia, imparcialidad, competencia, oportunidad, exhaustividad y oficiosidad, instruidos para investigaciones judiciales por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, a la cual Chile reconoce competencia.

Adicionalmente, esta comisión estima que los mecanismos propios de aquella investigación fueron llevados a cabo de manera deficiente. De ello dan cuenta las declaraciones de los funcionarios policiales invitados, los que corroboraron que el impulso de las diligencias investigativas estaba basado en rumores emanados de la opinión pública y que incluso teniendo presente dicho modus operandi, nunca tomaron en consideración los que vinculaban al sacerdote Rimsky Rojas como sospechoso de la desaparición de Ricardo Harex.

A propósito de este último punto, las omisiones son de tal magnitud que de los antecedentes investigados por esta comisión no es posible observar que en la causa de la muerte del sacerdote salesiano, la figura del suicidio asistido haya sido siquiera tenida a la vista. Estas omisiones por parte de las policías contribuyeron a crear en la sociedad puntarenense una sensación de impunidad y de protección hacia miembros de la Iglesia. A juicio de esta comisión investigadora, dichos actos fueron cruciales para determinar el fracaso de la investigación.

Esta comisión también hace presente que las actuaciones desplegadas por la Iglesia católica, particularmente los hechos realizados por los salesianos, lograron desvirtuar el enfoque de la investigación más que aportar genuinamente al desarrollo eficiente de la misma. De otra manera, no es posible explicar que uno de los principales sospechosos de la desaparición de Ricardo Harex fuera precisamente quien haya contribuido de manera más activa en los primeros operativos de búsqueda.

Lo anterior se relaciona directamente con las acciones de encubrimiento y protección brindadas por las autoridades eclesiásticas hacia sus sacerdotes acusados por delitos de connotación sexual. Esta comisión investigadora sostiene que no es casual ni antojadizo que un sacerdote con historial de violaciones a los derechos de menores sea director de un colegio por años y que nunca se hayan tomado reales acciones en pro de dar efectiva protección a los niños de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Finalmente, esta comisión pone de manifiesto su preocupación, debido a que en el presente caso se podrían estar vulnerando derechos internacionalmente reconocidos por el Estado de Chile, específicamente los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículo 4 (Derecho a la Vida), artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal), artículo 7 (Derecho a la Libertad Personal), artículo 8 (Garantías Judiciales}, artículo 19 (Derechos del Niño) y artículo 25 (Protección Judicial}, todos ellos en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos}; y también, posiblemente, haber incumplido con la obligación consagrada en el artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Adicionalmente, esta comisión investigadora propone lo siguiente:

a)Oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que supervise las actuaciones que restan, de manera de resguardar que las autoridades den cabal cumplimiento a las labores investigativas que a dieciocho años de los hechos puedan realizarse, informando los resultados de esta supervisión a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados.

b)Remitir a la ministra en visita la totalidad de los antecedentes que obran en poder de es-

ta comisión, con el objeto de colaborar con la investigación sobre la desaparición del joven Ricardo Harex y, en definitiva, identificar y formalizar a todos los responsables, sean autores materiales o intelectuales de los hechos, encubridores o cómplices.

c)Solicitar a las policías que elaboren mecanismos de comunicación, coordinación y co-

laboración interinstitucional a nivel nacional, para que puedan responder de manera eficiente y eficaz a las distintas peticiones que pueda realizar el Ministerio Público, teniendo presente que aun en la actualidad pueden existir casos de flagrancia o denuncias de presunta desgracia que no estén siendo respondidos bajo estos parámetros.

d)Oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que en el plazo de tres meses disponga la creación de una mesa técnica que evalúe cambios a las normas y procedimientos de las policías en materia de desaparición de personas, con el fin de solucionar los problemas detectados por esta comisión. Los avances de esta mesa técnica deberán remitirse a las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de esta honorable Corporación.

Las conclusiones y propuestas se aprobaron por la unanimidad de los diputados y las diputadas presentes en la comisión, señoras Sandra Amar y Virginia Troncoso , y señores Gabriel Ascencio , Gabriel Boric , René Manuel García y quien habla.

Finalmente, como presidente de esta comisión investigadora, propongo a la honorable Cámara la aprobación del presente informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Una vez iniciado al debate, vamos a convocar a los jefes de Comités para constituirnos en sesión.

En discusión el informe.

En el tiempo del Comité Mixto Liberal Comunes e Independientes, tiene la palabra el diputado Gabriel Boric , por la totalidad del tiempo asignado a su Comité más el tiempo cedido por otros comités, de hasta cinco minutos y siete segundos.

El señor BORIC.-

Señor Presidente, como todo magallánico, recuerdo patentemente las tardes primaverales del año 2001, que, después del 19 de octubre, para toda nuestra comunidad se fueron volviendo cada vez más frías ante la conmoción que causó, de manera transversal, en toda la sociedad magallánica, la desaparición de Ricardo.

En una ciudad en que es normal que existan lazos entre los diferentes colegios, que nos encontremos en diferentes actividades, como en esa época eran el MAM, las fiestas de gala de los colegios, las diferentes competencias deportivas (Ricardo jugaba handball), fue realmente impactante saber que en una noche como cualquier otra, después de un carrete como cualquier otro, un estudiante, como podría haber sido cualquiera de nosotros, sencillamente no volvió a aparecer más, y que desde entonces y hasta el día de hoy el peregrinaje de su madre, Margot ; de su padre, de sus compañeros de colegio y de todos sus seres queridos no ha tenido fin.

En esta intervención quiero reconocer la lucha incansable que han dado su familia y todos sus amigos y seres queridos por mantener viva la presencia de Ricardo en la comunidad magallánica.

También me parece importante reconocer la iniciativa del diputado Karim Bianchi de solicitar la creación de esta comisión investigadora, porque lo que vimos en ella fue un pequeño reflejo de las deficiencias que ha tenido la investigación de este caso en los muchos años que han transcurrido: policías e investigaciones que no llevaban a ninguna parte; diferentes autoridades citadas a la comisión que no podían responder nuestras preguntas, no porque no existiera respuesta a ellas, sino porque no habían estudiado suficientemente el caso.

Así, por ejemplo, en una de las primeras sesiones nos sorprendimos de que un prefecto de Investigaciones no tuviera idea de prácticamente nada de lo que estábamos hablando, lo que demuestra la indolencia con que el Estado de Chile y las instituciones a cargo de la investigación han llevado adelante este caso.

Por lo tanto, el hecho de que este caso siga presente y que mediante una comisión investigadora se haya vuelto a poner en el tapete hace que todos los magallánicos y magallánicas digan de manera fuerte a Ricardo y a su familia que no lo hemos olvidado.

Las conclusiones y propuestas planteadas aquí no nos llevan a descubrir su paradero, y eso, evidentemente, es frustrante, nos duele y nos resquebraja el alma a todos quienes desde Magallanes sabemos del dolor que ha sufrido esta familia. Pero sí ponen de manifiesto ciertas cosas que no se pueden dejar pasar: que ante situaciones como esta, como la desaparición de un estudiante menor de edad, inmediatamente deben activarse protocolos que permitan facilitar su búsqueda.

Por ejemplo, de la investigación sabemos que el video del último lugar donde fue visto Ricardo desapareció porque lo fueron a buscar antes que lo hiciera la Policía de Investigaciones, que fue un mes después. Además, que la iglesia tiene una responsabilidad ineludible en esto. Por lo tanto, se vuelve más contingente que nunca la crítica que se ha hecho desde la sociedad entera a la Iglesia católica por encubrir permanentemente a curas pederastas, a violadores que impunemente se pasearon de región en región abusando de menores de edad, como fue el caso del sacerdote Rimsky Rojas, a quien trasladaron desde Valdivia hacia Punta Arenas por casos de abusos.

Eso no se lo perdonaremos a la iglesia.

Por ello, voto a favor de las conclusiones de este informe.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por siete minutos y cuarenta y cinco segundos, la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señora Presidenta, Ricardo Harex González es hijo de Magallanes, y desde hace dieciocho años la región se pregunta: ¿Dónde está? ¿Cómo desapareció? ¿Quién lo desapareció? ¿Por qué despareció?

Las interrogantes sobre este caso han conmocionado a miles de personas, y la verdad es que las certezas son muy pocas.

Ricardo estudiaba en el Liceo Salesiano San José de Punta Arenas. La noche del 19 de octubre de 2001 participó en una convivencia que se realizó en un quincho en Punta Arenas, desde el cual, en algún momento, salió sin paradero conocido por sus amigos o familiares, desapareciendo sin dejar huella alguna hasta el día de hoy.

En la actualidad existen diversas hipótesis sobre su desaparición y lo que realmente sucedió con Ricardo, quien a la fecha tendría 34 años de edad. No sabemos qué pasó con él.

Hasta hoy son dieciocho años de angustiante búsqueda por parte de sus familiares; dieciocho años esperando todos los días tener una pista que pueda guiarlos hacia el paradero de Ricardo.

En paralelo, las policías han hecho su labor. Lamentablemente, esta no ha dado los frutos esperados después de años de búsqueda, desilusionante factor que motivó la creación de la comisión investigadora cuyo informe hoy discutimos.

La creación y el desarrollo de la comisión investigadora Harex , en la cual también participé, sin duda ha sido una instancia provechosa en que se ha intentado, una vez más, esclarecer aquellos hechos que no pueden quedar inconclusos o impunes en nuestro Estado de derecho.

