Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

El objeto de esta sesión es analizar los efectos de la carta que envió el gobierno de Chile, en conjunto con los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A esta sesión han sido citados los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos.

De conformidad con el acuerdo de los Comités Parlamentarios del 29 de mayo de 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el asunto de esta sesión especial y que deban ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los primeros treinta minutos de la presente sesión.

En el tiempo previo, correspondiente al Comité Socialista, tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, la declaración sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de fecha 2 de abril pasado, emitida por los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, representa una preocupante arremetida de gobiernos ultraconservadores contra el sistema regional de protección de los derechos humanos.

Estamos frente a la pretensión de demoler el sistema interamericano, impulsado en Latinoamérica por Bolsonaro y, a nivel mundial, por Donald Trump , que retrata de cuerpo entero a un sector político y derriba la imagen autoconstruida y oportunista de defensores de los derechos humanos de última hora. La historia ha demostrado que este sector político ha despreciado siempre la protección de los derechos humanos y sospecha de todos los mecanismos internacionales de protección y fiscalización construidos por la comunidad internacional.

Es nuestro deber desarrollar todos los esfuerzos posibles para impedir y poner atajo a este verdadero manotazo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La construcción del sistema de fiscalización de los derechos humanos en América es de larga data, pues lleva más de medio siglo junto al sistema universal que despunta después de la Segunda Guerra Mundial.

No debemos olvidar que no estamos frente a concesiones graciosas, sino ante conquistas logradas por la humanidad después de las dolorosas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Dicho de otra manera, ha sido un triunfo de la sensatez sobre la barbarie.

A continuación me referiré a cada uno de los puntos de la declaración que nos convoca.

En primer lugar, esta declaración menciona el principio de subsidiaridad, dando a entender que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no lo aplica, lo que es una absoluta falacia. El principio de subsidiaridad se explica porque el sistema se basa en dos grandes pilares: la subsidiaridad y la proporcionalidad.

El principio de subsidiaridad está plasmado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el Preámbulo -me imagino que todos quienes firmaron esa declaración lo saben o, al menos, deberían saberlo- y se establece claramente con el carácter coadyuvante y complementario de las jurisdicciones de los Estados.

Entonces, ¿cuál es el interés pragmático de reiterar el principio de subsidiaridad como si el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no lo respetara? ¡Lo respeta en forma absoluta! El agotamiento de los recursos internos es condición sine qua non para declarar admisible una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha traído como consecuencia, por ejemplo, que en el informe anual de derechos humanos de esta comisión se señale que casi dos mil demandas han sido desechadas in limine, es decir, sin siquiera notificar al Estado denunciado. Solo se han admitido 261 en un año, de las cuales en solo el 5 por ciento se va al fondo, o bien, se remiten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces -repito-, ¿cuál es la importancia o el efecto práctico de esta reiteración?

Muy vinculado a la supuesta no aplicación del principio de subsidiariedad, la carta insiste en que se debe respetar el legítimo espacio de autonomía de que disponen los Estados. Este principio ha sido observado irrestrictamente por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y los Estados, al suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, han aceptado limitar su soberanía en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, porque -esto viene desde hace décadas, por lo que no vamos a retroceder doctrinariamente en las conquistas- la violación de los derechos fundamentales de las personas no es un asunto doméstico.

La comunidad internacional ha dicho que afecta la paz y la seguridad mundial, y hay un acuerdo en que el bien jurídico que se protege es la condición humana. Esto va mucho más allá del derecho a la vida, a la integridad personal o a la libertad personal. Se trata de la condición humana, es decir, la dignidad del hombre y de la mujer están en peligro cuando se violan los derechos fundamentales.

Todo esto ha sido refrendado en el denominado control de convencionalidad que ha aplicado en los últimos años la Corte Suprema y que ha permitido no aplicar el perverso decreto ley de amnistía dictado por Pinochet.

Gracias al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al control de convencionalidad, ha sido posible investigar y sancionar los principales episodios criminales de nuestra historia.

Sobre el punto 3 de la declaración, además de lo explicado sobre el principio de subsidiaridad, me parece una insolencia instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a garantizar el derecho a la defensa, a la seguridad jurídica y a la igualdad procesal, como si no lo garantizara.

La mejor manera -por su intermedio, señor Presidente, se lo digo a los ministros presentes- de ayudar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos es adecuar el orden interno a los estándares internacionales, a las exigencias que hace el derecho internacional, y así los ciudadanos y ciudadanas del país no tendrían necesidad de acudir a los órganos internacionales.

El punto 4 de la mentada declaración también se refiere a la importancia de la estricta aplicación de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Tampoco se entiende qué quieren decir en ese punto, porque todo el que sepa algo de esta materia conoce que las fuentes que indefectiblemente aplican la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las normas de ius cogens, y cualquiera que haya pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Justicia en este país sabe que esas son las normas que se aplican y se deben aplicar.

Hacer esta referencia en la declaración significa no conocer el trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y demostrar una incompetencia total.

En el mismo punto se hace referencia al reconocimiento del llamado margen de apreciación de los Estados en el cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? El margen de apreciación es un concepto que no tiene ningún desarrollo jurisprudencial ni teórico, que se ha desarrollado en el sistema europeo de derechos humanos, y consiste en dar un cierto margen de maniobra a los Estados cuando se restringe un derecho en virtud de una necesidad legal y de satisfacer un fin legítimo, que tiene que ver, fundamentalmente y en forma excepcional, con cuestiones de “moral pública”.

Así, por ejemplo, el Tribunal de Estrasburgo lo ha aplicado cuando no existe práctica o legislación de los Estados, que estén dando una respuesta en supuestos análogos, y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido evitado deliberadamente; no es que se les haya pasado, sino que -reitero- lo han evitado deliberadamente.

Un ejemplo del margen de proporcionalidad es el caso de Francia, que prohibió el uso de atuendos o de símbolos religiosos en los establecimientos públicos. Ahí el Tribunal de Estrasburgo dijo: “Francia tiene una historia de laicidad, por lo tanto, el margen de apreciación en este punto se aplica por la historia peculiar francesa de laicidad”.

La aplicación de la doctrina del margen de apreciación, aparte de no tener ningún desarrollo teórico jurisprudencial, ha sido objeto de varias críticas, incluso, por parte de jueces del tribunal europeo, cuestión que parece que desconocen los firmantes de esta declaración.

Por otra parte, el margen de apreciación se aplica en Europa, por la diversidad cultural y religiosa existente y, además, porque coexisten ahí dos ordenamientos jurídicos distintos: el basado en el civil law, por ejemplo, en Francia y España, y el basado en el common law, en el caso del Reino Unido.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es innecesaria la adopción de este concepto porque el principio de subsidiaridad subsume este pretendido margen de apreciación, amén de considerar que los órdenes constitucionales europeos son todos plenamente democráticos, lo cual no podemos decir en el caso de nuestro país, precisamente, por la Constitución que nos rige.