Quiero contar a la gente de Magallanes y a todo Chile que a las sesiones que celebró la comisión fueron invitados actores relevantes de la causa, logrando de esta forma recopilar información para poder acercarnos a la verdad de los hechos ocurridos. No obstante, los esfuerzos realizados por todos los integrantes e invitados a la comisión serán insuficientes si no se logra avanzar en la materia investigativa y netamente judicial.

Como bien sabemos, aún no existe un fallo que permita determinar con exactitud, mediante pruebas acreditadas en juicio, el real paradero de Ricardo, como tampoco tenemos a la fecha una sentencia que sancione a los responsables y/o cómplices de su desaparición.

Durante estos dieciocho años han surgido distintas hipótesis y opiniones tendientes a responsabilizar a diferentes actores mencionados en el proceso judicial llevado ante los tribunales de justicia y ante la misma comisión. Pero, por desgracia, tales hipótesis y argumentaciones han ido cambiando una y otra vez, sometiendo el caso a una permanente exposición y especulación pública, generando, a su vez, incertidumbre sobre los procedimientos realizados, desconfianza en el debido proceso e imputaciones que, si bien en un principio parecen ser determinantes, terminan en nada. Al final del día, las investigaciones parecen no llegar a ningún resultado.

Señora Presidenta, como sociedad, claramente, estamos en deuda con el entorno de este hijo de Magallanes, Ricardo Harex , quien como cualquier joven salió de su casa para compartir con sus amigos, pero nunca más volvió. ¿Cuánto tiempo más tendrá que continuar la agonía de su familia? ¿En cuántos años más finalmente se hará justicia?

Frente a esta tragedia, solo nos queda comprometernos a buscar toda instancia legal que permita descubrir la verdad de los hechos ocurridos. Por lo mismo, sobre la base de la información recopilada como comisión, hemos acordado concluir acciones tendientes a facilitar la búsqueda de la anhelada justicia.

En esa línea, considero fundamental destacar que de la investigación realizada por la comisión sobre la desaparición forzada de Ricardo Harex se pudo concluir que es probable la existencia de un incumplimiento del debido proceso por parte del Estado de Chile respecto de los tratados internacionales, los que fueron singularizados en detalle en el resultado de la investigación.

Por lo mismo, nos parece correcto que entre las propuestas que realizamos a la Comisión se incluyera la de oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que dé seguimiento a esta causa, que se mantiene vigente, a fin de fiscalizar e informar si lo realizado amerita recurrir a otras instancias para subsanar vicios en la investigación llevada a cabo.

Asimismo, y con el propósito de agotar todas las instancias posibles, es fundamental remitir toda la información que recabamos en la comisión a la señora ministra en visita; solicitar que haya una mejora en la coordinación entre policías; oficiar al ministro del Interior para que en el plazo de tres meses disponga la creación de una mesa técnica que evalúe cambios a las normas y procedimientos.

Considerando la cantidad de información confusa y no resuelta de la causa, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de oficiar también a la Iglesia católica para que colabore con el caso de Ricardo Harex , proponiendo la elaboración de protocolos y procedimientos de respuesta en casos de denuncia y primeras gestiones cuando miembros de su comunidad se vean involucrados en investigaciones judiciales.

Este trabajo no puede quedar inconcluso, ya que, si bien lo realizado es un paso más para acercarnos a la verdad, es fundamental seguir adelante, agotar todas las instancias legales y continuar trabajando de manera exhaustiva, a fin de mejorar todo proceso y procedimiento que tienda a esclarecer desapariciones forzadas como la de Ricardo.

El Estado tiene la obligación de no olvidar a quienes aún se encuentran desaparecidos y de establecer un marco jurídico claro que contemple medidas preventivas y protocolos de actuación que permitan registrar los casos de desapariciones apenas son conocidos, recabar toda la información posible sin dilación y establecer normas estandarizadas para la búsqueda de las personas, pues -debemos reconocerlo- es posible que la desaparición de Ricardo no haya sido tomada con la premura ni diligencia que requería.

Por ello, espero que podamos contribuir a esclarecer el paradero de este joven magallánico al que tantos extrañan y por el que tantos piden verdad y justicia.

Señora Presidenta, colegas, policías, juzgados, trabajemos para que la verdad no tarde en llegar. Han pasado 18 años de inexplicable sufrimiento para la familia de Ricardo. Los padres no olvidan ni un solo día; conviven cada instante con la pena y la incertidumbre de una herida que no sana, un dolor infinito que nadie quisiera vivir y del cual todos somos responsables.

Espero que, más temprano que tarde, podamos darle a su familia la justicia y la verdad que tanto han buscado.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M. Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señora Presidenta, inicio mi intervención saludando a la madre de Ricardo, señora Margot González , quien está en estos momentos viendo la sesión.

Ella y la Región de Magallanes, desde hace 18 años, tienen una herida sin cicatrizar. Una familia, un padre, una madre, con el dolor más grande y la angustia de no saber qué pasó con su hijo, que una noche se despidió de su madre, salió y no regresó nunca más. Su madre espera saber de él desde esa noche, ocurrida hace 18 años.

Propusimos la creación de esta comisión porque queríamos y sentíamos la necesidad de visibilizar un caso policial que debe ser de los más complejos que ha habido en nuestro país y que se convirtió en un enigma, debido al secretismo de grupos de poder y a la falta de información de prensa. Quizá porque Magallanes está lejos o porque la familia no tenía recursos, no se le dio la debida importancia.

Junto a la ministra en visita, que se designó once años tarde, hicimos un trabajo respetuoso y coordinado, sin el afán de perjudicar la investigación y aportando desde este espacio al esclarecimiento de la verdad con testimonios relevantes. Tratamos de agotar todas las instancias para que el caso no prescriba sin que antes se haya castigado a los responsables y sin que sepamos el paradero de Ricardo Harex.

La comisión hizo que en Magallanes se volviera a hablar del caso como si hubiese sucedido ayer. Esperamos que los medios nacionales cubran esta desaparición olvidada y se ejerza la presión necesaria para remecer la conciencia de quienes tengan alguna responsabilidad y entreguen la información que se requiere.

Desde un comienzo nos dimos cuenta de que la investigación no se hizo bien. Hubo descoordinación, secretismo, errores de jueces, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, y operó el poder oscuro de redes de protección para algunos, que intentaron desviar la investigación.

Por ejemplo, se buscaba a un joven distinto al que desapareció, con vestimentas diferentes, en lugares antojadizos y erróneos. Se perdieron años con pistas falsas, sindicando primero al padre como responsable, pero se comprobó que eso no era cierto.

En relación con la figura de Ricardo se hicieron muchas conjeturas que hacían imposible pensar que todas ellas se cruzaran con un joven común y corriente, estudiante y deportista. Este caso se ha vinculado con redes de pedofilia; se le relacionó amorosamente con una profesora; se habló de suicidio; se inculpó a una persona que resultó estar detenida el día de la desaparición de Ricardo. Tras eso, el director del liceo donde Ricardo estudiaba se suicidó. Al evento se vinculó al socio del padre, dueño de una funeraria, quien también se suicidó luego de eso. Además, como antes se señaló, se perdieron videos. Y así, suma y sigue. Había una decena de aristas que complejizaban el caso.

Este joven desapareció de una fiesta de amigos de la cual salió solo. Hay detalles de esa noche que se perdieron, pues la bitácora de Carabineros se presentó sin acreditar una serie de kilómetros de un carro policial que los asistentes vieron en las afueras de la fiesta, luego de que una vecina denunciara ruidos molestos en el lugar. Luego, algunas personas dijeron haber visto ese mismo carro detenido en las afueras de la ciudad, cuestión que no se investigó en ese momento.

El mejor amigo de Ricardo y otros jóvenes dijeron que un carabinero que los acompañó decididamente en la búsqueda terminó siendo sacado de la zona sospechosamente.

Es importante destacar que en la investigación el director del Liceo Salesiano San José , donde estudiaba Ricardo , supuestamente era una persona colaboradora. Era un cura de una personalidad avasalladora que llenaba misas y su histrionismo hacía que no pasara inadvertido en la zona. Él era Rimsky Rojas, quien fue trasladado desde Valdivia , tras un breve paso por África a modo de castigo, luego de ser denunciado por violación a menores, hecho que fue acreditado.

Ese cura salesiano resultó fundamental en la desviación de la investigación, pero, tras el paso de los años y su posterior suicidio, se transformó en el principal sospechoso, al punto de que hoy toda la investigación se cruza con un patrón común: Rimsky Rojas. Todo lleva a él, no obstante que, en una misa en recuerdo de Ricardo, le dijo a la madre que ellos, los curas, no habían matado a su hijo.

Una sesión especial de la comisión se realizó en Punta Arenas, por lo cual agradezco a quienes nos acompañaron. Allí escuchamos importantes testimonios, entre ellos el de un excarabinero que afirmó que desde la casa del obispo de Magallanes de la época, Tomás González , salían niños en estado de ebriedad durante la madrugada.

Además, nos relató uno de los sucesos que protagonizó el cura Rimsky, cuando una vez, desde su casa, unos perros Rottweiler mordieron a un niño y luego el carabinero los vio junto a la madre comiendo en un restaurante, consolidando lo que a la postre fue el silencio.

Este cura de alta influencia y poder en la zona compraba parcas de alto valor, aparatos tecnológicos y perfumes a alumnos cercanos a él, incluso posteriormente se supo que mantuvo relaciones amorosas con algunos de ellos.

Sé que hay víctimas de estos sacerdotes, que actuaban amparados en total impunidad, avalados por el secretismo y la protección de altas autoridades, como monseñor Ezzati y el obispo Tomás Gonzalez , incluso de quien en ese entonces era superior jerárquico de Rimsky, como es el actual obispo de Magallanes.

Insto a las víctimas a denunciarlos, a pesar de la vergüenza que ello podría implicar o de que aún se encuentren en condición de vulnerabilidad y pobreza.

Rimsky Rojas , ya en una casa de aislamiento para curas, tomó la decisión de suicidarse, pero creo que lo hizo asistidamente, dadas sus condiciones físicas. Tras su muerte, en medio de denuncias de abuso sexual, del inicio de una investigación canónica, y siendo uno de los principales sospechosos del caso Harex, ni la fiscalía ni la Policía de Investigación indagaron en el lugar de su muerte. No entraron, sino días después y no en todos los lugares; no consultaron a todos quienes rodeaban esa casa.

Según testimonios, Rimsky Rojas dejó dos cartas que desaparecieron. También desaparecieron su computador y sus teléfonos, los que fueron entregados posteriormente por su hermano, también cura salesiano, pero ya formateados, por lo que resultaron ser pruebas viciadas.

La Policía de Investigaciones asumió el compromiso con la comisión de realizar diversas acciones y comprometió recursos, como no se hizo en su momento. Se destinó personal experto y exclusivo para llevar a cabo la investigación, pero que sentimos que es extemporáneo. A pesar de ello, lo valoramos, porque sé que estamos cerca de la verdad, pero no del paradero de Ricardo.

La madre, con el desgaste propio de la pena y el dolor visible en su salud, clama por conocer el paradero de su hijo. A estas alturas, ni siquiera busca justicia, pero sí la verdad, para algún día poder reencontrarse con su hijo, en esta vida o en otra.

En una sesión especial, el obispo de Magallanes pidió perdón a la familia por no acompañarlos y por no ser un buen pastor. Salvo esas disculpas, extemporáneas, la Iglesia en Magallanes ha guardado un absoluto silencio, a pesar de que uno de los suyos aparece como el principal sospechoso.

No bastan las disculpas; ellos pueden y deben conducir hacia la verdad, esclarecer las circunstancias de la muerte de Rimsky Rojas y las pruebas que fueron eliminadas, como asimismo deben interceder para que el líder de la Iglesia católica en Magallanes de ese entonces, el obispo Tomás González , demuestre la altura moral y ética que se requiere para dar respuesta a esta familia que sufre y a una comunidad que no olvida a Ricardo.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de las eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por ENAP entre 2014 y 2018, y de su efecto en el estado financiero actual de dicha empresa.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados el martes pasado, se destinarán diez minutos para la rendición del informe y cuarenta minutos para el debate, distribuidos proporcionalmente entre las distintas bancadas. Diputado informante de la comisión es el señor Jaime Tohá .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora de las eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realzadas por Enap entre 2014 y 2018, y de su efecto en el estado financiero actual de dicha empresa, sesión 134ª de la legislatura 366ª, en martes 5 de marzo de 2019. Documentos de la Cuenta N° 30.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor TOHÁ (de pie).-

Señora Presidenta, la Comisión Especial Investigadora creada por mandato de la Sala el 4 de julio de 2018, para investigar eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por ENAP entre 2014 y 2018, y su efecto en el estado financiero actual de dicha empresa, pasa a informar sobre las actuaciones, proposiciones y conclusiones de la materia respectiva, realizadas durante el transcurso de quince sesiones.

La comisión, luego de revisar los oficios solicitados y sus respuestas y de escuchar a las actuales autoridades de la empresa, encabezadas por la presidenta del Directorio, y al gerente general, como asimismo a gerentes de áreas y exgerentes, trabajadores, tanto contratados como subcontratistas, y a dirigentes de la empresa, al exministro de Energía, al contralor general de la República, a representantes de las empresas auditoras y a directivos del Servicio de Evaluación Ambiental Biobío, arribó a las siguientes conclusiones:

Inversiones y sus efectos en el endeudamiento.

En materia de inversiones y endeudamiento, las dos últimas administraciones coinciden en justificar sus actuaciones en la materia, en tanto que ni la Contraloría General de la República ni las firmas auditoras formulan ningún reparo.

En el primer semestre del presente año, la deuda de ENAP se empina sobre los 5.100 millones de dólares, lo que, sin duda, es una cifra preocupante si se tiene en cuenta que su patrimonio al presente es de 858 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras se deben examinar en su trayectoria y, en especial, en el periodo que es del ámbito de esta comisión.

El endeudamiento por sí mismo no tiene significado si no se lo coteja con la evolución del patrimonio y del Ebitda, esto es, con el indicador financiero que hace referencia a las ganancias de una empresa antes de deducir intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. En el primer caso, el patrimonio de la empresa en 2013 era de 231 millones de dólares, en tanto a junio de 2018 alcanzó los 858 millones de dólares, es decir, un incremento de 271 por ciento. En tanto, el Ebitda se mantuvo estable sobre los 650 millones de dólares.

Área comercial 1. Cambio de imagen corporativa

Respecto del cambio de imagen corporativa, que fue una decisión del anterior Directorio, se sostuvo de forma consistente durante el trabajo de la Comisión Investigadora que esa tarea no responde solo al cambio de un logo, sino que tiene que ver con un proceso de gestión del cambio en su conjunto.

2. Operaciones en Irán

Lo primero que tenemos que señalar es que respecto de la denuncia sobre los contratos celebrados, ambas administraciones entregaron antecedentes de dichos contratos, como de las razones técnicas, financieras y políticas que llevaron a ponerle término y de cómo se negociaron indemnizaciones para resarcir a ENAP, las cuales no fueron materia de impugnación y fueron validadas por los órganos competentes. No hay cuestionamientos abiertos por los órganos pertinentes en esta materia.

3. Cambio de edificio

Respecto de la enajenación del edificio institucional en Santiago, las opiniones que se vierten por parte de los involucrados evidencian de manera clara la necesidad de un cambio que hiciera más llevadero el clima organizacional y laboral de la empresa, en orden a contar con mejores instalaciones y con más espacio. En cuanto a si la calificación de la venta de la sede y el posterior arriendo de la nueva sede corporativa se ajustan o no al principio de probidad, la Contraloría observó una falta de antecedentes de respaldo para dar una opinión definitiva al respecto.

4. Venta de la planta de hidrógeno

En cuanto a lo señalado a propósito de la venta de la planta de hidrógeno en Concepción, la comisión recibió los antecedentes y se escuchó acerca de la operación de enajenación de la planta productora de hidrógeno que la refinería mantiene en la Región del Biobío.

Al respecto, los cuestionamientos más bien se refieren a la pertinencia de dichas actuaciones, pero no existen elementos objetivos que puedan tener el carácter de irregularidad.

La comisión consignó temas que no forman parte del objeto de la comisión investigadora, pero que podrían tener un efecto en la marcha general de la empresa y sus resultados.

Contrato con Dueik S.A.

En cuanto a la contratación y conflicto de interés por parte de la exdirectora de ENAP y empresa Dueik S.A., consignado en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, y según las declaraciones del contralor general de la República y de la anterior subcontralora, lo que ha ocurrido es una falta de control al interior de ENAP, vulnerándose el artículo 4° de la ley de compras públicas, que impide las operaciones de empresas públicas con parientes.

Servicio de traslado vía helicópteros

En cuanto a las denuncias del contrato para el servicio de helicópteros en Magallanes, es necesario señalar que toda la relación contractual existente desde hace muchísimos años (1991) con la empresa DAP S.A. tuvo que ser suspendida debido a serias situaciones de conflictos de interés entre un funcionario de ENAP con responsabilidades directas y exclusivas en la gestión del contrato con DAP S.A., situación que queda al descubierto por una auditoría general efectuada por ENAP Sipetrol Argentina, la cual luego derivó en una investigación judicial en dicho país.

La situación contractual de ENAP con la empresa Besten S.A.

La comisión tiene los antecedentes en su poder respecto de la situación contractual de ENAP con la empresa Besten S.A., y en ella se ha dejado debida constancia de que actualmente se encuentra en curso una fase de investigación respecto de dicho contrato por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. No hay aún, por tanto, certeza acerca de las irregularidades denunciadas ni de infracciones a la ley ni a los reglamentos internos de la empresa que pudieran esgrimirse hoy con seguridad.

Situación actual de las asesorías legales en ENAP

Si bien es cierto esta materia no es parte explícita del objeto de la comisión investigadora, su ámbito tiene una estrecha relación con materias que sí son del objeto de ella. No está en discusión la necesidad de este recurso en temas como colocación de bonos, arbitrajes sobre temas con riesgo patrimonial, grandes contratos, juicios fuera de Chile, etcétera; pero atendiendo a los altos montos involucrados, podría ser pertinente considerar a futuro la licitación de acuerdos marco para los temas de mayor envergadura.

Venta de la planta de hidrógeno y contrato de Petropower

Respecto de la venta de la planta de hidrógeno, se señala su pertinencia, pero no se arguyen responsabilidades específicas.

En tanto, en relación con el contrato para la adquisición del proyecto Petropower, puede decirse que el año 2016 el directorio de la ENAP recibió de parte de la consultora independiente PKF Chile Finanzas Corporativas Ltda. un informe en el que se valorizaron los montos con una ganancia neta para la ENAP de 120.000.000 dólares.