Por lo tanto, pretender importar desde Europa el margen de apreciación traería como consecuencia abrir un margen de impunidad y, por lo tanto, un grave retroceso en la evolución positiva que ha tenido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en nuestro continente.

El año pasado, el gobierno de extrema derecha de Polonia dictó y promulgó una ley de reforma del sistema judicial, en que se vulneraba gravemente el principio de independencia del Poder Judicial y se pretendía captar políticamente a los jueces.

¿Qué pasó en Europa? La Comisión Europea de Derechos Humanos derivó la denuncia de ese caso al Tribunal de Estrasburgo, y ocurrió algo que sería impensable en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: el tribunal europeo, a través de una medida cautelar, suspendió la aplicación de esa ley por estimar que se vulneraba gravemente el principio de independencia del Poder Judicial, y el gobierno de extrema derecha de Polonia tuvo que retirar la ley.

Por último, en esta declaración se recuerda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las resoluciones y sentencias de los órganos del sistema solo tienen efecto para las partes del litigio, lo que es una obviedad jurídica internacional. La reiteración de esto muestra, una vez más, la desprolijidad y la impericia de quienes redactaron esta declaración.

También llama poderosamente la atención que esta declaración se refiera a que las formas de reparación que ordena el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para las víctimas de violaciones a los derechos humanos guarden una debida proporcionalidad y se respeten los ordenamientos constitucionales de los Estados.

Esta es una clara referencia a la situación chilena, a las indemnizaciones que ha debido y debe pagar el Estado de Chile, ya sea por sentencia de la corte, ya sea por soluciones amistosas. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile no les ha reconocido la reparación integral a las víctimas sobrevivientes, es decir, a las víctimas de prisión política y tortura, lo que quedó evidenciado en el retiro que su gobierno -a través suyo, señor Presidente, se lo digo al ministro de Justicia- hizo del aporte reparatorio miserable que se le está dando a los presos políticos.

Esto -insisto- no es casual.

En suma, esta declaración ha sido calificada por connotados profesores de derecho internacional como una impericia jurídica inaceptable, como una insolencia histórica y como una incoherencia diplomática.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS (don Andrés).-

Señor Presidente, con fecha 11 de abril del presente año, los representantes permanentes de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile hicieron entrega al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una nota referida al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El texto buscó expresar las inquietudes de los Estados en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos.

Sin desconocer los logros obtenidos por el sistema a lo largo de sus años de existencia, y reafirmando su compromiso con el texto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la declaración, respetuosamente, propone tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana la adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento de aquel de cara a los desafíos del siglo XXI.

En ese sentido, la declaración emitida subraya la importancia crítica del principio de subsidiariedad como base de la distribución de competencias del Sistema Interamericano. Dicho principio exige que tanto los Estados como los órganos del sistema asuman sus propias responsabilidades en la promoción y protección de los derechos en la región, sin invadir las esferas de competencia de cada uno de los países que lo suscribieron.

Desde esta perspectiva, la declaración considera que los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos.

La declaración, que también suscribió Chile, plantea que dicho margen de apreciación debe ser respetado por los órganos, en este caso, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La declaración también hace hincapié en la necesidad de que tanto la Comisión como la Corte apliquen de forma estricta las fuentes de derecho internacional en la resolución de los casos sujetos a su conocimiento. En este caso, dichas fuentes se identifican principalmente con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A su vez, la declaración, suscrita por Chile, enfatiza la importancia del debido conocimiento y consideración de las realidades de los Estados por parte del Sistema Interamericano, y la necesidad de que las formas de reparación guarden una debida proporcionalidad y respeten los ordenamientos constitucionales y jurídicos de esos Estados.

La declaración finaliza reafirmando su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos en el continente, reconociendo al sistema democrático y al Estado de derecho como condiciones esenciales para su promoción en la región.

Los Estados firmantes consideran que la declaración presentada a la Comisión Interamericana representa un aporte, con propuestas concretas destinadas a mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de protección regional de derechos humanos.

En este sentido, los Estados que suscriben la declaración conciben a la misma como el punto de partida de un diálogo transparente y abierto con los órganos del sistema, convencidos de que este puede producir valiosos frutos en beneficio de la promoción y protección de los derechos humanos en toda nuestra región.

La misiva ha sido criticada por numerosos sectores. A mi juicio, no hay efectos a raíz de esta carta. Si esta sesión fue convocada para analizar sus efectos, quiero indicar que no hay ninguno, más allá de ser una declaración de un Estado independiente diciéndole a la Corte Interamericana que Chile está cumpliendo en todo su sentido.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, en las últimas semanas nos hemos enterado del comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y del de Justicia y Derechos Humanos, en el que señalan que los representantes permanentes de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay hicieron llegar una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dicha nota es una declaración de gobiernos conservadores latinoamericanos que pretenden que los órganos del Sistema Interamericano, tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejen de cumplir a plenitud sus funciones en la promoción de la observancia y defensa de los derechos humanos en la región americana.

Esa declaración utiliza la excusa técnica del principio de subsidiariedad, del margen de apreciación y del apego a las fuentes del derecho internacional para decirles a los órganos del sistema americano de promoción, defensa y protección de los derechos humanos que deben dejar que los Estados, cuando violan los derechos humanos de personas que ejercen la protesta, el derecho a la reivindicación de los territorios indígenas, los derechos reproductivos o la equidad de género, hagan lo que quieran dentro de su “margen de apreciación”.

Hay que dejar en claro que la permanente actividad dentro del mandato de la Comisión Interamericana supone, por ejemplo, la emisión de informes temáticos, opiniones consultivas y hasta comunicaciones públicas menos formales en medios de comunicación y redes sociales, que denuncian y fijan estándares sobre asuntos de importancia en la región. Todo esto ocurre dentro del mandato de los órganos del sistema y mucho antes de que los casos entren a conocimiento de la Comisión y de la Corte.

Lo que pretenden el gobierno de Chile y los de los demás países que suscriben la declaración es acallar estas funciones, que han sido fundamentales en la defensa de los derechos de las personas en nuestra América, especialmente de las más olvidadas y de las más vulnerables.

Es hora de que reconozcamos el gran trabajo que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ella debemos varios avances en la región, como los proyectos de ley de matrimonio igualitario, el reconocimiento de los derechos territoriales y la participación política de los pueblos indígenas.