Responsabilidades

La comisión no ha establecido irregularidades atestiguadas por las entidades fiscalizadoras y sancionatorias pertinentes en las materias que son el objeto de esta comisión, es decir, en los procesos de inversión y actuaciones comerciales y sus consecuencias en los estados de resultado.

En todos los casos denunciados, la actual administración, el expresidente Máximo Pacheco y el gerente general Marcelo Tokman -envió un documento- entregaron antecedentes suficientes como para avalar lo obrado.

La comisión lamentó la inasistencia del exgerente general señor Tokman , de acuerdo a la invitación que se le cursó.

Recomendaciones

En el transcurso de sus sesiones, la comisión recibió una importante cantidad de denuncias sobre hechos que eventualmente podrían constituir irregularidades, pero que se apartan del objeto de la comisión investigadora.

La gran cantidad de denuncias indican la conveniencia de que la empresa actualice los mecanismos internos para recibir y procesar oportunamente los mismos.

Igualmente, debe ser de interés de la empresa que los casos que están judicializados o en poder de la Contraloría General de la República sean prontamente resueltos, para lo cual su colaboración es esencial.

Las conclusiones precedentemente expuestas fueron aprobadas por la mayoría de siete votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Por tanto, las restantes conclusiones presentadas y que se consignan en el cuerpo del informe, al discrepar con el contenido del texto aprobado, deben entenderse como rechazadas.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para iniciar el debate, tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, la Empresa Nacional del Petróleo ha cumplido un rol histórico dentro de la industria nacional. Creada en 1950 para hacerse cargo de la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos, posteriormente asume la construcción de refinerías, oleoductos, gasoductos y, en definitiva, se convierte en piedra angular del desarrollo de nuestro país durante el siglo pasado.

Lamentablemente, en las últimas décadas se ha transformado en un espacio con una falta de probidad y verdadero desinterés por el desarrollo del país; un espacio en donde se prioriza pagar favores, ubicar gente de cada sector en puestos claves e, incluso, hacer negocios dudosos, antes que velar por la generación de un desarrollo sustentable con nuestra naturaleza y responsable tanto con las finanzas públicas como con la emergencia climática que vivimos en nuestra época.

La situación de la directora María Isabel González , quien no declaró el conflicto de intereses a la hora de firmar contratos por 131.000.000 de pesos con la empresa Dueik S.A., de la cual sus hijas son socias, es un elemento que permite dar a entender la corrupción que se vive al interior de la empresa.

Decisiones erróneas que se toman pensando en intereses personales antes que en la patria han llevado a la ENAP al abismo en donde se encuentra. No se entiende que se haya vendido el edificio corporativo por falta de espacios y luego se adquiriera otro con 1.500 metros cuadrados menos.

El manejo del exgerente general Marcelo Tokman estuvo marcado por una pésima gestión. Además, se llevó a cabo un millonario cambio de imagen corporativa, que no se condice con la situación financiera que vive la empresa. También se dieron constantes prácticas antisindicales en su interior, con más de quinientos trabajadores de planta y contratistas despedidos.

Los hechos de corrupción fueron denunciados por los compañeros y compañeras de la Federación de Trabajadores del Petróleo (Fenatrapech), a quienes aprovecho de saludar y agradecer por su compromiso con la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos.

Las conclusiones de esta comisión son, sin duda, insuficientes y no se condicen con la realidad de la situación de la empresa. El aumento de 5.000.000.000 de dólares en deudas con un índice de 1.500.000.000 en los últimos treinta meses de la gestión de Tokman así lo reflejan.

Por eso, como Frente Amplio rechazaremos este informe.

(Aplausos)

La solución no pasa por vender ENAP. La empresa estatal no puede seguir siendo amenazada con la venta, una y otra vez, cuando existen estos malos manejos. La solución pasa por recuperar las empresas estatales con funcionarios probos y que pongan por encima el interés de toda una patria.

Solo de esa manera podremos asegurar un futuro con un desarrollo económico que satisfaga las necesidades de nuestra gente, pero con el necesario desarrollo sustentable que requiere nuestra madre naturaleza.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, en verdad es difícil hacer uso de la palabra para hablar de una comisión especial investigadora que, como pocas, me dejó una sensación de tremenda amargura y decepción.

Los que estamos en política, al menos en mi caso, tenemos la convicción de que actuamos con plenitud, valor y, sobre todo, con honestidad. Por eso, aprobar el informe de la comisión que buscaba detectar irregularidades en los manejos de la ENAP y que, finalmente, encontró todo en orden, me resulta difícil de asimilar. Para mí es realmente una contradicción.

No quiero redundar en lo que muchos colegas plantearon o van a plantear, pero cuando existe una empresa que tiene una deuda de 5.100.000.000 de dólares y cuyo patrimonio es de solo 858.000.000 de dólares es porque al menos presenta una conducción errática y poco responsable.

No puedo aprobar este informe. No puedo, porque hay más de 21.000.000 de dólares desembolsados por la ENAP en asesorías legales externas, muchas de ellas ni siquiera fundamentadas en la comisión por ausencia u omisión de las personas que las llevaron a cabo, que, simplemente, no quisieron asistir a la comisión.

No puedo, porque una empresa que desde principios de este siglo presenta serios déficits anuales en su funcionamiento, no debe gastar más de 4 millones de dólares en el cambio de imagen corporativa.

No puedo, porque en el transcurso de la comisión quedó claro que hubo licitaciones manejadas y contratos asignados a dedo.

No puedo, porque la propia Contraloría, a través de las visitas que realizaron Jorge Bermúdez y la subcontralora, admitió una serie de irregularidades que hoy están siendo investigadas por el Ministerio Público.

No puedo, porque el propio gerente general, Andrés Rocatagliatta , reconoció que fue un error haber vendido el edificio institucional y hacer el cambio de logo.

No puedo, porque pese a la contundencia de los sindicatos para explicar las irregularidades que existían en la empresa, ninguno de esos informes fue considerado.

No puedo, por último, porque en enero se despidió personal de la empresa bajo el argumento de una severa crisis, la misma de la que todas evitaron hablar mientras duró la comisión especial investigadora.

Votar en contra es uno de los caminos que tengo. El otro es ofrecer disculpas a las personas que pusieron toda su fe en esta instancia, pero que desgraciadamente vieron cómo fracasamos en esa búsqueda.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar a los trabajadores de la ENAP que se encuentran presentes en las tribunas.

(Aplausos en las tribunas)

Saludo a sus dirigentes y al vicepresidente de la CUT, don Nolberto Díaz , los que con harta decepción tuvieron que presenciar la votación favorable de un informe que blanquea la mala gestión de la ENAP.

Como bancada del Partido Comunista, la verdad es que tenemos que señalar que no aprobaremos este informe. Lamentamos que la comisión investigadora llegue hoy a la Sala con un informe favorable, porque no es posible desconocer los graves problemas financieros que la administración de Marcelo Tokman llevó a la ENAP.

Pudimos recabar antecedentes que prueban la fraudulenta e irresponsable administración, que pone en riesgo la viabilidad financiera de esta empresa tan importante para nuestro país: el despido de más de quinientos trabajadores de planta, el plan de reducción por más de 50 millones de dólares, los contratos altamente cuestionados y los recursos desmedidos para el cambio de imagen corporativa en medio de una crisis financiera son solo algunas de las muestras de la irresponsable gestión de Marcelo Tokman.

Es injustificable, como operación comercial de una empresa que se encuentra con un serio déficit financiero, destinar 4 millones de dólares para cambiar la imagen corporativa, de los cuales 800.000 dólares correspondieron a dos contratos, de 400.000 dólares cada uno, con la empresa MagiaLiquid. Es decir, más de 500 millones de pesos fueron destinados al diseño de un logo.

Durante el mandato de la comisión investigadora, la administración de la ENAP señaló, como uno de los argumentos del plan de ajuste de la empresa, que el nivel de endeudamiento es superior a la capacidad generadora de recursos de la compañía, lo que claramente es un llamado de atención respecto de las decisiones que toma el directorio de una empresa del Estado, que no son lo suficientemente claras para tener justificación.

Como bancada, hacemos un llamado a rechazar el informe final de la comisión, pues desconoce las objeciones realizadas por la Contraloría, que detectó las irregularidades que están siendo investigadas por el Ministerio Público, y, adicionalmente, omite la falta de oportunidad, pertinencia, austeridad y probidad exigibles a una empresa estatal, que estuvo presente en diversas operaciones que fueron conocidas por la comisión.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Tohá .

El señor TOHÁ.-

Señor Presidente, una de las razones por las que estoy en la política es mi firme compromiso de trabajar para que hechos irregulares y vinculados con la corrupción no se produzcan en el seno del Estado.

Estoy convencido de que la amenaza de la corrupción es un factor importante en el desgaste y deterioro de los valores fundamentales que tiene la democracia y el régimen republicano.

En esa dirección, la función fiscalizadora que tiene el Congreso Nacional y, en especial, la Cámara de Diputados es de la máxima relevancia a efectos de hacer valer los principios de transparencia, probidad y publicidad que guían a los órganos del Estado.

No obstante, en ese empeño hay dos categorías de actuación que, a mi juicio, se deben cautelar: primero, la irrenunciable conducta para investigar y acusar cualquier irregularidad que afecte a los órganos del Estado y, segundo, no obrar con prejuicios que puedan dañar la honra de personas o instituciones a las cuales no se les hayan comprobado irregularidades por medio de una sentencia judicial que así lo establezca.