Por lo tanto, no se puede retroceder con declaraciones como las que ha emitido el canciller y que este gobierno ha avalado.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue un hito importante. Fueron estos cinco Estados los que, por decisión soberana, propusieron que existiera un tribunal externo que velara por hechos y conductas relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos en la región, bajo ciertas materias y ciertos parámetros que los mismos Estados propusieron en su minuto. Muy importante es el tema de la soberanía de cada Estado, fundamento democrático de cada Estado.

El problema que subyace es que la CIDH ha ido tomando atribuciones que los países no le han entregado. Por un lado, inmiscuyéndose en asuntos estatales propios, como el análisis de sentencias firmes de tribunales chilenos, solicitando que sean rectificadas, lo que escapa de toda su competencia, y, por otro -posiblemente más importante-, interpretando la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cabe advertir que la crítica de la izquierda contra el Tribunal Constitucional, consistente en llamarlo “tercera Cámara”, con mayor razón la debería tener contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues también funciona como “tercera Cámara”, y en reiteradas ocasiones se ha saltado procedimientos democráticos internos.

La actitud de la comisión contrasta con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que da márgenes de actuación mucho más amplios a los Estados miembros, y no se inmiscuye en decisiones eminentemente políticas. Por ejemplo, respecto del matrimonio homosexual, no impone una definición bajo la idea de proteger los derechos humanos y afirma que es un tema propio de cada Estado, que debe definirlo conforme a sus propias reglas democráticas.

Ocurre que la corte, con sus sentencias, muchas veces ordena a los Estados realizar medidas de reparación en favor de las víctimas, que, en la práctica, son de muy difícil cumplimiento, porque son acciones desproporcionadas o no pueden ser ejecutadas a la luz de la legislación nacional.

Entonces, si un organismo internacional define nuestra política, ¿para qué sirve nuestra democracia? ¿Quién gobierna? ¿Un tribunal que no está sujeto a ninguna crítica? Creo que no debe ser así.

Con esta carta se abre un debate entre los países que forman parte del sistema interamericano con el propósito de perfeccionar y robustecer su legitimidad, haciéndola más eficaz. Son solo sugerencias para mejorar y no implica nada por lo que alarmarse.

He dicho

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y diecinueve segundos, el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros presentes.

Hace dos o tres semanas, en esta misma Sala, un bando señalaba que algunos no estábamos de acuerdo con el desarrollo, que no entendíamos la nueva comunidad internacional, que no comprendíamos lo que era el siglo XXI y que por eso nos negábamos a apoyar el TPP-11. Hoy, los bandos parecen cambiados, porque los que defendían el TPP-11 están en contra de los instrumentos internacionales y los que decíamos que el TPP-11 tenía algunos problemas jurídicos, hoy estamos a favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¡Qué curioso! Entonces, tenemos una política internacional abierta al mundo y comprometida con los valores internacionales, que con una mano no suscribe al Acuerdo de Escazú y se cuestiona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, con la otra, aprueba el TPP-11, que establece competencias internacionales para tribunales ad hoc.

En este debate que se genera, entiendo que haya juristas preocupados de la sentencia en el caso Norín Catriman , respecto del cual la corte ordenó anular el fallo de Angol que culpaba a inocentes de un acto gravísimo, calificado como terrorista. Uno debe preguntarse sobre el alcance de los tribunales internacionales.

El acuerdo TPP-11 crea tribunales ad hoc con competencias internacionales sobre las democracias internas de cada país, sin margen de apreciación. Cuando se observa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento valioso en nuestra política internacional, tiene bastantes similitudes con esos tribunales. La diferencia está en que los tribunales que aprobamos por el TPP-11 son para el capital y las grandes empresas, mientras que el tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es para las personas y los grupos minoritarios aplastados por el Estado.

En el fondo, una política internacional abierta firma el Acuerdo de Escazú, no cuestiona la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no hace tanto jolgorio con la COP-25.

Afirmo que estoy de acuerdo con que una corte internacional ordene anular una sentencia mal dictada, porque genera una culpabilidad en un inocente.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, voy a ejemplificar el problema que este gobierno tiene con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) con el caso de la familia Vilches Poblete .

No sé si sabe usted, ministro Ampuero , que hace casi un mes a usted se le ha estado citando a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para dar cuenta del cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso de la familia Vilches Poblete .

Ha pasado más de un año y nuestro Estado no ha sido capaz de dar respuesta a una familia que sufrió graves vulneraciones a sus derechos humanos con la muerte de su padre, entre ellos los derechos a la vida, a la integridad física, a tener garantías judiciales y a la salud.

Es lamentable que usted, canciller, se encuentre en mora respecto de cumplir las obligaciones internacionales con una sentencia ya emitida. Le recuerdo que la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es parte integral del acceso y el derecho a la justicia. Pero en vez de cumplir con la sentencia, usted, canciller, se ha dedicado a entablar acciones dilatorias.

Usted sabe muy bien que el artículo 67 de la convención le da noventa días desde la notificación de la sentencia para presentar solicitudes de interpretación. Pero usted prefirió esperar más de 210 días para presentar sus dudas a la corte. Si eso no es dilatar, a lo menos es una irresponsabilidad grave de su ministerio, que da cuenta de la actitud que tienen con el SIDH y que refleja, de manera patente, las consecuencias prácticas que tiene la carta que enviaron a propósito del SIDH, junto con otros Estados.

Hace unos meses se desarrolló la I Bienal Latinoamericana de Estudios sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Universidad de Chile, donde la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso la preocupación institucional sobre el aumento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Brasil por agentes del Estado o particulares, con la aquiescencia estatal y la propuesta del Presidente Bolsonaro de dar impunidad a quienes maten a los que delinquen.

¿Es oportuno que nuestro país formule críticas, poco reflexivas, con un Estado que se encuentra gravemente cuestionado por la falta de respeto hacia los derechos humanos más básicos?

Cabe recordar al ministro que el SIDH no depende de la renovación de votos ni de compromisos del gobierno de turno de esta república, sino que está expresamente incorporado a nuestro sistema jurídico.

Triste es que la Cancillería inicie un camino de cuestionamientos al cumplimiento de las leyes del Estado. También es grave que el ministro y los equipos de la Cancillería se sumen a una declaración basada en supuestos falsos. El sistema interamericano ha sido especialmente cuidadoso con el principio de subsidiariedad en su expresión concreta, que es el agotamiento de los recursos jurisdiccionales internos, latamente desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, admitiendo como única excepción el entorpecimiento de los Estados para el agotamiento procesal, lo cual incluso debe ser probado.

Por lo tanto, es grave lo que están haciendo en este gobierno.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Recuerdo a los diputados que deben dirigirse a los ministros a través de la Mesa.