En esa dirección, el actuar de las comisiones investigadoras se puede comparar con la etapa de sumario del antiguo sistema procesal penal chileno, aquel de carácter inquisitivo, en que los miembros indagaban, investigaban y, al mismo tiempo, determinaban si existía algún tipo de irregularidad jurídica.

La diferencia radica aquí en que a las comisiones investigadoras les está vedado, por la Constitución y la ley, hacer acto de juzgamiento. En ese punto, detectada la irregularidad, esta debe ser consignada en el informe que evacúa la comisión.

Una de las características que la actuación de la comisión investigadora debe tener es la ausencia de prejuicios por parte de sus miembros, y en este caso en particular debemos consignar que se hizo evidente la existencia de prejuicios, pues ya en la primera sesión uno de sus miembros señaló que existían temas de corrupción tremendos. Además dijo: “Estoy denunciando la corrupción y el robo de más de mil millones de dólares durante la administración del señor Tokman , y si mañana voy preso por denunciar la corrupción y el robo, feliz me voy preso”. Eso lo señaló un diputado que luego iba a tener que escuchar, investigar, explorar y, de alguna manera, dictar sentencia.

Otra consideración intransable es circunscribir el ámbito de conocimiento de la comisión a su objeto, tal como mandata expresamente el Reglamento de la Corporación. Pues bien, tanto este presidente como la Secretaría debieron instar en repetidas ocasiones y en forma permanente a que el objeto de la comisión se cautelara y respetara, como es procedente.

Por ello, en el seno de la comisión se instaló, a mi juicio, un falso dilema, pues el informe no descarta en caso alguno que en la ENAP puedan haber ocurrido irregularidades.

Lo que señala es que la comisión, en la esfera de su mandato, debe investigar y determinar eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales, y sus efectos en el estado financiero actual de la empresa. Sin embargo, en ese preciso ámbito, ni los auditores internos ni la Contraloría General de la República ni las dos empresas auditoras hasta ahora han dado cuenta de hallazgos que pudieran dar lugar a presunciones fundadas de que aquí existían hechos culpables o dolosos constitutivos de delitos. Más aún, quedó demostrado que la actual situación de endeudamiento se provocó antes de 2014.

Así las cosas, mi llamado a los colegas parlamentarios y parlamentarias no es a votar a favor del informe, sino a redoblar nuestra labor fiscalizadora, evitando toda clase de prejuicios y de falsas acusaciones que horadan la honra de personas que ni siquiera estuvieron presentes en el desarrollo del trabajo de la comisión.

Por tanto, independientemente del resultado de la votación, insto…

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Diputado Tohá , ha concluido su tiempo; sin embargo, el Comité de Evópoli le ha cedido un minuto para terminar su intervención. Puede continuar, su señoría.

El señor TOHÁ.-

Señor Presidente, simplemente creo que esta Cámara debe hacer un profundo análisis del funcionamiento de las comisiones investigadoras.

Si una comisión investigadora no identifica irregularidades, no significa que haya fracasado. Todo lo contrario, deberíamos estar satisfechos si una comisión investigadora no encuentra irregularidades en la ámbito de su mandato.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, tenemos un rol fiscalizador. No somos jueces, somos diputados y, por lo tanto, también tenemos la responsabilidad de representar.

Un aspecto importante de la función pública es escuchar. En ese sentido, quiero señalar que no falté a ninguna sesión en que se escuchó a los expositores.

Los sindicatos nos expusieron varias irregularidades en el contrato con Ecocopter -la misma empresa propietaria del helicóptero que capotó en esta región, cobrando la vida de seis personas-, en el cambio de la imagen corporativa, del logo y de algunos soportes, por cifras millonarias, que realizó una empresa que tiene diez clientes; en la contratación de empresas condenadas por prácticas antisindicales y de empresas ligadas a una miembro del directorio, lo cual confirmó la Contraloría, y en el cambio del edificio corporativo y el alhajamiento por 4.000 millones de pesos, lo cual también observó la Contraloría.

El directorio dijo que las finanzas estaban sanas; sin embargo, se han anunciado despidos masivos.

Entonces, este informe no se condice con lo que escuchamos en la comisión. Si lo aprobamos, será una vergüenza para la Cámara de Diputados y, por eso, debemos votar en contra de este informe, porque no recoge la realidad.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los dirigentes y funcionarios de la ENAP que nos acompañan en las tribunas. Muchas gracias por estar presentes en esta sesión, así como lo estuvieron en todas las sesiones de la comisión investigadora.

Desde antes de ser parlamentario y una vez electo, denuncié y fui el principal impulsor para investigar las graves irregularidades que se cometían y se cometen en las distintas filiales de la ENAP. Luché y conseguí el apoyo de 63 parlamentarios para que se constituyera una comisión investigadora. Lo logramos. Fue así que el 4 de julio de 2018 se logró el acuerdo de crear la “Comisión Especial Investigadora de las eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por la ENAP entre 2014 y 2018”. Dicha comisión quedó integrada por tres diputados de mi partido, tres de la UDI, dos del PS, uno de la DC, uno del Partido Ecologista Verde, uno del PPD, uno del PC y un independiente. Por parte de Renovación Nacional, fueron nominados los diputados Jorge Durán , Ximena Ossandón y quien habla. No nombraré a los demás diputados por economía de tiempo.

Durante el desarrollo del trabajo de la comisión se pudieron apreciar varios actos irregulares, tales como la interpretación antojadiza del objetivo de la comisión, no someter a votación mociones de los diputados integrantes, decidiendo arbitrariamente situaciones que por Reglamento debían ser votadas necesariamente, y derechamente la negativa a investigar hechos denunciados en el transcurso de las sesiones y que tenían que ver con el objetivo de la comisión, esto es, determinar eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por la Empresa Nacional del Petróleo entre los años 2014 y 2018.

Pero, obviamente, la irregularidad más grave es que el informe final no consigna -escuchen bien- ninguna de las observaciones que realizamos los cuatro diputados que votamos en contra el informe final de la comisión; a saber, los diputados Camila Vallejo , Ximena Ossandón , Félix González y quien habla. Todos podrán apreciar las diferencias políticas que tenemos entre nosotros, pero claramente estábamos en contra de validar un espurio informe aprobado por diputados que en algunos casos nunca -repito: nunca- asistieron a una sesión de la comisión, pero que pretenden blanquear la nefasta administración del señor Marcelo Tokman , que hasta el día de hoy le ha costado al país más de 5.000 millones de dólares y, recientemente, el despido de más de 350 trabajadores de la petrolera estatal.

Estimados colegas, fue el propio contralor general y la subcontralora general de la República -parece que yo escuché algo distinto a lo que escuchó el diputado Tohá , quien señaló que el contralor no dijo nada; en verdad, no sé qué oyó el diputado- quienes corroboraron algunas de las irregularidades denunciadas tanto por los dirigentes como por los exfuncionarios, quienes fueron despedidos precisamente por encontrarse investigando irregularidades al interior de la empresa y por recomendar investigar otras. Sin embargo, nada de ello ocurrió por esta espuria votación que validó un informe a todas luces irregular.

El objeto de la comisión era “determinar eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por la Empresa Nacional del Petróleo entre los años 2014 y 2018 inclusive, y de su efecto en el estado financiero actual de la referida empresa estatal”. Queda claramente definido que debíamos determinar eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por la Empresa Nacional del Petróleo.

Por ello, pregunto: una licitación manejada y un contrato asignado a dedo, sin fundamentos, ¿no constituyen acaso actuaciones irregulares? Al investigarlas habríamos estado cumpliendo el objeto de la comisión; a contrario sensu, no hacerlo, sería justamente desconocer ese mandato.

Pretender que un desembolso en asesorías legales cercano a los 22 millones de dólares es un gasto y no una inversión dista mucho de la realidad financiera actual. Hoy las grandes compañías invierten -no gastan- en profesionales capaces de entregar los mejores servicios para sus inversores, a fin de cautelar los actos de quienes los contrataron, y conseguir los mejores dividendos en sus acciones, inversiones o negocios.

Por ello, los colegas que no aprobamos este informe que hoy se somete al conocimiento de la Sala no podemos estar de acuerdo con el hecho de que la comisión se negara a investigar esas irregularidades, señalando que se trataba de un gasto y que, por tanto, estaba fuera del objetivo de la comisión investigadora. Saquen sus propias conclusiones.

Cuando el señor Andrés Roccatagliata , gerente general de la ENAP, reconoció ante la comisión que aunque la deuda se ha mantenido durante los últimos años, también ha venido creciendo de manera importante desde el 2015, pasando de 3.800 millones de dólares a algo más de 5.100 millones de dólares. Sin embargo, este informe concluye que el manejo de la compañía ha sido responsable en el periodo investigado. Todos fuimos testigos de los más de 350 despidos en las distintas sedes, recientemente efectuados para disminuir deudas generadas seguramente por este “responsable” manejo.

El 29 de marzo recién pasado, una publicación de Economía y Negocios, de EMOL, señala que la “Enap reporta pérdidas por US$ 231 millones en 2018, su peor resultado desde 2012”.

Me da pena y me avergüenza el informe entregado por la comisión, porque dista mucho de la realidad que vivimos, conocimos y de la que estamos atentos. Agradezco a los dirigentes y funcionarios que se encuentran presentes en las tribunas para respaldar a los diputados que estamos denunciando el robo masivo de los recursos de todos los chilenos. Se mencionó que alguien habló sobre el robo de 1.000 millones de dólares. Pues bien, esa persona fui yo, que denuncié…

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Para finalizar el debate, tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, Chile es un país corrupto. Esperemos que no lleguemos a ser un país de corruptos. Y si esta huevada no es corrupción, ¿qué es corrupción, entonces? Yo me pregunto: ¿qué es corrupción, entonces?

Yo no era miembro titular de la comisión. Asistí a ella en reemplazo de otra diputada; por lo tanto, iba mandatado. Y en esta ocasión quiero pedir disculpas a los compañeros de la ENAP presentes en las tribunas y a los que nos están viendo a través del canal de televisión de la Cámara. Pido disculpas a los trabajadores de la ENAP, a los obreros de la ENAP, a los técnicos de la ENAP, a los profesionales de la ENAP, a la gente honesta de la ENAP, porque yo voté a favor este informe. Recibí “sugerencias”, por no decir “presiones”; pero me equivoqué y hoy voy a revertir la situación.

Por lo tanto, anuncio que votaré en contra este informe, porque no refleja la realidad. No estoy aquí para proteger al señor Tokman , ni al señor Bitrán ni a la señora González . Estoy aquí para fiscalizar y denunciar a los corruptos y proteger los intereses de mi país. Un acto de corrupción significa robarles a los pobres de Chile, a las dueñas de casa de Chile, a las temporeras de Chile y no podemos permitirlo.

Hoy, sin lugar a dudas, debemos tomar una decisión importante. Como señalé, participé en dos o tres sesiones de la comisión. El informe no refleja la realidad. El único camino que nos queda ahora es rechazar el informe, denunciar a los corruptos y ojalá acordar la creación de una investigación más profunda, porque todavía quedan corruptos en la ENAP.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos ejecutados por el Ejército de Chile, a partir del año 2005, con ocasión de los procedimientos de adquisición de bienes por parte de dicha institución a empresas públicas y privadas, y la eventual duplicación de facturas emitidas a diversos proveedores, según constaría en la contabilidad de dicha rama de las Fuerzas Armadas.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios el 7 de mayo de 2019, se destinarán diez minutos para la rendición del informe y cuarenta minutos para el debate.

Diputado informante es el señor Jorge Brito .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos irregulares ejecutados por el Ejército de Chile, a partir del año 2005, con ocasión de los procedimientos de adquisición de bienes por parte de dicha institución a empresas públicas y privadas, y la eventual duplicación de facturas emitidas a diversos proveedores, según constaría en la contabilidad de dicha rama de las fuerzas armadas, sesión 134ª de la legislatura 366, en martes 5 de marzo de 2019. Documentos de la Cuenta N° 34.

El señor FUENTES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BRITO (de pie).-

Señor Presidente, paso a rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora respecto de irregularidades en contra del Ejército en procesos de adquisición que indica, aprobada en la sesión 47ª, de 11 de julio de 2018.

El informe fue votado favorablemente por la unanimidad de los diputados presentes en la comisión. Votaron a favor, transversalmente, los diputados Loreto Carvajal , Carmen Hertz , Pepe Auth , Álvaro Carter, Iván Flores , Miguel Mellado , Luis Pardo , Luis Rocafull , Ignacio Urrutia , Osvaldo Urrutia y Mario Desbordes . No asistió a votar el diputado Leonardo Soto .

En cuanto a las consideraciones, conclusiones y propuestas, la comisión trabajó un informe que plantea nueve ejes temáticos, nueve problemas y nueve propuestas:

I. Dispersión normativa de la gestión de compras del Ejército

La comisión se encontró con una complejidad para identificar la aplicación correcta de la normativa que rige el proceso de gestión de compras de las Fuerzas Armadas, lo que permite un servicio ineficiente y una amplía discrecionalidad en la forma práctica de aplicar la ley. Por ejemplo, se pudieron apreciar:

a.Fuentes de financiamiento múltiples con procedimientos de adquisición distintos, sin

metodologías de adquisición diferentes a los otros servicios del Estado de Chile.

b.El financiamiento de adquisiciones por ley de presupuestos admite múltiples excepcio-

nes que permiten modificar el régimen de licitación mediante mercado público, bastando, en algunos casos, la sola voluntad del organismo castrense para poder hacer tratos directos.

En cuanto a las propuestas, la comisión estimó:

1.Dictar con urgencia una ley base de la gestión de compras de las Fuerzas Armadas, sistematizando y refundiendo las normas ya existentes.

2.Solo permitir el trato directo en forma excepcional, a fin de evitar el abuso de ese mecanismo.

3.Modificar la ley de compras, a fin de que los tratos directos sean autorizados por el Ministerio de Defensa Nacional.

4.Regular legalmente los procedimientos de gastos de dineros provenientes de otras fuentes de financiamiento distintas a la ley de presupuestos del sector público y la ley reservada del cobre, pues fuimos informados de que las instituciones de las Fuerzas Armadas tienen otros sistemas de ingresos financieros.

II. Modalidad de compra con cargo al presupuesto de la nación y sus normas de exención

Se evidenció complejidad al momento de entender la vigencia y aplicación práctica de las leyes y reglamentos que rigen los procesos de compras y contratación de servicios de las Fuerzas Armadas, acentuado por el carácter de reserva o secreto que presentan ciertas adquisiciones.

En cuanto a las propuestas, la comisión acordó transversalmente:

1.Derogar la predemocrática ley Nº 18.928, que Fija Normas sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas, con el propósito de contemplar solo las modalidades y excepciones de la ley de compras que rige para todo el Estado, pero conservando los criterios de adquisición que establece el decreto Nº 95, de 2004, que reglamenta la ley Nº 18.928, que Fija Normas sobre Adquisiciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas.

2.Aumentar las exigencias que permiten celebrar contratos bajo la modalidad de trato directo, evitando las que operan por la mera voluntad del servicio.

3.Establecer controles por parte de las unidades de control interno y de la Contraloría General de la República.

4.Establecer que el Ministerio de Defensa Nacional sea el único encargado y responsable de la dictación de políticas y normativa institucional para las adquisiciones y contrataciones públicas.

5.Fortalecer y mejorar los procesos de seguimiento de las compras y adquisiciones efectuadas por las Fuerzas Armadas, por parte del Ejecutivo.

6.Fortalecer el Comité de Auditoría Externa del Ministerio de Defensa Nacional, asegurando un adecuado control y fiscalización sobre los procesos de compras críticos de las Fuerzas Armadas.

7.Establecer la obligación periódica de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de rendir cuenta al Ministerio de Defensa Nacional sobre la materia.

III. En cuanto a la antigüedad de la normativa

El contralor general de la República señaló que existe una regulación antigua, contradictoria y que es “caldo de cultivo para fenómenos de corrupción”.

La propuesta de la comisión investigadora consiste en derogar las normativas que guardan relación con la Defensa Nacional por ser anacrónicas, predemocráticas y desprovistas de los principios modernos que rigen a la administración pública del Estado.

La ley de compras en las Fuerzas Armadas fue promulgada en febrero de 1990.

IV. Potestad autorregulatoria del Ejército

El contralor general de la República expresó que se presenta como una dificultad la potestad normativa de las Fuerzas Armadas para dictar normas autorregulatorias, las que no quedan sujetas al control de la Contraloría General de la República, ni ante el Tribunal Constitucional.

Las propuestas en esta materia son:

1.Normar las materias sobre compras públicas de las Fuerzas Armadas, las que pueden ser reguladas mediante la dictación de una normativa interna por parte de sus autoridades institucionales y sometidas a un control ex ante de la Contraloría General de la República.

2.Actualizar y concentrar la regulación normativa en una sola ley y un reglamento.

3.Delimitar las funciones y el ámbito de competencia de los funcionarios involucrados en los procesos de compras.

V. En cuanto a la inexistencia de un registro único de proveedores

No existe razón para que las compras realizadas con cargo a fondos del presupuesto de la nación mantengan registros diferenciados por el solo hecho de ser de las Fuerzas Armadas.

Las propuestas son:

1.Establecer un Registro Único de Proveedores de la Defensa Nacional, asegurando un proceso objetivo y transparente.

2.Establecer normas para los miembros de las Fuerzas Armadas, que regulen a quiénes representan o forman parte de una empresa proveedora de la Defensa.

3.Fortalecer los controles preventivos en materia de conflictos de interés e incrementos injustificados de patrimonio de los funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas.

4.Establecer que los proveedores u oferentes de las Fuerzas Armadas tengan programas éticos y de anticorrupción efectivos.

5.Sancionar, con hasta la cancelación del registro, a aquellos proveedores que hayan sido condenados por la comisión o participación en la comisión de un delito relacionado con los procesos de compra.

6.Regular a los intermediarios de los procesos de compras y adquisiciones en las Fuerzas Armadas.

7.Establecer procedimientos de control y responsabilidad respecto de los funcionarios en misiones militares en el extranjero y que participen en procesos de compras.

8.Ampliar la aplicación de la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, a todos los que participen en los procesos de adquisición de compras públicas en sus instituciones.

9.Dotar de mayores facultades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para investigar a funcionarios de las Fuerzas Armadas que participan en procesos de compras y adquisiciones.

VI. En cuanto al proceso que rige las compras por ley reservada del cobre

En el proceso de adquisición de bienes y servicios mediante dicha ley participan múltiples organismos de la administración, pero careciendo de mecanismos de control ex post adecuados frente a la gestión de compras con cargo a la referida ley.