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y cuarenta y tres segundos, el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ.-

Señor Presidenta, la protección y respeto a los derechos humanos son elementos fundamentales para el desarrollo de las sociedades, y constituyen un indicador más de una democracia robusta, respetuosa del Estado de derecho.

En ese sentido, y a la luz de los acontecimientos que hoy nos convocan, creo honestamente que el gobierno se equivocó en esta materia, en el tratamiento que ha dado a nuestros compromisos internacionales sobre derechos humanos y a la institucionalidad que los alberga.

Los cuestionamientos efectuados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del gobierno, comunicados a través de la respectiva nota suscrita por una serie de países, entre los que se encuentran Chile, Argentina, Brasil , Colombia y Paraguay, no pueden ser calificados de otro modo más de un intento de debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana y todas las cortes internacionales son y serán una alternativa a la incapacidad interna de los Estados de otorgar justicia, y son una medida de última instancia en materia de derechos humanos a nivel internacional.

En la misma declaración pública conjunta se pide respeto por la autonomía de los países y su margen de acción, lo que resulta ser una crítica infundada, ya que la tutela del Sistema Interamericano solo se concibe en virtud de una declaración soberana y voluntaria del Estado que quiere ser partícipe de aquel.

Son varios los casos de condena al Estado de Chile en materia de derechos humanos. El diputado Boric nombró uno -recibimos al hijo de don Vinicio en la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios-, el caso de don Vinicio Antonio Poblete Vilches , por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por no garantizar el derecho a la salud a una persona mayor, quien falleció en un hospital público por falta de atención médica, fallo que nuestro país aún no cumple.

Por último, he asistido a las sesiones de las comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, en las que he tenido la posibilidad de manifestar esto al ministro de Justicia y Derechos Humanos. Él dijo que podíamos recuperar las confianzas. Yo manifesté que una forma de recuperar la confianza era enviando al Congreso Nacional el proyecto de ley de cooperación con la Corte Penal Internacional. He sido insistente en ello, y hemos presentado proyectos de resolución al respecto, porque creo en el rol que juegan las cortes internacionales.

El ministro ha mostrado una buena disposición y se ha comprometido a eso. Por tanto, creo que la presentación de dicho proyecto constituye una forma de velar y mantener ese compromiso con las cortes internacionales y con el rol que juegan.

Los países no deben respetar o validar a las cortes internacionales solo cuando estas fallan a su favor, como es el caso de La Haya, en el último litigio que tuvimos con Bolivia, sino en todos los fallos, sean estos favorables o desfavorables para ellos, incluyendo a Chile.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

En el tiempo del Comité Evolución Política, tiene la palabra, hasta por dos minutos y diecinueve segundos, el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a los dos ministros presentes y a las dos subsecretarias presentes en la Sala.

Una vez más volvemos a reflexionar sobre el tema. Esta es la tercera ocasión que en la Cámara de Diputados nos dedicamos a reflexionar sobre los supuestos efectos de la carta que el gobierno de Chile, junto con otros países, envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Me pregunto: ¿qué molesta tanto a la oposición? ¿Que se formulen sugerencias a la Corte Interamericana? ¿Que se acorten los plazos de tramitación de las causas? ¿Que se explique a la gente que hay causas que la corte derechamente no puede resolver? ¿Que se bajen las expectativas? ¿Es malo que se haga saber a la Corte Interamericana que el Estado chileno no puede pagar indemnizaciones millonarias y que debe haber proporcionalidad al respecto? Les recuerdo que en Chile aún hay pobreza, y esa plata perfectamente podría ir en beneficio de esa área.

¿De verdad creen que hacer esas sugerencias debilita el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Acaso han escuchado que el gobierno quiere denunciar o retirarse de la Corte Interamericana? En verdad, no lo creo.

Lo que sí creo es que la oposición tiene una suerte de idolatría por dicho tribunal: todo lo que se traduce en una vulneración de derechos se intenta llevar allá. ¿Por qué? Porque creen que es la cura de todos los males de Chile.

La Corte Interamericana tiene mucho que mejorar. Hay casos que llevan más de veinticinco años de tramitación y que aún no tienen sentencia. También existen casos en que se ha involucrado ese tribunal a pesar de que no debiera hacerlo, como, por ejemplo, antes de que causas judiciales hayan finalizado su tramitación en nuestro país. Peor aun, hay personas que se quejan de la PSU y recurren a la corte, o casos de caminos completos que no han podido pavimentarse durante mucho tiempo, hasta que la corte interviene y permite que ello se haga, como ocurrió en mi región.

He visto a los ministros presentes en todas y cada una de nuestras comisiones. Han venido con sus subsecretarias, han dado la cara y nos han demostrado claramente que se quiere mejorar la relación con la Corte Interamericana, que, sin duda, es importante para nuestro país y para el resguardo de los derechos humanos.

Finalmente, ojalá la Sala se reúna para ver casos de vulneración a los derechos humanos de mucha gente y personal de carabineros de La Araucanía.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

El ministro de Justicia y Derechos Humanos ha solicitado que la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren , intervenga en su nombre

¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el señor ministro?

No hay acuerdo.

En el tiempo del Comité Revolución Democrática, tiene la palabra, hasta por dos minutos y cuarenta y tres segundos, el diputado señor Pablo Vidal .

El señor VIDAL.-

Señora Presidenta, quiero incorporar una visión al análisis, a los discursos que hemos escuchado acá desde el punto de vista de las relaciones exteriores, pues, lamentablemente, no se trata de la primera noticia que debemos analizar respecto de la situación de las relaciones exteriores en nuestro país, en particular de las decisiones que ha tomado el gobierno al respecto. También conversamos latamente en esta Sala sobre la decisión de no firmar el Acuerdo de Escazú y el Pacto Mundial para la Migración. Si bien ellos no están directamente relacionados, van constituyendo una conducta que nos llama la atención y nos preocupa, ya que el fortalecimiento de estos instrumentos de la política internacional, sin lugar a dudas, favorece a nuestro país y a quienes lo habitamos.

A continuación, daré lectura a algunos pasajes de la carta en cuestión, que podríamos considerar razonables: “El texto busca expresar las inquietudes de los Estados en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos.”. “(…) la declaración respetuosamente propone tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana la adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento….”. “La declaración plantea que dicho margen de apreciación debe ser respetado por los órganos del sistema interamericano.”. Sin embargo, en el fondo, lo que se esconde detrás de todo esto es una crítica bastante dura al funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Recojo las palabras del diputado Molina , quien intervino antes, quien dice que parece que la izquierda piensa que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la cura de todos los males. ¡No, no pensamos eso! Lo que nosotros pensamos es que los derechos humanos son universales y que tienen un carácter solidario.

Al respecto, nos llama la atención que desde el sector que representa el diputado Molina muchas veces se hacen llamados a que estos organismos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, intervengan cuando en otros países ocurren situaciones preocupantes, que yo mismo he reconocido y condeno, como lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, en Israel, en China, en Estados Unidos.

Entonces, pregunto: ¿Ahí sí podemos llamar a los organismos de derechos humanos internacionales para pedirles que ayuden, pero no cuando nuestra justicia ha fallado, cuando para las personas dicha corte se trata de la última instancia a la que pueden recurrir para que se haga justicia en sus casos?

Creo que la crítica que se ha hecho se pudo haber manejado de otra manera, y así lo reconoció el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Se pudo haber hecho en forma más discreta, se pudo haber dialogado con distintos actores de nuestro país, pero pienso que el modo en que se hizo demuestra que se trata de una crítica destemplada a un sistema que ha sido de mucha utilidad para nuestro país.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Carlos Kuschel .

El señor KUSCHEL.-

Señora Presidenta, por su intermedio quiero expresar al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, y a las respectivas subsecretarias nuestro agradecimiento por su presencia hoy en esta Sala.

Asimismo, felicito al gobierno por la claridad con que está planteando los actuales temas de derechos humanos en América, dados los desafíos que en esta materia se están presentando, y, sobre todo, relevo hecho de que ello se haga junto con países que tienen nuestras mismas preocupaciones y que a veces se ven agobiados por estos asuntos, con son los casos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay.

Se ha dejado que transcurra demasiado tiempo y hemos sido relativamente complacientes con una serie de situaciones que hoy están sucediendo, en las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales de Naciones Unidas no han sido categóricas ni claras para actuar en esta materia, haciendo sufrir países enteros, algunos de ellos despoblándose a causa de la miseria, el maltrato y la mala gestión de los gobiernos amparados en ideologías que, directa o indirectamente, son protegidas por algunos sectores políticos de nuestro país, no obstante que en esta materia deberíamos tener un planteamiento conjunto con nuestros países hermanos.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

En representación del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra, hasta por 7 minutos y 21 segundos, el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señora Presidenta, el diputado Carlos Ignacio Kuschel en su intervención reciente felicitó al gobierno por su claridad en materia de derechos humanos, y no me extraña, porque el citado parlamentario hace unas semanas se opuso, en esta misma Sala, a que en el Ejército de Chile se eliminen todo tipo de homenajes a criminales como Manuel “Mamo” Contreras, uno de los personajes más siniestros de la historia de Chile en materia de violación a los derechos humanos, que dirigió uno de los organismos mandatados por la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet para exterminar a sus propios compatriotas.

Por eso, no me extraña que él diga que este gobierno ha hecho bien las cosas en materia de derechos humanos.

Este gobierno, señora Presidenta -se lo planteo con el mayor respeto a los señores ministros-, inició pésimamente su gestión en materia de derechos humanos. Jamás olvidarán los chilenos que este gobierno retiró un proyecto de ley, aprobado por la Comisión de Derechos Humanos, que buscaba reparar a las víctimas de violación a los derechos humanos, y lo hizo sin tapujos, transcurridas pocas semanas desde que inició su mandato el señor Larraín en la cartera de Justicia, quien está presente, y que fue acérrimo defensor de Colonia Dignidad en su momento, una organización internacional que violó de manera sistemática los derechos humanos en nuestro territorio.

Colonia Dignidad fue un Estado dentro del Estado chileno que permitió la violación de los derechos humanos dentro de sus límites, incluyendo entre sus víctimas a menores de edad. Esa institución fue defendida por el señor ministro presente en esta Sala.

En cuanto a las materias que guardan relación con esta sesión, el pasado 23 de abril la Cancillería, como se ha dicho, publicó un comunicado que señala que los representantes permanentes ante la Organización de Estados Americanos de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile entregaron al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao , una nota en la que cuestionan la forma en que han venido operando dicha comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin duda, la declaración que envío la Cancillería no es una buena noticia para la protección de los derechos humanos en la región, pues subyace en ella la idea de limitar el ensanchamiento y profundización de los derechos, eje fundamental de las democracias contemporáneas.

A medida que la democracia se ha ido extendiendo y consolidando en la región, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han asumido un importante rol en la alerta contra el racismos y la defensa de los derechos de los grupos de personas tradicionalmente excluidas o marginadas y, por ende, expuestas a un mayor grado de vulnerabilidad, como es el caso de las personas mayores y de escasos recursos.

En estas últimas décadas, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanas han sido fundamentales en la protección de los derechos fundamentales de aquellos grupos y poblaciones que sufren discriminación producto de las desigualdades estructurales que afectan a nuestra región, entre ellos mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas, personas privadas de libertad, personas mayores, personas con identidad de género u orientaciones sexuales diferentes, personas con discapacidad, migrantes y desplazados, entre otros. Muchos de sus informes, opiniones y sentencias también han expresado su preocupación por reconocer grados de protección a nuestro entorno medioambiental y a los espacios naturales.

No deja de llamar la atención que los mismos que defienden con dientes y muelas el TPP 11, como han dicho el diputado Vidal y otros parlamentarios, bajo el argumento de que promueve la apertura en materia comercial, son partidarios de limitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Manga ancha para el comercio, puño apretado para los derechos humanos.

La universalidad de los derechos humanos es un principio básico sobre el que se ha construido el andamiaje actual de los derechos fundamentales. Proponer un mayor respeto de las particularidades es atentar contra el fundamento mismo de dichos derechos, ya que estos se centran en igual dignidad, en todo tiempo y lugar, de todos los seres humanos.

Por eso, señora Presidenta, rechazamos categóricamente los contenidos de dicha presentación, la que solo es posible entender como un nuevo golpe al multilateralismo que ha marcado gran parte del derrotero del siglo XX y del siglo XXI, así como la relativización de las nociones básicas de derechos humanos, principios que han alentado a los pueblos de América Latina a luchar por un futuro más digno para todos y para todas.

No nos sorprenden muchas cosas. La derecha en Chile siempre ha declarado los derechos humanos como politizados y rechaza a sus organismos internacionales porque, según ellos, no le dan confianza.

Son los mismos argumentos que sostuvieron las dictaduras latinoamericanas que violaban abiertamente los derechos humanos.

En Chile, lamentablemente, tenemos una derecha que es absolutamente retrógrada en materia de derechos humanos. No todos asumen las responsabilidades en violaciones a los derechos humanos, y lo hemos visto en esta Sala. Sus parlamentarios tienen un comportamiento cada vez más retrógrado, en vez de evolucionar. Votaron contra la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, lo que en la práctica es rechazar una norma internacional que pretende erradicar el secuestro y desaparición de los oponentes políticos. No olvidemos que en nuestro país se oponían hasta a la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La derecha en Chile, lamentablemente, no ha comprendido en absoluto el sentimiento y la naturaleza de los derechos humanos; cree que siempre debe haber períodos o situaciones de excepción; no entiende que, en la práctica, los derechos humanos son de todas las personas, incluidos ellos, por cierto, por lo cual todos, de una u otra manera, debemos velar por su protección.