Las propuestas en esta materia son:

1.Quitar el carácter de reservado del reglamento de la ley Nº 13.196, Reservada del Cobre, ya que su publicidad no significa una amenaza para la seguridad nacional.

2.La reserva impide conocer los mecanismos de control sobre los organismos que participan en la adquisición.

3.Establecer una nueva forma de financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, poniendo fin a la denominada ley reservada del cobre.

4.Modificar significativamente las funciones y facultades de los organismos y unidades castrenses que participan en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios, según las normas sobre financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional.

5.Establecer mecanismos de denuncias por faltas a la probidad en las Fuerzas Armadas, que sean revisadas por el Ministerio de Defensa Nacional y no por autoridades dentro de las mismas instituciones, contemplando mecanismos de protección al denunciante.

6.Fortalecer las unidades de control interno de las Fuerzas Armadas y las existentes en el Ministerio de Defensa Nacional.

7.Actualizar y homologar la normativa existente en materia de compras y adquisiciones por ley reservada del cobre en las Fuerzas Armadas.

VII. En cuanto a los sistemas de contabilidad utilizados por las diferentes Fuerzas

Armadas

Cada rama de las Fuerzas Armadas tiene su propio sistema contable, no existiendo uniformidad en el sistema de gestión de compras ni trazabilidad sobre las compras, así como en las finanzas generales de los organismos, dadas las particularidades estructurales de cada una de ellas.

La propuesta es disponer la uniformidad de los sistemas informáticos de gestión, optando por aquel que sea más completo en cuanto a parámetros de eficiencia y seguridad para las tres ramas.

VIII. En cuanto a la dualidad de los sistemas internos del propio Ejército

Ello aumenta la dificultad de mantener un control efectivo sobre la trazabilidad de las adquisiciones y contrataciones de servicios, dificultando la labor de fiscalización y aumentando las posibilidades de fraude.

Las propuestas en esta materia son:

1.Recomendar que el Ejército de Chile elabore un control de gestión y contabilidad único y concentrado.

2.Que la autoridad civil se haga parte de este sistema de control interno, disponiendo en tiempo real de los gastos efectuados para cada gestión.

IX. En cuanto a las solicitudes de información y requerimientos no contestados por las autoridades respectivas dentro del término ordinario de la comisión especial investigadora

La propuesta de la comisión es la tramitación de un proyecto de ley para fortalecer las facultades fiscalizadoras de esta Corporación, haciendo más eficiente el procedimiento administrativo sancionatorio en contra de los servicios que no entreguen la información o lo hagan tardíamente, y sancionar a las autoridades y a los funcionarios que, citados, no comparezcan, no justifiquen su inasistencia y además comprometan información y no la entreguen.

Es cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión el informe.

Tiene la palabra, hasta por dos minutos diecisiete segundos, el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN.-

Señor Presidente, se supone que en un Estado de derecho todas las instituciones generan un freno y un contrapeso respecto de sus actuaciones y su reglamentación. Se supone que eso es una democracia, en que todas las instituciones están subordinadas a los principios de legalidad y de juridicidad. Sin embargo, el Ejército de Chile no cumple con esos principios, sino que cuenta con una potestad autorreglamentaria para emitir normas jurídicas sin que pasen por la Contraloría General de la República ni por el Tribunal Constitucional. Es decir, no hay control jurisdiccional de las acciones del Ejército, tampoco control administrativo, ni menos aún control político, porque si esas normas pasaran por el Congreso meramente para informarnos, tampoco habría control político.

Eso se ha dado en un contexto en que, además, existen cortes militares, que aplican un derecho distinto al de todos los ciudadanos: un derecho de cortes militares. El grado de competencia que tienen tales cortes militares es una rareza en el mundo.

Entonces, en sede “legislativa” el Ejército emite normas que nadie controla, y en sede “judicial” realiza actos de justicia sin atenerse tampoco al Estado de derecho.

Esto es sorprendente en una supuesta democracia de veintinueve años de historia. Además, se da en un contexto en que en los últimos cuarenta años Chile ha vivido bajo la Constitución Política de Augusto Pinochet, que en su principio estructural estableció que los militares serían los garantes de la institucionalidad. Eso decía explícitamente ese artículo, que fue reformado por el Presidente Lagos en 2005. ¡Y costó mucho sacar esa disposición!

Eso se suma al funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), a cómo funcionó dicha entidad hasta la reforma constitucional de 2005.

Entonces, teníamos potestad autorreglamentaria del Ejército; a cortes militares con un derecho propio muy particular; a garantes de la institucional y al Cosena. ¿Eso es un Estado de derecho?

Considero que tras las actuaciones de los militares que hemos conocido mediante escritores, como Mauricio Weibel, Claudio Fuentes ; medios de prensa, como Ciper Chile, que han sacado esos hechos a la luz, que han sacado la luz al final del túnel, podemos ver que adelante hay una democracia esperándonos y que no puede haber instituciones por fuera del Estado de derecho.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por nueve minutos treinta y tres segundos, el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, agradezco a las bancadas de oposición por haberme compartido su tiempo. Asimismo, a los integrantes de la comisión -también debo decirlo-, porque su trabajo fue bastante riguroso. A pesar de que nos agarramos bastante en su momento, creo que las propuestas ponen por delante la importancia de tener instituciones sanas y probas para nuestra sociedad y nuestro país.

Insté a crear esta comisión investigadora cuando llevaba tres meses en la Cámara de Diputados, porque revisé algunos datos financieros y solicité información sobre los procesos de gestión de compra de las Fuerzas Armadas, y algo no cuadraba. Fui elegido Presidente de dicha comisión a mis 28 años, función que asumí como una tremenda responsabilidad. Lo señalo, porque desde Revolución Democrática y desde el Frente Amplio sabíamos que la mejor forma de corresponder esa responsabilidad era aplicar mucho rigor en el trabajo.

Hace rato que Chile sabe que algo está pasando en las finanzas de las Fuerzas Armadas. Pero ¿en estos treinta años alguien se ha cuestionado cuáles son las reales causas de tanto fraude recurrente?

Yo tengo tres: leyes predemocráticas, privilegios insólitos para algunos y una billetera para comprar, sin que existan los controles necesarios; es decir, un Estado dentro del Estado.

Pero también hay algo que acá nadie dice: el primer fraude, uno entiende que puede ser culpa del Ejército, y lo es; el segundo fraude, también. Pero ya un tercer fraude pienso que es culpa de los políticos, de los partidos políticos y de los gobiernos que han mirado para el lado. Ello, porque desde hace treinta años que no dictan leyes y abandonaron La Moneda, pero han seguido jugando en la cancha que se diseñó en plena dictadura, de espaldas a todo Chile. Es responsabilidad de nosotros y del gobierno cambiar las cosas; y la realidad es crudísima.

En este mismo país, en que hay tantas carencias, el Congreso, que es tan amarrete con la salud, con la educación, con las pensiones, ha hecho la vista gorda con los recursos despilfarrados bajo el pretexto de la defensa, recursos que en algunos casos terminaron gastándose en el casino, en viajes o en cualquier otra cosa. Eso es simplemente corrupción.

Quiero relevar dos asuntos.

Primero, la justicia ha investigado este asunto solo desde 2010 en adelante, período en que en el Ejército se habría cometido un fraude de por lo menos 11 millones de dólares. Es decir, se ha hecho la vista gorda con todo lo ocurrido a lo menos durante los veinte años anteriores.

Mientras algunos me cuestionaban la pertinencia de esta comisión investigadora, la justicia dictó el procesamiento de trece generales del Ejército, uno de los cuales fue su excomandante en jefe general Juan Miguel Fuente-Alba .

Pero, además, la máquina de fraude cambió y ya no solo se echa mano a los montos provenientes de la ley reservada del cobre, sino que también se está defraudando a través de la ley de presupuestos, del presupuesto que todos los años se aprueba en esta Sala, y de los presupuestos que se construyen de los impuestos que pagan los millones de trabajadores chilenos.

Así fue como quise abordar de manera distinta esta comisión investigadora: dándole un enfoque de política pública, evitando la pelotera que siempre se da de “que este gobierno”, “que el gobierno anterior”. Esa disputa me da exactamente lo mismo. Los ministros han pasado; los subsecretarios, para qué decir; los comandantes en jefe han cambiado, y todo pareciera seguir igual. Si no transformamos este escándalo en reformas concretas, nada va a cambiar.

Esta comisión investigadora sobre irregularidades en la gestión de compra por el Ejército tuvo una primera pregunta, que es básica y parece ser sencilla: ¿Cómo se compra dentro del Ejército? ¿Me creerán que la mayor parte del esfuerzo era saber cómo se compraba, cuál era el proceso de compra en dicha institución?

Acá lo digo claramente: la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que es la responsable del control civil a las Fuerzas Armadas, nunca supo explicarnos el proceso de compra. La Contraloría General de la República fue la única institución que colaboró en esta materia. Y aún no llega el oficio comprometido por el subsecretario Juan Galli en noviembre y en diciembre del año pasado.

¿Me van a creer que al día de hoy, miércoles 8 de mayo de 2019, a las 20.24 horas, el subsecretario aún no envía la información comprometida hace por lo menos cinco meses?

El Ministerio de Defensa Nacional nos dice que nadie diga que no hay control civil sobre las Fuerzas Armadas, pero a mí me asalta una duda: o la subsecretaría no tiene registro contable de los procesos de gestión de compra del Ejército, o, simplemente, no quiso compartirnos la información. Ayúdenme , por favor, porque no se me ocurre otra posibilidad.