Señora Presidenta, termino mis palabras señalando, en nombre de la bancada del Partido Socialista, que siempre vamos a proteger la ampliación, por sobre todo, de los mecanismos de acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los pueblos latinoamericanos en tantas materias como las que he enunciado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo que, como socialistas, siempre vamos a defender, porque creemos que garantiza la protección de un bien esencial en la vida humana, como son los derechos fundamentales de las personas.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por 2 minutos y 19 segundos, el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a los ministros presentes.

Hoy no podemos hacer menos que rechazar tajantemente la declaración que el gobierno de Chile hiciera en conjunto con los gobiernos de Perú, Paraguay, Colombia, Argentina y Brasil, países que tienen en común seguir los dictámenes de Estados Unidos, país que no aprueba ni ratifica ningún tratado de derechos humanos y que, sin duda, busca que su jurisdicción nacional se extienda al mundo, sin aceptar para nada los dictámenes de los organismos internacionales de derechos humanos.

¡Ese es el ejemplo que quiere seguir Chile!

La protección de los derechos humanos nos transforma en ciudadanos del mundo, pero declaraciones como esta de los gobiernos mencionados pretenden, de alguna forma, transformarnos nuevamente en ciudadanos de nuestros Estados, como el de Chile.

Mientras los tratados internacionales sobre derechos humanos hacen que la comunidad internacional se preocupe de la calidad de vida de cada uno de nosotros, este gobierno prefiere dejarnos en el desamparo internacional. Pero esa pretensión quedará en el olvido, como van a quedar en el olvido esa declaración y lo que sin duda buscaban cuando, hace unos días, la Corte Suprema convocó a dar cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo de los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín .

Fui el abogado de Pascual Pichún, así que recuerdo muy bien el día que lo condenaron por el delito de asociación ilícita terrorista.

¿Qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que hay que dar cumplimiento a este fallo que ordena la nulidad de esta sentencia. ¿Qué pasó? Se presentaron todos a alegar para que se anulara esa sentencia. ¿Qué dijo el Ministerio del Interior y Seguridad Pública? Que había que respetar ese fallo, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene ningún poder soberano sobre Chile.

¡Esa es la declaración del Estado de Chile! Ahí se comprende la insistencia de no dar cumplimiento a las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos. ¡No le conviene!

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos y seis segundos, la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, ayer en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios recibimos como invitados a los hermanos Vinicio y Cesia Poblete Tapia , hijos de don Vinicio Poblete Vilches , quien el 7 de febrero de 2001, a los 76 años de edad, falleció en el hospital Sotero del Río, tras una serie de negligencias de ese centro hospitalario.

En primera instancia se le practicó una intervención, a pesar de encontrarse inconsciente, sin el consentimiento de su familia. Posteriormente, se le dio el alta médica de manera temprana y sin indicaciones, y, finalmente, en su segundo ingreso al hospital se le negó el tratamiento que requería, en parte por su edad, hecho que provocó su muerte.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado de Chile de la muerte de don Vinicio por “no garantizar su derecho a la salud sin discriminación, mediante servicios necesarios básicos y urgentes en relación con su situación especial de vulnerabilidad como persona mayor”. Además, la Corte ordenó como reparación brindar medidas de rehabilitación para la familia de la víctima; sin embargo, el Estado de Chile no ha cumplido con lo dispuesto por ese fallo.

La esposa de don Vinicio , la señora Blanca Tapia , murió en 2003 aquejada de una grave depresión y esperando esclarecer la muerte de su esposo. Gonzalo , su otro hijo, falleció de un ataque cardíaco. Su hijo Vinicio tiene cáncer, perdió un riñón y sufre de otras complicaciones de salud, al igual que su hermana Cesia , quien tiene graves problemas cardíacos.

Producto de la situación que vivieron con su padre, ambos hermanos dejaron sus estudios y se endeudaron para pagar las sepulturas y servicios funerarios de toda su familia, y hoy viven en la más absoluta pobreza, sin que el Estado de Chile se digne responder y, con eso, lograr llevar una vida más digna.

¿Cómo es posible que dejemos a su suerte a compatriotas que han sufrido en carne propia los abusos del Estado, a pesar de existir una sentencia a su favor por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Tanto la Comisión como la Corte constituyen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y desde hace más de cuarenta años han sido responsables de proteger a los ciudadanos ante los abusos de los distintos Estados. Podremos estar de acuerdo o en contra de sus dictámenes; podremos tener una opinión sobre los temas que se discuten en esas instancias, pero bajo ningún pretexto podemos seguir aportillando a organismos internacionales que ayudan a los ciudadanos de Chile y del resto de Latinoamérica en la búsqueda de justicia.

La política internacional del gobierno, encabezada por el canciller Ampuero , ha sido irresponsable. Ya vimos lo que pasó con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y ahora vemos lo que sucede con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¡No sigamos dinamitando las instancias de cooperación internacional de las que nos hemos dotado!

Considerando el ejemplo de los hermanos Poblete Tapia , ¿qué sucederá en este tipo de casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado exigiendo dar una reparación a los afectados? ¿Quién protegerá a todas las familias que solo han encontrado una respuesta a sus problemáticas en organismos internacionales? ¡Seamos responsables!

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Relaciones Exteriores, señor Roberto Ampuero ; al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín ; a la subsecretaría de Relaciones Exteriores, señora Carolina Valdivia , y a la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren , quien no podrá hacer uso de su derecho a expresarse en esta Sala, dado que, lamentablemente, ha sido coartada esa opción.

Digo “lamentablemente”, porque se nos ha citado a debatir, discutir, evaluar, analizar y encontrar puntos de coincidencia, a pesar de tener posiciones encontradas en algunos aspectos. El juego de la democracia consiste en expresarnos, en analizar y en poder construir en conjunto un Chile que nos pertenezca a todos, no este Chile en blanco y negro que refleja este tipo de debates, en los que muchos creen que la defensa de los derechos humanos les pertenece por los horrores y errores del pasado, que, por cierto, no debemos volver a cometer ni menos transmitírselos a futuras generaciones.

Quiero destacar y agradecer la disponibilidad inmediata que han tenido las autoridades de gobierno, pues apenas se dio a conocer esta situación a través de la prensa, nos convocamos como Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana un día jueves en paralelo a la sesión de Sala. En esa instancia recibimos a la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia ; al ministro de Justicia y Derechos Humanos, y a la subsecretaria de Derechos Humanos. Estuvimos sesionando hasta después de las 15.00 horas. En la oportunidad entregamos ejemplos, discutimos y conocimos distintas posturas, muy legítimas todas, con mucho respeto.

Me llama la atención la arrogancia con la que muchos aquí no solo quieren prejuzgar, sino también precondenar o, lisa y llanamente, condenar porque tenemos ideas distintas. Si analizamos el contenido real de la carta nos daremos cuenta de que busca fortalecer un diálogo colaborativo y constructivo. ¡Iniciar un diálogo, iniciar un debate, tal como lo estamos haciendo ahora! El problema es que algunos creen que eso significa coartar a una institución.

He tenido la oportunidad de estar en Washington D.C., en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, viendo algunos casos; también he estado en la Organización de Estados Americanos (OEA). Por lo tanto, conozco sus procedimientos y sé que, a lo menos, son del siglo pasado. Ese es justamente el objetivo del diálogo: actualizar el sistema y sus procedimientos, a fin de que la Corte se modernice.

¿Qué respondió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se dio a conocer esta nota? Cito: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido la declaración suscrita por Chile, Argentina, Brasil , Colombia y Paraguay, que señala la importancia del sistema interamericano de derechos humanos y hace sugerencias para mejorar su eficacia.”. Luego añade: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos valora la postura constructiva de los Estados y examinará el tema durante sus próximas sesiones.”. Por lo tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos valora públicamente la decisión de dialogar de estos cinco países.

Al parecer, cuando están gobernando, por decisión popular, sectores políticos que no suscriben las ideas de la actual oposición no vale la democracia. ¿No podemos pregonar el respeto a los derechos humanos para todas las personas? ¡No puede ser!

¡No podemos seguir viviendo en un Chile en blanco y negro! ¡Tenemos que construir un Chile que nos pertenezca a todos! El respeto a los derechos humanos nos involucra a todos.

Los derechos humanos son un activo -también un deber- que pertenece a todos los sectores políticos. Mi pregunta es si todos podrán decir lo mismo después de los discursos que hemos escuchado esta tarde. ¿Para qué hemos sido convocados a esta sesión? ¿Solo para decir lo que creemos que es la verdad o para discutir y encontrar los puntos que nos unen y de los que todos podamos sentirnos orgullosos?

¿Por qué no estamos dispuestos a tolerar un diálogo, una iniciativa que se ha hecho mancomunadamente con otros países latinoamericanos, con nuestros vecinos? ¿Es porque si esos gobiernos no comparten sus ideas políticas, automáticamente no tienen validez para presentar este tipo de iniciativas?

Me preocupa profundamente el ánimo con el que la oposición quiere cumplir su rol. Me tocó ser opositor al gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet , y siempre quise actuar con responsabilidad, especialmente en temas de relaciones exteriores. Nunca quise criticar por criticar; no creo que solo se deba hacer algo si me conviene o me gusta. En reiteradas ocasiones me tocó acompañar a la entonces Presidenta Bachelet en giras internacionales y demostrar que Chile tiene una mirada de respeto y de responsabilidad.

Por ello, espero que la oposición tenga el carácter, la responsabilidad y la humildad que se necesita para ser oposición.

Los ministros que están acá fueron nombrados por el Presidente de la República, quien fue elegido por la amplia mayoría de los chilenos, le guste o no a la oposición.

Debemos tener una sociedad que establezca instituciones renovadas, actualizadas, equitativas, vigentes y perfeccionables.

Tal como todos los diputados buscan hacer actualizaciones a sus smartphones, por qué no esperamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también pueda ser actualizado.

Construyamos un sistema que nos pertenezca y del que todos nos sintamos orgullosos. Muchos de ustedes han citado ejemplos. Los respetamos profundamente. Espero que esos ejemplos no hayan sido citados de manera política, sino en forma responsable, porque detrás de ellos hay gente que aún está sufriendo y familias que aún están esperando respuestas. Esos ejemplos nos indican que no se deben volver a cometer los mismos errores.

Señor Presidente, para concluir estas palabras hago un llamado de atención respecto de la constante crítica que se hace desde la oposición. Se quiere decir que el gobierno, en sus relaciones internacionales, no tiene carácter como Estado. ¿Con ello se quiere horadar la política exterior que conduce constitucionalmente el Presidente de la República? Se critica sin argumentos las acciones que encabeza el canciller. Todas las veces que se ha requerido el tema ha sido abordado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Por eso, no oigo nada nuevo en este debate. Sí escucho la arrogancia de los que se creen dueños de la verdad. Son ellos los que muchas veces terminan horadando no solo la política exterior, sino también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No podemos seguir dando este show, este espectáculo, mucho menos ante nuestros electores.

Señor Presidente, hago un llamado a la responsabilidad; a que el Congreso Nacional entienda que las políticas exteriores son de Estado y que los derechos humanos son de todos, pues no tienen color político.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio .

El señor ASCENCIO.-

Señor Presidente, me alegra mucho escuchar las palabras del ministro de Relaciones Exteriores.

He estado viendo algunos de los proyectos de resolución y creo que están en la línea correcta, pero quiero hacer una aclaración en relación con el tema que se genera con la carta, porque esta se da en un momento bien complejo de nuestras relaciones, fundamentalmente con América Latina y especialmente con América del Sur: en el momento en que comienza a desmontarse Unasur y empieza a crearse Prosur . Esa carta contiene algunas palabras o frases que claramente ponen en duda lo que nosotros pretendemos en relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En Ecuador viví la experiencia de que se pretendió desmontar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El ministro Ricardo Patiño intentó inventar organismos distintos solo porque las sentencias, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eran distintas o no le convenían al gobierno de Ecuador de esa época. Ahora, para qué voy a decir lo que hace Venezuela en relación con el sistema. Todos lo sabemos.

Por lo tanto, nosotros tenemos la absoluta necesidad y obligación de interpelar a la autoridad para que explique acerca de si vamos por el mismo camino o por un camino distinto.

Entonces, nadie puede sorprenderse, porque este no es un problema de la oposición contra el gobierno. Este problema tiene que ver con lo que nosotros creemos, pues participamos activamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por nuestra propia experiencia, por lo que hemos vivimos. Para nosotros, el sistema fue extraordinariamente importante, muy relevante, especialmente para la protección de aquellos ciudadanos cuyos derechos estaban siendo violados durante la dictadura. Esa es nuestra experiencia, esa es nuestra historia. Eso es lo que nosotros vivimos y sufrimos; eso es lo que nosotros sentimos.

La protección que sentimos del exterior viene del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros.