Hace dos meses yo iba caminando por la calle y me detuvo un sujeto que se identificó como soldado del Ejército, y me dijo que por andar con uniforme en la calle le habían gritado “¡corrupto!”. Claro, una persona que trabaja con un uniforme, que en el caso de un soldado de tropa profesional recibe mensualmente cerca de 415.000 pesos brutos, y que solo tiene para ofrecer su esfuerzo y su trabajo, ¿es un ladrón? No, es un trabajador. Y pongámosle un apellido: creo que es un trabajador público, y merece, al igual que todo Chile, que esta seguidilla de escándalos se detenga.

¡Y chuta que han dicho cosas! Que “como Frente Amplio queremos romper con las instituciones castrenses” o que “tenemos un odio recalcitrante contra los uniformados”, son algunas de las cosas que hemos tenido que escuchar. Pero lo que no nos han dicho es que nos hemos descrestado para proteger a quienes se han sentido pisoteados en los cuarteles, en las naves o en las oficinas; nos hemos descrestado por un Ejército libre de corrupción y con controles que no dejen espacio a la duda.

¿Será que algunos no quieren que las Fuerzas Armadas avancen y se modernicen? ¿Será que a algunos les acomoda tener instituciones disponibles al flagelo de la corrupción? Al menos a nosotros, no.

Me han preguntado si hay responsabilidades políticas en esto. Personalmente, creo que sí existen, y no solo ahora, sino que las ha habido desde hace mucho tiempo, porque desde hace treinta años que las leyes de la defensa no innovan y desde hace treinta años que los militares no hacen leyes. Al respecto, el experto en defensa de la Democracia Cristiana señor Eduardo Santos plantea que el origen de todos estos horrores es político, y no castrense. Cito lo que dijo: “Asumámoslo, compramos la democracia entregando estos recursos a los militares”.

Estoy consciente de que la historia no comienza con nosotros. Sé que los años 90 fueron duros en la relación entre civiles y militares, pero ¿quién podría decirme que hoy, después de tanto fraude, de tanto escándalo, con un país con tantos desafíos por delante, no se puede empujar más? Empujar más significa acoger las recomendaciones de esta comisión especial investigadora, acabar con la justicia militar para los delitos comunes, proyecto que ya presentamos; proteger a los denunciantes de irregularidades, proyecto actualmente en trámite con firmas transversales; acabar con la ley antigua de compras de las Fuerzas Armadas, promulgada en febrero de 1990, un mes antes de que los militares abandonaran La Moneda.

La propuesta que más me gusta es que la gestión de compra de las capacidades estratégicas esté radicada en el Ministerio de Defensa Nacional, y no en cada rama de las Fuerzas Armadas, para que los que estudian contabilidad, se dediquen a la contabilidad; los que estudian administración pública, se dediquen a la administración, y los que se entrenan para ser militares, se dediquen a la defensa. ¡Qué orden, qué sencillo suena, pero qué alejado estamos de eso si el Ministerio de Defensa Nacional no se entusiasma con la idea!

Espero que la próxima vez que hablemos de las Fuerzas Armadas ya no sea para referirnos a fraudes, sino a materias propias de la defensa, de cómo protegemos a nuestra sociedad de las amenazas antiguas, como los ejércitos extranjeros, o de las amenazas modernas, como las transnacionales que destruyen nuestro Chile, los buques industriales que realizan pesca ilegal en alta mar, el cambio climático, la soberanía en ultramar, la corrupción que depreda nuestra democracia, las grandes corporaciones que controlan la economía familiar, la ciberseguridad y la enorme cadena logística de aprovisionamiento de pasta base que cada día cruza la frontera. Si ahí está la amenaza, ahí debiera estar la defensa.

Opinamos demasiado y hacemos muy poco. Más que puntos de prensa, necesitamos proyectos de ley; más que explicaciones, cambios profundos.

Si todos queremos que en Chile se insulte menos y se converse más, necesitamos hacernos cargo de tanto abuso y tener instituciones sanas, con un férreo compromiso con nuestra sociedad. Al final de cuentas, de eso se trata la defensa, y si la solución no viene de esta Sala, no vendrá de ningún otro lugar.

¿Cómo no va a ser posible entendernos como gente civilizada? ¿Cómo no va a ser posible construir un nuevo paradigma en la relación entre civiles y militares? Hemos decidido no ser parte del silencio cómplice e impulsaremos con fuerza cada uno de los proyectos fruto del trabajo de esta comisión investigadora.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Desbordes .

El señor DESBORDES.-

Señor Presidente, la comisión investigadora se constituyó, entre otras cosas y principalmente, para investigar la supuesta existencia de facturas duplicadas en el Ejército.

Esto había salido en un reportaje de la radio Bío-Bío, y después de escuchar a una serie de autoridades del Ejército, como el contralor del Ejército, el director de Famae y un largo etcétera, eufemísticamente estamos diciendo que no se pudo acreditar la existencia de facturas duplicadas.

En lo personal, habría sido más claro: perfectamente podríamos haber dicho que se descartó la existencia de facturas duplicadas. No hubo ningún antecedente concreto que permitiera llegar a concluir que hay facturas duplicadas y que, por lo tanto, la principal razón para constituir la comisión tenía sentido.

No obstante eso, valoro el espíritu en que se desarrolló la comisión y destaco la labor de su Presidente y de quienes nos abocamos a proponer soluciones de fondo a aquellas situaciones que nos parecieron perfectibles, razón por la cual llamo a aprobar el informe.

En todo caso, quedó pendiente, por ejemplo, dirimir si había control por parte de la Contraloría. Varios entendieron que el contralor había dicho que él no podía fiscalizar al Ejército. La verdad es que he revisado cuanto texto ha llegado a mis manos sobre la materia, y me cuesta creer que el contralor haya señalado -no lo entendí así- que él no podía fiscalizar.

Escuché a los dos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra hablar del Ejército como si fuera una institución a la que nadie fiscaliza, pero no solo tiene auditorías internas, sino, además, externas, y también está la Contraloría. También se hablaba de la justicia militar como si fuera favorable o permitiera encubrir casos como estos. No sé si no están viendo la televisión los colegas, sobre todo el colega Garín , con el desfile de militares en la Corte Marcial, con el desfile de militares procesados por una ministra que está haciendo su pega.

Por su intermedio, señor Presidente, le digo al colega Garín que concordamos con el diputado Brito respecto de la posibilidad de que la gran mayoría de los ilícitos que cometen militares en un cuartel, que no tengan como centro la función militar, deben pasar a la justicia ordinaria, y me parece que eso es lo correcto. Pero no estoy de acuerdo con desconocer que la institución puede ser fiscalizada, que es fiscalizada, que quienes cometen ilícitos son condenados, y se pretende sembrar la idea de que aquí hay un manto de impunidad.

Por lo tanto, creo necesario hacer esa aclaración.

Ahora, ¿cómo se determina el presupuesto del Ejército? Lo determina el gobierno de turno, hasta el más mínimo detalle. ¿Quién otorga los ascensos? El gobierno de turno. ¿Quién determina el alto mando y puede remover a la primera autoridad institución? El gobierno de turno. ¿Se autogenera el Ejército? No, pues. Está sujeto al control del gobierno de turno y del Congreso Nacional.

El Ejército vino las veces que se le invitó y respondió todo lo que se le preguntó.

¿Ha habido fraude? Obvio que sí. ¿Son importantes y graves? Muy graves. ¿Son generalizados? Creo que no. Es muy fácil tratar de hacer creer a la opinión pública que estos hechos graves constituyen la regla general en la institución, no obstante que ello no es así. Por último, ¿qué ha hecho este gobierno?

En primer lugar, creó un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas que deroga la ley reservada del cobre, un sistema de control civil en la rendición de cuentas de los gastos reservados, suscribió convenios entre la Contraloría General de la República y el Ministerio de Defensa Nacional para concentrarse en seis áreas críticas de las Fuerzas Armadas, hecho inédito hasta ahora. De su implementación han emanado 24 planes de acción, que se han traducido en 220 acciones correctivas en seis áreas críticas: remuneraciones, proveedores, adquisiciones con fondos presupuestarios y de la ley reservada del cobre, proceso de rendición de cuentas y pensiones.

Asimismo, se realizaron más de 280 auditorías internas en el sector defensa, la redefinición de materias consideradas secretas, para hacer compatible el debido resguardo a la seguridad nacional con los estándares más altos de transparencia -eso no se había hecho, pero se está haciendo ahora-; se creó un comité de auditoría externa, integrado por civiles, para revisar todas las áreas de gestión, y un registro único de proveedores de defensa. Asimismo, se estableció la obligación de los comandantes en jefe de rendir cuenta trimestral al ministro de Defensa Nacional sobre su gestión institucional y se creó un canal de denuncias de irregularidades en las Fuerzas Armadas, así como un control preventivo de las declaraciones de patrimonio e intereses. Además, se instauró una prohibición para los oficiales activos en cuanto a recibir remuneraciones por la labor que cumplen en las mutualidades y muchas otras medidas más.

Como se puede apreciar, este gobierno ha tomado una serie de medidas importantes que van en la línea de garantizar a la ciudadanía que las platas se usen bien, que se gasten en lo que corresponde y que nuestro Ejército funcione como todos los chilenos esperamos.

He dicho.