Entonces, cuando de pronto se conoce una carta en la que se habla de la necesidad de respetar la autonomía -creo que esa era la palabra usada, aunque no lo recuerdo exactamente- de los países y, por ejemplo, del principio de subsidiariedad, uno comienza a pensar que lo que aquí ocurre es que cuando no empiezan a gustarnos las sentencias, muchas de ellas condenatorias a nuestro país, hacemos una advertencia y decimos que queremos que respeten nuestra autonomía y, a través del principio de subsidiariedad, evitarnos la necesidad o la obligatoriedad de la vinculación que existe entre las sentencias de esos tribunales y nuestro país.

Estamos en el legítimo derecho de plantear el problema, y eso es lo que estamos haciendo hoy.

Escuché al ministro, independientemente de todas las críticas que pueda tener en relación con la política exterior de Chile, y me alegro de haberlo escuchado, porque lo que se ha dicho hasta ahora es absolutamente distinto de lo que nosotros entendimos en la primera lectura respecto de lo que se pretendía con la carta. Eso es muy relevante.

Me carga cuando me dicen: “Nosotros ganamos el gobierno con el 56 por ciento”. Si se trata de cifras, efectivamente, ganaron con el 56 por ciento, pero van en el 35 por ciento. Así que para qué nos vamos a tirar cifras. No se trata de eso. Se trata de que, con seriedad y mucha claridad, expresemos cuáles son los temas que nos preocupan.

Esta sesión ha sido extraordinariamente buena y clara para saber que frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos seguimos con la misma conducta de siempre. Ahora, si mejoramos la operatividad -leí en algún proyecto de resolución sobre la necesidad de mejorarla- y estamos dispuestos a trabajar en ello, me alegro mucho más.

Me parece positiva la discusión que hemos tenido hoy y me parece mejor todavía la claridad de las expresiones que he escuchado al ministro en relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Cerrado el debate.

Se han presentado dos proyectos de resolución. El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del primero de ellos.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 15 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Desbordes Jiménez , Mario Molina Magofke , Andrés Romero Sáez , Leonidas Alinco Bustos , René Durán Espinoza , Jorge Morales Muñoz , Celso Saffirio Espinoza , René Álvarez Ramírez , Galleguillos Moreira Barros , Sanhueza Dueñas , Sebastián Castillo , Ramón Cristhian Gustavo Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Hernández Hernández , Javier Muñoz González , Francesca Santana Tirachini , Alejandro Ascencio Mansilla , Gabriel Jürgensen Rundshagen , Harry Norambuena Farías , Iván Sauerbaum Muñoz , Frank Baltolu Rasera , Nino Kast Sommerhoff , Pablo Olivera De La Fuen-te , Erika Torrealba Alvarado , Sebastián Bellolio Avaria , Jaime Kort Garriga , Issa Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Berger Fett , Bernardo Kuschel Silva , Carlos Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Bobadilla Muñoz , Sergio Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Castro Bascuñán, José Miguel Longton Herrera , Andrés Prieto Lorca , Pablo Urrutia Soto , Osvaldo Celis Montt , Andrés Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cid Versalovic , Sofía Mellado Suazo , Miguel Rey Martínez, Hugo Von Mühlenbrock Zamora, Gastón

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alarcón Rojas, Florcita Gutiérrez Gálvez , Hugo Ortiz Novoa, José Miguel Silber Romo , Gabriel Barrera Moreno , Boris Hertz Cádiz , Carmen Rocafull López , Luis Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Ibáñez Cotroneo , Diego Rojas Valderrama , Camila Teillier Del Valle, Guillermo Boric Font , Gabriel Labra Sepúlveda , Amaro Rosas Barrientos , Patricio Torres Jeldes , Víctor Celis Araya , Ricardo Mirosevic Verdugo , Vlado Saavedra Chandía , Gastón Velásquez Núñez , Esteban Espinoza Sandoval , Fidel Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Velásquez Seguel , Pedro Garín González , Renato Monsalve Benavides , Manuel Santana Castillo, Juan Winter Etcheberry , Gonzalo González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Yeomans Araya , Gael González Torres , Rodrigo Nuyado Ancapichún , Emilia -Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez Vera , Jenny Crispi Serrano , Miguel Jiménez Fuentes , Tucapel Sepúlveda Soto , Alexis Brito Hasbún , Jorge Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Vidal Rojas , Pablo Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Walker Prieto , Matías Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Pérez Olea, Joanna

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 43 votos. No hubo abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Espinoza Sandoval , Fidel Mirosevic Verdugo , Vlado Santana Castillo, Juan Alinco Bustos , René Garín González , Renato Mix Jiménez , Claudia Sepúlveda Orbenes , Alejandra Álvarez Vera , Jenny González Gatica , Félix Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Soto , Alexis Ascencio Mansilla , Gabriel González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Silber Romo , Gabriel Auth Stewart , Pepe Gutiérrez Gálvez , Hugo Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Ferrada , Leonardo Barrera Moreno , Boris Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Teillier Del Valle, Guillermo Bernales Maldonado , Alejandro Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Boric Font , Gabriel Ilabaca Cerda , Marcos Rocafull López , Luis Velásquez Núñez , Esteban Brito Hasbún , Jorge Jackson Drago , Giorgio Rojas Valderrama , Camila Velásquez Seguel , Pedro Carvajal Ambiado , Loreto Jiménez Fuentes , Tucapel Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Castillo Muñoz , Natalia Labra Sepúlveda , Amaro Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías Celis Araya , Ricardo Lavín León , Joaquín Saffirio Espinoza , René Winter Etcheberry , Gonzalo Crispi Serrano , Miguel Mellado Pino , Cosme Saldívar Auger , Raúl Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Durán Espinoza , Jorge Moreira Barros , Cristhian Sanhueza Dueñas , Gustavo Álvarez Ramírez , Sebastián Galleguillos Castillo , Ramón Muñoz González , Francesca Santana Tirachini , Alejandro Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Hernández Hernán-dez , Javier Norambuena Farías , Iván Sauerbaum Muñoz , Frank Baltolu Rasera , Nino Jürgensen Rundshagen , Harry Olivera De La Fuen-te , Erika Torrealba Alvarado , Sebastián Bellolio Avaria , Jaime Kort Garriga , Issa Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Berger Fett , Bernardo Kuschel Silva , Carlos Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Bobadilla Muñoz , Sergio Longton Herrera , Andrés Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Castro Bascuñán, José Miguel Luck Urban , Karin Prieto Lorca , Pablo Urrutia Soto , Osvaldo Celis Montt , Andrés Mellado Suazo , Miguel Rathgeb Schifferli , Jorge Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cid Versalovic , Sofía Molina Magofke , Andrés Rey Martínez , Hugo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Desbordes Jiménez , Mario Morales Muñoz , Celso Romero Sáez, Leonidas